Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESION.
- III. ACTAS
- IV.- CUENTA.
- CAMBIOS EN COMISIONES.
- INTEGRACIÓN
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jaime Rocha Manrique
- Samuel Venegas Rubio
- INTEGRACIÓN
- RETIRO DE URGENCIA.
- CONDOLENCIAS A FAMILIA DE CORONEL ALBERTO LARRAGUIBEL , RECIENTEMENTE FALLECIDO.
- AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.
- INTEGRACION DE COMISION REVISORA DE CUENTAS.
- INTEGRACIÓN
- Romy Rebolledo Leyton
- Claudio Alvarado Andrade
- Armando Arancibia Calderon
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTEGRACIÓN
- REPLICA DE ALUSION PERSONAL.
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- CAMBIOS EN COMISIONES.
- V.- FACIL DESPACHO.
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN LO RELATIVO A LAS DENUNCIAS POR LOS DELITOS DE HURTO Y ROBO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Alberto Espina Otero
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Anibal Perez Lobos
- INDICACIÓN
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN LO RELATIVO A LAS DENUNCIAS POR LOS DELITOS DE HURTO Y ROBO. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA.
- MODIFICACION DE LA LEY N° 18.290, LEY DE TRANSITO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Eugenio Munizaga Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Ramon Elizalde Hevia
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Hosain Sabag Castillo
- Edmundo Villouta Concha
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Hosain Sabag Castillo
- Edmundo Villouta Concha
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ramon Elizalde Hevia
- Mario Hamuy Berr
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ramon Elizalde Hevia
- Ivan De La Maza Maillet
- Carlos Dupre Silva
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Hosain Sabag Castillo
- INDICACIÓN
- Ramon Elizalde Hevia
- Ivan De La Maza Maillet
- Carlos Dupre Silva
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INDICACIÓN
- MODIFICACION DE LA LEY N° 18.290, LEY DE TRANSITO. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PRUEBAS OBLIGATORIAS EN BANCOS DE SANGRE PARA DETECTAR VIRUS DE LA HEPATITIS C.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Masferrer Pellizzari
- Francisco Bartolucci Johnston
- Victor Perez Varela
- Patricio Melero Abaroa
- Sergio Correa De La Cerda
- Claudio Alvarado Andrade
- Ivan Moreira Barros
- Dario Paya Mira
- Carlos Valcarce Medina
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Alfonso Vargas Lyng
- Teodoro Ribera Neumann
- Harry Jurgensen Caesar
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Hector Zambrano Opazo
- Sergio Ojeda Uribe
- Edmundo Villouta Concha
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Baldo Prokurica Prokurica
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Mario Hamuy Berr
- Juan Antonio Coloma Correa
- Edmundo Salas De La Fuente
- Jorge Soria Macchiavello
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Hosain Sabag Castillo
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Ramon Elizalde Hevia
- Sergio Morales Morales
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- ANTECEDENTE
- MODIFICACION DEL CALCULO DE LAS BANDAS DE PRECIOS DEL TRIGO Y DE LA HARINA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Harry Jurgensen Caesar
- Juan Masferrer Pellizzari
- Sergio Correa De La Cerda
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Jose Maria Hurtado Ruiz Tagle
- Miguel Hernandez Saffirio
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Valentin Solis Cabezas
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Carlos Caminondo Saez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Alfonso Vargas Lyng
- Carlos Valcarce Medina
- Hosain Sabag Castillo
- Marina Prochelle Aguilar
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Exequiel Silva Ortiz
- Erick Villegas Gonzalez
- Hector Zambrano Opazo
- Edmundo Villouta Concha
- Ramon Elizalde Hevia
- Claudio Alvarado Andrade
- Ivan Moreira Barros
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Roberto Leon Ramirez
- Teodoro Ribera Neumann
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Mario Hamuy Berr
- Eugenio Tuma Zedan
- Jaime Rocha Manrique
- Jorge Soria Macchiavello
- Edmundo Salas De La Fuente
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Morales Morales
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Harry Jurgensen Caesar
- ANTECEDENTE
- NORMATIVA EN FAVOR DE EX DIRIGENTES CAMPESINOS AFECTADOS POR APLICACION DEL DECRETO LEY N°208
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Morales Morales
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- VIII. INCIDENTES
- REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA.
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- VENTA POR CEMA-CHILE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTESANÍA DE LA COMUNA DE PURRANQUE (Décima Región).
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Reyes Alvarado
- DESTINACION DE "GRAN HOTEL PUERTO VARAS", COMUNA DE PUERTO VARAS (Décima Región). Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Victor Reyes Alvarado
- ENDEUDAMIENTO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA SÉPTIMA REGION. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- MODIFICACION DE CRITERIOS APLICADOS POR INDAP. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- ANTECEDENTES SOBRE REPARACION DE TRANQUE "EL BOLSICO", COMUNA DE RIO CLARO. (Séptima Región). Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- AMPLIACION DE CONSULTORIO DE SAN CLEMENTE (Séptima Región). Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- MEJORAMIENTO DE LA LEY DE LA CARNE. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Harry Jurgensen Caesar
- ADHESION
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Manuel Galilea Widmer
- Claudio Rodriguez Cataldo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Harry Jurgensen Caesar
- FALTA DE MÉDICO LEGISTA EN SAN FELIPE Y LOS ANDES. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Rodriguez Cataldo
- ALCANCE A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- FISCALIZACION DE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE MAGALLANES. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vicente Karelovic Vrandecic
- DECLARACION DE EX SENADOR DE LA REPÚBLICA.
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- DIFICULTADES A HIJOS ILEGÍTIMOS PARA ACCEDER A CRÉDITO UNIVERSITARIO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Maria Isabel Allende Bussi
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- MEDIDAS PARA ENFRENTAR PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA SEQUÍA EN CUARTA REGION. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Isabel Allende Bussi
- REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA.
- PRUEBAS OBLIGATORIAS EN BANCOS DE SANGRE PARA DETECTAR VIRUS DE LA HEPATITIS C.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Martita Elvira Worner Tapia
- Romy Rebolledo Leyton
- Mariana Aylwin Oyarzun
- Felipe Valenzuela Herrera
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Montes Cisternas
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Nelson Jaime Avila Contreras
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 58a, en jueves 13 de abril de 1995.
(Ordinaria, de 10.30 a 13.28 horas)
Presidencia del señor Estévez Valencia, don Jaime.
Presidencia accidental de los señores Sota Barros, don Vicente, y Arancibia Calderón, don Armando.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I.- Asistencia 7
II.- Apertura de la sesión 9
III.- Actas 9
IV.- Cuenta.
Cambios en Comisiones 9
Retiro de urgencia 9
Condolencias a familia de coronel Alberto Larraguibel, recientemente fallecido 9
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 9
Integración de Comisión Revisora de Cuentas 9
Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 10
V.- Fácil Despacho.
Modificación del Código de Procedimiento Penal en lo relativo a las denun cias por los delitos de hurto y robo. Primer trámite constitucional 11
VI.- Orden del Día.
Modificación de la ley N° 18.290, Ley del Tránsito. Primer trámite constitu
cional 16
VII Proyectos de acuerdo.
Pruebas obligatorias en bancos de sangre para detectar virus de la hepatitis C. 33
"Modificación del cálculo de las bandas de precio del trigo y de la harina 35
Normativa en favor de ex dirigentes campesinos afectados por aplicación del
decreto ley N° 208 37
VIII.- Incidentes.
Reformas constitucionales para perfeccionar la democracia 40
Venta por CemaChile de la Escuela Regional de Artesanía de la comuna de
Purranque (Décima Región) 43
Destinación de "Gran Hotel Puerto Varas", comuna de Puerto Varas (Décima
Región). Oficio 44
Endeudamiento de las municipalidades de la Séptima Región. Oficio 44
Modificación de criterios aplicados por Indap. Oficio 44
Antecedentes sobre reparación de tranque "El Bolsico", comuna de Río Claro
(Séptima Región). Oficio 44
Ampliación de consultorio San Clemente (Séptima Región). Oficio 45
Mejoramiento de la ley de la carne. Oficio 45
Falta de médico legista en San Felipe y Los Andes,Oficio 46
Alcance a expresiones del Presidente de la República 47
Fiscalización de condiciones laborales de trabajadores de empresas contratis tas de Magallanes. Oficios 48
Declaraciones de ex Senador de la República 48
Dificultades a hijos ilegítimos para acceder a crédito universitario. Oficio 50
Medidas para enfrentar problemas originados por la sequía en Cuarta Región.
Oficio 50
IX.- Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 18.340, sobre Arancel Consular (boletín N° 84210).... 52
2.- Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira la urgencia
que hiciera presente para el despacho del proyecto que modifica el decre
to con fuerza de ley N° 164, del Ministerio de Obras Públicas, modifica
do por ley N° 19.252, de 1993, y las normas tributarias que las regulan
(boletín N° 143205) 52
3.- Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos
términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que aprueba el Con
venio por el cual se reconstituyen las Oficinas Agrícolas del
Commonwealth con el nombre de "C.A.B. International", suscrito en
Londres el 8 de julio de 1986 (boletín N° 98610) 53
4.- Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, con urgencia calificada de "simple", el proyecto que modifica el inciso
primero del artículo 11 de la ley N° 18.525 (boletín N° 155001 )(S) 53
Oficios del Senado, por los cuales comunica que ha aprobado los siguien tes proyectos:
5.- Autoriza la construcción de un monumento en las ciudades de Santiago,
Nacimiento y Los Angeles, en memoria de don Bernardo Leighton Guzmán
(boletín N° 152904)(S) 53
6.- Acuerdo relativo al Convenio entre los Gobiernos de Chile y de la República
del Ecuador para la promoción y la protección recíproca de inversiones, sus
crito en Quito, el 27 de octubre de 1993 (boletín N° 116610)(S) 56
7.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparla
mentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de
acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la Repú
blica de Bolivia para la promoción y protección recíproca de inversiones
y su protocolo (boletín N° 146210) , 64
8. Moción de la Diputada señorita Saa, Diputadas señoras Worner, Rebolledo y
Aylwin, y de los Diputados señores Valenzuela, Ortiz, Montes, Viera
Gallo y Avila, que modifica el artículo 3o del D.F.L. N° 4, de 1981, de
Educación, sobre financiamiento de las instituciones de Educación Supe
rior reconocidas por el Estado (boletín N° 156504) 76
9. Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual informa respecto del proyec
to que modifica el artículo el sistema de notificaciones contemplado en la leyN° 19.325, sobre violencia intrafamiliar (boletín N° 146707) 82
X.- Otros Documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Oficio de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Regla mento, por el cual propone a la Sala que la Comisión Revisora de Cuentas esté integrada por la Diputada señora Rebolledo y los Dipu tados señores Alvarado, Arancibia, Kuschel y Ortiz.
Oficios del Diputado señor Fuentealba, quien, en su calidad de Jefe de Bancada del Partido Demócrata Cristiano, informa de los siguientes reemplazos:
a) En Comisión de OO.PP. el Diputado señor Ascencio será reemplazado como miembro titular por el Diputado señor Venegas;
b) En Comisión de OO.PP. el Diputado señor Ortiz será reemplazado como miembro titular por el Diputado señor Rocha;
c) En Comisión de Familia el Diputado señor Cornejo será reemplazado como miembro titular por el Diputado señor Elgueta;
d) En Comisión Gob. Interior el Diputado señor De la Maza será reemplazado como miembro titular por el Diputado señor Cornejo;
e) En Comisión de Trabajo el Diputado señor Rocha será reemplazado como miembro titular por el Diputado señor Ascencio.
Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual comunica que ha procedido a elegir como Presidente al Diputado señor Chadwick.
Oficio de la Comisión de Minería y Energía, por el cual comunica que ha procedido a elegir como Presidente al Diputado señor Villegas.
Oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomuni caciones, por el cual comunica que ha procedido a elegir como Presi dente al Diputado señor Rocha.
Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por el cual comunica que ha procedido a elegir como Presidente al Diputado señor Dupré.
Oficio de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planifi cación y Desarrollo Social, por el cual solicita recabar el acuerdo para que los proyectos informados por las Comisiones sean vistos por la Sala dentro de un plazo perentorio.
Oficios de la Contraloría General de la República, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Elizalde, Hamuy y Sabag, dictamen solicitado por los Sindicatos de Jinetes Profesionales y Preparadores de Caballos Fina Sangre de Carrera.
Oficio de la Comisión de Familia, por el cual solicita adoptar las me didas necesarias para el pronto despacho del proyecto que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y deroga el Libro II de la ley N° 17.105, actualmente radicado en la Comisión de Salud (boletín N° 119211).
Del señor Hamuy, sobre legalidad de decreto alcaldicio que autorizó construcción de edificio de veinte pisos en la playa Los Lilenes de la comuna de Viña del Mar.
Del señor Ulloa, investigación efectuada en las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, Intendencia Región del Biobío y oficinas del F.N.D.R. de la Octava Región.
Del señor Venegas, denuncias formuladas contra el Instituto de Fomento Pesquero, Novena Región.
Oficio de la Contraloría General de la República, por el que remite informe de la gestión financiera del Estado del año 1994.
Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Jürgensen, relativo a tratado de libre comercio con Nueva Zelanda.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados:(88)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Alvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla. Gabriel
--Aylwin Azócar, Andrés
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientes, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Angel
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Rodríguez, José Luis
--Gutiérrez Román, Homero
--Hamuy Berr, Mario
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Wolff, Octavio
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fornet, Evelyn
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokuriça Prokuriça, Baldo
--Rebolledo Leyton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Sabag Castillo, Hosaín
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Sota Barros, Vicente
--Tohá González, Isidoro
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Avila, Raúl
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Zambrano Opazo, Héctor
---Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Guido Girardi.
II. APERTURA DE LA SESION.
Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Las actas de las sesiones 56a y 57a quedan a disposición de los honorables señores Diputados y señoras Diputadas.
IV.- CUENTA.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Terminada la lectura de la Cuenta.
CAMBIOS EN COMISIONES.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Complementando el número 13 de la Cuenta, informo a la Sala que el Diputado señor Rocha , titular de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es reemplazado por el Diputado señor Ascencio ; el Diputado señor De la Maza , titular de la Comisión de Gobierno Interior, por el Diputado señor Cornejo ; el Diputado señor Cornejo titular de la Comisión de Fa milia, por el Diputado señor Elgueta ; el Diputado señor Ortiz , titular de la Comisión de Obras Públicas, por el Diputado señor Rocha , y el Diputado señor Ascencio , titular de la Comisión de Obras Públicas, por el Diputado señor Venegas.
RETIRO DE URGENCIA.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se incorpora a la Cuenta de esta sesión el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia con que había calificado el despacho del proyecto de ley, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 164, del Ministerio de Obras Públicas, y las normas tributarias que le son aplicables, iniciativa que figura en el número 1 del Orden del Día.
CONDOLENCIAS A FAMILIA DE CORONEL ALBERTO LARRAGUIBEL , RECIENTEMENTE FALLECIDO.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ante el lamentable fallecimiento del Coronel Alberto Larraguibel, y en recuerdo de su gran contribución al deporte chileno, expreso las condolencias de la Cámara a su familia y al Ejército de Chile.
AUTORIZACION A COMISION PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Salud pueda sesionar en forma simultánea con la Sala.
Acordado.
INTEGRACION DE COMISION REVISORA DE CUENTAS.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Para integrar la Comisión Revisora de Cuentas propongo a la honorable Diputada señora Rebolledo , doña Romy , y a los honorables Diputados señores Alvarado , Arancibia , Kuschel y Ortiz.
Acordado.
REPLICA DE ALUSION PERSONAL.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ramón Pérez , hasta por cinco minutos.
El señor PÉREZ (don Ramón) .-
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, deseo expresar mi rechazo a las expresiones vertidas por el Diputado señor Jorge Soria , colega de distrito, en la hora de Incidentes de la sesión del martes pasado, quien me involucra en un problema suscitado entre el alcalde de Iquique, padre del señor Diputado, y la magistrada del Primer Juzgado de Policía Local. Sobre el particular, entrevistado por la prensa acerca de este problema, entregué mi opinión de acuerdo con mi conocimiento de lo que ocurre en la zona.
En primer lugar, quiero dejar claramente establecido que soy muy respetuoso de las leyes y que jamás llegaría, como lo hizo la persona que redactó la intervención leída por el colega Soria , al atrevimiento de ofender gratuitamente a la Corte de Apelaciones de Iquique y al máximo tribunal de justicia del país, nuestra Corte Suprema, a la que calificó de corrupta y de emitir sesudos juicios, como tampoco me permitiría poner en duda la honestidad de las actuaciones de Carabineros de Chile.
Efectivamente, la jueza de policía local es propietaria, junto con una hermana, de una concesión marítima. El alcalde, quien en una actitud autoritaria no permite que en nuestra ciudad se haga nada sin su iniciativa, planificó la construcción de un pueblo artesanal en ese sector. Cuando quiso ocupar los terrenos, supo que existía esta concesión entregada a la magistrada y manifestó que no permitiría que allí se construyera absolutamente nada. Sin embargo, la propia municipalidad a su mando, con posterioridad, entregó la autorización para que una sociedad de la que es socia la mencionada jueza construyera allí un centro turístico.
Terminada la construcción y solicitada la patente de alcoholes por la administración, ésta, y como una revancha, le fue negada, a fin de impedirle el funcionamiento. Pero no se puede entender que exista un centro turístico en el cual no se expenda alcohol.
Señor Presidente, ésa fue mi respuesta a la consulta de la prensa local, a la que agregué que no entendía la actitud de la autoridad de perjudicar a la ciudad, pues el recinto construido da categoría turística a la comuna.
Por otra parte, como una demostración que ratifica lo dicho anteriormente, contra el acuerdo del Consejo, que significó una acusación ante la Contraloría Regional, el alcalde entregó una concesión cerca del recinto antes mencionado a otra sociedad, la cual estuvo vendiendo alcohol sin patente durante varios meses, y debido a los partes y requisición de licores efectuados por inspectores municipales, éstos fueron cambiados de sección, como una forma de amonestación.
Ahora bien, nos encontramos ante una situación que, de acuerdo a la forma como se planteó, dejó la impresión de que la mayoría andaba con delantal sirviendo combinados por las mesas, en circunstancias de que, en realidad, ella forma parte de la sociedad sin ejercer la actividad comercial. Es más, no puede haber abuso de poder, como lo mencionó el colega, porque los partes cursados fueron enviados al Segundo Juzgado de Policía Local, donde actúa otro magistrado. El Código Orgánico de Tribunales establece que cuando un juez es accionista de cualquier sociedad de capitales, queda inhabilitado y las causas deben ser vistas por otro juez o ministro.
