Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ADHESION
- Jose Antonio Gomez Urrutia
- Julio Lagos Cosgrove
- ADHESION
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Edmundo Salas De La Fuente
- Jaime Rocha Manrique
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CONSTANTINO AMBROSOLI VALLI.
- HOMENAJE : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- HOMENAJE : Laura Soto Gonzalez
- HOMENAJE : Arturo Longton Guerrero
- HOMENAJE : Aldo Cornejo Gonzalez
- HOMENAJE : Waldo Mora Longa
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CONSTANTINO AMBROSOLI VALLI.
- VI. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS SUBREGIONALES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CATÁSTROFES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS SUBREGIONALES. Segundo trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LEY SOBRE COBRANZAS ILEGALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- AMPLIACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LEY SOBRE COBRANZAS ILEGALES. Primer trámite constitucional.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CREACIÓN DE COMISIONES REGIONALES DE EMPLEO.
- ANTECEDENTE
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Monge Sanchez
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DEL MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL .
- ANTECEDENTE
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Laura Soto Gonzalez
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Arturo Longton Guerrero
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Felipe Letelier Norambuena
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Ignacio Perez Walker
- Haroldo Fossa Rojas
- Samuel Venegas Rubio
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE COMISIONES REGIONALES DE EMPLEO.
- IX. INCIDENTES
- EVASIÓN DEL PAGO DE PEAJE EN TRAMO TALCA-CHILLÁN. Oficio.
- PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Jaime Rocha Manrique
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Perez Arriagada
- Juan Nunez Valenzuela
- ADHESION
- RECHAZO A LLAMADO A PARALIZACIÓN DEL GREMIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
- TRASLADO DE FAMILIAS PARA EXTENDER SERVICIO DE METROTRÉN A TODA LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
- LEGISLACIÓN EN FAVOR DE RADIOEMISORAS NACIONALES. Oficio.
- FRANQUICIAS A FONDEROS DE LA SEXTA REGIÓN DEUDORES DE IMPUESTOS FISCALES. Oficio.
- EXTENSIÓN DE BECAS EN CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LEY QUE CONDONÓ DEUDAS CON LA EX CORA. Oficio.
- PLAZO TRANSITORIO PARA REINCORPORACIÓN AL SISTEMA PREVISIONAL ANTIGUO. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS VIALES, DE SALUD Y EDUCACIONALES EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
- CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA MEJORAR IMAGEN DE LABOR PARLAMENTARIA.
- INFORME SOBRE ACTUACIÓN DE DELEGACIÓN CHILENA EN JUEGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY. Oficio.
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación relativo a investigar las causas relacionadas con la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce)
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Maria Rozas Velasquez
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Sergio Correa De La Cerda
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Homero Gutierrez Roman
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Rosauro Martinez Labbe
- Felipe Valenzuela Herrera
- Sergio Velasco De La Cerda
- Edmundo Villouta Concha
- Marina Prochelle Aguilar
- Juan Pablo Letelier Morel
- Carlos Montes Cisternas
- Carlos Olivares Zepeda
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Enrique Jaramillo Becker
- Antonio Leal Labrin
- Salvador Urrutia Cardenas
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación relativo a investigar las causas relacionadas con la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce)
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 5ª, en miércoles 11 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 10.43 a 13.38 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental del señor Rocha Manrique, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Permisos constitucionales9
V. Homenaje.
Homenaje en memoria de don Constantino Ambrosoli Valli9
VI. Fácil Despacho.
-Acuerdo sobre servicios aéreos subregionales. Segundo trámite constitucional16
-Acuerdo entre Chile y Argentina sobre cooperación en materia de catástrofes. Primer trámite constitucional17
VII. Orden del Día.
Ampliación de ámbito de aplicación de ley sobre cobranzas ilegales. Primer trámite constitucional19
VIII. Proyectos de acuerdo.
-Creación de comisiones regionales de empleo32
-Ampliación del mandato de la Comisión investigadora de la privatización de la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Esval34
IX. Incidentes.
-Evasión del pago de peaje en tramo Talca-Chillán. Oficio.36
-Pavimentación y construcción de caminos en la Primera Región. Oficio37
-Rechazo a llamado a paralización del gremio del transporte terrestre37
-Traslado de familias para extender servicio de metrotrén a toda la Sexta Región. Oficio38
-Legislación en favor de radioemisoras nacionales. Oficio38
-Franquicias a fonderos de la Sexta Región deudores de impuestos fiscales. Oficio39
-Extensión de becas en centros de formación técnica. Oficio39
-Prórroga de vigencia de ley que condonó deudas con la ex Cora. Oficio40
-Plazo transitorio para reincorporación al sistema previsional antiguo. Oficios41
Pág.
-Información sobre materias viales, de salud y educacionales en comunas de la Décima Región. Oficios42
-Campaña comunicacional para mejorar imagen de labor parlamentaria43
-Informe sobre actuación de delegación chilena en juegos olímpicos de Sydney. Oficio44
X. Documentos de la Cuenta.
-Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales hace presentes las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1.Establece reintegro parcial de los peajes pagados en vías concesionadas por vehículos pesados y establece facultades para facilitar la fiscalización sobre combustibles (boletín Nº 2592-15)47
2.Prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, suspendiendo la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2496-15)47
3.Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación relativo a investigar las causas relacionadas con la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce48
4.Moción de los diputados señores Girardi, Jaramillo, Leal, Urrutia, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana, y Saa, doña María Antonieta, sobre derechos de los pacientes (boletín Nº 2597-11)75
-Oficios de la Excma. Corte Suprema, por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
5.Modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores (boletín Nº 2574-03)83
6.Sustituye el procedimiento para el cobro judicial del derecho de aseo (boletín Nº 2568-07)84
7.Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite copia de la sentencia dictada en el requerimiento formulado en contra del Tratado entre las Repúblicas de Chile y de Argentina sobre Integración y Complementación Minera (boletín Nº 2408-10)87
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
-De los diputados señores Salas y Rocha, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 12 de octubre del año en curso para dirigirse a Indonesia.
2.Oficios:
Ministerio del Interior
-Del diputado señor José García, nómina de postulantes a pensiones asistenciales, de vejez e invalidez, actualizadas al 31 de julio pasado, en cada una de las regiones del país.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Mora, procedimiento de repactación de deuda de pequeña y mediana empresa a través del Fogape.
Ministerio de Justicia
-De los diputados señores Jocelyn-Holt, Mesías, Jarpa, Valenzuela, Rocha, Aníbal Pérez y Comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, registros administrativo-financieros correspondientes a adquisiciones de los años 1988 y 1989.
Ministerio de Obras Públicas
-Del diputado señor Huenchumilla, proyecto Victoria, Novena Región.
-De los diputados señores Ascencio, Velasco, Jarpa, Joaquín Palma, Arratia, Delmastro, Mora, Van Rysselberghe, Kuschel y de la diputada señora González, ruta W-589 Achao-Chequián, provincia de Chiloé, Décima Región.
-Del diputado señor Jarpa, reposición PuenteNahueltoro, Octava Región.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Kuschel, fondo de desarrollo de las telecomunicaciones.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Encina, fiscalizar contaminación acústica y sanitaria que produce el vertimiento de desechos sólidos en la localidad de Guanaqueros.
Programa de Reconocimiento al Exonerado Político
-Estadística Programa Exonerados.
Municipalidad de Pudahuel
-Del diputado señor Navarro, acciones realizadas en relación con ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino.
Municipalidad de Puerto Varas
-Del diputado señor Kuschel y Comité parlamentario de los Partidos Renovación Nacional, Por la Democracia y Demócrata Cristiano, número de alumnos de primeros básicos y número de alumnos egresados de cuartos años medios de establecimientos educacionales municipales de esa comuna.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (102)
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Galilea carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, el ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez, y el senador señor Julio Lagos.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor MORA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MORA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 38ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 39ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MORA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Salas y Rocha para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 12 de octubre del año en curso, para dirigirse a Indonesia.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CONSTANTINO AMBROSOLI VALLI.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Corresponde rendir homenaje en memoria de don Constantino Ambrosoli Valli .
Se encuentran presentes en las tribunas las señoras María Luisa y Luciana Ambrosoli Maschietto , quienes, junto a familiares y amigos de don Constantino Ambrosoli Valli , Q.E.P.D., asisten al homenaje que la Cámara de Diputados rinde a quien fuera un visionario y destacado empresario.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, querida familia de don Constantino Ambrosoli .
La Cámara de Diputados, que constituye el cuerpo más representativo del país, hoy hace un alto en su trabajo legislativo para recordar y rendir homenaje a un hombre notable, al cual, por muchos motivos, como chilenos y en especial como viñamarinos, debemos un profundo agradecimiento.
Me refiero a don Constantino Ambrosoli Valli , ciudadano italiano nacido en 1908 en Ronago, ciudad ubicada en una colina cercana al lago di Como, quien llegó a nuestra patria y a Viña del Mar en 1948 y que falleció en esta ciudad hace sólo algunos meses.
Obliga a que nuestra mirada no pueda dejar de dirigirse sobre la figura de este inmigrante italiano por un hecho que me atrevo a calificar de notable: desde hace precisamente 50 años el nombre Ambrosoli es de tal modo conocido y famoso en Chile que a muchos, sin duda, les cuesta creer que ese nombre, que ha estado presente durante tanto tiempo en la memoria de los chilenos, más allá de designar caramelos y dulces pueda corresponder a una persona de carne y hueso. Digo esto último, sobre todo, porque hay una impresionante relación inversa entre la fama de estos productos y la personalidad callada, más bien retraída y totalmente quitada de bulla de nuestro homenajeado.
Al hablar de don Constantino me refiero, pues, al fundador de Industrias Ambrosoli en Chile, empresa instalada en Viña del Mar, donde él se afincó el 1 de mayo de 1948, que comenzó a producir sus primeros caramelos el 2 de enero del año siguiente, y ya el día 3, éstos se encontraban en las principales tiendas y restoranes de nuestra tradicional calle Valparaíso y muy poco después a lo largo de todo el país.
Esta capacidad de empresa y la eficiencia en el trabajo, no es por cierto fruto del acaso o del milagro. Detrás hay una historia tanto personal como familiar de creatividad, disciplina y esfuerzo que le sirven de fundamento.
Todo comienza con don Giovanni Battista Ambrosoli Veghüber y su mujer, doña Palmira Valli , de los cuales don Constantino fue el primogénito. Don Giovanni Battista , a cargo de una empresa familiar dedicada a la producción de seda, decide transformarla en una empresa productora y comercializadora de miel. En esta tarea comienza a ser ayudado por sus hijos mayores, entre los que destaca Constantino . Éste, entusiasmado por el giro del negocio, estudia química en Florencia y luego viaja en 1930 a Ohio, Estados Unidos, a trabajar en una firma de apicultura. En ella permanece seis meses, los que ocupa en aprender las últimas técnicas del rubro.
De regreso a su ciudad natal, comienza con su padre a producir los primeros caramelos que llevarán como marca el apellido de su familia. En 1936, contrae matrimonio con doña Eleonora Maschietto y de esta unión nacerán sus hijas María Luisa y Luciana .
Los años de la Segunda Guerra Mundial y los siguientes de posguerra fueron, por supuesto, muy duros. La empresa familiar, donde ya trabajaban el padre con cinco de sus ocho hijos, se hacía insuficiente para todos y, por eso, Constantino , el hijo mayor, decide salir al extranjero a abrir otros horizontes donde la experiencia ya adquirida pudiera encontrar campo fértil para cosechar nuevos frutos.
Quiso la buena estrella de nuestra patria que, como agregado comercial en la embajada de Italia ante nuestro gobierno se desempeñara en ese tiempo un cuñado de don Constantino , el señor Luciano Maschietto , quien lo entusiasma con la posibilidad de cumplir sus proyectos entre nosotros. Es así como, en las fechas señaladas, llega la familia Ambrosoli Maschietto a Viña del Mar, iniciando de este modo una de las historias empresariales más exitosas y fascinantes de nuestro medio.
Una de las claves del éxito de Industrias Ambrosoli la constituyó la increíble capacidad de innovación que le incorporó don Constantino . Desde los productos, pasando por sus envases, sus nuevos métodos de comercialización y su propaganda, todo en Ambrosoli fue novedoso y extraordinariamente competitivo. Clave fue también la innovación tecnológica en maquinarias y procesos de producción. Pero no podemos olvidar el que, sin duda, constituyó el factor principal: la cuidadosa selección del equipo humano que lo había de acompañar en esta aventura. Desde el más humilde operario hasta el más elevado de los ejecutivos, don Constantino sabía que todos eran importantes para sacar adelante el negocio. Lo inicia con once colaboradores: un apoderado, una secretaria, un cuidador y ocho operarios. Fue su sentido de empresa el que produjo que, desde un comienzo, ellos se sintieran y fueran efectivamente colaboradores en una tarea común. Las excelentes relaciones humanas han constituido un rasgo característico de esta empresa durante toda su existencia.
No fue extraño que, de a poco, don Constantino incorporara paisanos suyos, sea venidos directamente de Italia o de la ya numerosa colonia italiana de la zona. Es así como se integraron a Ambrosoli, entre varias otras, personas tan notables como el ya mentado Luciano Maschietto y su hermano Giancarlo ; Enzo Giannici , Raúl Capelli , Gerardo Gandolini , quien llegaría a ser yerno de don Constantino y que es ahora cónsul de Italia en Valparaíso. A Gerardo le incumbirá la responsabilidad principal de la empresa relacionada con la productora de envases, en un principio llamada Ambroprint y, después, Italprint .
Muchos son los rasgos que llaman la atención en la personalidad de Constantino Ambrosoli, pero hoy quisiera destacar con especial énfasis su condición de empresario, porque es la que predomina en su vida y en sus obras y a la cual él ordena todas sus otras virtudes.
Constantino Ambrosoli conocía su propia personalidad y sabía de los talentos con que Dios lo había dotado y que tenía que hacer un uso productivo de ellos de modo de retornarlos multiplicados. Sabía que la propiedad de aquellos talentos como la de recursos materiales, más que un puro y simple beneficio, constituiría la primera fuente de sus propias responsabilidades. Y a cumplirlas de manera excelente consagró su vida.
Como sucede con todos los empresarios que lo son de verdad, el goce de las utilidades que le dejaba su empresa no le compensó nunca los enormes esfuerzos que debía hacer cotidianamente para mantener el negocio andando, los riesgos que de continuo debía asumir, los desvelos sin término para que todo saliera bien, los malos ratos que, con seguridad, a cada instante le tocaba pasar. Sabía don Constantino que, para ser exitosa, su acción debía discurrir por el medio prudente entre los extremos de una temeridad carente de tino y de una cobardía que todo lo enerva, y que, para estos efectos, la buena administración de empresas ha de sujetarse a reglas y principios que no cabe inventar, sino conocer y aplicar según las circunstancias del momento.
Don Constantino sabía con claridad meridiana que de la prudencia de sus decisiones no sólo dependía el futuro de su empresa o el de su familia, sino el de cientos de colaboradores y sus familias. Sabía, por supuesto, que el hecho de faltar a la justicia con sus colaboradores introduciría un germen que, tarde o temprano, terminaría por erosionar la competitividad de la empresa; pero, también sabía que una generosidad malentendida, que lo llevara a ser excesivo en los beneficios del personal, incluyendo el suyo propio, podía terminar con la ruina de todos. De ahí el delicado equilibrio que debe reinar entre todos los factores que intervienen en una empresa y que con tanto tino don Constantino construyó y mantuvo en la suya.
¡Cuán alejada estaba su propia realidad de la caricatura de empresario -explotador, frívolo, despiadado- que como moneda corriente corrió durante tanto tiempo entre nosotros! Hombre frugal, sobrio hasta casi ser espartano, don Constantino se consagró al servicio de los demás, en especial de los más pobres, asegurando para ellos un empleo digno y estable. Fue una especial virtud suya el que nunca se arredrara frente a los ataques que recibía en su condición de empresario. Le hubiera sido muy cómodo retirarse a vivir descansadamente. Pero sabía muy bien que, entre sus obligaciones empresariales, estaba la de defender su profesión, y ello mirando no sólo su suerte personal, sino la de aquellos cuyo trabajo y sustento dependían en tan gran medida de sus condiciones de liderazgo.
Después de una larga y fecunda vida, en la que se alternaron las penas y las alegrías, los reveses y los triunfos, don Constantino entregó su alma a Dios. El balance final es ¡qué duda cabe! extraordinariamente positivo. Por eso, quiero expresar ahora nuestra gratitud por su colaboración incansable al progreso de todos, al progreso de Viña del Mar y de nuestra patria. Su venida correspondió a una decisión familiar adoptada en la Italia nativa y, por eso, quiero hacer extensiva esta gratitud a toda esa familia que, para continuar la empresa que con tanto ahínco había formado, confió en una patria como la nuestra, para ella tan lejana, y también a esta muy querida y noble nación italiana que, con tanta generosidad, ha repartido sus hijos por todo el mundo. Chile ha recibido de ella contingentes muy importantes de inmigrantes, muchos de los cuales también se han destacado por su capacidad empresarial.
Agradecemos sobre todo a Dios por haber traído hasta nuestra patria a un empresario como Constantino Ambrosoli. En medio de la severa crisis económica en que hoy se debate nuestra patria, cuando tantas manos de cesantes se alzan pidiendo un trabajo, no podemos dejar de volver la mirada a ese mismo Dios y rogarle que el camino que un día emprendió ese inmigrante empresario para llegar a nuestras costas sea seguido por muchos otros que, con su empuje, coraje y lucidez, nos ayuden a abrir para nuestro pueblo los mismos horizontes que don Constantino abrió en su momento.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO, doña Laura (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, estimadas María Luisa y Luciana , hijas de don Constantino Ambrosoli , familiares y colaboradores:
Estamos aquí para rendir un homenaje a un gran visionario, a un gran emprendedor. Lo hago en nombre propio, de mi bancada, el Partido por la Democracia, y del Partido Socialista.
Dos siglos, dos continentes, dos océanos, la tierra y los cielos que la cubren fueron testigos de la vida de quien, desde los faldeos de los Alpes, soñara con un mundo diverso, con otras nieves eternas, con otras mieles de flores extranjeras, con otra lengua, que lentamente la haría propia.
Es importante destacar que Constantino Ambrosoli Valli triunfó en lo suyo, en su querida Italia, envolviendo por doquier los dulces y caramelos, pero también sufrió el drama de la guerra, el luto por muchos de los suyos y el quiebre del negocio familiar.
Mas esa experiencia tan dura, que hubiese quebrado a otros, a él no lo amilanó; por el contrario, fue el aliciente para el reinicio de lo que prometía un largo y fructífero florecimiento. Y fue entonces, en la bonanza, que su sueño de siempre, que su premonición de otros mundos por conquistar lo empuja a la aventura, a la incertidumbre del triunfo o del fracaso. Y así, casi sin pensarlo, en los albores del año 48, se embarcó en la búsqueda de una nueva patria, y, en un largo viaje de soledad, de frías estrellas y de mares embravecidos, fue ideando una nueva empresa y anhelando una nueva familia que le recordara otros ojos, otras manos, y que tuviera la dulzura de los amores lejanos.
Así, en sus inicios en este nuevo país que haría suyo, no bien pisara la tierra, se estableció en Santiago de Chile; mas, los caprichos del destino lo trajeron a Viña del Mar, a esta ciudad que lo entramparía con su encantamiento. Por eso, después diría que, como una enamorada, lo captó por su belleza, por su naturaleza, por la facilidad de comunicarse y de tener amistades. Por ese mutuo entendimiento del espíritu, diría más tarde que la fecha de su llegada se le quedó grabada en el corazón para siempre.
Aunque en un comienzo encontró dificultades y competidores, no se amilanó, pues su espíritu, que estaba hecho con la dureza del acero y la flexibilidad de la caña, le permitió sortear todas las trabas y olvidar los sinsabores. Es así como un día de enero la nueva empresa Ambrosoli comienza a producir sus caramelos rellenos con la miel de nuestros campos, todos ellos envueltos en papeles multicolores, dulce mercadería que él personalmente llevaba a las confiterías, salones de té y almacenes, diciendo como si nada: “Vuelvo en una semana más”. Luego, al regresar, señalaba a su interlocutor: “Ahora me puede hacer el pedido”. Así, este hacedor de cosas y creador de novedades fue empujando su industria, dando cabida en ella a un gran número de trabajadores, con los cuales don Constantino mantuvo las mejores relaciones humanas, al punto que durante la crisis de 1982 se evitaron los despidos, en un logro de activa participación que, con el correr de los tiempos, convirtió a la empresa en un concepto de familia unida, presta a crecer en comunidad, a defenderse de las dificultades y a disfrutar de las bonanzas.
El que vino allende los mares nos conquistó con la dulzura, y allí está, en la sonrisa de cada niño, en el afecto y amor de quien da y recibe, símbolo del romance y de la amistad.
Por todo esto, expresamos a sus hijas Luciana y María Luisa , a sus familiares y colaboradores y a todos quienes le quisieron bien nuestro más vivo sentimiento por su partida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON (de pie).-
Señor Presidente, familiares de don Constantino Ambrosoli , amigos y colaboradores, estimados diputados y diputadas:
En nombre de la bancada de Renovación Nacional, me corresponde rendir homenaje al ilustre empresario y destacado viñamarino don Constantino Ambrosoli Valli .
La sola mención de su apellido me hace evocar recuerdos de niñez, siempre asociados a momentos felices de ilusión infantil. Es de aquellas palabras que traen a la memoria inmediatamente las simples fiestas de cumpleaños de antaño, el premio por alguna proeza escolar o el vidrio helado de una vitrina que protege miles de dulces envueltos en papel celofán amarillo, el elemento obligado de una pascua de conejos o el sabor a miel en la boca, mirando una vieja película en la matiné. Después de muchos años, descubrí que Ambrosoli no era un nombre de fantasía, sino el apellido de un hombre que con su esfuerzo y constancia construyó una empresa que fue y es parte de nuestro paisaje cotidiano, como si siempre hubiera existido.
Formó parte de esa enorme cantidad de extranjeros que se radican en nuestro país, particularmente en nuestra región, en una época en que no se pregunta sobre la procedencia ni el pasado, sino que se abren los brazos generosos de Chile para brindar tranquilidad y cariño a todos aquellos que quieran desplegar su empuje y desarrollar un trabajo honrado en esta tierra.
Constantino Ambrosoli encuentra en Viña del Mar el lugar donde, gracias a visionarios proyectos, lograría consolidar una industria que nos enorgullece y nos recuerda que gran porcentaje del futuro de las provincias sigue dependiendo de las personas que, con audacia, se atreven a enfrentar desafíos y riesgos, confiados en el trabajo constante y en sus propias capacidades, más que en oportunismos y especulaciones.
En 1948, llega a nuestro país e inicia modestamente, siguiendo la tradición familiar, la instalación de una planta envasadora de miel de abeja y una fábrica de caramelos. Desde 3 Oriente, empiezan a repartirse rápidamente por todos los lugares de la zona central los productos de gran calidad que Constantino Ambrosoli produce con una dedicación y cuidado que difícilmente se podían encontrar en la elaboración de otros productos similares. La máquina rotativa de celofán de tres colores, caramelos, chocolates, postres, refrescos y miel de abeja, son los productos que aparecían ante nosotros como una dulce y próspera empresa. Detrás de todo esto estaba, sin duda, el duro trabajo de un hombre, acompañado de su leal familia y para quien estos nombres de productos tan dulces significaron riesgos, incertidumbre y, paradójicamente también, momentos muy amargos.
Los desafíos del crecimiento industrial fueron para Constantino Ambrosoli el estímulo interminable de nuevos y novedosos proyectos. La comodidad y el conformismo jamás lograron disminuir su gran energía y emprendedor carácter. Como todo hombre que por medio de un descomunal esfuerzo logra construir algo importante, conserva la humildad de atribuir su éxito no a él, sino a los demás. Con la grandeza de espíritu que lo caracterizaba, repetía a menudo: “Este éxito yo nunca lo había esperado; en realidad, me lo han regalado los chilenos”. Estas palabras reflejan su enorme agradecimiento al país que supo reconocer con cariño su contribución a nuestro desarrollo. Su larga vida fue una constante tarea de progreso en medio de un pueblo que, originalmente, no fue el suyo, pero con el paso de los años se confunde con él y al cual le entrega lo mejor de sí.
La muerte de Constantino Ambrosoli nos entristece y nos hace reflexionar sobre lo que queda después de su muerte. Sin duda, ya no resultan importantes los 26 mil metros cuadrados de construcción de Padre Hurtado ni los 9 mil de Santiago o los 65 mil de Reñaca Alto, sino las lecciones que entregó en su dilatada trayectoria: la demostración de que con inteligencia y trabajo se pueden hacer realidad grandes proyectos; que el respeto por los demás nunca será un obstáculo para consolidar una industria, sino que, por el contrario, resulta ser indispensable para su solidez; que no sólo desde Santiago puede soñarse con el progreso, sino que también las regiones de nuestro país tienen potencialidades para contribuir en forma efectiva a crear oportunidades de trabajo y de productividad para nuestro país. Es el legado que nos deja Constantino Ambrosoli : una lección y un enorme orgullo.
Lo más probable es que desde donde ahora se encuentre esté mirando las modernas máquinas que producen millones de sus ideas o los miles de vehículos que distribuyen los productos de la empresa que creó. Tengo la seguridad de que mira a esos niños que, con ojos brillosos, esperan que sus dulces salgan pronto de las vidrieras.
He dicho.
-Aplausos.
El señor KRAUSS .- Pido la palabra.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor KRAUSS .-
Señor Presidente, respecto del merecido homenaje que la Sala ha rendido a don Constantino Ambrosoli Valli , en representación del Comité Demócrata Cristiano iba a intervenir nuestro colega Aldo Cornejo .
Lamentablemente, circunstancias de salud le impidieron llegar a la Corporación. Por eso, solicito a la Mesa y a la Sala que su discurso sea incorporado en la versión de esta sesión.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
-El siguiente es el texto del discurso que se acordó insertar:
El señor CORNEJO (don Aldo) .-
Señor Presidente, señora Nora Maschietto , María Luisa y Luciana Ambrosoli , familiares presentes, honorable Cámara de Diputados, señoras y señores:
En nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, hoy rindo un sentido homenaje a quien fuera un destacado empresario de la V Región y del país; me refiero al fundador de la empresa Ambrosoli en Chile, don Constantino Ambrosoli Valli .
