Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN IQUIQUE.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- AMPLIACIÓN DEL MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL . (Votación).
- ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE RESPONSABLES DE “TOMA” DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- ALTURA DE MIRAS Y RESPONSABILIDAD FRENTE AL TEMA DE LAS INDEMNIZACIONES.
- INFORMACIÓN SOBRE DEUDA DE EX SENADOR. Oficio.
- PAGO A CONTRATISTAS DE PROYECTOS SOCIALES EN PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE CONCESIONES ACUÍCOLAS EN PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- LABOR DE LA CORPORACIÓN DEL COBRE Y DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
- ADHESION
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Enrique Jaramillo Becker
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- PRECISIONES SOBRE EJERCICIO DE LAS FACULTADES FISCALIZADORAS DE LOS DIPUTADOS.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- POSTERGACIÓN DE LICITACIÓN DE PREDIOS DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficios.
- ADHESION
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maria Pia Guzman Mena
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jaime Orpis Bouchon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 6ª, en jueves 12 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 10.47 a 13.48 horas)
Presidencia del señor Jeame Barrueto, don Víctor.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión8
III.Actas8
IV.Cuenta8
V.Fácil Despacho.
Autorización a familiares de personal del servicio exterior para desempeñar actividades remuneradas. Segundo trámite constitucional8
VI.Orden del Día.
Informe de la Comisión de Educación sobre las causas de la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación10
Informe de la Comisión investigadora de programa de autoconstrucción en Iquique22
VII.Proyectos de acuerdo.
Ampliación del mandato de la Comisión investigadora de la privatización de la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Esval. (Votación)35
Acciones legales en contra de responsables de “toma” de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación35
VIII.Incidentes.
Altura de miras y responsabilidad frente al tema de las indemnizaciones37
Información sobre deuda de ex senador. Oficio39
Pago a contratistas de proyectos sociales en provincia de Linares. Oficio40
Antecedentes sobre concesiones acuícolas en Puyuhuapi, comuna de Cisnes. Oficios41
Labor de la Corporación del Cobre y de la Empresa Nacional de Minería. Oficio41
Precisiones sobre ejercicio de las facultades fiscalizadoras de los diputados43
Postergación de licitación de predios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Oficios44
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Informe de la comisión mixta, recaído en el proyecto que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos (boletín Nº 228905)45
Pág.
2.Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente recaído en el proyecto que regulariza la situación de inmuebles de propiedad estatal con el objeto de otorgar reconocimiento legal a su destinación (boletín Nº 242712)55
3.Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, y sus anexos, suscritos en Santiago el 21 de octubre de 1999 (boletín Nº 254610)58
4.Nuevo primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Pasajeros e introduce otras modificaciones (boletín Nº 249615)66
5.Moción de las diputadas señoras Guzmán, doña María Pía, y Cristi, doña María Angélica, y de los diputados señores Cornejo, don Aldo, y Orpis, que establece la comunicación al Boletín Comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias (boletín Nº 260018)74
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Urrutia, legalidad del despido de asistente social de la municipalidad de Putre.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Navarro, aspectos de seguridad de aeropuertos.
Del diputado señor José García, lista de postulantes a pensiones asistenciales, de vejez e invalidez, actualizadas al 31 de julio pasado, de cada una de las regiones del país.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Del diputado señor Juan Bustos, vigencia de la Sociedad Inmobiliaria Gran Turismo Ltda.
Del diputado señor Lorenzini, existencia de compromisos escritos entre el SAE y los Directores de la Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A.
Del diputado señor Bertolino, línea de crédito B13 en la Cuarta Región.
Del diputado señor Navarro, procesos de certificación pesquera del recurso jurel entregados a privados; fecha en que entró en vigencia el sistema de posicionamiento satelital de naves.
Del diputado señor Molina, corte de suministro de energía eléctrica que afectó a localidades que indica.
De los diputados señores Van Rysselberghe, Ulloa y Masferrer, cargos que desempeñó en Corfo el señor Iván Parra Ramos, entre los años 1960 al 2000.
Del diputado señor Víctor Pérez, antecedentes referentes a la Empresa Portuaria de Chile.
Del diputado señor Longton, utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Ministerio de Educación
De los diputados señores José Pérez, Rincón, Ojeda, de la diputada señorita Sciaraffia y Comité parlamentario del Partido Socialista, estudio sobre la realidad ocupacional de Chile.
De la Corporación, medidas adoptadas sobre monumento al general Pinochet en Carretera Austral.
Ministerio de Agricultura
De los diputados señores René García, Felipe Letelier, Delmastro, Pablo Galilea y ÁlvarezSalamanca, ayuda a sectores afectados por nevazones en la Novena y Undécima Regiones.
Ministerio de Planificación y Cooperación
De los diputados señores Lorenzini, JocelynHolt, Felipe Letelier, Andrés Palma, Joaquín Palma, Reyes y de la diputada señora Caraball, licitación en la Séptima Región.
De los diputados señores Van Rysselberghe, Delmastro, Reyes, Ulloa, Vargas y diputada señora González, estudio de diagnóstico y disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Tomé.
Municipalidad de Quinchao
Del diputado señor Kuschel y Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional, Por la Democracia y Demócrata Cristiano, alumnos matriculados en primer año básico y alumnos egresados de cuarto año medio.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (82)
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--ÁlvarezSalamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Carrillo, Pablo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--GarcíaHuidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--JocelynHolt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Mora Longa, Waldo
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Seguel Molina, Rodolfo
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Jaime Rocha y Edmundo Salas.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.47 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 39ª de la legislatura ordinaria Nº 342, se declara aprobada.
El acta de la sesión 1ª de la legislatura extraordinaria Nº 343, queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.FÁCIL DESPACHO
AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios del acuerdo internacional celebrado entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia , Paraguay , Rumania y Nueva Zelanda, respectivamente, para autorizar a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y consulares a desempeñar actividades remuneradas en el país receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Jarpa.
Antecedentes:
Proyectos del Senado, boletines Nºs 2538-10, 2539-10, 2540-10, 2541-10 y 2542-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar a la Sala, tal como usted lo ha expresado, en segundo trámite constitucional y sin urgencia, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Dinamarca, en 1997; de Finlandia, en 1998; del Paraguay, en 1997; de Rumania, en 1999, y de Nueva Zelanda, en 1996, que tienen por objeto liberar de las inmunidades de jurisdicción a los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales de los países suscriptores, con el objeto de que puedan desempeñar actividades laborales o profesionales en el país receptor.
Estos tratados bilaterales son de alto interés para los gobiernos contratantes, ya que, junto con integrar a los familiares de estos funcionarios con los ciudadanos de los países receptores, se acrecientan los lazos de amistad entre las naciones.
Desde el punto de vista jurídico, estos tratados, fundados en el principio de la reciprocidad internacional, son necesarios para liberar a los familiares del referido personal de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen la Convención de Viena o los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales, con el objeto de que puedan desempeñar trabajos remunerados en el país receptor.
Se entiende por trabajo remunerado cualquier actividad que se desempeñe en virtud de un contrato privado y la práctica liberal de una profesión o la realización de negocios privados independientes.
Se exceptúa a quienes se desempeñan en las propias misiones diplomáticas del país, ya que no necesitan de esta autorización.
Dejo constancia de que, de estos cinco tratados, el suscrito con Nueva Zelanda sólo incluye a los familiares de quienes se desempeñan en misiones diplomáticas y consulares y no a los familiares de funcionarios de organismos internacionales.
Debemos hacer notar que a pesar de que los tratados no imponen restricciones sobre el tipo de empleo que pueda desempeñarse, establecen ciertas limitaciones respecto de actividades calificadas, las cuales deben cumplir las normas que exige cada Estado receptor, como también podrá haber limitaciones por razones de seguridad, que hagan imprescindible la contratación de nacionales del país receptor.
Además, estos tratados establecen el procedimiento que se ha de seguir ante el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor para obtener la autorización de trabajo, que consiste básicamente en que la misión respectiva debe presentar una solicitud ante el mencionado ministerio. Una vez acreditada la condición requerida, se enviará una comunicación oficial de aceptación.
También debemos dejar constancia de que los beneficiados con estas normas estarán sujetos a todas las normas tributarias y previsionales del Estado receptor.
Asimismo, se establece que estas actividades terminan cuando el funcionario de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales del cual son familiares cesa en sus actividades.
Se entiende por familiares dependientes de dicho personal el o la cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, a los menores de 25 años, si cursan estudios postsecundarios o superiores en el caso de Nueva Zelanda, esto solamente alcanza hasta los hijos menores de 23 años, y a los hijos solteros de cualquier edad, física o mentalmente discapacitados.
Estos tratados son de suma importancia para mejorar, en un mundo cada vez más globalizado, las relaciones entre los países.
Debo dejar constancia de que ya se han firmado tratados de este tipo con otros países, como Colombia, Filipinas , Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Venezuela, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los proyectos de acuerdo que figuran en los siguientes boletines: 253810 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en mayo de 1997; 253910 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, firmado en mayo de 1998; 254010 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, firmado el 24 de abril de 1997; 254110 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por notas entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, y finalmente, 254210 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelanda, firmado en diciembre de 1996.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió estos proyectos por unanimidad, y propone a la Sala que los apruebe en la misma forma.
Debo dejar constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en los Nºs 2º y 4º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, el proyecto no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado, como tampoco es necesario que sea sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, los convenios me parecen muy relevantes, y el informe, muy completo. Quiero agregar que mi experiencia como embajadora me permitió conocer casos muy importantes relacionados con la materia, como el de cónyuges de embajadores, que no podían ejercer su profesión o hacer alguna investigación porque no existían los acuerdos pertinentes.
Entonces, creo que estamos dando pasos bastante importantes, sin perjuicio por cierto de respetar la legalidad vigente en cada país. Estimo que deberíamos aprobar los proyectos de acuerdo sin mayores reparos, porque van a ser de mucha utilidad para nosotros en un mundo absolutamente nuevo, globalizado, en el que no podemos dar la espalda a los avances existentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.
VI.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación sobre la investigación de las causas de la paralización de actividades, por más de 60 días, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Diputada informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es la señora María Antonieta Saa.
Antecedentes:
Informe de la Comisión investigadora, sesión 5ª, en 11 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, en cumplimiento del mandato entregado por la Cámara, viene en informar sobre la investigación de las causas de la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce.
El mandato, en virtud del cual se realizó esta investigación, tiene su origen en el acuerdo Nº 446 de la Corporación, adoptado el 2 de agosto del año en curso, que encomendó a la Comisión investigar las causas que han motivado los más de sesenta días a la fecha del informe de paralización de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, investigación que debíamos efectuar en un plazo de treinta días.
Los fundamentos de la investigación fueron fijados teniendo presente el carácter de garantía constitucional que reviste el derecho a la educación, en que corresponde al Estado otorgar una protección especial a su ejercicio.
Además, se señaló que en el último tiempo, en el ámbito de la educación universitaria, se ha producido gran cantidad de paralizaciones y de “tomas” por parte del estudiantado, como medio de hacer valer sus derechos, cuestión que reviste especial gravedad en el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la que, a la fecha del informe, llevaba más de dos meses de paro, afectando su normal desenvolvimiento y colocando a los alumnos en serio riesgo de pérdida del semestre académico.
Se agregó que lo anterior incide negativamente en la adecuada formación de los futuros docentes, ya que deberán afrontar la pérdida del semestre o recibir las clases que se les impartan en menos tiempo del que corresponde.
También se sostenía en el proyecto de acuerdo que el concepto de la autonomía universitaria no puede significar la entrega de facultades absolutas a las autoridades académicas para la distribución de los recursos que el Estado les entrega para un determinado fin, siendo un deber de los parlamentarios velar por que éstos sean adecuadamente invertidos, especialmente si su mala distribución puede traducirse en la posibilidad de que muchos estudiantes no puedan continuar sus estudios.
Por último, se señaló que la Corporación no puede mantenerse al margen de un conflicto que, a la fecha del acuerdo, ya duraba más de dos meses y que amenaza prolongarse aún más, impidiendo el normal funcionamiento de la Universidad.
Con el mandato de la Cámara, la Comisión se reunió especialmente, y, en el transcurso de su investigación, recibió el parecer de las siguientes personas: del entonces rector de la Universidad, señor Jesús González López , y de su equipo directivo: el director de administración y finanzas, señor Jorge Brieba ; el director de asuntos estudiantiles, señor Rodolfo Peña , y el director jurídico, señor Gonzalo Huidobro.
La Comisión recibió también a los dirigentes de la Asociación de Académicos; al representante de los apoderados de alumnos de la Umce, señor Guillermo Cisternas , y a los cuatro voceros del movimiento estudiantil. Además, nos reunimos con la junta directiva de la Universidad, presidida por el doctor Fernando Monckeberg.
Se recibieron más de 200 documentos emanados de esos distintos estamentos.
Luego de un debate sobre los antecedentes recibidos, la Comisión llegó a las siguientes conclusiones:
“1Como es de conocimiento público, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Umce , fue creada como tal en 1985, transformando así la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago separada en 1981 de la Universidad de Chile en universidad. La institución nació con la misión de convertirse en un centro de excelencia dedicado a la investigación y formación de profesionales de la educación, misión que no ha podido abordar con profundidad, debido a las diversas crisis que ha debido enfrentar a lo largo de su desarrollo.
2. Durante el presente año, la Universidad ha sufrido una prolongada paralización de actividades, conflicto inicialmente producido por los problemas de financiamiento que enfrentaron los estudiantes con motivo de la asignación del Fondo Solidario, situación que, al prolongarse de manera indefinida, hizo preciso investigar sus causas.
3. Si bien el conflicto se inició en mayo del presente año, debido a los problemas de financiamiento denunciados por los estudiantes de la institución, puesto que más de 500 alumnos no contaban con crédito universitario, éste se fue extendiendo, siendo un factor determinante la falta de confianza en la información proporcionada por las autoridades y, en general, en la gestión de la Universidad, especialmente en la labor desarrollada por el rector, señor Jesús González. En dicho proceso fracasaron los diversos intentos de diálogo al interior de la institución, lo que evidencia una profunda crisis de la entidad universitaria.
Como resultado del análisis de la totalidad de los antecedentes recogidos durante la investigación, aportados por representantes de los distintos estamentos de dicha casa de estudios superiores, es posible concluir que los siguientes aspectos constituyen los elementos esenciales del conflicto:
“a) La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación cuenta con bases institucionales insuficientes y precarias, que no han sido modificadas de modo de actualizarlas y dar al funcionamiento de la institución una razonable flexibilidad.
Dicha característica de la institucionalidad, que debe ser corregida, se ha visto profundizada por la incapacidad del rector y su cuerpo directivo para manejar y dar solución al conflicto, adoptando una actitud que no contribuyó a propiciar el diálogo al interior de la institución. Así, por ejemplo, se rechazó la formación de una mesa negociadora impulsada por los académicos de la Universidad, a quienes, además, se habría descalificado y amenazado con la interposición de querellas criminales.
b) Lo anterior se ve agravado por el hecho de que la Umce es una institución profundamente dividida en casi todos sus estamentos y en la cual es evidente, tanto en los académicos como en los funcionarios y estudiantes, una gran desconfianza hacia la gestión desarrollada por el rector y su cuerpo directivo y hacia la información que ellos han proporcionado. Esta situación ha hecho imposible que prosperen las instancias de diálogo promovidas por distintos actores de la institución.
De esta manera, la Junta Directiva de la institución, presidida por don Fernando Monckeberg , que formó la comisión de acercamiento, ente destinado a conocer y recoger las posiciones de los actores y contribuir a la construcción de una agenda de temas que sirvieran de base para un debate amplio, ha resuelto estimar fracasadas las gestiones orientadas a encontrar una solución inmediata y permanente que garantice la normalidad institucional de la Universidad. Dicho órgano, en declaración pública ampliamente difundida, ha establecido que “no ha sido posible encontrar cauces de solución que permitan normalizar las actividades académicas de la Universidad”, agregando: “Estimamos que la actual crisis que enfrenta la institución tiene connotaciones profundas que exceden con creces a la actual coyuntura, las que no han podido superarse a pesar de los esfuerzos realizados”.
Recuerdo a los parlamentarios que este informe se aprobó en la Comisión la semana pasada, antes de los últimos acontecimientos.
Atendido lo anterior y vista la total desconfianza que impera en la Universidad hacia las actuales autoridades, es posible establecer que la reconstrucción de la entidad se hace extremadamente difícil, de mantenerse las mismas autoridades en sus cargos.
c) El movimiento estudiantil de la Umce, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de las instituciones universitarias, no cuenta con una federación de estudiantes o una organización formal, elegida democráticamente, que lo represente, sino que se articula en torno al Consejo de Presidentes de las 17 carreras de la Universidad, entidad que cuenta con cuatro voceros, que deben responder ante la Asamblea. Dicha organización genera falta de operatividad, pues no se cuenta con interlocutores válidos y se ve afectada la real representación del estudiantado.
El movimiento desarrollado por los estudiantes no ha tenido las características de violencia de otras ocasiones y no se aprecia de manera evidente la actuación de partidos políticos organizados que estuvieren manejando el conflicto al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Por otra parte, es preciso establecer que más allá del movimiento estudiantil existente, opera en la Umce un grupo violento que ha realizado algunas acciones vandálicas, cuya acción no ha sido determinante en este conflicto.