Por último, el alcalde de Iquique perdió el juicio, porque ambas Cortes, la de Apelaciones de Iquique y la Suprema estimaron, conforme con la ley, que las sociedades de accionistas y la de responsabilidad limitada son personas jurídicas distintas, por lo que no correspondía aplicar el artículo 166 de la Ley de Alcoholes, que afecta a los magistrados y a los empleados públicos o municipales. El otro error es que se solicitó aplicar el artículo mencionado al administrador que solicitó la patente, siendo éste un particular.
Todo lo anterior llevó al alcalde a manifestar por la prensa que acataba el fallo de la Corte Suprema, por lo que no entiendo al colega, su hijo, que despotrique en contra del fallo de la justicia.
De lo anterior, se puede deducir que nada tengo que ver con el asunto. Mi preocupación se debe a que sólo por el capricho de una autoridad, se pudiera paralizar el desarrollo íntegro de una ciudad.
Asimismo, le digo a mi estimado colega que en lugar de ocupar la hora de Incidentes para defender a su papá, ocupe su tiempo en trabajar realmente por el desarrollo de nuestro distrito.
He dicho.
Aplausos.
V.- FACIL DESPACHO.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL EN LO RELATIVO A LAS DENUNCIAS POR LOS DELITOS DE HURTO Y ROBO. Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En Fácil Despacho, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal para facilitar las denuncias por los delitos de hurto y robo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Espina .
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 1528-07, sesión 42", en 2 de marzo de 1995. Documentos de la Cuenta N° 37.
-Informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, sesión 56a, en 11 de abril de 1995. Documentos de la Cuenta N° 15.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Espina .
El señor ESPINA .-
Señor Presidente, en un triste día para el deporte nacional, por la muerte del destacado equitador, Coronel Alberto Larraguibel , natural de la ciudad de Angol, me corresponde informar una moción parlamentaria, aprobado por la Comisión de Constitución. Legislación y Justicia, que tiene por objeto resolver un problema de inter pretación suscitado en los tribunales con motivo de la aplicación de la ley N° 19.077, publicada en agosto de 1991, y que tuvo su origen en una moción patrocinada por el Ejecutivo través del Ministerio del Interior, que apuntaba a terminar con una serie de trámites burocráticos, inútiles e innecesarios que per turbaban y obstaculizaban la presentación de denuncias ante los tribunales por las víctimas de los delitos de robo y hurto.
En síntesis, la idea matriz del proyecto es resolver el problema que se produce por la interpretación que los tribunales de justicia dan a una ley despachada por el Parlamento, cuya finalidad era agilizar las denuncias que los ciudadanos hacen cuando son víctimas de los delitos de robo y hurto.
¿Cuáles fueron los cambios que la Cámara de Diputados introdujo al procedimiento para denunciar un robo o un hurto por cual quier ciudadano?
Ante la ley N° 19.077, esto es antes de 1991, para que una persona pudiese denunciar un simple robo o un hurto ocurrido en su casa o en su hogar de trabajo, debía acompañar al tribunal dos testigos que acreditaran bajo juramento la preexistencia de las especies robadas o hurtadas y el valor de ellas. Además, debía concurrir al tribunal para ratificar la denuncia. En la práctica, esto obligaba a cientos de miles de chilenos a pasar muchas horas en los tribunales para cumplir con un trámite absolutamente burocrático: ratificar la denuncia. Este acto no existe en ninguna legislación del mundo, y simplemente consiste en que la persona concurre al tribunal y señala que es efectiva la denuncia que hizo ante la policía. Además, debía llevar a dos personas que acreditaran que las especies robadas existían y que tenían un valor determinado.
El Parlamento, mediante la ley N° 19.077, termino con el trámite de la ratificación de la denuncia. Además, estableció que cuando la víctima denunciaba el hecho ante Carabine ros, bastaba con una declaración jurada en la cual señalara que había sido víctima de un delito de robo o de hurto e indicar el valor estimativo de las especies robadas o hurtadas, todo lo cual tenía por objeto terminar con los trámites burocráticos.
El proyecto fue aprobado. El espíritu del legislador era evitar que miles de chilenos concurrieran, a lo largo y ancho del país, a realizar un trámite burocrático. Pero se produjo un problema de interpretación: los tribunales sostuvieron que, si bien se habían eliminado los trámites de la presentación de los dos testigos, para acreditar la existencia de las especies y de su ratificación de la denuncia, ello se entendía única y exclusivamente para la etapa de la investigación para encargar reo al presunto delincuente, por ejemplo pero no para las etapas posteriores, por ejemplo, para las diligencias previas al fallo. Entonces, en la práctica la ley se hizo inoperante y la gente que conocía la existencia de la ley comenzó a enviar cartas a los periódicos preguntando por qué los tribuna les seguían citando. Recuerdo una carta en viada por una distinguida dama al actual Presidente de la Corporación para que le informara cuál era la correcta interpretación de la norma. Asociados a esta tarea, comenzamos a indagar y nos dimos cuenta de que la manera más práctica y fácil de resolver el problema de interpretación de los tribuna les que continuaban pidiendo ratificar las denuncias y presentar dos testigos, lo que desincentiva a la gente, porque frente a la cantidad de trámites y horas perdidas prefieren no hacer nada era introducir una modificación complementaria a la ley. Así, el proyecto, apunta fundamentalmente a cuatro aspectos.
En primer lugar, las denuncias por robos y hurtos se hacen ante Carabineros o Investigaciones, sin necesidad de que sean ratifica das ante los tribunales. Sin perjuicio de ello, si el juez, estima conveniente en el proceso, efectuar un careo en otra diligencia o porque lo solicita la contraparte, puede citar al denunciante como, se cita a cualquier ciudadano durante un proceso.
En segundo lugar, la persona víctima del delito deberá hacer una declaración jurada ante Carabineros e Investigaciones, como lo establece hoy la ley, la que bastará para toda la tramitación del proceso, porque lo único que está declarando es que efectivamente le robaron las especies y el valor aproximado de ellas. De esta manera se termina con la doble interpretación a que me he referido.
En tercer lugar, se pone término a la obligación de presentar a los testigos, trámite que finalmente termina siendo un incordio, una dificultad, y un trámite burocrático.
En cuarto lugar, se deja establecido que los jueces, entre las órdenes de investigar, no podrán ordenar la citación de testigos de pre existencia. Como digo, basta que la persona declare ante Carabineros, quienes actúan como ministros de fe, que efectivamente le robaron tales y cuales especies. Si miente o inventa en su declaración, comete un delito de perjurio que será sancionado.
El proyecto apunta a resolver un problema práctico, cotidiano, engorroso, porque, además de la molestia de haber sido víctima de un delito, obliga a la concurrencia a los tribunales, con la consiguiente pérdida de tiempo. Estimamos que esta modificación legal va a significar una disminución en la concurrencia a los tribunales de entre 350 mil y 400 mil personas, cantidad que corresponde al promedio de gente que ratifica denuncias de robo y hurto, lo que permitirá a estos concentrar su trabajo en temas útiles y no en aspectos burocráticos.
Ese es el objetivo de la moción que aprobó en forma unánime la Comisión de Constitución.
Por tratarse de una complementaria a la ley aprobada en su oportunidad por el Congreso, solicitamos que la Honorable Sala proceda en consecuencia.
He dicho.
El señor PÉREZ (don Aníbal) .-
Pido la palabra para formular una consulta al señor Diputado informante.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ (don Aníbal) .-
Señor Presidente, comparto plenamente el objetivo del proyecto informado por el Diputado señor Espina , pero le pido que me aclare la siguiente duda.
No creo prudente dejar a criterio del denunciante el valor de la especie hurtada o robada. El número 3 del artículo único señala que la declaración y a apreciación pecunaria efectuadas por el denunciante serán antecedentes suficientes "para acreditar la preexistencia y el valor de los objetos sustraídos para todos los efectos procesales.". Debemos considerar que el valor de la especie hurtada o robada dice relación con la cuantía de la pena que se aplique, pero como estamos dejando a criterio del afectado su determinación, el juez deberá aplicar la pena en relación con ese monto.
No sé si en este caso sigue vigente la facultad del tribunal de tasar la especie para los efectos de aplicar la pena. Si así no fuere reitero, estaríamos dejando sólo a criterio de la víctima del robo o del hurto fijar el valor de la especie sustraída.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente, la consulta del Diputado don Aníbal Pérez es atíngeme y muy de fondo. El tema, analizado en la Comisión de Constitución, está resuelto en la ley.
En primer lugar, la apreciación del valor de lo sustraído es una norma que ha existido siempre. No la hemos variado.
En segundo lugar, por las mismas razones señaladas por el Diputado Aníbal Pérez , el juez debe acreditar el valor de las especies de acuerdo con los medios probatorios lega les, pues la apreciación que hacen las partes es meramente un dato ilustrativo para él. Deberá pedir un peritaje cuando el asunto sea complejo o buscar su valor estimativo comercial, porque en la sentencia tendrá que indicarlo, para lo cual deberá aplicar las reglas reguladoras de la prueba y acreditarlo como un hecho fehaciente. De manera que el valor fijado por la víctima será sólo un antecedente adicional que el juez deberá tener en cuenta, pero deberá complementarlo con los demás medios de prueba legal.
Considerando que para la historia fidedig na de la ley es importante el punto planteado por el Diputado señor Aníbal Pérez , debo responder que está resuelto en los términos que he señalado.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
De acuerdo con el Reglamento, ofrezco la palabra para argumentar en favor del proyecto.
El señor ELGUETA (Presidente).-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELGUETA .-
Señor Presidente, le Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó el proyecto en razón de las consideraciones explicadas por el señor Diputado informante.
Me parece muy importante la duda planteada por el Diputado señor Aníbal Pérez , porque el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal dice que serán antecedentes suficientes para acreditar la preexistencia y el valor de los objetos sustraídos para todos los efectos procesales.
Si la norma fuera absolutamente categórica, estaríamos en presencia de una prueba, lo cual contravendría el artículo 147 del Código de Procedimiento Penal, que dice: "Siempre que sea necesario fijar el valor de la cosa objeto del delito, el juez interrogará acerca de este punto tanto al perjudicado como al presunto culpable.
"Además, hará tasar la cosa por peritos y al efecto la proporcionará a éstos junto con los elementos directos de apreciación sobre que hubiere de recaer el informe y si no la tuviere a su disposición, les suministrará los datos que se pueden reunir, previniéndoles que hagan la tasación o regulación de perjuicios con arreglo a tales datos."
En la práctica, el juez designa como perito a un funcionario del tribunal, que fija el valor de los objetos sustraídos o robados. Sobre la base de esa tasación, si no fuere impugnada, posterior mente se fija en la sentencia la pena aplicable.
En el caso del robo no hay duda, pues si bien se pueden tasar los objetos sustraídos para fijar la indemnización, la pena no se determina de acuerdo a su cuantía.
Sólo quedaría pendiente la situación planteada por el Diputado señor Pérez en los delitos de hurto. En ese caso, estimo que si la declaración y la apreciación pecunaria son antecedentes suficientes, constituiría una prueba, porque para todos los efectos procesales, incluidos el fallo, quedaría absoluta mente fijado el valor de los objetos sustraídos y, consecuencialmente, en los casos de hurto, determinada la extensión de la pena conforme a la cuantía así precisada.
Considero que deberíamos concordar la disposición con la del artículo 147 del Código de Procedimiento Penal, para lo cual procede enviar el proyecto a Comisión para un segundo análisis.
He dicho.
El señor ESPINA .-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta solicita enviar el proyecto de nuevo a Comisión, y creo que la observación planteada se podría resolver en esta misma sesión para despacharlo ahora. Mi experiencia me demuestra que cada vez que los proyectos vuelven a Comisión, dado el recargo de trabajo que hay, se termina atrasándose una enormidad.
Entonces, quiero pedir al Diputado señor Elgueta , que ha tenido siempre la gentileza de agilizar la tramitación de los proyectos, que formulásemos ahora la indicación, que podría ser perfeccionada en el Senado, para subsanar el problema. Se podría agregar al inciso segundo del artículo 146 una frase del siguiente tenor: "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 147", con lo cual se salvaría la duda por él planteada.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Solicito a los Diputados señores Elgueta y Espina que se acerquen a la Mesa.
Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Continúa la sesión.
En votación general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 1 voto. Hugo 6 abstenciones.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña , Alvarado , Alvarez-Salamanca . Ascencio , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Cardemil , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Dupré , Elgueta , Espina . Estévez , Fantuzzi , Gajardo . Galilea , García (don José) , Gutiérrez , Hurtado , Jara , Jürgensen , Kuschel , Latorre , Montes , Morales , Moreira , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokuriça , Rebolledo (doña Romy). Ribera, Rocha , Rodríguez , Sabag , Salas. Seguel , Sota , Tuma , Valenzuela , VieraGallo , Vilches , Villouta y Zambrano .
Votó por la negativa el Diputado señor Makluf .
Se abstuvieron los Diputados señores: Fuentealba , Huenchumilla , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Reyes , Villegas .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Corresponde votar las dos indicaciones.
El señor Secretario dará lectura a la primera.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Del honorable Diputado señor Fuentealba y tiene por finalidad sustituir en el inciso segundo del artículo 146, que se propone por el número 3, la expresión "antecedentes" por "pruebas".
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba .
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente, la indicación tiene por objeto hacer coherente el proyecto, sobre todo si en el artículo 83, inciso cuarto, se va a intercalar un acápite nuevo que dice que la declaración jurada tendrá valor probatorio. Si se refiere a la declaración jurada en los delitos de hurto y robo, lo lógico es que se hable de pruebas y no de antecedentes, porque se le da el valor probatorio que ellas tienen.
El señor ROCHA .-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROCHA .-
Señor Presidente, para que la indicación sea todavía más coherente, creo que la expresión correcta es "será prueba suficiente". O sea, habría que colocar la en singular para que tenga el efecto que pretende el Diputado señor Fuentealba .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El Diputado señor Rocha no tiene la razón es bueno que las indicaciones se hagan por escrito, para analizar el texto, ya que la disposición dice: "en los delitos de hurto o robo, la declaración jurada y la apreciación pecuniaria efectuadas por el denunciante, serán antecedentes en este caso pruebas suficientes. Debe ser plural, porque se refiere a dos hechos distintos.
Por tanto, la votación se efectuará sobre el texto de la indicación presentada por el Diputado señor Fuentealba . que reemplaza la palabra "antecedentes" por "pruebas".
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, J voto. Hubo I abstención.
El señor ESTEVEZ (Presidente).-
Aprobada la indicación.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarez-Salamanca , Arancibia , Aylwin (don Andrés) , Cardemil , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Dupré , Elgueta , Espina , Estévez , Fantuzzi , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Hurtado , Jara , Jürgensen , Kuschel , Latorre , Letelier ( don Felipe) , Makluf , Montes , Morales , Moreira , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prokuriça , Rebolledo ( doña Romy) , Reyes , Rocha , Rodríguez , Sabag , Salas, Seguel , Sota , Tuma , Valenzuela , VieraGallo , Vilches , Villouta y Zambrano .
Votó por la negativa el Diputado señor Huenchumilla .
Se abstuvo el Diputado señor Ascencio .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la segunda indicación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
De los honorables Diputados señores Espina , Elgueta y Pérez, don Aníbal , para agregar en el inciso segundo del artículo 146 que se pro pone, la frase "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente".
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobada.
Despachado el proyecto. Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ESTEVEZ (Presidente).-
Continúa la sesión.
El señor Ministro de Obras Públicas me ha manifestado su intención de retirar la "suma" urgencia del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, que figura en el número 1 del Orden del Día. En este momento, el Ejecutivo está enviando el fax del caso.
Por lo tanto, el proyecto podrá ser tratado con la calma necesaria el próximo día martes.
VI. ORDEN DEL DÍA.
MODIFICACION DE LA LEY N° 18.290, LEY DE TRANSITO. Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que introduce modificaciones en materia de tránsito terrestre.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, es el señor Octavio Jara .
Antecedentes:
-Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 999-09, sesión 1a, en 21 de mayo de 1993. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Informes de las Comisiones de Obras Públicas y de la de Hacienda, sesión 57a, en 11 de abril de 1995. Documentos de la Cuenta N°s 2 y 3.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor JARA .-
Señor Presidente, me corresponde informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, que tuvo su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República e ingresó a trámite legislativo en mayo de 1993. Busca corregir diversas disposiciones e incorporar otras en relación con el transporte terrestre.
Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia permanente y la valiosa colaboración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, señor Milton Bertín .
Concurrieron, además, el Presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Secretario Abogados de Policía Local, señor Eduardo Villarroel ; el Coronel de Carabineros, señor Luis Fernández ; académicos ligados al rubro de la ingeniería en transportes; representantes de la Asociación Gremial de Transporte de Pasajeros y de la Federación de Choferes de la Locomoción Colectiva.
Se estima que nuevas tecnologías en materia de infraestructura y fundamentalmente de seguridad viales, justifican mejorar y modernizar disposiciones de la ley N° 18.290, vigente desde 1984. La mayor parte de las modificaciones apunta, en último término, a contar con un instrumento legal moderno y eficiente que tienda a disminuir los accidentes de tránsito.
En esta materia, en reiteradas oportunidades hemos hecho presente nuestra particular preocupación por los accidentes de tránsito, pues constituyen uno de los problemas nacionales más graves. Son un problema de seguridad pública, porque afectan la vida y la integridad física de los ciudadanos, y un grave problema social.
Se estima que 20 ó 30 mil personas son afectadas cada año por los accidentes. Gran parte de ellas fallecen y otras quedan con incapacidades permanentes, totales o parcia les, lo cual significa un alto costo al país. Además, dejan a muchas familias en la más completa orfandad. Los accidentes de tránsito constituyen la primera causal de muerte en las personas menores de 40 años. Represen tan además un grave problema social, porque el mayor costo que ocasiona la atención de los politraumatizados por este concepto lo asumen los servicios de salud pública, estimándose que sólo recuperan el 30 por ciento. En último término, también constituyen un grave problema económico, por cuanto se calcula que el país pierde, aproximadamente, 350 millones de dólares anuales por causa de los accidentes de tránsito.
Estas consideraciones hacen que el proyecto sea de extraordinaria importancia para la población.
