Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Fuad Chahin Valenzuela
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ignacio Urrutia Bonilla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fernando Meza Moncada
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Claudia Nogueira Fernandez
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Daniel Alexander Melo Contreras
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Enrique Van Rysselberghe Herrera
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Ernesto Silva Mendez
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Cristina Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Clemira Pacheco Rivas
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Denise Pascal Allende
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Andrea Molina Oliva
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PETICIÓN DE OFICIO : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- PETICIÓN DE OFICIO : Luis Alberto Rocafull Lopez
- I. ASISTENCIA
- INTEGRACIÓN
- Marisol Turres Figueroa
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Pablo Lorenzini Basso
- LICENCIA MÉDICA
- Felipe Letelier Norambuena
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Fernando Meza Moncada
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTEGRACIÓN
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY
- INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Arturo Squella Ovalle
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
- RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY
- V. ORDEN DEL DÍA
- ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA ACONDROPLASIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10602-24)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Nicolas Monckeberg Diaz
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Manuel Monsalve Benavides
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Sergio Alfredo Gahona Salazar
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ROL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EL ACCESO A ELLOS POR LA POBLACIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA ACONDROPLASIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10602-24)
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 83ª, en jueves 13 de octubre de 2016
(Ordinaria, de 10.37 a 12.29 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo Espinosa Monardes, don Marcos
Secretario, el señor Landeros Perki?, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I-. ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 11
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15
RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE
LEY .......................................................................................................................................... 15
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN .............................................................................. 18
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 18
ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA ACONDROPLASIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10602-24) .................................................................................. 18
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB) ......... 24
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ROL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EL ACCESO
A ELLOS POR LA POBLACIÓN .............................................................................................. 41
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 48
1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9834-06) ............................... 48
2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10163-14) ............................. 48
3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ............................. 48
4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°7543-12) ............................... 48
5.- " OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°10261-04) ........................... 48
6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°10482-21).............................. 48
7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y
REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE "DECLARA FERIADO
EL DÍA 2 DE OCTUBRE PARA LA REGIÓN DE LOS RÍOS.". (BOLETÍN N° 9606-06) ............................ 48
8.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3221-16-CPR. ................................................. 48
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
Del diputado señor Chahin
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 13 de octubre de 2016, para dirigirse a Panamá.
Del diputado señor Urrutia, don Ignacio
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 13 de octubre de 2016, para dirigirse a Panamá.
Del diputado señor Farcas
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 13 de octubre de 2016, para dirigirse a Panamá.
Del diputado señor Meza
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 23 de octubre de 2016, para dirigirse a Ginebra, Suiza.
2.- Licencias médicas:
Otorgada a la diputada señora Nogueira
por la cual acredita que debió permanecer en reposo el 11 de octubre de 2016.
Otorgada al diputado señor Melo
por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 11 de octubre de 2016.
3.- Notas:
Del diputado señor Van Rysselberghe
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 13 de octubre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
Del diputado señor Espinoza, don Fidel
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 13 de octubre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
Del diputado señor Silva
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 13 de octubre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
De la diputada señora Girardi
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el 13 de octubre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
4.- Comunicaciones:
De la diputada señora Pacheco quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, para ausentarse, por razones personales, por medio día, el 13 de octubre de 2016.
De la diputada señora Núñez , doña Paulina
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, por medio día, el 13 de octubre de 2016.
5.- Oficios:
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor mediante el cual solicita le sea remitido el proyecto que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer, a través de mensajes publicitarios" (Boletín N° 10551-03), actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual procede a declarar inadmisible la moción de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo ; Arriagada , Jiménez , Letelier ; Núñez, don Daniel ; Ojeda , Poblete , Saffirio y Soto , y de la diputada señora Vallejo , que "Deroga el decreto supremo N° 1.086, de 1983, del Ministerio del Interior, sobre Reuniones Públicas", por cuanto guarda relación con una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, a saber, la determinación de atribuciones de servicios públicos, en tanto elimina las contempladas en el referido decreto supremo para intendentes, gobernadores y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a la vez que deja sin efecto disposiciones de carácter reglamentario que deberían ser derogadas solo en virtud de otro decreto supremo. (12-2016).
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Indonesio por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidenta a la diputada señora Pascal
.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Singapurense por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Jarpa
.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Filipino por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Jarpa
.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Malasio por el cual informa que procedió a constituirse y a elegir como presidente al diputado señor Núñez, don Marco Antonio
.
Respuestas a Oficios
Ministerio de Interior
Diputada Álvarez doña Jenny , Solicita remitir a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, respecto a los antecedentes del anuncio, para el primer trimestre del año 2017, de la puesta en marcha del plan de reducción de camiones aljibes, indicando a su vez, si existe un plan específico para la Provincia de Chiloé. (1630 al 23204).
Diputada Hernando doña Marcela , Solicita informe las medidas que se han adoptado para evitar el asentamiento de nuevos campamentos en la Región de Antofagasta, particularmente en zonas con riesgo de aluviones. (2359 al 21881).
Ministerio de Hacienda
Diputado Espinoza don Fidel , Copia de su intervención, relacionada con la situación que afecta a los ex presos políticos señores Mario González Cea , José Pérez Valdebenito , Víctor Balderas Angulo y Arsenio Martínez Vásquez , quienes, en Osorno, en la Región de Los Lagos, piden la homologación de las denominadas pensiones Valech y Rettig . (22023 al 950).
Ministerio de Justicia
Diputado Hernández , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los efectos en la tramitación de los procesos judiciales iniciados en las fiscalía y defensorías, en relación a la falta de un médico psiquiatra en el Servicio Médico Legal de la ciudad de Osorno. (6704 al 17399).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Sandoval , Requiere información relacionada con la dotación de medios de navegación para la comuna de Caleta Tortel, debido al otorgamiento del subsidio marítimo que beneficia el traslado entre las localidades de Puerto Yungay, Caleta Tortel , Puerto Edén y Puerto Natales. (414 al 22238).
Ministerio de Salud
Diputado Hernández , Solicita informar la factibilidad de renovar el vehículo para el transporte de personas dializadas, perteneciente al Hospital Misión San Juan de la Costa, ubicado en la comuna de Osorno (3501 al 23202).
Ministerio de Minería
Diputada Hernando doña Marcela , Solicita remita las estadísticas del valor que ha alcanzado el precio del cobre en los últimos 15 años, desglosando la información de manera mensual. (657 al 23061).
Diputado Hasbún , Diputado Ward , Remitir a esta Cámara la nómina de todos los profesionales que han sido destinados en comisión de servicio, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en todas y cada una de las reparticiones de las cuales dependen, con las especificaciones que requieren. (658 al 22161).
Diputado Hasbún , Diputado Ward , Reitera el oficio Nº 22.161, de fecha 22 de julio del 2016. (658 al 23252).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Diputada Núñez doña Paulina , Solicite informe sobre la efectividad de la presentación y aprobación de estudios de impacto vial y al sistema de transporte urbano, relacionados con la construcción de ciclovías en la comuna de Antofagasta, en los términos que señala. (1326 al 23264).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Diputado Urrutia don Osvaldo , Solicita remitir información relacionada con el servicio de transporte público en el Gran Valparaíso, en los términos que se solicita. (1739 al 22954).
Diputado Chahin , Diputada Provoste doña Yasna , Informar a esta Cámara, al tenor de la intervención que se acompaña, sobre las condiciones en que se otorgaron las concesiones para uso de vías de las empresas de transporte público Red Bus y STP, concluidas en mayo de 2015,y acerca de la efectividad de que dichas empresas accedieron a un mayor pago por pasajero transportado que el asignado en el contrato anterior, pronunciándose respecto de las demás interrogantes que plantea. (6937 al 18899).
Diputado Coloma , Requiere información relacionada con el porcentaje de ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para 2016. (7024 al 22708).
Diputado Rathgeb , Solicita disponer las medidas necesarias para dotar a la comuna de Lumaco de antenas que permitan contar con cobertura para teléfonos celulares, indicando las líneas de acción que se seguirán para concretar esta solicitud. (9379 al 22440).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Kast , Informe a esta Cámara si su cónyuge, hijos de filiación biológica o adoptiva o cualquier pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y los correspondientes a los subsecretarios de ese ministerio, tienen un vínculo laboral en calidad de planta, contrata o a honorarios, con alguna de las entidades que indica. (2825 al 18817).
Diputado Hasbún , Diputado Ward , Reitera el oficio Nº 22.158, de fecha 22 de julio del 2016. (4116 al 23250).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Rocafull , Solicita remitir información relacionada con la Empresa Portuaria de Arica y la Empresa Sociedad Marítima y Comercial LTDA., en los términos que se solicitan. (148 al 22993).
Servicios
Diputado Espinosa don Marcos , Requiere información relacionada con la situación del señor René Rivera Solís , quien requeriría agilizar el trámite de desafiliación del actual sistema de pensiones y su posterior jubilación, a través del Instituto de Previsión Social. (43997 al 22907).
Varios
Diputado Kast , Solicita remitir información respecto a la situación que aqueja a la señora Adriana Peña Ibáñez y el tratamiento para la artritis reumatoide del Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, en los términos que se solicita. (2085 al 23053).
Diputado Sandoval , Informe a esta Cámara sobre los planes para dotar a la Capitanía de Puerto Baker, en caleta Tortel, de una embarcación apropiada para el control y fiscalización marítima, considerando la baja capacidad operativa de la nave en actual funcionamiento. (414 al 23015).
Diputado Bellolio , Requiere información sobre el número de licencias de conducir entregadas en los últimos 4 años en esa comuna, desglosadas por clase y rangos etarios que señala. (446 al 22980).
Diputado Rocafull , Solicita remitir información relacionada con las acciones judiciales ejercidas por la Empresa Portuaria Arica, en los términos que se solicita. (612 al 22996).
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputada Molina doña Andrea Solicita que informe y adjunte el registro relacionado con las apelaciones emitidas por parte de la División Andina de la Corporación Nacional del Cobre, durante los últimos 10 años, respecto a las resoluciones emitidas por la Comisión Médica de Reclamos. (24283 de 12/10/2016). A intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diputado Arriagada Reitera el oficio Nº 21.891, de fecha 13 de julio del año 2016 (24284 de 12/10/2016). A Ministerio de Justicia.
Diputado Berger Solicita remitir informe sobre las estadísticas de los resultados de los Juegos Regionales y Nacionales Escolares correspondientes a los años 2014 a 2016, colocando énfasis en los resultados para los tres primeros lugares en cada disciplina, colegio y tipo, en los términos que señala. (24285 de 12/10/2016). A Ministerio del Deporte.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que informe acerca del proceso de reevaluación al que será sometido el proyecto "Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal Samoré ", precisando el cronograma contemplado para dicho proceso e indicando una fecha estimada para una nueva licitación pública de dichas obras. (24287 de 12/10/2016). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que informe acerca de un nuevo estudio realizado por esta cartera, relacionado con el consumo de leña en el país. (24288 de 12/10/2016). A Ministerio de Minería y Energía.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita que informe acerca del número de empresas participantes del proceso de licitación pública en el que se encontraba sometido el proyecto "Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal Samoré ", a su vez, las distintas ofertas presentadas por estas compañías y la decisión de someter dicha licitación a una reevaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, precisando el cronograma contemplado para dicho proceso e indicando una fecha estimada para la nueva licitación pública de dichas obras. (24289 de 12/10/2016). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Espinoza don Fidel Solicita remitir informe acerca de los resultados obtenidos a través de la segunda autopsia realizada al señor Ernesto Gonzalo Venegas González , fallecido el día 10 de mayo del año 2015, en los términos que señala. (24290 de 12/10/2016). A servicios.
Diputado Jackson Solicita remitir informe acerca de las decisiones adoptadas por esta Secretaria en relación con los procedimientos administrativos en que sean parte interesada el Sindicato de Choferes Profesionales de Taxis Colectivos, en función de la pretensión de la creación de una nueva línea de taxis colectivos para la ciudad de Rancagua, en los términos que señala. (24291 de 12/10/2016). A secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Libertador General Bernardo O´Higgins.
Diputado Rocafull Solicita que informe sobre los avances en la investigación y mejoramiento de programas de apoyo educacional realizados por los comisionados para la infancia y juventud vulnerables. Asimismo, señale las razones por las cuales no se cuenta con una oferta educativa para los jóvenes de los centros privativos de libertad, ubicados en las Regiones de Arica y Parinacota , Tarapacá , Los Lagos, Aysén y Magallanes , en los términos que señala. (24292 de 12/10/2016). A Ministerio de Educación.
Diputado Rocafull Solicita remitir los antecedentes del proyecto nueva Cuesta La Pera en la Ruta 11 CH, en los términos que señala. (24293 de 12/10/2016). A secretario regional ministerial de Obras Públicas de Arica y Parinacota .
Diputado Rocafull Solicita que informe sobre las medidas adoptadas para la fiscalización de vehículos que presten servicios de transporte de pasajeros de forma ilegal mediante aplicaciones móviles, en los términos que señala. (24294 de 12/10/2016). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (97)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Barros Montero, Ramón
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-Edwards Silva, José Manuel
-Espejo Yaksic, Sergio
-Espinosa Monardes, Marcos
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Gutiérrez Pino, Romilio
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Silber Romo, Gabriel
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-En misión oficial: La diputada señora Marisol Turres Figueroa, y los diputados señores Juan Luis Castro González, Fuad Chahin Valenzuela, Daniel Farcas Guendelman y Pablo Lorenzini Basso.
-Con licencia médica: Los diputados señores Felipe Letelier Norambuena, Daniel Melo Contreras, Fernando Meza Moncada, Juan Enrique Morano Cornejo y Osvaldo Urrutia Soto.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.37 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El acta de la sesión 74ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 75ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
RECONSIDERACIÓN DE DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE PROYECTO DE LEY
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, respecto del punto 4 de la Cuenta, que contiene el oficio mediante el cual se nos informa que su señoría ha declarado inadmisible una moción que presentamos varios diputados para derogar el decreto supremo N° 1.086, sobre reuniones públicas, por lo cual regula y condiciona el ejercicio del derecho de reunión, le pido que someta a votación dicha declaración de inadmisibilidad, por cuanto, como recordará, el decreto supremo en cuestión emanó del régimen militar, de la dictadura militar, y regula la forma en que se puede ejercer un derecho tan esencial para una democracia como es el de reunión, condicionándolo a la necesidad de tener que pedir permiso a la autoridad para ejercerlo, en circunstancias de que la Constitución Política, en su artículo 19, número 13°, señala claramente que el derecho a reunirse puede ejercerse sin permiso previo.
En consecuencia, hay una contradicción flagrante. El Congreso Nacional tiene la facultad de revisar esa situación, sobre todo porque es aquí donde se ejerce la soberanía popular, no mediante un decreto supremo que se mantiene hasta hoy y que el Ejecutivo ha consentido en mantener. Parece ser que al Ejecutivo le gusta mantenerlo.
Creo que, de una vez por todas, debemos enfrentar el desafío de que el derecho a reunión, tan relevante para el ejercicio de las libertades, no quede condicionado a un “sí” o un “no” de las autoridades correspondientes.
Además, el principio de legalidad, que tiene un correlato en el principio de reserva legal, es claro, y nos dice que el ejercicio de un derecho, de una libertad, sobre todo de un derecho tan fundamental, solo puede ser limitado en virtud de una ley, no de un decreto supremo.
Hemos vivido y convivido largo tiempo con un decreto supremo promulgado en dictadura para regular un derecho tan relevante para una democracia como es el de reunión.
Llegó la hora de que nos aboquemos a revisar cómo se debe ejercer el derecho de reunión, sin dejarlo sometido a la potestad del Ejecutivo; llegó el momento de que, de una vez por todas, enfrentemos el desafío y cumplamos el deber que se nos impone.
Si vamos a instalar limitaciones al ejercicio del derecho a reunión, que sea por ley, como en todas partes del mundo. El principio de reserva legal significa, simplemente, entre otras cosas, que un derecho humano, un derecho democrático solo puede ser limitado por el Parlamento, a través de una ley, pero no por un decreto supremo, y menos si es obra de una dictadura.
Por eso, pido que someta a votación la declaración de inadmisibilidad propuesta por la Mesa.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, en relación con el tema planteado por el diputado Hugo Gutiérrez , quiero conocer los fundamentos que se tuvieron en vista para sostener la declaración de inadmisibilidad de la moción. Estamos hablando de un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero regulado mediante un decreto supremo que contraviene claramente una norma de rango superior.
De tal manera que me sumo a las aprensiones del diputado Hugo Gutiérrez y quiero conocer el planteamiento de la Mesa.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .
El señor SQUELLA.-
Señor Presidente, creo que el diputado Hugo Gutiérrez tiene razón: el ejercicio de un derecho tan importante, de un derecho constitucional, no puede quedar entregado a un simple decreto. El hecho de que hayamos convivido décadas con la misma falta no es razón suficiente para seguir en ella.
Ahora, me encantaría conocer las razones que fundan la declaración de inadmisibilidad, porque no sé si el camino sea simplemente derogar ese decreto supremo.
Preferiría que estuviéramos hablando sobre la admisibilidad de un proyecto que reemplace el decreto vigente y, en consecuencia, lo derogue.
Por eso, pido que la Secretaría nos explique las razones de la declaración de inadmisibilidad.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el secretario general, Miguel Landeros .
El señor LANDEROS (Secretario).-
Con el permiso de la honorable Sala, puedo informar que la Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 13°, establece el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, como una garantía otorgada a todos los ciudadanos de la república, sin restricción alguna. Sin embargo, acto seguido, el texto constitucional establece que “las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía.”.
Tales “disposiciones generales de policía”, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, forman parte del dominio reglamentario que ejerce el Presidente de la República. En este caso en concreto, la regulación de ese tipo de reuniones, como señaló muy bien el diputado Hugo Gutiérrez , está plasmada en el decreto supremo N° 1.086, de 16 de septiembre de
1983, del Ministerio del Interior.
Insisto: la Secretaría ha propuesto a la Mesa la declaración de inadmisibilidad porque los decretos supremos, que emanan de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, no se pueden derogar por ley. Eso no obsta a que un proyecto de ley pueda regular la otra facultad, no la del derecho a reunión en plazas, calles y demás lugares, porque la Constitución sacó esa materia del ámbito legal y la puso en el ámbito reglamentario.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, corresponde votar la declaración de inadmisibilidad.
Quienes votan a favor, respaldan la declaración de inadmisibilidad; quienes votan en contra, la rechazan.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 10 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Andrade Lara, Osvaldo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Cornejo González, Aldo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Venegas Cárdenas, Mario .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Áñvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Monsalve Benavides, Manuel ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pascal Allende, Denise ; Poblete Zapata, Roberto ; Robles Pantoja, Alberto ; Saffirio Espinoza, René ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Browne Urrejola, Pedro ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Hasbún Selume, Gustavo ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, se declara admisible el proyecto de ley.
Para los efectos de su tramitación, será remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de la Familia y Adulto Mayor, en orden a que se le remita el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de sancionar la promoción de estereotipos negativos hacia la mujer a través de mensajes publicitarios (boletín N° 10551-03), actualmente radicado en la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DE LA ACONDROPLASIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10602-24)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día Nacional de la Acondroplasia.
Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el señor Nicolás Monckeberg .
Antecedentes:
-Moción, sesión 10ª de la presente legislatura, en 7 de abril 2016. Documentos de la Cuenta N° 13.
Informe de la Comisión de Cultura, Artes y comunicaciones, sesión 76ª de la presente legislatura, en 4 de octubre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción de los diputados Germán Becker , Bernardo Berger , Pedro Browne , Ramón Farías , María José Hoffmann , Roberto Poblete , Jorge Rathgeb , Marcela Sabat , Víctor Torres y de quien habla, que establece el 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja.
La idea matriz o fundamental del proyecto es hacer tomar conciencia a la sociedad de la existencia de esa especial condición física, que en la mayoría de los casos se trata de acondroplasia, con el objeto, por una parte, de visibilizar los alcances de la enfermedad, y, por otra, de presionar nuestras agendas públicas para que se establezcan políticas de inclusión verdaderas y de pleno respeto de los derechos de quienes la sufren.
La acondroplasia es un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo, una causa común de enanismo que se relaciona en el 75 por ciento de los casos con mutaciones genéticas, y en el 25 por ciento restante, con trastornos autosómicos dominantes.
Esta enfermedad produce en las personas que la padecen un infrecuente y anormal desarrollo en su crecimiento, principalmente en la conversión de los cartílagos en hueso, por una modificación en el ADN causada por alteraciones en el receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos.
Si bien no existen registros estadísticos oficiales, según cifras de la Corporación Pequeñas Personas de Chile, que agrupa a personas que padecen esta enfermedad y a sus familias, en nuestro país se registra un caso cada 25.000 niños nacidos vivos, estimándose en cerca de 1.500 los afectados por esta condición, de los cuales al menos 200 serían menores de edad.
Entre las dificultades de salud que presenta la acondroplasia están las afecciones respiratorias (apneas), infecciones de oído, obesidad, fatiga, dolores de espalda y dificultades de desplazamiento. Adicionalmente, suele asociarse a esta enfermedad la hidrocefalia.
A mayor abundamiento, los niños afectados presentan un aumento en la morbilidad durante los primeros años de vida, debido a complicaciones neurológicas, la que alcanza al 5 por ciento de no existir los cuidados y tratamientos adecuados durante la primera etapa.
Asimismo, la acondroplasia, al ser una condición física especial, trae consigo limitaciones de orden social, ya que actividades cotidianas y comúnmente sencillas para muchos se transforman en un desafío diario para las personas que padecen esta enfermedad. Efectivamente, instalaciones escolares, de salud y bancarias; mostradores, baños, automóviles, ascensores, etcétera, se transforman en obstáculos difíciles de superar, lo que muchas veces genera situaciones de segregación y/o de discriminación que, de hecho, terminan afectando la dignidad de las personas afectadas.
Con el fin de visibilizar los alcances de esta enfermedad, desde hace varios años, más de veinte países han solicitado a las Naciones Unidas la declaración del 25 de octubre de cada año como el Día Mundial de la Acondroplasia.
Países de Latinoamérica, como México, Perú y Bolivia, ya han adoptado esta fecha, con el fin de insertar este tema en la agenda pública y presionar por políticas de inclusión y de apoyo efectivo para las personas que padecen esta condición.
A su vez, una de las aspiraciones más sentidas de las organizaciones sociales que agrupan a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familias, es que Chile sea parte de los países que reconocen en su legislación el Día Nacional de la Acondroplasia, como una forma de realzar la importancia de esta condición y con el objetivo de que forme parte del debate público y de las prioridades futuras del Estado en la formulación de planes y programas de apoyo.
Los diputados y diputadas que somos autores del proyecto de ley, así como los que estuvieron presentes en el debate, coincidimos plenamente con sus fundamentos, porque estuvimos muy de acuerdo en la necesidad de visibilizar, desde un enfoque inclusivo y desde una cultura más sensible, esta especial condición, de manera que consideramos como un aporte el que en un día determinado del año se le dé importancia para que la sociedad tome conciencia de las necesidades especiales e individuales de cada una de las personas que padecen esta condición, así como de las dificultades diarias por las que deben atravesar ellas y sus familias, de manera de contribuir al término de la segregación que padecen.
En la discusión particular, presentamos una indicación, aprobada en forma unánime, que sustituye la frase “la acondroplasia” por “las Personas de Talla Baja”, de manera que el proyecto incluya todas las sintomatologías asociadas y no solo esta, aunque sea la más importante. Su propósito es evitar que estas personas sean mencionadas de manera peyorativa o despectiva.
Al respecto, los integrantes de la comisión se mostraron plenamente de acuerdo y estuvieron contestes en aprobar dicha indicación, porque estimaron que apuntaba en el sentido correcto.
La comisión aprobó el proyecto por unanimidad, con los votos de los diputados señores Farías , Kort , Poblete , Rathgeb , Saldívar , Teillier y Torres, a quienes agradezco que me hayan designado como diputado informante, así como por la aprobación del proyecto de ley.
En definitiva, el texto que sometemos a consideración de la Sala es el siguiente:
“Declárase el 25 de octubre de cada año, como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja”.
Es cuanto puedo informar sobre la materia.
He dicho.
El señor ANDRADE (presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco al diputado Nicolás Monckeberg que nos haya invitado a patrocinar el proyecto de ley en debate.
También deseo ratificar lo que expuso de manera bastante sintética, pero profunda, respecto de lo que implica la condición física denominada acondroplasia.
El establecimiento del Día Nacional de la Acondroplasia no es una cuestión baladí, sino que, como bien planteó el diputado Nicolás Monckeberg , es un tema de relevancia, que ha sido tratado por distintos países, los cuales han solicitado avanzar en políticas públicas que se hagan cargo de esta situación que viven muchos de sus habitantes.
Además, diversos países latinoamericanos ya se han hecho cargo del tema al establecer el 25 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Acondroplasia, lo que, como bien dijo el diputado Nicolás Monckeberg cuando dio a conocer el informe respectivo, tiene por objeto relevar una condición física que viven aproximadamente 1.500 compatriotas en nuestro país, 200 de los cuales corresponden a niños, quienes están agrupados -aprovecho de saludarlos por intermedio del señor Presidenteen la Corporación Pequeñas Personas de Chile, algunos de cuyos miembros nos acompañan en las tribunas.
Claramente, aquí existe un trabajo que ha sido impulsado por el diputado Nicolás Monckeberg y por otros parlamentarios a través de iniciativas anteriores. Es así que se hace un requerimiento en 2013, a través de un proyecto de resolución, para que este trastorno genético sea incluido en el financiamiento AUGE y para que el gobierno se haga cargo de algunas políticas públicas que asuman lo que implica una condición de esta naturaleza.
Claramente, las personas con talla baja o pacientes con acondroplasia, conocida por el vulgo como enanismo, no solo tienen una condición que involucra la estatura, ya que hay un problema genético que dice relación con los procesos de osificación, lo que implica acortamiento de las extremidades y, en algunos casos, aumento de tamaño del cráneo o hidrocefalia, como bien dijo el diputado Monckeberg , sino que también hay una serie de condiciones físicas asociadas, que se traducen en cuestiones muy complejas en su diario vivir. Por lo demás, al ser una condición que muchas veces diferencia respecto de la habitualidad en que se expresa la condición física de las personas afectadas, también produce problemas de discriminación.
Por lo tanto, tenemos que ser capaces de enfrentarnos a una situación que, aunque no es tan habitual, debiera ser considerada para tratar también en dignidad y derechos a quienes la padecen, igual que al resto de las personas que no están en la condición física de talla baja.
Por lo tanto, me parece de suyo importante que hoy, por una parte, relevemos la condición de muchos chilenos y chilenas que tienen talla baja -insisto-, por la dignidad que merecen y ameritan como compatriotas. Por otra parte, es importante sensibilizar a las autoridades -no me refiero solo a las de saludrespecto de lo que implican los tratamientos a los que se deben someter.
Se vuelve necesario tener una mirada integral a fin de orientar políticas públicas, por ejemplo, a la construcción de mobiliario urbano, acceso a baños públicos y a una serie de cosas. Como bien dijo el diputado informante, existen cosas muy sencillas de realizar para la mayoría de las personas, pero para ellos resultan de acceso muy complejo.
Ojalá podamos aprobar este proyecto de ley y relevar esta condición para crear conciencia en nuestro país de que todos los chilenos y chilenas merecen un trato digno e igualitario, independiente de su condición.
Por lo tanto, agradezco a la Corporación por realizar los esfuerzos necesarios para poner en tabla un proyecto tan sensible como este y solicito su aprobación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a usted, en su calidad de Presidente de la Corporación, por la expedita tramitación que ha dado a este proyecto de ley. Sin su apoyo no habría sido posible discutirlo hoy en la Sala. Sabemos que hay muchos proyectos pendientes y conocemos su intención de que este proyecto sea despachado rápidamente.
Por ello, quiero agradecer públicamente su gesto. De lo contrario, probablemente habríamos tenido que esperar mucho tiempo para que fuese discutido.
Agradezco también al Presidente de la Comisión de Salud, diputado Víctor Torres , uno de los autores del proyecto, por defenderlo como corresponde.
Al respecto, solo quiero hacer algunas reflexiones. En 2012, David , un profesional que sufre el trastorno de la acondroplasia, señaló en televisión: “En este mundo tenemos que adaptarnos”. Esas palabras nos hicieron reflexionar y pensar que quizás no es el momento de exigirles tanto a ellos, sino empezar nosotros, como sociedad, a adaptarnos a sus necesidades y a colaborar con sus incansables esfuerzos. Aunque se ha trabajado en ello, lo cierto es que todavía -hay que decirloviven y se desenvuelven en una sociedad que no los protege ni los resguarda como se debe.
Cuando estamos a pocos días del 25 de octubre, fecha en que se conmemora el Día Mundial de la Acondroplasia, queremos ser pioneros en América Latina y reconocer en nuestra legislación esa fecha como el Día Nacional de la Acondroplasia.
En Chile hay muchos problemas que por décadas no hemos abordado, lo que ha generado una deuda pendiente con los menores, con los adultos mayores y, en este caso, con las personas que sufren acondroplasia.
Si bien es cierto que en el informe se señala que habría aproximadamente 1.500 personas en esa condición, no tenemos un catastro que señale con certeza cuántas personas efectivamente la padecen. Si no tenemos el catastro, no podemos ser proactivos para buscar soluciones y generar cambios como sociedad.
Tenemos una gran deuda con ellos. La vida de las personas que tienen acondroplasia no tiene descanso, pues desde niños son sometidos a muchos exámenes que debe costear su familia y soportar el paciente.
Quienes padecen acondroplasia sufren múltiples dolores y enfermedades asociadas, como afecciones respiratorias, infecciones, fatiga, entre otros. Lamentablemente, hoy en día no encuentran en el sistema de salud el apoyo que realmente requieren. En muchas isapres se les considera con preexistencia y sus tratamientos no están codificados.
En 2012, junto con varios diputados aquí presentes, presentamos un proyecto de acuerdo para incluir la acondroplasia dentro de las enfermedades cubiertas por el plan AUGE. Sabemos que eso tiene un costo, pero se justifica, porque, de lo contrario, dejamos a muchas familias sin ninguna posibilidad de enfrentar con sus recursos los exámenes -por cierto, bastante carosa los que se debe someter el paciente con acondroplasia, especialmente en los primeros años de su vida, y a las operaciones que muchas veces tiene que enfrentar.
Como sociedad no nos hemos preocupado de permitirles el acceso a situaciones cotidianas que se les hacen prácticamente imposibles de realizar: sacar plata de un cajero automático, subir a un bus, comprar en la farmacia o pagar en el metro. Son tareas simples que no les hemos facilitado.
¿Qué podemos decir de la discriminación laboral? Muchas de esas personas son discriminadas laboralmente, a pesar de que tienen excelentes condiciones profesionales. Esas son las cosas que como sociedad queremos empezar a cambiar.
La mayor parte de las veces el Congreso Nacional debe discutir proyectos de índole material, que buscan financiar una institución o una actividad. Hoy, en cambio, discutimos la celebración del día nacional de las personas de talla baja. Queremos terminar con la discriminación y las injusticias que sufren muchas de esas familias, que dicen que no las ven. Como sociedad debemos comenzar a verlas y enfrentar sus problemas como corresponde.
Para terminar, deseo hacer una reflexión. Estamos hablando de personas de baja estatura que legítima e incansablemente buscan llegar alto. Esperamos que este proyecto de ley, un nuevo paso en su lucha, sea un aporte en el largo camino que han emprendido para llegar a lo que merecen: un Estado que las apoye en su salud y una sociedad que les dé el espacio que les corresponde.
He dicho.
-Aplausos.
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités sin suspender la sesión.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día Nacional de la Acondroplasia.
Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Áñvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto , Germán .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, solicito que se incorpore mi voto favorable, porque no alcancé a votar.
Por lo demás, soy coautor del proyecto.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Quedará consignado su voto favorable en el acta, señor diputado, así como los votos de la diputada Loreto Carvajal y del diputado Jorge Sabag .
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular. Despachado el proyecto.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades ocurridas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entre los años 2014 y 2015, con ocasión de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en distintas regiones del país.
De conformidad a los acuerdos de Comités adoptados el martes pasado, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, que se distribuirá proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Especial Investigadora es el señor Manuel Monsalve .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de presuntas irregularidades en ejecución del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, sesión 68ª de la presente legislatura, en 12 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MONSALVE (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades ocurridas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entre los años 2014 y 2015, me corresponde informar sobre el trabajo, las conclusiones y las proposiciones aprobadas por unanimidad en la comisión.
Esta comisión se creó a instancias de parlamentarios que denunciaron ciertos hechos que, a la luz de los antecedentes conocidos, constituían irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, los que fueron objetados por la Contraloría General de la República y, en virtud de esos reparos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la eventualidad de que configuraran delitos por eventuales defraudaciones al fisco por sobreprecios que, en algunos casos, superarían los 8.000 millones de pesos.
La ley que le dio nacimiento a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas señala que este órgano tiene a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación. Asimismo, la define como un órgano de la administración del Estado, que tiene a su cargo, entre otras funciones, la de programar la aplicación de distintos beneficios a los alumnos de los establecimientos de enseñanza pública y particular gratuita, de niveles preprimario, primario, medio y superior, a saber: alimentación, vestuario, útiles escolares, transporte, becas, préstamos a los estudiantes universitarios, internados y hogares estudiantiles, preservación y recuperación de la salud en colonias climáticas y de vacaciones, y cualquiera otra medida asistencial. A su vez, la Junaeb tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, y constituye una manifestación del proceso descentralizador del Estado.
Son innegables los beneficios que ha traído a millones de chilenos la aplicación permanente de los programas que tiene a su cargo la Junaeb, en especial el Programa de Alimentación Escolar. Esta difícil y relevante función es llevada a cabo con una reducida planta de funcionarios, que está encargada de administrar y fiscalizar, en su caso, millonarios contratos, con muy poco apoyo presupuestario.
El Programa de Alimentación Escolar representa la concreción del deber constitucional del Estado de entregar educación pública gratuita y de calidad, la neutralización de la influencia negativa de factores biopsicosociales y económicos sobre el cumplimiento de la obligación escolar, y la promoción del desarrollo humano de niños, niñas y jóvenes. El Programa de Alimentación Escolar no solo otorga alimentación al 60 por ciento de los niños y jóvenes más vulnerables de nuestro país, sino que también otorga puestos de trabajo a miles de manipuladoras de alimentos, muchas de ellas jefas de hogar que sostienen a sus familias gracias al producto de su labor.
El Programa de Alimentación Escolar fue originalmente concebido como un programa estatal de alimentación escolar, ejecutado directamente por funcionarios de la Junaeb. Si bien la ley no es conclusiva sobre la forma de administración del programa, permitía la colaboración del órgano público con entidades privadas. En 1979, se asumió la decisión política de externalizar y tercerizar la totalidad del servicio de alimentación, en concordancia con el modelo económico que asumió la dictadura.
En contrapartida, el modelo actual del Programa de Alimentación Escolar licita el servicio de alimentación a empresas privadas, que se encargan de llevar la ración señalada en las minutas a los estudiantes. Del mismo modo, estas se encargan de la contratación de las manipuladoras de alimentos que desarrollan las labores de preparación de los alimentos, en un régimen de subcontratación. Este modelo, dividido en macrozonas para efectos de las licitaciones, ha promovido un sistema de economías de escala que, junto con una ausencia casi total de fiscalización estatal, ha permitido que las empresas privilegien su rentabilidad por sobre la calidad del servicio de alimentación y el bienestar de sus trabajadores, al tiempo que ha hecho tierra fértil para que las empresas se relacionen entre sí y ejerzan su poder de mercado en la fijación de los precios de los contratos con el Estado, principalmente en atención a la relevancia del servicio prestado y a la imposibilidad de interrumpir su continuidad.
La gran cantidad de recursos involucrados en el Programa de Alimentación Escolar promueve la participación de un gran número de empresas en las licitaciones, muchas de las cuales utilizan sus redes de relación y su poder de mercado para ejercer presiones en diversos organismos públicos.
El modelo de concesiones en la Junaeb, sin duda alguna, presenta dificultades y es necesario revisar alternativas para su mejoramiento. Así lo demuestran los cuestionamientos a los procesos licitatorios que hemos conocido en el último tiempo y que han sido objeto de esta comisión.
La competencia de la comisión precisó que debía recopilarse la información necesaria para levantar un diagnóstico respecto del cual se puedan fundar conclusiones relativas al Programa de Alimentación Escolar, una política de diaria repercusión en las familias de los chilenos, que destaca por ser de fundamental valor en la nutrición y alimentación de cada uno de los niños y niñas del país para contribuir con su educación, pero que a la vez tiene un complejo funcionamiento. Ello es patente dada la envergadura de los recursos económicos y humanos que hay envueltos, por una parte, y todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación de los contratos a las diversas empresas que proveen el servicio a lo largo del país, por otra. En este sentido, las irregularidades que la comisión ha podido conocer, nos llevan a pensar en la necesidad de que sea el Estado el que asuma un rol más protagónico y de que, al menos en aquellos territorios de alta vulnerabilidad social, se haga cargo de la alimentación estudiantil de forma más o menos directa. Esta misma lógica debería operar en los casos en que falla un proceso de licitación, a fin de asegurar la continuidad del servicio de alimentación estudiantil.
Sobre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se advierte una debilidad institucional y falta de rol fiscalizador. Esta debilidad, que a estas alturas resulta evidente, se contrapone con la cantidad de recursos que la Junaeb administra, muy especialmente respecto del Plan de Alimentación Escolar. Según antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, la dotación de personal de la Junaeb se compone de 1.100 personas, de las cuales solo 65 funcionarios son de planta.
Sin desconocer la encomiable labor de los funcionarios de la Junaeb a través de la historia y reconociendo que han realizado sus funciones con un alto sentido de la responsabilidad y de servicio público, las falencias de este órgano de la administración del Estado son evidentes y es necesario remediarlas. Tal cual lo expresó la Contraloría, se pueden resumir las dificultades que tiene la Junaeb en los siguientes puntos: insuficiencia de capacidades del servicio para procesos licitatorios de alta complejidad; debilidades de control en la prevención o detección de conflictos de intereses entre funcionarios y empresas proveedoras, toda vez que la Junaeb no tiene rol fiscalizador; insuficiente supervisión respecto del cumplimiento de las empresas; falta de una unidad de gestión del Programa de Alimentación Escolar para el análisis de las empresas desde el punto de vista técnico y financiero; falta de definición de perfiles de cargo que permita contar con personal más idóneo; alta rotación de directivos y del secretario general, que impide formular políticas de largo plazo en torno a las licitaciones; deficiencia en los sistemas informáticos y en el control de los alumnos beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, y la amplitud de las macrozonas en las cuales se licita este programa.
La Ley de Presupuestos asigna anualmente a la Junaeb los recursos para financiar el Programa de Alimentación Escolar, a la que destina aproximadamente 4.200.000 raciones alimenticias. Así, este programa representa el egreso más importante o elevado de la Junaeb y su única fuente de financiamiento es el aporte fiscal. Sobre los gastos administrativos, el programa no cuenta con un centro de costos propios, por lo que no es posible cuantificar con precisión sus gastos administrativos o en personal a nivel institucional, pero sería útil contar con estas cifras para hacer mejor uso de los recursos y racionalizar los gastos administrativos del programa. Al respecto, se requieren políticas públicas de largo plazo, que superen los gobiernos de turno, con la finalidad de reforzar los lineamientos de fiscalización, tanto internos como externos.
En conclusión, según los datos aportados por los asistentes a la comisión investigadora, fluye que el principal problema de la Junaeb es su debilidad institucional. Esta debilidad, ha implicado una falta de fiscalización y control de los contratos que se celebran con las empresas privadas. Dicha debilidad no es atribuible a un desempeño deficiente de sus funcionarios, que trabajan al límite de sus posibilidades, sino a una falta de dotación y a la antigüedad de la estructura de Junaeb, además de la falta de una unidad especializada que se haga cargo en específico de la administración del Programa de Alimentación Escolar.
Un segundo aspecto importante de la investigación es la situación de las manipuladoras de alimentos en el rol de ejecutar el programa y los mecanismos de protección de sus derechos laborales. Para el cumplimiento del servicio de alimentación escolar, las empresas licitantes tienen contemplado dentro de su giro entregar raciones alimenticias en los distintos establecimientos educacionales de las unidades territoriales concesionadas previamente por la Junaeb. Para dicho efecto, las empresas requieren la contratación de trabajadores para que desempeñen la labor de preparar y servir raciones alimenticias en los territorios concesionados. De esta forma, las manipuladoras de alimentos son quienes hacen posible que, en el día a día, se pueda proveer el Programa de Alimentación Escolar, constituyéndose en la base del sistema.
Así las cosas, y no obstante ser la célula del sistema, la base que permite la correcta ejecución y, por tanto, la provisión de alimentación sana a nuestros niñas y niños, se evidencian una serie de falencias a nivel de infraestructura y de herramientas que poseen las manipuladoras para desarrollar su labor.
En relación con la provisión del servicio, la Contraloría detectó los siguientes problemas en las fiscalizaciones en terreno que permiten advertir un preocupante comportamiento de las empresas: falta de equipamiento o mal estado de este en las cocinas y comedores; falta de certificación diaria de las raciones servidas; retraso en la formalización de las infracciones y casi nula imposición de sanciones; pérdidas de alimentos; un porcentaje muy importante termina en la basura, lo que constituye una gran cantidad de recursos públicos; falencias en la aprobación, publicación o cambio de la minuta de alimentación, y manipuladoras sin la vestimenta adecuada o los implementos para cumplir su labor.
Desde este punto de vista, se puede advertir que las manipuladoras de alimentos desarrollan su labor en un complejo ambiente, en donde hay precarias condiciones de infraestructura y de indumentaria apropiada para desarrollar su trabajo. La seguridad laboral de las mismas no ha sido lo suficientemente estudiada y se advierten numerosos problemas en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales específicas de estas trabajadoras, no tratadas bajo el amparo de la ley N° 16.744.
Finalmente, los derechos laborales de las manipuladoras han visto mejoras con el paso del tiempo, pero todavía no se llega a un nivel de dignidad equiparable con la función que cumplen. En efecto, en 2014 se dictó la ley Nº 20.238, que agregó un nuevo artículo 75 bis en el Código del Trabajo, lo que constituyó un gran avance en torno a generar incentivos legales específicos a favor de estas trabajadoras. No obstante, hay muchos desafíos que abordar en materia de remuneración, continuidad laboral y protección en caso de término anticipado del contrato de la empresa licitante.
En cuanto a las remuneraciones, en general, las manipuladoras perciben el equivalente a un ingreso mínimo mensual, lo que es compensado con el denominado Bono PAE, el cual es un indicador de medición en el proceso de licitación.
Respecto de la continuidad laboral, se debe asegurar que este principio del derecho del trabajo esté asegurado para las manipuladoras, independientemente de la relación que haya entre determinada empresa y la Junaeb. Especial atención requiere el caso de las trabajadoras que a la fecha de terminación de un contrato tengan licencias de cualquier tipo; se deben consagrar mecanismos efectivos que les permitan volver a la nueva empresa al momento de terminar su licencia.
Materia importante es la debilidad de las garantías constituidas por las empresas para adjudicarse los contratos. En ese sentido, las pólizas de garantía eran el instrumento más utilizado, por sobre la boleta bancaria, lo cual evidentemente trae un riesgo aparejado, que es la negación de la aseguradora a pagar el siniestro respectivo, generando largos juicios que impiden su pago.
Por otra parte, las garantías existen para cubrir todo tipo de riesgos a los cuales esté sujeta la licitación, sin especificar que deben destinarse primordialmente a pagar las obligaciones laborales y previsionales de las trabajadoras, cuestión que ya reconoce la ley N° 19.886.
Desde este punto de vista, se debe avanzar en la consolidación de una garantía destinada solo a las trabajadoras, y otra a las demás obligaciones de carácter civil o comercial que tenga una empresa en el momento en que se termina su contrato administrativo con el Estado.
Sobre las empresas licitantes y los contratos de concesión, cabe señalar que las que participan en los procesos licitatorios tienen diversas falencias que amenazan o perturban la adecuada provisión del servicio. Al respecto, la Junaeb, a través de su director, plantearon una serie de cambios a las bases técnicas y administrativas de modo de subir los estándares, lo que va en la dirección correcta. En cada una de las macrozonas se detectaban irregularidades, causadas por múltiples factores, como los conflictos de interés, las gigantescas licitaciones y sus adjudicaciones, la concentración del mercado, la escasa sostenibilidad financiera y comercial de algunas empresas, el maltrato laboral que se ha detectado en algunas, el no pago de beneficios, o bien, derechamente, han sido condenadas por prácticas antisindicales.
La comisión no solo acordó el conjunto de conclusiones a que me he referido, sino, también, elaboró una serie de propuestas a las cuales, por la imposición de tiempo asignado al informe, me referiré casi en titulares.
En general, las propuestas parten del postulado de exigir y exhortar al Estado a observar las medidas de corrección inmediatas y necesarias para subsanar las deficiencias observadas durante el trabajo de esta comisión investigadora y disponer a la brevedad de los recursos económicos y humanos para que la institución ejecute con eficiencia y eficacia sus programas, especialmente el de alimentación escolar, objeto de esta investigación parlamentaria, así como avanzar rápidamente en el rediseño institucional de la Junaeb y, principalmente, en su nueva ley orgánica, ello con la finalidad de que el Programa de Alimentación Escolar recupere el principio social que lo inspira y sustenta, ya que es la forma en que miles de niños y niñas pueden recibir algo tan básico y humano como es una buena alimentación. Ello requiere de un mayor compromiso del Estado en torno a incluir esta importante política en la gran reforma educacional que impulsa.
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, se requiere del Ministerio de Educación que incluya una reforma al PAE en el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública; redefinir la política de alimentación del país, avanzando paulatinamente hacia un sistema integrado que permita tener una fuerte fiscalización y presencia del Estado a través de la Junaeb en las empresas que proveen el servicio, que incluya una convivencia necesaria que debe existir entre la escuela y el Programa de Alimentación Escolar, y que el sistema de alimentación promueva la sustentabilidad de la comida escolar, incorporando criterios que impulsen la agricultura local y la distribución de productos alimenticios locales.
Sobre la debilidad institucional y la falta de rol fiscalizador de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, proponemos que los funcionarios de la Junaeb tengan la calidad de fiscalizadores, porque uno de los principales problemas es que no cuentan con las herramientas necesarias para fiscalizar la correcta ejecución de los contratos que se suscriben con las empresas adjudicatarias; establecer nuevas incompatibilidades entre exfuncionarios y empresas licitantes, que eviten la ocurrencia de conflictos de interés; la modificación armónica y sostenible de las macrozonas y de las unidades territoriales, el fortalecimiento de la fiscalización y seguimiento del PAE para mejorar la calidad del servicio, toda vez que no existen mecanismos de control efectivos para determinar si los alumnos efectivamente reciben alimentación en los establecimientos; creación de un archivo documental capaz de garantizar la custodia de todo antecedente de los procedimientos administrativos de la institución; rediseño de la institucionalidad de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que data de 1964, pero que ya no ofrece las soluciones esperadas para la actualidad.
Asimismo, generar condiciones laborales, remuneracionales y de infraestructura adecuadas para el personal de la institución, con independencia de su escalafón, para crear apego e identificación con la misión institucional del servicio, prevenir episodios de corrupción y falta de probidad en general; elaborar políticas públicas de largo plazo que superen los gobiernos de turno, con la finalidad de reforzar los lineamientos de fiscalización tanto internos como externos; que la Contraloría General de la República tenga un criterio más exigente en relación con la fiscalización de organismos del Estado que manejan un alto presupuesto; mejoramiento de los sistemas de licitación y adjudicación, principalmente aspectos de orden financiero, contables y de seguridad social, elementos que, vinculados a contratos millonarios, revisten particular importancia en materia de gestión de recursos.
En relación con las manipuladoras de alimentos, la comisión propone la equiparación y mejoramiento continuo de remuneraciones, la continuidad de trabajo para las manipuladoras de alimentos, cuando se produce un cambio de empresa adjudicataria en una determinada unidad territorial; otorgamiento de día feriado a las trabajadoras en el Día Nacional de las Manipuladoras de Alimentos; establecer límite de los instrumentos de garantía exigidos por Junaeb en las bases de licitación, para evitar falta de pago de obligaciones laborales de las manipuladoras; mejorar las condiciones de infraestructura e implementos, para que desarrollen su labor dignamente; establecer medidas de conservación y reutilización para evitar pérdida de alimentos; avanzar paulatinamente en la consagración de un estatuto de las manipuladoras de alimentos; reformar el artículo 183 del Código del Trabajo, estableciendo la procedencia de la responsabilidad solidaria o subsidiaria del Estado respecto de las obligaciones laborales y previsionales que correspondan a los trabajadores cuando se recurre al régimen licitatorio.
Con respecto a las empresas licitantes y los contratos de concesión, se propone la simplificación del modelo de licitación y bases, y reducción de recurrencia al trato directo; fortalecer las barreras de entrada a empresas que tengan prácticas antisindicales u otros maltratos laborales; establecer mecanismos férreos de control para evitar la recurrencia al trato directo; modificar los criterios para contratar empresas del programa, vía trato directo; elevar los estándares relativos a las condiciones financieras exigidas a las empresas, de modo de evitar nuevos escenarios de término anticipado de contratos del Programa de Alimentación Escolar, como los ocurridos en 2015.
Por último, debemos reconocer la tremenda importancia que tiene esta institución, que no puede sentirse menoscabada por las críticas que se formulen a la actuación de algunos directivos o funcionarios, que requiere de un presupuesto especial y de una nueva institucionalidad, que eviten los conflictos de interés o la comisión de hechos irregulares que la contaminen negativamente. En los hechos denunciados que escapan a la competencia de esta Comisión, hacemos fe en la actuación de la Contraloría General de la República y en la justicia civil y penal.
Agradecer la colaboración de las autoridades de gobierno, de los trabajadores de la Junaeb en todos sus niveles, y también de algunas empresas que concurrieron a las citaciones e invitaciones de la comisión, como también a los colegas diputados que contribuyeron al trabajo colectivo.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, cuando el Presidente Eduardo Frei Montalva creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas tal vez no imaginó la importancia y el prestigio que esta institución iba a adquirir en Chile y América Latina , como sucedió con muchas otras de sus importantes obras. Tal vez no imaginó que hoy este organismo administra más de cuatro programas y más de dieciocho proyectos, que van desde la Tarjeta Nacional Estudiantil, más conocida como pase escolar, la Beca de Apoyo Preescolar, las distintas becas para la enseñanza básica, técnica, superior y las destinadas a las minorías étnicas a lo largo del territorio. Quizás el más importante es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), hoy en comento.
De todas las conclusiones a las que arribamos, luego de un arduo trabajo, como señala el informe, que duró más de nueve meses, quiero enfocarme en tres puntos que considero sumamente relevantes y que deben tenerse presentes para evitar posibles problemas y fortalecer el sistema de alimentación de los niños y niñas de los jardines y liceos de Chile.
En los últimos años, el país ha presenciado numerosos escándalos por mal uso, malversación, apropiación y a veces negligencia respecto de distintos fondos públicos; sin embargo, tal vez ninguno adquiera más importancia que el Programa de Alimentación Escolar, el cual se vincula con la alimentación de los estudiantes de Chile.
El diagnóstico que se detalló obliga a una urgente restructuración de la Junaeb, institución que ha realizado enormes esfuerzos a partir de la nueva dirección, a pesar de su pequeña planta de personal, de sus falencias en infraestructura y de la falta de atribuciones y potestades más claras para fiscalizar. No es posible pedir que se solucionen los problemas a una institución que apenas tiene 80 fiscalizadores para controlar que cumplan bien su cometido más de 9.000 establecimientos educacionales a lo largo de Chile.
Se trata de un organismo que cuenta con un presupuesto de 924.532 millones de pesos. Nos referimos a contratos millonarios. En ese escenario, la Junaeb debería ser un órgano robusto y especializado.
Quiero destacar las medidas que ha ido adoptando la nueva dirección para que las situaciones que se están investigando nunca más vuelvan a ocurrir. Alguien puede caer en la tentación de descalificar políticamente el programa y sus acciones. Sin embargo, este asunto tiene dos vías de conducción: la de precisión administrativa, que establece la Contraloría General de la República, y los casos que hoy están radicados en la justicia por iniciativa del Ministerio de Educación y de las autoridades de la Junaeb. En este último punto cobra relevancia la responsabilidad de aquellos que elaboran las bases de licitación. Esto no solo afecta a la Junaeb; es urgente revisar las bases generales de administración del Estado para que nunca más se haga mal uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para que nunca más los hospitales quiebren y para que no se cuestione el uso de los recursos de algunos gobiernos regionales.
Dichas falencias hablan de una debilidad en cuanto a la forma y a los procedimientos, los que deben ser actualizados con urgencia. En este caso fallaron las pólizas de garantías y no se tomaron precauciones para percatarse de que las licitaciones se estaban adjudicando a empresas insolventes, lo que tuvo un impacto en las trabajadoras, en las manipuladoras de alimentos y, naturalmente, en los niños.
El tercer y último punto que quiero abordar, que se vincula con lo anterior, se refiere a la realidad de las manipuladoras de alimentos. Existe la necesidad de un constante y fuerte mejoramiento de sus condiciones laborales, pues las más perjudicadas cuando las empresas no cumplen sus contratos son ellas, lo que lleva a que, en definitiva, el Estado termine asumiendo la responsabilidad laboral.
En relación con lo anterior quiero hacer una advertencia sobre la base de la investigación a las mutuales. ¿Qué sucede cuando dos mujeres de 20 años de edad, de 40 años de edad o de 60 años de edad deben subir o bajar de una cocina un fondo de 200 litros de alimento? Se les producen enfermedades de origen laboral que no tienen respuesta en el estamento de las mutuales. También conocimos numerosos casos de enfermedades de trayecto. Se concluyó que las principales afectadas por las pólizas de seguros impagas fueron las manipuladoras de alimentos, quienes no recibieron remuneraciones ni el pago de sus cotizaciones previsionales en el momento oportuno.
En esta línea, es de suma importancia reivindicar el rol de dichas trabajadoras, pues son las que hacen posible que día a día los niños y jóvenes puedan alimentarse.
Por ello, debemos adoptar las medidas para asegurar la continuidad laboral, que es uno de los principios del derecho laboral. El vínculo laboral no puede depender del contrato de licitación, sino que debe existir una relación permanente y estable.
Por último, se debe propender al equilibrio entre las remuneraciones, pues resulta inaceptable que dos personas que cumplen exactamente la misma función tengan distintos ingresos dependiendo de la región en la que se encuentren y de los criterios de la empresa respectiva.
Podemos concluir que la aprobación del informe de manera unánime logró establecer la confianza que tenemos en la justicia; pero sobre todo quiero resaltar las medidas administrativas que está adoptando la dirección de la Junaeb con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuestos y con el apoyo de la Contraloría General de la República.
Es de esperar que aquellas materias que se relacionan con deficiencias administrativas queden establecidas en aquella categoría y que respecto de las personas que incurrieron en actos que podrían ser calificados de delitos, la justicia arribe a una conclusión y establezca las sanciones y castigos correspondientes.
Es esencial fortalecer la Junaeb, debido a la cantidad de programas que realiza, por su prestigio a nivel internacional y porque ciertamente pertenece a todos los chilenos.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, una vez más se ha vulnerado el imperativo estatal y la garantía constitucional en orden a entregar educación pública, gratuita y de calidad, pues la buena alimentación de nuestros estudiantes es un elemento clave de esta garantía.
Una vez más han sido nuestros niños, al igual como ocurrió en el Servicio Nacional de Menores (Sename), quienes han pagado por la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos de funcionarios corruptos al interior de instituciones claves en nuestro país.
La creación de la Junaeb tuvo como objetivo primordial la neutralización de la influencia negativa de factores sicosociales y económicos sobre el cumplimiento de la obligación escolar y la promoción del desarrollo humano de nuestros niños, teniendo en consideración que una mejor nutrición constituye y promueve una mejor escuela. Claramente, este principio fundador y poseedor de una alta orientación social fue negligente e inescrupulosamente pasado a llevar.
El Programa de Alimentación Escolar fue originalmente concebido como un programa estatal de alimentación ejecutado directamente por funcionarios de la Junaeb. El hecho de haberse adoptado la política de externalizar los servicios no justifica la negligencia y el aprovechamiento con que se han llevado a cabo los procedimientos de licitación, los que además transgredieron todas las disposiciones legales del sistema de compras públicas.
En el presente caso, al igual como ha ocurrido en muchas otras instituciones públicas -vuelvo a mencionar al Sename-, ha habido una total falta de fiscalización estatal, una nula preocupación de las autoridades competentes y un auspicio de la corrupción y de la negligencia por el gobierno.
No se trata de un problema del modelo, ni de las empresas ni de nada por el estilo. Está claro que estamos frente a un caso de negligencia y aprovechamiento de los directivos y funcionarios, además de una nula fiscalización por el Estado.
¡Es muy fácil culpar al empedrado cuando el ciego no quiere ver lo que es evidente! Esto está más que claro, pues las irregularidades se dieron entre el 2014 y 2015, no antes. Entonces, resulta claro que es el Estado y su deber fiscalizador lo que está fallando tanto en la Junaeb como en muchas otras instituciones.
Además, cabe destacar -ello lo digo con base, pues formé parte de la comisión investigadoraque el Estado también ha fallado en la reestructuración y modernización de la orgánica de la Junaeb, pues, de acuerdo con antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, dicha institución tiene una dotación de 1.100 personas, de las cuales 65 pertenecen a la planta, y solo 91 tienen relación con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), es decir, 8,2 por ciento de la dotación total, de las cuales 8 son de planta, 75 a contrata y 8 a honorarios.
Por lo tanto, se trata de un organismo público poco eficiente en la distribución de su recurso humano.
Lo anterior resulta radicalmente opuesto y desproporcionado con el hecho de que del total de los casi 925.000 millones de pesos que componen el presupuesto total de la Junaeb, el 60 por ciento se destine al Programa de Alimentación Escolar. A mayor abundamiento, este programa se eleva como uno de los que tienen más alta prevalencia en el total de compras gestionadas por ChileCompra: 2,8 por ciento, y como uno de los de mayor cantidad de compras realizadas en el sector educación, alcanzando el 28 por ciento del total.
Por otra parte, en la Junaeb, así como en muchos otros organismos públicos, se hace urgente observar los criterios exigidos por la Alta Dirección Pública en lugar de que el gobierno haga favores políticos en la designación de funcionarios que no tienen las competencias necesarias, sobre todo porque deben relacionarse con procesos licitatorios de alta complejidad.
No entraré en mayores detalles sobre el particular, pues creo que he resumido en pocas palabras la absoluta negligencia con que actuaron los funcionarios públicos, la vulneración inescrupulosa de todas las leyes que regulan el ámbito público, en especial el de las compras públicas.
Espero que los sumarios instruidos por la Contraloría General de la República a la Junaeb que se encuentran actualmente en curso y las causas que sobre esta materia se hallan en desarrollo en los tribunales de justicia arrojen la mayor de las sanciones a quienes atentaron gravemente contra el bienestar de los niños más vulnerables de nuestro país, además de haber malgastado y desperdiciado recursos públicos, que son de todos los chilenos, y de haber vulnerado todos los procedimientos legales.
En consecuencia, apruebo las decisiones adoptadas por el informe de la comisión investigadora, la cual -reitero- también integré.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, la comisión investigadora sobre la Junaeb, que presidió el diputado Monsalve , ha dado cuenta de su trabajo.
Quiero destinar algunos segundos para hacer un poco de historia y un reconocimiento a aquellos visionarios -por cierto, ellos no forman parte de mi bancadaque en 1964 tuvieron la notable idea de crear la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ello, en años convulsos, en los que la juventud se tomaba el poder y el crecimiento en materia de educación.
Quiero hacer un reconocimiento especial al entonces Presidente Eduardo Frei Montalva y a los parlamentarios de la época, como Alberto Jerez . De hecho, un cuadro suyo todavía adorna las dependencias de la Dirección Regional Metropolitana de la Junaeb.
¿Qué pasó entre esos tiempos pretéritos y la triste noticia que hoy conocemos?
Tomando en consideración criterios de evaluación como la calidad de las minutas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, la infraestructura y los modelos legales de adjudicación, la prestación de servicios de alimentación a los niños en condición de vulnerabilidad se ha venido realizando en forma deficiente.
Asimismo, se ha fallado respecto de los contratos con los privados, conclusión a la que llegamos tomando en cuenta diversos criterios de evaluación, tales como la planta de funcionarios de la Junaeb y los trabajadores a contrata y a honorarios de la institución, cuya cantidad siempre es insuficiente; la falta de fiscalización, de lo cual se ha hablado bastante; el bajo presupuesto y, sobre todo, un modelo legal antiguo, vetusto y no actualizado, pues de otra forma las eventuales irregularidades vinculadas con tales contratos no estarían siendo indagadas hoy en la Contraloría y en la Fiscalía.
El problema radica en algunas de las principales características del programa. Una de ellas es la licitación del servicio de alimentación en empresas privadas, que en lo concreto se encargan de llevar a los estudiantes la ración alimenticia señalada en las minutas. Además, ellas se encargan de la contratación de las manipuladoras de alimentos que desarrollan las labores de preparación de estos, en un régimen de subcontratación.
Este modelo, dividido en macrozonas para efectos de las licitaciones, ha promovido un sistema de economías de escala -de por sí dicho sistema no tiene por qué ser malo-, lo que, sumado a una ausencia casi total de fiscalización estatal, ha permitido que las empresas privilegien su rentabilidad por sobre la calidad del servicio de alimentación y el bienestar de sus trabajadores. Es el caso de una trabajadora que se quemó con una olla debido a la falta de distancia suficiente para operar en los recintos de alimentación.
Por otra parte, en atención a la relevancia del servicio prestado y a la imposibilidad de interrumpir su continuidad, muchas empresas toman esta oportunidad y dejan en situaciones críticas a sectores muy vulnerables, porque de un día para otro se pueden mandar a cambiar, como ya pasó.
Esa es la justificación que se dio para incluir la modalidad de trato directo en el proceso de adjudicación.
Sin duda alguna, el modelo de concesiones de la Junaeb está en crisis, por lo que se hace necesario revisar alternativas para su reforma. Ello, porque dicho modelo vulnera el espíritu que alentó -lo señalé al inicio de mi intervención la creación de la Junaeb. Así lo demuestran los cuestionamientos a los procesos licitatorios que la Contraloría informó a la comisión cuando presentó un extenso informe sobre los puntos negativos descritos.
Las irregularidades denunciadas ocurrieron en los procesos de adjudicación de los programas de alimentación en unidades territoriales de mi Región de Coquimbo y de las regiones de Valparaíso, de La Araucanía, de Magallanes y Antártica Chilena, y en parte de la Región Metropolitana.
En particular, la Contraloría se refirió al incumplimiento de las bases de licitación en el concurso en el que se adjudicó el Programa de Alimentación Escolar de la Región de Coquimbo al consorcio de empresas Merken Spa; a la adjudicación de raciones alimentarias diarias a las empresas Sercomaule Ltda. , e Ibasa S.A.; a la adjudicación de 397.000 raciones diarias a tres empresas relacionadas, lo que constituye un riesgo de concentración; y a la participación de un exjefe de Control y Desarrollo de Proveedores del PAE y jefe nacional del programa, en calidad de gerente de operaciones del consorcio de empresas que participó en la licitación, curiosamente, en concurso adjudicado a la misma empresa.
Las falencias detectadas fueron: insuficiencia en las capacidades del servicio de la Junaeb; debilidades en el control, la prevención y la detección de los conflictos de intereses; insuficiente supervisión del cumplimiento de las empresas, pues con una mínima cantidad de funcionarios se debe supervisar a más de 9.000 establecimientos; alta rotación de directivos y del propio secretario general de la Junaeb; deficiencias en los sistemas informáticos, pues estos no se han modernizado -nos encontramos en el siglo XXI-, y deficiencias en el control de los alumnos beneficiados, pues a un profesor designado en cada establecimiento se le encarga que certifique si se entrega la ración y si se cumple con la minuta señalada para el día. Es decir, uno de los docentes del establecimiento PAE debe dedicarse a esta labor sin remuneración, o sea, sin ningún incentivo para fiscalizar si se le entrega o no la ración de alimentos al niño o niña, lo que claramente no corresponde a las funciones que ejercen los profesores.
A ello se suma la pérdida de alimentos, que alcanza a 3.2 millones de raciones, lo que representa una cantidad significativa. Es decir, se desperdicia casi el 9 por ciento de los alimentos del programa.
Por todo lo señalado, urge una reforma legal que aborde un mejoramiento al sistema de licitación y adjudicación de los contratos del PAE a privados y que redefina la política de alimentación de nuestro país.
Está claro que hoy la desnutrición no existe, como sí la había 1964, cuando se creó la Junaeb: ahora hay obesidad.
Es necesario requerir al Ministerio de Educación que incluya una reforma al Programa de Alimentación Escolar en el proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública como un programa integrante del mismo. Además, que se avance paulatinamente hacia una fuerte fiscalización y presencia del Estado en las empresas que proveen el servicio, velando por la adecuada nutrición y alimentación de los niños y por los derechos laborales de las manipuladoras de alimentos y del resto de los trabajadores que se dedican a este rubro. Ello debería permitir poner al Estado en condiciones de asumir el servicio de alimentación gradualmente en aquellos territorios que presentan mayor necesidad social, sin que sea necesario recurrir al procedimiento de licitación contenido en la ley N° 19.886.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Sergio Gahona .
El señor GAHONA.-
Señor Presidente, en el transcurso del trabajo realizado por la comisión especial encargada de investigar las irregularidades ocurridas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), pudimos conocer en detalle un nuevo modus operandi que utilizan ciertas empresas privadas y funcionarios del Estado para defraudar al fisco.
En efecto, resulta que, valiéndose de las prerrogativas y de la información privilegiada que les entrega el sistema de adjudicación, varios funcionarios, en complicidad con empresas privadas, crearon verdaderos procedimientos destinados a adjudicar a estas empresas contratos millonarios con fraude al fisco.
En esta investigación constatamos que durante 2014 y 2015 se produjeron diversas irregularidades en la Junaeb, que fueron objetadas por la Contraloría General de la República y dieron lugar a investigaciones del Ministerio Público, con ocasión de la verificación de hechos que revestían características de delitos.
La constatación de dichos hechos develó la existencia de sobreprecios que -escuchen bien-, en algunos casos, ascendieron a la suma de ocho mil millones de pesos.
Reitero, esta investigación ha dejado en evidencia una particular forma de defraudar al fisco: con la anuencia y colaboración de funcionarios públicos que conocen los procedimientos administrativos, empresas creadas al efecto obtuvieron suculentos contratos para proveer de alimentación a los beneficiarios de la Junaeb, perjudicando nuevamente a los más desvalidos de nuestro país, situación que en este caso se ve agravada, toda vez que se trata de niños y jóvenes estudiantes.
Como ha sido la tónica en los últimos años, una vez más las instituciones públicas han hecho caso omiso de la función del Estado, que es estar al servicio de la persona humana, en este caso por la vía de velar por el cumplimiento de los programas de alimentación escolar, los que incluso han sido considerados como una de las políticas públicas más influyentes, no solo en Chile, sino a nivel mundial.
Existe una inexcusable responsabilidad del Estado, particularmente de quienes dirigían la Junaeb en esos años, en cuanto a la vulneración de los procedimientos administrativos, respecto de lo cual la Contraloría General de la República ordenó sumarios, pero también respecto de aspectos contractuales y de las funciones contraloras internas de la Junaeb.
No parece lógico ni aceptable que la institución que tiene a su cargo la alimentación de los escolares más vulnerables de nuestro país haya permitido el montaje de una verdadera industria para defraudar al fisco. En otras palabras, un organismo del Estado ha defraudado al propio Estado, a vista y paciencia de sus máximas autoridades.
Fui uno de los parlamentarios que denunció esa verdadera industria de la defraudación con perjuicio directo a los niños que más lo necesitan.
La Junaeb depende del Ministerio de Educación, y el ministro de la época no podía menos que conocer los hechos que ocurrían.
Nuevamente nos encontramos ante un gobierno descoordinado e inconexo en la aplicación de las políticas públicas.
Denuncio en esta sesión la inoperancia política y administrativa que ha tenido el gobierno de la Presidenta Bachelet para gestionar la Junaeb e insto a la Cámara de Diputados a aprobar este informe, que revela procedimientos administrativos reñidos con la eficiencia y la eficacia del Estado.
Confío plenamente en el Ministerio Público, especialmente en el fiscal que lleva el caso, por lo que espero que se determinen todas las responsabilidades penales, que son individuales, y se aclare toda esta situación, para que los culpables sean castigados como corresponde.
Lo denuncié antes y lo ratifico ahora.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, la Junaeb nació en los años 60 a raíz de que muchos profesores de sectores rurales se dieron cuenta de que sus alumnos se quedaban dormidos en las salas de clases, durante la mañana, a causa de que iban sin desayuno y en precarias condiciones de alimentación.
Fue el entonces senador Radomiro Tomic quien planteó la necesidad de crear la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, institución que hoy entrega raciones alimenticias a más de 1.800.000 niños de los colegios públicos y particulares subvencionados. Son cerca de 3.600.000 raciones diarias.
A raíz de la insolvencia de algunas empresas proveedoras, en 2015 se adjudicó un contrato por trato directo, lo que significó un sobreprecio de aproximadamente dos mil millones de pesos, no obstante que en la licitación previa, que se declaró desierta, una empresa había presentado una oferta por menos de dos mil millones de pesos, lo que llevó a denunciar los hechos a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, organismo que presentó una querella por lo ocurrido.
La reacción política ante estos hechos consistió en la creación de la comisión investigadora, cuyas conclusiones acaban de ser expuestas y que vamos a respaldar, porque consideramos que la situación amerita un cambio en la manera en que se están llevando a cabo las licitaciones en la Junaeb, a fin de dotarla de mayor transparencia.
El nuevo director de la institución, señor Cristóbal Acevedo , tomó medidas que apuntan en esa dirección, razón por la cual hoy todos los funcionarios de la Junaeb deben presentar su declaración de intereses. Aquellos que reciban llamados de empresas que tengan participación en la licitación deben levantar un acta de esa acción de lobby.
También se han tomado medidas en apoyo de las manipuladoras de alimentos, que son cerca de 40.000 en el país, entre ellas el aumento del bono que reciben, que pasó del 30 al 50 por ciento de un sueldo mínimo.
Para finalizar, expreso que valoro las conclusiones a las que arribó la comisión y que considero que esta crisis es una oportunidad para que la Junaeb mejore en transparencia y para otorgar mejores condiciones laborales a las manipuladoras de alimentos que sirven en esa institución.
Espero que la justicia haga su labor; los políticos ya hicimos la nuestra.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
La bancada del Partido Radical ha cedido tres minutos de su tiempo al diputado Enrique Jaramillo .
Tiene la palabra, su señoría.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, mi intención no es entrar en una discusión acerca del informe que nos entregó el diputado Manuel Monsalve , pues me pareció sólido y considero que debemos apoyarlo. Eso no está en duda. Sin embargo, estimo necesario aclarar ciertas situaciones que competen a las leyes y a los informes. Tenemos derecho a disentir respecto de los comentarios formulados, de las situaciones acaecidas o de las causas que se hayan determinado.
No formé parte de la comisión, pero llevó varios años como parlamentario en la Cámara de Diputados, lo que me permite informar a algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra que ya en 2012 y 2013 tuvimos graves problemas en la Junaeb, quizás mayores que los que se acaban de investigar.
En consecuencia, no me digan que esto apareció en 2014 o 2015, porque lo cierto es que los problemas se vienen produciendo desde hace varios años, y se tornaron especialmente graves en 2012 y 2013, cuando incluso tuvimos que defender a las manipuladoras de alimentos por una situación que muchos de los presentes deben recordar, que incluso dio origen a una ley de la república.
Quería dejar en claro esa situación para quienes nos escuchan y están pendientes de este debate.
Por esa razón, pido tolerancia y que no se agreda tan fácilmente a las máximas autoridades del país. Hay que mirar la historia. Como fiscalizadores de la república, no podemos aventurar comentarios sin conocer bien lo que ocurrió ayer o, como en este caso, en un pasado no muy lejano.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Comunista, tiene la palabra la diputada Camila Vallejo .
La señora VALLEJO (doña Camila).-
Señor Presidente, como señalaron mis colegas, cuando se creó la Junaeb, en 1964, se buscaba hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación y la permanencia en el sistema educacional de los niños, niñas y jóvenes en condición de desventaja social, económica, psicológica o biológica, sobre todo pensando en la desnutrición por las falencias en alimentación de una gran parte de la población infantojuvenil del país.
En ese momento, la alimentación escolar se vio como un elemento fundamental para el cumplimiento del objetivo fundacional de la educación en Chile, que era el desarrollo íntegro de todos los ciudadanos y de los compatriotas de nuestro país.
Sin embargo, como señala el informe, esa mirada tuvo un cambio no menor, como manifiesta incluso el informe de Contraloría. En 1979 se asumió la decisión política de externalizar y de tercerizar la totalidad del servicio de alimentación, en concordancia con el modelo económico que asumió la dictadura, cuestión que no se modificó después.
Ese modelo, dividido en macrozonas para efectos de las licitaciones, promovió un sistema de economías de escala que, junto con una ausencia casi total de fiscalización estatal, ha permitido que las empresas privilegien su rentabilidad por sobre la calidad del servicio de alimentación y del bienestar de sus trabajadoras, al tiempo que se convirtió en tierra fértil para que las empresas se relacionen entre sí y con los funcionarios públicos del servicio, lo que les permite ejercer su poder de mercado en la fijación de los precios de los contratos con el Estado, principalmente en atención a la relevancia del servicio prestado y a la imposibilidad de interrumpir su continuidad, dado que los niños tienen que alimentarse y no pueden pasar un mes sin la provisión de la ración alimenticia.
Esa situación se destapó con el informe de la Contraloría General de la República que hizo públicos importantes hallazgos en noviembre de 2015 respecto del funcionamiento del programa de alimentación escolar (PAE) en la Junaeb. Entre ellos, se dio cuenta de que el servicio no cuenta en la actualidad con suficiente capacidad de fiscalización y de seguimiento del programa. De hecho, los principales problemas tienen su origen en la incapacidad de sancionar adecuada y oportunamente los incumplimientos de las empresas proveedoras de alimentación escolar, en relación con las bases de licitación determinadas por la ley.
Tales empresas son merecedoras del término anticipado de los contratos mediante un procedimiento administrativo sancionatorio que la Junaeb sencillamente no instruye, porque ni siquiera es capaz de elaborar un reporte mensual del desempeño de las empresas proveedoras.
En ese sentido, el déficit institucional es grave, porque el servicio público encargado de la alimentación escolar no cumple con el más mínimo requisito de su razón de ser, que es garantizar la calidad del servicio prestado, resguardar la salud de las niñas y niños y proteger la dignidad de las trabajadoras.
Al respecto, daré un solo ejemplo. Según antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, la dotación de la Junaeb se compone de 1.100 personas, de las cuales solo 65 pertenecen a la planta. En relación con el PAE, solo 91 personas se relacionan con el programa.
Esa falta de fiscalización y de dotación, más una externalización del servicio mediante licitaciones a empresas privadas que se relacionan entre sí, ha sido la tormenta perfecta para esta situación irregular.
Los hechos expuestos ante la comisión, especialmente los referidos a las condiciones de trabajo de las manipuladoras de alimentos, dan cuenta de la precariedad existente, que, en algunos casos, atenta contra la dignidad de esas trabajadoras.
Por lo mismo, resulta imprescindible que el Estado realice modificaciones normativas en el corto plazo; pero, al mismo tiempo, que proyecte un cambio sustantivo en la relación contractual, que permita asegurar mejoras en la estabilidad laboral y en las condiciones en que desempeñan sus labores, y un piso remuneracional justo, acorde a la importancia de sus funciones.
En mi opinión, considerando las modificaciones legales y los incrementos del gasto público en educación que ha impulsado este gobierno, es posible proyectar que las manipuladoras de alimentos podrán ser incorporadas, en un futuro próximo, como asistentes de la educación al sistema de educación escolar financiado por el Estado.
Además, no debemos olvidar que de las manipuladoras de alimentos depende que las niñas y los niños puedan recibir una ración de alimento saludable en sus escuelas. Por tanto, sus condiciones de trabajo deben mejorar, pues las que proporciona actualmente el sistema de contratación de provisión de alimentos han demostrado serias falencias en la calidad del servicio.
En consecuencia, es imperioso que se adopten o estipulen a la brevedad modificaciones en los contratos de licitación, para que las empresas aseguren un piso de condiciones y remuneraciones justas para las manipuladoras.
Entre las opciones que se presentan y que pretendemos abordar en este texto, consideramos que las soluciones no solo pasan por el maquillaje del modelo existente, sino que es necesario analizar modificaciones de fondo, que incorporen un mayor protagonismo estatal en una política pública que a todas luces se aloja en el núcleo de prestaciones básicas que el Estado debe asegurar a uno de los sectores de mayor vulnerabilidad en la sociedad, como son los niños y las niñas. Debemos abordar seriamente una reformulación del sistema, con la finalidad de asegurarlo como derecho a nuestros estudiantes más necesitados.
La alimentación escolar no es una obra de caridad, es un deber del Estado y un derecho de los alumnos y de las alumnas.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades ocurridas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entre los años 2014 y 2015, con ocasión de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en distintas regiones del país.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Áñvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; Edwards Silva, Rojo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto , Germán .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL ROL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y EL ACCESO A ELLOS POR LA POBLACIÓN
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Finalmente, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, se destinarán diez minutos para rendir el informe y un tiempo de debate de una hora, que se distribuirá proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la Comisión Investigadora es el señor Leopoldo Pérez .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora del rol de organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población, sesión 72ª de la presente legislatura, en 27 de septiembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 11.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor PÉREZ, don Leopoldo (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora del rol de los organismos públicos respecto de la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por la población, paso a informar sobre las actuaciones, conclusiones y proposiciones derivadas de la respectiva investigación.
La Cámara de Diputados, en sesión 29ª, celebrada el 4 de noviembre de 2015, dio su aprobación a la solicitud de 48 señores diputados y señoras diputadas para crear una Comisión Especial Investigadora que indagara, entre otras materias, el estado y aplicación de los reglamentos que se debían dictar en conformidad con la ley N° 20.724, conocida como “ley de Fármacos”; lo relativo a la compra de medicamentos y vacunas por parte de ambas subsecretarías y servicios de Salud, el rol de intermediación de la Cenabast en el acceso a medicamentos, el Estado como ente mediador, su acceso a medicamentos y su venta, precios de venta, formas de adquisición, ya sea a través de licitaciones o trato directo, y formas de comercialización de venta de medicamentos para con esos organismos públicos; el rol de fiscalización en el marco de la ley por parte de las autoridades sanitarias regionales ministeriales de salud; la deuda de los municipios con Cenabast y laboratorios, así como de los nuevos medicamentos, fórmulas y dispositivos médicos, reglamentos de la “ley Ricarte Soto ” y su aplicación desde su entrada en vigencia, nuevas iniciativas implementadas en este marco, como la autodenominada "farmacia popular", y todo otro aspecto relacionado con el acceso de medicamentos de la población.
Relación del trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento de su cometido Los diputados Jaime Bellolio , Karol Cariola, Juan Luis Castro , Fuad Chahin , Gonzalo Fuenzalida , Sergio Gahona , Marcela Hernando , Javier Macaya , Manuel Monsalve, Marco Antonio Núñez , Leopoldo Pérez , Karla Rubilar y Víctor Torres integraron la comisión por acuerdo de la Cámara de Diputados adoptado con fecha 10 de diciembre de 2015.
La sesión constitutiva se efectuó el martes 15 de diciembre de 2015, ocasión en que se eligió por unanimidad al diputado señor Juan Luis Castro como Presidente de la comisión.
A partir de la sesión constitutiva se efectuaron 22 sesiones entre enero y septiembre de 2016.
La nómina de las personas escuchadas por la comisión y que entregaron antecedentes se detalla en la página 3 del informe, donde se singulariza la respectiva sesión en que participaron.
Los principales temas abordados en la comisión dicen relación con el marco legal y reglamentario de los medicamentos, y avance de un diagnóstico; el acceso a los medicamentos, rol de Cenabast y de las farmacias, el mercado de los medicamentos y “ley de Fármacos I”, las enfermedades de alto costo, enfermedades raras y “ley Ricarte Soto ”; la determinación de los precios de los medicamentos, la bioequivalencia y efectos en la calidad de los medicamentos y en el precio, y la asimetría de información entre los actores del mercado.
Otras materias que fueron analizadas en la comisión se vinculan con el régimen de importación de los medicamentos, Cenabast y deuda de los municipios, barreras a la importación y colusión, régimen de patentes farmacéuticas, precios y acceso a los medicamentos; limitaciones al uso del recetario magistral, falta de transparencia en el modelo de negocio; farmacias populares e iniciativas legislativas para perfeccionar el sistema.
Conclusiones y proposiciones de la comisión
a) El alcance de la regulación de los medicamentos mediante la ley Nº 20.724, conocida como “ley de Fármacos”, ha sido deficiente en materias como publicidad de los precios y los mecanismos para evitar discriminación de precios, lo que afecta a uno de sus objetivos principales, que es el acceso de la población a medicamentos de calidad.
Como consecuencia de lo anterior, se aprecia falta de certeza sobre el proceso de determinación de los precios de los medicamentos. En efecto, la disparidad de precios, luego del análisis comparativo entre Cenabast y las cadenas de farmacias, refleja lo nebuloso que es ese mercado, lo que justifica la necesidad de una regulación específica.
Esa falta de transparencia respecto del proceso de fijación de precios por parte del mercado farmacéutico se extiende tanto a los laboratorios de fármacos producidos en Chile como en el exterior o a las importaciones que hacen los laboratorios que operan en Chile.
Pese a que la opacidad de este mercado ha tratado de ser subsanada mediante iniciativas legales que buscan perfeccionarlo, como la reciente ley N° 20.895, que prohíbe los incentivos a los trabajadores de farmacias por ofrecer determinados productos en lugar de otros de iguales características, práctica conocida como “canela”, se puede considerar también sobre otros aspectos de la industria, las propuestas de ley que prohíben el incentivo a la prescripción de determinados medicamentos o la obligatoriedad de publicitar los precios de medicamentos, etcétera.
b) Rol de la Central Nacional de Abastecimientos.
La Central ha tenido una gestión deficiente, por lo que incumple su rol de ser un organismo amortiguador del mercado en términos de precios. Menos ha cumplido con su misión de “Contribuir al fortalecimiento en la gestión de la Red Pública de Salud, intermediando con eficiencia el abastecimiento de medicamentos, alimentos, dispositivos e insumos de uso médico, permitiendo asegurar la continuidad, oportunidad y calidad de estos, al menor costo posible, otorgando flexibilidad de nuestros procesos para una mejor atención de la red asistencial de salud”.
Se concluyó que la diferencia de precios entre la Cenabast y las principales cadenas farmacéuticas responde al volumen de medicamentos adquiridos, es decir, a su economía de escala. De ahí se desprende la necesidad de fortalecer la transparencia, la competitividad y la comparabilidad de los medicamentos.
Se concluye que resulta fundamental para lograr un real acceso a los medicamentos que la Central Nacional de Abastecimientos pueda adquirir los medicamentos para todos los chilenos, y que, en definitiva, debe formularse un sistema para que las compras públicas puedan llegar a los destinatarios finales, ya sea a través de las farmacias pequeñas, independientes, o mediante el acceso directo de agrupaciones de enfermos. Resulta indispensable, entonces, el establecimiento de un mecanismo directo por el cual los pacientes alcancen sus anhelados medicamentos a un precio accesible, logrado por la economía de escala que obtiene la Cenabast.
c) Bioequivalencia y beneficio a los laboratorios.
