Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Felipe Kast Sommerhoff
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Andrea Molina Oliva
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Arturo Squella Ovalle
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Gabriel Silber Romo
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Marcela Sabat Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Andrea Molina Oliva
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Marcela Sabat Fernandez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Jose Manuel Edwards Silva
- PERMISO
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandro Santana Tirachini
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcela Ximena Hernando Perez
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcos Espinosa Monardes
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Matias Walker Prieto
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Godoy Ibanez
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Diego Alfredo Paulsen Kehr
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- PETICIÓN DE OFICIO : Yasna Provoste Campillay
- PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Christian Erwin Urizar Munoz
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- FUSIÓN DE PROYECTOS
- V. ORDEN DEL DÍA
- RESTRICCIÓN EN ENTREGA DE LICENCIAS CLASE C (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7425-15)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Ignacio Urrutia Bonilla
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO OCURRIDO EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA (CONTINUACIÓN)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leonardo Enrique Soto Ferrada
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITIERON EL FRAUDE FISCAL OCURRIDO EN EL EJÉRCITO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Pilowsky Greene
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
- RESTRICCIÓN EN ENTREGA DE LICENCIAS CLASE C (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7425-15)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- Pepe Auth Stewart
- German Becker Alvear
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Gonzalo Guillermo Fuenzalida Figueroa
- Joaquin Godoy Ibanez
- Pablo Lorenzini Basso
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Karla Rubilar Barahona
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- David Sandoval Plaza
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Gustavo Hasbun Selume
- Jose Antonio Kast Rist
- Patricio Melero Abaroa
- Celso Morales Munoz
- Ivan Norambuena Farias
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Felipe Ward Edwards
- Andrea Molina Oliva
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- Sergio Ojeda Uribe
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jorge Sabag Villalobos
- Jorge Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 75ª, en jueves 29 de septiembre de 2016
(Ordinaria, de 10.36 a 12.36 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 14
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 17
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 17
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 17
FUSIÓN DE PROYECTOS ............................................................................................................. 17
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 18
RESTRICCIÓN EN ENTREGA DE LICENCIAS CLASE C (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7425-15) .......................................................................................... 18
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO OCURRIDO
EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA (CONTINUACIÓN) ................................................... 34
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITIERON EL FRAUDE FISCAL OCURRIDO EN EL EJÉRCITO ...................................................................................................... 37
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 47
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10696-07) ................................. 47
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10163-14) ................................. 47
3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ................................. 47
4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10482-21) ................................. 47
5.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 7543-12) ................................... 47
6.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9541-15) ................................... 47
7.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10545-08) ................................. 47
8.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10683-06) ................................. 47
9.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10783-04) ................................. 47
10.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10234-06) ............................... 47
11.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 5205-13) ................................. 47
12.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9623-13) ................................. 48
13.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10037-22) ............................................................................. 48
14.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9589-17) ............................................................................... 48
15.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10773-15) ............................................................................. 48
Pág.
16.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, CON URGENCIA “DISCUSIÓN INMEDIATA, QUE “SUSTITUYE EL DECRETO LEY N°321, DE 1925, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA
LOS PENADOS”. (BOLETÍN N° 10696-07)............................................................................................ 48
17.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BROWNE, AUTH, BECKER, BELLOLIO, FUENZALIDA, GODOY, LORENZINI Y PAULSEN, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, EN
CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL CRÉDITO FISCAL”. (BOLETÍN N° 10908-05)..................................... 48
18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, COLOMA, HASBÚN; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MELERO, MORALES, NORAMBUENA; URRUTIA, DON OSVALDO, Y WARD, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, PARA AUMENTAR LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR RESPONSABILIDAD CONTRAVENCIONAL EN CASO
QUE EL AFECTADO SEA UN ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 10909-03)............................................... 48
19.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; OJEDA, ORTIZ, SABAG Y ULLOA, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°1.939, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DEL ESTADO, EN FAVOR DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS”. (BOLETÍN N° 10910-22) .................................................... 48
20.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BECKER SOBRE SU PARTICIPACIÓN, EN CONJUNTO CON EL DIPUTADO SEÑOR KORT, EN LAS SESIONES DE LAS COMISIONES DE ENERGÍA Y MINAS; DE ASUNTOS LABORALES, PREVISIÓN SOCIAL Y ASUNTOS JURÍDICOS, Y DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADAS A CABO DESDE EL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE. .............................................................................................................................................. 49
21.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BECKER SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA
JUNTA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), LLEVADA A CABO EL DÍA
29 DE JULIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ. ............................................................. 49
22.- OFICIO DE LA CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE SU OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “SUSTITUYE EL DECRETO LEY N°321, DE 1925, QUE ESTABLECE LA LIBERTAD CONDICIONAL PARA LOS PENADOS.”. (BOLETÍN 10696-07) ................................................ 49
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
Del diputado señor Kast, don Felipe
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 26 de septiembre de 2016, para dirigirse a Buenos Aires , Argentina .
De la diputada señora Molina por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 5 de octubre de 2016, para dirigirse a Nueva York.
Del diputado señor Squella
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 30 de septiembre de 2016, para dirigirse a Perú.
Del diputado señor Silber por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 29 de septiembre de 2016, para dirigirse a Israel.
2.- Licencia médica:
Otorgada a la diputada señora Sabat
por la cual acredita que debió permanecer en reposo el día 27 de septiembre de 2016.
3.- Comunicaciones:
De la diputada señora Molina
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre los días 5 y 7 de octubre de 2016.
De la diputada señora Pacheco
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por medio día, para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 29 de septiembre de 2016.
De la diputada señora Sabat
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por medio día, para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 29 de septiembre de 2016.
Del diputado señor Edwards
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por medio día, para ausentarse, por razones personales, a la sesión del día de hoy, 29 de septiembre de 2016.
4.- Oficio:
De la Comisión de Minería y Energía por el cual se solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, para refundir los siguientes proyectos: 1. Moción que establece la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros. Boletín N° 9185-08, y 2. Moción que modifica el Código de Minería en materia de uso de agua en faenas mineras. Boletín N° 10038-08.
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Walker , Diputado Silber , Diputado Rincón , Solicita remitir información relacionada con la posibilidad de realizar un juicio de cuentas tendiente a examinar la posible existencia de daño al patrimonio público causado por dolo o culpa de quienes tenían a su cargo el fortalecimiento de la Red Sismológica Nacional y la adecuada gestión de los recursos del Estado para el cumplimiento de dicho propósito. (69441 al 22540).
Ministerio de Interior
Diputado Schilling , Solicita evaluar la factibilidad económica y presupuestaria de instalar dos retenes de Carabineros de Chile, uno en el sector de Quebrada Alvarado en la comuna de Olmué y el otro en el sector de Belloto en la comuna de Quilpué, así como el establecimiento de una subcomisaría en esta última zona, informando los resultados de los análisis que se realicen. (20415 al 20595).
Diputado Silva , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el estado de avance con respecto a la propuesta del poder Ejecutivo en relación a la incorporación de nuevos funcionarios policiales. (20416 al 16953).
Diputado Espinosa don Marcos , Informar a esta Cámara sobre los antecedentes considerados para rechazar la solicitud de pensiones de gracia a los señores Walter Cerezo Yáñez , Cristian Apablaza Rivera y Samuel Alfaro Valencia , de la comuna de Tocopilla, Región de Antofagasta. (20417 al 18943).
Diputado Monsalve , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la Escuela de Fútbol Los Álamos, de la misma comuna, señalando los montos adeudados y las fechas probables de pago, adoptando las medidas necesarias a fin de subsanar el problema. (20419 al 20776).
Diputado Robles , Situación que afectó el joven Matías Herrera Gallardo de la comuna de Quillota y cuyos antecedentes constan en la carta cuya copia se acompañan, adoptando las medidas reparatorias que correspondan. (20420 al 19584).
Diputado Robles , Informe a esta Cámara sobre la denuncia aparecida en medios de comunicación respecto de la utilización de menores para la instalación de explosivos en labores mineras, señalando los casos detectados, las fiscalizaciones efectuadas y las medidas cautelares adoptadas para proteger sus derechos. (20427 al 19583).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputado Morano , Requiere información relacionada con la respuesta contenida en la ORD./SDA./ Nº 095584 de fecha 20 de julio de 2016, específicamente sobre la posibilidad de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura presente una querella o haya tomado alguna medida administrativa sancionatoria en contra de la empresa Salmonicultura Nova Austral S.A., así como información respecto a las gestiones realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en los términos que señala. (99065 al 22910).
Ministerio De Hacienda
Diputado Sandoval , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la posibilidad de liberar de impuestos a los combustibles para la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en atención a la alta contaminación que afecta a la ciudad de Coyhaique. (1188 al 20512).
Diputado León , Detalle de las inversiones que actualmente administran las entidades a cargo del “fideicomiso ciego”, y el detalle de operaciones realizadas con acciones de las “Sociedades Cascadas”, conforme a los antecedentes que se acompañan. (14354 al 237).
Diputado León , Reiterar el oficio N° 237 de esta Corporación, de fecha 2 de abril de 2014; y, en definitiva informe respecto de las inversiones que actualmente administran las entidades a cargo del “fideicomiso ciego” de las sociedades vinculadas al ex-Presidente Sebastián Piñera , y el detalle de operaciones realizadas con acciones de las “Sociedades Cascadas”, conforme a los antecedentes que se acompañaron en su oportunidad. (14354 al 1196).
Diputado Berger , Solícita dar cumplimiento al acuerdo que se habría adoptado durante la discusión de la ley N° 20.883, que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y concede otros beneficios que indica, gestionando la presentación un proyecto de ley que haga extensivo a todos los asistentes de la educación el bono que estableció el artículo 59 del citado cuerpo legal. (713 al 15515).
Ministerio de Educación
Diputada Girardi doña Cristina , Se sirva tomar conocimiento de su desacuerdo frente al dictamen N° 4478, de 18 de enero de 2016, del Contralor General del República, que se pronuncia acerca de la imposibilidad de que los docentes acogidos al mecanismo de retiro vía renuncia anticipada establecida en la ley N° 20.501, puedan optar por el bono instituido por la ley N° 20.822. (711 al 2056).
Ministerio de Salud
Diputado Monsalve , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la menor Paz Loyola Chaparro de la comuna de Los Álamos, quien fue diagnosticada con Parálisis Braquial Derecho , analizando la posibilidad de gestionar la compra de leche Nidal Etapa 1 y Sulpirida , a fin de apoyar económicamente a la madre de la menor. (1542 al 22152).
Diputado Rocafull , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, remita a esta Cámara la nómina de médicos contratados al amparo del artículo 7° de la ley N° 20.816, que perfecciona la normativa sobre profesionales y trabajadores del sector público de salud, bajo la condición de rendir y aprobar el examen Eunacom a más tardar e diciembre de 2016, disgregada por comuna, servicio u hospital donde ejercen su profesión y especialidad que aportan. Asimismo, solicita un pronunciamiento sobre los efectos de la desvinculación de los médicos por incumplimiento de la condición señalada y si se han adoptado las medidas correspondientes. (1878 al
22122).
Diputado Farcas , Se sirva interponer sus buenos oficios ante S. E. la Presidenta de República a fin que haga presente la urgencia en la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.606 y el Código Sanitario, con el propósito de reducir el porcentaje de grasas saturadas, azúcares y sodio permitido en los alimentos, limitando su consumo y publicidad, Boletín N° 9723-11. (3066 al 22092).
Diputado Verdugo , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre el número de campañas publicitarias efectuadas y transmitidas en la televisión abierta, en los términos que requiere. (3068 al 21546). (3068 al 21546).
Diputado Edwards , Requiere información sobre la aplicación del Instructivo N° 08600 del 3 de febrero de 2016 dictado por la Contraloría General de la República, destinado a evitar el proselitismo político, precisando si fue comunicado a todos los funcionarios de ese Servicio, si se impartieron charlas de capacitación a su respecto y las medidas concretas adoptadas para su fiel cumplimiento. (3069 al 22382).
Diputado Hasbún , Diputado Ward , Remitir a esta Cámara la nómina de todos los profesionales que han sido destinados en comisión de servicio, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en todas y cada una de las reparticiones de las cuales dependen, con las especificaciones que requieren. (3110 al 22162).
Diputado Monsalve , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta a la señora Margarita María Camus Neira de la comuna de Cañete, quien padece de diabetes Mellitus tipo 2, por lo que debe inyectarse cinco veces al día, analizando si existe una nueva metodología para su tratamiento, a fin de mejorar su calidad de vida. (3115 al 21863).
Ministerio de Minería y Energía
Diputado Sandoval , Considerando las medidas alternativas a corto y largo plazo contenidas en la solicitud adjunta, tome las acciones necesarias para mitigar los problemas ambientales que presenta la ciudad de Coyhaique, informando las medidas que adopte. (1188 al 20265).
Diputado Sandoval , Requiere informar sobre el plan de descontaminación que se aplicará en la comuna de Coyhaique, abordando la materia con medidas que incentiven el uso del gas natural como combustible (1188 al 20587).
Diputado Sandoval , Información relacionada con la posibilidad de proveer gas natural mediante redes de cañería a la Región de Aysén. (1188 al 22368).
Diputado Sandoval , Solicita adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que en las negociaciones que se realicen con Argentina, para aumentar el suministro de gas a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, nuestro país adopte sólo los compromisos que sean técnicamente requeridos de manera de no entorpecer la eficiencia y celeridad de las obras que sea necesario ejecutar. (1188 al 22591).
Diputado Sandoval , Solicita adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que en las negociaciones que se realicen con Argentina, para aumentar el suministro de gas a la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, nuestro país adopte sólo los compromisos que sean técnicamente requeridos de manera de no entorpecer la eficiencia y celeridad de las obras que sea necesario ejecutar. (1188 al 22596).