Si bien distintos estamentos han señalado que este caso se trataría de un conflicto de minorías dentro de la Universidad, llama la atención que los demás integrantes de la comunidad universitaria no hayan reanudado las actividades normales, a la espera de la resolución del conflicto.
Con todo, es preciso lamentar que en último término los estudiantes hayan declinado dialogar en las instancias que se crearon al efecto y que hayan recurrido a mecanismos ilegítimos como la toma, panfletos y rayados ofensivos, en aras de lograr una solución para toda la comunidad universitaria, optando en definitiva por mantener la movilización, sin abandonar la fijación de condiciones que hacían muy difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos.
d) La Umce nació con la misión de ser un centro de excelencia dedicado a la formación de profesionales de la educación, tarea que actualmente constituye un desafío impostergable para conducir adecuadamente la reforma educacional. Así las cosas, considerando un contexto nacional de desvalorización de la función docente y las crisis que ha debido enfrentar la Universidad a través de su historia, se hacía imperativo repensar y replantear la misión de la institución.
Sin embargo, y a pesar de ser muy necesario, el rector y su cuerpo directivo no han llevado a cabo dicho proceso, ello aun cuando un claustro realizado hace dos años sentó las bases para conducirlo.
e) En cuanto al financiamiento y a la gestión administrativa, en los antecedentes recogidos aparecen indicios de que al interior de la institución hay un importante desorden administrativo, manifestado en aspectos tales como inadecuados procedimientos para adoptar las medidas administrativas que corresponden, falta de rendición de cuentas, contrataciones a honorarios del rector de la institución y de diversos funcionarios de la misma, cuestiones que ameritan una investigación más acuciosa para verificar si existen o no faltas a la probidad debida.
Igualmente, respecto de la relación con el Liceo Manuel de Salas, del cual la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación actúa como sostenedora, se han allegado antecedentes a esta Comisión, que deben ser aclarados en relación con irregularidades de tipo administrativo que afectarían los ingresos provenientes de dicho Liceo, y que, por lo tanto, requieren también de una investigación más detallada.
Finalmente, la Comisión, teniendo conocimiento de la renuncia del rector señor González a su cargo y del anuncio efectuado por la señora ministra de Educación en cuanto a estudiar y enviar al Congreso un proyecto de ley para reintegrar a la Umce a la Universidad de Chile, tema este último sobre el que ya se ha formado una comisión de transición para administrar la Universidad mientras se produce su absorción por la antigua casa matriz, estima haber conseguido la finalidad perseguida con la investigación, es decir, crear las condiciones para la normalización de las actividades universitarias”.
Estas conclusiones se aprobaron el 3 de octubre del 2000.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, como lo ha señalado la diputada informante, el mandato entregado a la Comisión de Educación fue investigar las causas de los acontecimientos que estaban ocurriendo en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que, a la fecha en que se aprobó el proyecto de acuerdo que la constituyó, llevaba 60 días de paralización.
Fueron escuchados todos los estamentos de la Universidad: su Consejo Directivo, el rector, los académicos, los funcionarios, los alumnos y, desde luego, la ministra señora Mariana Aylwin.
Es importante señalar que a la Comisión sólo le competía pronunciarse sobre los hechos producidos hasta la fecha en que la señora ministra anunció que iba a presentar un proyecto de ley para traspasar la Umce a la Universidad de Chile. Repito que nuestro trabajo abarca sólo el origen, las causas, y termina cuando la señora ministra decide tomar esa decisión.
A mi juicio, de la declaración de los invitados y de los hechos se pueden sacar dos conclusiones:
En primer lugar, que estamos frente a un caos generalizado, a una total anarquía e ingobernabilidad que impide todo intento de actividad dentro de la Universidad.
En segundo lugar, que existe un grado de improvisación manifiesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y de las autoridades legítimamente elegidas de la Universidad.
Los hechos que inician el conflicto, el 29 de mayo de este año, tienen como causa inicial la insuficiencia de los montos destinados a financiar el crédito fiscal universitario, por lo que 517 alumnos no recibirían el beneficio estudiantil y se verían obligados a dejar sus carreras.
Posteriormente, el 23 de junio, se procedió a la formación de una comisión bipartita compuesta por autoridades y estudiantes, la que fracasó según los estudiantes, porque la autoridad se negó a proporcionar la información.
Más tarde, se formó una instancia triestamental entre estudiantes, académicos y funcionarios, la cual propuso al rector una solución que fue rechazada por decisión del Consejo Directivo.
El rector dispuso entonces el cierre de la universidad por estimar que dicha comisión constituía un atropello a sus facultades. Luego, los estudiantes optaron por tomarse los distintos recintos y se produjeron los desalojos dispuestos por la rectoría, lo que trajo como consecuencia que 120 estudiantes fueran detenidos.
En beneficio del tiempo, no me pronunciaré sobre lo que dijeron los académicos, funcionarios y padres y apoderados, quienes solidarizaron con los alumnos y formaron distintas mesas negociadoras, a fin de llegar a un acuerdo con el rector, instancias que, en definitiva, fracasaron. Sin embargo, me referiré a la actitud del rector y a lo que sostiene respecto de la situación imperante en la universidad.
Desde luego, el rector es elegido por el claustro académico y refrendado por el Jefe de Estado es decir, goza de la confianza del Presidente de la República; y los directivos superiores son propuestos por el rector a la Junta Directiva.
El conflicto, según versión del rector, se inició por una insuficiencia del Fondo Solidario, que se superó mediante posteriores economías de la universidad. Luego, los estudiantes cambiaron sus peticiones y pidieron participación en el gobierno universitario por medio de una coordinadora triestamental, ilegal a juicio del rector, por cuanto existen instancias establecidas legalmente, como la Junta Directiva del Consejo de Facultades, el Consejo Académico y otras autoridades unipersonales.
Después comenzaron las movilizaciones, que provocaron daños en la propiedad universitaria, razón por la cual la rectoría dispuso incoar algunos sumarios. Las consecuencias de las “tomas” fueron conocidas con posterioridad: se comprobó que las salas y murallas estaban rayadas, el robo de computadores, de impresoras...
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de su bancada, señor diputado.
El señor CORREA.-
¿De cuánto tiempo disponía?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
De 5¾ minutos, señor diputado. El acuerdo unánime de los Comités para tratar los informes de las dos Comisiones investigadoras limitó los tiempos del debate general.
El señor MASFERRER.-
Nosotros le cedemos dos minutos del tiempo de que disponemos.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, aunque no es materia que incumba a la Comisión, me referiré a los hechos que sucedieron con posterioridad al anuncio de la ministra de Educación, en el sentido de enviar un proyecto de ley para trasladar la Umce a la Universidad de Chile. Es importante que los colegas sepan qué representa ese hecho.
El anuncio sobre el traspaso de la Umce a la Universidad de Chile revela, a mi juicio, el grado de improvisación con que está actuando el Gobierno, por las siguientes razones:
Primero, porque carece de base lo manifestado por la ministra, quien fundamentó esa medida aduciendo que la crisis era insostenible. Pienso que el traspaso no terminará el conflicto y que sólo trasladará el problema de una universidad a otra. Además, como se sabe, la Universidad de Chile tiene una deuda acumulada de más de 25 mil millones de pesos.
Segundo, dicha solución revela la incapacidad de las autoridades para resistir a los grupos de presión. Un grupo de alumnos, pequeño, pero bien organizado, ha logrado mantener un paro por casi cinco meses, lo que ha obligado al ministerio a ceder ante las presiones.
Tercero, dicha decisión no sólo viola la autonomía de la Umce, sino también la de la Universidad de Chile, cuyo rector había anunciado, hace algunos meses, la próxima implementación de carreras pedagógicas. Es decir, tenía su propio proyecto institucional, que se verá frustrado por la decisión, sin consulta previa, de una autoridad política.
Cuarto, al ceder ante los grupos de presión, se ha violado el derecho a la educación de muchos estudiantes que querían volver a clases. El Gobierno debe defenderlos, y ellos tienen derecho a exigir que las autoridades universitarias cumplan con su obligación de impartir enseñanza. Sin embargo, estos alumnos, que no fueron escuchados, han perdido un semestre de clases, de modo que han resultado ser los más perjudicados por el conflicto.
Hoy, después de que la ministra anunció el cierre de la Umce y el traspaso de los alumnos a otra universidad, finalmente se ha formado una comisión de gobierno transitoria; sin embargo, no es una solución efectiva, porque desde el inicio del conflicto se ha actuado cediendo ante los grupos de presión. Los estudiantes, a través de la violencia, paros y “tomas”, han impuesto su criterio por la fuerza. Hoy tienen poder de decisión en el gobierno de la universidad, por lo cual han logrado que el rector renuncie y que el rector interino carezca de las más mínimas facultades para actuar.
En resumen, la última solución propuesta es una pésima señal. Grupos de presión se toman el poder por la fuerza y el Gobierno, una vez más, no ejerce su autoridad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, el poco tiempo de que dispongo me obliga a destacar sólo tres ideas.
En primer lugar, estoy contento porque esta Comisión ha dejado de manifiesto la efectividad de la función fiscalizadora de las comisiones investigadoras.
En segundo lugar, ha quedado en evidencia lo que se llama “uso abusivo del derecho”.
En tercer lugar, al contrario de lo que han señalado los distinguidos colegas que me han precedido en el uso de la palabra, aquí se ha observado una correcta actuación de parte del Gobierno respecto de la protección del derecho a la educación de los alumnos.
En cuanto a la efectividad de la función fiscalizadora, quienes denigran la actividad parlamentaria sostienen que las comisiones investigadoras no sirven para nada. Al respecto, quiero señalar que, gracias a la participación de esta Comisión y a la diligente labor de algunos de sus miembros, se logró encontrar un principio de solución definitiva del problema, porque fue posible aunar las voluntades de los alumnos en conflicto, de los profesores, de los no académicos, de la Junta Directiva, e incluso del rector, para consensuar una solución que hoy, felizmente, es definitiva, porque se ha anunciado que mañana o pasado la universidad reiniciará sus actividades, fin perseguido por la Comisión.
¿Cuáles fueron las causas del conflicto? A mi juicio, el uso abusivo del derecho por parte de los jóvenes alumnos, del cuerpo de profesores, que se tomaron el establecimiento, y de las autoridades de la universidad, que pensaron que la mal llamada “autonomía universitaria” les permitía burlar hasta las atribuciones que por delegación les otorgara el entonces ministro de Educación. En efecto, el rector, acudiendo a la Contraloría, logró en una oportunidad dejar sin efecto una sanción económica aplicada por el ministro, porque dijo que el único que lo podía sancionar era el Presidente de la República, quien lo había designado. Eso es efectivo, pero repito tanto los alumnos como los directivos hicieron uso abusivo del derecho, porque las leyes no fueron aplicadas en concordancia con los fines del sistema que, en el fondo, es dar una formación adecuada sobre la construcción de la espiritualidad y del profesionalismo de los maestros.
En tercer lugar, el Gobierno, a través de la ministra de Educación, dio la solución al tomar en consideración el espíritu del planteamiento de los alumnos y profesores, en el sentido de que quieren una universidad no sólo pedagógica, sino que también englobada en la universalidad del conocimiento.
No se concibe una institución formadora de profesores sin la incorporación de interdisciplinas, como la sicología, la cultura y la investigación, que están dentro del campo de la formación, pero que no se practicaban en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Por eso, todos los sectores han acogido la posibilidad de que ella vuelva a su tronco histórico: la Universidad de Chile.
Además, en el instante en que se puso tensa la situación, porque los propios profesores desconocieron la autoridad, la propia ministra de Educación amenazó que se reubicarían los alumnos si no se respetaban las normas dictadas por la comisión coordinadora de la universidad.
Eso fue aceptado por todos los miembros de la comunidad y se logró, en definitiva, lo que observamos con mucha felicidad, esto es, que la universidad ha vuelto a su actividad normal.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, quiero expresar mi respaldo al informe de la Comisión de Educación que ha entregado su presidenta y diputada informante, luego de un trabajo que permitió la solución, en parte, de un conflicto que venía arrastrándose por varios meses. Ello demuestra que es factible buscar y proponer soluciones a través de nuestra facultad fiscalizadora.
A mi modo de ver, el conflicto de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación fue muy particular. Derivó de la falta de quinientas becas, que significaban alrededor de 200 millones de pesos, dentro de un presupuesto de 11 mil millones.
Casualmente, como consecuencia del conflicto y de la información que recibieron estudiantes y profesores, en relación con la forma en que se administraban los recursos, se produjeron ciertas economías. Yo diría que esta fue la detonante del problema de fondo.
El objetivo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex Pedagógico, es formar a los pedagogos de los niños, los cuales, además del bagaje de conocimientos, deben tener capacidad para las relaciones humanas, la comprensión, la racionalidad y el diálogo, absolutamente vitales para el trabajo que les corresponde.
Nos encontramos con la sorpresa de que en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación no se consideraban las relaciones humanas, y con que sus organizaciones, tanto estudiantiles como académicas, eran perseguidas. Es más, se crearon algunas paralelas que fueron manejadas por las autoridades. No existía diálogo entre los distintos ámbitos, y quien no compartía la opinión de la autoridad, era considerado enemigo.
Es decir, la aplicación de esos criterios significa que algunos futuros profesores carecerán de la preparación para enfrentar las dificultades y los problemas del diario vivir de una institución escolar, tal vez el problema más grave del antiguo Pedagógico, a causa, fundamentalmente, de la actitud autoritaria y prepotente de las autoridades que fueron elegidas democráticamente, es cierto, pero que no supieron usar su cargo para fortalecer las relaciones humanas, la racionalidad y el diálogo.
En ese sentido, se ha cumplido con una primera etapa, porque espero que se llegue a la solución de fondo y este centro formador de profesores vuelva a su origen, la Universidad de Chile, por cuanto no son un estamento aparte y necesitan que se les entreguen los elementos para desarrollarse cultural y científicamente. Ellos merecen una oportunidad, en especial si se tiene en cuenta la reforma educacional.
Para terminar, agregaré que la Comisión cumplió su tarea, aunque quedó pendiente un problema que mencionó la diputada informante. De la revisión de la documentación, quedaron en evidencia las irregularidades en la utilización de los recursos del Estado. Por lo tanto, dentro de poco, creo que habrá que investigar exhaustivamente sobre la materia, de manera que se conozca lo que ocurrió con el dinero de todos los chilenos al interior de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, quiero profundizar sobre la crisis de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Como todos sabemos, la Umce nació de un acto autoritario del señor Federici , ex rector de la Universidad de Chile, quien eliminó varias carreras del ámbito de esa casa de estudios. Así se creó esta Universidad, con la misión de formar pedagogos. Sin embargo, a lo largo de estos años, esa finalidad no ha alcanzado la excelencia que el país requiere.
Por un lado, está la institucionalidad universitaria, que se rige por el estatuto, bastante rígido, que establece la ley orgánica constitucional de Enseñanza, aprobada el 10 de marzo de 1990, un día antes de la asunción del gobierno democrático. En este tiempo, sólo se ha innovado en la elección del rector, lo que ha significado que haya autoridades como el señor Jesús González , de un autoritarismo casi monárquico. En verdad, con ese estatuto no puede dirigirse una universidad con la complejidad de ésta, lo que percibieron los estudiantes y académicos.
Es cierto que en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación ha habido núcleos de acción violenta, pero estuvieron aislados durante la última crisis. Asimismo, es efectivo que el estudiantado no ha tenido la organización que corresponde, en términos de representación democrática, pero eso refleja una crisis de la educación, que desde la instrucción primaria y media no ha sabido enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre la educación cívica.
De este movimiento, quiero rescatar que los estudiantes, a pesar de la existencia de grupos violentistas aunque sus expresiones fueron muy aisladas han sido muy serios en sus planteamientos, ya que, respaldados por sus apoderados, trabajaron con los académicos, a pesar de la existencia de un equipo directivo profundamente autoritario, como dije, y de las irregularidades administrativas y de tipo económico que en algún momento deberán ser esclarecidas.
Quiero ser muy clara. Además, ha habido un problema de ética bastante complejo, porque el señor rector y su equipo directivo, en el cual estaba el rector provisional designado por la junta directiva, recibían honorarios aparte de sus remuneraciones habituales. ¡Honorarios por tareas paralelas a los cargos de rector!
Para verificar esta información basta remitirse a los documentos que obran en la Comisión o al diario “El Mostrador”, que hace dos o tres días publicó todo lo que conocimos durante nuestra investigación, como irregularidades en la asignación del crédito institucional con respecto a edificaciones. Pero lo que me parece más grave es que el equipo directivo percibía honorarios en forma paralela por tareas que, además, se registraban con fechas posteriores.
Estamos frente a una profunda crisis que ha encontrado una salida. Chile se merece un Pedagógico ligado a todas las ciencias en un plantel como la Universidad de Chile.
En mi opinión, han sido muy acertadas la medida aplicada por la ministra de Educación y la forma de efectuar la transición. Es claro que el traspaso no puede ser automático, con cambio de letreros, sino que necesita una adecuación y una transición paulatina hecha con bastante sabiduría.
