Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I . ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Evelyn Matthei Fornet
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Hosain Sabag Castillo
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- DEBATE
- V. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
- VI. APROBACIÓN DE TABLA ORDINARIA
- ACUERDOS DE COMITÉS
- COMPOSICIÓN DE COMITÉS
- INTEGRACIÓN
- Juan Hamilton Depassier
- Jorge Pizarro Soto
- Sergio Fernandez Fernandez
- Marco Antonio Cariola Barroilhet
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- Sergio Romero Pizarro
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Roberto Munoz Barra
- Sergio Bitar Chacra
- Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- Jorge Martinez Busch
- Enrique Zurita Camps
- Cesar Augusto Parra Munoz
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- ASUNCIÓN DE DON CARLOS HOFFMANN CONTRERAS COMO SECRETARIO DEL SENADO Y DE DON SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO COMO PROSECRETARIO Y TESORERO
- DEBATE
- VIII.
ORDEN DEL DÍA
-
MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRÁNSITO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- DEBATE
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRÁNSITO
- IX.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Andres Pio Bernardino Chadwick Pinera
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- SITUACIÓN DE EXONERADOS DE CODELCO. OFICIO
- INDEMNIZACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. OFICIO
-
INTERVENCIÓN EN COMICIOS MUNICIPALES. OFICIOS
- INTERVENCIÓN
- Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN
- SEGREGACIÓN DE INDÍGENAS
-
INDEMNIZACIONES EN EMPRESAS DEL ESTADO. OFICIO
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- DÉFICIT EN HOSPITALES ESTATALES. OFICIOS
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 3 de octubre de 2000
(De 16:20 a 18:33)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE.
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
VI. APROBACIÓN DE TABLA ORDINARIA
Acuerdos de Comités
VII. COMPOSICIÓN DE COMITÉS
Asunción de don Carlos Hoffmann Contreras como Secretario del Senado y de don Sergio Sepúlveda Gumucio como Prosecretario y Tesorero
VIII. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que introduce modificaciones a la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre (999-15) (vuelve a Comisión para nuevo informe)
IX. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Situación de exonerados de CODELCO. Oficio (observaciones del señor Cantero)
Indemnización de funcionarios públicos. Oficio observaciones del señor Larraín)
Intervención en comicios municipales. Oficios (observaciones del señor Larraín)
Segregación de indígenas (observaciones del señor Canessa)
Indemnizaciones en empresas del Estado. Oficio (observaciones de los señores Silva y Viera-Gallo)
Déficit en hospitales estatales. Oficios (observaciones del señor Horvath)
I . ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior ; Secretario General de la Presidencia ; Secretario General de Gobierno; del Trabajo y Previsión Social y Directora del Servicio Nacional de la Mujer , y el señor Subsecretario de Transportes .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Las actas de las sesiones 23ª, ordinaria, y 24ª, especial, en 12 y 13 de septiembre del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente que, en conformidad al artículo 70 de la Carta Fundamental, no formulará observaciones al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo relativo a materias electorales. (Boletín Nº 2.556-06).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Con los siete restantes hace presente la urgencia, en el carácter de "simple", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que modifica la ley Nº 18.290 -de Tránsito-, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir. (Boletín Nº 2.504-15);
2) El que otorga compensaciones y otros beneficios que indica a funcionarios públicos estudiantes de carreras técnicas de nivel superior. (Boletín Nº 2.456-05);
3) El que crea la Defensoría Penal Pública. (Boletín Nº 2.365-07);
4) El que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, a fin de establecer normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias. (Boletín Nº 1.148-05);
5) El que establece un seguro de desempleo. (Boletín Nº 2.494-13);
6) El que deroga la pena de muerte. (Boletín Nº 2.367-07), y
7) El que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que remite el mensaje con que Su Excelencia el Presidente de la República inicia la tramitación de la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2001. (Boletín Nº 2.589-05).
--Pasa a la Comisión Especial de Presupuestos.
Seis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero, comunica que ha admitido a tramitación el requerimiento formulado en contra del Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Integración y Complementación Minera, para efectos de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de dicho Tribunal. (Boletín Nº 2.408-10).
Con los tres siguientes, transcribe diversas resoluciones dictadas en el requerimiento formulado en contra del mencionado Tratado, en orden a tener por contestado el referido requerimiento por parte de Su Excelencia el Presidente de la República ; prorrogar por diez días el plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 82 de la Carta Fundamental, y tener presentes las observaciones formuladas por el Senador señor Lavandero. (Boletín Nº 2.408-10).
--Se toma conocimiento.
Con el quinto, solicita que se le informe acerca de la votación con la cual se aprobó el Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Integración y Complementación Minera. (Boletín Nº 2.408-10).
--Se mandó contestar.
Con el último, remite copia autorizada de la sentencia dictada por ese Alto Tribunal en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo relativo a materias electorales. (Boletín Nº 2.556-06).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la conveniencia de que en los recintos penitenciarios que indica se habiliten secciones destinadas a los menores detenidos.
Dos del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, relativo al financiamiento de los programas de capacitación de las personas cesantes y de baja calificación laboral.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Hamilton, con relación al descuento previsional que se efectúa a los pensionados por parte del INP.
De la señora Ministra de Educación , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de una exposición realizada en el Museo de Arte Contemporáneo.
Del señor Ministro de Justicia , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, con referencia a los remates judiciales.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero, remite una nómina de los oficios dirigidos por dicha Secretaría de Estado a los señores Parlamentarios durante agosto del año en curso.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, relativo a la posibilidad de expropiar el camino Los Melíes.
Tres de la señora Ministra de Salud:
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, sobre la situación de insalubridad existente en Alto Hospicio.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, con respecto al Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS).
Con el tercero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, referido a la necesidad de establecer en la planta de los Servicios de Salud los cargos que indica.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca de los objetivos que la política habitacional debería contemplar a fin de contribuir a la descentralización del país.
Del señor Contralor General de la República subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a licitación de la Sociedad de Transporte Marítimo Chiloé Aysén Limitada.
Dos del señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre los objetivos que la política habitacional debería contemplar a fin de contribuir a la descentralización del país.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referente a la posibilidad de condonar las deudas por derecho de aseo domiciliario en los sectores más pobres de la Duodécima Región.
Dos del señor Subsecretario de Marina:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de las solicitudes de áreas de manejo de recursos bentónicos en la Undécima Región.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, acerca de la situación de los pescadores emplazados en Puerto Viejo.
Del señor Subsecretario de Carabineros , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, relativo a la ocupación ilegal de terrenos en Peñalolén.
Dos del señor Subsecretario de Pesca:
Con el primero, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con referencia a la actualización del Registro de Pescadores Artesanales.
Con el segundo, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, sobre la pesca de investigación en la Tercera Región.
Del señor Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del proceso de reposición de vehículos de transporte público en la Undécima Región.
Del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bitar, relativo a los numerosos delincuentes condenados por los tribunales que en los hechos no están cumpliendo las sentencias impuestas.
Del señor Intendente de la Primera Región , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referente a las políticas de prevención del consumo de drogas.
Del señor Presidente del Sistema Administrador de Empresas de la CORFO , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a los problemas que en materia de energía eléctrica enfrenta la Undécima Región.
De la señora Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de la Discapacidad, con el que informa el contenido de la normativa existente sobre plena integración social de las personas con discapacidad, a fin de que se adopten las medidas pertinentes en las dependencias de la Corporación.
Del señor Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a las Becas Primera Dama de la Nación.
Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la eventual suspensión del programa denominado "Servicio de Desarrollo Local en Comunidades Rurales Pobres".
Del señor Alcalde de la Municipalidad de Hualaihué, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de los requerimientos de la comunidad de Vodudahue.
Del señor Alcalde de la Municipalidad de Linares , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca de la situación que afecta a los profesores de la Municipalidad de Linares en cuanto a la demora por parte de su empleador en enterar en los organismos correspondientes los descuentos de remuneraciones que ordena la ley.
Del señor Abogado Subjefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, referido a un Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
Dos del señor Gerente General de la Empresa de Correos de Chile:
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al reparto de correspondencia en los campamentos de Laguna Verde, en Iquique.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, acerca de las indemnizaciones pagadas por dicha empresa a altos ejecutivos de la Administración anterior.
--Quedan a disposición de los señores Senadores. .
Comunicaciones
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con la que remite las principales orientaciones que contendrán las reformas laborales que próximamente propondrá el Gobierno al Congreso Nacional.
Del señor Comandante en Jefe de la Armada , con la que adjunta copia de un proyecto de resolución de la Honorable Cámara de Diputados de Argentina, enviado al Agregado Naval chileno en dicha nación.
Del señor Director del Servicio Electoral, con la que informa el nuevo Cronograma Electoral de las elecciones municipales que se realizarán el domingo 29 de octubre del año en curso.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que informa que ha presentado su renuncia como Presidente de la misma el Honorable señor Francisco Prat Alemparte, y que en su reemplazo la Comisión procedió a elegir al Honorable señor Ignacio Pérez Walker.
--Se toma conocimiento.
Del señor Juan José Fernández Valdés, con la que solicita acceder a los debates realizados por el Senado en 1883, sobre el Tratado de Ancón, suscrito el 20 de octubre de dicho año entre las Repúblicas de Chile y Perú.
--Se accede a lo solicitado, haciéndose públicas las referidas actas.
Informes
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que deroga la pena de muerte, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.367-07).
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones sobre el proyecto que modifica la ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones, en cuanto a regular el enlace de transmisiones radiales de concesionarios de distintas zonas de servicios. (Boletín Nº 2.316-15).
--Quedan para tabla.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de la Honorable señora Matthei con la que inicia un proyecto que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de normar el uso de perros guías, de señal o de servicio, por parte de las personas con discapacidad.
Moción del Honorable señor Sabag, con el que inicia un proyecto sobre pago y descuento de cotizaciones de las organizaciones de pensionados.
--Se declaran inadmisibles por versar sobre materias que son de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor SABAG.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La tiene, Su Señoría.
El señor SABAG.-
Ruego oficiar en mi nombre al Presidente de la República para recabar su patrocinio al proyecto de que soy autor y que acaba de declararse inadmisible.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Así se procederá.
Honorable señora Matthei, ¿también desea enviar oficio al Primer Mandatario para que auspicie la iniciativa de que es autora y que también se declaró inadmisible?
La señora MATTHEI.-
No tengo inconveniente en que se despache el oficio, pero quisiera saber la razón que se tuvo para tomar esa determinación. No comprendo qué materias puede contener mi moción que la hacen incurrir en ese impedimento.
Antes de contestar, me interesa conocer los motivos de la inadmisibilidad.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ.-
Señor Presidente, me imagino que la iniciativa de la Senadora señora Matthei se refiere a los lazarillos.
La señora MATTHEI.-
Sí.
El señor PÉREZ.-
Si un Parlamentario no tiene posibilidad para proponer una legislación de esta naturaleza, no sé cuáles serán nuestras facultades.
De acuerdo con el Reglamento, solicito que la inadmisibilidad de esta moción se vote en la Sala. Si la Mesa así lo decide, nosotros podremos pronunciarnos sobre la materia.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Informa la Secretaría que los preceptos que determinaron la inadmisibilidad son los artículos transitorios 5º, que otorga nuevas funciones o atribuciones al Estado en cuanto a promover y llevar a cabo campañas informativas, y 7º, que expresa: "Corresponderá al Estado disponer la especialización en centros reconocidos internacionalmente", etcétera.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, solicito que se den por retirados esos dos artículos transitorios, de modo que el resto del proyecto sea considerado admisible. Yo no puedo hacerlo por haber finalizado la Legislatura Ordinaria. Por eso, prefiero que se eliminen por oficio esas dos disposiciones.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se trata de un proyecto muy especial, señora Senadora.
Propongo remitirlo a la Comisión de Salud, con lo planteado por la Honorable señora Matthei.
Acordado.
V. DÍAS Y HORAS DE SESIONES ORDINARIAS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En cumplimiento del artículo 63 del Reglamento, corresponde fijar los días y horas de las sesiones ordinarias semanales.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
Los Comités han acordado para tal efecto proponer a la Sala los martes y miércoles, de 16 a 20 y, cuando las materias en tabla lo haga necesario, los jueves de 10:30 a 13:30.
--Así se acuerda.
VI. APROBACIÓN DE TABLA ORDINARIA
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En seguida, corresponde aprobar la tabla ordinaria.
El señor HOFFMANN (Secretario).-
En ella se incluyen las siguientes materias.
1.- Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica, y de la cooperación económica en Chile en virtud del reglamento "ALA", sus anexos y protocolos, suscrito entre el Gobierno de Chile y la Comunidad Europea en 1998.
2.- Proyecto iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.
3.- Proyecto de la Cámara de Diputados que introduce diversas modificaciones en la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre.
--Se aprueba.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los Comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente:
1.- Tratar el día 17 o el 18 del mes en curso el proyecto sobre Convenio marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica en virtud del reglamento "ALA".
