Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- FELICITACIONES A PRIMERA VICEPRESIDENTA DE CÁMARA DE DIPUTADOS
-
ADHESIÓN A PRESIDENTE DEL SENADO ANTE RECURSO DE PROTECCIÓN EN SU CONTRA
- INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
- INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Mario Papi Beyer
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Rolando Calderon Aranguiz
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Eugenio Cantuarias Larrondo
- FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES MIXTAS
- ACUERDOS DE COMITÉS
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
FIJACIÓN DE NUEVA PLANTA DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Carlos Gonzalez Marquez
- INTERVENCIÓN : Sebastian Pinera Echenique
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Humberto Manuel Palza Corvacho
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
-
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
- INTERVENCIÓN : Nicolas Diaz Sanchez
-
ACUERDO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
-
CONVENIO COMERCIAL ENTRE CHILE E INDONESIA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Alessandri Besa
-
PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jorge Miguel Otero Lathrop
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
- INTERVENCIÓN : Hernan Vodanovic Schnake
- DEBATE
- EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : William Turpin Thayer Arteaga
-
FIJACIÓN DE NUEVA PLANTA DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO
- VI.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Erwin Arturo Frei Bolivar
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- HOMENAJE A POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO
- HOMENAJE : Erwin Arturo Frei Bolivar
- HOMENAJE : Eugenio Cantuarias Larrondo
- HOMENAJE : Arturo Alessandri Besa
- HOMENAJE : Jaime Gazmuri Mujica
- HOMENAJE : Ricardo Martin Diaz
- HOMENAJE : Hugo Ortiz De Filippi
- HOMENAJE : Carlos Gonzalez Marquez
- RIESGO DE CIERRE DE OFICINAS DE DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO EN VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO (QUINTA REGIÓN). OFICIO
- INTERESES MARÍTIMOS CHILENOS. OFICIO
- MODIFICACIÓN JURISDICCIONAL DE TRIBUNALES Y CREACIÓN DE JUZGADO EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIO
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 326ª, ORDINARIA
Sesión 7ª, en miércoles 30 de junio de 1993
Ordinaria
(De 16:15 a 19:45)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES GABRIEL VALDÉS, PRESIDENTE
Y NICOLÁS DÍAZ, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL TITULAR, SEÑOR RAFAEL EYZAGUIRRE ECHEVERRÍA Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ.
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
Pág.
I. ASISTENCIA......................................................................................
II. APERTURA DE LA SESIÓN...........................................................
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS...........................................................
CUENTA.............................................................................................
Felicitaciones a Primera Vicepresidenta de Cámara de Diputados.
Adhesión a Presidente del Senado ante recurso de protección en su contra.
Funcionamiento de Comisiones Mixtas.
Acuerdos de Comités.
V. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que fija nueva planta para la Dirección del Trabajo (se aprueba en general).
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y Jamaica en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (se aprueba en general y en particular).
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo entre Chile y México sobre supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales (se aprueba en general y en particular).
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba el Convenio Comercial entre Chile e Indonesia (se aprueba en general y en particular).
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el Código Penal a fin de proteger la privacidad de las personas (se aprueba en general).
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada (queda para segunda discusión).
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian).
Homenaje a Policía de Investigaciones en su sexagésimo aniversario (se rinde).
Riesgo de cierre de oficinas de División El Teniente de CODELCO en Valparaíso y San Antonio (Quinta Región). Oficio (observaciones de la señora Soto).
Intereses marítimos chilenos. Oficio (observaciones del señor Ruiz, don José).
Modificación jurisdiccional de tribunales y creación de juzgado en Undécima Región. Oficio (observaciones del señor Ortiz).
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
-Alessandri Besa, Arturo
-Calderón Aránguiz, Rolando
-Cantuarias Larrondo, Eugenio
-Díaz Sánchez, Nicolás
-Diez Urzúa, Sergio
-Fernández Fernández, Sergio
-Frei Bolívar, Arturo
-Frei Ruiz-Tagle, Carmen
-Gazmuri Mujica, Jaime
-González Márquez, Carlos
-Huerta Celis, Vicente Enrique
-Jarpa Reyes, Sergio Onofre
-Larre Asenjo, Enrique
-Lavandero Illanes, Jorge
-Letelier Bobadilla, Carlos
-Martin Díaz, Ricardo
-Mc-Intyre Mendoza, Ronald
-Ortiz De Filippi, Hugo
-Otero Lathrop, Miguel
-Páez Verdugo, Sergio
-Palza Corvacho, Humberto
-Papi Beyer, Mario
-Pérez Walker, Ignacio
-Piñera Echenique, Sebastián
-Prat Alemparte, Francisco
-Ríos Santander, Mario
-Romero Pizarro, Sergio
-Ruiz De Giorgio, José
-Siebert Held, Bruno
-Sinclair Oyaneder, Santiago
-Soto González, Laura
-Thayer Arteaga, William
-Urenda Zegers, Beltrán
-Valdés Subercaseaux, Gabriel
-Vodanovic Schnake, Hernán
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social .
Actuó de Secretario el señor Rafael Eyzaguirre Echeverría, y de Prosecretario, el señor José Luis Lagos López.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 36 señores Senadores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 51a, ordinaria, en 12 de mayo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 52a, ordinaria, en 18 de mayo del presente año, se encuentra en Secretaría, a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
Ocho de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. (Calificado de "Suma Urgencia").
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo señala que ha aprobado el proyecto que modifica las leyes relativas a Mercado de Valores, Administración de Fondos Mutuos, Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, Compañías de Seguros y otras materias que indica. (Calificado de "Simple Urgencia").
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
Con el tercero hace saber que aprobó el proyecto que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la ley N° 18.043. (Calificado de "Simple Urgencia").
-Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso.
Con el cuarto da a conocer que ha acogido el proyecto de ley que otorga facilidades a los extranjeros residentes. (Calificado de "Simple Urgencia").
-Pasa a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.
Con el quinto participa su rechazo a algunas de las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, por lo que corresponde la formación de una Comisión Mixta, para integrar la cual ha designado a los cinco señores Diputados que indica.
-Se toma conocimiento y se designa como integrantes de la referida Comisión Mixta a los señores Senadores miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Con el sexto indica que ha tomado conocimiento del rechazo, por parte del Honorable Senado, del proyecto de ley que modifica normas sobre subvenciones educacionales en áreas rurales, a la vez que designa a los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.
-Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , no sé si la resolución que se acaba de adoptar resulta concordante con lo obrado por la Cámara de Diputados, la que "ha tomado conocimiento del rechazo, por parte del Senado, del proyecto de ley que modifica normas sobre subvenciones educacionales en áreas rurales, a la vez que designa a los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.".
¿Cuál es la resolución adoptada? Que se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
A mí me parece que se debe formar la Comisión Mixta respectiva.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Señor Senador, la Secretaría me informa que esta Corporación ya designó a los señores Senadores que integrarán dicho organismo.
El señor LAVANDERO.-
En todo caso, debiera decirse que se formó la Comisión Mixta, y que estará compuesta por tales y cuales señores Senadores, en lugar de señalar que se toma conocimiento y que se manda agregar el documento a sus antecedentes.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Efectivamente, ése es el sentido de lo resuelto recién, señor Senador.
El señor LAGOS (Prosecretario).-
Con el séptimo comunica que ha aprobado las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que fija las plantas de personal de la Empresa Portuaria de Chile.
-Se toma conocimiento y se manda archivar.
