Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE COMITÉS
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO PARA EL CONGRESO PLENO.
- INTEGRACIÓN
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Sergio Correa De La Cerda
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jaime Mulet Martinez
- INTEGRACIÓN
- Mario Bertolino Rendic
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Carlos Olivares Zepeda
- Osvaldo Palma Flores
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Patricio Walker Prieto
- INTEGRACIÓN
- VI. FÁCIL DESPACHO
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTERAS. Primer trámite constitucional. (Votación).
- DEBATE
- REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Primer trámite constitucional. (Votación).
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Veto.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- DESTINO DE RECURSOS POR ENAJENACIÓN DE EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE AISÉN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pablo Galilea Carrillo
- Pablo Lorenzini Basso
- Jose Garcia Ruminot
- Julio Dittborn Cordua
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Pablo Longueira Montes
- Carlos Montes Cisternas
- Leopoldo Sanchez Grunert
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREFERENCIA A CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN OBRAS LICITADAS EN REGIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Manuel Antonio Bustos Huerta
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN APLICADO EN IQUIQUE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Eliana Caraball Martinez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Juan Nunez Valenzuela
- Exequiel Silva Ortiz
- Andres Palma Irarrazaval
- Edmundo Salas De La Fuente
- Sergio Ojeda Uribe
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ENAJENACIÓN DE AGUAS A ENDESA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Waldo Mora Longa
- Edgardo Riveros Marin
- Roberto Leon Ramirez
- Luis Pareto Gonzalez
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Eliana Caraball Martinez
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Mulet Martinez
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DESTINO DE RECURSOS POR ENAJENACIÓN DE EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE AISÉN.
- IX. INCIDENTES
- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO CONCEBIDO Y NO NACIDO. Oficio.
- PENSIÓN DE GRACIA PARA EL ARTISTA CARLOS HELO. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE COSTOS DE HABILITACIÓN Y OPERACIÓN DEL TÚNEL DE CARACOLES. Oficio.
- AFECTACIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA POR COMPRA DE ACCIONES DE ENDESA POR ENERSIS.
- REPUDIO A DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTE DISCAPACITADO EN COLEGIO PARTICULAR. Oficio.
- PARTICIPACIÓN DE JÓVENES DE DISTRITO 40 EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS QUE LOS AFECTAN.
- PREOCUPACIÓN DE LA MESA POR PROBLEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS.
- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUERTO OCTAY. Oficio.
- SOLUCIONES HABITACIONALES Y SANITARIAS EN COMUNA DE ENTRE LAGOS. Oficios.
- LICITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE EVENTOS REGIONAL DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- FISCALIZACIÓN DE SOBRECARGA DE CAMIONES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- CONSECUENCIAS DE PROHIBICIÓN DE VUELOS NACIONALES A ISLAS MALVINAS. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Sergio Velasco De La Cerda
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- ENCUENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAS REGIONES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. Oficio.
- ADHESION
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL OFICINA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INSTALADA EN CONCEPCIÓN.
- INSTRUMENTALIZACIÓN DEL TEMA DE LA ENTREGA DE DERECHOS DE AGUA A ENDESA.
- DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gustavo Alessandri Valdes
- Osvaldo Palma Flores
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Marina Prochelle Aguilar
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 62ª, en martes 11 de mayo de 1999
(Ordinaria, de 11.08 a 14.58 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia5
II. Apertura de la sesión8
III. Actas8
IV. Cuenta8
V. Acuerdos de los Comités8
Réplicas a alusiones personales. Aplicación del artículo 34 del Reglamento8
Designación de integrantes de Comisiones de Reja y de Pórtico para el Congreso Pleno11
VI.Fácil Despacho.
Facilidades en pago de patentes a pequeños mineros y mineros artesanales. Primer trámite constitucional. (Continuación)11
VII.Orden del Día.
Modificaciones a la legislación relativa al delito de violación. Veto15
Tratado entre Chile y Argentina sobre controles integrados de fronteras. Primer trámite constitucional. (Votación)38
Regulación de cobros por servicios asociados al suministro eléctrico. Primer trámite constitucional. (Votación)38
VIII.Proyectos de acuerdo.
Destino de recursos por enajenación de Empresa de Electricidad de Aisén41
Preferencia a contratación de mano de obra local en obras licitadas en regiones42
Comisión investigadora del programa de autoconstrucción aplicado en Iquique43
Constitución de Comisión Investigadora de enajenación de aguas a Endesa46
IX.Incidentes.
Protección de los derechos del niño concebido y no nacido. Oficio50
Pensión de gracia para el artista Carlos Helo. Oficio51
Pág.
Antecedentes sobre costos de habilitación y operación del túnel de Caracoles. Oficio52
Afectación a la libre competencia por compra de acciones de Endesa por Enersis52
Repudio a discriminación de estudiante discapacitado en colegio particular. Oficio53
Participación de jóvenes de distrito 40 en análisis de problemas que los afectan53
Preocupación de la Mesa por problemas de pequeños y medianos empresarios54
Construcción de puente en Puerto Octay. Oficio54
Soluciones habitacionales y sanitarias en comuna de Entre Lagos. Oficios55
Licitación de administración de Centro de Eventos Regional de la Décima Región. Oficio55
Fiscalización de sobrecarga de camiones en Décima Región. Oficio55
Consecuencias de prohibición de vuelos nacionales e Islas Malvinas. Oficios56
Encuentro regional de educación de las regiones de Magallanes y Antártica Chilena. Oficio57
Información sobre eventual oficina de la Cámara de Diputados instalada en Concepción58
Instrumentalización del tema de la entrega de derechos de agua a Endesa59
Denuncia sobre irregularidades en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Oficios60
X.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto sobre probidad administrativa de los Órganos de la Administración del Estado. (boletín Nº 151007)62
2.Segundo informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en las mociones que modifican el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de establecer la prohibición de fumar en la Sala de Sesiones. (boletines Nºs 184116 y 220416)111
3.Moción de los Diputados señores Prokurica, Vilches, Alessandri, Palma, don Osvaldo; Bertolino, Delmastro, Álvarez-Salamanca, Van Rysselberghe, Cardemil y Diputada señora Prochelle, doña Marina, que impone obligación que indica para los titulares de nuevos oficios conservatorios de bienes raíces que se establezcan. (boletín Nº 233507)114
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados: (113)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Asistieron, además, la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, y el Ministro de Minería (S), señor César Díaz. También concurrieron los Senadores señores Jaime Gazmuri y Jorge Pizarro.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.08 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 55ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 56ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Montes , adoptaron los siguientes acuerdos:
1ºRealizar, de 12 a 14 horas, la sesión especial citada para mañana a las 10.30, con el objeto de analizar el actual estado de la educación superior en Chile. Invitar a dicha sesión al jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señor Raúl Allard , y a los rectores de las Universidades de Chile y Federico Santa María.
2ºConsiderar, en la sesión ordinaria de mañana miércoles, el proyecto que establece normas especiales para profesionales funcionarios de los servicios de salud y modifica la ley Nº 15.076.
3ºTratar, en la sesión del próximo jueves, el proyecto que impone la obligación de pago de cotizaciones atrasadas, como requisito previo para poner término a la relación laboral. Del mismo modo, se analizaría el proyecto, en tercer trámite constitucional, que fortalece las facultades de fiscalización del sector eléctrico, si fuere remitido por el honorable Senado.
4ºConsiderar en la tabla de Fácil Despacho del próximo martes 18 de mayo, el proyecto que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de establecer la prohibición de fumar en el hemiciclo de la Corporación y en las salas donde funcionan las comisiones.
RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Iván Moreira hasta por cinco minutos.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, ayer y en la mañana de hoy, hemos apreciado las declaraciones del Diputado democratacristiano Patricio Walker , quien sostiene que parlamentarios de la UDI tendrían compromisos ineludibles con empresarios y empresas eléctricas, y que nuestra actuación, en los temas relacionados con la crisis energética, estaría afectada con aquellos compromisos. Incluso, el Diputado señor Patricio Walker sostuvo que, prácticamente, nos habrían financiado la campaña electoral.
Estas declaraciones son inaceptables. Como jefe del Comité de parlamentarios de la UDI, mi obligación es aclarar la actuación de este parlamentario de la Concertación por esta injuria, por este acto de falsedad absoluta, temerario. Por eso, lo emplazamos en este hemiciclo a que dé los nombres de los parlamentarios supuestamente comprometidos con aquellas empresas.
Si para ser diputado se necesitan muchos recursos, que explique, entonces, el propio señor Patricio Walker el financiamiento de su campaña, porque nos podemos encontrar con muchas novedades.
Aparte de ser una acusación injuriosa, es incompleta, porque si están tan interesados en investigar y denunciar estos hechos, sería bueno que se dieran a conocer los nombres de los empresarios que están financiando la campaña presidencial de don Andrés Zaldívar , de la Democracia Cristiana.
Emplazo a que este joven tenga un poquito de virilidad, y denuncie aquí quiénes son los parlamentarios comprometidos con las empresas eléctricas, que dé los nombres ahora, no mañana. Porque el Diputado señor Patricio Walker , de la Democracia Cristiana y representante de la Concertación, tendrá que morderse la lengua. Ante la desesperación por la ineficiencia del Gobierno en la crisis eléctrica; la desesperación de la Democracia Cristiana por las primarias, y el interés en confundir a la población, no nos hagan cargar con sus responsabilidades y debilidades.
Los parlamentarios de la UDI hemos dado testimonio en esta materia, en las votaciones efectuadas en este mismo lugar, porque nuestro presidente, en nombre de la UDI, apoyó, en todas las medidas propuestas por el fiscal nacional económico. ¡Ése es nuestro principal testimonio! Hemos votado por la transparencia, por la regulación y, obviamente, por evitar que las empresas eléctricas tengan el poder total; pero no estamos dispuestos a seguir el juego de la Concertación en un problema eminentemente técnico, a realizar un verdadero complot de venganza contra los empresarios y a permitir un abuso excesivo de los sectores de Izquierda en el tema de la crisis energética.
Los diputados de la UDI no podemos aceptar esta calumnia y esta injuria de un joven, y lo emplazamos a que dé los nombres de aquellos parlamentarios que él dice que están comprometidos. ¡Ninguno de nuestras filas está comprometido! Hemos sido leales y consecuentes en nuestra acción y principios. No aceptaremos que un jovenzuelo de la Democracia Cristiana...
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MOREIRA.-
...venga a decirnos qué debemos hacer. Le molesta a la Concertación, y probablemente por eso se desesperan, que todavía los democratacristianos no hayan podido pisarle los talones al señor Lagos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz , hasta por cinco minutos, también en virtud del artículo 34 del Reglamento.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, todos los seres humanos tenemos debilidades, pero en la fortaleza influyen poderosamente el amor y el cariño que uno siente por las instituciones.
En estos nueve años de parlamentario, creo haber demostrado que soy un diputado institucional, desde todo punto de vista. ¿Por qué expreso esto?
La semana pasada, con una liviandad bastante característica del Diputado señor Enrique Van Rysselberghe Varela , en una publicación de prensa, que tengo en mis manos, atacó en forma brutal al ex rector Augusto Parra.
En primer lugar, las empresas Campanil y el tema de la lotería en Perú fueron obra de la anterior rectoría, en el gobierno militar. En la lotería hubo muchas personas muy conocidas de don Enrique Van Rysselberghe , y a su gerente general hubo que sacarlo por acuerdo unánime del directorio.
En su ataque respecto del cual el actual Senador Augusto Parra tomará las providencias del caso, hace resaltar la calidad de directores de la Universidad de Concepción del Senador José Antonio VieraGallo y del diputado que habla. A mucho orgullo digo que soy director, desde hace cuatro años, de esa universidad. Para que se tenga claro, los cargos de directores son ad honorem, porque la publicación del mencionado diputado da la sensación de que poco menos que hemos usufructuado de esa situación. ¡Nunca he aprovechado mi cargo de director para hacer política!
Por otro lado, como él no es ex alumno de la Universidad yo me siento muy orgulloso de serlo le quiero recordar que la Universidad de Concepción, como todas las tradicionales, además de cobrar aranceles menores a los del mercado, realiza una gran actividad de investigación y, como todos saben, no se paga lo que realmente vale, pero su inmenso beneficio lo aprovecha el país. Además, se hacen actividades de extensión universitaria, que son muy costosas. Por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Concepción se mantiene porque asumimos el compromiso de que siguiera la extensión, en circunstancias que estuvo a cargo de una corporación, especialmente dirigida por un amigo del Diputado señor Enrique Van Rysselberghe , que nunca fue capaz de financiarla. Pero la Universidad lo está haciendo para toda la región y mantiene un centro de formación técnica en Lota, la mejor pinacoteca del país, coros, etcétera. Fuera de eso, es importante saber lo que significan los 14 mil alumnos de la Universidad, de los cuales 7.780 contarán este año con crédito solidario; 1.472 dispondrán de diferentes becas, con financiamiento directo de la Universidad de Concepción; 1.817 tienen becas de alimentación; 2.353 cuentan con becas financiadas por el Estado, como las de Mineduc, que comenzaron en 1999, en el Gobierno de la Concertación. Además, existen dos hogares universitarios con 382 cupos.
¿Por qué digo esto? Porque en el caso específico de la Universidad de Concepción, es cierto que en los casi ocho años de la rectoría de Augusto Parra se realizó una inmensa inversión en infraestructura y recursos humanos, con un gasto de más de 30 mil millones de pesos.
Los que quieren denostar a nuestra Universidad, al buscar su destrucción, revelan propósitos que no se atreven a confesar.
En otro orden de cosas, no hay que olvidar nunca que las cifras son relativas, así que las deudas hay que mirarlas en función del patrimonio y la actualidad económica, en función del mercado. La Universidad de Concepción puede hacerlo porque tiene asegurados los próximos años para felicidad de los penquistas.
He dicho.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Cuestión de Reglamento, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, sin duda alguna, el Diputado Iván Moreira tiene derecho a intervenir en la hora en que le corresponde y de acuerdo con el Reglamento, pero solicito que se supriman del acta dos expresiones que no corresponden en una intervención de ese tipo.
Estoy cierto de que el Diputado Patricio Walker se puede defender solo, y lo hace bien, como lo ha demostrado reiteradamente, pero creo que no corresponde tratarlo de “jovenzuelo”, expresión ofensiva y peyorativa, y, en segundo lugar, creo que nadie puede poner en duda su virilidad.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Lo tendremos en consideración, señor diputado.
DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DE COMISIONES DE REJA Y DE PÓRTICO PARA EL CONGRESO PLENO.
El señor MONTES (Presidente).-
Propongo a la Sala que, en representación de la Corporación, los señores diputados que indicaré integren las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a su Excelencia el Presidente de la República el viernes 21 de mayo, a las 16 horas.
En la Comisión de Reja, los Diputados señores Manuel Bustos , Guillermo Ceroni , Sergio Correa , Pablo Galilea , Carlos Abel Jarpa , Juan Masferrer y Jaime Mulet.
En la Comisión de Pórtico, los señores Mario Bertolino , Francisco Encina , Gonzalo Ibáñez , Carlos Olivares , Osvaldo Palma , Leopoldo Sánchez y Patricio Walker.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
VI.FÁCIL DESPACHO
FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES (Presidente).-
En Fácil Despacho, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
Tiene la palabra la Diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, sin duda, este problema no lo estamos viendo sólo hoy, sino que todos los años estamos diciendo que se debe prorrogar el pago de las patentes de los pequeños mineros.
El Gobierno creó el programa denominado Pamma, de apoyo a la pequeña y mediana minería artesanal, que es exactamente la materia del proyecto que analizamos.
Lamentablemente, este programa no funcionó, y en este momento, sin darlo a conocer a nadie, el Ministerio de Minería ha decidido traspasarlo a Enami, empresa que, reconocidamente, ha sido de una ineficiencia tal, que tanto el Diputado señor Mulet como quien habla han solicitado la renuncia de su vicepresidente, porque ha sido incapaz de cumplir el rol que se le encomendó.
Por lo tanto, una vez más, estamos hablando de que hay que rebajar las patentes o eximir a estas minerías de su pago. Seguramente el próximo año trataremos la misma situación.
Por tal razón, considero de absoluta necesidad que el Presidente de la República disponga la creación de una comisión investigadora sobre los recursos que el Gobierno entregó al Pamma y al Ministerio de Minería, con el objeto de hacer proyectos, programas y cursos, ya que todos sabemos que ese Ministerio desvió el destino de esos fondos hacia otros sectores, por lo cual hoy estamos con el problema de que los pequeños mineros no pueden pagar sus patentes y menos iniciar los proyectos para los que estaban destinados estos recursos. Como existen sumarios dentro del Pamma y del Ministerio de Minería, solicito que el proyecto de acuerdo que he presentado sea visto a la brevedad, a fin de que a la pequeña y mediana minería se les reconozca el derecho de que se designe una comisión investigadora para que, definitivamente, nos digan dónde están los recursos que se entregaron al Ministerio, ya que hoy no estaríamos abocados a este problema si realmente los fondos se hubieran destinado para lo que era necesario: ayudar a los pequeños y medianos mineros que están sufriendo las consecuencias tan serias que conocemos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en la Tabla de Fácil Despacho figura el proyecto de ley que modifica el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, que dice relación con el derecho que se paga año a año por patentes mineras. En síntesis, a través de la iniciativa se pretende ayudar a los pequeños mineros que no hayan cancelado su patente minera el 30 de marzo de 1998, pero los diputados que integramos la Comisión de Minería de la Corporación hemos solicitado, por unanimidad, que el Ejecutivo envíe una indicación al proyecto, porque aprobarlo en estas condiciones es dejar trunca la situación. En efecto, están impagas las patentes de los pequeños mineros desde 1994 a 1997, y el proyecto suprime, por una sola vez, para 1998, la aplicación del artículo 149 del Código de Minería. Podría darse el caso de que muchos mineros pagaran sus patentes correspondientes a 1998 y 1999, en virtud de una indicación que llegó para incluir este último año, pero esto no resolverá el problema, porque quedarán impagas las patentes de 1994, 1995, 1996 y 1997. Es una situación sin salida, que no resuelve el problema de los pequeños mineros. Por eso, una vez más, señor Presidente y señor Ministro subrogante, pedimos, para continuar el trámite constitucional de esta iniciativa, que se presente una indicación que resuelva definitivamente el problema de los pequeños mineros.
La justificación del proyecto es plena, porque la situación crítica que viven los pequeños mineros se ha acrecentado aún más en el último año con el precio del cobre, que en los mercados internacionales ha bajado más allá de lo previsible. Su precio, que alcanzó a 61 centavos de dólar la libra, hace imprescindible ayudar a este sector. No se trata de subsidiarlos, sino, lisa y llanamente, se requiere de un financiamiento transitorio para desarrollar la pequeña minería, ya que la minería artesanal constituye el motor que mueve el norte de Chile. Con este motor se movilizan otros sectores: el comercio, el transporte y todos los servicios, pero, como se ha paralizado paulatinamente, nos vemos enfrentados a una situación realmente crítica, de mucho desempleo, en localidades que han alcanzado un alto índice de pobreza, sin contar con algún otro tipo de oportunidades.
Por eso es conveniente aprobar el proyecto, pero sin dejar pasar la oportunidad de decir que tiene una pata coja, ya que no está encaminado exactamente a la solución definitiva del problema.