Corría el año 1948 cuando este hombre decidió buscar nuevos horizontes y atravesando el Atlántico llegó, junto a su mujer, la señora Nora Maschietto , y sus hijas, María Luisa y Luciana , hasta nuestra querida ciudad de Viña del Mar, con la idea de aplicar todo lo aprendido junto a su padre, Giovanni Battista Ambrosoli , en la producción de miel y fabricación de caramelos.
Así, en una actitud que hoy algunos podrían calificar de arriesgada, decidió invertir y nada menos que en un rubro que lo vincularía indefinidamente con momentos dulces y agradables, con envoltorios de celofán, con cajas de atractivos diseños, con una industria que no sólo ha generado trabajo y empleo para miles de trabajadores durante varias décadas, sino con una empresa que ha sido ejemplo y tradición en esta zona del país.
Podemos imaginar, entonces, cuando a fines de la década del 40, a don Constantino , impulsado por una gran fuerza interior, le bastaron pocos meses para despegar en el mundo empresarial, introduciendo en el mercado chileno el concepto de caramelos envueltos, transformándose en parte de la tradición colectiva del país.
Arrendó unos sencillos galpones en el sector céntrico de Viña del Mar, donde instaló una planta envasadora de miel de abeja y una fábrica de caramelos, dando vida a la empresa que ya todos conocemos. En un comienzo eran sólo ocho operarios, una secretaria y un cuidador; luego, la planta de trabajadores se multiplicó, como también su producción y ventas.
Pero ¿quién era este empresario? Este hombre, vinculado a la química, nació en Italia, en Como, el 29 de febrero de 1908. Hijo de don Giovanni Ambrosoli y de la señora Palmira Valli , cursó estudios en la Universidad Química Industrial de Italia y luego hizo su práctica en una industria del rubro de la miel en Estados Unidos, para trasladarse luego a sus tierras de origen y trabajar en la empresa paterna, incorporando nuevas ideas en la elaboración de los productos. Fue allí donde nacieron los caramelos “a la miel y a la leche”, los que luego se producirían a gran escala en nuestro país.
Al revisar la historia y trayectoria de la empresa, como también las principales características y valores presentes en este empresario italiano asentado en Chile, surgen espontáneas reflexiones que hoy quisiera destacar en este homenaje póstumo.
Me refiero a la certeza y convicción de reconocer que cuando existe audacia, inteligencia, voluntad y empuje, todos los proyectos pueden concretarse, dejando de ser sueños, para transformarse en realidad mediante la dedicación y el esfuerzo cotidianos: el estar allí -siempre presente-; no abandonar los detalles, preocupación permanente por la materia prima, por la elaboración, calidad y comercialización de sus productos; generación de un ambiente de trabajo estimulante, el mismo que se ha extendido por generaciones.
Don Constantino , apostando al aumento de su producción, no sólo depositó sus energías en esta región; rápidamente creó nuevos centros de distribución, dándose a una empresa cuyo nombre ha sido conocido y valorado en gran parte del mundo, con instalaciones industriales que abre en los mercados de Canadá, Estados Unidos, Australia , Rusia, México y Argentina, entre otros.
Si bien su nombre comenzó a ser rápidamente conocido en la Quinta Región y en el país, no fue hasta 1992 cuando la municipalidad viñamarina lo distinguió como ciudadano ilustre. Formó parte, además, de numerosas asociaciones y entidades privadas y sociales de esta región.
En el pasado mes de julio, a los 92 años, don Constantino abandonó su fábrica; pero los dulces y caramelos han seguido fabricándose, están en todas partes, en nuestros hogares, y en los de muchas otras familias del mundo entero. Son testigos de momentos agradables, momentos que provienen de la miel, aquella que este empresario, después de toda una vida, sin duda conocía muy bien.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En nombre de la Mesa, quiero expresar a las señoras María Luisa y Luciana Ambrosoli Maschietto nuestro más profundo sentimiento de pesar por el reciente fallecimiento de este gran hombre que tuvo la visión de venir a avecindarse en este país, desafiando todas las vicisitudes que le deparó la vida, a crear un gran legado como es la empresa Ambrosoli , que le ha dado trabajo a tantos chilenos. Cordialmente los insto a continuar adelante con este hermoso y gran legado que les dejó.
Muchas gracias.
Aplausos.
VI.FÁCIL DESPACHO
ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS SUBREGIONALES. Segundo trámite constitucional.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En la tabla de Fácil Despacho, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo sobre servicios aéreos subregionales entre los gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa de Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay y de sus anexos.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Alessandri.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2333-10 (S), sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 13.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 19ª, en 1 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto que aprueba el Acuerdo sobre servicios aéreos subregionales entre los gobiernos que se mencionan, el cual tiene como propósito fundamental contribuir al desarrollo del transporte aéreo en la subregión comprendida por los territorios de los seis Estados partes, lo que permitirá la realización de nuevos servicios aéreos, afianzando y facilitando tanto la integración entre los pueblos de los Estados nombrados como los procesos de integración económica en marcha.
Este instrumento es coherente con la política chilena, dirigida a obtener el mayor grado de apertura posible en los demás países de la región, con el fin de crear más y mejores oportunidades a los pasajeros, a la carga y a las empresas aéreas chilenas.
Inicialmente, el acuerdo se impulsó teniendo en cuenta sólo los países que han conformado el Mercosur. Con posterioridad, de las conversaciones y de los contactos que se han ido realizando, ha surgido el deseo de ampliarlo a toda la América del Sur. Nuestras autoridades están actuando en esa dirección.
Este acuerdo ha sido ratificado por Brasil, Bolivia y Paraguay, y Perú , cosa que es novísima, ha manifestado su interés por incorporarse. Por lo tanto, ya tiene vigencia internacional entre los tres países que lo han ratificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 del mismo acuerdo.
El tráfico aéreo interciudades, tanto de carga como de pasajeros, se origina en mayor medida, dentro de nuestro país, en Arica, Iquique , Antofagasta , La Serena, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, y los principales destinos son las ciudades argentinas de Córdoba, Salta , San Juan , Neuquén , Bariloche , Río Grande y Ushuaia ; la ciudades bolivianas de Santa Cruz , Cochabamba , Sucre y La Paz; las ciudades brasileñas de Belo Horizonte, Porto Alegre , Fortaleza y Salvador Bahía, y las ciudades peruanas de Cusco y Tacna.
Conforme al objeto del acuerdo, los Estados partes se comprometen a permitir la realización de nuevos servicios aéreos subregionales regulares en rutas diferentes a las regionales efectivamente operadas en el marco de los acuerdos bilaterales, a fin de promover y desarrollar nuevos mercados y atender debidamente la demanda de los usuarios.
Las empresas designadas tienen derechos de sobrevolar y de aterrizar para fines no comerciales, y los de embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo, separadamente o en combinación, en vuelos regulares que se realicen exclusivamente dentro de la subregión.
El derecho de embarcar y desembarcar pasajeros, carga y correo destinados o provenientes de territorios de terceros Estados partes dependerá de la autorización de los Estados partes involucrados, sean éstos tráfico de quinta o sexta libertad.
Para velar por el cumplimiento y aplicación de este acuerdo, los Estados partes acuerdan crear, desde ya, una autoridad que tienda a la solución de las controversias, constituida por autoridades de Aeronáutica Civil de cada uno de los países que han acogido el acuerdo. Ella deberá fallar las controversias, las denuncias de prácticas predatorias o de competencia desleal, y procurar, a través de cada Estado parte, un tratamiento simétrico y convenientemente económico en los niveles tarifarios para los servicios aeroportuario, de tránsito aéreo, aduana, migraciones y sanidad.
Considerando los antecedentes expuestos, la Comisión concluyó el estudio del acuerdo internacional, compartiendo las consideraciones de mérito que llevaron a los Estados partes a celebrarlo, por lo que, por unanimidad, acordó proponer a la Cámara su aprobación en los mismos términos en que ya lo había hecho el Senado de la República, más algunas modificaciones formales -como dice el informe- de menor entidad.
Es cuanto puedo informar.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
Aprobado.
ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CATÁSTROFES. Primer trámite constitucional.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina sobre cooperación en materia de catástrofes.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Urrutia.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2389-10, sesión 34ª, en 31 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 19ª, en 1 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, voy a informar respecto del proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la República Argentina sobre cooperación en materia de catástrofes, suscrito en agosto de 1997.
Desde luego, este acuerdo apunta a crear normas que hagan más eficiente la colaboración solidaria que siempre ha existido entre Chile y Argentina y entre nuestro país y otras naciones en caso de catástrofes. Ante un siniestro que afecta gravemente la seguridad, la vida y los bienes de un pueblo, se pone en marcha de inmediato la solidaridad internacional. Sin embargo, la experiencia mundial demuestra que cuando la ayuda no está normada mediante parámetros objetivos, llega en forma desordenada, intermitente y, muchas veces, constituye un problema para el pueblo siniestrado el recibir excesiva cantidad de cosas que no le son útiles o un gran número de personal de apoyo, lo cual representa un problema, pues se trata de gente a la que se debe alimentar, mantener, cuidar y que a veces no es necesaria para ayudar a solucionar el problema que sufre el país.
Lo anterior hace necesario normalizar y organizar la ayuda que se prestan los países. El acuerdo suscrito apunta exactamente a eso y a seguir la línea que ha existido durante siglos entre Chile y Argentina.
Un testimonio histórico es el terremoto que asoló a la ciudad de Mendoza en l861, oportunidad en que un equipo chileno, encabezado por el médico-cirujano señor Wenceslao Díaz , permaneció ocho meses en dicha ciudad prestando ayuda humanitaria. Debemos recordar también el grave terremoto que afectó a Chillán, en l939, y el terremoto y maremoto que sufrió Valdivia , en l960, en los cuales Chile recibió gran ayuda de Argentina y de otros países.
Gracias a la experiencia en catástrofes de las cuales, por desgracia, la naturaleza nos ha obligado a aprender, Chile ha ayudado a muchos países en los desastres que han sufrido. Sin embargo, con Argentina existe una experiencia común, que nos permite avanzar en este tema.
Mediante el instrumento en estudio se crea una comisión mixta, presidida por funcionarios de ambos Ministerios de Relaciones Exteriores, que dirigirá grupos de trabajo que avancen en la prevención, es decir, en el intercambio de información de las experiencias de cada país, en la planificación de medidas para enfrentar las catástrofes y en los planes de contingencia coyunturales en el momento del fenómeno.
También se define cómo materializar la ayuda. Se expresa que a requerimiento de una de las partes, la otra podrá enviarle ayuda en equipos, maquinarias, medicamentos y alimentos. Aquí la idea clave es “a requerimiento”, o sea, el país enviará la ayuda al otro una vez que éste informe lo que necesita, lo cual ordenará mucho el sistema.
En cuanto al financiamiento, se dispone que el traslado de los materiales y del personal será financiado por el país que ayuda. Los gastos de estadía y mantenimiento del personal serán de cargo del que recibe la ayuda, y la operación y mantención de equipos y los insumos serán financiados por mitades.
Se establecen normas relativas a la colaboración de Carabineros de Chile y de la Gendarmería Nacional Argentina y a la participación de miembros de las Fuerzas Armadas. Se deja en claro que este personal sólo podrá actuar en acciones operativas que no involucren cuidar el orden público o aplicar medidas extraordinarias que vayan en contra de la normas constitucionales del país que recibe la ayuda.
Como mecanismo de solución de controversias -incluso en los temas humanitarios pueden surgir-, se fija el Tratado de Paz y Amistad de l984, que ya conocemos perfectamente, y que implica, primero, negociaciones directas; luego, conciliación y arbitraje.
También se establece la responsabilidad penal de las personas que incurran en situaciones que sean objeto de sanción judicial y se norma el ingreso de las mercaderías y equipos, exentos de todo impuesto o gravamen, con la obligación de ser reexportados al término del período de ayuda.
En resumen, el acuerdo suscrito consolida una historia común de ayuda solidaria que ha existido desde siempre entre Chile y Argentina y la lleva a un ordenamiento legal que permitirá que tales acciones sean efectuadas en forma más eficiente, ordenada y de manera preventiva.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto.
Aprobado.
En consecuencia, pasa a segundo trámite constitucional al Senado.
La Mesa saluda la presencia en tribunas de un grupo de alumnas del Colegio Santa Cecilia, de Santiago.
VII.ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LEY SOBRE COBRANZAS ILEGALES. Primer trámite constitucional.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que extiende el ámbito de aplicación de las normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Francisco Encina.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2490-07, sesión 41ª, en 13 de abril de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 12.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, paso a informar a la honorable Sala respecto del proyecto que extiende el ámbito de aplicación de normas que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales, iniciado en moción de los diputados señores Aníbal Pérez , Juan Núñez , Eugenio Tuma y de quien les habla.
La iniciativa propone modificar la ley Nº 19.496, con el fin de hacer extensiva a toda clase de operaciones de consumo regidas por ella las normas regulatorias de los procedimientos de cobranzas extrajudiciales, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor.
Las razones que en su oportunidad llevaron a dictar la ley Nº 19.659, que introdujo modificaciones a la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, estuvieron vinculadas a los graves abusos a que se encontraban expuestos los ciudadanos por parte de empresas inescrupulosas que utilizaban métodos ilegítimos para llevar a cabo cobranzas extrajudiciales, afectando la dignidad y los derechos de las personas endeudadas. Asimismo, se reguló el cobro de los gastos de cobranza, limitándolos a determinados porcentajes, con lo que se trató de evitar las graves arbitrariedades que se producían por cobros abultados y absolutamente desmesurados.
Quiero recordar que, en su oportunidad, la aplicación de la ley Nº 19.659 generó gran controversia entre la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por una parte, y el Sernac, las agrupaciones de consumidores y usuarios y los autores del proyecto que le dio origen, por otra, la cual fue zanjada recientemente con participación directa de los interesados y, por supuesto, de la Superintendencia de Bancos. La controversia surgió por lo que se estimaba una aplicación mermada de la ley, porque, en definitiva, no regía los actos de consumo que hubiesen sido efecto de un contrato financiero previo al 27 de diciembre de 1999, fecha de su promulgación. Ello generó 45 mil denuncias ante los juzgados de policía local, de las cuales 5 mil fueron falladas a favor de los consumidores, que alegaban en su favor que se había aprobado una ley que los bancos e instituciones financieras no aplicaban. Las soluciones propuestas, en consecuencia, han traído gran alivio a las personas que estaban en morosidad por distintas razones.
La aplicación de las disposiciones que se incorporan a la ley de protección de los derechos del consumidor ha ido develando una serie de vacíos que el legislador no previó oportunamente, generando discrepancias respecto de las normas de regulación de cobranzas extrajudiciales que rigen para créditos otorgados con anterioridad a la vigencia de la ley.
En definitiva, la ley ha regido solamente para los actos o acciones de cobranza derivados de un crédito otorgado por instituciones o entidades que están bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, pero ha dejado fuera de su ámbito a todos aquellos que no tienen que ver directamente con dichas instituciones. En este caso están los actos de consumo relacionados con servicios básicos, electricidad, gas, telefonía, agua potable y alcantarillado y, por supuesto, algunos muy sensibles para la población, como los derivados de acciones de salud y de educación.
Las modificaciones que regulan las cobranzas extrajudiciales fueron introducidas en el título III, párrafo 3º, de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores y cuyo epígrafe es “Del crédito al consumidor”. Dichas normas se refieren exclusivamente a las operaciones de consumo en que se concede un crédito directo al consumidor, y a las de crédito de dinero en que intervengan las entidades fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. De esta forma, conforme al texto de la citada ley, quedan excluidas las gestiones de cobranza extrajudiciales que afecten a otros acreedores. La moción ejemplifica con el caso de las empresas proveedoras de servicios básicos, de salud y de educación. Además, la ley tampoco contempla la regulación de las cobranzas de las acreencias en que no se haya otorgado un crédito directo al consumidor.
Para resolver ese vacío legal, el proyecto de ley en informe establece que se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39 B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37 de la ley sobre protección al consumidor, a todas las operaciones de consumo regidas por dicha ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor. Esto es lo que quiere reponer el proyecto: el espíritu original que, por desgracia, fue malinterpretado fundamentalmente por los que entregan servicios básicos y realizan otras actividades, como las de salud y de educación.
Cabe señalar que el inciso primero del artículo 39 B establece: “Si se cobra extrajudicialmente créditos impagos del proveedor, el consumidor siempre podrá pagar directamente a éste el total de la deuda vencida o de las cuotas impagas, incluidos los gastos de cobranza que procedieren, aunque el proveedor haya conferido diputación para cobrar y recibir el pago, o ambos hayan designado una persona para estos efectos. Lo anterior no obsta a que las partes convengan en que el proveedor reciba por partes lo que se le deba”.
La Comisión debatió ampliamente este punto, entendiendo que toda deuda debe ser cobrada y pagada, pero que el cobro extrajudicial debe ser ajustado a normas claras y precisas, lo cual es justamente lo que se pretende.
Por su parte, el inciso segundo del mismo artículo expresa: “En esos casos, por la recepción del pago terminará el mandato que hubiere conferido el proveedor, quien deberá dar aviso inmediato al mandatario para que se abstenga de proseguir en el cobro, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que establece el artículo 2.158 del Código Civil”.
Por su parte, el inciso segundo del artículo 37 establece lo siguiente: “No podrá cobrarse, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan de los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según el caso, y conforme a la siguiente escala progresiva: en obligaciones de hasta 10 unidades de fomento, 9%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 unidades de fomento, 6%, y por la parte que exceda de 50 unidades de fomento, 3%. Los porcentajes indicados se aplicarán una vez transcurridos los primeros quince días de atraso”.
El inciso quinto agrega: “Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.
Señor Presidente, dos son los aspectos centrales de la ley en vigencia que se pretenden modificar. Por un lado, hacer extensiva la aplicación de la ley a aquellas operaciones de consumo que no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor, y, por otro, hacer extensivas las normas de regulación de las cobranzas extrajudiciales a otros acreedores, como los proveedores de servicios básicos, salud y educación.
En cuanto al contenido del proyecto, resulta útil en la medida en que efectivamente resuelve el vacío legal del cual adolece la ley en vigor. En efecto, no vemos la razón por la cual se deba excluir a algún grupo de acreedores de las normas regulatorias de los procedimientos de cobranza extrajudicial, ni tampoco es razonable que sólo afecten a la cobranza de montos adeudados por operaciones de consumo que involucren exclusivamente el otorgamiento de un crédito al consumidor. Resulta evidente que ello debiera aplicarse a toda clase de cobranzas extrajudiciales que afecten a consumidores, independientemente del origen de la deuda.
Hemos visto que muchas denuncias que se hacen al Sernac son precisamente respecto de empresas de servicios básicos, de salud y de educación, y el Sernac -menos el usuario o el consumidor- no tiene ninguna herramienta legal ni jurídica para denunciar situaciones irregulares en el juzgado de policía local.
Al hacer extensiva la norma legal a deudores de servicios básicos y de otros, como salud y educación, opera la ley de protección al consumidor, y el Sernac podrá actuar en defensa de los deudores que se vean afectados por conductas abusivas por parte de los acreedores.
La moción no contraviene disposiciones constitucionales. En especial, no resulta afectado el derecho de propiedad y, por el contrario, en la medida en que elimina la discriminación entre clases de acreedores, haciendo aplicable la ley a todos, da efectiva aplicación al principio constitucional de igualdad ante la ley.
Por otra parte, quiero informar que no existen normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado. Tampoco hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los señores diputados presentes en la sesión de la Comisión.
Por último, aprobar el proyecto significa un nuevo avance en las relaciones entre los proveedores de servicios básicos y actos de consumo y los consumidores y usuarios, en las que todavía existe un desequilibrio en el país. Esperamos que con las modificaciones a la ley del consumidor que se han presentado en los últimos meses a discusión parlamentaria, se restablezca el equilibrio necesario para que el mercado funcione de manera más eficiente y, sobre todo, respetando los derechos de los consumidores y usuarios, que se han visto tan afectados por muchas situaciones irregulares, sobre todo en el caso de cobranzas extrajudiciales.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, sin duda, este problema interesa a mucha gente, sobre todo a las personas y familias de los grupos intermedios de nuestra sociedad. Por la naturaleza de las materias que trata y dada su envergadura, sin duda el proyecto tiene mucha importancia para ellas.
Pensábamos que con la dictación de la ley Nº 19.496, de 1997, solucionaríamos todos los abusos que se cometían en contra de los consumidores o que, por lo menos, configuraríamos disposiciones legales que protegieran los intereses de esta gran masa ciudadana que son los consumidores. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que ello no ha sido así, pues han ido apareciendo otras situaciones, como consecuencia de la complejidad de la sociedad moderna y de las operaciones comerciales, financieras y bancarias, así como de las necesidades de la gente para satisfacer sus propios requerimientos.
La dictación de la ley Nº 19.659, del 27 de diciembre de 1999, tampoco logró impedir los abusos que se cometen en contra de los consumidores, cuya protección plena no se ha conseguido. A lo mejor, las reformas han sido muy imprecisas, lo que ha dado lugar a que las empresas y los establecimientos comerciales o financieros hayan interpretado la ley claramente en su favor y en perjuicio de los consumidores y de la gente que accede al mercado, por lo que es necesario seguir mejorando y perfeccionando la legislación, necesidad manifiesta que siempre debemos tener presente.
El proyecto modifica las leyes Nºs 19.496, de 7 de marzo de 1997, sobre protección a los derechos del consumidor, y 19.659, del 27 de diciembre de 1999, sobre sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales.
Cuando legislamos para proteger los derechos de los consumidores, mediante la modificación de la ley Nº 19.496, tuvimos en mente varias situaciones o circunstancias que nos hacían pensar que era necesario legislar al respecto, y había varios tipos de problemas.
En primer lugar, el exceso de gastos de cobranza, que eran bastante abusivos y desproporcionados, lo que imposibilitaba a las personas pagar estas deudas, a pesar de que tenían el ánimo y voluntad de hacerlo.
En segundo lugar, lo exiguo del plazo en que se puede cobrar la deuda, ya que en la actualidad rige un lapso de sólo 15 días, contado desde la fecha en que la obligación queda en mora, para proceder a la cobranza extrajudicial.
El proyecto configura y castiga las prácticas ilícitas de cobro, que no solamente son abusivas, sino también denigrantes e indignas para las personas, porque da la impresión de que los acreedores consideran que están no sólo ante una deuda, sino que, además, tratan a los deudores en mora como delincuentes, lo que, sin duda, es inaceptable.
Uno de los problemas mayores que se suscitaron sobre el proyecto era desde cuándo empezaba a operar. Afortunadamente, se ha llegado a un acuerdo entre el Sernac y las instituciones bancarias y financieras respecto de los créditos suscritos con anterioridad al 27 de diciembre de 1999.
Cuando se llegó a este acuerdo, existían un millón 800 mil deudores con créditos de consumo y 500 mil deudores hipotecarios. Además, fueron acogidas todas las denuncias que entabló el Sernac al respecto, por lo que el acuerdo fue bastante fructífero.
Señor Presidente, el proyecto hace extensivas las disposiciones que sancionan los procedimientos de cobranzas ilegales a todas las operaciones de consumo señaladas en la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor, conforme lo establece la ley Nº 19.496, en su párrafo 3º; porque, de acuerdo con la interpretación que se ha dado a esta ley, sólo sería aplicable a las operaciones de consumo y de créditos de dinero, quedando excluidas de esta regulación las cobranzas extrajudiciales que efectuaren otros acreedores; por ejemplo, empresas proveedoras de servicios básicos, como electricidad, gas, agua potable, teléfono, etcétera.
Por lo tanto, se trata de que el proyecto reponga el espíritu que marcó el estudio de la ley Nº 19.659: cubrir todas las operaciones crediticias con empresas comerciales o financieras, como, asimismo, las pactadas con todos los servicios básicos, lo que, por un error o por una imprecisión, como ya he señalado, se ha interpretado en forma restrictiva.
Por ello, es muy oportuna la modificación que el proyecto introduce a la ley Nº 19.496. En efecto, mediante un artículo único, agrega el artículo 39-C, que dispone: “No obstante lo señalado en el epígrafe del presente párrafo 3º, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39-B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37 a todas las operaciones de consumo regidas por esta ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor”.
Con esto se precisa y explicita el espíritu que se tuvo originalmente, de que la norma no solamente opera para este tipo de créditos, sino también para todas las operaciones de adquisición que los consumidores realizan.
Señor Presidente, hay muchos proyectos que se están tramitando en la Comisión en relación con esta ley del consumidor. Sin ir más lejos, hoy aparece en la tabla otra iniciativa que intenta modificarla, por lo que se concluye que la casuística es bastante profusa y amplia. En consecuencia, las disposiciones de la ley tienen que irse adaptando a las nuevas exigencias y requerimientos, respecto de las acciones o conductas de este tipo provenientes de las empresas y de las instituciones financieras y bancarias, como una manera de proteger a la persona, al ciudadano común, a la familia, que adquieren estos productos y que, por alguna circunstancia, se atrasan en el pago de su deuda, pero que no tienen el ánimo ni la voluntad de negar la obligación, sino que sólo desean que se les permita pagarla.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, en primer lugar, el Congreso Nacional discutió durante cuatro años, en forma intensa y extensa, este proyecto, que establece una regulación o una normativa a la cobranza extrajudicial que se realiza en el país.
En la actualidad, la cobranza extrajudicial es la operación mayoritaria que se realiza entre los acreedores y los deudores para el pago de las deudas morosas, ya que sólo el 10 por ciento de los créditos impagos llega a los tribunales de justicia, mientras que el 90 por ciento se hace por este procedimiento extrajudicial, mediante empresas que se han creado hace varios años para estos efectos.
El proyecto, que regula la cobranza extrajudicial, viene a poner término, como aquí se ha dicho, a una serie de situaciones abusivas, que sufren permanentemente los deudores morosos de créditos de consumo otorgados tanto por los bancos como por las financieras. Incluso, estos abusos llegan a veces al límite de lo delictual; son abusos incalificables que significaron que muchos deudores del país pagaran sumas increíbles, inadecuadas y excesivas por los denominados gastos de cobranza.
