Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Edgardo Boeninger Kausel
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
PRESTACIONES DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
- ANTECEDENTE
-
PROHIBICIÓN DE PESCA ARTESANAL EN REGIONES NO CONSIGNADAS EN INSCRIPCIÓN
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Jose Ruiz De Giorgio
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Paez Verdugo
- Rodolfo Stange Oelckers
- INDICACIÓN
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA DE HECTÁREAS DE RIEGO BÁSICO
- ANTECEDENTE
-
REFORMA DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA CORFO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
- DEBATE
-
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- DEBATE
-
OTORGAMIENTO DE BONO EXTRAORDINARIO Y DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE IMPUESTOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- DEBATE
-
PRESTACIONES DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
- DEBATE
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Juan Patricio Jose Hamilton Depassier
- PETICIÓN DE OFICIO : Julio Lagos Cosgrove
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- REPARACIÓN DE SEPULTURA DE VICENTE HUIDOBRO Y CONSTRUCCIÓN DE MUSEO EN SU ENTORNO. OFICIOS
- PROTECCIÓN EN RIBERA DE CAUCE DEL RÍO ANGOSTURA. OFICIOS
- ANÁLISIS DE DOCUMENTO DE MESA DE DIÁLOGO
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 22ª, en miércoles 6 de septiembre de 2000
Ordinaria
(De 16:20 a 20:12)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios (2566-06) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca artesanal en regiones distintas a la consignada en la respectiva inscripción (2515-03) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico establecida en la ley Nº 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (1589-01 y 2023-01, refundidos) (se aprueba el informe, queda rechazado el proyecto y pasa a Comisión Mixta)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que reforma los Institutos Tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción (1960-03) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República don Salvador Allende Gossens (2549-04) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga un bono extraordinario y dispone devolución anticipada de impuestos (2580-05) (se aprueba en general y particular)
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Reparación de sepultura de Vicente Huidobro y construcción de museo en su entorno. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Protección en ribera de cauce del río Angostura. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Análisis de documento de Mesa de Diálogo (observaciones del señor Martínez)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrió, además, el señor Ministro de Secretario General de la Presidencia .
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 19ª, ordinaria, en 29 de agosto del año en curso, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 20ª, ordinaria, en 30 de agosto del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA ( Prosecretario subrogante).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", respecto del proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos. (Boletín Nº 2.289-05).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Once de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos destinados a financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado. (Boletín Nº 2.454-19).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y a la de Hacienda, en su caso.
Con los cinco siguientes informa que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los siguientes proyectos de acuerdo:
1) El que aprueba el Acuerdo de Exención de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales entre la República de Chile y el Reino Hachemita de Jodania, suscrito en Ammán el 18 de junio de 1997. (Boletín Nº 2.527-10);
2) El que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Honduras referente a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, suscrito en Santiago el 1º de julio de 1999. (Boletín Nº 2.528-10);
3) El que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Ucrania relativo a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales o de Servicio, suscrito en Kiev el 26 de marzo de 1997. (Boletín Nº 2.529-10);
4) El que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Lituania tocante a la Exención del Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y Especiales, suscrito en Santiago el 19 de mayo de 1999 (Boletín Nº 2.530-10), y
5) El que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Albania para la supresión de Visado en Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales y de Servicio, suscrito en Santiago el 18 de diciembre de 1996. (Boletín Nº 2.531-10).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el séptimo hace presente que dio su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, con excepción de las que señala, que ha rechazado. (Boletín Nº 2.289-05).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona para que la integren en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Hacienda para que integren la Comisión Mixta que deberá formarse.
Con el octavo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que otorga un bono extraordinario y dispone devolución anticipada de impuestos, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (Boletín Nº 2.580-05).
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el noveno comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley del deporte. (Boletín Nº 1.787-02).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el décimo informa que ha dado su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo relativo a materias electorales. (Boletín Nº 2.556-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el último, informa que ha designado a los miembros de la Comisión de Hacienda de esa Corporación para que integren la Comisión Especial que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2001.
--Se toma conocimiento.
De la Dirección General de Carabineros de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar, don Andrés, referido a la dotación de vehículos de la Comisaría de Chile Chico.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo al Programa de Aceras Participativas al que postuló la Junta de Vecinos 13 de Junio, de Alto Hospicio.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica requisitos de estudio para obtener licencias de conducir establecidos en la ley Nº 18.290. (Boletín Nº 2.396-15).
--Queda para tabla.
Permiso constitucional
El Senador señor Boeninger solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días, a contar del 15 de septiembre del año en curso.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA
PRESTACIONES DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2566-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 17ª, en 16 de agosto de 2000.
Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 20ª, en 30 de agosto de 2000.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La iniciativa tuvo su origen en mensaje, del que se dio cuenta en la sesión de 16 de agosto próximo pasado, y fue tramitada a las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización; de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda , en su caso.
La Comisión de Gobierno deja constancia en su primer informe de que el principal objetivo del proyecto es reconocer a los municipios la facultad de efectuar diversas prestaciones de bienestar a su personal, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.
Luego de describir la iniciativa, dicho documento deja testimonio de los antecedentes tenidos en consideración durante su estudio y resume el debate general.
Concluye el informe señalando que, por la unanimidad de sus miembros (Senadora señora Frei y Senadores señores Canessa, Cariola, Núñez y Ríos), la Comisión de Gobierno propone aprobar el texto sometido a consideración de la Sala.
Se deja constancia en el informe de que el artículo 12 debe aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, con los votos favorables de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio (en este momento, 26 votos).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronunciaron favorablemente 30 señores Senadores.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Bombal, Cordero, Chadwick, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Hamilton, Horvath, Lagos, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Stange, Urenda, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor NÚÑEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NÚÑEZ.-
Deberíamos fijar una fecha para la presentación de indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es lo que corresponde si se hace la solicitud pertinente; de lo contrario, como no se han formulado indicaciones, tendríamos que dar por aprobada la iniciativa también en particular.
El señor NUÑEZ.-
Así lo acordó la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Hay alguna proposición sobre el particular?
El señor NÚÑEZ.-
Podría ser la primera o la segunda semana de octubre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿El 2 o el 9?
El señor NÚÑEZ.-
El lunes 9 estaría bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se fijará el lunes 9 de octubre, a las 12, como plazo para formular indicaciones.
--Así se acuerda.
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo hacer presente a la Sala que la Cámara de Diputados remitió el proyecto que otorga un bono extraordinario de 10 mil pesos y dispone la devolución anticipada de impuestos, en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno para reactivar la economía.
La iniciativa fue calificada de "discusión inmediata". Por lo tanto, si no la despacháramos hoy, habría que citar a sesión especial para mañana.
Quiero plantear la posibilidad de que, paralelamente con la Sala, se reúna la Comisión de Hacienda, autorizándola para emitir un informe oral con el que podamos discutir y despachar el proyecto ahora,...
El señor URENDA.-
No hay inconveniente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
...aun cuando se encuentre agotado el Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
--Así se acuerda.
PROHIBICIÓN DE PESCA ARTESANAL EN REGIONES NO CONSIGNADAS EN INSCRIPCIÓN
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca artesanal en regiones distintas de la consignada en la respectiva inscripción, con informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2515-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Zaldívar, don Adolfo).
En primer trámite, sesión 4ª, en 14 de junio de 2000.
Informe de Comisión:
Intereses Marítimos, sesión 11ª, en 18 de julio de 2000.
Discusión:
Sesiones 12ª, en 19 de julio de 2000 (queda para segunda discusión); 14ª, en 2 de agosto de 2000 (queda pendiente su discusión general).
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La iniciativa tuvo su origen en una moción del Honorable señor Adolfo Zaldívar, de la que se dio cuenta en sesión del 14 de junio del año en curso.
La Comisión señala en su informe que el principal objetivo del proyecto es precisar que la pesca artesanal sólo puede ser desarrollada en el espacio marítimo correspondiente a la región en que estén domiciliados los pescadores artesanales, y establecer una sanción a quienes infrinjan esta disposición.
También deja testimonio de los antecedentes que se tuvieron en consideración para el estudio del proyecto, consignando que, luego de debatido en general y particular, él fue aprobado por 4 votos a favor y una abstención. Votaron por la afirmativa los Honorables señores Horvath, Martínez, Ruiz De Giorgio y Zaldívar (don Adolfo), y se abstuvo el Senador señor Stange.
En consecuencia, la Comisión propone a la Sala que la iniciativa sea aprobada en la forma consignada en el informe que sus Señorías tienen a la vista.
La Secretaría de la Comisión elaboró un boletín comparado donde se aprecia la modificación sugerida.
Cabe dejar constancia de que la Comisión, atendido que se trata de una iniciativa de artículo único, propone al señor Presidente que el asunto sea discutido en la Sala en general y particular a la vez.
Este proyecto se encuentra en segunda discusión.
En este momento ha llegado a la Mesa una indicación, suscrita por los Senadores señores Páez y Stange.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , éste es un proyecto extremadamente simple. Más que de una modificación propiamente tal, se trata de armonizar y complementar un aspecto que, en el hecho, se encuentra en el aire.
¿Por qué digo eso?
Varias disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura no tienen aplicación efectiva. Dentro de ellas están precisamente las referidas al tema en cuestión.
La gente se lamenta porque con relación al sector pesquero se producen serios problemas, como los conocidos últimamente.
En cuanto a la pesca artesanal, se trata de algo muy simple.
Hoy día el pescador artesanal debe estar inscrito en un registro para ejercer el derecho a desarrollar su actividad; si no lo está, recibe una sanción. Si cumple tal requisito, no puede, de acuerdo a la ley vigente, pescar en otra zona, a menos que cuente con el permiso correspondiente.
Ahora se pretende complementar eso.
Actualmente, si un pescador artesanal se encuentra inscrito en un registro en determinada región y va a pescar a otra sin el permiso de rigor, no tiene sanción. Esto ha traído al sector conflictos bastante difíciles. El proyecto que presenté, entonces, pretende corregir la anomalía existente y establecer sanciones en el caso de que ocurra la situación descrita, a menos que se cuente con la autorización correspondiente. Creo que de esa forma se ordenará realmente la situación de los pescadores artesanales; que se contribuirá realmente a que puedan pescar los que se encuentren debidamente registrados en sus Regiones y a que si éstos consideran necesario ir a pescar a otra -porque la actividad no se encuentra en una bonanza- cumplan con la ley, para lo cual lo único que deben hacer es pedir el permiso respectivo. Pero, de seguir las cosas como están, saltándose las exigencias legales, se llegará a un cuadro de anarquía y de conflicto en el sector.
Ello es tan evidente, tan cierto, que una ida de la Comisión de Pesca a la Undécima Región abrió la posibilidad de ver en terreno -y pueden corroborarlo los Honorables señores Horvath y Martínez , este último Presidente de ese organismo técnico- que tal requerimiento lo formulaban los dirigentes de los pescadores artesanales, para poder preservar los recursos.
Producto de lo anterior presentó el Senador que habla la moción que nos ocupa, a fin de lograr una corrección, en definitiva, y de contar con una legislación verdaderamente eficaz.
Y lo digo, también, para que mis Honorables colegas no crean que se trata simplemente de conflictos entre particulares o, por último, meramente económicos. En la Undécima Región se han registrado hechos dramáticos en relación con el abuso en que se ha incurrido y que ha costado muchas vidas humanas. Incluso, a la propia Armada le ha demandado importantes recursos, a veces, el salir a socorrer a pescadores artesanales que se trasladan de una Región a otra sin los debidos permisos y resguardos.
Y se trata de casos comunes. El año pasado, por ejemplo, naufragó una lancha pesquera que zarpó de Puerto Montt para pescar en la Undécima Región. Ello le costó a la Armada más de 12 millones de pesos, sin contar la grave pérdida en vidas humanas.
En consecuencia, señor Presidente , el proyecto, más que modificar la Ley de Pesca, persigue el propósito de llenar un vacío, de ordenar la actual legislación a fin de que sea cumplida de verdad y de que no se susciten condiciones conflictivas en un sector extremadamente sensible. Y, además, fluye de la propia realidad, de la propia actividad pesquera, que durante los años de vigencia de dicho cuerpo legal han tenido lugar para el pescador artesanal efectos perjudiciales que es el momento de entrar a enmendar con disposiciones eficaces. Por tal razón, insisto en que el texto en análisis, más que modificar la ley, la complementa y la armoniza.
Me parece que una buena aplicación de la normativa traerá orden en un sector altamente conflictivo y, además, ayudará a que el recurso pesquero se trabaje en forma previsora y económica, útil para toda la gente que se desempeña en ese ámbito.
Nada más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , la verdad es que la moción en debate, de artículo único, presentada por el Honorable colega que acaba de intervenir, no sólo contempla la necesidad de una sanción, sino que, además, introduce un criterio de seguridad, así como de modernización en el sentido de que la tarea del pescador artesanal es cada día más tecnificada. Y, por lo tanto, a una mayor demanda técnica debe responder, también, un mayor perfeccionamiento personal, humano y, diría, cívico, frente al hecho de que lo único que se plantea es que, si se quiere ir a pescar en una Región contigua, es preciso pedir permiso, lo que permite saber de qué lancha se trata, quiénes van a bordo, a dónde se dirigen y por cuánto tiempo. En esa forma se cautela, primero, la vida de las personas, que es lo más importante, y, en segundo lugar, se apunta a un ordenamiento de la actividad pesquera, que, como bien se sabe, está haciendo crisis por exceso de capacidad de captura y falta de materia prima.
Sobre el particular, el proyecto, al perfeccionar el artículo 120 de la Ley de Pesca agregando un nuevo inciso, redundará en un mayor profesionalismo en los pescadores artesanales, lo que constituirá un requisito fundamental para el futuro si se desea una pesca equilibrada con la capacidad tecnológica y la de bodega disponibles.
La Comisión, tal como se señaló, aprobó el proyecto por 4 votos a favor y una abstención, y las razones que se consideraron ya han sido claramente expresadas.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , tal como se ha expuesto, la iniciativa no hace otra cosa que perfeccionar la ley vigente. Diría, más aún, que clarifica los conceptos ya contemplados en ésta.
El número 40) del artículo 2º de la Ley de Pesca establece el Registro nacional de pescadores artesanales. O sea, es uno para todo el país. Sin embargo, como información para la inscripción, se dispone que se dé el domicilio del pescador, por Región, por provincia, por comuna y localidad y por categoría de pescadores y pesquerías. De tal manera que, siendo único, el Registro contiene un conjunto de disposiciones que diferencian a los pescadores artesanales y permiten un ordenamiento.
Todos sabemos que la administración del rubro exige que en cierto momento determinados recursos se encuentren en veda; que se fije una cuota global, a veces, de acuerdo con el sistema de explotación; que exista información sobre la cantidad que se extrae, o bien, tratándose de productos como el loco, respecto de quiénes son los pescadores con acceso al Registro , para distribuir la cuota correspondiente a cada uno de ellos durante la temporada. De tal manera que sin un cierto ordenamiento puede suceder que los recursos empiecen a entrar en grave crisis por sobreexplotación, por agotamiento. Sobre esa base, entonces, se fijan exigencias.
Y la ley, en su artículo 120, consagra sanciones para quien no cumpla con preceptos establecidos tanto en el artículo 50 como en el artículo 51.
Sin embargo, el texto vigente especifica otras para quienes efectúen faenas de pesca artesanal sin hallarse inscritos "en el registro respectivo". Podría entenderse, de acuerdo con algunas personas, que esa expresión hace referencia, por ejemplo, al registro provincial, o al comunal, o al de la localidad. Pero resulta que, por otro lado, el número 40) del artículo 2º menciona un solo registro nacional. La modificación que se introduce permite clarificar, entonces, que no sólo el pescador no inscrito en ningún registro será sancionado si desarrolla su actividad en determinado lugar, sino que también lo será aquel que lo haga en un lugar para el cual no ha sido autorizado. Y ello dice relación a un lugar distinto de su domicilio.
La iniciativa constituye, por lo tanto, una suerte de clarificación de la ley vigente. No agrega prácticamente nada. Y no establece una nueva sanción para un número determinado de pescadores, sino que simplemente precisa quiénes son objeto de una sanción cuando no cumplen con las disposiciones de la normativa.
Por ello di mi aprobación al proyecto, aun cuando, como lo hice presente en la Comisión, se podría interpretar que la situación se encuentra contemplada en la ley. Pero existen dudas. Hoy es común ver, en especial en la zona austral, que muchos pescadores emigran de una Región a otra -incluso a veces con sus propias embarcaciones-, generando dificultades. Por ejemplo, en la Duodécima Región se capturaban alrededor de 800 toneladas de erizo al año. A causa del impacto del desarrollo de esta actividad y de la emigración ilegal de pescadores de otras zonas, se llegó a extraer cerca de 35 mil toneladas anuales, lo que obligó a la autoridad pesquera a disponer vedas -no biológicas, sino simplemente preventivas- para evitar la extinción del recurso. Y esto se produce a raíz de que la gran mayoría de los pescadores que actualmente desarrollan la actividad en la zona son ilegales, no cumplen con las exigencias establecidas y no se encuentran inscritos -como lo prevé la normativa vigente- en los registros de la Región de Magallanes. Evidentemente es gente que necesita trabajar; pero, como se trata de una actividad regulada, quienes deseen ejercerla deben sujetarse a la legislación en vigor.
Por esas razones, voté favorablemente el proyecto en la Comisión y de igual forma lo haré ahora en la Sala.
He dicho
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , deseo sumarme a lo manifestado por el Senador señor Ruiz De Giorgio y por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en orden a valorar la moción presentada por el Honorable señor Adolfo Zaldívar . Si bien se circunscribe al otorgamiento de permisos y al establecimiento de control con miras a una clara individualización de la pesca artesanal respecto de su traslado de una Región a otra, se trata de un tema que preocupa profundamente a los pescadores artesanales de la Región que represento en el Senado.
En algunas oportunidades, en la hora de Incidentes me he referido al problema que hoy afecta precisamente al derecho de los pescadores artesanales a mantener estables sus puestos de trabajo y las inversiones que con tanto esfuerzo han realizado para adquirir aparejos, botes y desarrollar una de las faenas probablemente más duras del mercado laboral. Me refiero a la irrupción en áreas determinadas por la ley de flotas, y muchas veces de pescadores no artesanales provenientes de otras Regiones, que perforan no sólo las 5 millas, sino también la milla señalada; pescan a 300 ó 400 metros de la playa; arrasan los aparejos colocados -como artefactos, redes y otros-, generando, obviamente, tensiones y conflictos sin solución hasta el día de hoy. Esto ha dado origen a un sinnúmero de demandas y querellas, que desgraciadamente se han interpuesto en juzgados donde residen dichas flotas. Entonces, reina un sentimiento de indefensión entre los pescadores artesanales, quienes, además de ver destruida su fuente de trabajo, incluso deben recurrir a tribunales distintos.
Esta moción, que parece simple -como muy bien lo expresó su autor-, en el fondo resuelve un problema, y no impide que la pesca artesanal pueda trasladarse de una zona a otra, aunque obliga a declarar cuál es su origen y cuáles son las circunstancias en que se desarrollará.
Señor Presidente , deseo aprovechar esta oportunidad para manifestar que también hay otro problema. Y es bueno que en algún momento, con el concurso del Ejecutivo , pueda resolverse. Me refiero a la situación de los pescadores deportivos, toda vez que algunos de ellos se inscriben bajo esa categoría, en circunstancias de que son tan artesanales como aquellos a los cuales estamos aludiendo. En varios sectores del litoral central del país se han puesto cortapisas por la Gobernación Marítima, y en algunos casos por personal de Carabineros, incluso más allá de las atribuciones que normalmente les otorga la ley, que prohíben el acceso de pescadores deportivos y artesanales -que se ubican desde el borde del mar hacia adentro- a lugares donde normalmente realizan lo que ellos denominan sus "lances" o "esfuerzos de pesca". Considero que esto debe rectificarse. Por lo tanto, solicito que, en mi nombre, se oficie al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría respectiva, con el objeto de que se nos informe acerca de cuál es realmente la normativa vigente; y también al Ministerio de Defensa Nacional, organismo sobre el que recae la tuición de las gobernaciones marítimas, para que se nos indique cuál es la legislación que regula y condiciona el acceso de las pescas deportiva y artesanal por vía marítima.