Vamos a insistir en el punto y por eso, por su intermedio, aprovecho esta oportunidad para preguntar al Ministro de Minería subrogante, don César Díaz , qué posibilidad hay de que el Ejecutivo pueda presentar la indicación, que la hemos pedido en forma reiterada todos los integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara, porque la indicación presentada, que incluye 1999, sólo resuelve parcialmente el problema, sin dar una solución definitiva. Por eso, vamos a insistir en la indicación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, asumo todo lo explicado por los colegas parlamentarios que han hecho uso de la palabra para destacar la baja utilidad de un proyecto configurado de esta forma, a pesar de que es necesario desde el punto de vista de lo que es la realidad de la minería.
Eso sí, deseo solicitar al Ministro de Minería la posibilidad de introducir una modificación al inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, en cuanto a hacer de esto una cuestión permanente.
Hay un tema de fondo en lo relativo a las sanciones. Una forma de solucionarlo es igualarlas con la magnitud que tienen en otras legislaciones. En este caso y así lo determinó la Comisión en su informe se trata de aplicar verdaderas expropiaciones, porque se cobra el ciento por ciento del valor de la patente minera para poder evitar el remate.
Entonces, deseo saber cuál es la opinión del Ministro al respecto, ya que se trata de una petición muy antigua de la Comisión de Minería, de 1994, para terminar con esta sanción tan alta, que, a nuestro juicio, reviste algún viso de inconstitucionalidad, porque es una disposición expropiatoria. Quiero saber si tiene la voluntad de arreglar este problema más adelante, establecer una multa más baja, una multa e intereses similares a los que se aplican a otro tipo de obligaciones.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Antes de cerrar el debate, tiene la palabra el señor Ministro.
El señor DÍAZ (Ministro de Minería subrogante).-
Señor Presidente, en primer lugar, la iniciativa en debate corresponde a un proyecto típico, que en doctrina jurídica se denomina auténtico. Es decir, es un proyecto que no ha nacido de la doctrina, de una concepción del Ministerio, sino que de una petición de las asociaciones gremiales, que el Ministerio recogió, porque le pareció justificada. Ésa es la génesis del proyecto.
Debo recalcar, con el mayor énfasis, que las peticiones que se le hicieron al Ministerio se refirieron exclusivamente a las multas de 1998. Con posterioridad, y una vez que el proyecto ya se encontraba en trámite, se nos pidió ampliarlo a 1999, cosa que hicimos por medio de una indicación.
Es verdad que ahora, antes de venir al Parlamento, se me conversó en Santiago acerca de la posibilidad de agregar ahora las multas de 1997, de manera que contestando derechamente la pregunta que se me ha formulado, el Ministerio de Minería no está cerrado a escucharla; que le parece razonable; que existen las mismas razones para fundamentarla como en el caso de los otros dos años, de tal forma que, de acuerdo con los mecanismos constitucionales, agregaremos también 1997, a pesar de lo tardía de la petición.
Con respecto a la observación del honorable Diputado señor Carlos Vilches , es evidente que el proyecto que se solicita a vuestras Señorías aprobar hoy no es la solución definitiva, sino que es coyuntural a una situación de extrema emergencia de la pequeña minería, producida por hechos de la naturaleza, como la sequía, las lluvias que azotaron el norte, el terremoto que afectó a La Serena. No obstante, la fiscalía del Ministerio estudia una modificación del artículo 149 del Código de Minería y, en general, del régimen de patentes, con el objeto de alcanzar una solución definitiva del problema.
El Ministerio tiene un programa de asistencia y modernización de la minería artesanal, denominado Pamma , que ejecuta y realiza a través de contratistas. Recientemente hemos entregado, como contratista del Pamma, la ejecución de las labores correspondientes a la Empresa Nacional de Minería, que tiene una gerencia de minería, con capacidad técnica y profesional para llevarlo adelante con éxito.
Tenemos a disposición de quien se interese todas las inversiones, los programas realizados por el Pamma y los montos gastados, de tal manera que eso puede ser materia de examen. Quiero sólo asegurar que se ha invertido con absoluta transparencia y regularidad y que ha sido en beneficio de más de 3.500 mineros.
Como la ayuda del Programa de Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal no ha sido suficiente para contrarrestar los efectos de las calamidades naturales a que me he referido, a pesar de que es efectiva, valiosa y que los mineros la agradecen, es necesario recurrir a este paliativo por medio del proyecto que ahora se analiza.
Señor Presidente, en el entendido de que se estudiará y se traerá con la mayor celeridad una solución definitiva a este programa, que es efectivo, que es real y que requiere una solución urgente y apremiante que no puede esperar, solicitaría aprobar ahora el proyecto para dar curso a una solución que es esperada por todas las asociaciones gremiales de la pequeña y mediana minería del país.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
La votación general del proyecto se realizará al término del Orden del Día, después volverá a Comisiones en virtud de la indicación formulada por el Ejecutivo.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, ¿sería posible recabar el acuerdo unánime de la Sala para que en esta sesión se aprobara también la indicación del Ejecutivo, toda vez que se trata de una materia que ya se ha estudiado bastante, a fin de otorgar a la gente oportunamente este beneficio?
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
El proyecto debe ir a la Comisión de Hacienda.
Quizás, para despacharlo hoy, la Comisión de Hacienda podría tratarlo ahora, con el objeto de cumplir con ese trámite antes del término del Orden del Día.
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, como sin duda el primer proyecto del Orden del Día va a generar un amplio debate en la Sala y, en cambio, los otros dos que figuran en la tabla sólo tienen pendiente su votación, solicito a la Mesa que determine una hora de votación, sobre todo porque el que figura en Fácil Despacho contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, y habría que asegurar el quórum.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Los proyectos se votan al término del Orden del Día; alrededor de las 13.30 horas.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso 2º del artículo 149 del Código de Minería.
Este proyecto debe volver a las Comisiones de Minería y de Hacienda, porque fue objeto de una indicación del Ejecutivo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Ávila , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Monge , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1º
1. Del Ejecutivo para sustituir en el inciso primero la frase “al período anual 1998,” por “a los períodos anuales 1998 y 1999,”.
2.Del Ejecutivo para sustituir en el inciso segundo la frase “al período anual 1998, que hubiere eliminado ésta de la subasta durante el mismo año” por “a los períodos señalados en el inciso precedente, que hubiere eliminado ésta de la subasta durante los años 1998 ó 1999”.
VII.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL DELITO DE VIOLACIÓN. Veto.
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta.
Antecedentes:
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Veto, Boletín Nº 1048-07, sesión 38ª, en 2 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
Informe de la Comisión de Constitución recaído en las observaciones del Presidente de la República, sesión 54ª, en 20 de abril de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, el proyecto en examen ha sido objeto de dos observaciones o vetos por el Presidente de la República, las que explicaré previo análisis de la normativa de fondo sobre modificación a la actual tipología de los delitos sexuales.
El proyecto que aprobó el Congreso modificó los conceptos de los delitos de violación, rapto, estupro, sodomía, abusos sexuales, violación conyugal; introdujo el delito de pornografía y admitió modificaciones procesales penales de suma importancia para la protección de las víctimas.
Así, en el delito de violación ahora se considera como tal el acceso carnal mediante penetración vaginal, anal o bucal de cualquiera persona, sea hombre o mujer, transformando muchos de los actuales abusos deshonestos en violación, con lo que se elevan considerablemente las penas.
El delito de rapto, se incluye como una forma de secuestro respecto de hombres y mujeres, eliminando la discriminación contra la mujer de tener buena fama o no, o su doncellez, todo lo cual importa una considerable agravación de las penas aplicables a este delito.
El estupro, que afecta a la doncella de 12 a 20 años, se sustituye por un tipo penal en el que la realización del acto sexual es fruto del aprovechamiento de la inexperiencia de la víctima, o prevaliéndose de su autoridad pudiendo ser la víctima persona de uno u otro sexo, menores de 18 años.
La sodomía sólo se sanciona si se comete con un menor, despenalizándose entre mayores de edad si esa relación es voluntaria y privada, siempre que no sea violación, estupro o abuso sexual.
Se tipifican los abusos sexuales en forma muy diferente a los abusos deshonestos, definiéndose, incluso, la acción sexual, describiéndola con más precisión.
La pornografía se sanciona respecto del que emplea un menor de edad en la confección de material pornográfico, delito inexistente en la actualidad.
La violación conyugal se consagra como tipo penal expreso, superando las doctrinas y la variada jurisprudencia al respecto.
Un segundo aspecto de esta relevante iniciativa son las reformas respecto de los trámites y procedimientos que mejoran notablemente lo existente.
El proyecto no admite, como sucede actualmente, que si el violador se casa con su víctima se suprima el delito.
Por otra parte, las víctimas pueden ser atendidas en establecimientos públicos o privados para que se constate en forma inmediata la agresión sexual, y no sólo en el Servicio Médico Legal.
El número de personas capaces de denunciar se amplía a los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho por la actividad propia de su cargo. Incluso, los denunciantes pueden pedir que su identidad se mantenga en reserva frente a terceros, pudiendo, además, el juez disponer medidas de protección en favor de las víctimas, o eliminar el careo entre el inculpado y la víctima, a menos que ésta lo solicite.
De igual modo, todo lo relativo a la identidad de la víctima será ajeno a tercero o a la publicidad, salvo que consienta en ello.
La ponderación de la prueba, actualmente regulada y tasada, se hará mediante las reglas de la sana crítica, método que libera al juez de la apreciación formalmente legal y que le permitirá establecer el cuerpo del delito y la participación conforme a la ciencia y a la lógica.
Sin embargo, además de las bondades de este proyecto, que incluso cuenta con el respaldo explícito de la Unicef y del Instituto Interamericano del Niño, en atención al incremento en la defensa de los derechos de la infancia que éste implica, fue valorado en la Primera Conferencia de las Américas sobre violencia y comercio sexual, efectuada en Montevideo, en marzo reciente, organizada por el Instituto Interamericano del Niño, oportunidad en la que se destacaron los avances de este cuerpo legal que tanto significan en el aspecto de las sanciones y regulación de los delitos sexuales relacionados con la infancia en los flagelos de prostitución y pornografía infantil.
No obstante, ya había señalado que este proyecto de ley ha tenido voces, en cuanto a que, en el delito de violación respecto de menores de 12 años, se habría rebajado el umbral mínimo de la penalidad, se habrían suprimido agravantes y se habría eliminado el llamado principio de ejecución, todo lo cual se demostró que era inexacto en el contexto en que esta iniciativa de ley se formuló por parte del Congreso, tanto porque de los abusos deshonestos existentes hoy se tipifican como violación, lo cual aumenta no cabe la menor duda su penalidad, y de las cinco alternativas que se presentan, en tres de ellas la pena sube de 61 días el umbral mínimo a 5 años y un día, como las agravantes supuestamente eliminadas se incorporaron a los tipos penales. En consecuencia, están dentro de la descripción de las conductas que hace el proyecto de ley. Y tanto, porque era menester no alterar las fases penales de la tentativa, frustración y consumación que exigen normalmente los tipos penales en nuestro Código Penal, que sólo había traído como efecto fallos dispares, jurisprudencias contradictorias, absoluciones erradas o sobreseimientos también equivocados.
Esta temática dio lugar a una amplia discusión en la opinión pública, y en razón de esa situación, su Excelencia el Presidente de la República envió las observaciones, que, en el fondo, sólo tienden a variar el cumplimiento de las condenas aplicadas por los tribunales en la realidad, y no el contenido substancial de la iniciativa en lo que se refiere a los tipos penales, a las penas aplicables y a los procedimientos que establece el proyecto de ley vetado.
Estas dos modificaciones son las siguientes:
La primera, elimina la posibilidad de que los condenados por los delitos de violación de menores de 12 años artículo 362 del proyecto, y violación seguida de muerte de esos mismos menores, gocen de las penas alternativas, como son la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada, a que se refiere el artículo 1º de la ley Nº 18.216.
La segunda, eleva la exigencia que deben cumplir los condenados por violación de menores de 12 años, para postular al beneficio de la libertad condicional, aumentándola del 50 por ciento de la condena a los dos tercios de la misma. Para ello, se modifica el artículo 3º del decreto ley Nº 321, de 1925, sobre libertad condicional.
De este modo, de aprobarse la primera observación, el condenado por violación de menores de 12 años, o si la violación fuere seguida de homicidio de menores de esa misma edad, siempre cumplirán la totalidad de la pena privativa de libertad. De aceptarse la segunda, el condenado por violación de un menor de 12 años sólo podrá impetrar la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena.
La Comisión conoció diversas objeciones al veto. Las de orden constitucional, que afectarían la igualdad y la no discriminación arbitraria, fueron desechadas luego de oír la exposición de la Ministra de Justicia. Todos los integrantes de la Comisión estuvieron contestes en que el veto carecía de vicios constitucionales, pues cumplía los llamados principios de la desigualdad de los supuestos de hecho, la finalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Es decir, en esta situación las personas se encuentran en idénticas condiciones y, en consecuencia, la ley debe tratarlas de la misma manera.
Al momento de la votación, el Presidente de la Comisión hizo referencia al artículo 35 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que señala la forma de votar las observaciones del Presidente de la República. Se consultó el acuerdo de la Comisión para votar en un solo acto ambas observaciones o en forma separada. Como no hubo objeción al respecto, se acordó votarlas de una vez.
En las páginas 7 a 11 del informe figuran los razonamientos de los integrantes de la Comisión que por ocho votos contra uno aprobaron ambas observaciones. En la página 2 aparecen datos de interés sobre la magnitud del problema de los delitos sexuales, y en las páginas 3 y 4, los antecedentes dados a conocer por la Ministra de Justicia sobre los condenados por tales delitos y la forma en que cumplen sus penas.
La Comisión escuchó al sicólogo Elías Scaff , director del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, quien afirmó que el l0 por ciento de los autores de estos delitos son desconocidos, y que el 90 por ciento opera en el ámbito familiar. Entre los primeros, algunos presentan alteraciones severas de personalidad, lo cual no sucede con los segundos. En el caso de la violencia sexual intrafamiliar señala el sicólogo, la rehabilitación del agresor es posible siempre que reconozca su participación, tenga real intención de reparar el daño ocasionado, o sea, que haya un arrepentimiento eficaz, y exista un vínculo protector para la víctima, en el cual resulta irreemplazable el autor. Agrega que los agresores no mejorarán si están privados de libertad.
Creo conveniente dar a conocer algunas de las razones por las cuales se estimó procedente el veto.
La violación de menores de 12 años es un delito atroz, capaz de producir secuelas irreversibles de por vida, por lo que la sociedad debe reprimir eficaz y realmente este tipo de conductas. Tal objetivo no se cumpliría si los condenados son beneficiados con la libertad provisional, la libertad vigilada, la reclusión nocturna, la remisión de la pena y, eventualmente, mediante la libertad condicional.
El delito de violación de menores de 12 años no atenta contra la libertad sexual, pues se estima que tal menor carece de ella, pero sí contra su normal y natural proceso de desarrollo, es decir, contra su indemnidad sexual, valor o bien jurídico inestimable respecto de niños que son incapaces de defenderse.
Por otra parte, es conveniente sopesar el altísimo nivel de reproche, de repulsa y rechazo por parte de la sociedad, sobre todo de los parientes directos de las víctimas, los que exigen que los autores de tales crímenes no frecuenten en libertad las vías públicas, con el objeto de que nadie más pueda ser víctima de delitos semejantes.
Es menester, asimismo, optimizar el efecto preventivo intimidatorio que se concede a la amenaza penal, representándole a quienes pretendan incurrir o hayan incurrido en estas conductas, que la pena realmente será efectiva, lo cual no excluye, por supuesto, el efecto resocializador de su cumplimiento, conforme a nuevos cánones intrapenitenciarios o tratamientos que lleven al delincuente a superar las causas que determinaron su manera de delinquir.
Por lo anterior, me permitiré citar las palabras de la Ministra de Justicia en la sesión de la Comisión en que se aprobaron las observaciones del Presidente de la República.
Señaló lo siguiente: “No debemos olvidar las altas probabilidades que existen de que la conducta delictiva sea reiterada ante la renuncia del Estado a imponer la sanción abstracta que amenaza la ejecución del delito, máxime en caso de personas que aún no alcanzan un grado de madurez que haga permisible a su respecto el uso de las libertades básicas y las escasas posibilidades que detentan para brindarse por sí mismas medios de protección adecuados para defenderse.
“Ello no sólo se traduce en la necesidad de otorgar un tratamiento penal separado a los actos sexuales ejecutados sobre una persona menor de 12 años, atendida la incorporación de nuevos bienes jurídicos que se ven lesionados con su ejecución (indemnidad sexual e integridad corporal), sino también debe reflejarse en la concesión de un régimen que posibilite en mayor medida el otorgamiento de medios efectivos de protección a su respecto.
“No es lo mismo violentar sexualmente a una persona a quien la ley le reconoce la capacidad para consentir en la ejecución voluntaria de un acto de relevancia sexual, que hacerlo respecto de aquella que no tiene ni siquiera la capacidad para ejercerlo. En estos casos, se debe proteger por sobre todo el derecho de esos niños a completar su desarrollo sexual en condiciones normales, de forma tal de posibilitar a su respecto el ejercicio de la libertad antes aludida. Por ello, el núcleo del bien jurídico protegido en estos casos no corresponde a la libertad de autodeterminación sexual, sino más bien a la protección de la indemnidad sexual de los menores de 12 años.
“No debemos olvidar, además, las dificultades de acreditación que pesan sobre estos casos, máxime cuando la víctima debe enfrentar conflictos internos de gran envergadura al verse violentada por personas con las cuales acostumbra convivir. Así, si bien los beneficios procesales incorporados para facilitar la acreditación, prueba y sanción de estos hechos, proporcionan un escenario mucho más favorable a este respecto, no es posible olvidar el incremento de los grados de indefensión que generaría el haber logrado superar los conflictos señalados, haberse atrevido a denunciar el hecho, y ver que la respuesta efectiva que el Estado otorga para el conflicto se traduce solamente en colocar a la víctima nuevamente en la misma condición que antes posibilitó su victimización.” Hasta aquí lo expuesto por la Ministra de Justicia.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó ambos vetos por 8 votos contra 1.
En consecuencia, recomienda a la honorable Corporación la aprobación de las observaciones del Presidente de la República.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del señor Claudio Troncoso , asesor de la señora Ministra.
Acordado.
Tiene la palabra la señora Ministra.
La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, nos corresponde conocer esta mañana las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley sobre delitos sexuales despachado por el honorable Congreso Nacional, las que fueron aprobadas, como muy bien señaló el diputado informante, en la Comisión técnica de la Cámara por 8 votos contra 1.
Quiero partir señalando la alta valoración que el Ejecutivo hace de la tramitación que ha tenido esta importante iniciativa legal en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El acucioso trabajo realizado durante varios años, la realidad dramática que enfrentamos y un estudio extremadamente relevante efectuado por el Departamento de Sociología de la Universidad Católica cuyos resultados constituyeron una información muy importante y decidora nos hicieron adelantar, de la necesaria modificación al Código Penal en su conjunto tarea que estamos emprendiendo en el Ministerio de Justicia, el capítulo relativo a los delitos sexuales. De esa manera, el Congreso aprobó una importante iniciativa legal, que valoramos.
El estudio citado indica que más del 70 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son, desgraciadamente, niños y jóvenes. Quizás aún más grave es el hecho de que más del 70 por ciento de sus agresores son familiares o conocidos.