En definitiva, el proyecto que reguló la cobranza extrajudicial quedó enmarcado, como se ha dicho, en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y, concretamente, se refirió a los créditos de consumo que otorgan bancos y financieras a los usuarios del país. Obviamente, esa iniciativa legal ha significado un alivio importante a más de quinientos mil deudores -que mensualmente se están atrasando en el pago de sus obligaciones por no pagar oportunamente el crédito al banco, a la financiera o a la casa comercial, o la tarjeta de crédito-, por cuanto se ha regulado la cobranza, se han fijado los porcentajes máximos que se pueden cobrar y también se estableció un procedimiento para la cobranza extrajudicial. Es decir, hemos normado y regulado una situación respecto de la cual no existía ninguna normativa, que era justamente el campo que generaba situaciones abusivas que estaban afectando a los deudores.
Lamentablemente, la forma como quedó redactada la ley sobre los derechos de los consumidores no recogió el espíritu del legislador, cual era -y se precisó en la Sala- que la normativa pudiera abarcar toda la cobranza extrajudicial, no sólo los créditos de consumo con bancos y financieras; porque, como aquí se ha dicho, ¿qué pasa con las deudas atrasadas por servicios básicos, como agua potable, telefonía y electricidad?; ¿qué pasa con la gente que se atrasa y no paga oportunamente la cuota educacional de su hijo en un colegio determinado?; ¿qué pasa con aquel paciente que no satisface oportunamente la deuda con la isapre o con la clínica particular? Ellos también se han visto pasados a llevar en sus derechos y han sido víctimas de cobros abusivos cuando no pagan oportunamente esos servicios.
Como decía, la ley que despachó el Congreso en diciembre del año pasado, lamentablemente, no cubrió estos aspectos elementales y básicos que ocurren cotidianamente en la vida de las personas, por lo que el nuevo proyecto corrige ese defecto y amplía la normativa de la cobranza extrajudicial también a situaciones originadas en la adquisición de servicios básicos, particularmente en la educación y la salud.
Últimamente, muchos parlamentarios hemos recibido gran número de quejas de cobro abusivo que se aplica en isapres, clínicas particulares y colegios por el atraso de 2, 3, 4 ó 10 días en el pago de las cuotas. Entonces, el proyecto amplía el ámbito de aplicación de la ley primitiva a esas situaciones que no contemplaba y que quedan enmarcadas en la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, porque son actos de consumo. Cuando uno requiere los servicios de un médico o cuando matricula a un niño en un colegio, está haciendo un acto de consumo y, en consecuencia, van a quedar cubiertos por la nueva normativa que hoy discutimos.
En definitiva, como se ha dicho, el proyecto establece relaciones de equilibrio entre los proveedores o grandes empresas y los consumidores o usuarios. No queremos una ley que proteja, sino que establezca un ámbito de equilibrio en las relaciones de consumo para perfeccionar el mercado.
Desde ese punto de vista, me parece oportuno y prudente aprobar el proyecto, por cuanto corrige un vacío de la ley original, la que, lamentablemente, no contempló las situaciones que se han presentado. Por lo tanto, creo conveniente que la Sala le dé su aprobación.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, quiero ser muy breve porque el proyecto es suficientemente claro como para evitar pronunciar un gran discurso. Simplemente, hago ver que, con el proyecto, se extienden los beneficios de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores a situaciones de deudas con empresas prestadoras de servicios básicos, de manera que queden regulados por las leyes Nºs 19.496 y 19.659, para evitar que se produzcan abusos, ya no en situaciones de créditos impagos, sino de servicios básicos.
La bancada de Renovación Nacional va a apoyar el proyecto; entre otras cosas, porque permitirá que, para efectos de las prestaciones de servicios básicos, opere la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y, básicamente, el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , con todas sus facultades, para que las personas denuncien cuando sean objeto de cobros abusivos.
Por último, queremos hacer presente que, frente a la dictación de leyes de esta naturaleza, no se está buscando -ni se puede confundir- amparar situaciones de deudas que queden impagas o de cuentas de servicios básicos que la gente eluda pagar, sino que se trata de regular la manera en que las cobranzas son ejecutadas respecto de estos deudores, de modo que cuando contraigan ese tipo de deudas sepan exactamente de qué manera y a través de qué medios se les van a hacer efectivas.
Con nuestro apoyo, esperamos que la Cámara apruebe el proyecto.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, extender el ámbito de aplicación de normas que sancionan las cobranzas ilegales, es una medida muy positiva para el funcionamiento del mercado en Chile, aún muy imperfecto, en el cual los prestadores de servicios tienen muchas ventajas sobre el usuario, porque habitualmente aquellos pertenecen a grandes empresas que tienen bastante apoyo jurídico, contable y de expertos. De manera que los consumidores que carecen de esos apoyos están indefensos cuando el prestador de servicios les aplica medidas abusivas, amparado en una indefinición legal, como en este caso.
En Chile, todavía el consumidor no está organizado para defender sus derechos, lo que hace indispensable regularizar el mercado y las legislaciones respectivas para defender al usuario, al cliente, al consumidor.
Cuando no hay claridad en las normas, los prestadores o los vendedores aprovechan sus vacíos para incurrir en prácticas abusivas, lo que en países más desarrollados no acontece por cuanto allí hay conciencia, tanto en los consumidores como en los prestadores de servicios y de bienes, de que es necesario actuar éticamente, y no aprovechar vacíos legales para expoliar a la otra parte.
El episodio de las cobranzas ilegales en Chile es realmente vergonzoso para nuestra sociedad. Que haya empresas de cobranza que, aprovechándose de vacíos legales, apliquen cobros usurarios; que amedrenten con métodos propios de chantajistas o mafiosos a los consumidores para obligarlos a pagar, presionándolos, incluso, con daño físico o retiro inmediato de las especies, sencillamente es un baldón para nuestra actividad económica.
Los parlamentarios hemos visto en nuestros distritos cómo esas empresas recargan en veinte, treinta y ciento por ciento los gastos de cobranza al valor de la deuda, lo cual es una situación moralmente inaceptable. Podrá ser legal, pero en esencia es absolutamemte ilegítima.
Gracias a la iniciativa de varios diputados, se dictó una ley que estableció un control a determinado límite de costos de cobranza, y se produjo la paradoja de que, promulgada el 27 de diciembre del año pasado, financieras y bancos pretendieron seguir aplicando, a su libre albedrío, costos usurarios a todos los créditos tomados con anterioridad. Fue necesaria una fuerte pugna jurídica, encabezada por el Sernac, y que los mismos usuarios defendieran su derecho, para que al fin se llegara a un acuerdo y se aplicaran también los topes de cobranza a todos los créditos anteriores al 27 de diciembre de 1999, fecha de publicación de la ley. Pero, sorpresivamente, nos dimos cuenta de que nos seguían llegando reclamos en relación con otro tipo de empresas que no prestan dinero, que no dan crédito, pero que sí cobran servicios. Eso nos convenció de que a cierto sector privado hay que regularlo muy bien, porque, de lo contrario, utiliza su libertad para transformarla en libertinaje y abusar de sus clientes, aprovechando muchas veces situaciones monopólicas cuando se trata de servicios que las personas no pueden dejar de consumir, como el agua, la electricidad y el teléfono, quienes son presionadas con su corte o sometidas a cobros abusivos para su reposición.
Comparto plenamente el espíritu del artículo único del proyecto de ley, porque permite controlar a un sector del área privada que pretendía continuar con el libertinaje, y felicito a los diputados patrocinantes -señores Francisco Encina , Aníbal Pérez, Juan Ramón Núñez , Eugenio Tuma y Guillermo Ceroni , entre otros-, quienes captaron la necesidad social de asegurar que el tema de las cobranzas ilegales desaparezca del mercado chileno.
Asimismo, formulo un llamado a los empresarios en el sentido de que entiendan que defender el mercado les significa también cumplir éticamente con sus obligaciones para con los clientes y no aprovechar resquicios legales a fin de expoliarlos impunemente.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, anuncio los votos favorables de mi bancada, la Unión Demócrata Independiente, a este proyecto de ley; en general, por las razones que se han expuesto y, por tanto, ahorro tener que referirme nuevamente a ellas.
Hay dos consideraciones que, sin embargo, vale la pena tener presentes -tal vez un poco para salvar el trabajo de la Cámara-.
En primer lugar, supongo que los señores diputados que presentaron este proyecto han recogido las falencias que señalan de la aplicación de la ley que ya dictamos. Desde luego, respecto de estas empresas de cobranza -sobre las cuales hemos conversado en tantas oportunidades y todos concurrimos a poner atajo a los abusos en que incurrían en el cobro-, mueve a sorpresa el hecho de poder distinguir entre un tipo de deuda y otro. O sea, cuando una de estas empresas cobra una deuda bancaria o de una casa comercial, no emplea procedimientos abusivos; pero cuando cobra una cuenta de electricidad, de gas, de isapre o de colegio, sí incurre en prácticas abusivas. La verdad es que esta situación no la comprendo muy bien; pero si los señores diputados firmaron el proyecto será porque la pudieron comprobar en la práctica. Es curiosa, pero me atengo a lo que señalan; me allano y votaré favorablemente.
En segundo lugar, estimo que en el párrafo 3º de la ley Nº 19.659, sobre protección de los derechos de los consumidores, se incluye la situación que ahora se está previendo. El epígrafe de dicho párrafo habla “del crédito al consumidor”, y consumidores son quienes consumen gas, agua, teléfono o electricidad. Incluso, quien educa a un hijo en un colegio o contrata un programa de salud con una isapre, también está contratando un servicio: el de educar; el de prestación de salud. De manera que esos casos están previstos en el referido párrafo 3º y, desde esa perspectiva, no sería necesario un nuevo artículo 39-C.
Nuestros distinguidos colegas han querido ser todavía más explícitos: agregan un nuevo artículo 39-C, que señala que “lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 39-B y en los incisos segundo y quinto del artículo 37...” -que disponen la prohibición de cobranzas abusivas- se aplicará a otras operaciones de consumo “aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor”. Bueno, si así lo han entendido, reitero que me allano. Comprendo que de la aplicación de la ley ellos han extraído la necesidad de ser todavía más explícitos, a pesar de que, a mi parecer, el párrafo 3º los incluye a todos, porque todos son consumidores. Si queremos ser más explícitos, seámoslo. Votaré favorablemente la explicitación que mis colegas quieren introducir. No obstante, para la historia de la ley bien vale hacer estas observaciones.
Concuerdo con el espíritu general que nos ha guiado siempre en esta materia. No se trata de que las deudas no se paguen; deben pagarse; pero tampoco se puede extorsionar a los deudores para obtener el pago. No se les puede llevar hasta el extremo, la exasperación, a través de procedimientos abusivos, absolutamente ilegítimos y reñidos con la ética, para exigirles el pago. En su oportunidad, pudimos analizar todo eso, y, además, en la práctica, esos procedimientos que utilizan las empresas de cobranza son comprobables. No hemos querido poner atajo a ese abuso para proteger al sinvergüenza o al que no quiere o se excluye de pagar, sino para que ningún deudor en Chile sea expoliado por estar en esa condición. Dictamos esa ley y hemos estado atentos a cómo se ha ido aplicando. Tuvimos un problema con las financieras y los bancos para establecer el plazo; pero luego lo resolvimos favorablemente para que también se aplicara a créditos que hubiesen sido otorgados con anterioridad a la publicación de la ley, porque ése era el espíritu que nos animaba y, en definitiva, así quedó establecido.
Seguiremos atentos a cómo evolucionará esta materia para evitar que se extorsione o abuse de la condición de deudor de un ciudadano.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, esta Corporación, mediante este proyecto de ley, da un paso más para establecer los derechos de los ciudadanos y, en este caso, de los consumidores. En el último tiempo, ha aprobado un conjunto de cuerpos legales que, en el ámbito de los consumidores, protegen los derechos económicos de las personas. Repito que aquí estamos dando un paso más para complementar la iniciativa inicial de protección ante prácticas reiterativas de empresas de cobranza que, al prestar su servicio a los acreedores, abusaban cobrando a los deudores un porcentaje del compromiso que no guardaba relación alguna con el servicio prestado.
Ese ámbito fue incorporado por la ley sobre protección de los derechos de los consumidores respecto de los créditos de consumo. Me parece adecuado lo expresado por el diputado señor Bartolucci , quien señaló que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Sin embargo, el proyecto de ley que aprobamos en la Cámara lo restringía exclusivamente a los créditos de consumo, entendiendo por tal los créditos en dinero. No obstante, aquí hay un crédito otorgado por prestadoras de servicios básicos al consumidor, las que entregan la cobranza a empresas que, la mayor parte de las veces, actúan abusivamente con el deudor en mora o atrasado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Cuando se aprobó la ley de protección de los derechos de los consumidores en este ámbito, las empresas financieras y bancos interpretaron la normativa en forma bastante equivocada, errónea, más bien torcida, procurando que no fuera aplicable a los créditos otorgados con anterioridad a la vigencia de este marco legal, que no regula los consumos, sino el acto de cobranza. Y si dicho acto de cobranza se realizó después de la publicación de esa ley, naturalmente que el deudor cuenta con la debida protección frente a la empresa de cobranza.
Felizmente, a raíz de un conjunto de más de dos mil demandas presentadas por usuarios, patrocinadas y orientadas por el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , se logró -no un acuerdo, a pesar de que lo buscamos insistentemente con la Asociación de Bancos y Financieras- tal presión, que para los acreedores fue irresistible la imposición de un criterio absolutamente erróneo y torcido respecto de la interpretación de la ley. Todos los tribunales han favorecido a los demandantes, en este caso a los deudores, cuando se les ha querido aplicar un cobro abusivo, sin importar la ley vigente.
Con anterioridad, decía que a igual situación debe haber igual disposición. En ese sentido, tal como sucedió en el proyecto anterior, al parecer, la Cámara aprobará por unanimidad el proyecto de ley, que viene a llenar un vacío respecto de los actos de comercio o de consumo no protegidos por la ley que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. Desde ese punto de vista, nuestra Corporación está dando un paso más en la protección de los ciudadanos.
Al respecto, deseo aclarar que con esta legislación no pretendemos fomentar el incumplimiento, sino evitar el abuso de las empresas de cobranzas con los deudores; estamos determinando que algo ilegítimo, pero legal, sea también ilegal.
Junto a los diputados autores de la iniciativa, me felicito de llegar a esta etapa de la discusión, ya que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Espero que en la Sala ocurra lo mismo.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, anuncio el apoyo de nuestra bancada al proyecto de ley en debate, un paso más en la defensa de los consumidores de los servicios y bienes que se transan en el mercado.
Me preocupa que la opinión pública abrigue demasiadas esperanzas en estos proyectos de ley. En este caso, estamos entregando más derechos a los consumidores y más facultades al Servicio Nacional del Consumidor, que carece de herramientas y de medios para aplicar estas disposiciones, por lo cual, con posterioridad, el consumidor vuelve a quedar en la indefensión.
El Servicio Nacional del Consumidor carece de recursos, de implementación, de planta y de un conjunto de disposiciones legales que le permitan ser efectivo. En realidad, es un servicio inútil. Conozco varias experiencias del Sernac en las que no ha resuelto nada, porque es incapaz de solucionar los problemas más mínimos.
Claro que el proyecto en estudio viene a ser un paso más en el sentido de que ahora incluye en forma expresa la cobranza de servicios tales como el agua potable, la electricidad, el gas y gastos educacionales. Pero si no implementamos y fortalecemos este servicio, al que concurre el consumidor a formular su protesta, su denuncia, me temo que todas estas disposiciones quedarán en nada.
Por eso, hay una tarea más profunda que el proyecto en sí, pues estos son parches que se van colocando en el camino. Aquí es necesario tramitar una ley del consumidor efectiva, con financiamiento, respaldo y mayor capacidad. Debe ser así, porque cada día nos estamos incorporando a una sociedad en la que predomina lo económico, el comercio, la ganancia, el lucro, la explotación del otro, del más desvalido, del indefenso, por los grandes negocios, por las grandes empresas que cobran lo que quieren y como quieren.
Por ejemplo, en el servicio de agua potable, a la persona que está en mora, se le arranca el medidor, se le corta el suministro de agua y se le cobra por eso. Después la persona paga, se le repone el servicio y vuelven a cobrarle. Entonces, tenemos una gran masa de consumidores, que no sólo son eternos consumidores, sino, también, eternos deudores, porque nunca alcanzan a ponerse al día.
Me alegro del paso que se está dando, pero advierto que sólo estamos entregando una misión a un servicio que carece de facultades para cumplirla.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, efectivamente merecen una felicitación los autores de esta iniciativa. Muchos hogares han contraído deudas, y a veces no por no querer, sino por la situación económica que vive el país y la falta de trabajo, no han podido dar cumplimiento oportuno a los pagos, incluso de los servicios más básicos de su casa.
Cuando existen empresas que, muchas veces, aprovechándose de la falta de información y de conocimiento de la gente, realizan cobranzas incorrectas, excesivas y carentes de fundamento, el abuso que se produce es enorme.
Por eso, el Sernac, a pesar de que en los últimos años ha sido potenciado -según las estadísticas, registra un aumento importante de las denuncias que recibe-, necesita instrumentos legales que le permitan fiscalizar y aplicar de mejor forma las normas.
El proyecto es bueno y pertinente, ya que permitirá corregir un problema que deriva de la situación actual. Por eso, los parlamentarios de mi bancada lo aprobaremos. Ojalá la comunidad entienda que debe informarse bien antes de comprar, y denuncie los abusos que se cometan. Es importante que haya una cultura o una actitud en este sentido.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, es importante dejar constancia de la señal que se quiere dar, pues no sería bueno que la opinión pública, a través del canal de televisión que transmite la sesión, se formara la idea de que en la Cámara se estimula, de alguna manera, a no pagar las deudas.
En realidad, se perfecciona la defensa de los consumidores. El proyecto ha sido bien concebido y ha sido bien acogido, en general, por lo que en el Senado tendrá un trámite fluido que posibilitará que se convierta en ley. De hecho, aborda un ámbito que no se advirtió con motivo del estudio de la normativa vigente sobre la materia. Por eso, en la práctica, corrige una omisión.
En consecuencia, en nombre de la bancada de diputados del Partido Radical Social Demócrata, anuncio los votos favorables al proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en primer lugar, no obstante que el proyecto sólo aportará un pequeño paso, casi insignificante, hacia una mejor estructura para la regulación de los derechos del consumidor, anuncio mi voto a favor.
En once países existen como garantía constitucional los derechos del consumidor y, en su oportunidad, con otros diputados, presenté un proyecto de reforma constitucional para que éstos se incorporen a la Carta Fundamental.
Los derechos del consumidor tienen una enorme aplicación, la que debería derivar de un servicio poderoso, que ponga coto a los excesos del libre mercado y fiscalice el cumplimiento de las características de los productos que se anuncian y publicitan y que conocen los adquirentes.
Digo que es un pequeño paso porque advierto un conflicto legal con cada nueva facultad al Servicio Nacional de Consumidores. El artículo 2º del cuerpo legal que lo rige dice que las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o prestaciones de servicios regulados por leyes especiales, salvo las materias que esta última no prevea.
Por lo tanto, ¿cómo conciliar la ley de servicios eléctricos, por ejemplo, con las normas que se introducirán? ¿Habrá una derogación tácita? ¿Cuál será la interpretación de los tribunales en este sentido?
El artículo 2º, sobre todo su inciso final, y el artículo 44 de la llamada ley del Consumidor deberían ser modificados, para que al generalizarse los derechos del usuario, se contemplen todos.
La facultad que se propone agregar colisiona con el inciso final del artículo 2º de la ley Nº 19.496. Es necesario extender la calidad de consumidor a todos los contratantes y a todos los actos, sean civiles o de comercio, y es necesario aplicar la ley a los actos no constitutivos de una relación de consumo, o sea, la responsabilidad por publicidad falsa o engañosa o inseguridad de los productos; a la venta de bienes y prestación de servicios que se realicen entre proveedores y consumidores, etcétera. Podría enumerar otras falencias.
En un diario se dice que nuestra ley del Consumidor es la que menos protege en América Latina. Aparece una comparación con distintos países.
Claro que el proyecto es un avance, pero implica la colisión que he señalado. Debería modificarse y darse rango constitucional a la ley del Consumidor, de manera que el Servicio Nacional de los Consumidores pueda aplicar las sanciones y multas que correspondan a través de un debido proceso.
Por estas consideraciones, votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, además de sumarme al reconocimiento a los diputados que presentaron la moción, quiero expresar que lamento que sea necesario modificar la ley del Consumidor -en general, se trata de regular relaciones y conflictos de intereses-, porque uno esperaría de las empresas de cobranza prejudicial y de las empresas prestadoras de servicios, que utilizan a las primeras, que comprendieran que el espíritu de los legisladores fue incluir a todos, absolutamente a todos, en cuanto a que no debe amenazarse a los deudores ni mucho menos cobrarse las comisiones que se conocen.
Lamento más cuando dichas prácticas son de empresas cobradoras de dividendos de viviendas sociales o básicas, en que los casos son dramáticos. Por ejemplo, uno entiende que a una familia que se atrasó en el pago de uno, dos o tres dividendos, por los motivos que señaló la colega Sciaraffia , por falta de trabajo o cesantía, se le pida que se ponga al día. Pero no es comprensible que en los procesos de cobranza prejudicial, que se entregan a presuntos abogados externos, como Inverca S.A. -antes Icca , Inversiones, Consultorías , Administraciones y Asesorías-, que terminan cobrando cerca de 90 mil pesos, por costas, a familias modestas de trabajadores, que se han retrasado en el pago de dividendos y que viven con un sueldo de 150 mil pesos. O sea, les cobran el equivalente a tres meses de dividendos. En definitiva, se llega a situaciones absurdas y tremendamente abusivas en los procesos de cobranza prejudicial.
Es lamentable que se deba volver a legislar sobre la materia sólo porque estas empresas no han querido entender que el espíritu original de la ley era que tampoco ellas incurrieran en cobranzas abusivas y altos porcentajes de comisión.
Es importante tener presente que todo acto de consumo cabe dentro del espíritu de la ley, que pretende poner atajo a los cobros excesivos e ilegales; que con esta norma se quiere terminar con una práctica inescrupulosa y dolorosa, más aún cuando quienes más la sufren son, precisamente, sectores de trabajadores, familias modestas que viven de un sueldo y con mucho esfuerzo.
Por ende, junto con reiterar mi reconocimiento a los colegas que han vuelto a insistir sobre la materia y recalcar que los socialistas vamos a votar a favor de esta norma, que fortalece la ley de defensa del consumidor, quiero señalar que es necesario hacer, a corto plazo, una revisión global de las facultades del Servicio Nacional de Consumidores en materia de cobranza prejudicial, y dotarlo de otras más exigentes para defender los derechos de los consumidores de nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto en discusión.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Rozas ( doña María) , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Elgueta , Encina , García-Huidobro , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Huenchumilla , Jarpa , Jeame Barrueto , Krauss , Kuschel , Letelier (don Juan Pablo) , Masferrer , Molina , Montes , Muñoz ( doña Adriana) , Ojeda , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Prokurica , Rincón , Riveros , Rocha , Sciaraffia ( doña Antonella) , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Venegas , Vilches y Walker (don Patricio).
VIII.PROYECTOS DE ACUERDO
CREACIÓN DE COMISIONES REGIONALES DE EMPLEO.
-o-
-Durante el Orden del Día, la Mesa saluda a una delegación de funcionarios del Hogar de Ancianos de la comuna de Las Cabra,y a una delegación del colegio Rosario Concha, de La Florida, presentes en las tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 481, del señor Monge .
“Considerando:
1.Que la opinión pública ha tomado conocimiento en los últimos días del alarmante aumento de las cifras de desempleo, que para el trimestre junio-agosto ha alcanzado el 10,6%, es decir, existen cerca de 600.000 chilenos sin trabajo y más de dos millones de compatriotas afectados por esta situación.
2.Que es necesario revertir rápidamente estos índices que afectan con especial fuerza a los habitantes de zonas agrícolas del país.
3.Que paradójicamente, a pesar de esta crisis generalizada que afecta a todas las regiones, se observa en ellas un incremento sustancial de la actividad de los fiscalizadores de diferentes ministerios, servicios y reparticiones públicas, quienes han extremado su labor al exigir el cumplimiento compulsivo de normas que por años no se han fiscalizado e incluso de algunas que se encuentran derogadas.
3.Que paralelamente existen, en estas mismas zonas, múltiples trabas de tipo burocrático que retardan considerablemente y, más allá de lo razonable, el inicio y el funcionamiento de diferentes proyectos productivos necesarios para generar nuevos puestos de trabajo, producto de la descoordinación entre diferentes servicios o simplemente por falta de voluntad de los organismos encargados de otorgar las autorizaciones pertinentes.
4.Que esta situación debe revertirse a la brevedad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Gobierno la creación de Comisiones Regionales de Empleo, que tengan por función detectar y solucionar los problemas que en cada región existen y que muchas veces impiden el funcionamiento expedito y adecuado de las empresas existentes y de las que se creen en el futuro, integradas por personeros del sector público y privado”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
No hay acuerdo.
Para hablar a favor, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia .
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es una excelente iniciativa del diputado señor Monge , en especial por el momento que está viviendo nuestro país. A las autoridades les corresponde aunar criterios y llegar a acuerdos en la materia, a fin de crear empleos, teniendo siempre presente una perspectiva regional. También es importante incorporar al sector privado en estas iniciativas.
En la actualidad, en regiones se están haciendo esfuerzos para buscar la forma de mejorar y enfrentar la situación económica que vive el país. Por ello, sería muy positivo que el Gobierno acogiera esta idea para crear nuevas fuentes de trabajo, como una instancia formal de comunicación y coordinación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Monge .
El señor MONGE.-
Señor Presidente, el país conoce la dramática situación que afecta a los sectores más vulnerables de la población debido al desempleo.
Aparte de una serie de normas que existen en distintos cuerpos legales, situaciones de hecho conspiran en contra de la acción del sector privado, principal responsable en la creación de fuentes de trabajo.
Después de varias reuniones con autoridades de Gobierno, sectores empresariales y organizaciones de trabajadores de la Novena Región, coincidimos en que existen dificultades que atentan contra el normal funcionamiento del mercado de trabajo.
El proyecto de acuerdo tiene por finalidad lograr que se cree una instancia -como bien dijo la diputada señorita Antonella Sciaraffia - de acuerdo entre los sectores, a fin de solucionar una serie de dificultades, originadas, a veces, por falta de criterio o apreciaciones dispares en la aplicación de las normas no sólo del trabajo y previsionales, sino que también de controles de tránsito u otros de los organismos fiscalizadores.