Ministerio de Energía
Diputado Sandoval , Solicita que se adopten nuevos mecanismos para enfrentar los altos niveles de contaminación que presenta la comuna de Aysén, tales como la rebaja de los impuestos al petróleo de manera de contar con una fuente de energía de acceso masivo y la creación de incentivos a la generación hidroeléctrica de mediana escala, indicando las medidas que se realizarán en esta materia. (1188 al 19671).
Diputado Sandoval , Solicita estudiar la implementación de las siguientes medidas para mitigar la contaminación en la comuna de Coyhaique: exención del Impuesto a los Combustibles para el petróleo y la parafina en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo e importación de gas natural desde Argentina para dicha zona (1188 al 20478).
Diputado Alvarado , solicita disponer que la empresa Conafe retire las instalaciones eléctricas que impiden el avance de la ejecución de las obras de defensas Fluviales del Rio Limarí, enmarcadas en el proyecto denominado como “bypass de Ovalle”, indicando las líneas de acción que se realizarán en ese sentido (1202 al 21426).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo Diputada Provoste doña Yasna , Proceso de reconstrucción de viviendas en sitio propio, en el sector de Paipote de la comuna de Copiapó, remitiendo antecedentes del contrato suscrito con la empresa Viviendas Chile, los plazos para iniciar el proceso, la fecha de término, los recursos dispuestos y las familias beneficiadas. (712 al 19240).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Diputado Ward , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre cualquier contacto con su institución, reunión solicitada, oferta de negocios o participación en licitación, de parte de la señora Natalia Compagnon Soto , directamente o a través de sus empresas. (511 al 19084). (511 al 19084).
Diputado Ward , Para reiterar el oficio N°19.084 de esta Corporación, de fecha 26 de abril de 2016. (511 al 20673).
Diputado Ward , Reitera el oficio Nº 20.673 de fecha 9 de junio del 2016. (511 al 22932).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputada Cicardini doña Daniella , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la relación laboral existente entre la Subsecretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Atacama y un grupo de profesionales contratados para desempeñar funciones de Apoyo de Emergencia, detallando fecha de contratación, número de contratados y especificando las condiciones laborales convenidas, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que se plantea. (2453 al 17455).
Diputado Monckeberg don Cristián , Tenga a bien elaborar y remitir un informe detallado y fundamentado acerca del pago del bono Control Niño Sano. (2684 al 16845).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Pérez don Leopoldo , Requiere informar el estado de avance de las medidas administrativas necesarias para que la reserva forestal Río Clarillo, ubicada en la comuna de Pirque, sea calificada como parque nacional. (163828 al 22769).
Diputada Hoffmann doña María José , Requiere información relacionada con el estudio del proceso de potabilización del agua y los grados de contaminación del aire y suelo en las localidades de San Juan y Lo Gallardo en la comuna de San Antonio. (371 al 22963).
Servicios
Diputado Monckeberg don Cristián , Requiere remitir información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el número de reclamos o denuncias interpuestas en contra de empresas constructoras desde el 1 de enero del año 2010 al 1 de junio del presente año. (5390 al 22220).
Diputado Berger , Solicita remitir información respecto a la entrega de los restos de don Rafael Manqui Ñanculef a sus familiares, en los términos que se solicita. (856 al 23089).
Varios
Diputado Farías , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre la situación que afecta al señor Nicolás Eduardo Urbina Martínez , contestando todas las interrogantes que plantea. (20426 al 19520).
Diputada Hoffmann doña María José , Requiere información relacionada con el estado de avance de la solicitud de regulación de terreno presentada bajo el folio Nº 53102 por la señora Laura Gabriela Calderón Allen . (4860 al 22958).
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Santana Requiere información sobre la existencia de algún proyecto que contemple la construcción, reposición o reparación de la pasarela ubicada en el sector de Quinterquén de la comuna de Quemchi. (23291 de 26/09/2016). A municipalidades.
Diputado Santana Requiere información sobre la existencia de algún proyecto que contemple la construcción, reposición o reparación de la pasarela ubicada en el sector de Quinterquén de la comuna de Quemchi. (23292 de 26/09/2016). A varios.
Diputada Hernando Marcela , Solicita analizar la situación que afecta al señor Alejandro Cuellar , ex trabajador de la Minera Collahuasi, con el propósito de revaluar el porcentaje de discapacidad que se le reconoció por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta y entregar la orientación necesaria respecto de alternativas para mejorar su situación, en los términos que señala. (23293 de 26/09/2016). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Kast Solicita analizar la situación que afecta al señor Patricio Barra Zamorano , domiciliado en calle Tomé Nº 061 de la población San Gregorio , comuna de La Granja, respecto a irregularidades en torno a una edificación contigua que no estaría cumpliendo con la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los términos que señala. (23294de 26/09/2016). A director de Obras de la Municipalidad de La Granja.
Diputado Lavín Solicita informe respecto a las actividades que se están desarrollando en la Parcela Nº 32 del camino Las Talaveras, Rol 2607-4B Santa Ana de Chena de la comuna de Maipú, en los términos que señala. (23295 de 26/09/2016). A municipalidades.
Diputado Espinosa don Marcos Requiere información sobre los terrenos declarados como zonas de oasis dentro de la comuna de Calama, en los términos que señala. (23296 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Espinosa don Marcos Solicita información sobre la forma en que se hace efectivo el pago del bono por excelencia académica a los establecimientos de educación diferencial y las transferencias realizadas por este concepto a la Escuela F-9 Pedro Aguirre Cerda , de la comuna de Tocopilla, en los términos que señala. (23297 de 27/09/2016). A Ministerio de Educación.
Diputado Espinoza don Fidel Requiere información sobre la existencia y el funcionamiento de las Patrullas de Atención a las Comunidades Indígenas, en los términos que señala. (23298 de 27/09/2016). A varios.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita los antecedentes que fueron considerados para el diseño y construcción del Liceo Rahue de la comuna de Osorno, específicamente en lo referido al sistema de calefacción geotérmico y su funcionamiento. (23299 de 27/09/2016). A Ministerio Público.
Diputado Walker Requiere información sobre la posibilidad de ampliar la demanda colectiva en contra de la empresa Aguas del Valle S.A., debido a las reiteradas interrupciones en el suministro de agua en la comuna de Ovalle, así como la presencia de Nonovirus que estaría afectando a los habitantes de la Provincia del Limarí, en los términos que señala. (23300 de 27/09/2016). A director nacional del Servicio Nacional del Consumidor.
Diputado Walker Requiere información sobre la posibilidad de instruir un sumario administrativo a la empresa Aguas del Valle S.A., debido al corte de suministro de agua potable ocurrido los días 25 y 26 de septiembre del año 2016, en la comuna de Ovalle. (23301 de 27/09/2016). A varios.
Diputado Gahona Solicita informar sobre los motivos de la situación ocurrida en el Hospital San Pablo de Coquimbo, establecimiento en el que se les solicitaría a los pacientes llevar sus propias sábanas al momento de la hospitalización. (23306 de 27/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Godoy Reitera el oficio Nº 19.154, de fecha 28 de abril del 2016. (23307 de 27/09/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Godoy Reitera el oficio Nº 22.770, de fecha 30 de agosto del 2016. (23308 de 27/09/2016). A señor vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Monumentos.
Diputado Godoy Reitera el oficio Nº 21.771, de fecha 30 de agosto del 2016. (23309 de 27/09/2016). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Diputado Godoy Reitera el oficio Nº 22.894, de fecha 31 de agosto del 2016. (23310 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Jackson Solicita informar acerca de determinados puntos relacionados al proceso de revalidación de títulos extranjeros en nuestro país, correspondientes a la carrera de Odontología, en los términos que señala. (23311 de 27/09/2016). A varios.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de ese municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23312 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23313 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23314 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23315 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23316 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23317 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23318 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Paulsen Solicita que informe sobre los gastos de publicidad y difusión por parte de este municipio, desde enero del año 2015 a la fecha, en los términos que señala. (23319 de 27/09/2016). A municipalidades.
Diputado Rathgeb Solicita que informe respecto a ciertas materias relacionadas con licitaciones públicas efectuadas por la Subsecretaría de Salud, en los términos que señala. (23320 de 27/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Berger Se sirva informar sobre la fecha en que se iniciarán las obras de reposición del consultorio externo ubicado en Avenida Francia de la comuna de Valdivia, precisando la oportunidad, tiempo y recinto o recintos a los que serán trasladados los funcionarios de dicha repartición mientras se ejecutan los trabajos, los criterios técnicos y espaciales considerados para elegir los puntos de atención transitorios, y las unidades internas que se destinarán a cada lugar. (23350 de 28/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Chávez Se sirva informar sobre las gestiones realizadas y las acciones que se emprenderán frente a la denuncia presentada, con fecha 11 de marzo del presente año, por un grupo de vecinos de la comuna de Tomé por incumplimiento de promesas de compraventa de departamentos suscritos con la empresa constructora Santa Beatriz . (23351 de 28/09/2016). A servicios.
Diputada Provoste doña Yasna Se sirva remitir copia del protocolo minero suscrito entre las Repúblicas de Chile y Argentina respecto del proyecto minero Pascua Lama , precisando si existe en él alguna prohibición o restricción a las autoridades chilenas para acceder al perímetro ubicado en nuestro país. (23352 de 28/09/2016). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diputado Urízar Pone en su conocimiento la denuncia realizada por la Agrupación de Beneficiarios del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos de la comuna de La Ligua, respecto a Funcionario del servicio de Salud Viña del Mar Quillota, cuta copia se acompaña, e informe sobre las medidas que se adoptarán. (23371 de 28/09/2016). A Ministerio de Salud.
Diputado Urízar Solicita considere evaluar el caso de ayuda Médica-Social, para el joven Luís Raúl Michea Lazo , en los términos que señala. (23372 de 28/09/2016). A Ministerio de Bienes Nacionales.
Diputado Urízar Solicita que considere evaluar la factibilidad de instalar un paradero de buses en el sector rural de Peñablanca Los Sifones, ubicado en la comuna de Cabildo, en los términos que señala. (23373 de 28/09/2016). A secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Nogueira Fernández, Claudia
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pascal Allende, Denise
-Pulsen Kehr, Diego
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El acta de la sesión 66ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 67ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.
FUSIÓN DE PROYECTOS
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por la Comisión de Minería y Energía en orden a refundir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las siguientes mociones, que se encuentran en primer trámite constitucional y primero reglamentario: la que establece la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros (boletín N° 9185-08), con la que modifica el Código de Minería en materia de uso de agua en faenas mineras (boletín N° 10038-08).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
RESTRICCIÓN EN ENTREGA DE LICENCIAS CLASE C (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7425-15)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que restringe la entrega de licencias clase C.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Javier Hernández .
Antecedentes:
-Moción, sesión 124ª de la legislatura 358ª, en 11 de enero de 2011. Documentos de la Cuenta N° 18.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 72ª de la presente legislatura, en 21 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor HERNÁNDEZ (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, de origen en moción de la diputada señora Marcela Sabat de los diputados señores Guillermo Ceroni , Marcos Espinosa y Ramón Farías , y de los entonces diputados señores Alfonso de Urresti , Miodrag Marinovic e Iván Moreira , con urgencia calificada de “suma”, que restringe la entrega de licencias clase C.
1. Idea matriz o fundamental del proyecto.
Crear nuevas categorías de licencia no profesional clase C, según la cilindrada de las motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, y establecer como requisito especial para los postulantes la experiencia en el manejo.
2. Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado. No hay.
3. Trámite de Hacienda. No hay.
4. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.
Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez y Clemira Pacheco , y los diputados señores René Manuel García , Gustavo Hasbún , Javier Hernández , Felipe Letelier (Presidente), Giorgio Jackson , Iván Norambuena , Leopoldo Pérez , Jorge Sabag y Mario Venegas .
Señor Presidente, la comisión estimó absolutamente necesario reducir el índice de siniestralidad que se registra tratándose de vehículos de dos, tres o cuatro ruedas, y otros similares, cuya presencia es cada vez mayor en el tráfico vehicular y que se incrementa al existir una amplia oferta. Una persona puede adquirir un vehículo de esas características, de una cilindrada de 500 centímetros cúbicos o más, sin tener la expertise necesaria para su conducción, lo que hace propicia la ocurrencia de accidentes de distinta gravedad y magnitud.
Se tuvo presente, también, que el parque de motocicletas ha aumentado en más de 500 por ciento en diez años, desde 27.741 motocicletas en 2005 a 173.056 en 2015.
Se advirtió el aumento de accidentes -y, consecuentemente, el aumento de personas fallecidas o con resultado de lesiones gravesen los cuales aparecen involucradas motocicletas. En 2015 hubo 6.284 accidentes con participación de motocicletas. En estos siniestros, 153 motociclistas resultaron fallecidos y 5.230 lesionados.
De ahí que los miembros de la comisión se manifestaron proclives a regular este especial medio de transporte, exigiendo una mayor capacitación y experiencia de la persona que conduce, con el propósito de lograr un mayor grado de seguridad en la conducción.
Se manifestaron de acuerdo, igualmente, en establecer tres categorías de licencia clase C, dependiendo de la cilindrada o kilowatts de potencia en el caso de vehículos propulsados con motor eléctrico.
Señor Presidente, el proyecto de ley en informe fue perfeccionado en el seno de la comisión al aprobarse una indicación sustitutiva, patrocinada por las diputadas señoras Jenny Álvarez y Clemira Pacheco , y por los diputados señores Ramón Farías , René Manuel García , Gustavo Hasbún , Javier Hernández , Felipe Letelier (Presidente), Iván Norambuena , Leopoldo Pérez y Mario Venegas , con el propósito de incorporar las normas de seguridad acordadas con la Comision Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset).