Se ha tendido a tergiversar las cosas. Desearíamos que las informaciones no fuesen tan maniqueas; por el contrario, que mostrasen todo el panorama y fueran más objetivas; es decir, que no sólo condenen, sino que permitan formarse una idea a la persona que se está informando. La información que hemos recibido del movimiento y de la crisis de la Umce ha sido sesgada, con prejuicios, y no nos ha permitido conocer la profundidad del problema y las distintas posturas que allí se han dado.
Estoy muy satisfecha de la comisión que se ha formado. No creo que sea cogobierno, porque su carácter es transitorio. Espero que se avance de la mejor manera, porque la formación de profesores en Chile es algo muy importante, y es una tarea que la universidad no estaba cumpliendo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, voy a dar lectura a la intervención del diputado Rosauro Martínez , quien, por razones de fuerza mayor, no ha podido llegar.
“Señor Presidente, siempre será grato hablar de la educación y muy particularmente de la universidad, porque ello implica elevar la mirada y hacer el esfuerzo necesario para desarrollar la imagen creadora y del pensamiento, tan necesarios y urgentes en el devenir histórico en el que nos encontramos, lleno de desafíos y esperanzas para enfrentar lo que se nos viene: un nuevo siglo y, con él, nuevos impactos que ya vemos en nuestra globalizada sociedad, no sólo en el ámbito científico, sino también, fundamentalmente, en el ámbito axiológico.
“Lo que ayer era cierto, nuevos avances e investigaciones lo cuestionan, surgiendo propuestas y paradigmas orientados a mejorar la vida del ser humano, porque eso es lo que se busca. El problema está en la utilización que de ello hace el hombre.
“Temas como la biotecnología, la clonación humana, el genoma y la nanotecnología nos obligan a tener respuestas y opiniones sobre ellas, porque en estas materias hay involucradas cuestiones éticas que no podemos soslayar.
“¿Por qué planteo esto cuando el foco de nuestra discusión está radicado en la situación que afecta a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación? ¿Qué relación existe entre este tema y lo que estamos planteando?
“En mi opinión, una relación muy estrecha. Primero, porque esa casa de estudios superiores no es un centro de educación cualquiera, sino que tiene por función preparar a los profesionales de la educación, es decir, a quienes contribuirán a formar la mente de los futuros ciudadanos de la patria; en otras palabras, a los hombres y mujeres que en un plazo no lejano ocuparán estos mismos lugares que hoy nos acogen.
“Segundo, porque la educación lo sabemos muy bien no es sólo fuente de conocimientos en las distintas áreas, llámense científicas, humanísticas, artísticas, sino que esencialmente valóricas. El conocimiento lo podemos encontrar; es cosa de tener las herramientas adecuadas. Internet es el mejor ejemplo, hoy presente incluso en nuestros colegios municipales.
“Los valores no están en un disco compacto o en tal o cual sitio; están en el actuar y, fundamentalmente, en la consecuencia entre el discurso y las palabras, y el diario proceder. Si allí no hay relación, inmediatamente perderemos el sitial que nuestros niños y jóvenes nos asignan, y, lo más grave, se condiciona nuestra tarea como padres o como educadores. Para ello se requiere de profesionales de la educación. Me gusta decirles así porque son eso: sólidos en el dominio de los conocimientos, pero, principalmente, con conductas éticas y morales muy bien cimentadas e indispensables para el fiel cumplimiento de la delicada responsabilidad que la sociedad les ha encomendado: educar.
“Formar este tipo de personas es tarea de la universidad. Estoy cierto de que, muchas veces, la materia prima no es de las mejores. Me parece, sí, que esto ha ido cambiando; al menos, los puntajes de ingreso han aumentado; pero eso no quita el celo con el cual se debe actuar. De allí que cabe preguntarse: ¿Qué tipo de educadores van a ser los jóvenes que sustituyen el diálogo por la piedra o qué tipo de autoridades universitarias que, ante la discrepancia, aplican medidas disciplinarias?
“Hay en este conflicto responsabilidades compartidas. Creo que los estudiantes tienen su cuota, pero es evidente que en mayor medida la tienen las autoridades del plantel por no haber tenido la capacidad de generar un ambiente verdaderamente universitario, donde la discrepancia propia y consustancial sea la constante y no la excepción.
“También la tienen la junta directiva y las autoridades de Gobierno; porque hay que prevenir el conflicto y, cuando éste surge, estar preparado para ello, pero con alternativas y propuestas concretas y no con declaraciones inviables o que deben ser corregidas a poco andar.
“Los problemas relatados por la diputada informante, incluidos aquellos que involucran el liceo Manuel de Salas, de orden administrativo, de gestión e incluso de probidad, son muy graves y, como tal, deben aclararse total y absolutamente, establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones correspondientes.
“También, y de una vez por todas, se debe abrir un debate serio respecto del financiamiento del fondo solidario del crédito universitario, porque lo que aquí ocurre no es ajeno al resto de las universidades y centros de educación superior, en el sentido de que un alto porcentaje de alumnos requiere de la totalidad del crédito para continuar sus estudios, con mayor razón en épocas de crisis, como la que estamos sufriendo. Esto, unido al problema de retorno, de recuperación de los mismos, proyectan un panorama francamente desalentador.
“Si la Universidad Metropolitana nació, como lo recuerda el informe de la Comisión, con la misión de ser un centro de excelencia dedicado a la formación de profesionales de la educación tarea que actualmente constituye un desafío impostergable para conducir adecuadamente la reforma educacional y, en mi concepto, también para hacer frente a la multiplicidad de desafíos éticos que el futuro mediato nos impone, se hace imperativo, como manifestó la diputada señora Saa , repensar y replantear la misión de la institución de manera integral, participativa, con recursos humanos calificados, autoridades capaces de liderar y crear opinión y alumnos hay que decirlo cuya vocación sea efectivamente la de ser educadores.
“Los centros de formación de profesores es una temática de preocupación universal deben adaptarse rápidamente a lo que la sociedad les está exigiendo, en términos de entregar profesionales capaces de interpretar el cambio, conducirlo y producirlo. Pero, como vivimos en un momento de contrastes, de avances, al mismo tiempo que de pobreza, hambre, guerra y violencia, debemos tener la capacidad de construir una educación basada en nuevos valores, donde prevalezcan la solidaridad, la cooperación y el pensamiento ecológico; que recoloque la vida en el centro y, por lo tanto, formadora de personas abiertas, tolerantes y, por sobre todo, capaces de construir acuerdos en la diversidad.
“¿Estamos en condiciones de adaptarnos a este contexto? Derechamente, creo que tenemos la materia prima: la calidad de nuestro recurso humano diseminado en diversos puntos del territorio nacional. Para hacerlo, falta el establecimiento de una política universitaria clara y autoridades capaces de crear consensos y de aplicar medidas justas y oportunas cuando la situación así lo requiera. Si no lo hacemos, seguiremos presenciando el contrasentido de tener un centro formador de educadores donde el diálogo es reemplazado por la violencia, y los libros, fuentes del saber, por los rayados y panfletos.
“He dicho”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, respaldo el informe entregado por la Comisión de Educación, el cual surgió de un mandato entregado por la Cámara para investigar las causas que motivaron la paralización de actividades en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Según podemos apreciar del informe
que es bastante completo, se hace un análisis muy profundo de la situación, sobre la base de gran cantidad de documentos que deben ser estudiados.
Quiero enfatizar un punto señalado por la diputada informante que dice relación con el objetivo que se tuvo en vista al fundar esta Universidad: convertirla en un gran centro de estudios pedagógicos o de Ciencias de la Educación como lo señala su nombre, objetivo que no ha sido cumplido. Incluso, podríamos asegurar que en la actualidad nuestro país carece de un centro universitario de alto nivel que se pueda denominar de Ciencias de la Educación. Ésta podría ser una de las razones que explican la grave crisis educacional que vivimos, a pesar de todos los aportes y esfuerzos que hace el Gobierno por apoyar y desarrollar la educación, tales como mejores coberturas y mayor implementación. Ello obedece a que han desaparecido las instancias educacionales de tipo vocacional. Debemos recordar que, como ya no existen las Escuelas Normales, desaparecieron con ellas las motivaciones por el trabajo pedagógico. Lo mismo ocurrió con el Instituto Pedagógico que dependía de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile, dirigido por personalidades eminentes; entre ellas don Juan Gómez Millas y muchos otros, quienes ocuparon cargos de gran relevancia en la propia Universidad.
Esto quiere decir que durante este último tiempo se han borrado muchas instancias de preparación pedagógica de desarrollo de la ciencia de la educación, que se ha menospreciado el quehacer pedagógico, y que el conflicto por el cual hoy atraviesa la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación no es más que el reflejo de esa carencia.
¿Cuál es la causa de estos conflictos, según lo que pudimos observar en la Comisión? La absoluta falta de entendimiento ocurrida al interior de la Universidad: los alumnos desconfían del rector; el rector, de los alumnos; la junta directiva, del rector y de los alumnos. Es decir, no existe ninguna convergencia y absolutamente ningún propósito. Otro aspecto central por destacar es la ausencia de grandes líderes educacionales.
Por todo lo anterior, el análisis de esta materia ameritaba una sesión mucho más prolongada, pero sólo se han destinado 30 minutos a todas las bancadas para intercambiar ideas. Esta oportunidad se prestaba para reflexionar más sobre la educación; porque aun cuando se están construyendo muchos colegios, se están entregando computadores y más recursos, el alma de la educación está mala. No hay vocación educativa. Por lo demás, todo lo que ocurre en los colegios lo escuchamos de nuestros hijos y nietos. Por ello, considero que la educación necesita mucho más de los 30 minutos que le ha asignado la Cámara, lo que también viene a constituir el reflejo de todo lo que se ha eliminado en materia de educación.
Si bien los pasos que ha dado el Ministerio son los adecuados para resolver una emergencia, ello no es posible con tratamientos de ese tipo.
Considerando que la Cámara tiene tantas comisiones investigadoras y especiales, sería pertinente que constituyera una comisión permanente de apoyo a la gestión educativa, o que el Ministerio creara una comisión de grandes personalidades educacionales para resolver el problema de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, porque lo que falta en dicha institución es vocación. Pero los alumnos no pueden tener vocación cuando ven que sus propias autoridades no son un buen modelo educativo, toda vez que según informaba la diputada señora Saa el propio rector cobraba, además de su sueldo, honorarios en forma paralela. Entonces, los alumnos se dan cuenta de que quienes deben ser sus modelos de vida y vocación pedagógica, no lo son.
Estamos ante una crisis de identidad y vocación muy profunda, cuestión que debería ser más detenidamente analizada para que nuestra educación encuentre el sendero que le corresponde.
Por último, en lo que respecta al informe sobre la situación que afecta al ex Instituto Pedagógico, lo considero excelente, a pesar de su brevedad, porque es muy específico al reflejar los males que aquejan a dicha institución.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo, señor diputado.
El señor GUTIÉRREZ.-
Termino insistiendo en que este informe no debe quedar archivado, sino que tiene que ser analizado por quienes deben encargarse de corregir esta situación tan deplorable, a fin de que él sirva como pauta de orientación en el plano de la educación superior pedagógica.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde votar este informe; pero considerando que la mayoría de los diputados se encuentran en la Comisión investigadora del caso indemnizaciones y en la de Presupuestos, solicito el acuerdo de la Sala para votarlo en conjunto con el informe siguiente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Con posterioridad, la Sala decidió postergar la votación de este informe.
INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN IQUIQUE.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión investigadora de la situación producida a raíz del programa de autoconstrucción en Iquique.
Diputada informante es la señora Rosa González.
Antecedentes:
Informe de la Comisión investigadora, sesión 6ª, en 21 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, he sido designada para informar sobre el proyecto de acuerdo aprobado el 11 de mayo de 1999 acerca del programa de autoconstrucción llevado a cabo por la municipalidad de Iquique en la localidad de Alto Hospicio, y en particular de la responsabilidad que les pudiera caber a determinados ministerios, servicios y autoridades, según se consigna en el proyecto de acuerdo que diera origen a esta investigación.
Como una manera de esbozar muy sintéticamente en qué consiste un sistema de autoconstrucción, cabe señalar que, de conformidad con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se consideran viviendas de autoconstrucción aquellas cuya ejecución se efectúa sin la participación profesional remunerada de un constructor o contratista general y en las cuales haya un aporte directo de trabajo manual de sus propietarios o familiares de éstos u otras personas que se comprometan recíprocamente a prestarles colaboración.
La idea de poner en marcha el programa de autoconstrucción fue inicialmente planteada por el alcalde de Iquique, señor Jorge Soria , quien propuso, a comienzos de 1993, atender un universo de cuatro mil grupos familiares en el lapso de dos años, hecho que se concretaría mediante la transferencia de cien hectáreas de terrenos fiscales en el sector de Alto Hospicio-Alto Molle de la comuna de Iquique, Primera Región.
En este contexto, la investigación encomendada por la Sala en el mes de mayo se fundamentó en la circunstancia de que en esa fecha existían más de 12 mil familias afectadas inscritas en el programa, el cual, después de cinco años contados desde el inicio de su implementación, no registraba obras de urbanización ni viviendas terminadas.
Los hechos señalados determinaron que los futuros adquirentes de las viviendas, debido a su desesperación, procedieran a la ocupación de los terrenos sin contar con las instalaciones básicas de agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica, cuestión que por supuesto no se compadecía con el compromiso adquirido por el municipio en orden a evitar estas situaciones.
Durante el trabajo realizado, la Comisión recibió a los ex ministros de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, a la subsecretaria de Bienes Nacionales, al secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, a la ex secretaria regional ministerial de Bienes Nacionales, ambos de la Primera Región; al ex gobernador provincial de Iquique, al contralor regional de Tarapacá, al ex director del Serviu de la Primera Región, al alcalde de Iquique, al director de obras municipales y de finanzas, a la administradora municipal, al jefe del departamento de arquitectura del municipio y a integrantes del concejo, entre otros.
Asimismo, realizó una visita inspectiva a la localidad de Alto Hospicio, en Iquique, en donde constató en terreno la situación acaecida con ocasión de la implementación del programa y tomó contacto con muchas de las familias afectadas.
Después de la labor realizada, la Comisión arribó, por la unanimidad de sus integrantes, a las siguientes conclusiones y proposiciones:
1ºEl programa de autoconstrucción llevado a cabo por la municipalidad de Iquique no ha cumplido los objetivos inicialmente planteados por su alcalde, señor Jorge Soria , por cuanto a la fecha de evacuación de este informe no se han completado las obras de urbanización, no se ha aprobado el plan seccional correspondiente, como tampoco se han terminado las 956 viviendas programadas para la primera etapa.
Asimismo, se ha detectado que el valor anunciado a los beneficiarios como costo de cada una de dichas viviendas ascendente a la suma de dos millones y medio de pesos no corresponde a su valor comercial, el que sería de quince millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, la Comisión no ha podido conocer fehacientemente el valor real de las viviendas, debido a que no le ha sido posible identificar los mecanismos de subsidio aplicados para acotar el costo de las mismas al monto primitivamente anunciado.
2ºEl convenio suscrito entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el alcalde de Iquique con fecha 25 de abril de 1995, si bien inicialmente estuvo destinado a dar solución habitacional en el sector de Alto Hospicio a un número aproximado de 1.400 familias, en la práctica no ha sido cumplido por el municipio porque no se han reunido las condiciones esenciales que tuvo en consideración dicha secretaría de Estado para autorizar en esa localidad la concesión del terreno fiscal, de aproximadamente 20 hectáreas.
3ºA pesar de haber transcurrido cinco años desde la fecha de celebración del convenio que dio lugar a la implementación del programa de autoconstrucción, la Comisión ha podido constatar que no se ha cumplido la condición esencial establecida por el Ministerio de Bienes Nacionales para el otorgamiento de la concesión: que la municipalidad de Iquique realizara todos los trabajos de urbanización en forma previa al desarrollo del programa.
Al mismo tiempo, se ha acreditado que existe un número indeterminado de viviendas habitadas por las familias adscritas al programa, a pesar de la prohibición expresa de esa secretaría de Estado. A lo anterior se suma la ocupación ilegal de terrenos aledaños por familias que no estaban consideradas en el convenio, hecho que motivó una especial preocupación de la Comisión y que determinó el traslado de aquéllas a otro predio fiscal por el gobierno provincial.
El estado de las obras de urbanización constatado en terreno es el siguiente:
Agua potable: el programa no tiene factibilidad de agua potable. Las obras de instalación de cañerías y arranques domiciliarios se encuentran ejecutadas en aproximadamente el 80 por ciento, faltando principalmente la confección de nudos y la conexión con la cañería matriz de agua potable.
Alcantarillado: el terreno utilizado para la implementación del programa no cuenta con conexión de alcantarillado.
Pavimentación: no se ha ejecutado obra de pavimentación alguna.
Electrificación: la colocación de postes y alumbrado público presenta un avance del 95 por ciento, faltando la instalación de luminarias. Sin embargo, la colocación de los empalmes domiciliarios está supeditada a que la red de electrificación de avenidas, calles y pasajes del loteo se encuentre totalmente instalada.