Señor Presidente , anuncio que votaré favorablemente esta moción. Y felicito a su autor.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se remitirán los oficios solicitados por el Senador señor Moreno.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , muy brevemente deseo respaldar esta iniciativa por estimarla enmarcada dentro del espíritu con que se dictó la Ley de Pesca.
No cabe la menor duda de que, cuando se establecieron las bases para determinar qué sector de mar sería utilizado por los pescadores artesanales, naturalmente se tuvo en consideración a los pescadores artesanales de la Región que corresponde. Y las situaciones de hecho que se han producido no sólo afectan a la Undécima Región, sino también a varias otras, entre ellas la Quinta. En esta materia, de suyo delicada, se dispone de antecedentes que están indicando la apertura de un camino para que se violenten los espacios determinados para la pesca artesanal, incluso por pesca de arrastre, lo cual muchas veces provoca daños irreparables al sector pesquero artesanal chileno.
Por eso, anuncio que votaré favorablemente este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath, que es el último orador inscrito.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la Ley General de Pesca y Acuicultura contempla un proceso ya bastante claro y muy explícito sobre el particular. Sus artículos 50 y 51 disponen que para ejercer la actividad de pesca artesanal se debe estar inscrito en un registro, acreditar domicilio en la Región, especificando provincia y comuna. Además, se sanciona a quien no se halle inscrito en el registro correspondiente. Aquí no caben interpretaciones. De hecho, para que un pescador artesanal pueda desarrollar su actividad en una Región distinta de su domicilio debe acogerse a un sistema contemplado en la propia ley. Al respecto, el inciso cuarto de su artículo 50 señala que "Podrá extenderse el área de operaciones de los pescadores artesanales a la región contigua a la de su domicilio permanente y base de operaciones, cuando éstos realicen frecuentemente actividades pesqueras en la región contigua.". Y fija un procedimiento al señalar que se requerirá la intervención de los Consejos Zonales de Pesca. Aún más, se incluye una fórmula para el caso de que un grupo de pescadores, o un pescador, desee extenderse a más de una Región. Lo anterior demuestra que la ley no presenta vacíos y que los problemas que se han producido obedecen de alguna manera a fallas en la fiscalización. Además, hay fórmulas que permiten introducir correcciones en esta materia, como lo planteó el Honorable señor Moreno . A partir de agosto entró en vigencia una ley, cuya iniciativa se gestó en este Congreso Nacional, relativa a los posicionadores satelitales, que permiten que naves industriales que operen ilegalmente en áreas de los pescadores artesanales sean registradas por las autoridades competentes, como el Servicio Nacional de Pesca y la Dirección General del Territorio Marítimo.
El señor MORENO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor HORVATH.-
Con la venia de la Mesa, con mucho gusto, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno .
El señor MORENO .-
Agradezco la mención hecha por el Senador señor Horvath sobre este punto. Pero deseo llamar la atención de los señores Senadores en orden a que en la Región que represento se ha detectado que el posicionador satelital, en algunas oportunidades, es colocado en la barca de acompañamiento -la que queda estacionada más allá del límite señalado- y el barco entra a pescar en una forma distinta.
Gracias.
El señor HORVATH.-
Bueno, "crea la ley y crea el subterfugio", dice el adagio. Sin embargo, una acción como ésa es sancionada de manera muy drástica. De hecho, la autoridad marítima debe controlar que el posicionador satelital quede sellado en la nave. Esto se encuentra previsto en la propia normativa. Lo señalado obedece, tal vez, a que alguien hizo un ejercicio para demostrar el ingenio chileno. Pero, obviamente, eso es muy fácil de detectar.
Lo mismo ocurre con respecto a la pesca deportiva. En la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura hay una iniciativa al respecto y se esperan algunas indicaciones del Ejecutivo para poder despacharla en buena forma.
Por otro lado, el Registro de Pescadores Artesanales , que cuenta con 80 mil 187 personas inscritas, requiere necesariamente ser actualizado. En consecuencia, el problema entra en un contexto bastante mayor. Sin embargo, como señalé en la Comisión, el proyecto hace explícita la idea del legislador y, en ese sentido, constituye un aporte positivo.
Quería dejar constancia de lo anterior y anunciar que votaré favorablemente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay otros señores Senadores inscritos.
Cerrado el debate.
Corresponde votar.
Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar.
El señor MORENO.-
De acuerdo.
El señor CORDERO.-
Muy bien.
--Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha presentado una indicación.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-Indicación suscrita por los Senadores señores Páez y Stange "Artículo 111.- En las situaciones previstas en el artículo anterior, el capitán o patrón de la nave pesquera industrial con que se hubiere cometido la infracción será sancionado personalmente con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales, salvo la infracción a la letra c) cometida dentro de las áreas de mar reservadas a la pesca artesanal, caso en el cual la sanción será de 100 a 300 unidades tributarias mensuales y el patrón de la embarcación artesanal, con multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales.". El texto vigente de la disposición que se propone modificar es del tenor siguiente: "En los casos del artículo anterior, el capitán o patrón de la nave pesquera industrial en que se hubiere cometido la infracción, será sancionado personalmente con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales, y el patrón de la embarcación artesanal, con multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Es decir, se elevan las multas.
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente, en este momento no se hallan presentes los autores de la indicación, pero es preciso analizarla.
El señor MARTÍNEZ.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La tiene, señor Senador .
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , la enmienda propuesta tiene por objeto aplicar también una sanción a la contraparte. Pero este tema, a mi juicio, sale del ámbito de la iniciativa en debate.
A mi modo de ver, la indicación debería enviarse a la Comisión especializada, para que la estudie e informe a la Sala en su oportunidad.
Ésa es mi apreciación.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente, en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura se encuentra en trámite un proyecto presentado por el Senador señor Larraín , donde se propone agravar las sanciones a las naves pesqueras industriales que reincidan en la violación de la franja de protección de áreas restringidas o reservadas a la pesca artesanal.
Por lo tanto, sugiero a los autores de la indicación transformarla en un proyecto de ley y presentarlo rápidamente -es posible hacerlo hasta el l8 de septiembre-, para que la Comisión lo trate en conjunto con el que acabo de mencionar y que tiene las mismas características.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Parece haber acuerdo en rechazar la indicación y remitirla a la Comisión técnica, para que sea incorporada en la iniciativa señalada por el Senador señor Ruiz.
Si le parece a la Sala, se rechazará la indicación.
--Se rechaza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa se encargará de hacerla llegar a la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura para el efecto indicado.
--El proyecto queda también aprobado en particular y despachado en este trámite.
MODIFICACIÓN DE EQUIVALENCIA DE HECTÁREAS DE RIEGO BÁSICO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico establecida en la ley Nº 18.910, Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario , con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1589-01 y 2023-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 32ª, en 9 de septiembre de 1997.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 12ª, en 19 de julio de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN (Secretario subrogante).-
En el informe de la Comisión se señala que los principales objetivos de la iniciativa son:
-La actualización parcial de la tabla de equivalencia de hectáreas físicas con hectáreas de riego básico, cambiando los coeficientes de conversión establecidos para la Primera Región , de Tarapacá: comuna de Arica, valle de Azapa y valle de Lluta; Tercera Región, de Atacama: valle del río Copiapó y valle del río Huasco; Cuarta Región, de Coquimbo: hoyas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa, y Quinta Región, de Valparaíso: zonas especiales del valle de Aconcagua y los valles de Petorca y La Ligua.
-Permitir que un mayor número de productores agrícolas quede calificado en la categoría de "Pequeño Productor Agrícola", para posibilitar su acceso a la atención y beneficios que otorga el INDAP.
En seguida se reseñan los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio del proyecto y se resume el debate a que dio lugar.
Finalmente, se expresa que por la unanimidad de sus miembros -Senadores señores Cariola, Larraín, Matta, Moreno y Romero- se rechazó la idea de legislar sobre la materia y se propone a la Sala adoptar igual pronunciamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión, que desecha la iniciativa.
--Se aprueba el informe y, consecuencialmente, queda rechazado el proyecto.
REFORMA DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA CORFO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reforma los Institutos Tecnológicos de la Corporación de Fomento de la Producción, con informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1960-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 10 de noviembre de 1999.
Informes de Comisión:
Economía, sesión 19ª, en 29 de agosto de 2000.
Hacienda, sesión 19ª, en 29 de agosto de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La Comisión de Economía hace constar en su informe que uno de los objetivos fundamentales de la iniciativa consiste en excluir al Instituto de Fomento Pesquero, al Instituto Forestal, al Instituto Nacional de Normalización, al Centro de Información de Recursos Naturales y a la Corporación de Investigación Tecnológica de la aplicación de una serie de normas legales, que se señalan en el artículo 1º, relativas a la administración financiera del Estado, sistema de viáticos, uso y circulación de vehículos, procedimiento de fijación de remuneraciones y limitación máxima de las mismas, con el propósito de otorgarles mayor autonomía y flexibilidad en su gestión.
Luego detalla los antecedentes considerados durante el análisis de la iniciativa, resume la discusión habida en su seno y señala que la aprobó en general por la unanimidad de sus miembros -Senadores señora Matthei y señores Bitar, Lavandero, Novoa y Zurita-, en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda, por su parte, expresa en el informe que se abocó sólo al estudio de las materias de su competencia, contenidas en los artículos 1º permanente y 1º y 2º transitorios.
Con relación al financiamiento, indica que la iniciativa no requiere mayor gasto fiscal.
Por último, deja constancia de que la unanimidad de sus integrantes -Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, Ominami y Prat- acogió, con las enmiendas que figuran en las páginas 7 y 8, el texto de las citadas normas propuestas en el informe de la Comisión de Economía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
El señor NOVOA.-
Pido la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , si bien la Comisión de Economía aprobó unánimemente el proyecto, lo hizo después de un intenso debate porque la idea de traspasar los Institutos Tecnológicos de la CORFO a un estatuto que los saca del régimen normal de la Administración Pública provocó una serie de interrogantes. Ellas dijeron relación, por un lado, a cómo hacer efectiva la eventual responsabilidad de los Directores en el desempeño de sus cargos, y, por otro, a cómo fiscalizar el uso de los recursos, pues aunque éstos no se asignarán directamente en la Ley de Presupuestos, es sabido que esas entidades operan sobre la base de postular a programas que usan fondos fiscales.
Además, se formularon diversas objeciones e inquietudes relativas a la administración misma de los institutos, razón por la cual el Ejecutivo se comprometió a enviar indicaciones para corregir algunos aspectos. Quedamos de estudiar en el segundo informe, con mayor profundidad, si las aprensiones expuestas obedecían a problemas reales, o si podían solucionarse en la forma en que el Ejecutivo propuso.
Por lo tanto, quiero solicitar que se fije un plazo para formular indicaciones, porque el Ejecutivo anunció que presentará las suyas, o que por lo menos asumirá ciertos compromisos de información tanto a la Cámara de Diputados como al Senado, fundamentalmente en cuanto a los montos de recursos fiscales que estarían envueltos en la operación de estos Institutos, y el adecuado uso de ellos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , creo que es importante valorar que este proyecto otorga mayor flexibilidad y ayuda a la modernización. En tal sentido, el análisis que realizamos fue favorable.
Ahora, como lo expresó el señor Presidente de la Comisión , hay algunos puntos que el Ejecutivo debería perfeccionar, los que pienso señalar en las indicaciones. Uno se refiere a mantener el resguardo de determinados bienes públicos, como el uso de los automóviles de los servicios; e igualmente mejorar la calidad de la evaluación de los proyectos formando comisiones profesionales más amplias que las determinadas allí. Entiendo que en ambos casos está dispuesto a introducir esas correcciones que a mi juicio perfeccionarían el proyecto en cuanto a su aplicación y a la autonomía que queramos establecer; pero ésta deberá determinarse mediante una adecuada evaluación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , voy a abordar la iniciativa desde un punto de vista algo distinto del adoptado por mis Honorables colegas.
El proyecto nos coloca frente a la necesidad de pronunciarnos acerca de la forma en que seguirán funcionando en el futuro los denominados Institutos dependientes de la CORFO.
Hoy, esas entidades están sujetas a un estatuto de transición, si así pudiéramos llamarlo. Eso, porque la Corporación de Fomento ha ido enviando señales en el sentido de que en el futuro cercano muchas de ellas deberían dejar de pertenecer al ámbito de la CORFO, e incluso de relacionarse del modo como lo hacen actualmente con esa institución. Varios de los Institutos han cumplido durante su existencia un meritorio trabajo, contribuyendo no sólo a la investigación, sino también al fomento y promoción de determinado tipo de producciones; o a la detección de los cuellos de botella que retardaban las posibilidades de expandir algunas capacidades relacionadas con los sectores a los cuales se vinculan. Es lo que han hecho en particular el Instituto Forestal, el de Fomento Pesquero, el INTEC y, obviamente, el CIREN ( Centro de Información de Recursos Naturales ).
Por lo tanto, señor Presidente , creo que llegó el momento de hacer una pregunta que el Gobierno debe contestar: ¿Qué va a ocurrir en el futuro con estos Institutos? No se trata sólo de liberarlos de algunas fiscalizaciones o dependencias que los ligan por el Estatuto Administrativo a otras entidades. Lo que estamos preguntando es cuál será su vinculación, su articulación con otros entes del Estado, y cuál su forma normal de dependencia.
Tanto es así, que en las Comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente (donde el proyecto se encuentra ahora relativamente paralizado), cuando se ha discutido la cuestión de la institucionalidad forestal, se ha dialogado con el Ejecutivo , sobre todo durante la Administración pasada, en cuanto a la necesidad de que dentro de la nueva institucionalidad forestal -por nombrar un ejemplo- el Instituto Forestal pase a depender de lo que se ha propuesto como nueva Subsecretaría. En ese caso, dejaría de estar sometido a la dependencia de la Corporación de Fomento de la Producción.
A su vez, el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, deberá liberarse de la tuición de la CORFO y pasar a depender de la Subsecretaría de Agricultura. Análogamente, el Instituto de Fomento Pesquero tendría que quedar vinculado a la Subsecretaría especializada.
Por lo tanto debo dejar establecido que en este momento daré mi aprobación al proyecto; pero el Ejecutivo deberá pronunciarse de modo claro sobre la reestructuración, al menos, de los mencionados sectores; y entregar una opinión clara y definitiva respecto de la forma como, dentro de una modernización del Estado, las correspondientes entidades mantendrán una vinculación no sólo presupuestaria, sino también ejecutiva con otras normas que el Gobierno apoya en la materia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , me parece que éste es un paso intermedio de parte de los Institutos hacia el logro de mayor flexibilidad administrativa que los haga compatibles con las exigencias del desarrollo económico del país.
Estas entidades han sido claves en la introducción de valor agregado a nuestros recursos básicos, aporte que han entregado merced a sus conocimientos y su manejo. Fueron creadas con mucho esfuerzo técnico en las décadas de los 50 y 60. Su personal ha hecho un gran esfuerzo por mantener altas calidades y rendimiento en apoyo de nuestro sector económico.
El actual proceso de globalización exige en forma terminante certificaciones, racionalización de la productividad, y en eso los institutos han constituido piezas claves.
Creo que es absolutamente aconsejable otorgarles todas las excepciones contenidas en el proyecto en debate. Obviamente, sus respectivos presupuestos, generados por los mismos Institutos, se calculan de año en año y se logran a través de propuestas, de proyectos, de todos los aportes que realizan al sector público en general. Su rigidez administrativa, sin embargo, no les facilita el entregar sus esfuerzos con la racionalidad que hoy día, a causa de la globalización, demandan los respectivos sectores económicos.
He tenido oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de esos Institutos, y sé el esfuerzo que han desplegado algunos de ellos para favorecer importantes sectores de la producción, así como estoy en conocimiento de lo que significan la regionalización, la globalización y las demandas de certificación hoy existentes. Visité hace poco el CIREN, con motivo del estudio del presente proyecto, y vi lo que ese Instituto está realizando y el desarrollo que ha experimentado durante sus cerca de 40 años de existencia. También estoy consciente de su necesidad de recibir apoyo por una administración más flexible y compatible con las actuales demandas de los sectores productivos.
Por tales razones, concordando con lo dicho por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que cada uno de los Institutos tendrá que reestructurarse en su orgánica de Estado, considero que éste es un paso intermedio inmediato. Necesitan de esa autonomía para aportar lo que técnicamente han logrado a través de su corto historial.
Opino que el presente proyecto es del todo compatible con las necesidades actuales de los Institutos de la Corporación de Fomento de la Producción.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Parra.
El señor PARRA.-
Señor Presidente, a las consideraciones que se han hecho quiero agregar dos que justifican sobradamente la aprobación de este primer informe del proyecto.
La primera es el valor que ha tenido la investigación científica realizada por los Institutos a que se refiere la presente iniciativa. En ese sentido, basta ver la relación contenida en el anexo A del informe de la Comisión de Hacienda para darse cuenta de que el trabajo que realizan es sumamente relevante.
Llamo la atención sobre un hecho comúnmente desconocido: los recursos que la Corporación de Fomento de la Producción destina a la investigación científica y tecnológica en el país son de una cuantía considerable, la cual alcanza anualmente a algo más del 50 por ciento de lo que representan los fondos que la Ley de Presupuestos destina a FONDECYT, que es el instrumento principal de CONICYT y de la política de investigación científica en Chile.
En segundo lugar, hay una cuestión que me parece clave: el financiamiento de estos institutos proviene de manera creciente de los recursos que obtienen a través de los proyectos que ganan en distintos concursos, no sólo convocados por la propia CORFO, como es el caso del Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), sino también del FONDEF y otros concursos sectoriales existentes en nuestro medio. La ejecución de esos proyectos de investigación, el solo hecho de tener que competir por esos recursos a través de los concursos respectivos, hace indispensable que se flexibilice la gestión de estos institutos; y a eso apunta el proyecto en debate. No se les puede pedir, por una parte, que se financien tanto prestando servicios al sector privado cuanto ganando concursos y ejecutando proyectos específicos de investigación, y, por otra parte, que se mantengan sometidos a un régimen rígido y limitativo de su capacidad de gestión. Eso justifica sobradamente aprobar el proyecto en este momento, dejando los aspectos puntuales del mismo para el segundo informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
--Se aprueba.
El señor PARRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
Corresponde fijar plazo para las indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En efecto, señor Senador. Lo mismo me ha hecho ver el Honorable señor Novoa.
Si a la Sala le parece, sería el 16 de octubre, a las 12.
Acordado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Debo dar a conocer que respecto del proyecto signado con el número 3, que modifica la tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico establecida en la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, corresponde la formación de una Comisión Mixta, por el hecho de que fue aprobado por la Cámara de Diputados y rechazado hace un rato por el Senado.
Propongo designar, en representación de nuestra Corporación, a los miembros de la Comisión de Agricultura.
Si no hubiere objeciones, así se acordaría.
Acordado.
ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE EX PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, figura en la tabla el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Núñez, en primer trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Copiapó, en memoria del ex Presidente de la República, don Salvador Allende Gossens, informado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2549-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 11ª, en 18 de julio de 2000.
Informe de Comisión:
Educación, sesión 21ª, en 5 de septiembre de 2000.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La Comisión expresa que el principal objetivo del proyecto es rendir un homenaje público al ex Presidente de la República don Salvador Allende, mediante la construcción de un monumento en su honor en la ciudad de Copiapó.
El informe describe los antecedentes tenidos a la vista durante la discusión de la iniciativa en la Comisión y hace un resumen del debate habido en ella,
Por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Díez, Larraín, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide y Vega, la Comisión propone a la Sala la aprobación del proyecto en los términos en que figura en las páginas 5 y 6 del informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , deseo dar una explicación a la Sala.
El proyecto fue presentado por el Senador que habla hace ya bastante tiempo, en 1992; pero, por distintas consideraciones, lo retiramos. En aquel momento enfrentábamos coyunturas y dificultades que hacían poco apropiado impulsar una iniciativa en honor al Presidente Allende . Lo cierto es que el tiempo pasó y, por distintas razones, no insistimos en su presentación. No obstante, hace algunos meses opté por hacerlo, atendiendo a la solicitud que me había venido planteando un amplio sector de la ciudadanía de Copiapó, desde antes que se produjeran todos los avatares que hemos vivido en el país en los últimos meses.