En el mensaje presidencial se advierte la preocupación por los elevados índices de accidentes de tránsito en calles y caminos del país. El Ejecutivo destaca que se debe continuar en el esfuerzo de elaborar una normativa que, junto con cautelar la necesaria participación de la comunidad, cuente con la rigurosidad técnica que corresponde para mejorar las condiciones de seguridad vial y evitar o disminuir la ocurrencia de los accidentes de tránsito, aspecto en el cual Chile ostenta un triste récor.
La Comisión aprobó por unanimidad la ida de legislar y adoptó el procedimiento de analizar las diversas modificaciones por orden de materias y no de preceptos. También acordó tratar un conjunto de mociones pre sentadas por los señores Diputados, referidas a diversas modificaciones a la Ley de Tránsito y que estaban pendientes en la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara.
Siguiendo la misma metodología, podemos señalar que las modificaciones más relevantes a la Ley de Tránsito dicen relación con las siguientes materias:
I. Participación en accidentes.
El actual artículo 173 de la ley N° 18.290 presume culpable al conductor que participa en un accidente del tránsito que abandona el lugar donde ocurrió, desoyendo el mandato del artículo 183 de la misma ley de dar cuenta a la autoridad policial más próxima. Esta es una presunción simplemente legal y que, por cierto, admite prueba en contrario.
Esta situación es particularmente grave en el caso de lesionados por atropellos, por cuanto la ley no sanciona adecuadamente a aquellos conductores que, por ejemplo, para evitar el examen de alcoholemia huyen del lugar del accidente, con lo cual privan de asistencia a la víctima y dificulta de paso la aplicación del seguro automotor.
En consecuencia, se hace necesario modificar la Ley de Tránsito en este sentido, a fin de evitar que a un conductor le convenga huir del lugar del accidente para no verse sometido al examen de alcoholemia. El solo abandono y la falta de auxilio a la víctima revelan carencia de idoneidad moral de una persona para conducir un vehículo, lo que impone castigarla con la cancelación de la licencia de conducir, que, en la práctica, no es sino la suspensión de la misma por dos años, porque la ley admite esta figura y la equipara a la cancelación de la licencia.
En esta materia, se recogió una moción que presenté en el período legislativo anterior, para elevar a la categoría de delito el abandono o la huida del lugar del accidente, castigándolo con presidio menor en su grado mínimo. Así damos una clara señal al país de la tremenda responsabilidad que significa conducir un vehículo, ya que por ese solo hecho se pone en riesgo la vida e integridad no sólo de este conductor, sino también de los peatones.
También fue objeto de estudio por parte de la Comisión el tema relacionado con la subida y bajada de pasajeros desde los vehículos. La Ley de Tránsito contiene muchas normas contradictorias entre sí; o cuya aplicación a veces resulta inconveniente. Así, por ejemplo, prohibe a los pasajeros de vehículos de locomoción colectiva sólo a ellos subir o bajar de un vehículo en movimiento, conducta legalmente imposible, porque la propia ley exige que tales vehículos transiten con las puertas cerradas. Se propone que la responsabilidad por los accidentes que ocurran con ocasión de las subidas o bajadas de los vehículos sea del con ductor, quien, hasta ahora, elude su responsabilidad imputándosela al pasajero.
Asimismo, y siguiendo el ejemplo de las legislaciones española y de los Estados Unidos, se reformulan las normas para subir a un vehículo, las que hasta ahora no se cumplen. Se establece la obligación de circular con las puertas cerradas cuestión muy obvia y abrirlas sólo cuando el vehículo esté detenido y no implique riesgo alguno de accidente para los usuarios.
Otra materia analizada se refiere a la autorización de actividades deportivas en la vía pública. Hasta ahora, la Ley de Tránsito seña la que corresponde al alcalde de la municipalidad respectiva, pero no prevé las competencias que incluyen a varios municipios; por ejemplo, las carreras de ciclismo.
En este último caso, se propone que la autorización corresponda al secretario regional ministerial de Transportes respectivo. En el caso de actividades que abarcan varias regiones, dichos funcionarios deberán coordinarse entre sí para otorgar las respectivas autorizaciones.
En cuanto a las señalizaciones de tránsito, el proyecto propone un proceso de certificación de calidad de todos los elementos o dispositivos de control relativos a la seguridad de tránsito vehicular y de peatones. Por ejemplo, que todos ellos sean reflectantes, sancionado su instalación cuando no estén debidamente certificados. Si bien la autoridad estableció una normativa respecto de las señalizaciones de tránsito, no fue igualmente acuciosa en exigir condiciones de calidad, por cuanto muchas de ellas, aun cuando cumplen con el diseño oficial, no ofrecen reales garantías a peatones y conductores, lo que aumenta los riesgos de accidentes.
También se impone expresamente la instalación de prohibiciones que inducen a equívocos. Por ejemplo, la señal "no estacionar" que se coloca al lado izquierdo en algunas calzadas situación prohibida expresamente por ley, induce a creer que si se prohibe estacionar allí sin que en el otro lado puede hacerse.
No se inhiben los esfuerzos educativos de información, señalizados de una manera particular e inconfundible. Se permite que el Departamento de Tránsito correspondiente o la Dirección de Vialidad, en su caso, autoricen a particulares a instalar señalizaciones o barreras, lo que resulta especialmente importante cuando se trata de empresas de servicios que deben efectuar labores de mantención o de instalación de elementos necesarios para la función que están realizando.
Asimismo, obliga hasta ahora la ley sólo faculta a la autoridad a retirar las señalizaciones de demarcación no oficial, pues representa un riesgo desde el punto de vista de la seguridad vial.
En otro orden de materias, también se analizan las normas relativas a la línea de detención de vehículos.
El progreso de las normas de diseño e infraestructura vial hacen necesario redefinir algunos conceptos como el de "líneas de detención de vehículos", asociada al momento de dictarse la ley sólo a los pasos peatonales, lo que no se ajusta a la realidad.
En efecto, la actual redacción la define como aquella línea demarcada o imaginaria ubicada a no menos de un metro antes de un paso de peatones, la que tiende a sugerir que los vehículos deben esperar allí para acceder al cruce, con los problemas de visibilidad y, por ende, de seguridad que es de suponer.
Se propone una nueva redacción, definiéndola como "la línea que no debe ser sobrepasada por los vehículos que deban detenerse". De esta forma, la ley no impide que los vehículos puedan ubicarse en dichos espacios cuando no haya peatones utilizándo los, cuyo derecho preferente de paso no se ve alterado, pero mejora las condiciones de visibilidad, promoviéndose un paso seguro de los vehículos en la respectiva intersección.
Otra materia es la relativa a la indicación de semáforos. El proyecto propone coordinar las normas de la Ley de Tránsito al respecto, pues en algunos casos son confusas y con tradictorias con tratados internacionales sobre la materia, específicamente con la Convención Internacional de Señalización Vial de Viena, suscrita por nuestro país y publicada en el Diario Oficial el 24 de marzo de 1975, y que rige como ley de la República.
Así se eliminan de la Ley de Tránsito algunos conceptos cuya redacción da lugar a situaciones riesgosas.
La Comisión también estudió el tema relativo a las revisiones técnicas de vehículos. Se establece un calendario más racional y equitativo, de forma que los más nuevos sean revisados a intervalos mayores, ya que en la actualidad, y sin importar sus condiciones mecánicas, se revisan todos con la misma periodicidad. Es obvio que no todos están en iguales condiciones.
Asimismo, se tipifica como delito de acción pública la falsificación o adulteración del certificado de revisión técnica, cancelándose la licencia a quien hubiera participado en esta maniobra.
También se modifica la penalidad por conducir cualquier vehículo que carezca de revisión técnica, y que hoy se establece como infracción grave sólo para los vehículos de servicio público de pasajeros.
Se consagra un procedimiento para que los vehículos que no tienen su revisión técnica al día puedan transitar sólo para dirigirse a obtener dicha revisión, terminando así con un vacío en la ley actual.
También se analizaron las normas referidas al paso de peatones. A diario, se efectúan incontables maniobras de paso sobre la calzada, algunas de las cuales no se realizan en condiciones adecuados de seguridad.
La realidad vial demuestra la inconveniencia de pasos obligatorios de peatones en las intersecciones, zonas precisamente donde se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito que los afectan.
De acuerdo con lo propuesto, el paso de peatones, podría demarcarse en el lugar que resulte más idóneo desde el punto de vista de la gestión y la seguridad vial, restringiéndose el derecho preferente de los peatones a esta zona especialmente delimitada. Se recogen así exitosas experiencias extranjeras.
La irrestricta movilidad otorgada a los peatones en las intersecciones en la práctica no colabora para controlar el grave problema de accidentes de tránsito, por lo que se re emplaza dicho concepto por el de proveer pasos de peatones solamente en aquellos lugares en que un análisis técnico lo avale como medio de solucionar los graves problemas de seguridad y de congestión en las vías públicas.
Otra materia se refiere a la publicidad de los informes de los accidentes de tránsito. Se propone autorizar el acceso de instituciones de educación superior, de organismos fisca les y municipales, a los informes sobre accidentes de tránsito para fines de investigación, sin que les sea permitido darles otra publicidad.
Hasta ahora, esta información cae habitualmente bajo lo que se denomina el secreto del sumario, definido por las normas procesa les penales con ocasión de un accidente de tránsito. La ley actual carece de preceptos explícitos que definan que informes deben ser públicos, lo que, por cierto, impide la investigación y reflexión en torno del tema. Ello explica la escasa investigación de los organismos universitarios en el área de la seguridad vial, en la cual Chile ostenta como dijimos un triste récor a nivel internacional.
Asimismo, se penaliza con la pérdida de la licencia de conducir al que proporcione información falsa relativa a las circunstancias en que ocurran los accidentes.
En materia de infracciones, se concordó en revisar las infracciones o contravenciones gravísimas del artículo 197, particularmente la del número 6, que se define por el resultado y que dice: "cualquier infracción que provoque daños o lesiones". Por encontrarse sujeta a un juicio de reprochabilidad, civil o penal, se estimó adecuado eliminar esta infracción, pues penaliza un resultado básicamente aleatorio que no puede alterar su carácter.
Otra materia que fue preocupación de la Comisión es la relativa a los estacionamientos reservados y licitación de paraderos de taxis.
La ley N° 18.290 otorga a las municipalidades la facultad de autorizar paraderos de taxis, los que son definidos como de libre acceso. Entonces, si bien alguna vez esos espacios fueron bienes libres, económica mente hablando, hoy la realidad es muy distinta, debido a su escasez, y los usuarios establecen organizaciones informales que ad ministran privadamente un espacio público.
Para recoger esta preocupación se propone recurrir al mecanismo clásico de una economía de mercado, o sea, sobre la base de licitaciones y para los mejores empresarios. Se reemplaza la moción de paradero de taxis por la de estacionamiento de taxis, es decir, lugares de detención por más tiempo que el necesario para dejar o tomar pasajeros.
Otro punto que analizó la Comisión fue el de los estacionamientos reservados para re cintos militares, policiales y de Gendarmería. En este tipo de normas se corrige el error de haber establecido un régimen especial para tales situaciones en relación con los lugares de acceso principal a dicho recinto, el que se extiende al perímetro del mismo y cuya de limitación, a veces confusa, puede abarcar varios kilómetros. Se propone un sistema de área adyacente al acceso principal, permitiendo, por la vía de autorizaciones especia les, extenderlas a otras áreas que lo merezcan por razones de seguridad.
Otro asunto de interés fue el referido al artículo 108 de la Ley de Tránsito, que obliga a los conductores a detener sus vehículos ante todos los cruces ferroviarios. Se estimó que tal norma no reconoce los importantes progresos obtenidos en la señalización automática de cruces, la que hace innecesaria dicha maniobra, derogada en la Convención Internacional de Señalización de Viena, a cuyo texto debe ajustarse la actual normativa. También contiene una serie de modificaciones a numerosas otras disposiciones de la Ley de Tránsito, destinadas a corregir errores menores, imperfecciones, vacíos y contra dicciones que conspiran contra su eficiencia.
Así, diversas normas de dicha ley son más bien de carácter técnico en relación con los vehículos, no obstante que en ella misma se establecen atribuciones reglamentarias para dictarlas. Dados los adelantos de la tecnología automotriz, se hace necesario modificar las de tiempo en tiempo. Por lo tanto, se pro pone eliminarlas y entregarlas a la potestad reglamentaria, para adecuarlas con mayor oportunidad y prontitud a esos avances.
Con el objeto de privilegiar el desplazamiento de vehículos de alta tasa de ocupación, como son los de transporte público, en relación con el automóvil, se faculta a la autoridad competente para establecer pistas reservadas, penando como falta grave su uso indebido. Con ello priorizamos el transporte público, componente fundamental de la política de transporte del país.
Por otro lado, se aclara el sentido de la falta gravísima de conducir a exceso de velocidad. El proyecto propone, considerar sólo como infracción gravísima aquella que consiste en exceder los límites señalados en el artículo 150 que corresponden a 50 kilómetros por hora en zonas urbanas y a 100 kilómetros por hora en áreas interurbanas o rurales, dejando los demás excesos de velocidad como infracciones graves.
Acorde con lo anterior, se regulan las velocidades máximas en diversas clases de caminos, reduciéndolas de 100 a 80 kilómetros por hora en caminos ripiados, y a sólo 30 kilómetros por hora en pasajeros bidireccionales.
También se analizaron las normas relativas a las multas por infracción a la Ley de Tránsito, materia que va a ser preocupación fundamental del señor Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
Al respecto, cabe señalar que, al menos en este proyecto, no se elevan las multas por infracciones a la Ley de Tránsito; por el contrario, algunas experimentan importantes rebajas. Pero lo más relevante en esta materia es que se establecen montos mínimos y máximos, con lo cual el juez de policía local tendrá mayor amplitud y flexibilidad para aplicar las infracciones en consideración a las diversas circunstancias en que se cometen.
La Comisión estimó que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.
De conformidad con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, la Comisión consideró asimismo que la proposición número 40 del artículo 1o del proyecto, que modifica el artículo 201 de la Ley de Tránsito y que se refiere a las sanciones pecunarias por infracciones o contravenciones a dicha normativa, debe ser conocida por la Comisión de Hacienda.
La Comisión conoció y discutió latamente 14 indicaciones presentadas por diversos señores parlamentarios. Rechazó once siete por unanimidad y dos por simple mayoría y aprobó tres.
En este aspecto, la Comisión tuvo especial preocupación de invitar, a los señores Diputados patrocinantes de las indicaciones, a fin de que participaran en su discusión e hicieran valer los fundamentos o ideas matrices de las mismas.
Dichas indicaciones en general, versaban sobre diversos aspectos. Por ejemplo, fueron rechazadas las relativas a vehículos de tracción humana, como bicicletas y otros similares; a la restricción vehicular; a menciones de licencias de conducir; al incentivo del uso de la bicicleta; a licencia de conducir; a la comercialización y uso de artefactos detectores de ondas sonoras; a vehículos de alquiler; a la obligación de usar tercera luz de freno en vehículos motorizados, porque ya está incorporada a la normativa vigente; asimismo a la obligatoriedad de licitación pública para los establecimientos que practiquen revisión técnica de vehículos motorizados y, por último, a la circulación y estacionamiento de vehículos.
Fueron aprobadas en forma unánime las referidas a la no aplicación de la pena de multa en caso de infracciones o contravenciones menos graves y leves, y a la obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad en los buses interurbanos.
Asimismo, se aprobó una indicación sobre instalación de plantas de revisión técnica en cualquier lugar del país que acrediten su funcionalidad ante el Ministerio de Transportes y otra referida al uso de dispositivos gira torios intermitentes en los buses escolares.
Por último, solicito a los señores Diputados aprobar la idea de legislar, sobre este proyecto de ley, sin perjuicio de la discusión en particular de cada una de las disposiciones propuestas. La mayoría de éstas apuntan a resolver problemas importantes de regulación u ordenamiento del tránsito terrestre, y abordan con la mayor responsabilidad, el grave problema de los accidentes del tránsito que afecta a nuestro país.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
Pasa a presidir la sesión el Diputado señor Vicente Sota , en calidad de Presidente accidental.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Diputado informan te de la Comisión de Hacienda.
El señor SABAG .-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre este proyecto, de iniciativa de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, con el objeto de perfeccionarla en diversos aspectos.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones dispuso en su informe que el N° 40 del artículo 1o del proyecto, que modifica el artículo 201 de la ley N° 18.290, debía ser analizado por la Comisión de Hacienda.
La norma propuesta fija nuevos montos a la escala de multas señaladas, estableciéndose un mínimo y un máximo en pesos nominales para cada una de las infracciones, dentro de cuyos rangos el juez de la causa determinará el monto específico que se aplicará al infractor.
Las multas propuestas por la Comisión son las siguientes:
1. Infracciones o contravenciones gravísimas, entre 15 mil y 24 mil pesos.
2. Infracciones o contravenciones graves, entre 13 mil y 15 mil pesos.
3. Infracciones o contravenciones menos graves, entre 6 mil y 13 mil pesos.
4. Infracciones o contravenciones leves, entre 2 mil y 6 mil pesos.
La Comisión aprobó por unanimidad este artículo en razón de la flexibilidad que otorga al juez para analizar la calidad de las situaciones correspondientes y aplicar la multa según el rango correspondiente.
El señor Ministro manifestó en la Comisión que era inadecuado consignar las multas en pesos nominales, puesto que, debido a la inflación éstas pierden su valor relativo en el transcurso del tiempo. Planteó, asimismo, que en el Honorable Senado se encuentra en tramitación un proyecto de ley sobre escuela de conductores y que legisla, en materia de multas, en términos más apropiados que la iniciativa en informe, ya que la cuantía de éstas es muy superior y se fija en unidades reajustables. La multa mínima fluctúa entre los 90 mil y los 124 mil pesos.
La Comisión aprobó el artículo 201 en la forma como viene en su informe, y se ha pedido que, una vez que el proyecto que está en el Senado llegue a las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas y Transportes, se concuerde el valor de las multas. Como este es el primer trámite, en el segundo podrá plantearse una proposición concordada de las multas propuestas ahora con las que figuran en el proyecto sobre la escuela de conductores.
En consecuencia, pedimos que en esta oportunidad este proyecto sea aprobado en general y en estas condiciones.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Galilea.
El señor GALILEA .-
Señor Presidente, sólo quiero hacer una consulta al Diputado informante de la Comisión de Hacienda, puesto que él plantea que en el Senado se encuentra en estudio un proyecto que dice relación con las multas.