4ºPor otra parte, la Comisión ha podido establecer que, no obstante que el concejo de Iquique aprobó la cantidad de 325 millones de pesos para el financiamiento del programa, dicha suma no ha sido validada por la Contraloría Regional de Tarapacá.
Asimismo, no ha sido posible verificar el real uso y aplicación de la totalidad de los recursos destinados al programa, esto es, lo concerniente a la utilización de personal municipal, de equipos y materiales de propiedad del municipio, de transporte de los mismos y de arrendamiento de camiones aljibes y tolvas.
En efecto, el servicio de control ha iniciado un sumario administrativo a petición de los concejales señora Myrta Dubost Jiménez y señores Alfredo Montiglio Adami y Marco Antonio Castro Bernar , con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades funcionarias que pudieran derivarse de la ejecución del mencionado programa, sin que hasta la fecha la Comisión haya podido conocer los resultados del mismo, a pesar de los requerimientos efectuados a ese organismo contralor.
5ºLa Comisión advierte acerca de la gravedad de los hechos acaecidos, toda vez que, durante cinco años, desde su puesta en marcha, el programa de autoconstrucción se encontró en una situación de ilegalidad, derivada del incumplimiento del convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que, en definitiva, motivó que la secretaría regional respectiva denegara la prórroga de la concesión de los terrenos, situación que perduró hasta el 15 de diciembre de 1999, fecha en que la mencionada secretaría renovó la concesión a contar del 1 de agosto de 1999 y por un período de 12 meses, que vence el 15 de diciembre del año en curso.
Cabe hacer constar que, por un hecho imputable a esa secretaría regional ministerial, la Comisión tomó conocimiento tardío y sorpresivo del otorgamiento de la segunda prórroga de la concesión, toda vez que, ante un requerimiento de la Comisión, no proporcionó en un primer momento información fidedigna sobre el particular, a pesar de que hacía más de tres meses que se había dictado la correspondiente resolución de prórroga.
6ºCon respecto a los aportes efectuados por los beneficiarios del programa, que, en un principio, ascendieron a 110 mil pesos por familia, no le ha sido posible a la Comisión contar con la documentación de respaldo que acredite su utilización en el programa, como, asimismo, tampoco ha dispuesto de la correspondiente rendición de cuentas respecto del destino final de esos recursos, a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas a la corporación edilicia.
Debido a ello, la Comisión puede colegir que no ha existido adecuada administración de los fondos por los comités de autoconstrucción y del alcalde de Iquique, señor Jorge Soria , lo que permite presumir el acaecimiento de irregularidades en el manejo de los referidos recursos.
7ºLa Comisión ha podido concluir, basada en los antecedentes reunidos en el curso de la investigación, que el programa de autoconstrucción, en el caso que se investiga, no ha constituido verdaderamente un programa habitacional destinado a personas carentes de recursos, por cuanto la mayoría de los postulantes no cumple tal requisito.
8ºA la Comisión le preocupa la situación que aqueja a los afectados directos, quienes, actuando de buena fe, se acogieron al programa de autoconstrucción; sin embargo, han visto conculcado su legítimo derecho de adquirir la vivienda propia. La gravedad de tal situación no pudo siquiera ser prevista por ellos por cuanto el municipio, en un acto oficial realizado el 22 de septiembre de 1996, entregó presuntos títulos de dominio, haciendo creer a los interesados que se trataba de títulos definitivos, vulnerándose abiertamente el principio de la fe pública y, por tanto, la Constitución Política del Estado en cuanto resguarda dicho principio.
9ºLa Comisión, en el curso de la investigación, ha constatado las siguientes infracciones cometidas por determinados órganos de la Administración del Estado en el contexto de la implementación del programa de autoconstrucción objeto de la investigación:
La municipalidad de Iquique ha llevado a cabo inversiones en terrenos que no son de su patrimonio, careciendo de facultades para ello.
No ha cumplido los términos estipulados en el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, en especial en lo atinente a la materialización de las obras de urbanización del terreno dado en concesión y a velar por la no ocupación del mismo. Incluso más, ha excedido los términos del convenio en cuanto ha impulsado, fuera de toda sustentación legal, ya que no hay convenio alguno que así la hubiera autorizado, la materialización de la construcción de 288 viviendas supuestamente al amparo del programa de autoconstrucción, las cuales se encuentran emplazadas en 11,54 hectáreas aledañas al terreno otorgado en concesión, cuyas construcciones registran distintos grados de avance.
Ha incurrido en falta de transparencia y claridad en el manejo de los fondos utilizados para el programa. Ellos consisten en la suma de 325 millones de pesos, inicialmente aprobados por el respectivo concejo, en recursos humanos y materiales aplicados por el municipio en el programa, y en aportes privados provenientes de los pagos efectuados por los beneficiarios del programa. En la administración de estos últimos, tuvo injerencia directa el alcalde señor Jorge Soria , ya que se requería su firma para proceder al giro de dichos fondos desde la cuenta bancaria en que fueron depositados.
Ha amparado la construcción de viviendas en dicho sector, en circunstancias que la Dirección de Obras Municipales de Iquique no ha podido otorgar los correspondientes permisos de edificación por no cumplir el proyecto con las condiciones establecidas por el Comité Mixto de Agricultura, Urbanismo, Turismo y Bienes Nacionales de Tarapacá.
No ha llevado a cabo, en relación con el programa investigado, la fiscalización oportuna del cumplimiento de las normas contenidas en la ley general de Urbanismo y Construcciones.
Ha transgredido abiertamente la normativa existente en materia de salubridad pública en lo que se refiere a la instalación y funcionamiento de un vertedero existente en un sector aledaño al terreno donde se ha implementado el programa de autoconstrucción, haciendo caso omiso de las instrucciones que sobre el particular le impartiera el respectivo Servicio de Salud, en cuanto al cierre del referido vertedero.
En lo que respecta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Comisión detectó que desde la puesta en marcha del programa, atendidos el alcance y naturaleza de las atribuciones que le competen, debió haber tenido algún tipo de injerencia o participación efectiva a su respecto y no haber permanecido ajeno a su desarrollo, como en la práctica ocurrió, según lo aseveró ante la Comisión el ex ministro señor Sergio Henríquez Díaz.
Respecto del Ministerio de Bienes Nacionales, la Comisión determinó que no ejerció debidamente la fiscalización del cumplimiento del convenio suscrito con la municipalidad de Iquique y de la resolución exenta Nº 325, de 26 de septiembre de 1996, mediante la cual se formalizó la dación en comodato del terreno, en especial en lo pertinente a la materialización de las dos condiciones impuestas, relativas a la obligación de efectuar las obras de urbanización del terreno y a la prohibición de ocuparlo.
Incluso, no resulta explicable para la Comisión lo obrado por esa Secretaría de Estado en lo relativo a la ocupación ilegal por parte del municipio de Iquique, de 11,54 hectáreas adicionales y aledañas al terreno donde se ha implementado el programa investigado, toda vez que recientemente la Comisión ha tomado conocimiento de que se encuentra en tramitación el otorgamiento de una nueva concesión que regulariza dicha ocupación.
En cuanto a la Contraloría General de la República, la Comisión ha estimado que el servicio de control ha actuado tardía y deficientemente en la investigación de los hechos...
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señora diputada, tenía hasta 15 minutos para informar a la Sala y ya lleva casi 17. En consecuencia, le pido redondear la parte final, a fin de cumplir cabalmente los tiempos fijados. Además, le sugiero entregar a la Mesa lo que no alcance a informar a la Sala, a fin de incorporarlo en el Acta de la sesión.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, para terminar sólo me referiré a las recomendaciones de la Comisión.
La Comisión recomienda lo siguiente:
Estudiar los programas de autoconstrucción como alternativa para quienes requieren de solución habitacional.
Requerir del municipio de Iquique que, dentro del menor plazo posible, dé cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales.
Recabar del Ministerio de Bienes Nacionales el cumplimiento de las condiciones antedichas.
Pedir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la implementación de un mecanismo que permita a los postulantes al programa de autoconstrucción que no han construido sus viviendas, optar por permanecer en él o acceder a un subsidio habitacional de modalidad privada.
Solicitar de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales dar inicio a un sumario en orden a investigar los hechos acaecidos y a determinar las responsabilidades imputables a la ex Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá.
Poner en conocimiento del señor Contralor General de la República lo obrado por la Comisión, con el objeto de solicitar la agilización de los sumarios correspondientes.
Hacer presente la necesidad de legislar para posibilitar que la Cámara de Diputados, en el ejercicio o de sus funciones ya que la Comisión no contó con la colaboración de la municipalidad, tenga atribuciones para fiscalizar las actuaciones tanto de los alcaldes como de los concejos.
Poner este informe en conocimiento de su excelencia el Presidente de la República, del Presidente del honorable Senado y de los señores ministros del Interior y secretario general de la Presidencia, para los efectos de que se considere la posibilidad de modificar la Constitución Política de la República, con el objeto de fortalecer las facultades fiscalizadoras e investigadoras de la Cámara de Diputados y de incorporar a los alcaldes como sujetos susceptibles de acusación constitucional.
Se hace presente que, atendida la gravedad de los hechos investigados y la trascendencia social del problema que afecta a los beneficiarios del programa de autoconstrucción en el sector de Alto Hospicio, deberá remitirse copia del presente informe a su excelencia el Presidente de la República, al Presidente del honorable Senado, al contralor general de la República y a los señores ministros del Interior, de la secretaría general de la Presidencia, de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, por 5 minutos tres cuartos, el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, de acuerdo con las conclusiones de la Comisión investigadora, han quedado varios puntos sin resolver. Basta analizar el informe. De manera que, a mi juicio, aún no se ha agotado la investigación realizada por la Comisión.
Me habría gustado que esta investigación se hubiese extendido a todo Alto Hospicio y no sólo a un sector, ya que cualquier persona que recorra esa zona donde actualmente viven alrededor de 70 mil personas podrá advertir las condiciones de extrema pobreza en que se encuentra. Nunca había visto la pobreza que existe en Alto Hospicio.
Allí hay irregularidades en el plan de autoconstrucción.
Pero la situación va más allá. Hay dos campamentos, con alrededor de 20 mil personas, que no cuentan con ningún título de propiedad; son tomas que no están regularizadas hace pocos días, el Presidente Lagos fue, precisamente, a ese lugar. De manera que sería conveniente que la Cámara adquiriera el compromiso de analizar verdaderamente lo que está ocurriendo en Alto Hospicio, y que la Sala acordara no votar el proyecto de acuerdo en esta oportunidad.
Me gustaría que algún diputado recorriera el sector de La Negra, en Alto Hospicio, para que compruebe que allí existe una pobreza que parte el alma y que las personas viven en condiciones muy difíciles, desde el punto de vista habitacional. No son dueños de sus terrenos; existe un plan de regularización de títulos que lleva años, pero hasta el momento nada ha pasado. En su reciente visita, el Presidente de la República anunció que se construirían alrededor de 1.500 viviendas.
Por eso, más allá de que en el informe hay una serie de diligencias pendientes, basta con leer las conclusiones de la Comisión para advertir claramente que la investigación no está agotada.
Por ejemplo, en la primera proposición todas se aprobaron por unanimidad se señala:
“1. Estudiar los programas de autoconstrucción como alternativa para quienes, careciendo de vivienda, requieren de una solución habitacional. Sin embargo, se hace necesario contar con un adecuado marco regulatorio que posibilite el fácil acceso para las personas de escasos recursos, con una activa participación de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, en lo que se refiere a proporcionar una adecuada asesoría técnica a quienes así la requieran”.
Se habla de “estudiar los programas de autoconstrucción”. Se trata, claramente, de una investigación que no está agotada. Es una proposición que se hace a la Sala.
En el curso del debate se ha manifestado que ha habido irregularidades en el municipio. Sin embargo, la proposición Nº 2 dice:
“Requerir del municipio de Iquique que, dentro del menor plazo posible, dé cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, de forma tal que los integrantes del programa de autoconstrucción puedan disponer de un lote de terreno urbanizado”.
A mi juicio, cuando se ha infringido una serie de disposiciones legales y reglamentarias, más que pedir a un municipio determinado que las cumpla, considero que hay que ponerlo en conocimiento de la Contraloría General de la República, a fin de que establezca las responsabilidades del caso, porque los municipios y los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley.
La proposición Nº 3 expresa:
“Recabar del Ministerio de Bienes Nacionales que, una vez cumplidas las condiciones antedichas, transfiera los lotes de terreno directamente a los beneficiarios”.
Esta conclusión es evidente, porque me imagino que no es el municipio o el Estado el que se va a quedar con la propiedad. El sentido común nos indica que en cualquier plan de autoconstrucción, a la larga, terminan siendo propietarias de los terrenos las personas que se han acogido a ese plan.
La proposición Nº 4 indica:
“Pedir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que implemente un mecanismo que permita que los postulantes al programa de autoconstrucción que no han construido sus viviendas puedan optar entre permanecer en él o acceder a un subsidio habitacional...”.
¿Se trata de un compromiso del ministerio o, simplemente, es una proposición? Ignoro la respuesta que dio el Ministerio en la Comisión ante esta alternativa. ¿Se comprometió el ministerio a aplicar un mecanismo especial a aquellas personas que quieran optar a una vivienda básica? A pesar de que los representantes del Ministerio concurrieron a la Comisión, tampoco se especifica ese aspecto.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado el tiempo de su Comité.
Redondee la idea, señor diputado.
El señor ORPIS.-
Muy bien, señor Presidente.
Considero que el punto 6 con esto termino es muy importante, porque, reitero, la investigación no queda agotada. Este punto habla de poner en conocimiento del contralor general de la República lo obrado por la Comisión; sin embargo, si se han vulnerado disposiciones legales y reglamentarias, lo que corresponde es que las personas respondan por las actuaciones no ejecutadas de acuerdo con la ley.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Salvador Urrutia , en el tiempo correspondiente a los Comités del PPD y Mixto.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, lo que más debe preocuparnos es la situación de los pobladores de Alto Hospicio y buscar la forma de que ellos puedan acceder a una vivienda digna en el más corto plazo posible.
Sin duda, después de la investigación efectuada por la comisión especial, quedó claro que es necesario normar adecuadamente los procesos de autoconstrucción. Tal como lo dijo el alcalde de Iquique, si una autoridad del gobierno local se enfrenta a miles de allegados que empiezan a hacer tomas irregulares y anárquicas, se ve obligada a buscar soluciones rápidas que eviten un drama social y más conflictos que, incluso, podrían acarrean violencia, lo que nadie desea.
En ese sentido, entiendo al alcalde de Iquique, quien se ha visto enfrentado al grave problema social generado por los miles de personas que han llegado a esa ciudad en el último tiempo, las cuales han incrementado su población a los máximos niveles y en estos momentos saturan la parte baja de Iquique y colman Alto Hospicio.
Es innegable que allí hubo un problema dramático que el alcalde de Iquique trató de resolver. Naturalmente, hubo fallas administrativas que, en gran parte, obedecen a nuestra burocracia, a nuestra forma de tramitar las cosas, a la enorme lentitud de la gestión del Gobierno, problemas que debemos superar. Esta investigación debe apuntar a ese objetivo.
Como lo han dicho otros diputados, la situación en Alto Hospicio demanda un especial apoyo del Estado, porque su solución supera las capacidades del gobierno local de la municipalidad de Iquique. De manera que es necesario incentivar al gobierno central para que preste ayuda a la gente que vive en condiciones deplorables, como todos hemos comprobado.
Por último, en el informe aparece una información que podría malinterpretarse. Se dice que el acuerdo se tomó por unanimidad. En realidad lo digo, porque tengo pleno conocimiento de ello, por razones de fuerza mayor, no asistí a la sesión en la cual se votó el informe. Por lo tanto, la unanimidad se refiere a los diputados que asistieron a las últimas reuniones. Digo esto porque tengo algunos reparos sobre las conclusiones, las cuales pueden ser mejoradas. En ese sentido, acojo la idea de que este tema de Alto Hospicio sea estudiado más a fondo, con el afán de solucionar el problema de los pobladores, como primera meta.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, me tocó participar en esta Comisión y, en realidad, fue bastante difícil y complicado aterrizar conclusiones y proposiciones.
En primer lugar, la autoconstrucción la investigación llevada a cabo nos permitió conocerlo más a fondo es un adecuado y eventual sistema para la gente que necesita una vivienda. Pero, sin duda como lo dice el informe, es necesario precisar los marcos regulatorio, técnico y económico necesarios para llevar a cabo dicho programa.
Quiero destacar en forma muy especial lo que significó esta investigación, sobre todo, cuando se solicita ampliarla a todo el sector de Alto Hospicio.
Pero esto pasa por la actitud de la municipalidad de Iquique y, en particular, de su alcalde. En ese sentido, disiento del colega Urrutia , en cuanto a que en un esfuerzo por solucionar un problema social, se haya metido en este berenjenal y se haya creado una situación realmente crítica. El señor Soria , alcalde de la municipalidad de Iquique, actuó irresponsablemente; creó falsas esperanzas en la población, y trató de presionar a los organismos del Estado mediante hechos consumados. Ahí se provocaron las tomas.
¡Cómo es posible que se quiera efectuar un programa de autoconstrucción si no se tienen las cosas básicas, como la conexión al abastecimiento de agua potable y al alcantarillado! Es lo mínimo en que se debe pensar para hacer algo lógico y razonable.