Como es obvio, señor Presidente, voto a favor.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (12 votos contra 7, 2 abstenciones y ningún pareo).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cordero, Frei (don Eduardo), Matta, Moreno, Núñez, Parra, Ruiz (don José), Sabag, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Bombal, Chadwick, Fernández, Lagos, Novoa, Romero y Urenda.
Se abstuvieron de votar los señores Horvath y Martínez.
OTORGAMIENTO DE BONO EXTRAORDINARIO Y DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE IMPUESTOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono extraordinario y dispone la devolución anticipada de impuestos, con urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2580-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 6 de septiembre de 2000.
Informe de Comisión:
Hacienda (verbal), sesión 22ª, en 6 de septiembre de 2000.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión de Hacienda , Honorable señor Ominami, para informar el proyecto.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda analizó la iniciativa de ley que otorga un bono extraordinario y dispone la devolución anticipada de impuestos.
Se trata de un proyecto que resulta del anuncio de medidas de apoyo al proceso de reactivación hecho por el Gobierno hace algunos días. Consiste en un conjunto de normas complementarias de la decisión tomada por el Banco Central para rebajar en medio punto la tasa de interés bancario.
Las principales medidas contenidas en la iniciativa son de dos tipos. La primera se refiere al otorgamiento de un bono extraordinario de 10 mil pesos. Dicho beneficio se concede por una sola vez a los beneficiarios de subsidios únicos familiares, de pensiones asistenciales y de subsidios de cesantía.
Los titulares de subsidios familiares son 584 mil; los beneficiarios de pensiones asistenciales, 362 mil, y los trabajadores que gozarán de subsidio de cesantía, 45 mil, conformando un total de 991 mil beneficiarios, a quienes la iniciativa concede un bono extraordinario de 10 mil pesos, con un costo fiscal de 9 mil 910 millones de pesos..
Dicho bono se pagará durante el mes de septiembre del año en curso, a todas las personas que sean titulares de los beneficios recién señalados. El bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y, por lo tanto, no será imponible, ni tributable y no estará afecto a descuento alguno. El pago de aquél se efectuará por el Instituto de Normalización Previsional, por la Caja de Compensaciones de Asignación Familiar respectiva o por el organismo que corresponda.
La segunda medida contemplada por el proyecto se refiere a un anticipo de la devolución de impuestos, que se otorgará a todas las personas que hubieren declarado tributos durante los últimos tres años. Para estos efectos, el anticipo a que tengan derecho será 50 por ciento de la tercera parte de la suma de las devoluciones del saldo a que se refiere el inciso primero del artículo 2º del proyecto.
En ningún caso, el monto de la devolución anticipada será inferior a 10 mil pesos ni superior a 200 mil pesos por contribuyente. El desembolso para el Fisco se producirá en los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año en curso y hasta enero del año 2001, alcanzando a un monto total de 95 mil 800 millones de pesos.
No podrán acogerse al beneficio de la devolución de impuestos quienes no efectuaron declaración anual del Impuesto a la Renta en el año tributario 2000; los que permanezcan inconcurrentes a un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, y las personas que se encuentren denunciadas, querelladas o cumpliendo la pena correspondiente por delitos tributarios.
La iniciativa fue debatida en general y particular -como corresponde a un proyecto cuya urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata"- y, luego, aprobada por la unanimidad de los cinco miembros integrantes de la Comisión de Hacienda.
Asimismo, se acordó enviar un oficio al señor Ministro de Hacienda , solicitándole que considere la posibilidad de extender el plazo de un año, que fue anunciado para los efectos de la pactación de deudas tributarias, y que, a su vez, analice la factibilidad de condonar las multas de beneficio fiscal asociadas a las deudas previsionales que mantienen muchas empresas, particularmente pequeñas y medianas.
Eso es cuanto puedo informar para que la Sala resuelva acerca de este proyecto de ley.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , aprobé en general y en particular todo el articulado del proyecto en la Comisión y, naturalmente, ahora en la Sala me pronunciaré en igual forma.
Sin embargo, deseo señalar que el problema que a todos nos preocupa es el del desempleo y la reactivación. Las medidas contempladas en la iniciativa que nos ocupa constituyen un empujón a la economía. En efecto, en la medida en que habrá mayor gasto, esperemos que algo se reactive el consumo, que ha sido una de las partes de la demanda agregada que ha estado fallando muy fuertemente.
No obstante, quiero dejar establecido en la Sala que tales medidas y la rebaja de la tasa de interés no solucionarán el problema del desempleo que nos aflige. Porque, en realidad, se yerra en el diagnóstico de lo que está sucediendo cuando uno centra la atención en cuestiones de la macroeconomía: tasas de interés, gasto fiscal, gasto de personas, demanda agregada. Considero que aquí, básicamente, el problema radica en los aspectos microeconómicos.
Hay varios asuntos que deben señalarse en esta ocasión. Por ejemplo, el hecho de que se vulnere la ley en nuestro país, que no se respete el derecho de propiedad. El tema mapuche es algo que a mucha gente nos viene preocupando desde hace numerosos años y respecto del cual no se ha avanzado nada. Ello contribuye a que las empresas forestales se estén yendo fuera del país. Asimismo, en días pasados vimos a un Diputado violar flagrantemente la ley ante las cámaras de televisión, y no ocurre nada al respecto.
La gente cree que hay empresarios taimados por el desafuero de Pinochet. El problema no radica en que se haya desaforado o no desaforado a éste, sino, en el fondo, en la pérdida inmensa de confianza ante los tribunales, pues uno observa que éstos inventan leyes o delitos inexistentes y después los aplican en forma increíble. Ello finalmente va minando la confianza de los agentes económicos en el país, en los tribunales, en el cumplimiento de la ley, etcétera.
Nosotros mismos somos responsables de muchas cosas. Por ejemplo, el año recién pasado hubo una sequía peor que la de 1968. La ley referente a energía eléctrica señalaba que, si se daba un caso de esa naturaleza, se lo debería considerar de fuerza mayor y, por lo tanto, a las empresas generadoras de electricidad no les correspondería pagar compensaciones a los usuarios por los cortes de energía eléctrica. Después de ocurrida esa sequía -peor que la de 1968-, nosotros aprobamos una ley que obliga a las compañías eléctricas a pagar tales indemnizaciones. En esa oportunidad, dije en la Sala -y hoy lo reitero- que ese cambio en las reglas del juego es absolutamente inaceptable, porque es lo mismo que si a uno se le incendia la casa, después de acaecido el siniestro va a contratar un seguro de incendio y obligue a la compañía a pagar. Y ello fue lo que exactamente hicimos el año pasado. Ése es el tipo de acciones que hemos adoptado aquí y respecto de las cuales muchos Senadores se pronunciaron a favor y otros en contra. Ésas son las cosas que finalmente han ido causando esta gran inseguridad de los empresarios en el futuro del país.
Obviamente, los empresarios no están molestos con el Presidente Lagos porque él sea socialista. Ni siquiera estoy señalando que él sea el culpable de las cosas que suceden, porque, efectivamente, muchas de ellas las heredó. Lo que ocurre es que el Congreso y, en general, los Gobiernos de la Concertación, han ido cambiando, una tras una, muchas leyes y reglas del juego, lo cual no se notaba cuando la economía crecía a una gran velocidad y Chile recibía un gran flujo de capital. Pero ahora el país se halla paralizado y estamos tratando de sacarlo adelante. Y obviamente, es muy distinto empujar un carro cuando está cuesta abajo y no tiene ningún bache en el camino que tratar de empujarlo cuesta arriba y lleno de baches como está ahora.
En verdad, nos equivocamos de diagnóstico si creemos que las medidas establecidas en el proyecto traerán la ansiada recuperación.
Estoy siempre en mi Región; he ido a la feria, en la parte alta de Coquimbo; he estado en Salamanca y en varios otros lugares, y muchas veces uno no sabe cómo la gente se las arregla para comer. La situación es horrorosa. Hace poco conversé con un Diputado , quien me contó que una señora le dijo: "Hoy día yo no he comido y mi hija, de dos años, sólo ha comido medio colado". Ésa es la situación por la cual atraviesan muchos chilenos.
Obviamente, frente a esa realidad, no se trata de que los empresarios quieran hacer difícil la vida al actual Gobierno de la Concertación, del Presidente Lagos , ni estén taimados por el desafuero de Pinochet. Esas cosas son absurdas. Nadie está taimado. Los empresarios quieren que les vaya bien, pero tienen costos fijos que deben financiar todos los meses. Ha habido períodos en que, por ejemplo, la producción industrial creció 13 por ciento, pero las ventas industriales sólo se incrementaron en 2 por ciento. Entonces, es obvio que hay dificultades reales.
Lo cierto es que el proyecto -que votaré a favor- algo ayudará a la economía del país; será un empujón en la demanda agregada. Pero si el Gobierno de la Concertación no soluciona el principal problema, relativo a la falta de confianza en las reglas del juego a mediano y largo plazos, desgraciadamente la iniciativa en estudio no resolverá el problema de la cesantía que hoy afecta a tanta gente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , el proyecto forma parte de un conjunto de medidas que -como todos sabemos- anunció el Gobierno la semana pasada en reacción a una situación coyuntural de la economía, particularmente difícil en cuanto al desempleo.
En primer lugar, me parece que ese conjunto de medidas constituyen la respuesta adecuada a la situación que se está viviendo; que el Gobierno reaccionó con los instrumentos de que dispone, y que no tiene muchos más de los que desplegó en esta ocasión, lo que hizo de manera bastante rápida. De hecho, luego de 48 horas de conocerse la grave situación del desempleo se plantearon estas medidas. Y si uno revisa cada una de las medidas propuestas, comprueba que todas tienen un sentido. Aunque, por sí solas, ninguna resolverá la cesantía, sin duda contribuirán a normalizarla.
Cabe destacar que los grados de libertad del Gobierno para atacar esta difícil circunstancia no eran totales. En una situación equivalente se podría haber pensado, por ejemplo, en el aumento del gasto público, como una medida que a menudo utilizan los países para reactivar una economía con déficit de demanda. Sin embargo, obviamente, el Ejecutivo hizo una buena apreciación de la situación cuando señaló que el equilibrio fiscal es un objetivo importante de mantener, que tiene una repercusión nacional e internacional, y que, desde el punto de vista de las expectativas de mediano plazo de la economía, constituye un propósito que no debiera sacrificarse en función de la coyuntura actual.
Por eso, considero más acertado tratar más bien de normalizar uno de los aspectos que han estado paralizando el proceso: el sistema crediticio o financiero, porque no ha funcionado adecuadamente, no ha servido para superar la crisis económica que afecta al país. Aquí opera un sistema financiero con características procíclicas; es decir, con una alta propensión de los bancos e instituciones financieras a prestar dinero en abundancia -diría, en exceso- en momentos de bonanza de la economía, y a sobrecontraer la oferta de crédito cuando hay recesión. Y eso, naturalmente, agrava el problema, profundiza los ciclos y crea dificultades como las que estamos viviendo hoy.
Por consiguiente, es importante que el Banco Central haya bajado las tasas de interés. Además, resulta significativo que el Gobierno haya reincorporado, en cierta medida, a un grupo de deudores bancarios al modificar la tasa máxima de interés, eliminándola de cierto nivel hacia arriba, y también, por cierto, aumentándola para la pequeña empresa. Ello permite a los bancos cobrar un interés razonable por los créditos y, al mismo tiempo, cubrirse en el caso de cobranza de préstamos de mayor riesgo. O sea, la medida de corrección en la tasa máxima de interés ayuda a normalizar o a "bancarizar" -como se dice ahora- a un sector que estaba siendo desplazado como cliente bancario por el tope de dicha tasa máxima de interés más las normas que restringen los márgenes de cobranza. Asimismo, se incorporó otro conjunto de medidas, como la anticipación de devolución de impuestos que hoy discutimos, lo que, sin duda, estimula la demanda.
Por otro lado, uno puede debatir la materia que planteaba la Senadora señora Matthei en forma más amplia y exponer las discrepancias sobre el particular. Sin embargo, me parece necesario acotar lo que es obvio.
Nos encontramos en una situación complicada, pero, desde el punto de vista de la repercusión de la crisis en otros países, sobre todo en la región, la economía chilena -lo ha sostenido el señor Ministro de Hacienda muchas veces y hay que reiterarlo- se halla en óptimas condiciones para recuperarse, por cuanto tiene una inflación controlada, una balanza de pagos muy sólida y una buena expectativa para eliminar su déficit fiscal en un plazo razonable. De modo que las circunstancias y condiciones de recuperación de Chile son más alentadoras que las de otros países que han sufrido la misma crisis en estos dos últimos años.
No concuerdo con el argumento de que la crisis se debe a un problema de carácter microeconómico. No se explica que haya una tasa de desempleo superior al 10 por ciento causada por efectos microeconómicos que se presentan de golpe. Eso no tiene mucho sentido, ni tampoco se debe, a mi juicio, a malas señales que esté dando la Administración.
Nuevamente, invito y desafío a quienes se quejan de que el Gobierno está dando malas señales, a que examinen cualquier democracia del mundo hoy día y encuentren uno o más Gobiernos que tan reiteradamente busquen generar estabilidad en la economía, manejar con seriedad las finanzas públicas, invitar al sector privado a aportar sus ideas en los más variados temas y perseguir -diría, obsesivamente- que la principal legislación propuesta al Parlamento alcance un consenso significativo.
Por lo tanto, exigir más en tal sentido, traspasa sutilmente la frontera de una cuestión que políticamente no considero enteramente aceptable, pues, en el fondo, significa pedir al Gobierno que deje de hacer lo que se comprometió a realizar, o, de lo contrario, los empresarios no invertirán en el país.
Señalo lo anterior, porque el proyecto que evita la evasión tributaria, por ejemplo, constituye un compromiso que la actual Administración adquirió durante la campaña presidencial. Sin embargo, me sorprende la actitud que ahora tienen los sectores de Oposición, porque asumieron idéntico compromiso en la misma campaña.
En dicha oportunidad, el candidato presidencial don Joaquín Lavín evaluó el costo de su programa en 8 mil 200 millones de dólares, y don Ricardo Lagos , en 8 mil 400 millones de dólares. Y cuando en un foro televisivo se les preguntó cómo financiarían sus programas de Gobierno, ambos respondieron que lo harían atacando radicalmente la evasión tributaria.
En consecuencia, sostener que la presentación de una iniciativa para terminar con la evasión de impuestos es una señal contraria a la reactivación y la generación de empleos, no me parece lógico ni coherente con el discurso de la Oposición del último tiempo.
Cabe destacar que el ex candidato presidencial don Joaquín Lavín -actual postulante a Alcalde de Santiago - y el señor Presidente de la UDI, han afirmado que el problema de la cesantía es un asunto prioritario y que el seguro de desempleo forma parte de una política de Estado que debería ser apoyada por todos los sectores. Además, días atrás, ambos personeros manifestaron que, incluso, están dispuestos a no insistir en algo que los propios economistas de Derecha han criticado a los Gobiernos de la Concertación durante diez años, en el sentido de que no han sido suficientemente duros para disminuir el gasto público. Y la semana pasada reclamaron duplicar los beneficios sociales, solicitando un aumento del gasto público de 200 millones de dólares. Porque han pedido que la medida propuesta no sea anticipo de la devolución de impuestos, sino gasto público crudo, directo, a la vena, para generar empleo.
Entonces, yo pregunto: ¿Quién está dando las señales confusas: los economistas de Libertad y Desarrollo, el Presidente de la UDI o el candidato Lavín?
No sé cuáles son las señales que confunden más al sector privado. Porque lo que éste sí tiene claro es que, para invertir, quiere las finanzas públicas en orden.
Y podríamos continuar con esta enumeración de las iniciativas de Gobierno. Pero la verdad es que las partes no sumarían como para generar este cuadro aparente de desconfianza que explicaría la parálisis de la inversión.
Deseo redondear mis palabras sosteniendo que más positivo que eso sería, desde luego, aprobar el proyecto en debate; después, sacar las lecciones de lo que ocurrió con la crisis pasada, y asegurarnos de que lo que la detonó no se vuelva a repetir.
No tengo tiempo ni es la ocasión de abundar en este punto. Sin embargo, yo invitaría a que en las próximas semanas o meses se pusiera el acento donde corresponde y no se intentara desplazar la responsabilidad de esta situación al Gobierno. Éste está haciendo todo lo posible en materia de uso de instrumentos; ha dado las señales adecuadas para que la economía se recupere, para que el sector privado invierta. Y ahora, como siempre, se trata de una tarea cooperativa, donde cada uno -el sistema financiero, los bancos, el Ejecutivo y el sector privado- ponga lo que debe poner.
Apuntar con el dedo en esta materia no nos va a llevar a ninguna solución. Tratar de buscar un terreno común y mejorar el clima en el país, sobre todo el clima político, me parece algo que contribuirá a acelerar el proceso de reactivación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, este proyecto se enmarca en una crisis de desempleo de magnitudes no previstas por el Ejecutivo. Con fecha 25 de junio, el Ministro de Hacienda , señor Nicolás Eyzaguirre , afirmó que la cifra de desocupación, en lo peor del invierno, iba a llegar, acaso, unas décimas sobre el nueve por ciento y que no se acercaría al diez por ciento. Las últimas cifras disponibles indican que en julio el desempleo medido en el trimestre móvil terminado ese mes llegó a 10,2 por ciento. Por lo tanto, en julio el porcentaje de desocupación fue muy superior al 10,2 por ciento.
Cuando asumió el actual Gobierno, el total de desempleados ascendía a 479 mil 930 personas; cuatro meses después, en julio, a 592 mil 450.
Frente a esa situación, se reaccionó con el anuncio por el Ministerio de Hacienda de un conjunto de medidas que en mi opinión, no siendo negativas, son de tono menor. Algunas sólo constituyen anuncios. Se dijo que se enviaría la ley eléctrica, que se pondría término a la incertidumbre en materia de legislación pesquera. Son anuncios de algo que se va a hacer. Mal podrían calificarse de medidas. Y desde luego, mientras no conozcamos el contenido, tampoco podremos saber si los proyectos que se envíen provocarán o no un efecto reactivador.
Hay que agregar que muchos de esos anuncios se deben hacer para corregir situaciones de incertidumbre existentes hoy día, entre las cuales no sólo están los proyectos eléctrico y de pesca, sino también el Código de Aguas, que se está discutiendo...
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me concede una interrupción muy breve, señor Senador ?
El señor NOVOA.-
Sí, con la venia de la Mesa.
El señor VIERA-GALLO .-
Sólo quiero decir que el proyecto de ley de pesca ya fue enviado, se encuentra en la Cámara Baja, está tramitándose y es de público conocimiento.
Gracias.
El señor NOVOA .-
En todo caso, cuando se anunció por el señor Ministro , se expresó que se iba a poner término a una situación de incertidumbre en el sector pesquero. Y las incertidumbres han sido causadas por la propia Concertación, que lleva diez años gobernando.
Otras medidas son bastante contradictorias. Porque se planteó como reactivación el condonar multas a quienes no han cumplido sus obligaciones tributarias, en circunstancias de que pocos días antes, con gran publicidad, se había mandado un proyecto llamado precisamente a combatir la evasión. Entonces, llama la atención a la gente que por un lado se mande un proyecto para combatir la evasión y por otro se anuncie la condonación de multas a quienes no cumplen sus obligaciones tributarias.
Otras normas pueden ser positivas, como la flexibilización de los mecanismos para que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito. Pero, obviamente, este conjunto de medidas dista mucho de ser un programa, un plan para combatir el desempleo -que es el problema más acuciante-, y, por cierto, tampoco apunta a corregir los problemas de fondo o sus causas.
En mi concepto, dos son las causas por las cuales la reactivación económica en el país no se ha producido y por las que debemos lamentar un alto índice de cesantía.
La primera es el estado bastante deplorable en que este Gobierno recibió la economía, de lo cual no se puede excusar, por ser continuador del anterior.