Recordemos que el proyecto hace extensivo el delito de violación no sólo a las niñas o mujeres, sino también a los varones, comprendiendo, entonces, no sólo la penetración vaginal, sino también la anal y la bucal. Por lo tanto, estas tres figuras constituyen el acceso carnal.
Además, el delito de rapto se reemplazó por el de secuestro, sancionando su comisión con una penalidad superior y extendiéndolo a hombres y mujeres, lo que no ocurre en el actual Código Penal.
En relación al estupro, se define como la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima, o de una situación de prevalencia o autoridad frente a ésta, pudiendo las víctimas, también de ambos sexos, ser menores de dieciocho años de edad, lo cual constituye una novedad muy importante.
Se innovó en cuanto a sodomía, sancionándose las relaciones homosexuales sólo con menores de edad, despenalizándose aquellas entre mayores de edad que consientan en ellas y que las practiquen en un lugar privado.
También se innova, de modo significativo, en materia de abusos sexuales, estableciéndose diversos tipos penales. Los abusos deshonestos en el actual Código Penal se reducen a una definición bastante vaga, lo que en esta iniciativa se supera de manera muy precisa, además de ampliarse las conductas que los constituyen.
Lo mismo sucede en relación con la pornografía. Hemos visto con pavor el uso de menores de edad en material pornográfico. Sobre el particular, nuestro legislador de hace cien años no previó esas conductas, y en estos momentos el Congreso Nacional sanciona a quien emplea a un menor de edad en producciones pornográficas, lo que se tipifica en forma autónoma.
También innovamos en violación conyugal. La ley considera que una persona, aunque esté casada, conserva su libertad sexual. Entonces, es libre de aceptar o rechazar la posibilidad de tener relaciones sexuales con su cónyuge, lo que en la actualidad no se contempla.
La iniciativa también legisla eliminando la posibilidad, actualmente vigente en nuestro Código Penal, de que el matrimonio posterior de la víctima con su victimario borre el delito de violación, lo cual nos parece una aberración.
Además, en cuanto a atención médica se posibilita que las víctimas de delitos sexuales sean atendidas no sólo por el Servicio Médico Legal, como ocurre en la actualidad, sino que puedan comprobarse sus lesiones en otros establecimientos públicos o privados. Valga la pena señalar que, en lo posible, es conveniente que las víctimas recurran a dependencias del Servicio Médico Legal, ya que allí se encuentran los mejores especialistas para acreditar sus lesiones.
En materia de denuncias, se facilitan sus trámites. Por ejemplo, si la víctima es menor de edad o no está capacitada mentalmente para formularla, podrán efectuarla otras personas: educadores, médicos u otras que, por su actividad, tomen conocimiento del hecho delictivo.
Los denunciantes podrán pedir que se reserve su identidad respecto de terceros ajenos al procedimiento, lo cual es un elemento sustantivo, por cuanto una de las razones que producen una cifra negra de denuncias es precisamente el hecho de que las víctimas no quieren que su situación, ciertamente incómoda, sea expuesta, con todos los complejos efectos posteriores.
Respecto de los jueces, se les faculta para apreciar, conforme a las reglas de la sana crítica, el conjunto de elementos probatorios que se les presenten, lo cual adelanta un criterio que esta Sala ha aprobado en relación con el futuro Código de Procedimiento Penal, que, ciertamente, los obliga a ponderar el conjunto de los antecedentes del proceso que les permitan adquirir la convicción necesaria para condenar o absolver a alguna persona.
Por otra parte, se avanza en relación con diversas medidas de protección a las víctimas. Se elimina el careo entre los inculpados y las víctimas, que es otra razón por la cual muchas víctimas de delitos sexuales no formulan las denuncias.
Se establece que los antecedentes relativos a la identidad de la víctima son reservados para terceros ajenos al procedimiento, prohibiéndose su publicidad, a menos que la víctima consienta en ello.
Este conjunto de elementos y tantos otros que contempla la iniciativa nos hacen pensar que estamos frente a un sustantivo avance en esta materia. El trabajo realizado por el Congreso Nacional es muy valorado. Al respecto, quiero destacar que, incluso, ha sido reconocido por organizaciones internacionales. Tanto la Unicef como el Instituto Interamericano del Niño, de la Organización de Estados Americanos, han considerado en oficios que nos han hecho llegar y en seminarios internacionales que se han realizado sobre la materia para buscar en diversos países normas que protejan a los niños y a los jóvenes de estos delitos, que esta iniciativa legal, a punto de promulgarse en nuestro país, es estupenda y que recoge los lineamientos en torno a proteger el interés superior del niño.
Respecto del veto aditivo que hoy se debate en esta Sala, cabe destacar que sólo se refiere a un elemento muy puntual. Por tanto, el Ejecutivo no modifica ni suprime ninguna de las normas de la iniciativa que han sido aprobadas prácticamente por la unanimidad de los diputados y de los senadores. En opinión del Ejecutivo, las normas que buscan complementar el sistema de ejecución de las sanciones privativas de libertad a que sean condenadas las personas que hubieren cometido delito de violación contra niños o niñas menores de 12 años, son compatibles con los objetivos y finalidades del actual sistema penal, como con las motivaciones que sirven de base a esta iniciativa.
No debemos olvidar que la personalidad de quienes violan niños y niñas de menos de 12 años de edad, conlleva normalmente la existencia en ellos de diversos grados de anormalidad o patología que los impulsan a la ejecución de dichas conductas.
Por ello, en estos casos no basta con permitir la reincorporación directa a la vida social de los condenados por este tipo de delitos, sin ofrecerles la posibilidad de acceder a un tratamiento que les permita superar los factores que los llevaron a su comisión, el cual solamente es posible brindar con grados certeros de cumplimiento, si el destinatario se encuentra plenamente dispuesto a someterse a él.
En consecuencia, constituye un desafío posibilitar los medios para proporcionar la atención profesional necesaria que requieren los victimarios de estos delitos.
Por lo tanto, nos encontramos muy lejos de privar a estas personas de demostrar un efectivo progreso en la superación de su problema, pues se mantiene la vigencia real y completa del cumplimiento progresivo de la pena privativa de libertad manifestado en la concesión del régimen de libertad condicional. No se elimina la posibilidad de que el agresor y condenado por este tipo de delitos pueda optar, a futuro, a la libertad condicional.
De tal manera que existe este camino progresivo, si efectivamente se advierte un cambio en quien cometió el delito.
Por consiguiente, en los casos en que el tratamiento no sea aceptado o no logre su efecto, la pena cumplirá el rol de contención, que, en parte, justifica su imposición, satisfaciendo así los fines de prevención que hemos señalado previamente, siempre dentro de los márgenes de la legalidad vigente.
Adicionalmente, debemos tener presente en este ámbito no sólo las particularidades que presenta el victimario que incurre en estas conductas, sino, además creo importante destacarlo, la posición que ocupa en la práctica el sistema penal respecto de la víctima.
Hemos recordado esta mañana, como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, el estudio del departamento de sociología de la Universidad Católica, que ha servido de base a la proposición que remitió el Ejecutivo para materializar esta iniciativa de reforma legal. Sus conclusiones nos muestran un número significativo y dramático de niños que son víctimas de este delito y de la relación de parentesco o de conocimiento que existe con el agresor.
Precisamente, al escuchar la opinión del señor Elías Scaff , quien fue invitado por la Comisión especializada de esta Cámara al momento de tratar el veto, pudimos conocer la cifra señalada en esta Sala por el diputado informante, de que sólo el 10 por ciento de los agresores sexuales no conocían a las víctimas.
Por eso, quiero llamar la atención a esta honorable Sala de la Cámara de Diputados al momento de pronunciarse respecto de este veto, de que aquí estamos frente a un delito extremadamente complejo, que muchas veces ha sido cometido durante años por el agresor en contra de la víctima. En este veto no estamos legislando respecto de todas las agresiones sexuales, sino tan sólo respecto de las violaciones a niños y niñas menores de 12 años.
Obviamente, no nos explicamos cómo un familiar, cómo un padre, cómo un conocido de un niño o niña menor de 12 años comete este tipo de aberraciones; pero así ocurre. Y como muy bien recordó en esta Sala el diputado informante, si lo que estamos buscando fundamentalmente es proteger a los niños y niñas que, pese a las dificultades que enfrentan para denunciar este tipo de delitos las cuales queremos obviar al establecer estas facilidades, se atreven a hacerlo, resulta una situación compleja que sus victimarios eventualmente puedan recibir una medida alternativa a la privación de libertad. Imaginémonos por algunos minutos lo que significa para un niño haber efectuado la denuncia en contra de su padre, en contra de un hermano mayor, en contra del conviviente de la madre y que después del proceso penal, la sentencia condenatoria imponga una medida alternativa a la privación de libertad del hechor.
Ciertamente, lo que buscamos a través del veto es que esta persona cumpla su condena privativa de libertad. No se niega la posibilidad de que el o la victimaria pueda optar a la libertad condicional luego de cumplir su pena durante un período determinado, que también se contempla en este veto: dos tercios de su condena en un sistema privativo. No se les cierra el camino.
Sin embargo, si pensamos que se trata de una medida de protección y si consideramos las cifras que nos arroja el estudio de la Universidad Católica, complementadas por el señor Scaff en el estudio del veto realizado en la Comisión de Constitución, resulta completamente atendible restringir las medidas alternativas, así como extender a los dos tercios el cumplimiento de la condena, con el objeto de realizar un trabajo con ese agresor o con esa agresora condenados por nuestros tribunales, a fin de evitar que continúen cometiendo este tipo de actos una vez que cumplan la pena u obtengan la libertad condicional.
En atención a todo lo anteriormente expuesto, estimamos indispensable la aprobación de estas normas complementarias, lo que permitirá la entrada en vigencia, como ley de la República, del proyecto en su conjunto, el que, en opinión de quien les habla, es fundamental, porque, cada mes que pasa, decenas de niños víctimas de agresiones sexuales se ven privados de un procedimiento eficiente, que considere los efectos de la victimización que producen estos delitos y una adecuada persecución y sanción de ellos.
Señor Presidente, a modo de ejemplo, quiero mencionar que tan sólo escúchenme bien en la Región Metropolitana, el Servicio Médico Legal atiende un promedio de 60 casos mensuales de agresiones sexuales en contra de niños menores de 12 años, de los cuales más del 50 por ciento constituyen abusos deshonestos, los que, de encontrarse en plena aplicación el presente proyecto, serían considerados como delitos de violación, lo que implicaría la aplicación de un procedimiento más expedito y protector en favor de las víctimas y una sanción considerablemente superior al hechor, en atención a que la violación tiene una sanción superior a la de los abusos sexuales.
En virtud de lo señalado, tenemos la convicción de que las normas complementarias que hoy analizamos no desnaturalizan en nada el proyecto primitivo. Muy por el contrario, reconocen todo el trabajo realizado por el Congreso al momento de elaborar este conjunto de normas sobre delitos sexuales, porque este veto aditivo es un adecuado complemento y fortalecimiento de los efectos en relación con la protección que la sociedad debe brindar a los niños víctimas de agresiones sexuales.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable Sala de la Cámara de Diputados la aprobación de las observaciones presentadas por el señor Presidente de la República al proyecto de ley sobre delitos sexuales, entendiendo que es un complemento que busca fundamentalmente la protección de los niños menores de 12 años que han sido objeto de agresiones sexuales.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Recuerdo a los señores diputados que el tiempo de cada intervención es de hasta 5 minutos.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, no deseo que se cree la impresión de que, por el hecho de que el Presidente de la República ha enviado un veto a este proyecto, se esté cuestionando de alguna manera o poniendo en tela de juicio el contenido de la iniciativa que aprobamos en el Congreso, después de casi 4 ó 5 años de discusión. Por el contrario, en el fundamento de su veto el Presidente de la República ha valorado claramente, en forma explícita, el contenido del proyecto en relación con la violación y con los delitos sexuales en general. Es más, como sabemos, se trata de un veto aditivo.
Voy a votarlo a favor, porque no modifica una sola coma del proyecto que despachó el Parlamento, que, a mi juicio, apunta exactamente en la dirección que deseamos: tratar de revertir la percepción de impunidad que existe en el país, especialmente en relación con las violaciones y delitos sexuales.
Como sabemos, las penas sobre la materia ya son muy altas en nuestra legislación. Valga recordar que la penalidad del delito de violación equivale a la del homicidio y, en ciertos casos, a la del homicidio calificado, es decir, es sancionado hasta con 20 años de presidio.
De manera que el problema no radica en que las penas sean bajas es todo lo contrario, sino en que estos tipos penales son inoperantes por dos razones. En primer lugar, porque la gente no se atreve a denunciarlos sólo el 15 por ciento de estos delitos son denunciados y, segundo, porque los tribunales no disponen de los mecanismos e instrumentos para investigar de manera adecuada.
Por ello y a fin de incentivar la denuncia de estos delitos tan graves no sólo por la víctima, sino por algún familiar, por un director de establecimiento educacional, etcétera, el proyecto dispone la privacidad o reserva sobre la identidad de la víctima, elimina el careo con el victimario, establece medidas de protección a la víctima y otras.
Para facilitar la investigación del tribunal, se faculta al juez para apreciar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, lo que le da mayor libertad y flexibilidad. También se establece que los parientes son testigos hábiles, lo que es fundamental si consideramos que el 70 por ciento de estos delitos se cometen en el hogar. Asimismo, los establecimientos de salud pública o privada están obligados a guardar durante un año, los exámenes efectuados a las víctimas, etcétera.
Por último, en la Comisión manifesté algunos reparos sobre el veto. Por ejemplo, respecto de su utilidad práctica, ya que la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas, opera respecto de penas inferiores a tres años, y la pena mínima en los delitos contra menores de 12 años es de cinco años. Por lo tanto, me merece dudas la utilidad práctica del veto.
También hoy, en los pocos casos denunciados y en los que hay condenados, en forma abrumadoramente mayoritaria se cumple con la reclusión. De 1.548 condenados por delitos sexuales, 1.031 más de dos tercios están cumpliendo efectivamente la condena de presidio; 475 corresponden a medidas alternativas, y 42, a beneficios penitenciarios. En el caso de la violación, de 389 condenados, 325 cerca del 80 por ciento cumplen efectivamente la pena.
En definitiva, reitero mis dudas en relación con la utilidad práctica del veto, considerando especialmente que la pena se cumple en la mayoría de los casos y también que la rehabilitación es posible, como lo dijo Elías Scaff , director del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones.
Pero, insisto, sumando y restando y con esto termino, el veto mantiene a salvo el contenido fundamental del proyecto, que aspira a sancionar de manera efectiva los delitos sexuales y de violación.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hales , hasta por cinco minutos.
El señor HALES.-
Señor Presidente, los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana recibimos de manera habitual la sugerencia de algunos sectores de la comunidad para aumentar las penas y las sanciones, sobre todo en delitos horrorosos, como la violación.
No nos hacemos eco de una actitud irresponsable en este sentido, pero no podemos dejar de constatar que, después de aquel delito por el que se quita la vida a una persona, el que sigue en la escala de ocurrencia quizás sea el de violación. El anhelo más grande de un ser humano es vivir, y el segundo, tener amor en la vida, y la violación constituye la aberración del uso de la relación sexual para destruir, para dañar.
En Chile, tenemos la estadística brutal de 82 violaciones diarias, y ahora no se trata de iniciar la discusión sobre este delito, por cuanto ya se debatió y aquí tuvimos también a la Ministra de Justicia, sino que de aprobar las observaciones del Presidente de la República para fortalecer el proyecto, aumentando las sanciones en dos aspectos, por cuya razón voy a votar a favor.
En primer lugar, respecto de las violaciones cometidas contra menores de 12 años, no pueden hacerse efectivas las medidas alternativas a las penas privativas de libertad contempladas en la ley: libertad vigilada, reclusión nocturna, remisión condicional, de manera que no pueden acogerse a esos beneficios aquellos que hayan cometido violaciones contra menores de 12 años.
La ciudadanía tiene que entender esto de manera sencilla. La decisión del Presidente de la República, a través de su veto, apunta a mantener el proyecto aprobado por el Congreso, agregando que quienes hayan cometido violaciones a menores de 12 años no podrán acogerse a la libertad vigilada, a la remisión condicional de la pena o a la reclusión nocturna.
La segunda materia eleva el tiempo de reclusión exigido y que debían cumplir los condenados para postular a la libertad condicional, cuando las víctimas sean menores de 12 años. Ahora se propone y voy a votarlo a favor que, en vez de la mitad, los condenados deban cumplir dos tercios de la pena, o sea, el tiempo de reclusión exigido para solicitar la libertad condicional se eleva del 50 al 66,6 por ciento.
Además, quiero destacar que, en relación con los beneficios intrapenitenciarios, se excluirá a los violadores de menores de 12 años de la posibilidad de salidas diaria, dominical o de fin de semana.
El 55 por ciento de los condenados por violaciones han cometido el delito afectando a menores de 12 años. En muchas oportunidades, hemos establecido la mantención clara de la tesis de que los delitos se cometen de acuerdo con la formación valórica del individuo y también con sus condiciones sociales y económicas, pero quizás en el delito de violación es más claro lo que se refiere al envilecimiento de la persona.
La relación entre comisión de robo y condiciones económicas es estrecha, no así en la violación. La estadística indica que cuando la cesantía aumenta un 1 por ciento, el robo con violencia se incrementa en alrededor de un 4 por ciento. Sin embargo, la comisión de violación es completamente independiente. Aquí no sabemos ni siquiera cuál va a ser la solución y la capacidad de rehabilitación.
No tengo las dudas que ha planteado el Diputado señor Ignacio Walker sobre la propuesta del Presidente de la República. Creo que, más que hacerse eco de una demanda ciudadana, esto contribuye a fortalecer las sanciones para una cuestión tan horrorosa, como es la violación de niños menores de 12 años.
El antecedente estadístico está señalando que tenemos 30 mil casos de violaciones al año. Las características del proyecto...
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha ocupado cinco minutos de su primer discurso.
El señor HALES.-
El proyecto, al dar a las víctimas de violaciones la posibilidad de hacer la denuncia en cualquier centro asistencial, sin tener que ir necesariamente a los centros oficiales, formales, como el Servicio Médico Legal, para los efectos de la tipificación del delito, constituye un avance en la sanción, que el veto presidencial fortalece, sobre todo cuando ello se refiere a menores de doce años.
Para muchos de nosotros, el veto culmina un proceso que desarrollaron con extremada seriedad todos los parlamentarios miembros de comisiones que participaron en el estudio de la iniciativa. Felicito la decisión del Presidente de la República por haber hecho uso del veto para establecer una sanción especial a los violadores de menores de doce años.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable Diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, hoy no quiero referirme a la iniciativa que aprobamos en esta Sala ni a sus bondades, por cuanto no es lo que está en discusión. Estimo que el proyecto, tal como salió de esta Cámara, era lo correcto. Es más, considero que el veto aditivo no era necesario. Pero, ya que estamos conociéndolo, en un rayado de cancha que no hemos hecho nosotros, debemos tratar de dilucidar, desde la perspectiva de la política criminal pública, cuál es la decisión más correcta que debemos adoptar.
En ese entendido, creo que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional, el cual contó con la asesoría de eminentes profesores de derecho penal, se caracteriza por equilibrar, con el mayor rigor jurídico posible, un tratamiento atentatorio contra las conductas de violencia sexual que están adecuadas a las modernas teorías penales, pero que, sin perjuicio de ello, se insertan en nuestro Código Penal, que data de 1874 y que ya ha sido objeto de sucesivas reformas que, en definitiva, le han hecho perder su coherencia interna.