2.- Remitir el proyecto atinente a otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, para un nuevo informe complementario.
3.- Extender hasta el martes 10 de octubre, a las 12, el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa sobre funcionarios estudiantes de carreras técnicas de nivel superior, que -me parece- expiró el lunes.
4.- Tratar en la presente sesión el proyecto que modifica la ley Nº 18.290 en materia de tránsito terrestre.
Por último, los Comités resolvieron también proponer a la Sala que hoy haya hora de Incidentes como si se tratara de una sesión ordinaria.
--Así se acuerda.
COMPOSICIÓN DE COMITÉS
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario dará cuenta de la composición de los Comités.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Ésta es la siguiente: Partido Demócrata Cristiano: Honorables señores Juan Hamilton Depassier y Jorge Pizarro Soto Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes: Honorables señores Sergio Fernández Fernández y Marco Cariola Barroilhet Partido Renovación Nacional e Independiente: Honorables señores Sergio Díez Urzúa y Sergio Romero Pizarro Partido Socialista: Honorables señores Jaime Gazmuri Mujica y José Antonio Viera-Gallo Quesney Partido por la Democracia: Honorables señores Roberto Muñoz Barra y Sergio Bitar Chacra Institucionales 1: Honorables señores Marcos Aburto Ochoa y Jorge Martínez BuschInstitucionales 2: Honorables señores Enrique Zurita Camps y Augusto Parra Muñoz
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Antes de iniciar la discusión del proyecto de ley en tabla, deseo saludar al Senador señor Pérez por su asunción como Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, al mismo tiempo, felicitar al Honorable señor Prat, el Presidente saliente, por toda la labor realizada. Creo muy importante destacarlo, como parte de la actividad parlamentaria, en este caso del Senado.
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En segundo término, deseo comunicar que el viernes pasado, en el acto en que Su Excelencia el Presidente de la República promulgó la reforma procesal penal, las autoridades que hicieron uso de la palabra saludaron muy especialmente -hubo aplausos en la Sala- el trabajo llevado a cabo por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Se encontraba allí su actual Presidente , el Senador señor Díez, y se recordó a todos los integrantes de ella, quienes han dedicado muchas horas a esta reforma de tanta trascendencia. Señalo esto para conocimiento de la Sala y, también, para expresar nuestros saludos y felicitaciones a la Comisión referida por su labor.
ASUNCIÓN DE DON CARLOS HOFFMANN CONTRERAS COMO SECRETARIO DEL SENADO Y DE DON SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO COMO PROSECRETARIO Y TESORERO
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, señoras Senadoras, ésta es la primera sesión del Senado en que desempeñan sus cargos como titulares el señor Secretario , don Carlos Hoffmann Contreras , y el señor Prosecretario y Tesorero, don Sergio Sepúlveda Gumucio . Por ello, y sin perjuicio de que el tradicional juramento del nuevo Secretario del Senado se efectuará en la próxima sesión que presida el Presidente titular , me parece conveniente expresar públicamente la satisfacción de la Sala por estos nombramientos y hacer presentes a estos dos funcionarios, los de más alta jerarquía de nuestra Corporación, nuestros parabienes y deseos de éxito en su gestión.
Ambos son abogados de la Universidad de Chile. Se incorporaron al Escalafón Profesional de Secretaría, en el último lugar, en 1960 y 1972, respectivamente, y poseen merecimientos personales que no sólo se reflejan en una destacada carrera funcionaria, sino, también, en el ejercicio de otras actividades.
El señor Secretario y el señor Prosecretario y Tesorero asumen, pues, sus cargos con el pleno respaldo de esta Sala y, como nos consta, también de los funcionarios de la Corporación. Creo que la mejor forma de darles la bienvenida en sus nuevas funciones es expresarles -y lo hago en nombre de toda la Sala- nuestros deseos de éxito en las gestiones que formalmente inician hoy en su vida profesional.
--(Aplausos en la Sala).
______________
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Quiero simplemente dejar en claro que, como planteé en la última sesión, en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos siempre ha habido un Senador y un Diputado del Partido Por la Democracia y, hasta ahora, uno de ellos ha sido Presidente de alguna de las Subcomisiones.
Pues bien, en la sesión pasada se produjo cierta confusión que debí aclarar en momentos en que presidía el Honorable señor Zaldívar. En la oportunidad se dejó claramente establecido que la situación se regularía una vez que mi colega el Senador señor Bitar volviera de los Estados Unidos, adonde debió concurrir debido a los funerales de un familiar. Sólo entonces podríamos determinar si estábamos en condiciones de dejar ese cargo o de continuarlo. Por ello, quiero señalar ahora que el Senador señor Bitar ocupará su cargo en la Comisión y, por lo tanto, la Presidencia de una de las Subcomisiones, para que no exista ninguna otra interpretación por parte de nuestros queridos y estimados amigos miembros del Partido Socialista.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Muy bien, señor Senador.
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , después de conversar con diversos señores Senadores, quisiera modificar la petición que hice con anterioridad sobre el proyecto relativo a los perros guía para ciegos. Prefiero retirarlo de tal manera de eliminar esos dos artículos transitorios y, además, para que lo puedan suscribir otros señores Senadores que han mostrado interés. Lo firmé yo sola porque se venía el 18 de septiembre encima y ya no había nadie más en Valparaíso. Pero prefiero que vaya con la firma de cinco señores Senadores.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
De acuerdo, Honorable señora Matthei. Queda retirado el proyecto.
VIII. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LEY DEL TRÁNSITO
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, en sus escritorios está el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre.
--Los antecedentes sobre el proyecto (999-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 21ª, en 11 de agosto de 1999.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 23ª, en 12 de septiembre de 2000.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Efectivamente, como dice el señor Presidente , la iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la que deja constancia de que el principal objetivo del proyecto es modificar la citada ley Nº 18.290, llamada Ley del Tránsito, con el fin de modernizarla y perfeccionarla en diversas materias.
El informe reseña los antecedentes que se tuvieron en consideración durante el estudio del proyecto y resume el debate habido en el seno de la Comisión, luego de lo cual concluye proponiendo a la Sala la aprobación de la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados. Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables señores Cordero, Fernández, Lagos, Muñoz Barra y Páez.
La Comisión ha elaborado un boletín comparado, que Sus Señorías tienen a la vista. En la primera columna figura el texto vigente de la Ley de Tránsito y en la segunda las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados y que la Comisión acaba de aprobar.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, me referiré en forma muy sucinta a este proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 18.290 en materia de tránsito terrestre.
Quiero recordar a mis Honorables colegas que la iniciativa tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y que su estudio comenzó en la Cámara de Diputados en 1995. Sin embargo, al cabo de dos meses fue suspendida su tramitación debido a que en esa época se encontraba en el Senado un proyecto que también modificaba la Ley del Tránsito en lo relativo a las licencias de conducir y a la creación de las escuelas de conductores profesionales, iniciativa que, según recuerdo, introdujo 59 modificaciones al mencionado cuerpo legal. En consecuencia, la Cámara de Diputados, recordando la historia, acordó esperar la tramitación de ese proyecto, que se transformó en la ley Nº 19.495 y que, como Sus Señorías saben, fue publicada el 8 de marzo de 1997.
Ahora, al retornar al estudio de la iniciativa ahora en debate comparó el nuevo texto de la Ley del Tránsito con el del proyecto de ley del Ejecutivo, con el objeto de determinar las enmiendas que deben introducirse para que entre todas las partes de la ley exista la debida correspondencia y armonía. A raíz del trabajo de adecuación se suprimieron muchas de las normas y se incorporó la totalidad de los proyectos iniciados en mociones parlamentarias -catorce-, cuyas ideas matrices coincidían con las de éste del Ejecutivo.
El propósito de la presente iniciativa es modificar la ley Nº 18.290 con el fin de modernizarla mediante la corrección de algunas materias y la incorporación de otras no consideradas en la normativa vigente con el objeto de perfeccionarla.
Las materias que aborda son las siguientes: fotorradares o equipos de registro de infracciones, límites de velocidad, participación en accidentes de tránsito, subida y bajada de vehículos, autorización de actividades deportivas en la vía pública, señalizaciones de tránsito, línea de detención de vehículos, indicaciones de semáforos, responsabilidad del propietario por mal estado del vehículo, evasión del lugar del accidente como delito, paso de peatones, publicidad de los informes de accidentes, infracciones y contravenciones, delitos y cuasidelitos, estacionamientos reservados y paraderos de taxis, estacionamientos en caminos y vías rurales, cruces ferroviarios, vehículos antiguos o de colección y visibilidad en calles y vías.
En homenaje a la brevedad y en atención a que el proyecto se está informando en general, me referiré solamente a la primera de las materias tratadas en esta iniciativa legal.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Por supuesto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En atención a que el señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes no podrá asistir, se solicita la autorización de la Sala para que pueda ingresar a ella el Subsecretario de Transportes , señor Patricio Tombolini.
--Se accede a lo solicitado.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Decía que en homenaje al tiempo y en atención a que el proyecto se está informando en general, me referiré solamente a la primera de las materias tratadas por esta iniciativa legal, que dice relación con los fotorradares o equipos de registro de infracciones.
Respecto de este tema, hay que tener presente la ley Nº 19.676, publicada en el Diario Oficial de 29 de mayo de 2000, que modificó el artículo 4º de la Ley de Tránsito, mediante la incorporación de siete incisos que regulan esta materia.
Dichas enmiendas disponen que Carabineros de Chile y los inspectores fiscales y municipales, para supervigilar el cumplimiento de las disposiciones del tránsito, podrán operar directamente, sea en forma próxima o a distancia, equipos de registro de infracciones que podrán consistir en películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y del sonido y, en general, medios aptos para producir fe.
Las normas del tránsito cuyo cumplimiento se fiscalice mediante el uso de estos equipos deberán estar señalizadas de acuerdo al Manual de Señalización de Tránsito, las que advertirán a los conductores con claridad y en forma oportuna los sectores donde se usan tales equipos.
Para la utilización de los equipos de registro de infracciones de propiedad de particulares, deberán celebrarse contratos con éstos luego de licitación pública, prohibiéndose la estipulación de la obtención de un número mínimo de películas, fotografías u otros de los elementos probatorios a que se alude anteriormente, durante un período determinado, o la presentación de alguna cantidad de denuncias.
El reglamento que dicte el Ministerio de Transportes contemplará los estándares técnicos de los equipos y establecerá las condiciones en que han de ser usados para que los elementos de prueba que de ellos provengan puedan servir de base para denunciar infracciones o contravenciones, adoptándose medidas tendientes a asegurar el respeto y protección a la vida privada.
El juez de policía local sólo admitirá a tramitación la denuncia basada en estos medios probatorios, siempre que ellos provengan de carabineros o de inspectores fiscales o municipales que hayan utilizado el equipo de registro de infracciones con sujeción al reglamento.
Finalmente, se establece un plazo de prescripción de 45 días, contados desde la fecha en que se cometió la infracción y aquella en que se notificó la citación al juzgado, no pudiendo continuarse el procedimiento y archivándose los antecedentes pasado dicho plazo.
Como señalé anteriormente, he escogido este tema dada la relevancia y actualidad del mismo, sin perjuicio de referirme durante la discusión particular de esta iniciativa legal a las materias que reseñé al inicio de mi exposición.
Por lo tanto, me imagino que con ocasión del análisis general de la iniciativa existirá unanimidad para aprobarla en este trámite. Asimismo, es necesario fijar fecha para la presentación de indicaciones a un tema tan especial, trascendente e importante como el que comenzamos a tratar esta tarde en el Senado.
Gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, debo señalar que el proyecto contiene errores garrafales. En efecto, existen una serie de normas absolutamente imposibles de cumplir por lo absurdas que son y que, además, acarrearán consecuencias gravísimas para quienes no las cumplan.
La iniciativa modifica el artículo 150 de la Ley de Tránsito, rebajando la velocidad legal en zonas urbanas y en pistas de una sola vía en cada sentido de 50 a 30 kilómetros por hora. Es decir, algunas municipalidades podrán obligarnos a circular a 30 kilómetros por hora en Santiago y en otras ciudades. Lo anterior parece irracional si se toma en cuenta que hace veinte años, cuando se promulgó este cuerpo legal, se consideró prudente una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, en circunstancias de que las condiciones de las vías y de los automóviles eran obviamente menos seguras.
Hoy es absolutamente insostenible transitar a 30 kilómetros por hora en este tipo de vías. Pero como las municipalidades instalan los carteles, controlan la velocidad y además se enriquecen con los partes que cursan, existirán en todo tipo de lugares avisos anunciando una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Sin embargo, lo más absurdo es que la iniciativa no modifica el artículo 197, número 3, que considera como infracción gravísima el conducir un vehículo a mayor velocidad que la máxima establecida en el artículo 150. Es decir, circular a 31 kilómetros por hora va a constituir infracción gravísima.