De este modo, se establece una nueva definición de licencia clase C y se crean tres categorías: C-1, C-2 y C-3.
Clase C-1: para conducir vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas cuya cilindrada sea de hasta 125 centímetros cúbicos o, en el caso de vehículos propulsados con motor eléctrico, de hasta 21 kilowatts de potencia.
Clase C-2: para conducir vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas cuya cilindrada sea de hasta 500 centímetros cúbicos o, en el caso de vehículos propulsados con motor eléctrico, de hasta 100 kilowatts de potencia.
Clase C-3: para conducir vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas, cualquiera que sea su cilindrada o potencia medida en kilowatts.
2. Se establecen restricciones específicas para quienes posean licencias clase C-1 o clase C-2, y requisitos y condiciones especiales para los postulantes a cada una de las nuevas categorías de licencia clase C, así como para su conducción.
3. Se determinan infracciones o contravenciones de distinta entidad, que pueden ser gravísimas, graves o menos graves, y
4. Se dispone que las licencias clase C obtenidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley en proyecto mantendrán su vigencia y que a los titulares de dichas licencias se les otorgará licencia clase C-3.
Finalmente, se establece un plazo de vacancia de 12 meses, contados desde la publicación de la futura ley en el Diario Oficial.
Señor Presidente, quiero agradecer la permanente preocupación del diputado Ramón Farías , autor de la moción, y de otros diputados de la Corporación en cuanto a asesorar a la comisión en el despacho de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco las palabras del diputado señor Javier Hernández hacia mi persona.
Día a día cada uno de nosotros puede comprobar el aumento de motocicletas que circulan en nuestro país. Si bien antes un grupo pequeño de la sociedad utilizaba motocicletas, hoy su crecimiento es absolutamente evidente, transformándose en un medio de transporte cada vez más común, sobre todo en las grandes ciudades. Incluso más, para muchas personas es no solo un medio de transporte, sino también un medio de trabajo.
En 2000 había 1,7 motocicletas por cada mil habitantes; en la actualidad hay 9,3 por cada mil habitantes. Mi experiencia como motociclista fue parte de las motivaciones que tuve para elaborar este proyecto de ley, que busca regular de mejor manera la entrega de licencias para conducir este tipo de vehículos. Ello permitirá hacernos cargo de la seguridad necesaria en las calles y garantizar que quienes manejen grandes motocicletas tengan la experiencia y la habilidad requeridas.
El proyecto se basa en tres aspectos a considerar. Uno de ellos es la experiencia. En la medida en que el conductor que esté en posesión de una licencia clase C-1 tenga más experiencia, podrá avanzar en la obtención de las licencias clase C-2 o C-3, que le permitirán manejar motocicletas con mayor cilindrada. Esta idea dice relación con tres de las treinta y cinco medidas del Plan Nacional de Seguridad Vial para Motocicletas, elaborado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -aprovecho de agradecer la presencia del ministro de Transportes y Telecomunicaciones en la discusión del proyecto, y la cooperación de su cartera y de la Conaset en el perfeccionamiento de la iniciativa-. Me refiero a la medida 6, “Subclasificación de la licencia Clase C”; a la medida 9, “Reglamentar el transporte de niños en motocicletas”, aspecto regulado en el proyecto, y a la medida 10, “Restricciones al conductor de motocicletas novato”. En efecto, el proyecto establece que la licencia clase C se clasificará en C-1, C-2 y C-3. Durante los primeros seis meses de obtención de la licencia clase C-1, el motociclista no podrá llevar acompañante en el vehículo. Después, cuando pueda llevar acompañante, tendrá prohibido, por seguridad, llevar niños menores de 12 años o pasajeros que no alcancen con sus pies los pedalines traseros de la moto. Es importante dejarlo establecido.
Varios colegas, entre ellos los diputados Browne y Bellolio , me preguntaron qué ocurrirá con las personas que ya tienen licencia clase C. Dado que las leyes no son retroactivas, todos los que tengan licencia clase C al momento de ser promulgada esta futura ley, tendrán la licencia de mayor categoría, que es la C-3, que habilita para manejar motos de cualquier cilindrada, pues se supone que cuentan con experiencia.
Las diputadas Jenny Álvarez y Clemira Pacheco , y los diputados Fernando Meza, Jorge Sabag , Felipe Letelier (Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones), Leopoldo Pérez , Jaime Bellolio , Javier Hernández y quien habla queremos presentar una indicación, para cuya votación solicito al señor Presidente que en su momento recabe la unanimidad de la Sala, dada la urgencia del proyecto, que dice relación con dos asuntos. En primer lugar, las bicimotos de menos de 50 centímetros cúbicos, y las motos o autitos eléctricos con menos de 25 kilowatts de potencia, que habitualmente se le regalan a un niño, quedaban comprendidos en el proyecto; en consecuencia, para su uso se requeriría la obtención de licencia de conducir. Obviamente es absurdo que un niño de ocho años deba tener licencia para conducir un autito eléctrico. Por ello, la indicación tiene por objeto eliminar del requisito de obtención de licencia clase C1, C2 y C3 a aquellos vehículos con motores de cilindrada de menos de 50 centímetros cúbicos, o los eléctricos de menos de 25 kilowatts de potencia.
En segundo lugar, la indicación incorpora un número 3, nuevo, que tiene por objeto obligar a quien quiera obtener la licencia clase C correspondiente a presentar un certificado emitido por una escuela de conducción reconocida, que acredite que realizó el curso respectivo.
El proyecto es importante porque en lo que va corrido del año ha habido 153 fallecidos y 5.230 lesionados en accidentes de motos, cifra que va en aumento. No obstante, muchos de estos accidentes no son provocados necesariamente por quien maneja la moto, sino por conductores de otros vehículos, que no ven al motociclista o que trasgreden las normas del tránsito. Sin perjuicio de ello, muchos accidentes podrían evitarse si el conductor de la motocicleta tuviese más experiencia. Por eso este proyecto es importante, pues dispone que aquel que no tenga experiencia, no pueda manejar, en una primera etapa, una moto de más de 125 centímetros cúbicos. Después de un año, recién podrá acceder a la licencia clase C-2, que le permitirá conducir una moto con una cilindrada de hasta 500 centímetros cúbicos, y, luego, a la C-3, que le permitirá manejar una moto de cualquier cilindrada.
El proyecto también incorpora a las motocicletas eléctricas, que son bastante potentes, ya que pueden alcanzar velocidades de más de 150 kilómetros por hora, y que no estaban consideradas en nuestra legislación.
Reitero: la primera categoría de licencia es la clase C-1, que permitirá conducir vehículos cuya cilindrada sea de hasta 125 centímetros cúbicos; la clase C-2, para conducir vehículos cuya cilindrada sea de hasta 500 centímetros cúbicos, y la clase C-3, para conducir vehículos cualquiera sea su cilindrada. En el caso de las motocicletas eléctricas, la licencia clase C-1 permite conducir vehículos cuya potencia sea de hasta 21 kilowatts; la C-2, vehículos de hasta 100 kilowatts de potencia, y la C-3, vehículos cualquiera sea su potencia medida en kilowatts.
El proyecto nos permite introducir la modernidad en nuestra legislación, dada la mayor cantidad de motos eléctricas que están ingresando a nuestro país, y otorgar relevancia a aspectos como la seguridad y la experiencia.
Reitero mi solicitud a la Mesa en orden a que recabe la unanimidad de la Sala para someter a votación la indicación señalada. El ministro me ha señalado la importancia de que esta sea aprobada, a fin de que el proyecto quede perfecto.
Agradezco a la Amproch, a la Conaset y al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ayudarnos en la elaboración de este y de otros proyectos orientados a la seguridad vial en materia de conducción de motocicletas, vehículo cuyo uso va en aumento. De hecho, hay dos proyectos pilotos que tienen por objeto establecer la detención preferente de las motos en los semáforos, la eliminación de la patente delantera y el reemplazo de las barreras metálicas de las carreteras, que son verdaderas guillotinas para los motociclistas, por barreras de poliuretano.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el ministrode Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo .
El señor GÓMEZ-LOBO (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-
Señor Presidente, en los últimos diez años el uso de las motocicletas en nuestro país ha tenido un crecimiento explosivo, de 500 por ciento. Junto con eso, hemos visto un aumento en los accidentes que involucran a motocicletas. El año pasado murieron 153 personas en este tipo de accidentes.
Por consiguiente, se trata de un tema de creciente preocupación tanto para la autoridad como para los diputados que han trabajado en este proyecto, y, además, es consistente con el Plan Nacional de Seguridad Vial para Motocicletas que lanzamos el año 2015, el cual contiene 35 medidas priorizadas para mejorar la seguridad vial en este campo. Es más, dicho plan incluye tres medidas que contempla la presente iniciativa: la número seis, Subclasificación de la licencia clase C; la número nueve, Reglamentar el transporte de niños en motocicletas, y la número diez, Restricciones al conductor de motocicletas novato.
Por lo tanto, ya que la materia en discusión va en la línea de nuestro plan nacional, como Ejecutivo hemos apoyado esta iniciativa del diputado Ramón Farías y otros.
Como lo explicó el diputado, este proyecto propone establecer una subclasificación de la licencia clase C para motocicletas, de forma tal que la persona que la obtiene por primera vez tenga ciertas restricciones para que pueda ir aumentando su capacidad de conducir vehículos de mayor cilindrada.
La iniciativa también regula lo relacionado con el conductor novato, aspecto que se encuentra presente en muchas normativas a nivel internacional. En este sentido, el proyecto dispone que quienes obtengan por primera vez su licencia de conductor para motocicletas durante los primeros seis meses no podrán conducir en vías cuya velocidad máxima permitida sea superior a 60 kilómetros por hora. Asimismo, establece disposiciones más estrictas para la conducción de motocicletas con acompañantes.
Señor Presidente, no quiero entrar en detalles, sino simplemente decir que nos parece que la presente iniciativa parlamentaria va en la dirección correcta. De igual modo, que ella no solo es consistente con el Plan Nacional de Seguridad Vial para Motocicletas, sino también con la experiencia comparativa de países desarrollados con respecto a las normas que rigen la conducción de los vehículos de que se trata.
Muchas gracias.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, felicito a los autores de este proyecto relativo al control en la conducción de motos. Establecer diferentes categorías de licencias de conducir clase C: C-1, C-2 y C-3, me parece correcto y necesario, dada la falta de expertise de muchas de las personas que conducen motos.
Cuando vi este proyecto, me puse a investigar sobre la materia, ya que en mi zona ha habido muchos accidentes de carretera que no solo han causado la muerte de conductores, sino también la invalidez de por vida a algunas personas.
Pero, también, muchas veces las motos provocan que otros vehículos se accidenten, como ocurrió recientemente en la carretera entre San Pedro y Melipilla.
El aumento del parque de motos nos lleva a pensar en la necesidad que hoy tiene la gente de contar con un transporte más ligero que la conduzca a su trabajo, pero que también le sirva para divertirse.
Al revisar las estadísticas presentadas por Carabineros sobre este tema, nos damos cuenta de que la mayoría de los usuarios de motos son los jóvenes de entre 18 y 26 años de edad. Muchos de ellos no tienen la expertise necesaria para conducir ese tipo de vehículos, pero sí la osadía de hacerlo a gran velocidad para sentir la adrenalina que produce manejar una moto.
Por lo tanto, me parece superimportante aprobar este proyecto, que de alguna manera controlará esa situación.
Las estadísticas de Carabineros indican, además, que la mayoría de los conductores de motos sí tienen los elementos necesarios para protegerse, pero estos son totalmente deficientes si los sometemos a las normas internacionales, cuyo cumplimiento es muy necesario para poder proteger de alguna manera a quien va manejando, ya que su cuerpo forma parte de la carrocería de ese tipo de vehículos.
En este punto me refiero especialmente a los cascos. Según Carabineros, el 98 por ciento de los motociclistas sí usan casco; el 52 por ciento no se lo abrocha. De ese 52 por ciento, lo más probable es que haya un porcentaje alto que no cumpla las normas.
Por lo tanto, se calcula que de ese 98 por ciento que sí usa casco, al 67 por ciento no le sirve de nada.
En consecuencia, en este tema no solo hay que debatir sobre los distintos tipos de licencias que se entregarán, sino también normar de mejor manera la conducción de una moto, los elementos que se deben utilizar para protegerse cuando se manejan este tipo de vehículos. Así lo han hecho otros países, que incluso exigen usar una chaqueta acorde con el tipo de golpe que pueda recibirse en caso de accidente.
Por otra parte, hemos avanzado en el mejoramiento de las carreteras, de las diferentes calles y avenidas de nuestras ciudades, pero siempre enfocados en el automóvil, y, últimamente, en algunas ciclovías, sin considerar el importante aumento en el número de motos en nuestro país.
En esa materia debemos tener una mirada de futuro.
Quienes manejamos vehículos constantemente vemos motos que se cruzan de una calzada a otra, a veces sorpresivamente.
Entonces, no solo se trata de entregar licencias de conducir de diferentes categorías, de acuerdo con la expertise de los conductores, sino también de exigir la correcta conducción de una moto. Si se está usando para el deporte, que se haga en los lugares habilitados; pero si se tiene una moto para andar por la ciudad también debe haber ciertas regulaciones, porque no es lo mismo ir a 80 kilómetros por hora en un auto que en una moto. Si se produce un topón, en el caso de la moto afectará al cuerpo de su conductor; pero si trata de un automóvil, ello no afectará mayormente a quien lo maneja.
Entonces, si bien la iniciativa me parece muy importante y constituye un avance interesante, no me cabe duda de que todavía nos quedan muchos aspectos por normar, pues en el último tiempo ha aumentado fuertemente la cantidad de motos en nuestro país.
En 2005, se vendieron 27.741 motos en Chile, más las que ya había. En 2014, la venta fue de 167.876 unidades, más las que se habían acumulado. Por tanto, el porcentaje de aumento de estos vehículos en nuestro país no es menor. Eso significa que en esta materia también debemos preocuparnos, entre otros aspectos, de nuestras carreteras y no regular solo a través de la categorización de las licencias (C-1, C-2 y C-3).
Otro problema en este ámbito dice relación con el medio ambiente: el ruido que emiten las motos.
En Chile regulamos la emisión de ruidos en nuestras ciudades. Asimismo, para buses y camiones establecimos niveles de ruido máximo. Sin embargo, si bien respecto de las motos también hay una norma sobre emisión de ruidos, a estos vehículos no se les controla en las ciudades.
La moto también contamina el medio ambiente. Por tanto, respecto de las regulaciones sobre contaminación ambiental que nos encontramos estableciendo para las ciudades debemos tener claro que las motos a veces contaminan tanto o más que los autos. Eso no lo hemos tomado en cuenta.
En esta materia hay un gran desafío.
Todos somos conscientes de que la moto es un medio de transporte, un elemento deportivo y la manera en que los jóvenes se trasladan de un lado a otro, más aún cuando existen problemas con el transporte público. Sin embargo, no estamos mirando la forma como las motos afectan una serie de aspectos en nuestras ciudades, sobre todo si su incremento en número llega a casi 60 por ciento anual. Ello, con respecto al año pasado.
Hago un llamado de atención al respecto.
Considero que estamos ante un buen proyecto. Sin embargo, no cabe duda de que nos falta estudiar, a través del gobierno y del Ministerio de Transportes, la situación de las motos en nuestro país y establecer regulaciones que protejan a sus conductores y al resto de los ciudadanos. Ese medio de transporte me parece interesante, pero claramente está afectando diferentes aspectos del desarrollo de nuestras ciudades.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, el proyecto en debate aborda un tema tremendamente relevante, dado el gran aumento que ha experimentado el parque de motocicletas que circulan por nuestro país y, a la par, de los accidentes en que se ven involucradas, lo que hace necesario establecer una regulación legal más específica sobre la materia.
Básicamente, este proyecto propone la creación de nuevas categorías de licencias no profesionales clase C, acorde con la potencia del motor de las motocicletas, motonetas, bicimotos y vehículos similares que se quieran conducir, independientemente de la cantidad de ruedas que posean, y conforme a la experiencia en manejo que tenga el conductor. Entiendo que además el Ejecutivo presentará una indicación para distinguir entre bicimotos y motos eléctricas.
Es necesario destacar que, según lo expuesto por los autores de la moción, en 2011, cuando se presentó a tramitación esta iniciativa, había un parque de cerca de 90.000 motocicletas con permiso de circulación vigente, y que desde entonces se viene observando un crecimiento permanente, al igual que en el número de accidentes de tránsito relacionados con este tipo de vehículos, como acabo de expresar.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones informó a la comisión que el número de motos ha aumentado en 500 por ciento en diez años. Por ello, de las casi 28.000 unidades que había en 2005, subimos a casi 175.000 en 2015. En paralelo, aumentó el número de accidentes en los que participaron motocicletas, que este año llegó a 6.284, en los que hubo 153 motociclistas muertos y 5.230 lesionados.
Resulta natural el incremento de este tipo de vehículos ante las condiciones de congestión vehicular que vemos en las ciudades y por el precio de los combustibles. Pero no solo han aumentado en las ciudades, sino también en el mundo rural, donde paulatinamente han ido reemplazando al caballo como medio de transporte utilizado por los trabajadores agrícolas.
Todas estas consideraciones nos llevan a la necesidad de mejorar la regulación vigente, que debe establecer más exigencias a los conductores, acordes con la cilindrada de la motocicleta que quieran conducir. Como consecuencia de ello, deberían otorgarse licencias diferenciadas por tramos de cilindrada: de 50 a 125 centímetros cúbicos; de 125 a 500 centímetros cúbicos; de 500 a 750 centímetros cúbicos, y sobre 750 centímetros cúbicos, ya que cada grupo tiene exigencias de conducción diferentes.
Dado el tiempo transcurrido desde la presentación de la moción, se presentó una indicación sustitutiva al artículo único, a fin de incluir las motocicletas con motor eléctrico. Ella dispone restricciones específicas para cada tramo de potencia e incluye normas sobre el uso de medidas de seguridad y la edad mínima de los acompañantes.
En definitiva, valoro esta iniciativa, pues viene a establecer un nuevo estándar y nuevas exigencias para el uso de motocicletas, de modo de reconocer la realidad que se vive en materia de circulación vial.
Además, el proyecto se inserta en el contexto del Plan Nacional de Seguridad Vial, que es lo que queremos promover, a fin de evitar tantos accidentes y regular el tránsito de estos vehículos, las motocicletas, cuyo número ha aumentado en forma importante, al igual que los accidentes en los que se ven envueltas -lo reitero una vez más-, muchos de ellos incluso con consecuencias fatales.
En suma, queremos que, dado el aumento del número de estos vehículos, se establezcan mayores exigencias de seguridad y de experiencia a los conductores.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, me parece que ya se ha detallado bastante el contenido del proyecto, así que seré bastante breve.
Lo que se pretende con esta iniciativa es aumentar la regulación, simplemente eso.
La ley vigente permite que una persona que obtiene una licencia para conducir motocicletas pueda subirse a cualquiera de estos vehículos, ya sea que tenga 10 centímetros cúbicos o 2.000 centímetros cúbicos. La exigencia es la misma: tener la licencia.
¿Qué intenta hacer el legislador al respecto? En la comisión lo discutimos largamente. Hay motocicletas con motores que superan los 1.000 centímetros cúbicos, por lo cual no las pueden manejar personas que no tengan suficiente experiencia. Sería como pasarle un jet a una persona acostumbrada a pilotear aviones chicos.
¿Qué va a pasar cuando se apruebe este proyecto? Se privilegiará que los conductores puedan ir subiendo de categoría conforme aumente su experiencia, hasta quedar habilitados para conducir cualquier moto, independientemente de su cilindrada.
Hasta ahora se ha privilegiado el dinero, no la experiencia. Me explico: si una persona tenía los medios para comprarse una moto de 1.500 centímetros cúbicos, iba, la compraba y sacaba un “carnecito”, sin que le preguntaran sobre su experiencia para conducir ese vehículo. Simplemente se subía a la moto y partía.
Es indudable que eso ha redundando en el número de accidentes que se han producido, porque la gente va agarrando cada vez más confianza y sube de cilindrada, aunque no tenga la experiencia suficiente como para manejar ese tipo de motos.
En la comisión también se vio que no había legislación respecto de las motos eléctricas, que son una tremenda solución para los problemas de congestión y contaminación que enfrentamos. Quienes hemos tenido la suerte de visitar países como Vietnam o Tailandia, sabemos que en ellos circulan miles y miles de motos eléctricas, que no contaminan el aire y son silenciosas. Ojalá se impongan pronto en nuestro país.
En consecuencia, se presentó una indicación sustitutiva para regular ese tipo de motocicletas, lo que indica que vamos por buen camino. Creo que es positivo todo lo que se relacione con el buen manejo y la seguridad de las personas, y debemos legislar al respecto.
Aprovecho de mandarle un aviso al señor ministro presente: este problema de las licencias de conducir también se está produciendo entre los choferes de los buses del Transantiago, porque no hay suficientes conductores que cuenten con la licencia pertinente. Hay algunos que tienen licencias para camiones u otros vehículos, pero no para buses, lo que produce inseguridad entre los pasajeros.
Sería bueno que eso se corrigiera y que se legislara mejor al respecto.
Con el gran respeto que tengo por mi amigo Ramón Farías , debo recordar que hace muchos años presenté un proyecto similar al que estamos discutiendo, pero no se justificó su tramitación en ese momento porque había poquísimas motos.
Por lo tanto, me alegro mucho de que la iniciativa en debate termine siendo ley de la república, sin importar quién la haya presentado, ya que lo fundamental es la seguridad y el beneficio que dará a las personas que se señalan en ella, razones por las cuales considero que es un buen proyecto.
Sin embargo, por intermedio del señor Presidente quiero plantear una duda al señor ministro.
Me contaron que muchos escolares europeos y de países desarrollados, de 14, 13 o 12 años, van al colegio en unas motos chiquititas o en bicicletas que usan motores Mosquitos, que fueron muy populares en Chile.
Al respecto, pregunto: ¿Qué licencia se exigirá para manejar una bicicleta con un motor de menos de 50 centímetros cúbicos de cilindrada? Lo pregunto sin ninguna animosidad, porque mucha gente de los sectores rurales usa bicicletas con motores tipo Mosquito para recorrer ciertas distancias, debido a que los caminos están en buenas condiciones; pero si se les exige licencia para conducirlas, les será prácticamente imposible usarlas.
El diputado Farías me hace señas de que no se les exigirá licencia a los usuarios de motos de menos de 50 centímetros cúbicos de cilindrada, lo que considero muy bueno, ya que los pobladores de los sectores rurales que poseen ese tipo de vehículos tendrán la certeza y la seguridad de que no se les va a pedir licencia para conducirlas.
Como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, me alegro mucho de haber participado en el estudio del proyecto y de haber firmado la indicación sustitutiva.
Espero que la iniciativa se transforme pronto en ley, para dar seguridad a los transeúntes y, más aún, a los propios conductores de motocicletas, razón por la que Renovación Nacional la votará favorablemente.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, permítame discrepar de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y del ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Estoy en contra del proyecto de ley por las siguientes razones.
No creo que las motos puedan ser más peligrosas que los autos, por mucho que lo repitan. Una persona que tiene licencia clase B puede comprarse un auto con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos o uno de 4.000 centímetros cúbicos.
Señor Presidente, usted comprenderá que la aceleración y velocidad que tiene uno y otro vehículo son absolutamente distintas, por lo que pueden provocar una enorme cantidad de accidentes, por las mismas razones que provocan los accidentes de las motos.
En consecuencia, también deberíamos establecer licencias clase B1, B2, B3 y no tengo idea cuántas más; pero no me parece que sea ese el camino.
Por otro lado, por lejos, la mayor cantidad de motos se usa en Santiago, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo; pero lo único que logran con las medidas que toman para descontaminarla es que la gente compre y use más automóviles.
En consecuencia, tratemos de dar facilidades a la gente que anda en moto, con el objeto de que menos personas circulen por Santiago en vehículos más contaminantes.
¿Qué se hace para dar facilidades a los conductores de motos? Se prohíbe a los conductores de motos transportar a menores de 12 años. Es decir, un padre no podrá circular en moto con su hijo de 11 años. ¡Por favor!
Me imagino que todos los parlamentarios que han viajado alguna vez fuera de Chile habrán visto lo que ocurre en otros países. Hace un año me tocó estar en Vietnam, donde el 90 por ciento de su población se traslada en motonetas. Ahí uno puede ver familias completas viajando en esos vehículos: la guagua adelante, el cabro chico en la espalda, el otro más atrás, todos en una motoneta. No sé qué cantidad de millones de motonetas hay en ese país, pero es una locura, es impresionante. En algunos lugares confluyen seis o siete calles, pero se las arreglan lo más bien para transitar. Hay pocos semáforos.
¡Claro que hay accidentes! ¡Claro que se caen! Es imposible que no ocurran accidentes; pero no tienen contaminación, y la motoneta permite que las familias se trasladen de un lugar a otro.
¡Con este proyecto se acabó esa facilidad! La familia ya no podrá trasladarse para ninguna parte en motoneta o en moto. No hay ninguna posibilidad, porque prohibieron a los menores de 12 años ir como pasajero en una moto.
¡Por favor! Eso va contra la libertad de las personas, es una norma restrictiva! ¡Que alguien de mi sector que apoya el proyecto me diga que eso no va contra la libertad!
Los menores de 12 años no podrán andar en moto, en motoneta ni en nada; ¡no podrán andar con sus padres! Incluso más, con esa lógica se podría argumentar que un joven mayor de 12 años que tiene los pies muy largos tampoco podría andar como acompañante en una moto, porque podrían enredarse en la cadena o en la rueda. ¡Debe tenerlos cortitos para que no suceda eso!
¡Por favor, presentemos proyectos bien hechos, no al lote!
Discúlpenme que les diga que no puedo estar más en contra del proyecto de ley que estamos discutiendo, respecto del cual todos han planteado, con una facilidad de palabra gigantesca, que se trata de una gran iniciativa, que va a cambiar la seguridad y el manejo de las motos. ¡Por favor, no va a cambiar nada de nada, pero iremos haciendo cada vez más restrictivo el funcionamiento de nuestro país!
Olvídense de esos cuentos. Va a haber menos motos en Santiago, pero habrá muchos más autos de los que hay en la actualidad, lo que aumentará mucho más la contaminación que existe en Santiago. Usted, señor ministro, por intermedio del señor Presidente, con este proyecto de ley está restringiendo la posibilidad de que mucho más gente tenga motos o motonetas para desplazarse, con lo que se evitaría la contaminación, que tiene ahogados a todos los santiaguinos.
También impedirá que las familias se puedan desplazar en moto. Cuando un padre de familia quiera ir en moto al parque O´Higgins el fin de semana, no podrá hacerlo; tendrá que salir en auto, si lo tiene. O bien tendrá que vender la moto para comprarse un auto para andar con su familia, porque no podrá llevar como acompañante a su hijo de 11 años. ¡Sonó! Obligadamente, tendrá que dejarlo en casa; tendrá que ir con parte de la familia al parque O´Higgins, no podrá ir con toda su familia. ¡No, pues, señores!
Aprendamos de la experiencia internacional, de lo que ocurre en otros países. Vietnam es un ejemplo clarísimo. ¿Cuáles son los ejemplos que ponen en el proyecto? El de Uruguay y el de Argentina. ¡Por favor, pongan ejemplos de países con mayor cultura, más importantes, no de esos países! No tengo nada en contra de Argentina ni de Uruguay, pero esos no son ejemplos verdaderos.
El señor ministro dice que el aumento de accidentes de tránsito en motos es gigantesco. Pero las motos, ¿con quién han chocado, ministro, por intermedio del señor Presidente? Esa es la pregunta. El gallo que iba en la moto, ¿se sacó la cresta solo o chocó con un auto, con un bus o con un camión? ¿Quién provocó el accidente? Eso me gustaría saber. Efectivamente, había una moto en el accidente; pero, ¿quién lo provocó? ¿La moto, el auto, el camión o la micro?
Es fácil decir que hay aumento de accidentes en moto sin señalar los motivos.
Me gustaría saber cuántos accidentes en moto se han producido sin intervención de terceros, o sea, cuántos conductores se sacaron la cresta en una moto sin que intervinieran otros vehículos. Ese es un accidente de moto, pero no este cuento en que mezclamos peras con manzanas, como se está haciendo aquí.
Así que, señor Presidente, por muy interesante que pueda resultar el proyecto para la gran mayoría de los diputados, como estoy viendo, para mí es muy malo, motivo por el cual lo votaré en contra.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, me confunden las opiniones vertidas por mi amigo el diputado señor Ignacio Urrutia ; pero estamos en el hemiciclo de la democracia, donde las opiniones vertidas tienen que ser respetadas. Yo respeto su opinión, pero no la comparto.
El diputado señor Ramón Farías nos ha entregado unos datos que señalan que en Chile había 27.741 motos en 2005; diez años después, el año 2015, tenemos 173.056 motos censadas. Además, tenemos 153 fallecidos en 2015 en accidentes de moto.
Me confunden las opiniones de quienes están en contra del proyecto. Yo estoy a favor de él. Con el debido respeto, estamos hablando de 153 fallecidos, de acuerdo a la información proporcionada por el autor del proyecto, el diputado Ramón Farías .
Si bien es atingente todo lo que aquí se ha dicho, ello no mejora el proyecto de ley. Todos quienes nos trasladamos a diario en vehículo vemos la imprudencia de quienes conducen motocicletas.
La experiencia es el elemento clave para determinar la categoría de quien conduce una moto.
Ha aumentado el número de motos en el país, por lo cual se hace necesaria una mayor regulación, y han cambiado sus características técnicas, lo que las convierte en “pequeños automóviles”. De ahí que existen más riesgos de provocar accidentes y siniestros.
Efectivamente, tal como se plantea en el informe, durante la última década en Chile se ha registrado un aumento significativo en la compra de motocicletas -algo similar ha ocurrido en relación con el parque automotor-, que dobla la compra de automóviles.
El proyecto propone tres categorías de licencia, de acuerdo a la cilindrada: C1, C2 y C3. Quienes conduzcan deben poseer la capacidad suficiente para disminuir el riesgo de accidentes.
El proyecto, con las indicaciones presentadas, apunta en el sentido correcto, porque se priorizan los requisitos para acceder a las licencias, de acuerdo a las características de los móviles y de las personas que quieren conducirlos.
Espero que la mayor regulación contribuya a bajar las tasas de accidentes en los que se ven involucrados este tipo de vehículos, las que han aumentado significativamente. Eso nos debe preocupar más que el hecho de si es posible transportar a un niño menor de doce años que no alcanza los pedales.
Felicito a los autores del proyecto, en especial al diputado Ramón Farías , quien nos ha aclarado aspectos importantes de esta iniciativa, que apunta en la línea correcta, por lo cual le daré mi aprobación.
Agradezco al ministro de Transportes y Telecomunicaciones la calificación de suma urgencia dada al proyecto, porque está en juego la vida de muchos ciudadanos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, hay que reconocer la preocupación de los diputados que presentaron este proyecto de ley, que tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad.
Las aprensiones que ha planteado el diputado Ignacio Urrutia son razonables. En primer lugar, la clasificación en tres categorías es solo teórica, porque cuando se revisa el proyecto vemos que la clase C1, que se aplica a vehículos de dos, tres o cuatro ruedas de hasta 125 centímetros cúbicos, no guarda relación con las clases C2 y C3. La C2 incluye a vehículos entre 125 y 500 centímetros cúbicos, y la C3, vehículos de 500 centímetros cúbicos hacia arriba
Hay que reconocer que el planteamiento del diputado Ignacio Urrutia tiene lógica cuando nos dice que en el caso de los vehículos clase B también se debería tener esta clasificación.
Al respecto, independientemente del planteamiento, creo que es útil tener presente esa opinión. Es probable que el proyecto sea aprobado, pero siento que la clasificación no resulta razonable.
La letra B) del número 1 del artículo único del proyecto se señala: “Quienes obtengan licencia Clase C-1 -corresponde a vehículos motorizados de dos, tres o cuatro ruedas cuya cilindrada sea de hasta 125 centímetros cúbicosno podrán, durante los seis primeros meses contados desde la obtención de dicha licencia, transportar acompañantes…”.
No sé si eso es correcto. ¡Le damos la licencia o no se la damos! Este paso intermedio, que casi significa “mátese solo si quiere”, francamente me parece poco razonable.
En razón de lo anterior, considero necesario revisar que el proyecto, porque si bien tiene una muy buena intención, sé que muchos de los que estamos acá estamos pensando las palabras del diputado Ignacio Urrutia .
Hace algunos años, el diputado René Manuel García presentó una moción respecto de esta materia, y hoy el diputado Ramón Farías retomó la preocupación al respecto, de lo cual me alegro porque me gustan las motocicletas.
Se hace necesario revisar lo que se ha planteado, incluida la prohibición de transportar a menores de 12 años.
Estamos ante una situación compleja, porque si bien es un proyecto que busca mejorar la actual situación, generará consecuencias y efectos no deseados. Por lo tanto, preferiría que se revisara en la comisión técnica.
Al respecto, presentaré indicaciones con el propósito de que el proyecto vuelva a la Comisión de Transportes. Si bien dicha instancia ha trabajando con ahínco en esta materia, es necesario que revise dicha situación, porque tengo la impresión de que vamos a cometer errores y podemos provocar efectos no deseados en una legislación que, sin duda, requiere un perfeccionamiento.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que restringe la entrega de licencias clase C.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 9 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías.
-Votó por la negativa el diputado señor Urrutia Bonilla, Ignacio .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Kast Rist, José Antonio ; Macaya Danús, Javier ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para tratar la indicación de los diputados Ramón Farías , Jenny Álvarez , Jaime Bellolio , Clemira Pacheco , Fernando Meza , Javier Hernández , Felipe Letelier , Leopoldo Pérez y Jorge Sabag .
Acordado.
El señor Secretario dará lectura a la indicación.
El señor LANDEROS (Secretario).-
“1. Modifícase el acápite LICENCIA NO PROFESIONAL, introducido por la letra A) del Artículo Único, en el siguiente sentido:
a. Reemplázase en el inciso primero la frase “en este último caso” por “en estos dos últimos casos”;
b.- Agrégase el siguiente inciso segundo: “Con todo, los conductores de vehículos de dos, tres o cuatro ruedas que cuenten con un motor auxiliar de 50 centímetros cúbicos o menos así como con un motor auxiliar eléctrico de hasta 0,25 kilowatt de potencia, donde la alimentación es reducida o interrumpida cuando el vehículo alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora o antes si el conductor termina de pedalear o propulsarlo, no requerirán estar en posesión de licencia de conductor.”.
“2. Intercálase el siguiente numeral 3.-, pasando el actual número 3.- a ser número 4.-, y así sucesivamente:
“3.- Modifícase el artículo 14, acápite B) LICENCIA NO PROFESIONAL Y LICENCIA ESPECIAL, en el siguiente sentido:
Agrégase a continuación del numeral 2°, el siguiente numeral 3°, nuevo:
3°.- Sin perjuicio de lo establecido en el numero 2° anterior, en los casos en que se exija haber aprobado un curso teórico y práctico en una Escuela de Conductores no Profesionales reconocida oficialmente, la acreditación de tales conocimientos teóricos y prácticos se realizará por medio de un certificado emitido por dicha Escuela.”.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en particular el texto propuesto por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con la indicación parlamentaria que se acaba de leer.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 8 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Turres Figueroa, Marisol ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías.
-Votó por la negativa el diputado señor Urrutia Bonilla, Ignacio .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Arriagada Macaya, Claudio ; Macaya Danús, Javier ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle , Arturo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a la indicación del diputado Jorge Ulloa , mediante la cual se pretende eliminar la letra B).
El señor LANDEROS (Secretario).-
La letra B) que se pretende eliminar dice: “Agréganse, a continuación del inciso final, los siguientes nuevos incisos:
“Quienes obtengan licencia Clase C-1 no podrán, durante los seis primeros meses contados desde la obtención de dicha licencia, transportar acompañantes ni conducir en vías donde la velocidad máxima sea superior a la establecida en el artículo 145 para las vías de zonas urbanas.
Igual restricción tendrán quienes obtengan licencia de conductor Clase C-2 sin haber estado en posesión de licencia Clase C-1 por al menos un año o sin haber estado en posesión de licencia Clase B por 4 años y 24 años de edad mínima, así como para quienes obtengan licencia de conductor Clase C-1 antes de cumplir 18 años, por todo el período que medie hasta cumplir esa edad y hasta por un plazo de 6 meses contados desde que se haya cumplido 18 años.”.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Solicito la unanimidad de la Sala para votar la indicación. No hay acuerdo.
Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACTUACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COMPETENTES EN RELACIÓN CON INCENDIO OCURRIDO EN RELLENO SANITARIO SANTA MARTA (CONTINUACIÓN)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta .
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, se destinará una hora al debate de este informe, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Hago presente a la Sala que el informe de la comisión especial investigadora fue rendido en la sesión 71a, del 14 de septiembre pasado.
Antecedentes:
-El informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta se rindió en la sesión 71ª de la presente legislatura, en 14 de septiembre de 2016.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto .
El señor SOTO.-
Señor Presidente, cuando asumimos el mandato de dirigir una investigación sobre las causas y responsabilidades de lo ocurrido en el incendio del relleno sanitario Santa Marta , en enero de este año, jamás esperamos encontrar la increíble y evidente suma de errores, incumplimientos, omisiones, conductas dolosas e irresponsabilidades, tanto de parte del operador del relleno como de las autoridades que debían fiscalizarlo, que detectamos en estos meses de indagatoria.
Estas negligencias e incumplimientos se combinaron en esas semanas de enero para producir una verdadera tragedia ambiental: un derrumbe y una avalancha de medio millón de toneladas de basura compactada que se desmoronó y se deslizó cerro abajo por una superficie de varios miles de metros, en que desplazó líquidos percolados y gases tóxicos fuera de las celdas de contención.
Tres días después, en el mismo lugar, se inició la combustión de los gases que emanaban del derrumbe, que quedaron expuestos a partir del deslizamiento, y se provocó un incendio que duró varios días, el cual generó una gigantesca nube de humo y hedor, con componentes tóxicos, que se esparció sobre San Bernardo y el resto de las comunas urbanas de la capital. Una nube de humo tóxico que respiró gran parte de los millones de habitantes del Gran Santiago, cuyos efectos nocivos para la salud humana aún están en pleno desarrollo y cuyas consecuencias todavía resultan difíciles de determinar.
Pero en nuestra indagación logramos determinar con total certeza quién fue el responsable directo de esta tragedia: el propio dueño de la empresa que opera este relleno, que compareció ante la comisión y dijo abiertamente que reconocía el ciento por ciento de la responsabilidad en este desastre ambiental, puesto que él debía velar por que la operación fuera segura, pero, claramente, falló, con las consecuencias por todos conocidas.
Según el expediente sancionatorio abierto por la Superintendencia del Medio Ambiente para investigar a esta empresa, se comprobó fehacientemente que, antes del derrumbe y del incendio, el titular, el dueño de la empresa, decidió, por sí y ante sí, ignorar y vulnerar las condiciones que le había puesto la resolución de calificación ambiental vigente y procedió a aumentar la cantidad de basura a recibir sobre el límite que tenía autorizado -y no por poco tiempo, sino durante varios años y a apilarla en las celdas de basura más arriba de la altura máxima permitida por la autorización, y agregó lodos semilíquidos no autorizados que, sin duda, afectaron la estabilidad total.
Como resultado, la combinación de esos incumplimientos -todos comprobados tuvo como consecuencia la alteración de la estabilidad estructural y ambiental de la montaña de millones de toneladas de basura hasta que esta se derrumbó e incendió esa mañana de enero.
Si es evidente la responsabilidad directa de la empresa, la pregunta que cabe hacerse es:
¿Qué hacían los organismos públicos a cargo de fiscalizar al operador de este relleno sanitario mientras todo esto sucedía durante años? ¿Por qué no se detectaron antes los incumplimientos de la resolución de calificación ambiental?
Pudimos comprobar que todo nuestro sistema de prevención y fiscalización también falló, porque, a pesar de haber visitado el relleno sanitario varias veces en los seis meses anteriores a este desastre ambiental, no detectaron a tiempo algo que era muy simple de verificar: que la empresa estaba recibiendo más basura que la autorizada y que esta se colocaba a mayor altura que la permitida, lo que se podía constatar hasta visualmente.
Además de ello, durante el trabajo de la comisión, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana y la Superintendencia del Medio Ambiente, responsables directas de fiscalizar, se enfrascaron en una discusión estéril e inútil con la finalidad de determinar cuál de ellas tenía competencia y responsabilidad legal exclusiva en materia de fiscalizaciones a vertederos o rellenos sanitarios.
A tanto llegó el absurdo de la inconsistencias de los organismos fiscalizadores que logramos detectar que el subsecretario de Salud del pasado gobierno, mediante el oficio ordinario N° 1212, instruyó a todas las Seremis de Salud del país que debían abstenerse de realizar fiscalizaciones sobre las principales empresas con pasivos ambientales si estaban reguladas por una RCA.
De esta manera, y para mala noticia de todos los que viven en la zona de influencia de estos rellenos sanitarios, se comprobó que nadie -reitero: ¡nadie! da la completa seguridad de controlar, al menos, que esta clase de empresa cumpla con las obligaciones, condiciones de operación y procedimientos establecidos en la resolución de calificación ambiental emitida por la autoridad que los autorizó a funcionar.
Si la empresa no cumplió con sus obligaciones y los que debían controlarla tampoco lo hicieron, alguien pensará que ahora que se comprobó el incumplimiento se aplicará al infractor todo el peso de la ley, las más severas sanciones por el derrumbe, incendio y daño causado a todos los habitantes de Santiago. ¡Eso tampoco ocurrirá, porque comprobamos que la empresa dueña del vertedero ha quedado completamente eximida -que todos lo escuchen bien de cualquier tipo de sanción por su conducta!
Aunque exista una confesión completa y suficiente por parte del titular del proyecto, que reconoce su participación culpable en los hechos, que, incluso, pueden revestir las características de un delito, este no cumplirá un solo día en prisión; es más, ni siquiera recibirá una multa por su mal proceder. ¡Ni siquiera una multa!
La empresa se ha eximido de toda sanción al presentar un programa de cumplimiento, donde propone varias medidas que no son otras que rearmar la masa de basura y cumplir lo que antes no hacía.
Por tanto, no se puede sino concluir que el resultado del sistema sancionatorio del Estado de Chile, en relación con el derrumbe e incendio en el relleno sanitario Santa Marta , es una completa burla para todos los millones de chilenos que expusieron su salud a la nube tóxica y al hedor que invadió San Bernardo y el resto de las comunas de Santiago.
Pareciera que el sistema de sanciones ambientales del Estado de Chile no es más que una suma de buenas intenciones. Es una vergüenza que nuestra autoridad ambiental se ensañe y persiga a pequeños comerciantes que venden pescado o a pequeñas fábricas de empanadas y que sea complaciente y haga la vista gorda frente a las grandes empresas contaminantes, como las mineras, las centrales eléctricas o, como en este caso, los rellenos sanitarios, como Santa Marta.
Por ello, la comisión que he tenido el honor de presidir, por la unanimidad de sus integrantes, concluyó que la conducta anterior de la empresa titular del relleno, la cantidad y severidad de las infracciones cometidas y el daño evidente e inconmensurable que se causó a la salud de todos los habitantes de la zona sur de la capital del país debió haber tenido las siguientes consecuencias:
El rechazo al plan de cumplimiento propuesto, dado que correspondía aplicar las máximas sanciones que contempla nuestro ordenamiento jurídico, esto es, la revocación de la autorización y de la resolución de calificación ambiental, y el pago de las multas más altas previstas.
Toda sanción debe tener un efecto disuasivo importante sobre la conducta del infractor y aquí se ha hecho una verdadera invitación a seguir infringiendo nuestra legislación.
Por ello, la comisión ha propuesto numerosas medidas y recomendaciones que se detallan en el informe:
Para proteger a las personas afectadas por el incendio, se propone hacer nuevos estudios sobre las aguas y la nube de humo. También se recomienda aumentar los recursos para fiscalización. En todo caso, lo más importante es que se establezca como delito el daño ambiental, el cual lleve a la cárcel a infractores, como el titular de la empresa mencionada.
Para terminar mi intervención, anuncio que en los próximos días presentaré un proyecto de ley que tipifique el delito en contra del medio ambiente, de manera que nunca más debamos contemplar, amarrados de manos, una situación de la gravedad ocurrida en Santa Marta, donde por una inaceptable omisión en nuestro catálogo de delitos se completa un capítulo más de pura y vergonzosa impunidad para las empresas poderosas del país.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos competentes en relación con el incendio ocurrido en el relleno sanitario Santa Marta .
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espejo Yaksic, Sergio ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo , Vlado ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITIERON EL FRAUDE FISCAL OCURRIDO EN EL EJÉRCITO
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades administrativas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de Ley Reservada del Cobre entre 2011 y el presente año.
En conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, se destinarán diez minutos para la rendición del informe y, luego, un tiempo de debate de una hora, divido proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Jaime Pilowsky .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de fraude fiscal ocurrido en el Ejército por apropiación indebida de fondos derivados de la ley reservada del cobre, sesión 64ª de la presente legislatura, en 1 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PILOWSKY (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de las responsabilidades administrativas que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente, paso a informar las conclusiones presentadas por la totalidad de los miembros integrantes de la misma, aprobadas por asentimiento unánime en sesión de 29 de agosto de 2016.
Votaron a favor los diputados señores Pedro Browne , Gustavo Hasbún , Luis Lemus , Nicolás Monckeberg , José Pérez , Jaime Pilowsky (Presidente), Ricardo Rincón , Marcelo Schilling , Guillermo Teillier , Jorge Ulloa , Osvaldo Urrutia y Germán Verdugo .
La comisión celebró un total de veintisiete sesiones, recibió a cuarenta y cuatro invitados y despachó ciento veintitrés oficios.
Me voy a referir brevemente a las conclusiones y recomendaciones aprobadas por la comisión.
La Comisión Investigadora se constituyó con fecha 15 de diciembre de 2015 y surgió a propósito de la información difundida en medios de comunicación y de las investigaciones judiciales que se llevaban al efecto respecto de la utilización por parte un grupo de funcionarios del Ejército de facturas material e ideológicamente falsas para desviar recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Para cumplir esta misión, la comisión invitó o citó a los distintos actores relacionados con la administración, ejecución y control de los fondos, quienes, en su gran mayoría, a pesar de que algunos de ellos no tenían la obligación legal de asistir, concurrieron a entregar su testimonio a esta instancia. En este aspecto, la comisión resalta la colaboración del Ejército para que ello fuera posible.
A pesar del carácter reservado de la ley y de que la información que se relaciona con ella se cataloga de igual manera, la comisión realizó un esfuerzo por hacer públicas las sesiones, incluyendo su difusión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, lo que significó una apertura a la ciudadanía de antecedentes que concitaron gran interés público.
En cuanto a las conclusiones generales, puedo señalar que, sin perjuicio de lo expuesto y de las responsabilidades asignadas a los distintos actores en el marco de la competencia específica que dispuso la Cámara de Diputados, esta comisión quiere hacer presente que, en el marco actual de financiamiento y sus especiales características de reserva, es necesario efectuar un análisis más sistemático de la materia investigada, y no solo del fraude que involucra a un grupo de funcionarios de Ejército y a determinados proveedores que, a través de facturas materiales e ideológicamente falsas, desviaron casi 6.000 millones de pesos dispuestos para materias concernientes a la defensa nacional.
En una sociedad moderna y democrática la regla general es que los recursos públicos sean utilizados de forma transparente y eficiente, con mecanismos de escrutinio de la ciudadanía. Sin embargo, en materia de defensa nacional existe un razonable y necesario ámbito de confidencialidad.
En tal contexto, uno de los fundamentos recurrentes que suele invocarse como causal de reserva es precisamente la seguridad de la nación, algunas veces de forma amplia y no en sentido estricto. En efecto, la reserva debiera utilizarse solo en aquellos casos en que la publicidad del acto y resolución del órgano del Estado pudiere afectar la seguridad de la nación y no solo cuando se encuentre relacionada con aquella.
En cuanto a las responsabilidades, puedo agregar que para los miembros de la Comisión, a la Contraloría General de la República le asiste, entre otras, la responsabilidad de falta de diligencia y cuidado al tomar razón, el 13 de mayo de 2005, como original, un texto del decreto supremo Nº 124, del Ministerio de Defensa, que no era tal. A partir de ese manifiesto error, reconocido por el actual contralor, se emitió un dictamen el 15 de octubre de 2009 que, sin duda, limitó la potestad plena de la Contraloría General de la República y contribuyó a no tener una política permanente y eficaz de fiscalización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre entregados a las diversas instituciones de las Fuerzas Armadas.
En relación con el Ministerio de Defensa Nacional, cabe señalar que por los antecedentes expuestos se pudo constatar la dificultad que tuvo dicho ministerio para la implementación de la legislación publicada en febrero de 2010 y que estableció una nueva institucionalidad en la citada cartera.
Con todo, en opinión de esta comisión, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas le caben responsabilidades en el ejercicio de su labor, contemplada en la ley Nº 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, a saber, fallas y retardos en la implementación de los mecanismos de control que debía aplicar la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas en
2010, los que provenían de la institucionalidad anterior, Consudena , todo ello de conformidad con el artículo 8° del decreto supremo N° 124, de 2004, que señala que a esa entidad le corresponde “fiscalizar, controlar y aprobar las rendiciones de cuentas de las inversiones ya decretadas”.
En tal sentido, existe responsabilidad de los subsecretarios para las Fuerzas Armadas al no revisar y aprobar las rendiciones de cuentas entregadas y que, como se ha señalado en este informe, se encuentran pendientes de aprobación desde el cuarto trimestre de 2011, por cifras que ascienden a 929.529.979 dólares y a 79.907.095.440 pesos, tal como lo informó el ministro de Defensa a esta comisión.
En relación con la comandancia en jefe del Ejército y su comandante en jefe de la época, a juicio de esta comisión, según los antecedentes tenidos a la vista durante la investigación, el comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba , quien ejerció durante el período de competencia de la comisión (entre 2011 y 2014), en cuanto jefe superior de la institución según lo dispone el artículo 46 de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, tuvo responsabilidad en el siguiente sentido:
El comandante en jefe del Ejército es responsable por el correcto funcionamiento de su institución. Como superior jerárquico y máxima autoridad no puede disculparse con la omisión o descuido de sus inferiores en los asuntos que pueda o deba vigilar. Se reprocha que no haya hecho una adecuada supervisión de quienes dependen orgánicamente de él, en este caso de los oficiales que se encontraban a cargo de la contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza.
La comisión quiere dejar constancia de que el excomandante en jefe del Ejército, general de ejército Juan Miguel Fuente-Alba , si bien no tenía obligación legal de comparecer ante la comisión investigadora, fue el único exmilitar de alta graduación que, invitado en dos oportunidades, no concurrió. Se excusó aludiendo que las materias estaban siendo objeto de investigación judicial, por lo que no resultaba recomendable asistir a la comisión.
En relación con la contraloría general del Ejército, la contraloría general del Ejército no cumplió su misión institucional en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización, garantizando que todos los procesos y procedimientos que desarrollen las unidades bajo inspección se encuentren ajustados a la normativa legal vigente.
De acuerdo con lo señalado, se asigna una responsabilidad directa a los generales Andrés Polloni Contardo , Jorge Guzmán Fredes , Iván González López , que dirigieron este organismo en el período durante el cual se extendieron los ilícitos investigados, pues no cumplieron con la debida diligencia en su labor fundamental antes reproducida.
En relación con la tesorería del Ejército, a partir de los antecedentes expuestos, es posible determinar que la tesorería del Ejercito incumplió su misión institucional, que dice relación con la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la institución, los que son tramitados por los responsables de administrar los recursos financieros provenientes de las leyes asociadas a la cobertura monetaria en moneda nacional y moneda extranjera, lo anterior con eficiencia, al servicio de las unidades y contribuyendo al desarrollo de la institución. No se cumplió con ese objetivo institucional.
Desde el punto de vista administrativo y político, se extendieron las responsabilidades a los oficiales Fernando Grossi García y Carlos Frez Ramírez .
En relación con el Comando de Apoyo a la Fuerza y sus dependencias, este organismo, que es el que administra los fondos de la Ley Reservada del Cobre, incumplió su misión de proponer, coordinar, ejecutar y controlar los fondos asignados provenientes de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, tarea que se le encomendaba en virtud de la orden comando que regula su creación.
A este respecto, existe una directa responsabilidad de los oficiales generales que lo dirigieron, señores Antonio Cordero Kehr , Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías , ya que como jefes superiores de aquel, actuaron de manera negligente en el cumplimiento de sus obligaciones al hacer estrictamente lo indispensable, y mantener los procedimientos sin la modernización que se requería para tales efectos.
Constituye una falta de cuidado en el ejercicio de su cargo la omisión del general de brigada Carlos Villalobos Vera , quien estuvo al mando de la División de Mantenimiento del Comando de Apoyo a la Fuerza, desde el año 2009 hasta el año 2012. El citado oficial, de manera inexplicable, ignoró un informe elaborado, en septiembre de 2011, por el coronel Miguel Cantallopts , jefe del Departamento II Inteligencia, quien dio cuenta de irregularidades (falsificación en una cotización realizada por dos funcionarios que finalmente terminaron procesados y en prisión) detectadas en el citado organismo y que, de haberse denunciado en dicha oportunidad a las autoridades competentes, investigadas y debidamente sancionadas por estas, habrían disminuido las probabilidades de que se continuase con la ejecución de hechos ilícitos al interior del CAF por los funcionarios que participaron de aquellos.
En abril de 2014, cuando el Ejército denunció ante la justicia los ilícitos cometidos por un grupo de funcionarios, se encontraba dirigiendo el CAF el general de división Iván González López , quien cumplió esa misión desde el mes de enero de ese año hasta diciembre de 2015. Cabe señalar que este oficial no empleó la diligencia exigible, atendido su rango y cargo, al no custodiar y/o respaldar la información contenida en el servidor y en los computadores del personal involucrado.
El resto de las responsabilidades están consignadas en el informe.
Recomendaciones
La comisión investigadora hace veintidós recomendaciones, las cuales trabajó desde el ámbito legislativo durante el desarrollo de su mandato.
1. Derogación de la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas.
La comisión aprobó esta recomendación por unanimidad.
El actual sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas cumplió un ciclo. Es necesario establecer un nuevo esquema de financiamiento de ellas que permita la planificación a largo plazo de la Defensa Nacional, una mayor participación del Congreso Nacional en las autorizaciones y controles de los recursos, y mecanismos potentes de control a través de la Contraloría General de la República.
Por ello, recomendamos acelerar la tramitación de un proyecto que recoja esos elementos. Una alternativa es poner en discusión el proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín N° 7678-02). Cabe señalar que dicho proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados en 2012, y que el gobierno actual ha comprometido, para el segundo semestre del presente año, introducirle una serie de modificaciones mediante la correspondiente indicación, las que deberán ser analizadas por la Cámara Alta, y después, en un tercer trámite, por la Cámara de Diputados.
2. Modificaciones al modelo de transferencia del 10 por ciento de Codelco y utilización del Fondo de Contingencia Estratégica. Ello implica lo siguiente:
Establecer que los ingresos de las ventas del Cobre y sus subproductos entren a la caja de Codelco y se liquiden a fin de año, a fin de evitar gastos financieros asociados a los requerimientos de liquidez durante el año. Este costo financiero podría ascender a 35 millones de dólares.
Hacer una modificación de la normativa, de manera transitoria, para autorizar inversiones del Fondo de Contingencia Estratégico en negocios y proyectos de Codelco, lo que podría producir un ahorro de 85 millones de dólares al año al fisco.
3. Informes de la Contraloría General de la República a las comisiones de Defensa del
Congreso Nacional.
La Contraloría General de la República ha informado, mediante oficio Nº 36.663, dirigido a la comisión, que con el objeto de transparentar la labor de auditoría desarrollada en materias de carácter reservado, se han publicado en la página web el listado de informes evacuados sobre el particular.
Ahora bien, recomendamos que, además, todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría General de la República sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para su conocimiento y fines respectivos.
4. Urgencia a proyecto de ley de homologación de la responsabilidad administrativa. Hemos aprobado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que homologa la responsabilidad administrativa en los plazos de prescripción, que hoy para los miembros de las Fuerzas Armadas es de dos años, y que queremos que sean de cuatro años como en el sector civil.
5. Potenciar la capacidad técnica de la Contraloría General de la República.
6. Potenciar la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización.
7. El Ministerio de Defensa Nacional debe fortalecer los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución.
8. Mayor especificación de los decretos de inversión asociados a un proyecto.
9. Actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa y del decreto supremo N° 124, de 2004.
10. Incompatibilidad de exoficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa Nacional durante un determinado período.
11. Establecimiento de un sistema de prevención de delitos, y de denuncias al interior de las Fuerzas Armadas.
12. Establecimiento de un Código de Ética.
13. Implementar un modelo de gestión de riesgo en el Ejército.
14. Fortalecimiento del sistema de control institucional.
15. Modernización de los procesos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y tesorería del Ejército.
16. Implementación de mejores prácticas de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas.
17. Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. En este sentido, recomendamos el envío de un proyecto de ley que incorpore a empresas relacionadas con la venta de autos de alta gama entre los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
18. Nuevas facultades para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
19. Potenciar las unidades de la Superintendencia de Casinos y de la UAF.
20. Mayores regulaciones para clientes premium de casinos de juegos. Cabe recordar que un cabo del Ejército apostó 2.400 millones de pesos durante cinco años en un casino de juegos, sin que se activara ninguna alarma sobre el particular.
21. Modificaciones legales para establecer la obligatoriedad de asistencia de exfuncionarios públicos a comisiones investigadoras. En este sentido, se presentó un proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, cuyo objeto es establecer que los ex funcionarios públicos tengan la obligación de comparecer a las comisiones investigadoras hasta dos años después de dejar su cargo, de manera de evitar casos como el del ex comandante en jefe del Ejército, el general Fuente-Alba, quien se excusó de asistir a la comisión, y que personas que dejan de prestar servicios en organismos del Estado no asistan a tales instancias por no tener obligación legal para ello, como ha corrido en muchas ocasiones.
Por otra parte, se recomienda modificar la justicia militar, que actualmente se encuentra investigando este fraude.
Los hechos ilícitos de fraude están siendo investigados en dos sedes jurisdiccionales distintas: en la justicia militar, por el ministro en visita señor Omar Astudillo , en todo lo que dice relación con los funcionarios militares, y en el ámbito civil, por el Ministerio Público, que se encuentra analizando las responsabilidades de civiles, particularmente de proveedores.
Por último, esperamos que la Comisión de Defensa Nacional vea cada seis meses cuál es el estado de avance de cada uno de los proyectos de ley y de las medidas administrativas de las distintas instituciones sobre la materia, de manera que podamos tener comisiones especiales investigadoras que no solo entreguen un informe, sino que también hagan un seguimiento del trabajo desarrollado por ellas.
Es cuanto puedo informar a la Sala.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra, hasta por diez minutos y medio, el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, sé que debido a lo escaso del tiempo, el diputado Pilowsky , a quien felicito, no pudo dar debida cuenta del trabajo realizado sobre la materia en comento durante todos los meses que duró la investigación.
Frente a este caso, que a todos nos ha provocado, yo no diría sorpresa, sino más bien indignación, cabe preguntarse si después de más de veinte años de recuperación de la democracia se justifica mantener la Ley Reservada del Cobre. Porque lo que hay que discutir -creo que en eso todos debiéramos estar de acuerdo es que el problema central que explica las conductas impropias de funcionarios, en este caso del Ejército, aunque ellas también se dan en otras reparticiones del Estado, es la existencia de dicha ley, que permite disponer, sin rendir cuenta alguna, de miles de millones de dólares. Es una caja negra: no se sabe qué se hace ni qué no se hace.
Ninguno de los presentes en esta Sala ni nadie que haya estudiado el tema puede desconocer la necesidad de que nuestras Fuerzas Armadas tengan recursos suficientes para hacer las adquisiciones o las inversiones necesarias para cumplir con el rol que efectivamente tienen, que es de carácter disuasivo, y para mantener la seguridad nacional. Pero otra cosa muy distinta -se lo señalo por intermedio del señor Presidente al diputado Pilowskyes que aceptemos que inescrupulosos hayan robado, en una dimensión que no creo que hayamos logrado establecer con certeza, dinero que es de todos los chilenos. Y lo que es peor -considero que es lo más indignante-, ello se hizo en un contexto en el que ese dinero tuvo un uso alternativo.
¿Cuántas necesidades en educación, en previsión social, en salud se podrían haber cubierto con esos recursos que fueron mal utilizados? Eso amerita que reaccionemos como un Poder más del Estado y tomemos medidas para garantizar al conjunto de la nación que esto no seguirá ocurriendo.
Ahora que sabemos que se robaron mucho dinero, les pregunto al diputado Pilowsky y a los demás miembros de la comisión, ¿qué vamos a hacer en concreto para evitar que sigan robando?
¡Ojo!, porque algunos juegan al empate y podrán decir que también hubo robos en la Junaeb, en el MOP o en Vivienda. Me parece una completa torpeza argumentar de esa manera, pues lo que debemos hacer es garantizar los recursos que son todos los chilenos.
Además, me parece aberrante que del total de las ventas brutas del cobre -uno podría entender que ese porcentaje se descontara de las utilidades-, el 10 diez por ciento se vaya a las Fuerzas Armadas, que se acumulen miles de millones de dólares que están sin ocupar, mientras que el país clama porque hay necesidades, particularmente en un momento de contracción de nuestra economía, la que efectivamente está creciendo menos de lo que esperábamos. Eso provoca dolor, necesidades y carencias.
Ahí figuran el tema del Sename, que a todos nos ha provocado dolor en el alma; lo que ocurre en los hospitales y los reclamos en materia de educación. Ni qué hablar de previsión. Sin embargo, a pesar de eso, nos permitimos tener dinero empozado y, además, que se lo roben personas a las que les hemos entregado autoridad. El que no haya venido el ex comandante en jefe del Ejército no es casual: él está siendo investigado por el origen dudoso de su fortuna, pues esta no se condice con sus ingresos. ¡Qué bueno que podamos seguir en ello!
Señor Presidente, estoy convencido de que nuestro país es más corrupto de lo que queremos admitir y que llegó el momento de crear una fiscalía nacional anticorrupción. Lo digo con sinceridad. Este es un cáncer que, una vez que comienza a afectar a una sociedad, no para. Por eso debiéramos preocuparnos de determinar qué acciones concretas se van a tomar a partir de estos hallazgos.
Por último, felicito a la comisión especial investigadora por el trabajo realizado. He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, el informe de la comisión especial investigadora que hoy se somete a discusión es el resultado de un intenso trabajo que se inició en diciembre del año pasado, con motivo del cual recibimos a una serie de invitados, entre otros, al contralor general de la República, al comandante en jefe del Ejército, al contralor del Ejército y al ministro de Defensa Nacional. Todos ellos entregaron importantes y contundentes antecedentes para evaluar y develar las actuaciones ilícitas que un grupo de veintinueve funcionarios del Ejército cometieron en contra de la propia institución y de los recursos destinados a la defensa de nuestra soberanía.
En este sentido, y tal como quedó demostrado en la investigación, hay que ser muy enfático en que el Ejército de Chile fue la institución que detectó la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre. Se trata de ilícitos que fueron ejecutados por funcionarios de la propia institución castrense, quienes defraudaron a su Ejército.
No fue el Ejército el que cometió el delito, sino un grupo de funcionarios que, actuando en forma coludida, defraudaron al Ejército, aprovechándose de su acceso a información reservada y a la participación que les correspondía en los procedimientos de adquisiciones con los fondos de esta ley, en razón de sus cargos.
A mayor abundamiento, es imperativo destacar que el alto mando de la institución, encabezado por su comandante en jefe, al tomar conocimiento de estos hechos, formuló de inmediato la denuncia, tanto a la justicia civil como a la militar, lo que ocurrió el 8 de abril de 2014. Asimismo, requirió la participación del Consejo de Defensa del Estado para proteger la defensa de los intereses fiscales comprometidos.
En esa línea de acción, los integrantes de la comisión fuimos testigos de la colaboración del Ejército en el desarrollo de toda la investigación que llevamos a cabo, aportando antecedentes y asistiendo a todas las sesiones a las que fueron invitados a participar y exponer.
A su vez, es importante mencionar que jamás negaron o desvirtuaron las denuncias presentadas y que siempre manifestaron, por medio de su comandante en jefe, estar disponibles para cooperar en todo lo que requirió la comisión para esclarecer los hechos.
En este sentido, fue el propio Ejército de Chile el que dispuso la instrucción de un sumario administrativo para la determinación de responsabilidades de sus funcionarios, el cual arrojó importantes resultados. En efecto, esta investigación interna determinó que la cifra defraudada superaba los 5.400 millones de pesos, y sancionó a 29 uniformados por estas irregularidades.
Resalto estos hechos que se acreditaron en la investigación y se consignan en las conclusiones del informe, que fue aprobado por la unanimidad de sus miembros, porque hay que despejar ciertos temas en honor a la verdad.
Tal como hemos expresado en forma pública, es necesario ser suficientemente severos en el reproche a los sujetos que cometieron los ilícitos, a la espera de que la justicia aplique las máximas sanciones que les correspondan por sus conductas; pero también hay que ser lo suficientemente enfáticos para criticar el aprovechamiento político que ciertos sectores han hecho de esta lamentable situación, con el fin de poner en tela de juicio y enlodar a una institución fundamental en el funcionamiento de la república.
Es cierto que hay que aumentar los controles y la fiscalización, y propender en algún grado a la publicidad de ciertas actuaciones derivadas de las adquisiciones militares y sus recursos; pero hay que tener muy presente el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo y ponderar los intereses de la patria que están en juego.
En esa línea, debemos perfeccionar los mecanismos que están fallando, pero mantener el criterio de limitar, por razones de seguridad nacional, la publicidad y el acceso a la información relativa a estas materias. Lo anterior, porque hay que tener una visión de largo plazo en este ámbito, con el fin de no hipotecar nuestra integridad como nación y nuestra soberanía.
En este sentido, si bien muchas de las propuestas que se consignan en el informe van en la línea correcta, la más importante depende del Ejecutivo, puesto que le asiste la facultad de reactivar la tramitación del proyecto de ley sobre financiamiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, que lleva más de tres años esperando sin ningún avance. Es en ese debate donde, con altura de miras y visión de largo plazo, sin pretender sacar provecho político, debemos velar todos por los intereses que están en juego y no dejarnos llevar por los vaivenes de la opinión pública o situaciones particulares que no miran el contexto global.
En consecuencia, votaré a favor el informe.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, debo partir reconociendo que la comisión investigadora realizó una acuciosa comprobación de hechos, basándose en las declaraciones y testimonios de quienes aceptaron concurrir a sus sesiones.
Ha quedado claro que en el Ejército se produjo una defraudación al fisco por al menos 6.000 millones de pesos, delitos que investiga la justicia y que comprometen gravemente a una institución del Estado. Hay que buscar las causas de lo ocurrido, en primer lugar, en la concomitancia delictual y fraudulenta de efectivos de esa institución, que se aprovecharon de las debilidades que presentaba por años el sistema de contabilidad y fiscalización, tanto por parte de los órganos internos como de los externos, entre ellos, la Contraloría General de la República y el propio Ejército.
Esto plantea también una alta responsabilidad institucional. Recordemos que quien estaba a cargo del Ejército cuando se produjeron estos hechos no quiso concurrir a la comisión.
Preocupa, además, que a estos hechos se agregan otros actos de corrupción ocurridos en las Fuerzas Armadas.
Por ello, en la resolución de la comisión investigadora se plantea una serie de propuestas y medidas para establecer sistemas mucho más seguros de contabilidad y resguardo de los fondos que provee el Estado al Ejército y, al mismo tiempo, normas que garanticen un correcto proceso de control y fiscalización.
Asimismo, saltan a la vista cuestiones más de fondo, como la necesidad de derogar la Ley Reservada del Cobre, lo que no significa dejar de proveer los fondos que las instituciones armadas necesiten para un adecuado poder de disuasión; pero al mismo tiempo debe establecerse la potestad del Congreso Nacional para discutir el presupuesto de las Fuerzas Armadas con la debida consideración y reserva, cuando las materias así lo ameriten, y con facultades de fiscalización claras y concretas.
Por otra parte, queda de manifiesto la necesidad de contar con un sistema judicial transparente e imparcial, que cumpla con los estándares mínimos del debido proceso, para que en el futuro este tipo de delitos sean juzgados bajo un Poder Judicial único. Por tanto, estamos planteando modificar la justicia militar.
Del mismo modo, quedó en evidencia la falta de información para la comisión y la ciudadanía sobre el curso que sigue la investigación judicial del caso, ya que delitos comunes aparecen como actuaciones de carácter secreto.
En la actualidad, la ciudadanía exige más transparencia, en especial ante hechos de corrupción de diversa índole que han conmocionado al país. Entiende que es necesario terminar con leyes reservadas y con los secretos respecto del destino que tendrían fondos del Estado, que son de todos. La Defensa Nacional es también un tema de interés ciudadano que excede la sola expertise y profesionalismo militar.
Para terminar, podemos afirmar que nuestras Fuerzas Armadas están insertas en un país que necesita más participación, eficacia y eficiencia de la gestión de sus recursos, transparencia y control no solo administrativos, sino además políticos; nuevas relaciones cívicomilitares y una justicia que no distinga y que sea reflejo de los compromisos internacionales adquiridos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. En consecuencia, el debate de este informe continuará en una próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.36 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BROWNE, AUTH, BECKER, BELLOLIO, FUENZALIDA, GODOY, LORENZINI Y PAULSEN, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°825, LEY SOBRE IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS, EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL CRÉDITO FISCAL”. (BOLETÍN N° 10908-05)
Consideraciones Generales:
El abuso de la posición dominante en la mayoría de las negociaciones dentro de nuestra economía es cada día más habitual, siendo un ejemplo de ello el excesivo retardo en los pagos a los proveedores por parte de las grandes compañías.
Esta situación es muy ineficiente a nivel agregado, pues las ganancias financieras de quienes se benefician con el retardo (empresas dominantes) son a todas luces menores que los costos financieros de quienes deben sufrirlos (proveedores de menor tamaño). Asimismo, es necesario hacer presente que este fenómeno implica la transmisión del retardo a toda la cadena de pago hacia abajo, aumentando innecesariamente la carga crediticia de todos los involucrados (empresas de menor tamaño), con excepción de los grandes clientes (que pueden imponer sus condiciones de pago).
Sin duda la cadena de valor es resguardada por un número importante de grandes empresas que protegen a sus proveedores (Responsabilidad Social Empresarial), no obstante estas empresas son la minoría y la experiencia demuestra que la autorregulación no ha sido efectiva, pues actualmente existen pagos de facturas que incluso exceden los 150 días, retardo que -como se mencionó anteriormente- implica una ganancia financiera para el cliente o contribuyente (empresa dominante), versus una pérdida para el vendedor Mipyme.
Adicionalmente a lo expuesto con anterioridad, el proveedor da cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al emitir la factura, impuesto que posteriormente es utilizado por el cliente -empresa que realiza la compra- en el ejercicio mensual siguiente aunque el pago de la factura se realice meses después. Este procedimiento del sistema de crédito y débito fiscal opera como un incentivo perverso contra el pago a los proveedores de menor tamaño y por ende, necesita ser corregido.
Asimismo, y para que esta situación sea efectiva, es necesario incentivar el pronto pago de las facturas, permitiendo disminuir el plazo de pago a proveedores, para que así puedan contar con capital de trabajo para continuar con el negocio, incentivar la entrada de nuevos participantes emprendedores, y disminuir el endeudamiento del sector, entre otros.
En ese sentido, basta con condicionar el aprovechamiento del crédito fiscal al pago íntegro y efectivo de la factura que lo origina, además de establecer un plazo de caducidad del derecho a aprovechar el crédito fiscal, para agilizar de forma eficiente el pago a proveedores de menor tamaño.
En virtud de las consideraciones expuestas, vengo en presentar a la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúcense, en el artículo 23º del decreto ley Nº 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, las siguientes modificaciones:
1. Intercálase en el inciso primero, a continuación de la expresión “tributario” y antes de la coma (,) que la sigue, la siguiente oración:
“en que el contribuyente haya pagado la totalidad del monto de la operación respectiva, independiente del plazo o condición de pago convenidos con el vendedor o prestador de servicio”.
2. Agrégase el siguiente numeral 7º, nuevo:
“7º.- No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas que no hayan sido canceladas luego de haber transcurrido noventa días desde la operación respectiva.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, COLOMA, HASBÚN; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MELERO, MORALES, NORAMBUENA; URRUTIA, DON OSVALDO, Y WARD, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, PARA AUMENTAR LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR RESPONSABILIDAD CONTRAVENCIONAL EN CASO QUE EL AFECTADO SEA UN ADULTO MAYOR”. (BOLETÍN N° 10909-03)
I. IDEAS GENERALES.
Como sabemos, la ley sobre protección de los derechos de los consumidores granjea una serie de acciones tendientes a hacer efectiva la responsabilidad del oferente de un bien o servicio a causa de la infracción a alguna de sus normas y que en términos generales consiste en la entrega de un producto que no se condice a las condiciones ofrecidas en la propuesta.
En efecto el artículo 26 de la citada normativa establece que “las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva”. De esta forma las personas sólo podrán ejercer su derecho a reclamar ante la infracción de la normativa, en la medida que los perjudique, dentro de ese término, de tal manera que fuera de él, el derecho se extinguirá.
Desde un punto de vista jurídico y general, la prescripción constituye aquel modo de extinguir las obligaciones cuando no se ha reclamado su ejecución dentro de un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.
Por otro lado, no es un asunto secundario, que nuestro país se encuentra en un proceso de envejecimiento poblacional, en este sentido nuestros adultos mayores requieren de políticas públicas cada vez más sólidas tendientes a resguardar sus garantías y derechos en un marco de respeto hacia su persona, pero desde una perspectiva de participación activa y colaborativa en la vida social.
Sin perjuicio de lo anterior, como legisladores y representantes de diversas realidades dispersas en nuestros distritos los adultos mayores requieren en muchos ámbitos un tratamiento legal diverso al de otras personas, consagrando un estatuto privilegiado consistente en hacer más amplias las facultades que el orden jurídico les otorga.
II. CONSIDERANDO.
1. Que, el artículo 26 de la ley 19.496 sobre protección de los derechos del consumidor establece un plazo de 6 meses para hacer efectiva la responsabilidad, dicha norma es de carácter general y vinculada a la responsabilidad contravencional. Entre nosotros, el artículo 26 de la LPDC diferencia entre la prescripción contravencional, que puede generar responsabilidad civil, que está regulada en el inciso primero, y la obligación que trae aparejada la condena civil infraccional, de la que se ocupa el inciso 3°. Esta técnica legislativa por la cual se distingue entre un plazo de prescripción (en el inciso 1° de la norma precedente) y de caducidad (en el inciso 3°) [1].
2. Que, sin dudas la vida de los adultos mayores en nuestro país y en general en el mundo se encuentra envuelta por dificultades, las que pueden ser físicas, psíquicas o de cualquier otra índole y con ocasión de ello las autoridades públicas debemos incorporar, ya sea a través de políticas públicas o con mociones parlamentarias mayores niveles de protección a este cada vez más importante sector de nuestra sociedad.
3. Que, el plazo de prescripción de 6 meses al que alude el artículo 26 de la Ley del Consumidor, si bien es cierto constituye un término adecuado para la generalidad de las personas, para un adulto mayor la percepción de si un determinado bien o servicio no le satisface sus necesidades puede ser mayor y por tal motivo decida demandar por dicha causa.
4. Que, de acuerdo a lo anterior es que este grupo de parlamentarios proponemos un aumento en el tiempo a través del cual el adulto mayor reflexiones si demandar o no la responsabilidad contravencional, atendidas sus especiales características que reviste la ancianidad en Chile.
III. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El presente proyecto de ley aumenta en dos meses el plazo de prescripción de las acciones que persigan la responsabilidad contravencional cuando el afectado sea un adulto mayor.
IV. PROYECTO DE LEY.
Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso 2° en el artículo 26 de la ley 19.496 sobre Protección de Los Derechos del Consumidor, pasando el actual inciso 2° a ser 3° y este 4°, en orden sucesivo, de conformidad al siguiente tenor:
“En caso que el afectado sea un adulto mayor, el plazo de prescripción establecido en el inciso anterior se aumentará en dos meses”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; OJEDA, ORTIZ, SABAG Y ULLOA, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°1.939, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DEL ESTADO, EN FAVOR DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS”. (BOLETÍN N° 10910-22)
Los cuerpos de bomberos son instituciones sin fines de lucro que prestan voluntaria y gratuitamente servicios de utilidad pública en emergencias causadas por la naturaleza, o el ser humano, tales como incendios, accidentes de tránsito u otros siniestros.
La definición anterior se desprende de la ley N° 20.564, promulgada el 28 de enero de 2012, que establece la Ley Marco de Bomberos de Chile, legislación que constituyó un hito y reconocimiento a la labor que por más de 160 años estas instituciones han prestado desinteresadamente al país.
Estas organizaciones cuentan con una estructura jerarquizada, constituida a partir de cuerpos, los cuales poseen una o más compañías, ubicadas en una comuna o agrupación de comunas, con presencia en todas las regiones del país.
En materia presupuestaria, el artículo 6 de la citada ley N° 20.564 dispone que estas instituciones son beneficiarias de los fondos que cada año le asigne la Ley de Presupuestos. Adicionalmente, su financiamiento proviene de aportes que efectúen los gobiernos regionales, municipalidades, personas naturales y jurídicas, y otras entidades.
Es importante mencionar que durante muchos años se han establecido, de manera justa y acertada, una serie de beneficios aduaneros y tributarios [1] que han contribuido a facilitar la noble función bomberil, sin embargo, aún existen medidas que se pueden adoptar para asegurar su funcionamiento ante una creciente necesidad de infraestructura y equipamiento.
El crecimiento de las ciudades y el aumento de la población requieren de forma complementaria una serie de servicios asociados a este fenómeno, entre los cuales necesariamente se encuentra la instalación de cuarteles de bomberos.
Es así como, para la instalación y construcción de estos recintos es necesario contar con inmuebles emplazados en lugares estratégicos de las ciudades para efectos de la conectividad, despliegue de comunicaciones y otras características que satisfagan los requerimientos de un servicio de utilidad pública encargado de enfrentar situaciones de emergencia.
En este contexto, considerando al carácter voluntario y sin fines de lucro del servicio que prestan estas instituciones, su acceso a estos inmuebles ha sido principalmente en virtud de donaciones de particulares, o bien, por actos de enajenación o concesión de bienes inmuebles fiscales.
En materia de inmuebles fiscales, el Decreto Ley N° 1939 de 1977 establece las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. En efecto, ha sido en virtud de la regulación que establece esta norma, que el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado inmuebles fiscales en concesión a los cuerpos de bomberos, para el desarrollo de sus actividades propias. Adicionalmente, y en una menor medida, esa repartición del Estado ha transferido a título gratuito inmuebles para los mismos fines.
Así las cosas, considerando que el mecanismo de concesión es el más utilizado, debido al carácter excepcionalísimo y a las mayores exigencias establecidas para las transferencias de inmuebles a título gratuito, este proyecto de ley viene a facilitar su aplicación en este ámbito, estableciendo una preferencia en la adjudicación de concesiones de inmuebles fiscales para los cuerpos de bomberos. En efecto, tal como sostiene el artículo 61 del citado cuerpo legal, “Sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán otorgar concesiones a título gratuito en favor de las municipalidades, servicios municipales, u organismos estatales que tengan patrimonio distinto del Fisco o en que el Estado tenga aportes de capital, participación o representación, y personas jurídicas de derecho público o privado, siempre que estas últimas no persigan fines de lucro.”, estableciendo en ese sentido las condiciones generales para su aplicación.
En consideración a lo anterior, el proyecto de ley propuesto viene a establecer una presunción de fundamentación en la motivación del acto administrativo adjudicatorio de estas concesiones, consagrando en la norma citada anteriormente qué siempre se entenderá que existe fundamento plausible para el otorgamiento de una concesión de inmuebles a título gratuito, cuando ésta se adjudique a los cuerpos de bomberos, atendida las características de sus funciones y el reconocimiento público de éstas por toda la comunidad.
En suma, se propone una medida concreta, que puede contribuir a facilitar la adjudicación de concesiones de inmuebles fiscales para los cuerpos de bomberos, con el fin de otorgar nuevos beneficios que contribuyan a materializar los planes de desarrollo de estas instituciones, que prestan desinteresadamente servicios de utilidad pública a toda la comunidad.
En mérito de lo anterior, someto a su consideración el siguiente:
PROYECTO DE LEY
ARTÍCULO ÚNICO: Modificase el artículo 61 del Decreto Ley N° 1939 de 1977 que establece las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, en el siguiente sentido:
1. Agregase en el inciso quinto, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:
“Con todo, siempre se entenderá que existe fundamento plausible para el otorgamiento de una concesión a título gratuito, cuando ésta se adjudique a los cuerpos de bomberos”.