Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Sergio Espejo Yaksic
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Renzo Aldo Trisotti Martinez
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : David Sandoval Plaza
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Denise Pascal Allende
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Barros Montero
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Barros Montero
- PETICIÓN DE OFICIO : Jose Manuel Edwards Silva
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- PETICIÓN DE OFICIO : Paulina Andrea Nunez Urrutia
- PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Manuel Monsalve Benavides
- PETICIÓN DE OFICIO : Karol Aida Cariola Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Karol Aida Cariola Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- INTEGRACIÓN
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Mario Venegas Cardenas
- Jose Manuel Edwards Silva
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 9729-03)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- INTERVENCIÓN : Fuad Chahin Valenzuela
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN (CONTINUACIÓN)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Silber Romo
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO OCURRIDO EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Pilowsky Greene
- REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 9729-03)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- INCLUSIÓN EN CENSO DE PREGUNTAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE SU CONDICIÓN Y CONTEXTO DE DESENVOLVIMIENTO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Jose Manuel Edwards Silva
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Ernesto Silva Mendez
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Jose Perez Arriagada
- Pablo Lorenzini Basso
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE LA DISCAPACIDAD
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Ernesto Silva Mendez
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Jose Manuel Edwards Silva
- Jose Perez Arriagada
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS EN REGIONES DE VALPARAÍSO, COQUIMBO , LA ARAUCANÍA, LOS LAGOS Y AYSÉN
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Felipe De Mussy Hiriart
- Javier Hernandez Hernandez
- Gustavo Hasbun Selume
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Andrea Molina Oliva
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- David Sandoval Plaza
- Marisol Turres Figueroa
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL SENAMA PARA EJERCER ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Bernardo Jose Berger Fett
- Jorge Rathgeb Schifferli
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Leopoldo Perez Lahsen
- Alejandro Santana Tirachini
- Pablo Lorenzini Basso
- David Sandoval Plaza
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCLUSIÓN EN CENSO DE PREGUNTAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE SU CONDICIÓN Y CONTEXTO DE DESENVOLVIMIENTO
- VII. INCIDENTES
- REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE JARDINES INFANTILES (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INFORMACIÓN SOBRE MONTO TOTAL ADEUDADO A USUARIOS DE ISAPRES (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- Cristina Girardi Lavin
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Pepe Auth Stewart
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Sergio Espejo Yaksic
- Lautaro Carmona Soto
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Vlado Mirosevic Verdugo
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- PREOCUPACIÓN POR EFECTOS DE TRASLADO DE PEAJE ANGOSTURA SOBRE ACTIVIDAD DE PASTELERAS DE COMUNA DE MOSTAZAL (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Rincon Gonzalez
- INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A FONDOS CONCURSABLES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- DESTINACIÓN DE INMUEBLE A CASA DE ACOGIDA DE ADULTOS MAYORES EN OSORNO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Ojeda Uribe
- SOLUCIÓN A DISPUTA DE COMPETENCIA POR INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN LOCALIDADES DE COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE SALUD EN SECTOR BARRIOS BAJOS, EN VALDIVIA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN COMUNAS DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE AFECTAN A CONDOMINIO SOCIAL EL CANELO II, COMUNA DE PUDAHUEL (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Patricio Melero Abaroa
- CREACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES DE APOYO A PRODUCTORES DE TOMATES, CEBOLLAS Y ZAPALLOS DE REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS EN CAMINOS EN REGIÓN DE O’HIGGINS (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA CON VECINOS DE POBLACIÓN GUAÑACAGUA I (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Vlado Mirosevic Verdugo
- INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS PARA PERMISO DE EXPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Alberto Robles Pantoja
- REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE JARDINES INFANTILES (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. ANEXO DE SESIÓN
- COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
- INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES ANOMALÍAS EN DEPARTAMENTO DE SALUD DE VILCÚN (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE CAMINO LOICA-CHADA, COMUNA DE PITRUFQUÉN, PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FAVOR DE VECINOS DE SECTOR LLAMAICO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- MEJORAMIENTO DE CAMINO A MISIÓN ARAUCANA, EN SECTOR DE MAQUEHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN A BENEFICIOS QUE OTORGA LEY SOBRE EXONERADOS POLÍTICOS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN LOCALIDAD DE ÑANCUL, COMUNA DE VILLARRICA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Fuad Chahin Valenzuela
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Cristian Campos Jara
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Jorge Sabag Villalobos
- Matias Walker Prieto
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Claudia Nogueira Fernandez
- Marcela Sabat Fernandez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 71ª, en miércoles 14 de septiembre de 2016
(Ordinaria, de 10.35 a 14.17 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Secretario, el señor Landeros Perki?, don Miguel.
ÍNDICE
XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 11
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA ................................................................................. 15
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 15
REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 9729-03) ............. 15
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL
FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN (CONTINUACIÓN) .................................................. 34
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO
OCURRIDO EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA ..................................................... 43
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 48
INCLUSIÓN EN CENSO DE PREGUNTAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE
SU CONDICIÓN Y CONTEXTO DE DESENVOLVIMIENTO ................................................. 48
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE LA DISCAPACIDAD ................................................ 50
DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS EN REGIONES DE
VALPARAÍSO, COQUIMBO, LA ARAUCANÍA, LOS LAGOS Y AYSÉN .............................. 55
OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL SENAMA PARA EJERCER ACCIONES
JUDICIALES DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES ............................... 57
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 61
REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE JARDINES INFANTILES
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 61
INFORMACIÓN SOBRE MONTO TOTAL ADEUDADO A USUARIOS DE ISAPRES
(OFICIO) .................................................................................................................................... 61
PREOCUPACIÓN POR EFECTOS DE TRASLADO DE PEAJE ANGOSTURA SOBRE
ACTIVIDAD DE PASTELERAS DE COMUNA DE MOSTAZAL (OFICIOS) ............................ 62
INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A FONDOS CONCURSABLES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS) .... 63
DESTINACIÓN DE INMUEBLE A CASA DE ACOGIDA DE ADULTOS MAYORES EN
OSORNO (OFICIO) .................................................................................................................... 64
SOLUCIÓN A DISPUTA DE COMPETENCIA POR INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN LOCALIDADES DE COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO (OFICIOS)....... 65
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE CONSULTORIO DE SALUD EN SECTOR BARRIOS BAJOS, EN VALDIVIA (OFICIO) ... 65
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN
COMUNAS DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS) ....................................................... 66
SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE AFECTAN A CONDOMINIO SOCIAL EL CANELO II,
COMUNA DE PUDAHUEL (OFICIOS) ...................................................................................... 67
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES DE APOYO A PRODUCTORES DE TOMATES, CEBOLLAS Y ZAPALLOS DE REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS (OFICIO) .......................................................................................... 68
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS EN CAMINOS EN REGIÓN
DE O’HIGGINS (OFICIO) .......................................................................................................... 69
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA CON VECINOS DE
POBLACIÓN GUAÑACAGUA I (OFICIO) ................................................................................ 69
INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS PARA PERMISO DE EXPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (OFICIOS)........................................................................................ 70
VIII.- ANEXO DE SESIÓN ....................................................................................................................... 72
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 72
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES ANOMALÍAS EN DEPARTAMENTO DE SALUD DE VILCÚN (OFICIO)............................................................. 72
AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE CAMINO LOICA-CHADA, COMUNA DE
PITRUFQUÉN, PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA (OFICIOS) ... 72
MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FAVOR DE VECINOS DE SECTOR
LLAMAICO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS) ................................................... 73
MEJORAMIENTO DE CAMINO A MISIÓN ARAUCANA, EN SECTOR DE MAQUEHUE,
COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS) ......................................................................... 73
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN A BENEFICIOS QUE OTORGA LEY SOBRE
EXONERADOS POLÍTICOS (OFICIOS) .................................................................................... 73
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN LOCALIDAD DE
ÑANCUL, COMUNA DE VILLARRICA (OFICIOS) .................................................................. 74
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 75
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 6562-07) ............................... 75
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10163-14) ............................. 75
3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ............................. 75
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10482-21) ............................. 75
5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10790-11) ............................. 75
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7543-12) ............................... 75
Pág.
7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7425-15) ............................... 75
8.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10225-07) ............................ 75
9.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10744-04) ......................................................................... 75
10.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10034-04) ....................................................................... 75
11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, ALVARADO, CAMPOS, FUENZALIDA, SABAG, Y WALKER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO, NOGUEIRA, Y SABAT, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CON EL OBJETO DE INCORPORAR LOS DELITOS TERRORISTAS Y LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO, EN LA REGULACIÓN RELATIVA A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA DETENCIÓN Y DE LA PRISIÓN PREVENTIVA”. (BOLETÍN N° 10896-07) ....................................................................................... 75
X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Resolución:
Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de reposición del señor diputado Farcas, don Daniel, respecto de las sanciones establecidas mediante resolución de fecha 18 de mayo de 2016.
2.- Licencia Médica:
Otorgada al diputado señor Espejo
por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día 13 de septiembre de 2016.
Respuestas a Oficios
Ministerio de Salud
Diputado Jackson, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la decisión de no costear por parte de la aseguradora Colmena Golden Cross las prestaciones de salud, pese a encontrarse dentro del plan del afiliado, evaluando la codificación de los tratamientos necesario para implantar un corazón artificial, específicamente el consistente en el sistema de asistencia ventricular (2930 al 18179).
Diputado Urízar, Informar a esta Cámara sobre las actuaciones del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos en la Región de Valparaíso, particularmente sobre el caso de la señora Betty Yolanda Peralta Varas, de la comuna de la Ligua. (2931 al 21833).
Diputado Urízar, Por su intermedio, el señor director de Salud Viña del Mar Quillota, informe a esta Cámara sobre las condiciones y calidad de atención a los usuarios del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos de la provincia de La Ligua, indicando los servicios o especialistas a los cuáles tienen acceso real y de forma regular y cuáles atenciones o servicios determinados por ley, aún no se cumplen. (2932 al 21831).
Diputado Verdugo, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara información actualizada sobre el número de trasplantes realizados en los distintos centros del país, especificando el recinto, órgano trasplantado y el sistema de salud de cada receptor, señalando los criterios médicos y éticos que determinan la prioridad de un paciente en la lista de espera. Asimismo, indique el número de potenciales donantes y donantes efectivos, en los términos que requiere. (2933 al 22189).
Diputado Espinoza don Fidel, Transmite su opinión frente a las declaraciones y gestiones practicadas por el Senador señor Guido Girardi Lavín para que se haga presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley que prohíbe el uso de la leña para calefacción de viviendas en todo el país. (2934 al 2378).
Diputado Meza, Solicita la adquisición de un vehículo habilitado para transitar en todo tipo de terreno, destinado al traslado del personal paramédico al sector de Catripulli, en la comuna de Curarrehue, informando las medidas que se adopten en este sentido. (2935 al 21981).
Diputada Girardi doña Cristina, Requiere informar cuál es la política del Ministerio de Salud en relación con el uso de leche sucedánea para lactantes atendidos por la red pública, particularmente por la aparente contradicción que existiría entre el desarrollo de un plan piloto que incluía fórmulas de inicio en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria con entrega controlada y la compra a través del sistema de licitación pública de 76,8 toneladas de producto sucedáneo a la empresa Danone. (2936 al 22329).
Diputado ROCAFULL, Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el número de pacientes, con datos disgregados por enfermedad, que se encuentren en la lista de espera del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud en la Región de Arica y Parinacota, en los términos que requiere. Asimismo, señale si se han recibido informes desde los Servicios de Salud de Arica y Parinacota respecto a las causas de los retrasos en la atención de pacientes, indicando las medidas que se adoptaron por las instituciones respectivas. (2937 al 22157).
Diputado Urízar, Se sirva disponer una investigación frente a la denuncia por supuesta negligencia médica y cobro considerado indebido e injusto por el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, formulada por la señora Evelyn Cánepa, cuya copia se adjunta, informando a esta Cámara sus resultados. (2938 al 20895).
Diputado Urízar, Tenga a bien esclarecer los hechos vía acción administrativa, indicando el proceso sumarial correspondiente tendiente a esclarecer las circunstancias y responsabilidades si las hubiesen, en el parto de la señora Paulina Alejandra Zúñiga Flores, quien fue trasladada al Hospital de Quillota. (2939 al 21832).
Diputado Mirosevic, Requiere informar las medidas que se adoptarán a fin de evitar situaciones de colapso en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Arica “Doctor Juan Noé Crevani”, como la ocurrida en los últimos días y que significó que los pacientes vieron demorada su atención sin contar con espacios adecuados para su espera. (4047 al 21373).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Silva, Solicita remitir información relacionada con el atraso en la publicación de los resultados de la Encuesta CASEN 2015. (3664 al 22884).
Varios
Diputado Farías, Solicita disponer una fiscalización respecto a la contaminación generada por la empresa Sorena en la comuna de San Joaquín y que ha afectado en particular a los vecinos del sector de Villa Músicos del Mundo, en los términos que se solicita. (1724 al 22536).
Diputado Meza, Requiere adoptar las medidas necesarias a fin de introducir modificaciones al Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, Eunacom , con el propósito de que mida los conocimientos médicos efectivos de los titulados en el extranjero, estableciendo un procedimiento transitorio para el presente año (1743 al 22618).
Diputado Jackson, Solicita disponer una fiscalización sobre la situación que afecta al señor Carlos Andrés Villablanca Flores, en los términos que se solicita. (1805 al 22565).
XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Trisotti Solicita remitir a esta Cámara información detallada sobre el anuncio de congelamiento de las tarifas de agua potable en las Regiones de Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, El Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, indicando la factibilidad de extender esta medida a la Región de Tarapacá. (22987 de 08/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Ward Solicita remitir información sobre el anuncio de congelamiento de las tarifas de agua potable en las Regiones de Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, El Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, indicando la factibilidad de extender esta medida a la Región de Antofagasta. (23006 de 09/09/2016). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Ward Solicita remitir información sobre el anuncio de congelamiento de las tarifas de agua potable en las regiones de Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, El Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, indicando la factibilidad de extender esta medida a la Región de Antofagasta. (23007 de 09/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Ward Solicita remitir información sobre el anuncio de congelamiento de las tarifas de agua potable en las regiones de Coquimbo, Libertador General Bernardo O'Higgins, El Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, indicando la factibilidad de extender esta medida a la Región de Antofagasta. (23008 de 09/09/2016). A servicios.
Diputado Sandoval Solicita información sobre la entrega de un subsidio al transporte en el tramo entre Caleta Tortel y la comuna de Cochrane, indicando los valores asociados a dicho beneficio (23019 de 09/09/2016). A Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
Diputado Espinoza don Fidel
Requiere información relacionada con el anuncio de congelamiento de las tarifas base de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que habría realizado la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, así como las consecuencias de esta eventual medida en las inversiones futuras. (23023 de 12/09/2016). A superintendente de Servicios Sanitarios.
Diputado Espinoza don Fidel
Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la denuncia que habría formulado el personal de la Municipalidad de Puerto Montt, respecto a la presencia de animales muertos y desechos materiales, en el sector de Bahía Ilque. (23024 de 12/09/2016). A alcalde de la Municipalidad de Puerto Montt.
Diputado Espinoza don Fidel Requiere información relacionada con las denuncias y fiscalizaciones presentadas ante la Dirección Regional del Trabajo de Los Lagos, con motivo de las prácticas antisindicales en las que habría incurrido la empresa salmonera Aqua Chile S.A. (23025 de 12/09/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Diputada Pascal doña Denise Requiere información relacionada con el funcionamiento de la Cooperativa de Agua Potable Rural San José de Melipilla, en los términos que señala. (23026 de 12/09/2016). A jefa de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Ward Requiere información relacionada con la legalidad de las asignaciones que habría otorgado el Estado a la Fundación Tiempos Nuevos, en los años 2014 y 2015. (23027 de 12/09/2016). A contralor general de la república.
Diputado Espinoza don Fidel
Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la denuncia que habría formulado el personal de la Municipalidad de Puerto Montt, respecto a la presencia de animales muertos y desechos materiales, en el sector de Bahía Ilque. (23028 de 12/09/2016). A vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
Diputado Barros Solicita remitir información respecto a la postulación de la señora Gabriela Campos Acuña al cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer ubicada en la comuna de Litueche, en los términos que se solicita. (23029 de 12/09/2016). A contralor de la Región del Libertador General Bernardo O`Higgins.
Diputado Barros Solicita remitir información respecto a la postulación de la señora Gabriela Campos Acuña al cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer ubicada en la comuna de Litueche, en los términos que se solicita. (23030 de 12/09/2016). A Ministerio de la Mujer.
Diputado Edwards Solicita disponga un sumario administrativo, respecto a la sustracción de un vehículo institucional y una mochila de emergencia, ocurrido durante el viaje a la Provincia de Neuquén en la República de Argentina, en los términos que se señala en la solicitud adjunta, requiriendo además se evalúe la remoción de la Directora Regional de la Oficina Nacional de Emergencia de la Región de La Araucanía. (23031 de 12/09/2016). A Ministerio de Interior.
Diputado Lavín Solicita remitir información relacionada con la solicitud para instalar reductores de velocidad en el pasaje “Arquitecto Roberto Dávila”, ubicado en el paradero 9 de Pajaritos de la comuna de Maipú. (23032 de 12/09/2016). A municipalidades.
Diputada Núñez doña Paulina Solicita remitir información relacionada con la planificación y justificación de las ciclo vías implementadas en la comuna de Antofagasta, en los términos que se solicita. (23033 de 12/09/2016). A municipalidades.
Diputada Núñez doña Paulina Solicita remitir a esta Cámara los resultados del sumario administrativo realizado por denuncia de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, en representación de doña Bertha Sierra Morgado, con fecha 09 de mayo del 2016, en los términos que se solicita. (23034 de 12/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Mirosevic Requiere información relacionada con los eventuales riegos para el ecosistema y la biodiversidad del Valle de Lluta, que podría ocasionar la construcción del embalse Chironta , en la ciudad de Arica. (23035 de 13/09/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con la situación del señor Sergio Ramírez Pérez, quien requeriría retomar sus controles médicos de cardiología en el Hospital La Higueras, de la ciudad de Talcahuano. (23036 de 13/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con la posibilidad de agilizar la tramitación del subsidio de construcción en sitio propio, solicitado por la señora Jimena Gonzáles Chávez. (23037 de 13/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la situación del señor Jaime Andrés Muñoz Sáez, quien residiría en una vivienda inhabitable con daños estructurales, debido al terremoto ocurrido el año 2010 y las lluvias posteriores que habrían ocasionado el deslizamiento del terreno (23038 de 13/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Monsalve Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante la situación del señor Genaro Aurelio Navarrete Olave, quien requeriría la regularización de los pagos de cuatro licencias médicas presentadas ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la ciudad de Los Ángeles. (23039 de 13/09/2016). A varios.