Peor aún: tampoco modifica el artículo 209, letra c), que señala que el juez decretará la cancelación de la licencia de conducir del infractor, por ser responsable durante los últimos doce meses de tres o más infracciones o contravenciones gravísimas. O sea, por andar tres veces a 31 kilómetros por hora puede quitarse la licencia de conducir de por vida. Y si alguien cree que esto es una exageración, he traído aquí fotocopia de un parte cursado por circular a 81 kilómetros por hora en zona donde el máximo eran 80. ¡Ésa es una infracción gravísima, señor Presidente ! Tengo aquí la fotocopia del parte y la puedo mostrar a todos los señores Senadores que deseen verla. De tal manera que ahora esto mismo podrá suceder al conducir a 31 kilómetros por hora.
Pero como además el sistema funciona con fotorradares, puede ocurrir que el parte llegue 30 ó 40 días después, y como probablemente una persona usa la misma vía todos los días para ir a la oficina, sin tener conocimiento de que por medio de un fotorradar se le cursó una infracción puede verse con su licencia caducada de por vida, si se le saca un parte el lunes, el martes y el miércoles por andar a 31 kilómetros por hora.
Si alguien cree que lo anterior es absurdo, puedo decir que me han llegado miles de casos de personas a quienes se les ha caducado su licencia de conducir por este tipo de cosas.
La verdad es que el abuso que hay en este momento en contra de los automovilistas es inaceptable, y lo único que el proyecto hace es tornar más frecuentes aún situaciones como las descritas.
En segundo lugar, debo señalar que, no obstante todas las modificaciones que introdujimos a la ley hace poco tiempo, las municipalidades continúan modificando a su antojo las velocidades máximas legales permitidas. La Ruta Norte, hacia La Serena, está llena de rectas con perfecta visibilidad en las que la velocidad máxima se restringe -nadie sabe por qué- a 70 u 80 kilómetros por hora. Obviamente, ahí están los carabineros sacando partes, y no donde ella es de 100 kilómetros.
Cuando un automovilista circula a la velocidad máxima permitida -por ejemplo, 70 u 80 kilómetros por hora- en zonas donde ello es absurdo porque debiera irse a 100 o a 110 kilómetros por hora, se expone gravemente, como le sucedió a mi hermana el fin de semana de Fiestas Patrias. Hay constancia en la comisaría y en el juzgado. Resulta que un camión se colocó a medio metro de distancia, porque ella efectivamente transitaba a la velocidad máxima permitida de 70 u 80 kilómetros. El conductor del camión iba molesto por ello y se pegó a medio metro de su vehículo porque ella cumplía realmente con la ley en este sentido. Comprenderá, señor Presidente , que si se cruza alguien y mi hermana frena, se matan todos los ocupantes del automóvil.
¡Eso es lo que pasa cuando se establecen normas tan absurdas como ésta! Quien las cumple se expone a que alguien impaciente efectivamente se vaya en contra de esa persona.
Debo decir, además, que las normas que establece el proyecto sólo pueden entenderse en razón de querer aumentar aún más los ingresos de las municipalidades mediante los fotorradares. Confirma esta impresión el hecho de que se pretende eliminar en el artículo 151 la obligación de las municipalidades y de la Dirección de Vialidad -que no se cumple- de solicitar previamente un informe técnico a Carabineros para aumentar o disminuir la velocidad legal en determinadas zonas. En efecto, la ley establece que en zonas rurales la velocidad máxima es de cien kilómetros por hora y que, si los municipios o la Dirección de Vialidad desean reducirla o aumentarla, deben solicitar un informe técnico al cuerpo policial mencionado. Esto último no se hace y se instalan en cualquier parte letreros que anuncian distintas velocidades. Sin embargo, el proyecto además eximirá a los organismos en cuestión de cumplir ese trámite. Es decir, la situación empeora.
Por otra parte, hay muchas otras normas que el proyecto no afecta y que, a nuestro juicio, son realmente esenciales para disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, la cual es vergonzosa. En efecto, el número de personas muertas o que sufren invalidez permanente por dicho motivo es inaceptable en nuestro país. Sin embargo, la iniciativa en debate no aborda tal problema; no hace nada por disminuirlo.
Según el Anuario de Estadísticas Policiales de Carabineros, de 1997, los buses urbanos e interprovinciales participaron en el 20,9 por ciento de los accidentes y los camiones, en el 21 por ciento de ellos. Es decir, entre ambos, que constituyen apenas el 8 por ciento del parque automotor en Chile, participan en el 42 por ciento de los accidentes con víctimas fatales. En Estados Unidos no representan más del 1,8 por ciento de los accidentes y en Francia y Alemania no se alcanzan ni a registrar.
Lo anterior se debe principalmente a que Chile es uno de los pocos países en que los buses y camiones están autorizados para circular a la misma velocidad que los autos. Obviamente, la inercia y el peso de aquéllos son mucho mayores que los de los vehículos livianos, por lo que si chocan producen víctimas fatales.
Si bien se disminuye la velocidad de buses y camiones en zonas rurales a 90 kilómetros por hora, no la reduce a una menor que la de los automóviles en zonas urbanas. En todo caso, creemos que mientras no se fiscalice adecuadamente a buses y camiones -lo cual no ocurre hoy-, este tipo de normas no tendrá aplicación práctica alguna.
Con relación a la locomoción colectiva, en primer lugar, es necesario investigar las condiciones materiales de las micros, pues hoy sus dueños eligen el día en que las llevarán a revisión técnica, y sabemos que para ello les reemplazan los neumáticos y todo tipo de elementos en mal estado, los cuales son cambiados una vez realizada aquélla. Ese sistema no funciona. No es posible que ellos escojan la fecha para hacer la revisión técnica. Ésta debería ser sorpresiva.
En segundo término, se requiere perfeccionar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir. Es preciso avanzar en esta materia.
El señor MORENO.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
La señora MATTHEI.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, la idea planteada por la señora Senadora es interesante. Sin embargo, sería conveniente establecer la forma como se podría llevar a cabo una revisión técnica imprevista y por sorpresa.
La señora MATTHEI.-
Puede enviarse una carta al dueño del vehículo comunicándole que se debe presentar al día siguiente. Ello se hace al azar y para lo cual se ingresan a un computador todas las patentes de los buses y camiones. Y si alguien tiene una buena razón para no asistir -por ejemplo, que se encuentra fuera de Santiago- lo hará saber. ¡Así de sencillo!
El señor MORENO.-
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El Honorable señor Muñoz Barra le solicita una interrupción, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
No tengo inconveniente en concedérsela siempre que se me amplíe el tiempo de que dispongo, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Así se hará Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente, sólo deseo hacer una aclaración.
Mucho de lo señalado por la señora Senadora se planteó también en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones a las personas invitadas que figuran en el informe. Es decir, dicho organismo no pasó por alto muchas de las objeciones que Su Señoría muy inteligentemente está dando a conocer.
Todos los integrantes de la Comisión estuvimos de acuerdo en que es necesario legislar acerca de la materia. Sin embargo, para ese efecto sólo hemos cumplido con el nuevo Reglamento del Senado, que nos obliga a someter el proyecto al conocimiento de la Sala, y, una vez aprobada por ésta la idea de legislar, formular las indicaciones como las que Su Señoría muy bien ha hecho presente, para modificar, enriquecer y mejorar su texto.
Hago esta aclaración, porque he visto que algunos Honorables colegas realmente se han aterrado ante las observaciones que Su Señoría muy bien ha planteado respecto de algunas realidades que vivimos.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Puede continuar la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Me parece muy bien lo manifestado por el Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Pero ocurre que el proyecto es tan malo que no vale la pena aprobarlo y quizás convenga hacer uno nuevo, pues el presentado es pésimo.
Por otro lado, es preciso regular mejor las causales de cancelación de las licencias de conducir. Por ejemplo, sería más razonable establecer tal sanción por dos años en caso de responsabilidad en accidentes sin muertes o lesiones, y por toda la vida si se supera tres veces en un año en 30 por ciento el límite establecido. Es decir, no se puede aplicar la misma pena a quien conduce un vehículo a 31 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad se halla restringida a 30 que al que lo hace a 180 kilómetros por hora en un sector cuya velocidad máxima es de 100.
En cuarto término, es conveniente establecer sistemas de reemplazo y/o de complemento de pago de multas por la asistencia obligatoria del infractor a cursos de educación y prevención de riesgos. En Estados Unidos ha dado buenos resultados. Porque un conductor que asiste a dicho curso efectivamente adquiere más conciencia de los riesgos que puede ocasionar con su irresponsabilidad y muchas veces cambia su conducta.
En quinto lugar, deben elevarse las exigencias para el otorgamiento de las licencias de conducir. Además, debe asegurarse que tal labor se realice de acuerdo con criterios uniformes. Hoy en día, algunas municipalidades prácticamente regalan las licencias. Y todos sabemos que quienes tienen dificultades para obtenerla acuden a los lugares donde se las otorgan sin mayores problemas.
En el caso de personas que obtienen licencia por primera vez, sobre todo tratándose de jóvenes de 18 años, debería estudiarse la posibilidad de otorgarles una de carácter condicional, por ejemplo, de Clase B por dos años, y entregarles la de Clase A sólo si presentan, al cabo de ese período, antecedentes limpios.
En fin, tengo aquí varias otras observaciones al proyecto. Por ejemplo, señalizar adecuadamente la existencia de pasos peatonales, que hoy sólo constituyen verdadera trampas mortales para el peatón. Todos los pasos cebras que las municipalidades colocan en cualquier parte no están debidamente señalizados, y ello ha sido la causa de muchísimos atropellos y muertes.
En seguida, hay que perfeccionar la señalética; regular las condiciones de las carreteras; regular la calidad de las barreras medianeras; implementar un sistema de colaboración de la ciudadanía, etcétera.
En verdad, señor Presidente , el proyecto presenta muchos problemas. Debemos hacer un esfuerzo muy grande para ver cómo lo orientamos, a fin de prevenir realmente los accidentes fatales, que dejan a las personas -actualmente ocurre mucho en Chile- en un estado de invalidez permanente muy dolorosa. Asimismo, tiene que terminarse con la cancelación de licencias de por vida debido a causas que hoy en día resultan absurdas.
En consecuencia, me voy a abstener. Porque, no obstante que es necesario legislar sobre la materia, lo que presentó el Ejecutivo es un muy mal proyecto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente, los argumentos de la señora Honorable señora Matthei sobre el problema de las velocidades, son muy poderosos y claros; pero hay una situación que va más allá de esas consideraciones: la pérdida de eficiencia y la poca economía que implica la regulación de velocidad frente a vehículos modernos que hoy día circulan por Chile. Si bien hay consideraciones de seguridad que deben primar, no es menos cierto el hecho de que vivamos en ciudades -no sólo en Santiago- como Viña del Mar, Valparaíso , Concepción, Antofagasta y otras, que hoy tienen cada vez más contaminación ambiental producto de los gases expelidos por vehículos que circulan a velocidades muy bajas, para las cuales no fueron diseñados, y cuya combustión es incompleta.
Desde ese punto de vista, el proyecto debe considerar dicho problema técnico. Las bajas velocidades causan una contaminación sumamente fuerte, que contribuirá a aumentar el problema ambiental.
Al respecto, deseo hacer presente que además se está introduciendo un gasto innecesario al aumentarse la demanda de combustible por parte de Chile, que es dependiente ciento por ciento del petróleo que viene del extranjero.
Por otra parte, por diferentes razones, ha habido retrasos en la dictación de las normas para autorizar el uso del gas como combustible.
Luego, tales consideraciones hacen necesario replantearse en profundidad aspectos que afectan, incluso, la Ley de Tránsito, a fin de contribuir a que se mejoren las condiciones ambientales derivadas de la aplicación de reglas equivocadas sobre el tránsito en todas las ciudades del país.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , el proyecto debe ser analizado con mucha profundidad por la Comisión, porque, realmente, a mi juicio, corresponde a una orientación que, por desgracia, resulta permanente en las normas sobre regulación del tránsito y, en general, sobre el uso de vehículos tanto particulares como de locomoción colectiva (taxis y colectivos), con una excesiva reglamentación, lo que hace virtualmente imposible el trabajo de quienes poseen un vehículo como medio de subsistencia. Se trata de las distintas regulaciones relativas a la antigüedad del vehículo -materia sobre la cual estuve conversando hace pocos momentos con algunos trabajadores de Magallanes-, las que, a mi juicio, perjudican abiertamente a los habitantes de tal región, cuya situación es completamente distinta a la de los del resto del país.
Sé que el proyecto no se refiere a esta materia; pero no quería dejarlo de advertir desde ya, máxime si ella eventualmente es incluida en el que se envíe al Senado. Tendremos que hacer los esfuerzos necesarios para eliminar de la iniciativa las normas relativas a la antigüedad de los vehículos en la Región de Magallanes.