Como se sabe, la opinión pública, antes de la promulgación de este proyecto de ley, manifestó su rechazo a una eventual rebaja de penas en el delito de violación contra niños menores de doce años. Ésa es la razón por la que hoy estamos debatiendo el veto del Presidente de la República.
En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia fui la única miembro que votó en contra del veto aditivo. Eso, en estas últimas semanas, me ha hecho pesar la responsabilidad de aclarar y de justificar mi posición con rigor intelectual y jurídico. Y debo señalar que, para ello, he seguido estudiando el tema y me he asesorado por distintos expertos en la materia.
Por estas consideraciones, más que un discurso, quiero que hagamos en conjunto un proceso de reflexión sobre la propuesta de política pública que hay inserta en este veto. Reconozco, además, que dicha reflexión es muy difícil por la gran complejidad del tema y, muy especialmente, por la altísima carga emotiva que va unida a la comisión de delitos sexuales contra niños menores de doce años. Asimismo, esa complejidad se manifiesta en nuestra eventual contraposición respecto de nuestros deberes como legisladores. Por una parte, debemos aprobar normas técnicamente correctas, que al implementarse cumplan con los efectos deseados por el legislador, sin distorsiones ni externalidades; y, por otra, responder a la sensibilidad de los ciudadanos a quienes representamos y cuyo mandato debemos cumplir como legisladores.
Desde ya, quiero aclarar que mi planteamiento no se va a referir a la segunda observación del Presidente de la República, a aquella que restringe las posibilidades de libertad condicional, en términos tales que la persona condenada no podrá acceder a este beneficio cuando haya cumplido la mitad de su pena, sino que cuando complete los dos tercios de ella, al igual que la condenada por parricidio, homicidio calificado y robo con homicidio. En esos casos, me parece correcto que la violación a menores de doce años esté contemplada dentro de esta categoría de delitos gravísimos y que el beneficio de la libertad condicional sólo pueda entregarse una vez cumplidos los dos tercios de la pena.
Mis dudas atienden a la primera observación del Presidente de la República, cual es aquella que elimina la posibilidad de las medidas alternativas consideradas en la ley Nº 18. 216.
Permítaseme recordar que esas medidas alternativas consisten en la suspensión de la condena de privación de libertad cuando se dan las siguientes circunstancias:
1ºQue la pena impuesta sea inferior a tres años.
2ºQue el condenado sea primerizo.
3ºQue, de acuerdo con los antecedentes personales del condenado, sea presumible la posibilidad de rehabilitación.
Estas medidas alternativas, que son de política criminal pública, tienden a dar una oportunidad de reinserción social a todos los condenados, salvo a aquellos procesados por tráfico de estupefacientes y por delitos terroristas. Si aprobamos la primera observación del Presidente de la República, los violadores de niños menores de doce años quedan en la misma categoría que los terroristas y los traficantes de drogas. Y en estos dos casos, que existen en la actualidad, ¿por qué se elimina la posibilidad de la medida alternativa? Porque la naturaleza del hecho punible permite estimar que la rehabilitación no es posible o que el riesgo para la sociedad es tan alto que se cierra cualquier oportunidad de rehabilitación futura.
Con esta precisión, quiero entrar a considerar las dudas sobre las cuales me gustaría que reflexionáramos.
Muchas son las preguntas que corresponde hacerse para tener una acertada visión de los efectos del veto que hoy analizamos, esto es, de eliminar la posibilidad de medidas alternativas al imputado que, obviamente, cumpla con los requisitos que mencioné.
He dividido en cuatro las dudas que se me presentan respecto de esta observación del Presidente de la República.
En primer lugar, tengo dudas desde la perspectiva del bien jurídico protegido. Es atendible preguntarse aquí si violar a un niño es más grave que matarlo o castrarlo, porque la pena mínima para los delitos de homicidio y castración es de cinco años y un día de cárcel. En esos dos casos caben medidas alternativas si el condenado cumple con los requisitos señalados. Pero, atención, para que quienes cometen esos delitos puedan tener acceso a medida alternativa sólo requieren tener dos atenuantes: tratar de reparar con celo el mal causado o irreprochable conducta anterior. Únicamente en esos casos marginales su pena puede ser inferior a tres años.
En segundo lugar, tengo dudas desde la perspectiva del hechor o violador.
Cabe preguntarse aquí si existen características psicológicas que configuren una patología de la cual resulte imposible rehabilitar al violador. El psicólogo señor Elías Scaff , director de la Corporación de atención a las víctimas de atentados sexuales, Cavas , concurrió a la Comisión, y quiero señalar que en sus planteamientos, contenidos en las páginas 5 y 6 del informe, los señores diputados tienen la respuesta a mi pregunta, en el sentido de si existe alguna patología que no permita que el violador sea rehabilitable. Dijo que los resultados de las investigaciones, en el 90 por ciento de agresores que abusan de personas conocidas o dentro del ámbito familiar, no reflejan que tengan alguna consideración distinta, no tienen trastornos psicóticos con alteraciones de conciencia o de juicio. “Por lo tanto, están en la categoría de personas normales, o normales neuróticas como todos nosotros, igual que cualquiera. Incluso indicó, desde el punto de vista físico, son normales, son personas comunes y corrientes, lo que hace mucho más complejo el tratamiento del tema”.
Agregó el señor Scaff en el informe que las investigaciones han arrojado que sólo el 10 por ciento restante de los agresores sexuales o violadores a personas desconocidas presentan alteraciones severas en su estructura de personalidad.
Por lo tanto, desde la perspectiva del hechor, según lo manifestado por una persona entendida en el tema, quien dijo haber tratado en los últimos años más de siete mil casos de mujeres violadas, la mayoría son personas comunes y corrientes. En consecuencia, existe la posibilidad de rehabilitación.
Desde el punto de vista de la tercera perspectiva a mi juicio, la más importante, del logro de los objetivos propuestos por el veto, cabe preguntarse por el resultado de la aplicación de las normas que hoy rigidizan las penas, con lo cual se elimina la posibilidad de condenar a medidas alternativas; si se producen o no distorsiones no deseadas por el legislador, o si la pena más grave sólo impacta a los delincuentes más duros o a los más blandos. Sin descartar la importancia de las conclusiones anteriores, éstas son las preguntas claves.
Para responder estas inquietudes, ilustraré con lo que sucede en el caso del tráfico de drogas, delito consignado con una pena mínima de cinco años y un día como la que se pretende para el violador y no tiene medidas alternativas, como las que propone el veto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
El señor PROKURICA.-
Le cedo mi tiempo, señor Presidente.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Puede continuar en el tiempo del Diputado señor Prokurica.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Gracias.
Entonces, las respuestas a estas inquietudes las graficaré con la aplicación de la ley de drogas al traficante. No me referiré al delincuente duro, a quien siempre corresponde la pena de cárcel, sino a los casos excepcionales, que están en el límite, en los que el traficante es primerizo o menor de edad, con atenuantes y cuyos antecedentes permiten evaluar una posible rehabilitación, para ver qué sucede con esos casos marginales.
Si los legisladores conversáramos con los jueces del crimen para saber cómo aplican las leyes que aprobamos es importante hacerlo, sabríamos que en estos casos, frente a la rigidez y gravedad de la pena, prefieren no condenar los casos límites.
En esas circunstancias, ¿los jueces son venales o deniegan justicia al no aplicar la pena de cinco años y un día a los traficantes menores? Mi impresión es que no. Los jueces están tratando de cumplir lo mejor posible su función, que consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. La administración de justicia requiere de flexibilidad, a fin de que los jueces apliquen la pena que corresponda, de acuerdo con las muy variadas circunstancias de cada caso. Cuando negamos dicha flexibilidad, obligamos al juez a usar resquicios, que le permiten contar con la adecuada sintonía fina para dar a cada quien lo que le corresponde, según las circunstancias del caso.
En términos de política criminal, es válido que el legislador quiera enviar señales de dureza con la imposición de penas altas a los delitos de mayor reproche social, siempre y cuando no se rigidice el umbral mínimo, a fin de que la legislación pueda contener, institucionalizadamente, los casos límites, en que la conducta, por sus circunstancias, tiene un menor reproche social y es menos lesiva.
Por último, analizaré el veto desde la perspectiva de la eventual rebaja de penas. Aquí es necesario aclarar ciertos puntos.
La legislación vigente sanciona, como violación, el acceso vaginal a una niña o anal a un niño, ambos menores de doce años. Con el proyecto aprobado por el Congreso, estas dos conductas hoy tipificadas como violación se amplían a cinco con la penetración anal de una niña y el acceso bucal a un niño o niña menor de doce años. En la actualidad, estas tres conductas son sancionadas como abusos deshonestos y su pena mínima es de sesenta y un días. Así es como en estas tres nuevas conductas, que pasan a ser violación, la pena se eleva en treinta veces; es decir, la pena mínima de sesenta y un días es aumentada a cinco años y un día. Ahora, respecto de la penetración vaginal de una niña y penetración anal de un niño, menores de doce años, debemos reconocer que en esos casos se rebaja la pena.
Si lo que se deseaba era compensar la rebaja de pena en las dos conductas descritas, como lo solicitaba la opinión pública, lo correcto sería dividir el artículo 362 del Código Penal, que tipifica esta conducta, en dos casos de violaciones con distinto reproche social. Por una parte, la penetración vaginal o anal a una niña o a un niño, con una pena de diez años, y el acceso bucal, con una pena de cinco años y un día.
En conclusión, el veto presidencial responde a una legítima inquietud de la opinión pública. Anuncio mi voto favorable a la segunda observación del Presidente de la República, por considerarla correcta. En cambio, rechazo la primera en los casos en que el reproche social no es tan grave, porque puede producir distorsiones y externalidades graves. La solución correcta habría sido un veto que fuera al fondo del artículo 362, tal como lo he planteado.
Por eso, por las consideraciones señaladas precedentemente y de conformidad con los artículos 35 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y 170 y 172, Nº 1, del Reglamento de la Cámara, solicito dividir la votación del veto presidencial, reiterando mi voto contrario a la primera observación y mi voto favorable a la segunda.
Recuerdo a mis colegas que, de aceptarse o rechazarse el veto aditivo, el proyecto igual puede ser promulgado, con lo cual la sociedad podrá disfrutar de sus bondades.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, del debate sostenido se desprende que estamos ante un proyecto más bien complejo que simple, con diversas aristas por discutir. En el fondo, no puede decirse que se trata de un simple veto aditivo, sino de una materia bastante sustantiva.
Mi primera consideración es que, más allá de la discusión sobre la iniciativa, en la opinión pública quedó la sensación de que el Congreso Nacional había disminuido la pena mínima para los delitos sexuales en que las víctimas son menores de doce años. Frente a esa percepción, el Gobierno reaccionó con el envío de este veto aditivo. Creo que está bien usada la palabra “reaccionó”.
Se ha señalado aquí, con justa razón, que lo correcto habría sido hacernos cargo del tema de fondo, de la rebaja de las penas mínimas de diez a cinco años, en el caso de los delitos sexuales de penetración vaginal o anal contra menores de 12 años.
Tal como lo manifestó la Diputada señora Pía Guzmán , lo correcto habría sido replantearnos el tema de fondo. Tal vez, el Ejecutivo debió pedirnos revisar lo hecho, quizás dividir los tipos penales del artículo 362, estableciendo diez años para la pena más grave y cinco para la penetración bucal. En fin, haber tomado el tema de fondo. Sin embargo, frente a la recriminación de la opinión pública por el proyecto aprobado por el Congreso, el Gobierno prefirió reaccionar con este veto aditivo. Ésa es la verdad de la milanesa, como decía un profesor.
El veto presenta varios problemas conflictivos, difíciles, complejos.
En primer lugar, se eliminan las medidas alternativas para los delitos de violación de menores de doce años. Sin embargo, como se ha explicado, éstos parten con una penalidad de cinco años hacia arriba y no son susceptibles, por tanto, de penas alternativas. O sea, la primera cuestión técnica: la penalidad de los delitos de violación de menores de doce años se inicia de cinco años hacia arriba y las medidas alternativas sólo son para penas inferiores a tres años.
Podrían darse dos atenuantes, y si concurren, podría aplicarse a los delitos de violación de menores de doce años una medida alternativa, pero no es fácil que esto suceda. Entonces, si dos atenuantes dan lugar a la aplicación de esas medidas, por los delitos de violación de menores de doce años ¿se daría o no el beneficio de ellas?
A mi juicio, el problema no es de rehabilitación o de inserción en la sociedad y quienes cometan tales delitos no cumplirían la pena en la cárcel, en prisión. Existen la libertad vigilada y la remisión condicional de la pena, y la única reclusión es la nocturna; pero sabemos que de ninguna manera posibilita la rehabilitación. De modo que el problema es de peligrosidad. O sea ¿los violadores de menores de doce años son tan peligrosos que no se les puede dejar en libertad a través de las medidas alternativas? ¿Son más peligrosos que quienes cometen homicidio, castración, asesinato, estrangulamiento, violación a alguien de trece o catorce años, en fin?
En la Comisión, como se ha explicado, no se concluyó que son de mayor peligrosidad. El 90 por ciento abusan de personas conocidas, dentro del ámbito familiar, según se ha dicho; ello no refleja que tenga una consideración distinta a la de otros delincuentes ni sufre trastornos sicóticos o de alteraciones de conciencia o de juicio. Sólo el 10 por ciento padece de alteraciones severas en su estructura de personalidad.
Entonces, ¿por qué hacer la diferencia? Cada uno, al momento de votar, deberá sopesar en su conciencia esta cuestión y decidirá si asigna o no mayor peligrosidad a los violadores de menores de doce años, comparados con quienes cometen otros delitos atroces, en ambos casos con dos atenuantes.
El segundo aspecto apunta a la libertad provisional, pero el raciocinio es el mismo. Se dice: no debe haber libertad condicional, sino después de cumplidos los dos tercios de la condena y no en mitad de ella. O sea, no hay posibilidades de rehabilitación y de reinserción en la sociedad, o ellas son más difíciles para el que viola a menores de doce años que para el que estrangula, castra, asesina, viola a mayores de doce años, etcétera.
También cada diputado deberá medir, en su conciencia, si es más difícil rehabilitar y reinsertar en la sociedad a un violador de un menor de doce años que a un violador de un menor de trece o catorce años o a aquel que comete otro delito atroz.
Y vuelvo a lo que explicó en la Comisión el sicólogo Elías Scaff : el 90 por ciento de los agresores sexuales, incluso de menores, no refleja trastornos sicóticos ni alteraciones de conciencia o de juicio importantes.
Asimismo, se ha planteado una eventual inconstitucionalidad, porque a unos se les niega el beneficio de las medidas alternativas y a otros se les otorga. En la Comisión, en definitiva, se decidió que no había una falla de constitucionalidad. Sí se mide, evidentemente, con una vara distinta delitos que son atroces.
De alguna forma, estos elementos servirán para la reflexión de los señores diputados.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, de más está ahondar en la importancia del proyecto, pues significa un salto cualitativo en la materia y supera una consideración de los hechos punibles como afectantes de la honestidad propia de un pensamiento de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, mediante un planteamiento en que lo que se protege es la dignidad de la persona en su libertad sexual y, sobre todo, cuando se trata de menores de doce años, en su indemnidad sexual, es decir, en su desarrollo sexual.
Esto implica, naturalmente, una configuración diferente de los delitos y de la persecución penal. Por eso se plantea que la violación tanto vaginal como anal y bucal, no sólo puede ser denunciada por la familia en especial cuando se trata de menores de doce años, sino también por el vecino, el profesor, el médico, el asistente social. Por eso, la prueba se ha de apreciar conforme a las reglas de la sana crítica.
Ahora, en lo que al veto aditivo se refiere, es necesario señalar que, desde una perspectiva político-criminal y de justicia penal, es fundamental el principio de la certeza de la pena, tanto en su aplicación como en su ejecución, pues ello evita, desde los puntos de vista objetivo y subjetivo, el desamparo de la víctima y de la sociedad toda frente al delito.
Por eso, Luigi Ferrayoli , el jurista italiano más relevante en la actualidad, en una posición radical, señala que conforme a este principio serían preferibles penas cortas, pero que efectivamente se aplicaran y ejecutaran.
En nuestro derecho, desde esta perspectiva, cuando se trata de delitos graves, de tres años y un día o de cinco años y un día, en su caso, no se otorga la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada ni las otras penas de carácter sustitutivo, como la reclusión nocturna.
Ahora bien, sin lugar a dudas, la violación de un menor de doce años, por la propia naturaleza del hecho, implica el más grave y profundo desamparo de la víctima y de la sociedad toda. Esto es ratificado, además, por el hecho de que lo que aquí se protege, en forma precisa, es la indemnidad sexual del menor de doce años, es decir, su desarrollo sexual futuro, que puede quedar, para siempre, anclado y manchado por una acción que le impedirá un desarrollo sexual sano y normal.
Si partimos de esa consideración, de por sí, ello obliga a que, en cualquier caso y en cualquier circunstancia, se cumpla con el principio de la certeza de la pena, esto es, de la efectividad, en el máximo posible, de su aplicación y ejecución.
Más aún, como muy bien dijo el Diputado señor Bartolucci , la libertad vigilada, la remisión condicional de la pena y la reclusión nocturna no implican, en caso alguno, rehabilitación y sólo se plantean desde la perspectiva de la no contaminación de la persona.
Por eso, la Diputada Pía Guzmán se refiere a primerizos, a personas que lo puedan contaminar.
Como también lo decía el psicólogo Elías Scaff , aquí nos estamos refiriendo a personas que estando dentro del ámbito familiar están expuestas a un continuo hostigamiento por violaciones y abusos sexuales, requiriendo sus autores un tratamiento, porque hay una alteración valórica profunda. Quizás no sea un problema sicológico ni siquiátrico, pero sí una alteración profunda de carácter valórico que no la da la reclusión nocturna, la remisión condicional ni tampoco la libertad vigilada.
Por lo tanto, desde el punto de vista políticocriminal y de justicia penal, el veto presidencial se ajusta a esta realidad y a estos principios, por lo que anuncio que votaremos a favor.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Considerando que hay varios diputados inscritos, solicito la unanimidad de la Sala para votar a las 13.30 horas, de manera que todos puedan hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Hasta por cinco minutos, tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, me llama la atención cómo se ha desarrollado la discusión parlamentaria y pública de este veto. No he escuchado todas las intervenciones que se han realizado en la Sala, pero en la Comisión de Constitución algunos opinaron que iban a votar a favor porque a la larga es ineficaz y no hace daño; otros, porque es un alegato de orden político y otro grupo se ofendió con este veto. Les molestó que el Presidente de la República considerara que había motivos para revisar la tramitación legislativa de estas modificaciones. También se molestaron con el abogado Hernán Fernández por la forma en que planteó la discusión en los medios de comunicación, que fue lo que gatilló la presentación de este veto en enero.
Concuerdo con la Diputada Pía Guzmán en cuanto a la necesidad de dividir la votación, especialmente en el número 2, que eleva el grado del cumplimiento de la pena, con el objeto de acceder a la libertad condicional, del 50 por ciento a dos tercios. Considero que nadie en la Sala puede estar en desacuerdo con esa medida. Se ha hecho respecto de otros delitos; por lo tanto, no veo ninguna razón para no hacerlo aplicable a este tipo de situaciones.