No quiero ni siquiera referirme a la parte de los dineros empleados y los solicitados a las personas y familias, todas modestas, que creyeron en este programa de autoconstrucción.
En la visita de la Comisión, algunos colegas fueron agredidos. Se había creado una situación desagradable hacia nosotros. Se decía que estábamos contra la gente que se había tomado los sitios, que se los íbamos a quitar y cosas por el estilo.
Es muy importante que la Cámara haga llegar, especialmente a la Contraloría, a los tribunales y al Presidente de la República, la situación de la municipalidad de Iquique y, en particular, de su alcalde. De lo contrario, vamos a mantenernos en una posición hasta temerosa de emitir un juicio sobre lo que está sucediendo y no vamos a lograr, en conjunto, los arreglos que ahí se requieren.
El informe apunta en ese sentido. Comprendo que quedaron cosas no investigadas. Incluso, algunas no se pudieron investigar. Tal vez, por temor, hay cuestiones que no quisimos colocarlas en el informe. No se puede actuar con esa presión, con ese temor y menos de una persona que incurrió en errores de todo orden: económicos, de gestión. No hay burocracia del resto de las instituciones, porque sencillamente se actuó matonescamente para llevar adelante un programa que no tenía ni pie ni cabeza y que era absolutamente irregular.
Independientemente de que se cree otra comisión y se analicen otras cosas, se debe enviar este informe, en la parte pertinente, a la Contraloría, a los tribunales y al señor Presidente de la República, para que se investiguen actuaciones reñidas con la lógica y lo razonable.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, sin perjuicio de lo señalado por el diputado señor Salvador Urrutia sobre las tomas y la presión indebida que ello implica, hay una sucesión de hechos, todos lamentables y, sin duda, poco conducentes a solucionar realmente el problema investigado.
El tiempo transcurrido desde la celebración del convenio entre el Ministerio de Vivienda y el alcalde de Iquique, más de 5 años, y el estado de situación que presentan las más de 1.400 familias, nos hacen pensar que realmente aquí hay un problema urgente por solucionar. Esa cantidad de familias no puede permanecer en el estado que describe el informe. Desgraciadamente, no la he podido conocer en terreno, pero es fácil imaginar, dado que carecen de agua potable, de alcantarillado, de pavimentación. Con tantos años con este problema encima, sin duda se trata de una situación angustiosa.
Es importante consignar que este informe nos deja totalmente preocupados respecto de la actuación de distintas autoridades, particularmente en lo que dice relación con el municipio de Iquique.
Todavía, según un informe de la Contraloría, no se ha podido establecer qué sucedió con 325 millones, aprobados por el concejo para destinarlos a solucionar algunos de los problemas. Fundamentalmente, tenían que ver con el arrendamiento de camiones aljibes. Hay una cantidad de elementos y de personas que han tratado de solucionar este problema, pero no existe un hilo conductor ni una finalidad clara ni se sabe cómo va a terminar.
Por lo que he escuchado, la factibilidad de agua en esa ubicación, a esa altura, es bastante compleja y difícil. O sea, al margen de la buena voluntad que pueda tener la gente o que, por último, se contara con los recursos para hacerlo, desgraciadamente el elemento agua es escaso y, sin duda, no se ha dado la factibilidad de lograrla, lo que significa que no hay posibilidad de conexión. Es decir, no sólo faltan las cañerías. Por algo la Dirección de Obras Municipales no dio autorización para instalarse ahí. Seguramente no se cumplía con ninguna de las normas de la ley general de Urbanismo y Construcciones.
Entonces, aquí hay una irresponsabilidad mayor al fomentar, en primer lugar, la instalación de esta gran cantidad de familias, en ese lugar y, luego, al tratar de radicarlas ahí sin un estudio más técnico, acabado sobre ello, al margen del impacto que produzca la instalación de ese gran conglomerado de personas.
La Comisión estima que la Contraloría General de la República ha actuado tardía y deficientemente en la investigación de los hechos, sin que hasta la fecha se hayan determinado las responsabilidades derivadas de las irregularidades acaecidas. Esto es, a mi juicio, uno de los puntos más lamentables, porque si la propia Contraloría Regional no ha tenido la agilidad suficiente como para investigar a cada una de las instituciones que aquí se mencionan el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales y, particularmente, el municipio de Iquique, es legítimo lo que han planteado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de proseguir con la investigación y proponer medidas para resolver este problema. Sobre todo, solicitar al organismo contralor una investigación exhaustiva de todas las actuaciones que aparentemente, al menos, presentan irregularidades graves.
También se hace presente en el punto 7) que me interesa mucho la necesidad de legislar para otorgar la posibilidad a la honorable Cámara de que, en el ejercicio de sus funciones, tenga atribuciones para fiscalizar actuaciones tanto de los alcaldes como de los concejos. No hablaría en general, sino sobre ciertas funciones que el municipio desempeña hoy para controlar a tiempo estos problemas y así evitar este impacto tan negativo en la comunidad. Hoy, los municipios sólo están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y del Ministerio del Interior, y no a la de la Cámara de Diputados. Creo importante incluirlos dentro de los órganos del Estado que deben ser fiscalizados por esta Corporación.
Considero que la situación de la gente de Alto Hospicio, de la cual da cuenta el informe, merece nuestra urgente atención, pues no es posible que esa enorme cantidad de personas siga sufriendo las consecuencias de este problema, y que es del caso continuar la investigación, a fin de completar algunos aspectos y, sobre todo, formular propuestas conducentes a solucionar de una vez por todas el asunto.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante también dejar establecidas las responsabilidades de las autoridades que han intervenido durante estos largos cinco años.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, sólo para expresar el apoyo de la bancada de la Democracia Cristiana al informe sobre un problema que, en su momento, se pidió investigar con mucha insistencia por nuestros parlamentarios, en especial por la diputada por Iquique , señorita Antonella Sciaraffia , quien, lamentablemente, hoy no pudo estar presente para apoyarlo y dar cuenta de las investigaciones que se llevaron a cabo para elaborarlo.
El informe, en su totalidad, es lapidario y demuestra la negligencia con que actuaron muchas instancias: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Bienes Nacionales, la Contraloría Regional y, sobre todo, la municipalidad de Iquique.
Comparto las conclusiones de la investigación en cuanto a que los hechos revisten extraordinaria gravedad y que los alcaldes deben ser susceptibles de acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados. Además, considero de la máxima importancia la idea de remitir a su excelencia el Presidente de la República el informe, a fin de que considere la posibilidad de una modificación constitucional al respecto. Son muchos los alcaldes en nuestro país que manejan presupuestos de gran envergadura, similar al de un ministerio o dirección general, y que, sin embargo, actúan bastante al margen de la ley, con gran autonomía y sin mayor control. La Cámara de Diputados, en su calidad de fiscalizadora, no tiene atribuciones para intervenir en materias que corresponden a los municipios, lo cual considero una falencia.
Por eso, me parece muy fuerte, muy importante y fundamental la idea propuesta por la Comisión a raíz del análisis sobre los hechos ocurridos en Iquique. Ojalá esa idea se lleve a la práctica, porque está siendo muy frecuente que los alcaldes actúen en forma arbitraria, atropellen dictámenes de autoridades judiciales, vayan más allá de los reglamentos de los ministerios y, en fin, ejerzan su función de una manera que no corresponde. En consecuencia, considero que, por lo menos, respecto de los grandes municipios debe existir una capacidad investigadora de esta Corporación.
Expreso el apoyo de nuestra bancada al informe y, en especial, a la conclusión que he señalado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en el breve tiempo de que dispongo, trataré de expresar tres ideas: finalidad, ilegalidades y modificaciones constitucionales.
Finalidad del proyecto: solucionar el problema de vivienda a un número importante de pobladores casi 20 mil que no cuentan con casa propia. Este noble propósito se llevaría a cabo con ayuda directa de la municipalidad, puesto que pondría a disposición de la gente camiones, instalaciones, maquinaria, etcétera, lo cual abarataría el costo de las viviendas. Además, y esto es muy importante, se consideró la mano de obra de los propios pobladores del sector.
Ilegalidades: muchas. ¿Cómo no van a existir ilegalidades si no dijo nada Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda, la Contraloría, el intendente ni el gobernador, a pesar de que se construiría en terrenos que no estaban urbanizados? Todo sistema de construcción comprende, primero, urbanizar el terreno, esto es, dotarlo de luz, de agua potable y efectuar el trazado de calles, para luego construir. Ese es el único lugar de Chile donde se construye sin urbanizar. De manera que existen irregularidades de las que alguien debe hacerse responsable. Pienso que deben ser los respectivos ministros de Estado.
Modificaciones constitucionales: en l994, presentamos una enmienda al artículo 48,
Nº 2), letra e) de la Constitución Política, a fin de que la Cámara de Diputados pueda fiscalizar no sólo los actos de los intendentes y gobernadores, sino también los de los alcaldes.
Cuando se dictó la actual Carta Fundamental, en l980, los alcaldes eran funcionarios dependientes de los intendentes y no contaban con la autonomía que el artículo 111 de dicho cuerpo legal entregó a los alcaldes, al señalar: “Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas”. Es decir, tienen la misma autonomía de que gozan las universidades. En consecuencia, para pedir el cumplimiento de responsabilidades económicas, debemos agregar a dicho artículo 111 que la autonomía será sin perjuicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados.
Como señalé, presenté estas modificaciones constitucionales, las que se refundieron con otras cinco mociones en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de tramitarlas todas en un solo proyecto. Por desgracia, en la Comisión se excluyeron las relacionadas con este tema, lo que nos obligará a replantearlas, a fin de que los fondos que invierten los alcaldes en un buen propósito, como es construir viviendas en este caso, 325 millones de pesos, según el informe, sean también objeto de fiscalización, al igual que todos los fondos que se utilizan en el país.
En resumen, he felicitado al alcalde señor Jorge Soria por su empuje para abocarse a solucionar los problemas habitacionales de la población, sobre todo de Alto Hospicio, sector que muchas veces he visitado; pero debo ser honesto y reconocer que no se respetó ninguna de las normas de urbanización, lo que significó un perjuicio para la gente, ya que lo barato se transforma en caro, porque el tiempo significa un costo que no está cuantificado en dichas obras.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, tan lejana está la Primera Región, de la zona que represento y del sur de Chile, que a veces, cuando hablamos, algunos decimos: nuestro sur.
Por ello, me interesé en saber algo de la geografía de la Primera Región, de esos desiertos áridos, agrestes. Millones de chilenos no tienen idea de que ahí también existe parte nuestra, preocupación nuestra, discusiones lógicas y también de las otras.
Quiero decir a la honorable Cámara que también fui a verificar algo de lo que aquí se decía y que en la Comisión se discutía. Asimismo supe que su excelencia el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar , reconoció que 7 mil familias, con un total de 35 mil habitantes, viven en la intemperie. Eso se encuentra en plena pampa, en el desierto agreste a que me refería, y es parte de Chile. Pareciera que nos falta conocer nuestra geografía, lo cual considero que es un asunto de Estado.
Se creó una comisión del más alto nivel, integrada por un delegado de su excelencia el Presidente de la República, los ministros de Bienes Nacionales y de Vivienda, el intendente de Tarapacá y el alcalde de la ilustre municipalidad de Iquique, la que se comprometió a construir 1.500 viviendas adicionales por año. Por su parte, los pobladores pidieron agua y alcantarillado y que les vendieran los terrenos para construir ellos mismos sus viviendas. Ése era el punto. Su excelencia accedió públicamente a tal solicitud.
¿Dónde comienzan los problemas de este desagradable episodio, que nos lleva a la constitución de una Comisión investigadora? Quizás en la tardía intervención del Estado, que ratifica el municipio en su intervención. Entonces toma urgencia resolver el problema, por lo cual se inicia un proyecto de autoconstrucción. Pero el drama social y humano que existía en ese momento en Iquique era de magnitud incalculable, quizás equivalente a un terremoto que deja a 35 mil personas sin hogar, viviendo en el desierto sin agua y sin electricidad y, más aún, con un horizonte de incertidumbre, de tristeza y de dolor por lo que significa vivir al aire libre. Pero las familias de ese desierto tenían fuerza y fe.
Por eso estimo que las actuaciones de la Comisión no son las correctas, porque contienen un conjunto de errores que, técnicamente por supuesto, no estoy facultado para calificar. Pero si hay errores, son las diferencias políticas de los actores dentro de la Comisión. No es otra cosa.
En la página 6 del informe se dice que los conflictos se iniciaron en 1998. La otra parte sostiene que eso es falso, porque hay pruebas sobre cuándo se pidió la creación de la Comisión investigadora. Además, en 1997, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales trató de ilusionar a los miles de familias que ya participaban en la “toma”, fecha en la cual existían certificados que autorizaban la instalación de energía eléctrica provisoria en dichos terrenos fiscales.
En otro punto, el informe dice que a la fecha no se había cumplido con la instalación de agua potable y alcantarillado. ¿Por qué? El municipio expresa que, a pesar de estar las obras sólo a unos metros de la conexión, Essat Sociedad Anónima ha negado las reiteradas solicitudes para efectuar la conexión. En noviembre de 1999 se autoriza hacer esas obras, las que serán de cargo de los pobladores, de aquellos que viven a la intemperie, quienes deben pagar nada menos que el costo de la conexión, que es de 150 millones de pesos, como mínimo. Por lo que aquí se señala y porque nos cuesta creer que podemos hacer grandes cosas, tenemos diferencias. Iquique puede hacer grandes cosas. Este es un ejemplo de ello.
Más aún, en otro acápite se concluye que la municipalidad no ha dado respuesta sobre la utilización de los depósitos hechos por los pobladores en el plan de autoconstrucción, que asciende a la suma de 110 mil pesos por familia. Efectivamente, no ha respondido, toda vez que dichos fondos pertenecen a los propios pobladores y son administrados por ellos. Ellos sí han contestado, a pesar de ser una entidad privada, y han aportado antecedentes respecto del detalle de todo lo obrado con dichos recursos. Hay transparencia y claridad; no se diga lo que no es.
No vayamos en contra de lo positivo. Chile entero reconoce a Jorge Soria , el alcalde, como un coloso del progreso de esa, su ciudad, Iquique. Mañosamente se hace mención a que él recibe cuotas, lo que es absolutamente falso. La Comisión verificó en Iquique que cada comité tiene una cuenta de ahorro en el Banco del Estado, constituida notarialmente, donde Jorge Soria Quiroga , el alcalde, el hombre del progreso, actúa como cuarta firma, después del presidente, del secretario y del tesorero de cada comité.
Por lo tanto, se tuerce la verdad para que, a quince días de la elección municipal, se piense que hay manejos turbios del doctor don Jorge Soria , alcalde de Iquique.
Es indudable que ese juego político no hace bien a la clase a la cual pertenecemos. Ojalá que por ningún motivo esta inadecuada imagen que se quiere dar de uno de los más importantes hombres del progreso nortino, afecte su ánimo. Desde esta tribuna, lo animo a seguir siendo como es, porque, si algo debió decir este informe, es que sí hubo solución.
Señor Presidente, estimados colegas, termino diciendo que aquí hubo solución para los desposeídos, para los que merecen nuestra atención.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por haber concluido el tiempo del Orden del Día, quedará pendiente la votación de los informes hasta la próxima semana.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
AMPLIACIÓN DEL MANDATO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL . (Votación).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 482, de la señora Soto, doña Laura ; señores Sánchez , Cornejo, don Aldo ; Longton , Bustos, don Juan ; Letelier, don Felipe ; Ávila , Walker, don Ignacio ; Fossa y Venegas , para la ampliación del mandato de la Comisión especial investigadora de la privatización de Esval.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El proyecto fue discutido y puesto en votación ayer. Por lo tanto, corresponde realizar la última votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
El señor SEGUEL.-
No.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, ¿sería posible solicitar nuevamente la unanimidad?
El señor SEGUEL.-
Me convencieron.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo por unanimidad.
ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE RESPONSABLES DE “TOMA” DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se dará lectura al próximo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 483, del señor Errázuriz.
“Considerando:
1. Que los estudiantes de la Umce solicitaron, primero, más crédito universitario; conseguido, pidieron que no hubiera sumarios por la “toma” de la universidad; obtenido ese compromiso, requirieron la salida del rector González ; renunciado, exigieron que no continuara el profesor Soto como su reemplazante; luego, exigieron formar parte del gobierno transitorio de la universidad, con derecho a voz y voto;
2. Que una “toma” como la de la Umce no puede dejar inmune a sus responsables, más aún cuando otras universidades pueden estar mirando lo ocurrido para seguir los mismos pasos;
3. Que son los tribunales de justicia los encargados de determinar si ciertas conductas vulneran o no el orden jurídico establecido en la sociedad, de modo que poner antecedentes en conocimiento de los tribunales no constituye juzgamiento.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar al Consejo de Defensa del Estado que deduzca las acciones legales que corresponda contra quienes resulten responsables de la “toma” de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y
2. Enviar copia de este acuerdo a la señora ministra de Educación”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, aunque no participé en la redacción del proyecto en discusión, lo que habría hecho de otra manera, merece que lo analicemos.
Más allá de lo que discutimos en la mañana de hoy respecto de la situación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, debemos tener presente que en esta acción se han cometido conductas antirreglamentarias e ilegalidades extremadamente graves que no es conveniente dejarlas pasar, porque pueden sentar un precedente muy funesto para la educación superior, financiada con dineros fiscales, y para otras actividades que también usan fondos y recursos estatales.
Una “toma” no será nunca la manera adecuada para solucionar los problemas, por lo menos en lo relativo a los puntos en conflicto que existen en esa universidad.
Hoy, se ha tratado de minimizar los actos de violencia, la destrucción de los bienes fiscales, las amenazas a las personas y toda una sucesión de hechos que, si bien no son plenamente delictuales, lindan en ellos.
Por eso, es menester, más allá de los acuerdos a que se llegue y del destino final de esa casa de estudios, que el Consejo de Defensa del Estado tome parte en la situación que allí se ha producido y ejerza las acciones legales, a lo que está obligado por ley, para cautelar los intereses de la Nación y el buen uso de los dineros fiscales.
Quiero manifestar mi pleno apoyo a este proyecto de acuerdo, porque, sin intervenir en el fondo del conflicto, ya que no estoy con ninguno de los sectores, sí estoy con la institucionalidad y con la legalidad. Si es necesario efectuar cambios en esa universidad, éstos deberán hacerse dentro de la legalidad y de la institucionalidad, y no a través de la fuerza, como ha ocurrido en este caso, que, a mi juicio, sentará un precedente muy funesto, como, por lo demás, lo han reconocido los rectores de las otras universidades agrupados en el Consejo de Rectores.
Reitero, en lo relativo a los hechos delictuales que hayan sucedido, a las violaciones a los derechos de las personas y a la destrucción de bienes fiscales, es indispensable que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte y ejerza las acciones legales pertinentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, como bancada, estamos de acuerdo en no apoyar el proyecto, por la sencilla razón de que consideramos que enviar a los estudiantes a los tribunales de justicia no es el camino para resolver los problemas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
Esto queda muy claro en el considerando Nº 1, que señala: “Que los estudiantes de la Umce solicitaron, primero, más crédito universitario; conseguido, pidieron que no hubiera sumarios por la “toma” de la universidad;”. O sea, éste es un proyecto de acuerdo que solicita que los estudiantes sean llevados a los tribunales y enjuiciados, porque el proyecto dice “contra quienes resulten responsables de la “toma” de la Umce”.
Aun cuando los estudiantes sean responsables de los actos que allí han ocurrido, en el informe que entregó hace poco la Comisión de Educación sobre la prolongada paralización de actividades que hubo en esta universidad, se dejó claramente establecido que el conflicto es mucho más profundo, ya que ahí falta liderazgo educacional, existe una mala convivencia y una inmensa desconfianza. Son otros los elementos que se deben cambiar. No ganamos nada con mandar a los alumnos a los tribunales, ya que con eso sólo reabriremos las heridas y provocaremos un conflicto mucho mayor.
Este proyecto, en lugar de ser positivo, sano y orientarse a encontrar una solución del problema, hace todo lo contrario.
Por eso, votaré en contra del proyecto, porque considero que no es la solución adecuada para este problema.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haberse reunido nuevamente el quórum, se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haberse reunido el quórum, su votación queda pendiente para la próxima sesión.
VIII. INCIDENTES
ALTURA DE MIRAS Y RESPONSABILIDAD FRENTE AL TEMA DE LAS INDEMNIZACIONES.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, no había pensado hablar en esta sesión; pero lo que voy a decir es una reacción espontánea y quisiera compartir mis reflexiones con los colegas.
Durante dos días he asistido a la Comisión que investiga el tema del pago de las indemnizaciones y me felicito de que este Gobierno haya decidido hacerlo público y entregar todos los antecedentes y su máxima colaboración para que no sólo el país conozca las situaciones que se han vivido, sino también para que nosotros, los parlamentarios que es lo más trascendente podamos legislar para evitar en el futuro cualquier abuso, irregularidad o falta de regulación en una empresa pública.
Pero me han dolido algunas actitudes.
El diputado Arturo Longton , en declaraciones al Canal 13, dijo que le daba vergüenza ser parte del Congreso Nacional. Quiero decir que me da orgullo representar a los ciudadanos que me eligieron; que me siento honrada de ser legisladora y de ejercer las funciones, ni más ni menos, de fiscalizar y de representar a aquellos que me han entregado su confianza. Es doloroso cuando, aquí, al querer llevar agua a un molino, nos excedemos de los límites y no tenemos la capacidad de distinguir, como país, qué deseamos hacer.
Me duele, además, que cuando en los pasillos preguntamos de dónde salen algunas reglamentaciones; cuál es el origen de ese tipo de contratos o de tratamientos de ejecutivos en algunas de las empresas públicas, se nos conteste en voz baja: “Claro, ustedes buscan equiparar: la igualdad”. Llama la atención. Por eso, queremos decirlo una vez más: rechazamos de la manera más categórica ese argumento si planteamos que hay reglamentaciones en esta materia que datan de los años 76, 82, 84 o anteriores al 90; si pretendemos que el país sepa cómo se originaron, quiénes participaron, quiénes las usaron y abusaron de ellas.
Una de las mayores vergüenzas que el país debió enfrentar fue el hecho de que, durante su mandato, el entonces Presidente de la República señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle , pidiera al Consejo de Defensa del Estado que, por el bien del país, no siguiera investigando los “pinocheques”. Eso sí que me molesta y, al respecto, pregunto: ¿Dónde se encontraban aquellos diputados que hoy le dicen a la prensa que están por la transparencia y que quieren investigar? ¿Cuándo levantaron su voz para expresar que no debiera hacerse aquello? Quiero saber por qué si queremos investigar del año 90 hacia atrás se nos dice que lo único que queremos es “la igualdad”. Ese no es el criterio que debe primar en la Cámara de Diputados, la cual ha de cumplir su función con dignidad y responsabilidad.
Todos tenemos un compromiso muy importante: fiscalizar, y tengo plena certeza de que si el Presidente Lagos ha tomado esa decisión los ministros, en la Comisión, han respondido preguntas durante estos dos días, es porque existe la disposición para abordar este tema como país. Todos debiéramos asumir el compromiso de averiguar si aquí hubo irregularidades. ¡Que se estudien; que se investiguen y que después, incluso si es necesario, que se apliquen acciones penales así estaría concluyendo el Consejo de Defensa del Estado. ¡Qué bien que las haya y que impidamos que existan estos abusos en el futuro!
Pero también a varios de nosotros nos dolió y nos dio vergüenza, en esta Sala, cuando, hace varios meses, algunos colegas se refirieron a la lista de honorarios sin hacer ninguna distinción; cuando aquí se denostó a muchísimos funcionarios públicos que han cumplido a cabalidad con su responsabilidad, con su compromiso, quienes se sienten orgullosos de ser parte de la empresa pública y que, obviamente, ganan mucho menos de lo que percibirían en la empresa privada; pero quieren ayudar entregando al país su capacidad y preparación.
Por eso hago un llamado; porque me molesta el doble estándar: el hecho de que, por una parte, digan que quieren investigar, pero, por otra, han permanecido en silencio todos estos años. Formulo un llamado a la Cámara de Diputados para que asumamos con dignidad, con respeto, con responsabilidad, este tema que nos debe preocupar a todos los chilenos. Queremos evitar los abusos, regular las empresas públicas y hacer que el país se sienta orgulloso de su democracia y no de aquellos que creen que solamente se tira la cadena cuando ya no sirve más.
He dicho.
Aplausos.
INFORMACIÓN SOBRE DEUDA DE EX SENADOR. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, quisiera hacerme parte de las palabras de la diputada señora Isabel Allende , ya que me interpreta plenamente en la forma y en el fondo.
Continuando con el mismo tema, quiero también expresar, con mucha tranquilidad, mi malestar con respecto a las declaraciones de nuestro colega Arturo Longton , con quien he trabajado durante once años en esta Cámara; pero, más aún, hemos tenido la oportunidad de plasmar una amistad y, hace algunos años, de concurrir al Parlamento de Rumania en representación del Congreso Nacional.
Hace pocos días salió una información pública sobre el comportamiento de los parlamentarios chilenos; sobre la cantidad de viajes que realizan. Tengo entendido que el señor Longton es el diputado que más ha viajado ¡bienvenido sea!, para representar al Parlamento chileno en los distintos países del mundo.
Tengo entendido que en esos viajes, que todos hemos realizado, él ha llevado la opinión de nuestro Congreso con mucho orgullo y honor. Junto a él, estuve en Rumania, y vi su actuar imbuido de la esencia de lo que es este Congreso Nacional y sus parlamentarios. Me duele que, después de ser el parlamentario que más ha salido a representar el Parlamento chileno en el mundo, haya dicho que le da vergüenza su condición de parlamentario.
Tengo un grado de pena, porque siento aprecio por Arturo Longton. Espero que, públicamente, retire sus palabras, porque se está infiriendo un daño personal al expresar las cosas como las está manifestando. Sería bueno para el país que dijera que siente aprecio y cariño por el Parlamento chileno, por la democracia y por sus colegas, y que no se sume a este vendaval de denuncias infundadas, o de querer aparecer, ante el público, como gran personaje del país, lanzando una especie de cojín de plumas al aire y después no poder recogerlas. Está muy cerca de personas que practican la pésima conducta de hacer así esa actividad política. Públicamente, también le pido que reflexione sobre esa materia.
Ahora, si Arturo siente vergüenza por el Parlamento chileno, espero que no sea por sus colegas de la Cámara de Diputados; no ha dicho nada sobre el particular. A lo mejor, puede ser por la información que aparece en los diarios de hoy. Si es por eso, lo acompaño plenamente. El diario “El Mercurio”, del 12 de octubre de 2000, dice: “ Hugo Ortiz de Filippi (RN) debe $ 47 millones: la cámara alta dio 48 horas a ex senador para pagar deuda”.
Si siente vergüenza porque el ex senador de su propio partido le debe a la cámara alta 47 millones de pesos, estoy absolutamente de acuerdo con Arturo Longton. En efecto, es una vergüenza que el abogado señor Hugo Ortiz de Filippi , quien se embolsó 47 millones de pesos de la Cámara Alta, haya pertenecido a esa Corporación.
Siendo así, pido enviar oficio al Senado espero que Arturo Longton y Renovación Nacional se hagan parte de él a fin de que, si lo tiene a bien, envíe información sobre la deuda de este ex honorable senador. Digo esto último, porque con la deuda contraída con el Senado, la palabra “honorable” se va con todo el excremento de lo que manifestó ayer el diputado Arturo Longton.
Repito, pido dirigir oficio al Senado para que nos entregue toda la información acerca de la deuda del señor Hugo Ortiz de Filippi. No sé si corresponde decir “señor”. Puede ser “de la deuda de 47 millones de pesos de Hugo Ortiz de Filippi , RN, ex senador y ex honorable”.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los señores parlamentarios que se adhieran, y para mejor comprensión del tema, se adjuntará copia de su intervención.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PAGO A CONTRATISTAS DE PROYECTOS SOCIALES EN PROVINCIA DE LINARES. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en la provincia de Linares, muchos contratistas de proyectos sociales casas, casetas sanitarias y otros, ya realizados, terminados y entregadas las obras, me han manifestado la falta de pago de estas obras por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu.
La explicación que se da es que no disponen de los dineros, falencia que no puede suceder, porque los dineros son asignados al aprobar un proyecto. A mi juicio, la burocracia o la ineficiencia de alguna oficina está demorando estos pagos más de lo debido, más de lo legal.
La difícil situación creada por el desempleo en la Séptima Región del Maule, es insostenible. Ello hace sufrir a estas empresas, muchas de las cuales son pequeñas, pues no pueden solventar las deudas y compromisos contraídos en la seguridad de que, al tener contrato con el Estado, su trabajo y proyectos terminados tendrían su pago en el tiempo convenido.
Esta situación las ha obligado a no cumplir el pago de créditos con empresas proveedoras de material de construcción, por ejemplo, y, lo más grave, con empleados y obreros; o a no adquirir más compromisos de construcción y sí a enfrentar la amenaza de quiebra, incluso de estas mismas empresas. Todo ello ha agravado seriamente el desempleo y la supervivencia de estas pequeñas empresas en la Región del Maule.
Por eso, solicito oficiar al ministro de Vivienda para que se sirva revisar y agilizar el pago de las obras terminadas en la Región del Maule, más precisamente en la provincia de Linares.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará al Ministerio de Vivienda y Urbanismo el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE CONCESIONES ACUÍCOLAS EN PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, quiero denunciar la falta de claridad y visión en la entrega de concesiones para la salmonicultura en la Undécima Región, específicamente en Puyuhuapi, comuna de Cisnes. En esa localidad, en la cual se ha concentrado un núcleo de desarrollo turístico y se han realizado millonarias inversiones en el sector turismo, se acaban de entregar concesiones acuícolas para el desarrollo de la salmonicultura.
Existe el antecedente de que en ese mismo lugar el sindicato de pescadores artesanales y de pequeños empresarios de la pesca local solicitaron dichas concesiones hace algunos años. Sin embargo, dichas solicitudes fueron denegadas sin expresión de causa.
Hoy, con sorpresa, hemos visto que a pesar de las millonarias inversiones en turismo, en particular en una marina que pretende atraer gente dedicada a los deportes náuticos, a los pies de la misma, se entregaron concesiones a una gran empresa de salmonicultura. No debería ocurrir eso, más aún cuando en Aisén existen miles de fiordos y canales en los cuales, perfectamente, es compatible el desarrollo de ambas actividades: la salmonicultura y el turismo. Concluimos que no ha existido la articulación del gobierno regional, de la intendencia ni de los organismos encargados de entregar estas concesiones, necesaria para posibilitar el desarrollo de ambos sectores.
Por eso, pido a las subsecretarías de Pesca y de Marina, y a la Intendencia de la Undécima Región, indicar el nombre de la empresa que obtuvo la concesión descrita, su ubicación exacta en el fiordo respectivo y la fecha de inicio de su tramitación y fecha de la resolución de las concesiones. Asimismo, les solicito detallar las concesiones denegadas en el canal de Puyuhuapi y las razones de ello.
Por otro lado, pido que el intendente de la Undécima Región informe si está en antecedentes de la situación e indique si es posible que ambos sectores se desarrollen.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, a los cuales se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Carlos Vilches y Haroldo Fossa.
LABOR DE LA CORPORACIÓN DEL COBRE Y DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, como es habitual, cada vez que se eleva el precio del cobre en los mercados internacionales, de inmediato se escuchan voces disonantes que solicitan la privatización de la Empresa Nacional de Minería, Enami , y de la Corporación del Cobre, Codelco. Por eso, una vez más, levanto mi voz en contra de ello. Proponer la privatización de estas empresas estatales es desconocer su trayectoria en la minería nacional.
Como se sabe, Codelco proviene de la nacionalización del cobre efectuada en 1971. Con el trabajo de sus profesionales, ha incrementado las reservas mineras en los últimos quince años en un alto porcentaje, lo que ha permitido materializar un gran proyecto minero, como lo es “ Radomiro Tomic ”, orgullo de esta empresa y de Chile, pues sus costos de explotación son los más bajos para llegar al cátodo. Así, Codelco es líder en el mundo en la producción de cobre.
Los recursos económicos que Codelco ha aportado al erario son imposibles de igualar por otras empresas. Por eso, merece el apoyo de todos los chilenos y del Estado.
Mediante una alianza estratégica entre los trabajadores y ejecutivos, ha logrado bajar los costos en todas sus divisiones: Chuquicamata , El Salvador, Potrerillos , Andina y El Teniente, a las que se agrega “ Radomiro Tomic ”, disminución que le permite mantenerse como líder en el mundo.
Por su parte, la Empresa Nacional de Minería, Enami , ha cumplido con eficiencia su labor de fomento de la pequeña y mediana minería. Ha comprado en forma permanente los minerales de cobre, oro y plata a los pequeños mineros y ha puesto a su disposición las instalaciones industriales para fundir, refinar y exportar los productos. Asimismo, ha apoyado a la mediana minería comprándole sus concentrados y precipitados de cobre. Cierra, así, el ciclo metalúrgico para exportar todos los productos de ese sector minero.
A lo largo del país, Enami cuenta con oficinas de compra de minerales y plantas de beneficios, fundiciones y refinerías, y apoya a los pequeños y medianos mineros en forma tal, que el desarrollo del sector, en gran medida, se debe al trabajo de la Empresa.
A mi juicio, más que pensar en privatizar Enami , deben procurarse los recursos para que modernice sus instalaciones, amplíe su capacidad y se dote de tecnología de última generación, de modo que pueda ofrecer a las grandes empresas privadas la posibilidad de fundir y refinar los concentrados en Chile. Así, además, se daría valor agregado a los productos y se aprovecharían los subproductos que hoy son pérdida para el país.
Por cierto, Enami enfrenta una situación crítica debido al alto endeudamiento, por lo que su desarrollo se ha visto seriamente afectado. Mucho se ha hablado de esto, pero poco se ha hecho para resolver el problema.
En virtud de un decreto ley, Enami entrega anticipadamente utilidades al Ministerio de Hacienda. Ahora, más de ciento sesenta y tres millones de dólares ha aportado al Estado esta empresa que está al servicio de la minería.