Quiero recordar que se nos criticaba de manera sostenida y se nos tildaba de majaderos cuando desde estas bancas denunciábamos que el exceso de gasto público estaba ahogando a la economía. Y sucede que hoy día se indica como causal de la situación económica aflictiva en que se encuentra el país o de la profundidad con que nos afectó la crisis, precisamente, al exceso de gasto fiscal.
La segunda causa la constituyen, desgraciadamente, las señales contradictorias y contrarias al desarrollo y el crecimiento emanadas del Gobierno.
Acá se dice que no hay que apuntar con el dedo. Pero la realidad es que parece poco razonable que, no obstante que desde todos los sectores políticos se ofreció apoyo a este Gobierno cuando recién asumió, se nos venga a decir ahora que estamos haciendo una crítica no constructiva al denunciar los problemas por que atraviesa la economía del país.
Sin embargo, no hay que cerrar los ojos. Si en Chile no existe reactivación ni el dinamismo que debiera haber considerando que las bases de la economía son sanas, obedece única y exclusivamente a que existe falta de confianza en el futuro, porque no están claras las reglas del juego y porque en este momento no hay una voluntad decidida para la inversión, pues no se sabe cuál será el resultado de ella.
El llamar la atención ahora, cuando este Gobierno está comenzando, es lo único responsable que puede hacer la Oposición. Chile no resiste un mal Gobierno de seis años, ni tampoco el desaprovechamiento de las potencialidades de este país. Y si somos insistentes en criticar la conducción de la actual Administración, es porque esperamos realmente que se rectifique y que ella tenga éxito.
En cuanto al proyecto específico que se nos presentó ahora, me parece muy difícil justificarlo desde el punto de vista del impulso a la reactivación. Pero en una parte, aunque sea realmente pequeña para paliar el problema que afecta a las familias más pobres, tiene una justificación social. Si bien los 10 mil pesos que se van a entregar a las 991 mil familias más pobres constituyen una cantidad muy exigua, para quienes se encuentran en una situación desesperada pueden ser una ayuda eficaz.
Anuncio que votaré a favor del proyecto en esa materia.
Sin embargo, no creo que tenga el mismo grado de justificación social el anticipar la devolución de impuestos. Al hacerlo estamos beneficiando a quienes obviamente han contribuido al desarrollo del país pagando impuestos en los últimos tres años; pero ciertamente, por haber pagado impuestos en ese período, por definición son personas que han tenido una situación económica más aliviada que la de cientos de miles de cesantes.
No me parece que exista una debida ponderación del beneficio social cuando se da un bono de 10 mil pesos a 991 mil familias y se anticipan hasta 200 mil pesos a quienes han generado rentas en los últimos años y, por tanto, pueden tener derecho a la devolución en comento.
Entiendo perfectamente que, al anticipar la devolución de impuestos, no se está haciendo un gasto, porque se trata de algo que de todas maneras debe devolverse. Pero deseo manifestar lo siguiente.
Las devoluciones de impuestos se hacen con cargo a los ingresos del ejercicio correspondiente. Por lo tanto, los impuestos que habían de devolverse el próximo año se iban a financiar con los ingresos tributarios del 2001.
¿Por qué hoy día pueden anticiparse devoluciones por 100 mil millones de pesos? ¿Tendremos un déficit en el ejercicio de este año por esa cantidad? Creo que no, pues sería contradecir la política de control de expansión del gasto. A mi juicio, en parte se puede realizar esa devolución anticipada porque los ingresos de este año han sido superiores a los presupuestados.
Entonces, si los ingresos tributarios del presente año han sido superiores a los presupuestados, sin violar la norma sobre mantenimiento del equilibrio fiscal bien podría haberse usado parte de esos recursos para conceder un beneficio mayor a quienes realmente lo necesitan, como esas 991 mil familias más pobres del país.
Desde luego, si no se anticiparan los 100 mil millones de pesos por concepto de devolución de impuestos, habría ahí una economía financiera, el costo del interés, que probablemente hubiera permitido entregar 50 ó 60 por ciento más del beneficio que se está dando.
Por consiguiente, no me parece socialmente justificable -aunque estimo muy legítimo que quienes pagaron impuestos puedan recibir anticipadamente su devolución-, en una situación como la existente, que se planteen ambas propuestas. Creo que una, sin duda, tendrá aprobación unánime. La otra pudo haberse discutido, analizado, buscando soluciones alternativas mejores.
En todo caso, quiero dejar muy claramente establecido que, por lo menos en mi opinión, la situación económica por la cual atraviesa Chile no está siendo combatida en sus raíces y que el proyecto, que en parte es socialmente justificable, tiene un aspecto de muy dudoso beneficio social y tampoco contribuye a reactivar la economía del país, en la forma como se ha presentado.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor GARCÍA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , quiero clarificar el diagnóstico y el contexto en que el Gobierno plantea el paquete de políticas que el señor Ministro de Hacienda señaló a principios de la semana pasada y que, en parte, es objeto del proyecto de ley que hoy discute el Senado.
Esto surge de la constatación de que el proceso de reactivación económica que el Ejecutivo aprecia está en marcha. Prueba de ello es el crecimiento de 5,8 por ciento de la economía durante el primer semestre. Y la proyección de una cifra similar para el segundo semestre que hacen el Gobierno, el Banco Central y todos los analistas da cuenta de que la economía ya está creciendo.
Sin embargo, para insatisfacción nuestra, comprobamos que ese crecimiento no ha redundado en un adecuado ritmo de creación de empleos, básicamente porque hasta el momento aquél está siendo impulsado por el sector exportador, que difunde su impacto con mayor lentitud hacia el resto de la economía, particularmente en el ámbito de la ocupación.
Lo que no se ha reactivado en plenitud hasta el momento es el ritmo de crecimiento del gasto doméstico o del consumo.
Por lo tanto, el paquete anunciado por el Gobierno tiene como principal propósito activar la demanda, en el entendido de que, si ello ocurre, se activará la otra mitad (o dos tercios) de la economía, que se orienta al mercado doméstico y que es muy intensiva en la creación de puestos de trabajo.
Entonces, se trata de una medida no sólo reactivadora, sino que apunta directamente a resolver el problema del empleo -que hoy aqueja a muchas familias chilenas- por la vía de activar el consumo doméstico y, con ello, a los sectores que generan más puestos laborales.
Definimos este paquete de medidas con un presupuesto básico: el único instrumento que realmente determina el nivel de actividad en el mediano plazo es la tasa de interés. Por consiguiente, las acciones que emprendiera el Estado debían enmarcarse en un cuadro que permitiera al Banco Central relajar su política monetaria. De no ocurrir ello, si hubiésemos tomado medidas que implicaran mantener o, incluso, incrementar la tasa de interés, el efecto habría sido extraordinariamente nocivo para el crecimiento económico y para la creación de puestos de trabajo.
El hecho de que el Instituto Emisor hubiera bajado las tasas de interés al conocer el paquete de acciones que implementó el Ejecutivo me parece una primera demostración del éxito de esas políticas gubernativas, porque, simultáneamente, permite atender necesidades de corto plazo, a través de impulso a la demanda, y las necesidades de crecimiento más de mediano plazo, mediante la baja en las tasas de interés.
Conscientes de que el instrumento más importante es la tasa de interés, también sabemos que ella no opera en el cortísimo plazo y que tiene un período de rezago, de uno a dos trimestres, hasta hacerse efectiva en su impacto en la economía. Por eso, teníamos que complementar la buena decisión del Banco Central, a nuestro juicio, con una inyección de recursos inmediatos en la economía que impulsara la demanda doméstica. Esa inyección de recursos debía tener como restricción que no aumentara el gasto fiscal, ya que la Ley de Presupuestos establecía que el incremento del gasto no debiera exceder el 3,3 por ciento. Y ésas eran las condiciones que conocía el Instituto Emisor para definir su política monetaria.
Pienso que el paquete de medidas es acertado en crear condiciones para resolver el problema inmediato; esto es, aumentar el gasto y al mismo tiempo resguardar los niveles globales de gasto público.
En paralelo a eso, se buscó compensar a las familias de menores recursos por los inevitables incrementos en los costos de la locomoción colectiva como resultado del alza en los precios del petróleo.
Por lo tanto, creo que estamos frente a un paquete de medidas -particularmente, en las decisiones que los señores Parlamentarios deben tomar- que combina adecuadamente el espacio para que opere la política monetaria e induzca al sector privado a invertir y consumir, y en el corto plazo aumente el gasto en forma directa mediante la devolución anticipada de impuestos.
Sobre la materia, deseo señalar que las aprensiones del Honorable señor Novoa carecen de fundamento. El Estado hace provisiones por los impuestos que recauda, y por eso tiene recursos disponibles para devolver. Además, según consigna la Ley de Presupuestos, aprobada por el Senado, el Estado ya tiene déficit en sus cuentas fiscales y, por lo tanto, no es que estemos ahorrando dinero para constituir superávit, sino resguardando que el déficit no crezca. A nuestro juicio, ya se alcanzaron los límites de gasto coherentes con el impulso al proceso de reactivación que debemos dar.
Además, las medidas comentadas se inscriben en un conjunto de acciones públicas bastante más amplias y en plena operación, que buscan atender las otras dimensiones del problema del desempleo presente en la economía. Desde luego, apenas iniciado el Gobierno, reasignó todos los recursos a que lo facultaba la Ley de Presupuestos para mantener los programas municipales de empleo; definió un paquete de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que comprendía prácticamente la totalidad de sus demandas; facilitó el acceso de dicho sector al crédito, modificando las reglas de la Superintendencia respectiva; se legisló para crear a su respecto un fondo de garantías, que permitió la reprogramación de sus deudas y el acceso a nuevos créditos por un monto equivalente a 400 millones de dólares. Asimismo, el proyecto en discusión va acompañado de una medida administrativa que les posibilitará repactar sus deudas tributarias. Por esa vía, indudablemente, se está dando un alivio importante a dicho segmento productivo.
Paralelamente a ello, como se señaló -no lo repetiré-, se dieron a conocer una serie de medidas tendientes a establecer un marco más transparente para la operación del sector privado, algunas de tipo bancario y otras que modifican las reglas de las AFP para invertir en el exterior; a completar el proceso de apertura de nuestra cuenta de capitales y el conocimiento público de leyes que regulan sectores específicos, como el eléctrico y el pesquero. Al respecto, no sólo se envió a tramitación una iniciativa sobre este último, sino también desde hace varios meses se está discutiendo otra sobre el primero con los sectores involucrados, incluyendo a los institutos técnicos de todas las tendencias políticas y a las propias empresas del rubro. Esperamos incorporar a la discusión a los señores Parlamentarios interesados.
Agradezco el deseo de éxito al Gobierno de parte del Senador señor Novoa , el que debe ir acompañado de una acción consecuente con lo que se espera del Ejecutivo. Eso significa aprobar el proyecto en análisis. Porque si el Senado lo acoge, los beneficios que él contempla estarían disponibles para la población durante el mes de septiembre, contribuyendo así a reactivar la economía.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , en esta iniciativa hay dos líneas muy claras. La primera, consistente en otorgar un bono extraordinario de 10 mil pesos, pretende dar un respiro a 991 mil chilenos y, por esa vía, aumentar el consumo que, aunque pequeño, reactivará la economía, inyectando dinero a través de los sectores de menores ingresos.
Sin embargo, surge un problema: se trata de una medida absolutamente instantánea, que operará sólo en el mes de septiembre. Si se contrasta con la segunda línea de reactivación planteada por el Supremo Gobierno, cual es el anticipo de la devolución de impuestos que se deberían hacer el próximo año, se comprobará que se está hablando de 200 millones de dólares generados por personas que normalmente consumen en una proporción mayor que quienes recibirán el bono de 10 mil pesos. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿no hubiera sido más lógico no recurrir a la devolución anticipada de impuestos, ya que quienes la van a recibir siempre han estado consumiendo y, por lo tanto, han entregado recursos al Estado por concepto de tributos directos o indirectos al Estado? Esos 200 millones de dólares debieron utilizarse o para suplementar el referido bono, llevándolo a un valor algo más significativo y no sólo por un mes, sino hasta diciembre, por ejemplo; o, en su defecto, para entregárselos en parte a las municipalidades de todo Chile, especialmente a las de menores recursos, a fin de realizar obras que sí consumen real cantidad de mano de obra. Basta considerar, por ejemplo, que entre los planes de apoyo de los municipios, a pesar de los altibajos existentes, se han limpiado caminos y parques; es decir, ha habido la sensación de utilización de esos recursos que, aun cuando no sea muy productiva, por lo menos el ambiente sicológico de los habitantes de las ciudades mejora y da la impresión de que, en realidad, se está marchando.
Un segundo aspecto se refiere a que los 200 millones de dólares que se devuelven van a personas que, vía impuestos, normalmente aportan al Estado por su consumo e ingresos, pero que están actualmente cesantes. Me refiero a los desempleados de cuello y corbata, profesionales con títulos técnicos o universitarios que carecen de trabajo. Uno coloca un aviso solicitando ingenieros, traductoras, secretarias de alto nivel, y se presenta un enorme número de postulantes, lo que significa que, aparentemente, no se está cubriendo el segmento de cesantes de cuello y corbata y que, en el fondo, quizás sean los que más van a tributar posteriormente.
Hay un tercer problema con estos 200 millones de dólares, respecto de lo cual me hago la misma pregunta que se formularon en la Cámara de Diputados. ¿Al Estado le sobra esa cantidad? ¿La recuperación de ese dinero, después de la reactivación, será tan efectiva cuando se recaude el IVA por las compras, o cosas por el estilo, o es una medida inmediata? ¿No se ha pensado, en términos estratégicos, invertir esos 200 millones de dólares, por ejemplo, en algo que realmente consume mano de obra especializada, que al país le exige subir su calidad de prestaciones, tanto de servicios como de la construcción y calidad? Me refiero a cómo absorber a los cesantes de cuello y corbata: ingenieros, dibujantes, proyectistas, dueños de empresas, etcétera. ¿No habría sido mejor destinar parte de esos 200 millones de dólares a la construcción de los buques de guerra que reclama la Marina de Chile? Y lo digo derechamente, porque el efecto multiplicador de una inversión de 30 millones de dólares en el área de Talcahuano equivale, sin la menor duda, a más de 600 ó 700 millones de la misma moneda, porque la demanda agregada que va a generar es realmente impresionante.
Entonces, uno se pregunta si la intención es reactivar rápidamente la economía antes de las elecciones ¿y excúseme el señor Ministro que lo plantee tan crudamente-, o si es una medida cortoplacista, en la cual estaría ausente la visión de largo plazo, que es la que corresponde a un Gobierno que debe conducir un Estado como el nuestro.
La impresión que uno tiene -seguramente influido por la cifra de desempleo de 10,2 por ciento- es que se trata de una medida un tanto acelerada, donde no se notan proyecciones de largo plazo. Cabría preguntarse si realmente existe un enfoque político-estratégico concreto, profundo, en el sentido de desarrollo y crecimiento que apunte en la dirección correcta.
Lo planteo porque, a mi parecer, la medida de otorgar el bono tiene un efecto social, y estoy de acuerdo en apoyarla ciento por ciento; pero sería deseable que estos 200 millones de dólares se hubieran destinado o a incrementar dicho bono por tiempo más prolongado; a aumentar la contratación de mano de obra de poca especialización, que es la que tiene más problemas (la construcción está detenida), o, en su defecto -lo digo derechamente y sin rubor alguno-, a construir buques en Chile, con lo cual se incorporaría know how a la economía de la Octava Región, representaría una tremenda exigencia de calidad y se generaría una posición internacional mucho más fuerte.
Desgraciadamente, tengo entendido que, por el tipo de proyecto de que se trata y por la urgencia con que lo calificó el Supremo Gobierno, no pueden votarse sus artículos por separado. Si ello pudiera hacerse, aprobaría el bono, pero en cuanto a la devolución anticipada de impuestos, que incorporará 200 millones de dólares a la economía, me pronunciaría en contra, pues pienso que esos recursos están mal dirigidos, perdiéndose una excelente oportunidad para establecer bases estratégicas que aseguren mayor progreso.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , en general tengo una impresión positiva sobre las medidas que estamos discutiendo. Me parece aceptable, dentro de un costo fiscal razonable y sensato, otorgar un bono a las familias con mayor grado de necesidad. Activar el gasto por la vía del gasto privado y con recursos definitivamente privados también lo estimo razonable. Creo, en cambio, que es el momento de analizar con sentido crítico lo muy inconveniente que fue la política implementada por el Ministerio de Hacienda al término del Gobierno pasado de pretender activar el país aumentando el gasto público, porque el daño que provocó lo estamos pagando hoy día. Por lo tanto, esta forma de activar envuelve un sentido de rectificación que hay que celebrar e identificar como algo positivo.
Pero, señor Presidente , quiero destacar que el problema no va por la vía de la conducción económica del Gobierno. Nótese que hoy se está experimentando una tasa de crecimiento de 6 por ciento y, sin embargo, el estado de ánimo del quehacer económico de Chile es uno de los más malos de las últimas dos décadas. En pocas ocasiones de la historia económica se encontrará un país con finanzas ordenadas y creciendo al 6 por ciento con tal grado de desánimo entre sus emprendedores. Ése es el problema que identifica la situación del presente y que deberíamos estar llamados a resolver.
Estimo, por los indicadores de desempleo que se están evidenciando, que es equivocado orientar el análisis y la crítica hacia el área del Gobierno que parece estar haciendo bien las cosas, lo que, a mi juicio, se ratifica en el proyecto que tenemos a la vista. El problema es que hay otros sectores del Gobierno que están anulando las señales emanadas de la conducción económica, generando el estado de desánimo que afecta a los emprendedores y al nivel de inversión, lo cual, en definitiva, neutraliza las buenas señales de orden económico y de ajuste de las finanzas públicas dadas por el Ministerio de Hacienda en estos meses.
Si se considera el grado de adhesión que concitan desde sectores económicos y técnicos del Gobierno iniciativas o acciones, como el proyecto sobre reformas laborales, la paralización de privatizaciones de empresas sanitarias, la reforma tributaria (la que no debería seguir denominándose "para combatir la evasión tributaria", porque ello no es así; no podemos tragarnos el título de una normativa, cuyo contenido estamos obligados a analizar y que sabemos que cambia las bases tributarias y, por lo tanto, envuelve alzas de impuestos) y la modificación del Código de Aguas, se constata, no obstante, que estos proyectos avanzan, a pesar de que muchos fueron parte de una campaña electoral y a pesar de la opinión de los técnicos. Se está repitiendo el procedimiento utilizado en noviembre del año pasado para impulsar la aprobación en esta Sala de las reformas laborales, obviando la opinión contraria de los especialistas de la propia Concertación y de Senadores opositores.
Entonces, son identificables señales políticas que afectan y deshacen todo lo que realiza el Ministerio de Hacienda en el camino de dar confianza y activar el país.
El señor VIERA-GALLO .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor PRAT.-
No, se la otorgaré al final de mi intervención para no romper su ilación.
El señor VIERA-GALLO .-
Pero Su Señoría es capaz de mantenerla.
El señor PRAT.-
No tanto como se cree.
El señor VIERA-GALLO .-
Gracias.
El señor PRAT.-
Entonces, señor Presidente , pienso que deben atenderse las señales que se están dando en política y en el ámbito económico social y que afectan el estado de ánimo, el que, si no es positivo, hace imposible activar un país. Me temo que, con las medidas que se están adoptando y con el estado de ánimo imperante, se producirá un efecto perverso. Reducir la tasa de interés y promover el gasto por la vía de entregar 200 millones de dólares, existiendo mala percepción y desconfianza generalizada, no llevará a invertir. El alza del dólar no activará una orientación exportadora, como sí ocurriría en un ambiente de confianza. Por el contrario, generará actitudes especulativas. Seguramente, hará subir el dólar más allá de lo que convendría y se producirá un flujo de capitales hacia otras áreas. Una mezcla de liquidez y desconfianza crea la peor de las situaciones.
El problema del Gobierno, entonces, radica en cómo restablecer la confianza. Aquí se ha hecho mención al grave daño producido por el manejo de la crisis que derivó en el desafuero del Senador señor Pinochet . Se trata de un tema político que afecta los niveles de confianza de nuestra sociedad, porque, en primer lugar, muestra a la clase política como absolutamente incapaz de solucionar las dificultades que definen el futuro. Y una clase política así ¿dónde llevará el país?, se preguntarán los emprendedores, los inversionistas y también quienes toman las decisiones de inversión más modestas, porque, al final, el estado de ánimo nos envuelve a todos.