Hay algunas infracciones establecidas en la Ley de Tránsito, en que, además de las multas de orden pecunario que se les aplica a quienes incurran en ellas, se les suspende su licencia.
Muchas veces he sido requerido por con ductores de distintas zonas del país, por lo general, vendedores que deben desplazarse en largas distancias, en el sentido de que, si bien están dispuestos, ante una infracción, a pagar probablemente una multa más alta, la suspensión de su licencia les provoca un problema objetivo en su trabajo.
Mi consulta es si el proyecto que se estudia en el Senado o algunas de las normas de que ha dado cuenta el Diputado señor Jara , consideran el problema que planteo; porque, de no ser así, sería bueno estudiar otro proyecto en ese sentido.
He dicho.
El señor PROKURICA .-
Señor Presidente, quiero hacer una consulta sobre el mismo tema.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA .-
Señor Presidente, entre las infracciones que se establecen, una de ellas se refiere al sello que indica que se ha cumplido con la revisión técnica. El señor Diputado informante manifestó que la sanción de suspensión se aplicará también a quien estuviere coludido en la falsificación del sello. Me imagino que se refiere al chofer. Pregunto si habrá sanción para el que comete este delito, además del chofer, siempre y cuando esté.
Me gustaría que nos informara.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jara para contestar las preguntas formuladas.
El señor JARA .-
Señor Presidente, con el mayor gusto.
Respecto de la consulta del Diputado señor Galilea en cuanto al problema que se crea en las actividades de ciertos conductores por la suspensión de sus licencias, la Comisión se ocupó del tema y discutió el punto. No obstante, se acordó no considerar excepciones de ese orden, porque se trata, precisamente, de que la norma sancione en forma muy drástica las infracciones a las leyes de tránsito. Se estimó que la suspensión de las licencia inhibe la comisión de conductas contrarias a esas normas. Se producen problemas, por cierto; pero el conductor tendrá que entender que no debe infringir las disposiciones del tránsito. Este proyecto quiere introducir principios de seguridad vial, con el objeto de que disminuyan los accidentes.
Sobre la pregunta relativa a la revisión técnica, debo señalar que, efectivamente, el proyecto y me parece que en el informe lo destaqué suficientemente sanciona a todas las personas que hayan participado directa o indirectamente en la adulteración o falsificación de los certificados se eleva esas acciones a la categoría de delito específico, con la suspensión de la licencia y con la pena correspondiente al delito. Además, a esas conductas se le da el carácter de delito de acción pública. Actualmente, como el certificado es emitido por particulares los encargados de hacer la revisión técnica el ilícito no tiene ese carácter. El proyecto considera que se incurre en la falsificación de un instrumento público, con lo cual queda debidamente protegida la seriedad y la solidez que debe tener el certificado de revisión técnica.
Por último, en cuanto a la pregunta formula da por el Diputado señor Arancibia , me da la sensación no escuché bien que decía relación con su inquietud de que la ley no sólo estableciera sanciones, sino que también promoviera la educación de las normas del tránsito.
El señor ARANCIBIA .-
El derecho de defensa...
El señor JARA .-
No está establecido en la Ley de Tránsito, sino en la ley de juzgados de policía local. Los infractores pueden acreditar sus dichos y producir prueba en contra del informe de Carabineros, cuyos funcionarios para estos efectos tienen el carácter de ministro de fe. Sin embargo, sus afirmaciones pueden ser desvirtuadas con otros medios probatorios, lo cual garantiza el adecuado proceso.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA .-
Señor Presidente, creo que ninguno de los Diputados presentes tuvo tiempo de estudiar más detenidamente el proyecto, por lo cual tengo algunas du das que ido sean aclaradas por el Diputado informante.
El inciso cuarto que se propone agregar el artículo 95 dispone en su primera parte: "El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá autorizar, a lo menos, una planta de revisión técnica por provincia.". Sabemos que hay plantas tipos A y B, pero desconocemos si la disposición se refiere a las máxima revisión de vehículos o alas de tipo B.
A mi juicio, la norma debería indicar que deben ser por lo menos las plantas tipo B, pues, aunque no conozco la situación de algunas provincias, he comprobado que en Malleco hay una planta A y dos B y que en otras comunas no existen, lo que ha provoca do el reclamo de los usuarios. Dado el alto costo de instalación de dichas plantas, a los empresarios les resulta difícil hacer la inversión.
Por otra parte, el inciso tercero que se agrega al artículo 99 dice: "No se podrán instalar señales que establezcan prohibiciones contempladas en esta ley." Me parece que esta redacción no es adecuada, pero es posible que cambie de opinión después de oír la respuesta del señor Diputado informante.
Con respecto a las enmiendas que se introducen al artículo 201, me extraña que los nuevos valores de las infracciones se hayan fijado en pesos, aunque no he visto si más adelante se señala algún tipo de reajuste anual. Si bien en estos momentos la inflación es relativamente baja, no es menos cierto que debemos estar preparados para la eventualidad de que por circunstancias anormales la inflación experimente un alza excesiva, lo que significaría, si no se ha establecido un sistema de reajustabilidad, que los valores de las multas queden totalmente desfasados de la realidad.
Habría sido mucho más práctico fijarlos en fracciones de unidad tributaria mensual o en unidades reajustables, de manera que se modifiquen de acuerdo con la realidad eco nómica del momento. Es indudable que esta norma puede perder efecto si las multas que dan desfasadas en sus montos.
En todo caso, si tengo oportunidad, volveré sobre el particular una vez que termine de revisar los antecedentes que acompañan el proyecto.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Están inscritos para intervenir la honorable Diputada señora Cristi y los Diputados señores Prokuriça , Munizaga, Elizalde y VieraGallo, a quienes solicito que sean breves, dado que el Orden del Día termina a las 12.30.
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI .-
Señor Presidente, habría sido interesante estudiar más detenidamente el proyecto, porque yo también tengo una serie de dudas, algunas de las cuales podrán resultar extemporáneas, porque, a los mejor, se trata de materias que ya pueden estar incluidas en la Ley de Tránsito.
En especial, me preocupan los siguientes puntos: El Diputado informante se refirió a la cancelación de licencias para las personas que abandonan el lugar del accidente. Quiero saber si hay otros casos en que las licencias se cancelan. Por ejemplo, en la modificación a la Ley de Alcoholes, propusimos que se cancele la licencia de conducir a quienes provoquen accidentes graves por conducir en estado de ebriedad. Es decir, habría otras situaciones que ameritarían la aplicación de esta medida que no existe en la legislación actual.
Por otra parte, hay personas que nunca han sido sancionadas por infracciones de tránsito a quienes se les suspende la licencia por dos años por manejar a exceso de velocidad más de 100 kilómetros por hora ¿habrá, de acuerdo con esta iniciativa, alguna posibilidad de que, por sus buenos antecedentes se revoque esa sanción? ¿Será retroactiva esta ley? Lo consulto porque propone una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora.
Este aumento de velocidad, ¿incluye camiones y buses?. Eso sería muy peligroso, especialmente en carretera. Ya lo es ahora. Lo observamos camino a Santiago, sobre todo en el caso de los camiones que tienen doble "trailer" y que circulan vacíos.
También me preocupan varias situaciones que tienen que ver con la autonomía municipal y los permisos que se deben obtener para modificar señalizaciones de tránsito; por ejemplo, los semáforos. Una municipalidad no puede instalarlos sin autorización del Ministerio de Transportes. Otros cambios re quieren la autorización de Vialidad.
En cuanto a la revisión técnica, los Diputados han hecho algunas consultas, a lo que quiero agregar que por la escasa autorización para plantas de revisión técnica que entiendo, de acuerdo con esta iniciativa no se aumenta conseguir el certificado de revisión técnica significa un drama; incluso hay personas que se quedan a dormir en la fila para lograrlo. También se ha detectado que hay plantas que hacen revisiones poco rigurosas y dan certificados adulterados. De hecho, basta mirar muchos vehículos para saber que no la habían obtenido, especialmente por la emanación de gases.
Otra materia que inquieta es la situación de los microbuses. En la Región Metropolitana, y en el país en general, hay un exceso de tránsito de buses, lo que impide a los particulares circular por las calles y avenidas, y no veo en este proyecto alguna disposición que implique reducirlo.
Otro punto se refiere al transporte escolar. Aparentemente, no se acogieron las disposiciones que propusimos; en especial, el registro. Entiendo que eso se aprobó en particular, pero el Senado pretende incluirlo en este proyecto. No sé qué ha hecho la Co misión al respecto.
En varios temas nos gustaría formular indicaciones. Por ello, quiero saber hasta cuándo se puede hacerlas llegar a la Comisión.
Por último, me parece muy interesante un artículo que prohíbe la existencia de artefactos que interfieran en los controles de velocidad.
Felicito a la Comisión por abocarse a este importante proyecto.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
honorable Diputada, este proyecto tiene que volver a Comisión, ya que se le han formula do indicaciones. De manera que Su Señoría podrá plantear las que le parezcan pertinentes.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Prokuriça .
El señor PROKURICA .-
Señor Presidente, quedó resuelta mi duda.
El señor JARA .-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JARA .-
Señor Presidente, simplemente quiero advertir a los señores Diputados que estamos en la discusión general y que el proyecto necesariamente volverá a Comisión.
Tengo la mejor disposición de responder todas las inquietudes, que me parecen muy atendibles. Eso forma parte de la discusión general del proyecto.
Reitero, es un proyecto muy importante. Por eso invito a todos los señores Diputados interesados a participar en la discusión particular, referida a ciertas normas específicas y a la diversidad de materias contenidas en esta normativa legal, la que realizará, en su segundo trámite reglamentario, la Comisión de Obras Públicas. Transparentes y Telecomunicaciones.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Eugenio Munizaga.
El señor MUNIZAGA .-
Señor Presidente, Chile tiene el triste récord de ser uno de los países con más altos índices de accidentes de tránsito, tanto en las carreteras como en los sectores urbanos.
Creo que gran responsable de este alto índice es nuestra legislación de tránsito. Al respecto, siempre he visto con preocupación el exceso de rigidez en las disposiciones del tránsito. Por ejemplo, en sectores con carrete ras pavimentadas, con bastante visibilidad y buenas bermas, se restringe la velocidad a 30, 50 ó 60 kilómetros por hora. En ese mismo momento se está incentivando al con ductor a no respetar las señales del tránsito.
Este es un fenómeno de común ocurrencia en nuestro país, y hago presente a los Diputados encargados del estudio de este proyecto en la Comisión, que valoren este hecho real y que, sin lugar a dudas, produce no sólo una situación vulnerable en las disposiciones legales del tránsito, sino que trae con sigo que la ciudadanía comience a acostumbrarse a vulnerarlas.
La segunda reflexión dice relación con la legislación existente en Chile para sancionar a los infractores a las reglas del tránsito.
Desde hace algunos años, se ha considerado que aquellos que son reincidentes deben pagar una multa superior y tener mayor penalidad, situación que me parece importante considerar y es lógico que así se haga. Pe ro, ¿por qué no se consideran también los casos de conductores que, a través de los años, no han tenido ningún tipo de infracciones del tránsito?
Considero que la misma forma en que se anotan las infracciones de quienes las come ten, debería hacerse para quienes tienen 3, 4, 5 o un número determinado de años sin cometer ninguna infracción, para que, en su momento, el juez de la Policía Local pueda considerar esta situación como una atenuante. Si legislamos en forma positiva, estimularemos a los conductores a no incurrir en infracciones a la legislación de tránsito, algunos con consecuencias tan peligrosas para la vida humana.
Por último, quiero hacer hincapié en un hecho que, día a día, está costando vidas humanas en nuestro país: la presencia de animales sueltos en carreteras y caminos rurales. Muchas veces, en forma indolente, se les deja pastar en zonas, incluso, áridas, sin valorar el costo de vidas humanas que puede tener su presencia en las vías públicas. Aun cuando en este proyecto se han hecho algunas modificaciones para perfeccionar las disposiciones legales en este sentido, creo que se debe ser lo más riguroso posible, dándole a la autoridad todas las atribuciones necesarias para confiscar y así eliminar este peligro que representan los animales sueltos en las carreteras.
En todo caso, señor Presidente, considerando el valioso aporte de esta Comisión a las disposiciones legales vigentes, concurriré con mi voto favorable a la aprobación del proyecto de ley.
He dicho.
El señor SOTA (Presidente accidental).-
Todos quisiéramos que, por lo menos, se aprobara en general, y para ello intentaremos votarlo a las 12.30. Como aún hay cuatro señores Diputados inscritos y sólo restan diez minutos, les rogaría que no se extendieran más allá de dos minutos y medio.
Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.
El señor ELIZALDE .-
Señor Presidente, creo que todos aprobaremos la idea de legislar, ya que se trata de una iniciativa destinada a perfeccionar la ley respecto de las diferentes situaciones que se van dando día a día en los accidentes del tránsito.
Sin embargo, debo destacar que está pendiente una serie de materias que, en su momento, debieron haber sido tratadas. Yo planteé, a lo menos, tres situaciones, y estoy reiterando la posibilidades de incorporarlas en el debate.
En primer lugar, una indicación relaciona da con los vehículos de alto tonelaje que ingresan a los pasajes y calles de las poblaciones, deteriorándolas y haciendo perder la inversión no sólo de los vecinos, sino también de los municipios o, eventualmente, del ministerio respectivo. Es una situación que se da día a día. Necesariamente la ley también debe precaverla y así cautelar los recursos de los particulares y especialmente los del Esta do, que cuesta tanto conseguir, especialmente por las dificultades financieras de los ministerios encargados de solucionar los problemas de pavimentación.
En ese sentido, mi indicación, que en su momento, contó con el patrocinio del Ejecutivo, tenía por finalidad impedir el deterioro del pavimento de pasajes y calles de las poblaciones por el ingreso de vehículos de 50 ó 60 toneladas de peso.
Asimismo, es necesario legislar para impedir que en los estrechos pasajes de las poblaciones se estacionen vehículos durante la noche, porque hacen propicia la comisión de actos delictivos. En consecuencia, solicito que esta materia se reestudie en Comisión y que, inclusive, pueda ser invitado el Ministro del ramo.
Hay una segunda situación. En la actualidad, en las grandes ciudades del mundo, los camiones de alto tonelaje no ingresan a las zonas urbanas. Existen estaciones de transferencia donde deben estacionarse, y desde ahí, distribuir la carga, porque hoy la inversión en infraestructura vial al interior de las ciudades, es absolutamente diferente de la que se hace en las carrete ras. En ese sentido, es una materia que debiera quedar contemplada en la normativa legal.
En tercer lugar, la ley tiene que ser fundamentalmente preventiva y no sólo sancionadora. Al respecto, también recojo las palabras del Diputado señor Arancibia . Sabido es que con el afán de obtener recursos en algunas partes del país, se permiten situaciones anómalas. Así, se dice: "Por tal o cual comuna circulen con cuidado". Yo conozco el caso de Ercilla, por la que transito por lo menos desde hace 20 ó 25 años. Cada vez que paso por allí me dice la gente: "Aquí el alcalde ha impartido la orden de que nadie se vaya sin un parte". Y éste se saca por cualquier razón, indiferente de que existe infracción o no.
Por otra parte, no me parece que la vía de la ordenanza municipal puedan modificarse disposiciones que deben quedar centralizadas en una sola mano. En este sentido, paso a referirme a las carreteras de alta velocidad. Si se determina en ellas una velocidad superior a la máxima existente en las zonas urbanas 100 kilómetros por hora como máximo, y tengo entendido que se aumentan a 120 ¿cómo es posible que en algunos tramos de determina da carretera aparezca de repente un disco " Pare " o "Disminuya la velocidad, a 30 ó 50 kilómetros"? Tampoco es posible dejar la misma velocidad máxima para un vehículo particular que para un camión o un vehículo de transporte colectivo. En esta materia también debe establecerse una diferenciación.
Por último, me parece que la hoja de vida del conductor es lo que debe primar cada vez que deba resolver si se suspende o no una licencia de conducir. Efectivamente, a veces, después de 20 ó 25 años de un ejercicio in maculado de la actividad de conductor basta un accidente para perder toda posibilidad de mantenerse en ella. Creo que la acumulación, por ejemplo de faltas leves debiera no significar la pérdida de la licencia.
Por eso, considero que el proyecto debe volver a la Comisión para su perfeccionamiento, y contribuiré a él, participando en todo lo que permita mi experiencia.
Anuncio mi voto favorable a la idea de legislar.
He dicho.
El señor ORTIZ .-
Pido la palabra, por una cuestión de Reglamento.
El señor ESTÉ VEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, como quedan tres minutos del Orden del Día, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para prorrogarlo en 15 minutos más, a fin de que los Diputados inscritos podamos hacer uso de la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, en estos tres minutos le corresponde usar de la palabra al Diputado señor Viera-Gallo, quien estaba inscrito, y luego, solicitaré la unanimidad en la forma plantea da por Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente, en tres minutos resulta difícil referirse a un proyecto de ley tan casuístico y reglamentario, cuyas implicancias podemos hoy desconocer.
Quiero hacer una reflexión general. En el Parlamento hay varios proyectos de ley que tienden, con muy buena intención, a restringir la libertad individual en forma que, a veces, incluso, atenta o sobrepasa las normas constitucionales. No quiero referirme a cada uno de ellos, pero ayer dediqué todo el día a defender las libertades de las personas en contra de iniciativas que quieren conculcarlas.
Este proyecto no hace más que ir en esa misma dirección represiva. Además, como digo, es casuístico. Es tan absurdo, que fija los límites máximos de velocidad por ley. Habría que dictar una nueva ley para variar los límites de velocidad. Además tiene normas candorosas, como aquella que señala que se prohibe llevar abiertas las puertas de los vehículos cuando estén en movimiento, o abrirlas antes de su completa detención; se determina esto por ley. Son cosas completa mente absurdas.
El Diputado señor Arancibia ha planteado algo muy de fondo, y es que el conductor, frente a una acusación de haber infringido una norma del tránsito, se encuentra, en la práctica, en la indefensión.
Además, contiene normas inconstitucionales, porque se transfiere la responsabilidad penal, que es personal, al propietario del vehículo, aunque sea el conductor el que comete la infracción.
Por lo tanto, anuncio que con el Diputado señor Arancibia votaremos en contra de la idea de legislar. Si se llegara a aprobar, formularemos indicaciones e, incluso, nos reservamos el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional respecto de aquellas normas que vulneran la libertad de las personas.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Someteré a votación el proyecto antes de que termine el Orden del Día.
El Diputado señor Ortiz ha solicitado prorrogar la sesión por quince minutos, para alcanzar a intervenir él y los Diputados señores Sabag y Jara .
En consecuencia, solicito la unanimidad para prorrogar el Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.
-No.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor ORTIZ .-
Reglamento, señor Presidente.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, según el Reglamento, podemos insertar nuestros discursos, pero y por eso reitero que recabe la unanimidad la afirmación del colega señor Viera-Gallo es muy grave para quienes hemos participado en la Comisión en la modificación de la Ley de Tránsito.
Solicito que recabe la unanimidad, porque quienes hemos trabajado en esta iniciativa, podemos contestar esas afirmaciones.
He dicho.
El señor ESTEVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, entiendo su punto de vista; volverá a recabarla. No podría hacer otra cosa porque, de lo contrario, se vencerá el tiempo del Orden del Día, y ya no podría llamar a votación.
Solicito la unanimidad de la Sala para acceder a lo pedido por el Diputado señor Ortiz .
¿Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.-
No.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
No hay acuerdo.
En votación general el proyecto.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento se inserta la siguiente intervención:
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, Honorable Cámara, en otras oportunidades he querido referirme a las dificultades que tiene el legislador para establecer ciertas leyes de beneficio para la comunidad, tarea especialmente ardua para quienes sostenemos nuestra visión de cambio ceñido a principios que van lejos más allá de las implicancias meramente lega listas. Sin embargo, los hombres comprometidos en la visión cristiana del mundo, por mandato de los principios que sustentan dicha doctrina y que procuramos sean consustanciales en nuestra vida total, buscamos con insistencia favorecer el bien común por sobre las prerrogativas individuales o sectoriales. Quizás en ocasiones pudiéramos parecer descaminados. Sin embargo, también se descaminan quienes con visiones y argumentos variados, algunos fundados otros no, en esencia intentan minimizar o distorsionar la legitimidad de algunas iniciativas, simplemente porque, según ellos, no se encuadran en la rigidez meramente legalista o jurídica.
Hecha esta digresión, debo señalar mi convencimiento de que esta iniciativa apunte en la dirección correcta y espero que con el aporte de otros parlamentarios se optimice, porque, sin lugar a dudas, tiene un fin loable: el resguardo de la vida de muchas personas, especialmente, las de aquellos que, tal vez por impericia, o quizás por desprecio de sí mismos, ponen en riesgo las suyas y las ajenas.
La Ley Nº 18.290, de Tránsito, contiene 221 artículos permanentes y 9 disposiciones transitorias. En dicha normativa se faculta a las municipalidades para dictar normas específicas que regulen el funcionamiento de los sistemas de tránsito en sus respectivas comunas. Tal autorización se debe sujetar al establecimiento de normas de carácter complementario de las emanadas del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y no deben ser contradictorias con ellas.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en virtud de las disposiciones que establece la ley N° 18.059, es el organismo encargado de proponer las políticas nacionales en materia de tránsito y de coordinar, evaluar y controlar su cumplimiento.
Corresponde a Carabineros de Chile y a los inspectores municipales supervisar el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley de Tránsito y de aquellas que determine la autoridad de la Carta del ramo o las que dispongan las autoridades de las municipalidades, en su caso.
Con fecha 20 de mayo de 1993, el Gobierno del Presidente Aylwin sometió a la consideración de esta Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto introducir modificaciones a la ley N° 18.290, de Tránsito, con las cuales se persigue corregir diversas disposiciones e incorporar otras no consideradas en relación con el transporte terrestre.
La normativa vigente en materia de regulaciones del tránsito terrestre se encuentra en la mencionada ley N° 18.290. La dictación de dicho cuerpo legal, en el año 1984, significó un notorio avance para esa época, al establecer un régimen general para la concesión de licencias de conducir, crear el registro de conductores y regular de manera sistemática todas las materias relevantes.
También es preciso señalar que, desde el año 1984 hasta la fecha, se han creado nuevas tecnologías en materia de infraestructura y de seguridad viales, razón por la cual el Ejecutivo propuso este proyecto de ley con el fin de modernizar y mejorar las disposiciones de la actual Ley de Tránsito.
Para la redacción de este proyecto de ley, el Gobierno recibió opiniones de distintos sectores de la comunidad.
Se impartieron instrucciones a los secretarios regionales ministeriales de Transporte sobre la necesidad de recabar información acerca de los problemas que se producen con la aplicación de la actual Ley de Tránsito. Como fruto de dicho esfuerzo, se recopilaron opiniones tanto de expertos en la materia, destacados profesionales y profesores de instituciones de nivel superior como de organizaciones diversas de la comunidad representativas de actividades afines con la materia que se norma. Todos aportaron y sus ponencias fueron debidamente consideradas en el análisis que efectuó la Comisión relaciona dos con los diferentes temas, que reconozco son de suyo complejos. Se debatió amplia mente e insisto, todos los aspectos que se intentan regular fueron sometidos a la consideración de la comisión técnica que se formó para tal efecto. Esta fue integrada por profesionales de las áreas de ingeniería de transportes de las Universidades de Chile y Católica de Chile, del Ministerio de Justicia, de Carabineros de Chile, de los departamentos de Tránsito de las municipalidades de Santiago y de Providencia, del Automóvil Club de Chile y de la Unión Operativa de Control de Tránsito. Asimismo, se efectuó una consulta a la Asociación Nacional de Jueces y Secretarios-Abogados de Juzgados de Policía Local para recabar su autorizada opinión.
En consecuencia, el procedimiento seguido, junto con cautelar la necesaria participación de la comunidad, cuenta con la rigurosidad técnica que debe tener una ley que, más allá de ser conocida como Ley de Tránsito, reviste importancia para mejorar las condiciones de seguridad vial, aspecto en el cual nuestro país ostenta, ciertamente, un triste récor.
Finalmente, es menester destacar que, para una mejor comprensión del proyecto, el estudio de las modificaciones se hizo acápites agrupados por materia. Las principales modificaciones que se introducen en la Ley de Tránsito son: la participación en accidentes; subida y baja de vehículos; autorización de actividades deportivas en la vía pública; señalización de tránsito; línea de detención de vehículos; indicaciones de semáforos; revisión técnica de vehículos; paso de peatones; publicidad de los informes de accidentes; eliminación de infracción gravísima que se dispone en el número 6 del artículo 197; estacionamientos reservados y paraderos de taxis, y cruces ferroviarios.
Señor Presidente, estoy cierto de que esta no es la norma única que garantice el adecuado y atinado uso de las vías públicas. Queda mucho pendiente. Como educador estoy convencido de que la toma de conciencia del conductor sobre la tremenda responsabilidad que significa manejar un vehículo es un factor de extraordinaria gravitación en la eficacia que pueda alcanzarse con esta norma. También estoy seguro de que debemos mejorar los parámetros que regulan la construcción y mantenimiento de las calles y carrete ras del país, como otra variable susceptible de perfeccionamiento; no obstante, este proyecto de ley es un paso positivo. Por lo mismo, anuncio mi voto y el de mi bancada favorable.
He dicho.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Cardemil, Correa, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta , Elizalde, Espina, Fuentealba, Gajardo, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Huenchumilla , Hurtado, Jara, Jürgensen, Kuschel, Letelier (don Felipe), Longton , Luksic, Makluf, Melero, Montes, Moreira, Munizaga, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Rebolledo, ( doña Romy), Reyes, Rodríguez, Sabag, Salas, Seguel, Tuma, Valenzuela, Venegas, Villouta y Zambrano.
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Arancibia, Prokuriça y Viera-Gallo.
Se abstuvieron los Diputados señores: Balbontín, Ceroni, Estévez, Galilea, Sota, Villegas y Martínez (don Gutenberg) .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión para segundo informe.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Al artículo 1° Numeral 111. Del señor Sabag "En cualquier comuna del país, se podrá instalar plantas de revisión técnica que acrediten su funcionalidad y que sean aprobadas como tales por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Para ello, cualquier persona natural o jurídica podrá elevar la correspondiente solicitud a dicho Ministerio, el que deberá llamar a licitación pública de acuerdo con la reglamentación correspondiente.". 2. De los señores Sabag y Villouta
Numeral 13 3. De los señores Sabag y Villouta 4. De los señores Sabag y Villouta para agregar a continuación de la palabra "agentes", lo siguiente: "y la empresa que esté efectuando un trabajo en esa vía o la última que haya ejecutado las obras motivo de esas fallas o del mal estado".
Numeral nuevo
5. De los señores Elizalde y Hamuy "Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 168: "Se prohibe la circulación y el estacionamiento de los vehículos motorizados de carga, simples o con acoplado, con capacidad de carga superior a mil setecientos cincuenta kilógramos, vehículos motorizados destinados al transporte colectivo de personas y vehículos de carga, sea cual fuere su capacidad, en pasajes, pasajes ciegos y callejuelas de poblaciones, condominios y conjuntos habitacionales pertenecientes a zonas urbanas de carácter residencial.".".
Numeral nuevo
6. De los señores Elizalde , De la Maza , Dupré y Errázuriz "Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 181: "En los casos previstos en el inciso final del artículo 198, Carabineros procederá a notificar por carta certificada al propietario del vehículo, a la dirección señalada en el Certificado de Inscripción del Registro de Vehículos Motorizados. En este caso se presumirá la responsabilidad del infractor si no concurriere personal o debidamente representado a la audiencia para lo cual fue citado.".
Numeral 38
7. Del señor Sabag "c) Intercálase entre los números 18 y 19, el siguiente número 19, nuevo: "19. Botar o abandonar en las bermas o aceras de camino o calles, cigarrillos u otras materias que puedan causar combustión de cualquier tipo o contaminar el ambiente, tales como colillas, vidrios, plást cos, aceites o neumáticos.".".
8. De los señores Elizalde , De la Maza , Dupré y Errázuriz "En los casos de las infracciones de los números 6, 17, 18, 19, 22, 25, 28 y 30, si ellas fueren cometidas por un conductor de un vehículo destinado al servicio público de pasajeros o al transporte de carga y que no fuere el dueño, no se le aplicará pena alguna y no se anotará en el Registro Nacional de Conductores, salvo en los casos establecidos en el N° 5 del artículo 197. Las penas correspondientes a estos numerales serán de cargo del propietario del vehículo.".
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Informo a la Sala que la sesión especial para analizar la situación de la salud en Chile tendrá lugar el próximo miércoles a las 10.30. La sesión fue solicitada por la Comisión de Salud y en el rendirá un informe sobre la materia. La Mesa fue facultada para fijar la hora de inicio.
En ese entendido, se hizo la consulta con el Ministro de Salud y después que nos confirmó que podrá estar presente se fijó esa hora.
El señor MELERO .-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MELERO .-
Señor Presidente, dada la importancia del tema y en aras de una buena planificación, sería prudente suspender el trabajo de Comisiones, tal como lo hicimos cuando se celebró la sesión especial para tratar el tema de las drogas. De lo contrario, podríamos tener problemas de asistencia.
En segundo lugar, quiero preguntar si Su Señoría ha realizado alguna gestión para que la sesión sea transmitida por televisión.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se han enviado comunicaciones a los canales de televisión en tal sentido; pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta positiva.
Respecto de su primera proposición, pre fiero tratarlo en la reunión de Comités del próximo martes, para tener la seguridad de que la idea de suspender el trabajo de las Comisiones durante la mañana del próximo miércoles que yo comparto cuente con amplio respaldo. En todo caso, lo más probable es que se adopte ese acuerdo.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
PRUEBAS OBLIGATORIAS EN BANCOS DE SANGRE PARA DETECTAR VIRUS DE LA HEPATITIS C.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZUNIGA (Prosecretario).-
De los señores Masferrer , Bartolucci , Pérez, don Víctor ; Melero , Correa , Alvarado , Moreira , Paya , Valcarce , Karelovic , Vargas , Ribera , Jürgensen , Pérez, don Ramón ; Zambrano , Ojeda , Villouta, García-Huidobro , Prokuriça , García, don René ; Ferrada , Hamuy , Coloma , Salas, Soria , Alvarez Salamanca , Sabag , señorita Saa , y senadores Elizalde , Morales y Acuña .
"Considerando:
"1.- Que de acuerdo al artículo 9o de la Constitución Política de la República de Chile, que señala textualmente: "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación del individuo."
"2.- Que mediante la denuncia pública efectuada por Televisión Nacional de Chile quedó al descubierto la desprotección en que se encuentran las personas que concurren a los centros hospitalarios, ya sea para someterse a algún examen, tratamiento o urgencias que requieren la utilización de plasma o sangre, exponiéndose a contraer el virus de la hepatitis C debido la falta de mecanismos de control en las unidades de sangre o plasma del país.
"3.- Que esta denuncia fue avalada, en su oportunidad, por el Colegio Médico de Chile, quienes manifestaron su preocupación por la falta de controles de detección de esta enfermedad en los distintos centros hospitalarios del país.
"4.- Que de acuerdo con la información existente sobre este virus, su principal vía de contagio es mediante las transfusiones de sangre, y, en menor grado, según los investigadores, por contacto sexual.
"5.- Que en la última reunión del Parlamento Latinoamericano de la Salud, efectuado en Cuba, la OMS planteó su preocupación por el incremento en los índices de contagio de este virus a nivel mundial, lo que motivó a solicitarle a los gobiernos latinoamericanos impulsar, en sus respectivas naciones, medidas de protección de salud para evitar que continúe la propagación de esta enfermedad cuya manifestación sólo se puede apreciar al cabo de varios años después de haberla contraído.
"6.- Que las consecuencias que trae esta enfermedad pueden derivar en una cirrosis hepática y hasta en un cáncer al hígado, los cuales, en muchos casos, son procesos irreversibles, cuyo tratamiento es de alto costo. Esta afecta por igual a todos los grupos erarios de la población.
"Por las razones expuestas, los Diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
"Solicitar al Presidente de la República que, en virtud de sus facultades, instruya a los Ministros de Salud y de Hacienda, respectivamente, para que destinen los recursos necesarios y adopten las medidas administrativas adecuadas para que se implementen en las unidades de sangre o plasma del país las pruebas obligatorias para detectar los anti cuerpos del virus de la hepatitis C, y en aquellos casos en que los resultados sean positivos, se proceda a su destrucción."
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el señor Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, los Diputados que patrocinamos este proyecto de acuerdo lo hacemos en virtud de la evolución experimentada por los exámenes de sangre previos a una donación o transfusión de sangre. Como es de conocimiento público, la última incorporación más importante ha sido el examen para detectar el virus del Sida.
Sin embargo, en los análisis previos muchas veces no se contempla el virus de la hepatitis C. Tal como se pudo comprobar hace tiempo en una denuncia pública efectuada por Televisión Nacional, quedó al descubierto la desprotección en que se encuentran las personas que concurren a los centros hospitalarios para hacerse algún examen o que requieren plasma o sangre.
La denuncia de Televisión Nacional fue ratificada por el Colegio Médico de Chile, el cual manifestó su preocupación por la falta de control existente en los distintos centros hospitalarios del país para detectar esta enfermedad.
Este virus, de gran impacto en la salud humana, tiene como principal vía de contagio, precisamente, las transfusiones de sangre y, en menor grado, según las investigaciones hechas, al contacto sexual.
En la última reunión efectuada por el Parlamento Latinoamericano en Cuba, la Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por el incremento de los índices de contagio de este virus a nivel mundial, y solicitó a los representantes chile nos que recomendáramos al Gobierno la incorporación de este examen para evitar la mayor propagación de la enfermedad.
Todo lo anterior, sumado al hecho de que el virus de la hepatitis C en muchos casos puede derivar, si no se controla adecuada mente, en una cirrosis hepática e, incluso, en un cáncer al hígado que son procesos irreversibles, nos ha motivado a solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, a través del Ministerio de Salud y previa destinación de los recursos necesarios, ordene implementar las pruebas obligatorias en las unidades de sangre o plasmas, para detectar el virus de la hepatitis C.
Estos son los fundamentos del proyecto de acuerdo, que esperamos tenga buena acogida del Gobierno y, desde luego, de los demás señores Diputados.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne el proyecto de acuerdo. Ofrezco la palabra. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
MODIFICACION DEL CALCULO DE LAS BANDAS DE PRECIOS DEL TRIGO Y DE LA HARINA.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
De los señores Jürgensen , Masferrer , Correa , Kuschel , Ojeda , Galilea , Hurtado , Hernández , Acuña , Solís , Errázuriz , Caminondo , Vilches , Vargas , Valcarce , Sabag , señora Prochelle , García, don René Manuel ; Alvarez-Salamanca , Taladriz , Huenchumilla . Silva , Villegas , Zambrano , Villouta , Elizalde , Alvarado , Moreira , García-Huidobro , León , Ribera , Ferrada , Hamuy , Tuma , Rocha , Soria , Salas , Gutiérrez y Morales:
"Considerando:
"l. Que, con el propósito de mantener la estabilidad de los precios internos del trigo, moderando los afectos de las bruscas variaciones coyunturales del mercado internacional, se estableció el sistema de bandas de precios, a través de la ley N° 18.525.
"2. Que este mecanismo ha ido perdiendo paulatinamente su eficacia, a pesar de las modificaciones que introdujo el artículo 36 de la ley N° 18.591, ya que ésta no consideró las distorsiones causadas por los subsidios que afectan a los precios internacionales.
"3. Que los subsidios a las exportaciones, comprobados y difundidos por el Consejo Internacional del Trigo, no son considerados en el mecanismo de cálculo de la banda de precios, establecido por la ley N° 18.525, lo que ha perjudicado la fijación del precio "piso" de la Banda, deficiencia que es necesario corregir.
"4. Que una práctica que permite eludir los efectos que se desean lograr con el establecimiento de la banda de precios, son la compras que se realizan con embarques diferidos. Estas suelen efectuarse en "plena cosecha" del hemisferio norte, cuando los precios están en su nivel más bajo, cuando correspondería aplicar un derecho específico, y son embarcadas meses después, cuando los precios son significativamente superiores, en circunstancias de que la Ley establece que "los precios para la aplicación de estos tributos serán los que alcancen a la fecha de embarque de las respectivas mercancías".
"5.Que la ley N° 19.193, publicada el 26 de enero de 1993, agregó a la harina de trigo como producto afectado por la banda de precios de la ley N° 18.525, caso en el cual los derechos y rebajas determinadas para el trigo afectarán a la harina, multiplicándolos por el factor 1,41, el cual ha demostrado ser insuficiente como consecuencia de no haber considerado el costo de conversión, resultan do así ineficaz para evitar las importancias de harina de trigo subsidiadas.
"6. Que la experiencia de otros países también señalan la necesidad de incorporar al sistema de bandas de precios a todos los pro ductos derivados de las materias primas so metidas a este régimen de protección, para evitar que a través de la importación de pro ductos elaborados se eludan los derechos específicos, que corresponderá aplicar a la importación de materia prima, en virtud de la banda de precios, y se incremente la capacidad ociosa de la industria nacional. ".
En mérito a lo expuesto, se hace indispensable introducir modificaciones en la legislación vigente para corregir las deficiencias detectadas. Por lo tanto, la Cámara de Diputados acordó el siguiente
Proyecto de acuerdo
". Solicitar al señor Presidente de la República tenga a bien iniciar el trámite de un proyecto de ley, que modifique la ley N° 18.525 para lograr los siguientes objetivos.
1. Moderar la distorsión que los subsidios que otorgan los países exportadores causan en los precios internacionales.
2. Evitar que se eluda el efecto corrector de las bandas de precios por la vía de compras con embarque diferido.
3. Asegurar que en la fórmula de cálculo de las bandas de precios se considere el costo real de los fletes pagados.
4. Incorporar al sistema de bandas de precios, en forma definitiva, a todos los productos elaborados o semielaborados, derivados de las materias primas sometidas al régimen de bandas de precios, aplicándole el coeficiente en forma proporcional al contenido de la materia prima a este régimen".
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, la ley N° 18.525 establece un mecanismo de bandas de precios que se basa en la aplicación de derechos específicos.
Sin embargo, la aplicación de esta norma no resulta eficaz, y es importante introducirle algunas modificaciones para que cumpla con sus objetivos. Es necesario que ella tenga en cuenta los subsidios externos de los precios y los fletes reales pagados, que hoy no se consideran en la fijación del precio piso de la banda. Normalmente se consideran los fletes en precios de conferencias, pero no mediante la facturación real.
El problema también se relaciona con la situación de la harina, que está incorporada al cálculo de la banda de precios, que vence el 31 de diciembre de 1995; por lo que es necesario que la norma rija en forma indefinida.
Por ello, un grupo de Diputados presentamos un proyecto de acuerdo que apunta, además, en la dirección señalada por el Ministerio de Agricultura, en cuanto a mejorar los precios de nuestros productos, a fin de que no tengan que competir con los subsidios externos y con algunas forma que vulneran los cálculos para aplicar los derechos específicos.
Por las razones expuestas, pido que se vote favorablemente.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a otro señor Diputado que apoye el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado que lo impugne.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
No hay acuerdo.
En votación.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados
Se abstuvieron los Diputados señores:
NORMATIVA EN FAVOR DE EX DIRIGENTES CAMPESINOS AFECTADOS POR APLICACION DEL DECRETO LEY N°208
El señor ZUÑIGA (Prosecretario).-
De los señores Morales, Rocha , Letelier, don Juan Pablo ; Letelier, don Felipe ; Sota , Montes , señora Rebolledo , señores Jara , Tuma , Silva , Villegas , Zambrano , Villouta , Escalona , León , Luksic , Huenchumilla , Soria , Salas, señora Allende , y señores Villegas , Elizalde , Gutiérrez , Balbontín , Acuña y Pérez, don Aníbal .
"Considerando:
"1.- Que la promulgación y la ejecución del decreto ley N° 208, del 19 de diciembre de 1973, afectó a un número cercano a los 4.000 dirigentes campesinos que participaron en la gestión y desarrollo del proceso de Reforma Agraria.
"2.- Que la aplicación del decreto ley N° 208 hizo perder a dichos dirigentes el derecho a la asignación de parcelas de la Reforma Agraria.
"3.- Que las organizaciones de ex parceleros afectados por el decreto ley N° 208 han realizado numerosas gestiones ante la autoridad de Gobierno, desde el año 1985, para la derogación de este decreto, o la promulgación de una ley que repare el mal causado, no existiendo una solución sustantiva hasta la fecha. "4.- Que, en 1992, se elaboró un instrumento jurídico que propuso la discusión de un cuerpo legal que repara la situación provocada por la aplicación indiscriminada y arbitraria del referido decreto, además de la situación que afecta a los asignatarios que vendieron sus parcelas en forma fraudulenta o dolosa.
"5.- Que, en 1994, las organizaciones de ex parceleros del decreto ley N° 208 de la VI Región, hicieron entrega de todos los antecedentes dispuestos hasta esa fecha al señor Ministro de Hacienda.
"6.- Que la mantención de la situación de exclusión de los beneficios consustanciales al proceso de Reforma Agraria, ha importado a los campesinos y dirigentes afectados por el decreto ley N° 208, un estado de marginación y pobreza intolerables.
"7.- Que la aplicación de dicho decreto importa también una flagrante violación a los Derechos Humanos, por la discriminación política que sufrieron aquellos dirigentes y campesinos que sustentaban ideas contrarias al Gobierno militar.
"Por todo lo anterior, venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
"Que la Honorable Cámara de Diputados oficie a S.E. el Presidente de la República, para que, de acuerdo a sus facultades, disponga las medidas tendientes a la agilización de los estudios de un instrumento jurídico que repare el mal causado a los dirigentes campesinos afectados por la aplicación indiscriminada y arbitraria del decreto ley N° 208, de 19 de diciembre de 1973.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que desee apoyar el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Morales .
El señor MORALES.-
Señor Presidente, el objeto de este proyecto es apoyar a un grupo importante de campesinos afectados por el decreto ley N° 208 y que organizadamente desde 1985 a la fecha, han hecho presen te sus puntos de vista al Ejecutivo.
En el Gobierno del ex Presidente don Patricio Aylwin , esta situación fue replantea da en enero de 1991 al ex Ministro de Agricultura, señor Juan Agustín Figueroa . A raíz de ello se creó una comisión de trabajo en 1992, integrada por funcionarios del Ministerio de Agricultura y representantes de los afectados por el decreto ley N° 208, cuya finalidad fue estudiar los efectos de la aplicación del decreto y la forma en que se había producido la venta de parcelas Cora. Se elaboró un anteproyecto de ley que hasta la fecha no se ha concretado en mensaje presidencial.
Como última gestión, debo mencionar una reunión celebrada el año pasado entre los campesinos de la Sexta Región que se han organizado en relación con este problema y el ministro de Hacienda, a quien se representó el excesivo retraso de las gestiones tendientes a resolver definitivamente esta situación.
Por ello, solicitamos el apoyo a este proyecto, en el entendido de que la reforma agraria fue un proceso histórico que dividió y divide hasta hoy a muchos de nosotros, lo cual no obsta a que procuremos subsanar sus consecuencias, sobre todo a quienes, a muchos años de la dictación del referido decreto 208 siguen perjudicados.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, como señalaba el Diputado señor Morales y es de conocimiento de to dos nosotros, los temas de la reforma agraria son parte de un proceso histórico que, como lo hemos visto en muchas ocasiones en la Cámara, tiende a caldear los ánimos y, por cierto, a provocar diferentes aproximaciones.
Estoy consciente como lo han estado todos en la Cámara de que hubo personas afectadas por razones políticas en el proceso de asignación de tierras, debido a la promulgación del decreto ley N° 208, de 1974. En el fondo estamos hablando de los exonerados del campo, quienes por su calidad de dirigentes sindicales o por razones políticas fueron excluidos del proceso de asignación. En la Comisión de Agricultura se ha reconocido que los afectados han hecho presente su inquietud a parlamentarios de todos los colores políticos existentes en la Cámara y a las autoridades del Ejecutivo en varias ocasiones.
En este contexto, en representación de la bancada socialista, del PPD y creo que de todas las fuerzas democráticas, saludamos la inclusión de esta temática entre las 48 medidas anunciadas hace muy poco por el Ministro de Agricultura, don Emiliano Ortega , en representación del Presidente Frei , cuando se planteó abordar y reparar lo que sufrieron los campesinos, que son más de 3.700, por habérseles aplicado el mencionado decreto, y creemos que se está avanzando en un camino que permite sacar de la pobreza y de la postergación a algunas personas.
En este contexto, solicitamos al Presidente Frei que se agilicen las medidas tendientes a reparar el daño producido a quienes se aplicó el decreto ley N° 208, tal como se anunció, a través de medidas administrativas.
Solicitamos que, si se va a recurrir a pensiones asistenciales, se asegure que sean dignas, para favorecer a estas personas que viven en una situación de gran pobreza y marginalidad, y que no sean pensiones de bajo monto que, en el fondo, vayan a ser una burla para ellas.
Adicionalmente, es importante que se consideren puntajes especiales dentro de las medidas administrativas, que resuelvan problemas, y se contemplen mecanismos para permitir a los componentes de estas más de 3.700 familias en su gran mayoría, de edad avanzada que terminen sus vidas en una situación digna, y que el país en su conjunto contribuya a cerrar el proceso de la reforma agraria.
He dicho.
El señor ESTEVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que desee impugnar el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea .
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, estimamos que el proyecto de acuerdo es extemporáneo.
Como bien lo señalaba el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, la solución al problema de las personas afectadas por el decreto ley N° 208 ha sido abordada en las medidas que el Gobierno entregó hace un par de semanas para enfrentar los temas de la agricultura.
Además, la Comisión de Agricultura tuvo ayer la posibilidad de contar con la presencia del Ministro del ramo, quien, frente a una consulta, me advirtió que el Gobierno estaba estudiando, y próximo a resolver, la posibilidad de enfrentar este problema no por la vía legislativa, sino administrativa y, en particular, a través de una pensión de gracia que se otorgaría a los afectados por el decreto ley N° 208.
De manera que, frente al proyecto y dadas las razones expresadas, nosotros vamos a abstenernos, porque el Gobierno ya tiene debidamente considerado el problema.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, en no pocas oportunidades la Cámara ha aprobado el problema de la reforma agraria y sus efectos. En los últimos meses, hemos despachado proyectos de ley relativos a la enajenación de los bienes comunes derivados de aquel proceso, y otros cuerpos legales.
Sin embargo, la reforma agraria es una materia que, así como el decreto ley N° 208 pudo haber generado algunas discriminaciones, arbitrariedades e injusticias, no es menos cierto que en su concepción, especialmente durante los gobiernos de los ex Presidentes Frei Montalva y Allende , se generaron tremendas injusticias con quienes fueron afecta dos por expropiaciones.
Es importante recordar hoy la toma de terrenos en la Unidad Popular. La historia registra más de mil tomas ilegales. También es importante recordar hoy la usurpación de tierras y el no pago de ellas por parte del Fisco hasta el día de hoy.
De tal forma que analizar el problema de la reforma agraria sólo desde la perspectiva de quienes fueron afectados por el decreto ley N° 208, genera una tremenda injusticia para quienes fueron afectados en su propiedad privada, y se les produjo un daño no reparado hasta el día de hoy.
Creemos que los afectados por el decreto ley N° 208 requieren de una reparación, pero es sólo la punta del iceberg de las muchas injusticias que ese proceso generó en Chile, y que produjo un daño y una subdivisión de la propiedad que hasta hoy provoca efectos negativos.
Más aún, lo que se ha llamado "Proceso de la contrarreforma agraria" nos ha llevado a varios Diputados a presentar modificaciones a los cuerpos legales durante esta misma semana para reparar también esas injusticias.
De tal forma que, así como ayer el señor Ministro nos señaló en la Comisión de Agricultura que la vía de las reparaciones administrativas iba a ser la de una pensión de gracia, sin que lográramos que él se pronunciara sobre su monto no hablamos de pensiones asistenciales, sino de gracia, nos parece también que este proyecto de acuerdo es algo extemporáneo, no abarca la globalidad del problema de la reforma agraria y tiene un punto de vista sesgado sobre lo que ocurrió en esa época en Chile.
Frente a esta situación, no cabe más que abstenerse hasta que conozcamos del Gobierno el monto de esas pensiones de gracia.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
VIII.INCIDENTES
REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, las reformas constitucionales para reconstruir y perfeccionar cabalmente la democracia representan un imperativo ético que jamás abandonarán la Democracia Cristiana ni la Concertación. Son un paso imprescindible para superar todas las ataduras que dejó en 1990 el gobierno autoritario. Pocos recuerdan que los autores de la Constitución de 1980 nos ofrecían un régimen autoritario, tecnificado, protegido y de participación, que fue la respuesta que sus inspiradores suponían a las tendencias del resto de la comunidad nacional, la cual consideraban perversa y satánica.
A un mundo que creían politizado, el remedio fue la minusvalorización de los partidos políticos; a la cultura denominada "foránea", presuntamente degradante, se opone un nacionalismo extremo; a la pluralidad política expresada en el Parlamento que desune, se concibe un Ejecutivo fuerte, cesarista al que se colocan ciertos contrapesos.
De este modo se conforma un cuadro constitucional cuyo objetivo final y esencial es la llamada "seguridad nacional". Se radica entonces la soberanía en la nación; no en el pueblo, pues así se guarda una especie de legado histórico, según decían ellos: el alma nacional, que Jaime Guzmán , recogiendo las expresiones de un autor español, denominaba "el sufragio de lo siglos".
Los partidos políticos son meras asociaciones electorales, pero no los únicos canales de expresión de ideas ni de democracia. Lo son también los codecos, los coredes los altos funcionarios, provengan o no de la soberanía popular; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, que son inamovibles e integran, junto al Presiden te de la República, del Senado y otros personeros del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de opinar sobre materias políticas y de Estado, y representar sus opiniones a cualquier poder o autoridad.
La tutoría del Tribunal Constitucional con una composición derivada del régimen militar sobre los decretos, inhabilidades, incompatibilidades, cesación de cargos parlamentarios, con facultades de control constitucional y otras impropias de esta función, y los Senadores designados, propios de un régimen aristocrático, junto a los exigentes quórum constitucionales, desequilibran los principios democráticos de la igualdad y el origen popular del sistema de representación, produciendo el efecto de supervalorar el voto de los parlamentarios de Oposición, no obstante ser minoría y permiten la obcecada mantención de las instituciones de la dictadura y la negativa a legislar sobre materias que benefician a las grandes mayorías.
La especial misión de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de ser garantes de la institucionalidad y las escasas atribuciones del Congreso en ciertas materias, conforman un muro infranqueable que parecía asegurar plenamente la seguridad nacional, eliminándose así todos los supuestos demonios: los partidos, la demagogia, el libertinaje, el marxismo, los políticos, la corrupción y otros gran des males que destruirían el alma nacional.
Si a todo esto se añadía que el Presidente de la República de la época ejercía, además, la Comandancia en Jefe del Ejército, estamos en presencia, en consecuencia, de la seguridad total y permanente.
Pero la historia es imprevisible y no se puede asegurar. Vinieron los plebiscitos de 1988 y 1989, las elecciones, y la pétrea e inconmovible Constitución, que ni siquiera se había aplicado en toda su integridad, debió modificarse a instancias del impulso popular.
Para nosotros, la democracia no es sólo un medio, como se afirma, o se afirmaba por algunos, sino una filosofía, un estilo, una forma de vida, en la cual se cree o no. Ella se practica o no se practica. No es desechable como algunos piensen, de manera que sea posible tirarla como un artefacto inservible cuando las cosas se ponen difíciles.
A las tareas de perfeccionar la democracia, no renunciaremos jamás. La Derecha podrá retrasar el curso de las transformaciones, pero al cabo deberá rendirse a los dicta dos de la razón y del pueblo. No abdicaremos para constituir un Parlamento enteramente elegido y por medio de un sistema electoral proporcional que establezca la auténtica representación democrática, para lo cual deberán desaparecer los Senadores designados y el sistema binominal, que pervierte la voluntad popular.
No descansaremos hasta restablecer la supremacía del poder civil, entregando al Presidente de la República sus históricas prerrogativas en materia de política de defensa y conducción de las Fuerzas Armadas, en particular, para los nombramientos, ascensos y retiros de los generales y almirantes, así como para nombrar y remover a los coman dantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
Siempre será fundamental para nosotros recrear el necesario equilibrio entre los pode res del Estado, sobre todo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional.
Será nuestra tarea permanente en materias fundamentales de discrepancias que sea consultado el pueblo a través de plebiscitos, incluso, para establecer la iniciativa popular en materias legales.
Es primordial para la Democracia Cristiana modificar la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional, para que se atenga al debido control constitucional de las normas legales. Nuestra tarea es acometer la elección directa de los alcaldes, como asimismo la agilización de los procedimientos legislativos y el control adecuado de los actos del Gobierno.
La perfección de las reglas fundamentales para la defensa de los derechos humanos es un fundamento moral de nuestro pensamiento y acción política, que penetra toda nuestra institucionalidad, y sobre la cual basaremos siempre nuestra acción en el ejercicio del Gobierno o del Parlamento.
La Derecha se equivoca si cree haber obtenido pequeñas victorias. Sería preferible que se dé cuenta quiénes son y cuántos son sin los subsidios ni las ayudas electorales de la ingeniería política del régimen autoritario. Seremos incansables y persistentes en esta patriótica tarea de transformar la Constitución.
Tampoco causará fatiga en nosotros el argumento de que estas modificaciones son meramente políticas y no tienen efectos concretos en la vida de la gente, puesto que, perfecta mente, es demostrable que sí lo tienen.
Si con un 34 por ciento de la votación se empata con el que obtuvo el 66 por ciento, se alcanza un poder sobredimensionado. Si se obtiene una mayoría en el Senado, producto de la voluntad popular, ella es destruida por los designados. Si la votación de la Concertación tiene menos ponderación que la de la Oposición, es por efecto de los quórum constitucionales. A todo lo anterior se agrega la presencia del Tribunal Constitucional. Así, frente a un proyecto de conveniencia nacional, el primer efecto es tratar de lucir este poder institucional y anunciar que se votará en contra. Y a partir de ahí, negociar para dar o conceder lo que buenamente se quiere compartir.
En verdad, la llamada política de los consensos es más bien una voluntad forzada por este poder sobredimensionado. Así se aprobaron en el pasado parciales reformas tributarias, que significaron mejoras de infraestructura para la gente; pero que no rindieron los ingresos que se esperaban, retrasando así la superación de la pobreza.
Este mismo poder sobredimensionado ha generado el rechazo de importantes proyectos para la gente. Por ejemplo, la fijación del límite máximo de las patentes comerciales en 4 mil unidades tributarias mensuales, que impide que 300 empresas grandes, privilegiadas de este país, paguen proporcionalmente sobre su capital real, se traduce en menos ingresos y obras para los municipios.