Diputada Cariola doña Karol Requiere información relacionada con el estado y funcionamiento de la Unidad de Esterilización del Hospital San José, debido a las inhóspitas condiciones que habría constatado la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la visita de inspección realizada el día 12 de septiembre de 2016. (23040 de 13/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputada Cariola doña Karol Requiere información relacionada con el estado y funcionamiento de la Unidad de Esterilización del Hospital San José, debido a las inhóspitas condiciones que habría constatado la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en la visita de inspección realizada el día 12 de septiembre de 2016. (23041 de 13/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Walker Requiere información relacionada con los estudios y diagnósticos sobre la eventual problemática existente en la instalación de alcantarillados y en la planta de tratamientos de aguas servidas en las poblaciones de la localidad de Serón, en la comuna de Río Hurtado de la Provincia de Limarí. (23042 de 13/09/2016). A director regional de Obras Hidráulicas de Coquimbo.
Diputado Walker Requiere información relacionada con la posibilidad de emitir la declaración de zona de emergencia agrícola en las comunas afectadas por las intensas heladas que afectaron a la Región de Coquimbo, en particular las Provincias de Limarí y Choapa (23043 de 13/09/2016). A Ministerio de Agricultura.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Cépedes Cifuentes.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 62ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 63ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que permite a los profesionales de la educación que indica, entre los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario establecida en la ley N° 20.822 (boletín 10744-04), con los diputados señores Jaime Bellolio, Mario Venegas, José Manuel Edwards, Fidel Espinoza y Ramón Farías.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 9729-03)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
De conformidad con los acuerdos de Comités adoptados el día de ayer, para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada bancada, y luego treinta minutos distribuidos proporcionalmente entre estas.
Los tiempos en total son los siguientes:
Comité Unión Demócrata Independiente, 12,15 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 10,15 minutos; Comité Socialista, 9,15 minutos; Comité Renovación Nacional, 9 minutos; Comité Partido por la Democracia, 8,45 minutos; Comité Mixto e Independientes, 7,15 minutos; Comité Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, 6,45 minutos, y Comité Radical Social Demócrata, 6,30 minutos.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 27ª de la presente legislatura, en 1 de junio de 2016. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes.
El señor CÉSPEDES (ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los diputados presentes en la Sala que hoy debatirán sobre el informe de la Comisión Mixta, instancia que ha dirimido sobre el proyecto de ley que regula el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica, que fue intensamente tratado en ambas corporaciones legislativas.
Agradezco el trabajo responsable de los parlamentarios que participaron en la discusión del proyecto.
Como Ejecutivo valoramos la iniciativa de un grupo de parlamentarios, que permitió iniciar el debate para fortalecer los derechos de los consumidores en materia de servicio de estacionamiento.
Coincidimos con el Congreso Nacional en que se han producido situaciones de abuso en materia de cobro por el uso del servicio de estacionamiento, que deben ser corregidas. Estamos convencidos de que el resultado de la Comisión Mixta logra este objetivo.
Quiero destacar el resultado de la votación efectuada en la Comisión Mixta: 9 a favor y 1 en contra, habida consideración de que el proyecto aborda una materia que no es de fácil resolución.
Los parlamentarios integrantes de la Comisión Mixta debatieron arduamente para elaborar un articulado que logre fortalecer los derechos de los consumidores respetando adecuadamente dimensiones como derechos de propiedad, normal desarrollo de una actividad económica y otras consideraciones de política pública, como las externalidades en materia de transporte.
En nuestra opinión, el proyecto original enfrentaba problemas de constitucionalidad, toda vez que afectaba, entre otros, el derecho de propiedad de los prestadores de servicios de estacionamiento, en el sentido de establecer un gravamen respecto de una actividad que se había emprendido de manera lícita y conforme a la regulación vigente a la fecha. En efecto, la moción original contenía normas que podían ser consideradas discriminatorias en cuanto al desarrollo de una actividad económica.
Adicionalmente, la Comisión Mixta buscó evitar el traspaso de costos adicionales a los consumidores o pequeños locatarios, lo que presumiblemente podría ocurrir en el caso de haber forzado franjas adicionales de gratuidad.
El informe de la Comisión Mixta está mejor alineado como herramienta para combinar adecuadamente el uso de estacionamientos con políticas de transporte para descongestionar, en línea con las políticas públicas impulsadas por gobiernos en las grandes ciudades del mundo.
Debemos armonizar los resguardos de los derechos de los consumidores con el desarrollo de un servicio a los usuarios.
Podemos decir con claridad que se ha buscado la primacía responsable de los derechos de los consumidores. Estamos convencidos de que los actores institucionales debemos actuar con responsabilidad para generar ese mejor clima para el futuro, que permita avanzar en un desarrollo económico inclusivo y sin abusos, pero que tenga reglas estables y compartidas que se generen democráticamente.
Cuando estamos empeñados en recuperar la capacidad de crecimiento de nuestra economía es importante legislar de forma clara y decidida en materia de fortalecimiento de los consumidores. Como gobierno hemos dado muestras claras de nuestro compromiso al respecto. Estamos llevando adelante el fortalecimiento más significativo de la institucionalidad sobre derechos de los consumidores vía la reforma del Sernac; pero al mismo tiempo es clave hacerlo de manera responsable, sin caer en soluciones que aparentemente pueden ser favorables a los consumidores, pero que finalmente generan efectos que terminan empeorando sus condiciones.
En ese sentido, lo convenido mayoritariamente en la comisión mixta está en línea con el espíritu colectivo que creemos que ayuda al país.
El proyecto aprobado en la Comisión Mixta contiene un conjunto de materias que permiten resguardar de mejor forma los derechos de los consumidores frente al servicio de estacionamiento que se presta en distintos establecimientos. Así, se establece que el proveedor del servicio de estacionamiento deberá optar por alguna de las siguientes modalidades de cobro:
1. Cobro fraccionado por tiempo efectivamente utilizado. Este es uno de los puntos más sentidos por los consumidores: que se cobre y se pague por el tiempo efectivo de uso de un determinado servicio.
2. Cobro por tramos vencidos. Se establece un tramo inicial mínimo de treinta minutos, y los siguientes tramos no puedan ser inferiores a diez minutos.
Nuevamente estamos ante un cambio fundamental, toda vez que en la actualidad a un consumidor que ocupa solo durante cinco minutos un estacionamiento en el que se cobra por tramos vencidos de treinta minutos, se le cobran los treinta minutos. Con esta futura ley eso dejará de ocurrir.
3. El proyecto habilita a los proveedores de servicios de estacionamiento para establecer periodos exentos de cobro, conforme a sus políticas comerciales.
Por tanto, la duda que se planteó respecto de que el proyecto regula solo una forma de cobro no existe. Es más, la política comercial del proveedor del servicio de estacionamiento puede ser clara en cuanto a que el servicio sea gratuito.
4. Regulación por pérdida de váucher. El proyecto de ley aprobado prohíbe expresamente el cobro por pérdida de váucher. En ese sentido, establece la obligación del proveedor del servicio de cobrar el tiempo efectivo de utilización del servicio, para lo cual deberá consultar su registro, y prohíbe el cobro de un precio o tarifas prefijadas, multas o recargos.
Este es otro aspecto relevante de la iniciativa, por cuanto permite abordar una de las situaciones consideradas más injustas por los consumidores.
5. No cobro de estacionamientos en servicios de urgencia de establecimientos asistenciales. El proyecto plantea una solución de justicia respecto de aquellas personas que requieren utilizar un estacionamiento en servicios de salud con motivo de la utilización del servicio de urgencia.
6. Se incorporaron reglas más claras respecto de la responsabilidad civil que recae sobre el proveedor del servicio en caso de robo o hurto de vehículos, así como también respecto del daño que sufre el consumidor con ocasión del robo o hurto de especies dentro de ellos.
El artículo 15 A del proyecto dispone: “Los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento de acceso al público general, cualquiera sea el medio de pago utilizado, se regirán por las siguientes reglas: (...) e) Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño en éstos, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los perjuicios causados al consumidor, sin perjuicio de la responsabilidad infraccional que corresponda de acuerdo a las reglas generales de esta ley.”.
La disposición que se propone en esta letra del nuevo artículo 15 A explicita la responsabilidad civil que deberá asumir el proveedor frente al consumidor ante el robo o hurto de su vehículo o el daño de este con ocasión del uso del servicio de estacionamiento.
La lectura adecuada de este artículo -clarifico este punto porque se plantearon algunas dudas-, de acuerdo con la historia fidedigna de su establecimiento, debe ser que si se produce daño, hurto o robo, se configura evidentemente la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de este servicio.
En conclusión, en el marco de un proyecto de ley que busca proteger a los consumidores, la única interpretación que es posible sostener en relación con lo dispuesto en la letra e) ya citada es que necesariamente deberá entenderse que el proveedor no ha adoptado las medidas de seguridad adecuadas, es decir, ha faltado a tales medidas, cuando se haya producido el efecto dañoso en perjuicio del consumidor, esto es, que este haya sufrido el hurto o robo de su vehículo, o los daños producidos sobre este. Se entiende que el proveedor no ha adoptado los antedichos estándares de seguridad en la medida en que se produjo el efecto ya referido.
Con esto creo aclarar la duda sobre si el peso de la responsabilidad recae en el proveedor o en el usuario del estacionamiento. Queda claramente establecido que recae en el proveedor.
7. Se incorporó una norma que obliga a los proveedores de estos servicios a publicar las tarifas y toda la información respecto de los derechos que la ley ha establecido.
8. Finalmente, el proyecto aprobado por la Comisión Mixta considera normas transitorias que permiten una aplicación paulatina de la ley en proyecto, de modo tal de evitar eventuales conflictos y, además, de permitir las adecuaciones técnicas y de sistemas para su correcta aplicación.
Como gobierno nos parece que el informe de la Comisión Mixta da cuenta de un proyecto que se ha hecho cargo de resguardar de manera adecuada y de fortalecer significativamente los derechos de los consumidores en estas materias. Por lo tanto, se iniciará una nueva fase en la que se respetarán efectivamente sus derechos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el informe de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, tengo serias dudas respecto del informe de la Comisión Mixta.
Lo que pasa es que este proyecto parte por intentar entregar gratuidad y compensación a los usuarios de los estacionamientos de acceso público, en los malls, hospitales, clínicas, etcétera. La idea es que a quienes vayan a una clínica o a un hospital por alguna emergencia no se les cobre el servicio de estacionamiento.
Sin embargo, por lo que estoy leyendo, las proposiciones de la Comisión Mixta -nosotros rechazamos en ese punto el proyecto que aprobó el Senado no incorporan en ninguna parte el beneficio de la gratuidad. No veo que los malls deban entregar gratuidad en el uso de estacionamientos por determinado tiempo, sino más bien la existencia de dos posibilidades acerca de la utilización de dicho servicio: una, el cobro de su prestación por minuto efectivo y la prohibición de hacer el cargo por períodos, y la otra, el cobro por tramo de tiempo vencido. En ningún caso se establece una ventana de gratuidad para el uso del referido servicio.
Entonces, me convence poco lo aprobado por la Comisión Mixta, por lo cual me gustaría que el autor del proyecto, el diputado Chávez -imagino que intervendrá en esta ocasión-, nos contara si está de acuerdo con ello o si falta algo. Lo señalo, porque me gustaría seguir el espíritu del colega, en el sentido de la gratuidad propuesta originalmente.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger.
El señor BERGER.-
Señor Presidente, a un año y medio del ingreso de este proyecto, y luego de que se perfeccionara, porque en mi opinión la iniciativa adolecía de varias inconstitucionalidades, considero necesario valorar el extenso y razonado debate que suscitó.
Si bien el objetivo inicial del proyecto fue proteger a los consumidores de las arbitrariedades que efectivamente se han dado en la práctica, como los cobros excesivos y, a la vez, sin causa por el uso de los estacionamientos en ciertos lugares, la gratuidad total que en algún momento se pretendió resultaba ser totalmente objetable, y estoy seguro de que su aplicación habría producido graves consecuencias económicas, no solo para los centros comerciales, sino también para los consumidores, que, a fin de cuentas, son a quienes se pretende proteger y no perjudicar más.
Pienso así, porque, en mi opinión, en este caso la gratuidad total impuesta por ley necesariamente la pagaría un tercero, que al final igual será el consumidor, al cual se le traspasará en el precio de compra el mayor costo de los arriendos de los locales a los que se les cargará el costo de la gratuidad obligada.
Una cosa es proteger los derechos de los consumidores y otra muy distinta imponer la gratuidad por un servicio efectivamente otorgado por un proveedor que sí está asumiendo costos por aquel.
Por otro lado, imponer una gratuidad total generará negación e incoherencia respecto de la actual política pública, que busca disminuir el uso del transporte privado y privilegiar el público. Con la existencia de una enorme cantidad de estacionamientos gratis se aumenta la utilización del transporte privado.
Ahora bien, con la aprobación de las proposiciones de la Comisión Mixta lograremos amparar los derechos de los consumidores en el siguiente sentido:
En primer lugar, se pagará por los minutos efectivamente utilizados, sin redondear al alza, lo que hoy constituye una arbitrariedad y un enriquecimiento sin causa para los dueños de locales comerciales.
En segundo término, se pondrá fin a la arbitrariedad de los cobros excesivos por pérdida del ticket, obligando al proveedor a adoptar un sistema de registro propio que permita cobrar el tiempo efectivo de uso del servicio.
En tercer lugar -esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos-, se obligará al proveedor de estacionamientos a responder por los daños, el robo o el hurto de vehículos, lo cual me parece adecuado si se está cobrando por ese servicio.
Por último, apoyo el texto aprobado por la Comisión Mixta con la única salvedad de que alude en forma general a los proveedores de servicios de estacionamientos y no queda claro si se refiere solo a los proveedores de estacionamientos como servicio accesorio o anexo, que es la intención del proyecto, o también a los proveedores de estacionamientos como giro principal. Si bien algunas normas se refieren a estos últimos, convendría precisar el punto.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro y le manifiesto que respeto su opinión, así como el trámite realizado por la Comisión Mixta, pero le reitero que no es acorde con la mía.
Cuando debatimos este proyecto en el primer trámite constitucional señalé que me parecía mejor su redacción original, en el sentido de que establecía gratuidad, lo que ahora es discutible. Hablamos de la primera media hora y de hasta dos horas continuas en aquellos casos en que el consumidor demuestre consumo efectivo.
Hace algunos días, en el mall de Viña del Mar me dijeron que estaban otorgando lo que la nueva ley contemplaría. Se me informó que pasado el lapso de dos horas debía demostrar que había comprado sobre 50.000 pesos para obtener la gratuidad del servicio de estacionamiento.
Hoy nos encontramos terminando la tramitación del proyecto y, al parecer, no pudo mejorarse. No mejoró, pues no cumple plenamente con las expectativas que yo tenía al inicio, ya que la Comisión Mixta decidió que se cobrarán los primeros treinta minutos de estacionamiento cuando el cobro se haga por tramo de tiempo vencido -he ahí el problema-, y si se cobra por minuto efectivo de uso, el consumidor deberá pagar el servicio desde que ingresa al recinto.
Por esa razón, sostengo que esa propuesta de la Comisión Mixta -reitero que se trata de mi opinión desvirtúa la idea original del proyecto sobre el punto en comento. Sin embargo, en otras disposiciones dicho organismo sí logró dar soluciones satisfactorias, aunque no son las que quisiéramos. A este respecto, cito como ejemplo la prohibición de cobrar estacionamiento en los servicios de urgencia mientras dure la atención del paciente, medida que es muy importante y respecto de la cual estoy de acuerdo.
Por último, conversaré con las respectivas bancadas mi decisión de aprobar o rechazar el proyecto en este trámite.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez .
El señor CHÁVEZ.-
Señor Presidente, en primer término, quiero señalar que es evidente que, de alguna manera, el proyecto viene a mejorar aspectos de una industria que ha sido abusiva durante mucho tiempo. En este sentido, hay cosas que son valorables y positivas, como la eliminación del fraccionamiento, del cobro por minutos de estacionamiento que no se utilizan y del cobro por la pérdida del ticket.
Sin embargo, creo que lo aprobado por la Comisión Mixta es un mal acuerdo, porque hay algunos elementos que desvirtúan el sentido original de la iniciativa.
¿Cuáles son esos elementos? Hay que decirlo categóricamente.
Primero, el texto aprobado por la Comisión Mixta elimina la gratuidad. Así como se plantea, el proyecto de ley no contempla ninguna gratuidad, ya sea la inicial de treinta minutos que propusimos, o bien la condicionada a la presentación de una boleta por haber adquirido un bien o un servicio. ¡No hay gratuidad! Quiero que eso quede claro a la hora de votar.
Segundo, establece un sistema de cobro engorroso. ¿Cuántos de ustedes han tenido que leer varias veces para entender cómo se va a cobrar? Ello ocurre porque es un sistema confuso, no es claro.
Por una parte, el proveedor del servicio podrá optar entre cobrar por minutos o por tramos, pero el primero de estos es de treinta minutos y los demás son de diez minutos. ¿Por qué no hicimos un solo sistema clarito?
Nosotros nos referíamos a los estacionamientos que son un servicio accesorio, vale decir, que se construyen para cumplir con una exigencia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, esta proposición mezcla peras con manzanas, ya que toma todos los estacionamientos y establece un sistema de cobro que es absolutamente confuso y engorroso, y además elimina la gratuidad.
Tercero, esta proposición es aún peor en otro sentido. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido y cuántos reportajes de televisión han existido en torno a robos, hurtos o daños ocurridos en automóviles en estos estacionamientos? Se han hecho innumerables reportajes y denuncias al respecto.
¿Ustedes saben lo que pasa con la proposición de la Comisión Mixta? Invierte la carga de la prueba, pues resulta que hay una frase en la letra e) del artículo 15 A que invito a que lean. Dice: “Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño en éstos,”. Vale decir, el consumidor cuyo auto sufra alguno de esos percances, además de demandar, tendrá que probar que el centro comercial no adoptó las medidas de seguridad adecuadas. En suma, se trata de otra carga en contra del consumidor.
En cuarto lugar, algunos centros comerciales han adoptado la política de no cobrar en las mañanas o dejan algunos márgenes de gratuidad; pero estas normas legalizan el negocio, porque crea una opción de cobro. Así, por ejemplo, el mall Plaza Trébol, de Talcahuano, no cobra en las mañanas, pero estas normas le permitirán hacerlo. En otras palabras, se elimina toda gratuidad.
Por todas estas razones, llamo a la Cámara a rechazar la proposición de la Comisión Mixta. Esperamos que la Presidenta de la República colabore, como se lo hemos solicitado -el señor ministro no ha estado en disposición de colaborar-, y envíe un veto que permita hacer los ajustes y las mejoras que el proyecto de ley necesita.
Eso es lo que humildemente hemos solicitado -al parecer, nuestra petición ha caído en oídos sordos para tener una ley robusta que proteja a los consumidores de los abusos que históricamente han cometido esas empresas, los que queremos evitar con esta iniciativa parlamentaria, no de gobierno. Por lo tanto, reitero que esperamos el envío de un veto que permita mejorar todos estos aspectos.
Por lo señalado, llamo a la Cámara a rechazar las proposiciones de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, considero que este es un gran avance respecto de lo que existe.
Estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos que he escuchado. Por ejemplo, el hecho de que solo se pueda cobrar por minutos es un gran avance. Hoy generalmente los cobros se redondean hacia arriba. En efecto, en los estacionamientos existen letreros que dicen que se cobra por hora o fracción, lo que es una estafa evidente.