Asimismo, para cumplir con la normativa vigente en cuanto a descontaminación, ha invertido más de doscientos cincuenta millones de dólares en la fundición de Paipote y en la fundición y refinería de Ventanas. Sin duda, estos recursos son cuantiosos, y el Estado debería asumir su responsabilidad, ya que sólo el servicio de esa deuda le significan a la empresa más de treinta millones de dólares en intereses al año.
Han sido infructuosas las distintas iniciativas en orden a derogar un decreto ley que perjudica notablemente los objetivos de la empresa, le resta autonomía y la priva de desarrollarse en la etapa que vive la minería en Chile.
Enami ha sido fundamental para el desarrollo minero del país, razón por la cual el Estado no puede desentenderse de esta empresa de servicios a la minería. Más bien, tiene un gran desafío, que debe enfrentar para que continúe en su labor de fomento de este importante sector, ya que mediante intermediarios privados difícilmente sería posible continuar con el proceso.
Antes de pensar en privatizar estas empresas del Estado, es necesario apoyarlas, tal vez con la refundación de la Empresa Nacional de Minería, para que en el ciclo de Codelco como primer productor de cobre del mundo, ella pueda convertirse en una empresa moderna y eficiente y seguir siendo un orgullo de Chile.
Señor Presidente, solicito que se haga llegar mi intervención al ministro de Minería. Además, como la sesión se televisa a través de todo el país, se sabrá de mi proposición de que estas empresas se mantengan como estatales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio al ministro de Minería, comunicación a la cual se adjuntará el texto de su intervención, en que pide que Enami y Codelco continúen como empresas estatales, con la adhesión de la diputada señora María Antonieta Saa y de los señores Enrique Jaramillo , Jaime Jiménez y José Miguel Ortiz.
Ha terminado el tiempo del Comité de Renovación Nacional.
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PRECISIONES SOBRE EJERCICIO DE LAS FACULTADES FISCALIZADORAS DE LOS DIPUTADOS.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, quiero exponer unas reflexiones acerca del rol fiscalizador de los diputados y de nuestra responsabilidad al respecto.
Como se sabe, hoy está en funciones una Comisión encargada de investigar el tema de las indemnizaciones, que ha conmovido al país en estos últimos días, muy importante desde el punto de vista de la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, que esta mañana ha sido sobrepasada, en términos éticos.
Nuestra responsabilidad es con el país, con nuestras instituciones y con la democracia, de manera que si alguna diputada o diputado se excede en su función fiscalizadora y hace acusaciones gratuitas y exageradas, le está haciendo un flaco favor, por cuanto ella se debe llevar a cabo con responsabilidad ética y democrática.
¿Qué se pretende cuando se sobrepasa la conciencia democrática y se actúa con exageración, tergiversación y sin respeto hacia nuestra función fiscalizadora?
Quiero hacer un llamado a mis colegas respecto de la responsabilidad que nos cabe con respecto al país, a la democracia y a nuestras instituciones. No podemos festinar una función tan importante; no podemos, a través de esta labor fiscalizadora, tal vez en un protagonismo exagerado, sobrepasar principios básicos, éticos y morales.
Pregunto a los presidentes de los partidos de Oposición: ¿Qué se pretende? ¿Socavar las bases de la institucionalidad democrática? ¿Evitar que nuestra democracia funcione con transparencia, equilibrio y responsabilidad?
Me he referido a este tema porque en la Comisión investigadora se ha llegado a excesos sin estar clara cuál es su finalidad. ¿Protagonismo? ¿Socavar las bases de la institucionalidad democrática? ¿Poner en duda nuestra institucionalidad y legalidad?
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en primer término, participo de las palabras de la diputada señora María Antonieta Saa. Hace algunas semanas, también intervine sobre el particular.
Hay situaciones cinematográficas que llegan al límite y situaciones de la vida real que no deben llegar al límite. Se debe hacer lo posible para que en la Cámara de Diputados, que representa al pueblo de Chile, la democracia, que se logra con los esfuerzos y la inteligencia de sus hombres, no siga cayendo, por culpa de muchos de sus integrantes, a situaciones que después tendríamos que lamentar, tanto por la historia de nuestro país como por las nuevas generaciones.
POSTERGACIÓN DE LICITACIÓN DE PREDIOS DE LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO. Oficios.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, en los últimos meses, en ejercicio de la facultad fiscalizadora que nos entrega la Constitución y la ley orgánica constitucional del Congreso, solicité al Contralor General de la República que dispusiera una exhaustiva investigación acerca de la legalidad de la enajenación de dos grandes predios en la ex estación Riñihue , de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, efectuada por la empresa Invía , Inmobiliaria Nueva Vía S.A., creada por Ferrocarriles para administrar y enajenar sus activos prescindibles.
En este caso, pude detectar que dos paños de terrenos fueron vendidos a particulares en valores inferiores al valor libro, en desmedro del patrimonio de la empresa y, por supuesto, de todos los chilenos.
En la semana recién pasada, recibí una respuesta del contralor, en la cual me dice que se encuentra investigando la situación, sin perjuicio de que me adelanta las explicaciones de la empresa Invía , Inmobiliaria Nueva Vía sociedad anónima, son completamente insuficientes, razón por la cual ha instruido una severa investigación respecto de las operaciones efectuadas en este caso. Sin embargo, nuevamente esta filial está llamando a licitación pública para la enajenación de predios de propiedad del Estado.
Por ello y en mérito de lo informado por el contralor, pido que se oficie al ministro de Transportes y al presidente del directorio de Ferrocarriles, con el objeto de que se postergue cualquier llamado a licitación de la empresa Invía , para la venta de predios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que forman parte de nuestro patrimonio nacional.
En mi opinión a veces resulta difícil decirlo esta situación excede el ámbito legal y por ello se hace urgente la intervención de las autoridades correspondientes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jaime Jiménez y José Miguel Ortiz.
Para una mejor comprensión del problema, se adjuntará al oficio el texto íntegro de su intervención.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.48 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de las diputadas señoras Pía Guzmán y María Angélica Cristi y de los diputados señores Aldo Cornejo y Orpis.
Establece la comunicación al boletín comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias. (Boletín Nº 2600-18)
Uno de los problemas más agudos que presentan actualmente las relaciones familiares cuando se han producido crisis o rupturas entre los cónyuges o entre los padres no casados de hijos menores, es la dificultad para hacer efectivas y percibir, en forma periódica y regular, las pensiones alimenticias que han sido decretadas o aprobadas por los Tribunales de Menores.
Los mecanismos previstos en la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, tales como la retención de la remuneración del obligado, la responsabilidad solidaria del que perturba el pago, la posibilidad de juicio ejecutivo y embargo por el no pago de las cuotas, y principalmente las medidas de apremio al padre o cónyuge alimentante, aunque relevantes no son suficientes para neutralizar las múltiples y variadas fórmulas de evasión que los obligados al pago de una pensión alimenticia desarrollan cuando no se avienen a cumplir con sus deberes conyugales y/o paternos.
Ya el Informe de la Comisión Nacional de la Familia que se elaboró durante el gobierno de don Patricio Aylwin hacía ver que una de las principales deficiencias de nuestra legislación sobre alimentos es que muchas de sus disposiciones giran en torno a realidades económicas que, en relación con la mayor parte de la población, no se verifican, como es el caso de la constitución de usufructos para pagar las pensiones, o bien que se garantice el pago con hipotecas o prendas, a lo que debe unirse la crítica que puede hacerse a “los mecanismos de pago y la necesaria continuidad que debe garantizarse en relación con las resoluciones judiciales que imponen los alimentos y su monto” (Informe, encuadernación sin fecha, Sernam , pp. 8687).
Los pocos estudios empíricos de que se dispone ponen de manifiesto la importancia de las causas de alimentos en el contexto de los procedimientos judiciales que afectan a menores de edad. Se ha establecido que de 1982 a 1987 los juicios de alimentos fueron más del 60% de los juicios en causas civiles que involucran a menores. Según los investigadores, Mónica Muñoz , Carmen Reyes , Paz Covarrubias y Emilio Osorio , “estas cifras apuntan a una falta de responsabilidad y compromiso del padre por sus hijos, quien muchas veces se desvincula de ellos tanto en el plano afectivo como en el material” (Chile en Familia, Un análisis sociodemográfico, Unicef , Santiago , 1991, p. 99).
Es efectivo que el Congreso se ha preocupado de esta materia, y que existe en actual trámite parlamentario un proyecto de ley que modifica la ley Nº 14.908 para intentar solucionar muchos de los problemas que presenta la actual regulación en relación con los alimentos (Boletín Nº 140218). No obstante, las medidas contenidas en esa iniciativa legal se refieren principalmente a la prueba de las rentas del alimentante y a otras cuestiones referidas a hacer más expedito el juicio de alimentos, pero no se contemplan mecanismos encaminados a posibilitar un más efectivo cumplimiento de los alimentos ya decretados judicialmente, como no sea una mayor severidad en las sanciones que afectarán al incumplidor en relación con la sociedad conyugal, la tuición de los menores, y su patria potestad.
Por otro lado, las experiencias del Derecho de Familia comparado que han intentado reforzar la efectividad de la obligación alimenticia, recurriendo a procedimientos propios del Derecho penal, como la incriminación del incumplimiento, se han revelado como excesivas y poco útiles. Mal que mal, la pensión alimenticia es una deuda, y la consideración de su no pago como un delito penal, parece poco coherente con el principio personalista que inspira la responsabilidad civil. En el fondo se distorsiona la responsabilidad civil por no pago por deudas, y se utiliza indebidamente el Derecho penal para fines que no le corresponde asumir en una sociedad democrática.
Tratando de diseñar, entonces, mecanismos que no contemplen medidas tan extremas como la privación de libertad de los obligados, pero que resulten suficientemente conminatorios, se pude considerar la forma en que el sistema económico y financiero incentiva el cumplimiento de las deudas comerciales y castiga su morosidad. Como es sabido, desde el año 1928, el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda Nº 950, se estableció un sistema oficial de publicidad del cumplimiento o incumplimiento del pago de ciertos documentos u obligaciones relevantes para analizar la confiabilidad comercial de las personas y empresas, mediante la edición de un boletín comercial por parte de la Cámara de Comercio de Santiago. Desde hace ya unos cuantos años, ese boletín ha sido la principal fuente para que empresas especializadas otorguen información comercial a los agentes económicos, a través de un procesamiento de datos e informaciones comerciales relevantes. La más conocida de estas empresas es Dicom S.A.
Esta difusión de la información comercial se enfrenta con el derecho a la intimidad que la Constitución de la República asegura a todas las personas en su artículo 19 Nº 4. Por ello, la ley de Protección a la vida privada, ley Nº 19.628, de 1999, debió tratar expresamente esta materia, estableciendo reglas para armonizar el derecho al respeto a la vida privada con la necesaria publicidad que requiere un sistema informado de riesgos comerciales. De esta manera, el título III de esta ley regula la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y establece que los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo pueden comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en ciertos instrumentos que se mencionan en el art. 17 de la ley, o que el Presidente de la República, mediante decreto supremo, determine.
La formulación restrictiva de esta posibilidad de información dice relación con la necesaria excepcionalidad que debe revestir la incursión en zonas protegidas por la intimidad, en los casos en los que el interés público (en este caso el buen funcionamiento del sistema crediticio) lo requiere.
A nuestro juicio, un mecanismo que podría funcionar como incentivo real al cumplimiento efectivo de las pensiones alimenticias decretadas o aprobadas por resolución judicial, sería el de otorgar el mismo tratamiento a la deuda civil alimenticia que el Decreto Supremo de Hacienda Nº 950 y la ley Nº 19.628 reservan para las obligaciones de carácter comercial. En efecto, el hecho de que el incumplimiento sostenido de una obligación alimenticia tenga acceso al boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, y por medio de él quede disponible para su procesamiento por empresas que prestan información comercial, es por una parte una ayuda para la mejor evaluación de los antecedentes económicos de una persona, y por otra, un fuerte aliciente para que los deudores eviten incurrir en morosidad o se pongan al día en las obligaciones con pago vencido y pendiente.
No parece que deba efectuarse una intervención legislativa mayor para lograr este resultado, puesto que en estricto rigor la deuda alimenticia es una obligación de carácter económico (económico-familiar) que, en principio, resulta fácilmente incluible en la regulación que se hace en la ley Nº 19.628 sobre este tipo de obligaciones.
Para salvaguardar al máximo el valor de la intimidad personal, pensamos que debiera disponerse que sólo sean objeto de comunicación los incumplimientos más radicales y permanentes. Se evitaría así que cualquier retraso en el pago de una pensión alimenticia sea reflejado en el boletín comercial y demás bases de datos, obligando al deudor, una vez regularizado el pago, a “aclarar” sus antecedentes incurriendo en el costo pertinente. Hemos pensado que, tratando de armonizar intereses, el objetivo principal de la medida se satisfaría si se dispusiera la comunicación del no pago de deudas alimenticias sobre las cuales se haya decretado ya una medida de apremio de conformidad con el artículo 15 de la ley Nº 14.908. De esta manera, la disposición se circunscribe a ciertos alimentantes (cónyuge y padre) y a los incumplimientos más graves y permanentes. Por otra parte, se estima que el problema mayor se genera en las causas de alimentos que se tramitan en los Tribunales de Menores, por lo que se reserva a estos procesos la obligación del juez de comunicar los apremios.
En concreto, la moción que presentamos para la consideración de la honorable Cámara de Diputados, contempla agregar en el artículo 15 de la ley Nº 14.908 un inciso que disponga la obligación del Juez de Letras de Menores de remitir a la Cámara de Comercio de Santiago una nómina de las resoluciones por las cuales haya impuesto apremios en conformidad a esa norma. También se ordena que el Tribunal avise el pago o la extinción de la deuda por otros medios distintos del pago a la misma institución.
Se considera necesario adaptar la ley Nº 19.628 para incluir en la normativa de su capítulo III, las deudas derivadas de alimentos legales, y así permitir que esta información sea recogida y difundida por los responsables de bancos de datos de carácter personal. De este modo, se harán aplicables todas las normas que contempla la misma ley para evitar que los derechos de las personas se vean afectados innecesariamente por una incorrecta o abusiva utilización de sus datos. Los derechos de acceso, de modificación, cancelación y bloqueo, así como el recurso de hábeas data y la obligación de reparar daños que se regulan en la ley, serían aplicables a los que resulten afectados por una indebida difusión de datos inexactos, incompletos o inexistentes.
Al mismo tiempo, sería conveniente, aunque no estrictamente necesario, que el poder Ejecutivo modificara el decreto supremo Nº 950, de manera de incluir también en este texto reglamentario la obligación de los tribunales de menores de comunicar al boletín comercial las resoluciones que establecen apremio por alimentos legales.
En consideración a lo anterior, proponemos a la Cámara de Diputados el estudio y aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
Establece la comunicación al boletín comercial de los incumplimientos graves de deudas alimenticias.
Artículo 1º.- Agregase al artículo 15 de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias el siguiente inciso final:
“Semanalmente, los jueces de Letras de Menores remitirán a la Cámara de Comercio de Santiago, para los efectos establecidos en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda Nº 950 del 28 de marzo de 1928, una nómina de las resoluciones por las cuales hayan impuesto apremios en conformidad a este artículo en materias de su competencia. En la nómina se indicará el nombre y apellido del alimentante, su número de rol único tributario y el monto de la pensión alimenticia adeudada. Pagada o extinguida de otro modo la deuda, el tribunal avisará de oficio este hecho a la misma institución”.
Artículo 2º.- Modifícase la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, del modo siguiente:
a) Sustitúyese el epígrafe del título III por el siguiente: “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter alimenticio, económico, financiero, bancario o comercial”.
b) Agrégase en el artículo 17, el siguiente inciso tercero y final:
“Las deudas por alimentos legales podrán también comunicarse cuando el alimentante haya sido apremiado en conformidad al artículo 15 de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias”.
c) Añádase al inciso segundo del artículo 19, después de su punto aparte, que continuará como punto seguido, la siguiente frase:
“Tratándose de deudas por alimentos legales el aviso del pago o extinción de la obligación será dado por el tribunal respectivo, de oficio o a petición del deudor”.
AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios del acuerdo internacional celebrado entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia , Paraguay , Rumania y Nueva Zelanda, respectivamente, para autorizar a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y consulares a desempeñar actividades remuneradas en el país receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Jarpa.
Antecedentes:
Proyectos del Senado, boletines Nºs 2538-10, 2539-10, 2540-10, 2541-10 y 2542-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar a la Sala, tal como usted lo ha expresado, en segundo trámite constitucional y sin urgencia, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Dinamarca, en 1997; de Finlandia, en 1998; del Paraguay, en 1997; de Rumania, en 1999, y de Nueva Zelanda, en 1996, que tienen por objeto liberar de las inmunidades de jurisdicción a los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales de los países suscriptores, con el objeto de que puedan desempeñar actividades laborales o profesionales en el país receptor.
Estos tratados bilaterales son de alto interés para los gobiernos contratantes, ya que, junto con integrar a los familiares de estos funcionarios con los ciudadanos de los países receptores, se acrecientan los lazos de amistad entre las naciones.
Desde el punto de vista jurídico, estos tratados, fundados en el principio de la reciprocidad internacional, son necesarios para liberar a los familiares del referido personal de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen la Convención de Viena o los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales, con el objeto de que puedan desempeñar trabajos remunerados en el país receptor.
Se entiende por trabajo remunerado cualquier actividad que se desempeñe en virtud de un contrato privado y la práctica liberal de una profesión o la realización de negocios privados independientes.
Se exceptúa a quienes se desempeñan en las propias misiones diplomáticas del país, ya que no necesitan de esta autorización.
Dejo constancia de que, de estos cinco tratados, el suscrito con Nueva Zelanda sólo incluye a los familiares de quienes se desempeñan en misiones diplomáticas y consulares y no a los familiares de funcionarios de organismos internacionales.
Debemos hacer notar que a pesar de que los tratados no imponen restricciones sobre el tipo de empleo que pueda desempeñarse, establecen ciertas limitaciones respecto de actividades calificadas, las cuales deben cumplir las normas que exige cada Estado receptor, como también podrá haber limitaciones por razones de seguridad, que hagan imprescindible la contratación de nacionales del país receptor.
Además, estos tratados establecen el procedimiento que se ha de seguir ante el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor para obtener la autorización de trabajo, que consiste básicamente en que la misión respectiva debe presentar una solicitud ante el mencionado ministerio. Una vez acreditada la condición requerida, se enviará una comunicación oficial de aceptación.
También debemos dejar constancia de que los beneficiados con estas normas estarán sujetos a todas las normas tributarias y previsionales del Estado receptor.
Asimismo, se establece que estas actividades terminan cuando el funcionario de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales del cual son familiares cesa en sus actividades.
Se entiende por familiares dependientes de dicho personal el o la cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, a los menores de 25 años, si cursan estudios postsecundarios o superiores en el caso de Nueva Zelanda, esto solamente alcanza hasta los hijos menores de 23 años, y a los hijos solteros de cualquier edad, física o mentalmente discapacitados.
Estos tratados son de suma importancia para mejorar, en un mundo cada vez más globalizado, las relaciones entre los países.
Debo dejar constancia de que ya se han firmado tratados de este tipo con otros países, como Colombia, Filipinas , Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Venezuela, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los proyectos de acuerdo que figuran en los siguientes boletines: 253810 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en mayo de 1997; 253910 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, firmado en mayo de 1998; 254010 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, firmado el 24 de abril de 1997; 254110 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por notas entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, y finalmente, 254210 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelanda, firmado en diciembre de 1996.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió estos proyectos por unanimidad, y propone a la Sala que los apruebe en la misma forma.
Debo dejar constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en los Nºs 2º y 4º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, el proyecto no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado, como tampoco es necesario que sea sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, los convenios me parecen muy relevantes, y el informe, muy completo. Quiero agregar que mi experiencia como embajadora me permitió conocer casos muy importantes relacionados con la materia, como el de cónyuges de embajadores, que no podían ejercer su profesión o hacer alguna investigación porque no existían los acuerdos pertinentes.
Entonces, creo que estamos dando pasos bastante importantes, sin perjuicio por cierto de respetar la legalidad vigente en cada país. Estimo que deberíamos aprobar los proyectos de acuerdo sin mayores reparos, porque van a ser de mucha utilidad para nosotros en un mundo absolutamente nuevo, globalizado, en el que no podemos dar la espalda a los avances existentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.
AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios del acuerdo internacional celebrado entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia , Paraguay , Rumania y Nueva Zelanda, respectivamente, para autorizar a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y consulares a desempeñar actividades remuneradas en el país receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Jarpa.
Antecedentes:
Proyectos del Senado, boletines Nºs 2538-10, 2539-10, 2540-10, 2541-10 y 2542-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar a la Sala, tal como usted lo ha expresado, en segundo trámite constitucional y sin urgencia, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Dinamarca, en 1997; de Finlandia, en 1998; del Paraguay, en 1997; de Rumania, en 1999, y de Nueva Zelanda, en 1996, que tienen por objeto liberar de las inmunidades de jurisdicción a los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales de los países suscriptores, con el objeto de que puedan desempeñar actividades laborales o profesionales en el país receptor.
Estos tratados bilaterales son de alto interés para los gobiernos contratantes, ya que, junto con integrar a los familiares de estos funcionarios con los ciudadanos de los países receptores, se acrecientan los lazos de amistad entre las naciones.
Desde el punto de vista jurídico, estos tratados, fundados en el principio de la reciprocidad internacional, son necesarios para liberar a los familiares del referido personal de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen la Convención de Viena o los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales, con el objeto de que puedan desempeñar trabajos remunerados en el país receptor.
Se entiende por trabajo remunerado cualquier actividad que se desempeñe en virtud de un contrato privado y la práctica liberal de una profesión o la realización de negocios privados independientes.
Se exceptúa a quienes se desempeñan en las propias misiones diplomáticas del país, ya que no necesitan de esta autorización.
Dejo constancia de que, de estos cinco tratados, el suscrito con Nueva Zelanda sólo incluye a los familiares de quienes se desempeñan en misiones diplomáticas y consulares y no a los familiares de funcionarios de organismos internacionales.
Debemos hacer notar que a pesar de que los tratados no imponen restricciones sobre el tipo de empleo que pueda desempeñarse, establecen ciertas limitaciones respecto de actividades calificadas, las cuales deben cumplir las normas que exige cada Estado receptor, como también podrá haber limitaciones por razones de seguridad, que hagan imprescindible la contratación de nacionales del país receptor.
Además, estos tratados establecen el procedimiento que se ha de seguir ante el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor para obtener la autorización de trabajo, que consiste básicamente en que la misión respectiva debe presentar una solicitud ante el mencionado ministerio. Una vez acreditada la condición requerida, se enviará una comunicación oficial de aceptación.
También debemos dejar constancia de que los beneficiados con estas normas estarán sujetos a todas las normas tributarias y previsionales del Estado receptor.
Asimismo, se establece que estas actividades terminan cuando el funcionario de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales del cual son familiares cesa en sus actividades.
Se entiende por familiares dependientes de dicho personal el o la cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, a los menores de 25 años, si cursan estudios postsecundarios o superiores en el caso de Nueva Zelanda, esto solamente alcanza hasta los hijos menores de 23 años, y a los hijos solteros de cualquier edad, física o mentalmente discapacitados.
Estos tratados son de suma importancia para mejorar, en un mundo cada vez más globalizado, las relaciones entre los países.
Debo dejar constancia de que ya se han firmado tratados de este tipo con otros países, como Colombia, Filipinas , Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Venezuela, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los proyectos de acuerdo que figuran en los siguientes boletines: 253810 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en mayo de 1997; 253910 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, firmado en mayo de 1998; 254010 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, firmado el 24 de abril de 1997; 254110 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por notas entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, y finalmente, 254210 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelanda, firmado en diciembre de 1996.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió estos proyectos por unanimidad, y propone a la Sala que los apruebe en la misma forma.
Debo dejar constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en los Nºs 2º y 4º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, el proyecto no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado, como tampoco es necesario que sea sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, los convenios me parecen muy relevantes, y el informe, muy completo. Quiero agregar que mi experiencia como embajadora me permitió conocer casos muy importantes relacionados con la materia, como el de cónyuges de embajadores, que no podían ejercer su profesión o hacer alguna investigación porque no existían los acuerdos pertinentes.
Entonces, creo que estamos dando pasos bastante importantes, sin perjuicio por cierto de respetar la legalidad vigente en cada país. Estimo que deberíamos aprobar los proyectos de acuerdo sin mayores reparos, porque van a ser de mucha utilidad para nosotros en un mundo absolutamente nuevo, globalizado, en el que no podemos dar la espalda a los avances existentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.
AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios del acuerdo internacional celebrado entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia , Paraguay , Rumania y Nueva Zelanda, respectivamente, para autorizar a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y consulares a desempeñar actividades remuneradas en el país receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Jarpa.
Antecedentes:
Proyectos del Senado, boletines Nºs 2538-10, 2539-10, 2540-10, 2541-10 y 2542-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar a la Sala, tal como usted lo ha expresado, en segundo trámite constitucional y sin urgencia, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Dinamarca, en 1997; de Finlandia, en 1998; del Paraguay, en 1997; de Rumania, en 1999, y de Nueva Zelanda, en 1996, que tienen por objeto liberar de las inmunidades de jurisdicción a los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales de los países suscriptores, con el objeto de que puedan desempeñar actividades laborales o profesionales en el país receptor.
Estos tratados bilaterales son de alto interés para los gobiernos contratantes, ya que, junto con integrar a los familiares de estos funcionarios con los ciudadanos de los países receptores, se acrecientan los lazos de amistad entre las naciones.
Desde el punto de vista jurídico, estos tratados, fundados en el principio de la reciprocidad internacional, son necesarios para liberar a los familiares del referido personal de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen la Convención de Viena o los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales, con el objeto de que puedan desempeñar trabajos remunerados en el país receptor.
Se entiende por trabajo remunerado cualquier actividad que se desempeñe en virtud de un contrato privado y la práctica liberal de una profesión o la realización de negocios privados independientes.
Se exceptúa a quienes se desempeñan en las propias misiones diplomáticas del país, ya que no necesitan de esta autorización.
Dejo constancia de que, de estos cinco tratados, el suscrito con Nueva Zelanda sólo incluye a los familiares de quienes se desempeñan en misiones diplomáticas y consulares y no a los familiares de funcionarios de organismos internacionales.
Debemos hacer notar que a pesar de que los tratados no imponen restricciones sobre el tipo de empleo que pueda desempeñarse, establecen ciertas limitaciones respecto de actividades calificadas, las cuales deben cumplir las normas que exige cada Estado receptor, como también podrá haber limitaciones por razones de seguridad, que hagan imprescindible la contratación de nacionales del país receptor.
Además, estos tratados establecen el procedimiento que se ha de seguir ante el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor para obtener la autorización de trabajo, que consiste básicamente en que la misión respectiva debe presentar una solicitud ante el mencionado ministerio. Una vez acreditada la condición requerida, se enviará una comunicación oficial de aceptación.
También debemos dejar constancia de que los beneficiados con estas normas estarán sujetos a todas las normas tributarias y previsionales del Estado receptor.
Asimismo, se establece que estas actividades terminan cuando el funcionario de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales del cual son familiares cesa en sus actividades.
Se entiende por familiares dependientes de dicho personal el o la cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, a los menores de 25 años, si cursan estudios postsecundarios o superiores en el caso de Nueva Zelanda, esto solamente alcanza hasta los hijos menores de 23 años, y a los hijos solteros de cualquier edad, física o mentalmente discapacitados.
Estos tratados son de suma importancia para mejorar, en un mundo cada vez más globalizado, las relaciones entre los países.
Debo dejar constancia de que ya se han firmado tratados de este tipo con otros países, como Colombia, Filipinas , Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Venezuela, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los proyectos de acuerdo que figuran en los siguientes boletines: 253810 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en mayo de 1997; 253910 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, firmado en mayo de 1998; 254010 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, firmado el 24 de abril de 1997; 254110 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por notas entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, y finalmente, 254210 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelanda, firmado en diciembre de 1996.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió estos proyectos por unanimidad, y propone a la Sala que los apruebe en la misma forma.
Debo dejar constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en los Nºs 2º y 4º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, el proyecto no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado, como tampoco es necesario que sea sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, los convenios me parecen muy relevantes, y el informe, muy completo. Quiero agregar que mi experiencia como embajadora me permitió conocer casos muy importantes relacionados con la materia, como el de cónyuges de embajadores, que no podían ejercer su profesión o hacer alguna investigación porque no existían los acuerdos pertinentes.
Entonces, creo que estamos dando pasos bastante importantes, sin perjuicio por cierto de respetar la legalidad vigente en cada país. Estimo que deberíamos aprobar los proyectos de acuerdo sin mayores reparos, porque van a ser de mucha utilidad para nosotros en un mundo absolutamente nuevo, globalizado, en el que no podemos dar la espalda a los avances existentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.
AUTORIZACIÓN A FAMILIARES DE PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, los proyectos de acuerdo aprobatorios del acuerdo internacional celebrado entre el Gobierno de Chile y los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia , Paraguay , Rumania y Nueva Zelanda, respectivamente, para autorizar a los familiares del personal de las misiones diplomáticas y consulares a desempeñar actividades remuneradas en el país receptor.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Jarpa.
Antecedentes:
Proyectos del Senado, boletines Nºs 2538-10, 2539-10, 2540-10, 2541-10 y 2542-10, sesión 24ª, en 8 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nºs 8, 9, 10, 11 y 12, respectivamente.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 30ª, en 29 de agosto de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar a la Sala, tal como usted lo ha expresado, en segundo trámite constitucional y sin urgencia, sobre los proyectos de acuerdo aprobatorios de los tratados suscritos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Dinamarca, en 1997; de Finlandia, en 1998; del Paraguay, en 1997; de Rumania, en 1999, y de Nueva Zelanda, en 1996, que tienen por objeto liberar de las inmunidades de jurisdicción a los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales de los países suscriptores, con el objeto de que puedan desempeñar actividades laborales o profesionales en el país receptor.
Estos tratados bilaterales son de alto interés para los gobiernos contratantes, ya que, junto con integrar a los familiares de estos funcionarios con los ciudadanos de los países receptores, se acrecientan los lazos de amistad entre las naciones.
Desde el punto de vista jurídico, estos tratados, fundados en el principio de la reciprocidad internacional, son necesarios para liberar a los familiares del referido personal de las inmunidades de jurisdicción que les reconocen la Convención de Viena o los acuerdos de sede de las organizaciones internacionales, con el objeto de que puedan desempeñar trabajos remunerados en el país receptor.
Se entiende por trabajo remunerado cualquier actividad que se desempeñe en virtud de un contrato privado y la práctica liberal de una profesión o la realización de negocios privados independientes.
Se exceptúa a quienes se desempeñan en las propias misiones diplomáticas del país, ya que no necesitan de esta autorización.
Dejo constancia de que, de estos cinco tratados, el suscrito con Nueva Zelanda sólo incluye a los familiares de quienes se desempeñan en misiones diplomáticas y consulares y no a los familiares de funcionarios de organismos internacionales.
Debemos hacer notar que a pesar de que los tratados no imponen restricciones sobre el tipo de empleo que pueda desempeñarse, establecen ciertas limitaciones respecto de actividades calificadas, las cuales deben cumplir las normas que exige cada Estado receptor, como también podrá haber limitaciones por razones de seguridad, que hagan imprescindible la contratación de nacionales del país receptor.
Además, estos tratados establecen el procedimiento que se ha de seguir ante el respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor para obtener la autorización de trabajo, que consiste básicamente en que la misión respectiva debe presentar una solicitud ante el mencionado ministerio. Una vez acreditada la condición requerida, se enviará una comunicación oficial de aceptación.
También debemos dejar constancia de que los beneficiados con estas normas estarán sujetos a todas las normas tributarias y previsionales del Estado receptor.
Asimismo, se establece que estas actividades terminan cuando el funcionario de misiones diplomáticas, consulares o de organizaciones internacionales del cual son familiares cesa en sus actividades.
Se entiende por familiares dependientes de dicho personal el o la cónyuge, los hijos solteros menores de 21 años, a los menores de 25 años, si cursan estudios postsecundarios o superiores en el caso de Nueva Zelanda, esto solamente alcanza hasta los hijos menores de 23 años, y a los hijos solteros de cualquier edad, física o mentalmente discapacitados.
Estos tratados son de suma importancia para mejorar, en un mundo cada vez más globalizado, las relaciones entre los países.
Debo dejar constancia de que ya se han firmado tratados de este tipo con otros países, como Colombia, Filipinas , Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Venezuela, entre otros.
Por estas razones, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, proponer a la Sala la aprobación de los proyectos de acuerdo que figuran en los siguientes boletines: 253810 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en mayo de 1997; 253910 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Finlandia, firmado en mayo de 1998; 254010 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Paraguay, firmado el 24 de abril de 1997; 254110 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Rumania, por notas entre el 15 y 16 de diciembre de 1999, y finalmente, 254210 (S), suscrito entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Nueva Zelanda, firmado en diciembre de 1996.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores acogió estos proyectos por unanimidad, y propone a la Sala que los apruebe en la misma forma.
Debo dejar constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en los Nºs 2º y 4º del artículo 287 del Reglamento de la Cámara, el proyecto no contiene disposiciones de ley orgánica constitucional ni de quórum calificado, como tampoco es necesario que sea sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, los convenios me parecen muy relevantes, y el informe, muy completo. Quiero agregar que mi experiencia como embajadora me permitió conocer casos muy importantes relacionados con la materia, como el de cónyuges de embajadores, que no podían ejercer su profesión o hacer alguna investigación porque no existían los acuerdos pertinentes.
Entonces, creo que estamos dando pasos bastante importantes, sin perjuicio por cierto de respetar la legalidad vigente en cada país. Estimo que deberíamos aprobar los proyectos de acuerdo sin mayores reparos, porque van a ser de mucha utilidad para nosotros en un mundo absolutamente nuevo, globalizado, en el que no podemos dar la espalda a los avances existentes.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad los proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo?
Aprobados.