Por ello, resulta imperioso crear comisiones integradas por representantes de los sectores público y privado, a fin de llegar a acuerdos, facilitar la labor de las personas que dan trabajo y hacer una realidad la ansiada reactivación a que aspiramos los chilenos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se repetirá la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No hay quórum en la Sala.
Debo informar que en este momento es difícil reunir el quórum requerido, por cuanto se encuentran funcionando dos Comisiones, entre ellas la que estudia el Presupuesto de la Nación.
Se va a llamar a los señores diputados durante cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvo el diputado señor
AMPLIACIÓN DEL MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a dar lectura al segundo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 482, de la diputada señora Soto, doña Laura , y de los diputados señores Sánchez , Cornejo, don Aldo ; Longton , Bustos , Letelier, don Felipe ; Ávila , Walker, don Ignacio ; Fossa y Venegas .
“Considerando:
Analizado el mandato encomendado por la Sala mediante el proyecto de acuerdo Nº 471, de fecha 3 de octubre, mediante el cual se acordó constituir una Comisión investigadora para analizar el resguardo de los intereses del Estado en convenios relativos a la venta de Esval S.A.
Teniendo presente su carácter eminentemente restrictivo en cuanto a facultarla para indagar solamente sobre los supuestos convenios entre la Corfo y los adquirentes de la empresa, para hacer al organismo estatal fiador de las resultas de todo juicio presente o eventual en contra de Esval S.A. y si de ser efectivo lo anterior, se cauteló con celo el patrimonio fiscal.
Proyecto de acuerdo:
Solicitar a la honorable Cámara de Diputados la ampliación del mandato, en cuanto a incluir dentro del análisis que deberá efectuar la Comisión investigadora, un estudio sobre el grado de cumplimiento, eficacia y efectividad del marco regulatorio vigente, a fin de establecer si dicho marco permite resguardar de manera adecuada los intereses públicos y de este modo poder detectar eventuales falencias que pudieren provocar irregularidades en los procesos de transferencia”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila .
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que se somete a la aprobación de la honorable Cámara tiene por objeto salvar una omisión en que se incurrió en el anterior, esto es, el que dio lugar a la formación de la Comisión investigadora.
Para tener una visión global de lo que ha sido el proceso de privatización de Esval, es indispensable analizar todo lo que concierne al marco regulatorio vigente y evaluar las consecuencias que ha tenido en la población la aplicación de dichas normas. Por lo tanto, considero indispensable dotar a la Comisión investigadora de las facultades contenidas en este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO.-
(Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada señora Laura Soto y cuenta con el respaldo de muchos parlamentarios de distintas bancadas.
La omisión involuntaria en que incurrimos nos llama a reflexionar claramente sobre los procesos de licitación y, por esa vía, de privatización e incorporación de capital privado al sector sanitario de nuestro país.
Llamamos a votar favorablemente el proyecto de acuerdo -creo interpretar a más de algún colega- y anunciamos la permanente revisión del proceso privatizador, por cuanto estamos frente a elementos vitales, como son el agua potable y el alcantarillado, en pleno desarrollo en nuestro país. Si bien es fundamental la incorporación de capital privado, no es menos cierta la necesidad de regulación de un sector que ha experimentado alzas tarifarias importantes y despido de trabajadores en un sector que dice relación con un tema tan fundamental, reitero, como es el relativo al agua potable.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Orpis .
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, desde mi punto de vista, es un error cuestionar de manera permanente los marcos regulatorios.
Respecto de las empresas sanitarias, hubo una larga discusión que modificó toda la legislación que se refiere al marco regulatorio, hace uno o dos años, antes del proceso de privatización de Esval, de Emos, de Essbío y de todos los procesos de privatización que se han desarrollado.
Para los efectos de la inversión, me parece perjudicial poner permanentemente en tela de juicio los marcos regulatorios. Dejemos que el proceso de la ley avance un poco más y evaluémosla más adelante, no apenas a poco más de un año de dictado el marco regulatorio, con pleno acuerdo del Congreso Nacional.
Creo que las leyes deben tener un poco más de estabilidad en el tiempo y no debemos cuestionarlas de manera permanente, porque eso es precisamente lo que desalienta a los inversionistas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por haberse cumplido el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, la votación de éste queda pendiente para la próxima sesión.
IX.INCIDENTES
EVASIÓN DEL PAGO DE PEAJE EN TRAMO TALCA-CHILLÁN. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En Incidentes, en el tiempo del Partido por la Democracia tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, deseo denunciar una situación bastante irregular, más bien ilegal, que ocurre en una de las comunas de mi distrito, concretamente en Retiro, y que tiene que ver con la ruta 5 Sur, específicamente en el tramo Talca-Chillán, en el peaje de Retiro.
Todos sabemos que el peaje constituye un gravamen que debe ser pagado por todos, puesto que la ley así lo establece; pero allí ocurre una situación abiertamente inaceptable. La concesionaria de la ruta 5 Sur, en conjunto con el alcalde, máxima autoridad municipal, han autorizado que un grupo de personas utilicen un camino público, paralelo, que llega hasta una barrera. En virtud de esa autorización, un conjunto de personas que viven en el lugar pueden cruzar la barrera pasando bajo el puente de Longaví para finalmente tomar la ruta 5 Sur en dirección al norte, evitando el pago del peaje.
Lo más grave del caso es que los beneficiarios de esta medida son transportistas que, al no pagar peaje, bajan el costo de sus fletes -de remolacha, por ejemplo- y establecen una competencia absolutamente desleal con los otros transportistas que se han visto afectados por esta medida, puesto que cuando llevan la remolacha a la Iansa de Linares deben pagar peaje y, por ende, cobrar fletes más caros.
Lo mismo ocurre con otros transportistas de mercaderías que compiten con los favorecidos por el no pago de peaje. Aún más, existe un grupo de personas autorizadas por la concesionaria a transitar directamente por la carretera, sin pagar peaje.
En mi opinión, esto es algo inaceptable, porque distorsiona la sana competencia entre transportistas y establece una discriminación respecto de un gravamen que debe ser pagado y soportado por todos. No podemos hacer diferencia alguna y es obvio que en este caso se deben tomar medidas drásticas.
Ésta es una situación arbitraria, determinada por la concesionaria con acuerdo del alcalde de Retiro, que debe ser solucionada. Es obvio que el responsable fundamental de solucionar este problema es el Ministerio de Obras Públicas, el cual debe tomar cartas en el asunto para resolver en definitiva esa situación, que ya he denunciado por los medios de comunicación.
Por lo tanto, solicito que se envíe copia de mi intervención al señor ministro de Obras Públicas, para que se ponga en contacto con la concesionaria de la ruta 5 Sur en el tramo Talca-Chillán y disponga las medidas pertinentes para que todas las personas cumplan con la obligación de pagar peaje y no haya discriminación ni diferencia alguna entre los ciudadanos.
Además, pido que se me informe sobre cuál es la situación en ese lugar y qué medidas se adoptarán para resolverla.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA PRIMERA REGIÓN. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor ministro de Obras Públicas para que informe sobre el estado de ejecución de los proyectos de pavimentación de los caminos de Arica a Codpa, de Parinacota a Visviri, y también respecto al avance del estudio del camino costero de Arica a Iquique. La demora en la realización de estos trabajos causa profunda inquietud en las comunidades de Arica y de Parinacota, ya que representan una posibilidad de progreso y avance económico de toda esta zona.
Igualmente, solicito información actualizada sobre el avance de la llamada ruta altiplánica, que unirá a San Pedro de Atacama con el pueblo de Visviri, la cual contará con variantes hacia Perú y Bolivia. Es importante saber qué medidas implementará el Gobierno para avanzar en la materialización de este importante camino, que impulsará de manera fundamental el turismo en el altiplano y generará fuentes de trabajo para una zona crónicamente deprimida y que necesita el máximo apoyo del Estado.
Por último, solicito que se agregue al oficio copia de mi intervención.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Rocha , Tuma , José Pérez y Núñez.
En el tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RECHAZO A LLAMADO A PARALIZACIÓN DEL GREMIO DEL TRANSPORTE TERRESTRE.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, hemos sabido, a través de los medios de comunicación, que el transporte terrestre, con su presidente a la cabeza, don Héctor Moya , está llamando a una paralización del gremio para mediados de este mes.
Personalmente, considero -y así lo estima mucha gente- que ésta es una grosería hacia Chile, porque detener el transporte significa paralizar los principales centros de abastecimiento; es decir, lo que se pretende hacer es entorpecer la marcha del país, lo cual trae consigo un daño tremendo para la economía nacional.
Por consiguiente, quienes queremos que Chile avance, progrese, crezca y se desarrolle no podemos estar de acuerdo con los paros ni con las tomas, menos aún cuando hay una mesa de diálogo para abordar los temas que preocupan a ese sector. ¡Si no quieren estar en la mesa y desean provocar ese daño al país, que asuman su responsabilidad!
Deseo formular una pregunta, a través de esta tribuna, al presidente nacional del transporte: cuando tengan bloqueadas las carreteras -si es que ello acontece-, y ocurra un accidente que haga necesario llevar rápidamente a una persona a un centro asistencial, pero no se llega a tiempo por esa causa y la persona fallece, ¿responderá por esa situación don Héctor Moya ? ¿Quién se hace responsable?
Hay que tener más respeto por Chile y por su gente. En un momento difícil como éste, debemos juntarnos todos para avanzar y buscar solución a los distintos problemas del país. Quiero invitar al señor Moya a que se preocupe realmente de algunos problemas que afectan a los choferes del transporte y, en especial, a los de camiones.
En la Octava Región hay miles de choferes que trabajan muchas horas detrás del volante, con camiones que llevan sobre sus lomos 30, 40 y más toneladas. Hace sólo algunos días me llamó un chofer para plantearme su drama: “Diputado -me dijo-, sólo puedo dormir cuatro horas, por cuanto mi turno empieza a las 5 de la mañana y mi jornada de trabajo dura 25 horas continuadas”. Es un crimen someter a esa situación a ese chofer, una falta de respeto hacia su familia y un atentado contra todos aquellos que transitan por los caminos de Chile, porque ese chofer maneja agotado. ¡De eso debe preocuparse don Héctor Moya ! De hablar con los transportistas, de reglamentar la forma como deben trabajar los choferes y no olvidar que son seres humanos que no pueden trabajar más de 8, 10 ó 12 horas continuadas, como máximo. Hacer lo contrario es abusar de la gente y de los choferes que, al carecer de otra fuente de trabajo, exponen su vida en estos casos.
Por consiguiente, hago un llamado a la mesura, a preocuparnos de resolver los problemas que realmente afectan a las personas que se desenvuelven en torno de este gremio y no convocar a paralizaciones que sólo conducen a crear más problemas de los que en este momento tiene el país.
He dicho.
TRASLADO DE FAMILIAS PARA EXTENDER SERVICIO DE METROTRÉN A TODA LA SEXTA REGIÓN. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, en la Sexta Región se ha presentado una situación bastante complicada a raíz del proceso de modernización de Ferrocarriles, que alabo, porque significa, entre otras cosas, que el metrotrén pueda llegar a San Fernando , a Rengo y, en consecuencia, atravesar de norte a sur toda la región.
Para llevar a buen término esas medidas, la empresa ha debido utilizar algunos terrenos, concretamente en la comuna de San Francisco de Mostazal, lo cual ha significado trasladar personas que vivían allí a otros terrenos de Ferrocarriles en dicha comuna, quienes, al no tener garantizado el suministro de los servicios básicos, han visto desmejorada su actual situación, no obstante tener la voluntad de continuar pagando el mismo canon de arriendo.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para representarle la inquietud de este diputado -para lo cual pido que se le incluya el texto de mi intervención- a fin de que arbitre las medidas que garanticen una calidad de vida adecuada para esas familias en esos terrenos de Ferrocarriles en la comuna de San Francisco de Mostazal, en el entendido de que dichos traslados se han producido para avanzar en la extensión de la línea y en el mejoramiento de los durmientes.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención.
LEGISLACIÓN EN FAVOR DE RADIOEMISORAS NACIONALES. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede continuar su Señoría.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito oficiar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a fin de que estudie una medida de salvaguardia legal, que podría ser el congelamiento de las concesiones vigentes de las radioemisoras.
Si no se procediera en esa forma, significaría que las concesiones cuyo plazo de vencimiento ha caducado podrían ser adquiridas por grupos económicos extranjeros, como ya ha ocurrido. La diferencia radica en que estas últimas requieren un proceso de negociación directa entre el propietario y quien desea adquirirlas. Sin embargo, en el caso en que procede necesariamente una licitación, dado que vence el plazo de duración de la respectiva concesión, lo que ocurrirá en los años venideros con gran número de radioemisoras, es necesario regular adecuadamente ese sector a través de un mejoramiento de la legislación que proteja las radioemisoras nacionales.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
FRANQUICIAS A FONDEROS DE LA SEXTA REGIÓN DEUDORES DE IMPUESTOS FISCALES. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede continuar el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Hacienda a fin de recabar información del Servicio de Impuestos Internos de la Sexta Región respecto de multas cursadas a fonderos de Fiestas Patrias por el no pago del impuesto fiscal respectivo en los remates de los locales en cada una de las municipalidades. En algunos casos se han producido errores, por cuanto no se cobró el impuesto fiscal, sino sólo el municipal.
Por lo tanto, no parece adecuado que por errores cometidos por la autoridad se cursen multas a los fonderos que, dicho sea de paso, muchas veces desarrollan esta actividad comercial más por amor a la Patria que por razones comerciales, ya que, de ser así, gran cantidad de ellos no la habrían desarrollado sabiendo que los tiempos no son buenos y que, en reiteradas ocasiones, las inclemencias climáticas no generan posibilidades ciertas de obtener buenos resultados económicos.
Las multas cursadas no son una buena señal de un Servicio que, además, ha insistido en contar con mayor presupuesto para contratar fiscalizadores en el proyecto de ley sobre evasión tributaria. Es conveniente tener esa información a la vista, dado que es un tema que está en discusión en la Cámara.
Además, hace tres semanas se despachó un oficio para conocer cuál es el crecimiento que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos en los últimos diez años en materia de fiscalizadores, de presupuesto, de red informativa, etcétera, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
EXTENSIÓN DE BECAS EN CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Educación, a fin de obtener su anuencia para una solicitud hecha por varios diputados democratacristianos -entre los que me incluyo-, respecto de la posibilidad de extender las becas de los centros de formación técnica y no dejarlas radicadas exclusivamente en la educación superior. Consideramos insuficiente empezar con mil becas. Dado que la capacitación de los jóvenes es algo fundamental -los índices de cesantía juvenil son superiores al 25 por ciento-, nos parece importante ampliar el número de becas; asimismo, considerar en el presupuesto de la Junaeb raciones alimenticias para los alumnos -en general, hombres y mujeres entre 18 y 30 años- que están regularizando sus estudios de enseñanza básica y media durante la noche en distintas escuelas rurales del país. Estimamos necesario -como un estímulo para que lleven a cabo tal regularización en forma adecuada- que tengan la posibilidad de acceder a raciones alimenticias que la Junaeb está en condiciones de entregarles.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Educación a fin de que estudie esta posibilidad y sea considerada en el proyecto de ley de Presupuestos que estamos analizando en estos momentos en las comisiones respectivas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Ortiz y de quienes así lo soliciten.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LEY QUE CONDONÓ DEUDAS CON LA EX CORA. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, quiero referirme nuevamente a una materia que expuse con anterioridad en Incidentes: los muchísimos parceleros de la ex Cora que no alcanzaron a acogerse a la ley que condonó sus deudas.
En mi región -que resultó muy afectada por la reforma agraria- son muchos los parceleros que se encuentran en esa situación. Según datos que tengo en mi poder, son aproximadamente 553 los campesinos que no alcanzaron a acogerse a la ley que condonó las deudas Cora, cuya vigencia terminó el 19 de agosto del año pasado. A la fecha, son muchos los campesinos de la Séptima Región que están recibiendo notificaciones de remate de sus parcelas; pero, en el resto del país, obviamente, existe gran cantidad de parceleros que, por falta de información, por motivos familiares, por fallecimiento de los asignatarios o por desconocimiento de los herederos de la sucesión, no se acogieron a dicha ley.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Agricultura a fin de hacerle presente esta situación y de pedirle que estudie la posibilidad de prorrogar la vigencia de la ley mencionada, o bien que envíe un proyecto de ley que condone las deudas a todos los parceleros que reúnan los requisitos que contemplaba la ley. De otro modo existirán serios problemas en las regiones porque los remates van a continuar. Aquí tengo un aviso de remate.
En conversaciones con los tesoreros regionales -son ellos quienes deben llevar adelante el proceso de remate-, los diputados de la región logramos que se suspendieran los remates fijados para los meses de septiembre y octubre. En todo caso, se trata de una simple suspensión. El aviso que estoy mostrando en este momento, relacionado con la sucesión de don Manuel Herrera , menciona el 8 de noviembre, mes en el cual se reanudarán los remates de predios, porque los campesinos que no alcanzaron a acogerse a la ley, obviamente, quedan sometidos a las exigencias de pago de la deuda que tenían con anterioridad. Las cantidades adeudadas suman varios millones de pesos, que, lógicamente, los parceleros no están en condiciones de pagar.
Por eso, estimo que se trata de un asunto urgente, y solicito al ministro de Agricultura que se agilicen los mecanismos que implementará su ministerio, a fin de resolver el problema. Sugiero que sea a través de una prórroga de la vigencia de la ley; sin embargo, pueden existir otros mecanismos.
Reitero que es necesario enviar este oficio, a fin de resolver este grave problema económico y social que se ha generado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al cual se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados que así lo indiquen a la Mesa.
PLAZO TRANSITORIO PARA REINCORPORACIÓN AL SISTEMA PREVISIONAL ANTIGUO. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, hace exactamente diez días, durante la semana distrital correspondiente a septiembre, todos los parlamentarios de la Octava Región -los 14 diputados y los cinco senadores- fuimos invitados a conversar con los dirigentes de la Anef de la Región del Biobío, reunión a la cual también asistieron algunos dirigentes nacionales.
El motivo fue la honda preocupación que existe entre los funcionarios públicos que cumplen con los requisitos para jubilar: las mujeres, a los 60 años de edad, y los varones, a los 65 años, con a lo menos 30 años de servicios.
Se presentaron dos estudios que evidenciaban la terrible discriminación que existe entre quienes se encuentran cotizando en el sistema antiguo y quienes lo hacen en el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Se pudo comprobar, una vez más, algo que dijimos oportunamente en la década de los 80, ocasión en que nos calificaron de “porfiados”, porque no estábamos de acuerdo con cambiar el sistema previsional chileno. Y no lo estábamos por una razón muy sencilla: con todas sus deficiencias, el sistema previsional antiguo se basaba en la SOLIDARIDAD -con mayúsculas-, lo que implicaba que quien ganaba más imponía más y quien ganaba menos, imponía menos; pero los dos tenían los mismos beneficios en las antiguas cajas de previsión.
En este instante, los funcionarios públicos que jubilan por el sistema antiguo obtienen una jubilación digna. Por el contrario, quienes han cumplido su ciclo laboral y están en el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, lo hacen, prácticamente, con el 42 ó 45 por ciento de su última renta, lo que es totalmente injusto y conlleva una discriminación.
En dicha reunión, algunos parlamentarios firmamos un compromiso con los trabajadores -así lo hemos hecho siempre-, en cuanto a encontrar el camino para llevar a cabo una gran reforma previsional en el país. Pero en la vida, en particular en el quehacer político, debemos ser serios y no jugar a la demagogia y menos al populismo. Fui muy claro y preciso en afirmar que este problema se arrastra desde el mismo instante en que asumimos como parlamentarios -el 11 de marzo de 1990-, y desde esa fecha hemos hecho, por lo menos, tres intentos para lograr que el Ejecutivo patrocine una reforma previsional. Sin embargo, el Gobierno ha indagado en los sectores de la Oposición, en especial en el Senado -una reforma de este tipo requiere quórum calificado- y no le ha sido posible conseguir los votos necesarios.
En la misma reunión de hace diez días expresé que deberíamos ir paso a paso, porque tampoco es bueno crear falsas ilusiones a los esforzados trabajadores que han entregado toda una vida al servicio público, en circunstancias que no es fácil que una reforma previsional de esta naturaleza prospere en el trámite legislativo.
Expresé en esa ocasión que, primero, debiéramos solicitar al Ejecutivo analizar una posible reforma previsional con vigencia no mayor de 6 meses, para que, por única vez, las personas que en este instante están en el sistema de administradoras de fondos de pensiones y que hayan cumplido todos los requisitos para jubilar, puedan reintegrarse al sistema antiguo. Sería una solución humana, efectiva, real, justa y necesaria para dar tranquilidad a un número muy importante de trabajadores del sector público.
En esta materia, los parlamentarios conseguimos algunos éxitos, que no se publican, ya que, respecto de nosotros, solamente se destaca lo malo y lo negativo. Ejemplo: las reivindicaciones de mis colegas profesores. Un grupo de parlamentarios logró, en primer lugar, la dictación de la ley Nº 19.200, que cambió el sistema de cálculo de la jubilación del magisterio chileno: en vez de ser el promedio de las 60 últimas rentas, que fuera el promedio de las 36 últimas.
Después de eso conseguimos modificar el Estatuto Docente, ley Nº 19.070, mediante la dictación de la ley Nº 19.410, que permitió, primero por 6 meses, y después por 6 meses más, por única vez, que los colegas jubilaran con la última renta.
Entonces nos dimos cuenta de una realidad que nos preocupó, que nos amargó y que consideramos injusta. Pudieron jubilar con su última renta casi 6 mil profesores que estaban en el sistema antiguo -vale decir, en el INP-, y recibieron entre 14, 15 y 16 meses de indemnización. Pero los que estaban en el sistema de las administradoras de fondos de pensiones no pudieron acogerse a esos beneficios y sus jubilaciones siguen en un promedio de un 42 a un 45 por ciento.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a los ministros del Trabajo, de Hacienda y a la ministra de Educación para que estudien la posibilidad de una reforma previsional, importante en el país, para que, por un plazo de 6 meses, los trabajadores de la administración pública que tienen ya los requisitos para jubilar, considerando asimismo lo referente al Ministerio de Educación -hace 45 días lo expresé, por oficio, en mi nombre y en el del diputado señor Enrique Jaramillo , y no hemos tenido contestación-, puedan, por única vez, cambiar de sistema previsional para jubilar con rentas dignas, después de haber entregado toda una vida al servicio público y a la educación chilena.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados que así lo expresen.
INFORMACIÓN SOBRE MATERIAS VIALES, DE SALUD Y EDUCACIONALES EN COMUNAS DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, deseo solicitar el envío de varios oficios.
Al ministro de Obras Públicas para que informe sobre el estado de avance, los montos y el cumplimiento de los plazos de las obras de pavimentación en ejecución en la Décima Región y las contempladas para los períodos inmediatos; sobre el avance de la señalización caminera y de lugares de interés y atractivo turístico en la zona, que todavía no percibimos, y sobre el control que ha ejercido respecto de una radioemisora en Dalcahue, provincia de Chiloé, que ocupa varias frecuencias y que ha causado problemas, según la comunidad.
Luego, a la municipalidad de Puerto Montt, a la intendencia de la Décima Región, y a la señora ministra de Salud para que informen sobre el estado de avance de la construcción y reposición de nuevas postas y consultorios de salud en la comuna de Puerto Montt.
Finalmente, a los alcaldes de las comunas de la Décima Región y a la señora ministra de Educación para que informen sobre el proceso de avance de incorporación de la jornada única en las escuelas y liceos donde aún falta implementarla para el año 2001; asimismo, acerca del estado de avance del proceso de aumento del número de alumnos egresados de cuarto medio, que ya, afortunadamente, está alcanzando a casi la mitad de los educandos que ingresan a primero básico, lo que aún es insuficiente. En mi región, de cada dos niños que ingresan a primero básico, solamente uno egresa de cuarto medio.
Gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados.
CAMPAÑA COMUNICACIONAL PARA MEJORAR IMAGEN DE LABOR PARLAMENTARIA.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, escuchaba con mucha atención a mi muy estimado colega Ortiz cuando él decía que los diputados también hacemos cosas buenas, las que realmente no salen a la luz pública tan magnificadas como las malas.
Ayer recibí a una delegación de 117 personas de la Escuela D-91, Centenario, de Arica, compuesta por alumnos y profesores, que vinieron a un encuentro nacional de bandas de guerra, en el cual obtuvieron todos los premios.
Esta visita revistió mucha importancia, porque hablando con los padres, con los apoderados y con sus profesores en el día de ayer, ellos me dijeron que nunca se habían dado cuenta en Arica de la labor que realizan los parlamentarios. No entendían por qué no se conoce la labor que nosotros desarrollamos ni todo lo que trabajamos.
Estuvieron todo el día de ayer acá, en la Cámara, y se dieron cuenta de que los parlamentarios llegamos a las 9 de la mañana y que a las 10 u 11 de la noche todavía andábamos circulando por este edificio.
Sobre la base de lo que manifestó la gente de Arica al darse cuenta de nuestra realidad, me gustaría hacer hoy una defensa de esta tan vapuleada clase en que nos hemos transformado los parlamentarios.
Creo que en parte somos responsables de la opinión que la ciudadanía tiene sobre nosotros, porque ningún parlamentario levanta la voz para puntualizar que la situación no es tan negra como la pintan; no es como efectivamente han sostenido muchos.
Me pregunto: ¿Cuántos funcionarios públicos y ejecutivos privados -éstos con sueldos que son realmente increíbles-, llegan a las filiales de sus empresas en regiones, se bajan del avión y, como nos ocurre a nosotros, los están esperando los taxistas para plantearles que tienen problemas con los motores y, por supuesto, con la bencina; luego se suben al taxi y les empiezan a contar los problemas que tienen ellos; llegan al centro de la ciudad y se reúnen con los centros de madres o con juntas de vecinos que quieren, por supuesto, que los parlamentarios les ayudemos a construir sus canchas de fútbol; que solicitan trofeos y sillas de rueda -realmente los necesitan- y hacer otras obras sociales? Por ejemplo, a don José Porras lo mandaron hace más de 40 días desde el hospital de Arica al José Joaquín Aguirre para que lo operaran del corazón, con el objeto de salvarle la vida. Ha golpeado todas las puertas y, al final, llega donde la parlamentaria; ésta lo trae a Viña, lo opera, le importa el by-pass. Lo ayuda con todas esas cosas; pero eso no sale en los diarios. Esas acciones no las hacen los funcionarios públicos ni los empresarios privados; y ¿por qué aceptamos nosotros ser la clase del escarnio?; ¿por qué dicen que nosotros ganamos unos sueldos fabulosos y espectaculares?; ¿por qué esta Cámara nunca ha informado sobre la dieta que recibe el parlamentario; el viático, el sueldo que se le entrega para sus asesores, que no lo pueden cobrar nadie más que ellos? ¿Por qué no aclaramos las cosas de una vez por todas? Algunos parlamentarios viajamos más de 2.200 kilómetros, lo cual implica dejar a nuestra familia y asuntos personales a un lado, para venir a trabajar a Valparaíso y a Santiago. Sin embargo, al llegar a nuestros distritos la gente nos pregunta qué hemos hecho. Cuando decimos que participamos en el estudio y tramitación de los proyectos, que estamos todo el día en el Parlamento, que corremos de un lado a otro, la gente no lo puede creer, porque de eso no informan los medios de comunicación. Esa es la realidad.
Por ello, aprovecho el espacio que tengo en la Cámara de Diputados -que es mi lugar de trabajo y donde trato de hacer todo aquello por lo cual la gente de Arica me eligió, la que se siente inmensamente orgullosa de ello- para pedir formalmente que iniciemos una campaña comunicacional destinada a lograr revertir esta especie de escarnio que hay sobre los parlamentarios. En verdad, somos como un “pushing ball”, pues los diputados tienen la culpa de todo lo malo que ocurre. ¿Por qué aceptamos eso en circunstancias que tratamos de hacer bien las cosas? Puede haber excepciones, pero yo no soy quien para juzgar a nadie. Lo que tengo muy claro es que he tratado de hacer todo lo posible por defender los intereses y aspiraciones de mi ciudad, por hacer las cosas bien, por mantener buenas relaciones con todos mis colegas, independientemente del partido político a que pertenezcan.
Entonces, señor Presidente, no nos matemos entre nosotros: hablemos las cosas claras, mostremos nuestros sueldos, digamos cuánto ganamos; pero, ¡ojo!, que la gente también entienda con claridad meridiana que son muy pocos los que tienen que viajar diez horas para llegar a su lugar de trabajo, como es el caso de los diputados que vivimos en las zonas extremas. En mi caso particular, dejo a 2.200 kilómetros de distancia a toda mi familia, pero la gente dice que “la diputada se llevó a vivir a Viña del Mar a su hija menor y lo está pasando bomba”.
Es hora de que iniciemos una campaña comunicacional para que la gente conozca pormenorizadamente lo que hacemos.
Señor Presidente, le ruego me disculpe si hablé en un tono inhabitual en esta Sala, que es política; pero pertenezco a la clase política en este momento y, por desgracia, la situación no es cómoda para mí. Me siento orgullosa de haber sido una de las 120 personas elegidas como congresistas de entre 15 millones de habitantes, y quiero que todos los parlamentarios sientan lo mismo y que nunca más seamos sometidos a presiones o a lo que se dice de nosotros.
Reitero mi petición de iniciar en la Cámara una campaña para mejorar nuestra imagen.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Comparto sus palabras, señora diputada. Su intervención no fue poco política, sino muy política, en el buen sentido de la palabra.
INFORME SOBRE ACTUACIÓN DE DELEGACIÓN CHILENA EN JUEGOS OLÍMPICOS DE SYDNEY. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, comparto su pensamiento y las palabras de la diputada señora Rosa González en el tema que acaba de exponer, pues se desconoce la labor que realizamos los parlamentarios y muchas veces somos muy vapuleados.
En esta oportunidad, quiero referirme a los recientes juegos olímpicos de Sydney, Australia, y al recordarlos tengo sentimientos encontrados; por un lado, de admiración hacia los países que han entendido la importancia del desarrollo físico y hoy ven con orgullo las preseas obtenidas por sus diferentes deportistas, como culminación de un trabajo planificado, organizado y desarrollado a nivel educacional especialmente; por otro lado, siento la misma decepción de todo chileno que ama el deporte y que, con frustración, fue testigo de la deplorable actuación de nuestros sacrificados deportistas.
¿Por qué digo “sacrificados deportistas”? Porque son ellos los que han hecho todo el esfuerzo, casi en forma particular, para lograr los mínimos resultados a nivel de alta competencia.
¿Qué hace el Estado para revertir esta situación? Hasta ahora no tenemos un marco regulatorio del deporte, pues el proyecto despachado por nuestra Cámara, que está a punto de ser ley, aún no tiene la sanción del gobierno, y, lamentablemente, no considera el aumento de horas de clases en el área de educación física y deporte en los establecimientos acogidos a la reforma educacional. Creemos que el gobierno perdió una oportunidad importantísima para dar pasos sustanciales en el cometido de cambiar la cultura deportiva en nuestro país.
Siempre he pensado que el deporte y la recreación se asocian a la promoción de los más altos valores del espíritu humano, pues generan espacios para cultivar la amistad, el respeto, la solidaridad y estimulan la convivencia pacífica entre los individuos y los pueblos. Pero, una vez más, he quedado defraudado por nuestros magros logros deportivos a nivel internacional, y debo lamentar los problemas suscitados no sólo dentro de la cancha de juego -como se dice en el ámbito futbolístico-, sino también fuera de ella: un abanderado que se negó a portar el emblema patrio; dirigentes que no cumplieron sus compromisos y aumentaron la delegación concurrente; deportistas que presumen pérdidas de implementos, como el caso de las bicicletas, y que coleccionan jeringas en sus habitaciones, o que tienen actitudes antideportivas que se traducen en los resultados obtenidos y en el desprestigio internacional.
Entonces, de nuevo nos preguntamos: ¿qué hacemos por los deportistas chilenos?; ¿cómo compatibilizar lo que sucede, por ejemplo, con Marcelo Arrué , quien compite por otras naciones a pesar de ser un chileno de corazón?; ¿qué pasa con Erika Olivera , que quiere competir por otro país y no por el propio?
Está claro que en nuestro país aún no se tiene conciencia de que la actividad física será más y mejor en la medida en que comprendamos sus fundamentos y elaboremos políticas que realcen la preocupación por el desarrollo del deporte en la comunidad.
En todo orden de cosas siempre hay excepciones, y en esto no escapa el deporte. Sin duda, debo destacar la medalla de bronce obtenida por el fútbol chileno, lo que nos libera de analizar en profundidad los precarios resultados obtenidos en otras disciplinas. Pero también es válido preguntarse por qué la lograron. Porque ellos son los deportistas profesionales de nuestro país; por lo tanto, es factible exigirles y esperar mucho más que un tercer lugar.
Con el dolor que sentimos quienes amamos el deporte, solicito oficiar al director general de Deportes y Recreación, a fin de que nos informe sobre la evaluación hecha por ese organismo respecto de la participación de nuestra delegación deportiva en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia; que nos dé a conocer los antecedentes de que disponga y las acciones iniciadas en relación con las diversas denuncias efectuadas durante el transcurso de dichos juegos, en los cuales se vieron implicados deportistas y dirigentes de nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y del diputado señor Rosauro Martínez .
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en cumplimiento del mandato entregado por la Corporación relativo a investigar las causas relacionadas con la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Umce)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación en cumplimiento del mandato entregado por la Cámara, viene en informar sobre el tema señalado en la referencia de conformidad a los siguientes antecedentes:
1. ORIGEN.
El mandato en virtud del cual se realizó esta investigación, encuentra su origen en el acuerdo Nº 446 de la Corporación, adoptado con fecha 2 de agosto del año en curso, por el que se encomienda a la Comisión investigar las causas que han originado los más de sesenta días de paralización de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, diligencias que se deberían efectuar en el plazo de treinta días.
2. FUNDAMENTOS.
Los considerandos del acuerdo en virtud del cual se efectúa esta investigación, parten recordando el carácter de garantía constitucional que reviste el derecho a la educación, correspondiendo al Estado otorgar una protección especial a su ejercicio.
Señalan, en seguida, que en el último tiempo se han producido en el ámbito de la educación universitaria, una gran cantidad de paralizaciones y de tomas por parte del estudiantado como medio para hacer valer sus derechos, cuestión que reviste especial gravedad en el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la que lleva más de dos meses de paro, afectando su normal desenvolvimiento y colocando a los alumnos en serio riesgo de pérdida del semestre académico.
Agregan que lo anterior deberá incidir negativamente en la adecuada formación de los futuros docentes, ya que deberán afrontar la pérdida del semestre o recibir las clases que se les impartan en menos tiempo del que corresponde.
Sostienen, asimismo, que el concepto de la autonomía universitaria, no puede significar la entrega de facultades absolutas a las autoridades académicas para la distribución de los recursos que el Estado les entrega para un determinado fin, siendo un deber de los parlamentarios velar por que éstos sean adecuadamente invertidos, especialmente si su mala distribución puede traducirse en la posibilidad de que muchos estudiantes no puedan continuar sus estudios.
Por último, señalan que la Corporación no puede mantenerse al margen de un conflicto que ya dura más de dos meses y que amenaza prolongarse aún más, impidiendo el normal funcionamiento de la Universidad.
3. ACTUACIONES DE LA COMISIÓN.
La Comisión destinó para el despacho de este asunto un total de cuatro sesiones, más una reunión en comité efectuada en la sede de la Corporación en Santiago.
En el transcurso de estas reuniones recibió el parecer de las siguientes personas:
Don Jesús González López, profesor, rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Don Jorge Brieba Hinrichsen, Director de Administración y Finanzas de la Umce.
Don Rodolfo Peña Contreras, Director de Asuntos Estudiantiles de la Umce.
Don Gonzalo Huidobro, Director Jurídico de la Umce.
Doña Ximena Espinoza Medina, presidenta de la Asociación de Académicos de la Umce.
Doña Rosa Albornoz Sánchez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Umce.
Don Guillermo Cisternas F., representante de los apoderados de la Umce.
Don Juan Pablo Gajardo, vocero de los alumnos.
Don Gonzalo Navarro, vocero de los alumnos.
Doña Verónica Lizana, vocera de los alumnos.
Doña Soledad González, vocera de los alumnos.
Don Fernando Monckeberg Barros, presidente de la Junta Directiva de la Umce.
Don Eduardo Castro Silva, integrante de la Junta Directiva.
Don Carlos Castro Delaunoy, integrante de la Junta Directiva.
Don Santiago Vera Riveras, integrante de la Junta Directiva.
Doña Ludovisa Lillo Troncoso, integrante de la Junta Directiva.
Don José Marcelo Martínez Keim, integrante de la Junta Directiva.
Don Mario Leyton Soto, integrante de la Junta Directiva.
4. DOCUMENTOS RECIBIDOS.
Durante el transcurso de su análisis la Comisión recibió la siguiente documentación:
DOCUMENTOS HECHOS LLEGAR POR LA ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS.
(1er. sobre)
A) Presentaciones efectuadas a la Contraloría General de la República en el presente año. 1 18
1) Nota introductiva de julio pasado por la que se explica la incompatibilidad de cargos producida en el Departamento de Biología.
1
2) Carta de doña Ximena Espinoza, Presidenta de la Asoc. de Académicos al Contralor Interno, señor Ricardo Rubio, por la que pide un nuevo pronunciamiento sobre la incompatibilidad funcionaria que afectaría al Director del Departamento de Biología cuya cónyuge se desempeña como Secretaria de Facultad sin dejar de depender del Departamento y pudiendo subrogar al Decano. (13 enero).2
3) Memorándum del Contralor Interno dando respuesta a la presentación anterior, señalando haber hecho presente las incompatibilidades existentes en los Departamentos de Biología y de Química, pero ignora si se ha regularizado la situación, por lo que requerirá información al respecto. (18 enero).3
4) Memorándums 21 y 22 del Contralor Interno dirigidos al Director del Departamento de Física y al Director del Departamento de Biología, respectivamente, por los que hace presente las incompatibilidades funcionarias que los afectan con sus respectivas cónyuges y solicita informar si ya hubo regularización en el primer caso y realizar las gestiones para ello en el segundo. (14 enero).
4-5
5) Resoluciones de 27 de septiembre de 1999 y marzo del 2000 de la Vicerrectora Académica, señora Diana Veneros, destinando por la primera a la señora Luisa Bobadilla, académica del Departamento de Física, al Departamento de Formación Pedagógica, y por la segunda, rectifica la anterior para señalar que tal destinación persistirá mientras subsista la incompatibilidad que la afecta como cónyuge del Director del Departamento de Física. 6-8
6) Presentación efectuada por las representantes de la Asociación de Académicos, señoras Espinoza y Blanco, a la Contraloría General de la República por la que solicitan que se disponga la regularización de la situación existente en los Departamentos de Biología y de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Básicas, por existir incompatibilidad entre los funcionarios que señala. (19 abril). 9-10
7) Solicitud de informe sobre la denuncia anterior efectuada por la Contraloría General de la República al rector de la Umce, fijando un plazo de 15 días para contestar. (4 mayo).11
8) Presentación de las representantes de la Asociación de Académicos a la Contraloría General, consultando si el rector tiene facultades para decretar el cierre de la Universidad e impedir el ingreso y actividades de profesores, alumnos y funcionarios. (21 julio).12
9) Presentación de las representantes de la Asociación de Académicos a la Contraloría General, pidiendo se investigue las razones de no estar disponibles los fondos para el pago de sus remuneraciones, uso que se dio a los fondos los que corresponden a un aporte fiscal directo y facultades de la autoridad para postergar el pago. (24 julio).13
10) Memorándum del Director de Administración y Finanzas explicando el atraso en el pago de las remuneraciones del mes de julio, imputándolo al problema de la toma de determinadas dependencias de la Universidad y señalando la forma a que se recurrirá para efectuar los pagos. (14 julio).14-16
11) Presentación a la Contraloría General por parte de las representantes de la Asociación de Académicos y de la Asociación de Funcionarios Administrativos por la que solicitan un pronunciamiento acerca del procedimiento adoptado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad para el pago del mes de agosto. (25 agosto).17
12) Comunicación de la Dirección de Administración y Finanzas dirigida al personal directivo, académico y no académico de la Universidad, señalando el procedimiento a que se recurrirá para el pago de las remuneraciones de agosto, en razón de los efectos de la toma. (23 agosto).18
(2º sobre).19-60
13) Carta de fecha 5 de septiembre de 1996 de los representantes de la Asociación de Académicos y la de los Funcionarios Administrativos, por la que solicitan al Contralor General de la República una investigación sobre irregularidades denunciadas por el Contralor Interno señor Aburto, las que constan en antecedentes no considerados por la Junta Directiva. Además, denuncian la separación de su cargo del señor Aburto.19-20
14) Informe, sin firmas y al parecer de la Asociación de Académicos, en la que se dan a conocer contrataciones a honorarios del rector señor González López y otros funcionarios, a la vez que se señala que en el presupuesto de 1998 se rebajó el ítem de remuneraciones de los académicos en más de 100 millones y se aumentó el de honorarios en 160. Se estima que hay incumplimiento del compromiso adquirido por la rectoría.21-23
15) Resolución 370, de 8 de junio de 1995, por la que se contrata a honorarios al señor Jesús González López para realizar labores de coordinación entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 1995.24
16) Informativo de fecha 13 de mayo de 1998, por la que la Asociación de Académicos de la Universidad hace presente que las remuneraciones del personal han sido reajustadas en un 5% a partir del mes de abril, alegando insuficiencia y exhibiendo un cuadro con los honorarios y sobresueldos percibidos por el rector y sus colaboradores.25-26
17) Carta de 2 de julio de 1998, dirigida por la Directiva de la Asociación de Académicos al ministro de Educación señor José Pablo Arellano, en que manifiesta cierta sorpresa por las graves irregularidades administrativas que demuestra el resultado de un sumario instruido por la Contraloría General y que afectan al rector señor González y al Director de Administración señor Jorge Brieba. Asimismo, considera desproporcionadas, por ser muy leves, las sanciones propuestas a ambas autoridades administrativas en relación a las que se aplicaron en una oportunidad anterior a otros académicos, incluido el ex rector señor Ormeño. Considera también injusta la destitución del Contralor Interno señor Aburto por cuanto el resultado del sumario citado le estaría dando la razón.27-29
18) Comunicación de fecha 3 de julio de 1997, del señor Hernán Llanos, Jefe de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General en que se pronuncia sobre una presentación efectuada por la Asociación de Académicos y Administrativos de la Universidad relativa a irregularidades cometidas en la misma.30-31
19) Carta de 12 de agosto de 1997, dirigida por los representantes de las Asociaciones de Académicos y Funcionarios al Secretario General de la Umce, quejándose de que esa Secretaría no les hace entrega de una respuesta de la Contraloría General a una consulta formulada por ellas y advierten sobre posibles acciones legales.32-33
20) Resolución de la Contraloría General, de fecha 3 de junio de 1998, por la que aprueba el sumario administrativo seguido en la Universidad y aplica sanciones pecuniarias al rector señor González y al Director Administrativo señor Brieba.34-36
21) Memorándum Nº 202 del Contralor Interno señor Aburto, dirigido al Director de Administración y Finanzas señor Brieba, por el que señala haber dado curso a la resolución aprobatoria del contrato de obra material con la empresa Arco I Ltda. haciendo presente una serie de observaciones y disponiendo se subsanen mediante ciertas actuaciones de las partes y encomendando al Departamento Jurídico la redacción de una escritura pública.37
22) Memorándum Nº 40 del abogado del Departamento Jurídico señor Diego Munita, dirigido al Secretario General señor Ernesto Garrote, en que deslinda responsabilidades por los errores y vacíos de la escritura que da cuenta del contrato con la constructora Arco I Ltda. y propone una nueva escritura modificatoria de dicho contrato.38-41
23) Resolución de 19 de enero de 1996 por la que el rector señor González aprueba el contrato de construcción y remodelación de obra material inmueble con la empresa constructora Arco I Ltda.42
24) Informe de la Contraloría General de la República sobre visita efectuada a la Universidad para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al personal y sus remuneraciones, haciendo presente en él diversas anomalías.43-56
25) Presentación del rector señor González ante el ministro de Educación señor Arellano, solicitando reposición de la sanción de censura librada en su contra en el sumario administrativo incoado por la Contraloría General de la República.57-60
3er. sobre.
B) Antecedentes relacionados con el liceo Manuel de Salas.
26) Dos cartas de la señora Viviana Parra Miranda, Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Liceo, de fechas 4 de julio y 21 de junio del año en curso, dirigidas al Contralor General de la República, en las que denuncia una serie de irregularidades relacionadas con los cargos de planta, jerarquización de cargos, falta de reglamentación, etc., solicitando una acuciosa investigación al efecto.61-63
27) Un documento de 25 de noviembre de 1999, suscrito por la Comisión de Desvinculación, en que se dan a conocer una serie de situaciones irregulares en la administración del Liceo y se aboga por la autonomía del mismo.64-66
28) Informe Nº 58/97 de la Contraloría General dirigido a la Directiva del Centro de Padres y Apoderados del Liceo, atendiendo dos presentaciones efectuados por ésta, relativas a irregularidades que afectarían normas contables y administrativas relacionadas con los ingresos provenientes del citado Liceo. (Favorable al Liceo) 67-79
29) Respuesta de la Contraloría General a una presentación de la señora Viviana Parra, Presidenta de la Asociación de Funcionarios, por la que la respalda en su queja respecto a un traslado de funciones que afectaría su fuero funcionario.80-82
30) Un informe de fecha 25 de agosto de 1998, emitido por dos inspectores de subvención del Ministerio de Educación, por el que dan cuenta del estado de la infraestructura del edificio, el estado del local escolar y del mobiliario.83-84
31) Resolución de fecha 23 de agosto de 1999 por la que la Secretaría Ministerial de la Región Metropolitana aplica sanciones a la Umce en su calidad de sostenedora del Liceo Manuel de Salas, por las deficiencias e irregularidades detectadas por los inspectores de subvención.85-87
32) Copia de la demanda en juicio sumario incoado por 82 profesores del Liceo Manuel de Salas en contra de la Umce, representada por su rector y en su calidad de sostenedora del establecimiento, por no pago del reajuste de sus remuneraciones.88-100
33) Informe de la Subdivisión de Auditoría Administrativa de la Contraloría General, de 5 de abril de 1999, por la que se pronuncia sobre una petición formulada por la Asociación de Funcionarios y por la Asociación de Padres y Amigos del Liceo sobre los informes y situación financiera de la Universidad y del Liceo, situación académica y administrativa del Liceo y otras materias relativas al mismo, concluyendo que aunque de la revisión se han deducido algunas omisiones y deficiencias, éstas no parecen tener tanta trascendencia como para que se dispongan otras medidas que las recomendaciones efectuadas.101-118
34) Copia de la querella criminal por los delitos de injurias graves y calumnias interpuesta por el rector señor González en contra de las señoras Ximena Latorre Astudillo y Silvia Baeza Pinto, presidentas de la Asociación de Funcionarios y de la Asociación de Padres y Amigos del Liceo, respectivamente.119-128
35) Carta de 9 de julio de 1999, dirigida al Presidente de la República, con copia a parlamentarios y distintos dirigentes políticos, por los representantes de la Asociación de Funcionarios del Liceo, por la que dan a conocer un listado de 13 situaciones irregulares ocurridas en el Liceo y piden una respuesta.129-130
36) Circular sin firma por la cual se fundamentan los motivos que aconsejan la desvinculación del Liceo de la Umce y oficio del Presidente de la República al ministro de Educación, por el que dispone la constitución de una comisión para que analice la posibilidad de dicha desvinculación.131-133
37) Circular, de 22 de mayo de 1998, de la Asociación de Padres y Amigos del Liceo por la que refutan algunas afirmaciones del rector señor González en su programa “Una propuesta modernizadora 19982002”.134
38) Oficio de la Asociación de Funcionarios del Liceo, de fecha 27 de octubre de 1999, por la que aclaran algunas afirmaciones del rector señor González.135-137
39) Declaración pública del rector señor González, refutando, a su vez, cargos formulados por la Asociación de Padres y Amigos del Liceo y acusándola de querer desvincular el Liceo de la Universidad y privatizarlo.138
4º sobre
C) Antecedentes relacionados con acciones de la rectoría en contra del ex rector señor Ormeño.
40) Comunicación del Contralor Interno de la Umce, dirigida al señor Juan Vargas Marín, fiscal de un proceso disciplinario instruido en contra de varios académicos de la Universidad, entre ellos el señor Ormeño, acogiendo una presentación de los sumariados y haciendo presente al fiscal la necesidad de corregir el procedimiento empleado.139-141
41) Solicitud de nulidad de lo obrado en el proceso disciplinario seguido contra los académicos señalados en el número anterior, deducido por éstos ante la rectoría, conjuntamente con una apelación subsidiaria ante la Junta Directiva.142-151
42) Presentación de los mismos académicos mencionados ante la Junta Directiva, haciendo presente ante ésta la irregularidad del procedimiento empleado en su contra, el cual, incluso, les impediría apelar ante dicha Junta.152-154
43) Circular de la Asociación Gremial de Académicos, de fecha 17 de agosto de 1998, por la que hace públicos sus agradecimientos a los integrantes de la Junta Directiva que mediante su resolución han reconocido el derecho a apelar que cabe a un funcionario administrativo, sancionado con la medida de destitución, y cuadro comparativo entre la normativa aplicable y las sanciones dispuestas en el sumario administrativo seguido contra los académicos, antes y después de deducida la apelación ante la Junta.155-156
44) Resolución de la rectoría de la Umce, de fecha 7 de marzo de 1997, por la que deniega un permiso por cinco meses sin goce de remuneraciones, solicitado por el profesor señor Alejandro Ormeño.157
45) Resolución de la rectoría de la Umce, de fecha 11 de junio de 1997, por la que prorroga el permiso sin goce de remuneraciones solicitado por el profesor Ormeño, sólo por un mes, es decir, hasta el 10 de julio de 1997.158
46) Dos cartas del profesor señor Ormeño dirigidas al decano de la Facultad de Filosofía y Educación señor Navarro y al rector señor González, respectivamente, de fechas 22 y 25 de agosto de 1997, en que por la primera, agradece el apoyo brindado para la obtención del permiso rectorial a fin de poder continuar una consultoría de su especialidad en el Paraguay y, por la segunda, se queja del autoritarismo del rector al negarle el permiso y manifiesta creer, ante la imposibilidad de retomar su cargo, que su actitud busca instruir un nuevo sumario en su contra, terminando por pedir reconsideración de la negativa.159-162
47) Carta del académico señor William Thayer Morel, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que manifiesta su extrañeza por la cancelación de su contrato a jornada completa en la Umce, específicamente porque no se ha dado a conocer motivo alguno para esa decisión.163-166
48) Resolución de la Contraloría General de la República, de 12 de mayo de 1999, por la que acoge una presentación de la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Umce en el sentido de que por gozar de fuero de acuerdo a la ley Nº 19.296, no puede ser cambiada de las funciones que servía mientras goce de dicho fuero.167-169
Primer cuaderno azul.