En general -como señalé- el proyecto en análisis corresponde a una línea de planteamientos conforme a la que la reglamentación y el proyecto evitarán la ocurrencia de accidentes del tránsito o los disminuirán en forma importante. Ojalá esa idea se convierta en realidad; porque, de lo contrario, tendríamos que estar permanentemente legislando. Pero ello corresponde a un criterio que debe ser superado en algún momento, pues no podemos establecer de modo constante más requisitos, trabas, dificultades y problemas a los conductores de vehículos, tratándolos como verdaderos delincuentes.
Debemos redactar un proyecto que diga relación a prevenir los accidentes mediante una adecuada información y campañas de prevención, estableciendo los medios que permitan a las personas realmente cumplir con las normas que se dictan. Pero para ello se requiere de un sistema de señales claras y precisas, que contribuyan a que los conductores las puedan cumplir y no que sean simplemente trampas destinadas a captar más recursos para las municipalidades.
A mi juicio, el sistema propuesto es tremendamente perverso e inconveniente, y se puede transformar en un grave problema para el país, dada la excesiva reglamentación dictada en torno de este tipo de legislación. Además, la materia a que se refiere ni siquiera corresponde a una ley, sino al reglamento; y de uno que debiera ser muy bien analizado, porque cualquier modificación al respecto afecta a miles y miles de personas. De tal manera que yo diría: prevención y educación.
No se trata de que los encargados de fiscalizar pretendan sorprender a los conductores. Ésa es la concepción que, desgraciadamente, muchas veces se advierte en una ley: tratar de sorprender y de sancionar, en circunstancias de que lo que se debe hacer es educar y enseñar los motivos por los cuales tienen que respetarse determinadas normas fundamentales.
La Honorable señora Matthei señaló denantes muy claramente las normas absurdas que contiene el proyecto. Se establece, por ejemplo, el no transitar a más de 30 kilómetros por hora en determinadas calles. Además, se determina la pérdida para siempre de la licencia de conducir por cometer tales infracciones, que son mínimas. Esa sanción se aplica, por otra parte, en forma automática, sin que ni siquiera se requiera la presencia de un juez que aprecie la conducta o pondere la situación.
En mi concepto, se trata sólo de proyectos que contribuyen a crear una situación muy difícil en un tema extraordinariamente delicado.
En realidad, queremos contribuir a que no existan accidentes del tránsito y que éstos disminuyan a su menor proporción. Éste no es el camino. La prevención, la educación, las modificaciones a las señales del tránsito y el mejoramiento de los caminos son medidas que deben ayudar en forma positiva a que los accidentes disminuyan. Pero no se puede pensar que la ley tiene la virtud de eliminar las conductas inadecuadas; ella constituye el marco genérico dentro del cual ciertos comportamientos deben ser sancionados; y, obviamente, dentro de aquél los principales objetivos son la educación y la prevención.
Estas razones me llevan a votar favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, no concuerdo con gran parte de las normas contenidas en el proyecto, razón por la cual vamos a presentar indicaciones en la Comisión respectiva para eliminar algunos aspectos que, a mi juicio, resultan muy inconvenientes y que, lejos de solucionar problemas, los van a agravar aún más.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, concuerdo absolutamente con la Senadora señora Matthei , quien ha expuesto sus argumentos con mucha pasión, pero, a la vez, con gran lógica y razón. Por ello, quiero añadir algunas consideraciones a las que Su Señoría señaló.
Muchas de estas normas deberían ser dictadas conforme a la potestad reglamentaria del Presidente de la República. No es admisible que las velocidades máximas de circulación de los vehículos se establezcan por ley; eso ni siquiera cuadra dentro de la filosofía de la Constitución Política de 1980.
Entonces, según lo expresado por el señor Presidente de la Comisión , el Honorable señor Muñoz Barra , solicito hacer una revisión completa del proyecto, para que ojalá todas estas normas pasen a ser atribuciones del Primer Mandatario.
Asimismo, considero que ellas deben ser normas de aplicación general en todo el país; de lo contrario, se crea una situación perversa, en cuanto a que el municipio no las dicte con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los peatones o de velar por el tránsito, sino para la obtención de más recursos. Es decir, primero establece la normativa y luego saca los fondos, lo cual genera anarquía en todo el país.
Por lo tanto, lo lógico sería, en primer lugar, determinar que las restricciones de velocidad del tránsito no sean materias de ley, sino una prerrogativa exclusiva del Primer Mandatario. En segundo término, fijarlas iguales para todo el país: bajo ciertas condiciones urbanas, tales normas, y según las vías interurbanas, otras. Finalmente, a mi juicio, resulta ridículo -quiero insistir en ello- que en algunas carreteras de Chile -como la que une Chillán y Concepción, que el señor Presidente también conoce- el límite de velocidad sea de 100 kilómetros por hora. Eso es completamente aberrante. En ningún país con un mínimo de desarrollo y con cierto nivel de autopistas, se circula a esa velocidad. En la carretera en cuestión la velocidad máxima debería ser por lo menos de 120 kilómetros por hora o que no la hubiera. En las autopistas alemanas no hay límites. Sin embargo, eso no se justifica en carreteras interurbanas, que poseen otras características.
Por consiguiente, pienso que el Presidente de la República debe ir evaluando estos problemas según la situación del tránsito en el país y el desarrollo cultural de los automovilistas; pero no debemos dictar una ley completamente reglamentaria que, al final, abre la puerta para que los municipios obtengan más dinero en vez de preocuparse de la seguridad en el tránsito.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor VIERA-GALLO.-
Con el mayor gusto, señora Senadora.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , encuentro razón al Honorable señor Viera-Gallo , en el sentido de que muchas de las normas del proyecto efectivamente debieran ser materia de reglamento.
Ahora bien, el señor Senador ha pedido una revisión completa del proyecto. Tal vez ella debiera hacerse antes de la votación general, porque en realidad resulta absurdo pronunciarse a favor de la idea de legislar respecto de una iniciativa que tiene muchos problemas.
A mi juicio, todos estamos de acuerdo en que se debe legislar sobre la materia; pero, en verdad, el proyecto como está redactado presenta demasiados inconvenientes. Por ello, no sé si se pueda pedir que vuelva a la Comisión y que ésta haga un informe sobre el proyecto en general y particular a la vez, de manera de introducir muchas de las cuestiones que se han planteado ahora.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , el Senador señor Muñoz Barra me ha solicitado una interrupción, a la que accedo con mucho gusto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , los integrantes de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones planteamos todos los temas que aquí se están tocando a cada una de las autoridades que concurrieron a sus sesiones. Quiero dejarlo en claro, porque hemos observado todo esto en el análisis en general del proyecto. Y, en tal sentido, puedo señalar que el Ejecutivo está abierto, absolutamente disponible, para efectuar cuantas modificaciones sean necesarias, pues ha reconocido -diría con lealtad- que hay algunas materias que deben enmendarse. Hay un compromiso -que seguramente lo ratificará el señor Tombolini en representación del Ministro del Ramo , yo lo señalo como miembro de la Comisión- para corregir el articulado que se encuentre actualmente desfasado.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , el Senador señor Hamilton me ha pedido una interrupción. No me puedo negar, si Su Señoría la solicita.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señor Senador, parece oportuno que termine su intervención.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, efectivamente sería mejor que el proyecto volviera a la Comisión, a objeto de que ésta nos envíe una propuesta de articulado alternativa. Porque la proposición de reforma del reglamento es justamente la que ha señalado el Senador señor Muñoz Barra : testear en la Sala la acogida o no de una idea. Hay acuerdo en la idea de legislar en determinada orientación, pero no en otra. Y resulta que, como viene redactada la iniciativa, vamos en una dirección que no es la que, al parecer, un número importante, si no mayoritario, de Senadores quisiera seguir.
En consecuencia, estoy de acuerdo en que el proyecto vuelva a la Comisión, pero con esa prevención.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, quisiera expresar mi planteamiento primero.
El señor HAMILTON.-
Es muy breve, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , me parece que el orden de las exposiciones no tiene mayor importancia. Concedo la interrupción a Su Señoría.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, en este caso concreto debió haberse aplicado una modificación reglamentaria que aprobamos hace tiempo, para aprobar en general y en particular a la vez.
Ahora, ¿cuál es la idea matriz, la idea general de esta iniciativa? Ninguna, salvo las muchas modificaciones que se introducen a la ley Nº 18.290, en materia de tránsito terrestre. De modo que no tiene mayor importancia que procedamos a votar favorablemente en general el proyecto, como una manera de que vaya hacia adelante, sin perjuicio de fijar un plazo razonable para que se presenten todas las indicaciones que sean necesarias, las cuales, si no son aprobadas en la Comisión, pueden ser renovadas, discutidas y aprobadas en la Sala.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Recupera la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , precisamente quería reforzar la idea que ya planteó la Senadora señora Matthei en orden a que este proyecto -para hacerlo más claro- no es susceptible de ser votado tal cual está, porque contiene numerosas materias que no son propias de ley, sino de reglamentación, y, en tal sentido, son inadmisibles. Estamos excediendo el marco de la ley al regular cuestiones que son absolutamente propias de la reglamentación.
Quiero leer algunas de sus normas, para que quienes no han tenido el tiempo de revisarlas se den cuenta de lo que señalo.
Por ejemplo, una disposición referida a las luces de pistas dice: "Cuando, por encima del centro de la o las pistas de una calzada, se coloquen luces verdes o rojas, la luz roja indicará prohibición de utilizar la pista de circulación sobre la cual se encuentre el vehículo y la luz verde indicará autorización de utilizarla.". Señor Presidente , esto es una ridiculez. No debe una ley contener normas de esta naturaleza, porque lo único que hará será entorpecer la acción de los organismos, sea de gobierno o municipales, en el control del tránsito.
Después, el número 22 del artículo 1º del proyecto agrega en el artículo 114 el siguiente inciso final, nuevo: "Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa detención o abrirlas, mantenerlas abiertas o descender del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica entorpecimiento o peligro para otros usuarios.". Esto no sólo no es materia de ley, sino que es ridículo, porque es de sentido común. De manera que, a mi juicio, hay ciertas normas que no deberían siquiera estar en el proyecto.
El señor ZURITA.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN.-
Por supuesto, señor Senador.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , no es que el proyecto en sí sea malo, o garrafal, como dijo la Senadora señora Matthei. Sucede que la "garrafa" la pone, a veces, la Cámara de Diputados. Porque la disposición que tanto le ha llamado la atención a la señora Senadora es para reemplazar el artículo 150 de la Ley de Tránsito, que establece los límites máximos de velocidad: en zonas urbanas, 50 kilómetros por hora, y, en zonas rurales, 100.
¿Qué quisieron hacer en la Cámara de Diputados? Encontrar calles difíciles. Por eso, el texto despachado indica:
"1.- En zonas urbanas:
"a) Una pista con tránsito en ambos sentidos, 30 kilómetros por hora.". O sea, se colocan en el caso de una calle que tiene una sola pista y es con doble tránsito. ¡Va a costar muchísimo encontrarla! En una calle con esas características no se puede caminar, pues basta con que haya un auto estacionado a un lado, y otro al frente, para que ni siquiera se alcance tal límite. Agrega el texto:
"b) Una o dos pistas, en sentido único, 50 kilómetros por hora.
"c) Tres o más pistas, en sentido único, 70 Kilómetros por hora.". Es decir, se trata de una reglamentación hasta el absurdo. Por eso señalo que el error garrafal sobrevino porque la "garrafa" fue puesta por el revisor. Y esto a la larga motivará que la iniciativa vaya a Comisión Mixta, ya que viene aprobada por la Cámara de Diputados en un sentido, y aquí, en el Senado, seguramente el pronunciamiento será en sentido inverso. Entonces, en dicha Comisión tendremos que ver dónde está la razón, para hacer desaparecer así todas estas "garrafas".
Gracias, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúa con el uso de la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , todos quienes han intervenido han manifestado la necesidad de modificar enteramente el proyecto, incluyendo los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que sostienen haberlo aprobado en general en ese entendido.
Por lo tanto, dado que la decisión está supeditada al contenido de la iniciativa, me parece que debe aplicarse lo que proponía el Honorable señor Hamilton , esto es, recurrir al expediente reglamentario en virtud del cual un asunto que pase a Comisión para primer informe puede ser discutido en general y particular a la vez.
Por ese mismo motivo, solicito que el proyecto vuelva a la Comisión para que se lo discuta en general y también en particular. Así, estaremos en condiciones de pronunciarnos en general, al conocer el posible contenido de la iniciativa. Eso, a mi juicio, permitiría a la Comisión trabajar con más libertad, y ciertamente tendríamos una actitud distinta ante él, porque los errores que aquí se advierten, que son de distinta magnitud y han desfigurado el proyecto por la forma como se lo ha presentado, tampoco recomiendan aprobarlo en general.