Con el octavo hace saber que en sesión celebrada el 22 del mes en curso ha designado Primera Vicepresidenta de esa Corporación a la Diputada señora Eliana Caraball Martínez, en reemplazo del Diputado señor Mario Hamuy Berr.
-Se toma conocimiento.
Del señor Ministro del Interior con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Siebert a fin de solicitar la asignación de fondos especiales para la solución de problemas financieros que afectan a las comunas de las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena (Décima Región).
Dos del señor Ministro de Defensa Nacional:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Romero relativo al posible envío de un proyecto de ley en materia de salud para el personal de las Fuerzas Armadas.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Palza sobre modificación del reglamento complementario de la ley N° 17.798, que establece el Control de Armas y Explosivos.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Cuatro del señor Ministro de Hacienda:
Con el primero remite los antecedentes generales y específicos y los instructivos pertinentes relativos a la formulación del presupuesto para 1994 del Honorable Senado y de la Biblioteca del Congreso.
-Pasa al señor Tesorero del Senado para los efectos señalados en la letra a) del Acuerdo adoptado el 2 de julio de 1991, que establece normas para la formulación y ejecución del presupuesto de la Corporación, como asimismo para la aprobación anual de sus cuentas.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, en relación a la posibilidad de eximir del pago de cualquier clase de tributos a aquellos bienes que se adquieran para donarlos a establecimientos de salud o de educación dependientes del Estado o de las municipalidades.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, en el que solicitó información acerca del criterio adoptado por la Ilustre Municipalidad de Copiapó para modificar la calificación y el valor del permiso de circulación de los vehículos que indica.
Con el cuarto contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Alessandri, respecto de la continuación de las obras de protección de las vías aluvionales en Antofagasta (Segunda Región).
Del señor Ministro de Educación con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarrete, en el que reiteró su inquietud por el déficit financiero que afecta al sector de la educación municipal de la comuna de Melipeuco (Novena Región).
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larre, relativo a la reposición del puente sobre el río Llollelhue, en el radio urbano de la ciudad de La Unión (Décima Región).
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, referido al eventual vicio de inconstitucionalidad de que adolecería el decreto supremo N° 363, de Obras Públicas, de 1993, que reajustó el valor de las tarifas de peajes.
Dos del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantuarias, referente al pago de indemnizaciones a ex trabajadoras de la empresa Lozapenco.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor González, en el que solicitó antecedentes acerca de la tramitación del anteproyecto de ley sobre revalorización de pensiones elaborado por la Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de la Quinta Región.
Del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Siebert, mediante el cual requería información acerca de la demora en la entrega de viviendas a un grupo de familias de la población Esmeralda, de la ciudad de Calbuco (Décima Región).
De la señora Subsecretaria de Justicia con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarrete, referente a la provisión del cargo de Oficial Titular del Registro Civil de la localidad de Angol , provincia de Malleco (Novena Región).
Dos del señor Director del Servicio Electoral con los que contesta igual número de oficios enviados en nombre de los Senadores señores Ortiz y Siebert, relativos a la creación de juntas inscriptoras electorales en las localidades de Valle Simpson, El Blanco, Puerto Chacabuco y Ñirehuao (Undécima Región), y en el sector rural de la comuna de Maullín (Décima Región), respectivamente.
Del señor Director Nacional de Riego con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, con el que solicitó antecedentes acerca de la ejecución de diversos proyectos de riego en la Octava Región.
Del señor Director de la Tercera Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Núñez, relativo a la posibilidad de disponer el reavalúo de los bienes raíces ubicados en la comuna de Chañaral (Tercera Región).
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada.
-Queda para tabla.
Solicitudes
De los señores Martín Ernesto Hirsch Loewenstein, Jorge Soto Avendaño y Blas Esteban Lara Muñoz, con las que piden la rehabilitación de su ciudadanía.
-Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
FELICITACIONES A PRIMERA VICEPRESIDENTA DE CÁMARA DE DIPUTADOS
La señora FREI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora FREI.-
Señor Presidente , se dio cuenta, entre otras cosas, de que la Cámara de Diputados designó Primera Vicepresidenta de esa Corporación a la Diputada señora Eliana Caraball.
Deseo solicitar que se le envíe una felicitación, en nombre del Senado, si reglamentariamente corresponde, o de lo contrario, en el mío, por ser primera vez que una mujer desempeña ese alto cargo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará la sugerencia de la Honorable señora Frei, y se enviará la felicitación a la diputada señora Caraball en nombre del Senado.
Acordado.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , hemos concurrido a este acuerdo porque creemos muy importante la participación de la mujer en política. Por ello, nos satisface mucho la reciente designación, cualquiera que sea el color político de la dama que ocupe tan alto cargo.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra la Honorable señora Soto.
La señora SOTO.-
Señor Presidente , aunque no es necesario abundar en el tema, debo expresar que mi bancada se siente muy complacida por esta designación. Creo que, finalmente, el país va caminando por la buena senda que lleva a admitir que necesitamos a toda la sociedad, y no sólo a una parte de ella. Por lo demás, en diversos lugares del mundo las mujeres se han destacado notablemente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
ADHESIÓN A PRESIDENTE DEL SENADO ANTE RECURSO DE PROTECCIÓN EN SU CONTRA
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , al margen del acuerdo recién adoptado a proposición de la Honorable señora Frei , en el sentido de enviar un saludo a la Diputada señora Eliana Caraball , al que adherimos con la mayor complacencia, quiero plantear un asunto que, creo, afecta a todo el Senado. Lo considero delicado, y espero de mis Honorables colegas que le presten la debida atención.
Cada uno de nosotros está siempre entregando su apreciación con respecto al acontecer institucional de Chile, y hemos tenido la suerte de conocer las opiniones de distintos señores Senadores, las que han ido marcando ciertos rumbos en relación a cada situación o problema que afecta a nuestro País.
Igualmente, hemos observado que en términos generales -puede haber excepciones- esta Corporación, a través de sus integrantes, ha planteado en forma muy moderada su parecer sobre los aspectos de trascendencia en la marcha de la nación. Éste es un hecho real, y forma parte del prestigio del Senado de la República, prestigio que tenemos que cuidar y que particularmente el Senador que habla ha procurado siempre proteger.
El señor Presidente de la Cámara Alta dio a conocer a la opinión pública lo que consideró una fórmula -o un aliento a buscar fórmulas- para avanzar en menor tiempo en el desarrollo de juicios, que ya están en los tribunales, relativos a situaciones en que se hallan involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Tal actuación ha suscitado un debate muy importante en el país, y la ciudadanía se ha interesado mucho en su desarrollo. Sin embargo, un grupo de chilenos respondió a aquella declaración presentando un recurso de protección en contra de Su Señoría.
Si bien, desde mi punto de vista, esa agrupación tiene absoluta libertad para proceder como lo hizo, constituye un mal precedente realizar una gestión judicial de ese tipo frente a la declaración pública de un Senador, y muy especialmente cuando la emite el señor Presidente del Senado , es decir, de una de las ramas del Poder Legislativo.
Independiente de estar o no de acuerdo con lo que el señor Presidente expresó -a mi entender, con gran altura-, considerando los aspectos propios de nuestro país, creo que la respuesta no puede ser, en ningún caso, interponer un recurso de protección. Se le puede contestar con una opinión distinta por parte de aquella agrupación que piensa de modo diferente al Presidente de la Cámara Alta , o a cualquier integrante de ella. Pero si hoy una declaración pública de Su Señoría, o de cualquier Senador, suscita la presentación de un recurso de protección -que, por lo demás, se verá hoy en la tarde-, es evidente que, junto con afectarse aspectos propios de la libertad, se está debilitando al Senado chileno como institución.
Por tales razones, señor Presidente , he llamado la atención de mis Honorables colegas hacia este hecho. Yo, al menos, y creyendo interpretar a muchos señores Senadores, entrego mi apoyo a todo lo que, en términos profundos, con mucha moderación y sin marginar por ello problemas que hay que resolver, Su Señoría ha expresado, en una opinión muy personal. Con ello protegemos, al menos desde nuestro enfoque, la libertad del señor Presidente para exponer su parecer, así como la de cualquier otro señor Senador. Obviamente, la reacción mostrada por el referido grupo que dedujo el recurso de protección daña la libertad del país, quiebra elementos fundamentales del debate nacional y destruye la entidad Senado de la República en sus cimientos más profundos.
Ante tales hechos, reciba el señor Presidente nuestra adhesión y respeto por sus declaraciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR .-
Señor Presidente , me alegro mucho de haber escuchado al Honorable señor Ríos. Ésta es una demostración de cómo funciona la democracia en nuestro país. Y el hecho de que las palabras que recién escuchamos provengan de un señor Senador que no pertenece al Partido del señor Presidente y de quien habla, evidencia también el valor de su planteamiento.
Coincido totalmente con lo expresado por el Honorable señor Ríos. El recurso de protección interpuesto -a mi modo de ver, erróneamente por quienes se han sentido afectados- aparece como una vulneración o limitación de la libertad de los Senadores para hacer planteamientos o declaraciones sobre determinadas materias de interés general en el país; más aun cuando el señor Presidente del Senado es quien ha ejercido este derecho.
Por esta razón, en nombre de los señores Senadores de mi Partido, agradezco al Honorable señor Ríos su intervención. Al mismo tiempo, expreso al señor Presidente de la Corporación nuestro respaldo y solidaridad. Ello no significa que estemos o no de acuerdo con sus planteamientos, sino que es un respaldo al derecho que tiene todo Parlamentario a expresar sus opiniones, sin que por ello esté expuesto a un recurso judicial en su contra, como es el de protección.
Esperamos que la Corte de Apelaciones ponga las cosas en su lugar y que en ningún otro caso pueda volver a presentarse una situación del tipo de la que se ha mencionado.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Papi.
El señor PAPI.-
Señor Presidente , me parece difícil no coincidir con los términos de lo expresado por el Senador señor Ríos, especialmente porque Su Señoría aclaró que hacía abstracción de que existiera o no concordancia sobre determinados contenidos de la declaración, la que, como bien lo señaló, fue expuesta con mucha prudencia y altura de miras. Por eso, más allá de que se coincida o no con ella, estimo plenamente válido y necesario dejar constancia (y lo hago en nombre del Comité Radical-Socialdemócrata) de nuestro pleno respaldo al señor Presidente del Senado en cuanto formuló esas declaraciones, y de lo erróneo del camino que se ha buscado para impugnarlas.
La mencionada respuesta afecta no sólo a un Parlamentario. Eventualmente, cualquier ciudadano puede verse expuesto a una situación como la que enfrenta el señor Presidente , que es del todo absurda. El recurso de protección apunta a proteger otros derechos fundamentales, y no puede ser usado para limitar la libertad de expresión. No tengo ninguna duda de que los tribunales rectificarán tal proceder, a mi juicio, erróneo.
Su Señoría cuenta con todo nuestro respaldo en tal sentido.
He dicho.
El señor ALESSANDRI.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , creo que la opinión de la Sala es unánime en cuanto a manifestar a Su Señoría nuestra adhesión ante el recurso de protección deducido en su contra, ratificando, al mismo tiempo, lo declarado por el Honorable señor Ríos y por los demás señores Senadores en el sentido de que a través de un recurso de protección no se puede estar limitando la libertad de expresión y el derecho que cada persona tiene a expresar lo que piensa.
Por consiguiente, propongo que por unanimidad esta Corporación le haga llegar su voto en los términos señalados y que, si es necesario, se le dé forma de un acuerdo del Senado.
El señor CALDERÓN .-
Nuestra bancada también concuerda en rechazar el recurso de protección presentado por la Agrupación de Detenidos-Desaparecidos en contra del señor Presidente del Senado . A la vez, plantea que apoyemos la intención de sus palabras, no en todo lo que ha expresado -porque consideramos realmente imposible que, al acelerar los procesos, se les dé término en tres meses-, sino en lo referente a aprobar la idea general, la intención que Su Señoría planteó, cual es agilizar los procesos sobre derechos humanos. En ese sentido damos nuestra aprobación, y no en todo el contexto.
El señor FERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , en nombre del Comité de Senadores institucionales y en el mío, adhiero a lo señalado anteriormente por el Honorable señor Ríos, haciendo presente nuestro respaldo y adhesión al señor Presidente del Senado a raíz del recurso de protección que se ha interpuesto en su contra.
A nuestro juicio, los recursos de protección fueron ideados y establecidos en la Constitución para defender los derechos que la misma Carta garantiza. Y aquí estamos precisamente ante el absurdo de que se estaría deduciendo un recurso de esa índole para conculcar el derecho de opinión de un ciudadano, el que en este caso ostenta la calidad de Senador de la República y de Presidente del Senado .
El recurso de protección no fue consagrado para conculcar derechos, sino que, por el contrario, para protegerlos, para ampararlos; para permitir que las personas puedan expresar libremente su opinión, como sucedió en el caso del Senador señor Valdés .
Por lo demás, ya entrando al fondo de la materia, estimo que la opinión sustentada por Su Señoría orienta y define al país hacia un camino determinado: la reconciliación. Un problema distinto es que los plazos puedan considerarse exagerados, ya sea largos o cortos. Y en este sentido, el propio señor Presidente de esta Corporación se encargó de precisar que él no los propuso en la forma perentoria en que se ha pretendido interpretarlos. En las declaraciones del Honorable señor Valdés pude advertir una orientación hacia la reconciliación entre los chilenos, y no hacia el enfrentamiento. A mi entender, sus palabras van mucho más allá de un simple planteamiento político: su objetivo es lograr que el país pueda mirar hacia adelante y ver lo ocurrido en el pasado con la tranquilidad y responsabilidad que situaciones de esa naturaleza aconsejan.
Por lo anterior, hago llegar nuestra adhesión, respaldo y solidaridad al señor Presidente del Senado .
El señor OTERO .-
Deseo hacer presente a la Sala que esta materia se trató en la reunión de Comités, precisamente porque el señor Presidente tuvo a bien informarnos en detalle acerca de la situación producida. Y, sobre ese tema, el Honorable señor Ríos hizo uso de la palabra representando a todos los Senadores de Renovación Nacional y el pensar y sentir de nuestra colectividad.
Por lo demás, quiero dejar constancia en el Acta de que el ejercicio que se ha hecho en este caso del recurso de protección es por entero anticonstitucional, y, como señalamos en la reunión de Comités, esperamos sinceramente que la Corte de Apelaciones rechace admitirlo a tramitación. Ello, por una razón muy sencilla: el artículo 20 de la Constitución Política señala: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19," -a continuación enumera los incisos pertinentes- "podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva,". Lo planteado en el recurso en comento está totalmente reñido con la norma constitucional que acabo de leer, y -como muy bien lo señaló el Honorable señor Fernández - con él se está pretendiendo conculcar uno de los derechos humanos básicos.
Pareciera ser que quienes lo presentaron tienen una concepción muy especial de lo que son los derechos humanos, porque éstos se hallan establecidos para todas las personas, y entre ellos está precisamente el derecho a la libre expresión de sus ideas y pensamientos. De tal manera que, conforme a tales derechos, el señor Presidente de la Cámara Alta, actuando como Senador, no en nombre del Senado -¡ni siquiera eso!-, emitió una opinión perfectamente legítima. En su actuación no hay hecho u omisión alguno que pueda considerarse injusto o arbitrario. Por el contrario, Su Señoría hizo uso de un derecho que le otorga la Constitución Política de la República, derecho básico precisamente en todos los regímenes democráticos.
Por eso, en la reunión de Comités concluimos que era bueno esperar qué resolvería hoy la Corte de Apelaciones, porque teníamos el pensamiento o la aspiración de que se rechazara de inmediato el recurso de protección y se declarara no admisible, por no reunir ninguno de los requisitos que permitiera siquiera tramitarlo. Sin embargo, frente a la eventualidad de que la Corte decidiera pedir informe al señor Presidente del Senado , en la Sala de Comités se ofrecieron para redactar el documento respectivo -es conveniente que el país lo sepa- nada menos que el Honorable señor Letelier , ex Ministro de la Corte Suprema , y el Senador que habla. Y lo hicimos, porque entendemos que ésta no es una materia de política contingente ni de ideología política, sino que -como señaló el Senador señor Ríos- constituye un problema básico y fundamental del ejercicio democrático; de la expresión de opinión de cualquier ciudadano y, más aún, de la que tienen los Parlamentarios.
Por estas razones, señor Presidente , es necesario dejar clara constancia -y esto fluye de los conceptos emitidos por todos los señores Senadores- de que el juicio categórico del Senado es que el recurso de protección no reúne ninguno de los requisitos -ni de forma, ni de fondo- para que pueda ser admitido a tramitación por los tribunales de la República; y de que, si así fuera, el informe que emita el señor Presidente de esta Alta Corporación tendrá el respaldo más absoluto de la unanimidad del Senado, dado que la interposición de dicho recurso constituye un hecho inaceptable dentro de una democracia.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
En forma privada ya di a conocer al señor Presidente mi pensamiento respecto de esta materia. Ahora me sumo, resuelta y decididamente, a las expresiones vertidas aquí e iniciadas con la intervención del Senador señor Ríos.
Me parece que, en el punto en que nos encontramos, corresponde que la Sala tome la resolución enunciada por todos los Comités y le dé forma mediante un acuerdo del Senado, sin perjuicio de las otras medidas que el curso de los acontecimientos aconseje.
A mi juicio, ésa es la señal que debemos dar al país, de manera imperiosa, para afianzar el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones, los cuales, a través de una interpretación "resquiciosa" y, diría, hasta mal intencionada, se pretende conculcar en la persona del señor Presidente de esta rama del Parlamento.
Reitero al señor Presidente la solidaridad de los Senadores de estas bancas, como asimismo, nuestra adhesión a las expresiones vertidas, y pido materializar todo esto en la forma de un acuerdo del Senado.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Agradezco muy sinceramente la solidaridad expresada esta tarde por los señores Senadores, la cual -entiendo- no es un respaldo a la persona del Presidente que habla, sino al cargo que inviste y a un derecho fundamental: el derecho de expresar opiniones.
Muchas gracias, señores Senadores.
-En atención a lo expuesto, la Corporación, por unanimidad, acuerda solidarizar con el Presidente del Senado , Honorable señor Gabriel Valdés, y defender su derecho a emitir opinión.
FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES MIXTAS
El señor OTERO.-
Señor Presidente , ¿me permite la palabra, para referirme a otro tema tratado por los Comités?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Sí, señor Senador.
El señor OTERO.-
En la reunión de Comités planteé el problema -se me sugirió darlo a conocer en la Sala- que se está presentando con relación al funcionamiento de las Comisiones Mixtas. Por ejemplo, para tratar una materia de competencia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la cual debe ser resuelta por una Comisión Mixta, pese a haber transcurrido un tiempo bastante más prolongado que lo prudencial, no se ha logrado el quórum necesario para sesionar, debido a la inasistencia de los señores Diputados. Como a los ojos de la opinión pública tal hecho podría aparecer como una demora atribuible al Senado, es conveniente poner en conocimiento del señor Presidente de la Cámara de Diputados aquellos casos en que, habiéndose citado oportunamente a las Comisiones Mixtas a fin de despachar los proyectos de ley que se hallan en su fase final de tramitación, no se pudo sesionar por falta de concurrencia de los representantes de esa rama del Congreso, en circunstancias de que los Senadores siempre han concurrido a dar el quórum correspondiente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
La situación de que da cuenta el Senador señor Otero es realmente preocupante.
La Mesa llevará a cabo las gestiones pertinentes, con el objeto de evitar esas demoras injustificadas, que retrasan enormemente el trabajo legislativo.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor VALDÉS (Presidente).-
Los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Prorrogar hasta el 19 de julio, a las 12, el plazo para presentar indicaciones a los proyectos de ley relativos a carrera judicial y creación de la Escuela Judicial, dada la complejidad de ambas iniciativas y la necesidad de disponer de mayor tiempo para esa finalidad;
2.- Fijar hasta el lunes 12 de julio, a las 12, el plazo para la formulación de indicaciones al proyecto que modifica el Código Penal a fin de cautelar efectivamente la privacidad de las personas, informado por la Comisión técnica correspondiente;
3.- Postergar hasta la próxima semana (por ausencia de una de las autoras de la moción) el debate del informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta de la Sala acerca de la admisibilidad del proyecto de ley sobre transparencia del gasto público, que se encuentra en sexto lugar del Orden del Día de hoy, poniendo en su reemplazo el proyecto -que figuraba en la tabla de mañana- sobre establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, y
4.- Dejar sin efecto, en virtud del acuerdo anterior, la sesión especial citada para mañana, jueves 1o de julio.
V. ORDEN DEL DÍA
FIJACIÓN DE NUEVA PLANTA DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija nueva planta de personal para la Dirección del Trabajo, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de la de Hacienda.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 43a, en 14 de abril de 1993.
Informes de Comisión:
Trabajo, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.
Hacienda, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Senadores señores Calderón, Hormazábal, Palza y Thayer, expresa que el proyecto, con urgencia calificada de "Simple", fue aprobado unánimemente, con enmiendas.
La Comisión de Hacienda, por su parte, deja constancia en su informe de que la iniciativa está debidamente financiada y de que introdujo algunas modificaciones al texto despachado por la de Trabajo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En la discusión general, tiene la palabra el señor Ministro .
El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente , Honorable Senado, el proyecto de nueva planta de la Dirección del Trabajo forma parte de un esfuerzo más general destinado a enfrentar la situación de aquellos servicios que se encuentran en condiciones desmedradas y que requieren de una corrección, especialmente cuando se contrastan con otras reparticiones estatales de naturaleza similar. Y con este espíritu se envió al Congreso la iniciativa en debate, que busca introducir diversas rectificaciones en la planta del servicio mencionado.
En ese sentido, el proyecto tiene varios objetivos. En primer lugar, se garantiza, de manera más adecuada, el desarrollo de la carrera funcionaria para quienes laboran en ese organismo, mediante tres tipos de medidas: se aumenta el número de cargos de planta, sin incrementar la dotación total, subsanando de este modo la irregularidad existente; se elevan los grados topes en la escala de fiscalizadores y los grados de inicio de este escalafón y del de directivos, de profesionales y de auxiliares, y se redistribuyen mejor los cargos dentro de cada planta, con el propósito de posibilitar una mayor eficiencia en las funciones de la Dirección del Trabajo.