Por consiguiente, señor Presidente , al analizar este proyecto en particular, que en sí me parece conveniente -en un ambiente de desconfianza generalizada podría incluso producir efectos contrarios, pienso que no por eso lo votaría en contra-, me preocuparía de restablecer la confianza. Sin embargo, eso pasa por una decisión de Su Excelencia el Presidente de la República , quien en estos meses ha ido agotando el camino de acción política de las palabras, del estilo formal y, obligadamente, se encuentra llamado hoy a entrar al momento de las decisiones. Y me parece que la más importante que debe adoptar es definir la orientación de su propio equipo de Gobierno, de su propio Gabinete, y si se encaminará a generar progreso o resultados electorales. Porque, si se trata de lo segundo y si prevalecerán temas como el de las reformas laborales, como el atender a los deseos del 3 por ciento que dio el resultado definitivo en enero y el que impone la agenda con relación al Senador señor Pinochet , por ejemplo, se tendrá que olvidar el desarrollo económico. En efecto, el enrarecimiento del ambiente en que se desenvuelven las actividades irá en crecimiento y el escepticismo será mayor, y medidas como la que nos ocupa, tendiente a generar liquidez, a entregar recursos, se traducirán en movimientos inconvenientes, especulativos, producto de un estado de desconfianza generalizada.
Por ello, estimo que la discusión y decisión sobre el proyecto llaman a tocar esos aspectos de incidencia política. En la época de Luis XIV, el mejor economista, Colbert, decía al soberano, cuando éste se quejaba de que la economía no andaba bien: "Dadme una buena política y os daré una buena economía". Opino que es lo que el Ministro de Hacienda , hoy, debiera reclamar al Primer Mandatario .
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo a la Sala, dado que se aproxima el término del Orden del Día y se ha anunciado al menos una intervención en Incidentes, que, para los efectos de votar el proyecto, fundamenten primero su pronunciamiento los cinco señores Senadores inscritos que aún no han usado de la palabra.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor NOVOA .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor NOVOA.-
Quisiera consultar si es posible dar por aprobada en general la iniciativa, para después proceder a una votación en particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, Su Señoría, salvo que se formulen indicaciones. Y hasta el momento no las hay.
El señor NOVOA .-
¿Pero no es posible dividir la votación?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Una vez iniciada, no. Debe presentarse una indicación.
El señor PRAT.-
Entonces, pedimos un plazo para tal efecto antes de que el proyecto sea puesto en votación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si se desea formular una indicación, ella debe hacerse llegar a la Mesa.
El señor BITAR .-
¿Se abrió la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Es algo que se hará en seguida, señor Senador. Por esa razón he expuesto las precisiones anteriores.
La señora MATTHEI .-
Por lo tanto, todavía se puede pedir votación dividida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Repito que se debe plantear una indicación, si se desea, no una votación dividida. La urgencia del proyecto ha sido calificada de discusión inmediata, por lo que, de acuerdo con el Reglamento, se debe debatir en general y en particular a la vez. Para poder votar un artículo por separado, es preciso formular una indicación y hacerla llegar a la Mesa.
Todavía no se ha declarado que se entra en votación, si bien ya se ha recibido el pronunciamiento dejado por algunos señores Senadores. Pero nos encontramos en un momento en que se puede presentar una indicación por escrito.
El señor NOVOA .-
Veré si hago llegar...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Esa posibilidad se extingue, en virtud del Reglamento, una vez abierta la votación, y la aprobación será en general y en particular. Por ese motivo he advertido al respecto.
El señor BOMBAL .-
¿La indicación requiere quórum especial para ser acogida?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, Su Señoría.
El señor FERNÁNDEZ.-
En todo caso, faltan señores Senadores en la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Desde luego, se tocarán los timbres. Y ya se ha recogido, como señalé, votación en general.
El señor BOMBAL .-
Pero muchos Honorables colegas ya se han retirado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Cuando se vote la indicación, se verá si se registra un número suficiente de ellos o no. En ese último caso, será preciso citar para mañana.
Pero no existe una dificultad de quórum, en realidad. Estoy esperando que la indicación sea enviada a la Mesa, para no dejar a sus autores en la indefensión...
El señor NOVOA .-
Se dejará presentada y después se verá si se retira o no.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación general, por lo tanto, en el entendido de que hay una indicación.
--(Durante la votación).
El señor BITAR.-
Señor Presidente , nos pronunciamos sobre una iniciativa muy específica y coyuntural que ayuda a una reactivación que ha demorado más de lo que pensaba ningún economista. Pero también deseo señalar que el grueso de los expertos en estos asuntos han coincidido en que las medidas tomadas -y asimismo la que nos ocupa, entre otras- son acertadas.
Estimo, en consecuencia, que se debe situar la discusión en su ámbito más concreto, o sea, en el rezago de una reactivación, antes que en generalizar un conjunto de consideraciones a partir de hechos que, en el fondo, más bien redundan justo en lo contrario de lo buscado por los señores Senadores de Oposición. Se ha mencionado acá el tema de la confianza como una cuestión clave, pero el tipo de impugnación que introduce permanentemente una imagen nacional e internacional de falta de conducción, de falta de rigor, de dudas, contribuye más bien a la desconfianza y carece, a mi juicio, de fundamento.
Deseo consignar sobre el particular, en primer término, que media una clara definición de las reglas del juego. Las medidas que se analizan en el Congreso relativas hoy a una menor evasión tributaria o un seguro de desempleo se insertan perfectamente dentro del ámbito de cualquier democracia y del debate en cualquier economía moderna. ¡Pero perfectamente! Se trata de rangos moderados de discusión que impulsan a un mejoramiento.
Y observo que, sobre la base de hechos ajenos a ese examen, como el de una reactivación retardada que también se da en el resto de América Latina, se pretende explicar tal fenómeno por otros absolutamente al margen.
Repito que las reglas del juego son claras. Como Senador de Gobierno, deseo expresar con toda nitidez que no sólo presentan esa característica, sino que también el objetivo central que se persigue es generar la máxima confianza para que la inversión privada nacional y extranjera se concrete con toda amplitud.
En seguida, las políticas macroeconómicas en aplicación son del todo responsables. En el año en curso se registrará un déficit cero y en la propuesta que se enviará al Parlamento respecto de la discusión del Presupuesto se plantea un superávit estructural de uno por ciento, indicaciones muy importantes en el plano internacional.
Se buscan los equilibrios macroeconómicos con todo rigor, por lo tanto. Y ése es uno de los signos más relevantes para generar inversión y empleo.
Se buscan los equilibrios sociales con todo rigor, igualmente, para que la economía rinda frutos de manera más equilibrada y ello conduzca a una estabilidad política. Constituyen señales claras.
Dos aspectos subyacentes, sin embargo, requieren más rapidez. El primero dice relación a un avance más acelerado hacia la competitividad y la nueva economía e Internet, que el propio Presidente de la República mencionó en su discurso del 21 de mayo y que sin duda necesita más prontitud de parte de todo el país. Y el segundo se refiere a progresar en la reforma del Estado para la gestión más eficiente de la economía. Se han dado pasos en ese sentido. Es algo que se debe apurar más, pero se va en la dirección correcta. Son políticas claras.
En consecuencia, existe una confianza. La economía nacional la genera. Y no se me escapa, incluso, un estudio reciente del Banco Morgan que expone que Chile es el caso más curioso, con la mayor distancia entre el desempeño de la economía, positivo, y el ánimo, provocado por uno u otro canal, que tiende a ser negativo. Se debe cerrar esa brecha y mejorar el ánimo y la confianza. Y eso supone una actitud responsable de los dirigentes políticos para que así ocurra.
En cuanto al tema relativo a Pinochet, no me cabe duda de que no tiene ninguna importancia en las decisiones de inversión. ¡Ninguna!
La señora MATTHEI .-
¡Entonces, sigan adelante!
El señor BITAR.-
Puede ser, si eso ayuda a la inversión.
El punto es que debemos seguir una línea en tal sentido. Y esto los señores Senadores de Oposición lo dicen a ratos y otras veces no. Aparecen vinculando el asunto -como lo hizo un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- al tema sobre Pinochet, cuando en verdad no existe ninguna relación, porque todo empresario hará negocios si éstos son buenos y no procederá sobre la base de otras consideraciones. De modo que si hay retardo en algunas inversiones, ello obedece al retraso en la demanda agregada.
Por lo tanto, no comparto para nada el criterio que se ha sostenido.
La señora MATTHEI.-
¡No, señor Senador, eso se debe al retardo de Lagos!
El señor BITAR.-
Además, deseo señalar con toda claridad que continuará el proceso de privatizaciones. Si hay que fijar fechas, lo haremos. Pero ellas continuarán, porque es el camino para aumentar el capital privado a las empresas y a las empresas sanitarias. Y si es necesario corregir aspectos, nos abocaremos a ello.
Hay políticas específicas que acompañan a las que estamos abordando acá. La iniciativa legal referente al FOGAPE, que acabamos de aprobar, y otras medidas que pueden aplicarse en materia de construcción en los próximos días, van en la línea de facilitar la repactación de deudas y carteras vencidas vinculadas a las pequeñas empresas.
Señor Presidente , deseo terminar mis palabras señalando que en esto hay una política seria y reglas del juego claras. Los cambios que estamos introduciendo son legítimos en una democracia y, además, absolutamente responsables. Es necesario propulsar la reactivación para que la neblina que nos empaña la vista a ratos, que puede demorar dos o tres meses más de lo que se había pensado, se difumine y podamos lograr un ambiente distinto.
Desde ese punto de vista, considero que estas medidas, ubicadas en su contexto, ayudan al proceso de reactivación. Por eso las votamos a favor.
Por último, conviene reconocer que la economía no es una ciencia exacta. Sacar a colación acá proyecciones respecto de un mes determinado, significa colocarse en un ámbito de diferencias cuantitativas que es perfectamente razonable. Pero si uno tuviera que hacer una recomendación, diría que, en economía, "para dar cifras y fechas y comer pescado hay que tener mucho cuidado".
Por lo tanto, es mejor no entregar tantas cifras, y así, tal vez, podríamos haber evitado algunas discusiones poco útiles que hemos tenido; pero los rangos en que nos hemos desenvuelto han sido mínimos. Si se las compara con los debates en el resto de América Latina, obviamente, debe reconocerse que acá estamos frente a una economía sólida, manejada con alta responsabilidad y gran potencial de crecimiento. Por eso, debemos ayudar a que esa confianza se desarrolle. La Oposición tiene parte de la responsabilidad en la tarea de generar confianza, y no puede eximirse de ella.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei para fundamentar su voto.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , cuando señalé que había problemas microeconómicos que nos impiden salir de la crisis, no afirmé que ésta se produjo debido a ellos. Obviamente, surgió por problemas de carácter macroeconómico. Vino la crisis asiática y en Chile hubo un mal manejo de la situación. Así se generó.
Hoy día todo el mundo sabe que la macroeconomía está bien. Así lo manifestó el propio Senador señor Bitar , como también el Honorable señor Foxley . Está todo bien. Entonces, ¿por qué no partimos? Ello no sucede porque las señales no están claras, contrariamente a lo sostenido recién por Su Señoría.
No tenemos certeza acerca de cuáles son las reglas del juego en materia de legislación laboral. ¡Todavía no lo sabemos! Ello, a pesar de que han transcurrido siete meses de gobierno. Al respecto, pregunto: ¿cómo alguien podría contratar a un nuevo trabajador si no las conoce?
En cuanto a las privatizaciones, el Senador señor Bitar ha dicho que las reglas del juego están claras. No es así, señor Presidente , porque hemos visto a muchos Diputados de la Concertación pidiendo que ellas se detengan. En verdad, todo el mundo percibe que dentro de ese conglomerado político hay dos visiones económicas. Y no lo hemos dicho nosotros, sino importantes personeros que la integran. Eso es lo que se capta.
Por eso, existe la sensación de que no hay claridad en las reglas del juego. A lo mejor, ahora algunos proyectos de ley van a aminorar esta situación. Pero no cabe duda de que en el minuto en que la economía esté funcionando mejor, ellos volverán a muchas ideas estatistas y a impulsar la intervención del Estado, respecto de lo cual la gente no tiene confianza.
Por lo tanto, señor Presidente, se trata de un problema de confianza.
Ahora bien, en cuanto al seguro de desempleo, ¡cómo va a ser ésa una buena señal! Estoy a favor de él, aunque no sé si la hecha constituye la mejor propuesta. Aumentar en este momento en 3 por ciento el costo a la contratación de mano de obra, en circunstancias de que el seguro de desempleo no beneficiará a ningún cesante, no resulta conveniente. ¿Tiene sentido económico elevarlo ahora?
A propósito de lo manifestado por el Senador señor Foxley en orden a que haya más gasto, debo decir que eso nos encantaría. Pero nos hubiese gustado un menor gasto en 1998. Esto lo dijimos aquí con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos, y también se lo manifestamos al Ministro Aninat en una comisión especial de la Cámara de Diputados, cuando yo integraba esa Corporación. En esa oportunidad, pedimos y rogamos una disminución en el gasto; les hicimos saber que si el Gobierno continuaba gastando como lo estaba haciendo, el Banco Central se vería obligado a elevar las tasas de interés; se liquidaría la construcción y, por lo tanto, el empleo, así como también la pequeña y mediana empresa. Y así ocurrió. Eso está escrito y grabado, señor Presidente .
Efectivamente, ahora nos gustaría mayor gasto, pero deseábamos uno menor hace dos años. Desgraciadamente, el gasto del Gobierno no ha sido contracíclico, sino que, por el contrario, ha ampliado la magnitud de los ciclos económicos. Y ése es un problema.
Por otro lado, todos estamos de acuerdo en combatir la evasión tributaria. Obviamente, ello es inaceptable. Pero resulta que el proyecto de ley enviado por el Gobierno no sólo apunta a ese objetivo, sino que también hay en él una reforma tributaria encubierta, que discutiremos en los próximos días. Por lo tanto, se dice una cosa, pero se hace otra.
Finalmente, lo relativo a la rebaja en las tasas de interés es un aspecto que me causa enorme preocupación, porque mientras el resto del mundo las sube, nosotros las estamos reduciendo. Esto ha significado que ya hoy día el precio del dólar haya alcanzado los 570 pesos, por cuanto se ha producido una diferencia en la tasa de interés, que es complicada. En este sentido, conviene señalar que el aumento en el tipo de cambio, finalmente, lo que hace es disminuir aún más el poder adquisitivo de los chilenos. Eso lo sabemos todos.
Por lo tanto, no estoy muy de acuerdo en que haya sido una buena medida que el Banco Central disminuyera las tasas de interés, porque eso tendrá efectos sobre la economía en seis o nueve meses más, y no ahora. En tal virtud, es posible que nuevamente exista un comportamiento favorable al ciclo, y no contrario a éste.
En realidad, sobre ese punto es donde surge la diferencia entre la Concertación y la Oposición. Creemos que el conglomerado oficialista se está equivocando en el diagnóstico al tratar de estimular la macroeconomía, en circunstancias de que el problema radica en el aspecto microeconómico.
Ahora bien, si se trata de hablar de malos proyectos de ley, daré un ejemplo más: el que modifica el Código de Aguas, iniciativa que votaremos en el Senado en los próximos días. Es una reforma que no tiene lógica económica alguna. Así lo ha expresado, incluso, el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, pues nunca se ha visto que se establezca un gravamen a un bien por no usarlo.
Eso no existe en economía. Cualquier profesional del rubro diría que eso constituye una aberración. Pero es lo que estamos votando, y me imagino que se pronunciarán a favor todos los Senadores de la Concertación.
Por eso tenemos problemas en la microeconomía; por eso no hay confianza, falta la inversión y el empleo.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Parra.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , los hechos parecen desmentir a Colbert. Hemos tenido y tenemos una buena política. Así se ha reconocido desde las bancas de la Oposición respecto de la conducción macroeconómica del país. Sin embargo, nuestra economía ha perdido brillo. Esto es consecuencia de un estado de ánimo marcado por consideraciones subjetivas y, además, por un reclamo de señales que tampoco resulta compatible con la realidad que estamos viviendo.
Lo que aparentemente se desea es forzar al Estado a nuevas privatizaciones, que desde nuestro punto de vista son impensables. O, tal vez, se pretende un inmovilismo en materia legislativa que impida, incluso, introducir correcciones sustantivas a una legislación laboral que está en evidente retraso, si se la compara con las que rigen en otras partes del mundo.
En verdad, señor Presidente , la acción del Estado en los últimos meses ha hecho posible evitar la profundización de la crisis económica a que ha llevado la parálisis de la inversión en un país donde, paradójicamente, capitales no faltan.
En efecto, se critica la política económica del Gobierno anterior en los últimos años de su gestión por la expansión del gasto público. Pero sin ésta, en 1999 la desocupación habría alcanzado cifras muy por encima de las que hoy tiene y que tanto preocupan -con razón- al conjunto del país. Hoy, la acción del Estado es la que va a generar condiciones para acelerar la reactivación. Y en esa línea se inscribe el proyecto que estamos votando.
En esta semana, el destacado economista señor Ricardo Ffrench-Davis manifestó que la economía chilena cuenta con una capacidad instalada que le permite producir entre 5 mil y 6 mil millones de dólares adicionales. Y las medidas propuestas, al activar la demanda, evidentemente harán factible utilizarla.
Espero que el Gobierno, con motivo de la preparación del Presupuesto del año 2001, haga uso de la capacidad de endeudamiento del Estado de Chile para avanzar en la concreción de diversos proyectos de inversión -algunos de ellos se han mencionado aquí-, los cuales si no se abordan desde la Administración no se materializarán, perdiéndose la oportunidad de reactivar la economía nacional.
Soy un convencido de que el modelo sólo puede funcionar adecuadamente hacia el futuro con algo más de acción del Estado que la ocurrida hasta la fecha.
Votaré favorablemente el proyecto, porque me parece muy bien orientado. Sin embargo, quiero dejar constancia de que, desde mi punto de vista, el artículo 2º está técnicamente mal concebido. Al establecer un anticipo de la devolución del Impuesto a la Renta, debería necesariamente haberse incluido el requisito de que los contribuyentes hubieran efectuado uno o más pagos provisionales mensuales en el curso del presente año. Lo contrario lleva, simplemente, a un mecanismo de préstamos forzados a personas que bien pueden haber declarado término de giro o no estar percibiendo rentas y, por lo mismo, no tener derecho a devolución alguna en el año tributario 2001.
No obstante lo anterior, la conveniencia de que la iniciativa se despache hoy y de que no haya lugar a un tercer trámite constitucional me induce a no formular indicaciones en ese sentido.
Voto a favor.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , en el curso del debate se han dicho muchas cosas, algunas bastante graves. Francamente, lamento no tener el tiempo necesario como para participar en una discusión que permita un intercambio de opiniones que el país y nosotros mismos estamos necesitando.
Dadas las restricciones de tiempo, haré solamente tres observaciones, a fin de dejar planteado el debate.
En primer lugar, me parece que las medidas son buenas y apuntan en la dirección correcta. Por lo demás, ése es el motivo por el cual se aprobaron por la unanimidad de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda. Allí no suscitaron gran discusión por tratarse de medidas claramente positivas, que responden a un diagnóstico -a estas alturas bastante compartido- en orden a que la reactivación de la economía chilena cuenta con un pilar muy sólido en su desarrollo exportador, pero que requiere ser fortalecida con relación al consumo y la inversión.
Desde ese ángulo, las medidas del Banco Central, consistentes en rebajar tasas de interés, y las medidas complementarias del Gobierno resultan adecuadas.
Respecto del anticipo de la devolución del Impuesto a la Renta, es preciso hacer un comentario para evitar especulaciones acerca de usos alternativos de tales recursos.
Se trata, en sustancia, de un crédito que el Fisco concederá a más o menos un millón de contribuyentes, sin intereses y a plazo muy corto, ya que se otorgará entre los meses de septiembre y diciembre y se comenzará a recuperar a partir de mayo del próximo año.