Por consiguiente, solicito derechamente que la iniciativa vuelva a la Comisión para que sea discutida en general y particular a la vez.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Tombolini.
El señor TOMBOLINI ( Subsecretario de Transportes ).-
Señor Presidente , sólo quiero señalar que éste es un proyecto que se encuentra en el Parlamento desde 1995, y obedece a la necesidad de adecuar las normas del tránsito de nuestro país, particularmente en lo que dice relación a la seguridad y las innovaciones tecnológicas.
Como Gobierno, estamos dispuestos a reiniciar la discusión -tal como lo han planteado aquí distintos señores Senadores-, a fin de obtener un producto que, en definitiva, otorgue a la población seguridad y no limitaciones en el desarrollo de sus actividades.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Señores Senadores, hay una proposición tendiente a que el proyecto vuelva a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones para un nuevo informe.
El señor HAMILTON.-
No, señor Presidente. La proposición es para que vuelva a la Comisión a fin de discutirlo en general y particular a la vez, conforme a las modificaciones reglamentarias. En eso estaríamos de acuerdo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Se entiende que el próximo informe de la Comisión vendrá aprobado por ella en general y particular.
El señor HAMILTON.-
Exacto, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Eso significa que debe haber un período para presentar indicaciones.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VIERA-GALLO.-
Pido la palabra, para una precisión reglamentaria.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Aquí hay un problema reglamentario, señores Senadores.
Si la Sala acuerda enviar el proyecto a la Comisión para un nuevo informe, debe votarse. Y al establecerse que debe ser analizado en particular, hay que fijar plazo para la presentación de indicaciones.
El señor VIERA-GALLO.-
No, señor Presidente. Pido la palabra.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, sucede lo siguiente.
Según el Reglamento del Senado, el informe puede venir despachado solamente en general, sin que la Comisión haya entrado a debatir en particular el articulado, o puede venir habiéndose realizado también la discusión en particular.
Lo que planteamos es que la iniciativa vuelva a la Comisión para que ésta proponga un nuevo articulado. El informe que ésta despache será el primer informe, no el segundo; y después vendrá otro que cronológicamente llamaremos "el tercero", pero que en propiedad será el segundo informe, donde habrá que hacer lo que Su Señoría señala.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Ha sido muy claro el Senador señor Viera-Gallo. Es lo mismo que estaba planteando, pero con otras expresiones.
Si le parece a la Sala, así se procedería.
Acordado.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Quiero pedir también la aprobación de la Sala acerca de un segundo aspecto del proyecto.
Efectivamente, en agosto de 1999, luego de darse cuenta del mismo, se acordó enviarlo a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y a la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Si a Sus Señorías les parece, podríamos obviar el trámite al segundo organismo técnico mencionado.
Acordado.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , es simplemente para insistir en algo, sin que ello signifique crear precedente, pues de pronto se producen situaciones reglamentarias que posteriormente no resultan ser válidas, por muy respetables planteamientos que se hagan.
El articulado de esta iniciativa no es tan extenso. Si fijamos una fecha prudente para despacharla -tal vez no 20 ni 30, pero sí 60 días-, tendríamos el tiempo preciso para redactar las indicaciones, que realmente ayudarían mucho a que se convierta en ley, pues, como señaló el Subsecretario señor Tombolini , viene tramitándose desde 1995 y presenta muchas deficiencias. Con ello ganaríamos tiempo, porque las intervenciones de los señores Senadores han apuntado, con mucha precisión y claridad, a determinados artículos en forma puntual.
Entonces, carece de sentido enviarlo nuevamente a Comisión para su análisis particular, y que en 30, 60 ó 90 días vuelva a la Sala, pues a ese paso prácticamente no habrá ley este año.
Por eso, vuelvo a insistir en que aprobemos la idea de legislar. El proyecto se puede rehacer, con la experiencia que poseen los señores Senadores. Ya ha habido otras iniciativas que han presentado situaciones muy similares.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En este caso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo asumen la responsabilidad de introducir modificaciones, tal como lo planteó el Subsecretario señor Tombolini. Por tal motivo, la inquietud de Su Señoría será resuelta por la propia Comisión.
Respecto de los plazos que se establezcan, insinúo que los fije el organismo técnico. La Sala quedará a la espera del nuevo informe. De existir un atraso muy evidente, el Ejecutivo fijará la urgencia del caso. Me parece que es el camino más adecuado.
-El proyecto vuelve a Comisión para nuevo informe y queda terminado el Orden del Día.
IX. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CHADWICK:
Al señor Intendente de la Sexta Región, acerca de CUMPLIMIENTO DE CONVENIO ENTRE GOBIERNO REGIONAL Y JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS.
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Gerente General de ENAP, respecto de SITUACIÓN DE AUXILIARES DE PRODUCCIÓN.
Del señor HAMILTON:
Al señor Subsecretario de Marina, en relación a AUTORIZACIÓN DE INGRESO Y TRÁNSITO A PESCADORES ARTESANALES A PLAYAS DE PROVINCIA DE SAN ANTONIO.
Del señor HORVATH:
A las señoras Ministra de Relaciones Exteriores y Directora de Fronteras y Límites, en cuanto a ERRORES EN MAPA DE ANTÁRTICA CHILENA.
A los señores Ministros de Hacienda , de Educación y de Defensa en cuanto a INCLUSIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA CIVIL EN PROYECTO SOBRE COMPENSACIONES Y OTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS DE NIVEL SUPERIOR.
A los señores Ministros de Hacienda y de Economía, Subsecretario de Pesca y Director del Servicio de Impuestos Internos, tocante a IMPUESTO ESPECIAL QUE GRAVA A PESCADORES ARTESANALES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación , y al Director Nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, atinente a INCREMENTO DE BECAS ESTUDIANTILES PARA UNDÉCIMA REGIÓN.
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación , respecto de EXTENSIÓN DE ASIGNACIÓN DE ZONA A DETERMINADOS PROFESIONALES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Educación, relativo a DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE RECURSOS EN UNIVERSIDADES ESTATALES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Salud, acerca de AUMENTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA AUXILIARES PARAMÉDICOS DE POSTAS RURALES.
A los señores Ministros de Hacienda y de Salud , Secretario Regional Ministerial de Salud, Directores de Servicios de Salud y Directores de Hospitales de la Undécima Región , respecto de SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO PARA HOSPITALES DE REGIÓN DE AISÉN.
A la señora Ministra de Salud y a los señores Secretario Regional Ministerial , Director de Servicios de Salud de Undécima Región y Director de Hospital de Puerto Aisén , en cuanto a INVESTIGACIÓN POR ATENCIÓN DE EMERGENCIA.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , sobre ADJUDICACIÓN DE PREDIOS EN PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LAGOS:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, atinente a PERMISOS DE TRÁFICO AÉREO.
Al señor Ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, tocante a PLANES DE DESARROLLO DE EMPRESAS PORTUARIAS DE ARICA E IQUIQUE Y MOVIMIENTO EN SUS RESPECTIVOS PUERTOS.
A la señora Ministra de Salud , respecto de PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES y DEFICIENTE ATENCIÓN DE CONSULTORIO "PEDRO PULGAR", DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , relativo a ENAJENACIÓN DE PREDIOS FISCALES, SITUACIÓN DE PARCELEROS DE ALTO MOLLE y CONDONACIÓN O REPACTACIÓN DE DEUDAS DE FAMILIAS DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
A la señora Subsecretaria de Previsión Social, acerca de PROBLEMAS DERIVADOS DE EXTINCIÓN DE SERVICIO MÉDICO DE FERROCARRILES DE CHILE.
A la señora Directora del Registro Civil e Identificación, en cuanto a DEFUNCIONES EN PRIMERA REGIÓN.
Del señor MORENO:
Al señor Presidente del Banco del Estado de Chile, acerca de APERTURA DE SUCURSAL EN COMUNA DE PICHIDEGUA (SEXTA REGIÓN).
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
El tiempo de Incidentes se distribuirá de la siguiente manera: el primer turno corresponderá al Comité Renovación Nacional e Independiente, seguido de los Comités Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2, Mixto, Demócrata Cristiano y UDI e Independientes.
El señor MARTÍNEZ.-
Señor Presidente , hago presente que en el tiempo del Comité Institucionales 1 intervendrá el Honorable señor Canessa, y los minutos que resten los cedemos al Senador señor Silva Cimma, del Comité Institucionales 2.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Muy bien.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
SITUACIÓN DE EXONERADOS DE CODELCO. OFICIO
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , deseo intervenir respecto de la situación que vive un grupo de exonerados de CODELCO, División Chuquicamata. Se trata de un problema humano, que afecta a 62 ex trabajadores de esa empresa, todos de la tercera edad. Ellos conforman el Comité de Exonerados de CODELCO, División Chuquicamata, cuya directiva está compuesta por los señores José Rivas Figueroa (Presidente); Juan Olavarría B. (Secretario); Nelson Araya R. y Lautaro Pizarro E. (Directores), quienes durante casi diez años han sufrido postergaciones y tramitaciones en su lucha por gozar de los beneficios concedidos a los exonerados políticos por CODELCO-Chile, en el marco de la ley Nº 19.234.
Estas personas fueron excluidas de las negociaciones que, a partir de 1990, celebraron el Gobierno y CODELCO-Chile con organizaciones sindicales y comités de exonerados, para acordar los beneficios que dicha empresa otorgó a quienes habían sido despedidos de ella por razones políticas, antes de 1990, incluyendo su reincorporación y beneficios económicos y de salud.
El mismo grupo, al negarse a formar parte de una organización única de exonerados reconocida por el Gobierno, por estimar que había incurrido en prácticas de corrupción, ha sido sistemáticamente postergado y tramitado en la obtención de los beneficios del referido cuerpo legal.
Beneficios concedidos por CODELCO-Chile a los exonerados de la empresa
El 4 de abril de 1990, CODELCO y la Confederación de Trabajadores del Cobre suscribieron un acuerdo, firmado también por el Ministerio de Minería y representantes de los exonerados, destinado a dar cumplimiento al compromiso tomado por el entonces Presidente de la República , don Patricio Aylwin , en orden a reubicar y recontratar a los trabajadores y dirigentes de las distintas divisiones de CODELCO-Chile que fueron exonerados de sus cargos entre septiembre de 1973 y diciembre de 1989, por motivos estrictamente políticos y ajenos a su desempeño laboral, conforme a la nómina acordada entre las partes. Dicho acuerdo contempló, también, una reparación para los trabajadores a quienes no fuera posible recontratar a causa de su edad, invalidez física, fallecimiento o desaparición, la que se entregaría a sus familiares directos, en los últimos dos casos.
Esta situación se ha dilatado en extremo y hay ejemplos de gran impacto social. Por ello, solicito que se incorpore a la Versión Taquigráfica parte del texto de mi exposición, para circunscribirme solamente a las peticiones que deseo formular, en aras de la economía del tiempo de mi presentación.
No tengo afinidad política con los integrantes del Comité de Exonerados de Chuquicamata, presidido por don José Rivas. Es más: ellos no han apoyado en las elecciones parlamentarias a mi sector; pero durante años he sido testigo de la forma como han sido postergados y tramitados en su lucha por obtener beneficios que legítimamente les corresponden. He visto que jamás han recibido un trato justo ni se les ha dado respuesta clara por parte de los Gobiernos de la Concertación.
Si CODELCO estima que no les corresponden los beneficios que ellos están solicitando, y que otorgó a los demás trabajadores exonerados, que se los diga con claridad y les explique las razones de ello; pero es inhumano que se los mantenga en la incertidumbre por más de diez años, sin que se les otorguen efectivamente tales mejoramientos y sin darles respuestas categóricas y claras, manteniendo la situación en statu quo. Si cumplen los requisitos establecidos por la ley Nº 19.234, que se les pague como a todos los demás trabajadores beneficiados; si les falta algún antecedente o no cumplen alguna condición, que se les diga eso y se facilite su cumplimiento; pero es inadmisible la tramitación indefinida de que son víctimas.
He intervenido en esta Alta Tribuna para exponer la situación de estos ex trabajadores de CODELCO, porque no resulta aceptable permanecer indiferente ante el trato recibido por estos chilenos, todos de la tercera edad, que sólo aspiran a ser oídos y a gozar de los beneficios legítimos que la ley reconoció, sin hacer distingos, a todos los exonerados que cumplieran los requisitos por ella señalados. No podemos esperar impávidos que siga pasando el tiempo sin darles una respuesta clara y definitiva a sus planteamientos. Ello resulta inmoral.
Si el respeto a los derechos humanos proclamado por el Gobierno es sincero, pido que se respete el derecho de estos trabajadores a la igualdad ante la ley, a formular peticiones a la autoridad, a ser oídos y a no ser obligados a afiliarse a una organización a la cual no desean pertenecer, para obtener beneficios legales. El tiempo transcurrido y las tramitaciones sufridas por estos ex trabajadores sin que hayan sido atendidos debidamente por ninguna autoridad de la Concertación en forma efectiva hasta ahora, exige que sea el propio Jefe del Estado quien adopte las medidas apropiadas para poner fin a esta situación de injusticia.
Por ello, solicito que se oficie, en mi nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República , don Ricardo Lagos Escobar , transcribiéndole estas observaciones y solicitándole encarecidamente que adopte las medidas pertinentes que estime justas para atender la situación que desde hace una década afecta a 62 ex trabajadores de CODELCO, División Chuquicamata, que integran el Comité a que he hecho referencia.
Reitero también mi petición de incorporar al texto de mi intervención los antecedentes que dan cuenta en detalle de la realidad que he dado a conocer.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Con el fin de sostener una conversación con Su Señoría a este respecto, suspenderé la sesión por tres minutos.
______________
--Se suspendió a las 17:39.
--Se reanudó a las 17:41.
______________
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , reitero mi petición de despachar el oficio antes mencionado, en el entendido de que estas personas llevan diez años esperando y que se trata de una prerrogativa resguardada en la Carta Fundamental que alcanza a todos los ciudadanos, incluyendo a los Senadores: el derecho de petición a Su Excelencia el Presidente de la República y a cualquier otra autoridad del ámbito público de nuestro país.
En consecuencia, solicito enviar el oficio señalado y adjuntar los antecedentes que acompañaré a mi exposición.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Con respecto a la petición de inserción de documentos, de conformidad al artículo 108 del Reglamento ello solamente puede autorizarse por acuerdo unánime de los Comités. Por tal motivo, la Mesa les remitirá formalmente dicha solicitud en su próxima reunión.
El señor CANTERO.-
Gracias.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , el Comité Renovación Nacional me ha cedido el tiempo que le resta.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
INDEMNIZACIONES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. OFICIO
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, pienso que todos los presentes así como el resto del país estamos profundamente conmocionados por el debate que ha tenido lugar en el último tiempo a propósito de las indemnizaciones que recibieron algunos funcionarios públicos al término de sus labores. Y lo estamos, fundamentalmente, por la magnitud de las mismas y porque muchos de ellos han continuado trabajando en otros servicios públicos, sin haber devuelto sus indemnizaciones, como habría correspondido por tratarse de un mismo empleador.
Como el debate público y los planteamientos sobre esta materia han sido muy amplios, no deseo entrar en ellos, pero sí quiero mencionar que ha surgido un antecedente desconocido para la opinión pública: el monto de las remuneraciones de estos funcionarios de empresas públicas.
Por lo mismo, es indispensable recabar la información completa sobre los ingresos que perciben quienes integran tanto sus directorios como la plana ejecutiva mayor. Estimo que, tratándose de una información concerniente a empresas de esa índole, debe ser difundida ante la opinión pública para así entender la raíz del fenómeno que hemos conocido.
Por ese motivo, solicito enviar oficio, en mi nombre, a Su Excelencia el Presidente de la República , para que tenga a bien informar al Senado acerca de las remuneraciones que perciben los integrantes de los directorios y los altos ejecutivos de las empresas públicas, donde el Estado tenga intervención e intereses, sean creadas por ley o posean cualquier otra naturaleza jurídica. Me parece que eso contribuiría enormemente al proceso de transparencia que el propio Ejecutivo está llevando adelante en este sentido.
INTERVENCIÓN EN COMICIOS MUNICIPALES. OFICIOS
El señor LARRAÍN.-
Por otra parte, estamos sumamente preocupados porque tememos una abierta intervención electoral de parte de las autoridades de Gobierno en las próximas elecciones municipales. Y esto no constituye una
simple especulación, pues contamos con antecedentes concretos percibidos en estas últimas semanas en la circunscripción que represento ante el Senado.
Se ha constatado en la comuna de Cauquenes una inescrupulosa y desembozada intervención electoral de parte de las actuales autoridades de la Gobernación Provincial. Además, existen antecedentes fundados sobre la participación de INDAP en los mismos hechos.
En concreto, se ha conocido una completa maquinaria electoral que actúa en la zona bajo la denominación de "Operación Fardos", que consiste simplemente en comprometer el voto de campesinos y pequeños productores agrícolas, regalándoles fardos de pasto que, aunque adquiridos con recursos de todos los chilenos, son entregados en cada una de las comunas donde se verifica este operativo, en nombre de algún candidato de la Concertación.
En Cauquenes, la forma de operar, y que he podido comprobar por relatos presenciales de testigos y beneficiarios de este procedimiento, es muy simple. Se invita a una reunión electoral -de las tantas que se realizan en la campaña del candidato a alcalde de Cauquenes , militante de la Democracia Cristiana y anterior Gobernador, don Guillermo Badilla -, oportunidad en la cual éste ofrece fardos de pasto para alimentar al ganado e inscribe a los interesados. Con posterioridad, la Gobernación de Cauquenes hace llegar a los inscritos diez fardos por persona, con un certificado de la Gobernación, entrega que por cierto se efectúa en nombre del candidato.
Así de simple, de directo y de burdo.
Casualmente, una productora de televisión local que filmaba para un noticiario de televisión por cable de Cauquenes pudo captar la entrega de estos fardos. Y hoy día hemos dado a conocer a la opinión pública el contenido de esa filmación, donde se entrevista a los beneficiarios, quienes relatan la historia de que les son son regalados por el señor Guillermo Badilla , a sabiendas de que provienen de la Gobernación Provincial de Cauquenes, porque se les entrega un certificado, copia del cual también dimos a conocer a la opinión pública.
Averiguaciones adicionales permiten afirmar que se trata de una compra realizada por dicha Gobernación que asciende a la cifra de 19 millones de pesos que, al entregar diez fardos por cabeza, permite beneficiar a más de tres mil personas, en un acto que sin duda constituye una intervención electoral masiva.
Según antecedentes que hemos podido recoger, los recursos provienen de una decisión adoptada por las autoridades de Gobierno ante los problemas que afectaron la zona el invierno pasado. No pude imponerme de las razones por las que no se entregaron oportunamente, sino que ahora cuando realmente no son necesarios pues los pastos están creciendo normalmente.
Por otra parte, existen antecedentes de que INDAP está haciendo lo mismo, pero no sólo en Cauquenes. En esta Provincia ya habría gastado 13 millones de pesos en la compra de fardos y se presume que una cifra igual o superior en la de Linares, donde ciertos candidatos de la Concertación, en comunas como Retiro, Longaví y Parral , recurren al mismo procedimiento antes descrito de entrega de fardos -adquiridos por INDAP-, en nombre propio.
Señor Presidente , tales hechos constituyen indudablemente un acto ilegal e inmoral que, a mi juicio, obliga a tomar las medidas del caso. Estamos en la antesala de la corrupción, por cuanto se utilizan los recursos fiscales para beneficio político partidista, en actuaciones que son responsabilidad directa de autoridades públicas determinadas.
Por ello, solicito a Su Excelencia el Presidente de la República la adopción de ciertas medidas. En particular, la destitución de las personas que aparezcan como autoras y responsables de esta situación, lo cual debe implicar al menos la remoción de su cargo de la Gobernadora de la Provincia de Cauquenes y de los directores de INDAP, a nivel de la Séptima Región y de las Provincias de Cauquenes y de Linares; el término de la "Operación Fardos", hasta que los hechos sean enteramente esclarecidos, y la inmediata información de la verdad a todos los engañados con el beneficio. Estos últimos deben saber que no se trata de regalos políticos ni que ha correspondido entregar en nombre de los candidatos, sino que si han recibido fardos es porque el país así lo ha decidido, con recursos propios, a través de los órganos competentes.
Y, finalmente, quisiera que también se solicitase la intervención de la Contraloría General de la República, para que, en conocimiento de los antecedentes, investigue los ilícitos e irregularidades en que puedan haber incurrido las autoridades responsables, tanto en la Gobernación de Cauquenes como en INDAP, con ocasión de lo sucedido.
Señor Presidente , la corrupción debe terminar. Me refiero tanto a aquella que permite el uso de recursos fiscales en provecho propio, como se ha conocido a nivel nacional -a la que aludía-, cuanto a la que busca el aprovechamiento político para beneficio electoral, conductas todas estrictamente prohibidas por el ordenamiento legal vigente. En particular, la intervención de autoridades públicas en los próximos comicios municipales fue terminantemente prohibida por el mismo Primer Mandatario , quien al inicio de la campaña instruyó en forma precisa a los funcionarios de la Administración del Estado sobre su deber de prescindencia electoral. Los responsables, al no cumplir con el mandato de la ley y la orden presidencial, deben asumir las consecuencias de sus actos.
He dicho.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , el resto del tiempo lo cedo, en nombre del Comité Renovación Nacional, al Honorable señor Horvath.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Deseo formular antes una observación a lo expresado por el Senador señor Larraín. La Mesa entiende que se ha planteado una denuncia que debe ser investigada y fiscalizada, y, al margen de los oficios solicitados, estima importante dar cuenta al organismo fiscalizador, que es la Cámara de Diputados, para que tome las medidas procedentes. De esa forma, se aplica el proceso institucional correspondiente a intervenciones de esa índole, porque nosotros no tenemos la capacidad para fiscalizar.
Queda sólo un minuto.
El señor LARRAÍN.-
Pido que se despachen los oficios citados.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , en los próximos minutos le haré llegar un documento del mismo Senado, emitido por la Comisión de Constitución, donde se establece que los Parlamentarios de esta Corporación, individualmente, pueden pedir todos los antecedentes que estimen pertinentes. Y ello no cabe considerarlo fiscalización. Porque aquella prohibida en la Carta Fundamental se refiere a la acción de este cuerpo colegiado como tal, pero no a la de cada uno de sus miembros.
Quisiera entregar dicho texto a Su Señoría en atención a que también se juzgó acto de fiscalización lo indicado en mi exposición, que en ningún caso ha revestido ese carácter. Y menos si decía relación al derecho a petición a la autoridad superior.
El tema me parece relevante, señor Presidente , y creo necesaria una reflexión sobre el particular.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa no estimó que su intervención, señor Senador, apuntaba a un acto de fiscalización. Mediaron otros motivos y consideraciones.
Y, respecto de lo expresado por el Honorable señor Larraín , ella entiende que no solamente se desea información, sino que también se requiere una sanción. Y en ese último aspecto sí que el Senado no dispone de atribución alguna. Son sólo actos...
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite una interrupción, señor Presidente ? No he pedido sanciones.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se escuchó la solicitud de Su Señoría en cuanto al término de funciones en una gobernación por el conjunto de antecedentes entregados.
El señor LARRAÍN.-
Exacto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde, entonces, a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República...
El señor LARRAÍN.-
No, señor Presidente. Tal vez me expresé mal. En atención a los datos proporcionados, estoy pidiendo al Primer Mandatario que destituya a las personas responsables de los hechos y al organismo contralor que investigue todo lo pertinente para que pueda definir cuáles son las irregularidades e ilícitos cometidos. No estoy fiscalizando absolutamente nada. Tengo la constancia de lo ocurrido y en vista de ello solicito la exoneración, además de informaciones complementarias, por cierto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
La Mesa entiende que Su Señoría no está fiscalizando, pero que se interesa en que se fiscalice la acción de funcionarios públicos en la Región que representa. Por todo lo dado a conocer, he propuesto que los antecedentes se entreguen a la Cámara de Diputados a fin de que, dentro de sus atribuciones constitucionales, se lleve a cabo lo tendiente a tal efecto. Si ello no se estima procedente, no se hará.
El señor LARRAÍN.-
Creo que así es mejor, señor Presidente.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Se pedirá, entonces, la información a que ha hecho referencia el señor Senador.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Larraín, conforme al Reglamento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Senador señor Canessa.
SEGREGACIÓN DE INDÍGENAS
El señor CANESSA.-
Señor Presidente , hace ya siete años, el 5 de octubre de 1993, se publicó la ley que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. La vigencia de ese cuerpo legal lo ha convertido, seguramente al margen de la intención de sus impulsores, en el marco jurídico de una política de segregación para las etnias precolombinas existentes en Chile.
Ha llegado la hora de abrir una discusión de fondo acerca del tema, cuyo primer paso podría consistir en intentar un balance provisional de los resultados alcanzados, en relación con los objetivos perseguidos. En principio, todo se reduce a contestar dos preguntas básicas. La primera de ellas es, teniendo presente las condiciones de vida de los afectados por las disposiciones respectivas, si esas personas se hallan mejor ahora que antes. Y la segunda, considerando a la comunidad nacional en su conjunto, apunta a saber si se ha fortalecido su unidad ancestral. Me parece que la respuesta es negativa en ambas perspectivas.
Siempre será posible sostener que la idea original era buena pero que el aparato administrativo estatal la desvirtuó en su aplicación. Mas la realidad es otra y hay que enfrentarla: la concepción antropológica que dicha ley expresa constituye un error. En este caso el mal se encuentra en la raíz, no en las ramas.
Contrariando la experiencia de los países que vienen de vuelta en la gestión de las dificultades que presenta la plena incorporación cultural, económica y social de los individuos cuya procedencia es múltiple, como ocurre en toda América, aquí se aplicó un criterio que lleva indefectiblemente a la marginación de un grupo, con las consecuencias personales, familiares y nacionales que ello supone. Y no se trata de un grupo cualquiera, sino de los descendientes de los habitantes que poblaban el territorio al momento de ser incorporado al imperio hispánico.
Tan equivocado concepto -y es lo medular de mi crítica- se sustenta sobre una premisa inaceptable. En efecto, haber supuesto que los descendientes de los pueblos nativos, por el solo hecho de serlo, representan una minoría de calidad inferior, si se les compara con los descendientes de las naciones europeas, importa una muestra de racismo en el más abyecto sentido del término. Y, sin embargo, es lo que hizo esa ley, que algunos celebrarán en estos días como algo positivo. Es muy triste decirlo, pero desde hace siete años un grupo de compatriotas se halla sometido legalmente, en razón de su origen étnico, al estatuto de las personas relativamente incapaces. Luciendo como novedad una trasnochada actitud de paternalismo arrogante, el Estado de Chile, la unidad política soberana aglutinadora de todos los chilenos, resolvió que le era legítimo discriminar y dividir, poniendo fin artificialmente a un proceso natural de progresiva integración desplegado a lo largo de varios siglos de historia común.
A estas alturas, cualquiera sabe que el objetivo esencial del Estado es crear y sostener las condiciones que permiten la seguridad, la libertad y el bienestar de los ciudadanos. No es lo suyo servir de tutor, sino garantizar la expresión más amplia posible de la potencialidad espiritual y material que posee cada uno. En esa concepción moral, que es la de una sociedad libre, imponer medidas discriminatorias, sean ellas de signo positivo o negativo, resulta lógicamente contradictorio y en el largo plazo provoca resultados contraproducentes. Es lo que se comprueba a propósito de la ley de protección a los indígenas, cuya aplicación ha generado incentivos incorrectos -de hecho, meros subsidios de emergencia- que han vuelto problemática la inversión y, por ende, el trabajo productivo y el bienestar de las personas a las que se quiso beneficiar por ese procedimiento. Todavía más, en aquellas zonas donde el aprovechamiento ideológico de las dificultades ha desembocado en cierto grado de irredentismo territorial se han registrado hechos de violencia y vandalismo todavía impunes, lo que ha erosionado el principio de autoridad.
Señor Presidente , pareciera que ofende a ciertas mentalidades el hecho social de nuestro mestizaje. Y sin embargo, a medida que la tecnología facilita el flujo de las personas, no es otro el destino racial de la humanidad. En nuestro caso, los pueblos originarios -y el mapuche, para decirlo muy concretamente-, lejos de conservarse en estado puro y de estar concentrados en un punto geográfico, se encuentran difundidos a lo largo de todo el territorio nacional y amalgamados en diferentes grados, con la sangre de otras corrientes migratorias, especialmente española, en un proceso que ha durado más de 400 años y cuyo fruto es la raza chilena, una estirpe que considero que es la mía y a la que estoy orgulloso de pertenecer.
Para resolver la situación de atraso y pobreza que afecta a una parte de nuestra población no es correcto aplicar medidas con criterio étnico que busquen segregar a un sector postergado. Hacerlo, como está ocurriendo, equivale a iniciar un proceso de involución, que nos llevará a retroceder medio milenio, olvidando la historia común que ha protagonizado el pueblo de Chile, cuya unidad me parece esencial mantener.
Resumiendo, para ayudar al progreso de estas personas, que son tan chilenas como el que más, hay que diseñar y aplicar una política que conduzca a su efectiva integración, incorporándolas resueltamente a una sociedad más amplia, a una comunión de propósitos que a lo largo de las generaciones se ha ido enriqueciendo con las tradiciones que trajo consigo cada modesto inmigrante, sin importar su lugar de procedencia, y que se suman al acervo común, a la patria, que cada cual siente como entrañablemente suya.
La construcción de nuestra nación se identifica con una actitud generosa, que hizo posible aglutinar armónicamente los elementos más dispares y que se la puede considerar ejemplar. ¿Qué sentido tiene entonces herir su cohesión, como lo ha hecho el cuerpo legal cuyo aniversario recordamos? Hay que rectificar. ¡Urge rectificar! Y en ese empeño, que compromete el bien común de la chilenidad, los paliativos cosméticos, las ceremonias más o menos folclóricas y las maniobras dilatorias están fuera de lugar. Lo que hay que debatir es la visión antropológica que está en el núcleo de la ley en cuestión, y a eso invito a mis colegas del Senado.
He dicho.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En los minutos que restan al Comité Institucionales 1 y en el tiempo del Comité Institucionales 2, ofrezco la palabra al Honorable señor Silva.
INDEMNIZACIONES EN EMPRESAS DEL ESTADO. OFICIO
El señor SILVA.-
Señor Presidente, desde hace muchos años y en mi condición de ex Contralor General de la República específicamente, me ha correspondido conocer a fondo lo que hoy día se ha denominado el "escandaloso problema de las indemnizaciones millonarias". Y creo que es mi deber proporcionar algunos antecedentes que en su oportunidad conocí intensamente y que en absoluto no justifican los hechos que se han estado criticando. Por el contrario, los condenamos, pues constituyen no sólo exageraciones, sino que, tal vez en muchos aspectos, dilapidaciones o irregularidades inexplicables.
Cuando informe a los señores Senadores de los antecedentes que obran en mi poder y que dispongo desde aquella época, posiblemente comprenderán en gran medida cómo en Chile se han venido materializando las circunstancias que ahora preocupan tanto a los órganos del Estado como a los particulares, a la Administración y a la nación toda.
El problema no es nuevo. En nuestro país lo referente a las indemnizaciones, llamadas hoy "millonarias", que se otorgan en distintos órganos empresariales del Estado tuvo su origen hace por lo menos 40 ó 45 años.
Quién sabe si valga la pena recordar la forma cómo se fue gestando en aquella época el concepto genérico y amplio de Administración del Estado. Circunscrito a lo que primigeniamente era la Administración Pública o la Administración Fiscal propiamente tal, fue aumentando paulatinamente al extender el Estado su gestión a distintos otros campos, creando las llamadas primitivamente instituciones semifiscales, después las instituciones semiautónomas y, en seguida, terminada la Segunda Guerra mundial, cuando nace el concepto del Estado-empresario, las denominadas empresas estatales.
Pero sí creo que vale la pena recordar que en esa época, según mis recuerdos, existía una noción muy diáfana: la del "servicio público" y, en consecuencia, la de la Administración del Estado, integrada por órganos que, siendo de la mas diferente naturaleza, en términos amplios tenían la calidad de servicios públicos.
Por ello, el Presidente de la República , cuando por primera vez se refirió al problema que ha motivado una preocupación justificada en la opinión pública, dijo, no sin razón, que el servicio público fue creado para servir y no para servirse, expresiones que genuinamente corresponden a lo que en aquella época se entendía por servicio público. No hay que olvidar que quienes lo desempeñaban eran, en términos genéricos, empleados públicos y, en términos más amplios, empleados del Estado.
No está de más recordar que en ese entonces los funcionarios de la Administración Pública se regían -como afortunadamente sucede hasta hoy- por un estatuto administrativo aprobado mediante ley de la República. Tampoco es desdeñable recordar que durante el Gobierno del Presidente Ríos Morales, cuando se promulgó la ley Nº 7.200 -que autorizó la dictación de normas complementarias reorganizativas para la Administración del Estado en el sentido amplio-, se crearon los estatutos para los empleados semifiscales y de las entidades autónomas. ¿Por qué lo recuerdo? Porque si bien a la sazón existían distintos conglomerados o entes dentro de la Administración del Estado, no puede olvidarse que todos ellos y los empleados que laboraban en sus diferentes estamentos, estaban sometidos a una ley pública y, sobre todo, a la rigurosa fiscalización de la Contraloría General de la República, fiscalización que fue desapareciendo de manera lenta pero gradual. Junto con ello -y lo puedo probar- fueron creándose circunstancias de anarquía, que paulatinamente originaron abusos en la aplicación de las normas a determinados grupos de esta concepción amplia de funcionarios del Estado.
¿Por qué ocurrió eso, señores Senadores? Porque si bien antaño existía -lo recuerdo y lo repito- un estatuto para los empleados fiscales o públicos, otro para las entidades semifiscales y autónomas y uno para las empresas del Estado, la realidad es que ya en esa época -y estoy hablando de hace a lo menos 45 años- se fue evadiendo el control riguroso ejercido por la Contraloría General de la República.
Para ser absolutamente consecuentes, debe reconocerse que hay responsabilidad global de parte de los legisladores, que no meditaron en la gravedad que entrañaba el ir excusando o evadiendo de esas concepciones rigurosas a determinados sectores de la administración estatal. Y se ideó una fórmula, que se ha seguido empleando hasta hoy día, conforme a la cual los empleados de determinadas empresas del Estado (y se las mencionaba una a una) quedarían sujetos no a sus propios estatutos, sino al Código del Trabajo. ¿En qué se fundamentaba esto? Sencillamente, en que, por una parte, era menester proporcionar mayor estabilidad a la gestión y la actuación de las empresas -que naturalmente era distinta de la de la Administración Pública propiamente tal-, y por otra, resultaba necesario dar también mayor flexibilidad a la fijación de rentas, ya que por encontrarse las remuneraciones de los funcionarios del Estado sometidas al criterio exigente y riguroso de las normas legales y constitucionales, cualquier variación debía materializarse sólo por ley de la República.
Cabe recordar que en la reforma constitucional de 1943, contenida en la ley Nº 7.727, se establece que sólo a través de una ley de iniciativa del Presidente de la República se podrán conceder o aumentar remuneraciones y otros beneficios a los funcionarios de la Administración Pública, de las instituciones semifiscales y de las empresas estatales. Es decir, quedaba perfectamente en claro que la circunstancia de tratarse de empresas del Estado no implicaba la posibilidad de que sus respectivos directorios pudieren fijar de manera absolutamente libre la remuneración de los empleados, sino que correspondía hacerlo por ley.
Pero en tanto cuanto empiezan a introducirse cuñas propias de la legislación privada -que se entendían ideadas en razón de las características de la empresa privada- en el campo del sector público sin guardar las debidas cautelas, ¿qué sucede? Gradualmente, por esta vía, se va rompiendo la regla rigurosa de que las remuneraciones no podían fijarse en forma irrestricta, ni mucho menos liberalmente, por cada una de esas instituciones, sino que era el legislador, mediante ley de iniciativa del Jefe del Estado , el que debía aprobarlas.
Paralelamente a eso, ¿qué se obtiene? La desaparición de otro de los planteamientos que a la sazón se formulaban en aquella época para sostener que era necesario cambiar el sistema vigente. Se establece entonces la pérdida de la estabilidad y se la reemplaza por el contrato de trabajo.
Lo expuesto no debe resultar extraño a los señores Senadores porque hasta la fecha hemos venido conociendo paulatinamente leyes de la misma índole. Por ejemplo, hace poco nos tocó estudiar el proyecto relativo a las fiscalías de la nación, donde se consignaba, primero, que todos los funcionarios de las fiscalías estarían sujetos a contrato de trabajo y, segundo, que su régimen no sería el vigente para los empleados públicos de la Administración civil del Estado.
En la práctica todo eso redundó en que se quebraran las normas de regulación razonables y armónicas para los distintos sectores del Estado y, a la vez, se permitiera la aplicación del Código del Trabajo en entidades que eran genuinamente públicas, si bien tenían características especiales de autonomía total o mayor, o empresariales, respecto de las instituciones semifiscales, de las autónomas o de las empresas del Estado.
Aún más. En el debate producido en los últimos días algunos señores Parlamentarios han sostenido que la forma de solucionar el problema sería establecer por ley que ese tipo de empresas pasaran a ser sociedades anónimas. Lo hemos leído en la prensa recientemente. Sin embargo, me permito recordarles que este nuevo intento -que tampoco es nuevo porque ya en la época mencionada se había propuesto una fórmula similar- de aplicar criterios del derecho comercial común al sector público constituye otro error. De este modo, a la Caja de Crédito Agrario se la nominó, por ley de la República, sociedad anónima. Lo mismo aconteció con otras instituciones semifiscales de la época, como el Instituto de Economía Agrícola, hoy INDAP.
Los intentos de trasvasije -por así decir- de la norma regulatoria de la actividad empresarial privada en el campo del sector público provocó, en primer término, la desaparición total de la fiscalización de esas instituciones por parte de la Contraloría General de la República. Y todavía más. Respecto de esas instituciones, el legislador reemplazó la fiscalización del órgano contralor por la de las superintendencias existentes en ese entonces. Deplorablemente, se olvidó que la Contraloría es la encargada de fiscalizar a la Administración Pública y que la labor de las superintendencias no es fiscalizar, sino supervigilar -lo que es distinto- a las entidades privadas en nombre del Estado.
¿Qué ha sucedido? Que ya hace 40 años -y vaya esto como una explicación indirecta para el señor Senador que hace un momento, con mucha razón, preguntaba por el monto de las rentas que actualmente se pagan- se elevó el nivel de las remuneraciones en las empresas estatales aduciendo, como justificación, que por el hecho de actuar en un plano de libre competencia con las empresas privadas era razonable que sus rentas fueran superiores a las del personal de los servicios de la Administración Pública propiamente tal. Pero, aun cuando la argumentación era comprensible, no se consideraba en absoluto que las empresas del Estado continuaban siendo órganos del Estado, públicos, y, por lo tanto, siempre cobraba valor aquella frase que (al referirse a los empleados de ellas) repitió hace poco el señor Presidente de la República : "Están para servir y no para servirse".
Eso trajo otro tipo de consecuencias: aumentaron las remuneraciones pero se quebró la estabilidad. Y al quebrarse ésta se produjo el hecho de que hipotéticamente los empleados de tales empresas pudiesen ser nominados sin carrera administrativa y, también, eliminados abruptamente a criterio de los jefes respectivos.
Y se produce otra anomalía a raíz de la aplicación de la normativa del Código del Trabajo. Ella es perfectamente entendible respecto de la empresa privada porque el dueño de ésta conoce su patrimonio y lo defiende; sabe en qué momento puede nombrar a una persona en virtud de su calidad y de sus méritos y, por consiguiente, fijarle remuneraciones especiales o indemnizaciones extraordinarias para cuando resuelva prescindir de sus servicios, atendido también su propio interés. Pero este interés de preservar el patrimonio existente en la empresa privada no se halla presente en la Administración, porque el patrimonio de la empresa pública no pertenece a quienes la dirigen o administran sino a la comunidad entera y, en todo caso, en sentido genéricamente amplio, al Estado.
Hay otro factor que introduce un elemento más de disociación en lo que entraña la aplicación del sistema privado en el público. No podemos desconocer que la realidad, no sólo de Chile sino que de todos los países y especialmente de los del continente americano, es la aplicación de lo que la doctrina, en forma de crítica, ha denominado "política del botín" o "política del reparto". La introducción de factores políticos en la Administración es muy peligrosa -sobre todo cuando no existe fiscalización, por el motivo ya explicado-, ya que se pueden cometer actos como los que progresivamente han venido conociéndose y comprobándose en estos días.
Insisto en que esta modalidad comenzó a aplicarse alrededor de 1950; se intensificó durante el Gobierno del General Ibáñez, luego en el del Presidente Alessandri (a pesar de todos los esfuerzos que él hizo para evitar que sucediera este tipo de cosas) y en las Administraciones siguientes.
Conocimos casos como el de ENDESA, empresa estatal que funcionaba bien pero que ya en 1965 pagaba indemnizaciones sin tope de once meses a los funcionarios medios o superiores que se retiraban. Para cubrirlas se recurrió a un método más o menos razonable: el 50 por ciento se pagaba con acciones de la empresa y el otro 50 por ciento en dinero efectivo, como una forma de justificar esos montos.
Me he impuesto de que la Cámara de Diputados ha resuelto hoy que su Comisión de Economía investigue el asunto. Podría ser útil que analizara también los antecedentes que estoy proporcionando, porque resultaría una investigación por lo menos incierta, y sobre todo incompleta, la que se practicara revisando -como se refrendó mediante el acuerdo correspondiente- los últimos cinco años.
A mi juicio, lo que se ha venido comprobando no es responsabilidad ni del actual Gobierno, ni del que lo precedió, ni del Régimen autoritario, ni de la Administración anterior. Esto proviene de una política que empezó a aplicarse en Chile hace por lo menos cincuenta años, y que ha venido reiterándose en el tiempo. Estoy absolutamente seguro de que, si bien no con las connotaciones que hoy estamos conociendo, los señores Senadores se van a encontrar con que los problemas en cuestión no son de reciente data.
Naturalmente, cuando esto sucede como consecuencia de la distorsión de valores fundamentales; cuando ocurre a raíz de que una ley aprobada con el sentido genuino y específico de regular la actividad privada, se pretende aplicar sin restricciones ni precauciones de ninguna especie en el sector público, nos encontramos inexorablemente con que la realidad hace que aquello se distorsione. Ello ocurrirá sobre todo cuando en cada uno de los sectores empresariales de la Administración Pública no existe, naturalmente, el dueño del patrimonio a quien corresponde defenderlo, sino que tal defensa esté a cargo simplemente de directorios, muchos de los cuales --hay que deplorarlo, aunque debemos reconocerlo- son nombrados con sentido político, y no con un criterio técnico o empresarial.
Se me dirá: "¿Y cuál es la solución del problema?". ¿Lo es el transformar las empresas estatales en sociedades anónimas? ¿Qué ganaríamos con eso? ¿Está la solución en imponer prohibiciones categóricas o terminantes?
Me permito recordar a los señores Parlamentarios que esta discusión en manera alguna es nueva en el Senado. En mayor o menor medida se ha venido realizando cuando se han discutido, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y aquí al interior del Senado, normas con las que, con alguna periodicidad, se pretende disponer que a los funcionarios de tal órgano o de tal servicio se les aplique el Código del Trabajo.
Debo hacer notar que existe una Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esa legislación establece tres Títulos muy definidos. El I, de Normas Generales, contiene los principios fundamentales que han de regir para todos los órganos del Estado, sean de la Administración Pública, o de las hoy día llamadas instituciones autónomas, o de las empresas estatales. Ese Título consigna principios de defensa, de protección, de seguridad con relación al ejercicio de la función pública, que aspiramos a que siga siendo siempre una de prestación de servicios funcionales para la colectividad.
El Título II rige para los empleados de la Administración Pública propiamente tal.
El Título Final, a insinuación de la Comisión de Constitución cuando la presidía el Honorable señor Larraín, se dijo que estaría formado por la Ley de Probidad Administrativa, aprobada recientemente y que era aplicable. De tal manera que sería perfectamente razonable pensar que la hipotética solución de un problema de esta naturaleza estaría en la aplicación de las normas de los Títulos I y final de la mencionada Ley de Bases, para impedir que siga materializándose en la realidad toda esta secuela de usos abusivos que son consecuencia de normas que no tienen en sí mismas la precaución fundamental para que, aplicadas en un organismo del Estado, sea empresa o no, eviten el surgimiento de situaciones como las que todos estamos lamentando.
Termino, señor Presidente , reflexionando que acaso sería útil que esta intervención se transmitiera a la Cámara de Diputados, a fin de que sea considerada y analizada con mayor profundidad por la Comisión que al efecto se ha designado.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra al Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente , me ha parecido muy importante lo que ha dicho el Senador señor Silva esta tarde. Creo que entrega luces acerca de las raíces de un problema candente que afecta al país a raíz del pago de indemnizaciones en las empresas públicas; y, además, establece vías de solución.
Consecuente con lo que Su Señoría ha señalado, el Gobierno anunció su voluntad de enviar un proyecto de ley destinado a fijar criterios para aplicarse en las empresas públicas en lo referente al pago de indemnizaciones.
Lo que no puede ocurrir, y que a todas luces ha llevado a que se cometan abusos que todos deploramos, es que esas empresas, autónomamente y sin restricción legal alguna, eventualmente se sientan autorizadas para fijar indemnizaciones que no tienen tope. Eso podría llevar a situaciones de abuso de poder extremadamente dañinas para su prestigio, para la subsistencia misma de la idea de empresa pública, para la actividad política que actúa en el origen de los nombramientos de los respectivos directorios, y, al final, para toda la República.
El argumento más simple frente a estas situaciones es que habría que privatizar las empresas públicas. Tal razonamiento nos lleva a un callejón sin salida porque, por mucha privatización que se disponga, siempre una parte de la actividad estatal tendrá que incurrir en el ámbito empresarial, y debiera estar reglamentada conforme a criterios claros de probidad.
No es aceptable la disculpa esgrimida por algunas de las personas que recibieron "indemnizaciones millonarias" de que éstas son legales. Sí; pueden ser legales en el sentido de que no contradicen la ley, por lo menos en su texto expreso. Pero no cabe duda de que el monto de las indemnizaciones puede resultar contrario a los principios de probidad que se dictaron justamente en una ley que aprobó el Senado. Además, como lo está estudiando el Consejo de Defensa del Estado a proposición del propio Gobierno, es posible que exista un grupo de personas que se aprovechan de su propio dolo, es decir que pactan libremente una indemnización que en el fondo va en beneficio propio. Por lo tanto, en tal caso puede haberse producido algún tipo de infracción a la ley penal, que el Consejo de Defensa del Estado tiene que investigar.
En síntesis, señor Presidente , estimo muy importante lo que expresó el Honorable señor Silva , en cuanto pone el énfasis en un vacío o un equívoco de la legislación que no es de hoy, sino que data de muchas décadas. Quizá hoy día ha hecho explosión por una serie de factores circunstanciales que no es del caso analizar.
En segundo lugar, es importante lo señalado por el Gobierno en el sentido, primero, de poner todos los antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del Estado para que éste investigue si ha habido dolo en las actuaciones en cuestión, caso en el cual debería proceder penalmente; y cuando no ha existido dolo, que determine si es posible recuperar lo que se considere pago excesivo, a pesar de la libertad de contratación.
Seguidamente, el Gobierno ha anunciado el envío de un proyecto de ley que tendrá por objeto fijar ciertos criterios o normas básicas para que en las empresas del Estado las indemnizaciones se encuadren dentro de una normativa general concordante con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y con los principios de probidad contemplados en ella, como lo ha recordado el Senador señor Silva.
Por último, se ha dado origen a la formación de una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados a fin de que haga plena luz sobre todos estos hechos.
Con esas medidas, en mi opinión, el Gobierno del Presidente Lagos ha actuado como le corresponde frente a una situación que se arrastra como un mal de la República desde hace varias décadas. La crisis que hoy vivimos afecta la credibilidad de las instituciones, la confianza de la ciudadanía en quienes están conduciendo la nación hoy, y en los que lo hicieron ayer y anteayer; o sea, es algo bastante grave y de fondo en lo que se refiere a la política, en el sentido de búsqueda del bien común de la República.
Ojalá que estos lamentables hechos sirvan para tomar conciencia de la necesidad de imponer normas precisas y consecuentes con los principios de probidad establecidos en la ley -y que incluso se aspira a consagrar en la Constitución-, a fin de que en el futuro aquéllos no se repitan.
Gracias.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Aún restan algunos minutos al Comité Socialista.
No hará uso de ellos.
--En los tiempos de los Comités Mixto y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador hace uso de la palabra.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Corresponde el turno del Comité UDI e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
DÉFICIT EN HOSPITALES ESTATALES. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, quiero referirme a la deuda crónica que padecen muchos hospitales de Chile, de la cual existe constancia directa en la Región de Aisén.
En verdad, los establecimientos hospitalarios del Estado presentan deudas millonarias que se vienen arrastrando por un período de al menos 8 años; de manera que las distintas empresas, sus principales abastecedoras, han tenido que dejarlos de apoyar y prácticamente han debido recurrir a la vía de la demanda.
Debido a lo anterior, los hospitales se han visto obligados a buscar otras fuentes de suministro de sus más importantes insumos para poder otorgar atención de salud a las distintas comunidades y han tenido que firmar nuevos convenios a precios bastante más altos que los originales. Así y todo, sabemos que los directores de los hospitales, y los profesionales de la salud en general, actuando con vocación y servicio, han tomado las medidas administrativas necesarias para prestar a las comunidades la atención que se merecen. Pero eso, obviamente, tiene un límite.
Son centenares los millones que se deben, de modo que, si no se prevé una solución presupuestaria para el problema, la crisis de la salud va a aumentar.
En el caso de la Región de Aisén, junto con la ampliación del hospital, que supone una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, se van a entregar nuevas especialidades y mayor cobertura teórica de atención de salud, lo cual significa costos operativos más altos y, por ende, aumento del déficit.
Si a ello se suman las condiciones especiales de la Undécima Región de Aisén, en el sentido de que sus habitantes no tienen la opción de asistir a centros hospitalarios de otras zonas del país, sean públicos o privados, la situación se torna aún más grave.
Por ello, me permito solicitar todos los antecedentes relativos a cómo se ha generado esta deuda crónica y cuáles son las soluciones que se prevén en el corto, mediano y largo plazo, y en particular que en el Presupuesto para el año 2001, próximo a discutirse, haya una clara financiación en el área de la salud para cubrir el déficit señalado.
Para tales efectos, pido oficiar al señor Ministro de Hacienda , a la señora Ministra de Salud y a las autoridades de salud correspondientes de la Región de Aisén.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 18:33.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción
subrogante