En segundo término, se busca racionalizar el uso de los recursos humanos del servicio para hacerlo más eficaz. Con este fin, se propone, entre otras medidas, la creación de una planta técnica encargada de ejecutar algunas de las tareas que hoy realizan los fiscalizadores, pero que podrían ser efectuadas por empleados de un nivel de calificación inferior al requerido para el cargo. Por ejemplo, actualmente la Dirección atiende más de 100 mil comparendos. Dicha función podría encomendarse a la planta técnica que se crea, pues no requiere necesariamente de un fiscalizador propiamente tal. Otras áreas que también podrían quedar a cargo de aquélla son la supervisión de las votaciones en las organizaciones sindicales y la atención de consultas del público.
La generación del nivel técnico permitirá especializarse dentro de la Dirección del Trabajo y, además, que los fiscalizadores se concentren en las funciones en que ellos son realmente insustituibles. Del mismo modo, el desarrollo de direcciones regionales y el fortalecimiento de ellas asegura un empleo más apropiado de los recursos humanos.
Por último, se plantean una serie de condiciones adicionales para el ingreso y promoción de los funcionarios, exigiendo el cumplimiento de requisitos de capacitación que contribuirán a aumentar la eficacia de esa entidad.
Como dije, el texto en análisis apunta, fundamentalmente, a dos aspectos: el desarrollo adecuado de una carrera funcionaria y el uso más óptimo de los recursos humanos de la institución.
La iniciativa fue aprobada en general tanto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social como en la de Hacienda. Durante la discusión en particular, el Ejecutivo formulará una indicación adicional a las ya hechas relacionada con el pago a las ISAPRES de las cotizaciones de salud correspondientes a los beneficios retroactivos contemplados en el articulado. Porque es evidente que ellos no tienen como contrapartida la entrega de nuevos servicios al trabajador. Por lo tanto, en la indicación enunciada se propondrá que tales recursos puedan destinarse, por ejemplo, a acrecentar los fondos previsionales del afiliado. En esta forma sí irían en beneficio de los funcionarios, a través de mejores pensiones en el futuro.
Las medidas de racionalización y de generación de una nueva planta en la Dirección del Trabajo, forman parte de un plan más amplio, dirigido a fortalecer su acción.
Cabe destacar el importante aumento de recursos de la entidad en los tres últimos años, que ha superado el 40 por ciento. Pero no basta destinar más fondos, porque también resulta indispensable asegurar la eficacia de su uso. Para ello se han introducido cambios en las normas relativas al pago de multas, lo cual se ha llevado a cabo a través del proyecto sobre contrato individual de trabajo, ya despachado por la Comisión correspondiente del Honorable Senado. Pero tampoco basta con eso. Es necesario al mismo tiempo ir generando las condiciones necesarias para una mayor modernización en las relaciones laborales de las instituciones del Estado.
Señor Presidente , a eso apuntan la iniciativa legal sobre asociaciones de funcionarios, actualmente sometida al consentimiento de esta Corporación, y el proyecto de ley en análisis, que asegurará -con la generación de una planta técnica, con nuevas exigencias de capacitación, con un desarrollo más adecuado de la carrera funcionaria y con el uso óptimo de los recursos humanos- refortalecer la Dirección del Trabajo no sólo en lo referente a los fondos con que debe contar, sino también en lo tocante a la eficacia de su acción y a las posibilidades de mejoramiento para sus trabajadores.
Es todo cuanto deseaba expresar, señor Presidente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar el proyecto de ley que fija una nueva planta de personal para la Dirección del Trabajo, aprobado por la unanimidad de sus integrantes, sin modificaciones sustanciales. Sólo se formularon algunas de carácter formal.
En cuanto a financiamiento, los recursos correspondientes quedaron asignados en el Subtítulo 21 del presupuesto de la Dirección del Trabajo.
Los objetivos de la iniciativa son primero garantizar de manera más adecuada la carrera funcionaria; segundo, dar estabilidad a su personal, y tercero, otorgar un mejoramiento económico a los funcionarios que compondrán la nueva planta, quienes indudablemente han sido postergados en sus emolumentos.
El proyecto tiene también por finalidad aumentar el número de cargos en la planta, de 772 a 976, lo cual significa 204 nuevos puestos. Además, se modifican los grados topes de la escala de fiscalizadores, reduciéndolos de 11 a 9; los grados de inicio del escalafón bajan de 17 a 16, y los de directivos, de 10 a 9; los de profesionales, de 18 a 15, y los de auxiliares, de 24 a 23.
Otro de los propósitos consiste en distribuir en forma más equitativa dichos cargos, de manera tal que se pueda favorecer la carrera funcionaria y a la vez signifique un equiparamiento en el nivel de remuneraciones del personal de este servicio en comparación con el que ostentan otras entidades fiscalizadoras.
También se crea una planta técnica, de menores grados y costos, cuya función principal será la de realizar labores de inspección, que hoy son desarrolladas por los fiscalizadores.
En resumen, la iniciativa contempla seis plantas, con grados del 2o al 23°, entre los cuales se hallan los siguientes cargos: 43 directivos, 101 profesionales, 464 fiscalizadores, 103 técnicos, 178 administrativos y 87 auxiliares, con un total de 976 cupos, lo que implica un aumento de -repito- 204 cargos, equivalente aproximadamente al 26 por ciento de la dotación actual.
La planta actual de la Dirección del Trabajo es de 772 puestos, de los cuales están provistos sólo 706, con un gasto anual de 2.341 millones 281 mil pesos. El mayor costo del proyecto en análisis es de 742 millones 65 mil pesos. Además, a través del artículo 8o se crean 80 cargos de fiscalizadores, con un gasto de 90 millones 221 mil pesos, no en 1993, sino para 1994, año éste en que entrará a regir la ley. Por lo tanto, desde este punto de vista, lo anterior no representa costo financiero para el presente año. Tales cargos, junto a los otros 124 que se crean, con un total de 204, tienen un costo anual de 651 millones 844 mil pesos, los cuales se cargarán al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación .
Señor Presidente, tales antecedentes demuestran que el proyecto se encuentra perfectamente financiado, habiendo sido aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , intervengo sólo para anunciar que la bancada radical-socialdemócrata votará favorablemente la iniciativa -y diría que lo va a hacer con mucha alegría-, porque estimamos que sin un adecuado cuerpo fiscalizador se torna en letra muerta toda la legislación laboral. Además, como siempre lo hemos manifestado, en la relación laboral es necesario buscar el equilibrio y la igualdad entre las partes contratantes.
La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual entre empleador y empleado es un área donde el Estado, en opinión nuestra, debe ejercer su potestad de ente corrector de las distorsiones o transgresiones del ordenamiento jurídico y, también, la observancia de las reglas del juego establecidas para el buen funcionamiento de la sociedad.
Durante el último tiempo hemos recibido múltiples denuncias acerca de la incapacidad absoluta de la Dirección del Trabajo para cumplir con sus obligaciones legales, deficiencia que se viene a corregir precisamente con este proyecto de ley. De manera que deseamos felicitar al señor Ministro del ramo por el esfuerzo desplegado en orden a racionalizar ese servicio. Esperamos que de esta forma en Chile podamos ir logrando un cumplimiento más adecuado, más eficaz y más efectivo de la legislación laboral.
Por estas razones, señor Presidente , la bancada radical-socialdemócrata da su aprobación a la iniciativa.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.
El señor PIÑERA.-
Señor Presidente , en verdad el proyecto tiene una doble finalidad. En primer lugar, satisfacer la necesidad o requerimiento -a mi juicio, muy justo- de dar un mejoramiento de remuneraciones al personal de la Dirección del Trabajo, lo que se enmarca dentro de la política salarial que ha venido aplicando el actual Gobierno y que consiste esencialmente en mantener niveles mínimos de incremento de precios y de reajustes generales y en aplicar políticas específicas de arreglo de sueldos a ciertos servicios que se encuentran en situación de detrimento en relación con el resto de la Administración Pública.
En el Congreso se han aprobado leyes puntuales de mejoramiento de remuneraciones respecto de distintos organismos; por ejemplo, para ENAP, ENAMI , Contraloría General de la República (en relación con los auxiliares), Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, sector Salud (tocante a los profesionales funcionarios), Carabineros de Chile, Poder Judicial , Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y podría seguir enumerando.
En el fondo, señor Presidente , esto refleja una política salarial aplicada por el Gobierno respecto del sector público. Y, en lugar de reajustes generales, ha canalizado la inmensa mayoría de los mejoramientos reales de remuneraciones a través de proyectos específicos para organismos públicos determinados. Esta política es razonable, en la medida que refleje la existencia de distorsiones en las rentas de este sector; pero no lo es si uno considera que se llegará a un equilibrio o a un sentido de equidad en las mismas.
En múltiples ocasiones hemos planteado en la Comisión de Hacienda y también en la de Economía la posibilidad de que tal política salarial pudiera ser analizada en su contexto global y no como ha ocurrido hasta ahora, caso a caso. Por lo tanto, en esta oportunidad deseamos reiterar al Ministro del Trabajo algo que ya discutimos con el titular de la Cartera de Hacienda, pero básicamente con efecto hacia las situaciones pasadas. Nuestra idea es conocer -obviamente con la discreción que este tipo de políticas merece- cuál es la política salarial que el Gobierno ha previsto para el futuro respecto de los empleados del sector público.
Ésa es la parte positiva del proyecto. Sin embargo, en el Congreso hemos estado aprobando iniciativas que otorgan facultades discrecionales de encasillamiento en forma permanente a los directores de los servicios y a los Ministros respectivos. Y quiero recordar que el artículo 46 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece que el ingreso de los funcionarios debe hacerse sobre la base de concursos públicos y de la selección de postulantes mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de sus aptitudes y méritos. En otras palabras, esta disposición busca resguardar el principio de la igualdad ante la ley, aplicado en este caso a la igualdad de oportunidades de todos los chilenos para acceder a cargos públicos y también de los actuales funcionarios de la Administración para ascender.
Señor Presidente , en el proyecto en análisis, una vez más, se está dando una facultad discrecional al jefe de servicio para que encasille, prescindiendo de las normas establecidas en el mencionado artículo 46. Y si existe una gran distorsión dentro de la Dirección del Trabajo en materia de rentas y remuneraciones, es posible que una atribución de ese carácter, otorgada por una sola vez, permita corregir con mayor rapidez y agilidad esas distorsiones. Sin embargo, si se conceden como regla general, en la práctica, estaríamos convirtiendo en letra muerta el principio básico de la igualdad de oportunidades tanto al interior de la Administración Pública -en cuanto a los ascensos- como respecto de las personas que intentan ingresar a ella, al dejar de lado lo relativo al concurso público y también a la forma de seleccionar a los postulantes sobre la base de criterios técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva.
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda tuvimos la oportunidad de debatir el tema. Y quisiéramos conocer con mayor detenimiento -en una segunda discusión en la misma, o posiblemente en la Comisión de Trabajo- la necesidad real de otorgar, en este caso, facultades discrecionales que, en el fondo, significan dar mayor poder al Director del servicio y, al mismo tiempo, quitar derechos o garantías a los funcionarios que allí laboran, los cuales implican que sus ascensos se hagan conforme a criterios objetivos.
En resumen, después de analizar en términos relativos el proyecto, hemos concluido que la Dirección del Trabajo se encuentra en situación desmedrada frente a otras instituciones fiscalizadoras y, muy particularmente, a las que controlan el sector financiero. Probablemente, ello obedece a una razón histórica.
Además, señor Presidente , quiero destacar -aprovechando la presencia del señor Ministro del Trabajo - que en el proyecto, que adecua las plantas, cargos y grados de la Dirección del Trabajo, no existe intento alguno para actualizar la ley orgánica de dicho organismo, el cual sin duda, en el contexto de una economía social de mercado como la nuestra, juega hoy un papel muy distinto del que le correspondía dentro de una economía con mucho mayor grado de intervención.
Por lo tanto, ahora que se modifican las plantas de la institución -que es una forma de adaptarla al cumplimiento de sus nuevas funciones-, parece oportuno discutir también si el contenido de su ley orgánica se ajusta a los requerimientos de una economía con características como las actuales. A mi juicio, sería muy interesante sostener tal discusión con el señor Ministro cuando analicemos el texto en particular.
En todo caso, tal como lo hice en la Comisión de Hacienda, anuncio nuestra aprobación en general al proyecto, pues él viene a compensar una postergación, clara y evidente, expresada en cifras, que se da con la Dirección del Trabajo respecto de otros organismos de la Administración Pública.
Gracias, señor Presidente
.
El señor LAVANDERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO .-
Quiero advertir a Sus Señorías que en la página 21 del informe de la Comisión de Hacienda, en lo referente a la letra c) del numeral 3 del artículo 2°, en vez de decirse "Reemplazarla por la siguiente:", debe consignarse la frase "Para agregar la siguiente, nueva:", pues antes dicha letra c) no estaba contemplada. Es un mero cambio de redacción.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Palza.
El señor PALZA.-
Seré muy breve, señor Presidente .
La Comisión de Trabajo, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el texto sometido a su consideración, y lo mismo recomienda hacer a la Sala. Ahora bien, ese texto me merece una sola reserva, respecto del artículo que asigna distintos grados a los Directores Regionales del Servicio. Ahí, a nuestro juicio, existe una clara discriminación entre las Regiones, pues, tratándose de la Región Metropolitana, su Director Regional es ubicado en grado 5, mientras en otras, especialmente en las extremas, a ese cargo se confiere grado 7.
Al respecto, reiteramos un planteamiento que ya hicimos a propósito de la iniciativa referente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en orden a que debe establecerse una norma pareja, que dé el mismo tratamiento a todas las Direcciones Regionales.
Por otra parte, un señor Senador planteó sus temores en cuanto a que no se realizarán concursos para llenar las vacantes y a que, para ese efecto, se otorgan facultades discrecionales. Su Señoría tiene razón, pero en la misma forma se procedió, por ejemplo, en casos relacionados con los Ministerios de Educación y de Obras Públicas. Y representa un sistema claro, en el cual coinciden dos aspectos: por un lado, el interés del gobierno por encasillar a determinado personal, fijarle nuevos grados y, en definitiva, darle un mejoramiento económico; y por el otro, el consenso alcanzado dentro de los mismos funcionarios, quienes reiteradamente, en las distintas iniciativas presentadas con idéntico fin, han manifestado su conformidad con tal proceder. Por eso nosotros respaldamos el otorgamiento de facultades discrecionales sobre la materia.
En otro orden de ideas, celebro que el señor Ministro haya decidido acoger la petición que insistentemente, entre otros Senadores, me ha tocado plantear en la Sala con respecto a la aprobación de leyes que conceden beneficios con efecto retroactivo, que en algunos casos es hasta de un año. Cuando ello ha ocurrido, la cotización de 7 por ciento para salud ha ido a beneficiar a las ISAPRES, lo que constituye prácticamente un regalo que se hace de manera reiterativa a dichas instituciones. Es lo que sucedió con motivo de los proyectos de plantas del Ministerio de la Vivienda, de la JUNJI y, más recientemente, de los profesionales funcionarios de la salud.
La verdad es que tales recursos suman varios cientos de millones, los cuales se entregan, a nuestro juicio, en forma graciosa o gratuita a las ISAPRES. Por eso, me alegro de la información que nos ha proporcionado el señor Ministro en el sentido de que habrá una definición sobre el particular de parte del Ejecutivo, de tal manera que, cuando se otorguen mejoramientos con efecto retroactivo, los descuentos para salud no sean a beneficio de dichas instituciones, sino que pasen a constituir fondos previsionales.
En lo personal -es una opinión mía, no de la Comisión-, me gustaría más que, en caso de tener la ley pertinente un año de efecto retroactivo, la cotización para salud simplemente no se efectuara y que los recursos correspondientes fueran de libre disposición de los trabajadores. Es lo que propuse cuando se discutió el proyecto relativo a la JUNJI, y ahora lo reitero. Ojalá el Gobierno estudie la posibilidad de que dicha retención no se realice con efecto retroactivo, al menos por esta vez, porque se trata prácticamente de un año, pues ahora en junio se han cumplido doce meses de tramitación del presente proyecto.
Por eso, señor Presidente , junto con dar a conocer el informe de la Comisión de Trabajo, anuncio los votos favorables de los Senadores democratacristianos, quienes celebramos esta iniciativa, que ratifica el deseo del Supremo Gobierno de ir aumentando significativamente los ingresos de todo el personal de la Administración Pública. Y aunque ello no se ha llevado a cabo en forma simultánea, por lo menos se ha venido haciendo caso a caso, lo cual de todas maneras trae implícito un mejoramiento para los trabajadores del sector.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , como tenemos una tabla bastante extensa -aunque espero que no muy compleja-, sólo quiero decir que el proyecto, en su discusión general, no debiera merecer mayor reparo.
Concurrí a su aprobación en la Comisión respectiva, donde formulé mis observaciones. Creo que hay pequeñas cosas que podrían mejorarse. Pero, repito, en la instancia en que se encuentra, la iniciativa no debería ser objeto de grandes objeciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto. Aprobado.
El señor OTERO.-
Señor Presidente, hay que fijar plazo para presentar indicaciones.
El señor PALZA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Señor Presidente , interpretando el sentir de los miembros de la Comisión de Trabajo, creo que podría darse plazo hasta el próximo lunes 5 de julio, a fin de que dicho organismo pueda empezar a discutir en particular el proyecto al día siguiente y despacharlo a la brevedad, considerando principalmente que ya ha sido debatido durante un tiempo prudente.
El señor OTERO.-
Nosotros no estamos de acuerdo, señor Presidente , porque ese plazo es muy corto. Ya estamos a miércoles, y mañana sesionan las Comisiones. De manera que sólo quedaría el viernes para formular indicaciones.
No tengo ningún inconveniente en que la Comisión de Trabajo se aboque al segundo informe la próxima semana, pero entiendo que dicho organismo deberá participar en dos Comisiones Mixtas para analizar sendos proyectos, así que no lo podría hacer. Y se trata de que los Senadores tengan la posibilidad de realizar un trabajo serio y de hacer aportes efectivos.
Por lo tanto, pido fijar como plazo para presentar indicaciones hasta el mediodía del lunes 12 de julio.
El señor ZALDÍVAR.-
Pido la palabra.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR.-
Señor Presidente , entiendo la idea del Honorable señor Otero de estudiar más a fondo el articulado. Pero, si uno lo revisa con cuidado, ve que la facultad de iniciativa que respecto de él podríamos tener nosotros, como Parlamentarios, es casi nula, a menos que queramos disminuir el gasto, es decir, rebajar los beneficios que el proyecto otorga. De manera que un plazo más amplio sólo serviría para demorar el despacho de la iniciativa, que ya fue bastante estudiada en el primer trámite.
Por eso, quiero insistir en el plazo propuesto por el Senador señor Palza, es decir, hasta el lunes 5 de julio, de forma tal que al día siguiente el proyecto pueda ser examinado en particular por la Comisión de Trabajo, y el miércoles, por la de Hacienda, quedando en condiciones de ser despachado por la Sala.
En consecuencia, pido al Honorable señor Otero que rectifique su posición.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
¿Es posible que reconsidere su proposición, Senador señor Otero?
El señor OTERO.-
No, señor Presidente, por lo que ya indiqué.
Acabo de hablar con el Presidente de la Comisión de Trabajo (organismo que integré esta mañana), y me ha confirmado que en los días martes y miércoles de la próxima semana los miembros de dicha Comisión deberán conformar dos importantes Comisiones Mixtas. Así que dar plazo hasta el lunes 5 de julio en la práctica no tiene ningún sentido, porque las indicaciones no podrán ser estudiadas esos días.
Tengo en cuenta lo que expresó el Honorable señor Zaldívar -es una apreciación personal de Su Señoría-, pero me parece que los Senadores tienen todo el derecho de analizar el proyecto y ver si hacen o no indicaciones. Si la Comisión de Trabajo va a estar copada la próxima semana con dos asuntos en trámite de Comisión Mixta, muy importantes, de hecho el debate de aquéllas quedará para la semana subsiguiente. ¿Por qué, entonces, no se da plazo hasta el lunes 12 de julio, lo cual no perjudica la tramitación de la iniciativa?
Estamos conscientes del apuro que existe en aprobar esta legislación, y no pretendemos entrabarla o dilatarla en modo alguno. El señor Presidente de la Corporación es testigo de que siempre hemos mantenido esta posición con el fin de que los Senadores dispongan de un lapso prudente para formular indicaciones. Incluso, cuando en una oportunidad Senadores que participan de nuestra misma manera de pensar en política plantearon un plazo demasiado breve, también nos opusimos, porque ello significaba no dar la posibilidad de efectuar proposiciones realmente serias.
Por tal motivo, rechazamos el término sugerido, tanto más cuanto que el hecho de prorrogarlo hasta el lunes subsiguiente, 12 de julio, no implica dilación alguna.
Ahora, si yo pidiera extenderlo hasta el 7 de julio, la Comisión de Trabajo tampoco podría discutir en particular la iniciativa antes de la semana subsiguiente. En consecuencia, en el fondo da lo mismo otorgar un plazo de 48 horas que uno de 4 días, porque de todas maneras la Comisión no podrá discutir las indicaciones hasta esa semana.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La Secretaría desea informar que el plazo constitucional para despachar el proyecto -el mismo que señala la tabla- vence el día de mañana. Como ya se han formulado algunas indicaciones y se presentarán otras más adelante, sería conveniente pedir al Gobierno retirar la actual urgencia y hacerla presente nuevamente, a fin de poder dar uno de los plazos solicitados para la elaboración del segundo informe.
El señor OTERO.-
Señor Presidente , ha sido tradicional que el Ejecutivo , atendidas las circunstancias, prorrogue la urgencia de las iniciativas. Siempre que se han presentado problemas se ha procedido en esa forma. Aquí, en el fondo, no estamos dilatando la tramitación del proyecto, porque éste será despachado dentro del plazo que corresponde. Lo que pedimos es que los señores Senadores dispongan de un lapso razonable para efectuar sus indicaciones. Y eso, en mi opinión, beneficia a todos los miembros de la Corporación, independientemente de su concepción política.