Tales recursos no son susceptibles de usos alternativos; y menos aún podrían destinarse a la construcción de buques, lo que técnicamente constituye sólo un crédito sin intereses por un período de seis meses.
Segunda observación. Es indispensable realizar un debate económico más profundo.
Pienso que los problemas relativos al empleo tienen un componente estructural; que debe discutirse seriamente, sin apasionamientos, sobre el desarrollo del ciclo de inversiones en el país; que algunos de los pilares básicos que hicieron posible el gran "boom" de la economía chilena durante los últimos 15 años, y particularmente todo el ciclo de inversiones apoyado en los sectores minero, forestal y pesquero, han entrado en un proceso de maduración y que se requerirá de nuevas actividades para poder sostener un nivel de inversiones que permita un crecimiento equivalente al de los pasados 10 ó 15 años.
Ésa es una discusión relevante; una discusión de Estado que debiéramos llevar a cabo en un ambiente tranquilo, sin descalificaciones, que posibilite intercambiar opiniones sin agobiarnos con afirmaciones en virtud de las cuales cualquier idea que no coincida con los planteamientos de la Oposición es descalificada como una señal que afecta expectativas o como algo absolutamente inconveniente.
Al respecto, debo manifestar que me produce cierto agobio la forma como se han discutido estas materias en el país durante las últimas semanas.
Tercera observación (y forma parte de lo que acabo de expresar). Aquí se invocan las reglas del juego.
Eso nos lleva a un análisis esencial. ¿Cuáles son las reglas del juego básicas? Creo que en el campo económico ellas se encuentran bien establecidas y ya no se discuten en Chile.
En efecto, no se discute la existencia de una economía de mercado. No se discute la necesidad de abrirnos al mundo. No se discute el hecho de que el sector privado es, fundamentalmente, el gran productor de bienes y que el Estado debe limitar su acción a una función más bien reguladora.
Eso no está en discusión. Pero, sí, es perfectamente legítimo discutir sobre tributos. ¡Si los Parlamentos se crearon para eso! ¡No puede ser que cuando el Gobierno anuncia que cumplirá su programa, la Oposición diga que se están alterando las reglas del juego!
La Senadora señora Matthei expresa: "No sabemos qué va a ocurrir con las reformas laborales". Eso es obvio. ¿Cómo podríamos saberlo si el proyecto de ley aún no llega al Congreso? Y es aquí donde debe analizarse.
Me parece gravísimo que se sostenga que el fallo de desafuero del General Pinochet constituye un elemento importante en la situación de la economía. Ignoro si será cierto o no lo será. Podemos discutirlo. Pero supongamos, por un minuto, que es efectivo. ¿Cuál es la conclusión que se desprende? ¿Decirle a los jueces que deben cambiar los fallos para poder reactivar la economía? ¿Eso es lo que se pretende?
La señora MATTHEI .-
No. Pedirles que respeten la ley.
El señor PRAT.-
Que había que abstenerse de hacerlo.
El señor OMINAMI.-
¡Seamos serios! Considero importante discutir sobre las reglas del juego. Pero, en democracia, las reglas del juego básicas las constituyen el respeto a los Poderes del Estado y en especial al propio Parlamento; el respeto a los fallos judiciales; el respeto a los compromisos y a la palabra empeñada.
Por todo eso, voto a favor.
La señora MATTHEI.-
¡El problema es que los tribunales no respetan la ley!
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , seré muy breve. No haré comentarios sobre el fondo del proyecto, porque ha sido muy bien explicado en favor y en contra; pero, como todos los que se elaboran con urgencia, se halla mal redactado.
El inciso segundo del artículo 2º -que es un prodigio de conversiones y reconversiones- empieza con una frase desgraciadísima, la cual hace pensar que se trata de un problema muy complejo, en circunstancias de que es bastante simple. Expresa: "Para estos efectos, el anticipo a que tengan derecho será el 50% de la tercera parte de la suma de las devoluciones". El burócrata se verá obligado a calcular primero el 50 por ciento, y luego, la tercera parte, en circunstancias de que, después de una operación matemática sencillísima, podemos concluir que la disposición debió redactarse de otra manera. En efecto, si se tiene derecho a 300 pesos de devolución, la tercera parte resulta 100, lo que partido por 2 da 50. Eso corresponde exactamente a un sexto. Es decir, si en lugar de "50 por ciento de la tercera parte" se hubiera dicho "la sexta parte", habría resultado mucho más simple y sencillo.
Como lo anterior no se puede corregir ahora -según me ha dicho el señor Ministro-, por lo menos, deseo dejar constancia en la historia de la ley que, para lograr lo deseado, no es necesario realizar tres cálculos, sino uno.
Voto que sí.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , quiero aclarar en primer término lo siguiente. El ejemplo que di de un uso alternativo de los recursos que se emplearán en la devolución anticipada de impuestos (lo que pertenece a las personas), tenía sólo un sentido: entendiendo la urgencia social del momento, lo que tal vez justifica el apresuramiento del Gobierno, uno no puede dejar de mencionar que detrás existe una urgencia política, que son las elecciones de octubre. Tengo que ser franco, pues me afecta mucho más la urgencia social. De manera que eso lo entiendo muy claramente.
En lo tocante a los usos alternativos, el problema está en que no se aprecia un verdadero análisis estratégico de la forma en que se conducirá la economía en los próximos seis años. La falta de tal análisis, de ese planteamiento, de una visión estratégica que debería darse a la dirección de la economía es lo que está creando toda una situación de desincentivo, conforme a la cual la gente no quiere gastar; hay carencia de dinero; existen stocks acumulados, lo que determina que las empresas no contraten mano de obra, etcétera, etcétera. Estamos inmovilizados. Tampoco llegan capitales a Chile, ya que al respecto se ha registrado este año un retroceso bastante fuerte. Al contrario, ha salido capital nuestro al exterior, no en la medida que podría, pero ha salido.
En seguida debo decir que no sé hasta dónde es constitucional que el Estado, con sus propios recursos, haga un préstamo a los particulares, porque ello implica dejar de utilizar 200 millones de dólares, lo que significa un costo para el Fisco. Son fondos que posee; se supone que, al estar en la caja fiscal, podrían ser reinvertidos. Y existe ahí un costo. Por eso, por lo menos en mi opinión, no queda claro si es o no es constitucional el otorgamiento de este préstamo, según este doble juego con que opera el Estado.
Debe tenerse presente que Impuestos Internos, sólo en el cumplimiento de las disposiciones de la ley, gastará 515 millones de pesos, no recuperables. Y no se recuperan, porque corresponden al costo del envío de cheques y de llevar a la práctica la devolución.
De todas maneras, dada la urgencia social -no la urgencia política, con la cual no estoy de acuerdo en absoluto-, mi voto es favorable al proyecto.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , creo muy importante que se lleve a efecto el debate económico solicitado por el Senador señor Ominami . Ahora bien, no creo que sea ésta la oportunidad para hacerlo, ni que, quizás, sean propicias las circunstancias. Pero me parece fundamental que expresemos con claridad nuestros distintos puntos de vista.
Yo, por lo menos, estoy muy convencido de que la política seguida a finales del Gobierno del Presidente Frei , en lo grueso, fue ajustada y conveniente para la recuperación económica del país. Pienso que tal recuperación no se habría logrado, ni estaríamos con una tasa de crecimiento potencial de 6 por ciento si se hubiera seguido otra política. Por cierto, esa tasa ya nos indica que en general las medidas que se adoptaron fueron las adecuadas.
Por otro lado, percibo que el problema central consiste en que tanto el Gobierno como la Oposición, así como los agentes económicos, dieron por descontada la reactivación como si ésta fuera a ocurrir de manera automática; y que además produciría empleo en igual modo. Esos dos presupuestos están hoy un poco cuestionados. O sea, ante todo, no es evidente que la recuperación vaya a funcionar por inercia, ni que pueda producir empleos en forma masiva. Si tomo en cuenta las inversiones industriales en la zona que represento, normalmente se podría señalar que se necesita una inversión de entre 500 mil y un millón de dólares en la industria para crear un puesto de trabajo. Entonces, evidentemente no es de la inversión industrial en proyectos medianos y grandes de donde vendrá el crecimiento del empleo. Éste, en realidad, surgirá desde la pequeña y mediana empresa, de la agricultura y del sector de servicios, especialmente de la nueva economía.
Pero, a diferencia de lo que escucho de algunos señores parlamentarios de Oposición, soy partidario de que en esos sectores el Estado tenga una actitud más activa, en el sentido de que las inversiones necesarias se hagan en ellos. Contrariamente a quienes tienen una visión muy ortodoxa, yo soy de opinión de que en algunos de aquellos sectores debe haber una tributación menor y que las nuevas inversiones absorbiesen mano de obra. Pero eso requeriría un debate mayor.
Voy a votar en forma favorable el proyecto; me parece importante que el Ejecutivo haya reaccionado a tiempo. Pero se encuentran pendientes un debate mayor y las medidas de política legislativa y económica que deban adoptarse como conclusión del mencionado debate.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, en lo referente a las confianzas que hoy nos ocupan frente a la incertidumbre producida por el desempleo, hay un elemento que ha sido muy determinante.
No olvido que, a propósito de la última elección presidencial y cuando las cifras del resultado de ella eran muy estrechas, emergió de las esferas de Gobierno el proyecto de reforma laboral. En aquel entonces, cuando responsablemente la Oposición se declaró contraria -incluso a sabiendas que causaría para su candidato gran repercusión el rechazo de tal iniciativa-, se dijo que entre las primeras medidas que la nueva Administración impulsaría figuraba la reforma laboral. Es más, se afirmó que se presentaría en las primeras semanas después de asumir aquélla.
Hasta el día de hoy ese proyecto no aparece ni en el Senado ni la Cámara de Diputados, porque ciertamente el Gobierno sabía -y durante diez años así lo mantuvo- que las normas en proyecto eran, tal como estaban planteadas, altamente inconvenientes para atacar el desempleo. Se hizo creer a los trabajadores de Chile que ésa sería la primera prioridad, y que la Oposición, la Derecha, era la responsable de que no existiera un nuevo orden en las relaciones laborales.
Han transcurrido siete meses, y aún pende sobre la Concertación una obligación que no se está cumpliendo respecto de lo que se afirmó ante todos los trabajadores de Chile: que la reforma laboral vendría.
Pero ése no es el efecto más importante de tal incumplimiento. El efecto más grave es que se sigue anunciando que las reformas vienen; su contenido es impreciso y poco claro; se habla de la existencia de mesas de conversaciones. Todo eso, ¿qué genera, señor Presidente ? Genera un clima de gran incertidumbre para todo aquel que quiere emprender nuevos negocios , y que necesita para ello contar con reglas muy claras en materia laboral antes de realizar las contrataciones del caso.
De manera que, más allá de lo que aquí se ha dicho -de efectos o no, de desafueros o no-, creo que la principal causa de que en este momento se esté produciendo una paralización en el país es el incumplimiento y la inconsecuencia de haber utilizado en su minuto las reformas laborales como un instrumento electoral, de haber dejado pendiente una situación, de haber faltado a los trabajadores y de tener hoy el Gobierno la certeza de que no las puede enviar, porque, de presentarlas tal como quiso que se aprobaran en la Administración anterior, ellas generarían un descalabro todavía mayor en los índices de empleo.
Entonces, lo que cabe es hacer el siguiente emplazamiento: ¿por qué no llegan las reformas laborales? Si van a reactivar la economía, ¡pues traigámosla acá! Lo que me parece una inconsecuencia enorme, señor Presidente , es que se haya engañado, en la forma en que se hizo, a los trabajadores del país, y que respecto de esas reformas, cuyo anuncio fue decisivo y determinante para ganar la elección de quien hoy día es Presidente de la República , al cabo de siete meses no se haya tenido el coraje de presentarlas tal como en su minuto fueron planteadas, lo que ha sido una gran maniobra electoral.
¡Eso es lo que ahora genera un clima de incertidumbre! Esas jugarretas tan graves que se han hecho son las que hoy se agregan a todos los factores económicos como una espada de Damocles que pende sobre toda persona que quiere emprender algo. Entonces, lo que se hace es culpar al empresario, al emprendedor. ¡Si el emprendedor no tiene reglas claras! Porque, por un lado, se le anuncia una reforma tributaria, y por el otro, se le anuncia una reforma laboral, pero ni la una ni la otra se concretan. Se parte por aquella que puede ser más fácil aunque más dolorosa para el empresario o emprendedor, pero se deja pendiente la que resulta determinante para generar condiciones de empleo.
Considero que ahí está el mayor fundamento de toda la incertidumbre existente: esto de decir que viene una reforma y que hay que enfrentarla. Pero, si hubiera habido consecuencia, debería ser la misma que en su minuto se planteó, porque, por lo demás -digámoslo, señor Presidente -, tienen la mayoría para aprobarla.
Mientras tanto, seguimos en una enorme incertidumbre, con un país paralizado, pues, entre otras materias económicas, la más determinante, referente al empleo, sigue pesando para el propio Gobierno, que sabe que, de ser aprobada en los términos propuestos, provocaría un descalabro mayor. Desgraciadamente, no tiene la visión o la claridad para generar un diálogo, una relación o una ecuación distinta que permita activar al país, y sigue insistiendo en una reforma que -reitero- nunca podrá presentar, porque ya no se tratará de un problema de los empresarios, sino del problema que significa la responsabilidad de gobernar una crisis como la que estamos viviendo en este minuto.
Creo que ahí está el gran problema, y hoy debemos contentarnos con estas medidas de parche, las que, además, son tardías. En su momento, también se dijo que crear un incentivo para la adquisición de viviendas DFL 2 iba a generar gran cantidad de empleos en toda la construcción, en circunstancias de que el resultado ha sido otro, pues no se ha generado ni una sola fuente de trabajo en ese sector.
Lo mismo va a ocurrir aquí. Se trata de medidas absolutamente tardías, desordenadas, que no responden a ninguna lógica que no sea la de una emergencia. Hay que ir al fondo del problema y asumir el desempleo con todas sus realidades. El Gobierno debería plantear la reforma laboral a la cual se comprometió en su minuto, la que no ha querido presentar pese a contar con la mayoría necesaria para aprobarla. Veamos, definitivamente, qué consecuencias puede traer aparejadas y qué efectos puede producir sobre la reactivación económica y el empleo. Si estaban tan seguros de ella antes de la elección presidencial, no veo por qué no podrían estarlo ahora que tienen la mayoría para aprobarla. Pero nosotros no seremos responsables de no haberse hecho una reforma para cuya aprobación el Gobierno -reitero- cuenta con los votos necesarios.
Apruebo en general el proyecto, señor Presidente, a la espera de pronunciarnos sobre la indicación del Honorable señor Novoa.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Bombal, Cordero, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Horvath, Lagos, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Parra, Prat, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Urenda, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Se abstuvo de votar el señor Romero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se ha presentado indicación por el Honorable señor Novoa, a quien cedo la palabra.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente, he formulado indicación para eliminar los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto y el inciso segundo del artículo transitorio, referidos a la devolución anticipada de impuestos.
El fundamento de la misma -ya explicitado en mi anterior intervención- se sustenta en el hecho de que tal devolución tiene un costo. Si no fuera así, no habría razón para que ella no se realizara normalmente el mismo año de las declaraciones. Y es evidente que existe un costo, implícito de alguna forma en el mismo texto, pues éste señala que el anticipo deberá ser devuelto por el contribuyente en abril del próximo año, con un reajuste que cubrirá sólo un período del anticipo, específicamente, hasta noviembre.
Por lo tanto, existiendo costo fiscal -tal es el fundamento de la indicación-, debió haberse analizado la conveniencia social de dar destinos alternativos a esos recursos.
Y quiero agregar algo que no mencioné denantes. La devolución anticipada, fuera de tener costo fiscal, constituye para el contribuyente en todos los casos un préstamo de carácter forzoso, el cual a veces se reajustará hasta noviembre del año 2000. Por eso, me parece conveniente explicitar en forma muy clara que el monto del anticipo que será recibido ahora deberá ser devuelto posterriormente, porque mucha gente puede gastar ese dinero y encontrarse en abril del próximo año con que su declaración de impuestos ha aumentado. Y sabemos muy bien que el grado de información en materia tributaria no alcanza un nivel acabado.
En suma, las personas que obtengan el beneficio y vean incrementada su declaración de impuestos en abril del 2001 tendrán que pagar en esa fecha los tributos correspondientes más el monto de la restitución del préstamo, de manera que para recibir una nueva devolución deberán esperar hasta mayo, junio, julio o agosto del año siguiente, que es la época en que normalmente se efectúa dicho trámite.
En mi opinión, señor Presidente , la justificación social del anticipo no está clara. Y, en segundo lugar, creo que, en definitiva, puede ocasionar problemas a las personas que inadvertidamente piensen -como se ha publicitado- que la devolución es un beneficio que se está dando, cuando, en realidad, deberá devolverse en abril del próximo año el monto de lo que se perciba por tal concepto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, me parece que la modalidad contemplada por el proyecto presenta más ventajas que desventajas. En ese sentido, la indicación propuesta frenaría un factor importante para la reactivación. Normalmente, en todas las discusiones de economía moderna se consideran también impuestos flexibles, es decir, impuestos cuyo monto varía según cómo se active la economía.
Eso tiene un efecto anticíclico. Es evidente que, estando en una situación de cierta depresión, el hecho de contar con algunos recursos adelantados permite generar una mayor demanda interna que sea una ayuda para estos meses. Y no existe la posibilidad de uso alternativo de los recursos, como lo planteó un señor Senador en la discusión anterior, en el sentido de tomar ese dinero y emplearlo en otra cosa, toda vez que se trata de fondos consignados en el presupuesto para devolución de impuestos. Lo que se está haciendo es, simplemente, adelantar fondos que no pueden ser destinados a otro uso. Si no lo hacemos así, se pierde el efecto sobre la demanda interna, la que conviene activar.
El costo para el contribuyente no existe. Efectivamente, a él se le entrega ahora un crédito equivalente a la mitad de lo que debe recibir en mayo. Por tanto, es un beneficio. Y para el Fisco el costo de adelantar el pago, según lo ha señalado el Gobierno, es del orden de los 500 millones de pesos, cifra bastante baja en términos macroeconómicos.
A mi entender, el proyecto resulta conveniente para la reactivación de la economía, pues significa un recurso adicional que algunos pequeños empresarios pueden utilizar para adelantar el pago de una deuda, para comprar materias primas, para hacer alguna inversión o, simplemente, para hacer un ahorro que les genere intereses.
Desde el punto de vista macroeconómico y como un efecto anticíclico, el proyecto es claramente ventajoso, sobre todo para estos meses en que estamos más apretados, y ayuda en la línea planteada por Senadores tanto de Gobierno como de Oposición.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En votación la indicación.
--Se rechaza (13 votos por la negativa y 3 por la afirmativa).
Votaron por la negativa los señores Bitar, Boeninger, Cordero, Frei (don Eduardo), Horvath, Matta, Matthei, Núñez, Ominami, Parra, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Bombal, Martínez y Novoa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por lo tanto, quedan aprobados todos los artículos y despachado en particular el proyecto.
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El señor MARTÍNEZ.-
Quiero informar a la Mesa que en Incidentes el Comité Institucionales 1 hará uso de la palabra y que el Comité Demócrata Cristiano le ha cedido su tiempo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¡Me parece muy bien la alianza que se aprecia!
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
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--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FERNÁNDEZ:
Al señor Ministro de Hacienda , sobre DEUDA POR CONTRIBUCIONES DE BIENES RAÍCES DE CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS (DUODÉCIMA REGIÓN).
Del señor HAMILTON:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , referente a COMPROMISO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SOBRE ELIMINAR COTIZACIÓN DE 4% EN BENEFICIO DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DEL INP DE LA QUINTA REGIÓN.
Al de Vivienda y Urbanismo, acerca de CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA BOMBEROS DE PLACILLA (QUINTA REGIÓN).
Del señor LAGOS:
A la señora Ministra de Salud, respecto a ANTECEDENTES SOBRE MUERTE DE PACIENTE EN CONSULTORIO "PEDRO PULGAR" DE ALTO HOSPICIO (PRIMERA REGIÓN).
Del señor RUIZ-ESQUIDE:
A la señora Ministra de Salud , relativo a MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En incidentes el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano, cedido al Comité Institucionales 1.