También sucede algo similar con la pérdida del ticket. En la gran mayoría de los estacionamientos, especialmente en los más caros, al usuario que lo pierde le cobran entre 12.000 y 17.000 pesos, en circunstancias de que ellos saben perfectamente cuánto tiempo estuvo estacionado, porque le toman la patente cuando ingresa al estacionamiento. Ese cobro no se podrá hacer.
Estoy en desacuerdo con la interpretación del diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de quién tiene la carga de la prueba en caso de hurto, porque, a mi juicio, en la redacción queda claramente establecido -quizás estamos leyendo la norme en forma distinta que el proveedor debe demostrar que realmente tomó las medidas de seguridad del caso, no la persona afectada.
Reitero: la carga de la prueba en esos casos, a mi juicio, recae sobre el proveedor del servicio, porque la norma agrega en forma clara que es civilmente responsable de los robos o hurtos que ocurran, y que los carteles que ponga con frases en contrario se entenderán como inexistentes. Me parece que en la historia fidedigna del establecimiento de la ley queda claramente establecido esto.
La iniciativa también significa un enorme avance al disponer que los prestadores institucionales de salud no podrán cobrar servicios de estacionamiento a quienes concurran para realizarse tratamientos de urgencia en un establecimiento de salud.
Asimismo, se obliga a los proveedores a publicar los derechos de los consumidores.
Por lo tanto, creo que, en general, el proyecto es un gran avance respecto de lo que tenemos en la actualidad.
Obviamente, algunos diputados hubiesen querido gratuidad total; pero la verdad es que alguien tiene que pagar los productos o servicios. Los estacionamientos no se construyen en forma espontánea. Alguien tiene que pagar su construcción. Entonces, la pregunta es quién la paga. Si la paga el Estado, podríamos decirle que provea estacionamientos gratuitos. De lo contrario, alguien del sector privado tendrá que pagar ese servicio si se otorga gratuidad total, que terminará siendo el consumidor, porque la persona que construye, por ejemplo, un mall, tendrá que resarcirse de ese costo, para lo cual deberá aumentar los arriendos a los locatarios, quienes, a su vez, tendrán que cobrar un poco más caro por sus productos.
Por lo tanto, no existe la gratuidad para los servicios de estacionamiento. Es una falacia plantear que habrá estacionamientos gratuitos. Si obligamos a brindar servicios gratuitos de estacionamiento en los malls a quienes llegan en vehículos, los que lleguen a pie tendrán que pagar mayores costos por las cosas que consuman, con lo que terminarán subsidiando a quienes van en auto.
En consecuencia, tenemos que buscar un sistema justo de cobro, con el objeto de que no se produzcan los abusos que vemos actualmente, como los redondeos al alza de las tarifas, y que el consumidor que ocupa estacionamiento pague lo que corresponde.
Reitero: anunciar que habrá gratuidad para estacionar en los malls es una forma de pedir al consumidor que va a pie que termine pagando más por sus productos para subvencionar a los automovilistas. Además, el incentivo del uso de vehículos para comprar en los grandes malls genera problemas de congestión, lo que es muy serio.
Por lo tanto, en general estoy de acuerdo con las proposiciones en discusión. La discusión llevada a cabo en la Comisión Mixta originó un consenso casi total respecto de un tema muy difícil. Creo que el texto que se nos presenta va en la línea correcta para defender a los consumidores sin ningún tipo de populismo y de manera responsable, pues elimina los abusos y establece que se cobre como corresponde: por minuto, y que no se haga trampa por la pérdida del ticket; dispone que la responsabilidad civil será del proveedor, que un proveedor de un servicio secundario podrá entregar gratuidad si así lo considera, y otorga gratuidad por el uso de los estacionamientos en hospitales y clínicas en los casos de emergencia.
En suma, me parece que la proposición de la Comisión Mixta va en la dirección correcta. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable, al igual que lo hice en dicha instancia.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, este proyecto ha sido objeto de muchos análisis y de un debate muy extendido, no solo en la Cámara, sino también en la sociedad.
Quiero hacer un justo reconocimiento a los impulsores de esta iniciativa. Se trata de una moción impulsada fundamentalmente por el diputado Marcelo Chávez, quien ha hecho un esfuerzo permanente para conectar temas que, muchas veces, parecen invisibles, pero que forman parte de un conjunto de abusos respecto de los cuales la sociedad quiere que el Congreso Nacional se haga cargo.
Por lo tanto, en esto quiero valorar el trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo, así como la labor de la Comisión Mixta, todo lo cual ha permitido avanzar en un mejor resguardo de los derechos de los ciudadanos.
Las proposiciones de la Comisión Mixta se centran en regular uno de los puntos más esperados por los vecinos y vecinas de nuestro país, como es el cobro de la tarifa o el tiempo de utilización de los estacionamientos.
El diputado Marcelo Chávez ya habló respecto de un conjunto de otros beneficios. Por primera vez, la legislación pondrá freno a situaciones abusivas.
La Comisión Mixta abordó algunos de esos puntos -por cierto, su resolución es muy esperada por la ciudadanía-, por ejemplo, los relacionados con la forma de cobro de la tarifa por el tiempo de utilización del servicio.
También abordó otros aspectos que ameritan una regulación más específica, por ejemplo, la distinción entre las diferentes modalidades de cobro, el establecimiento de exenciones de pago en servicios de salud y, un tema de especial relevancia, el establecimiento de reglas específicas respecto de la responsabilidad civil que, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, tendrán los prestadores del servicio de estacionamiento.
Lo que hoy estamos por aprobar de ninguna manera será contrario a la posibilidad de establecer gratuidad, y tampoco de establecer la responsabilidad de los dueños de estacionamientos.
El diputado Marcelo Chávez leyó el inciso final de la letra e) del artículo 15 A que se incorpora a la ley N° 19.496 mediante el artículo 1° del proyecto, que dice lo siguiente: “Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos con ocasión del servicio, no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente.”.
Eso es parte del debate. Acá está texto el comparado. Creo que en esto hay que hacer un análisis completo. Queremos decir a los dueños de estacionamientos que no se permitirán más abusos contra las vecinas y los vecinos. A partir de ahora, los proveedores de dicho servicio serán civilmente responsables de los perjuicios causados al consumidor si, con ocasión del servicio allí prestado y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño en estos.
En ese contexto, el proyecto no hace sino recoger de forma expresa lo que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado de manera uniforme y reiterada: la infracción del deber de un profesional genera responsabilidad para la empresa, genera responsabilidad para el dueño o dueña del estacionamiento. Por lo tanto, este deber se infringe cuando se produce daño a la persona o bienes del consumidor, como es el caso del robo o hurto de su vehículo.
Finalmente, destacaré los aspectos que me parecen de relevancia, como la regulación en caso de pérdida del ticket, por cuanto permite abordar una de las situaciones consideradas más injustas y más abusivas contra los ciudadanos. Asimismo, el no cobro de estacionamiento en servicios de urgencia o emergencia de establecimientos asistenciales, lo que constituye una solución de justicia respecto de las personas que utilizan un estacionamiento en servicios de salud con motivo de una urgencia médica.
Quiero reiterar nuestro reconocimiento a los diputados que han llevado adelante esta iniciativa y, de manera especial, al diputado Marcelo Chávez, su autor.
Finalmente, anuncio que votaré a favor la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Maya Fernández.
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
Señor Presidente, hoy las empresas de estacionamientos y centros comerciales operan sin regulación alguna respecto de los consumidores, cometiendo abusos que, de alguna manera, esta futura ley corrige.
Quiero destacar algunos de los más importantes.
Actualmente, el proveedor de servicio de estacionamiento no está sujeto a ninguna regulación respecto del cobro. Por ello, es usual que se cobre redondeando al alza. Así, por ejemplo, si se cobra por tramo de veinte minutos y una persona utiliza cuarenta y cinco minutos, se le cobra por un total de sesenta minutos. Esto se acaba con la ley en proyecto.
El proveedor deberá optar entre dos modalidades de cobro: si opta por el sistema de tramo vencido -puede ser por un máximo de diez minutos y, por ejemplo, el usuario utiliza el estacionamiento por cuarenta y cinco minutos, este pagará por un total de cuarenta minutos. En cambio, si el proveedor opta por el sistema de cobro por minuto y el usuario ocupa el estacionamiento por cuarenta y cinco minutos, aquel solo podrá cobrar por el total de minutos efectivamente utilizados.
También es común que en caso de pérdida del ticket se cobre una multa. Esto es un abuso, ya que no existe ningún impedimento técnico para calcular la cantidad de tiempo que efectivamente una persona utilizó el estacionamiento.
Por ello, el proyecto de ley prohíbe expresamente el cobro de una multa por pérdida del ticket. Al respecto, se establece la obligación del administrador del estacionamiento de calcular el tiempo efectivamente utilizado y cobrar solo por ello, con lo cual se elimina una situación injusta y arbitraria.
No corresponde que se cobre por el uso de un estacionamiento cuando alguien debe acudir de urgencia a un centro de salud. Por ello, el proyecto de ley no permite el cobro por dicho concepto en los servicios de urgencia.
Finalmente, el proyecto de ley introduce la obligación de publicar las tarifas y los derechos.
Los detractores de este proyecto de ley han dicho que beneficia a los grandes centros comerciales. Considerando todos los avances que implica este proyecto para las personas, es difícil entender tales argumentos.
Los detractores de este proyecto quieren establecer tiempos de gratuidad por el servicio de estacionamiento en los centros comerciales, con lo cual se producirían dos efectos que me llevan a oponerme:
Primero, el incentivo al uso del automóvil como medio de transporte. En nuestras saturadas ciudades debemos propender al uso del transporte público, generando incentivos de su uso. La gratuidad del estacionamiento es un incentivo contrario al que necesitamos. Lo más complicado es que las personas que llegan a los centros comerciales a pie, en bicicleta o en transporte público terminarán subvencionando a los que llegan en automóvil. Nada es gratis. El costo del estacionamiento será traspasado a todo el público.
Segundo, el daño a los locales de barrio. Los detractores de la iniciativa quieren que por ley se decrete un margen de gratuidad que no tendrán los estacionamientos municipales, donde se estacionan las personas que van a locales de barrio. Quienes se oponen a la iniciativa quieren crear un incentivo que favorezca a los grandes centros comerciales. Eso me parece grave.
Estimo que la manera de ir construyendo confianzas entre los consumidores y las empresas pasa, justamente, por establecer regulaciones básicas que, por un lado, no entorpezcan su funcionamiento, pero que, al mismo tiempo, signifiquen respetar los derechos de las personas.
Si evitamos los abusos, podremos construir relaciones que devuelvan las confianzas. Creo que este proyecto constituye un aporte para lograrlo.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio.
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, esta es la tercera vez que discutimos este proyecto de ley en la Sala, el cual tiene dos lógicas, que paso a exponer.
En primer lugar, que no exista abuso en los cobros. Es lo que muchas personas reclaman, ya que al llegar a un estacionamiento no saben cuál es la tarifa y, al final, les cobran, por ejemplo, dos horas, a pesar de que permanecieron en él durante treinta y cinco o cuarenta minutos, o les cobran cinco horas, pese a que lo emplearon mucho menos tiempo.
La solución era bastante sencilla y fue resuelta de muy buena forma en el proyecto: cobro por minuto efectivo de uso del servicio, nunca redondeado al alza, o cobro por tramo de tiempo vencido, no pudiendo establecer un período inicial inferior a media hora y, a continuación, los siguientes tramos o períodos no inferiores a diez minutos cada uno. Es decir, después de los treinta minutos iniciales se pueden cobrar cuarenta, cincuenta, sesenta minutos, etcétera.
En suma, el abuso en que incurría el prestador ya no existirá. Esa es una buena noticia. Otra cosa muy relevante en relación con el abuso que se cometía en los estacionamientos tenía que ver con los robos ocurridos al interior de estos. Como los colegas recordarán, el prestador del servicio intentaba excusarse mediante la instalación de “cartelitos” que decían: “No nos hacemos responsables de los daños o pérdidas ocurridos al interior del establecimiento”. Todos sabíamos que no era cierto, pero implicaba para el usuario un largo tránsito por tribunales de justicia. De hecho, muchas veces costaba más hacer ese trámite que el valor de lo que había sido dañado o hurtado.
En texto que viene de la Comisión Mixta resuelve ese problema al establecer, en la letra e) del artículo 15 A, lo siguiente: “Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos, o daño en éstos, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los perjuicios causados al consumidor, sin perjuicio de la responsabilidad infraccional que corresponda de acuerdo a las reglas generales de esta ley.
Cualquier declaración del proveedor en orden a eximir o a limitar su responsabilidad por hurtos, robos o daños ocurridos con ocasión del servicio, no producirá efecto alguno y se considerará como inexistente.”.
Como se advierte, queda claramente establecido que el prestador es responsable de asegurar el otorgamiento de las condiciones necesarias. Estamos hablando de la prestación de un servicio; en otras palabras, de la existencia de un contrato de facto entre quien se estaciona y el proveedor de dicho servicio.
Se cometía otro abuso cuando el usuario perdía el comprobante. En efecto, cuando este, por error o inadvertencia, lo perdía, muchas veces ocurría que el prestador del servicio le cobraba una tarifa absurda, aun cuando ya existe la tecnología que permite registrar el ingreso de los vehículos al estacionamiento y la salida desde este. Por tanto, no tenía ningún sentido proceder a ese cobro excesivo.
La pérdida del comprobante ahora también será responsabilidad de quien presta el servicio. Pero hubo otro argumento que se cayó a pedazos durante la discusión, y este fue que se quería garantizar un servicio para acceder al mall, y como era un servicio accesorio, este debía ser gratuito. ¿Por qué se cayó a pedazos? En primer lugar, porque si es un servicio accesorio, no puede serlo solo por un tiempo limitado, sino de forma permanente. Pero los mismos impulsores del proyecto dijeron que no podía ser permanente, sino solo por dos horas, porque si es por más de dos horas se prestaría para cometer abusos. Es decir, entendían la lógica de que para que el servicio se preste tiene que haber estacionamientos disponibles para que quienes concurran en sus vehículos puedan ocuparlos.
Aquí nos encontramos con una cuestión factual: ¿Por qué los malls que están en el centro de las ciudades cobran por el estacionamiento y los que están en la periferia no lo hacen? Y esto no ocurre solo en Chile, sino también en el mundo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay una confabulación mundial para hacer que se cobre en el centro de las ciudades y no en la periferia? No es así. Es por una cuestión de simple sentido común. Si en el centro de las ciudades no se cobra, las personas estacionarían allí para utilizar otros servicios. En cambio, en la periferia de las ciudades, la mayor parte de las personas acude para acceder, precisamente, a ese mall. Este es el punto central.
Por lo tanto, el argumento de que como es un servicio accesorio debe ser siempre gratuito cayó cuando ellos mismos sostuvieron que tenía que serlo solo por dos horas. Y eso tiene otras consecuencias, como las señaladas por la diputada Maya Fernández o el diputado José Manuel Edwards : alguien paga por ello. ¿Quién? Finalmente, paga el consumidor.
En definitiva, las personas que van al mall en San Bernardo, donde el estacionamiento es gratuito, van a subsidiar a los que van a esos centros comerciales en Santiago, que además tienen otros medios para llegar, lo que además es completamente contradictorio con el argumento de que se quiere impulsar el uso del transporte público. ¿Por qué? Porque, dado que lo pagan los consumidores, no lo hacen solo unos consumidores, sino todos los que acceden a dicho bien. Entonces, aquellos que van a pie, en bus o en bicicleta terminarán financiando un subsidio cruzado a aquellas personas que van en su transporte privado. ¡Vaya paradoja!
Entiendo que, a veces, exponer en el Parlamento argumentos que tengan algún sentido económico eriza la piel a algunos o los puede volver locos, pero la verdad es que, en este caso, estamos tratando un tema que es estrictamente económico. Por un lado, había pocas reglas, que permitían que algunos prestadores cometieran abusos contra los consumidores, que con este proyecto se eliminan. Ahora habrá cobro por minuto; fraccionamiento mínimo, de 30 minutos y, después, de 10 minutos; pérdida del ticket de responsabilidad de quien presta el servicio y, en caso de robos o hurtos, la responsabilidad civil también es de quien presta el servicio.
Por tanto, este proyecto es un gran avance respecto de lo que tenemos hoy.
Y aun más, en aquellos espacios en donde la persona no puede disponer de su propio tiempo, sino que está “forzada” a permanecer un período más o menos prolongado sin tener alternativas, porque debe recurrir por urgencia, como es el caso de las clínicas, entonces sí está exento.
Entonces, en este proyecto se aplica una cuestión que es de todo sentido común. No por nada fue aprobado de manera unánime en el Senado. Luego volvió a esta Cámara y se rechazó.
Entiendo el desprestigio de la política, que estemos en el suelo, que hayamos perdido la confianza de los ciudadanos -no es que no hayamos hechos grandes esfuerzos para que ello fuera así-, pero poner en tela de juicio, de manera permanente, los argumentos de uno y otro, porque unos son idiotas y no entienden o porque los otros están comprados por no sé quiénes, es una práctica que debemos terminar de una vez por todas.
Aquí están mis argumentos, y los he expuesto de manera transparente y honesta.
En primer lugar, no creo que deba ser un señor burócrata el que fije el precio de las actividades económicas de los países.
En segundo lugar, respecto del argumento de que es un servicio accesorio, primero, no lo considero un servicio accesorio, y segundo, si lo fuese, tendría que serlo de manera permanente, por lo que los mismos autores del proyecto se dieron cuenta que eso era contradictorio con su objetivo final. Y si el objetivo final es que se preste un servicio para que las personas puedan llegar por distintas vías y sin sufrir condiciones abusivas, este proyecto lo cumple.
Por tanto, agradezco que se haya llegado a ese consenso unánime en el Senado, a un consenso mayoritario en la Comisión Mixta, y para qué decir entre los técnicos que fueron a las distintas comisiones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Entiendo que algunos pueden tener rencillas específicas dentro de su propia coalición o que quieren ajustarle las cuentas a uno u otro ministro, pero yo no estoy involucrado con las rencillas que ustedes puedan tener con tal o cual autoridad. A mí me importan los argumentos, que elaboremos buenas leyes, sensatas y sostenibles. Este es un proyecto que es sostenible, que termina con abusos que hoy se producen en los estacionamientos, por lo que llamo a mis colegas a que lo aprueben.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, como ya lo han expresado algunos colegas que intervinieron anteriormente, este es un buen proyecto, que busca regular algo que no estaba regulado y proteger a las personas caracterizadas como consumidores o como se quiera denominarlos. Y es mejor todavía porque, como se recordó, tuvo origen parlamentario, específicamente en el diputado Marcelo Chávez. Creo que hay que saludar ese origen, sin perjuicio de que toda moción parlamentaria es susceptible de perfeccionamientos en el curso del trámite parlamentario, y creo que en este proceso el proyecto ha sido mejorado, como ya lo explicó la diputada Maya Fernández , de manera que no voy a abundar en lo que ella señaló.