El problema está en el número 1, que elimina la posibilidad de las medidas alternativas libertad vigilada, remisión condicional de la pena o reclusión nocturna a los condenados por delitos de violación a menores de 12 años.
Si uno vuelve a lo que gatilló este debate es decir, lo que planteó el abogado Hernán Fernández , debemos ser justos y hacer un análisis de su criterio. Al respecto, discrepo, por lo menos de uno de los tres argumentos que él señaló para motivar sus preocupaciones por las modificaciones a este proyecto de ley antes del veto. Considero que realmente no estamos rebajando las penalidades de estos delitos; al contrario, sólo estamos rebajando los umbrales mínimos. Antes de 1970, la penalidad para estos delitos era de tres años. Como bien señala el Diputado señor Ignacio Walker , la ex Ministra de Justicia Mónica Madariaga , después del caso Anfruns, elevó estos delitos a un nivel que los hacía prácticamente inaplicables. Dar mayor arbitrio judicial al juez rebajando umbrales mínimos, no significa disminuir la penalidad. A mi juicio, está equivocado en eso.
Sin embargo, los otros dos argumentos eran válidos. Cuando uno dice que había que eliminar esta anomalía doctrinaria castigando el principio de ejecución la tentativa como delito consumado, y éste se transformaba en un problema esencial con toda esta modificación, discrepo de ello. Esto porque en un artículo aparecido en “El Mercurio” se dice que, de otro modo, estamos permitiendo a los que cometen este tipo de delitos a no tener ningún incentivo para no consumar el acto. Cuando escucho ese tipo de lógica, pienso que esas personas no entienden qué significa encontrarse ante personas que cometen delitos sexuales con menores de 12 años y tal vez ni siquiera esté dentro de su mente satisfacer sus depravaciones por el hecho de tener una penetración vaginal o anal, que pueden llegar a obtener a través de otras vías también. El hecho de tener la exquisitez de pensar que van a tener una inhibición en mitad del acto, simplemente porque la ley castiga la tentativa al igual que si se hubiera consumado, es no entender la lógica de una depravación sexual con menores de 12 años.
En la actualidad, los jueces recurren a la figura del abuso deshonesto para castigar de menor manera delitos que de otro modo serían muy graves ante esta especie de anomalía doctrinaria de la cual adolece la ley vigente.
¿Cuál es el gran drama de que un juez considere no muy grave un hecho para castigarlo como delito consumado y recurra a este bolsón alternativo que lo penaliza como abuso deshonesto? ¿Cuál es el drama? Pienso que se debería hacer una revisión de este planteamiento.
El segundo alegato que hace el abogado Hernán Fernández se relaciona con el cambio de la mecánica en la aplicación de penas en los casos de figuras agravadas, según la calidad del victimario.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Terminó el tiempo de su primer discurso, señor diputado.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Tal vez lo que hace el proyecto es cambiar la mecánica que antes existía, en cuanto a subir los umbrales. Ahora se amplía el grado de opciones al excluir determinados rangos de pena en los umbrales más bajos.
En mi opinión, lo que se planteó en ese momento merecía una segunda lectura. El Presidente de la República hizo bien en pedir una revisión, pero no encuentro correcto llegar a la solución que se propone en este caso, porque prohibir medidas alternativas en forma pareja a todos los delitos, sin excepción alguna, se puede prestar para abusos.
Si alguien piensa que esto no es eficaz porque las medidas alternativas a la privación de la libertad están dirigidas a delitos que tienen una penalidad inferior a tres años y en el proyecto hablamos de penas sobre cinco años, cabe preguntarse qué pasa si dos atenuantes calificadas concurren en la especie. ¿Qué pasa si una persona tiene dos atenuantes calificadas que hacen que su penalidad sea de cinco años y la bajamos a tres años? ¿Merece este veto esa persona?
Pienso que este tipo de medidas deben ser entregadas al juez caso a caso, pero no meterlas en un bolsón así, a rajatabla, porque, como práctica, en el largo plazo, va a ser peligrosa. Y va a ser peligrosa porque si inauguramos esta práctica, vamos a tener una pelea política y empezaremos a pensar en tener como política criminal una herramienta para sacar progresivamente otras medidas alternativas en relación con la libertad para otros delitos. Esa pelea sería insostenible entre nosotros y, a la larga, nos negaríamos a la posibilidad de contar con instrumentos para rehabilitar gente, y, de esa manera, contribuir a tener una mayor paz social.
En mi opinión, en el tratamiento de este veto hemos tenido un cierto orgullo legislativo, pues reconocemos que esta materia es opinable.
Finalmente, señor Presidente, solicito votación dividida en estos dos números, porque algunos no nos sentimos con la capacidad de establecer una práctica que, creemos, no es sana. Y lo digo con mucha honradez intelectual y personal, sin perjuicio de reconocer que este proyecto merecía una revisión y, tal vez, otro veto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, al igual como lo han hecho otros colegas y también la señora Ministra, quiero destacar la excelencia de las modificaciones que se han introducido en el Código Penal, pues dejan claramente estipulada en la ley la dignidad de mujeres y hombres, al reconocer su libertad y autodeterminación sexual. Es un paso gigantesco frente a un Código Penal que establecía valores como honestidad, moralidad o protección de la familia por encima de la autodeterminación y de la libertad. Al calificar los delitos sexuales como atentatorios a la autodeterminación y a la libertad hemos puesto la ley a la altura del reconocimiento de los derechos humanos en el siglo XXI.
Con respecto a los delitos sexuales a menores de 12 años, las estadísticas señalan que entre un 75 y un 80 por ciento de los casos es decir 7 ú 8 de cada l0 ni siquiera son conocidos por la justicia. Considero muy importante el perfeccionamiento de la ley, pero ésta no basta.
Con respecto al veto recojo aquí los argumentos hechos valer por los colegas en cuanto al significado que tienen las penas alternativas dentro del sistema general penal, me hace mucha fuerza el hecho de que la mayoría de estos casos ocurren al interior de la familia. No estoy negando la rehabilitación de las personas, porque creo en ello, pero esa prerrogativa significaría, muchas veces, trasladar nuevamente el problema de la familia.
Frente a esa gran caja negra de los abusos sexuales, frente a esta gran realidad de que el abuso sexual a niños y niñas se da al interior de las familias y por personas conocidas, los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo tenemos la obligación moral de establecer medidas de prevención para evitar estos problemas. Es difícil, pero se dan casos en otros países. Por ejemplo, en Canadá se ha integrado al currículum escolar, para la formación de los niños desde los cinco hasta los doce años, todo tipo de metodologías que hacen que tengan conciencia clara de que sus cuerpos son suyos. Además, se los dota de instrumentos que les permitan decir “no” y denunciar a los mayores que intentan sobrepasar los niveles de autodeterminación de sus cuerpos.
En Chile no estamos haciendo nada al respecto, pero hay metodologías educacionales de prevención del abuso sexual. Si un niño sabe y tiene absoluta conciencia de que su cuerpo es suyo y de que puede denunciar una y otra vez a las personas hasta encontrar ayuda en los mayores, estamos colaborando a despejar esta incógnita negra. Dotarlos de este sistema es nuestra responsabilidad. En mi opinión, ésta será una muy buena ley, pero debemos meternos en esa caja negra y entregar, a través de la educación de los niños y de los padres, herramientas para que estos delitos sean conocidos y los niños no deban soportar una y otra vez al interior de sus hogares estos abusos a sus personas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en la Comisión hubo una discusión amplia acerca de la constitucionalidad, eficiencia y aplicación práctica de las observaciones del Presidente de la República.
Al igual que la Diputada señora Pía Guzmán , todos estuvimos de acuerdo en que la segunda observación, referida a la libertad condicional, no merece reproche de ninguna especie, de manera que nuestra preocupación se centró en la observación Nº 1.
Recuerdo que en esa oportunidad expresé mis aprensiones sobre una política criminal adecuada para los autores de delito de violación primerizos, menores de 18 años y mayores de 16 y menores de doce años declarados con discernimiento, como asimismo de los condenados como autores de tentativa o de delito frustrado, ya que aquí se suprimió el llamado principio de ejecución. Respecto de todos ellos, no cabe duda de que la pena real aplicada por los magistrados va a ser muy inferior a la pena legal. El Diputado señor Bartolucci incurre en un error al tratar de sacar consecuencias de las penas establecidas respecto de cada delito, puesto que la ley Nº 18.216, sobre beneficios alternativos, opera sobre las penas reales aplicadas por el magistrado.
Por otra parte, las observaciones del Diputado señor Jocelyn-Holt pecan de maximalistas, porque si él hubiera estado en la discusión de los cinco años, hoy sus argumentaciones podrían haberse estimado como sólidas y corresponder a ciertos fundamentos. Él cita, como gran argumento, que el abogado señor Hernán Fernández , que se dedica a estas materias, fue prácticamente el iniciador de la campaña pública para que se formulara este veto.
Cabe señalar que ese mismo colega aparece como firmante, entre 30 profesores, abogados y autores de obras penales, en un estudio del Instituto de la Mujer que nos fue entregado a los miembros de la Comisión Mixta, en cuyas páginas 26 y 27 aparece diciendo exactamente lo contrario de lo que opinó después a través de los medios de comunicación. En lo personal, el señor
Fernández me convenció con ese estudio. Por eso voté por la supresión del principio de ejecución y porque he sabido que mientras ha regido el Código Penal en este país esa norma ha dado origen a fallos contradictorios. En la doctrina se opina de múltiples formas; se analizan actos que a veces parecen pecados veniales, pero que, de repente, van aumentando hasta llegar a la consumación del delito. Entonces, ¿por qué no suprimir toda esa literatura? Se han hecho memorias, realizado estudios y escrito obras completas sobre el tema, y, sin embargo, aquí se resolvió haciendo lo que el sentido común aconsejaba: emplear las tres fases del iter criminis: la tentativa, la frustración y la consumación.
Quiero también reafirmar el veto presidencial, no obstante mi aprensión sobre el primer punto. Para comparar los distintos valores o bienes jurídicos protegidos por el Código Penal tendríamos que reformular toda una axiología teoría de los valores sobre lo que queremos tener: primero, la vida, pero después vienen otros valores. En consecuencia, no cabe la menor duda de que nuestro Código Penal debe ser reformulado. Eso sería lo máximo. Pero ésa no es nuestra tarea, sino algo parcial.
La primera observación que el Presidente de la República le introduce al proyecto es que la pena se cumpla íntegramente, y es lo que hoy exige la sociedad. En consecuencia, de acuerdo con el reglamento carcelario, con los proyectos emanados del Ministerio y con las palabras de la Ministra de Justicia, la persona no sólo va a estar privada de libertad, sino que va a ser capaz de rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad, a través de un tratamiento, de una mayor educación y de hacerse una especie de lavado de cerebro respecto de la autoría de los crímenes que hoy se sancionan.
Por eso, la persona no sólo se rehabilita cuando goza de plena libertad, sino también, cuando está privada de ella. Lo contrario sería reconocer que la privación de libertad consiste en tener poco menos que incomunicada a la persona, sin poder desarrollar ningún trabajo o sin poder recibir a los profesionales idóneos y necesarios para su rehabilitación.
En virtud de estos nuevos cánones penitenciarios, considero necesario dar nuestra aprobación a las observaciones formuladas al proyecto por el Presidente de la República.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, no cabe duda de que la comisión de un delito contra los menores produce una repulsa generalizada, y la ley tiene que estar en armonía con lo que la sociedad siente.
Antiguamente, en Inglaterra durante el siglo XVIII, o sea, no tan lejano en el tiempo, cuando los menores cometían un delito, eran ahorcados. Sin embargo, la humanidad ha ido evolucionando y el tema sobre los derechos de los niños y su aplicación ha ido cobrando cuerpo.
Éste es un buen proyecto, porque amplía las sanciones en la comisión de delitos. Hoy la violación afecta a niños y niñas por igual; también se amplía respecto de la violación bucal y anal. Sin embargo, lo más importante es que al juez se le concede la facultad de apreciar la prueba en forma más libre que lo que existe hoy, en que las violaciones son denunciadas, pero nunca llegan a ser efectivamente castigadas; es decir, no hay sanción para los hechores, porque el juez no tiene una latitud. Además, la nueva disposición señala que los menores no van a ser careados con sus agresores y establece la posibilidad de que se den facilidades para que se efectúe un examen privado, aun cuando es importante el examen público.
Este veto fue consecuencia de un clamor que partió por los medios de comunicación. Debo reconocer que tengo algunas dudas respecto de esto, en primer lugar, porque la pena no sólo debe ser aplicada al agresor como una sanción, en retribución a la sociedad agredida, sino porque también hay que darle la posibilidad de rehabilitarse.
En este sentido, aun cuando siento mucho respeto por la sapiencia del Diputado señor Elgueta , creo que exageró la nota al decir que la rehabilitación también se produce cuando se está en prisión. Eso no es así, porque la rehabilitación se produce cuando a la persona se le dan facilidades para iniciar su inserción en la sociedad.
Por otro lado, hay un menoscabo a la judicatura, porque el juez conoce completamente del proceso, conoce al agresor y sabe perfectamente si es menor de edad, si es primerizo, o si tiene alguna posibilidad de rehabilitarse. De otro modo, pienso que en la judicatura se cierra demasiado el círculo. Por eso, tengo dudas. Pero, si para evitar los resquicios legales necesitamos que esto se ponga en marcha, aun cuando tengamos dudas, vamos a tener que aceptar el veto.
En consecuencia, mi bancada va a votar favorablemente este veto, a pesar de las dudas y de las aprensiones que existen respecto de su eficacia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, me voy a referir a una cuestión formal. Creo que la modificación que se introduce al artículo 1º de la ley Nº 18.216 debería estar consignada en los artículos 362 y 372 bis del Código Penal y no en la ley que establece los beneficios a que se refiere dicha disposición legal. A mi juicio, se está legislando de una mala manera. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad de que esto se remedie, debemos hacerlo saber al Gobierno.
Estoy de acuerdo con lo señalado respecto del carácter excesivo de la disposición. Por lo tanto, también creo que la voy a votar negativamente.
Sin embargo a pesar de lo que aquí se ha señalado, considero excesiva la segunda observación formulada al proyecto por el Presidente de la República. Estoy de acuerdo en que los delitos tratados aquí son extremadamente graves y deben ser objeto de una sanción contundente, justa y ejemplarizadora lo cual se da por descontado; pero incorporar la violación de menores de doce años a una disposición legal, junto con los delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con resultado de muerte, infanticidio y elaboración o tráfico de estupefacientes, a mi juicio, rompe la debida proporción que debe existir entre las penas que se aplican a los distintos delitos, porque, en el fondo, se establece en forma expresa que la violación a un menor de doce años es equivalente a uno de los casos de homicidio extremadamente calificado. Hay que tener presente que en las modificaciones aprobadas anteriormente, la violación a menores de doce años se castiga con presidio mayor en cualquiera de sus grados. O sea, aquí pueden caber muchas formas de comisión del delito, que merecen penas muy diversas. Por eso, ponerlas en un mismo saco para los efectos de la libertad condicional, me parece una mala forma de legislar.
En consecuencia, anuncio mi voto negativo a esta parte del veto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde votar las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.
En votación la primera observación del Presidente de la República.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló , Alvarado , Álvarez , Arratia , Ávila , Bartolucci , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa, Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jarpa , Jaramillo , Jeame Barrueto , Krauss , Leal , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Martínez ( don Gutenberg) , Melero , Mesías , Molina , Montes , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Paya , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Velasco , Venegas , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Ascencio , Bertolino , Delmastro , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , Guzmán (doña Pía), Ibáñez , Vargas y Vega.
Se abstuvieron los Diputados señores:
Cardemil , Cristi ( doña María Angélica ) y Jocelyn-Holt.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, aunque no incide en el resultado de la votación, quiero dejar constancia de mi voto afirmativo, porque no apareció en el tablero electrónico.
El señor MONTES (Presidente).-
Así se hará. De la misma manera se procederá respecto de los votos de los Diputados señores Jiménez , Luksic y Monge , que, debido a un problema técnico, no aparecieron en el tablero electrónico.
En votación la segunda observación del Presidente de la República.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada.
Despachadas las observaciones del Ejecutivo.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados.
Acuña, Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Jocelyn-Holt , Krauss , Kuschel, Leal , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votó por la negativa el Diputado señor Ibáñez.
TRATADO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTERAS. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el tratado entre las repúblicas de Chile y Argentina sobre controles integrados de fronteras, suscrito en Santiago el 6 de agosto de 1997.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez , Ascencio , Bartolucci , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jeame Barrueto , Jiménez , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Martínez ( don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vega , Velasco , Villouta y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Ávila y Sánchez.
Se abstuvieron los Diputados señores:
Álvarez-Salamanca , Bertolino , Galilea (don Pablo) , Martínez (don Rosauro ) y
Vargas.
REGULACIÓN DE COBROS POR SERVICIOS ASOCIADOS AL SUMINISTRO ELÉCTRICO. Primer trámite constitucional. (Votación).
El señor MONTES (Presidente).-
A continuación, corresponde votar, en general, el proyecto de ley que modifica el DFL Nº 1, de 1982, de Minería, ley general de Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentren sujetos a fijación de precios.
Como el proyecto fue objeto de una indicación, debe volver a Comisión.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra la Diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, de acuerdo con el inciso final del artículo 130 del Reglamento, nuestro Comité solicita que, una vez aprobado en general este proyecto, se vote la indicación presentada por el Diputado Jaime Orpis , con el objeto de omitir el segundo trámite reglamentario, porque ello perjudicaría a los usuarios.
El señor MONTES (Presidente).-
Señora diputada, hemos hecho las consultas del caso con el autor de la indicación y con otros parlamentarios, y algunos están interesados en reabrir la discusión sobre algunos aspectos del proyecto.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, el artículo 130 del Reglamento considera la posibilidad...
El señor MONTES (Presidente).-
Por los dos tercios de los diputados presentes.
El señor HALES.-
Permítame terminar mi observación, señor Presidente.
Decía que el artículo 130 del Reglamento contempla no sólo la posibilidad de omitir el segundo informe de Comisión, con el voto conforme de los dos tercios de los diputados presentes, sino que también de discutirlo inmediatamente en particular.
Por lo tanto, no es necesario que vuelva a Comisión, si los dos tercios de los diputados presentes consideran que es urgente el despacho de este proyecto, porque regula la distribución eléctrica y los usuarios están esperando que ello se vea reflejado en sus boletas de consumo.
El inciso final del artículo 130 establece claramente que, aprobado en general un proyecto como ocurrirá a continuación se podrá entrar inmediatamente a la discusión particular. De manera que la discusión particular de este proyecto, que consta de un solo artículo, se puede realizar en la Sala, sin necesidad de que vuelva a Comisión, porque ello demoraría su despacho.
El señor MONTES (Presidente).-
Antes de darle la palabra al Diputado señor Orpis , debo recordar que la Mesa ya recabó el acuerdo de la Sala en ese sentido, pero no lo logró.
Solicito el asentimiento de los señores diputados para que este proyecto sea tratado por la Sala la próxima semana, a fin de que la Comisión disponga de una sesión más para analizarlo.
El señor HALES.-
Y que no vuelva a Comisión. Es una buena idea.
El señor MONTES (Presidente).-
No, señor diputado; para que sea tratado por la Comisión esta semana, y votado por la Sala la próxima. En ese sentido pedí el acuerdo de la Sala.
El señor HALES.-
Perdón, señor Presidente. No es la petición reglamentaria que estoy haciendo; yo invoqué el artículo 130.
El señor MONTES (Presidente).-
Sí, lo sé, señor diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, quiero hacer una proposición a la Sala, pensando en lo que ocurrió ayer, cuando terminó por consolidarse la integración vertical en toda la generación eléctrica.
Lo que plantea la indicación aun cuando se requiere profundizar más en el asunto, es segmentar, por lo menos, todos los servicios anexos para que no exista un monopolio absoluto.
Por lo tanto, con el objeto de que el proyecto sea despachado esta semana, en la tarde de hoy presentaré una indicación que va mucho más lejos sobre la materia. Propongo que sea tratada hoy por la Comisión, y discutida mañana por la Sala. De esa forma, por lo menos podremos discutir a fondo la segmentación respecto de los servicios anexos.
Ésa es mi solicitud, porque perder un día puede significar, en términos legislativos y de país, cosas muy importantes relativas a este tema, en particular para los consumidores.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario me indica que no puede ser tratado por la Comisión hoy día, porque no está incluido en la tabla.
Por lo tanto, propongo la próxima semana como fecha límite para que sea tratado por la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación en general el proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló , Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Arratia , Ascencio , Bartolucci , Bertolino , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Cardemil , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Jocelyn-Holt , Krauss , Kuschel, Leal , Leay , León , Letelier ( don Juan Pablo) , Longueira , Lorenzini , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prokurica. Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor HALES.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES.-
Señor Presidente, yo esperaba que el Diputado señor Orpis hiciera una observación reglamentaria, pero se ha limitado a fundamentar su petición de que el proyecto vuelva a Comisión.
Lo que establece el artículo 130 es que, después de aprobado en general un proyecto no antes, se podrá discutir inmediatamente en particular. La discusión de la integración vertical monopólica no tiene relación alguna con el contenido del proyecto; son temas distintos.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, la Mesa sometió a la consideración de la Sala la idea de votar el proyecto en particular la próxima semana, para lo cual hubo acuerdo unánime.
El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:
Artículo Único
Nº 2
Letra b)
1. Del Diputado Jaime Orpis para agregar en el Nº 4, nuevo, a continuación del punto (.), que pasa a ser seguido, la siguiente frase:
“Los concesionarios en forma directa podrán proveer los servicios no consistentes en suministro de energía con excepción del corte y reposición. Para proveer estos servicios anexos las empresas deberán constituirse como sociedades anónimas.”.
VIII.PROYECTOS DE ACUERDO
DESTINO DE RECURSOS POR ENAJENACIÓN DE EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE AISÉN.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 215, de los señores Pablo Galilea , Lorenzini , José García , Dittborn , Álvarez , Longueira , Montes y Sánchez , que en su parte resolutiva dice:
“Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que analice los antecedentes señalados, para que, a lo menos, el sobreprecio obtenido por Edelaysén (US$ 28 millones) queden en la Región de Aisén para que sean invertidos en nuevos programas que impulsen y mejoren el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votó por la negativa el Diputado señor Villouta.
Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se dará lectura a los siguientes proyectos de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Los proyectos de acuerdo Nºs 216 y 217 fueron postergados por sus autores.
PREFERENCIA A CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN OBRAS LICITADAS EN REGIONES.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 221, de los señores Bustos, don Juan ; Bustos, don Manuel ; Cornejo, don Aldo ; y señora Soto, doña Laura.
“Considerando:
1. Que en la Región de Valparaíso los niveles de cesantía han ido en aumento, llegando a un 9.2% en el trimestre septiembrenoviembre de 1998, lo que se constituye en la tasa más alta de desempleo a nivel nacional.
2. Considerando que las provincias dentro de la región más afectadas por la cesantía son Petorca con un 13.7%, Valparaíso con un 11.2% y San Antonio con un 9.7%.
3. Que, dentro de la estructura etaria de desempleo, los porcentajes son también superiores, especialmente en los grupos jóvenes y de edad intermedia.
4. Que la estructura sectorial de desempleo ha incidido particularmente en los sectores del comercio, construcción y servicios.
5. Que la región se ha visto afectada por sequías, temporales, baja del precio del cobre, ciclos recesivos y crisis internacionales que han incidido directamente en el desempleo de nuestra región.
Por tanto, se propone a la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de acuerdo:
Se solicita a los municipios de la Región de Valparaíso, Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, que introduzcan en las bases de licitación una regla en virtud de la cual los concesionarios estén en la necesidad de contar, dentro de la mano de obra contratada, a lo menos con un 70% de residentes en la Región de Valparaíso”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el señor León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, no es para hablar a favor del proyecto, sino para solicitar, por su intermedio, a los diputados patrocinantes de esta iniciativa para que dicho beneficio se haga extensivo a todo el país, pues sólo está planteado para la región de Valparaíso.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Señor diputado, ya está leído el proyecto de acuerdo. Habría que presentar otro.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, consulte si hay acuerdo unánime de la Sala para que este beneficio sea para todo el país.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por el Diputado señor León ?
Acordado.
En votación el proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votó por la negativa el Diputado señor:
Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Los proyectos de acuerdo Nºs 222 y 223 han sido postergados por sus autores.
COMISIÓN INVESTIGADORA DEL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN APLICADO EN IQUIQUE.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 224, de la señorita Antonella Sciaraffia , señora Eliana Caraball y de los señores Ascencio , Ortiz , Núñez , Silva , Palma, don Andrés ; Salas , Ojeda y Velasco.
“Considerando:
1. Que en el año 1993, el Alcalde de la ciudad de Iquique, don Jorge Soria Quiroga , ofreció a la comunidad iquiqueña un programa de autoconstrucción, que consistía en la entrega de un terreno para la construcción de viviendas, para lo cual se requería el pago de una cuota, que en esa fecha ascendía a $ 110.000 por persona.
2. Que alrededor de 8.000 personas se inscribieron en este programa, siendo alrededor de 1.000 los interesados que, el año 1993, cancelaron la cuota respectiva.
Para los efectos de la recaudación y administración de estos dineros, se constituyeron sociedades comerciales, entre ellas Cerda , Peña y Compañía, y Rodríguez , Santis y Compañía, sólo por mencionar algunas, en las que se estableció una cláusula especial mediante la cual se nombró como administrador de dichas sociedades al Alcalde de Iquique, don Jorge Soria.
El dinero recaudado se depositó en la cuenta corriente Nº 01364407978 del Banco del Estado, en uso de las facultades conferidas al administrador don Jorge Soria.
No obstante la existencia de estas sociedades comerciales, no se tiene conocimiento de que el Servicio de Impuestos Internos haya fiscalizado sus movimientos contables, ni el pago de los impuestos que correspondiere.
3. Que el año 1995, el Ministerio de Bienes Nacionales de la Primera Región entregó en comodato a la Municipalidad de Iquique 20 hectáreas de terreno en el sector de Alto Molle, con el objeto de que en esos terrenos se llevaran a cabo las construcciones contempladas en el programa de autoconstrucción referido.
4. Que, por su parte, el Gobierno Regional, para evitar que los futuros beneficiados por el programa en referencia ocuparan los terrenos donde se ubicarían sus nuevas viviendas, sin contar con servicios de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica ni pavimentación, gestionó la suscripción de un convenio entre la Municipalidad de Iquique, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda.
En virtud de este convenio la Municipalidad de Iquique se comprometió a efectuar el programa de autoconstrucción en un plazo no superior a tres años, a aprobar el seccional del Sector de Alto Hospicio, y, lo más importante, a que ningún futuro asignatario ocuparía los respectivos terrenos sin antes haberse construido la urbanización mínima para la utilización de viviendas.
5.Inmediatamente de aprobado el convenio señalado, la Municipalidad de Iquique procedió a asignar a las diferentes familias inscritas, los terrenos ubicados en Alto Molle, sin establecerse por parte de Serviu como inicialmente se había comprometido y como corresponde de acuerdo a la normativa vigente los criterios técnicos de acuerdo a los cuales se realizaría dicha asignación.
6. Una vez efectuada la asignación, se dio inicio a las obras, sin haberse presentado ni aprobado debidamente los planos de especialidad del proyecto, tales como alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y pavimentación.
Para el financiamiento de estas obras, la Municipalidad de Iquique entregó inicialmente 200, y luego 400 millones de pesos, previa aprobación del Concejo.
7. Que, cabe hacer presente que en este tipo de convenios de autoconstrucción, los municipios sólo prestan asesoría técnica; en este caso la Municipalidad de Iquique participó directamente en la construcción de viviendas y urbanización de los terrenos.
8. Que, por otra parte, los trabajadores que hoy se desempeñan en este programa de autoconstrucción, pertenecen a empresas contratistas que celebraron contrato con la Municipalidad de Iquique para la realización de otro tipo de actividades, tales como el ornato y aseo de la ciudad.
Esto significa que el pago de sus remuneraciones, horas extraordinarias, etcétera, son canceladas con fondos municipales y no con el presupuesto destinado al programa en comento.
Desde el punto de vista laboral, el trabajo para el cual se contrató a estas personas ha variado sustancialmente, sin que la Inspección del Trabajo haya intervenido a la fecha.
9. Que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó en comodato a la Municipalidad de Iquique un terreno para la instalación de una planta bloquetera, con el objeto de entregar a quienes se encuentran construyendo sus casas, diez bloques de cemento por cada saco aportado, sistema que no ha funcionado viéndose perjudicados algunos futuros propietarios, ya que se les han asignado menos bloques de lo acordado.
10. Que a la fecha, existiendo alrededor de 12.000 familias inscritas en este programa, después de cinco años desde que se diera inicio al programa de autoconstrucción, y a tres años desde la entrega de los terrenos necesarios para la concreción de dicho programa, no se han terminado de construir las obras de urbanización, ni se ha concluido la construcción de ni siquiera una vivienda, existiendo a lo sumo, 30 casas sin terminar de un total de miles que deberían existir.
11. Que los futuros beneficiarios del programa de autoconstrucción, debido a su desesperación, han hecho ocupación de los terrenos sin que existan allí instalaciones básicas de agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica, no obstante el compromiso adquirido por la Municipalidad en orden a evitar estas situaciones.
12. Que esta situación se ve agravada, además, por el hecho de que cientos de familias, ajenas al programa de autoconstrucción, frente a su tremenda necesidad de vivienda, y por la mala información que han recibido, han hecho “tomas” de los mismos terrenos, destinados a este programa, sin que el municipio responda por ello.
13. Que lo anterior se ha traducido en que quienes hoy habitan este sector, lo hacen en condiciones de insalubridad, sin sistema de agua potable, alcantarillado, electricidad ni pavimentación, existiendo focos de hepatitis y otras enfermedades infecciosas que afectan especialmente a los niños.
14. Que cientos de familias que entregaron hace más de cinco años una cuota para obtener su casa propia, se encuentran viviendo en condiciones de marginalidad, toda vez que esperanzados en este programa, no postularon a los sistemas de vivienda que entrega el Gobierno, y sin poder hacer uso del dinero invertido en una obra que no ha sido concluida.
15. Que de todos los antecedentes expuestos, se desprende la necesidad de investigar la responsabilidad que le cabe en estas materias al Ministerio de Bienes Nacionales, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Servicio de Impuestos Internos, a la Inspección del Trabajo y al Gobierno Regional de la Primera Región.
En relación al Ministerio de Bienes Nacionales, es importante conocer cuál es la política de asignación de terrenos para este tipo de programas.
De igual forma, es necesario establecer con claridad la intervención del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en este tema, toda vez que él era el órgano llamado a establecer criterios de asignación y fiscalizar las condiciones técnicas de construcción.
Por último, el Gobierno Regional de la Primera Región deberá informar respecto a su no intervención en una situación que se ha traducido en un foco de marginalidad mediante las vías de hecho, así como el Servicio de Impuestos Internos y la Inspección del Trabajo deberán dar cuenta del cumplimiento de sus funciones de fiscalización.
Proyecto de acuerdo:
Constitúyase una Comisión Especial Investigadora para que en un plazo de sesenta días elabore un informe detallado sobre el programa de autoconstrucción llevado a cabo en la ciudad de Iquique, especialmente en los siguientes aspectos:
Intervención del Gobierno Regional de la Primera Región en este Programa;
Políticas de entrega de terrenos, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, para este tipo de programas;
Verificación de condiciones técnicas por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Políticas de fiscalización que lleva adelante la Inspección del Trabajo;
Políticas de fiscalización que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos; y
Demás aspectos relacionados con el financiamiento y estado de avance de dichas obras en relación a la actuación de otros organismos públicos que les quepa algún tipo de responsabilidad en este programa”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Que se apruebe por unanimidad!
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobarlo por unanimidad?
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
El proyecto de acuerdo Nº 226 ha sido postergado por sus autores.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ENAJENACIÓN DE AGUAS A ENDESA.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 227, de los señores Mora, Riveros , León , Pareto , Rincón , señora Eliana Caraball , señorita Antonella Sciaraffia , señores Cornejo, don Aldo ; Mulet y Jiménez.
“Considerando:
1. La alarma pública que ha generado en el país la denominada “Crisis Energética”.
2. La constatación que la Comisión de Energía y Minas ha hecho en torno a la investigación que han motivado el racionamiento eléctrico en el país, en cuanto a la flexibilización por parte del Ministerio de Obras Públicas del convenio para la extracción de aguas del lago Laja y río Maule por parte de Endesa.
3. La gravedad de lo afirmado en el informe de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, acerca de la “Investigación de los hechos que han motivado el racionamiento de energía eléctrica en el país”, que en el último punto del último párrafo de la página 126 señala:
“Más cuando el agua entregada por la DOH habría sido dada a un precio conveniente para Endesa,...”.
4. La gravedad de lo afirmado en cuanto a la venta de agua por parte de Obras Públicas, que en el mismo informe en la página 127, en el tercer párrafo, 2ª parte, dice:
“La Dirección de Obras Hidráulicas, se apoya en un estudio de la Consultora Mega Red, llamado “Estimaciones de límites máximos de las compensaciones de Endesa a la Dirección de Riego por acuerdo sobre la operación del Lago Laja”. En él se señala que el producto de la negociación es la oportunidad de uso del agua embalsada, estimando el beneficio para Endesa en US$ 11.6 millones...”.
5. Lo afirmado en el citado informe en la página 127, en el 5º párrafo que dice:
“Esta Comisión estimó que el sistema eléctrico se estaba comportando correctamente y si el agua se hubiese entregado al precio de mercado o costo de oportunidad, no habría habido racionamiento en noviembre y habría quedado agua para eventuales o siguientes racionamientos”.
6. Que existen en el cuerpo del informe antecedentes de que el Fisco podría haber sufrido un daño patrimonial con motivo de la venta de agua a Endesa.
Se acuerda:
1. Enviar los antecedentes que la Comisión ha reunido en torno a esta investigación, al juez del crimen competente, con el fin de solicitarle que investigue si existe o no fraude al Fisco u otra conducta ilícita.
2. Solicitar al Consejo de Defensa del Estado que asuma la defensa de los intereses del Fisco, ante la Justicia del Crimen en la forma que su ley orgánica lo determina.
3. Enviar los antecedentes que la Comisión ha reunido en torno a esta investigación a la Contraloría General de la República, solicitándole: a) Determinar la legalidad de los procedimientos administrativos obrados en la flexibilización del convenio entre Obras Públicas y Endesa; b) Determinar exactamente el valor que correspondía cobrar por Obras Públicas por la venta de aguas a Endesa; c) Determinar cualquier otra irregularidad que en torno al tema en comento, la Contraloría, en virtud de las facultades que le competen, pudiese determinar.
4. Constituir una Comisión Especial Investigadora que, en cuanto al tema citado acerca de la venta de aguas, profundice y concluya esta investigación a fin de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El señor VALENZUELA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, antes de tratar el proyecto de acuerdo, solicito que se distribuya a todos los parlamentarios, porque no está en sus escritorios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario me informa que no está porque había cuatro que se retiraron, y que, en todo caso, basta su lectura.
Se suspende la sesión para distribuir el proyecto de acuerdo.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, solicito que antes de proceder a su votación, el señor Secretario dé lectura a la indicación que se formuló a este proyecto de acuerdo, ya que el texto que se leyó y se está distribuyendo no es completo.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El Prosecretrio dará lectura a las modificaciones.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Las modificaciones dicen como sigue:
“1.Sustituir en el numeral 2 de los considerandos la expresión “de Energía y Minas” por “de Minería y Energía”, y en el mismo numeral, reemplazar la palabra “río” por “cuenca”.
2. Realizar la misma sustitución respecto del nombre de la Comisión aludida en el numeral tres.
3. Agregar a continuación del considerando seis, los siguientes nuevos considerandos:
Nº 7.- Que en el mes de abril recién pasado se ha mantenido la política de transferencia de aguas del Laja y Maule , por parte del Ministerio de Obras Públicas a la Empresa Generadora Endesa S.A., alcanzando en esta oportunidad una cantidad aproximada de 60 millones de metros cúbicos.
Nº 8.- Que en el mismo mes se ha constatado que la agudización de la crisis eléctrica ha tenido, entre otras razones, el funcionamiento deficiente de la Central Nehuenco de propiedad de la empresa Generadora Colbún S.A.
Nº 9.- Que a la fecha, existiendo normativa eléctrica y resolución administrativa que obliga a las generadoras deficitarias a comprar la energía a costo de falla, estas mismas han señalado públicamente que seguirán comprando a costo marginal, desvirtuando así el funcionamiento del mercado eléctrico.
Nº 10.- Que, a la luz de los acontecimientos relacionados con el nuevo racionamiento de energía eléctrica que afecta a más del 80 por ciento de los chilenos, estimamos necesario establecer claramente las causas y efectos de dichas medidas en la población y en el desarrollo del país.
4. Eliminar el numeral 1 de los acuerdos.
5. Eliminar en el numeral 2 de los acuerdos la expresión “ante la justicia del crimen”.
6. Eliminar en el numeral tercero de los acuerdos, las letras “B” y “C”.
7. Reemplazar el numeral cuarto por el siguiente: constituir una comisión especial investigadora, que deberá especialmente investigar lo siguiente: a) las causas precisas y sus efectos, del nuevo racionamiento eléctrico que sufre el país; b) las razones del fracaso en las medidas de ahorro de energía propuestas por el sector público y privado; c) investigar la venta y/o flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas, o sus organismos dependientes, con Endesa S.A.; d) investigar las causas de los retrasos en la entrada en funcionamiento de la Central Nehuenco, de su deficiente funcionamiento y si estos hechos se deben a decisiones erróneas cuando se acordó su construcción”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En discusión.
Solicito el acuerdo de la Sala para aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo con sus indicaciones.
¿Habría acuerdo?
El señor VALENZUELA.-
No, señor Presidente.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
El Diputado señor Mulet tiene la palabra hasta por tres minutos.
El señor MULET.-
Señor Presidente, junto con otros parlamentarios presentamos este proyecto de acuerdo con el objeto de continuar una investigación que hizo la Comisión de Minería y Energía a raíz de la crisis eléctrica.
Creo que hay unanimidad de los parlamentarios en torno a la materia, y fundamentalmente, a raíz de la crisis que hoy sufre el país, interesa investigar tres líneas que son las que se modificaron a través de las indicaciones que leyó el señor Prosecretario.
1. El problema y las dudas que existen respecto de las transacciones o enajenaciones o acuerdos entre Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas.
2. Investigar el tema de Nehuenco, porque parte principal de la crisis obedece a la situación que hoy vive dicha central, y desde que se encargó su construcción.
3. Seguir investigando el racionamiento eléctrico, ya que es absolutamente necesario aclarar el tema para responder a los doce millones de chilenos que están en el sistema interconectado central.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, considero muy importante avanzar en esta investigación, más aún cuando pareciera que se pretende empañar la imagen de una persona que está a las puertas de ser Presidente de la República. Por consiguiente, no tenemos ningún inconveniente, porque es bueno para el país, si el día de mañana una figura de la envergadura de Ricardo Lagos llega a ser Presidente de la República, que se investigue cualquier cosa que pueda empañar su imagen.
De tal manera que damos plenamente nuestro consentimiento para investigar lo planteado en el proyecto de acuerdo y solicito a su Señoría que pida la unanimidad para aprobarlo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, no me opongo, por principio, a formar ninguna comisión investigadora, y así lo he demostrado en más de una oportunidad; pero sí me opongo a que se cometan errores tan garrafales en un proyecto de acuerdo, sobre todo por los diputados abogados que lo suscriben. Lo voy a demostrar.
Lo que digo me lo ha ratificado, por propia iniciativa, el colega Elgueta , quien ha retirado su firma del proyecto, e incluso me ha pedido un minuto para fundamentar su voto en contra.
Hay errores graves en el proyecto de acuerdo, porque se piden cosas que ya están contempladas y acordadas en la Comisión especial que trató el tema de energía, como, por ejemplo, enviar los antecedentes a la Contraloría. De hecho, en relación con el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal, cualquier funcionario público y esto se envió al Presidente de la República tiene la obligación, conociendo un ilícito, de enviar el asunto a los tribunales de justicia. Desde ese punto de vista, el proyecto es improcedente.
Ahora, desde el punto de vista del fondo del problema, hay errores garrafales, porque no se trata de una venta. Se dice en su número 6) que el Fisco podría haber sufrido un daño patrimonial en la venta de agua a Endesa. ¡No hay venta!
Tengo en mis manos el decreto, de fecha 20 de julio de 1998, firmado por el ministro de Obras Públicas de la época y el Presidente de la República, Ricardo Lagos y Eduardo Frei , respectivamente, donde se dice mediante un considerando: “En virtud del acuerdo de fecha 10 de julio de 1998, no serán afectadas las aguas destinadas al desarrollo de nuevos proyectos de regadío”. Es decir, este decreto es sólo una manifestación, en el sentido de que las aguas que quedarán en las lagunas del Maule y en el Laja no afectan los derechos de los regantes. Lo que cobra el Ministerio no es la venta de las aguas, porque éstas siempre han pertenecido a Endesa, tal cual quedó de manifiesto en la propia Comisión investigadora. Repito: no hay venta. Aquí hay una autorización, que tiene que ser planteada en un decreto supremo, para flexibilizar el uso de las aguas, de tal manera que el Estado las ha entregado en dos millones doscientos mil dólares, en veintidós veces más de lo que ofreció Endesa.
No hay venta sobre cosa ajena. No se ha pagado el precio que se señala en el proyecto de acuerdo, porque las aguas eran de Endesa, son de Endesa y seguirán perteneciendo a ella.
Entonces, el deseo de fiscalizar, no los actos de gobierno, sino la gestión del ministro Lagos, como se expresa en un artículo del diario “La Tercera”, lleva a distinguidos colegas, especialmente abogados, a confundir lo que se enseña elementalmente en la escuela de derecho para calificar lo que es un acto de contrato traslaticio de dominio, como la venta.
Aquí no hay venta, sino solamente una autorización ministerial. Y por eso estoy de acuerdo en que se investigue cualquier acto, pero no el referido a este instrumento que firma el Presidente de la República y que lo hace también el Ministro Lagos sólo como ministro de fe.
He dicho.
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra para hablar en contra del proyecto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No puede hacerlo, porque ya lo hizo un señor parlamentario de la misma bancada.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Se abstuvieron los Diputados señores:
Letelier (
IX.INCIDENTES
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO CONCEBIDO Y NO NACIDO. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, una tendencia afortunadamente creciente en los últimos años, ha establecido la consagración, en distintos textos, de los derechos del que está por nacer. Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948, se proclamó que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. De este modo, se ratificaban los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Posteriormente, la Convención de los Derechos del Niño, aprobada también por Naciones Unidas en noviembre de 1989, estableció, en su preámbulo, que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso debida protección legal tanto antes como después del nacimiento.
En el derecho internacional latinoamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, también estableció la protección por ley y, en general, a partir desde el momento de la concepción.
Estos principios han sido recogidos en la institucionalidad chilena, tanto en el inciso primero del artículo 1º de la Constitución, que en su texto actual dice que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, así como en el artículo 19, que asegura a todas las personas el derecho a la vida e impone a la ley proteger la vida del que está por nacer.
En ese orden, el legislador ha dictado un conjunto de normas a lo largo de toda la existencia de la vida republicana, tendientes a preservar este derecho.
Este derecho no es un problema de ideologías, ni es de índole religiosa. Es, antes que todo, un problema antropológico, porque el derecho del que está por nacer emana directamente de la naturaleza humana y por ello es exigible a toda la especie, sin distinción alguna.
Por eso es que, acogiendo este impulso saludable, en cuanto al reconocimiento de estos derechos, se ha propiciado en lo extenso del mundo la idea de establecer el 25 de marzo de cada año como el Día del niño concebido y no nacido.
Como hemos señalado, este es un problema de antropología, de la naturaleza del ser humano. La verdad es que, en la preservación y proyección de este derecho, las iglesias cristianas, y particularmente la Católica, han tenido una especial relevancia. Y el 25 de marzo dice relación con dos elementos de la liturgia cristiana que corresponden a la Anunciación a María, que inicia la consagración humana de Cristo como salvador de los hombres, y, adicionalmente, vinculado con este hecho, el día en que se da a conocer la encíclica “ Evangelium Vitae ”, que el Papa Juan Pablo Segundo destinó a todos los hombres de buena voluntad, en la cual se proclama como valor sagrado la vida humana.
En este país, se ha acogido y recogido esta idea, que consiste simplemente de traducir en un símbolo, en un gesto de carácter social, el respaldo a los derechos del que está por nacer. Hoy, presumiblemente en el honorable Senado, se votará un proyecto de acuerdo que apunta a que el Presidente de la República, dentro de las facultades de que está investido constitucionalmente, dicte un decreto que establezca el día del niño concebido y no nacido.
Nos parece que esta proposición debe ser también asumida por la Cámara de Diputados, a lo menos por quienes nos sentimos interpretados por ese criterio.
Por ello, solicito que se envíe un oficio a su Excelencia el Presidente de la República que contenga no sólo esta intervención, sino, además, la proposición de que dicte las normas tendientes a que en la fecha referida se celebre anualmente el Día del niño concebido y no nacido.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana y de los diputados que lo están solicitando.
PENSIÓN DE GRACIA PARA EL ARTISTA CARLOS HELO. Oficio.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, en otro orden de materias y en forma breve, el país ha tomado conocimiento en los últimos días de la situación que afecta a un artista de larga trayectoria en los escenarios nacionales.
Carlos Helo , durante 40 años, se dedicó al oficio no fácil de hacer reír, de transmitir el humorismo para elevar el espíritu de la gente. Y ayer lo hemos visto, en un espacio de la televisión, afectado por una seria enfermedad y, además, como ocurre normalmente con los artistas en nuestro país, carente de todo sustento previsional y de asistencia médica.
Por lo tanto, nos parece pertinente que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para que, en reconocimiento a lo que Carlos Helo ha significado en el arte popular chileno, se le pueda otorgar una pensión de gracia.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de su bancada y de los diputados que lo están señalando.
ANTECEDENTES SOBRE COSTOS DE HABILITACIÓN Y OPERACIÓN DEL TÚNEL DE CARACOLES. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, el Ministerio de Obras Públicas se decidió a habilitar, en 1994, el antiguo túnel de Caracoles, ubicado en la línea férrea que unía a Los Andes con Mendoza, construido a comienzos de siglo por los hermanos Clark , con tecnología de esa época, el cual sirvió durante muchos años para el uso mixto del ferrocarril transandino y de los vehículos motorizados. No obstante, con la construcción del nuevo túnel Cristo Redentor en la década de los 80, y con el cese del tránsito ferroviario, el túnel Caracoles quedó en desuso.
Su habilitación, iniciada en agosto de 1994, terminó en 1995 y tenía por objeto permitir el paso de vehículos que transportan cargas peligrosas. Sin embargo, después de visitar esa obra, se comprobó que no permite el paso de camiones grandes, con acoplados, o transportes de contenedores, que son los que mayoritariamente transportan cargas peligrosas, las cuales hoy alcanzan al 18 por ciento de la carga total por el paso Libertadores, con un promedio de 400 camiones diarios.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que informe a esta Cámara sobre:
a) El objeto de la habilitación del túnel Caracoles;
b) Costo total de dicha habilitación, con el valor de compra del túnel a Ferrocarriles;
c) La autoridad responsable de esa operación; y
d) La utilización hasta esta fecha, es decir, el número de vehículos que lo han utilizado, su tamaño y el tipo de carga.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, junto con el texto de su intervención.
AFECTACIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA POR COMPRA DE ACCIONES DE ENDESA POR ENERSIS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, hoy día, a través de la compra de un paquete accionario por parte de Enersis, relacionado con la empresa Endesa , se ha producido un impacto indudable a la libre competencia en nuestro país, toda vez que dicha adquisición le permitirá controlar el 60 por ciento de la empresa generadora más importante del país.
Con esta acción, se desarrolla un proceso que constituye un abuso de una posición dominante si a ello se agrega la integración vertical que se produce en el sistema eléctrico de nuestro país, presencia dominante en una empresa importante en la transmisión como Transelec, ya que Endesa controla el 99,9 por ciento de las acciones, y una clara presencia mayoritaria en la distribuidora Chilectra.
Como Cámara de Diputados, creemos que no podemos quedar sin reacción frente a un hecho semejante, y, por lo mismo, cobra vital importancia el proyecto de ley presentado por un grupo de honorables diputados para hacer frente al tema de la integración vertical, proyecto que debiera tramitarse a la brevedad posible en esta Corporación, sea incorporándolo y pidiéndolo de esa manera al Supremo Gobierno, en lo que resta de la legislatura extraordinaria, o entrar a conocer de él en la legislatura ordinaria, que comienza el próximo 21 de mayo.
Debemos resguardar la libre competencia, porque va en directo beneficio de los consumidores de nuestro país. En definitiva, al entrar a legislar sobre esta materia no sólo llenaremos un vacío que, sin duda, existe en nuestra legislación lo prueba la operación realizada hoy, sino que estaremos cumpliendo con nuestro objetivo de defender el bien común.
Al observar dicha operación con los efectos de concentración que tiene, uno se pregunta qué debe ocurrir en nuestro país para que operen los mecanismos antimonopolios, porque es difícil encontrar un ejemplo de concentración más claro y manifiesto que el concretado en el día de hoy.
He dicho.
REPUDIO A DISCRIMINACIÓN DE ESTUDIANTE DISCAPACITADO EN COLEGIO PARTICULAR. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, hace algunos días, la opinión pública nacional quedó tremendamente impactada por lo ocurrido a un joven discapacitado en el Instituto Tabancura. Desgraciadamente, por error u omisión, ese joven fue dejado fuera de su colegio, sentado en una silla por largas horas.
Es realmente impactante lo que conocimos al respecto. Como diputados de la Comisión de Educación, creemos que se cometió un tremendo error, garrafal, de discriminación, ya que el mismo joven declaró que en el Instituto Tabancura él no era bien atendido. Aún más, que era odiosamente perseguido, al parecer, por sus profesores y por la comunidad escolar. Estos hechos también se repiten en otros establecimientos educacionales, los que en su construcción no consideran los medios necesarios para que los niños con discapacidad puedan moverse y acceder a los servicios higiénicos, a las salas de clases y participar en las actividades normales del devenir educacional.
Por desgracia, también hemos sabido de la violación de un niño que era trasladado en un vehículo de la Teletón.
Como parlamentarios, educadores, padres de familia, creemos que el Ministerio de Educación está realizando una actividad realmente importante en lo referente a la integración de los niños con discapacidad motriz, cuya inteligencia es igual a la de cualquier niño normal.
En nombre de los padres con hijos discapacitados hay más de un millón y medio en el país, alzo mi voz para repudiar ese acto, que transgrede toda humanidad y ensucia la función pedagógica de los maestros y del colegio. Debemos dar cuenta de este hecho dramático para que nunca más vuelva a repetirse en Chile.
Solicito se oficie al Ministro de Educación, a fin de que se investigue y castigue, con las máximas sanciones posibles, al mencionado establecimiento y a las instituciones que discriminan a los jóvenes con discapacidad, como también los hechos denunciados a la prensa y acaecidos al niño en esa desgraciada y lamentable oportunidad. Debemos dar todo tipo de posibilidades a esos jóvenes, pues con el plan del Ministerio de Educación se está trabajando para integrarlos a la educación normal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo solicitan.
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES DE DISTRITO 40 EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS QUE LOS AFECTAN.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, quiero contar mi experiencia, que se relaciona con una iniciativa que llevó a cabo hace más de dos años el ex Presidente de la Corporación, Diputado señor Gutenberg Martínez , al crear el Parlamento Juvenil.
Todo el mundo dice que la juventud no está “ni ahí” con la política. Pero, recordando mis vivencias juveniles y apoyado en mi inquietud y agrado de servir a la comunidad, invité a decenas de jóvenes de mi distrito, tanto del Parlamento Juvenil como alumnos de todos los liceos se juntaron setenta niños, con quienes estuvimos desde la mañana y compartimos un almuerzo de camaradería. Se formaron tres comisiones para tratar los problemas de la zona y su posible solución, como la cesantía juvenil, pues hoy existe gran cantidad de gente preparada, educada, que no tiene un porvenir seguro.
Creo que sería interesante repetir esta experiencia con todos los colegas a lo largo del país la creación del Parlamento Juvenil fue una muy buena idea, para que los jóvenes participen, opinen y tomen la gran responsabilidad que deberán asumir en algunos años más. Ellos serán los conductores del futuro del país.
Quería dar a conocer esta experiencia a la Cámara.
He dicho.
PREOCUPACIÓN DE LA MESA POR PROBLEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS.
El señor VEGA.-
En segundo lugar, señor Presidente, con mucho agrado vi en la televisión que la Mesa de la Cámara pidió hablar con el ministro correspondiente para que se preocupe de la situación económica de los pequeños y medianos propietarios, agricultores, comerciantes, y solicitar se les otorguen las facilidades correspondientes a los deudores hipotecarios.
Al respecto, debo señalar que en los últimos cuatro meses he intervenido tres o cuatro veces para pedir que se oficie a los ministros de Hacienda y de Economía sobre el particular, pero no se ha dado solución alguna al problema. El daño que se veía venir en noviembre ya llegó, y hoy la solución es mucho más complicada que hace un tiempo.
Por ello, agradeceré a la Mesa que se preocupe de un tema tan importante.
He dicho.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN PUERTO OCTAY. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El Comité de Renovación Nacional ha dispuesto ceder el resto de su tiempo al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en la comuna de Puerto Octay, que corresponde al distrito que represento, está en proyecto de construcción un puente colgante, en reemplazo de otro que tiene muchos años de uso y que se encuentra en un estado de destrucción casi completo, lo que implica un alto riesgo de accidentes por el tráfico de vehículos sobre él.
En la actualidad, dicho puente, el Coihueco 2, está considerado en un protocolo de acuerdo del gobierno regional para reponer una serie de puentes, o sea, cuenta con la aprobación del gobierno regional y, por lo tanto, con los fondos asignados y la evaluación positiva de Mideplan. Entonces, lo que se requiere es acelerar la licitación de las obras.
Por ello, solicito se oficie al gobierno regional de la Décima Región, a fin de que acelere la licitación de construcción del mencionado puente.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SOLUCIONES HABITACIONALES Y SANITARIAS EN COMUNA DE ENTRE LAGOS. Oficios.
El señor RECONDO.-
En segundo lugar, señor Presidente, en la comuna de Entre Lagos fue traspasado a Bienes Nacionales un terreno de propiedad de Ferrocarriles.
Sobre el particular, solicito se oficie al Ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que traspase dicho terreno al Serviu, a título gratuito, a fin de concretar los programas de viviendas en la comuna.
En la misma comuna de Entre Lagos está en proyecto un programa de mejoramiento de barrios para completar la segunda etapa del alcantarillado en las poblaciones “Nueva Esperanza” y “General Lagos”. En la primera etapa, que ya concluyó, se presentaron muchos problemas en la ejecución del programa, por falta de capacidad de las municipalidades para obrar como unidad técnica en estos trabajos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al señor Marcelo Schilling , subsecretario de Desarrollo Regional, para que en el proyecto de la segunda etapa de mejoramiento de barrios en sectores de las poblaciones “Nueva Esperanza” y “General Lagos” se considere en el presupuesto una porción para contratar por la municipalidad la asesoría técnica, que es la que debe obrar como unidad técnica del proyecto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que lo hagan presente a la Mesa.
LICITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CENTRO DE EVENTOS REGIONAL DE LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en tercer lugar, solicito que se oficie al gobierno de la Décima Región para que informe por qué no se ha licitado la administración del Centro de Eventos Regional, que fue construido con fondos regionales, es decir, con recursos del Fndr, en el hotel Puerto Varas, edificio fiscal en el cual funciona actualmente el casino de juegos.
Una vez concluida la construcción, el Centro de Eventos fue entregado en concesión a la empresa concesionaria del casino sin licitación pública, en forma directa. Incluso, entiendo que hay un informe de la Contraloría que exige que la administración del centro sea licitada públicamente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al gobierno de la Décima Región para que informe si ha hecho la licitación, si la hará o por qué no se ha cumplido con lo que la propia Contraloría ha dispuesto respecto de ese centro.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que lo hagan presente a la Mesa.
FISCALIZACIÓN DE SOBRECARGA DE CAMIONES EN DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, finalmente, quiero hacer presente que la empresa española Sacyr , concesionaria de la construcción del tramo Río BuenoPuerto Montt de la carretera ruta 5 sur, subcontrata empresas locales especialmente para realizar movimientos de tierra en el sector, con camiones con sobrecarga de material, y como estos vehículos deben transitar por la carretera actual, se provoca su destrucción.
Por su parte, la Dirección de Vialidad, organismo encargado de la fiscalización del tonelaje por eje de los camiones, no la ha efectuado, y, por lo tanto, corresponde que la haga, para efectos de que se cumpla con la norma del tonelaje por eje. Así. probablemente, se exigirá a la empresa concesionaria la contratación de mayor cantidad de camiones para movilizar la misma cantidad de tierra en igual tiempo, lo cual, sin duda, beneficiará a los pequeños empresarios de camiones de la zona, que tendrán la posibilidad de ser contratados por dicha empresa.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas, para que exija que la Dirección de Vialidad de la Décima Región cumpla con la obligación de fiscalizar el pesaje de los camiones, sobre todo cuando transitan sobre la ruta 5, a fin de ejercer la fiscalización respecto de los camiones que en la actualidad están siendo subcontratados, asegurando así el cumplimiento de la norma relativa al límite de carga por eje a todos los camiones que transitan por dicha ruta.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que lo hagan presente a la Mesa.