En el tiempo del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
REPARACIÓN DE SEPULTURA DE VICENTE HUIDOBRO Y CONSTRUCCIÓN DE MUSEO EN SU ENTORNO. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , quiero referirme al estado en que se encuentra la sepultura del poeta chileno Vicente Huidobro , ubicada en la localidad de Cartagena, en un predio que perteneció originalmente -y entiendo que todavía- a sus descendientes. En verdad, su estado es francamente lamentable.
Se han hecho algunas averiguaciones preliminares, porque no se ha podido resolver si se vende, se entrega a la Fundación Vicente Huidobro o se mantiene con fines culturales y con financiamiento público.
Es innecesario decir que don Vicente Huidobro fue un gran poeta, novelista y ensayista. Además, desarrolló la teoría del "creacionismo", la cual incluso fue preliminar a otros movimientos literarios, poéticos y creativos como el francés Pierre Reverdy .
El hecho de que no recibiera un premio internacional no menoscaba para nada su estatura y su envergadura lírica, que está a la par de poetas ya consagrados, como Pablo Neruda o Gabriela Mistral.
Por todo lo anterior, solicito que se oficie al Ministerio de Educación, a la Municipalidad de Cartagena y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo o de quienes pueda depender alguna gestión de compra del terreno en cuestión, a fin de que, después de algunas mínimas reparaciones, la sepultura del poeta Vicente Huidobro tenga una estructura digna, que esté a la altura de su creatividad poética, junto con generar en los alrededores de ella un museo, para que su nombre sea conocido tanto a nivel nacional como internacional.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
PROTECCIÓN EN RIBERA DE CAUCE DEL RÍO ANGOSTURA. OFICIOS
El señor HORVATH.-
En seguida, quiero referirme a un problema que me han denunciado algunas personas y que está afectando a un parque que está considerado dentro de los notables de nuestro país. Me refiero al Parque Lo Águila , diseñado y construido en su primera etapa en el siglo XIX por Renner. Posteriormente, a comienzos del siglo XX, el paisajista George Dubois , el mismo que diseñó y construyó el Parque Forestal de Santiago , transformó un tranque de acumulación de agua de riego agrícola allí existente en una hermosa laguna rodeada de árboles ornamentales, con un ecosistema poblado por gran variedad de aves acuáticas, como cisnes de cuello negro y flamencos rosados.
El Ministerio de Obras Públicas, por medio de su Dirección Regional Metropolitana, autorizó a cierta empresa la extracción de áridos desde el cauce del río Angostura, a fin de pavimentar el camino aledaño a la Ruta 5. Dichas faenas se realizaron, en parte, frente al parque mencionado. La autorización indicaba taxativamente que no se debía excavar y, aún más, que tenía que protegerse y reforzarse el área correspondiente al muro de contención de la laguna del parque mencionado.
Las condiciones puestas no fueron cumplidas por la empresa contratista, situación que se hizo presente al Ministerio de Obras Públicas y a la municipalidad correspondiente, organismos que no consideraron esta situación. Ello derivó en el socavamiento del muro y la ruptura del mismo, dejando sin abastecimiento de agua para riego agrícola al sector y destruyendo parcialmente el citado parque, lo que también afectó al único puente de acceso al sector Águila Norte y Sur.
Actualmente, otra empresa trabaja en las obras de concesión de la Carretera 5 Sur, tramo Santiago-Talca. Para esta obra nuevamente se solicitó la autorización de extracción de áridos del cauce del río Angostura. Por el gran volumen de áridos requeridos, se necesita de la aprobación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Por ello, se confeccionó el correspondiente estudio de impacto ambiental, denominado "Proyecto de Extracción Mecanizada de Áridos cauce Río Angostura, Sector Puente Águila Norte a Puente Champa y Puente Ferroviario Los Maquis", de agosto del año pasado, y que fuera realizado por una entidad competente en la materia.
Ese estudio no cumplió con lo indicado en el capítulo 10, artículo 12 J del Decreto Supremo Nº 30, relativo a la participación ciudadana, debido a que no se adjuntó el informe sobre tal participación en el estudio. Después se solicitó adjuntar las actividades asociadas a dicho punto.
En el Addendum Nº 1 de dicho estudio, de febrero de 2000, en su punto número 7, página 34, se respondió textualmente: "se pensaba elaborar con los comentarios o percepciones escritas que dejarían los grupos sociales y/o comunidades afectadas por el proyecto, y considerando que no se recopiló ninguna opinión se entiende que el proyecto se considera aceptado por las comunidades involucradas."
Dicha actividad nunca se realizó, a pesar de haber sido solicitada por diferentes estamentos de la comunidad local, como vecinos ribereños; Junta de Vecinos Nº 16, Águila Norte ; Comunidad de Aguas Canal Hospital y Comunidad de Aguas Canal Águila Norte. La inquietud de ellos fue materializada mediante carta dirigida a la empresa, el 2 de noviembre de 1999, y a CONAMA, el 18 de enero de 2000, sin que hasta el día de hoy se reciba respuesta alguna.
La situación descrita no permitió informarse y participar a la ciudadanía del sector, y así dar cumplimiento a la participación ciudadana, de acuerdo a lo indicado en el extracto de las evaluaciones de impacto ambiental publicado en el "Diario Oficial" en la fecha respectiva.
Con el objeto de evitar la repetición y perpetuación de estos graves daños con motivo de la extracción de áridos en dicho sector, es de interés lograr -como mitigación del problema- la debida protección del puente de Águila Norte , a través del cual se accede a los sectores Águila Norte y Sur, junto con la necesaria reparación y protección del pretil de la laguna del Parque Lo Águila, ubicada en el área poniente de protección del puente Águila Norte .
Los grandes caudales que producen las lluvias abundantes hacen imperioso en dicho sector una buena protección y mantención del cauce y de las riberas del río Angostura.
Por lo anteriormente mencionado, solicito que estos antecedentes se hagan llegar a la Comisión Nacional de Medio Ambiente, a la Comisión Regional del Medio Ambiente competente, al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Educación -a este último por la acción que le corresponda en la mantención de parques que son patrimonio de interés cultural en Chile-, a fin de que se nos informe sobre el particular y en lo posible se corrijan los problemas señalados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Institucionales 1, que también hará uso del tiempo que le corresponde al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ.-
Suman 42 minutos, que espero ocupar completamente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito al Honorable señor Horvath que me reemplace en la testera.
--Pasa a dirigir la sesión, en el carácter de Presidente accidental, el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH ( Presidente accidental ).-
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Martínez.
ANÁLISIS DE DOCUMENTO DE MESA DE DIÁLOGO
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , el 9 de agosto pasado inicié el comentario sobre el documento de la Mesa de Diálogo. Hoy continuaré su análisis.
6.- Hay mucho más que decir sobre este documento. Nos limitaremos por ahora a una referencia más que se relaciona con el compromiso de que "se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas".
Es incuestionable la legitimidad de las vías democráticas como medio de acceso al poder, en particular tratándose de la democracia representativa, que exige la intervención del pueblo para regir los destinos del país y la configuración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. El problema se presenta frente a una deslealtad o traición de aquellos que originariamente puedan haber sido legítimos representantes elegidos por el pueblo y que derechamente se separan y violan, sobre todo en forma ideológicamente sistemática, la Carta Fundamental y la institucionalidad que ese mismo pueblo se ha dado. En ese caso extremo, y supuesto que se hayan agotado las instancias establecidas para rectificar tales demasías, la frase en comento equivale a renunciar por anticipado al ejercicio del derecho natural de rebelión, que conlleva el deber de realizarlo en última instancia si las circunstancias lo exigen, sobre todo por parte de quienes están llamados a tal imperativo antes que los demás. Nadie puede derogar el derecho natural. Nadie puede renunciar al derecho natural. Tal cláusula adolece, en consecuencia, de objeto ilícito y no obliga ni jurídica ni moralmente a nadie, debiendo tenerse por no escrita.
Al afirmar esto último seguimos no sólo la mejor tradición jurídica y moral de Occidente y del Magisterio Universal de la Iglesia, sino lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 1º, que manda respetar los derechos emanados de la persona humana, y señala que el fin del Estado es promover el bien común. Recordemos también la disposición que reconoce expresamente a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública el rol de garantes del orden institucional de la República, con lo cual la afirmación que comentamos es, a mayor abundamiento, abiertamente inconstitucional.
Se visualiza como necesario que los personeros militares que suscribieron el documento aclaren cuál sería su actitud si se reprodujeran análogamente las circunstancias que llevaron al pronunciamiento del 11 de septiembre de 1973. Lo anterior lleva a cuestionar si ellos consideran que fue legítima o no la acción de las Fuerzas Armadas entonces, y si hoy dejarían pasivamente que el país, en su soberanía y en la integridad e identidad de sus miembros, fuera avasallado y destruido sin contrapeso alguno, cual era el destino claro que se percibía en 1973, después de un asedio revolucionario de 50 años. ¿Han pensado los chilenos, siquiera por un momento, qué sería de Chile si las Fuerzas Armadas no hubieran cumplido con su deber el 11 de septiembre de 1973, escondiéndose detrás de una frase como la comentada?
Chile se libró de su destrucción definitiva como tal gracias a la acción de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que las puso como principal enemigo de los enemigos de Chile. Alguien tal vez podría decir que algunos de los firmantes castrenses del documento aparecerían reconociendo por primera vez haber sido vencidos. Si ello no fuera así, es de temer que la última frase comentada, y sobre todo la actitud que indicaría, podría traer ese efecto.
7.- El procedimiento establecido como consecuencia del acuerdo de la Mesa de Diálogo en el proyecto de ley promulgado aparece de una gravedad y peligrosidad difíciles de describir, si tan sólo se analiza con cuidado su artículo único, su mensaje y los mecanismos a que dará lugar su aplicación.
En efecto, el proyecto aprobado ya por el Congreso en menos de cuarenta y ocho horas, sin discusión, contempla un mecanismo para los efectos de facilitar la entrega de la información por vía reservada que permita resolver, según aparece proponérselo, el misterio de los llamados detenidos-desaparecidos y, en su caso, de los ejecutados.
Tanto quienes suscribieron el acuerdo de la Mesa de Diálogo como sus superiores y el Gobierno, han hecho declaraciones que se pueden resumir expresando que con este mecanismo se encontrarán los cadáveres y con ello se produciría finalmente el reencuentro entre los chilenos, sin más divisiones, odios ni rencores. La realidad es que un análisis objetivo del proyecto indica que el efecto será muy contrario a la reconciliación, como pasaremos a explicar.
Para empezar, el descubrimiento de los cuerpos, que ha sido presentado únicamente como la manera de traer paz a sus familias y darles "cristiana sepultura", producirá efectos muy graves respecto de quienes estén procesados por su desaparecimiento o respecto de quienes están individualizados por las investigaciones realizadas por la Vícaría de la Solidaridad, como lo ha corroborado un connotado participante en el diálogo. Esto apareció ratificado por el Diputado señor Asencio , quien se permitió leer en la Cámara de Diputados una lista de más de 90 personas a las que sindica como culpables.
Es verosímil que aparte de la investigación realizada por esa Vicaría, integrada con algunos relevantes miembros del Partido Comunista, deben existir otras investigaciones efectuadas por diversos partidos y grupos marxistas, así como por organismos de países extranjeros que tienen interés en la desestructuración de las Fuerzas Armadas chilenas.
En una situación y un contexto en que los tribunales, cediendo a una presión política directa del Poder Ejecutivo , así calificada por una ex Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago , han hecho caso omiso de la amnistía, de la prescripción y de la cosa juzgada mediante resquicios casi burdos, lo único que falta para procesar y condenar a las personas por causa de los denominados "detenidos desaparecidos" es encontrar el llamado técnicamente "corpus delicti", el cuerpo del delito. Sin el cuerpo no se puede condenar por homicidio, ni siquiera con la confesión del inculpado. Así, podrán cerrarse los procesos con la determinación de los responsables sea como autores, cómplices y encubridores.
La identificación de tales personas no podrá sino suscitar nuevos resquemores, heridas y ánimos de vindicta o revancha.
Pero hay más. Si los tribunales han podido imaginar y dar por válido algo tan inverosímil como el secuestro permanente de sobre mil personas por más de un cuarto de siglo, no se ve difícil que, dada la hermenéutica paquidérmica con que aparece interpretado el Derecho, se tome pretexto de la aplicación de convenciones internacionales que darían a ciertos delitos la calidad de imprescriptibles e inamnistiables, o del abusivo recurso a otras disposiciones, con olvido de la jerarquía normativa y recta interpretación del Derecho, para procesar y condenar, esta vez formalmente y con aplicación de pena, a quienes aparezcan como responsables.
La nueva información que emergerá de la aplicación del mecanismo y del curso progresivo de los procesos verosímilmente hará nacer nuevos procesos en número no precisable. Esto aparece como diametralmente opuesto a la finalidad reconciliadora que se dice perseguir.
Como puede verse, el primer efecto de la Mesa de Diálogo se traducirá objetivamente en una situación mucho más tensa, explosiva, divisora y generadora de rencores sin fin, como la que acabamos de describir. Y no olvidemos que el lema que se ha usado y se usará en estos casos será "ni perdón ni olvido" y "justicia" en el sentido de ajusticiamiento.
Todo lo antedicho aparece como el espolón o el mascarón de proa de lo que puede llegar a ser un amplio procesamiento de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que jurídica y procesalmente era inviable sin esta información a que nos hemos referido y sin el mecanismo que genera el proyecto ya promulgado como ley.
8.- El proyecto estipula un deber de reserva limitado "únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero o destino de los detenidos-desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la Ley Nº 19.123" (inciso primero del artículo único). El número 3 del mensaje del proyecto especifica que "el deber de reserva recae sobre hechos puntuales", constituidos "por el nombre o los datos que permitan identificar a los informantes".
Como se ve, derecho muy limitado, concedido a ciertas personas nombradas por determinados organismos respecto de quienes les faciliten información "útil y conducente" para encontrar "el lugar y destino" de los restos de los desaparecidos.
Tan reducido campo de aplicación aparece no sólo en la letra del artículo único del proyecto de ley, sino también expresamente explicitado y especificado por el mensaje del mismo, que será determinante para su aplicación, según lo dispuesto por el artículo 19 del Código Civil, que preceptúa que en casos de dudas sobre el sentido del tenor literal de la ley "podrá recurrirse a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma, o en la historia fidedigna de su establecimiento", historia fidedigna que, dado el tiempo de su aprobación y la falta de discusión a su respecto, se reduce prácticamente a un solo mensaje.
En consecuencia, una información que sea calificada por quien la reciba, o en todo caso por el juez, como no "útil y eficaz" para dar con el "lugar y destino" de los restos, queda sin protección de la reserva, pudiendo, por lo tanto, quien recibió la información identificar al informante, motu proprio o, en todo caso, a petición del juez, con lo que el informante queda sometido a la posibilidad cierta de ser citado a declarar para dar razón de sus dichos y sometido, en tal evento, a las posibles penas de perjurio, obstrucción a la justicia u otras.
Las condiciones antes señaladas, establecidas por el proyecto de ley y su mensaje, para que opere la reserva son doblemente copulativas y en un doble nivel. Es decir, una información que pudiera ser útil para la marcha general del proceso pero que no sea conducente para encontrar los restos no queda cubierta por la reserva. Y en el segundo caso, no basta con que se determine el lugar donde se depositaron los restos, porque si ellos han sido removidos o han desaparecido por cualquier causa, no se conocería su destino, con lo cual tampoco operaría la reserva. Además, para que la reserva exista tienen que darse copulativamente ambos pares: "útil y conducente" y "lugar y destino". Por ser éstos requisitos o condiciones, el deber de reserva, que además como excepcional es de derecho estricto, no nace si no se dan todos los supuestos señalados.
Es de notar que la calificación de las condiciones que hacen nacer el deber de reserva sólo puede darse posteriormente a la entrega de la información. Es decir, el informante subrepticio no sabrá al entregar la información si en definitiva tal acto quedará amparado por ella. Esto transforma al mecanismo en un verdadero cazabobos, lo que en sí mismo es muy grave, y lo es aun más dada la forma en que están actuando los tribunales. El deber de reserva no nace si no se dan copulativamente todos los requisitos que se exigen, independientemente de la razón por la cual no se den. Por si quedara alguna duda, el inciso final del número 1 del capítulo III del mensaje dice textualmente que el deber de reserva "produce efectos cuando la información particular y específica, cumple con ciertos requisitos, aun cuando el incumplimiento de éstos no sea imputable a los sujetos de reserva".
Esta explicación contenida en el mensaje parecería innecesaria, pero a su vez abre una duda respecto de a quiénes designa con la expresión "sujetos de reserva": si se trata de quienes proporcionan la información o de quienes reciben la información . Lo que está claro es que, si no se dan copulativamente los requisitos, no existe en caso alguno el deber de reserva.
Cabe señalar que la limitación del ámbito de la reserva al solo nombre y hechos que pudieran conducir a la identificación del informante es, respecto a éste y a quien la recibe, meramente conjetural, puesto que ni el uno ni el otro conocen la información que obra u obrará en poder del juez, que puede llegar así fácilmente a la identificación del informante. Es imposible determinar cuáles hechos podrán o no llevar a la identificación del informante, pues no se conocen ni el sumario ni lo que puede llegar en el futuro al conocimiento del juez. También por esta razón el mecanismo es un cazabobos.
Por otra parte, la expresión "útil" podría ser interpretada, dada la forma como se manejan las cosas en estos tiempos, no según su espíritu, que aparece dirigido a encontrar los cuerpos, sino en el sentido de que además sea "útil" para establecer los responsables, en caso de que el juez no cuente ya, en virtud de lo dicho más arriba, con la información necesaria para incriminarlo.
Además, la referencia aparentemente inocente al artículo 6º de la ley Nº 19.123, con la que termina el inciso primero del artículo único del proyecto de ley, podría dar lugar a interpretaciones que agreguen como un requisito copulativo más el establecimiento de "las circunstancias de la desaparición o muerte", expresión cuya amplitud da la posibilidad de disminuir aun más el deber de reserva y de extender el ámbito investigativo y sancionador a espacios mayores, e incluso indeterminados, imposibles de establecer previamente.
La referencia al artículo 6º de la ley Nº 19.123 podría ser interpretada como un reenvío que constituya a este respecto, al tenor de dicho artículo, un derecho "inalienable" de las familias de los detenidos desaparecidos y de la sociedad chilena, imprescriptible y dotado de acción pública y privada, para establecer la "ubicación de las personas detenidas desaparecidas, la de los cuerpos de las personas ejecutadas y de las circunstancias de dicha desaparición o muerte".
Es sabido que la amnistía, en virtud de su misma naturaleza, produce sus efectos una vez promulgada y no puede ser revertida ni derogada, tanto por el derecho natural, como por la aplicación de la ley más favorable al reo, cuanto por la irretroactividad de la ley penal. En consecuencia, su pretendida derogación no puede tener efectos prácticos procesales, y mucho menos incriminantes ni de aplicación de penas. Pero, dada la peculiar manera en que se está aplicando el Derecho, podría ser que algún tribunal entendiera, visto lo señalado en el párrafo anterior, que esta disposición derogaría la Ley de Amnistía y permitiría el encausamiento y sanción de los beneficiados por ella, lo que, por antijurídico que sea, no resulta imposible en el clima que se vive, y el problema se traduciría en definitiva en un conflicto de influencias políticas.
Cabe señalar que la limitación del ámbito del deber de reserva al solo nombre y hechos que pudieran conducir a la identificación del informante es algo que ni éste ni el receptor pueden calificar, pues no conocen qué información obra u obrará en poder del juez, quien puede así llegar a la identificación del informante.
Como se ha dicho, si el juez estima que la información no cumplió todos los requisitos señalados, puede citar a quien transmitió la información que entregó la persona reservándose el nombre y circunstancias que permitieran identificarlo, e intimarle que, no habiéndose dado todas las condiciones copulativas antes indicadas, no puede mantener bajo reserva la persona del informante, con lo cual quedan bajo apercibimiento de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia, perjurio u otras si se niegan a la entrega. Tales penas revisten especial gravedad en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, tanto por la severidad del Código de Justicia Militar como por los reglamentos de disciplina institucionales, los cuales, independientemente de las penas en que pueden incurrir, pueden ser hasta expulsados de las filas.