Ese poder sobredimensionado también está presente cuando se fija un impuesto a la renta en un 15 por ciento en lugar de un 20; cuando la negociación colectiva es limitada, y deja afuera a miles de trabajadores chilenos que no pueden superar los ingresos mínimos; cuando se limita las indemnizaciones de lo trabajadores por despidos injustificados a un máximo de once meses, cualquiera que sea el número de años trabajados; cuando se rechaza establecer la responsabilidad solidaria entre contratistas y subcontratistas, dejando en la indefensión a los trabajadores; cuando se rechaza la creación de un fondo de desarrollo telefónico para sectores rurales; cuando se atomizan las juntas de vecinos al autorizar su creación por un número indefinido en cada unidad vecina; cuando se favorece a 60 mil accionistas de bancos si es que son 60 mil, porque hoy creo que son mucho me nos a fin de que sigan capitalizándose mientras los chilenos no recuperan los 4.500 millones de dólares que el Estado prestó al sistema financiero, mientras éstos rematan los bienes de los pobres, sin que se le den 40 años para pagar.
El lavado de dinero, según el Tribunal Constitucional, tiene protección en nuestra Carta Fundamental, de modo que se impide el examen de las cuentas corrientes de los narcotraficantes por parte del Consejo de Defensa del Estado.
Podríamos citar muchos otros casos, en salud, vivienda y educación, en que ese poder sobredimensionado determina que haya me nos recursos para la gente en esas áreas.
Las reformas constitucionales son, en consecuencia, una cuestión de dignidad tan importante para el pueblo, que muchos de los propios personeros de la Derecha han expresado en múltiples oportunidades su intención de llevarlas adelante, lo que reconocemos. Pero los nostálgicos del régimen autoritario y los que no quieren perder este feudo, poder regalado por la Constitución de 1980, reduce a polvo tan buenas intenciones.
Llamamos, pues, al país la atención sobre la importancia de tales reformas, sin las cuales no podrá funcionar una democracia real, compartiendo equitativamente los logros económicos que Chile, con el esfuerzo de todos, ha realizado.
He dicho.
Aplausos.
VENTA POR CEMA-CHILE DE LA ESCUELA REGIONAL DE ARTESANÍA DE LA COMUNA DE PURRANQUE (Décima Región).
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes .
El señor REYES.-
Señor Presidente, quiero referirme a temas de mi distrito: Purranque y Puerto Varas.
En primer lugar, me hago eco del profundo malestar existente entre los vecinos y habitantes de Purranque por la decisión de esa famosa entidad conocida como Cema-Chile, de proceder a la venta de inmuebles e instalaciones de la Escuela Regional de Artesa nía de la comuna, establecimiento adquirido por dicha entidad a título gratuito durante el régimen militar y que para su puesta en marcha, habilitación y funcionamiento, ha requerido del apoyo y la colaboración de la comunidad, que siempre ha respondido generosamente.
Los purranquinos siempre entendieron que se trataba de un establecimiento incorpora do al patrimonio común, que por razones de operación y de gestión, en su tiempo, fue tras pasado a Cema-Chile, la cual lo mantendría en funcionamiento permanente para la formación y capacitación de los jóvenes de la región.
Ahora, ocurre que Cema resuelve vender el establecimiento al mejor postor dejando atrás compromisos asumidos y, en el fondo, faltando el respeto a la comunidad de Purranque al pre tender lucrarse y obtener beneficios económicos de algo que obtuvo graciosamente.
El alcalde de la comuna ha planteado la posibilidad de que el municipio se haga cargo del establecimiento, pero se ha encontrado con la cerrada negativa de Cema para hacer posible dicho traspaso, con lo que se arriesga a que Purranque, la región, pierdan definitivamente un establecimiento creado con objetivos superiores.
Dejo constancia de este hecho y me sumo al categórico rechazo que ha manifestado la comunidad de Purranque frente a una decisión tan arbitraria como injusta.
DESTINACION DE "GRAN HOTEL PUERTO VARAS", COMUNA DE PUERTO VARAS (Décima Región). Oficio.
El señor REYES.-
Presidente, solicito que, en mi nombre, se remita oficio a la Ministra de Bienes Nacionales a fin de que se dé solución al problema que afecta en este instante al inmueble denominado "Gran Hotel Puerto Varas", de la comuna de Puerto Varas, a pesar de haber sido recuperado por el Fisco después de un largo juicio, hasta el momento no se le ha dado final.
La municipalidad planteó la posibilidad de que sea traspasado al patrimonio comunal para que se haga cargo de su administración median te el sistema de concesión a privados, posición a la cual he dado mi respaldo después de haberlo conversado con las autoridades regionales y comunales, pero Bienes Nacionales todavía no toma una decisión definitiva.
Reitero mi petición de solicitar a la Ministra de Bienes Nacionales que, dado el tiempo transcurrido, acepte el planteamiento formulado por el municipio de Puerto Varas, para que el Gran Hotel le sea traspasado en comodato o en propiedad, a fin de entregarlo posteriormente en concesión a particulares.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviarán los oficios en los términos solicitados por Su Señoría, con la adhesión del Comité de Renovación Nacional.
ENDEUDAMIENTO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA SÉPTIMA REGION. Oficio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alvarez-Salamanca .
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, quiero pedir que se oficie a la Contraloría General de la República, con el objeto de que nos informe a cuánto asciende el endeudamiento de las municipalidades de la Séptima Región, al 31 de diciembre.
MODIFICACION DE CRITERIOS APLICADOS POR INDAP. Oficio.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie al Ministerio de Agricultura, con el objeto de que el Indap modifique dos criterios que está aplicando en estos momentos:
a) A los agricultores que adquieren insumos a través de los criterios que les otorga el Indap se les obliga a compararlos en los establecimientos comerciales que ellos indican. Conside ro que debiera darse al agricultor la posibilidad de adquirirlos donde más le convenga.
b) Sería conveniente que el Indap modificara el sistema de otorgamiento de bonos de asistencia técnica, los cuales, en la actualidad, son entregados a empresas ligadas con dicha institución del Estado. Creo que lo lógico es que en lo futuro sean entregados a los agricultores beneficiarios del instituto, a fin de que ellos busquen las personas, los técnicos, los especia listas que los asesoren en sus trabajos agrícolas.
ANTECEDENTES SOBRE REPARACION DE TRANQUE "EL BOLSICO", COMUNA DE RIO CLARO. (Séptima Región). Oficio.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, en abril del año pasado, el Intendente Regional llamó a concurso para la reparación del tranque denominado "El Bolsico", comuna de Río Claro, que quedó mal construido. La referida autoridad señaló públicamente que las obras estarían terminadas en tres o cuatro meses, pero a más de uno de ese llamado a concurso aún no se sabe cómo se va a reparar el tranque, situación que afecta a numerosos pequeños campesinos de esa zona cordillerana de la provincia de Talca.
Ruego que se oficie al Intendente de la Séptima Región, para que informe en qué trámite está la reparación o supuesta reparación del tranque " El Bolsico ", en la comuna de Río Claro.
AMPLIACION DE CONSULTORIO DE SAN CLEMENTE (Séptima Región). Oficio.
El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-
Señor Presidente, he sabido que pronto se llamaría a concurso para la ampliación del consultorio de San Clemente, en la provincia de Talca. Los trabajos solo consultarían nuevas salas de atención de público y de espera, pero no laboratorio clínico ni salas con camas, que son necesarias dado que se atiende a más de 40 mil personas.
Deseo que se oficie al Intendente de la Región, en el sentido de que se modifique el llamado a concurso para la ampliación del consultorio de San Clemente, en la provincia de Talca, de la manera indicada.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
Con la venia de la Sala, pasará a presidir accidentalmente el Diputado señor Arancibia.
MEJORAMIENTO DE LA LEY DE LA CARNE. Oficio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen .
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, la ley de las carnes está vigente a contar del 1° de enero de 1994. Sin embargo, desde hace varios meses los productores han expresado por diversos medios una especie de resistencia a los mecanismos establecidos, porque han observado efectos económicos negativos para el sector agropecuario, entre otras por las siguientes razones:
a) Incumplimiento de la ley y su reglamento, por la inexistencia de una fiscalización adecuada;
b) Importación de carnes no tipificadas;
c) Inconvenientes causados por normas incompletas de tipificación;
d) Distorsiones causadas por efectos de una tipificación realizada a nivel de carnes en vara caliente;
e) Desconocimiento de los consumidores de la ley de las carnes debido a los escasos recursos asignados por el Estado para su difusión y materialización;
f) Inexistencia de sistema confiable de certificación que asegure la correcta tipificación de carne importada en los países de origen;
g) Ineficacia de la ley para incentivar la demanda de carnes, y
h) Problemas ocasionados por la interpretación de la obligatoriedad dada a la ley.
Parece conveniente explorar la alternativa de considerar empresas internacionales de certificación de calidad a nivel de los países de origen de las exportaciones de carnes des tinadas a nuestro país, para asegurar a los importadores chilenos que se cumple con las normas de tipificación chilenas, ya que es muy difícil verificarlo después.
También es bueno pensar en introducir modificaciones a las normas chilenas referidas a la tipificación de carnes, en el sentido de que ésta debería realizarse en frío y no en caliente como es actualmente, para introducir nuevos parámetros, como el color del músculo y de la grasa, la medición del ojo del lomo y la conformación de la canal.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno para apoyar la transformación de la agricultura entregadas a la opinión pública el 24 de marzo recién pasado, no aparecen pro posiciones para perfeccionar la ley de la carne.
Por lo anterior, agradeceré dirigir oficio al Ministro de Agricultura, a fin de solicitar por su intermedio que el director del SAG tenga a bien informar las estadísticas de 1994 referidas al beneficio de bovinos, a la importación de carne tipificada por países de origen, a la comercialización de carne tipificada nacional, indicando los porcentajes por categoría de carnes y los demás antecedentes relacionados con la materia.
Igualmente, solicito que copia de esta intervención sea enviada al Ministro de Agricultura, para que se sirva informar su opinión sobre las materias planteadas; su existe iniciativa del Ejecutivo para corregir y perfeccionar la ley de la carne y de su reglamento; si existen intenciones de modificar de alguna forma la certificación internacional de calidad y de adecuar los mecanismos para mejorar la fiscalización, tanto de carnes nacionales como importadas.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado en la forma señalada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Alvarez-Salamanca, Galilea y Rodríguez, don Claudio.
FALTA DE MÉDICO LEGISTA EN SAN FELIPE Y LOS ANDES. Oficio.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Claudio Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ (don Claudio).-
Señor Presidente, hace algunas semanas dos familias de Aconcagua debieron vivir el dolor de perder a uno de sus integrantes. Sin duda, hechos como éste se viven a diario y constituyen parte natural del ciclo de vida. Sin embargo, las circunstancias que ocurrieron con posterioridad a tales hechos remecieron la con ciencia de los aconcagüinos y generaron una profunda sensación de desamparo e impotencia.
En efecto, en dicha ocasión tuvimos la triste oportunidad de ver como esas dos familias debieron, cada una en forma separada e independiente, no sólo soportar el dolor de la desaparición de sus parientes, sino que además soportar el dolor y la impotencia de ver transcurrir las horas sin que les fuera posible recuperar los restos de sus seres queridos, como consecuencia de que aún no se les había practicado la autopsia de rigor, a pesar de lo ordenado por el tribunal.
El hecho plantea, una vez más, una cuestión de fondo: la carencia en las provincias de Los Andes y San Felipe de un médico legista de planta encargado de realizar este tipo de exámenes, situación que se prolonga desde el mes de octubre de 1992.
Hasta ahora, cada vez que se ha requerido por parte de los tribunales la práctica de este tipo de pericias, ha sido necesario recurrir al expediente de designar a un profesional ad hoc, mecanismo que produce dilaciones y tropiezos en su ejecución.
Es fácil concluir que la forma en que durante este período ha operado el servicio no sólo agrava el dolor de quienes sufren la pérdida de un ser querido y constituye una falta de respeto a la dignidad de la persona, aun después de su muerte, sino que además ocasiona serios problemas a una eficiente y equitativa administración de justicia.
Hace poco menos de un año planteé este problema a la señora Ministra de Justicia. Compartió conmigo la gravedad del mismo y señaló mediante oficio que dicho ministerio, en conjunto con el Servicio Médico Legal, se encontraba estudiando una serie de alternativas tendientes a implementar su adecuada infraestructura en Aconcagua.
Dicha iniciativa, de llevarse a cabo, cierta mente contribuiría a dar solución a una parte del problema a que he hecho alusión, porque seguirá faltando un médico legista de planta.
Según los antecedentes que sobre el particular he reunido, existe disponibilidad de recursos para la contratación de especialistas de esta naturaleza, pero a pesar de haberse llamado en reiteradas ocasiones a concursos, ha debido ser declarado desierto por ausencia de postulantes. ¿A qué se debe esta situación? Simplemente a que las remuneraciones que se ofrecen no tienen relación con el cargo a desempeñar, ni menos con la responsabilidad que implica.
Ha de ponerse término a esta solución, porque no es posible que familias que ven desaparecer a uno de sus integrantes, además, deban estar expuestas a la insensibilidad de algunos profesionales ad hoc que se niegan a practicar el examen con la urgencia que el caso requiera.
Por ende, a pesar de lo infructuosos que han resultado hasta ahora, los llamados a concursos deben continuarse, aunque, por cierto, con una oferta de remuneraciones acorde con la realidad que el cargo exige y motive postular.
En razón de lo anterior, solicito enviar oficio, en mi nombre, a la Ministra de Justicia, con copia de mi intervención, a fin de que tome debido conocimiento de la situación y adopte a la brevedad las medidas que sean necesarias para dar pronta solución a una problemática que afecta a los habitantes de dos provincias.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
ALCANCE A EXPRESIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, son injustas y no corresponden a la verdad las aseveraciones que hizo el Presidente Frei en la Población Santa Julia, cuando señaló que el proyecto sobre juntas de vecinos ha tardado más de cinco años por responsabilidad del Parlamento.
La urgencia, es decir, el tiempo que tiene un proyecto para ser despachado, la pone el Presidente de la República.
El proyecto sobre juntas de vecinos fue presentado por el Ejecutivo y, por lo tanto, elaborado y confeccionado por él. Su texto original contiene serios errores conceptuales y constitucionales, lo que nos obligó, incluso, a recurrir al Tribunal Constitucional. De lo contrario, la gran mayoría de las juntas de vecinos no podría constituirse.
Lamento que el Presidente Frei , además de incurrir en errores de técnica legislativa, colabore en la campaña de desprestigio del Congreso al señalar que no nos preocupamos de los problemas de la gente.
Obviamente, sus conceptos, también equivocados e injustos, son consecuencia de la apreciación infundada anterior, producto de un impulso no querido, populista, que se produce al tener un esporádico contacto con aquellos que más necesitan, como son los pobladores y las personas más desposeídas.
Quiero señalar nuestra más enérgica pro testa por las apreciaciones y conceptos vertidos por el Presidente de la República, porque no corresponden a la verdad. Lo invito a él y al Ministro del Interior a que estudien y vean la historia del establecimiento de la ley de juntas de vecinos, para que se den cuenta de que realmente están en un error garrafal. Las juntas de vecinos han sido una permanente preocupación de nuestro partido y de todos sus Diputados y Senadores.
Por lo tanto, tratar de justificar errores propios del Ejecutivo a costa del prestigio del Parlamento, no me parece adecuado.
He dicho.
FISCALIZACION DE CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE MAGALLANES. Oficios.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente, que fue ocupado por la presentación de un texto escrito del Diputado señor Karelovic .
El Señor KARELOVIC .-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero dar a conocer una situación que golpea duramente a centenares de trabajadores magallánicos y a sus familias. Se trata de las pésimas condiciones de trabajo en que, algunas empresas contratistas de la Enap Magallanes, mantienen a sus trabajadores.
En una reciente visita a los campamentos del sector de Posesión, distante unos 250 kilómetros al este de Punta Arenas, casi en la frontera con Argentina, pudimos comprobar que, por ejemplo, en el Campamento de la empresa " Oscar Violic ", la alimentación no es suficiente, los alojamientos carecen de comodidades mínimas, como baño adecuados a la cantidad de personas que trabajan allí o colchones y ropa de cama.
Más aún, por la vía del cambio de la razón social los empleados cada cinco o seis meses, se burla a esos trabajadores la posibilidad de hacer uso de su legítimo derecho a vacaciones.
Por otra parte, pude comprobar que la empresa " Mario Mancilla ", paga sueldos miserables, aún por debajo del monto mínimo y aunque las condiciones en que su personal labora, subsiste el aislamiento de trabajadores muy jóvenes, que deben trabajar decenas y decenas de horas extraordinarias para acceder a sueldos de sesenta y cinco mil pesos.
Cierto es que hay otras empresas como la del contratista Aquiles Gallardo y una filial de Córpora que sí respetan los derechos de los trabajadores; han incorporado beneficios sociales y lo mantienen laborando en condiciones dignas. Pero son excepciones.
Por ello, señor Presidente, pido a esta Cámara de Diputados el envío de oficios a los servicios del Trabajo, a fin de que sus inspectores se constituyan sin previo aviso en esos campamentos y cumplan con el deber que les fija la ley y que la comunidad magallánica exige.
También pido que se oficie a la Enap Magallanes para que sus inspectores se hagan presente en esos campamentos y hagan efectivas las disposiciones del Reglamento vigente y que se refiere a las empresas contratistas de esa Empresa.
De esa manera, señor Presidente, estaremos resguardando los legítimos intereses de los trabajadores y sus familias, favoreciendo su radicación en una región que necesita poblarse para asegurar nuestra soberanía y garantizarles un futuro digno y estable.
Así también, la Enap Magallanes, que ha logrado bajar sus costos en forma significativa por la vía del empleo de contratistas, asegurará la presentación de servicios de buen nivel y con garantías adecuadas, y determinará en un futuro cercano cuáles empresas contratistas se atienen a las normas vigentes y si podrán postular nuevas licitaciones si no dan cumplimiento al marco legal que el país ha fijado.
Así, señor Presidente, se hará justicia con Magallanes y su gente, tan postergada por el oficialismo tan centralista y que, por mi intermedio, le recuerdo a esta Cámara y a este país, que también somos chilenos y que la Patria llega hasta el polo sur y no hasta Puerto Montt.
He dicho.
DECLARACION DE EX SENADOR DE LA REPÚBLICA.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a declaraciones del ex Senador don Sergio Onofre Jarpa , que no sólo considero inoportunas, sino que revisten cierta gravedad.
Evidentemente, como cualquier ciudadano, él tiene perfecto derecho a volver a la política activa, a pesar de que nunca se ha apartado de ella. Todos reconocemos que representa a un sector importante de la Derecha chilena. Sin embargo, ha justificado su decisión en una serie de condiciones que, a mi juicio, no corresponden a la realidad.
En primer lugar, ha sostenido que el país atraviesa por una crisis muy profunda, especialmente de orden moral, que afectaría a los partidos políticos y al Parlamento.
En segundo lugar, ha sostenido que habría un ascenso creciente y una influencia preponderante de lo que llama las fuerzas socia listas, que él considera no renovadas y, por lo tanto, reiterativas de posiciones que hubo en el pasado; que este cuadro se parecería mucho, en su concepto, al que vivió el país el año 1969 y, por eso, ha sostenido que es necesario que se movilicen los gremios, como se movilizaron en su época, para defender lo que, a su juicio, son legítimos intereses.
Estas afirmaciones del ex Senador Jarpa, descalificativamente para muchos partidos políticos y, al mismo tiempo, alarmistas respecto de la situación del país, porque, desde el punto de vista económico, está ordenado y progresa; desde el punto de vista social, no hay grandes conflictos sociales, y desde el punto de vista de las instituciones, ellas funcionan sin ningún tropiezo.
Estas afirmaciones del ex Senador señor Jarpa no sólo son inoportunas, sino que, de alguna manera, contribuyen aunque tal vez no lo quiera a crear un cierto clima de desconfianza y de insatisfacción frente al funcionamiento del régimen político. También ha hablado de que se estarían socavando las bases del sistema presidencial de Gobierno. Es curioso que esto ocurra a pocas semanas de que la Corte Suprema emita un fallo histórico respecto de la responsabilidad penal de quienes dirigieran el principal aparato represivo del régimen militar.
Si a ello se suman no digo concertado con el ex Senador señor Jarpa las declaraciones de Alvaro Corbalán, quien ha dicho que en el país el único aire limpio se respira en los cuarteles; las declaraciones del hijo del ex General Contreras, quien pretende descalificar a los abogados que defienden los derechos humanos, no hay duda de que se puede generar en el país una atmósfera que no es la que queremos, porque los Partidos de la Concertación, con el respaldo del Gobierno del Presiden te Frei, han decidido abrir un diálogo con la Oposición respecto de una agenda de bien público, para producir reformas en los campos económico, social y político, que vayan en el sentido de la modernización del país y de la justicia social. No es el momento de los descalificativos generales; no es el momento de las confrontaciones del pasado; no es el momento de vaticinar crisis que no existen.
Por eso, y por la trascendencia que el ex Senador señor Jarpa tiene en la vida nacional, sobre todo en la vida de su partido, es importante llamar a la reflexión a los colegas parlamentarios y a la opinión pública en general sobre sus aseveraciones, porque él tiene que medir también la responsabilidad de sus dichos. No cualquiera cosa se puede decir impunemente. No se puede sostener que el país esté en las mismas condiciones de finales del Gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Montalva . Han pasado casi treinta años y creo que el país ha aprendido las lecciones tan duras del pasado, y creo puedo equivocarme que estas actitudes, un tanto alarmista, del ex Senador señor Jarpa no van a encontrar oído fértil, ni siquiera en los gremios a lo cuales él pretende apelar, porque, entre otras cosas, hoy se encuentran más bien preocupados de la producción, de la inversión, del ahorro y del trabajo productivo, y no ven que en el horizonte económico del país, se avecine una crisis de la magnitud que él señala.
No quiero negar y con esto termino esta parte que en el país hay problemas como dice el ex Senador en la educación, en la salud, etcétera, pero esos problemas están acotados.
DIFICULTADES A HIJOS ILEGÍTIMOS PARA ACCEDER A CRÉDITO UNIVERSITARIO. Oficio.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, quiero muy brevemente ya que Su Señoría no lo puede hacer porque está presidiendo, decir a la Honorable Cámara que el Diputado señor Arancibia , alarmado por el hecho de que existen muchas denuncias de que a hijos ilegítimos se les ponen dificultades para obtener el crédito universitario o las becas para ingresar a la educación superior, solicita que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de que informe si existe tal anomalía, y de que, si existiera, se corrija a la brevedad, porque nadie puede ser discriminado.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría en nombre del Diputado Arancibia , con la adhesión de los Diputados señores Ortiz , Viera-Gallo y señora Allende.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA SEQUÍA EN CUARTA REGION. Oficio.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Diputada señora Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, adhiero enteramente a las palabras expresadas por mi colega José Antonio Viera-Gallo por la atmósfera de preocupación que se está creando en este país, sobre todo por el fallo próximo, que de una vez por todas establecerá la real responsabilidad del General Contreras.
En segundo lugar, señor Presidente, he sido recurrente en expresar mi inquietud en esta Cámara por un problema que afecta a la Cuarta Región, especialmente a las provincias de Limarí y Choapa. Me refiero a la gravísima sequía que ya se ha prolongado por dos años, la cual se ha traducido en pérdidas superiores a los cinco mil millones de pesos, que ha afectado a más de 10 mil familias y que, lamentablemente, ha aumentado el círculo de la pobreza en los campesinos del sector secano.
Por eso, me permito solicitar que el Gobierno se sirva reconsiderar o reevaluar la posibilidad de declarar zona de catástrofe algunas localidades y comunas completas de la Cuarta Región, con el objeto de obtener más recursos para ir en ayuda de la gente que realmente la requiere.
Finalmente, señor Presidente, por su intermedio, solicito que se oficie al Presidente de la República para que estudie la posibilidad de que Indap condone las deudas de estos campesinos del sector secano no sólo de la Cuarta Región sino también en las Regiones Tercera y Quinta, que también están afectados por esta gravísima situación.
Asimismo, espero que el Presidente de la República, cuando tenga a la mano los resultados de los estudios sobre la reserva hidrográfica del Choapa, puede avanzar en proposiciones y soluciones tendientes a resolver el grave problema de la sequía mediante inversiones importantes en riego.
He dicho.
El señor ARANCIBIA (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 13:38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redación de Sesiones
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de las Diputadas señorita Saa, señoras Worner, Rebolledo y Aylwin, y de los Diputados señores Valenzuela, Ortíz, Montes, Viera-Gallo y Ávila.
MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DEL D.F.L. N° 4, DE 1981, DE EDUCACIÓN, SOBRE FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR RECONOCIDAS POR EL ESTADO (boletín N° 1565-04).
El presente proyecto de ley se basa en los fundamentos contenidos en el informe entregado a su Excelencia el Presidente de la República el pasado 26 de diciembre de 1994 por la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación. En este informe se indica: "EL PRINCIPAL DESAFÍO DE CHILE ES LLEGAR A UN ESTADO DE DESARROLLO DONDE
PUEDA ASEGURAR UNA EFECTIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD NACIONAL. LA MÁXIMA PRIORIDAD ES PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS".
Consecuente con los fundamentos inspiradores del citado informe se propone modificar el ARTÍCULO N° 3 del Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del 14 de enero de 1981 que estableció que" ... a partir de 1982, el Estado otorgará a las universidades y a las entidades de educación
superior, anualmente, un aporte fiscal por cada uno de los veinte mil mejores alumnos que se matriculen en ellas en su primer año de estudio. Se considerará que los veinte mil mejores
alumnos son aquellos que han logrado un puntaje en la P AA que los ubique dentro de los veinte mil primeros lugares de la lista de alumnos que hayan rendido dicha prueba para' el año respectivo y se matriculen en las universidades o entidades de educación superior ... ". Las modificaciones experimentadas por este cuerpo legal no han cambiado su esencia, la que en síntesis consiste en afirmar que en Chile los mejores alumnos/as son aquellos/as que han logrado un puntaje en la PAA que los/as ubique dentro de los 20.000 primeros lugares. Modificaciones posteriores elevaron esta cifra a los 27.500 mejores puntajes.
La reacción de las universidades tras la creación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), fue elevar la ponderación de la P AA muy por encima de los límites académicamente recomendables. Es así, como en 1979 la ponderación otorgada a la PAA era de un 42,9% y en 1982 paso a ser un 60,4%.
El incremento de la ponderación de la P AA se hizo mayoritariamente a costa de disminuir la ponderación de las notas, con efectos perjudiciales para la educación media y superior. En el proceso de selección universitaria correspondiente al año 1995, el promedio de notas fue ponderado en sólo un 23,4%, cifra que supera en 3,4 puntos al mínimo de un 20% exigido.
La baja ponderación del rendimiento escolar origina una fuerte desmotivación entre los o las profesores/as, alumnos/as y sus fa educación, particularmente a la educación media. Muchos de ellos intuyen que el trabajo sistemático y responsable de los cuatro años de educación media es inútil, pues el futuro profesional está determinado, casi exclusivamente, por los puntos que obtendrán en una prueba nacional única que deberá rendir algún día al finalizar la educación media. Lo anterior es especialmente cierto en la modalidad científico-humanista, la cual apunta casi exclusivamente hacia la universidad; en estos establecimientos se ha llegado al extremo de dedicarse principalmente en el último año a preparar a sus alumnos para la P.A.A.
La desmotivación inducida por la subvaloración de la educación media es aún mayor en la enseñanza municipalizada y subvencionada donde, salvo excepciones, existe un clima organizacional pesimista respecto a las expectativas de éxito en la P.A.A. Una muestra de lo justificado del pesimismo es que en el año 1992 se comprobó que lo más probable estadísticamente es que el mejor alumno/a de un colegio particular pagado obtenga 710 puntos mientras que el/la mejor alumno/a de uno municipalizado o subvencionado obtenga sólo 550 puntos. Los 160 puntos de diferencia son una barrera insalvable para quien, a pesar de ser el o la mejor alurnno/a en el grupo de sus pares, no pudo pagar una educación de calidad. Si la ponderación de notas hubiese sido la que existía previo a la creación del AFI es muy probable que ambos/as alumnos/as hubiesen ingresado a la Universidad y, como explicaremos más adelante, serían excelentes alumnos/as universitarios/as y excelentes futuros/as profesionales.
Los efectos laterales de la desmotivación por el estudio en los medios más pobres son dramáticos: el abandono escolar es una consecuencia directa de la desmotivación y con ello el crecimiento de la alta tasa de deserción y, paralelamente, del alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia.
Al utilizar ponderaciones influenciadas por factores económicos más que académicos, las universidades seleccionan a alumnos/as que si bien ingresan a ellas, fracasan en una importante proporción.
El fracaso en los primeros niveles ha inducido a las universidades a aumentar los cupos de sus carreras, de modo de elevar, por este medio, el número de egresados/as y, simultáneamente incrementar las posibilidades de captar ingresos fiscales por concepto del AFI: la selección inadecuada de quienes ingresan a las universidades es un factor clave de la baja eficiencia y productividad de la educación universitaria chilena. La frustración causada a quienes "fracasan" y son eliminados/as de las universidades es un costo adicional de indeterminadas proyecciones.
En el año 1989, el61 % de los postulantes con los mejores 5.500 puntajes en la PAA pertenecían a la Región Metropolitana, aun cuando el 41 % de los postulantes a las universidades pertenecían a esta región, demostrando que el mecanismo utilizado para la distribución del AFI es discriminatorio para las universidades regionales.
En consecuencia, la definición de "buenla alumno/a" que aparece en el DFL N° 4 de 1981 debe fundamentarse en un antecedente académico equitativo, que sirva como elemento motivador para los alumnos/as, padres y profesores/as de la educación media; que prediga el éxito
en la educación superior, de modo de aumentar su eficiencia y productividad y que contribuya a que el AFI se distribuya en forma equitativa entre las regiones.
Los estudios realizados en los últimos 25 años han demostrado que el antecedente académico que mejor predice el rendimiento de los/las alumnos/as universitarios/as es el rendimiento en la Educación Media: el/la buena alumno/a en la Educación Media continúa siendo buena alumno/a en la Universidad.
Aún cuando se pudiera desprender que la definición de "buena Alumno/a" debiera basarse, entonces, en las notas de la Educación Media, esto no es así. En efecto, es imposible que los profesores de distintos colegios utilicen los mismos criterios para calificar a sus alumnos/as; por el contrario, es esperable y perfectamente natural que el mejor promedio de notas de cada colegio sea distinto. Por ejemplo, en un colegio ellla mejor alumno/a puede tener un promedio 6.1 y en otro establecimiento un 6.8, correspondiéndoles puntajes estándar de 630 y 770 puntos respectivamente; esto es, según la escala de transformación de las notas usada en 1994, válida sólo para ese año y para los colegios científico-humanistas, que se muestra en el ANEXO 1.
La diferencia de puntaje entre ambos promedios es ciertamente injusta para los o las postulantes, aunque inevitablemente, dado el procedimiento utilizado para calcular el puntaje estándar asociado a las notas.
Sin embargo, si el rendimiento académico en la educación media se determina sobre la base del "puesto" -ordenado según las notas- transformándolo en puntaje estándar de una curva normal, de promedio 500 y desviación estándar 100 (tal como se hace para la PAA y pruebas
específicas) el puntaje dependerá únicamente del lugar que logre el/la alumno/a en el grupo de sus pares y del tamaño del grupo, tal como se resume en el ANEXO II. Por ejemplo, al primer puesto de todos los establecimientos del país de los cuales egresan 40 alumnos/as le correspondería 716 puntos, cualquiera sea su promedio de notas, en cambio al/la mejor alumno/a de los colegios que licencian 30 alumnos/as le correspondería 704 puntos. Ser el/la primero/a en un grupo de 40 es menos probable -más difícil- que serlo en un grupo de 30, consecuentemente el puntaje estándar resulta mayor en el primer ejemplo que en el segundo.
Los/las alumnos/as que tengan el lugar número 20 entre 40, o 15 entre 30, o 45 entre 90, o 450 entre 900 tendrán en todos los casos 500 puntos, pues la curva de distribución de puntajes se centra en 500.
Por otra parte, y aun cuando la ponderación de las notas apenas supera el mínimo del 20% acordado por el Consejo de Rectores, muchos colegios han cedido paulatinamente a las presiones
de los padres y apoderados para que suban las notas, como una forma de aumentar las posibilidades de sus pupilos/as de ingresar a la universidad: esto ha llevado a que las notas hayan subido sin que se observe un crecimiento paralelo de la calidad de la educación. Al utilizar el puntaje estándar asociado al puesto, se eliminan por completo los efectos del aumento injustificado de las notas.
El puesto del alumno/a en el grupo de sus pares es el antecedente académico utilizado en Chile durante décadas para seleccionar a los alumnos/as que ingresaban a las Escuelas Normales y se usa actualmente en prestigiadas universidades extranjeras. Desde hace cuatro años se utiliza en una de las más grandes universidades estatales chilenas, constatándose que quienes son seleccionados/as gracias a que fueron buenos/as alumnos/as en el colegio continúan siendo buenos alumnos en la universidad independientemente de como les haya ido en la P.A.A.
La propuesta de definir a los/as "buenos/as alumnos/as" en base al puntaje estándar asociado al puesto del alumno/a en el grupo de sus pares para distribuir el AFI, es una iniciativa que elimina los elementos regresivos de la actual definición descritos en los párrafos anteriores, al mismo tiempo que mantiene a la P AA Y pruebas específicas como mecanismos de selección universitaria.
CONCLUSIÓN
El puntaje asociado al puesto del alumno/a entre el grupo de sus pares es clave; porque es el único antecedente académico del alumno/a que depende exclusivamente de su esfuerzo individual,
porque es el que mejor predice el rendimiento en la universidad; porque, al ser independiente de la calidad de la educación recibida, es equitativo, porque no depende de los criterios para poner las notas en los distintos colegios; porque es estable a través de los años, y porque los/las buenos/as alumnos/as definidos de acuerdo a este antecedente académico se distribuyen de manera equitativa entre regiones.
Una adecuada ponderación del puntaje asociado al puesto sería un elemento motivador que haría crecer la calidad de la educación media, la equidad en el proceso de selección y la eficiencia y productividad de la educación superior.
La propuesta mantiene la coherencia de la política de financiamiento de la educación superior y del sistema de selección universitaria.
La excesiva ponderación de la PAA origina una gran inequidad en uno de los procesos más delicados de la estructura social de una sociedad moderna, como es el caso de la selección universitaria. De poco o nada servirá que Chile aumente la inversión en la Educación hasta los niveles propuestos en el citado informe, si las Universidades no incrementan la valoración de la Educación Media, principalmente en la modalidad científico-humanista. La falta de esperanza es aún más responsable de la baja calidad de la educación que la falta de medios; la motivación es la clave para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que si no está presente, el proceso no se produce.
Porque la máxima prioridad de Chile es poseer un conjunto de condiciones sociales que favorezcan el desarrollo pleno de la persona por medio de una formación de calidad para todos/as, es urgente e imprescindible modificar la definición de "buena alumno/a" en la forma en que se presenta en este Proyecto.
Las investigaciones, estudios y propuestas presentadas en el presente proyecto han sido realizados por el Decano de Ciencias de la Universidad de Santiago, Francisco Javier Gil y, un equipo de profesores/as y académicos/as de dicha facultad.
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO CON FUERZA
DE LEY N° 4 DEL 14 DE ENERO DE 1981, MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES, SOBRE FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y RECONOCIDAS POR EL ESTADO.
ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3°:
1) Sustitúyese el punto 1, por el siguiente:
"l. El Ministerio de Educación Pública elaborará un listado para cada uno de los establecimientos educacionales cuya enseñanza sea reconocida oficialmente, que incluirá a todos/as sus alumnos/as licenciados/as, ordenados/as de mayor a menor de acuerdo al promedio de notas obtenido en la educación media, determinándose, para cada puesto de dicho listado, el puntaje estándar normalizado en 500 puntos, con desviación estándar de 100.
Hecho lo anterior, el mismo Ministerio elaborará un listado de los/as alumnos/as que habiendo obtenido los 27.500 más altos puntajes, se hayan matriculado en el ler año de estudios, en el año inmediatamente anterior, en las instituciones de educación superior reconocidas por
el Estado, ordenados de menor a mayor de acuerdo con los puntajes asociados al puesto establecido en el inciso precedente.
2) Sustitúyase, en los puntos 2, 5 y 6 letra a) la frase "puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica", por la frase "puntaje asociado al puesto".
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