Sin embargo, hay algo en lo cual -y no lo digo solo en mi nombre, sino también en el de los socialistas tenemos una duda, específicamente respecto de la letra e) del artículo 15 A incorporado por el Senado, que expresa: “Si, con ocasión del servicio y como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste, se producen hurtos o robos de vehículos,…”. En este párrafo se introdujo un texto que se va a prestar para múltiples polémicas en los tribunales, que torcerá la jurisprudencia establecida por los tribunales, en el sentido que el prestador de este servicio es responsable de la buena custodia del vehículo desde el principio hasta el final, y sin relativizaciones.
Cuando se dice que “…como consecuencia de la falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación de éste…”, entiendo que esto puede ser aceptado por algunos como una externalidad positiva, porque va a dar trabajo a los abogados, pero en realidad va en perjuicio de los consumidores, pues estos van a tener la carga del peso de la prueba, cuestión que hoy no es necesaria.
Creo que en la tramitación de este proyecto se podría haber ahorrado esta incorporación que debilita todo aquello que favorece a la persona y al consumidor.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.
El señor AUTH.-
Señor Presidente, primero, me alegro de que este proyecto, que es producto de la iniciativa de un grupo de diputados encabezados por Marcelo Chávez, haya generado una discusión y un trámite legislativo que termina hoy con un proyecto de ley que establece, a mi juicio, lo que llamaría el cobro justo.
Naturalmente, se excluyó de todo cobro aquello que había que excluir. En eso no hubo diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado.
A mi juicio, la Comisión Mixta resolvió bien el problema de los abusos que se generaban en el caso de las multas o de las tarifas prefijadas por pérdida del comprobante.
También resolvió el tema del sistemático redondeo en favor del propietario, al establecer la alternativa del cobro por minuto o el cobro por tramo de tiempo vencido, y declaró la inutilidad de los carteles que señalaban la ausencia de toda responsabilidad sobre robos o daños, cuestión respecto de la cual la justicia había comenzado a fallar en contra, salvo que el cliente interpusiera acciones judiciales.
Sé que algunos colegas que aprueban la iniciativa, insisten en que no se estableció la gratuidad que querían. Al respecto, debo decir que tengo dos prevenciones contra la gratuidad en el cobro de estacionamiento. La primera es que va en contra de todo lo que estamos haciendo para desalentar el uso de vehículos y establece condiciones de desigualdad en la competencia comercial imposibles de aceptar.
¿Cómo justificamos estacionar gratis en un mall, como el Costanera Center o el Alto Las Condes, pero pagar estacionamiento en cualquier calle de Santiago centro para comprar en cualquiera de los boliches del sector? Eso establece un diferencial inaceptable, que, además, incentiva a que todo el mundo vaya a los malls precisamente en una época en que queremos establecer restricciones.
No está de más señalar que en todo el mundo se está discutiendo la posibilidad de imponer limitaciones de ingreso al centro de las ciudades.
Nadie aquí ha puesto en discusión el derecho de las municipalidades de cobrar estacionamiento por el uso de las calles; nadie ha puesto en cuestión los altísimos cobros por estacionamiento en Santiago centro. Imagínense si fuera gratis estacionarse en el centro de Santiago. Con las dificultades que hoy existen para circular, las vías colapsarían.
La segunda prevención se resume en el hecho de que siempre alguien paga. La diferencia está en si pagamos todos o solo quien usa los estacionamientos. Esto es lo mismo que el peaje en las carreteras: si no se cobrara peaje en forma diferencial, todos los chilenos, quienes las usan y quienes no, tendrían que pagar por él.
Creo que la solución a que arribó la Comisión Mixta es positiva, porque logró algo que todos queríamos, esto es, el término del cobro abusivo y el establecimiento de un cobro justo.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, por eso me gusta vivir en provincia: porque, por ejemplo, no existen malls en Pichidegua, en Chimbarongo ni en San Vicente. En San Fernando tenemos uno o dos, pero los supermercados allá no cobran por estacionamiento, pues existe una lógica absolutamente distinta. Quienes somos de regiones entendemos que para los supermercados es un plus contar con estacionamientos; me imagino que en Santiago ocurre lo mismo.
¿Qué significa contar con estacionamientos para quienes somos dueñas de casa? El estacionamiento es un atractivo para ir a comprar, porque una sale con bolsas, etcétera. Es un imán para la dueña de casa.
Por eso, no me hace sentido aumentar los cobros por estacionamiento. Creo que hay muchas más personas que van a esos lugares precisamente porque este es gratuito. En provincia no tenemos ese problema.
Quizá deberíamos discutir sobre los parquímetros, como dijo el diputado Auth, porque ellos sí constituyen un problema para la gente. Hoy no existe calle, incluidas las de provincia, que no los tenga. Tampoco tenemos claridad sobre lo que nos están cobrando.
Entiendo al diputado Chávez. Creo que él ha puesto el dedo en la llaga, porque, sin duda, es un problema para la ciudadanía que vive en las grandes ciudades.
El proyecto avanza en la materia. Sin duda, queremos gratuidad, porque sería un buen gancho comercial, como dice una canción; pero la iniciativa es un logro que la ciudadanía está esperando. Es bueno pagar por los minutos usados en el estacionamiento. Esa es una justicia que la gente espera.
Por otra parte, el estacionamiento será gratuito en los centros de salud cuando se trate de atenciones de urgencia o emergencia. También considera los casos de pérdida de ticket, de modo que no pagar sumas estratosféricas si ocurre ese impasse.
Pedí la palabra para decir que aquí siempre hemos querido lo más. Les quiero recordar que esto no se veía desde hace harto tiempo y que tuvo que haber presiones para consensuar el proyecto.
Anuncio que votaré favorablemente las proposiciones de la Comisión Mixta. No es lo que esta Sala quería, pero sí lo que pudimos lograr. De lo contrario, no habría nada; si votamos en contra, no habrá nada y nuevamente quedaremos en cero.
Una vez que se promulgue la ley en proyecto, será necesario evaluarla y, eventualmente, mejorarla en el futuro.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez.
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, este es un proyecto de ley que ha generado bastante polémica y mucha tensión en la opinión pública. Es muy positivo que así haya sido.
Cuando el proyecto fue presentado en la Comisión de Economía tenía un objetivo bastante claro: eliminar los cobros indebidos en los malls y supermercados y establecer un tramo de gratuidad, que la iniciativa fijó en dos horas: media hora a todo evento, y, en el caso de que la persona comprara en el supermercado o en el mall, una hora y media adicional. Es decir, la idea era llegar a un uso gratuito de estacionamiento de dos horas.
No sé si alguien piensa que no pagar por dos horas de estacionamiento en un mall o en supermercado es un abuso; no sé si alguien piensa que eso podría ser un ataque o una ofensa a la propiedad privada. En verdad, es un proyecto que tiene mucho sentido común, mucha fuerza, mucha coherencia; pero al avanzar en su tramitación comenzaron a aparecer obstáculos que hasta hoy encuentro bastante poco comprensibles.
Para ser justos, debo decir que la primera inquietud la planteó el ministro de Transportes, quien dijo que si este proyecto era aprobado y lográbamos dos horas gratuitas en los estacionamientos, en Santiago iba a aumentar la congestión vehicular, porque la gente iba a usar su auto y no el Transantiago o el metro. Tal vez esa sea una de las soluciones para el transporte público de Santiago; sin embargo, el juicio no me parece coherente.
En realidad, el tema es más de fondo, pues el presidente de la Cámara de Centros Comerciales, Manuel Melero , manifestó que el proyecto era expropiatorio. Escuchen bien diputados y diputadas: ¡Expropiatorio! Lo dijo apoyado en el argumento de que ellos eran quienes habían construido los estacionamientos y hecho la inversión. Así, como ellos son los dueños, tienen el derecho a hacer lo que se les ocurra, y el Estado no puede fijarles la gratuidad por ley.
La pregunta es si podemos regular la propiedad privada en espacios públicos y cuando afecta el bien común. Creo que sí. Y no tan solo eso: es nuestro deber hacerlo, como parlamento, como Congreso Nacional. Por eso el argumento es erróneo. Lamentablemente fue compartido por las autoridades de gobierno. Eso distorsionó la iniciativa y fue considerado en el Senado. Por eso aquí llegó un proyecto francamente desdibujado. Sin embargo, acá dicen que muestra avances sustantivos.
Las proposiciones de la Comisión Mixta establecen dos modalidades de cobro: por minuto efectivo y por tramo vencido. ¡Pero si eso ya existe! Hoy hay supermercados y malls que cobran por minuto vencido y otros por tramo. ¡Eso ya existe! ¡No es ninguna novedad! Se trata de una decisión absolutamente discrecional del dueño del supermercado o del mall.
Con la proposición de la Comisión Mixta esa situación se mantendrá exactamente igual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no podríamos reconocer esa proposición como un avance.
Otra disposición aprobada por la comisión mixta que también es importante aclarar es la que dice relación con el robo que se produzca en un estacionamiento. La Comisión Mixta resolvió establecer la responsabilidad civil del proveedor, por hurto, robo o daño del vehículo, siempre que sea con ocasión del servicio y a consecuencia de falta de medidas de seguridad adecuadas en la prestación. ¿Saben qué ocurrirá con esta disposición? Que el dueño del mall podrá impugnar dicha responsabilidad sobre la base de decir que él tenía implementadas las medidas de seguridad adecuadas. La situación actual permite que la persona recurra a la justicia y sea indemnizada en caso de sufrir el robo en el estacionamiento de un mall o de un supermercado; sin embargo, con la norma propuesta por la comisión mixta, esa persona quedará inhabilitada de ejercer ese derecho. Evidentemente, tal disposición será un retroceso para quien sufra el robo en un estacionamiento.
Por otra parte, lo que indudablemente constituye un avance que hay que reconocer es aquella norma que establece que en caso de pérdida del comprobante de ingreso por el consumidor, el proveedor del servicio no podrá aplicar esa medida absurda de cobrar 10.000 pesos, 15.000 pesos o hasta 20.000 pesos por dicha pérdida, sino que simplemente tendrá que consultar sus registros en el sistema informático para cobrar por el tiempo efectivo de uso del servicio.
Pero lo anterior corresponde a una situación muy puntual. Más bien quiero insistir en un tema de fondo: ¿Por qué la Comisión Mixta no propuso una disposición que estableciera algo tan básico, tan elemental como la posibilidad de que el usuario del estacionamiento disponga de media hora gratis a todo evento, y de dos horas si compra en el mall o supermercado? Si no lo hizo fue simplemente por un motivo: se impugna que exista una regulación pública de la propiedad privada. Sin embargo, esa propiedad ocupa un espacio público.
Desde ese punto de vista, me parece que lo que debemos hacer es rechazar la proposición de la Comisión Mixta. Estimo que no se cumplió el objetivo ni el espíritu del proyecto.
Por lo tanto, ante un proyecto incompleto, ante un proyecto malo, lo mejor es volver a elaborar una iniciativa digna, que no esté sujeta a las presiones del presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Manuel Melero , quien representa los intereses de una minoría, la minoría de los poderosos de siempre, con la cual no me siento para nada identificado.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, el lobby actuó: puso de rodillas al Ministerio de Economía, al gobierno, y logró en el Senado y en la Comisión Mixta que se despachara un proyecto que implica un retroceso en materia de derechos de los consumidores. ¡No lo podemos legitimar! No podemos permitir que el lobby de los centros comerciales y de los malls le gane a una iniciativa orientada a proteger a los consumidores.
El proyecto, que tuvo un origen distinto y que constituía un avance en términos de protección de los derechos de los consumidores y de combate a situaciones de abuso, hoy se ha desnaturalizado y es un retroceso. En efecto, los consumidores estarían mejor protegidos sin esta normativa que se propone, que con ella. Argumentos de sobra fueron entregados por el diputado Marcelo Chávez al respecto.
Por ello, solicito a la Sala que votemos en contra del lobby, en contra la proposición de la Comisión Mixta y a favor de los consumidores.
He dicho.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, pido la palabra para un asunto de Reglamento.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para plantear un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, hago presente que, en virtud del artículo 5° B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, me inhabilitaré de votar el proyecto de ley referido a los derechos de los consumidores (boletín Nº 9729-03).
El señor ANDRADE (Presidente).-
El diputado señor Jorge Sabag formuló la misma inhabilitación.
Dejamos constancia de ambas peticiones.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, me inhabilito en la votación de la proposición de la Comisión Mixta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Se dejará constancia en el acta, señor diputado.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 15 abstenciones y 3 inhabilitaciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia, Paulina ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pilowsky Greene, Jaime ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Sabat Fernández, Marcela ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cariola Oliva, Karol ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Cornejo González, Aldo ; Flores García, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Jackson Drago, Giorgio ; Melo Contreras, Daniel ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Provoste Campillay, Yasna ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Silber Romo, Gabriel ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor.
-Se inhabilitaron los diputados señores:
Browne Urrejola, Pedro ; Melero Abaroa , Patricio ; Sabag Villalobos , Jorge .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON EL EVENTUAL FRAUDE DE EMPRESAS DE INVERSIÓN (CONTINUACIÓN)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, se destinará un tiempo de debate de una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Hago presente a la Sala que el informe de la comisión especial investigadora fue rendido en la sesión 67a, del 8 de septiembre pasado.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de organismos públicos en eventual fraude de empresas de inversión se rindió en la sesión 67ª de la presente legislatura, en 8 de septiembre de 2016.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber.
El señor SILBER.-
Señor Presidente, en la sesión 67a conocimos de voz del presidente de la comisión investigadora el informe y las conclusiones de esta instancia, a la cual citamos e invitamos a representantes de diversas entidades públicas como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la Unidad de Análisis Financiero, a fin de conocer de cerca cómo han operado diversas empresas de fachada que en el último tiempo han protagonizado situaciones que son de conocimiento público y que han costado cuantiosos recursos a miles de estafados en nuestro país. Esas empresas se dedicaban a ofrecer certificados de intermediación financiera, de Forex, respecto de monedas extranjeras. En los hechos, como lo ha determinado el Ministerio Público a medida que ha avanzado en sus investigaciones, simplemente se trataba de empresas de papel. Es el caso de Ac Inversions, del Grupo Arcano o de Rodríguez & Asociados.
A la luz de la investigación que hicimos los parlamentarios en la comisión, pudimos acreditar la falta de regulación, es decir la precariedad con que los reguladores operan en términos de prevenir y advertir a tiempo ese tipo de ilícitos, que han causado efectos patrimoniales importantes, que han afectado la fe pública y que tienen de rodillas a miles de familias, dada la situación de estafa de que fueron víctimas.
Señor Presidente, más que a la acreditación de hechos que hoy son de conocimiento e investigación por parte de la justicia, como comisión investigadora nos adentramos más bien a conocer de cerca cómo actuaron de manera preventiva algunos reguladores que, según consta en las actas de la comisión y también en la propia investigación penal, recibieron las debidas alertas y advertencias por parte de usuarios de esas empresas de fachada o de papel. En efecto, hubo consultas en Impuestos Internos respecto de la situación e indagaciones por servicios de inteligencia del Ejército de la época, quienes también tenían información sobre la forma en que operaban esas empresas. Una de las principales conclusiones a que arribamos como comisión fue precisamente que hubo precariedad en la forma en que actuaron nuestras instituciones, desde el punto de su musculatura investigativa, toda vez que reaccionaron y operaron muy tardíamente frente a hechos que, como dije, han puesto de rodillas a miles de familias en nuestro país.
Desde esa perspectiva, urge robustecer nuestra Superintendencia de Valores y Seguros en iguales condiciones que su homóloga norteamericana, en términos de que se convierta en una suerte de policía financiera que pueda advertir a tiempo, con facultades proactivas, in situ, el actuar de esas empresas que, en la práctica, hacen actividades propias del giro bancario, esto es, toman recursos para invertirlos -más bien dicen que lo hacen, porque en los hechos ello no ocurre-, lo cual es propio de la intermediación bancaria.
En la comisión investigadora también se hizo presente la necesidad de que exista una comisión de valores que pueda integrar efectivamente la información de un órgano a otro. Lo que ocurrió en este caso fue que una superintendencia recibía información y estaba advertida de los hechos, pero esa información prácticamente quedaba en el escritorio del funcionario público que recibió la denuncia. Es decir, no había integración respecto de información que, de haberse conocido a tiempo, pudo haber significado desbaratar estas verdaderas bandas criminales, según dan cuenta los hechos acreditados mediante la investigación penal respectiva.
En consecuencia, advertimos falta de proactividad en los funcionarios públicos encargados de fiscalizar en este ámbito, lo que queda en evidencia con su inacción respecto de las advertencias que se les hicieron en cuanto a su perímetro de fiscalización. Por ejemplo, hubo quienes señalaron que ellos solo fiscalizaban a quienes están regulados, pero en este caso en la esquina de esa institución se ofrecían iguales servicios, iguales actividades, incluso con promoción en la prensa, a vista y paciencia de la autoridad, que no hizo nada.
Señor Presidente, en nuestras conclusiones advertimos acerca de la inactividad, de la falta de proactividad de algunas instituciones y de algunos reguladores.
También llamamos la atención acerca del rol del Ejército de Chile, que al final del día solo veló por la seguridad y la integridad patrimonial de sus miembros, cosa que está bien; pero, dado que sabía que esas entidades financieras promovían los mismos ilícitos entre otras personas naturales, todas chilenas, debería haber sido más proactivo y diligente. Era esperable un actuar institucional más responsable de parte del Ejército de Chile, que incluso desplegó, como se ha podido acreditar, a sus servicios de inteligencia para indagar acerca de estas instituciones financieras, lo que le permitió alertar a los miembros de las Fuerzas Armadas en cuanto a que se abstuvieran de invertir en esas empresas, como dije, de fachada, de papel.
Reitero que era esperable mayor proactividad respecto del resto de los chilenos que estaban siendo afectados por esos fraudes.
En conclusión, llamamos a la Sala a votar a favor las conclusiones de la comisión investigadora, que, como hemos señalado, también advirtió falta de proactividad entre los entes reguladores. La Superintendencia de Valores y Seguros, por ejemplo, recibió alertas sobre este caso y varios otros de la misma naturaleza, pero poco y nada hizo respecto de abrir una investigación que hubiese permitido alertar a tiempo a otras personas que seguían invirtiendo de buena fe en instituciones que abusaron de la candidez de muchos compatriotas, pues ofrecían tasas del 5, del 10 por ciento mensual, obviamente muy por sobre las que ofrecían otras entidades financieras.
Sentimos que nuestros reguladores no estuvieron a la altura de las circunstancias a la hora de investigar y enfrentar con responsabilidad y con la seriedad esperable esas denuncias.
También consideramos que hay un vacío regulatorio importante y que es necesario dotar de mayor robustez y musculatura investigativa a algunas instituciones públicas, como la Superintendencia de Valores y Seguros, de manera que se puedan aproximar a las capacidades con que cuenta la SEC norteamericana a partir del 2008, cuando debieron enfrentar la crisis subprime, que gatilló sus debilidades respecto de la industria financiera, pues quedó en evidencia que había muchas empresas que operaban en el límite y con mínimas condiciones de seguridad respecto de su estabilidad para operar en el mercado, lo que hizo necesario aumentar la facultades de ese organismo público de Estados Unidos de América. Lo mismo deberíamos hacer nosotros.
En consecuencia, señor Presidente, llamamos a aprobar las conclusiones de la comisión investigadora.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Antes de ofrecer la palabra, debo corregir un error que cometí en el momento en que dimos la bienvenida a una delegación de Taiwán que nos visitó hace poco rato, pues saludé como embajador a quien en realidad es el encargado de negocios de la oficina de la República de Taiwán en Chile.
Estimo necesario precisar mi error para efectos del acta.
El señor WALKER.-
Las democracias tienen derecho a tener embajadores, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Espero que nadie vaya a sospechar o suponer que fue un error premeditado.
Tiene la palabra el diputado José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras del diputado Walker: debiesen tener embajador.
En cuanto al informe que nos ocupa, debo expresar que en la comisión hicimos un trabajo bastante serio y llegamos a la conclusión de que las instituciones del Estado pudieron haber realizado una labor de fiscalización mucho mejor y haber evitado así que miles de chilenos fueran estafados de manera burda por las empresas que incurrieron en estos fraudes piramidales.
Instituciones del Estado fallaron, y durante largo tiempo. Además, no fue solo una institución del Estado la que falló, sino varias, pues no obstante disponer de toda la información que requerían, que hacía evidente que se estaba cometiendo una estafa piramidal, no hicieron absolutamente nada.
Si uno va a un banco para buscar una alternativa para invertir sus ahorros, ve que las tasas que le ofrecen fluctúan entre 0,4 y el 0,5 por ciento mensual; con mucha suerte podría llegar a tasas del 0,8 o 0,9 por ciento mensual. Entonces, si estas empresas prometían, sin riesgo, tasas de 10 por ciento mensual, era evidente que se trataba de una estafa.
No es posible sostener una institución que paga tasas de 10 por ciento mensual por los depósitos que recibe. Por lo mismo, nadie que tenga una mínima formación financiera puede no haberse dado cuenta de que detrás de eso había una estafa, como es el caso de lo que estaba haciendo la empresa AC Inversions, al igual que algunas otras. Prometían tasas de retorno de 10 por ciento mensual, e incluso más, sin riesgo, para lo cual utilizaban la figura del contrato de mutuo.
Por eso decimos que las actuaciones de instituciones del Estado no estuvieron a la altura de lo que se espera de ellas. Me referiré a cada una de ellas, siguiendo el mismo orden que se utiliza en el informe que consensuamos en la comisión.
La Unidad de Análisis Financiero.
Esta institución tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Evidentemente, acá no estamos hablando de lavado de activos ni de financiamiento del terrorismo; pero creo que al haber recibido tantas advertencias, provenientes de las más variadas personas, respecto del actuar de estas empresas, lo mínimo que debería haber hecho es alertar a quienes estaban haciendo las denuncias para que entregaran los antecedentes al Ministerio Público.
Entendemos que en esa institución tienen el deber de secreto, pero sabían perfectamente bien lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. La Unidad de Análisis Financiero que tenemos es una vergüenza.
Insisto: entendemos que tienen el deber de guardar secreto y que no podían actuar institucionalmente, pero bien pudieron haber buscado, a través de la institucionalidad, alguna fórmula que permitiera que esa información fluyera, a fin de evitar que más personas fueran estafadas.
La Unidad de Análisis Financiero lo hizo muy mal.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El caso de esta institución es, a mi juicio, el más grave.
El artículo 2° de la Ley General de Bancos dispone que corresponderá a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la fiscalización del Banco del Estado, de las empresas bancarias, cualquiera que sea su naturaleza, y de las entidades financieras cuyo control no esté encomendado por la ley a otra institución.
Es evidente que la Superintendencia de Bancos, conforme dispone ese artículo, debe fiscalizar a todas las instituciones que captan dinero del público, y estas empresas lo hacían, y con publicidad, Lamentablemente, no lo hizo.
No se cumplió el mandato de la ley, y es evidente que el superintendente tiene una responsabilidad muy fuerte y clara por no haber fiscalizado; solo reaccionó una vez que esto salió a la luz pública.
Si a lo anterior agregamos lo que dispone el artículo 39 de la misma ley, queda clarísimo que el superintendente de Bancos debió haber actuado, pues el primer inciso de dicho artículo señala que ninguna persona natural o jurídica que no hubiera sido autorizada para ello por otra ley podrá dedicarse al giro que en conformidad a Ley General de Bancos corresponda a las empresas bancarias y, en especial -fíjese en esto-, a captar o recibir de forma habitual dinero del público, que es exactamente lo que hacían estas empresas a través de depósitos, de mutuos o de cualquier otra forma.
Más adelante, el mismo artículo otorga a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las atribuciones necesarias para fiscalizar.
En consecuencia, el superintendente pudo haber evitado una gran cantidad de esas estafas, pero no hizo absolutamente nada. Es cierto que la SBIF, a diferencia de la Unidad de Análisis Financiero y de la SVS, no recibió denuncias específicas, o por lo menos la comisión no tuvo conocimiento de ello; sin embargo, por ley estaba obligada a fiscalizar y facultada para hacerlo.
Por eso, a mi juicio, no cumplió con la ley, motivo por el cual tiene responsabilidad política en esta situación.
Quedó demostrado que cuando se hicieron las denuncias en contra de esas empresas, ya la gente había sido estafada, razón por la cual el cometido del superintendente queda severamente cuestionado en estas estafas piramidales.
El caso de la Superintendencia de Valores y Seguros es distinto, pero tiene gran responsabilidad.
En ese organismo hay gente que entiende de finanzas y que sabe que es imposible que una empresa garantice sin riesgo una rentabilidad mensual del 10 por ciento, ¡lo que se denunció quince veces a la Superintendencia de Valores y Seguros! No obstante, ese organismo no hizo absolutamente nada. Lo más grave es que esta oferta se hacía de manera pública, como lo hemos comprobado en la investigación. Sabemos que la oferta pública de valores también tiene que ser fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Reitero: el superintendente tiene una responsabilidad política clara y evidente por no haber ejercido las labores de fiscalización correspondientes, a pesar de haber conocido 15 denuncias.
Por otro lado, entiendo su posición, pero lamento que la Nueva Mayoría, a pesar de conocer toda esta información, no haya exigido la responsabilidad política de los superintendentes de Valores y Seguros, y de Bancos e Instituciones Financieras por no haber hecho la pega de fiscalizar, lo que habría salvado a muchos chilenos de esa estafa.
En el caso del director del Servicio de Impuestos Internos se podría decir que no se ejecuta su responsabilidad política por llevar menos tiempo en el cargo que los superintendentes. No obstante, el rol del Servicio de Impuestos Internos es recaudar recursos para la nación. Un año antes de que supiéramos de este escándalo, el Servicio de Impuestos Internos tenía pleno conocimiento de que esas empresas utilizaban contratos de mutuos, los que deben pagar el impuesto de timbres y estampillas; pero ese servicio no recaudó esos dineros para el erario nacional, lo que permitió que toda esa industria funcionara sin pagar los impuestos correspondientes.
Además, muchas personas que estuvieron al principio de la estafa piramidal obtuvieron grandes ganancias. El Servicio de Impuestos Internos sabía que las empresas existían, sabía el tipo de contratos que tenían, pero no fiscalizó los impuestos a las ganancias de quienes obtuvieron las rentabilidades que esas empresas les entregaban.
Por lo tanto, es evidente que el Servicio de Impuestos Internos no solo debió haberlos denunciado al Ministerio Público cuando recibió la información, razón por la cual le cabe responsabilidad, sino que debió haber acometido su rol principal, que es recaudar recursos donde corresponde. Sin embargo, no recaudó el impuesto de timbres y estampillas de los contratos de mutuos ni el impuesto a las ganancias de las personas que obtuvieron utilidades con la estafa piramidal al inicio de la pirámide.
Por otra parte, como señaló el diputado Silber, el Ejército debe ser leal con todos los chilenos, no solo con sus miembros. En consecuencia, si el Ejército, como quedó demostrado, tenía clara información de que miembros de esa institución estaban involucrados en esta situación, debió entregar la información de manera oficial al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público.
Por eso, al Ejército también le cabe un reproche.
Para concluir, debo señalar que esta comisión considera que organismos del Estado no estuvieron a la altura; pudimos haber salvado a muchas personas de la estafa, pero no se hizo, lo que requiere de una revisión de la forma en que se está fiscalizando en Chile para que estas estafas no ocurran.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, en la sesión pasada rendimos el informe de la comisión investigadora, por lo que no solo corresponde dar a conocer el trabajo de la comisión, sino también las conclusiones y las propuestas formuladas por unanimidad.
Tal como señalaron los diputados señores Silber y Edwards, la principal falla que detectamos en los organismos fiscalizadores, léase Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Valores, es que si bien la normativa orgánica que regula a cada una de esas entidades fiscalizadoras no establece con precisión ni con claridad su perímetro regulatorio respecto de esas empresas, no cabe duda de que algo raro existe si la Superintendencia de Valores recibe 15 consultas en relación con el funcionamiento de empresas de esta naturaleza, a las que se les da la misma respuesta, cual es que no tiene competencia para abordar una denuncia formulada por un ciudadano. Lo mismo sucede cuando la Superintendencia de Bancos también recibe denuncias en la misma dirección.
Por lo tanto, nuestra conclusión es que si bien la facultad no está consignada expresamente en sus leyes orgánicas, estos organismos pudieron haber hecho más que contestar las consultas señalando que no estaban dentro del ámbito de su competencia. Además, habida consideración de que esas empresas que cometieron estafas masivas funcionaban con páginas web, con oficinas conocidas y con propaganda impresa, no era una actividad financiera que se realizara en la clandestinidad, sino muy por el contrario.
En consecuencia, las instituciones fiscalizadoras que recibieron reiteradas denuncias de esa naturaleza pudieron haber concurrido a otros organismos del Estado, léase Ministerio Público u otros, con el propósito de hacerles saber su preocupación por denuncias reiteradas en la misma dirección y que afectaban la misma actividad financiera.
Señor Presidente, le pido que disponga la remisión del informe de la comisión investigadora al ministro de Hacienda, con el objeto de que el gobierno tome las iniciativas legislativas que se consignan en dicho documento.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, mi intervención obedece a un tema muy puntual relacionado con el reproche que hizo un señor diputado al Ejército por no haber entregado esos antecedentes.
Señor Presidente, el Ejército tomó las providencias correspondientes cuando tuvo conocimiento de esos hechos. Lo digo, porque presido la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, instancia en la cual quedó meridianamente claro que, por ley, el Ejército no puede inmiscuirse en los asuntos particulares de sus funcionarios. Sin embargo, tras tomar conocimiento de situaciones que, eventualmente, pudieren ser anormales, el Ejército notificó a la Superintendencia de Valores y Seguros, pero no obtuvo respuesta. Quiero dejar claro que no hubo respuesta.
En consecuencia, el Ejército hizo solo lo que podía hacer: elevar los antecedentes ante el órgano al cual le correspondía fiscalizar, que es la Superintendencia de Valores y Seguros. No pudo hacer otra cosa, porque las instituciones fiscalizadas a través de esta comisión investigadora estaban actuando en el marco de las atribuciones que les otorga la ley. Si el Ejército de Chile hubiese responsabilizado a esos organismos, que actuaban en el marco legal, habría sido objeto de denuncias.
Por lo tanto, no es posible plantear este tipo de reclamaciones.
Deseo aclarar que la Dirección de Inteligencia del Ejército formuló consultas incluso a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero no recibió respuesta alguna. La UAF no contestó porque no puede hacerlo, pues la ley que la creó especifica los casos que puede atender y a quién debe dirigir información. No puede hacer otra cosa; no puede entregar información a la Dirección de Inteligencia del Ejército ni a ninguna institución que no esté establecida en dicha ley.
Entonces, en cuanto al Ejército, el informe en estudio adolece de una lamentable desinformación.
Reitero: la institución castrense puso atención en esta materia y señaló el cuidado que debía existir. Su comandante en jefe fue muy explícito en manifestar que se prohibió a todos sus funcionarios actuar como captadores o intermediarios de este tipo de inversiones.
Eso sí podía hacer el Ejército. Lo que no podía hacer era formular una denuncia, porque no había qué denunciar, puesto que -lo que es peor se trataba de instituciones legalmente autorizadas.
Como Presidente la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, integrada por siete colegas de distintos partidos, responsablemente puedo afirmar que el oficial a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército nos dio a conocer expresamente los oficios destinados a las autoridades que señalé, de las cuales no obtuvo respuesta.
Por esa razón, en cuanto al Ejército -no me pronuncio sobre los demás instituciones fiscalizadas porque no conozco los antecedentes-, me parece impropio el reproche formulado en el informe. Los colegas que integran la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado pueden decir si estoy faltando a la verdad.
Estoy cierto de que, cuando procede, se deben hacer los respectivos reproches, pero considero que en este caso no corresponde.
Reitero que la comisión que presido fue absolutamente bien informada sobre esta materia, razón por la cual rechazo el reproche que se hace al Ejército en el informe en estudio. Dicha institución se adelantó a los hechos y advirtió a las autoridades competentes, más allá de lo que le correspondía. Una cosa distinta es si dichas autoridades tomaron o no en consideración lo que se les informó.
Repito: los colegas que integran la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado conocen la información que he detallado y saben que la Dirección de Inteligencia del Ejército fue convocada expresamente para que informara sobre esta materia.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión especial investigadora en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el eventual fraude de empresas de inversión.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, José Manuel ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa, Marisol ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Walker Prieto , Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Hasbún Selume, Gustavo ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Girardi Lavín, Cristina ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea.
El señor ANDRADE (Presidente).-
A petición del diputado señor Aldo Cornejo, solicito la unanimidad de la Sala para enviar copia del informe al ministro de Hacienda.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO OCURRIDO EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Finalmente, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta.
De conformidad con los acuerdos de Comités adoptados el martes 13 de septiembre, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, que se repartirá de manera proporcional entre las bancadas.
Diputado informante es el señor Jaime Pilowsky.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno Santa Marta, sesión 66ª de la presente legislatura, en 7 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PILOWSKY (de pie).-
Señor Presidente, cumplo con informar acerca del cometido de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta y, en particular, sobre las conclusiones y recomendaciones que aprobó.
En cuanto a la creación de la comisión, su mandato se originó en una solicitud presentada por sesenta y tres diputadas y diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 52, número 1), letra c), de la Carta Fundamental; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 313 del Reglamento de la Corporación, la que fue aprobada por unanimidad en sesión de Sala del 1 de marzo de 2016.
En la referida petición del 28 de enero de 2016, los parlamentarios solicitan que se constituya una comisión investigadora que “se aboque a investigar todos los hechos vinculados al reciente incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta y que generó una nube de humo que afectó a gran parte de la población de la Región Metropolitana, y cuyas consecuencias e implicancias en materia sanitaria aún se desconocen. Asimismo, investigar las actuaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, de la secretaría ministerial de Salud respectiva, del Servicio de Salud Metropolitano y todos aquellos órganos responsables de la autorización de funcionamiento y fiscalización del referido relleno sanitario, así como también otros rellenos sanitarios en actual funcionamiento en la Región Metropolitana”.
La Sala, junto con aprobar la creación de la comisión investigadora, acordó otorgarle un plazo de noventa días para cumplir su cometido. Dicho plazo expiró originalmente el 12 de julio de 2016, pero fue prorrogado por la Sala por treinta días, plazo final que venció el 18 de agosto.
Tanto la integración como la relación del trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento de su cometido, incluyendo las exposiciones efectuadas por los invitados, se describen detalladamente en el respectivo informe.
Cabe tener presente que para el cometido de su trabajo la comisión celebró un total de 16 sesiones.
Se deja constancia de que las conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por asentimiento unánime, consignándose en el informe la votación que recayó en cada acápite.
El texto íntegro de las conclusiones y recomendaciones es el siguiente:
1) Conclusiones.
1.1 En materia de planificación de los rellenos sanitarios.
a) Se determina la falta de una adecuada planificación y ordenamiento territorial, que debiese incluir la realización de estudios respecto de la localización de rellenos sanitarios y de la extinción de los vertederos como forma de tratamiento de los residuos.
b) Se concluye la falta de política pública por parte del Estado, lo que refleja el abandono en esta materia sensible, como es la disposición final de residuos sólidos.
c) Se aprecia una falta de equidad territorial en la ubicación de los rellenos sanitarios de la Región Metropolitana, ya que todas las estaciones de transferencia y los rellenos se encuentran en comunas periféricas, especialmente, en las zonas norte y sur poniente de la región.
1.2 En cuanto a la gestión de crisis.
a) La primera conclusión general de la comisión investigadora es que existió poca coordinación de las autoridades que tenían que hacerse cargo del deslizamiento y posterior incendio en el relleno sanitario.
b) Se concluye, además, que en el combate al incendio existió improvisación por parte de las autoridades, ya que no sabían cómo abordar el evento, contribuyendo a ello el hecho de que el plan de incendio de la empresa era insuficiente. En efecto, no contemplaba, por ejemplo, el uso de espuma química. Por otro lado, hubo ocultamiento de información por parte del titular sobre el deslizamiento y posterior incendio. Las autoridades tampoco dimensionaron adecuadamente los efectos de la nube tóxica que cubrió a la ciudad de Santiago. En este orden de ideas, la Seremi de Salud no tomó las medidas preventivas necesarias en los sectores aledaños al relleno sanitario, donde era recomendable evacuar a la población especialmente expuesta a la toxicidad del aire, como las mujeres embarazadas y los niños. Asimismo, hubo un retardo en las mediciones de calidad del aire en las áreas cercanas al siniestro. Recién después de dos días de iniciado el incendio se instaló una estación de monitoreo del aire.
c) Por otro lado, luego de iniciarse el incendio, hubo demora de parte de la intendencia y demás autoridades competentes en concordar con bomberos las medidas urgentes para atacar el siniestro, lo que significó que se perdiera tiempo en un momento crucial para la toma de decisiones. En efecto, uno de los cuerpos de bomberos no participó en la reunión inicial con las autoridades, sino que se sumó posteriormente. Además, se constató, por los testimonios recibidos en la comisión, que había algún grado de desconocimiento sobre la forma óptima para hacer frente a esta clase de incendios.
1.3 Acerca de las causas del deslizamiento y posterior incendio.
a) En cuanto a las causas del siniestro ocurrido en enero pasado en el relleno Santa Marta, la comisión, luego de escuchar los testimonios, tanto de autoridades como de representantes de la sociedad civil, llegó al convencimiento de que el incendio se generó por el deslizamiento o derrumbe de una celda en el relleno, el que, a su vez, habría sido provocado, principalmente, por la acumulación de lodos, como también por haberse sobrepasado la altura de las celdas y la recepción de más residuos que la permitida por la resolución de calificación ambiental (RCA) respectiva. A su vez, se comprueba que las faltas eran conocidas por los dueños del relleno Santa Marta, los que, incluso, las reconocieron. Por lo tanto, la empresa actuó de forma insensata, por lo que, en primer lugar, la responsabilidad recae sobre esta, ya que quedó en evidencia que pusieron en peligro tanto a la población como al medio ambiente.
a) Vinculado al punto anterior, la comisión concluyó que hubo falencias de fiscalización, especialmente respecto de la recepción de lodos y residuos hospitalarios, los que presentan una mayor complejidad en su manejo que los domiciliarios. También se estimó que debiese existir un mayor control en la autorización de la recepción de estos residuos y que, asimismo, es necesario actualizar el reglamento en la materia, para brindar una mayor seguridad sanitaria a la población.
1.4 En materia de fiscalización.
a) La comisión coincide con la Contraloría General de la República en cuanto a que la fiscalización de la operación de un relleno sanitario respecto de probables incumplimientos de las normas del Código Sanitario y su reglamento corresponde a las secretarías regionales ministeriales de Salud, debiendo estas, una vez constatado el incumplimiento de la normativa o, incluso, frente al riesgo de su ocurrencia, remitir los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente, a fin de que esta inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente, atendido su carácter de órgano competente para ese efecto.
b) La comisión hace presente que, desde el 2013, se encontraba en ejecución el Ordinario N° 1212, de la Subsecretaria de Salud, el cual instruyó a las Seremis de Salud respecto al cumplimiento de sus labores de fiscalización, acto administrativo que interpretó de manera errada la ley, sustrayendo a las Seremis de su labor de fiscalización, tratándose de las actividades que contaran con RCA. El aludido instructivo debe dejarse sin efecto, de acuerdo al informe de la Contraloría contenido en el oficio N° 61.224, de 19 de agosto de 2016.
c) Por otro lado, constituida tardíamente la Superintendencia del Medio Ambiente en el relleno Santa Marta -cuatro días después de notificado el deslizamiento-, constató severos incumplimientos normativos en relación con el diseño, tipo de residuos y mecanismos de información a las autoridades, respecto de los cuales el titular del proyecto se encontraba obligado.
d) Finalmente, la comisión concluye que los incumplimientos por parte de la empresa se perpetraron durante un período prolongado y de modo evidente, de manera tal que, de haber cumplido la Seremi de Salud con el mínimo deber de diligencia, se pudo haber evitado o minimizado un evento catastrófico que comprometió gravemente la salud de la población.
1.5 Infracciones y sanciones.
a) La comisión considera que, según una correcta aplicación de la ley N° 20.417, corresponde clasificar las infracciones del titular del relleno sanitario Santa Marta -esto es, ocultar información a la autoridad, alterar las condiciones de diseño del relleno y recibir residuos distintos a los que se le había autorizado como gravísimas, toda vez que se ha causado daño ambiental no susceptible de reparación y se ha afectado gravemente la salud de la población. En aras de encubrir u ocultar estas infracciones, se ha omitido y falseado información que se encontraba obligado a entregar el titular.
b) Por lo tanto, la comisión discrepa del criterio de la Superintendencia del Medio Ambiente al calificar las infracciones, ya que se limita a calificar como gravísima solo el ocultamiento de información, lo que demuestra excesiva benevolencia al calificar el resto de las infracciones como graves.
2) Recomendaciones.
2.1 Respecto a una política de gestión de residuos.
a) En relación con la gestión de los residuos, la comisión recomienda e insta al Ejecutivo a abordar en una ley la gestión de residuos en forma integral, ya que el relleno sanitario no es la única alternativa para su tratamiento. Este nuevo marco legal debiese propender a una mayor coordinación entre los distintos actores, involucrando a recicladores de base, empresas, municipalidades, gobierno y ciudadanía.
b) Se deben elevar los estándares de funcionamiento de los rellenos sanitarios y de los vertederos, ya que mientras algunos cumplen con normas internacionales, otros operan como simples botaderos de basura.
c) Debe existir una coordinación en el manejo de la basura a nivel de macrociudades que incluya el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, políticas de reciclaje, generación de energía a partir del tratamiento de los residuos, compensaciones a los habitantes de las comunas donde se instalan los rellenos sanitarios, etcétera.
2.2 De tipo normativo.
a) Se recomienda elaborar protocolos estandarizados de emergencia que permitan en el futuro enfrentar debidamente las crisis que se presenten en los vertederos y rellenos sanitarios, como el deslizamiento y posterior incendio ocurrido en Santa Marta.
b) Se propone revisar la normativa que faculta a las empresas para presentar un programa de cumplimiento (que conlleva un reconocimiento de responsabilidad) sobre temas medioambientales, lo que les permite suspender el proceso en su contra y evitar, así, sanciones.
c) Se plantea la conveniencia de actualizar las resoluciones de calificación ambiental cada cierto número de años.
2.3 En el ámbito sanitario.
a) Se recomienda a la autoridad competente encargar la realización de estudios sobre el efecto residual de la nube de humo que generó el incendio del 18 de enero pasado en la salud de la población de la zona afectada, especialmente en el sector de Lo Herrera. Este punto es muy relevante, porque se ha constatado que las toxinas y los furanos que estaban presentes en la nube de humo pueden afectar el desarrollo del embrión humano y, además, son perseverantes en el tiempo. Este seguimiento debería hacerse extensivo a los animales.
b) En un plano diferente, se propone que, por sus graves implicancias, la recepción de lodos y residuos hospitalarios sea autorizada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) al inicio o durante la operación de los proyectos, luego de una declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, por lo que no basta una carta de pertinencia, como ocurre actualmente.
c) Se propone que la Intendencia de la Región Metropolitana coordine las acciones necesarias para que la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana realicen nuevos estudios sobre la calidad de las aguas en las zonas más afectadas por el incendio en el relleno, con el fin de descartar la contaminación de aquellas por agentes orgánicos persistentes, como también por líquidos percolados que pudiesen haber llegado a las zonas aledañas. También se deja constancia de la preocupación de la comisión por los resultados que arroje la investigación que efectúa la Fiscalía de Talagante sobre daños medioambientales.
2.4 En cuanto a fiscalización.
a) La comisión considera que es necesario revisar y adecuar la normativa en materia de fiscalización, de manera tal que pueda mejorar sustantivamente su rol preventivo, lo que se traduce en que nuestros órganos públicos con competencia en la materia estén nítidamente definidos, sus funciones sean verificables y la eventual radicación de responsabilidad por negligencia o falta de servicios sea claramente atribuible y exigible.
En ese contexto, la comisión estimó fundamental que el ordinario N° 061224, de fecha 19 de agosto de 2016, emitido por el contralor general de la República en relación con las competencias tanto de la Superintendencia del Medio Ambiente como de las Seremis de Salud respecto de la fiscalización de los rellenos sanitarios, sea puesto en conocimiento de todas las autoridades pertinentes, a fin de que sea aplicado y, en caso de ser necesario, se rectifique cualquier resolución o acto administrativo que haya sido dictado en contrario a lo dispuesto en el referido ordinario de la Contraloría General de la República.
b) Se recomienda aumentar en la ley de presupuestos los recursos destinados a capacidades de fiscalización que le corresponde realizar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Seremi de Salud, para que puedan cumplir a cabalidad con el mandato de la ley.
En materia de sanciones las recomendaciones son las siguientes:
a) Considerando la conducta anterior del titular, la cantidad y gravedad de las infracciones cometidas y el daño evidente e inconmensurable que causó el incendio del relleno a la salud de todos los habitantes de la zona sur de la capital, procedería la aplicación de las máximas sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la revocación de la RCA y el pago de la multa más elevada.
b) La impunidad en que queda el infractor obliga a la comisión a requerir que se lleven a cabo, en el más breve plazo posible, las modificaciones legales que permitan tipificar y sancionar la figura del delito ambiental, de manera que la sociedad cuente con herramientas suficientes para perseguir la responsabilidad de quienes atenten de manera dolosa contra el medio ambiente, e indemnizar a los afectados.
Finalmente, y sin perjuicio de enviar una copia del informe a su excelencia la Presidenta de la República, de acuerdo al artículo 318 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión acordó enviar también ejemplares de aquel a las siguientes autoridades: al señor contralor general de la Republica, a la señora ministra de Salud, al señor intendente de la Región Metropolitana, al señor superintendente del Medio Ambiente y al señor fiscal de la Fiscalía Local de Talagante.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ha llegado a su término el tiempo destinado al Orden del Día.
En consecuencia, la discusión de este informe se iniciará en una próxima sesión ordinaria.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
INCLUSIÓN EN CENSO DE PREGUNTAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE SU CONDICIÓN Y CONTEXTO DE DESENVOLVIMIENTO
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 668.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 668, de los diputados Miguel Ángel Alvarado, Alejandra Sepúlveda, Marcela Hernando, José Manuel Edwards, Iván Flores, Claudio Arriagada, Ernesto Silva, Daniel Melo, José Pérez y Pablo Lorenzini, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, a través de los ministerios de Economía y de Desarrollo Social, gestione lo pertinente a fin de que las personas en situación de discapacidad sean consideradas en el proceso de censo con preguntas específicas relativas a su condición y contexto en el que se desenvuelven.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, este proyecto de resolución hace referencia a aproximadamente el 18,5 por ciento de la población chilena. Me refiero a las personas con discapacidad, que constituyen un universo absolutamente heterogéneo.
Dado que son distintos las realidades y los grupos etarios de personas con discapacidad, creemos imprescindible que exista una medición objetiva, cuantitativa y cualitativamente hablando, de las características de dicha población, a fin de allegar los recursos adecuados a cada uno de sus estratos sociales y etarios. Es importante que el Ministerio de Desarrollo Social, con los instrumentos del censo que se efectuará en Chile, dé cuenta de esa realidad que, reitero, no es homogénea a lo largo del país.
Invito a todos los diputados y diputadas a apoyar este proyecto de resolución, que solicita la adopción de una medida que contribuirá a que el mundo de la discapacidad esté plenamente integrado a la sociedad, pero desde un punto de vista objetivo, con acciones prácticas que reitero den cuenta de su realidad.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en la sesión de ayer y en la de hoy se han presentado diversos proyectos de resolución firmados por diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, cuyo objeto es solicitar al Ejecutivo la adopción de diversas medidas relacionadas con las personas con capacidades diferentes.
El presente proyecto de resolución tiene por finalidad pedir que el Ministerio de Desarrollo Social incorpore un set adicional de preguntas en el censo que permitan saber no solo el número de personas con capacidades diferentes, sino también otros aspectos relacionados con ellas, a fin de elaborar políticas públicas que fortalezcan medidas de igualdad y den la posibilidad de que todas las personas se desarrollen, independientemente de sus condiciones.
Para nosotros es fundamental que se apruebe este proyecto de resolución, pues se está realizando un precenso en el que se están incorporando todas las variables posibles que pueden ser objeto de estudio a lo largo del país. Por lo demás, es lo que nos pidieron varias organizaciones de personas con capacidades especiales.
Espero que la Sala vote favorablemente este proyecto de resolución, a fin de solicitar a los ministros de Economía y de Desarrollo Social que se haga efectiva la solicitud expresada en él.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 668.
En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez,
CREACIÓN DE SUBSECRETARÍA DE LA DISCAPACIDAD
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 669.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 669, de los diputados Miguel Ángel Alvarado, Alejandra Sepúlveda, Marcela Hernando, Loreto Carvajal, Iván Flores, Claudio Arriagada, Ernesto Silva, Daniel Melo, José Manuel Edwards y José Pérez, que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, envíe un proyecto de ley que cree la Subsecretaría de la Discapacidad.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, con el diputado Miguel Ángel Alvarado, el diputado Claudio Arriagada y la diputada Marcela Hernando, con los cuales formamos parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, y otros colegas, como la diputada Loreto Carvajal, hemos presentado toda una gama de proyectos de resolución que dicen relación con la discapacidad.
¿Por qué es tan importante crear una subsecretaría de la discapacidad? Esta idea se vincula con el proyecto de resolución anterior respecto de la cuantificación de las personas con discapacidad en la sociedad chilena. La última cifra de que disponemos indica que en el país existe aproximadamente un 20 por ciento de personas con discapacidad. Por ello, se requiere una nueva institucionalidad que implemente medidas positivas en beneficio de esas personas.
Desde el Fondo Nacional de la Discapacidad pasamos a tener un Servicio Nacional de la Discapacidad; por lo tanto, estimamos que debe crearse una subsecretaría de la discapacidad.
Esta idea no es menor, toda vez que una de las complicaciones más graves que hemos tenido en el último tiempo es que existen muchos servicios que, no obstante tener facultades y recursos para actuar en esta área, lamentablemente no se articulan entre sí, no conversan entre sí, por ejemplo, respecto de qué pasa con las ayudas técnicas del Senadis o sobre qué pasa con el Servicio de Salud y las operaciones que se deben realizar.
Entonces, el propósito de esta iniciativa es que a través de esta nueva subsecretaría se realice esa coordinación y se visibilice un problema con una especificidad tan característica, como es el que afecta a las personas con discapacidad al interior de sus familias y en su desarrollo dentro de la sociedad.
Quiero incorporar otra variable: la situación de las personas con discapacidad que viven en sectores rurales, en zonas extremas y en sectores alejados, porque están sujetas a condiciones mucho más complejas que las que enfrentan quienes viven en Santiago o en las propias capitales regionales.
En consecuencia, espero que la Sala apruebe este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, está claro que la política pública nacional sobre discapacidad no da cuenta de las tremendas necesidades y de las demandas que nos plantean quienes viven en esa situación.
Tal como se ha dicho, las instituciones encargadas de enfrentar los problemas que afectan a esas personas no se coordinan ni se comunican adecuadamente entre sí.
Por ello, considero necesario expresar a viva voz que en el Congreso Nacional, en esta Corporación en particular, se encuentran dando vueltas más de una docena de proyectos que se refieren a la discapacidad y a la deuda histórica que mantiene nuestro país con quienes padecen de discapacidad en sus distintas expresiones, que son entre el 20 y el 25 por ciento de la población nacional.
Algunos creen que esto se soluciona creando una subsecretaría de Estado más, un aparato burocrático más; yo estoy convencido de que es necesario crear una nueva política pública y una nueva institucionalidad sobre la materia, pero que den el ancho y den cuenta de la demanda y de la deuda histórica que tenemos con ese mundo.
Por eso, en términos generales comparto la propuesta que nos presentan los autores de la iniciativa y considero que aprobar el proyecto de resolución sería una muy buena noticia para el mundo de la discapacidad, especialmente en Fiestas Patrias.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, la verdad es que me preocupa que cada cierto tiempo el Congreso Nacional plantee la creación de alguna nueva subsecretaría. Ahora es la de la discapacidad, hace un tiempo fueron la del adulto mayor y la de la infancia. Ya tenemos el Ministerio de la Mujer, y el día de mañana, a lo mejor, vamos a tener que crear el ministerio del hombre.
Es decir, vamos creando instituciones superiores para intentar solucionar problemas, cuando lo que en el fondo pasa es que no tenemos adecuada coordinación entre los servicios, ni se ha trazado un camino adecuado dentro de los programas y proyectos de evaluación que señale qué debemos hacer respecto de los resultados de los servicios.
Esto no lo digo por el gobierno actual ni por el anterior, sino por todos los gobiernos. Nada sacamos con seguir creando subsecretarías si no tenemos una evaluación clara y precisa de los diferentes programas, proyectos y subvenciones con los que contamos en el sistema de apoyo para este sector de la población.
No cabe duda de que necesitamos revisar lo que estamos haciendo y determinar qué pasa con la situación de los discapacitados. Tampoco cabe duda de que necesitamos saber cuáles son las subvenciones con las que cuentan y cuáles son las familias que realmente las necesitan, para que reciban el apoyo adecuado, en los montos adecuados, en especial cuando se trata de discapacitados de la tercera edad.
Asimismo, es necesario revisar otras subvenciones que se entregan dentro del contexto de la familia en el mundo rural. Sabemos que se requiere más integración en los colegios para los alumnos afectados por alguna de las diversas expresiones de la discapacidad o para aquellas personas que tienen posibilidades distintas de desarrollo en sus vidas; pero no solo se necesita ahí, sino también a nivel superior.
Recientemente supimos del caso de una chica que, con el conjunto musical al que pertenece, tocó enfrente de La Moneda. Ella no puede ver, pero quiere estudiar leyes. El problema es que no puede ser recibida como alumna de derecho y estudiar abogacía porque la universidad no cuenta con las condiciones necesarias para recibirla.
Entonces, no sacamos nada con seguir creando subsecretarías; lo que necesitamos es mirar adecuadamente qué pasa en nuestro país en las diferentes direcciones sociales, los enfoques que tenemos que dar y revisar los programas que existen.
Hoy contamos con diversos programas, que se vienen aplicando desde los años 80, algunos otros creados por los gobiernos de la Nueva Mayoría y otros por el de la Alianza.
Revisemos y miremos realmente cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Estamos en el momento preciso para hacerlo, pues estamos haciendo una gran transformación en la educación. ¿Por qué no mirar la integración de los discapacitados en ella, en los diferentes niveles? ¿Necesitamos o vamos a necesitar una subsecretaría en Educación que se dedique a los discapacitados?
No juguemos con la creación de instituciones del Estado, no nos equivoquemos y creamos que creando más subsecretarías vamos a solucionar los problemas. No es la manera adecuada de actuar; la manera adecuada de hacerlo es que seamos serios y revisemos los programas que se aplican en el área de la discapacidad y determinemos si están cumpliendo una función adecuada. Para eso estamos: para fiscalizar, mirar y revisar los programas, cualquiera que se haya creado por el gobierno, y cualquiera que sea el signo de este.
Por lo tanto, llamo a los señores y señoras parlamentarios a reflexionar con detención cada vez que estemos frente a un proyecto de este tipo, para determinar adecuadamente qué estamos diciéndole a la ciudadanía y para que esta nos pueda creer.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, coincido con lo expresado por la diputada Pascal.
En esta Sala no hay nadie que no quiera colaborar, que no quiera ayudar a dar soluciones a quienes enfrentan este tipo de dificultades. Sin embargo, siento que lo que se requiere son políticas públicas más coherentes, más coordinadas, y no seguir creando aparataje público, porque, en términos prácticos, no resolverán el problema. Resolveremos los problemas existentes si efectivamente pedimos y exigimos mayor coordinación entre los servicios que corresponda, entre aquellos que tiene competencia en materias como esta.
No tengo ninguna duda de que quienes presentaron este proyecto de resolución tienen la mejor de las intenciones; sin embargo, siento que, además de ser esta una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, finalmente puede no solo no ayudar, sino que incluso puede complicar mucho más el trabajo que se realiza.
Por esa razón, comparto, desde un ángulo muy distinto, desde una mirada política muy diferente a la de mi colega Denise Pascal, el planteamiento que ella nos hace, porque, desde luego, creo que busca privilegiar una solución de fondo.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 669.
-Durante la votación:
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero recordar que hay un compromiso de Chile,…
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, estamos en votación.
El señor LETELIER.-
… en la convención de 2007,…
El señor ANDRADE (Presidente).-
¡Señor diputado, estamos en votación!
El señor LETELIER.-
…para crear la subsecretaría…
El señor ANDRADE (Presidente).-
¡Señor diputado, estamos en votación! ¡Lo llamo al orden!
En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Pascal
-Se abstuvieron los diputados señores:
Andrade
DEVOLUCIÓN DEL IVA A TURISTAS EXTRANJEROS EN REGIONES DE VALPARAÍSO, COQUIMBO , LA ARAUCANÍA, LOS LAGOS Y AYSÉN
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 670.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución N° 670, de los diputados Osvaldo Urrutia, Felipe de Mussy, Javier Hernández, Gustavo Hasbún, Enrique van Rysselberghe, María José Hoffmann, Andrea Molina, Sergio Gahona, David Sandoval y Marisol Turres, que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a la Presidenta de la República, para que en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el de Economía, Fomento y Turismo, y demás autoridades competentes, establezcan medidas de carácter tributario destinadas a consagrar un sistema de devolución del IVA más conocido como tax free respecto de los turistas extranjeros en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía, Los Lagos y Aysén, con la finalidad de promover el desarrollo de la actividad turística en esas zonas, fomentando con ello su desarrollo económico y social.
Lo anterior, reuniendo como requisito ser extranjero, realizar transacciones superiores a un cierto monto y dentro de un cierto plazo, que no se aplique a empresas y cumplir con las demás exigencias legales y administrativas que la autoridad disponga.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Sergio Gahona.
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, como bien sabemos, el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de recursos económicos en el país. Ya en 2015 se registró como la sexta actividad económica nacional, generó cerca de 2.900 millones de dólares -eso equivale al 3,2 por ciento del PIBy empleó a más de 300.000 personas.
Año a año la actividad turística nacional aumenta, y el auge de turistas que consideran visitar nuestro país y sus regiones, de norte a sur, se ha incrementado a tal punto, que hoy somos uno de los privilegiados a nivel latinoamericano en lo que respecta a destinos turísticos escogidos por los ciudadanos extranjeros.
Considerando esos datos, creemos necesario e indispensable que el país, por intermedio de las autoridades competentes en la materia, adopte medidas que se condigan con esa realidad y ese auge turístico, que vayan en respuesta y tengan directa influencia para cumplir el objetivo de seguir potenciando esta valiosa actividad.
Una de las medidas que propone el proyecto de resolución, que respaldaremos y votaremos favorablemente, es el establecimiento de un sistema de devolución del IVA, que vaya de la mano con los parámetros internacionales adoptados por otros países que tienen una fuerte afluencia turística, conocido como tax free, aplicado a turistas extranjeros que cumplan con ciertos requisitos, como realizar transacciones superiores a ciertos montos, que no se aplique a empresas y que sean concordantes con los requisitos legales y administrativos que se dispongan.
Este procedimiento podría implementarse en las regiones de Valparaíso, Coquimbo, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Atacama .
Creemos fervientemente que con esta acción podremos dar un verdadero carácter internacional a nuestra actividad turística y posicionarnos como un país aún más atractivo para visitar, lo que traerá como consecuencia un aumento de los ingresos económicos para Chile.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, quiero manifestar mi posición en contra del proyecto de resolución Nº 670, el cual busca fomentar el turismo a través de una exención o devolución tributaria a los turistas.
En primer lugar, no me parece que los extranjeros que vienen a turistear y a gastar recursos en distintos bienes de consumo tengan una menor carga tributaria, ya que la devolución del 20 por ciento sería una medida absolutamente regresiva.
En segundo lugar, no creo que el proyecto de resolución tenga los efectos esperados, ya que dudo que vengan más turistas debido a esa devolución de impuestos. Eso es confiar a ciegas en el dogma de que se tocará la sensibilidad de los extranjeros para hacer turismo en nuestro país.
Desde ese punto de vista, por un criterio de justicia y por un criterio de realismo, rechazaré el proyecto que busca devolver los tributos que pagan los turistas por consumir en Chile, recursos que benefician a la economía local y a las arcas fiscales.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 670.
En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
Auth
OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL SENAMA PARA EJERCER ACCIONES JUDICIALES DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE ADULTOS MAYORES
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Proyecto de resolución Nº 671, de los diputados Bernardo Berger, Jorge Rathgeb, René Manuel García, Leopoldo Pérez, Alejandro Santana, Pablo Lorenzini y David Sandoval, que en su parte dispositiva dice:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, a fin de que en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, disponga el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que modifique la ley Nº 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en el sentido de otorgar y obligar a dicho servicio a ejercer las acciones judiciales de protección en favor de los adultos mayores, modificando para ello, sin perjuicio de otros textos legales, lo siguiente:
Introdúcese la siguiente frase a continuación de la letra d) del artículo 3º de la ley Nº 19.828:
“El Servicio deberá cautelar la debida integración del adulto mayor en el seno de su familia, ejerciendo todas las acciones necesarias, tanto de índole social, como de índole judicial. Para ello, el Servicio deberá ejercer las acciones judiciales de protección a modo de legitimado activo, ante los tribunales de familia competentes, a favor de aquellos adultos mayores que han sido abandonados por su familia o que se encuentren en estado de calle y sin el debido resguardo familiar.”.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.-
Señor Presidente, no resulta ser ninguna novedad el hecho de que nuestros adultos mayores se encuentran cada día más abandonados. Más de alguno de los presentes habrá ingresado algún proyecto para solicitar protección para nuestros ancianos.
Sin embargo, a pesar de que existe una institución que está llamada por ley a la protección de los adultos mayores, como es el Senama, creado por la ley Nº 19.828, llama la atención que no se le haya dotado de las facultades necesarias para que sea el legitimado activo para comparecer ante tribunales de familia e interponer recursos de protección a favor de los adultos que han sido abandonados por sus familias, para que estas se hagan responsables y les entreguen el cuidado que merecen.
Por ello, mediante el proyecto de resolución se solicita al Ejecutivo que instruya a la institución pertinente para que se despache un proyecto de ley que modifique el artículo 3º de la ley Nº 19.828, para agregar, a continuación de su letra d), la atribución para que el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) sea el legitimado activo para ejercer las correspondientes acciones judiciales de protección ante tribunales competentes, a fin de compeler a los familiares para hacerse responsables de sus adultos mayores.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hace mucho tiempo que venimos intentando que el Servicio Nacional del Adulto Mayor o cualquier otro organismo se haga cargo de la defensa y atención de los adultos mayores por diferentes circunstancias.
Se han tipificado muchos delitos para sancionar los abusos que se cometen en contra de los adultos mayores. También se han aprobado leyes sustantivas que les otorgan importantes derechos; sin embargo, las leyes son vacías y sin sentido cuando no tienen ninguna aplicación. Nada ganamos con dictar leyes sancionatorias cuando estas no pueden ejercerse, sobre todo respecto de adultos mayores que están en situación de calle y sin el debido resguardo familiar, que están desconectados de su familia o que no tienen ninguna posibilidad de acceder al Servicio Nacional del Adulto Mayor para su defensa.
Hemos hablado de un procurador judicial que atienda sus reclamos. Los adultos mayores llegan a nuestras oficinas distritales a reclamarnos, por ejemplo, porque no les han pagado sus pensiones, porque les pagaron de menos o por cualquier otra situación.
Reitero: si bien se han dictado muchas leyes sustantivas y penales, estas no tienen aplicación. Sin perjuicio de seguir avanzando, concuerdo plenamente con crear una autoridad especial, como un procurador o un defensor del adulto mayor, con amplísimas facultades judiciales y extrajudiciales.
Sin embargo, es atendible lo que se solicita mediante el proyecto de resolución, cual es modificar la ley Nº 19.828 para otorgar al Senama facultades judiciales de representación ante los tribunales de familia o ante cualquier organismo o tribunal de la república.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, hemos escuchado duras críticas de algunos colegas parlamentarios respecto de la decisión que se tomó en diciembre de 2015 en el sentido de reagendar la sesión de mañana para el lunes recién pasado.
Curiosamente, los diputados más críticos de esa decisión no están en la Sala, se fueron a sus distritos. Vinieron a poner el dedo y se fueron antes de la votación.
Por lo tanto, pido que se pasen los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia. No me parece que algunas personas usen los medios de comunicación para criticar una decisión y que después pongan el dedo para marcar su asistencia y se vayan.
La Mesa solo debe chequear quiénes van a concurrir a la votación del día de hoy.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Vamos a tomar las medidas de rigor, haciendo la revisión de los parlamentarios que expresaron su asistencia y que no van a concurrir a las votaciones. Finalmente, vamos a remitir la lista a la Comisión de Ética y Transparencia, como se ha solicitado.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, simplemente quiero señalar que algunos de los diputados señalados estamos presentes, pero no vamos a votar porque estamos pareados.
Quiero que quede claro para efectos del registro de las personas que no votaron.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 671.
En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE JARDINES INFANTILES (OFICIOS)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas.
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, los jardines infantiles son muy bienvenidos, pero algunos se están construyendo en lugares donde existen, por ejemplo, centros sociales, clubes deportivos o áreas verdes, los que, lógicamente, no deben ser tocados cuando existen otras posibilidades.
Destruir la poca capacidad que tenemos para eventos deportivos en comunas como Renca, Conchalí y Huechuraba, donde no existe una gran cantidad de áreas verdes, nos parece un despropósito.
Lamentablemente, esta situación se repite en forma sistemática en otras comunas de la Región Metropolitana.
Por lo anterior, pido oficiar a la ministra de Educación, a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji y al intendente de la Región Metropolitana, para reiterar la solicitud de información sobre la política de instalación de jardines infantiles.
Desgraciadamente, no nos han contestado los innumerables oficios que hemos enviado respecto de este tema. Por lo tanto, solicito que dichos oficios sean respondidos como corresponde.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE MONTO TOTAL ADEUDADO A USUARIOS DE ISAPRES (OFICIO)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, ayer nos informamos por la prensa de que las isapres estarían dispuestas a devolver 21.000 millones de pesos que, supuestamente, adeudan a los usuarios.
Frente a esta entrega parcial de información por parte de las isapres, en esta Corporación debiéramos conocer la verdad. Y lo cierto es que el monto que se anuncia por la prensa es muy inferior al real. Las isapres deben más de 200.000 millones de pesos a los usuarios, a quienes dicen que no les pueden devolver su dinero, porque les van a pagar con servicios.
Por ello, me interesa que la Superintendencia de Salud nos informe a cuánto asciende el monto total, históricamente hablando -no me refiero al primero o segundo semestre del 2015, que las isapres adeudan a los usuarios y que nos explique por qué esas instituciones, arbitrariamente, están diciendo a los usuarios que no les pueden devolver el dinero, pero que se lo pueden pagar por la vía de la entrega de servicios.
Hoy estamos dando una pelea muy fuerte contra un sistema previsional que no dio el ancho, porque nació mal, fue impuesto a sangre y fuego, y con engaño hacia los trabajadores. Además, sabemos que las pensiones que entregan las AFP son de hambre. Se dice que las AFP no son las dueñas del capital; sin embargo, los trabajadores no pueden disponer de sus dineros.
La segunda batalla que se nos viene encima, sin duda, se relaciona con las isapres, que actúan en forma tan abusiva como las AFP.
Por lo tanto, espero que el superintendente de Salud nos informe sobre cuánto adeudan en total las isapres a los usuarios, para que la Cámara de Diputados conozca la verdad.
No es posible que la Superintendencia de Salud acepte que las isapres digan a los usuarios que no les van a devolver su dinero, sino que se lo van a pagar en servicios. Esta burla contra los usuarios de este sistema comercializado de salud, el de las isapres, es inaceptable.
Por lo tanto, pido que se oficie al superintendente de Salud y a las instancias que corresponda -usted las conoce bien, señor Presidente, porque fue ministro del Trabajo y Previsión Social-, a fin de que nos informen sobre lo que he planteado.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Cristina Girardi, Alejandra Sepúlveda, Pepe Auth, Aldo Cornejo, Sergio Espejo, Lautaro Carmona, Daniel Melo y Vlado Mirosevic.
PREOCUPACIÓN POR EFECTOS DE TRASLADO DE PEAJE ANGOSTURA SOBRE ACTIVIDAD DE PASTELERAS DE COMUNA DE MOSTAZAL (OFICIOS)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, y se remitan copias a la Dirección Nacional de Concesiones de dicho ministerio, al intendente de la Región de O´Higgins, a la Dirección Nacional de Vialidad, así como a los respectivos servicios con bajada regional, a fin de que se señale la convicción total de quien habla del interés del ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, en arbitrar todas las medidas necesarias para solucionar el conflicto que se vive actualmente en el sector Angostura producto del desplazamiento hacia el norte del peaje del mismo nombre, que obligó a trasladarlo desde el sector norte de la Región de O´Higgins al sector sur de la Región Metropolitana, lo que afecta la tradicional e histórica actividad de las pasteleras de esos sectores, principalmente vinculadas a San Francisco de Mostazal, quienes se agrupan en cuatro sindicatos que representan a aproximadamente 160 familias, que desarrollan esa actividad tradicional e histórica y que tiene bastante raigambre en el acervo cultural de la comuna. Además, se trata de una actividad que les permite mantener a sus familias, educar a sus hijos y generar el sustento para sus hogares.
Esta actividad se ha visto interrumpida producto del mencionado traslado y el ministrode Obras Públicas ha manifestado su preocupación por el caso.
El oficio no solo tiene por objeto reconocer el problema, sino también lograr que las instrucciones bajen a la brevedad, para que, independientemente de la solución definitiva que se está analizando, al estilo de casos similares que se han dado en concesiones de otras carreteras, puedan ser habilitados puntos o áreas, con las medidas de seguridad pertinentes, para la venta de sus productos, no solo los fines de semana largos o durante las próximas fiestas patrias, sino de manera permanente, para que no tengan que seguir manteniendo una olla común para suministrar el alimento diario, sino que puedan proveerse de lo necesario para sus familias.
Asimismo, pido que se impartan las instrucciones pertinentes para que se conforme una mesa que se extienda más allá de los ámbitos de vialidad y de obras públicas, para que también esté integrada por Sence, Sercotec, Fosis y todos aquellos organismos que puedan ayudar en los procesos de capacitación, de levantamiento de habilidades productivas y de otorgamiento de créditos blandos para mantener esta importante actividad.
Dicho sea de paso, es fundamental que esto se solucione, para que no se generen conflictos en los desplazamientos por esas vías en el período de fiestas patrias que se avecina.
Finalmente, pido que se remita copia de mi intervención a los sindicatos, cuyos nombres haré llegar a la Secretaría.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS CONSIDERADOS PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A FONDOS CONCURSABLES EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, pido que se oficie al intendente y al presidente del Consejo Regional de la Región de La Araucanía -que represento en este hemiciclo-, a fin de que me informen sobre los criterios tenidos a la vista para adjudicar los recursos relativos a los fondos concursables para cultura, deportes y seguridad ciudadana del 2016.
Requiero toda la información, incluyendo los proyectos presentados y su correspondiente evaluación, porque me interesa analizar la abierta discriminación y perjuicio a la región, en especial a la provincia de Malleco.
De un fondo de 5.300 millones de pesos, a la provincia de Malleco, que representa más del 23 por ciento de la población de nuestra región, se le asignaron solo 1.013 millones de pesos, es decir, un 19 por ciento del total de los recursos.
¿De esa forma se favorece a las provincias más deprimidas? Claramente, no es así. Además, no se entiende que solo el 28 por ciento de esos recursos asignados a la provincia hayan ido a organizaciones sociales; el resto fue a los municipios, que tienen recursos.
No nos parece correcto.
A modo de ejemplo, me pregunto qué criterios se consideraron cuando la capital de la provincia de Angol, que tiene más de 60.000 habitantes, obtuvo 13,37 por ciento de los recursos, es decir, 135 millones de pesos, pero una comuna de las más pequeñas de la provincia, que no supera los mil habitantes, obtuvo 148 millones, es decir, 14,6 por ciento de los recursos.
Estas cosas no pueden suceder. Debiera existir un criterio objetivo para no poner en cuestionamiento la manera y los criterios tomados en consideración por el consejo regional y el intendente a la hora de decidir.
Así no se ayuda a las provincias más postergadas. Aquí no hay efectiva descentralización. Por eso se pone en cuestión el hecho de que los consejeros pidan más facultades. ¿Para qué?
¿Para que decidan de este modo, arbitrario e injusto, con la provincia más pobre de la región? Me parece que no están pensando en el bien común de la región y en un desarrollo equitativo.
A los que tienen menos deberíamos darles un poco más y no al contrario, perjudicándolos una vez más.
Esta realidad se repite en relación con la distribución de otros fondos.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
DESTINACIÓN DE INMUEBLE A CASA DE ACOGIDA DE ADULTOS MAYORES EN OSORNO (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hace un tiempo el gobierno anunció la construcción de 15 casas de acogida en el país. Hemos estado reiterando, a través de oficios, que se construyan más casas de acogida, porque las necesidades son ilimitadas respecto de los adultos mayores.
Me voy a referir en particular a la ciudad de Osorno, donde el municipio dispone de un inmueble dedicado a la atención de los estudiantes rurales. El edificio fue construido para ese efecto, pero desde 2011 dejó de funcionar para ese propósito. Hoy está disponible. Es un edificio con una gran superficie y todavía está en buenas condiciones. Su construcción costó aproximadamente 494.000.000 de pesos, los que provinieron del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Repito: ese edificio, que hoy está desocupado, se ofrece para que sea habilitado como casa de acogida o estadía de adultos mayores. Es muy necesario porque hay muchos adultos mayores postrados, solos o en situación de calle.
La municipalidad y quien habla, como parlamentario, queremos acudir al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) con el objeto de que pueda entregar respaldo financiero para gastos adicionales, como contratación de personal, alimentación, medicamentos, etcétera. En definitiva, para el cuidado personal, como corresponde, de los adultos mayores.
Cuando visitó Osorno la exdirectora del Senama, señora Rayén Inglés, se comprometió a ayudar con una casa de acogida a esa ciudad. Por desgracia, ella renunció. Esperamos que el actual director nacional pueda retomar este compromiso.
Por tanto, solicito que se oficie al ministro de Desarrollo Social para que requiera del Senama los recursos necesarios para atender a los adultos mayores o para implementar una casa de acogida en la ciudad de Osorno.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
SOLUCIÓN A DISPUTA DE COMPETENCIA POR INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN LOCALIDADES DE COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con copia al director general de Vialidad, para que arbitre respecto de la situación que se está produciendo en la comuna de San José de Maipo.
La municipalidad está instalando, con fondos sectoriales, fundamentalmente con fondos del Programa de Mejoramiento Urbano, luminarias peatonales en los accesos a los distintos pueblos, incluida la ciudad de San José de Maipo, pero la dirección provincial está entorpeciendo la instalación de esas luminarias aduciendo que es una franja fiscal.
Si revisamos el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), esa acción está bajo la tuición del seremi de Vivienda y, además, bajo la administración de los alcaldes de las zonas urbanas, en las comunas respectivas.
Me gustaría que no se siga entorpeciendo la labor del municipio en favor de la comunidad y de los pueblos al interior del Cajón del Maipo. Ojalá que el ministro, a través de la Dirección de Vialidad, entregue una pronta solución a esta disputa de competencias, la que naturalmente tiene otros trasfondos que no quiero comentar.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE SALUD EN SECTOR BARRIOS BAJOS, EN VALDIVIA (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger.
El señor BERGER.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Salud para que informe sobre el estado de avance en que se encuentra el proyecto para la construcción del consultorio de salud en el sector Barrios Bajos, en Valdivia, compromiso suscrito con los vecinos hace ya casi diez años y que hasta hoy no se materializa.
Los dirigentes vecinales del sector se han reunido conmigo y me han pedido manifestar su preocupación, pues ven pasar el tiempo sin que haya novedades concretas.
Entiendo, además, que el contrato de comodato de los terrenos entre el municipio y el Servicio de Salud de Valdivia está a firme desde mayo de este año, por lo que es preciso conocer el camino que recorrerá el ministerio de aquí en adelante, materia de la cual se han quejado los vecinos porque no se les ha informado nada claro.
Me permito recordar que sobre ese consultorio las versiones entregadas por la cartera de Salud han sido disímiles: se ha dicho que se va a construir, pero también se ha manifestado lo contrario.
En definitiva, es de vital importancia entregar absoluta claridad sobre esa inversión, en particular en cuanto a que se considerarán partidas presupuestarias para su ejecución en el presupuesto de 2017.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS PARA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS EN COMUNAS DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb.
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, he recibido múltiples reclamaciones respecto de la escasez de señal ética y de la falta de preocupación que existe en relación con la instalación de pasos de cebra en diferentes comunas de mi región.
En estas fechas y en la temporada estival aumenta la circulación de personas por los sectores urbanos y, evidentemente, la cantidad de accidentes vehiculares que involucran a peatones debido a la escasa señalización o a que no existen pasos de cebra adecuados, lo que genera un riesgo adicional.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director del Serviu de la Región de La Araucanía, a la secretaria regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía y a los alcaldes de los municipios de Temuco, Padre Las Casas, Freire, Pitrufquén, Teodoro Schmidt, Gorbea, Cholchol, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, Toltén, Pucón, Villarrica, Curarrehue, Loncoche, Carahue, Cunco, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Galvarino, Perquenco, Lautaro, Vilcún, Melipeuco, Angol, Renaico, Traiguén, Lumaco, Los Sauces, Ercilla y Purén , a fin de que nos informen sobre las gestiones que están realizando para mejorar las condiciones de seguridad vial y peatonal en las comunas señaladas, de modo de evitar accidentes que involucren a peatones.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
SOLUCIÓN A PROBLEMAS QUE AFECTAN A CONDOMINIO SOCIAL EL CANELO II, COMUNA DE PUDAHUEL (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, quiero referirme a la situación que afecta al condominio social El Canelo II, de la comuna de Pudahuel, que fue entregado hace aproximadamente un año a diversas familias, que hoy viven un problema complejo.
Después de ocho años, muchas familias cumplieron el sueño de obtener su vivienda propia. Sin embargo, hoy se está haciendo latente una serie de irregularidades y de situaciones que quiero detallar. La más grave es la plaga de termitas, en su expresión más agresiva, que afecta la estructura de madera de las seis torres del condominio. No está lejos de entenderse que esas termitas o venían en la madera utilizada para la construcción o estaban en el suelo, que no fue previamente desinfectado o debidamente tratado antes de que se iniciaran las obras de construcción. Es decir, no se trata de termitas que se hayan alojado en el lugar producto del tiempo, como ocurre en otros sectores de la comuna, pues el condominio recién tiene un año de construido. De hecho, no hay antecedentes de que se hayan realizado estudios de suelo que autoricen la construcción de ese proyecto inmobiliario, lo que puede ser el origen del problema.
También existen problemas con el agua potable, debido a que está contaminada con residuos de las estructuras de madera que la constructora que ejecutó la obra no retiró del interior de las piscinas de acumulación. Tampoco se instalaron filtros de purificación de agua. En una de las torres se produjo el hundimiento de las losas, y hubo una mala instalación de los medidores de luz y del agua. Todo ello es parte de las denuncias hechas por los vecinos.
En definitiva, el sueño de obtener la vivienda propia de más de un centenar de familias se ve claramente oscurecido por todas esas dificultades, que han producido alarma y preocupación, tal como lo reflejó el reportaje de un canal de televisión hace un par de días.
En razón de los problemas mencionados, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, al director del Serviu Metropolitano -entidad que tuvo la responsabilidad de licitar y de llevar adelante el proceso de construcción a través de la empresa constructora respectiva y al secretario regional ministerial de Vivienda de la Región Metropolitana, a fin de informarles sobre la situación descrita y de que estudien la posibilidad, dados los plazos transcurridos, de ejercer acciones legales contra la empresa constructora para establecer su responsabilidad en lo ocurrido.
Asimismo, solicito que las autoridades mencionadas nos informen sobre posibles alternativas de solución para los habitantes del condominio El Canelo II, por ejemplo el otorgamiento de un subsidio de reparación o la realización de gestiones para exigir a la empresa constructora que repare los problemas señalados.
Además, solicito que se oficie al intendente de la Región Metropolitana, señor Claudio Orrego , y al alcalde de la municipalidad de Pudahuel, señor Johnny Carrasco , con copia de mi intervención, a fin de hacerles presente la situación que viven los habitantes de El Canelo II y de que coordinen acciones que ayuden, mediante la conformación de una mesa de trabajo con los dirigentes de dicho condominio, que encabeza el presidente del comité de administración, señor Julio Flores , a allanar un camino de solución del problema.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS REGIONALES DE APOYO A PRODUCTORES DE TOMATES, CEBOLLAS Y ZAPALLOS DE REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en el valle de Colchagua se conformó oficialmente una organización campesina que representa fundamentalmente a las comunas de Santa Cruz, Nancagua, Chépica y Placilla, la cual celebró una asamblea a la que tuve la posibilidad de asistir. Lamentablemente, esos campesinos tienen muchas complicaciones -conversamos sobre su situación en la Comisión de Agricultura con la producción de cebollas, zapallos y tomates, a raíz de las lluvias del mes de abril, debido a lo cual han solicitado ayuda al Ministerio de Agricultura.
El gobierno regional de O´Higgins acaba de aprobar más de trescientos millones de pesos para apoyar a esos pequeños agricultores. También aprobó mil quinientos millones de pesos, de los cuales más de trescientos millones también se destinarán a ayudar a esos campesinos.
Quiero dejar muy claro que esos son recursos de la región; no pertenecen al gobierno central o al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se trata de recursos que deben ser ejecutados a través de instrumentos de instituciones como el SAG, el Indap o la Corfo.
Lamentablemente, los instrumentos de las mencionadas instituciones no les sirven a los agricultores. Por ello, en la asamblea que llevaron a cabo, los productores de tomates, cebollas y zapallos de la Región de O’Higgins nos manifestaron su preocupación en el sentido de que, si bien hay recursos, se ven obligados a utilizarlos en algo que no necesitan.
Por lo tanto, pedimos que el Ministerio de Agricultura encuentre la forma de que los pequeños agricultores de la Región de O’Higgins puedan utilizar los recursos que les entregó el gobierno regional mediante instrumentos que les sirvan o, en su defecto, que se creen instrumentos que les permitan disponer de dichos recursos.
Insisto: se trata de recursos de la región. Por lo tanto, en el espíritu de descentralización que todos tenemos, ¿por qué no puede ser la propia región la que entregue los recursos a los agricultores con instrumentos que se creen regionalmente? ¿Por qué deben utilizarse instrumentos nacionales para la ejecución de recursos regionales aprobados para dar solución a problemas regionales?
La región ha puesto más de seiscientos millones de pesos a disposición de los pequeños agricultores, pero estos se ven obligados a utilizarlos en algo que no necesitan.
Por ello, solicito que el ministro de Agricultura tome conocimiento de los referidos problemas e inquietudes de los pequeños agricultores productores de tomates, cebollas y zapallos de la Región de O’Higgins e indique las líneas de acción que seguirá al respecto.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE OBRAS EN CAMINOS EN REGIÓN DE O’HIGGINS (OFICIO)
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
En segundo lugar, señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que me informe en qué estado de avance se encuentran las obras que se realizan en varios caminos de la Región de O’Higgins, como el que une Santa Cruz con Santa Isabel; el que lleva hacia las Termas del Flaco -en donde hace poco se produjo un accidente brutal-, que ya tiene listo el diseño y cuyo financiamiento -la obra importa un costo de más de 4.000 millones de pesos esperamos que se logre lo antes posible; el camino de Los Lingues, las rutas I-115, I-120, y el camino Lo Orozco, en nuestra comuna en Chimbarongo.
No se trata de caminos básicos, sino de vías estructurantes que, si bien requieren una cantidad considerable de recursos para su concreción, se necesitan en forma urgente.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONSTRUCTORA CON VECINOS DE POBLACIÓN GUAÑACAGUA I (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo que le resta al Comité Mixto e Independientes, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic.
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, solicito oficiar al director regional del Serviu de O’Higgins a propósito de la disputa que mantienen los vecinos de la población Guañacagua I con la empresa constructora Guzmán y Larraín.
Si bien en este conflicto el Serviu está cumpliendo su rol, me parece que hay que obligar a dicha constructora a cumplir con los vecinos.
Por tanto, pido que la autoridad indicada nos explique por qué dicha empresa sigue construyendo viviendas sociales, en circunstancias de que aún no se ha resuelto el problema relativo al conjunto habitacional Guañacagua I.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS PARA PERMISO DE EXPORTACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Radical Sociademócrata, el que, además, ha solicitado hacer uso del tiempo adicional de cinco minutos a que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas, según lo que establece el artículo 115 del Reglamento.
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, hace poco el Congreso Nacional despachó el proyecto que se convirtió en la ley Nº 20.920, que Establece Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje.
Durante la discusión de dicha iniciativa dijimos con claridad que, desde el punto de vista medioambiental, ella era muy importante para Chile, pero que, en el contexto de las necesidades de nuestro país, su objetivo debía cumplirse en forma absolutamente participativa, sobre todo porque sus disposiciones entregan al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de llevar a cabo y resolver, a través de reglamentos, algunos de los objetivos establecidos en ella.
No obstante, la verdad es que me siento sorprendido en esta materia, pues me llegó una minuta informativa sobre el reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, del Ministerio del Medio Ambiente, y no logro entender la intención del señor ministro al permitir que residuos peligrosos puedan ser exportados desde nuestro territorio.
Durante la discusión el proyecto señalamos con claridad que no era posible aceptar ni el ingreso de residuos peligrosos a nuestro país ni su salida hacia otros países sino solo de acuerdo con los compromisos asumidos en el Convenio de Basilea y ante la OCDE.
Por ello, tanto traer como sacar residuos peligrosos de nuestro territorio es inaceptable.
En la señalada minuta aparece algo que el señor ministro del Medio Ambiente quiere hacer y que me parece imprudente. El documento dice que “en virtud de dicho sistema se hace innecesario mantener vigente la prohibición contenida en el Decreto Supremo Nº 2, de 3 de julio, de 2010, del Ministerio de Salud,…”. Dicho decreto supremo forma parte de una política ambiental que limita la posibilidad de que nuestro país pueda exportar desechos peligrosos a otras latitudes. Porque así como no queremos que nos traigan residuos peligrosos, tampoco queremos que tales productos salgan de nuestro país hacia otros lados.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro del Medio Ambiente y a la ministra de Salud en el siguiente sentido:
Ante la propuesta de derogación del señalado decreto supremo del Ministerio de Salud, pido que me expliquen por qué en este proceso no ha habido consulta pública y si se contemplan mecanismos para que la ciudadanía pueda conocer y opinar sobre la medida antes de su adopción. En otras palabras, deseo saber si el ministerio ha generado algún tipo de participación ciudadana en lo que se refiere a los reglamentos que está desarrollando, en particular el que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.
Por otra parte, quiero que el señor ministro me informe sobre la forma en que conciliará una medida como la señalada con las disposiciones del Convenio de Basilea, en particular su enmienda prohibitoria.
En la misma línea, le pido que, de existir evaluaciones ambientales realizadas que justifiquen semejante medida, me indique cuáles son y las remita a esta Corporación.
Por otra parte, pido que la ministra de Salud me informe sobre la evaluación del decreto supremo Nº 2, de esa cartera, de 2010. Asimismo, que me indique cómo compatibiliza la propuesta en cuestión con los estándares de la OCDE.
Por último, le solicito que me remita copia fiel de los oficios y minutas que dan cuenta de los elementos de juicio tomados en consideración en el proceso de elaboración del reglamento sobre movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.
Lo anterior, porque me parece bastante raro que un ministro esté avanzando en derogar medidas de control medioambiental en vez de reforzar nuestra política en el tema.
Por último, considero que reglamentos de la naturaleza del señalado deben ser transparentes para la ciudadanía e incluir tanto su participación como la de las organizaciones medioambientales y la de todos quienes anhelamos que Chile tenga los más altos estándares en la materia.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.17 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
VIII.ANEXO DE SESIÓN
COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES
-Se abrió la sesión a las 13.43 horas.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES ANOMALÍAS EN DEPARTAMENTO DE SALUD DE VILCÚN (OFICIO)
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, el odontólogo del Departamento de Salud de la Municipalidad de Vilcún señor Víctor Orlando Cid Mellado, entabló una denuncia contra el contralor regional de La Araucanía, señor Ricardo Betancourt, por una serie de anomalías registradas en dicho departamento.
Por lo tanto, solicito oficiar al contralor general de la República, a fin de que disponga el inicio de una investigación y que se me informe sobre los resultados de la misma, con copia al señor Víctor Orlando Cid Mellado, domiciliado en calle Freire N° 530, Block 1, departamento 42, ciudad de Temuco.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría.
AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE CAMINO LOICA-CHADA, COMUNA DE PITRUFQUÉN, PARA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA (OFICIOS)
El señor CHAHIN.-
En segundo lugar, el contrato de las obras de mejoramiento del sector Loica del camino que une Loica y Chada, comuna de Pitrufquén, necesita una ampliación de 70.000.000 de pesos adicionales, ya que el contrato original no contemplaba las obras para el colector de aguas lluvia, indispensable en una zona tan lluviosa como es la Región de La Araucanía.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe sobre el particular, con copia al director regional de Vialidad de la Región de La Araucanía y a la presidenta de la junta de vecinos “Loica Unidos”, señora Lorena Benítez.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEJORAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN FAVOR DE VECINOS DE SECTOR LLAMAICO, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS)
El señor CHAHIN.-
En tercer lugar, la línea 8, que circula entre la comuna de San Ramón y Temuco, necesita de un mejoramiento en su frecuencia o, en su defecto, que se la incorpore a un proyecto de subsidio a la locomoción rural, con el objeto de mejorar el servicio que brinda a los usuarios del sector Llamaico, comuna de Padre Las Casas.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que disponga la búsqueda de una solución a este problema.
Finalmente, solicito que se adjunte copia de mi intervención a la vicepresidenta de la Junta del Comité Llamaico, señora Paola Aravena, cuyos antecedentes dejaré en Secretaría para su acertada ubicación.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
MEJORAMIENTO DE CAMINO A MISIÓN ARAUCANA, EN SECTOR DE MAQUEHUE, COMUNA DE PADRE LAS CASAS (OFICIOS)
El señor CHAHIN.-
En cuarto lugar, es necesario establecer un programa de mejoramiento del camino a Misión Araucana, sector Maquehue , comuna Padre Las Casas, ya que se encuentra en pésimo estado.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que considere esta petición, con copia al director regional de Vialidad, al director del hospital Maquehue y al presidente de la Asociación de Salud de Maquehue, señor Francisco Chureo .
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
INFORMACIÓN SOBRE POSTULACIÓN A BENEFICIOS QUE OTORGA LEY SOBRE EXONERADOS POLÍTICOS (OFICIOS)
El señor CHAHIN.-
En quinto lugar, el señor José Antonio Ramos Peralta , RUN 4.168.350-3, domiciliado en el sector rural de Santa Ema Norte, requiere información respecto de su proceso de postulación a los beneficios que tiene en virtud de la ley sobre exonerados políticos.
Esta persona vive desde hace un tiempo en ese sector rural de la comuna Curacautín, por lo que le ha sido imposible conocer las respuestas sobre su proceso de postulación a dichos beneficios.
Por lo anterior, solicita que esa información se le entregue vía telefónica o, en su defecto, en mi oficina parlamentaria, ubicada en la calle Manuel Rodríguez 616, comuna de Curacautín.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior y Seguridad Pública, al director nacional del Instituto de Previsión Social (IPS) y a la Comisión Asesora Presidencial Defensora Ciudadana y Transparencia, a fin de que informen sobre el particular.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN LOCALIDAD DE ÑANCUL, COMUNA DE VILLARRICA (OFICIOS)
El señor CHAHIN.-
Por último, en el lugar donde se encuentra ubicado el paradero urbano de Ñancul se han producido varios accidentes de tránsito. Se trata de un sector en que los vehículos circulan a alta velocidad, razón por la cual se hace necesario adoptar medidas que incluyan altos estándares de seguridad, como la colocación de balizas, la construcción de lomos de toro y la distribución de señalización peatonal.
La implementación de esas medidas colaborará a que los vehículos disminuyan la velocidad y entregará mayor seguridad a los vecinos que transitan por el lugar.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que disponga una solución para este problema, con copia al director regional de Vialidad, al concejo de Villarrica, a la presidenta de la junta de vecinos de Villa El Esfuerzo y a la señora Lissete González, domiciliada en calle Gabriela Mistral 720, Villa El Esfuerzo, Ñancul.
He dicho.
El señor CASTRO (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.48 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, ALVARADO, CAMPOS, FUENZALIDA, SABAG, Y WALKER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO, NOGUEIRA, Y SABAT, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL CON EL OBJETO DE INCORPORAR LOS DELITOS TERRORISTAS Y LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO, EN LA REGULACIÓN RELATIVA A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTO DE LA DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD DE LA DETENCIÓN Y DE LA PRISIÓN PREVENTIVA”. (BOLETÍN N° 10896-07)
Fundamentos:
-Mediante la ley 20.931 se modificó el artículo 132 bis del Código Procesal Penal, permitiendo la procedencia recurso apelación contra la resolución que declara ilegal una detención, ampliando el catálogo de delitos e incorporando los crímenes y simples delitos de la ley de control de armas y la ley de drogas, esto es las leyes 17.798 y 20.000.
-Lo mismo ocurrió respecto a la modificación del artículo 149 Código Procesal Penal, donde se incorporaron las figuras de crímenes y simple delitos de la ley 17.798 y 20.000, restringiendo la procedencia de la apelación en contra de resoluciones que nieguen o revoque la prisión preventiva.
-Lo anterior supone elevar a una especial gravedad las figuras delictivas, particularmente aquellas constitutivas de crimen o simple delito contenidas en estos cuerpos legales, por su incidencia en la actividad delictual que pretendía atacar la que su momento se denominó agenda corta antidelincuencia.
-Sin embargo, lo mocionantes creemos que resultaría pertinente incorporar a este catálogo de delitos las figuras de la ley 18.314 sobre Conductas Terroristas y de la ley 12.297 sobre Seguridad el Estado.
-Estas por cierto se refieren a figuras delictivas de la mayor entidad en el ordenamiento jurídico nacional, las que sin embargo fueron omitidas en el trámite de la agenda corta antidelincuencia quizás por no estar contenidas en las ideas matrices del proyecto de ley que buscaba el ataque frontal de figuras delictivas que afectaban a la propiedad.
Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:
ROYECTO DE LEY
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal:
1) Intercálase en el artículo 132 bis, a continuación de “N°17.798,” la expresión “N° 18.314, N° 12.297”.
Intercálase en el inciso segundo del artículo 149, a continuación de “N°17.798,” la expresión “N 18.314, N° 12.297”.