49) Nota de fecha 18 de enero de 1996, efectuada por el rector al Contralor Interno, en que lo elogia y lo invita a participar en una ceremonia de cierre del año 1995.170
50) Publicación de la ejecución presupuestaria correspondiente al año 1994 de la Umce.171
51) Oficio del Contralor Interno, de fecha 23 de noviembre de 1995, dirigido al Jefe del Departamento de Finanzas por la que solicita el envío de copia de los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 1994 y otros documentos contables, haciendo presente el atraso en el envío de algunos de ellos.172
52) Oficio del Contralor Interno, de 13 de marzo de 1995, dirigido al Director de Administración y Finanzas por el que le solicita copia del balance patrimonial y de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 1994.173
53) Respuesta del Jefe del Departamento de Finanzas, de 2 de junio de 1995, en que envía el cuadro de estado de ejecución presupuestaria, pero no el balance patrimonial porque no se ha ajustado aún.174
54) Respuesta del Director de Administración y Finanzas, de 8 de enero de 1996, que señala que el balance quedará terminado a fines de enero y sugiere por ello enviarlo sin la verificación de la Contraloría Interna, cuestión que podrá hacerse después.175
55) Oficio del Contralor Interno, de 2 de enero de 1996, dirigido al Director de Administración y Finanzas, por el que envía oficio de la Contraloría General en que solicita la información contable de la Universidad correspondiente al año 1995 para los efectos del balance general de la Nación y adjunta formularios e instrucciones.176-183
56) Oficio del Director de Administración y Finanzas, de 11 de mayo de 1995, por el que comunica a la rectoría la conveniencia de posponer cualquier contratación de personal administrativo a la espera de las medidas de racionalización y, además, dadas las restricciones presupuestarias de la institución, no parece recomendable contratar durante 1995.177-178
57) Memorándum del Contralor Interno, de 8 de mayo de 1995, dirigido a la rectoría por el que remite la programación de las actividades para el año 1995 del Subdepartamento de Auditoría Operacional de esa Contraloría, haciendo presente que para realizar lo programado resulta indispensable contar con el personal solicitado por la Jefa de ese Subdepartamento; listado remitido por ésta; reseña de funciones de la Contraloría Interna y necesidades de personal de la misma; listado de personal no legible.179-189
58) Contrato a honorarios, destinación, y prórroga de contrato y cesación del mismo respecto de funcionarios de la Universidad.190-195
59) Ingresos y gastos por arancel en el año 1994 del liceo Manuel de Salas.196
60) Memorándum de 3 y 18 de enero de 1995 del Contralor Interno a la rectoría, señalando las obligaciones que corresponden a la Universidad desde el punto de vista contable, según el decreto Nº 180, de Hacienda, de 1987.197-200
61) Resoluciones exentas de 26 y 30 de diciembre de 1994 por las que se nombra fiscal y reemplazante para la realización de un sumario administrativo.201-202
62) Actas del Comité de Remodelación de 16 y 9 de enero de 1996; acta de recepción de antecedentes de la empresa Constructora Arco Ltda. e informe de Dicom sobre el Contralor Interno señor Aburto.
203-208
Segundo cuaderno.
63) Carta sin fecha de un grupo de alumnos del Liceo Manuel de Salas, dirigida al Director del plantel, formulando críticas sobre la conducta del profesor señor Juan Manuel Gajardo Rubilar.209-211
64) Dos presentaciones de fechas 6 de julio y 12 de junio del año en curso, efectuadas por la Asociación de Funcionarios y de Padres y Amigos del Liceo, a la Contraloría General de la República haciendo presente una serie de irregularidades y solicitando se tomen las medidas que correspondan.212-214
65) Informe de la Contraloría General de 9 de junio de 1997, por el que atiende una presentación del Centro de Padres y Apoderados del Liceo acerca de posibles irregularidades en los balances del año 1995, manejo de recursos y actuaciones administrativas del Director del plantel, constatando la falta de respaldo documental para las transferencias y gastos generales.215-225
66) Antecedentes relacionados con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución a la señora Julia Díaz Santibáñez, Jefa Administrativa y Encargada de Personal del Liceo, apelación de ésta y reconsideración por disposición de la Contraloría aplicando sólo multa.226-238
67) Formulación de cargos, de fecha 1 de junio de 1999, a Viviana Parra Miranda.239
68) Carta renuncia, de fecha 1 de marzo del 2000, de la señora Miliza Merigio Tapia, profesora de castellano, a sus funciones en el Liceo, formulando fuertes cargos a su Director y demás autoridades, especialmente a la vinculación con la Umce.240-242
Tercer cuaderno.
69) Oficio de fecha 9 de agosto de 1996, dirigido por el rector señor González a la Junta Directiva de la Universidad en que refuta las afirmaciones del Contralor Interno, señor Aburto, le formula, a su vez, diversos cargos y solicita a la Junta considerar nuevamente su solicitud de remoción de dicho funcionario.243-263
70) Oficio de fecha 5 de junio de 1996, dirigido por el rector señor González a la Junta Directiva de la Universidad por el que formula diversos cargos al Contralor Interno y termina solicitando su remoción por no contar con su confianza.264-270
71) Oficio de 10 de mayo de 1996 por el cual todos los integrantes del cuerpo directivo de la Universidad, expresan su apoyo al rector frente a la decisión de remover al Contralor Interno.271-272
72) Oficio de 17 de junio de 1996 por el cual todos los integrantes del cuerpo directivo de la Universidad, reiteran su apoyo al rector, muestran su extrañeza ante la primera resolución de la Junta Directiva en cuanto a hacer uso de un acto de generosidad con el Contralor Interno.273-275
73) Oficio de 22 de julio de 1996 dirigido por el rector señor González al Presidente de la Junta Directiva, solicitando la citación a una sesión extraordinaria para analizar la grave situación del Contralor Interno y reiterar su solicitud de remoción.276-277
74) Informe de fecha 22 de julio de 1996 del abogado señor Jaime de Larraechea, dirigido al rector señor González, informándole del estado de la querella criminal entablada por el Contralor Interno en su contra y señalando que se ha sobreseído por no ser los hechos señalados constitutivos de delito.278-279
75) Cinco oficios semiilegibles emanados del 14º Juzgado del Crimen, dirigidos al rector señor González por el que se le prohíbe hacer uso de la documentación conteniendo antecedentes comerciales del Contralor Interno y luego se le permite exhibirlos ante la Junta Directiva.280-284
76) Oficio de 26 de junio de 1996 dirigido por el rector señor González al Contralor Interno solicitándole justifique documentadamente los cargos formulados en contra de integrantes del cuerpo directivo de la Universidad.285-287
77) Oficio respuesta de fecha 5 de julio de 1996 del Contralor Interno excusando, por diversas razones, la respuesta solicitada.288-289
78) Copia de la resolución del 14º Juzgado del Crimen por el que sobresee definitivamente al rector señor González por los delitos que le imputara el Contralor Interno mediante querella.
290-291
79) Nota de honorarios de los abogados defensores del rector señor González.292-293
80) Diversos oficios del rector señor González solicitando al Contralor Interno copia de los antecedentes que hizo valer ante la Junta Directiva y que él desconoce y respuestas de éste.294-300
81) Oficio de 17 de julio de 1996 dirigido por el Secretario General de la Universidad, señor Garrote, al Presidente de la Junta Directiva, desmintiendo algunas declaraciones del Contralor Interno.301-302
82) Antecedentes relacionados con la investigación sumaria seguida en contra del señor Pedro Pablo Lange Gutiérrez, auxiliar a contrata de la Universidad, por abandono de funciones.303-318
83) Antecedentes relacionados con sumario administrativo ordenado instruir a solicitud del Jefe de Personal señor Ilufi, como consecuencia de irregularidades cometidas en el Departamento de Personal durante la rectoría del profesor señor Ormeño.319-323
84) Antecedentes relacionados con la jerarquización académica de las profesoras Claudia Méndez Endress y Mary Jane Abrahams en la Facultad de Historia, Geografía y Letras.324-330
85) Informe de Dicom relativo al Contralor Interno (prácticamente ilegible)331
86) Informe de 28 de junio de 1996 del Jefe de Personal al rector señor González en que señala que no se ha infringido la legalidad porque el término anticipo empleado en el informe sobre las remuneraciones de nueve funcionarios de portería, se utilizó en el sentido de cancelarles los días hasta ese momento trabajados.332-333
Cuarto cuaderno.
87) Informe respuesta del Contralor Interno de fecha 20 de agosto de 1996 a las peticiones que le formulara el rector señor González en oficio de 26 de junio del mismo año (figura en el Nº 76 de esta relación).334-405
88) Portada y algunas proposiciones del Programa “Nuestra Propuesta”, elaborado por el rector señor González y un grupo de académicos.406-409
89) Oficio del ministro de Educación señor Sergio Molina a la ministra de Bienes Nacionales referido a la propiedad de los inmuebles en que funciona el Liceo Manuel de Salas, solicitándole postergar cualquier decisión acerca del destino de estas propiedades hasta resolver el Ministerio su forma de vinculación con el Liceo.410
90) Recortes de prensa acerca de los problemas de gobernabilidad del Liceo Manuel de Salas.411-415
91) Copia de documentos contables relacionados con el balance del año 1994; ejecución presupuestaria del período 19901994 y memoria de la gestión directiva (enero 1994junio 1994) del Liceo Manuel de Salas.416-427
92) Declaración pública de la rectoría de la Umce de 9 de enero de 1996 en que denuncian la actitud del Grupo de Padres del Liceo, la que considera de carácter conflictivo y no movida por intereses propiamente educacionales.428
93) Nuevos recortes de prensa relacionados con los problemas del Liceo Manuel de Salas y su pugna con la Asociación de Padres y memorándum del rector al Contralor Interno pidiendo asesorías acerca de estas publicaciones, respuestas al diputado señor Espina y posibles querellas por injurias.429-436
94) Declaración aclaratoria de la rectoría de la Umce ante denuncias del Presidente de la Asociación de Padres del Liceo Manuel de Salas y recorte de prensa con la publicación de tal aclaración.437-440
95) Oficio de 2 de julio de 1996 de la rectoría a la Directiva de la Asociación de Padres del Liceo, solicitándoles copia del informe que dieron a conocer en la asamblea efectuada el 28 de mayo y en que se le formulan cargos.441-444
96) Oficio de 19 de agosto de 1996 del Contralor Interno a la rectoría por el que se pronuncia sobre la jerarquización de algunos académicos de la Universidad.445-447
97) Oficio de 2 de agosto de 1996 del Contralor Interno al Jefe del Departamento de Personal por el que rechaza un nombramiento en atención a que no hay constancia de que se hayan cumplido los requisitos correspondientes.448
98) Oficios 161 y 166, de 5 de agosto de 1996, del Contralor Interno al Jefe del Departamento de Personal rechazando dos nombramientos por no cumplir con los requisitos y correspondientes nominaciones a contrata efectuadas por el rector de las mismas personas.449-453
99) Plan de Modernización de la Infraestructura de los Campus Macul y Defder 454-465
100) Oficio de la empresa consultora Sinergos, de 6 de enero de 1996 por el que remite al Director de Administración y Finanzas un informe sobre el presupuesto corregido de la empresa Arco I para la remodelación y construcción en el campus Defder, informe de licitación y otros antecedentes sobre la misma materia.466-472
DOCUMENTOS LLEGADOS DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN
101) Carta de la señora Carmen Angellotti por la que pide a la Comisión ver forma de solucionar el problema de la Universidad y apoyar la devolución del Pedagógico a la Universidad de Chile.473
102) Carta de 7 de septiembre de 2000, remitida por el rector señor González a la ministra de Educación, en la que expresa su extrañeza y la del Consejo Académico por la decisión de reintegrar el Pedagógico a la Universidad de Chile y anuncia una defensa de la Umce.474-475
103) Carta suscrita por 167 académicos de la Umce, de 21 de agosto de 2000, por la que apoyan la institucionalidad universitaria, desconocen la representatividad de la Asociación Gremial de Académicos y piden la inmediata normalización de actividades.476-482
104) Transcripción de las páginas 113 vta. a 114 vta. de Libro de Novedades de la portería de la Universidad, de fecha 11 de agosto de 2000, en la que deja constancia de un principio de incendio provocado en el interior de la Universidad y del estado de intemperancia de dos alumnos sorprendidos en el sector.483
105) Una carta de una Comisión de Padres de Alumnos de la Umce, de 13 de agosto del 2000, por la que junto con advertir sobre la situación universitaria y quejarse acerca del problema del crédito universitario y trato recibido por sus pupilos, piden a la Comisión acelerar su investigación y evaluar la idoneidad de las autoridades universitarias y su permanencia en sus actuales cargos.484
106) Una nota suscrita por el Consejo de Presidentes del Pedagógico, conteniendo nueve puntos que constituyen el petitorio que hacen llegar a la rectoría para su inmediato cumplimiento.485
107) Una nota del Presidente de la Junta Directiva de la Universidad, señor Fernando Monckeberg, dirigida al Director del diario “Las Últimas Noticias”, en que desmiente un trascendido que le atribuye afirmaciones relacionadas con el rector, agregando que tal actitud agrava un conflicto que se mantiene artificialmente.486
108) Una carta de fecha 24 de julio de 2000, suscrita por el rector y todo el Cuerpo Directivo de la Umce, dirigida al Presidente de la República, en la que se refieren al conflicto universitario, informan sobre la solución dada al problema del crédito, denuncian la mantención artificial del conflicto por grupos minoritarios y terminan solicitando una audiencia al Jefe del Estado.487-492
109) Proposición de la Junta Directiva de la Universidad, de 9 de agosto de 2000, para la creación de una instancia de diálogo destinada a poner término al conflicto; informe de las cuatro facultades de la Universidad respecto de dicha proposición y propuestas y sugerencias del Consejo Académico en relación a la mencionada proposición.493-499
110) Estadísticas de beneficios de arancel por el año 2000 y anexo con indicación de otras becas para el alumnado sin acceso al crédito o a la beca Ministerio de Educación.500-501
111) Estatuto de la Umce.502-517
112) Comunicado de fecha 26 de agosto de 2000, suscrito por el Presidente de la Junta Directiva, señor Monckeberg, en que señala que con el objeto de reanudar las actividades universitarias, el rector ha resuelto retirar las querellas, cancelar los sumarios y dejar sin efecto cualquier otra medida judicial o administrativa que afecte a miembros de la comunidad universitaria; señala los representantes de las partes en conflicto que participarían en la instancia de diálogo; reconoce la representatividad de la actual organización estudiantil e indica los temas a tratar en la mencionada instancia.518-519
113) Carta del rector señor González, de 25 de abril de 2000, por la que informa a la ministra de Educación acerca del monto del déficit por concepto del fondo solidario para becas y de crédito universitario, explica las razones del déficit y se refiere al reajuste de aranceles.520
114) Carta del Prorrector, señor Hernán Soto, de 17 de mayo de 1999, por la que explica al Jefe de la División de Educación Superior, señor Allard el déficit proyectado para el año 2000 del Fondo Solidario de la Universidad, solicitando se contemplen los recursos necesarios para cubrirlo en el presupuesto del próximo año.521
115) Carta del rector, señor González, de 1 de junio de 2000, a la nueva Jefa de la División de Educación Superior, señora Armanet, por la que explica la situación deficitaria de esa Universidad para la atención de las necesidades socioeconómicas de sus estudiantes de pregrado; indica el monto actualizado de este déficit y solicita se apruebe la destinación de los recursos correspondientes.522
116) Declaración de fecha 6 de junio de 2000, del Cuerpo Directivo de la Universidad por la que fija la posición de la casa de estudios respecto al problema del crédito y señala que no es posible dar otro destino a recursos que ya lo tienen fijado por ley.523
117) Acuerdo del Consejo Académico de 7 de junio de 2000, por que reconoce la aspiración estudiantil de acceso al crédito; apoya los planteamientos de la rectoría ante la División de Educación Superior y la idea de no destinar recursos propios ni comprometer créditos bancarios para cubrir las necesidades del crédito universitario, como, asimismo, encomendar a la Junta Directiva gestionar la posibilidad de una reconsideración ante las autoridades de Gobierno.524
118) Carta de 13 de junio de 2000 del rector subrogante señor Soto, dirigida a la Jefa de la División de Educación Superior, señora Armanet, en que indica el monto a que ascienden las necesidades no satisfechas del crédito universitario, reiterando la inconveniencia de destinar fondos propios para ello y solicitando el correspondiente aporte.525
119) Carta de 16 de junio de 2000 del Presidente de la Junta Directiva, señor Monckeberg, dirigida a la ministra de Educación, solicitándole una audiencia para buscarle solución al problema.526
120) Carta de 21 de junio de 2000, dirigida por el rector señor González a la ministra señora Aylwin, exponiendo la situación de la Universidad y reiterando la petición de audiencia solicitada por la Junta Directiva.527
116) Comunicado a la Comunidad Universitaria de 22 de junio de 2000, suscrita por el rector señor González, en que señala las diligencias efectuadas para obtener un aporte complementario del Ministerio, cuestión que ha resultado imposible dado que no dispone de recursos adicionales. Indica la forma en que se tratará de hacer frente al problema, señala la imposibilidad de obtener una audiencia con la autoridad mientras persistan las situaciones de fuerza e indica otras medidas por adoptar. Anuncia, también, la formación de una Comisión Bipartita.528
117) Memorándum 104, de 29 de junio de 2000, del Director de Administración y Finanzas, señor Brieba, al rector, en que da cuenta de la primera reunión de la Comisión Bipartita y del primer acuerdo alcanzado, a la vez que cree, en razón de la violencia empleada por los estudiantes, que la Comisión no cuenta con las garantías necesarias para funcionar.529
118) Declaración Pública del Consejo de rectores de 30 de junio de 2000, en que reconoce los esfuerzos del Gobierno para la solución del problema y condena las actitudes violentistas de una minoría de estudiantes.530
119) Comunicado del rector señor González de 23 de junio de 2000, por el que da cuenta de las diligencias efectuadas para la solución del problema, refuta las afirmaciones de la Asociación de Académicos y del Consejo de Presidentes y dispone fórmulas especiales para el pago de cuotas pendientes.531
120) Comunicado del rector subrogante señor Soto, de 27 de junio de 2000, por el que desmiente declaraciones de un alumno en huelga de hambre, en el sentido que agotadas todas las posibilidades, se hará frente al problema del crédito universitario mediante la reasignación de recursos institucionales. Estima solucionado el problema y sin sentido la huelga de hambre.532
121) Comunicado de la rectoría a la comunidad universitaria, de fecha 3 de julio de 2000, en que anuncia la interposición de querellas por los actos de violencia y retención de personas efectuadas por grupos de estudiantes en paro; da a conocer la solidaridad del Consejo de rectores y el fin de la huelga de hambre, como asimismo la devolución voluntaria de algunos recintos ocupados y termina llamando a la reanudación de actividades para el 5 de julio.533
122) Nuevo comunicado de la rectoría, de 5 de julio enfatizando la solución del problema del crédito y señalando disposiciones de procedimiento para ello. Llama, asimismo, a la reanudación de actividades para el 6 de julio. Incluye publicación.534
123) Declaración del rector de 17 de julio en la que señala que su voluntad es la de acercar a las partes en conflicto; decide en señal de esa voluntad, abrir el campus Macul y constituir las comisiones especiales para tratar los problemas con los representantes de los tres estamentos. Pide también, en este nuevo espíritu, deponer las tomas.535
124) Comunicado de prensa de la rectoría, de 19 de julio, por la que el rector explica la génesis del conflicto; señala la situación actual del crédito, la que se encontraría resuelta; explica los actos de violencia de los sectores estudiantiles “duros” partidarios de mantener el conflicto; justifica la necesidad de los desalojos por Carabineros y anuncia una nueva programación para la normalización de actividades.536
125) Acuerdo del Consejo Académico de 14 de julio por el que se suspenden las actividades académicas a partir del 17 de julio y por el tiempo que sea necesario, con la finalidad de normalizar la situación.537
126) Comunicado de la rectoría, de 20 de julio, del todo similar al descrito en el Nº 124, dirigido a los alumnos, a los funcionarios y a los académicos, convocándolos, además, a reanudar actividades el 26 de julio.538-541
127) Acuerdo del Consejo Académico de 20 de julio por el cual se convoca a los estudiantes a reanudar las clases el 26 de julio; en caso contrario deberá suspenderse el primer semestre académico.542
128) Nota de 1 de agosto de los voceros de los estudiantes, señoritas Lizana y González y señores Gajardo, Navarro y Vivanco, por la que solicitan ser recibidos por el Consejo Académico para darles a conocer sus planteamientos, en el mejor ánimo de acercar posiciones.543
129) Acuerdo del Consejo Académico de 1 de agosto por la que acoge la petición y cita a una jornada de diálogo y reflexión para el 2 de agosto, a partir de las 11.30 horas.544
130) Comunicado a la Comunidad Universitaria del Presidente de la Junta Directiva, en que llama a superar el clima de violencia y muestra satisfacción por la citación a la jornada de diálogo y reflexión.545
131) Comunicado a la Comunidad Universitaria de 2 de agosto, del Secretario General, señor Raúl Ilufi por el que reproduce la petición de audiencia de los voceros estudiantiles y señala que los peticionarios no asistieron a la reunión ni tampoco cumplieron con el compromiso de crear el clima de paz interna que solicitaran.546
132) Nota de 2 de agosto de los voceros de los estudiantes por la que explican su inasistencia a la reunión, presentan excusas y solicitan se les reciba en la fecha que se estime conveniente.547
133) Nota del Secretario General, señor Ilufi, accediendo a la nueva petición estudiantil, pero condicionada a la normalización previa de todas las actividades institucionales.548
134) Comunicado del Consejo de Presidentes de los Centros de Alumnos, de 3 de agosto, por la que denuncian la actitud del rector y su cuerpo directivo, acusándolos de notable abandono de deberes y de crear una situación de constante beligerancia. Por ello reconocen como interlocutor válido a la Junta Directiva y anuncian el inicio de la investigación de la situación por parte de la Comisión de Educación.549
135) Carta de la ministra de Educación, de 24 de julio, dirigida al Consejo de Presidentes en que les comunica que el Gobierno respeta la autonomía universitaria, les insta a utilizar los mecanismos institucionales que poseen para la solución de sus conflictos y anuncia el nombramiento de los representantes del Ejecutivo ante la Junta Directiva.550-551
136) Carta de 2 de agosto del Consejo de Presidentes al Presidente de la Junta Directiva, señor Monckeberg, por la que solicitan una audiencia para dar cuenta de la crisis que afecta a la Universidad. Asimismo, solicitan que, dada la incapacidad del rector señor González para solucionar el conflicto y su falta de voluntad para ello, pida al Jefe del Estado la remoción del rector.552
137) Carta del Presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, señor Ubaldo Zúñiga, de 4 de agosto, dirigida al rector señor González, expresando su preocupación por el problema que afecta a la Universidad y dándole su apoyo frente a lo que considera una vulneración de la libertad de enseñanza.553
138) Comunicado a la Comunidad Universitaria del Presidente de la Junta Directiva, de 4 de agosto, por el que anuncia la creación de una comisión de acercamiento, integrada por los señores Martínez, Vera y Carlos Castro, miembros de la Junta, destinada a facilitar el diálogo y el entendimiento entre los miembros de la Comunidad, a fin de restablecer la normalidad.554
139) Acta de entrega del Campus Central de la Universidad, de fecha 4 de agosto, que da cuenta de la entrega hecha por el Consejo de Presidentes al Director de Asuntos Estudiantiles, señor Peña, como un gesto de acercamiento.555
140) Carta del rector, señor González, de 1 de agosto, dirigida al Director de “El Mercurio”, señor Illanes, en que refuta los términos de un artículo periodístico que señala que los alumnos y sector académico piden su remoción.556
141) Acuerdo del Consejo Académico, de 31 de julio, por el que se señala que se había abierto la posibilidad de diálogo entre los alumnos y el Consejo Académico, pero que en el mismo día los estudiantes adoptaron medidas de fuerza en horas previas a la reunión del Consejo. Por ello suspende la reunión y la convoca para el día 1 de agosto e invita a los estudiantes si no se ejercen medidas que obstaculicen el normal funcionamiento.557
142) Dos recortes de prensa que llaman, el primero, a seguir movilizados y pide el retiro del rector y, el segundo, una entrevista al Presidente de la Junta Directiva, señor Monckeberg, en que se refiere a la labor de la comisión de acercamiento y a la posibilidad de una consulta de no haber acuerdo.558-559
DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA ASOCIACIÓN
DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS (AFAUmce)
Carta de fecha 30 de agosto del 2000 en que remiten a la Comisión una serie de documentos clasificados por las siguientes materias:
A)Hechos que afectan a la organización gremial y al estamento administrativo no académico.
1.Relaciones laborales.
2.Prácticas antisindicales
3.Situaciones que afectan al estamento no académico.
B)Hechos y denuncias que afectan a la Universidad.
1.Falta de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.
2.Falta de fiscalización de la Contraloría Interna.
C)Denuncias sobre situación de la Universidad a otros organismos.
NUEVOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS
1.Informe económicofinanciero de la Umce (marzo 1997).
2.Detalle de honorarios de directivos superiores de la Universidad. (dos carpetas)
INFORME DE LA OFICINA DE INFORMACIONES DE LA CORPORACIÓN.
PROYECTO DE ACUERDO Nº 446, DE 2 DE AGOSTO DE 2000
RELACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE AFECTA AL LICEO MANUEL DE SALAS. DOCUMENTO ENVIADO POR EL GOBIERNO ESTUDIANTIL, PADRES Y APODERADOS Y ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL LICEO.
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA RECTORÍA DE LA UMCE
CAJA Nº 1
1)Listados alfabéticos por carrera de alumnos antiguos y nuevos con matrícula 2000 y nuevos con matrícula 2000.
2)Listado de matriculados pregrado ingreso 2000.
CAJAS Nºs 2 y 3 ( A y B)
3)Historial académico de los alumnos matriculados año 2000 de 2º a 5º año.
CAJA Nº 4
4)Nómina de académicos de planta, a contrata y a honorarios al 23 de agosto del 2000.
5)Nómina de alumnos beneficiados con crédito universitario y beca Ministerio de Educación.
6)Nómina de alumnos beneficiados con los diferentes tipos de becas.
7)Estados financieros de ejercicios terminados al 31 de diciembre de 1998 y al 31 de diciembre de 1999.
8)Actas de las sesiones de la Junta Directiva correspondientes a los años 1998,1999 y 2000.
9)Informes del proyecto “Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente” (Ffid), años 1998 y 1999.
a)Informe financiero.
b)Informe de actividades.
10) Dotación de personal de la unidad “Contraloría Interna” en los años 1998, 1999 y 2000.
11) Reglamento del Liceo Experimental Manuel de Salas.
12) Informe de remodelaciones de edificios con fondos de desarrollo institucional.
13) Detalle de criterio y parámetros de asignación de crédito universitario.
14) Plan Estratégico Institucional 2000.
15) Cuenta del rector en la ceremonia de inauguración del año 2000.
5.SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LAS PERSONAS INVITADAS A EXPONER.
1.La señorita Verónica Lizana, estudiante de educación diferencial, vocera del Consejo de Presidentes de los Centros de Alumnos de la Universidad.
Señaló que previamente a la iniciación del conflicto, hecho ocurrido a partir del 29 de mayo pasado, se representó al rector la inminente insuficiencia de los montos destinados a financiar el crédito fiscal universitario. En efecto, 517 alumnos no contaban con el beneficio estudiantil, lo que significaba el seguro abandono de sus carreras y la posterior salida de la Universidad. Como no se logró una solución, se dio inició al movimiento.
Al empezar el conflicto, el rector señor González se encontraba en Europa, de tal manera que las tratativas se realizaron con el Vicerrector, señor Soto. No obstante, como no se obtenía solución alguna, el 23 de junio se procedió a la formación de la Comisión Bipartita para facilitar el diálogo entre la autoridad y los estudiantes. La constitución de la Comisión, encaminada a la resolución del conflicto y, especialmente, a determinar la real necesidad del crédito universitario, se efectuó ante la diputada señora Saa, comprometiéndose las autoridades universitarias, entre ellas los señores Peña y Brieba, a proporcionar los antecedentes pertinentes y a buscar las posibilidades de financiamiento al interior de la Universidad.
El trabajo de la Comisión fracasó, entre otras razones, por la negativa del señor Brieba a aportar los antecedentes solicitados, limitándose a entregar un documento sin firma ni timbre, que contenía información errónea. Por lo demás, esta misma persona condicionó la entrega de mayor información al término del paro, situación en la que se mantuvo en forma inflexible.
Agregó que ante el fracaso de la Comisión, se formó una instancia triestamental, integrada por estudiantes, académicos y funcionarios, la que formuló una propuesta al rector. Dicha propuesta fue rechazada por decisión del Consejo Académico, según lo señaló el rector, y se dispuso, además, el cierre de la Universidad. El señor González estimó que la formación de esta instancia constituía una atropello a sus facultades como máxima autoridad.
Después de esto se produjeron las tomas de distintos recintos y sucesivos desalojos dispuestos por la rectoría, a consecuencias de lo cual 120 alumnos terminaron detenidos, quienes a pesar de haber recuperado la libertad, enfrentan procesos por el delito de usurpación de inmueble.
Finalmente, señaló que como solución al conflicto sólo veían tres posibilidades, las que pasaban por la renuncia del rector, su remoción o su suspensión.
2.El señor Juan Pablo Gajardo, estudiante de Física, vocero de los Centros de Alumnos.
Hizo presente que se habían realizado múltiples intentos orientados a propiciar el diálogo con las autoridades para buscar una solución al problema del financiamiento del crédito universitario, pero se había perdido la confianza en los antecedentes proporcionados por la autoridad y en la autoridad misma, específicamente en la gestión del rector.
Recordó que la Comisión Bipartita había solicitado un balance de la ejecución presupuestaria, el que le había sido negado por cuanto la información entregada por el señor Brieba no ofrecía credibilidad alguna.
Insistió en que el origen del conflicto se encontraba en la situación de 517 alumnos que se verían obligados a dejar sus carreras por la falta de recursos, recalcando que, a su parecer, el mecanismo o sistema de Fondo Solidario para el crédito universitario no guardaba relación con las verdaderas necesidades de los alumnos, la mayoría de los cuales proviene de familias de niveles económicos bajos o medios.
3.El señor Gonzalo Navarro, estudiante de Filosofía, vocero de los Centros de Alumnos de la Universidad.
Sostuvo que la crisis institucional de la Universidad, quedaba demostrada con la imposibilidad de superar el conflicto en que se encuentra actualmente; ello motivado por el desconocimiento de los acuerdos alcanzados con la autoridad y la poca credibilidad de que gozaba ésta. La falta de confianza en la persona del rector, se cimentaría, fundamentalmente, en la actitud asumida frente al conflicto no sólo por él, sino también por sus asesores más directos, quienes han, incluso, llegado a las amenazas directas a los alumnos. El mismo hecho de que el rector haya sido objeto de un sumario por parte de la Contraloría General en atención a su deficiente gestión, no lo recomendaría como autoridad académica.
Reiteró que el movimiento estudiantil carecería de connotaciones políticas e incluso tendría un carácter pacífico e institucional por cuanto se ha recurrido a todos los organismos universitarios. A su juicio, la autoridad no tendría tal espíritu y habría actuado de manera irresponsable, razón por la que ellos reconocían como organismo superior de la Universidad y como interlocutor válido únicamente a la junta Directiva.
4.La señora Ximena Espinoza Medina, Presidenta de la Asociación de Académicos de la Universidad.
Inició su intervención, señalando que la preocupación por la formación académica de los estudiantes, sin duda en peligro por tan prolongada paralización, los llevó a intervenir en el conflicto buscando la posibilidad de dialogar con la rectoría. En ese sentido, por medio de los Directores de Planificación y de Asuntos Estudiantiles, accedieron a conversar con el rector. La reunión se efectuó el 11 de julio con asistencia de los representantes de la Asociación de Funcionarios y tres representantes de los alumnos. El rector expresó que el problema del crédito universitario estaba prácticamente solucionado, no obstante no haber nada concreto aún y les sugirió la posibilidad de instalar una mesa de negociación.
Aunque más tarde desconoció haber formulado tal sugerencia, se le hizo llegar una proposición en tal sentido, señalándole que integrarían dicha mesa el mismo rector, un representante de la Junta Directiva y otro del Consejo Académico, dos de la Asociación de Académicos, dos de la Asociación de Funcionarios y cuatro de los estudiantes, más un observador garante que sería la diputada señora Saa.
Agregó que, contrariamente a lo esperado, el rector expresó molestia por la formación de esta mesa y tuvo, en cambio, una actitud que consideraron engañosa y despectiva, toda vez que en la reunión en que manifestó su disconformidad, ya había solicitado la fuerza pública para proceder al desalojo de los recintos ocupados. En razón de esta actitud del rector decidieron no continuar dialogando con la autoridad, actitud que luego revisaron buscando nuevas alternativas por la vía del diálogo con la Junta Directiva y con los representantes de los estudiantes. Tal actitud no ha sido correspondida por el rector quien los ha amenazado con sumarios y con la interposición de querellas criminales.
Finalmente, expresó que, en efecto, habían solicitado a la Contraloría General de la República una investigación de la gestión rectorial, la que había terminado con una amonestación para el señor González y una multa para el Jefe de Administración y Finanzas, señor Brieba.
Ante una consulta, aclaró que la Asociación de Académicos no había participado en los trabajos de la Comisión Bipartita, constituida antes que la mesa negociadora, por cuanto estimó que el tema del crédito fiscal era extremadamente técnico, más propio del estudio por gente especializada en la materia.
5.La señora Rosa Albornoz Sánchez, Presidenta de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Universidad.
Partió señalando que ella representaba al sector más débil de la Universidad y el que había sufrido más intensamente los rigores de la autoridad, no siéndole posible dar a conocer hasta hoy su realidad. Dijo apoyar plenamente la posición del estudiantado por cuanto sus demandas eran justas y legítimas, siendo el origen del conflicto la actitud asumida por el rector desde el inicio de su gestión hace seis años atrás.
Sostuvo que al interior de la Universidad se incurría en muchas irregularidades, las que deberían investigarse pero que no obstante sus contactos con la Junta Directiva y con la Contraloría General de la República, nada se había obtenido hasta el presente. De ahí sus esperanzas frente al trabajo de esta comisión parlamentaria.
Dijo que siendo funcionarios administrativos, conocían bien el rodaje interno de la Universidad, sabían de las irregularidades en que se incurría, como por ejemplo, reservar números de resoluciones o decretos para dar legalidad a hechos o actuaciones realizadas cuatro meses antes de su legalización. Recordó que la observación de estas irregularidades fue el origen de la separación de su cargo del Contralor Interno, señor Aburto, repartición que luego de su despido no ha vuelto a ejercer sus funciones fiscalizadoras por haber sido prácticamente desmantelada.
Manifestó la necesidad de que se investigara lo relativo a las obras civiles efectuadas en la Universidad, toda vez que resulta extraño que quienes las realicen o fiscalicen resulten ser siempre las mismas empresas, vale decir, “Arco I” y “Arcadia”.
Agregó que como dirigentes gremiales, la ley les facultaba para acceder a determinada información, la que no obstante les era negada sistemáticamente y, más aún, el rector no los recibía ni les reconocía su organización gremial, llegando hasta la instrucción de dos sumarios administrativos como consecuencia del ejercicio de esa función, a cargo de los cuales habría colocado a personas que no son imparciales y que ellos habrían recusado.
Por último, hizo presente la existencia de un parentesco de afinidad entre el señor Ernesto Garrote, hasta poco tiempo atrás jefe de gabinete del rector y el jefe de la División de Auditoría de la Contraloría General de la República, señor Jorge Aedo.
6.El señor Guillermo Cisternas F., representante de los padres y apoderados de la Universidad.
Señaló que el 12 de agosto se reunieron más de 200 padres y apoderados de los alumnos y la dirigencia estudiantil, para expresar su preocupación por la prolongada paralización que afectaba gravemente el desarrollo de las actividades académicas. Dijo que como consecuencia de ello, se acordó dar a conocer lo siguiente:
1ºQue se apoyaba plenamente al Consejo de Presidentes de las 17 carreras de la Universidad, recalcando que había tratado en forma infructuosa de solucionar la difícil situación de los 517 estudiantes que deberían abandonar sus carreras por no contar con crédito universitario, circunstancia que era el origen del conflicto.
2ºQue tras tres meses de gestiones en todos los ámbitos, contando con el apoyo de los académicos y los administrativos e, incluso, una carta enviada al Jefe del Estado, el problema del crédito continuaba sin solución y todas las puertas parecían cerradas para los estudiantes.
3ºPor último que durante los casi 80 días de paralización de actividades, las autoridades universitarias habían demostrado su total incapacidad para manejar y resolver el conflicto.
Señaló que, a su parecer, el procedimiento lógico y correspondiente a futuros educadores, habría sido el diálogo con la participación de todos los implicados en el conflicto, en cambio, se ha recibido un trato vejatorio y continuos atropellos como consecuencia de las medidas de desalojo por parte de Carabineros, con resultado de agresiones, detenciones y querellas e, incluso, la amenaza del accionar de perros adiestrados, todo lo cual estimaba contradictorio con el respeto que se debería a los alumnos como personas y futuros educadores.
Terminó solicitando a la Junta Directiva y a esta Comisión, agilizar sus investigaciones y evaluar la idoneidad de las autoridades universitarias como también la permanencia en sus cargos.
7.El señor Jesús González López, rector de la Universidad.
Ante una consulta de los diputados, se refirió al procedimiento para el nombramiento de los altos funcionarios de la Universidad, señalando que el rector es elegido mediante elección efectuada por el claustro académico, refrendada por el Jefe del Estado; los directivos superiores, a su vez, son propuestos por el rector a la Junta Directiva quien ratifica dicho nombramiento. Estas personas son académicos que suspenden sus funciones propias mientras desempeñan labores directivas.
En lo que corresponde al conflicto mismo, señaló que él se originó en la insuficiencia del “fondo solidario”, el que comprende los recursos para el financiamiento del crédito fiscal universitario y las becas de que gozan los alumnos que acreditan dificultades económicas. Señaló que los movimientos estudiantiles comenzaron el 28 de mayo, precisamente como consecuencia de dicha insuficiencia, ya que los recursos otorgados por el Estado alcanzaron a la suma de $ 1.791.592.000 que más el complemento extraordinario de $ 184.000.000 arrojaron un total de $ 1.975.592.000 para atender las necesidades de, aproximadamente, 5.000 alumnos.
En tales condiciones, el déficit presupuestario se elevó a $ 212.000.000 el que se cubrió mediante economías presupuestarias correspondientes al año 2000, tales como la supresión de nueve cargos directivos, la designación de un mismo funcionario para el servicio de dos o tres cargos, la percepción de mayores ingresos por la vía de la venta de estampillas y el mayor retorno del crédito universitario de parte de alumnos ya egresados. Por estas razones estimaba que la causa inicial del conflicto, se encontraría superada.
Esta situación habría sido comunicada a los alumnos, más o menos, un mes atrás, en reunión con los presidentes de las 17 carreras y los voceros estudiantiles, siendo ello el resultado del informe de la Comisión Bipartita. Sin embargo, los estudiantes cambiaron sus peticiones, señalando que querían tener participación en el financiamiento de los fondos solidarios, cuestión en estudio por el Consejo de rectores y la ministra señora Aylwin. A su juicio, existiría conciencia del colapso del sistema y sería, además, absurdo que fuera la Universidad quien asignara los fondos y cobrara los retornos, cuestión de la que debiera encargarse un organismo del Estado.
Agregó que los estudiantes manifestaron, además, su deseo de participar en la enunciación del presupuesto universitario para el año 2001, cuestión que recién comienza a analizarse en septiembre u octubre para ser presentado a la Junta Directiva en diciembre.
Finalmente pidieron participar en el gobierno universitario por medio de una coordinadora triestamental, integrada por la Asociación de Académicos, la Asociación de Funcionarios y los voceros estudiantiles, organismo absolutamente ilegal por cuanto existen instancias establecidas legalmente para ello como son la Junta Directiva, los consejos de facultades, el Consejo Académico y las autoridades unipersonales, entre otras. Además de lo anterior, recordó que las Asociaciones mencionadas son entidades de carácter gremial y social con fines que les son propios y, en consecuencia, no podrían tener participación en el gobierno universitario. Asimismo, ambas Asociaciones sólo agrupan a cantidades minoritarias de académicos y funcionarios, característica que les quita representatividad.
Señaló, además, que la convocatoria que hizo a un congreso para la elaboración de un documento que sirviera de base a la nueva institucionalidad universitaria, solamente ha tenido la respuesta, luego de transcurridos dos años, de dos de las cuatro facultades.
En lo que se refiere a la situación misma creada por las movilizaciones, señaló que se habían efectuado daños en la propiedad universitaria, razón por la cual se habían incoado sumarios administrativos y deducido las correspondientes querellas criminales de las que él no aceptaba desistirse como lo exigían los estudiantes, porque ello consagraría la permisividad y la impunidad. De lo anterior, ha surgido la petición para su destitución, la que ha sido rechazada por la Junta Directiva.
Recordó que detenta el cargo de rector desde hace seis años, habiendo sido antes decano por otros cuatro años.
Dijo que el ánimo de la autoridad universitaria era evitar la pérdida del semestre, para lo cual en diferentes y numerosas oportunidades se había citado a los alumnos a reanudar las actividades, incluso por carta a sus domicilios respectivos. Especial importancia daba a esta intención, sobre todo si se consideraba que en el movimiento sólo participaban alrededor de 100 alumnos de un total de 5.000 y por el hecho que si las cosas continuaban como estaban, ya resultaría imposible recalendarizar el semestre. A lo anterior, habría que agregar el desastre económico para la institución, ya que desde el mes de julio nadie cancela sus mensualidades, con el problema que es de prever para el pago de 1.300 personas entre académicos y funcionarios administrativos.
Precisó que la Junta Directiva como también el Consejo Académico, habían objetado la legalidad del movimiento estudiantil, especialmente por el hecho de haberse conocido un itinerario que culminaba con la intervención de la Universidad por medio de agentes externos, lo que se estaría consiguiendo con la interceptación de los alumnos de primer año que han concurrido a suscribir los pagarés, a pesar de que muchos de ellos gozan del 100% del crédito fiscal. Recordó a este respecto que tras la movilización existían dos grupos organizados como son el Frente de Estudiantes Revolucionarios, de extrema izquierda, y el Partido Comunista, los que serían responsables del incendio de la sede estudiantil.
Terminó efectuando una reseña de las mejoras experimentadas por la Universidad bajo su gestión, tanto desde el punto de vista financiero, gracias a la enajenación de terrenos prescindibles y otras medidas, como académico y de infraestructura, por cuanto se han concretado importantes avances en materia curricular, metodologías utilizadas e incorporación de tecnología de punta y se han renovado 14 edificios que se encontraban en muy mal estado. Asimismo, hizo presente el mejoramiento de la calidad docente que había significado la salida de 82 profesores al extranjero a perfeccionarse y el hecho de que maestros de esta Universidad hubieran impartido clases en Ecuador y Paraguay.
Por último, dijo contar con el respaldo de las 25 universidades que integran el Consejo de rectores, sin perjuicio, además, de estimar que si prosperaran las posiciones estudiantiles, ello podría repercutir también en las demás universidades.
8.El señor Rodolfo Peña Contreras, Director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad.
Dijo que la Universidad había asignado crédito a todos quienes lo ameritaron conforme a la ley. Señaló que el Departamento de Bienestar Estudiantil había introducido correcciones de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, conforme a la situación particular de sus respectivas familias, modificando factores que inciden en el cálculo de gastos del grupo familiar, reduciendo, en buena medida, la capacidad de pago de los estudiantes, lo que ha significado asignar crédito a casi todos, quedando fuera solamente 120 requirentes a quienes se comprobó una buena situación económica.
No obstante, incluso los rechazados conservarían posibilidades, por cuanto una vez acordado el crédito, previo el informe de los asistentes sociales y el estudio de los parámetros socioeconómicos, comienza el proceso de asignación del crédito y la firma de los correspondientes pagarés. Además de lo anterior, si el alumno no está de acuerdo con esta determinación o con la cantidad asignada, puede recurrir de apelación.
No obstante lo expuesto, reconoció que la situación imperante había impedido la conclusión del proceso.
9.El señor Fernando Monckeberg Barros, Presidente de la Junta Directiva de la Universidad.
Refiriéndose al conflicto que afecta a la Universidad, señaló que todos los integrantes de la Junta tenían una opinión muy similar frente al caso. Agregó que al asumir su cargo, estaba consciente de que se trataba de una Universidad conflictiva y pensaba que una de las raíces del problema sería la desvalorización de la función docente y el poco respeto que, en general, se siente por el profesor. Asimismo, la separación del antiguo Pedagógico de la Universidad de Chile sería algo muy resistido, constituyendo todas estas causales de un proceso que se arrastraba desde hace bastante tiempo.
Hizo presente que el conflicto actual se inició, simplemente, por el deseo de que se enfrentara la necesidad de contar con un mayor crédito fiscal, el que poco a poco fue evolucionando hasta terminar en un cuestionamiento múltiple, exigiéndose la salida del rector y sus colaboradores inmediatos y la gratuidad de la educación. Toda esta situación puede resumirse en que se ha llegado a un estado de división del plantel que afecta a todos los estamentos universitarios.
Agregó que en los últimos diez días, la Junta Directiva se había dedicado a la búsqueda de una solución al conflicto, partiendo de la base de que las actividades universitarias deberían reanudarse a lo más dentro de dos o tres días, por cuanto la solución definitiva sólo podría alcanzarse luego de varios meses de tratativas dada la mucha profundidad de su origen. Señaló que las conversaciones realizadas fueron muy gratas, conviniéndose en la formación de una mesa de diálogo integrada en forma armónica y en la creación de un congreso triestamental para buscar una solución al conflicto.
No obstante el hecho de haberse constituido la mesa de diálogo, el mismo día a las 15.00 horas, con la designación por parte del rector de cinco académicos en representación del profesorado, ante la presencia de los periodistas, los estudiantes cambiaron de actitud, condicionando la reanudación de actividades a la forma en que funcionara la señalada mesa. Ante la insistencia estudiantil de pedir la renuncia del rector, se les reconoció el derecho a solicitarla, pero condicionando su respuesta a la necesidad de acompañar los antecedentes justificatorios de tal petición.
10. El señor Eduardo Castro Silva, miembro de la Junta Directiva de la Universidad.
Señaló que, a su parecer, la Universidad tenía problemas en cuanto a la identificación de su verdadera misión, por cuanto se encontraba ante la necesidad de formar profesores o incursionar en otros campos por razones de mercado. En este sentido se estaría separando de la formación pedagógica tradicional.
Señaló que la gestión administrativa de la Universidad, obedecía a aspectos verticalistas propios de la época de su creación en la década del año 1980. Manifestó que había muchos problemas y situaciones no resueltos como producto de la inexistencia de una reglamentación para sumariar, como tampoco una política definida sobre manejo presupuestario ni sobre trato con el Liceo Manuel de Salas.
A su juicio, las decisiones adoptadas por los cuerpos colegiados parecían no fluir o llegar hacia los académicos, razón por la que creía necesaria la conformación del congreso triestamental para buscar solución al conflicto.
En lo que se refiere al trabajo emprendido por la Junta Directiva con motivo del conflicto, señaló que se habían encontrado con ciertas dificultades para acceder a la información, no de parte de la persona del rector, sino que de los cuerpos directivos de la institución. Habría problemas de gestión que estarían entorpeciendo las labores de la Junta.
11. El señor Santiago Vera Riveras, integrante de la Junta Directiva de la Universidad.
Señaló que la Junta Directiva había querido transformarse en garante de los acuerdos que se adoptaran para la reanudación de las actividades, pero carecería de facultades y atribuciones para tal cometido. Recordó que de los nueve integrantes de la Junta, sólo tres, es decir, la señora Lillo, el señor Eduardo Castro y él mismo, eran elegidos por el Consejo de entre los académicos, siendo los demás designados por el Presidente de la República o por el mismo Consejo de entre personalidades foráneas a la Universidad.
En lo que respecta a lo que se ha dicho en cuanto a la misión de la Universidad, señaló que no se había buscado ni pretendido experimentar un crecimiento inorgánico, sino que lo magro de los aportes fiscales obligaban a la realización de nuevas actividades para la consecución de más recursos.
12. El señor Carlos Castro Delaunoy, integrante de la Junta Directiva de la Universidad.
Recordó, en lo que se refiere al régimen estatutario de la Universidad, que ella había sido creada por el Gobierno Militar en el año 1986.
Sostuvo que en todo este conflicto, la gran víctima del proceso había sido el rector, señalando que respecto de las 17 carreras existentes en la entidad universitaria, no existía una estructura que las agrupara o representara, circunstancia que había permitido que por la falta de un referente, los grupos más extremos tomaran la representación de los alumnos.
Señaló que, de acuerdo a las disposiciones estatutarias, los miembros de la Junta Directiva carecen de atribuciones para evaluar la gestión del rector y si las citadas disposiciones parecen estar un tanto sobrepasadas, ello sería responsabilidad de los ministros de Educación que han ejercido sus funciones en los últimos diez años, porque durante ese lapso no se les ha introducido modificación alguna.
En lo que se refiere a las dificultades de la gestión de la Universidad, señaló que el Estatuto Administrativo rigidizaba las relacionales laborales, impidiendo prescindir de quienes no se desempeñan bien. Señaló que el gasto del Estado por alumno ascendía a dos millones de pesos al año, pero que la Universidad contaba con quinientos académicos y con quinientos funcionarios, por lo que cabía preguntarse cuánto de esa suma quedaba realmente para cada alumno.
Recordó que los estudiantes de esa casa de estudios provenían, normalmente, de las clases bajas y que un 70% de ese alumnado gozaba del 100% del crédito universitario, pero, desgraciadamente, la recuperación de esos créditos era bajísima, lo que, hasta cierto punto, constituía la gratuidad de los estudios, que era una de las banderas enarboladas por los alumnos.
Sostuvo la necesidad de establecer estructuras legales para la Universidad que estuvieran acordes con la modernidad, pero los cambios necesarios para tal logro no resultaba posible concretarlos como consecuencia de la lenta tramitación del proyecto sobre ley marco de las universidades.
13. El señor José Marcelo Martínez Keim, integrante de la Junta Directiva de la Universidad.
Señaló que ante la petición de los alumnos de tener una mayor participación en las decisiones universitarias, cabía preguntarse si el marco legal y los estatutos eran semejantes o iguales en todas las universidades. Dijo entender que los estudiantes no se sienten parte de la Universidad, pero sí se conciben expuestos a las decisiones que ésta pueda adoptar. Un ejemplo de ello sería la concesión del crédito universitario, el que el rector sólo lo concede desde el segundo año para arriba.
Recordó la afirmación del rector en el sentido de que 4.500 alumnos se mantenían ajenos al movimiento y que en su caso no había conflicto, pero no obstante ello, cuando formuló el llamado a reintegrarse a las actividades, esos estudiantes continuaron ausentes de las aulas.
A su juicio, la Universidad se encuentra dividida pero no por obra de las mayorías, las que en realidad ignoran o no conocen bien que es lo que motiva el paro.
Afirmó que el movimiento era claramente de minoría y como no existe una federación que represente a los alumnos, no hay tampoco un interlocutor válido con quien negociar. Dijo creer que se trataba más bien de un fenómeno propio de la juventud, que quiere expresar su rebeldía, que un auténtico movimiento estudiantil.
Ante una consulta acerca de la coloración política de los centros de alumnos, señaló que de los 17 centros sólo dos tenían predominio comunista.
6. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN.
La Comisión, luego de un corto debate sobre los antecedentes recibidos, acordó acoger una proposición de conclusiones formuladas por la diputada señora Saa, a la cual se le introdujeron algunas modificaciones que fueron aprobadas por todos los integrantes presentes en la sesión.
En consecuencia, las conclusiones de la Comisión son las siguientes:
1.Como es de conocimiento público, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce, fue creada como tal en 1985, transformando así la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago separada en 1981 de la Universidad de Chile en universidad. La institución nació con la misión de convertirse en un centro de excelencia dedicado a la investigación y formación de profesionales de la educación, misión que no ha podido abordar con profundidad, debido a las diversas crisis que ha debido enfrentar a lo largo de su desarrollo.
2.Durante el presente año, la Universidad ha sufrido una prolongada paralización de actividades, conflicto inicialmente producido por los problemas de financiamiento que enfrentaron los estudiantes con motivo de la asignación del Fondo Solidario, situación que al prolongarse de manera indefinida, hizo preciso investigar sus causas.
3.Si bien el conflicto se inició en mayo del presente año, debido a los problemas de financiamiento denunciados por los estudiantes de la institución, puesto que más de 500 alumnos no contaban con crédito universitario, éste se fue extendiendo, siendo un factor determinante la falta de confianza en la información proporcionada por las autoridades y, en general, en la gestión de la Universidad, especialmente en la labor desarrollada por el rector, señor Jesús González. En dicho proceso fracasaron los diversos intentos de diálogo al interior de la institución, lo que evidencia una profunda crisis de la entidad universitaria.
Como resultado del análisis de la totalidad de los antecedentes recogidos durante la investigación, aportados por representantes de los distintos estamentos de dicha casa de estudios superiores, es posible concluir que los siguientes aspectos constituyen los elementos esenciales del conflicto:
a)La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación cuenta con bases institucionales insuficientes y precarias, que no han sido modificadas de modo de actualizarlas y dar al funcionamiento de la institución una razonable flexibilidad.
Dicha característica de la institucionalidad, que debe ser corregida, se ha visto profundizada por la incapacidad del rector y su cuerpo directivo para manejar y dar solución al conflicto, adoptando una actitud que no contribuyó a propiciar el diálogo al interior de la institución. Así, por ejemplo, se rechazó la formación de una mesa negociadora impulsada por los académicos de la Universidad, a quienes además se habría descalificado y amenazado con la interposición de querellas criminales.
b)Lo anterior se ve agravado por el hecho de que la Umce es una institución profundamente dividida, en casi todos sus estamentos, y en la cual es evidente, tanto en los académicos, como en los funcionarios y estudiantes, una gran desconfianza hacia la gestión desarrollada por el rector y su cuerpo directivo y hacia la información que ellos han proporcionado. Esta situación ha hecho imposible que prosperen las instancias de diálogo promovidas por distintos actores de la institución.
De esta manera, la Junta Directiva de la institución, presidida por don Fernando Monckeberg, que formó la Comisión de Acercamiento, ente destinado a conocer y recoger las posiciones de los actores y contribuir a la construcción de una agenda de temas que sirvieran de base para un debate amplio, ha resuelto estimar fracasadas las gestiones orientadas a encontrar una solución inmediata y permanente que garantice la normalidad institucional de la Universidad. Dicho órgano, en declaración pública ampliamente difundida, estableció que “no fue posible encontrar cauces de solución que permitan normalizar las actividades académicas de la Universidad”, agregando que, “Estimamos que la actual crisis que enfrenta la institución, tiene connotaciones profundas que exceden con creces a la actual coyuntura, las que no han podido superarse a pesar de los esfuerzos realizados”.
Atendido lo anterior y vista la total desconfianza que impera en la Universidad hacia las actuales autoridades, es posible establecer que la reconstrucción de la entidad se hace extremadamente difícil de mantenerse las mismas autoridades en sus cargos.
c)El movimiento estudiantil de la Umce, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las instituciones universitarias, no cuenta con una federación de estudiantes o una organización formal, elegida democráticamente, que lo represente, sino que se articula en torno al Consejo de Presidentes de las 17 carreras de la Universidad, entidad que cuenta con cuatro voceros, que deben responder ante la Asamblea. Dicha organización genera falta de operatividad, pues no se cuenta con interlocutores válidos y se ve afectada la real representación del estudiantado.
El movimiento desarrollado por los estudiantes no ha tenido las características de violencia de otras ocasiones y no se aprecia de manera evidente la actuación de partidos políticos organizados que estuvieren manejando el conflicto al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Por otra parte, es preciso establecer que más allá del movimiento estudiantil existente, opera en la Umce un grupo violento que ha realizado algunas acciones vandálicas, cuya acción no ha sido determinante en este conflicto.
Si bien distintos estamentos han señalado que este caso se trataría de un conflicto de minorías dentro de la Universidad, llama la atención que los demás integrantes de la comunidad universitaria no hayan reanudado las actividades normales, a la espera de la resolución del conflicto.
Con todo, es preciso lamentar que en último término los estudiantes hayan declinado dialogar en las instancias que se crearon al efecto y que hayan recurrido a mecanismos ilegítimos como la toma, panfletos y rayados ofensivos, en aras de lograr una solución para toda la comunidad universitaria, optando en definitiva por mantener la movilización, sin abandonar la fijación de condiciones que hacían muy difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos.
d)La Umce nació con la misión de ser un centro de excelencia dedicado a la formación de profesionales de la educación, tarea que actualmente constituye un desafío impostergable para conducir adecuadamente la reforma educacional. Así las cosas, considerando un contexto nacional de desvalorización de la función docente y las crisis que ha debido enfrentar la Universidad a través de su historia, se hacía imperativo repensar y, replantear la misión de la institución.
Sin embargo, y a pesar de ser muy necesario, el rector y su cuerpo directivo no han llevado a cabo dicho proceso, ello aun cuando un claustro realizado hace dos años sentó las bases para conducirlo.
e)En cuanto al financiamiento y a la gestión administrativa, en los antecedentes recogidos aparecen indicios de que al interior de la institución hay un importante desorden administrativo, manifestado en aspectos tales corno inadecuados procedimientos para adoptar las medidas administrativas que corresponden, falta de rendición de cuentas, contrataciones a honorarios del rector de la institución y de diversos funcionarios de la misma, cuestiones que ameritan una investigación más acuciosa, para verificar si existen o no faltas a la probidad debida.
Igualmente, respecto de la relación con el Liceo Manuel de Salas, del cual la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación actúa como sostenedora, se han allegado antecedentes a esta Comisión que deben ser aclarados en relación con irregularidades de tipo administrativo que afectarían los ingresos provenientes de dicho Liceo, y que, por lo tanto, requieren también de una investigación más detallada.
Finalmente, la Comisión teniendo conocimiento de la renuncia del rector señor González a su cargo y del anuncio efectuado por la señora ministra de Educación en cuanto a estudiar y enviar al Congreso un proyecto de ley para reintegrar a la Umce a la Universidad de Chile, tema este último sobre el que ya se ha formado una comisión de transición para administrar la Universidad mientras se produce su absorción por la antigua casa matriz, estima haberse conseguido la finalidad perseguida con la investigación, es decir, crear las condiciones para la normalización de las actividades universitarias.
Sala de la Comisión, a 3 de octubre de 2000.
Se designó diputada informante a la señora María Antonieta Saa Díaz.Acordado en sesiones de fechas 16 y 29 de agosto, reunión en Comité de 28 de agosto y sesiones de 12 de septiembre y 3 de octubre de 2000, con la asistencia de los diputados señora María Antonieta Saa Díaz (Presidenta), señorita María Rozas Velásquez, señora María Victoria Ovalle Ovalle y señores Nelson Ávila Contreras, Sergio Correa de la Cerda, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Homero Gutiérrez Román, Gonzalo Ibáñez Santa María, Rosauro Martínez Labbé, Felipe Valenzuela Herrera, Sergio Velasco de la Cerda y Edmundo Villouta Concha Asistieron también a las sesiones los diputados señora Marina Prochelle Aguilar y los señores Juan Pablo Letelier Morel, Carlos Montes Cisternas y Carlos Olivares Zepeda
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Secretario”.
Moción de los diputados señores Girardi, Jaramillo, Leal, Urrutia y de las diputadas señoras Adriana Muñoz y María Antonieta Saa.
Proyecto de ley sobre los derechos de los pacientes. (boletín Nº 2597-11)
Nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de los de gran parte de los países modernos y algunos latinoamericanos, carece absolutamente de regulaciones sobre la actividad médica y los derechos de los pacientes. No existe, en efecto, disposición legal alguna que haga una referencia explícita a derechos y deberes entre médico y paciente ni menos un sistema o estatuto jurídico relativo a los pacientes.
Tradicionalmente el derecho continental de raigambre romana incluyendo el derecho chileno, por supuesto se ha ocupado sólo del sujeto de derecho: ser humano, en sus condiciones físicas y sociales normales y ordinarias sin hacer un tratamiento especial y casuístico a situaciones de enfermedad o dolencia.
El progreso de la ciencia médica y de la ciencia jurídica sobre los derechos humanos han planteado al derecho positivo la necesidad de establecer un estatuto del paciente que al menos contemple el sistema de derechos y deberes que a éste le corresponde cuando se ve enfrentado a una situación de dolencia o se encuentra bajo tutela y dirección médica.
Esta ausencia regulatoria no es sostenible para un país como Chile que se abre paso al desarrollo y que en dicho proceso va complejizando y modernizando sus sistemas de salud, tanto público como privado.
Tampoco es atendible la inexistencia de un marco regulatorio a este respecto, teniendo presente que Chile intenta avanzar en mayores niveles de reconocimiento y protección de derechos colectivos de orden económico, social y cultural entre los que encontramos el derecho de todos a la protección de la salud, garantía reconocida sólo a nivel programático en la Constitución Política de 1980 en su art. 19 Nº 9.
Las actuales regulaciones nacionales sólo se refieren al ámbito institucional, orgánico y funcional de los sistemas de salud público y privado, haciendo caso omiso a quienes son los destinatarios de dichos sistemas, sus consumidores o sus pacientes como quiera que se desee referir a la persona que está detrás de dicho sistema. En el fondo, la legislación ha olvidado y postergado el elemento humano, el paciente que generalmente vive, en dicha calidad un drama personal que compromete su cuerpo y su espíritu.
Es deber del gobernante y del legislador de estos tiempos volcar su mirada al ser humanopaciente e introducir de esta manera un elemento de humanidad en el despersonalizado sistema nacional de salud, por la vía de legislar acerca de los derechos de los pacientes para de este modo contrarrestar los abusos que se cometen o puedan cometerse en el futuro en el ámbito del ejercicio de la medicina y la prestación de servicios médicos y hospitalarios.
La propuesta legislativa contenida en este proyecto ha intentado recoger la más moderna doctrina y legislación extranjera sobre la materia, haciendo énfasis en la regulación de los derechos sustantivos de los pacientes más que en cuestiones de orden procedimental o funcional. Asimismo ha consultado también la experiencia y opinión de expertos chilenos que de uno u otro modo han estado vinculados al tema.
Con todo, la iniciativa legislativa propuesta tiene el sello de la originalidad y la innovación a riesgo de ser, por ello, desestimada, en cuanto a que su núcleo central presenta una categorización de los derechos de los pacientes, distribuida o dividida en macroderechos muchos de ellos, directa o indirectamente reconocidos a nivel nacional e internacional como derechos humanos fundamentales a partir de los cuales se desglosan un conjunto de subcategorías de derechos específicos, concreción de los primeros.
Debemos advertir que esta propuesta en ningún caso pretende constituirse en un todo armónico y acabado sobre el tema. Tan sólo es el primer paso en un ámbito nuevo e inexplorado del derecho moderno que deberá incluir y abordar en el mediano plazo otros aspectos relacionados de vital importancia tales como el ejercicio profesional de la medicina, sus reglas y responsabilidades jurídicas, leyes sobre trasplante, donación de órganos, uso de la sangre, sida, seguros de salud, fecundación artificial y asistida, manipulación genética, regulaciones biotecnológicas y bioéticas, etc.
Finalmente, ha de puntualizarse que este proyecto contempla una expresa aspiración de corto plazo sin la cual aparece trunco e incompleto: se trata del establecimiento del control ético y disciplinario de los profesionales de la salud en el Colegio de la Orden. Se trata de una anhelada necesidad para hacer más efectivo el ejercicio de los derechos de los pacientes y las consiguientes responsabilidades disciplinarias que puedan surgir de la mala praxis médica o de la violación del catálogo de esta nueva categoría de derechos.
Por estas consideraciones es que los parlamentarios que suscriben sometemos a vuestra consideración el siguiente,
PROYECTO DE LEY
Título I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1. La presente ley regula los derechos y obligaciones existentes entre establecimientos asistenciales de salud, profesionales del ámbito de la salud y pacientes, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes especiales sobre la materia. En caso de conflicto, prevalecerán las normas de esta ley.
Art. 2. Todo paciente es titular de los derechos y deberes de que es titular cualquier persona, y además goza de los derechos y deberes que por su calidad de paciente les reconoce la presente ley.
Los pacientes no podrán ser discriminados bajo ninguna circunstancia por razones de origen, sexo, situación familiar, edad, estado de salud, razones políticas, económicas o religiosas.
Art. 3. Ninguno de los derechos establecidos en la ley podrá ser interpretado en un sentido restrictivo de los mismos, sino que por el contrario, siempre en un sentido amplio y a favor del paciente.
Título II
DEFINICIONES
Art. 4. Para los efectos de esta ley se entiende por:
a)Centro asistencial de salud: todos los hospitales, clínicas, laboratorios, centros médicos, de cualquier naturaleza, que otorguen a cualquier título prestaciones médicas o de salud.
b)Profesional médico: todos aquellos médicos, enfermeras, matronas, odontólogos, farmacéuticos y demás profesionales habilitados para ejercer en el ámbito de la ciencia y arte médico, incluido todo el personal administrativo que, sin tener calificación en la disciplina, trabaje, atienda o se relacione con pacientes en centros asistenciales de salud.
c)Paciente: toda aquella persona natural, incluidos sus familiares y amigos, que reciban cualesquiera prestación de salud en establecimientos asistenciales de salud.
Título III
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PACIENTES
1 Derechos relativos al acceso a la salud
Art. 5. Todo paciente tiene derecho al acceso a las acciones y prestaciones necesarias para la promoción, protección y recuperación de su salud, y en particular:
1.El derecho a acceder, en condiciones de libertad e igualdad, a las prestaciones de salud que sean necesarias para el restablecimiento de su salud.
2.El derecho a poder acceder al tratamiento y acciones de rehabilitación necesarias para la recuperación de la salud.
3.El derecho a acceder oportunamente y tan pronto el paciente lo necesite a las acciones de salud. Se deberá atender y efectuar prestaciones médicas en horarios hábiles, a menos que ello no sea posible.
4.El derecho a acceder a medicamentos básicos y genéricos.
5.El derecho a obtener los medicamentos que necesite si se trata de un paciente crónico.
2 Derechos relativos a la libertad de elección de la salud
Art. 6. Todo paciente tiene el derecho a elegir el sistema de salud, centro asistencial de salud y profesional médico de su conveniencia. Este derecho incluye:
1.El derecho de todo paciente a elegir y determinar libremente su sistema y plan de salud.
2.El derecho a optar por atenderse en el centro asistencial que desee, sin más limitaciones que las que le imponga su condición económica o su sistema o plan de salud y sin perjuicio de los derechos de acceso mínimo establecidos en el art. 5.
3 Derechos relativos a la dignidad del paciente
Art. 7. Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho incluye:
1.El derecho a ser respetado en todo momento por el profesional médico. Asimismo, se tendrá especialmente cuidado en respetar la dignidad del paciente en todo trato y acción relativa a él.
2.El derecho a que se evite el dolor del paciente y se adopten las medidas técnicamente apropiadas y disponibles con los medios tecnológicos existentes para minimizar, aplacar y atender el dolor. No sólo debe atenderse el dolor físico, sino que también el emocional o espiritual.
3.El derecho a ser tratado y llamado por su nombre.
4.El derecho a estar acompañado por sus seres queridos en todos los momentos del parto, peligro de muerte o proximidad a ésta, sin más limitaciones que las impuestas por los profesionales médicos para el adecuado desempeño de sus funciones.
5.El derecho a morir dignamente, comprendiendo en él, al menos, el derecho a que se respete la voluntad del paciente a tener una muerte natural y en paz, evitando adelantarla o retardarla artificialmente.
4 Derechos al acceso y transparencia de la información de salud
Art. 8. Todo paciente tiene el derecho a ser informado sobre todo lo relacionado con su salud. Este derecho incluye:
1.El derecho a ser informado completa, oportuna y verazmente sobre su diagnóstico, tratamiento, terapias y pronóstico médico. Esta información debe ser periódica, actualizada y constar por escrito.
2.El derecho a ser informado sobre las distintas alternativas de tratamientos, procedimientos y terapias médicas existentes y disponibles. Esta información deberá constar por escrito si así lo requiere el paciente.
3.El derecho a saber quién, para su caso, autoriza y aplica tratamientos.
4.El derecho a tener un expediente médico completo y legible que incluya al menos una individualización completa del paciente, médico tratante, sistema de salud, tipo de atención, diagnósticos, tratamientos, evolución, procedimientos aplicados, exámenes efectuados.
5.El derecho a tener acceso y copia del expediente médico.
6.El derecho a un intérprete si el paciente es extranjero o no puede darse a entender.
7.El derecho a la igualdad en el acceso a la información. Este derecho implica que todo paciente sin importar su condición ha de ser informado en términos claros y sencillos sobre su situación de salud. Los profesionales médicos deberán tener en consideración las condiciones personales, de edad, psíquicas, morales y de comprensión del paciente para dar cabal cumplimiento a esta disposición.
8.El paciente tendrá siempre el derecho a saber en detalle sobre su situación de salud. No hay secreto médico entre médico tratante y paciente.
9.El derecho de los niños a conocer su situación de salud en función de su edad y capacidad de comprensión, sin perjuicio del mismo derecho que le compete a los padres o representante legal.
10. La familia como el paciente tienen el derecho a dialogar sobre la situación de salud del primero. Es un deber del médico tratante informar de manera oportuna y fidedigna la situación de salud de su paciente a éste y a sus familiares directos.
Sólo de manera excepcional y tratándose de un pronóstico fatal, puede el médico no informar inmediatamente a su paciente en cuyo caso deberá siempre informar prudentemente a sus familiares cercanos.
11. El derecho a una información epidemiológica veraz y oportuna por parte de la autoridad sanitaria.
12. El derecho a que se le extienda certificado que acredite su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria, o a solicitud del paciente para fines particulares.
Art. 9. Todo paciente tiene derecho a saber los detalles de las prestaciones que se le practican y los costos asociados a ellas. Este derecho incluye:
1.El derecho a conocer detalladamente y por escrito todos los costos y procedimientos de cobro de las prestaciones de salud que se le apliquen, incluyendo pormenorizadamente los insumos, medicamentos, exámenes, derechos de pabellón, días cama y honorarios de cada uno de los profesionales médicos que lo atendieron.
2.El derecho a que en todas las prestaciones efectuadas se le aplique un precio razonable y justo o de mercado.
3.El derecho a pagar sólo los insumos y medicamentos efectivamente utilizados y al valor de mercado previamente establecido por el centro asistencial.
5 Derechos de propiedad del paciente
Art. 10. Todo paciente tiene derecho a disponer de su propio cuerpo para fines terapéuticos o de intervención médica, en los términos y condiciones expresados en el art. 12.
Art. 11. A todo paciente le pertenece toda la información que se obtenga de él con motivo de la aplicación de terapias de cualquier naturaleza. Este derecho incluye:
1.El derecho de propiedad sobre la ficha o expediente médico.
2.El derecho de propiedad sobre los exámenes de laboratorio.
3.El derecho de propiedad sobre la demás documentación oficial relativa a su condición de salud, diagnóstico, tratamientos, estudios y certificaciones sobre su salud.
6 Derechos relativos a la privacidad en materia de salud
Art. 12. Todo paciente tiene el derecho a la privacidad y confidencialidad de toda la información relacionada con su salud. Las instituciones que manejen información de sus pacientes deberán respetar siempre este derecho, a menos que una resolución judicial disponga fundadamente lo contrario.
Este derecho incluye:
1.El derecho a la privacidad personal.
2.El derecho a la confidencialidad de enfermedades, diagnósticos, tratamientos o cualquier otro aspecto de su afección.
3.El derecho a la confidencialidad de su ficha e historial clínico.
4.El derecho a rehusarse a hablar o a dar información a otras personas que no sean quienes lo atienden directamente.
5.El derecho a que su expediente sea leído solamente por aquellos que están involucrados en su tratamiento o los encargados de supervisar la calidad de éste.
6.El derecho a que toda consulta o mención de su caso sea hecha discretamente y que no haya gente presente que no esté involucrada en su tratamiento.
7 Derechos relativos a la calidad de los servicios de salud
Art. 13. Todo paciente tiene el derecho a una atención y prestaciones médicas de calidad. Este derecho incluye:
1.El derecho a un profesional médico capacitado y competente o a un especialista, si su afección lo requiere.
2.El derecho a acceder a medicamentos de calidad y debidamente garantizados. Este derecho incluye saber los efectos propios y colaterales del medicamento.
3.El derecho a que sus exámenes de laboratorio estén sometidos a un sistema de control de calidad universal y obligatorio.
4.El derecho a que el centro de salud cumpla con otorgar las prestaciones y servicios de calidad que ofrece.
8 Derechos relativos a la libertad de decisión sobre la salud
Art. 14. Todo paciente tiene la libertad de decidir sobre las acciones que pueda o no emprender para la protección y recuperación de su salud. Este derecho incluye:
1.El derecho a participar, razonablemente, en las decisiones relacionadas con su tratamiento. Este derecho incluye el de poder elegir y determinar el tratamiento que le parezca más apropiado para su salud.
2.Todo acto médico debe efectuarse con consentimiento, expreso o tácito, del paciente. Esto se extiende también a todo acto de investigación biomédica que se efectúe con el paciente, el que no podrá en ningún caso poner en riesgo su vida o su salud.
No se requerirá este consentimiento:
a)Cuando la no intervención suponga un peligro inminente para la vida del paciente.
b)Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o representante legal.
c)Cuando la urgencia no permita demoras ante la inminencia de poder ocasionarse lesiones irreversibles o existir peligro de muerte.
3.El derecho a rechazar el o los tratamientos que se le ofrezcan a su propio riesgo y cuenta. Con todo este derecho no puede en ningún caso llegar al extremo de comprometer la vida del propio paciente.
4.El derecho, a petición del paciente y por su cuenta, a solicitar la presencia y opinión especializada de otro médico.
5.El derecho a usar durante su estancia hospitalaria el vestido y los utensilios apropiados así como los símbolos religiosos que no interfieran con su tratamiento.
6.El derecho a no conocer el diagnóstico médico, bajo su propia responsabilidad.
7.El derecho a participar en las actividades de promoción y prevención en salud que las leyes y reglamentos establezcan.
9 Derechos relativos a la atención y cuidados médicos y hospitalarios
Art. 15. Todo paciente tiene el derecho a la atención y cuidados médicos y hospitalarios en conformidad a las leyes. Este derecho incluye:
1.El derecho a una atención oportuna e integral. Este derecho incluye el de ser atendido individualmente y no en grupos o en presencia de terceros, y a que el médico tratante le destine el tiempo suficiente para atender debidamente su situación particular.
2.El derecho a que su seguridad física o personal esté razonablemente garantizada durante toda su permanencia en el establecimiento de salud.
3.El derecho a ser examinado en instalaciones apropiadas, con personal de su propio sexo, siempre que ello sea posible, así como a estar desnudo el menor tiempo posible.
4.El derecho a una atención de calidad, que incluya el derecho a ser tratado por un especialista certificado y a cerciorarse de los títulos del profesional. Este derecho incluye el saber la identidad y la posición profesional de los individuos que le están prestando servicios.
5.El derecho a gozar de todas las atenciones de necesidad mínimas, otorgadas por profesionales y personal calificado.
6.El derecho a un rescate, derivación y traslados oportunos y apropiados en caso de urgencias.
Título IV
DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PACIENTES
Art. 16. El paciente tiene además deberes para con su médico tratante, para con el profesional médico que lo atiende y para con el centro asistencial de salud. Estos deberes son establecidos para beneficio y protección del propio paciente.
Art. 17. El paciente tiene la obligación de suministrar, a su entender, información precisa y completa sobre la enfermedad o dolencia motivo de su asistencia al centro asistencial.
Este deber incluye la responsabilidad de informar sobre cualquier cambio en su condición, así como informar si entiende claramente el curso de la acción contemplada y lo que se espera de él.
Art. 18. El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento, instrucciones y pautas de cuidado recomendadas por el profesional médico. Este derecho incluye el deber de cumplir con sus citas y cuando no lo pueda hacer de comunicar al médico.
Art. 19. El paciente es responsable de sus acciones si rehúsa recibir tratamiento o si no sigue las instrucciones del médico responsable. En caso de no acatar las recomendaciones médicas tiene el deber de firmar su alta voluntaria o los documentos que dejen constancia de su decisión.
Título V
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD
Art. 20. Todo centro asistencial de salud deberá cumplir con las condiciones indispensables para hacer cumplir todos y cada uno de los derechos de los pacientes establecidos en la presente ley.
Art. 21. Los centros asistenciales deben ser aptos en cuanto a tecnología, equipamiento e infraestructura. Este deber incluye la obligación de contar con el o los equipos técnicos suficientes y aptos de acuerdo a la complejidad de los procedimientos médicos aplicados en el centro.
Los centros deberán informar de sus características y complejidad técnicas a sus pacientes por medio de avisos puestos en lugares visibles y a la autoridad sanitaria a lo menos una vez al año y cada vez que el centro sufra variaciones estructurales.
Art. 22. El derecho a visitas estará siempre garantizado. El centro asistencial podrá regular el ejercicio de este derecho, procurando siempre otorgar las máximas facilidades a familiares y amigos.
Art. 23. Los centros asistenciales de salud contarán con habitaciones aisladas visual y auditivamente y procurarán brindar comodidad y bienestar a sus pacientes y familiares en todas ellas.
Art. 24. Todo centro asistencial dispondrá, para el público en general, de un listado detallado de los precios y valores actualizados de todas las prestaciones que ofrezca y se practiquen en él.
Art. 25. Todo centro asistencial dispondrá para el público de la información completa de los profesionales médicos que presten servicios en el centro, con indicación precisa de su habilitación legal para el ejercicio de la profesión y su especialidad si la tuvieren. Asimismo, se dispondrá de la información sobre sus honorarios detallados por prestación.
Art. 26. Los establecimientos de salud establecerán mecanismos de reclamación y de propuesta de sugerencias. En caso de reclamación deberán dar respuesta por escrito al paciente en un plazo máximo de 15 días.
Título VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY
Art. 27. Las infracciones a la presente ley cometidas por los centros asistenciales de salud originarán responsabilidad administrativa sancionada por el correspondiente servicio de salud en virtud de sus facultades legales, sin perjuicio de las demás responsabilidades que se originen en conformidad a las leyes.
Art. 28. Las infracciones a la presente ley cometidas por profesionales médicos habilitados legalmente para el ejercicio de la profesión originarán responsabilidad disciplinaria sancionada por el Colegio de la Orden, si procediere en conformidad a sus propios procedimientos, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pueda corresponderles en conformidad a las leyes.
Art. 29. Los Servicios de Salud aplicarán el procedimiento y sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario.
Título VII
DISPOSICIONES FINALES
Art. 30. Dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la ley, todos los establecimientos del país estarán obligados a confeccionar un reglamento interno sobre derechos de los pacientes.
Este reglamento incluirá como mínimo los derechos establecidos en esta ley y todos los demás derechos, beneficios y reglas internas que el establecimiento establezca.
Art. 31. El reglamento interno de cada centro asistencial estará a disposición de los pacientes en la administración del establecimiento, el que además será publicado extractado en lugares visibles y abiertos al público del propio recinto.
Título VIII
ARTÍCULO TRANSITORIO
El art. 28 de la ley comenzará a regir una vez que entren en vigencia las reformas constitucionales y legales que establezcan el control disciplinario de los profesionales médicos en el Colegio de la Orden”.