CONSECUENCIAS DE PROHIBICIÓN DE VUELOS NACIONALES A ISLAS MALVINAS. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, cuando se produjo la primera decisión del ministro inglés Jack Straw , de dar curso al procedimiento de extradición contra el Senador Pinochet, el Gobierno chileno tomó una serie de medidas. Por ejemplo, convocó al embajador en Londres y propuso revisar sus políticas o decisiones con el Gobierno inglés. Junto a ello, anunció que solicitaría la suspensión de los vuelos hacia las islas Malvinas o Falkland, sugerencia que terminó siendo una prohibición expresa, de cuya constitucionalidad siempre hemos dudado.
Como dichos vuelos partían sólo desde Punta Arenas, los magallánicos y en general todos los habitantes de la Duodécima Región, teníamos justas dudas acerca de los verdaderos fundamentos o razones para adoptar la medida. Por una parte, dudábamos de su eficacia, es decir, si influye o no en Inglaterra, especialmente si pensamos que todas las semanas vuelan dos aviones de gran capacidad desde Londres hacia las Islas Malvinas, vía isla Ascensión. Pero, sobre todo, criticábamos la resolución del Presidente Frei , porque significaba una grave asimetría, que nos parecía muy extraña. Se prohibió a Punta Arenas volar a las Malvinas, pero los vuelos de pasajeros y de carga hacia Londres se mantuvieron intactos, a pesar de ser mucho más relevantes desde el punto de vista económico.
Además, dicha suspensión nos parecía bastante triste, porque es una ruta que desde 1988 costó mucho conseguir, debido a la oposición argentina, la que, incluso, obligó a establecer una escala técnica, pero voluntaria, en la ciudad de Río Gallegos, entre Punta Arenas y las Malvinas, y que se había logrado consolidar como una alternativa interesante desde el punto de vista económico; se había logrado desplazar cerca de 1.500 pasajeros al año, una gran cantidad de carga, y servía, por un lado, a la flota pesquera en torno a las Malvinas, mayoritariamente con tripulantes chilenos; por otro lado, a un creciente turismo, tanto de habitantes de las islas hacia la Duodécima Región como viceversa; y, por último, constituía un buen apoyo de servicios y repuestos desde Magallanes hacia las islas Malvinas.
Esta duda del verdadero fundamento de la medida quedó un tanto develada en las últimas semanas con la aparición de numerosas publicaciones de prensa argentina, brasileña y uruguaya, que señalan que no se debería a una respuesta por el caso Pinochet, sino a un compromiso que habría adquirido nuestro Gobierno en cuanto a permitir que sólo se pudiera volar a las islas Falkland o Malvinas desde Argentina y no desde otros países sudamericanos, reafirmando en ese caso las pretensiones de soberanía argentina.
Eso nos parece muy grave no sólo porque afecta directamente a nuestra Región, o porque se haya usado otro argumento, en lugar de públicamente apoyar una pretensión atendible, aunque discutible, de Argentina, sino porque ha provocado consecuencias en la salud y en la vida de una persona. Es el caso reciente del pasajero Héctor Cárdenas Barrientos , un pescador que sufrió una lesión estando en las Malvinas, en que el Gobierno, debido a esta prohibición, impidió, no una vez, sino insistentemente, vuelos de Magallanes para evacuarlo a fin de operarlo en nuestro territorio, en la ciudad de Punta Arenas. Incluso, la empresa regional DAP había conseguido autorización argentina para transportar a este pasajero por razones humanitarias, pero el Gobierno lo impidió. De hecho, terminó autorizando un vuelo institucional de la Fuerza Aérea y con una ruta extraordinariamente extraña y sospechosa, porque, en vez de volar desde Punta Arenas a las Falkland, que es la más cercana y lógica, terminó siendo Islas Malvinas , Bariloche (en Argentina), Puerto Montt y Punta Arenas, donde finalmente el pescador fue operado.
Eso nos parece de enorme extrañeza y tiende a reafirmar la idea de que no sería una respuesta al caso del Senador Pinochet podemos estar a favor o en contra de ese tipo de respuestas, sino a otro compromiso oculto.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, para que expliquen, en primer lugar, la verdadera finalidad y el alcance en el tiempo de esta medida que está produciendo daño económico y social en nuestra región; en segundo lugar, si existen compromisos externos con la República Argentina para suspender en el futuro todo tipo de contacto aéreo desde Punta Arenas y, en general, desde Magallanes , hacia las Islas Malvinas o Falkland; en tercer lugar, los fundamentos de este curioso vuelo, pues desde 1988, más de once años, el vuelo constante era desde Punta Arenas a las Malvinas; ahora, por razones humanitarias y con urgencia, después de haber estado más de diez días lesionado en las Islas Malvinas, insistimos, se permitió este increíble y lento vuelo de regreso: Malvinas , Bariloche , Puerto Montt ; finalmente, si hay algún estudio o si existe alguna medida para equiparar el duro golpe a ciertos sectores económicos regionales, como son ya los aludí el pesquero, el turismo, el de asesorías, repuestos, servicios y, sobre todo, el de transporte aéreo.
Antes de terminar, le concedo una interrupción al Diputado señor Sergio Velasco.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por el Diputado señor Álvarez , con la adhesión de los Diputados señores Pedro Muñoz , Ávila , Velasco y de quien habla.
ENCUENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAS REGIONES DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, agradezco la gentileza del colega señor Álvarez , quien me ha otorgado esta interrupción.
Ayer se realizó un encuentro regional de educación parvularia en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Fue un trabajo realmente admirable de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que reunió a un gran número de profesoras educadoras de párvulos, quienes realizan una labor realmente importante, fundamentalmente con los niños de hasta seis años, respecto de los cuales, como sabemos, apenas se cubre el 30 por ciento de sus matrículas, por lo que se requiere trabajar mucho para que el otro 70 por ciento, especialmente el de los sectores más apartados de Chile, puedan acceder a la educación prebásica.
Hoy dos proyectos de ley en tramitación en el Parlamento que otorgan reconocimiento constitucional, a través de la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Loce , a esta actividad educacional, que es de vital importancia para el desarrollo de nuestros niños.
En esta Región, donde las cosas no son difíciles, sino que muy difíciles de realizar, tuvimos la dicha de encontrarnos con gente extraordinariamente amable, con su directora nacional y un conjunto de otros expertos en materia de educación prebásica, donde tuve la ocasión de participar en representación de la Comisión de Educación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Educación, con el objeto de felicitar a su directora nacional Orfelia Reveco , así como a la directora regional de la Región de Magallanes, por la actividad que están realizando, destinada a impulsar un trabajo efectivo de capacitación y perfeccionamiento a todo el sector educacional prebásico de esa Región, especialmente de los sectores de extrema pobreza.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Pedro Muñoz , Mario Acuña , Nelson Ávila y de quien habla.
INFORMACIÓN SOBRE EVENTUAL OFICINA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS INSTALADA EN CONCEPCIÓN.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, solicito que la Cámara de Diputados instale una oficina para el comando de Ricardo Lagos y otra para el de Andrés Zaldívar en San Felipe o Los Andes. Ello, porque en Concepción hay una que está al servicio de la candidatura de don Joaquín Lavín.
Tengo en mi mano fotocopia de la página correspondiente de la guía telefónica, en la cual se puede leer que, después de otras Cámaras, como la Cámara Chilena de la Construcción A.G., la Cámara Chilena de la Construcción Servicio, la Cámara de Comercio de Concepción, figura la nuestra, la Cámara de Diputados de Chile, cuya dirección, según se aprecia en el texto a que aludo, sería Angol 365, y tendría los siguientes teléfonos: 210117 y 255577, por si alguno de ellos está ocupado.
Deseo que esta Corporación me responda si es factible lo solicitado por mí. Si así fuese, ojalá que se instalara antes del 30 de mayo.
En caso de que este planteamiento suscite alguna duda, porque reconozco lo insólito del mismo, agradecería que informase cuál es el origen de la decisión expresada en este texto a que he hecho referencia, de instalar una oficina en la ciudad de Concepción.
Un ciudadano de la Octava Región se comunicó telefónicamente conmigo para señalarme su sorpresa de que el financiamiento público a las campañas electorales estuviere expresándose de una manera tan poco transparente. Él aludió al hecho de que una noticia de tanta significación tendría que haber sido comunicada por todos los medios, esto es, que una campaña presidencial llevada a cabo por el alcalde señor avín estuviere beneficiándose de recursos públicos en una oficina que, obviamente, tiene este carácter, en la medida en que pertenece a esta Corporación.
Señor Presidente, agradezco que, cuanto antes, pudiésemos dilucidar estas dudas que me he permitido hacer presentes en esta ocasión.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, la Mesa no tiene conocimiento de que exista una oficina de la Cámara de Diputados en Concepción.
Por lo tanto, vamos a encargar a la Mesa y a la Comisión de Régimen Interno que se aboque al estudio de esta materia, con el objeto de aclarar los antecedentes que usted ha entregado.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, hago entrega de la fotocopia que he utilizado para mi intervención.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Gracias, Diputado señor Ávila.
INSTRUMENTALIZACIÓN DEL TEMA DE LA ENTREGA DE DERECHOS DE AGUA A ENDESA.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, quiero denunciar una campaña de prensa y de la derecha de este país, destinada a instrumentalizar la entrega de aguas del Laja a Endesa en 1998, con el fin de impedir que se produjera un racionamiento en el invierno de ese año, que habría afectado a la economía y a la vida de la población.
Creo que se está utilizando este tema, porque hemos visto periódicos de este fin de semana que se referían extensamente a ello, como elemento distractivo respecto de la crisis de energía eléctrica que vive el país; quizás si para ocultar que los senadores de la Derecha están haciendo lo imposible por dificultar el proyecto del Gobierno que modifica las atribuciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que establece elementos y factores de fiscalización y de regulación de un sector privado que no puede seguir siendo solamente un negocio, sino que tiene que ser esencialmente un servicio público que resguarde y entregue energía eléctrica de manera ininterrumpida a la población, ya que la gente paga por eso a las distribuidoras, en contratos formalmente establecidos.
En el fondo, la Derecha quiere cubrir con un manto la posición de sus senadores y la de los senadores designados, que están tratando de rebajar las multas, de que no haya indemnización a todo evento a los usuarios y de impedir que en el país haya regulación y fiscalización sobre los derechos de los usuarios frente al sistema eléctrico privado.
Además, este tema es parte de una verdadera guerra entre las empresas, y hay un intento de utilizarlo instrumentalmente en términos electorales.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Le resta un minuto, señor diputado.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, hago presente que yo estaba inscrito con cinco minutos y van 2,25.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, parte del tiempo del Comité del Partido por la Democracia lo ocupó el Diputado señor Ávila.
El señor LEAL.-
En todo caso, quiero decir frente al tema, que más allá de la instrumentalización, somos partidarios de que se investigue esto y también cómo se privatizaron las empresas eléctricas.
Además, somos partidarios de que se investigue nuevamente la crisis de energía eléctrica.
La Derecha es responsable del tema, en particular porque la privatización se hizo entregando los derechos de agua a Endesa, ya que cuando se discutió el Código de Aguas, la Derecha recurrió al Tribunal Constitucional para impedir que Endesa tuviera que pagar por las aguas que no ocupaba. Además, porque se ha negado a legislar sobre la modificación de los convenios que permiten que Endesa tenga el monopolio de las aguas y, por lo tanto, del sistema de producción de energía eléctrica a través del sistema hídrico.
Subrayo que es el tema de fondo y quiero denunciar estas maniobras. Ya tendremos ocasión en otro momento de volver a referirnos al punto, porque lo importante es resguardar los intereses de los usuarios y de un sistema que efectivamente garantice que haya energía eléctrica de manera permanente en el país.
He dicho.
DENUNCIA SOBRE IRREGULARIDADES EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, la ley Nº 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, es un seguro social administrado, sin fines de lucro, por diversas entidades, siendo las más importantes las corporaciones de derecho privado llamadas “mutualidades de empleadores”, reguladas por el decreto Nº 285, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de 6 de diciembre de 1968. Allí se las define como corporaciones de derecho privado, cuya finalidad es administrar este seguro social obligatorio, y poseen su propio estatuto orgánico, sujeto a las disposiciones legales pertinentes.
Los fondos administrados por las mutuales de empleadores, cuya calidad es la de un mero gestor de bienes, son públicos. Por ello, el Tribunal Constitucional ha resuelto que su patrimonio, que la ley Nº 16.744 autoriza administrar a las referidas mutualidades de empleadores, no elimina el carácter ni la finalidad de fondos públicos. De allí que se lo califica como un patrimonio de afectación destinado a cumplir fines sociales, que no otorga a su gestor las facultades plenas del dominio.
Estas mutualidades de empleadores están dirigidas y administradas por un directorio paritario de representantes de empleadores adherentes y de trabajadores afiliados, cuyas funciones, atribuciones, duración y elección, entre otras materias, están reguladas por el decreto Nº 285 antes citado, y los estatutos y actuaciones están sujetos a la fiscalización permanente de un órgano administrativo, con facultades de supervigilancia y sanción, como la Superintendencia de Seguridad Social, organismo centralizado dependiente del Ministro del Trabajo y Previsión Social, conforme a la ley Nº 16.395 y demás disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
La intervención del Estado en la formación y funcionamiento de los entes mutuales, como agentes de la llamada “seguridad social”, está garantizada en la Constitución Política como un derecho fundamental, en su artículo 19, número 18, que asegura a todas las personas el derecho a la seguridad social, estableciendo luego que “El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.
El Estado ejerce la fiscalización que le compete a sus organismos contralores, a través de la Superintendencia de Seguridad Social, la Contraloría General de la República y las comisiones investigadoras de la Corporación.
Es del caso que en uno de estos entes mutuales, específicamente en el Instituto de Seguridad del Trabajo, desde hace un tiempo se ha estado cometiendo una serie de irregularidades, denunciadas, entre otros, por la amplia mayoría de los directores representantes de los trabajadores afiliados, lo que ha obligado a diversas intervenciones del Estado, a través de sus entes fiscalizadores. Lamentablemente, estas intervenciones fiscalizadoras no han tenido la suficiente eficacia para transparentar la gestión de aquel ente.
La mayoría de los directores representantes de los trabajadores afiliados del Instituto de Seguridad del Trabajo, me ha entregado una serie de antecedentes documentales que avalan sus denuncias, existiendo en el último tiempo supuestas irregularidades cometidas en el proceso electoral de renovación del directorio de dicha entidad mutual, lo que constituye una abierta infracción a la legalidad que rige tan trascendental acto para la marcha y funcionamiento de dicha institución.
En efecto, de acuerdo con antecedentes que obran en mi poder, se ha pretendido suspender la renovación del directorio de la institución, sin fundamento legal alguno, invocando un presunto conflicto de normas, atendida la circunstancia de encontrarse aún pendiente la aprobación definitiva de reformas de estatutos por parte de la autoridad administrativa correspondiente, no obstante haberse iniciado ya el proceso electoral, en función de los estatutos actualmente vigentes. Sin embargo, habiendo sido impugnado el acuerdo de suspensión de la elección, la Superintendencia de Seguridad Social, como organismo regulador y fiscalizador y mandatada por el artículo 46 de la ley Nº 16.395, que la obliga a emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad de estos actos en un plazo de cinco días, aún no emite su dictamen.
Los directores laborales, además, han puesto en mi conocimiento otras presuntas irregularidades, entre las que cabe destacar, por su trascendencia, la referida a la composición y quórum de la VI Junta General Extraordinaria de Adherentes, en la cual, un número ínfimo de personas que ni siquiera son empresarios y mediante subterfugios, aprobó una reforma, violentando el quórum calificado exigido por la ley y los estatutos, lo que daña, obviamente, la seriedad y prestigio del Instituto de Seguridad del Trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito que se oficie en ni nombre a la Ministra de Justicia y al Superintendente de Seguridad Social, a fin de que informen a la Corporación sobre los hechos relatados, estado de las reclamaciones interpuestas y toda información que, en su mérito, sea fundamental para la transparencia y estricto apego a la legalidad vigente, sobre las acciones cometidas por el Instituto de Seguridad del Trabajo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.58 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los Diputados señores Prokurica , Vilches , Alessandri , Osvaldo Palma , Bertolino , Delmastro , Álvarez-Salamanca , Van Rysselberghe , Cardemil y la Diputada señora Marina Prochelle.
Impone obligación que indica para los titulares de nuevos oficios conservatorios de bienes raíces que se establezcan. (Boletín Nº 2335-07)
Es obligación del Estado establecer para todos los habitantes del país, un sistema de acceso expedito a la administración de justicia como asimismo a sus organismos auxiliares.
Esta acción, que normalmente se materializa junto con la creación de nuevas comunas, ha significado la implementación gradual de una desconcentración territorial de la administración judicial, lo que necesariamente conlleva la creación de Notarías y oficios de Conservador de Bienes Raíces.
Sin embargo, esta actividad gubernamental que obviamente aparece bien inspirada, origina gastos adicionales a los diversos usuarios que deben efectuar trámites sobre propiedad inmobiliaria en los nuevos oficios conservatorios que se crean.
En efecto, al quedar sujetos a la jurisdicción territorial del Conservador de Bienes Raíces cuya creación se ha dispuesto, deben reinscribir los títulos de dominio referidos a los inmuebles que posean, como asimismo todo gravamen que lo afecte. Esta situación implica obtener previamente en el oficio conservatorio originario, certificados de dominio vigente y de hipotecas y gravámenes lo que ya genera un gasto inicial para requerir posteriormente la reinscripción pertinente ante el nuevo Conservador de Bienes Raíces, diligencia que también debe ser pagada a este funcionario.
Esto costos no debieran ser asumidos por los propietarios de inmuebles, por cuanto, en su oportunidad, ellos han cumplido con su obligación legal de inscribir el respectivo título para que el acto jurídico pertinente se repute perfecto.
En la actualidad no existe una regulación legal que exima a los propietarios inmobiliarios de incurrir en estos gastos adicionales, y el Reglamento de Registro Conservatorio de Bienes Raíces no contempla disposición alguna sobre la materia.
Por otra parte, si bien este reglamento, que data del 24 de junio de 1857, fue dictado en virtud del mandato contenido en el artículo 695 del Código Civil, se ha considerado siempre por la jurisprudencia que dicho texto reglamentario es un Decreto con Fuerza de Ley, habiendo tenido incluso una modificación mediante vía legislativa, como es la que reemplazó su artículo 22, en virtud de la ley Nº 10.512, de 12 de septiembre de 1952.
El presente proyecto tiene como finalidad establecer que el titular que sea nombrado para ejercer en un nuevo oficio conservatorio que se establezca, debe asumir los costos de las reinscripciones de títulos de dominio que deban efectuarse, como consecuencia de la creación de este cargo.
Para este efecto, se propone agregar al texto reglamentario señalado, en su Título II “Del nombramiento y funciones del Conservador”, un nuevo artículo 13 bis, que contengan esta disposición.
En mérito a las consideraciones precedentes, sometemos a la consideración del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase a continuación del artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, el siguiente artículo 13 bis:
“La creación de un nuevo oficio conservatorio de Bienes Raíces, impone al titular que se designe, la obligación de asumir los costos de las reinscripciones inmobiliarias que deban efectuarse en los respectivos registros”.