Queda, además, la factibilidad de que el juez estime que la información no "útil y conducente" para establecer el "lugar y destino" de los restos y, posiblemente, "las circunstancias de la desaparición y muerte", haya sido dada con la finalidad de desorientar la investigación, con lo que podría inculpar al informante por obstrucción a la justicia u otros delitos; es decir, el informante no iría a declarar ya sólo en cuanto testigo, sino, desde ya, como inculpado de un delito, según aparece expresamente señalado en el mensaje del proyecto de ley.
Siendo el proyecto en comento posterior y más especial que las disposiciones de nuestra legislación que garantizan el secreto profesional de que gozan sacerdotes, médicos, abogados y otros, y además, dado que en su inciso primero utiliza el adverbio "únicamente" después de la enumeración de tales profesionales y antes de la definición del deber de reserva, este secreto profesional quedaría tácitamente derogado respecto a las situaciones que rige la iniciativa de ley. Asimismo, atendido que el deber de reserva está calificado en el mensaje, no "por las funciones o cargos que desempeñan quienes reciben la información", ni tampoco "por una especial relación con estos últimos" (los que reciben información bajo reserva), sino "por la especial y particularizada índole de ésta", tiene cuidado de señalar que es "análogo" pero no idéntico al secreto profesional.
El inciso cuarto del artículo único de la ley establece que las personas sometidas al deber de reserva señaladas en el inciso primero "se entenderán comprendidas en el número 2º del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal". Esta última disposición previene que "No están obligadas a declarar:"... "2º Aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto.".
Cabe destacar que la dispensa para declarar en juicio según la precedente norma es aplicable "únicamente en lo que se refiere a dicho secreto.". No puede, pues, tratarse de una extensión amplia, sino sólo con la finalidad de preservar el secreto profesional en lo que sustancialmente lo constituye.
En el caso de la Ley nacida de la Mesa de Diálogo en comento, el deber de reserva que establece está precisamente acotado en su artículo único, inciso primero, y explicado en el título correspondiente de su mensaje.
Conviene resaltar al respecto que el párrafo III, Nº 1, de ese mensaje señala: "El deber de reserva es análogo al secreto profesional".
Más adelante especifica:
"Sin embargo, la fórmula propuesta tiene diferencias con dicho secreto. Por de pronto, el deber de reserva no se califica por las funciones o cargos que desempeñan quienes reciben la información, sino por la especial y particularizada índole de ésta.
"Enseguida, la información entregada a quienes se constituirán en sujetos del deber, no se da por una especial relación con estos últimos" (por ser médico, abogado o confesor, o por ejercer otra función comprendida en el Nº 2º del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal).
"Finalmente, produce efectos cuando la información, particular y específica, cumple con ciertos requisitos, aun cuando el incumplimiento de éstos no sea imputable a los sujetos de reserva.".
Ya hemos señalado anteriormente cómo estos requisitos deben concurrir copulativamente; de manera que si así no se da, no hay deber de reserva y el receptor puede ser compelido a develar todo lo recibido, incluida la identificación del declarante o las circunstancias que puedan conducir a ella.
Si quedara alguna duda sobre esto, el mismo mensaje, en su párrafo II, Nº 4, letra d), expresa textualmente:
"El Acuerdo de la Mesa no ha señalado o delineado una nueva figura de secreto, ni tampoco lo ha pretendido, sino que busca hacer análoga la prerrogativa y deber del secreto profesional a ciertas personas que actualmente no lo tienen.
"De este modo, las personas amparadas por este secreto quedarán liberadas de comunicar o revelar 1a fuente de la información que obtengan, eximiéndose de las penas asociadas a la obstrucción de justicia y, paralelamente, estarán sujetas a las penas que correspondan por la violación del secreto que se les ha confiado.".
Todo esto significa que las personas sujetas al deber de reserva sólo están exentas de declarar ante los tribunales sobre la identidad del informante o las circunstancias que conduzcan a ella, siempre y cuando se den todos los demás requisitos: utilidad, conducencia, lugar, destino y, en su caso, circunstancias.
Algunos podrían sostener que las personas que según el artículo 201, Nº 2º, del Código de Procedimiento Penal no están obligadas a comparecer en juicio en el ámbito que allí se define, mantendrían tal privilegio en toda su extensión si al mismo tiempo hubieran sido designadas por el mecanismo de la ley en examen para recibir la información sobre los llamados "detenidos desaparecidos", favoreciéndose así con dos órdenes de protección simultáneamente.
Tal interpretación aparece difícil de sostener, dado que la ley recién promulgada es especialísima y posterior al citado artículo del Código de Procedimiento Penal, ya que, como se ha manifestado, la incorporación de quienes tienen deber de reserva a tal artículo está clarísimamente orientada a la protección del estrecho ámbito y severos requisitos que esa ley contempla.
La mantención paralela del secreto profesional impediría el propósito absoluto, determinado por la Mesa de Diálogo, el mensaje y la Ley, de esclarecer del todo la cuestión de los restos mortales de que se trata, hasta el punto que en el párrafo III, Nº 3, del mensaje se especifica que el deber de reserva comprende sólo el nombre y los datos que permitan identificar a los informantes, enfatizándose en su inciso final que "Una extensión mayor del deber impediría que el núcleo de lo entregado pudiese ser transmitido con éxito.".
Esto significa que, fuera de los límites de este deber de reserva, el juez podría requerir imperativamente de los sacerdotes o profesionales que, teniendo derecho al secreto profesional, hubieren sido designados como receptores de la información con deber de reserva de acuerdo al proyecto de ley que declaren ante él sin poder ampararse en el secreto profesional en todo lo que no se halle cubierto por este especialísimo y tan difícil de precisar y alcanzar deber de reserva. El secreto profesional ampara respecto de la información recibida por la calidad de sacerdote, médico, abogado, etcétera. Pero, para los efectos de esta ley, la información sería recibida -y lo precisa muy bien el mensaje- en cuanto designado para recibirla con deber de reserva; y éste cubre sólo el nombre y los hechos que pueden llevar a la identificación del informante. Sobre todo el resto, deberá prestar declaración a fortiori; es decir, con mayor razón, sin límite alguno, cuando no se den todos los requisitos establecidos por el proyecto para que nazca el deber de reserva.
El mensaje precisa que "no se trata de un "secreto profesional" stricto sensu, debido a que no se extiende a todo cuanto se le confía o conoce, sino exclusivamente al nombre y los datos necesarios para la identificación de sus eventuales informantes". Y agrega, para no dejar duda posible, que "Una extensión mayor del deber impediría que el núcleo de lo entregado pudiese ser transmitido con éxito.".
Respecto de otras normas sobre secreto, el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, expresa: "Las únicas causales en cuya virtud se podrá denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos son la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.". Ese precepto queda expresamente derogado para los efectos del proyecto de ley y su mecanismo, según la disposición del inciso final de su artículo único, que preceptúa que a la información a que se refiere la iniciativa no le será aplicable la norma señalada. Tal disposición deja desprotegido incluso el secreto de los auditores militares.
En conclusión, el interés del Estado, la seguridad nacional, los derechos de terceros o cualesquiera otras de las circunstancias mencionadas en el artículo recién citado, que son, según el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, las únicas causales por las que se podría rechazar la entrega de información y documentación, no pueden ya ser invocadas para los efectos de la información de que trata el proyecto de ley, supuesto que éste cumpla todos los requisitos para legalmente integrar la Ley Orgánica referida, que son los quórum especiales y el trámite de aprobación por el Tribunal Constitucional.
Los jefes de servicio y demás funcionarios, por tanto, no podrán excepcionarse de dar a conocer la información que sea requerida en cuanto tenga relación con la ley que se acaba de aprobar.
En consecuencia, todo deber de reserva cae, en cuanto se refiera al tema de los desaparecidos, cual las murallas de Jericó ante las trompetas de acción pública y privada que ejercen un derecho inalienable. En este sentido, son perfectamente armónicas las referencias de los incisos primero y último del artículo único del proyecto de ley (artículo 6º de la ley Nº 19.123 y 11 bis de la ley Nº 18.575).
La construcción de la ley está hecha para que, salvo el reducido y precario deber de reserva, nada pueda oponerse al conocimiento total no sólo del lugar y destino de los desaparecidos y de las circunstancias en que ocurrió la muerte de los ejecutados. El solo concepto de "circunstancia" así como el de "destino" posibilitan una ramificación ilimitada de áreas investigativas con todas sus consecuencias.
Si no se dan en definitiva todos los requisitos para que opere el deber de reserva, quien creyó operar bajo la protección de ella se verá enfrentado a la investigación judicial y al apercibimiento de las penas o sanciones disciplinarias que puedan afectarlo. No es difícil, como muestra la experiencia general de la humanidad, y el conocimiento de los procesos penales semejantes a éste que ya se han visto en estos tiempos en nuestro país, que unos tratarán de excusarse acusando a otros, o develando toda la información que posean, personal o circunstancial. Los que resulten afectados por tal conducta normalmente tratarán de acusar al primero, a su vez, como culpable, y también reproducirán la primera conducta en el sentido de acusar a nuevos inculpados y dar nuevas informaciones personales y circunstanciales al respecto.
9.- Como se ve, esto puede generar una verdadera reacción en cadena nuclear, la que por los enunciados y bien conocidos resortes de la naturaleza humana llevarán a un tal entrelazamiento de acusaciones en un marco tan amplio que se podrá procesar prácticamente a cualquier persona, y esto partiendo de cada uno de los posibles casos. Con esto se llegaría a comprometer, adecuada o abusivamente, pero de todas maneras eficazmente para el efecto de las sanciones, a todos aquellos que hayan ejercido mando o hayan estado bajo sus órdenes, con relación a aquellos cuyos restos se buscan.
Debe considerarse, además, que la pena señalada para la violación del deber de reserva, cuando éste existe por la reunión de todas las circunstancias copulativas señaladas, es bastante baja (hasta 3 años), pudiendo ser muy baja si el juez aplica la pena mínima (61 días), y es además remitible, con lo que puede imaginarse que, dadas las presiones y seducciones que se han visto actuar y actúan en estas materias, de tan sensible y alto interés político e ideológico nacional e internacional, no es en absoluto aventurado conjeturar que más de alguno, por temor o codicia, pueda ser tentado a violarlo, dejando expuesto a quien confió en el deber de reserva y con la consiguiente reacción en cadena a que pueda dar lugar.
Las consecuencias de lo dicho son fáciles de anticipar. Primero, una cacería de brujas generalizada, a la cual estarán expuestos prácticamente, no importa cuán injustamente, todos los que hayan prestado servicios en las Fuerzas Armadas y de Orden en el tiempo objeto de la investigación, y todos los que hayan sido colaboradores de organismos policiales y de inteligencia, e incluso personas ajenas que por algún azar, o de forma del todo indirecta o inocente, hayan podido o sean susceptibles de ser objeto de sospechas bajo acusaciones, delaciones o deposiciones, verdaderas o falsas, justas o injustas.
Otro punto es que no queda claro cómo los potenciales informantes podrán saber quiénes son aquellos que han sido determinados por las instituciones respectivas para recibir la información con sujeción a este evanescente deber de reserva. Pues el proyecto de ley, en el inciso segundo de su artículo único dispone que ""la determinación de las personas a que alude el inciso anterior será reservada y deberá contenerse en un registro a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto", y el Mensaje, en su parte tercera, número dos, letra B, explica que "una publicidad inadecuada de los receptores de información puede inhibir a los posibles informantes". Visto lo anterior, se comprende mal en el mecanismo de la ley cómo un potencial informante podrá saber quién sería aquél a quien amparado por el deber de reserva podrá entregar la información.
Quedan otras incógnitas. No se dice nada respecto de la competencia. Al parecer, de acuerdo con la declaración de la Mesa de Derechos Humanos sólo serían Ministros en Visita, lo que abriría nuevos interrogantes. ¿Qué pasa si son sólo militares? ¿Qué ocurre si esta información se refiere a procesos en actual tramitación en tribunales castrenses? Tales interrogantes, sin respuesta, agravan la indefensión en que quedarían informantes y receptores de la información.
Además de esto, cabe imaginar cuál será el estruendo publicitario nacional e internacional que se hará alrededor de esta dinámica procesal sin distinguir siquiera en qué calidad pueda aparecer citado uno u otro, y orientada a la destrucción de las Fuerzas Armadas estructural y moralmente, y de la respetabilidad de las fuerzas políticas que puedan estar o haber estado cerca de ellas. Ya lo anunció el Diputado Jocelyn-Holt en la prensa, quien señaló que cuando se conociera la verdad de estos procesos, el efecto sería tal que cambiaría a las Fuerzas Armadas e incluso a muchos civiles que las apoyan. Tal presión sicopolítica generará las condiciones para que los sectores de izquierda impongan la reformas constitucionales que desde hace tan largo tiempo propugnan para someter a las Fuerzas Armadas y de Orden enteramente al poder político de turno y literalmente deshacerlas para darles las formas que quieran con las personas y orientaciones de su agrado.
10.- El Acuerdo de la Mesa de Diálogo produjo desde el mismo momento en que se suscribió importantes consecuencias políticas. En esos días había ido creciendo en la opinión pública la conciencia de la grave violación del derecho que se utilizaba para procesar a muchos uniformados, e incluso ver desaforado en la Corte de Apelaciones al General Pinochet, lo que ha sido ratificado por la Corte Suprema, sobre la base de la imputación de un delito que no tiene sustento en los hechos correspondientes.
El movimiento que conducía a este ambiente había sido iniciado por los discursos ya expresados por el Senador que habla en esta Corporación, en los que se destacó la íntima relación del Derecho con la verdad, y que fueron publicados en extenso por el diario "El Mercurio". Tal ambiente llevó al Presidente de la UDI , Diputado Pablo Longueira , a declarar que los tribunales estaban realizando una "chacota". Por añadidura, la ex Ministra de la Corte de Apelaciones , señora Raquel Camposano , no sólo recordó y calificó como abierta intromisión en las funciones del Poder Judicial la carta del Presidente Aylwin a la Corte Suprema que inició una nueva interpretación de la ley de amnistía, que exigía la completa investigación de los hechos y la determinación de los hechores, lo que es categóricamente opuesto a la institución misma de la amnistía, y contrariando la jurisprudencia permanente y unánime de los tribunales hasta ese momento. Señaló además que en los casos en que se imputan delitos de secuestro permanente, tal como se ha dicho con anterioridad, el tipo penal no corresponde a los hechos de los procesos.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, el país había también tomado conciencia hasta qué punto era absurda e inverosímil la tesis de los secuestros permanentes, sobre todo en el caso del General Pinochet. Tal ambiente llevó también al Presidente de Renovación Nacional a criticar la señalada conducta de los tribunales, en términos que toda la Oposición y un autorizado vocero del sector castrense, que sin duda alguna representaba el pensamiento de dicho sector, estaban alineados en una posición y en una actividad de firme rechazo y denuncia del criterio aplicado por los tribunales en estos casos.
Por otra parte, el almuerzo de los Comandantes en Jefe en un restaurante de la capital, y la posterior declaración del Cuerpo de Generales en servicio activo del Ejército, habían agregado su parte a la solidez de un frente ciudadano que rechazaba sin términos medios una interpretación abusiva de la ley, la que además servía los designios ideológicos políticos de corto y largo plazo de los partidos y movimientos marxistas y paramarxistas hoy en el Poder, y también la de los que al menos oficialmente, como el Partido Comunista, prefieren mostrarse fuera de él.
Dentro de este cuadro, el Gobierno afirmaba que estas materias debían resolverlas los tribunales, pero con afirmaciones dichas de tal modo, y en determinados contextos, que aparecía evidente cuál era la voluntad del Gobierno. Esto generaba las correspondientes críticas, además de otras que acertadamente señalaban que encargarle a los tribunales resolver las consecuencias de una crisis política de la magnitud del colapso que sufrió Chile el 11 de septiembre de 1973 era no sólo cargar a éstos con un fardo que no podían ni debían llevar, sino que implicaba desconocer el contexto histórico de la época y el real origen y gravedad de los hechos a los que las Fuerzas Armadas y de Orden debieron poner remedio.
Tal ambiente cada vez más explícito, planteaba inquietudes a sectores partidarios del Gobierno, como puede apreciarse en una entrevista del diario "La Nación" que se hizo al Senador que habla, donde la periodista pregunta expresamente si al referirse a las sentencias basadas en los "secuestros permanentes" como atentatorias al orden institucional de la República , él estaría poniendo las bases para que las Fuerzas Armadas y de Orden ejerzan su función de garantes de tal orden, frente a lo cual quien habla manifestó adecuarse en todo al actual ordenamiento constitucional.
En los mismos días, el Presidente Lagos se había hecho sostenedor de la peregrina tesis de que las Fuerzas Armadas y de Orden eran garantes del orden institucional de la República como cualquier otro órgano del Estado, lo que implicaba negar todo sentido específico a la disposición expresa de la Constitución Política que les otorga tal carácter, y llegar al absurdo de suponer que las Fuerzas Armadas y de Orden son tan garantes como el INE o la CONAMA, lo que no puede dejarse pasar sin una sonrisa.
Tal ambiente constituía un obstáculo objetivo tanto para la hipotética confirmación del desafuero por parte de la Corte Suprema, como para la imagen del Gobierno, precisamente en los días en que una encuesta mostraba que la mayoría de los chilenos eran opuestos al procesamiento del Senador Pinochet.
La conjunción de un Gobierno que logró ganar en un práctico empate técnico hacía pocos meses, con una opinión pública mayoritariamente contraria al procesamiento del Senador Pinochet, con una Oposición cada día más decidida en su crítica a estos procedimientos, con una clara actitud de las Fuerzas Armadas y con un recuerdo fundado del rol que a éstas les compete como garantes del Orden Institucional de la República , generaba para el Gobierno una situación muy delicada, que de haber sido mantenida y debidamente aprovechada habría podido no sólo acotar las extralimitaciones jurisdiccionales, sino haber puesto al Gobierno en una posición muy desfavorable frente a las elecciones de octubre próximo.
Tal situación se desvaneció cuando se dio a conocer que la llamada Mesa de Diálogo había llegado a un Acuerdo, y sobre todo cuando se conoció el texto del mismo, que no sólo descontextúa las circunstancias en que debieron actuar las Fuerzas Armadas frente a una agresión interna y externa de máxima perversidad y peligrosidad, sino la trascendencia e importancia fundacional y salvadora de la identidad y soberanía chilenas que tuvo la acción de los Institutos Armados, como se ha señalado en la primera parte de esta exposición.
La liturgia secular celebrativa convocada literalmente entre gallos y medianoche para la mañana siguiente por el Presidente Lagos, donde aparecieron todos los sectores aplaudiendo el Acuerdo, se sumó a lo ya señalado con anterioridad.
Los ataques del Partido Comunista al Acuerdo de la Mesa de Diálogo y al proyecto de ley que lo implementa no pueden ser vistos, a la luz de la experiencia nacional e internacional y de un atento examen de su táctica y estrategia, sino como una forma de hacer aparecer legítimos ante los antimarxistas a los instrumentos que critica, lo que deja en claro su valoración positiva de los mismos.
Es evidente que al suscribir el texto del Acuerdo las dirigencias de los Institutos Armados y de Orden despojaron de razón de ser la actitud opositora a los procesamientos referidos y al impulso de la oposición política. El ex candidato Lavín , ante tal actitud, difícilmente podía negarse a concurrir a la citada "liturgia", y su asistencia, según ha reportado la prensa, forzó la presencia de los Presidentes de la UDI y de Renovación Nacional. Ello hizo perder todo el terreno ganado.
¿A cambio de qué? De un proyecto de ley, que se analizó en la segunda parte de esta exposición, cuya operación no sólo no corregirá las erradas imputaciones de secuestros permanentes, sino agravará a máximos niveles la situación de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y de Orden durante el Régimen Militar y la de sus colaboradores civiles, por inocentes que hayan sido. Se puede anticipar con seguridad que los procesos se multiplicarán exponencialmente, y no sería de sorprender que otras interpretaciones peregrinas olvidaran la prescripción, la amnistía y la cosa juzgada, para los efectos de aplicar penas.
He dicho.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:12.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción