Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE PENSIONES VÍA RENTAS VITALICIAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO EN CUANTO A OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR
- ANTECEDENTE
- MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE PENSIONES VÍA RENTAS VITALICIAS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Valdes Subercaseaux
-
HOMENAJE A GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE
- HOMENAJE : Jorge Martinez Busch
- HOMENAJE : Andres Zaldivar Larrain
- ALTO COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
- DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CIA. OFICIO
- 104ª CONFERENCIA DE UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
-
TRANSFORMACIÓN DEL CIMM EN SOCIEDAD ANÓNIMA. OFICIOS
- ADHESION
- Carlos Cantero Ojeda
- ADHESION
- SITUACIÓN DEL COBRE EN CHILE. OFICIOS
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI.
INCIDENTES
- ANEXO SESIÓN
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES RÍOS, SABAG, SILVA, VIERA-GALLO Y URENDA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INDULTO GENERAL, CON MOTIVO DEL JUBILEO 2000 (2633-07)
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Mario Enrique Rios Santander
- Hosain Sabag Castillo
- Enrique Silva Cimma
- Beltran Urenda Zegers
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES RÍOS, SABAG, SILVA, VIERA-GALLO Y URENDA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INDULTO GENERAL, CON MOTIVO DEL JUBILEO 2000 (2633-07)
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 28 de noviembre de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 20:5)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Acuerdos de Comités
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el DL. Nº 3.500, de 1980, para establecer normas relativas a otorgamiento de pensiones a través de modalidad de rentas vitalicias (1148-05) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a obtención de licencias de conducir (2504-15) (queda pendiente su discusión particular)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Homenaje a Glorias del Ejército de Chile (se rinde)
Alto costo de energía eléctrica en Región de Aisén. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Desclasificación de documentos de la CIA. Oficio (observaciones del señor Silva)
104ª Conferencia de Unión Interparlamentaria (observaciones del señor Cantero)
Transformación del CIMM en sociedad anónima. Oficios (observaciones del señor Lavandero)
Situación del cobre en Chile. Oficios (observaciones del señor Lavandero)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones subrogante, y los señores Superintendente y Jefe de Estudios de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones .
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 10ª, ordinaria, y 11ª, extraordinaria, en 14 y 15 de noviembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, en el carácter de "Suma", respecto del proyecto de ley del deporte. (Boletín Nº 1.787-02).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "Simple", respecto del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, el 27 de junio de 1989. (Boletín Nº 233-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último incluye en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad. (Boletín Nº 2.595-11).
--Se toma conocimiento.
Del señor Vicepresidente de la República , con el que inicia un proyecto sobre modificación del Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica. (Boletín Nº 2.626-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que comunicó que se ausentaría del territorio nacional entre los días 27 de noviembre y 5 de diciembre, ambos inclusive, con el fin de realizar una visita de trabajo a las ciudades de Seattle y San José, en Estados Unidos de América y Costa Rica, respectivamente, y una visita de Estado a México. Agregó que lo subrogaría, con el título de Vicepresidente de la República , el señor Ministro del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
De la Cámara de Diputados, con el que informa que rechazó la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de la Marina Mercante, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 292, de 1953. (Boletín Nº 1.683-02).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Del señor Ministro del Interior, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo a las soluciones habitacionales transitorias adoptadas por razones sociales en Coyhaique.
Del señor Ministro del Interior subrogante, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, referido a las elecciones municipales.
De la señora Ministra de Planificación y Cooperación, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bitar, sobre los discapacitados mentales.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referente al camino del Pueblo de Indios, en San Vicente de Tagua-Tagua.
Con el segundo remite una nómina de los oficios dirigidos por dicha Secretaría de Estado a los señores parlamentarios, durante el mes de octubre del año en curso.
De la señora Ministra de Salud, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, acerca del Hospital de Puerto Aisén.
Dos del señor Ministro de Agricultura:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto al Instituto Forestal de la Undécima Región.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, referente a la necesidad de instalar un matadero en la comuna de Navidad.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, referido a los predios fiscales enajenados, en el período que indica, en la Primera Región .
Tres del señor Subsecretario de Economía , Fomento y Reconstrucción, con los que contesta sendos oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, relativos a la política forestal en el país; al desarrollo de la acuicultura, y al impuesto al lujo que se cobra a los pescadores artesanales por la adquisición de motores fuera de borda.
De la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de la medición hidrometeorológica del Campo de Hielo Patagónico Sur.
Del señor Gerente ENAP-Magallanes, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo a los auxiliares de producción de dicha empresa.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
Del señor Arzobispo de Santiago , con la que comunica la gratitud de la Iglesia de Santiago por todas las iniciativas propiciadas por la Corporación, a fin de honrar la memoria del Cardenal Raúl Silva Henríquez.
--Se toma conocimiento.
Moción
De los Senadores señores Ríos, Sabag, Silva, Viera-Gallo y Urenda, con la que inician un proyecto de ley sobre indulto general, con motivo del Jubileo 2000. (Boletín Nº 2.633-07).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (Este proyecto no puede ser tratado en la presente Legislatura Extraordinaria, mientras no sea incluido por el Ejecutivo en la Convocatoria).
Permisos constitucionales
De los Senadores señores Boeninger, Foxley, Frei y Núñez, con los que solicitan autorización para ausentarse del país, a contar del 27 del mes en curso.
--Se accede a lo solicitado.
Solicitud
Del señor Bernardo San Martín Bello, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 526-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
La señora FREI (doña Carmen).-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
La señora FREI (doña Carmen).-
Quiero solicitar a la Sala, a través de la Mesa, que los Ministerios de Defensa, de Salud y de Relaciones Exteriores den respuesta, si fuera posible, sobre algunos antecedentes que pedí con motivo de mi exposición referente a las dudas fundadas que tengo sobre las causas de la muerte del ex Presidente Frei Montalva, mi padre. Los oficios correspondientes fueron enviados hace bastante tiempo, pese a lo cual no han sido respondidos. Deseo que se reiteren dichos oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se enviarán de nuevo los oficios a que se ha referido Su Señoría.
El señor SABAG.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor SABAG.-
Solicito pedir al Ejecutivo que incluya en la actual convocatoria el proyecto de ley que acabamos de presentar los Senadores Ríos, Silva, Viera-Gallo, Urenda y el que habla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre del Senado.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Los comités, en sesión de hoy, acordaron unánimemente lo siguiente:
1.- Facultar a la Comisión de Hacienda para que informe verbalmente el proyecto sobre reajuste de remuneraciones que debería llegar mañana desde la Cámara de Diputados, tratándolo en la sesión ordinaria de mañana y fijando como hora de inicio de la votación las 17.
2.- Citar a sesión extraordinaria de 11 a 14 horas el martes 5 de diciembre para considerar asuntos en tabla.
3.- Dejar sin efecto las sesiones ordinarias de los días martes 5 y 6 de diciembre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quiero dar a conocer a la Sala que este último acuerdo se adoptó en virtud de que el 6 de diciembre en la mañana diversos señores Senadores van a estar en sus respectivas regiones con motivo del juramento de alcaldes y de la constitución de municipalidades.
Por esa razón, se cambió la sesión ordinaria del martes por una extraordinaria en la mañana del mismo día. Ése es el motivo por el cual los Comités resolvieron el mencionado cambio.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE D.L. Nº 3.500 EN MATERIA DE PENSIONES VÍA RENTAS VITALICIAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional sobre modificación del decreto ley Nº 3.500, de 1980, para establecer normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias, con nuevo informe complementario de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1148-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 32ª, en 26 de enero de 1994.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.
Hacienda, sesión 19ª, en 16 de julio de 1996.
Trabajo (complementario), sesión 23ª, en 12 de septiembre de 2000.
Hacienda y Trabajo, unidas (nuevo complementario), sesión 8ª, en 7 de noviembre de 2000.
Discusión:
Sesión 21ª, en 18 de julio de 1996 (queda pendiente la discusión general).
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La tramitación del proyecto se extiende desde los primeros informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, de los que se diera cuenta en sesión de 16 de julio de 1996. En sesión de 30 de julio del mismo año la Sala acordó remitirlo nuevamente a la primera de las Comisiones recién citadas para un informe complementario.
La relación de la iniciativa fue efectuada en sesión de 18 de julio de 1996.
Sin perjuicio de ello, cabe recordar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social señala en su nuevo informe, de fecha 8 de septiembre del año en curso, como principales objetivos del proyecto los siguientes:
1.- Perfeccionar las normas que regulan el otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias, mediante un sistema de consultas y ofertas de pensión con distintas alternativas por seleccionar.
2.- Elevar los requisitos para pensionarse anticipadamente, en forma gradual por períodos anuales.
3.- Aumentar las exigencias para el retiro de excedentes de libre disposición, en las distintas modalidades de pensión.
Con fecha 3 de octubre del presente año, la Sala, a proposición de los Comités, acordó que el proyecto fuese enviado a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social unidas, para un nuevo informe complementario.
Dichas Comisiones unidas recogen en su informe las principales ideas sostenidas en el debate desarrollado en ella y proponen al Senado aprobar la iniciativa en los mismos términos consignados en el informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de fecha 8 de septiembre del año en curso. Ello, sin perjuicio de abrir un plazo para formular indicaciones para su correspondiente análisis en el segundo informe.
Esa decisión se adoptó con los votos favorables de los Senadores señores Boeninger, Ominami, Parra, Pérez, Ruiz De Giorgio y Urenda, y la abstención de la Honorable señora Matthei.
Por último, cabe dejar constancia de que, conforme a lo señalado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, todas las normas del proyecto requieren para su aprobación de quórum calificado, es decir, del voto favorable de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, o sea, de 22 votos. Y el nuevo texto del número 3) del artículo único, por ser de rango orgánico constitucional, precisa para su aprobación del voto favorable de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, o sea, de 24 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito autorización del Senado para que ingresen a la Sala el Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, don Alejandro Ferreiro, y el Jefe de la División de Estudios , don Osvaldo Macías.
--Se accede.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el Honorable señor Pérez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , ante todo deseo hacer una descripción del proyecto y posteriormente tratar una materia que, a mi juicio, es de enorme importancia y que fue la más debatida en la Comisión.
Primera fase: solicitud, información y ofertas iniciales
El afiliado presenta una solicitud de pensión en la Administradora respectiva.
La Administradora informa el monto de pensión bajo la modalidad de retiro programado que percibiría en ésta y en cada una de las restantes Administradoras, descontado el monto de las respectivas comisiones, y en caso de que cumpla con las exigencias establecidas en la ley, bajo las modalidades de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida, requerirá de las compañías de seguros de vida la presentación de ofertas a través de un sistema especial de transmisión de datos.
La Administradora estará obligada a proporcionar a las compañías de seguros de vida información del afiliado y su grupo familiar, si lo hubiera. Ésta deberá referirse, a lo menos, al nombre; cédula nacional de identidad; domicilio; monto nominal y fecha de emisión del bono de reconocimiento, cuando corresponda; saldo de la cuenta de capitalización individual, y fecha de nacimiento y sexo del afiliado y sus beneficiarios.
Requisitos y características generales de las ofertas de pensión
Las compañías de seguros de vida interesadas podrán efectuar ofertas de montos mensuales de pensión, expresadas en U.F. sobre la base del costo por unidad de pensión. Se entenderá por costo por unidad de pensión el capital necesario para financiar una pensión mensual equivalente a una unidad de fomento mientras viva el afiliado, y a su muerte, las pensiones de sobrevivencia que correspondan.
Las ofertas de las compañías de seguros de vida deberán contener, al menos, un monto de pensión inmediata y diferida bajo las modalidades de rentas vitalicias, sin condiciones especiales de cobertura.
La Administradora comunicará al solicitante de pensión, en forma separada y no comparativa, los montos ofrecidos bajo las modalidades de renta vitalicia y retiro programado, expresándolos en U.F. y en pesos y señalando un coeficiente que indique las diferencias entre las distintas ofertas de pensión en términos de valor presente, como asimismo, la clasificación de riesgo de las compañías de seguro de vida que hayan efectuado las respectivas ofertas.
Tratándose de una solicitud de pensión de vejez, deberá informar el monto de pensión estimado que obtendría si postergase su decisión en un año. En el evento de una pensión de vejez anticipada, deberá señalarse además la tasa de descuento aplicada al bono de reconocimiento, en su caso.
Segunda fase: selección de ofertas
El afiliado podrá seleccionar una de entre las tres mayores ofertas de montos de pensión o cualquier otra que no sea inferior en más de uno por ciento al promedio de las tres mayores, para un mismo tipo y cobertura de renta vitalicia (Este es el punto que causó mayor discrepancia al interior de la Comisión y al cual me referiré más adelante). En este último caso, la compañía de seguros deberá tener una clasificación de riesgo al menos igual a la categoría de riesgo inmediatamente inferior a la de la compañía que se encuentre mejor clasificada entre las que realizaron las tres mayores ofertas.
El proceso termina si el afiliado acepta una de las ofertas precedentes.
Tercera fase: alternativas de decisión
Si el afiliado no eligiere una de las ofertas de la segunda fase podrá optar, indistintamente, por una de las siguientes alternativas:
1.- Requerir de la Administradora la realización de un remate con aquellas compañías que hubieran participado en el sistema de consultas. El remate será vinculante.
Requisitos del remate:
a) El afiliado deberá seleccionar el tipo y cobertura de la renta vitalicia, indicando al menos tres compañías de seguros que podrán participar, las que deberán tener una clasificación de riesgo.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor PÉREZ.-
Sí, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente, el tema previsional es muy delicado. Confieso no conocerlo en profundidad. Tengo entendido que cada reforma referida a él es de mucha trascendencia. Por eso, deseo pedir, con todo respeto y aprecio por el señor Presidente de la Comisión de Trabajo, que nos haga una reseña acerca de cómo funciona actualmente todo el sistema y de cuáles son las modificaciones sustanciales, a fin de entender bien el objetivo de la iniciativa en debate. Ello si es posible o si no lo dejamos para otra ocasión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Senador señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente , en verdad, el informe que estoy entregando no puede ser más didáctico. Se hizo casi para un estudiante, ya que la materia de que se trata se describe fase por fase. Por lo tanto, voy a solicitar que este trabajo -que no es obra del Senador que habla, sino de la Secretaría de la Comisión- se reparta a Sus Señorías, porque, en realidad, es extremadamente didáctico en cuanto a la descripción del proyecto.
Decía que las tres compañías de seguros que podrán participar deberán tener una clasificación de riesgo al menos igual a la categoría de riesgo inmediatamente inferior a la de la compañía que se encuentre mejor clasificada entre las que realizaron las tres mayores ofertas.
b) El afiliado deberá fijar la postura mínima, que no podrá ser inferior a la mayor de las ofertas que de las compañías seleccionadas por el afiliado, ni inferior en más de uno por ciento al promedio de las tres mayores ofertas efectuadas en el sistema de consultas.
El remate se adjudica a la compañía de seguros que haya realizado la mayor oferta.
2) Contratar una renta vitalicia sobre la base de ofertas efectuadas con posterioridad a las recibidas en el sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, siempre que:
a) La compañía de seguros de vida con la que se contrate la renta vitalicia, le hubiere efectuado en el referido sistema alguna oferta que se encuentre vigente al momento de la contratación, y
b) El monto de pensión ofrecida sea al menos igual al mayor valor entre el promedio simple de las tres mejores ofertas de pensión recibidas por el afiliado dentro del sistema de consultas para rentas vitalicias y la oferta efectuada por la propia compañía en el sistema de consultas, todas ellas con iguales condiciones de cobertura.
Si no existieren tres ofertas en el sistema de consultas que presenten iguales condiciones de cobertura que la oferta externa, el afiliado deberá realizar una nueva consulta a través del referido sistema respecto de esa condición de cobertura y podrá aceptar la oferta externa si se cumple el requisito establecido en la letra b) precedente.
Situación de excepción a las fases del sistema.
El afiliado podrá postergar su decisión de pensionarse, o preferir la modalidad de retiro programado, salvo que hubiere contratado una renta vitalicia de acuerdo a las normas de segunda y tercera fases, o que ya hubiere solicitado la realización del remate, a menos que en éste no se hubieren presentado ofertas de montos de pensión.
Todas las comparaciones de montos de pensión se efectuarán respecto de ofertas de iguales tipos y coberturas de rentas vitalicias.
Señor Presidente, hasta allí el informe de la Comisión.
Por otra parte, deseo plantear algunos puntos sobre el tema del remate semivinculante, particularmente en cuanto a la tasa de interés y a la diferencia máxima que se puede permitir entre las tres mayores ofertas de este remate a través de un sistema electrónico.
La renta vitalicia enfrenta hoy a nivel mundial dos tremendos desafíos. Y menciono esto para que sirva como antecedente.
Primero, proyectar adecuadamente la longevidad del hombre anticipando los mejoramientos en la calidad de vida que incidirán en nuestros cambios en la expectativa de vida.
Y, segundo, proyectar adecuadamente la rentabilidad de la cartera de inversiones a plazos cada vez más largos en un ambiente mundial financiero cada vez más impredecible y volátil.
Los anteriores desafíos ya con suficientemente complejos, por lo cual se aprecia la inconveniencia de introducir una asignación de las pensiones basadas sobre un remate electrónico semivinculante, ya que la compañía de seguros que esté equivocada y/o que sea más audaz liderará el mercado y hará que las restantes compañías le sigan en sus criterios de tarificación o alternativamente dejen de competir en el mercado.
Prácticamente, cualquier diferencia de criterio para la tarificación de una pensión, como diferencia en la percepción de las expectativas de vida, en la selección de la cartera de inversiones, en la relación de endeudamiento, en la visión sobre la importancia de los servicios, etcétera, todo esto dentro de la normativa vigente, hace que la diferencia entre cotizaciones de empresas sea muy superior a la flexibilidad propuesta por el Ejecutivo en el proyecto.
Entregaré a los señores Senadores un cuadro estadístico presentado por la Asociación de Aseguradoras de Chile, donde muestran los riesgos que se presentan con este sistema.
De acuerdo con especialistas del mercado reasegurador internacional, conforme a la experiencia de los últimos años, se estima que el mejoramiento de la expectativa de vida es de 3 por ciento cada año para países en desarrollo, cifra que se atenúa a uno por ciento en países ya desarrollados. Por ejemplo, si una compañía se encuentra tarificando con criterios menos conservadores (o más audaces), o simplemente equivocados en algunos de los aspectos relevantes señalados, su oferta de pensión podría ser superior en un rango promedio de 2 a 5 por ciento sobre las siguientes cotizaciones, dejando disponibles, a lo más, las tres primeras ofertas para la elección del pensionable. Esto, bajo la modalidad de selección propuesta en el proyecto, y sin considerar adicionalmente que este liderazgo en precio -como en el caso descrito- no debería guiar al mercado en su desarrollo.
Casos comparables con el sistema financiero son muy ilustrativos, porque se trata de un mismo producto.
Si en productos como los depósitos a plazo se quisiera aplicar un método de asignación por precio con un grado razonable de flexibilidad, debiera considerarse una banda de no menos de 10 por ciento (y no de uno por ciento como se consideraba en el proyecto sobre rentas vitalicias), para no distorsionar la sana dispersión de tasas que el mercado representa y que dice relación con la diferencia en solidez de cada institución financiera, su percepción de los negocios necesarios, etcétera.
Tengo en mi poder un cuadro estadístico que muestra las diferencias de tasas hoy día presentes en el mercado financiero en letras hipotecarias, y otro sobre el "spread" promedio anual de letras hipotecarias transadas en la bolsa de comercio.
Si consideramos los últimos años, por ejemplo, y comparamos este sistema, no funcionarían en él los bancos de Santiago, Sudamericano, Edwards , de Crédito e Inversiones, de Chile, Citibank, etcétera, y sólo quedarían dos financieras en competencia, teniendo presente que el "spread" promedio anual de esas dos instituciones es obviamente superior a uno por ciento.
Pido, señor Presidente , que estos antecedentes sean entregados a los señores Senadores, y también otro cuadro estadístico sobre "Tasas de captación real para depósitos a 90 días", donde queda demostrado exactamente lo mismo que antes señalé.
Estos datos son de fecha reciente, y la fuente de información es el diario "Estrategia" de cada fecha.
Queda la impresión de que dos instituciones financieras funcionarán en el mercado y las demás desaparecerán, cuando, obviamente, hoy día estas últimas captan más recursos y no por pagar una mejor tasa de interés, sino por entregar un mejor servicio a fin de evitar los riesgos de estas situaciones de carácter financiero.
Cabe señalar que, desde el punto de vista del inversionista, en el mundo financiero las inversiones en compañías de seguros, bancos, fondos mutuos, etcétera, por su carácter son de gran movilidad ante pequeñas variaciones en la percepción de la rentabilidad de los negocios, como señalé anteriormente. El sistema obliga a enmarcar esta variabilidad, esta movilidad, para que pueda funcionar el sistema en el rango de uno por ciento de diferencia. Lo dicho es sobre la base de operaciones efectuadas en remate electrónico.
Finalmente, habrá un sistema en donde las compañías de seguros tendrán, por ejemplo, oficinas en la calle Santa Rosa ; no les importará si el asegurado recibe o no recibe los cheques, y no contarán con sucursales, porque será muy caro. Con ello, llegaremos a un sistema en el que el usuario será el gran perjudicado, o el Estado si el inversionista corre riesgos con su cartera de inversiones para atraer mayor número de clientes.
Una vez convertido en ley el proyecto que nos ocupa, debiera producirse, a mediano plazo, una división en el mercado entre las compañías de seguros. Por un lado, se ubicarán las que evolucionen a empresas de mínimo costo de operación, sin presencia real y que consideren los parámetros menos conservadores para las diversas variables técnicas y financieras. Y, por otro, las que manteniendo su curso vigente, actuando conservadoramente, se retiren gradualmente del negocio de las rentas vitalicias y focalicen sus inversiones en el negocio del seguro de vida tradicional con reglas de mercado transparentes que, en promedio, tiene mejor rentabilidad que las rentas vitalicias.
No parece sensato que un proyecto que pretende resolver un aspecto dentro de la comercialización de rentas vitalicias atente contra la solidez y el sano desarrollo de las compañías que ofrecen este producto.
Lo anterior cobra especial trascendencia al tener en cuenta que existen alternativas para resolver las imperfecciones al actual proceso de comercialización, como las propuestas en un anexo que entregaré más adelante, el cual fue presentado a la Comisión por la Asociación de Aseguradores de Chile.
La iniciativa propiciada por el Ejecutivo presenta el riesgo altamente probable de que, en el mediano plazo, la industria asociada a las rentas vitalicias derive en una industria menos conservadora guiada por las empresas más audaces, con un mayor potencial de riesgo de cumplimiento de sus compromisos. Con lo anterior, aumentará innecesariamente la potencial contingencia para el Estado al respaldar el sistema previsional conforme a la ley, además de llevar al sistema previsional mismo a un menor nivel de solidez, independientemente del rol garantizador del Estado.
Por otra parte, la proposición de las compañías de seguros no produce los efectos indeseados antes detallados y, eventualmente, en el caso improbable de que en el corto plazo sus efectos sean considerados insuficientes para mejorar la eficiencia y transparencia en la comercialización de los fondos previsionales, puede ser complementada sin causar perjuicios de consideración, como es el caso del proyecto que nos ocupa.
Señor Presidente , a diversos señores Senadores nos ha tocado conversar sobre el proyecto con el señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones y con las autoridades del Ministerio. Asimismo, lo votamos favorablemente en la Comisión, teniendo en cuenta la buena voluntad del Ejecutivo para introducirle ciertas correcciones. Desde ese punto de vista, en esta oportunidad, también lo aprobaremos, considerando la voluntad del Gobierno de acceder a ciertas solicitudes nuestras -no sólo de los Parlamentarios de Oposición, sino también de Gobierno- para modificar lo que sea necesario a fin de despachar una buena iniciativa.
Cabe recordar que si el Ejecutivo se equivocara en la percepción o diagnóstico que respalda el proyecto, se destruirá la industria aseguradora. En cambio, si nos equivocamos nosotros, podemos reparar la situación con el envío posterior de una nueva iniciativa legal.
Tocante al tema, no menor, relativo a las comisiones que se pagan a los agentes, es posible regularizar la situación para evitar distorsiones producidas por los esfuerzos de tratar de reparar un mal cometiendo otro.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , hoy nos enfrentamos nuevamente a una reforma al decreto ley Nº 3.500, de 1980. En esta ocasión, se busca reducir en parte los efectos negativos de prácticas inescrupulosas de algunos agentes intermediarios. Estas modificaciones son sólo cambios menores a un sistema que requiere transformaciones mayores.
Como he señalado en otras oportunidades, no pretendo que se vuelva al antiguo sistema de pensiones, pues ése no sólo era injusto para un alto porcentaje de trabajadores -especialmente para quienes imponían en el Servicio de Seguro Social-, sino que, además, adolecía de serias deficiencias, como la ausencia de un sistema de reajuste automático, una lenta burocracia y un permanente desfinanciamiento de las cajas de previsión, puesto que los gobiernos de turno utilizaban los fondos de las mismas para fines ajenos a su objetivo propio.
Pero -como he dicho también reiteradamente- no comparto la esencia del nuevo sistema, el cual, más que un sistema de previsión social, es un instrumento de ahorro nacional, manejado por privados, que lucran con el esfuerzo de los trabajadores. Hemos visto en estos últimos meses, a raíz de la discusión de este proyecto, cómo estas empresas luchan encarnizadamente por apoderarse del manejo de los cuantiosos recursos acumulados, y hemos tenido que soportar un incesante "lobby" por parte de los interesados en el negocio.
La rentabilidad de los fondos de pensiones, que se mostró inicialmente como uno de los mayores méritos del sistema, hoy aparece seriamente cuestionada por varios estudios de amplia difusión. Además, en los últimos años se han producido fuertes declinaciones de la rentabilidad, llegando en algunos momentos a cifras negativas, lo que ha permitido, por primera vez desde la promulgación del decreto Nº 3.500, la posibilidad de abrir un debate sobre el nuevo sistema de pensiones.
De acuerdo a la evolución de este nuevo sistema, la competencia, que aparece como un elemento básico, paulatinamente irá desapareciendo en la medida en que las AFP más poderosas absorban a las más pequeñas. Y finalmente, cuando queden dos o tres, les será fácil ponerse de acuerdo, realizar prácticas oligopólicas y compartir el botín. Lo mismo sucederá con las compañías de seguros, algunas de las cuales están relacionadas con las propias AFP. El poner estos cuantiosos recursos al servicio de los grupos económicos que los manejan de este modo, puede constituir un serio riesgo para los afiliados al sistema y para el propio Estado, el que -recordemos- deberá responder a la larga de las necesidades de quienes no posean los fondos suficientes en sus cuentas individuales, junto con quedar a merced de quienes tengan una influencia tan poderosa en el sistema financiero nacional.
Por otra parte, a pesar de las reformas ya efectuadas al decreto ley Nº 3.500 y de la que estamos discutiendo en este momento, no podremos evitar el alto costo que representa para los trabajadores la administración de sus ahorros previsionales. En efecto, más del 20 por ciento de los recursos que logran ahorrar mensualmente los trabajadores ingresa a los fondos propios de las AFP. Este porcentaje puede ser mayor o menor dependiendo del sueldo del trabajador, de la AFP en que cotice y de si tiene o no comisiones fijas. Además, los trabajadores deben pagar comisiones, que en algunos casos sobrepasan el 10 por ciento de todos sus fondos acumulados, para acceder a una renta vitalicia, y parte importante de dichos fondos ingresa adicionalmente a las arcas de las compañías de seguros. Este sistema es un excelente negocio para quienes manejan los fondos previsionales a costa de una carga excesiva para los afiliados.
Tampoco comparto la política de invertir en el extranjero los fondos previsionales, lo que, según se dice, sería una manera de protegerlos. No lo comparto, ya que esos recursos hacen falta en el país para generar más trabajo a los mismos dueños de los fondos, que a veces se quedan cesantes por falta de nuevos puestos de trabajo.
Quienes hemos participado en las Comisiones del Senado en los extensos debates sobre las reformas previsionales, sabemos lo complejo que es este sistema, de sus vulnerabilidades, algunas de las cuales estamos tratando de minimizar en este proyecto, de las dificultades que enfrentan los trabajadores para conocer sus derechos entendiendo las distintas alternativas y, muy especialmente, para tomar las decisiones correctas en resguardo de sus intereses.
Quisiera agregar que considero absolutamente importante lo planteado por el Senador señor Ríos: es muy difícil entender el proyecto de ley que nos ocupa, si no se conoce a fondo el funcionamiento del actual sistema previsional. Y ello, desgraciadamente, no es posible explicarlo a cada uno de los señores Senadores en un discurso de quince minutos.
Los hechos que han originado esta reforma demuestran que, lamentablemente, el factor moral está ausente en un sistema más relacionado con los mercados financieros que con la seguridad social, y que el lucro es el motor y principal objetivo de los inversionistas, dejando como víctimas a los trabajadores, que poco o nada saben de lo que pasa con su dinero y menos sobre cuáles son sus expectativas. Para entender el funcionamiento del sistema se requiere de preparación previa y de conocimiento en diversas materias, especialmente financieras, muy superiores a los que tiene la mayoría de los trabajadores, por lo que éstos quedan a merced de quienes manejan las instituciones privadas que lo operan.
Tal como se ha informado, el proyecto contiene tres elementos principales:
1.- Mejora la información que recibe el imponente al momento de jubilarse;
2.- Establece un mecanismo de remate electrónico que ofrece la expectativa de una mejor pensión y hace más transparente el proceso de elección del imponente que opta por renta vitalicia, y
3.- Modifica los requisitos para acceder a una pensión anticipada.
Respecto de los dos primeros puntos, no tengo objeciones. Ellos apuntan en el sentido correcto, pues pienso que una de las principales debilidades del actual sistema es la desprotección en que se encuentran los trabajadores por desconocimiento de su funcionamiento, quedando en muy precarias condiciones para tomar las decisiones más adecuadas a sus intereses.
Algunos argumentarán que esta reforma limitará la libertad de los trabajadores para elegir. Al contrario, con mayor información y más transparencia, los afiliados estarán más protegidos al momento de optar. Incluso, son protegidos de la tentación de cambiar una mejor pensión por recursos frescos al momento de jubilarse.
Además, estamos hablando de imposiciones previsionales, que, por principio, son obligatorias. La experiencia nos indica que si éstas fueran voluntarias, la mayoría de los trabajadores preferiría una mejor remuneración y postergar su aporte al fondo de pensiones. Por lo mismo, el Estado, que obliga a los trabajadores a imponer, tiene también la obligación de velar por el buen manejo de estos fondos y garantizar una adecuada cobertura de sus necesidades en la vejez.
La posibilidad de un remate de los fondos previsionales al que puedan concurrir todas las compañías de seguros, ofrece la expectativa de una mejor pensión para el trabajador y reduce, en buena medida, los montos de las altas comisiones que hoy se pagan. Es importante destacar que por el solo hecho de que se esté discutiendo este proyecto se ha producido, en los últimos meses, una baja en las comisiones que cobran las compañías de seguros.
Concuerdo con las modificaciones tendientes a limitar el retiro de excedentes cuando los trabajadores se jubilen anticipadamente. Es más, propuse eliminar esta práctica, la que estimo contraria al sentido de un sistema previsional, ya que, primero, se obliga a los trabajadores a un ahorro forzoso para estar protegido en su vejez y, luego, se les permite retirar una parte de este ahorro, lo que reduce considerablemente el monto de su pensión.
Sin embargo, tengo objeciones en lo que se refiere a la mayor exigencia de requisitos para jubilarse anticipadamente.
Una primera aproximación a este problema nos lleva a considerar razonable la preocupación del Ejecutivo desde la perspectiva de la protección de los recursos fiscales, que eventualmente deberían destinarse a cubrir la falta de fondos acumulados por los trabajadores. Empero, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, con la normativa propuesta se vulneran derechos ya adquiridos por éstos, porque se privaría de una fuente de sustento a personas mayores que se encuentran cesantes, cuyas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo son muy reducidas. Incluso, me atrevería a sostener que muchos trabajadores se cambiaron al nuevo sistema ante el atractivo de jubilarse anticipadamente, por lo que no es justo cambiarles las reglas del juego.
En la Comisión rechacé varias de las propuestas del Ejecutivo hasta que conseguimos una gradualidad en la aplicación de las nuevas condiciones para jubilarse anticipadamente. Aprobé la última propuesta con el objeto de permitir que el proyecto llegue a la Sala. Y espero que durante el debate del mismo logremos una mayor flexibilidad por parte del Ejecutivo, ya que carecemos de iniciativa en estas materias.
En la actualidad, la exigencia para jubilarse anticipadamente se halla condicionada por el promedio de las remuneraciones de los diez últimos años, el que se establece dividiendo todas las remuneraciones percibidas durante ese lapso por el número 120, y debe corresponder a 110 por ciento de la pensión mínima y a 50 por ciento de la última renta.
La propuesta inicial del Ejecutivo contenía la exigencia de efectuar una elevación a 150 por ciento de la pensión mínima y a 70 por ciento de la última renta. Además, para calcular el promedio de los últimos diez años, se dividía la suma de todas las remuneraciones percibidas en dicho período por el número de meses efectivamente trabajados.
Si las modificaciones se hubiesen aprobado de acuerdo a la propuesta inicial del Ejecutivo , sólo el 23 por ciento de los trabajadores que hoy se hallan en condiciones de jubilarse anticipadamente habrían podido hacerlo. Con la gradualidad aprobada, en el primer año de vigencia de esta reforma sólo el 46 por ciento de ellos podrá acceder al beneficio. Aun aceptando la necesidad de proteger los recursos fiscales, como una manera de beneficiar a los trabajadores mayores que enfrenten la cesantía considero que esta exigencia es todavía muy elevada.
Además, debemos tener presente que las modificaciones tendientes a elevar los requisitos para pensionarse anticipadamente no ayudan a solucionar los problemas sociales originados por el desempleo que hoy enfrenta el país, pues privarían a muchos cesantes de recibir ingresos. Teniendo claro que el objetivo del ahorro previsional no es suplir el seguro de cesantía, no podemos desconocer que en la práctica juega ese rol para las personas mayores.
Mientras no se lleven a cabo programas más agresivos para facilitar la inserción laboral de aquellas personas, en tanto no exista un seguro de desempleo con normas adecuadas para ellas parece altamente riesgoso imponer estos cambios, aun con la gradualidad aprobada en la Comisión.
Debo hacer notar además que parte importante de los trabajadores tiene hoy ocupaciones temporales y recibe el ingreso mínimo, o muy cercano a él, por lo que sus expectativas de cumplir con las exigencias del proyecto dificultarán su acceso a la jubilación anticipada.
A este respecto, cabe mencionar que varios miembros de la Comisión de Trabajo propusimos al Gobierno abocarnos a la idea original de la iniciativa, y postergar el debate sobre jubilación anticipada para cuando se lleve a cabo una discusión más amplia acerca del sistema previsional y se puedan proponer cambios armónicos que cumplan con las exigencias que plantean los nuevos tiempos, pero desde la perspectiva de los intereses y los derechos de los trabajadores.
A pesar de las presiones que puedan ejercer algunos grupos económicos y quienes comparten la ideología neoliberal, los intereses de los trabajadores, dueños de los fondos previsionales, exigen cambios profundos al sistema, que, asumiendo las transformaciones experimentadas en el país y en el mundo, privilegien el bien común y el interés de los más débiles por sobre los intereses particulares de quienes manejan estos sistemas. No es justo que en los debates pesen más las opiniones de quienes administran el dinero, que las aspiraciones y necesidades de los que son sus dueños.
El país requiere de importantes recursos en salud, vivienda, educación, desarrollo urbano, integración territorial, seguridad ciudadana, etcétera. Por ello está limitado para invertir en obras públicas, en mejoramiento de los servicios sanitarios, en el desarrollo de modernos y eficientes sistemas de transporte, o en mejorar las comunicaciones. Sin embargo, existen más de 30 mil millones de dólares de los trabajadores que se pueden invertir en éstos y otros fines, o en similares, entregando una adecuada y segura rentabilidad.
Qué duda cabe de que tales inversiones serían mucho más útiles a los trabajadores, por el aumento de sus fuentes laborales, y al país, por un importante auge económico, que a empresas ya existentes; o, lo que es más grave, a instituciones extranjeras las cuales favorecerán aún más a trabajadores de países altamente desarrollados.
No debemos descartar a priori la posibilidad de construir un nuevo sistema previsional, donde la forma de establecer los aportes, el manejo de los mismos y su utilización estén destinados a cubrir el estado de necesidad de los trabajadores, ampliándose la cobertura y mejorando las condiciones de los temporeros y de quienes trabajan por cuenta propia. Junto a ello hay que considerar la existencia de un fondo solidario que permita mejorar la protección a los trabajadores de rentas bajas, estableciendo modalidades de administración del sistema que tenga en cuenta la voz de quienes aportan los recursos.
Creo que no es bueno seguir abordando el problema de la seguridad social en forma parcial. Se necesita un tratamiento más comprensivo y armónico que contemple una adecuada y coherente protección frente a las diversas contingencias a las que se ven expuestos el trabajador y su familia. Estamos preparándonos para hacer nuestro aporte cuando el Gobierno decida comenzar el debate sobre la materia, que está pendiente.
Anunciamos desde ya nuestra votación favorable al proyecto, para que durante la discusión particular se le puedan imprimir las reformas pertinentes.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente, la iniciativa sometida a nuestra consideración modifica el decreto ley Nº 3.500, estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.
Es de público conocimiento que en la actualidad el mercado de rentas vitalicias presenta imperfecciones tales como la comercialización informal de listas con indicación de los potenciales pensionados; problemas de información de los futuros pensionados con respecto al bien que están adquiriendo; alto nivel de las comisiones cobradas por los intermediarios de seguros, y conflictos de intereses que éstos enfrentan.
Los principales objetivos del proyecto consisten en regular el otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias, para que los afiliados seleccionen una pensión mediante una decisión debidamente informada.
En primer término, se crea un sistema de consultas y ofertas de rentas vitalicias obligatorio para todo afiliado que, deseando pensionarse, reúna las condiciones para optar a una renta vitalicia. Estas condiciones, según el régimen vigente, se traducen en que el afiliado tenga un saldo suficiente para financiar una pensión igual o superior al ciento por ciento de la renta mínima garantizada por el Estado, o al 110 por ciento si se tratara de una pensión de vejez anticipada.
Adicionalmente, se otorga la posibilidad de que los afiliados en cualquier etapa de su vida previsional efectúen consultas sobre montos y modalidades de pensión.
Además, se dispone que la transmisión de la información de los afiliados y beneficiarios desde las administradoras u otros organismos intermediarios hacia las compañías de seguros de vida, y las cotizaciones de pensión que éstas entreguen, se harán a través de un sistema computacional y de comunicaciones. Como una manera de financiar dicha modalidad de consulta, se establece que por transmitir la información se podrá cobrar al usuario que la contrate un monto fijo por el derecho a acceder al sistema; y uno variable por la transmisión de la información.
La administradora podrá efectuar las consultas a todas las compañías de seguros de vida que participen en el mercado de rentas vitalicias. Estas compañías harán las ofertas sobre la base de un costo por unidad de pensión, las que posteriormente serán puestas a disposición del solicitante, en términos de pensión mensual, y estarán vigentes por un período determinado.
Se dispone además la entrega de información suficiente para las distintas ofertas de las compañías de seguros: antecedentes del afiliado y su grupo familiar referidos a lo menos al nombre, cédula nacional de identidad, domicilio, monto nominal, fecha de emisión del bono de reconocimiento y saldo de la cuenta de capitalización individual, como también a la fecha de nacimiento y sexo del imponente y sus beneficiarios.
El afiliado deberá seleccionar la modalidad de pensión una vez que esté en conocimiento de todas las ofertas del mercado, pudiendo optar por aceptarlas o rechazarlas.
Para tales efectos, las compañías deberán proporcionar a los solicitantes de pensión, en forma separada y no comparativa, los montos ofrecidos bajo las modalidades de renta vitalicia y retiro programado; la clasificación de riesgo de las compañías de seguros oferentes, y otros antecedentes. Además, deberán entregar documentación informativa útil para el afiliado.
La fiscalización del sistema de transmisión de información corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.
El proyecto plantea una serie de prohibiciones, entre las que se considera la imposibilidad del trabajador de seleccionar la modalidad de pensión por interpósita persona. Sólo puede hacerlo personalmente o representado mediante mandato otorgado por escritura pública. Las compañías no pueden otorgar a los afiliados incentivos en dinero u otros beneficios distintos de las pensiones calculadas en conformidad a la ley.
A los intermediarios que intervengan en la comercialización de rentas vitalicias les son aplicables las mismas prohibiciones enunciadas.
Con fecha 8 de septiembre retropróximo, la Honorable Comisión de Trabajo y Previsión Social evacuó su informe complementario, en el que se da cuenta de la aprobación del proyecto de ley, señalando que todas sus normas son de quórum calificado por incidir en materias de seguridad social.
Al efecto, dicho órgano técnico aprobó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en orden a perfeccionar el objetivo tenido en vista por el proyecto en cuanto a otorgar mayor transparencia al sistema, que se traduce en las siguientes enmiendas:
-Sustituye al Banco Central por la Superintendencia de Valores y Seguros en el cálculo de la tasa de interés de las rentas vitalicias.
-Elimina la influencia de las pensiones de vejez en la tasa de interés técnico.
-Obliga a las AFP consultadas por un afiliado a efectuar el cálculo de las pensiones que se obtendrían según la modalidad de retiro programado.
-Autoriza al afiliado para negociar mejor oferta fuera del sistema de consultas.
-Amplía los requisitos para el retiro programado.
-Iguala los requisitos para el retiro de excedentes.
En el informe se agrega que la Comisión procedió a aprobar algunas adecuaciones complementarias.
Con relación al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, se perfeccionan los requisitos para la selección de las ofertas a fin de privilegiar el uso de los fondos de las cuentas de capitalización individual de los afiliados en la obtención de mayores montos de pensión. Para ello, se contempla que con posterioridad a que los afiliados a una AFP hayan tomado conocimiento de las ofertas de rentas vitalicias, podrán seleccionar una de entre las tres alternativas de mayores ofertas de montos de pensión, o cualquier otra que no sea inferior en más de un uno por ciento al promedio de las tres mayores. En este último caso, la compañía de seguros de que se trate deberá tener una clasificación de riesgo al menos igual a la categoría de riesgo inmediatamente inferior a la de la compañía que se encuentre mejor clasificada entre las que realizaron las tres mayores ofertas.
En caso de que el afiliado no quedare conforme con ninguna de las alternativas, podrá requerir de la Administradora la realización de un remate, el que tendrá carácter de vinculante con aquellas compañías de seguros que podrán participar. El afiliado deberá fijar la postura mínima, que no podrá ser inferior a la mayor de las ofertas de las compañías seleccionadas, ni inferior en más de un uno por ciento al promedio de las tres mayores ofertas recibidas por él en el sistema de consultas. Se adjudicará el remate la compañía de seguros que haya efectuado la oferta mayor.
Además, el afiliado podrá contratar una renta vitalicia sobre la base de las ofertas realizadas con posterioridad, siempre que la compañía de seguros con la que se contrate la renta vitalicia le hubiere efectuado en el referido sistema alguna oferta que se encuentre vigente al momento de la contratación y que el monto de la pensión ofrecido sea al menos igual al valor mayor entre el promedio simple de las tres mejores ofertas de pensión que se le hayan hecho.
Se faculta también al afiliado para postergar su decisión de pensionarse por renta vitalicia, o preferir la modalidad de retiro programado.
En fin, se incrementa el requisito para pensionarse anticipadamente relativo al porcentaje de la renta promedio de los últimos diez años, el que se eleva de 50 a 70 por ciento.
Igualmente, se aumenta la proporción que debe representar la pensión mínima que se ofrece al afiliado respecto de la remuneración promedio de los últimos años.
Con fecha 31 de octubre pasado las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, unidas, evacuaron también un informe complementario. En él dan cuenta de que decidieron aprobar en general el proyecto y cada uno de sus artículos en los mismos términos en que lo hizo el 8 de septiembre la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de entender que la discusión detallada deberá hacerse -y, en consecuencia, se podrán revisar los criterios seguidos y las resoluciones adoptadas- una vez que el Senado vote la idea de legislar y se abra la oportunidad para formular indicaciones al articulado.
La tramitación del proyecto en Comisiones unidas se explica porque en una segunda oportunidad la Comisión de Trabajo y Previsión Social conoció e incorporó al texto una indicación del Ejecutivo que no fue tratada en la de Hacienda.
Los señores Senadores asistentes a las Comisiones unidas estuvieron de acuerdo en que la licuación de pensiones para obtener su valor presente a cambio de elevadas comisiones, desvirtúa el sistema y debe ser desincentivada. Se señaló que el régimen de pensiones está concebido para reemplazar el ingreso al final de la vida activa y no para complementarlo mediante la anticipación.
Sin embargo, señor Presidente , no puedo dejar de hacer presente -en especial al considerar la reflexión de que las pensiones reemplazan el ingreso al final de la vida activa del trabajador- una consideración que estimo primordial y de gran importancia, sobre todo en un momento como el actual en que el flagelo de la cesantía y, por ende, el de la marginación social afectan a significativos sectores de la colectividad. El hecho real es que, en muchos casos, quienes se encuentran desempleados son imponentes de AFP o de sistemas de previsión social fiscales.
En tales circunstancias y para esos eventos, me permito hacer presente al Ejecutivo la necesidad imperiosa de consultar una norma que autorice el retiro de imposiciones pertenecientes al cotizante, con un límite de hasta un 10 por ciento de sus respectivos depósitos, en cuotas mensuales iguales hasta copar dicho tope.
La acogida de esa propuesta significaría utilizar el proyecto con un sentido social indiscutible porque contribuiría a mitigar los efectos de una cesantía tan agraviante como la oficialmente reconocida. Y si, por otra parte, se tiene en cuenta que se trata de dineros que pertenecen a cada imponente, el espíritu de justicia de la indicación que dejo planteada se inserta dentro de un plan concreto de equidad social. Un sentido de colaboración para paliar ese problema tan serio me lleva a formular esta sugerencia.
Finalmente, se aceptó la idea de permitir a los pensionables la constitución de un fondo de libre disponibilidad para contratar al momento de pensionarse una asesoría independiente de las aseguradoras. La remuneración de ese servicio debiera ser un monto fijo y no un porcentaje de los recursos. Si ese fondo no se utilizare, se sumará a los recursos con que se paga la renta vitalicia.
Esta fórmula se hace cargo de la necesidad de asesoría en una materia enormemente compleja como ésta, en que el análisis para adoptar la decisión correcta requiere de conocimientos que no todos poseen, al tiempo que preserva la libertad del pensionable para contratar o no tal servicio.
Las consideraciones precedentes, con la sugerencia específica que he formulado, me inducen a prestar mi aprobación a la idea de legislar.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente, expondré algunas opiniones para complementar el análisis de la iniciativa en debate.
El proyecto nació en 1996 al detectarse una falta de trasparencia en el manejo de la información respecto de las personas prontas a reunir los requisitos para pensionarse.
Es preciso entender que los trabajadores realizan sus cotizaciones en una AFP donde se van radicando los antecedentes relativos a la edad que tienen y cómo se están acercando a los requisitos para pensionarse. En razón de no tratarse de una información abierta, se estimó que ella conformaba un antecedente cautivo en la entidad donde imponía el trabajador próximo a ser pensionable, lo que podía estar influyendo en el monto de las comisiones por pensiones de renta vitalicia que implicarían un pago de información, afectando el funcionamiento del mercado correspondiente.
A partir de ese diagnóstico se propuso un texto que buscaba generar un mecanismo de transmisión automática de datos a todo el mercado asegurador. Para ello se diseñó un sistema de traspaso automático de información acerca de los eventuales pensionables, y una instancia de remate no vinculante. A través de ese dispositivo se pondrían también en conocimiento de los próximos pensionables las opciones ofrecidas por el mercado asegurador para el caso de que desearan pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia.
Ése fue el proyecto diseñado y aprobado por las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda en su oportunidad. Sin embargo, posteriormente se adicionaron a la iniciativa otras disposiciones. Se aumentaron los requisitos para pensionarse en forma anticipada por considerar que el Estado estaba asumiendo compromisos onerosos con las personas que, por el hecho de aceptar dicha modalidad, llegaran a necesitar en cierta etapa de su vida una pensión mínima, cuyo cargo debería ser costeado con recursos públicos.
En consecuencia, la iniciativa que originalmente tenía por objeto mejorar el nivel de información -haciéndola más transparente- del mercado de las rentas vitalicias, se complicó con la adición de nuevos requisitos para pensionarse en forma anticipada, tanto respecto del porcentaje de la pensión mínima cuanto del monto percibido en la vida activa.
Por último, después de un tiempo hubo un diagnóstico distinto en el sentido de que las personas estarían efectuando un retiro anticipado de su pensión por la vía de un cobro oculto en la comisión, lo cual en definitiva afectaría el monto de esta última. Y este tercer análisis llevó a lo que hoy día tenemos a la vista: un sistema de remate prácticamente vinculante, porque tiene grados de libertad tan estrechos, tan mínimos, que se parece mucho a un remate obligatorio.
Es cierto -y positivo que el Senado conozca estos antecedentes- que las comisiones en promedio han subido de 2,93 por ciento en 1990 a 5,96 por ciento en 1999, en una escalada lineal y ascendente. Es evidente que se está produciendo una distorsión por la vía de retiros a través de las comisiones; o sea, en ellas se oculta un pago a los futuros pensionados.
Por eso, cuando se critica en el sentido de que se trataría de un sistema marcado por el lucro, o casi envenenado por él, creo que se hace una apreciación distorsionada de la realidad. Es indiscutible que hay un apoyo en el lucro en cuanto a la forma de operar de las compañías que prestan servicios en el sector. Pero este problema en particular no se relaciona con eso, sino con el hecho de que en algún momento las personas tienen o tuvieron una preferencia por la liquidez. Y en este ámbito su conducta varía según el nivel cultural. Por ejemplo, Japón no ha logrado activar su economía porque la propensión a no gastar es tan grande que el sistema de mercado -basado en que la gente gaste- no funciona desde hace unos años hasta esta parte. Nuestra cultura también experimenta cambios, y un proyecto como el que nos ocupa debería considerarlos. Es muy probable que los cambios producidos en estos meses respecto de la baja en las comisiones se deban a que la preferencia por la liquidez de los próximos pensionables ha decaído. Si se ponderan otros indicadores, como la reticencia tan grande a gastar, la caída en los créditos de consumo, la disminución en el uso de tarjetas de crédito, puede concluirse que en el estado de ánimo de la comunidad nacional hay una distinta valoración del gasto presente que la existente hace uno o dos años.
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que tales conductas son cambiantes, y pueden ser de alguna manera influidas por incentivos adecuados o el entorno en que se desenvuelve la sociedad. En consecuencia, legislar como si esas conductas fueran fijas en el tiempo puede ser un profundo error.
El proyecto, cuya idea de legislar se discute hoy -por eso, mis planteamientos son de tipo general-, en primer lugar, toca lo relativo a la información, y todo lo destinado a favorecerla es positivo. Por lo tanto, vale la pena aprobarlo. La creación de un sistema que extraiga la información referida a la persona que está pronta a cumplir los requisitos para pensionarse desde el ejecutivo de la AFP y la ponga en el mercado es conveniente porque va a permitir que ella se beneficie con las mejores opciones que se le pueden ofrecer.
En segundo término, respecto de la preferencia por el ingreso presente a que aludí anteriormente, creo que puede desincentivarse -pues hoy envuelve una comisión abultada con un retiro anticipado de lo que debería ser la pensión futura- a través de fórmulas destinadas a transparentar las comisiones y, además, por medio de mejores incentivos. También, debe tenerse confianza en la inteligencia de las personas, pues, si en algunas épocas prefieren la liquidez y en otras el ahorro, se trata de decisiones personales influidas por su propia inteligencia, la cual muchas veces es superior a la de nosotros, los legisladores.
En tercer lugar, existe el problema de la falta de oportunidades de empleo para las personas mayores. En la actualidad, la pensión anticipada se encuentra muy marcada por la carencia de opciones de trabajo de quienes han llegado a los 50 años y que pierden su empleo. Nosotros, más que preocuparnos de abordar esa materia en este tipo de proyectos, deberíamos ir a la raíz del problema, generando oportunidades de trabajo para los integrantes de ese grupo etario. Para ello, primero -porque seguramente es un problema cultural-, hay que enfatizar el hecho de que todas las personas son útiles y que cada grupo etario tiene alguna característica positiva que se debe poner de relieve y en juego; segundo, hay que desregular la legislación laboral. A lo mejor, los mayores de 50 años deberían cumplir jornadas de trabajo distintas de las de otros más jóvenes; o tener acceso a ellas si se encuentran desempleados. Quizás también debería darse más capacitación para que estas personas, a medida que pase el tiempo y tengan más edad, puedan mantener habilidades que les permitan ingresar al mercado laboral sin mayores complicaciones.
A mi juicio, esos son los verdaderos resortes que hay que tocar para solucionar el problema descrito y no propiciar iniciativas como la que hoy analizamos.
Finalmente, el proyecto aborda el llamado servicio de comercialización. Por desgracia, en cuanto a la automatización que se pretende generar en la forma de asignar las rentas vitalicias, la iniciativa está marcada con una minusvalorazión del servicio de comercialización. El producto, que es una renta vitalicia, tiene muchas particularidades. Algunos pueden querer rentas vitalicias menores durante un lapso de tiempo, porque estiman innecesarias unas más altas; sin embargo, desean que a partir de determinada época o edad se les aumenten, porque las demandas en salud se van a acrecentar. Otros pueden preferir rentas vitalicias mayores en una primera etapa, porque están educando hijos; y menores después, porque ya habrán salido de ese gasto.
Una renta vitalicia puede estar determinada por factores genéticos, en cuanto a la esperanza de vida, o al historial médico, o a los hábitos de vida, y, por tanto, se requiere una personalización, una adecuación, que nunca podrá lograr una norma general rígida ni menos un remate electrónico.
En consecuencia, el valor del servicio de comercialización es algo que desgraciadamente no se encuentra recogido ni respetado en este proyecto. Por eso, en esta materia debería avanzarse mucho en la discusión particular en cuanto a abrir espacios respecto de este servicio, tan importante y el típico del siglo XXI, donde los elementos de la producción están cada vez más entregados a máquinas, donde la información está cada vez más vinculada a la informática, y donde, para el espacio de la actividad y la iniciativa humanas, quedan justamente los servicios personalizados, que permiten adecuar las ofertas a las necesidades de cada persona.
En consecuencia, señor Presidente , creo que el proyecto, que debería ser aprobado en general por la generación de información que contiene, tendría que ser profundamente revisado en su análisis particular con el propósito de eliminar los aspectos de rigidización que introduce en el servicio de comercialización de las rentas vitalicias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente, lo que ya se ha expuesto aquí me evita referirme a algunos aspectos puntuales de la iniciativa.
Sin embargo, deseo hacer algunas consideraciones de orden general que pueden ser útiles para que nos orientemos tanto en lo que concierne a la forma en que vamos a aprobar o corregir este proyecto cuanto a su verdadero alcance y sentido.
Debo dejar constancia de que ha sido objeto de una larga discusión, en la cual algunos Senadores hemos participado desde un comienzo, y debo reconocer que de parte de las autoridades hemos tenido la oportunidad de contar con la máxima información y, en determinados casos, flexibilidad.
Éste es un proyecto donde nuestra iniciativa como Senadores se halla limitada y, por lo mismo, donde nuestras armas consisten en los mejores o peores argumentos que demos para convencer a las autoridades en cuanto a la necesidad de efectuar determinadas modificaciones.
Deseo hacer constar que ha habido comprensión en ese sentido, lo cual no quiere decir que este proyecto sea, ni con mucho, perfecto, pero sí que durante su examen se le han introducido importantes enmiendas que tienden a cumplir sus objetivos generales.
Es bueno recordar que estamos tratando de incorporar innovaciones y perfeccionamientos a un sistema previsional en que el Estado exige, a todos los trabajadores dependientes, y de alguna manera facilita, a todos los independientes, un ahorro obligatorio con un fin primordial que no debemos olvidar, como es el de procurar asegurarles, para su vejez, una pensión que les permita un nivel de vida adecuado. Éste es el objetivo fundamental que siempre debemos tener presente.
Esto se halla inserto en un sistema denominado "de AFP", que si bien es objeto de críticas, representó, indudablemente, un avance gigantesco con respecto a lo que existía antes. Hoy se obtienen mayores beneficios con menos imposiciones y no tenemos la situación que se presentaba en el pasado, cuando los recursos provenientes del esfuerzo de trabajadores y empresarios -principalmente de los primeros- prácticamente se dilapidaron o se perdieron. Este sistema ha permitido cumplir un objetivo paralelo, que no por ser tal deja de ser meritorio y fundamental, cual es el de aumentar sustancialmente el ahorro nacional, lo que contribuye a un mejor nivel de vida del país y, obviamente, a un mejor nivel de vida de los trabajadores.
Además, se critica al sistema por no tener nada de solidario, en circunstancias de que presenta, a lo menos, dos elementos de solidaridad. Existe un seguro que cubre determinados riesgos -precisamente, el de invalidez, de jubilación prematura- y hay, para ciertas pensiones mínimas, una garantía del Estado.
En todo caso, el sistema, con todas las imperfecciones de que pueda adolecer, en la actualidad es objeto de observación por parte de muchos países y cada vez se extiende más. En consecuencia, debemos procurar mejorarlo, pero de ninguna manera eliminar o sustituir algo que ha dado buen resultado, que ha permitido aumentar el ahorro nacional y que ha elevado la situación de los trabajadores.
Ahora bien, ¿por qué se presentó este proyecto? Se han explicado las diversas causas, pero, en definitiva, es porque se habían producido deformaciones que alteraban el objetivo esencial que ya he señalado. El objetivo, más allá de la voluntad directa de las personas, más allá de lo que podemos creer que es nuestro interés inmediato, es procurar asegurar una pensión para la vejez.
Pues bien, en la práctica se está produciendo un conjunto de jubilaciones anticipadas que implican una sustancial disminución de la pensión a recibir. Los cuadros entregados indican que jubilar anticipadamente, para un hombre, significa obtener una pensión menor a la mitad de la que podría recibir nueve años después. En el caso de la mujer, se ha hecho el cálculo por seis años, pero se llega a idéntico resultado.
¿Y por qué se producen estas jubilaciones prematuras? Éstas, indudablemente, se hicieron pensando en las personas a las que les resulta difícil trabajar, a quienes se les rebajaron los requisitos para pensionarse. Esto se tradujo en una presión, causada tal vez por un excesivo poder vendedor, por incitar a las personas a jubilar anticipadamente y, de paso, buscar los medios para recibir algunas sumas en forma inmediata. Es evidente que esto es una gran tentación, la cual ha llevado a que en este momento haya más pensiones anticipadas que pensiones a la edad adecuada.
Pero, simultáneamente, nos encontramos con que existe una gran falta de información. El sistema es de por sí complejo y el común de los imponentes no conoce exactamente ni sus derechos ni, quizás, los objetivos fundamentales del sistema. Cuando están en condición de jubilar, muchas veces no saben a qué atenerse y se llega al extremo de hacerlo anticipadamente y, lo que es peor, de que se cobren comisiones altísimas, con la tentación de que participen en ellas. Ya se ha señalado cómo estas comisiones, de poco más de 2 por ciento, han llegado a promedios que exceden el 6 por ciento y, en algunos casos, alcanza el 12 por ciento.
Lo que se procura es facilitar la información a los imponentes para que ellos sepan a qué atenerse en el momento pertinente, y segundo -algo que aquí no se ha mencionado-, aumentar los requisitos para la jubilación. Éstos fueron rebajados en épocas de cesantía y, en el fondo, se han traducido en una incitación a que se conviertan en el sistema general y no en la excepción. La posibilidad de jubilar con el 50 por ciento del término medio de los ingresos obtenidos en los últimos 10 años, bastando para ello con que la pensión resultante sea superior en sólo 10 por ciento a la pensión mínima, facilitó el acceso a la jubilación anticipada a un muy importante número de personas. Y esta tentación de obtener buenas comisiones y de hacer participar de ellas al interesado indujo a un resultado negativo que ha llevado a la presentación del proyecto en discusión.
No voy a entrar aquí en el detalle -porque es bastante técnico y complejo- en cuanto a si el sistema que la iniciativa contempla es o no perfecto y a las deficiencias que tiene.
A este respecto, tengo la convicción de que, en la medida en que las críticas que se formulen posean fundamento, encontraremos respuesta de las autoridades de Gobierno para acogerlas en la forma en que sea necesario. No me parece que ésta sea la oportunidad para discutir si este sistema, que establece una especie de semicompromiso sobre la base de proposiciones y porcentajes que elaboran todas las compañías de seguros, es o no el más adecuado.
Es evidente que a partir de la vigencia de este sistema la persona en situación de jubilar o de optar a ello tendrá una información de que hoy carece. Pienso que ese solo hecho justificaría la existencia del proyecto.
En segundo término, el que podamos elevar las exigencias para hacer más difícil la jubilación prematura, me parece igualmente conveniente, porque si no, nos encontraríamos con el drama de que una persona, por recibir hoy alguna suma de dinero o una pensión, cuando llegue realmente a la vejez se encontrará con que no posee los recursos para sobrevivir, en circunstancias de que el solo hecho de postergar la jubilación quizás le habría permitido doblar o incluso aumentar su actual pensión.
Por eso, estimo que debemos aprobar la iniciativa, ya que de por sí tiende a corregir fallas absolutamente notorias; aumenta el grado de información; limita la jubilación prematura y tiene un rango de elasticidad o de opciones que, si bien es cierto hasta ahora existen en el papel, el imponente no las puede aprovechar o no posee los elementos necesarios para hacerlo.
Por consiguiente, señor Presidente , este proyecto merece ser aprobado. Pienso que va en la línea adecuada. Tengo la convicción de que puede ser mejorado, pero al mismo tiempo es urgente aprobarlo porque hoy día estamos deformando un buen sistema y conduciendo a muchas personas a jubilaciones prematuras que lamentarán dentro de muy poco tiempo.
Además, tomando en cuenta que se ha señalado que no existe iniciativa de parte nuestra al respecto, reitero mi llamado a las autoridades de Gobierno para considerar, con la misma amplitud con que lo hicimos en muchas largas sesiones, la posibilidad de hacer determinadas correcciones que tiendan a lograr los verdaderos objetivos perseguidos y que no se produzcan las deformaciones a que se ha aludido -que conocemos-, en cuanto a que el sistema aplicado rígidamente como aparece aprobado hoy podría afectar la existencia de las compañías de seguros o comprometer al mismo sistema.
Pienso que un análisis objetivo de esta materia y un examen técnico nos permitirá hacer las correcciones adecuadas para llegar a un mecanismo que probablemente no será perfecto, pero sí bastante mejor que el existente.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo a la Sala cerrar el debate, iniciar a la votación y que comiencen fundamentando su voto los Senadores que están inscritos.
Acordado.
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en el marco del nuevo sistema de pensiones, el otorgamiento de éstas a través de la modalidad de rentas vitalicias se ha hecho cada vez más frecuente. Las estadísticas indican que las rentas vitalicias alcanzaron 65 por ciento de las ventas totales de seguros de vida. Ante estos resultados es innegable su importancia para el sector seguros, y en consecuencia, para la economía global del país.
Sin embargo, esta relevante actividad económica ha generado un mercado que, con el transcurso del tiempo, acusa serias anomalías e imperfecciones que el presente proyecto pretende corregir.
Este mercado se caracteriza por las altas comisiones que cobran los intermediarios. La información que maneja el Gobierno de los llamados "asesores previsionales", indica que éstos ganarían en exceso por cada renta que colocan en el mercado. Pese al gran número de pensionados que recurren a este sistema, éste se concreta en un mercado informal, donde la información se maneja arbitrariamente, lo que en definitiva desprestigia al sistema. Los afiliados desconocen los mecanismos para acceder a la oferta y, además, el pago en dinero u otros beneficios que se ofrecen. Nos encontramos, por tanto, ante un mercado nada transparente que a mi entender no cumple con las reglas mínimas que nuestra actual legislación exige a otros mercados económicos de similares características.
Citaré aquí al Ministro de Hacienda en su último informe sobre el estado de la Hacienda Pública . "La política económica del Gobierno tiene un segundo pilar en el desarrollo, profundización y regularización eficiente de los mercados. Se trata de generar un marco reglamentario amigable para el desarrollo del mercado, en que se favorezca la competencia como forma de regulación y donde se asimilen verdaderos costos y beneficios de las decisiones.".
Con relación a este punto, creo que los pensionados deben ser bien informados sobre el sistema, ya que la decisión de adoptarlo trae consigo el carácter de irreversible de ésta. También la decisión debe ser indelegable, de tal modo que no sean terceros quienes decidan, ya que se corre el serio riesgo de que éstos sólo estén midiendo su lucro personal y no cautelen adecuadamente los intereses del trabajador, que justamente por la falta de información no pudo medir las consecuencias de su decisión.
Debería, por lo tanto, aumentarse el número de productos que pueda cotizar el afiliado, de tal modo que permita que todas las compañías de seguros de vida puedan participar. Se trata de que el trabajador conozca los montos de pensión, pero además esté ilustrado sobre los indicadores de diferenciales, la tasa de descuento del bono de reconocimiento y el monto de pensión que obtendría si pospusiera un año más su decisión. Se puede generar un mercado verdaderamente competitivo si se cuenta con la figura del "remate electrónico", no vinculante, que regularía mejor la actividad de los "asesores previsionales".
El tema de la decisión es preocupante y la Presidenta de la CEPCH declaró al respecto: "Salvo casos muy especiales, pensionarse anticipadamente perjudica enormemente al trabajador en sus ingresos en edad pasiva, ya que se castiga fuertemente su bono al tener menos ahorro y porque las comisiones de las compañías de seguros son demasiado altas, constituyen en la práctica que los últimos tres años de trabajo son para dicha entidad.".
El señor Superintendente de AFP ha expresado: "Se están considerando propuestas para defender la pensión, o sea, que no se licue el ahorro previsional mediante procesos que buscan retirar fondos anticipadamente, nuestra misión es defender las pensiones y no la anticipación del consumo.".
En síntesis, las modificaciones que nos propone el proyecto pretenden solucionar los tres problemas del sistema.
En primer término, corregir la falta de cultura previsional, que en palabras claras se refiere a la mala información que de estas materias entregan las AFP.
En segundo lugar, ir eliminando paulatinamente la presencia de otros agentes que manejan la información, lucrándose con ella, y que ha generado un auténtico mercado negro de la información.
Y, en tercer término, controlar las altísimas comisiones que castigan el bolsillo de los trabajadores, sin que nadie hasta ahora haya puesto fin a este abuso. Creo que se trata, en el fondo, de promover una verdadera cultura del ahorro y de pensar en el futuro.
Voto favorablemente.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto, que discutimos bastante en detalle -como se ha dicho aquí-, primero en la Comisión de Trabajo y después en las Comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda.
La iniciativa, sin alterar básicamente los fundamentos del sistema previsional -que aquí ha sido objeto de algunas críticas- y sin acudir a la dimensión de un debate siempre posible, sino que manteniendo los fundamentos del sistema previsional, pretende corregir evidentes anomalías que se han ido dando en el ejercicio, y que fueron señaladas anteriormente.
En primer término, el mecanismo mediante el cual se licúa parte de las pensiones por la vía de la comisión. En verdad, aquí es preciso hacer una aclaración. No es que la aseguradora se quede con toda esa comisión tan alta, sino que, de alguna manera, se establece una cierta complicidad entre el pensionado y la compañía, o el agente, para que aquél pueda cobrar una parte del fondo en valor presente, con lo que obviamente disminuye el monto de la renta vitalicia. Y, por tanto, se ha generado una completa distorsión de un elemento básico en un sistema de pensiones, cual es el de asegurar pensiones razonables durante todos los años en que el trabajador ya está en situación pasiva. De modo que aquí lo que se pretende es corregir una distorsión que atenta en contra del sentido fundamental del sistema de pensiones y de todo el sistema de seguridad social y que es muy difícil de regular porque, de alguna manera, este sistema cuenta con la complicidad -por así decir- del supuestamente beneficiado. Eso es lo que explica que, como se ha dicho acá, se llegue a comisiones del orden del 6 por ciento, e incluso hemos visto algunas mayores. Y la verdad sea dicha, si no hubiera esa complicidad sería muy difícil que en este mercado se produjeran esas situaciones.
En segundo lugar, están los temas de la poca transparencia en la información y, además, la idea de poner requisitos más altos para tener derecho a la pensión anticipada antes del plazo legal. Esto tiene un efecto positivo para los pensionados, que van a tener pensiones más altas, pero también hay aquí un elemento de resguardo fiscal, por cuanto en nuestro sistema previsional el Estado se constituye en garante de pensiones mínimas si el sistema de ahorro individual no llega finalmente a esos montos.
Por tales razones, el proyecto, una vez discutido, ha contado en general con mucho acuerdo. Hay muchos elementos técnicos involucrados y éstos son siempre perfeccionables. En fin, estamos en el primer trámite. En lo personal, solamente quisiera decir que aquí ha habido un intenso trabajo de "lobby", como se lo llama en otros países del mundo -cuestión que está normada, que puede ser legítima- tanto de los corredores de seguros como de las compañías aseguradoras por preservar o defender el actual sistema. Al menos yo debo decir abiertamente que ninguno de los argumentos me ha convencido. En general, considero que son argumentos bastante interesados, por lo que alerto al Senado a tomarlos con bastante beneficio de inventario.
Por último, lo más discutido fue el sistema de remate electrónico que establece el proyecto. Esto lo estudiamos y modificamos varias veces, pero creo que lo que finalmente acordamos en las Comisiones garantiza de manera bastante eficiente tanto la competencia informada de las empresas que se dedican a administrar estos fondos -las aseguradoras-, como una información suficiente de los usuarios e, incluso, se establecen algunos mecanismos de asesorías independientes de los corredores, porque como éstos y las compañías obviamente andan detrás de su negocio, la asesoría que brindan a los pensionados no siempre coincide con los intereses de éstos.
Por las razones expuestas lo considero un buen proyecto; que corrige anormalidades y perversiones que se han dado en este mercado, que es bastante significativo y que, en último término, puede ser perfeccionado en el trabajo posterior para el segundo informe. Quiero, sí, dejar testimonio de que fue muy discutido, incluso en los detalles técnicos, en las dos Comisiones; que el Gobierno estuvo muy abierto a introducir modificaciones cuando parecían razonables y que el acuerdo al que finalmente llegamos -el expresado en el texto que los señores Senadores tienen sobre sus escritorios- contó con una mayoría muy sustantiva de los Senadores que participamos en el debate.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, deseo hacer unas consideraciones muy generales dado el estado de la tramitación del proyecto.
En primer lugar, es efectivo que se han presentado problemas en el otorgamiento de pensiones con la modalidad de rentas vitalicias y en las pensiones anticipadas, pero ninguno de los problemas acotados puede justificar críticas de fondo al sistema, como las que se han oído esta tarde, y no tienen nada que ver tampoco con el diseño ni la administración privada de los fondos de pensiones. Los problemas detectados son reales, claramente identificables y se atribuyen, en gran parte, a decisiones que toman los propios pensionados.
En primer lugar, se ha detectado un incremento muy sustancial en las comisiones que se cobran para otorgar las rentas vitalicias. ¿Cuál es la razón por la cual se han incrementado las comisiones? Fundamentalmente, el permitir el traspaso de recursos desde el ahorro necesario para tomar una renta vitalicia al propio cotizante, quien desea contar de inmediato con recursos y sacrifica, en consecuencia, parte de su pensión. Este sistema para traspasarle fondos al cotizante obviamente es muy poco transparente, ya que para que funcione debe generar una cantidad de irregularidades: el corredor de seguros cobra una comisión muy alta, pero después, por debajo de la mesa, le tiene que pasar fondos al cotizante. ¿Cómo se los pasa? Tiene que inventar gastos, tiene que entrar en un sistema de ilegalidad. Además, cuando se cobra una comisión muy alta quizás el cotizante más informado va a pedir una devolución de una parte sustancial, pero habrá muchos otros poco informados que van a perder parte de su ahorro en beneficio de un corredor poco escrupuloso. Por lo tanto, es evidente la necesidad de corregir esta situación, pero, en mi opinión, tenemos que hacer un esfuerzo para que esa corrección sea adecuada. No me parece que la solución de hacer licitaciones automáticas sea la más apropiada. Efectivamente, la decisión de jubilarse es importante, compleja. Nosotros no podemos prescindir de la asesoría que pueda hacer un corredor de seguros, ni de la solvencia que debiera tener la compañía de seguros que emite la póliza y que garantiza una renta vitalicia. Por lo tanto, hay que atender al problema, pero quizá hay que buscar una solución más adecuada que la que viene en el proyecto.
El otro problema que aborda la iniciativa es el que se ha suscitado con la gran cantidad de pensiones anticipadas. La realidad es que la pensión anticipada puede obedecer a una necesidad del momento, a una situación laboral. También puede ser muy justificada para el caso de que una persona que llegue a una determinada edad pueda tener una pensión y al mismo tiempo buscar un trabajo complementario. ¿Cuál es el problema que debemos abordar? Que las pensiones anticipadas unidas a la larga expectativa que existe no hagan exigible la garantía al Estado. Es evidente que en la medida en que se pensionen muchas personas anticipadamente y en que el monto de las pensiones sea bajo, esa situación podría en un momento determinado exigir la garantía estatal de la pensión mínima y, naturalmente, estaríamos traspasándole a todos los ciudadanos el costo de la pensión anticipada.
En mi opinión, el problema de las pensiones anticipadas es más fácil de solucionar que el otro y me parece que el proyecto apunta en una solución correcta al exigir una pensión en 50 por ciento superior a la mínima. Pero considero que aquí se trata de buscar una ecuación justa entre el monto de la pensión y la pensión mínima garantizada. Creo que en la discusión en segundo informe debiéramos poder incorporar perfeccionamientos a este proyecto que, como digo, se hace cargo de problemas muy específicos que no tienen nada que ver con las críticas al sistema que se han oído en esta sesión y que deben ser abordadas en la orientación que tiene el proyecto, pero con perfeccionamientos técnicos.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra para fundamentar el voto.
El señor PARRA .-
Señor Presidente, con cuánta frecuencia se olvida que el sistema previsional existe para las personas antes que para la economía; y con cuánta urgencia se requiere realizar en esta esfera de nuestra vida colectiva, como en tantas otras, un esfuerzo de real humanización.
El proyecto en debate, tímidamente, apunta en esa dirección; y por eso en las Comisiones unidas y antes en la Comisión de Trabajo lo voté favorablemente, tal como lo voy a hacer esta tarde.
En primer lugar, debo señalar que, en mi opinión, uno de los minutos más delicados en la vida de las personas es aquél en que se encuentran frente a la necesidad de pensionarse por vejez. En ese momento, se enfrentan a la opción entre retiro programado o renta vitalicia y retiro programado con renta vitalicia diferida. Es una opción extraordinariamente compleja, frente a la cual el afiliado está solo, carente de información y sujeto a variadas presiones; presiones, desde luego, de su AFP, que desea influir para que opte por el retiro programado, a fin de retener en el tiempo la administración de los recursos; presiones de las compañías de seguros que desean influenciarlo para que opte por la renta vitalicia, y que para tales efectos cuentan con una extensa fuerza de venta que opera en las calles y en las casas de los afiliados.
El afiliado está solo frente a una opción compleja, y a la vez, extraordinariamente desinformado.
Se requiere por eso un mecanismo objetivo que lo provea de información y que le permita elegir adecuadamente. Desde mi punto de vista, lo que está más cerca de satisfacer esta exigencia es el trabajo de los corredores de seguros, a quienes desgraciadamente se caricaturiza con mucha ligereza, confundiendo su labor con aquella que tienen a su cargo los agentes de las compañías de seguros. Este proyecto nos permitirá realizar un esfuerzo serio en esa dirección.
En segundo término, existe una presión creciente, originada en esa fuerza de venta de las compañías de seguros a que me referí, para que la gente opte por la llamada jubilación anticipada. La opción de contar con una segunda renta y de prolongar en el tiempo la vida activa es una opción que, social y personalmente, puede a la larga ser inconveniente, pero que económicamente se presenta como atractiva en un momento determinado.
Por eso, creo que se hace bien al cuidar justamente los intereses de los afiliados, regulando mejor esta posibilidad de la jubilación anticipada; pero no se puede olvidar que en nuestro país no existe hasta el presente un seguro de desempleo que esté operando. Vamos a lograr remediar esta falencia, pero sus efectos prácticos se van a sentir sólo con el tiempo.
Entre tanto, señor Presidente , no puede olvidarse -como lo ha recordado el Honorable señor Silva esta tarde- que los afiliados son dueños de sus fondos previsionales y que ellos pueden y deben proveer de una solución temporal en aquellos casos en que la desocupación se prolonga y no aparecen opciones claras para removerla.
En síntesis, considero que el proyecto en análisis nos abre la posibilidad de hacer un examen un poco más detenido y de fondo de nuestro sistema previsional al que se le atribuyen tantas virtudes, pero frente al cual los adscritos a él no tienen hasta el día de hoy evidencias claras de tales virtudes.
Voto que sí.
El señor HORVATH.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, con respecto a la iniciativa en debate, debo decir que es fundamental que los interesados cuenten con la información y preparación necesarias. Junto con ello, es menester conjugar una adecuada posibilidad de jubilación anticipada, la que obviamente no es la solución más deseable para un país con tantos potenciales por desarrollar y, sobre todo, para las personas que todavía tienen tanto que dar en sus vidas laborales.
Por otra parte, conviene evitar decisiones inadecuadas por falta precisamente de esa información y, a su vez, no incurrir en lo aquí señalado, en cuanto a gastos de comisiones, gastos administrativos y de otro tipo, los que inclusive están al margen de la ley.
En ese sentido, es adecuada la legislación que se nos propone, sin perjuicio de hacer en la discusión particular los perfeccionamientos y aclaraciones del caso.
Voto a favor.
El señor STANGE.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor STANGE.-
Señor Presidente, sin perjuicio de estar de acuerdo con el proyecto, pienso que pudiera complementarse con la no eliminación de los actuales corredores de seguros, pues no podemos dejar cesante de manera drástica a ese gremio.
Por lo tanto, mi posición es que estos corredores de seguros sean autorizados para participar en las transacciones electrónicas del nuevo sistema, prestando además asesoría en todo lo relativo a los trámites necesarios para acceder a la pensión definitiva. Pero sólo podrán tener esa calidad aquellas personas que cumplan con los requisitos requeridos y aprueben los exámenes de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Apruebo el proyecto.
El señor VALDÉS.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría, para fundamentar el voto.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente, sólo quiero decir que apruebo la iniciativa después de haber escuchado y leído las observaciones y planteamientos hechos por los corredores de seguros y por las personas vinculadas a las AFP.
Comprendo que para muchos esto signifique la pérdida del trabajo o la eliminación de una actividad. Es comprensible y delicado; pero, al mismo tiempo -como se ha dicho aquí por voces muy autorizadas-, el seguro que se otorga con las ventajas mencionadas es para la gente que lo recibe y para los aportantes.
Pienso que la modificación propuesta a un sistema de previsión, no obstante ser muy inteligente, complejo y sujeto a muchas alternativas -entre ellas el pleno empleo-, deja de ser eficiente en su base cuando el desempleo aumenta mucho, lo cual obliga a pensar en un retiro anticipado, como forma de financiar situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo.
En mi concepto, la forma como está redactado el articulado es razonable.
Por cierto, todo cambio hiere a quienes están vinculados con el sistema que se modifica; pero creo que aquí se da una ventaja a la seguridad del programa o de la institución y, al mismo tiempo, se facilita la posibilidad de que en esas condiciones y mientras no haya un seguro de cesantía -como lo ha dicho tan claramente el Honorable señor Parra-, sea la mejor solución.
Voto que sí.
El señor ZURITA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede fundar su voto el señor Senador.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente, tres razones me llevan a apoyar el proyecto: primera, el didáctico informe entregado por el Senador informante , señor Pérez ; segunda, las expresiones y opiniones tan fundamentales y bien cimentadas de los Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra, y tercera, por ser beneficiario del sistema, no por jubilación anticipada, sino más bien "retrasada" -por así decirlo-, ya que cuando empecé a gozar de tal beneficio tenía 53 años de imposiciones.
Por todo ello, voto que sí.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, me pronunciaré a favor del proyecto. Estimo indispensable que la persona que se va a pensionar cuente con la mayor información y que los fondos acumulados a través de muchos años de imposiciones vayan en su propio beneficio, por cuanto ése es el resultado y producto de su trabajo.
Sin embargo, me parece que el sistema, a través de las indicaciones que se formulen, debe asegurar o permitir, cualquiera que sea la modalidad en que el remate se lleve a cabo, que exista siempre la posibilidad de que sea el beneficiario y no otro quien decida; es decir, que no sea un sistema automático el que determine que debe elegir una u otra alternativa, sino que la persona pueda escoger entre todas las opciones, cuente con toda la información y contrate los asesores que estime convenientes para tal efecto. En definitiva, se trata de que el beneficiario elija la compañía y la renta consiguiente que va a tener, porque constituye, a mi juicio, una decisión muy personal que no puede tomar otro por él. Todo sistema electrónico, por muy perfecto que sea, no basta. Desde luego, puede significar un elemento muy decisivo para el imponente, quien, por supuesto, deberá tenerlo en cuenta. Sin embargo, habrá otros factores que en su momento dado tendrá también que considerar. Y para eso es de la esencia del proyecto el que la persona tenga libertad para decidir en el último instante respecto de cuál será la renta y la compañía que va a elegir.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra para fundar el voto el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, pese a que votaré a favor del proyecto, debo decir que, sin embargo, él me causa un dejo de preocupación por el trasfondo que encierra. Creo que tal vez puede aminorar de algún modo y en determinados casos los problemas producidos a personas que, en forma común y corriente, optan a un sistema de previsión a través de las administradoras de fondos de pensiones.
Señalo lo anterior, porque, conforme a los antecedentes que obran en mi poder, del total de trabajadores que hoy figuran como tales en nuestro país, sólo 25 por ciento de ellos podrá optar por una jubilación de acuerdo con las imposiciones efectuadas en las administradoras de fondos de pensiones; otro 25 por ciento únicamente puede gozar de una pensión mínima del Estado, y el 50 por ciento restante carecerá de toda posibilidad de obtener alguna jubilación, salvo la de una pensión asistencial por vejez, que, como sabemos, es prácticamente ínfima.
Me parece que el sistema previsional determinado por las administradoras de fondos de pensiones tiene un costo extraordinariamente alto. Es uno de los más elevados del mundo. Por ejemplo, es diez veces superior al existente en Singapur, donde rige un sistema idéntico al nuestro. Y si lo comparamos con otros regímenes previsionales, como el que se aplica en Estados Unidos, es ocho veces más caro. Es decir, en algunos casos el costo para el imponente alcanza a 26 por ciento de la imposición que realiza. Creo que si comparamos nuestro actual sistema previsional con los que existieron antiguamente, observaremos que él resulta más oneroso. Tal vez pueda señalarse que es más eficiente, porque en esos tiempos había aproximadamente 24 cajas de previsión y algunas recibían las imposiciones de parte del Estado -a veces se demoraba en hacerlo- y otras quedaban depositadas en la Cuenta Única Fiscal. Sin embargo, el sistema administrativo vigente en sí es mucho más caro, pues en dichas cajas de previsión el costo nunca ascendió a 26 por ciento.
Por lo tanto, ojalá llegue el día en que podamos hacer un examen completo del sistema, pues realmente su objetivo, que es dar una jubilación a las personas, se ha transformado en un aparato financiero que beneficia sólo a las empresas administradoras de fondos previsionales.
Debe tenerse en cuenta que en los últimos dos años todos los imponentes de las administradoras de fondos de pensiones perdieron entre dos y cuatro millones de pesos en el año -¡de sus ahorros previsionales!-, mientras que dichas administradoras el año pasado ganaron 92 mil millones de pesos; en 1998, 85 mil millones de pesos, y en 1997, 72 mil millones de pesos, mientras que -repito- todos los imponentes de tales fondos previsionales perdieron entre 2 millones y 4 millones.
Estos antecedentes, en mi opinión, ameritan que algún día hagamos un examen más completo y profundo del beneficio real que sirve a los trabajadores.
Por esa razón, en esta ocasión votaré favorablemente el proyecto, pero con el deseo de que a futuro celebremos una reunión para hacer un análisis mucho más a fondo sobre la materia.
Voto que sí.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bombal, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lagos, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz De Giorgio, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
La totalidad de las indicaciones modificatorias del decreto ley Nº 3.500, de 1980, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, sin perjuicio, por supuesto, de que los señores Senadores presenten algunas que, posteriormente, sean patrocinadas por el Ejecutivo.
¿Habría acuerdo en fijar como plazo para presentar indicaciones el 18 de diciembre, a las 12?
El señor PARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente , estoy de acuerdo con el plazo propuesto, particularmente sobre la base de que entiendo que el proyecto será informado en particular por las Comisiones de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, unidas, del mismo modo que la iniciativa sobre seguro de desempleo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tendrá el mismo trámite que recibió en el primer informe; o sea, será estudiado en las Comisiones unidas.
El señor PARRA.-
Ello le da mayor sentido a la fecha fijada, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así debe ser.
¿Habría acuerdo?
--Se acuerda como plazo para presentar indicaciones el lunes 18 de diciembre, a las 12.
MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO EN CUANTO A OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre modificación de la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y con urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2504-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 21 de junio de 2000.
Informe de Comisión:
Transportes, sesión 19ª, en 29 de agosto de 2000.
Transportes (segundo), sesión 10ª, en 14 de noviembre de 2000.
Discusión:
Sesión 21ª, en 5 de septiembre de 2000 (se aprueba en general).
El señor HOFFMANN (Secretario).-
El proyecto fue aprobado, en general, por el Senado el 5 de septiembre del año en curso.
En su informe, la Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones en este trámite los artículos 1º, 2º y 3º permanentes y 1º transitorio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde dar por aprobados los artículos mencionados.
--Se aprueban.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Artículos modificados como consecuencia de indicaciones aprobadas: los artículos 4º permanente, número 3º, y 2º transitorio; indicaciones aprobadas con modificaciones: las Nºs. 2, 12, 13 y 14, y rechazadas: las Nºs. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 15. No hubo indicaciones retiradas ni declaradas inadmisibles.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado, dividido en cuatro columnas. En la primera, figura el texto vigente de la Ley de Tránsito; en la segunda, el texto aprobado en general; en la tercera, las modificaciones propuestas por la Comisión en el segundo informe, y en la cuarta, el texto final, como quedaría si se aprobara el informe.
Finalmente, cabe dejar constancia de que según la Comisión, la norma contenida en el artículo 4º, número 4 (que pasó a ser número 5) tiene el carácter de orgánica constitucional, debiendo ser aprobada con el pronunciamiento conforme de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 24 votos favorables.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se hallan presentes en la Sala 24 señores Senadores.
Si le parece a la Sala, daremos por aprobadas todas las modificaciones propuestas en el segundo informe.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en este segundo informe, el proyecto amerita algún grado de análisis para ver si todos los puntos que se plantearon -escuela de conductores, plazos, etcétera- están consignados o no en él.
Por lo tanto, solicito que sea analizado y votado en la sesión de mañana.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No tengo inconveniente si la Sala acepta la proposición de Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , el proyecto ha sido analizado detalladamente en la Comisión y hay pleno acuerdo al respecto. Yo pediría que, si fuera posible, lo despacháramos ahora, lo cual sería muy bueno, porque todo el mundo está esperando la pronta aprobación del proyecto.
El señor GAZMURI.-
Conforme, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo?
El señor DÍEZ.-
Si algún señor Senador desea estudiar el segundo informe, no hay motivo para negarle un día para que lo haga, si así lo considera adecuado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No tengo inconveniente en aceptarlo, si la Sala así lo acuerda.
Podríamos votar el proyecto mañana en el primer lugar de la tabla, entendiendo que ya están aprobados los artículos que señalé anteriormente. De modo que sólo cabe discutir los pendientes.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Cuántos son los artículos pendientes, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Secretario dará esa información.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
La Comisión propone varias modificaciones al artículo 4º y otras al artículo 2º transitorio.
La señora FREI (doña Carmen).-
¿Dichas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad?
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Algunas indicaciones se aprobaron por la unanimidad de los miembros presentes y otras se rechazaron de igual forma. También hubo votaciones divididas.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, sugiero que estudiemos la materia con mayor detención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reglamentariamente corresponde debatir y votar los dos artículos pendientes, lo cual podemos hacer mañana.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , podemos realizar la discusión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por otra parte, recuerdo a Sus Señorías que se requiere quórum de ley orgánica constitucional para aprobar las enmiendas. Basta que un señor Senador se ausente de la Sala para que automáticamente fracase el proyecto, por mucho que todos los señores Senadores estén de acuerdo. Es decir, se corre el riesgo de que sea rechazado.
Por lo tanto, en beneficio de dar seguridad a la aprobación de la iniciativa, propongo que se vote mañana en primer lugar, pues he visto que existe un gran apoyo a todas sus disposiciones.
Lo votaríamos antes del proyecto que reajusta las remuneraciones del sector público.
El señor SABAG.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , deseo hacer una precisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, señor Senador .
El señor PIZARRO.-
Los artículos de quórum especial a los que Su Señoría se refirió ya fueron votados. Los dos pendientes requieren quórum simple, uno de los cuales es el artículo 2º transitorio, que fue el único que provocó cierto debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha sido presentada una indicación pidiendo dividir la votación de un artículo que requiere quórum especial.
El señor PIZARRO.-
¿De qué disposición se trata, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Del que modifica el artículo 19, número 5, vigente.
El señor PIZARRO.-
Podríamos iniciar la discusión, señor Presidente , y votar mañana a primera hora sin debate.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , sólo restan cuatro minutos para dar término al Orden del Día. ¿Para qué insistir en algo que puede provocar dificultades? Lo que nos interesa es aprobar la iniciativa y no urgirnos ahora para después causar un problema que no sabremos cómo darle solución.
Por lo tanto, nuestro compromiso es despachar el proyecto mañana en el primer lugar del Orden del Día.
El señor SABAG.-
¿Antes del proyecto de reajuste de las remuneraciones del sector público?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
Terminado el Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
EL señor HOFFMANN ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, al señor Ministro de Minería, a la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y al señor Gerente General de ENAP, en cuanto a FACTIBILIDAD PARA INTRODUCCIÓN DE GAS NATURAL A UNDÉCIMA REGIÓN DESDE PROVINCIA DE MAGALLANES O ARGENTINA.
Y al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, al señor Comandante en Jefe de la Armada y al señor Subsecretario de Pesca, sobre ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE NAVEGACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO.
Del señor ROMERO:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, relativo a DEFENSA DE JUICIO ARBITRAL EN ESTADOS UNIDOS POR DEMANDA DE FUNDACIÓN SALVADOR ALLENDE.
Al señor Ministro de Agricultura, referente a ACCIÓN DE GOBIERNO ANTE COBRO A EXPORTADORES DE PALTAS CHILENAS EN ESTADOS UNIDOS POR GASTOS DE PUBLICIDAD.
Al señor Presidente del Banco del Estado, acerca de INSTALACIÓN DE SUCURSAL BANCARIA EN COMUNA DE SANTA MARÍA, PROVINCIA DE SAN FELIPE (QUINTA REGIÓN).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas, referente a INSTALACIÓN DE PLAZAS DE PEAJE EN TRAMO SANTIAGO-PARGUA DE CARRETERA 5 SUR, E INFORMACIÓN SOBRE VÍAS ALTERNATIVAS.
Del señor VALDÉS:
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, sobre CATASTRO DE PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES POR REGIONES.
HOMENAJE A GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para rendir homenaje a las Glorias del Ejército de Chile, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente, señores Senadores, señores de la delegación del Ejército de Chile:
El pasado 19 de septiembre se realizó en todos los lugares y rincones de la patria, una celebración más del Día de las Glorias del Ejército, institución fundamental de Chile, libre y soberano, que nace a la vida republicana desde el primer momento en que la Primera Junta de Gobierno decide separarse de la tutela de Fernando VII, con la misión de oponerse a las pretensiones de las fuerzas realistas que no aceptaron que Chile fuera un territorio autónomo dentro de las colonias españolas de la época.
El Ejército nace para la libertad, y será ésta la fuerza impulsadora de todo su quehacer republicano y cívico. Ésta es la primera conclusión que se desprende después de recorrer y estudiar sus ya 190 años de existencia como una de las columnas soportes del Estado chileno. Su primer valor cívico es la libertad, mantenida tanto en la paz como en la guerra. Pero sus orígenes como cuerpo armado se remontan a 1600, con la llegada al Reino de Chile de don Alonso de Rivera, quien tiene por mandato constituir un cuerpo armado permanente y profesional en la frontera del río Biobío para asegurar la paz y la tranquilidad de los habitantes de esta colonia. Aparece, entonces, en las raíces coloniales una segunda línea de valores cívicos que han caracterizado hasta hoy su quehacer: asegurar la paz y la tranquilidad. Dos conceptos claves para permitir el desarrollo de un pueblo hecho nación por el mismo fragor de las luchas emprendidas por la libertad. Porque tampoco podemos separar la idea de Nación de la tarea emprendida de cohesión y unidad, que será otra de las características del Ejército de Chile.
La cohesión y la unidad necesitan ser realizadas por medio de un proceso de educación cívica, sobre la base de una doctrina común en todo el territorio nacional, emprendido desde cada guarnición y unidad en donde estén los chilenos que visten su glorioso uniforme.
Tal proceso de educación cívica debe ser destacado y difundido constantemente entre la ciudadanía para señalar que la contribución a la formación de la Nación hecha por el Ejército de Chile ha sido formidable y en ella se ha encontrado el germen patriótico que nuestros grandes hombres públicos han llevado en su accionar en la vida pública y ciudadana que han emprendido.
Si nuestro Ejército ha difundido valores, hay que decir también que ha tenido una tarea permanente de contribución al desarrollo, ya en la educación; en los valores patrios; en la transformación de las actividades productivas, como, por ejemplo, la agricultura; en la capacitación técnica de los conscriptos como en la preparación superior de sus oficiales y clases; en la introducción de nuevas técnicas y en la adaptación y búsqueda de doctrinas y procedimientos, que siendo primero propios de la ciencia militar, han pasado después a ser parte de la empresa, del comercio, de las universidades, de la clase política y, finalmente, de la cultura nacional.
Es decir, es un deber de lealtad y de verdad considerar que el Ejército de Chile ha sido un elemento fundamental en el avance hacia la modernización permanente de la sociedad chilena. Así, junto a las demás instituciones de la Defensa Nacional, ha constituido una base estupenda de progreso y desarrollo. El Ejército de Chile ha sido una fuerza intelectual permanente, trabajada en sus institutos y academias.
Pero el Ejército también es una fuerza territorial que se asienta en los más lejanos rincones de nuestro suelo patrio. En esta tarea, no puede desconocerse su contribución al crecimiento de Chile. En establecerse en lugares de poca población, en abrir espacios interiores a la acción del progreso, en buscar las motivaciones para que las autoridades públicas se fijen en estos espacios y dispongan de los medios para permitir que sean plenamente incorporados al esfuerzo modernizador, se encuentra la doctrina de las fronteras interiores, que refleja la profunda concepción unitaria y geográfica de sus mandos. Ojalá, el devenir de la conducción política de Chile concentre su atención en estos espacios que también son parte de la suma que hace posible que crezcamos como Estado integrado, equilibrado y poderoso.
Una institución como nuestro Ejército tiene también un alma y un espíritu; posee un caudal de pensamiento, de creación de ideas y de doctrinas. Nuestras instituciones armadas no son sólo organismos profesionales dedicados a un solo tema, sin cultura general y sin preocupación por las ciencias del espíritu. En ellas, hay también personas sensibles y cultas que unen la práctica con la teoría. Por eso, el Ejército ha sido cuna de intelectuales y pensadores que han aportado su visión en todos los campos académicos, del pensamiento y la cultura.
Bastaría acceder a la enorme cantidad de textos, libros, conferencias y exposiciones que, a lo largo de su vida, han hecho tantos y tantos oficiales que se han educado en sus institutos superiores, como la Academia de Guerra y la Academia Politécnica Militar.
Y, como profesionales de la planificación, de la organización y de la administración, siempre contemporánea y moderna en su momento, de sus filas han salido Presidentes que han conducido con éxito y prestigio a Chile, llevándolo a un alto sitial entre el concierto de las naciones del mundo cuando así la patria lo ha demandado.
Señores Senadores, la riqueza y el acervo que constituyen el tesoro espiritual de nuestro Ejército está por sobre las diarias contingencias de la vida nacional. Su contenido es el corazón de su prestigio y de su moral. Su nombre e imagen en la sociedad son una joya que todos debemos mantener y cuidar separando los hechos personales de los que han constituido desde siempre sus doctrinas y políticas, todas profundamente imbuidas de un espíritu cívico y patriótico. Quiero expresar que en el quehacer de esta institución no deben confundirse lo contingente con lo permanente, lo circunstancial con lo trascendente.
Señor Mayor General don Adolfo Vázquez Moreno y delegación que nos acompaña: al rendir este homenaje a nuestro Ejército, no hago otra cosa que ser fiel a la historia e interpretar el concepto mayoritario que todo chileno bien informado tiene de sus instituciones armadas. En el corazón del pueblo chileno ellas tienen la legitimidad de su origen, de su profesionalismo y de una sola identidad: Chile.
Reciba, señor General, y transmita al señor Comandante en Jefe del Ejército , en nombre del Comité Institucionales 1, nuestro más profundo reconocimiento y aprecio al recordar en esta ocasión el Día de las Glorias del Ejército. Debo agregar, por último, que la ausencia del señor General y Senador institucional don Julio Cannesa Robert se debe exclusivamente a una imponderable situación familiar que ha afectado a su señora esposa.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el día de hoy, en mi calidad de Presidente del Senado y en representación de todos los señores Senadores quiero reiterar nuestro respeto y reconocimiento a una de las instituciones permanentes del Estado y también a una de las más antiguas del país: el Ejército de Chile.
La motivación para este reconocimiento se renueva con ejemplos que satisfacen a la Nación.
En días recientes, los medios de comunicación nos han proporcionado imágenes de las tropas chilenas desplegadas en Timor Oriental, en cumplimiento de una misión de paz impulsada por Naciones Unidas. Creo que para todos ha sido impactante ser testigos de la presencia de Su Excelencia el Presidente de la República entre nuestras tropas. Como Presidente del Senado , no puedo sino sumarme a las palabras que él dedicó al Ejército de Chile, y, como chileno, sentirme orgulloso porque la bandera de mi país, prendida en el uniforme de un grupo de mis compatriotas, llevaba la paz a miles de hombres, mujeres y niños que han sido víctimas de la violencia y la intolerancia.
Al cumplirse 10 años del pleno funcionamiento de las normas jurídicas constitucionales que rigen al Ejército de Chile, me parece importante reflexionar sobre su realidad vivida, proyectando siempre toda esta reflexión con un sentido de futuro.
En primer lugar, hay que destacar el ordenado retorno del Ejército al cumplimiento de sus funciones militares profesionales y la concentración del quehacer institucional en su responsabilidad para con la Nación.
El advenimiento de la democracia permitió, junto con la plena reinserción internacional de Chile, también la incorporación de nuestras Fuerzas Armadas a las tareas internacionales, como son las misiones de paz encargadas por las Naciones Unidas en diversos países de Asia y América Latina, lo que ha culminado -como antes señalamos- en la actual misión de paz del Ejército de Chile en Timor Oriental.
Junto a las misiones de paz de las Naciones Unidas, también debemos destacar el dramático cambio en la última década de la relación de defensa a defensa con nuestros países vecinos. De un pasado cercano de cuasi conflicto con la República Argentina, hoy estamos en una nueva realidad de cooperación militar estrecha entre ambos países.
Esta distensión lograda en el ámbito subregional constituye un elemento de seguridad indispensable para acometer las tareas de desarrollo nacional, sin el fantasma de conflictos o crisis armadas en nuestra subregión. Tal realidad, aplicable en el escenario de los vínculos internacionales, también se da en el plano de las relaciones internas.
Durante los últimos años, el Ejército ha estado inmerso en un proceso de modernización que lo ha llevado a profundizar en ya su larga tradición de profesionalismo. En la década pasada la Institución inició un esfuerzo de modernización que hoy está mostrando signos de progreso. Así, por ejemplo, ha participado en forma activa en la revisión del sistema de Servicio Militar Obligatorio, en conjunto con el resto de las Fuerzas Armadas y otros actores de la sociedad civil. Como resultado del análisis de la experiencia vivida, se formularán en el futuro próximo diversas formas para cumplir esta obligación por parte de la juventud, asumiendo la experiencia de otros países que han modernizado sus sistemas de conscripción militar.
Del mismo modo, en fecha reciente, el Comandante en Jefe del Ejército anunció un importante cambio en el plan de estudios de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins Riquelme, lo que significará reclutar a los futuros oficiales del Ejército de entre los egresados de Educación Media, en un ciclo de cuatro años. Con ello se reforzará su entrenamiento militar y formación humanista, y se les hará acceder al reconocimiento de una licenciatura de educación superior. Son todas innovaciones que deben destacarse dentro de la modernización. Todo esto muestra un cambio progresivo y positivo que merece el reconocimiento del país, lo que nos lleva a concluir que hoy tenemos un Ejército concentrado en sus tareas profesionales y en el proceso de modernización.
Sin embargo, el examen del mencionado proceso de modernización y el cambio profesional del Ejército no pueden soslayar el análisis ciudadano de la acción de esa Institución en cuanto a sus responsabilidades en el tiempo pasado, y de la participación de algunos de sus integrantes en problemas de denuncias vinculadas a derechos humanos ocurridas en ese período.
En esas delicadas materias, donde la ciudadanía ha sido testigo de episodios de desencuentro, creo que nuestra convivencia muestra un panorama de mejoría sostenida en la relación cívico-militar.
Existe progreso -¡qué duda cabe!- entre el momento inicial de la recuperación democrática, cargado de sensibilidad y tensiones, y el de la declaración final de la Mesa de Diálogo que explicita "su rechazo y condena" al referirse a las graves violaciones a los Derechos Humanos en que incurrieron algunos agentes del Estado. ¿Cómo no valorar, asimismo, la suscripción por parte de las Instituciones Armadas de la firme decisión de no permitir que se repitan tales hechos y desterrar la violencia política entre nosotros? ¿Cómo no destacar el papel que le ha correspondido al Ejército en la denominada Mesa de Diálogo? Sí, hemos avanzado en ese camino; pero todavía hay que ir mucho más allá.
Estoy seguro de que, cuando la perspectiva del tiempo permita dar una mirada más serena sobre estos años, se sabrá aquilatar en toda su magnitud e importancia el avance logrado hasta ahora y el impacto que en este camino ha tenido la contribución de los distintos actores y sectores de la sociedad.
Como Presidente del Senado, confío en que nuestras Fuerzas Armadas puedan entregar antecedentes vitales que ayuden a determinar el paradero de los detenidos desaparecidos, drama que tanto dolor provoca al alma nacional.
También quisiera reflexionar sobre las jornadas vividas en los últimos días. Una Institución milenaria, expresión espiritual de una gran mayoría de conciencias ciudadanas, la Iglesia Católica chilena, nos ha invitado a traspasar el umbral del tiempo. Ha pedido perdón por todos los pecados de acción y omisión cometidos por ella y por los fieles que la integran. Valioso ejemplo que todos, sin temor, debemos asumir como personas e instituciones. Estoy seguro de que ésta es la única forma de seguir avanzando en el encuentro de todos como nación.
La reconciliación y la unidad, creo, pasan por la verdad y la justicia, pero también por el perdón que se da y por el perdón que se acepta. Como Senado de la República, no podemos estar ausentes de esta acción. Debemos mantenernos atentos y ser actores del reencuentro de los chilenos. Por eso los invito a dar pasos en esa dirección.
Al rendir este homenaje deseo destacar también la personalidad de quien hoy conduce el Ejército de Chile, el Comandante en Jefe General don Ricardo Izurieta Caffarena , porque su espíritu de mando, su prudencia y madurez han sido un aporte vital y destacable en bien de su Institución y del país.
Señor Mayor General don Adolfo Vásquez Moreno , señores integrantes del Ejército de Chile que ahora nos acompañan: quiero expresar por su intermedio nuestro saludo a su Institución, y reiterarles el reconocimiento del Senado por la forma en que hoy ella renueva sus tradiciones ante los más variados desafíos. Podemos estar seguros de que todo su accionar se hace en bien de la Patria y en favor de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se suspende la sesión por algunos minutos para despedir a la delegación del Ejército que hoy nos acompaña.
______________
--Se suspendió a las 18:47.
--Se reanudó a las 18:55.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
ALTO COSTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REGIÓN DE AISÉN. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero referirme a los costos de la energía eléctrica y su disponibilidad, en particular en la Región de Aisén, que tiene la mayor cantidad de recursos hídricos del país. De acuerdo al balance hídrico distribuido por regiones y, en suma, a nivel nacional (basado en antecedentes de la Dirección General de Aguas y considerando una estadística promedio de al menos 30 años, para dar la seguridad del caso), posee una escorrentía de 10 mil 134 metros cúbicos por segundo. Ello, más los desniveles de la escorrentía, redundan en que la zona sea una de las que registran mayor potencial hidroeléctrico en Chile.
No obstante, en la Región de Aisén el costo de la energía residencial, comercial e industrial es el más alto del país. Según datos internacionales ha ocupado hasta el quinto lugar entre las más caras del mundo. Además, conforme a los análisis de la Ley Eléctrica vigente, supervisados por la Comisión Nacional de Energía, esa zona presenta la mayor alza por región, en términos relativos, en los últimos meses del año.
A mi juicio, ello se debe a una política equivocada, especialmente en los pasados 10 años en los cuales se ha implementado una serie de centrales térmicas a petróleo pesado, que sirven el sistema interconectado de esa Región. Dado el agotamiento de dicho recurso a nivel internacional, resulta esperable que las alzas se sigan prolongando hacia el futuro, y afectando entre otras cosas distintos lugares de la nación.
Hoy, junto con las diversas organizaciones de la zona y en una representación transversal de la Región, estamos solicitando que se realice un trabajo consistente entre las autoridades de Gobierno, las del Gobierno Regional, los distintos gremios y, por cierto, los Parlamentarios, dirigido a introducir un cambio en esa política y a resolver a fondo el problema aprovechando el potencial hidroeléctrico que allí existe.
Debe tenerse presente el hecho de que la Empresa Eléctrica de Aisén se privatizó hace un año y medio. Fue vendida en un precio bastante atractivo -sobre 24 millones de dólares- y con el compromiso de que se construiría la Central Hidroeléctrica de Lago Atravesado. Los estudios ya se habían realizado, y se encuentra prácticamente terminado el de evaluación de impacto ambiental requerido por la ley Nº 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.
El proyecto se ha dilatado. Llama la atención el hecho de que, por un lado, la empresa aduzca como causa del retraso la falta de aprobación del estudio de impacto ambiental; y, por otro, tanto la Comisión Regional de Medio Ambiente como la Nacional señalen que es imposible otorgarla porque la compañía no ha contestado las observaciones menores que se le hicieron. Existe el riesgo de que ésta no pueda llevar adelante el proyecto y le ejecuten la boleta de garantía que entregó para demostrar la seriedad de la oferta.
Obviamente, eso no conducirá a obtener la necesaria disponibilidad de energía a precio razonable en la Región de Aisén. Estamos conscientes de que la empresa efectúa una administración lo más eficiente posible. Sin embargo, reconocemos que con un sistema a base de petróleo no es factible solucionar de raíz el asunto.
Por eso sugerimos la implementación de una política dirigida ya no tanto a aumentar el grado de eficiencia, sino más bien de sembrar a largo plazo: subvencionar por parte del Gobierno la energía con el objeto de hacer más atractiva la inversión en aprovechamiento de los recursos naturales y en el potencial de Aisén, lo cual beneficiará tanto a las personas socialmente más necesitadas de la comunidad (como ocurre con el agua potable en todo Chile), cuanto a la Región en general.
Solicito oficiar al señor Ministro del Interior y a la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía , a fin de que informen de qué orden deberían ser esas subvenciones para dejar la Región de Aisén en igualdad de condiciones que el resto del país.
Si uno revisa la fórmula que en el sistema interconectado tienen los costos de la energía en Chile, comprueba que ella favorece al centralismo y no la posibilidad de descentralizar las actividades en el territorio nacional.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Comité Renovación Nacional no hará uso de su tiempo.
En el turno del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Honorable señor Silva.
DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CIA. OFICIO
El señor SILVA .-
Señor Presidente, los últimos documentos de la CIA desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos hacen volver la mirada al pasado, pero son un referente muy sólido para analizar el presente y proyectarse al futuro.
Pareciera que la globalización nos había hecho olvidar una serie de detalles fundamentales para entender la política exterior de las grandes potencias y las relaciones de poder a nivel planetario. Con los cambios empujándonos todos los días, se tendía a pensar que al terminar la Guerra Fría la amenaza del imperialismo norteamericano había desaparecido. ¡Como si el imperialismo hubiera sido la respuesta de Washington ante un reto! Hoy recordamos que no; que la Guerra Fría se inició precisamente para frenar, entre otras, las apetencias de nuestro gran vecino del Norte.
Es bueno mirar hacia la historia. Y la reciente nos deja muchas enseñanzas. Una nación que predica la libertad, la no intervención, en síntesis el pensamiento democrático para avanzar en el desarrollo humano, no debiera organizar, financiar y colaborar con armamentos y expertos en el derrocamiento del Gobierno de un país amigo, con el agravante de que como consecuencia de tal intervención el pueblo atacado sufre miles de muertos, y heridas que sólo el tiempo podrá restañar.
También hay otras enseñanzas. Y son las que deben asumir con seriedad muchos de nuestros líderes políticos, aquellos que en aras de la globalización hoy olvidan que el imperialismo no fue una invención. El imperialismo no fue una respuesta al comunismo, sino la sumatoria de acciones orientadas a defender los intereses estadounidenses, centrados en productos básicos como los mineros y energéticos. Tal como ahora, además de aquéllos, su preocupación se concentra en los productos de tecnología de punta y en el área financiera, entre otros muchos.
¿Qué ha cambiado en realidad, señores Senadores? Ya no se habla -parecería de mal gusto- de explotados y explotadores. Se habla de un planeta globalizado y se da por entendido que, casi por arte de magia, impera un mercado transparente que permite y obliga a todos a operar con reglas similares.
La desclasificación de los documentos de la CIA nos recuerda que ello es falso. Estados Unidos seguirá defendiendo sus intereses cueste lo que costare, caiga quien cayere, aunque entre los caídos se encuentren los principios que ellos mismos dicen defender.
Un mensaje para nuestros líderes políticos: la globalización es una realidad. Pero una realidad que contiene a globalizadores, que son los que manejan la tecnología y mandan -Estados Unidos incluido-, y globalizados, que obedecen. Entre éstos últimos nos hallamos todos los que con razón seguiremos siendo del Tercer Mundo.
La desclasificación de los documentos de la CIA nos hace recordar que las transnacionales no fueron condenadas en el pasado por razones ideológicas solamente, lo fueron porque robaban, esquilmaban, a los países pobres en los que explotaban sus riquezas básicas. Por eso, en todo el orbe creció la fuerza para nacionalizar las riquezas básicas, entre ellas el cobre. ¿O acaso hemos olvidado que en la nacionalización constitucional de nuestro cobre se aprobó unánimemente la reducción por rentabilidades excesivas?
¿Qué ha cambiado en realidad?
Es cierto, la Guerra Fría terminó. Pero eso significa sólo que desapareció uno de los contrincantes. Los pobres siguen existiendo -países incluidos-, y los ricos también. Claro, ahora la diferencia entre ambos se ha ahondado de manera dramática.
¿Quiénes fueron los aliados de la CIA en el país? Ese es otro elemento a considerar y que debe servir para enfrentar a aquellos que sostienen que la iniciativa privada lo es todo, o aseguran que defienden sin claudicaciones la democracia.
Y una última reflexión: ¿el mundo en que deseamos vivir es aquel en que el poderoso impone, a cualquier precio, sus designios?
Por si alguien cree que las cosas cambiaron tanto, recuerde la invasión de Panamá, la Guerra del Golfo, o el caso de las uvas envenenadas en que en definitiva hubimos de aparecer inermes ante el imperialismo arbitrario y todopoderoso.
Pido, señor Presidente, que se envíe copia de mi intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Senador señor Lavandero había pedido intervenir.
No se encuentra en este momento en la Sala.
Ofrezco la palabra.
El señor CANTERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
104ª CONFERENCIA DE UNIÓN INTERPARLAMENTARIA
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , aprovecho la ocasión para dar una breve cuenta de mi viaje a Yakarta, Indonesia , como integrante de la delegación chilena que participó en el marco de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria.
Allí se nos pidió analizar el tema de la globalización y cómo la brecha entre países ricos y pobres, o entre zonas ganadoras y perdedoras, se ha ido ampliando. En dicha reunión, el Banco Mundial asumió que en esta década su propósito de acortarla ha sido un fracaso, porque sus resultados fueron inversos: tal brecha ha ido aumentando cada día más, no sólo en lo económico, sino que particularmente en cuanto al desarrollo científico y tecnológico.
Sobre esa materia debo señalar que se ha hecho un llamado a los Parlamentos y a los centros de pensamiento de distintos lugares del mundo para diseñar estrategias que permitan generar un proceso de desarrollo más armónico, que apunte efectivamente a lograr el objetivo tenido en vista, cual es el de reducir esa brecha, en un mundo donde los ideologismos se han derrumbado.
El planteamiento de la delegación de Senadores de Chile estuvo orientado al reconocimiento de un nuevo paradigma en el desarrollo económico y social, que incluye los conceptos de endogenismo social, territorial y de oportunidad.
Al respecto, quiero señalar en términos generales que el endogenismo social apunta a que los países deben dar un mejor bagaje, una mejor calificación al recurso humano en lo científico y tecnológico, y también a lo que se llama capital social, es decir, lo tocante a la calidad de vida anexada a esa condición. Y ese endogenismo social debe reconocer además que hoy por hoy lo que interesa en el marco del mercado mundial es la calidad del producto, el precio del mismo y la oportunidad con que llega a destino. Por lo tanto, en esa tarea de endogenismo social toda la sociedad debe estar comprometida, los de Izquierda, los de Derecha, los de un lado y de otro son importantes en la generación del proceso de desarrollo. El endogenismo social alude también al hecho de que todo el conocimiento (o "know-how") de una zona debe estar a disposición del desarrollo endógeno de ese territorio.
El endogenismo territorial asume que el desarrollo ya no puede seguir entendiéndose en función de concepciones sectoriales, sino que debe abarcar todo el territorio; tener un orientación integral, un enfoque sistémico, y, además, apunta hacia el desarrollo sustentable, es decir, debe haber un "feedback" o retroalimentación de la inversión para efectivamente darle la sustentabilidad necesaria.
En definitiva, se reconoce esa característica de la globalización, que ha ido derivando desde la posmodernidad, de la postsoberanía, de lo que hoy se denomina la postciudadanía, distinguiendo lo global de lo local. El proceso de globalización admite que al interior de los territorios hay una particular caracterización de lo local, y esa localidad debe ser capaz de generar ventajas comparativas en el territorio, con toda su comunidad, y, además, estar habilitada para originar rendimientos crecientes, endogénamente, en su sociedad civil, universidades, etcétera. Eso es lo que se reconoce como "glocalización", un concepto derivado del proceso de globalización y de la localización.
También mencionamos la necesidad de identificar tendencias nuevas. En Chile, las estrategias de desarrollo -tengo a la mano, por ejemplo, la de la Segunda Región- siguen poniendo énfasis en lo sectorial y trabajando en conceptualizaciones como el "cluster", que es un encadenamiento de procesos industriales. Pero lo cierto es que hoy -como ya señalé- el desarrollo tiene tendencias sistémicas. No basta producir eficientemente un producto si no se cuenta con carreteras para transportarlo o con eficientes sistemas complementarios entre el transporte terrestre y el marítimo, o si no hay una adecuada fluidez y seguridad, si existe contaminación, o si no se desarrolla conocimiento para dar mayor valor agregado.
Y, además, es preciso reconocer lo que hoy empieza a ser una característica: el sistema organizacional, la cultura organizacional, la fortaleza institucional adquiere gran relevancia.
También quiero destacar la trascendencia de reconocer y valorar la diversidad cultural. En estos procesos todos tienen que converger a crear un clima sicosocial positivo. El mejor ejemplo es Chile, donde sus autoridades -el Presidente de la República , empresarios y dirigentes de base- reconocen que el problema que tiene entrampado al país es la crisis de confianza que está afectando a los distintos protagonistas.
Por eso es tan importante reconocer la valoración de la diversidad, la que a veces puede aparecer como una debilidad, pero que, cuando se trabaja creando climas sicosociales idóneos, se constituye en una fortaleza.
Por último, deseo enfatizar la necesidad de buscar un tipo de liderazgo distinto, que tenga características particulares, un "liderazgo habilitante", es decir, que motive a la acción, y para eso necesitamos una banca que reconozca la necesidad de establecer -con aportes del Estado- capitales de riesgo que permitan a la pequeña empresa y a los jóvenes empresarios avanzar en iniciativas cuya finalidad sea generar progreso y desarrollo.
Me parece útil insistir en la conveniencia de reconocer nuevas tendencias. No podemos seguir planificando desarrollo en función de conceptos sectoriales. Hay que avanzar hacia lo sistémico. Es más, hay que reconocer tendencias de zonas muy exitosas, donde se habla de regiones inteligentes o de regiones de aprendizaje. Un buen ejemplo es lo que hará el Presidente Lagos , quien visitará Silicon Valley para ver cómo se estructuran los nuevos procesos productivos, donde la inteligencia es el capital más importante. La riqueza más relevante de un país se reconoce en la calificación y en la inteligencia de sus habitantes, de tal manera que allí hay un elemento importante.
Termino esta referencia a la intervención chilena en el Foro Mundial, en conjunto con el Banco Mundial, para buscar mecanismos que permitan caracterizar estrategias para acortar la brecha.
En los pocos minutos que me quedan, quiero entregar mi testimonio personal de la experiencia de Singapur, ejemplo que mencionaba un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra. A propósito de mi viaje a Yakarta, me detuve algunos días en Singapur para intentar conocer cómo, en un par de décadas, ese país pasó de 1.500 dólares a 28 mil dólares per cápita, alcanzando un desarrollo que hoy es paradigma para los países que desean una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Reconocí tres cosas muy particulares.
La primera tiene que ver con la sectorización del país, donde se practica el endogenismo territorial a que hacía referencia. Se entrega a la "inteligencia" de ese territorio la responsabilidad de establecer estrategias de desarrollo endógeno. ¡Cuán importante es esto! Hablaba, a modo de ejemplo, de la estrategia de desarrollo de la Segunda Región; allí hay decenas de doctores en ciencias, particularmente en Antofagasta, donde existen tres universidades. Pero, en verdad, eso da exactamente lo mismo, porque esas decenas de doctores en ciencias están encerrados en laboratorios analizando temas particulares, pero no estudiando cómo desarrollar y dar una mejor calidad de vida al territorio en el cual se hallan insertos.
La segunda es que, adyacentes a los centros de generación de estrategias de desarrollo endógeno, observé que existían institutos para calificar el liderazgo de la gente: formando dirigentes de base, dirigentes intermedios, dirigentes académicos, dirigentes de distintas instancias, en centros que se hallan establecidos para dar esa característica de liderazgo habilitante. Se trata de ser capaces de generar ideas y de transformar esas ideas en hechos concretos, verificables, y de ser capaces de convocar a todos los sectores para convertirse, efectivamente, en factores de progreso y desarrollo.
Y el tercer elemento que noté en Singapur es la inmensa valoración por la diversidad. Vi en ciertos barrios iglesias hindúes, budistas, musulmanas, judías, cristianas, todas en una misma manzana, enseñando a la gente el respeto por la diversidad, haciendo cultura y encarnando la diversidad en las personas.
Ésas son las tres claves que, en mi opinión, han dado como resultado el que Singapur, en menos de dos décadas, haya pasado de 1.500 dólares a 28 mil dólares per cápita y sea hoy una zona paradigmática de lo que es el desarrollo económico y social.
Muchas gracias, señor Presidente, por el tiempo que se me ha brindado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
TRANSFORMACIÓN DEL CIMM EN SOCIEDAD ANÓNIMA. OFICIOS
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, son muy interesantes las observaciones que acabamos de escuchar.
En esta oportunidad, voy a intervenir a propósito de dos temas. El primero me parece de extraordinaria relevancia, máxime a la luz del "dossier" que hoy he entregado a la Oficina de Informaciones del Senado con las escrituras, publicaciones y juntas de accionistas referentes a la constitución de la empresa particular sociedad anónima cerrada "CIMM T&S", con varios aumentos de capital, nacida del CIMM (Centro de Investigaciones Mineras y Metalúrgicas), corporación sin fines de lucro, creada en el pasado con fondos de CORFO y ENAMI y con una valiosa propiedad fiscal en la comuna de Vitacura, además de costosas instalaciones.
Por lo anterior, solicito al Ministerio de Minería y a la Contraloría General de la República que nos informen cómo se transformó una empresa pública en corporación privada sin fines de lucro y después en el "CIMM Tecnología y Servicio", empresa privada y sociedad anónima cerrada; cuál ha sido el movimiento de capitales; cuáles son los fondos que recibió el CIMM corporación y en qué los ha ocupado; cuál es la rendición de cuentas de ellos; por qué CIMM, empresa del Estado, no se halla integrada al SAE, y quién tiene la capacidad de fiscalizarla, especialmente en lo relativo a los ingresos del "CIMM T&S", que obtiene 30 millones de dólares anuales.
Asimismo, solicito que se nos informe cuáles son sus accionistas y qué parte de ellos son de CIMM corporación, entidad sin fines de lucro, nacida en los años de la nacionalización del cobre con la finalidad de prestar asesoría tecnológica a los ingenieros a cargo de las empresas cupríferas expropiadas, la cual -repito- fue creada con fondos del Estado en una propiedad valiosísima y con instalaciones fiscales. Este CIMM, por supuesto, se compone exclusivamente de funcionarios estatales.
¿Cómo es posible que nazca de allí, mediante una serie de transferencias y aumentos de capital, un "CIMM T&S" que se ha expandido a lo largo del país como una sociedad cerrada con fines de lucro y que recibe -reitero- más de 30 millones de dólares anuales? No lo fiscaliza la CORFO, no lo fiscaliza ENAMI, no lo fiscaliza la Contraloría, no está en el SAE. ¿Dónde está? ¿Cuál es la constitución jurídica del CIMM? ¿Por qué y cómo se constituyó como una corporación sin fines de lucro y después como una sociedad anónima cerrada con fines de lucro?
Éstas son las cosas que me asombran y, por ello, solicito oficiar al señor Contralor General de la República y al señor Ministro de Minería para que informen sobre estos aspectos, cuyos antecedentes completos, como dije, están en la Oficina de Informaciones del Senado.
El señor CANTERO.-
Me permite una interrupción, Su Señoría, con la venia de la Mesa?
El señor LAVANDERO.-
Con todo agrado.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , me sumo a la petición del Honorable señor Lavandero , y, en consecuencia, solicito que también se me envíen los antecedentes sobre la materia.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, conforme al Reglamento, en nombre del Senador señor Lavandero, con la adhesión del Honorable señor Cantero.
SITUACIÓN DEL COBRE EN CHILE. OFICIOS
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente, deseo hablar del cobre en Chile.
Magnitud y dimensión
Existe un concepto y una realidad que debe primar en cualquier análisis que se haga de él: el concepto de DIMENSIÓN, IMPORTANCIA o MAGNITUD que este metal tiene en nuestra economía y en el mundo en general. Y en ese aspecto, quedaría plenamente satisfecho si de esta presentación que realizo hoy día en el Senado se pudiera adquirir la necesaria conciencia de la verdadera magnitud y dimensión del cobre chileno.
Con sus 742 mil kilómetros cuadrados, el territorio chileno constituye apenas el 0,25 por ciento de la superficie terrestre. Sin embargo, en este minúsculo porcentaje del planeta, en este 0,25 por ciento de la superficie de la Tierra, se concentra el 37 por ciento de las reservas mundiales de cobre. Poco importa que ciertas estimaciones digan que Chile posee sólo un tercio de aquéllas y que otros señalen que éstas sobrepasan el 40 por ciento de las reservas mundiales. Lo que importa es comprender la dimensión de estas reservas, y en razón de ellas, la importancia de Chile en la producción y sobre todo en el comercio mundial de cobre.
Debemos tomar conciencia de que las enormes reservas mundiales de cobre en Chile no se encuentran en el país más grande del mundo, Rusia, ni en el más poblado, China, que cuenta con 1.250 millones de habitantes, sino en un pequeñísimo país donde viven apenas 15 de los 6 mil millones de habitantes del planeta. Es, entonces, una anomalía de la naturaleza concentrar tan colosal riqueza en un muy pequeño espacio del planeta.
Es tal la colosal magnitud de esta riqueza que solamente una vez que los chilenos tomemos real conciencia de la DIMENSIÓN DEL COBRE CHILENO, podremos comprender que en Chile no existe ningún tema político o económico que resista una comparación con el cobre. Solamente una vez que tomemos conciencia de la magnitud que podría tener el cobre en nuestro presupuesto, podremos comprender que los pobres en nuestro país no debieran existir. Sin embargo, el cobre es el tema más oculto en los medios de comunicación y en la discusión pública. Pero este ocultamiento de la enorme dimensión del cobre no es casual, sino perfectamente planificada desde el extranjero, ya que solamente en la medida en que la potencialidad del cobre permanece en secreto y en el olvido, su expoliación se puede efectuar en la tranquilidad del silencio.
El formidable porvenir del cobre
Los electrodomésticos y los computadores han invadido los hogares en todo el mundo, la automatización y los robots ya han invadido las fábricas de todos los países desarrollados, y en el curso de este nuevo siglo, toda la industria mundial será automatizada y la única fuente de energía que moverá los procesos productivos será la electricidad. Toda la nueva economía, la sociedad de la información, "La Tercera Ola", como hace años la llamó Alvin Toffler , tendrán como única fuente de energía la electricidad y ésta tendrá siempre un soporte casi único en la distribución del cobre. Por los siglos de los siglos, la humanidad seguirá consumiendo cobre, sin que exista absolutamente ninguna necesidad de realizar costosas campañas para que aumente su consumo.
A este gran polo de desarrollo de la electricidad y de consumo del cobre, se sumará la necesaria e ineludible electrificación e ingreso al desarrollo de los países subdesarrollados. Para ello, tomemos sólo el caso de China, que actualmente consume alrededor de 1,1 kilo de cobre por habitante, mientras que los Estados Unidos consumen alrededor de 12 kilos por habitante. Esto quiere decir que dentro de 50 años, cuando China alcance el nivel de desarrollo de los Estados Unidos, solamente China consumirá casi el doble de cobre que lo que actualmente consume todo el mundo. Si a ello agregamos India , Indonesia , Indochina, América Latina y África, el consumo de cobre podría cuadruplicarse en una decena de años más.
En suma, el cobre tiene un futuro luminoso, y ningún otro recurso natural después del petróleo posee una importancia estratégica y económica tan grande a nivel mundial.
Esto explica, entonces, por qué al ser las reservas del cobre chileno lejos las más grandes del mundo y las de más bajo costo, ellas se han transformado en un PRECIADO BOTÍN, del que quieren apoderarse los grandes conglomerados metalúrgicos del planeta. Ello se resume en dos razones:
1) La inmensidad de las reservas chilenas.
2) El espectacular futuro estratégico y económico del cobre a nivel mundial.
Este brillante porvenir del cobre y la importancia de Chile en él lo conocen muy bien las grandes transnacionales, gracias a variados estudios de largo plazo de diversas instituciones de análisis y programación estratégica de los recursos energéticos y metálicos, dependientes de los gobiernos de países desarrollados, pero fundamentalmente de los Estados Unidos, así como de las mismas multinacionales. Es la razón por la que han llegado en masa a nuestro país a apoderarse de las mayores y mejores reservas de cobre del mundo, para lo cual cuentan extrañamente a veces con influyente ayuda de muchos de nuestros connacionales, situados en los medios de comunicación, empresas consultoras, el Parlamento y el Gobierno, al parecer donde estos grupos económicos pesan.
La sobreproducción
Durante el Gobierno militar, las únicas empresas o yacimientos de la mediana minería que pasaron a capitales extranjeros fueron La Disputada de Las Condes, en 1978, que ENAMI vendió a EXXON, y La Escondida, que comenzó en 1989. Todos los otros yacimientos e inversiones se iniciaron con el Gobierno de la Concertación. Y en esto debemos tener mucha claridad, son principalmente los gobiernos de la Concertación los que entregaron nuestro cobre a las transnacionales. Y ello se hizo con tal apresuramiento, desorden y sin control ni programación alguna, que provocaron una importante SOBREPRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE, colapsaron el precio y destruyeron los muy importantes ingresos que Chile retiraba de este sector de la minería.
En paralelo, es necesario destacar como un dato para el análisis, que en 1989 en Argentina existían sólo tres pequeños yacimientos en poder de empresas mineras extranjeras. Pero desde 1990 comenzaron a comprar todos los yacimientos disponibles en la cordillera argentina y a solicitar nuevas concesiones mineras, y ya desde 1993 se comienza a hablar de la necesidad de un tratado minero Chile-Argentina. Hoy en día, todos los yacimientos mineros limítrofes con Chile pertenecen a empresas transnacionales. No puede ser simple casualidad, cuando conocemos como se planifican estas cosas en los países desarrollados, que apenas gana la Concertación en Chile, las transnacionales comienzan a apoderarse de todos los yacimientos mineros chilenos y argentinos. Y ya cuentan con un flamante Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina, pero que todos sabemos que es más bien de complementación de la propiedad minera de las transnacionales en ambos países.
En los primeros cinco años del Gobierno de la Concertación, en el resto del mundo la producción disminuyó en 62 mil toneladas, mientras que la de las empresas extranjeras instaladas en Chile aumentó en 720 mil toneladas, con una disminución de CODELCO de 109 mil toneladas. Esto quiere decir que entre 1990 y 1994 el aumento mundial de la producción del metal se generaba única y exclusivamente por empresas extranjeras instaladas en Chile, y es esta sobreproducción la que provocó una caída de 20 por ciento en el precio nominal del cobre entre 1989 y 1994, y la disminución de los ingresos que el Fisco recibía de esta actividad, desde un promedio de 1 mil 850 millones de dólares en los tres últimos años del Gobierno militar a sólo 923 millones en los primeros cinco años de la Concertación, y sólo 710 en promedio por 1992, 1993 y 1994.
A partir de 1995, países como Indonesia, Australia y Perú también aumentaron su producción, lo que hace que en los 10 años de los dos Gobiernos de la Concertación Chile habrá aportado el 83 por ciento del crecimiento mundial de la producción de cobre, sobreproducción que supera ampliamente el aumento del consumo. Entre 1989 y 1999, la producción mundial aumentó en 3 millones 339 mil toneladas, mientras que el consumo mundial aumentó solamente en 2 millones 932 mil toneladas, lo que significa que hubo una producción por sobre el consumo de 407 mil toneladas y de 940 mil toneladas hasta 1998.
De ninguna manera se puede explicar esta sobreproducción con la crisis asiática, puesto que nunca antes había existido un consumo tan elevado como en la época de la crisis asiática. El aumento mundial del consumo de cobre de los últimos tres años hasta el 31 de diciembre de 1999 fue de 1 millón 491 mil toneladas, es decir, algo superior al aumento del consumo de los siete años inmediatamente anteriores de 1989 a 1996, que fue de 1 millón 427 mil toneladas. El aumento del consumo durante los tres años en que se extendió esta crisis fue superior incluso al incremento mundial del consumo registrado en toda la década de los ochenta, que alcanzó sólo a 1 millón 139 mil toneladas.
Durante la década de los 90, el aumento mundial del consumo de cobre fue de 2 millones 932 mil toneladas, y la producción chilena alcanzó a los 2 millones 774 mil en ese período. Ello quiere decir que un solo país, el pequeñísimo Chile, proporcionó el 94,6 por ciento del aumento del consumo mundial. La responsabilidad en esta evidente sobreproducción por parte de las empresas extranjeras instaladas en Chile recae directamente en los Gobiernos de la Concertación, puesto que esas inversiones extranjeras sólo se podían efectuar con la autorización del Gobierno chileno. Es esta política de la Concertación la que ha destruido los considerables ingresos que CODELCO aportaba a las arcas fiscales.
La tributación de las empresas mineras extranjeras
¿Qué deben hacer las empresas para no pagar impuesto a la renta en Chile? ¡No tener o no declarar utilidades! Esto lo saben bien las grandes empresas, tanto chilenas como extranjeras. Una buena gestión empresarial se traduce generalmente en declarar misérrimas utilidades, o, derechamente, pérdidas. En esta excelencia en la gestión se destacan las sociedades anónimas cerradas, las sociedades de personas y, muy especialmente, las sociedades contractuales mineras, estatuto en el que se encuentran la casi totalidad de las empresas extranjeras del cobre.
Por lo tanto, para no pagar impuesto a la renta en Chile las transnacionales extranjeras del cobre ponen en ejecución todos los subterfugios posibles para no declarar utilidades, a pesar de que ellos a veces están sancionados por las leyes chilenas. En esta tarea son amparadas por las mismas instituciones del Estado que deberían fiscalizarlas, y que permiten la elusión y evasión tributaria que efectúa la totalidad de las empresas extranjeras del cobre.
Si CODELCO tiene utilidades, con mayor razón deberían tenerlas las empresas privadas extranjeras, porque es de conocimiento público que tienen costos de explotación muy inferiores a CODELCO, y estas mismas empresas lo publicitan y se vanaglorian de ello. Que las empresas extranjeras del cobre no declaren utilidades es una realidad tan aberrante que a cualquier persona, con o sin conocimientos de tributación o de minería del cobre, le debe parecer inventada y sólo destinadas a dañar la imagen de las empresas extranjeras del cobre. Pero, desgraciadamente para nosotros los chilenos, ésta es la triste realidad, ya que la casi totalidad de las empresas extranjeras del cobre declaran pérdidas, y no pagan impuesto a la renta en nuestro país.
¿Por qué la opinión pública, e incluso la mayor parte de los dirigentes políticos y de los Parlamentarios no conocen esta realidad? Porque COCHILCO y el Gobierno se encargan de ocultarla. Por ejemplo, hasta 1995 no existía ningún impedimento legal para que COCHILCO pudiera publicar la tributación empresa por empresa, pero nunca lo hizo. No obstante, sí publica la tributación de CODELCO y ENAMI . Desde 1995 se restringió esta transparencia en la información tributaria, pero tampoco nada impide a COCHILCO el solicitar al Servicio de Impuestos Internos la tributación global del sector minero, incluso subdividida en pequeña y mediana minería, y publicar esa información. Pero no lo hace. Ninguna ley impide que COCHILCO pueda publicar las exportaciones en valor por cada empresa extranjera, pero hasta la fecha no lo hace, con el fin de que los chilenos no se enteren de que las empresas mineras extranjeras exportan cobre a precios inferiores a los de CODELCO o del Mercado de Londres, para así poder justificar las pérdidas tributarias, y no pagar impuesto a la renta en nuestro país.
Es, entonces, una muy mala actitud la de COCHILCO y del Gobierno de Chile el ocultar que las empresas extranjeras no pagan impuestos en Chile. Esta actitud política de los Gobiernos de la Concertación tiene fines que no quisiéramos calificar más duramente, pero lo menos que podemos decir es que, cuando los funcionarios de CODELCO o de otros organismos estatales se van, son recibidos por las empresas privadas y otras veces vienen como en comisión de servicio de estas empresas privadas a los organismos mineros del Estado.
Los precios de transferencia
El principal subterfugio que estas empresas utilizan para no declarar utilidades son los precios de transferencia. Se le llama así a los precios de exportación o de transferencia entre empresas relacionadas, o de filiales de una misma casa matriz, precios que son muy inferiores a los que existen normalmente en el mercado. Esto se produce de la siguiente manera: la empresa instalada en Chile, relacionada con la casa matriz americana, inglesa, japonesa, australiana, etcétera, le puede comprar el cobre a su filial chilena a través de filiales comercializadoras de cobre, a precios inferiores incluso de 30 por ciento a los de la Bolsa de Metales de Londres, puesto que ése es el objetivo esencial de la inversión que han realizado en Chile. Muchas de estas sociedades comercializadoras de cobre tienen su base en países con paraísos fiscales, con el fin de disminuir su tributación. La situación no es nueva, puesto que en los años 50 y 60, cuando la Gran Minería pertenecía en su totalidad a capitales norteamericanos, los precios de exportación de estas empresas eran 30,8 por ciento inferiores a los de la Bolsa de Metales de Londres, o los de ENAMI, según un estudio realizado por el economista Patricio Meller , publicado en junio de 1988 en la revista Nº 24 de CIEPLAN.
Los precios de transferencia son, lejos, el principal subterfugio que utilizan las empresas extranjeras para no obtener utilidades. Por ello, conocer la realidad sobre las ventas y los precios de exportación de la minería privada en Chile es muy difícil, porque el secreto es muy bien guardado, sobre todo por COCHILCO, el organismo que, por disposiciones del DL Nº 1.349, de 1976, modificado por la ley Nº 18.840, de 1989, debe conocer las condiciones de todos los contratos de exportación e importación de cobre y sus subproductos.
COCHILCO publica una serie de diversos datos, como los relativos a embarques físicos por producto (concentrado, refinado, metálico, etcétera), y por país de destino de los embarques, pero no publica, y oculta deliberadamente, EL VALOR de las exportaciones por empresa, que es la información más relevante. Si COCHILCO publicara el valor de las exportaciones por empresa, a cualquiera persona interesada en el tema del cobre le sería relativamente fácil deducir el precio de venta de cada empresa, al ser comparada con su producción y exportación física, datos que sí entrega COCHILCO. Tal acción de esta última, de no dar a conocer deliberadamente el valor de las exportaciones de las empresas extranjeras, tiene como objetivo ocultar los precios de transferencia de estas empresas, que es el principal subterfugio que ellas emplean para "trasladar" sus utilidades a sus casas matrices, y no pagar el Impuesto a la Renta en Chile.
Para acallar las críticas a los Precios de Transferencia, el Gobierno dictó en 1997 la ley Nº 19.506, que le dio facultades al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar los Precios de Transferencia. El respectivo procedimiento se basa en que las transacciones entre partes relacionadas deben efectuarse como si entre comprador y vendedor no existieran vínculos de ninguna especie. Pero ya desde 1974, el D.L. 824 o Ley de la Renta, establece en su artículo 36 que "Sin perjuicio de otras normas de esta ley, para determinar la renta efectiva de los contribuyentes que efectúen importaciones o exportaciones, o ambas operaciones, la Dirección Regional podrá, respecto de aquéllas impugnar los precios o valores en que efectúen sus transacciones o contabilicen su movimiento, cuando ellos difieren de los que se obtienen de ordinario en el mercado interno o externo. Para estos efectos, la Dirección Regional podrá solicitar informe al Servicio Nacional de Aduanas.".
No son, entonces, los instrumentos legales los que faltan para fiscalizar los precios de transferencia de las empresas mineras y mejorar su casi inexistente tributación, sino que la voluntad política de las más altas autoridades de Gobierno.
Excesivo endeudamiento y pago de elevados intereses
Otra de las formas que implementan las empresas extranjeras para disminuir sus utilidades es AUMENTAR LOS GASTOS, pagando la casa matriz asesorías y consultorías diversas, y sobre todo, pagando abultados intereses financieros a la casa matriz, para lo cual han sido debidamente autorizadas por el Banco Central.
El caso de la Compañía Minera La Disputada de Las Condes, hasta 1998 segunda empresa extranjera del cobre, es el más conocido de todos, porque algunos reportajes sobre sus resultados han aparecido en la revista "Minería Chilena"; y en particular en la entrevista concedida por su entonces Vicepresidente , el señor Johan Van Lobenstein , en el Nº 121, de julio de 1991, donde dice entre otras cosas: "Un 96% de estos pasivos corresponden a créditos de la casa matriz, que actúa como entidad financiera con respecto a su filial, por especial disposición del Banco Central de Chile. Por ello Exxon no extrae utilidades de Disputada, sino que intereses de sus inversiones en la compañía. Estos pagos de intereses representaron un 21% de las ventas el último año y un 20% el año anterior.".
Por lo cual, con este endeudamiento, el pago de intereses puede extenderse aun por décadas; y con la pérdida tributaria que ya debe haber sobrepasado los 500 millones de dólares, hasta que la mina se agote la Compañía Minera La Disputada de Las Condes no habrá pagado al Estado chileno un solo dólar por concepto de Impuesto a la Renta, siendo el suyo el ejemplo y modelo por imitar con relación a los "beneficios" que la minería extranjera aporta a nuestro país. Sabemos que tal empresa ha sido fiscalizada por el Servicio de Impuestos Interno; pero sus fiscalizadores no han encontrado anormal que durante 22 años ella haya tenido sólo pérdidas y no hubiese pagado un solo dólar de impuesto al Fisco.
¿Alguno de los señores Senadores puede creer que la Exxon tenga una filial ¿La Disputada de Las Condes- durante 22 años trabajando a pérdida aquí en Chile? Lo pregunto. Ojalá se lo puedan responder con más claridad que la que yo tengo a este respecto.
¿Es la Exxon de los Estados Unidos la que concede los créditos a su filial La Disputada de Las Condes? No, son las filiales financieras de Exxon en Bahamas y Bermudas, que le han prestado 4 mil 500 millones de dólares a La Disputada, según lo ha informado el mismo Comité de Inversiones Extranjeras, y que acaba de aprobar otros 400 millones de dólares de inversión. Yo pregunto: ¿Es efectivo que se pueden invertir 4 mil 500 millones de dólares en una mina que sólo genera pérdidas, o es lavado de dinero? De esta manera, Exxon recibe un promedio de 80 millones de dólares anuales, por los cuales no paga impuestos en los paraísos fiscales de Bahamas y Bermudas, y en Chile sólo tributa 4 por ciento, en vez del 35 por ciento adicional. ¡Esperamos que por lo menos pague ese 4 por ciento, porque actualmente no lo hace!
Para premiar este ejemplo de empresa, el Gobierno de Chile y en particular el Ministerio de Economía otorgaron a la Compañía Minera La Disputada de Las Condes el Primer Premio establecido en el país a la CALIDAD TOTAL, en solemne ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda en agosto de 1997, y en presencia del Jefe del Estado. Al entregar el premio, el entonces Subsecretario de Economía y Presidente del Centro Nacional de Productividad y la Calidad Total, Oscar Landerretche , en la ceremonia de premiación destacó: "Este Premio se propone ayudar a las empresas del país a implementar una gestión de calidad moderna y eficaz que contribuya a elevar su competitividad y a generar en toda la comunidad nacional una conciencia clara acerca de la importancia de las prácticas de calidad. De este modo, queremos contribuir a que se haga realidad el mensaje presidencial, que se nos conozca como un país que hace bien las cosas".
Hacer bien las cosas en este país, consiste entonces en que las empresas extranjeras del cobre cometan fraude al Fisco, y en razón de esta gestión de calidad moderna y eficaz, el Fisco más encima les otorga premios. ¿Dónde las empresas extranjeras del cobre iban a encontrar un país mejor que éste para obtener rentabilidades entre 35 y 50 por ciento anual, como lo aseveró don Juan Villarzú en un artículo publicado en el vespertino "La Segunda"?
Resulta aún más increíble el caso de la Compañía Minera El Abra, filial en 49 por ciento de CODELCO. En la misma Memoria de CODELCO por el ejercicio 1998, se reconoce que tal compañía pagó 68,1 millones de dólares en intereses, lo que representa el 17 por ciento de sus ingresos. Estos elevados intereses explican en parte por qué la Compañía. Minera El Abra no entregó utilidades a CODELCO, a pesar de que sus costos directos son inferiores a los 40 centavos de dólar por libra de cobre, por lo que a pesar de sus elevados gastos financieros, debería arrojar utilidades. ¡Misterio! Sin embargo, ese misterio no existe con la mina Radomiro Tomic , cuya explotación se inició dos años después que El Abra, y que ya entregó alrededor de 140 millones de dólares de utilidades a CODELCO por los ejercicio 1998 y 1999.
Los DOS TERCIOS de la inversión extranjera en la minería son CRÉDITOS, y no aportes directos de capital. Esto no es una casualidad o capricho de inversionista, sino que una muy bien montada y planificada operación, que permite: a) aumentar los gastos y disminuir las utilidades de las filiales para no pagar impuestos en Chile, b) que las casas matrices obtengan utilidades suplementarias en forma de intereses, sobre los cuales sólo se debe tributar en Chile apenas 4 por ciento.
El imprescindible impuesto a las exportaciones de cobre
Ésta es una realidad INDESMENTIBLE E INSOSLAYABLE: las empresas extranjeras del cobre no pagan impuestos en Chile o su tributación es misérrima, y ello no se debe a que tengan un estatuto tributario privilegiado, sino porque recurren a todo tipo de subterfugios para hacer desaparecer sus utilidades.
Que las empresas extranjeras del cobre no declaren utilidades es UNA REALIDAD TAN ABERRANTE que a cualquier persona, con conocimientos de tributación de la minería del cobre o sin él, le debe parecer inventada y sólo destinada a dañar la buena imagen de las empresas extranjeras del cobre.
Si CODELCO, empresa estatal, tiene utilidades, con mayor razón deberían tenerla las empresas privadas extranjeras, por cuanto ellas mismas, con grandes alardes, sostienen que sus costos son inferiores a los de CODELCO. Pero desgraciadamente para nosotros los chilenos la triste realidad es que la casi totalidad de las empresas extranjeras del cobre declaran pérdidas, y ello es ocultado no sólo por las mismas, sino -lo más inexplicable- por los propios organismos del Estado chileno encargados de fiscalizarlas, las que no aplican las leyes que fueron precisamente dictadas para controlar este tipo de evasión fiscal.
Por estas razones, es absolutamente imprescindible establecer una nueva forma de tributación, que no pueda ser eludida de manera alguna por esas empresas mineras extranjeras, a pesar de sus complicidades y subterfugios. Este tipo de impuesto existe, y desde hace ya varios años que lo hemos estado explicando y solicitando en diversos informes. LA ÚNICA FORMA que esas empresas no puedan eludir su tributo al Estado y al pueblo chileno es que paguen UN IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN DE COBRE, independientemente del hecho de que tengan o no tengan utilidades. De la misma forma como CODELCO aporta 10 por ciento de sus ventas a las Fuerzas Armadas, tenga o no tenga utilidades, así también las empresas extranjeras del cobre deberían tributar por el metal que se llevan al exterior.
Ese impuesto existe en la mayor parte de las naciones con explotaciones mineras en el mundo, y en particular en Australia, Canadá , Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica , etcétera, países de donde provienen las principales empresas que poseen yacimientos cupríferos en Chile. En esas naciones este tributo se conoce como royalty. No existe otra fórmula para que las empresas paguen por los recursos naturales que explotan, sobre todo los recursos no renovables como los mineros, para que el dueño de esas riquezas, el Estado, que representa a todo el pueblo, pueda recibir la justa retribución de las riquezas del subsuelo que le pertenecen a toda la nación. En la América colonizada y en la España colonial ya existía este impuesto, y los economistas clásicos, en especial David Ricardo , justificaban su existencia como la más justa compensación a la extracción de una tonelada de mineral que se perdía para siempre.
La base de este impuesto no son las utilidades declaradas, sino el valor de cada libra de cobre que se exporta. Además, para incentivar a las empresas cupríferas a dar mayor valor agregado a sus explotaciones, este tributo debe tener tasas diferentes en función del tipo de cobre que exporta, aumentando esta tasa en la medida en que existe menor valor agregado en el país. De esta manera, para el cobre manufacturado o elaborado en Chile, la tasa de este impuesto debe ser cero por ciento, pasando a 10 por ciento por el cobre refinado, 15 por ciento por el cobre fundido, 20 por ciento por los concentrados de cobre, y 25 por ciento por el mineral en bruto.
Tales tasas diferenciadas tienen como objeto principal obligar a las empresas a refinar la totalidad del cobre que se produce en Chile, siendo el incentivo mayor el de crear fábricas para manufacturar el cobre en nuestro país, por cuanto para este tipo de productos no existe este impuesto.
Además las tasas diferenciadas tienen subsidiariamente como objetivo desincentivar la industrialización de nuestro cobre en el extranjero, pues en todos los países asiáticos, y también en Europa, por las importaciones de concentrados no existen aranceles o ellos son muy bajos, pero si el cobre es fundido o refinado, estos aranceles aumentan sensiblemente, alcanzando en ciertos países tasas superiores a 50 por ciento. Por ello, la diferenciación de tasas de este tributo se justifica por una doble razón.
Con este tipo de royalty a la exportación de cobre estaríamos logrando varios objetivos fundamentales, para por fin tener una verdadera POLÍTICA DE ESTADO PARA EL COBRE, que recupere para el país los fabulosos ingresos que tal metal aportará en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazos. El impuesto a la exportación de cobre debe transformarse en la piedra angular de una política de Estado para el metal rojo, y la solución a la sobreproducción y la actual crisis de él.
En último término, si no se está de acuerdo con este nuevo tributo a las exportaciones de cobre, se debería extender la aplicación de la Ley Reservada de las Fuerzas Armadas a todas las empresas exportadoras de cobre, dejando a las empresas mineras del cobre en igualdad de condiciones competitivas, pues tanto CODELCO como las empresas privadas quedarían sometidas al mismo impuesto, y ello permitiría disminuir considerablemente la asignación del Presupuesto al gasto militar, para destinarlo al gasto social en educación, salud, vivienda y previsión.
El cobre puede reportar legítimamente al país ingresos tributarios del orden de 6 mil millones de dólares anuales si el Gobierno se decidiera por una política de Estado para el cobre. Sin embargo, las transnacionales, con su inmenso poder político y comunicacional, han logrado convencer a la opinión pública chilena, sosteniendo que el cobre no puede dar más de lo que da actualmente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Su Señoría ha ocupado los dos tiempos que le fueron cedidos por los Comités.
El señor LAVANDERO .-
Necesito sólo tres minutos más para terminar mi intervención, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Bien. Puede continuar, señor Senador.
El señor LAVANDERO.-
Gracias, señor Presidente.
Los pretendidos beneficios de la inversión extranjera
Los defensores de la inversión extranjera, tanto en el Gobierno como los expertos que las multinacionales pagan, afirman que si la inversión no se hubiera autorizado en Chile igual habría provocado sobreproducción si se hubiese invertido en otros países, y el nuestro además habría perdido los beneficios de ella. Pero argumentar que Chile hubiera perdido los beneficios correspondientes es completamente irreal, por cuanto desde hace 10 años la inversión extranjera en el cobre no ha aportado absolutamente ningún beneficio a nuestro país, ya que no sólo destruyó los ingresos que obtenía el Fisco, sino que además suprimió cerca de 20 mil empleos en la minería del cobre.
En segundo término, es falso que la misma cantidad que se invirtió en Chile, invertida en otras naciones hubiera podido crear la sobreproducción que se originó desde Chile, porque no existe país en el mundo con costos tan bajos como los que en forma natural tienen los yacimientos chilenos. En efecto, no hay en el resto del mundo yacimientos de la envergadura de los chilenos, y que tengan además costos inferiores a 40 centavos de dólar la libra, como La Escondida, que tiene costos de 34 centavos; Zaldívar que viene de reconocer costos de 38 centavos, costos en lo que se sitúa también Collahuasi y El Abra, yacimientos que en conjunto producen 2 millones de toneladas. ¿En qué región del orbe se puede producir tal cantidad a menos de 40 centavos de dólar la libra? Respuesta simple. No existe. La Escondida declaró que ha pagado mil millones de dólares en los últimos 10 años por una producción hoy en día de un millón de toneladas anuales. Hasta la fecha esta aseveración es incierta, porque es imposible comprobar su veracidad hasta que el Servicio de Impuestos Internos no entregue la tributación global del sector minero en los últimos 10 años. Hasta ahora la afirmación de ese servicio es contraria a lo que declara La Escondida. Pero si comparamos la producción de CODELCO, con costos muy superiores, por ser minas más antiguas y más explotadas, tal empresa, en un solo año, por un millón 200 mil toneladas, entregó al Estado mil 900 millones de dólares por una producción levemente superior, y en 10 años ¿CODELCO además paga 10 por ciento sobre las ventas a las Fuerzas Armadas-, ha entregado 10 mil millones de dólares. Ésta es la verdadera comparación que el Gobierno chileno debiera hacer para darse cuenta de la colosal expoliación a que estas empresas mineras multinacionales someten al pueblo de Chile.
En tercer lugar, Chile no necesita en absoluto de capitales extranjeros para desarrollar su minería, porque cuenta con todo tipo de técnicos y profesionales para hacerlo, sin la ayuda de ningún extranjero. Tampoco requerimos los capitales; y la prueba más rotunda de ello es que, entre 1974 y 1989, a pesar de la profunda crisis y de la falta de recursos por las que atravesó el país, CODELCO obtuvo los recursos necesarios para aumentar al doble su producción en esos años, generando utilidades a Chile por alrededor de 20 mil millones de dólares, calculadas por Patricio Meller . Desde 1989, las empresas mineras extranjeras aumentaron la producción en cuatro veces más de lo que lo hizo CODELCO en los 14 años anteriores, pero hizo perder al país 10 mil millones de dólares.
Los beneficios de la inversión extranjera en la minería es sólo un GRAN MITO, que en nada justifica la realidad, por cuanto se han perdido más de 20 mil puestos de trabajo en la minería del cobre durante los últimos 10 años, aparte los 29 mil pirquineros cesantes, y Chile ha dejado de percibir decenas de miles de millones de dólares por efecto de la baja del precio del cobre provocado por la sobreinversión extranjera.
Señor Presidente, he entregado estos antecedentes para que, en mi nombre, les sean enviados a los señores Ministro de Minería, Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y Consejeros del Banco Central de Chile; a la señora Vicepresidenta Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras, y a Su Excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminado el tiempo de Incidentes, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:5.
Osvaldo Palominos Tolosa,
Jefe de la Redacción subrogante
ANEXO SESIÓN
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES RÍOS, SABAG, SILVA, VIERA-GALLO Y URENDA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY SOBRE INDULTO GENERAL, CON MOTIVO DEL JUBILEO 2000 (2633-07)
Honorable Senado:
Los patrocinantes de la presente moción formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del H. Senado, y en tal calidad venimos en formalizar la presentación de esta iniciativa legal, considerando:
1. La solicitud de especial benevolencia hacia la población penal, formulada por la Conferencia Episcopal de Chile en el contexto del Año Santo Jubilar 2.000 y que se funda en el llamado efectuado por S.S. el Papa en su "Mensaje para el Jubileo en las Cárceles", en el cual, dirigiéndose a las autoridades, implora una señal de clemencia a favor de todos las personas privadas de libertad mediante una reducción de sus penas.
Esta petición además se sustenta en el hecho que los recintos carcelarios distan mucho de ser los más adecuados para la rehabilitación de quienes se encuentran recluidos en ellos, toda vez que su capacidad se encuentra sobrepasada por una ingente población penal, carecen de la infraestructura adecuada y el personal dedicado a su resguardo es insuficiente.
2. Que el contenido de la proposición, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo, se concreta en la dictación de una ley de indulto general.
3. Que la voluntad de los patrocinantes de la presente iniciativa es realizar los esfuerzos necesarios para llevar a cabo una medida de carácter humanitario, conciliando el elevado espíritu que la anima con la firmeza necesaria frente a la delincuencia, a fin de evitar que el impulso parlamentario de esta especie pueda, interpretarse como una señal equívoca de tolerancia hacia conductas sancionadas como ilícitas por el ordenamiento jurídico vigente.
4. La conveniencia de restringir el alcance del presente proyecto, limitándolo a beneficiar a personas que han sido condenadas por delitos de menor gravedad, en cuanto no se encuentren cumpliendo más de una condena y no se trate de reincidentes, o que sean de avanzada edad, madres de hijos menores de edad, o presenten un estado de salud irrecuperable, que les impide realizar ningún tipo de actividad.
5. La historia de la aplicación del indulto en nuestro país, que desde el año 1.823 -fecha de instalación del Congreso Nacional- se ha aplicado en trece oportunidades, fundado inicialmente en la celebración de hitos de nuestra historia patria y, más recientemente, como estímulo a la reinserción social de los condenados y al reconocimiento de la crisis del sistema carcelario como elemento idóneo para la rehabilitación de los reclusos.
Venimos en proponer, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 62 de la Constitución Política de la República, el siguiente
PROYECTO DE LEY
"Artículo 1º.- Concédese un indulto general, en la forma que a continuación se expresa, a los condenados por sentencia ejecutoriada que, a la fecha de publicación de esta ley, estuvieron cumpliendo sus penas, sea en forma efectiva o acogidos a alguno de los beneficios contemplados en la ley Nº 18.216:
a)Redúcense en dos meses por cada año o fracción igual o superior a seis meses las penas privativas o restrictivas de la libertad que tengan una duración igual o inferior a cinco años.
b)Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, concédese una reducción adicional de seis meses a los condenados que tuvieren más de 70 años.
c)Concédese, también, a las madres condenadas, que tuvieran hijos menores de 18 años, una reducción adicional de seis meses.
Otórgase un indulto general a todo condenado por cualquier causa mayor de 80 años.
Artículo 2º.- Si el condenado hubiere obtenido, con anterioridad a la vigencia de esta ley, reducción de su condena por indulto u otra causa, la rebaja de pena establecida en el artículo anterior operara sólo respecto de la pena reducida.
Artículo 3º.- No procederán los beneficios que otorga el artículo 10 de esta ley, respecto de aquéllos que estuvieran cumpliendo dos o más condenas o tuvieran la calidad de reincidente o que se encuentren condenados por delitos de secuestro, robo con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sustracción y corrupción de menores, aborto, violación, abusos deshonestos, sodomía, los contemplados en los artículos 361 a 367 de¡ Código Pena¡, conducción en estado de ebriedad causando la muerte y homicidio.
Tampoco se concederán estas rebajas a los que hubieran sido condenados por los delitos previstos en los artículos 150 y 255 del Código Penal; en el Título I del Libro II y en el Párrafo Décimo del Título VI del Libro II del Código Penal; en el Título II del Libro III del Código de Justicia Militar; en la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado; en la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas; en la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad y en las leyes Nº 18.403 y 19.366 que sancionan el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
Artículo 4º.- Quedarán siempre exceptuados de las rebajas de penas señaladas precedentemente, aquellos delitos que hubieren producido muerte, lesiones graves o gravísimas, o en que las víctimas sean menores de edad.
Artículo 5º.- Asimismo, no podrán gozar de este beneficio aquellos que habiendo obtenido libertad condicional se les hubiere revocado ese beneficio.
Artículo 6.- Concédese, asimismo, indulto general, consistente en la condonación de todo el saldo de las penas que le restan por cumplir, a los condenados privados de libertad que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, que les impida desplazarse por sus propios medios, debidamente comprobada y cuya condena no se motivare en infracciones a la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad.
En este último caso, conmútese el saldo de la pena que reste por cumplir, por la de extrañamiento.
Artículo 7º.- Los que después de haber sido indultados cometieron algún crimen o simple delito durante el tiempo que le hubiere restado al cumplimiento de su condena, sufrirán la pena que la ley señala al nuevo crimen o simple delito que cometieron, debiendo cumplir, además, el período que se hubiere rebajado por medio del indulto.".
Valparaíso, 15 de noviembre de 2.000.
(FDO.): José Antonio Viera-Gallo.- Mario Ríos Santander.- Hosaín Sabag Castillo.- Enrique Silva Cimma.- Beltrán Urenda Zegers