Por otra parte, la comisión concluyó que las altas exigencias en bioequivalencia han configurado un factor gravitante al momento del alza sostenida en el precio de los medicamentos en nuestro país. Tal como se indicó por algunos asistentes, se han impuesto altas barreras de entrada al mercado de los fármacos, encareciendo sistemáticamente el costo de investigación y de producción, lo que claramente es un desincentivo para la innovación y elaboración de productos genéricos y similares. En efecto, a la fecha, los medicamentos bioequivalentes solo bordean mil unidades y al momento de someterse a las normas de bioequivalencia existe 10 por ciento de rechazos.
Además, cabe señalar que existe un importante número de medicamentos genéricos que fueron utilizados por años en el mercado sin que existan reproches de calidad a su respecto y que hoy se ven excluidos del mercado por la bioequivalencia, cuando la experiencia nos indica que han sido de calidad satisfactoria durante largo tiempo.
Por su parte, quedó de manifiesto que, a pesar de ser la bioequivalencia una necesaria y bien ponderada política pública, no se observa un trabajo de difusión por parte del Ministerio de Salud en orden a poner en conocimiento de la población las bondades de estos fármacos.
Por lo tanto, de acuerdo a los planteamientos de gran parte de los invitados, la Ley de Fármacos, contrario a sus objetivos declarados, generó los incentivos para favorecer a la industria privada, siendo dos los elementos esenciales. Por una parte, la definición de receta y, por otra, las altas exigencias en cuanto a bioequivalencia, tal como se desprende del artículo 101 del Código Sanitario.
Se coarta la posibilidad de fabricar en Chile otros medicamentos o hacerlo en proceso de bioequivalencia, debido a que se inscribe en los registros del Instituto de Salud Pública una cantidad aun mayor de los productos que realmente se comercializan en el país.
d) Es sabido también, y se refleja en el reciente caso conocido de colusión de las ampollas, que en las licitaciones públicas, y podríamos asumir que también en las compras privadas, los laboratorios se ponen de acuerdo para la fijación de los precios, lo que no es una práctica transparente y menos competitiva.
e) Acceso a la información. Nuestro mercado farmacéutico sufre una pronunciada asimetría de información entre los principales actores del mismo. Es decir, el consumidor, el médico prescriptor y las farmacias.
f) Decreto supremo N° 79, de 2010, del Minsal. La comisión concluyó que existen decretos que perjudican al paciente. Es el caso del decreto supremo N° 79, del 4 de agosto de 2010, del Ministerio de Salud, que establece el reglamento aplicable a la elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia.
Cambios específicos en el decreto N° 79, de 2010, que restablezcan la utilización del recetario magistral, darían solución de forma rápida y eficiente a los graves problemas que hoy afectan a miles de pacientes y a la profesión farmacéutica, otorgando una nueva vía de abastecimiento a los centros hospitalarios de la red pública de salud de nuestro país, generando con un ello una vía de solución rápida y de menor costo para el otorgamiento de fármacos a un importante segmento de la población de escasos recursos, que hoy no tienen acceso a ellos por los altos costos que sus tratamientos tienen.
g) Es posible constatar la falta de transparencia en la información en cuanto a utilidades de los operadores del mercado.
h) “Ley Ricarte Soto ”. Lamentablemente, esta ley no ha cumplido sus propósitos. En los meses que lleva en vigencia ha quedado de manifiesto que no cubre ni siquiera a la totalidad de los enfermos que se proyectaban dentro de las patologías que ya han sido incorporadas a la ley, ni los considera en su individualidad.
Proposiciones
a) Se debe redefinir el concepto de receta. Para ello, modificar el artículo 94 del Código Sanitario, estableciendo que el profesional prescriptor debe señalar, en primer lugar, la denominación común internacional, y que solo a modo de información el facultativo podrá sugerir un medicamento en particular.
b) Se debe modificar el decreto Nº 79, de 2010, del Ministerio de Salud, tomando en consideración el recetario magistral, extendiendo el periodo de vigencia de los preparados magistrales, que actualmente tienen cuarenta días de duración, a un mínimo de seis meses o el plazo de duración de la materia si fuera inferior. De igual forma, se debe modificar el artículo 5º del citado reglamento, señalando que los preparados magistrales podrán contener los principios activos en sus mismas dosis y formas farmacéuticas registradas. Asimismo, se deberá derogar la exigencia de farmacovigilancia de preparado magistral para las instituciones hospitalarias por resultar definitivamente impracticable.
c) En consideración al derecho a la salud y el carácter de bienes de primera necesidad de los medicamentos, es que se hace imprescindible una regulación eficiente y exhaustiva ante la escasa regulación en materia de fármacos. En este sentido, se pueden considerar diversas alternativas tales como:
1) Que la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) pueda ser utilizada como intermediario y vender a todas las farmacias independientes y pequeñas, así como a las organizaciones de pacientes. Para ello, el Estado podrá establecer condiciones a su comercialización, tales como la regulación de precios.
2) Reducción progresiva, hasta su eliminación, del impuesto a las ventas y servicios (IVA) en medicamentos, dispositivos y medicamentos alimentosos de alto costo, precisamente porque afecta no solo al paciente y a su círculo cercano, sino que repercute negativamente en los escasos recursos del Estado, destinados a paliar los efectos de compra de medicamentos, insumos médicos y suplementos alimenticios.
3) Tal como existe en otros mercados regulados, establecer una banda de precios. Es una buena política la fijación de precios; así, una propuesta podría señalar:
“Los precios promedio de los medicamentos, serán fijados mediante decreto del Ministerio de Salud, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, previo informe de la Comisión de precios de medicamentos los que no podrán exceder el precio internacional de referencia, entendiéndose por tal, el promedio de los tres precios unitarios más bajos de los medicamentos fijados por el valor de aquellos en las compras institucionales que haga el Estado respectivo.”.
En el derecho comparado esta fijación de precios corresponde al régimen de libertad regulada que opera, por ejemplo, en Colombia.
d) Se debe potenciar la creación de genéricos bioequivalentes, a través del establecimiento de un período de exclusividad de explotación de un medicamento determinado, a los laboratorios que acrediten primero la bioequivalencia del mismo. Al respecto, el representante del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, señor Maximiliano Santa Cruz , ha propuesto un periodo de seis meses como mínimo.
e) En el caso de que existan medicamentos que no estén siendo producidos en nuestro país y que su propiedad se encuentre patentada por algún laboratorio, el Estado podrá hacer uso del licenciamiento obligatorio. En este caso, será publicitado como medicamento bioequivalente.
En el caso de los licenciamientos no voluntarios resulta necesario señalar que el artículo 51 de la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, indica los casos en los que se procederá al licenciamiento no voluntario. Para ello, sus numerales 1) y 2) señalan lo siguiente:
1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia, en relación directa con la utilización o explotación de la patente de que se trate, según decisión firme o ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente, se otorgue la autorización de dichas licencias.
Asimismo, en caso de no disponibilidad de medicamentos en nuestro país, se propone la creación de un sistema informático con la finalidad de mantener acceso a la oferta extranjera, a fin de que permita al paciente acceder a ellos de forma eficiente y oportuna.
f) Establecer de lege ferenda una regla según la cual todos aquellos medicamentos genéricos que hayan obtenido relevancia y/o que a través de la experiencia se haya logrado determinar su bioequivalencia puedan certificarse como tales, independientemente de si cuentan o no con los requisitos formales para acceder a dicha calificación.
g) Se debe fortalecer la transparencia en cuanto a precios publicados tanto en góndolas, pantallas, como en sitios electrónicos institucionales de las distintas cadenas de farmacias, por lo que se debe exponer tanto el medicamento de fantasía como el o los genéricos, cuando corresponda. De igual forma, esta lista de precios debe ser actualizada periódicamente. Las infracciones deben ser sancionadas expresamente a fin de que se aplique toda la normativa en materia de consumidores.
h) La comisión propone discutir el tema de la integración vertical de conformidad con la legislación vigente.
i) Debido a la importancia y a la sensibilidad que el área de salud tiene para la población, se debe realizar una excepción en cuanto al rol que debe jugar el Estado en el mercado farmacéutico, por lo que se debe regular el funcionamiento del mismo con la finalidad de brindar a todos y a cada uno de los chilenos la certeza de acceso a los medicamentos que permitan hacer frente a sus necesidades de salud.
Se propone presentar un proyecto que autorice al Estado para llevar a cabo actividades empresariales en la investigación y producción de fármacos a través de laboratorios del Estado y lo faculte para el expendio de medicamentos a través de locales farmacéuticos destinados para tales efectos. Para ello, podrá utilizar a Cenabast como principal organismo intermediador.
j) En el caso de la ley N° 20.850, la denominada “ley Ricarte Soto ”, se propone al Ejecutivo, como método para subsanar fallas presentes, el cambio de perspectiva de los tratamientos y financiar el medicamento independientemente de la enfermedad, con criterio en base al origen de la misma -autoinmunes, reumatológicas, respiratorias y/o pulmonares, metabólicas, etcétera-, lo que permitiría que todas las enfermedades para la cual un medicamento se encuentre prescrito puedan tener acceso a él.
Se propone al Ejecutivo la realización, a la brevedad, de un catastro de enfermedades raras en nuestro país que permita contar con datos fiables y un registro consolidado de incidencia y prevalencia de estas patologías para la elaboración de políticas públicas en salud que se hagan cargo del acceso a tratamientos, atención especializada, terapias de avanzada y medicamentos -MAD-. A este respecto, la Comisión propone que se incluya una pregunta sobre esta materia en el próximo censo.
Fonasa debe codificar las enfermedades raras existentes en nuestro país, así como la codificación arancelaria de las prestaciones médicas que permitan a los pacientes el acceso a diagnóstico y tratamientos para estas, permitiéndoles con ello ser parte del sistema de salud, público o privado.
Se solicita el robustecimiento de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) de forma que se constituya como una entidad reguladora para políticas de salud y medicamentos -con carácter interinstitucional, que cuente además con representación y participación de las academias y sociedades científicas, profesionales de salud y organizaciones de pacientes-, que vele por el cumplimiento y mejoramiento de estas, como el NICE en Gran Bretaña.
Revisar la normativa creada con la “ley Ricarte Soto ” respecto de los estudios clínicos, debido a que en la actualidad, tal como está, desincentiva la investigación, que genera un prejuicio directo a cientos de pacientes que ven en estos estudios su única posibilidad de acceder a un tratamiento que, de otra forma, no está garantizado.
En su articulado, la ley planteaba un proceso de decisión que contemplaba la evaluación de los distintos diagnósticos y tratamientos de alto costo; sin embargo, no se estableció cuál sería el proceso de priorización que operaría para determinar la incorporación de las patologías al esquema de aseguramiento creado. En este contexto, sería relevante que el Ministerio de Salud transparentara oficialmente cuáles son los criterios que ha empleado para establecer, en primer lugar, las patologías y tratamientos que ingresaron al primer decreto, puesto que estas no coinciden con los tratamientos que anteriormente se financiaban a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Fonasa. Lo mismo debiera darse para el segundo decreto, esto es, cuáles son los criterios que ha empleado para definir el listado de 22 patologías contempladas para él.
Se solicita al Ejecutivo la expansión de las canastas del Plan AUGE de manera que estas contemplen todos los medicamentos, dispositivos y alimentos de alto costo, así como las prestaciones médicas para diagnóstico y tratamiento de las patologías que se encuentran cubiertas por él a fin de no continuar con el traspaso de medicamentos y tratamientos de sus 80 patologías a la “ley Ricarte Soto ”.
Puesto en votación el texto de las conclusiones y proposiciones, fue aprobado en forma unánime, por 7 votos a favor, de los diputados Juan Luis Castro , Sergio Gahona , Marcela Hernando, Marco Antonio Núñez , Leopoldo Pérez , Jorge Rathgeb y Víctor Torres .
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Ha concluido el tiempo del Orden del Día.
En consecuencia, la discusión y votación de este informe quedan pendientes para una próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.29 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe suplente de la Redacción de Sesiones.