El señor CALDERÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Pongo en conocimiento de la Sala que el plazo para despachar la iniciativa, tal como indicó el señor Secretario , vence el día de mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.
El señor CALDERÓN.-
Señor Presidente , el proyecto no ha sido objeto de gran discusión. Incluso, una de las aprensiones manifestadas por un Honorable colega la disipa el mismo articulado. El Director del Trabajo no podrá encasillar al personal del Servicio en forma discrecional, pues primero tendrá que recabar la opinión de una comisión consultiva. Y, en todo caso, es el procedimiento utilizado en todas las iniciativas de fijación de nuevas plantas sometidas a nuestra consideración.
Repito: el proyecto no ha suscitado gran debate, de manera que no se advierte la necesidad de otorgar un plazo más amplio para formular indicaciones. Si hubiera sido objeto de mayor discusión, es evidente que habría que extenderlo un poco más, pero ello no ocurrió.
La señora SOTO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora SOTO.-
Señor Presidente , para conciliar ambas posiciones, se podría dar plazo hasta el martes 6 de julio, de manera que el proyecto se viera en la Sala al día siguiente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
¡Yo soy partidario de las conciliaciones...!
El señor OTERO.-
Señor Presidente , la Honorable señora Soto ni siquiera ha hecho una partición por la mitad, como lo hace habitualmente un buen arbitro arbitrador. Aquí se da 90 por ciento a un lado y 10 por ciento al otro. En ese caso, el plazo podría fijarse hasta el miércoles 7, a las 12. Porque en el fondo es lo mismo el martes a las 8 de la noche que el miércoles al mediodía, pues todos los Senadores se encuentran aquí. En ese sentido, no habría problema.
El señor PALZA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALZA.-
Señor Presidente , el ánimo general es despachar el proyecto cuanto antes. Como no se dio la unanimidad para fijar un plazo para presentar indicaciones hasta el próximo lunes 5, podría acoger la sugerencia del Senador señor Otero de extenderlo hasta el lunes subsiguiente, 12 de julio, con una salvedad: que el proyecto sea discutido en particular por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, unidas, a fin de que el Senado lo despache el día miércoles.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Entonces, si le parece a la Sala, el plazo para presentar indicaciones vencería el próximo miércoles 7 de julio.
El señor RUIZ (don José).-
Pero si se fija ese día, señor Presidente , de todos modos no podrá verse la próxima semana. Así que las matemáticas del Senador señor Otero no funcionan. Porque no se trata de un día más o de un día menos. Un día, en realidad, significa una semana más. Y en tal caso, preferiría que el plazo fuera hasta el lunes de la semana subsiguiente, 12 de julio, lo que permitiría que las Comisiones trabajaran unidas el martes y que el proyecto fuera visto en la Sala el día miércoles.
El señor OTERO.-
Concuerdo plenamente con la proposición del Honorable señor Ruiz De Giorgio, de lo cual me alegro mucho. Y, en todo caso, ésas fueron las matemáticas que yo usé denantes.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En consecuencia, si le parece a la Sala, el plazo sería hasta el lunes 12 de julio.
El señor PALZA.-
Con dos agregados: uno, que el martes funcionen las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, unidas; y dos, que la Sala se comprometa hoy a despachar el proyecto el día miércoles. En ese entendido daríamos nuestro acuerdo.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Su Señoría se refiere al próximo martes 13.
El señor OTERO.-
Si la Sala trata el proyecto el miércoles 14, no tendríamos inconvenientes en aceptar aquella fecha como plazo para presentar indicaciones.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En ese caso, el Ejecutivo debería retirar y renovar la urgencia de la iniciativa.
El señor CORTÁZAR ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Sí, señor Presidente .
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Entonces, si le parece a la Sala, se fijaría como plazo para recibir indicaciones el martes 13, a las 12, y se pondría el proyecto en la tabla de la sesión del miércoles 14.
-Así se acuerda.
_______________
El señor DIEZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede usarla, Su Señoría.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente , doy disculpas por distraer la atención de la Sala respecto de una materia que dice relación con las urgencias.
El primer oficio de la Cuenta de hoy comunica que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que es bastante simple y está calificado de "Suma Urgencia".
Por consiguiente, solicito a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para fijar el martes 6 de julio como plazo para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento evacue el informe pertinente, y para tratar este proyecto en la Sala en la sesión del miércoles 7, a fin de despacharlo oportunamente.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procedería en esa forma.
-Así se acuerda.
ACUERDO ENTRE CHILE Y JAMAICA EN MATERIA DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Jamaica sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Específicos, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 41a, en 13 de abril de 1993.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , el Convenio pertinente tiene por objeto consolidar la cooperación entre las Repúblicas de Chile y Jamaica, a fin de llevar a cabo políticas comunes y realizar programas específicos tendientes a la prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y el tráfico ilícito de drogas. Las Partes evitarán la publicidad, propaganda y distribución de material que contenga estímulos y mensajes que puedan favorecer dicho tráfico.
Los contratantes, en conformidad a su legislación interna, adoptarán las medidas procedentes para perseguir y sancionar la facilitación, organización y financiamiento de actividades relacionadas con el comercio ilícito de estas sustancias, y realizarán una fiscalización rigurosa sobre la producción, importación, tenencia, distribución y venta de materias primas, incluidos los precursores y los productos químicos esenciales utilizados en la fabricación de tales estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además, intercambiarán información oficial en forma reservada, rápida y segura.
Por último, se establecerá una Comisión Mixta que tendrá funciones consultivas y operacionales para la consecución de los objetivos del Acuerdo, entre los cuales se incluye la elaboración de planes de prevención y la represión controlada del citado tráfico. Esta Comisión Mixta estará integrada por autoridades coordinadoras de ambas Partes: las de Jamaica serán, entre otras, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y el Ministerio de Seguridad Nacional, y las de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
Este Acuerdo tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por períodos iguales, a menos que sea denunciado por una de las Partes. La denuncia surtirá efecto transcurridos 90 días contados desde su notificación.
El Convenio fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores, y solicito a la Sala adoptar igual procedimiento.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor DÍAZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor DÍAZ .-
Señor Presidente , esta materia está en el contexto del proyecto de ley, al cual complementa, que figura en la Cuenta de hoy -recién aprobado por la Cámara de Diputados-, y que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Dicha iniciativa contempla cinco puntos fundamentales: prevención y control, represión, curación, rehabilitación y, además, medidas internacionales.
-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
ACUERDO ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y en segundo trámite, que aprueba el Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de los Estados Unidos Mexicanos sobre Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Quiero hacer presente que me llama la atención que una materia de esta naturaleza, de orden estrictamente administrativo, deba ser aprobada mediante ley.
La citada Comisión aprobó la iniciativa por unanimidad.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 47a, en 4 de mayo de 1993.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , este acuerdo constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en Chile, contenida en el decreto ley N° 1.094, de 1984, del Ministerio del Interior, que establece el requisito del pasaporte debidamente visado para los citados titulares.
Este Convenio es igual a los celebrados por nuestro país con Polonia, Costa Rica , China, Venezuela , Filipinas, Hungría , Argentina, Ecuador , Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y consiste en suprimir el requisito de visas a las categorías de pasaportes diplomáticos y oficiales.
Esta iniciativa fue aprobada unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, aprobaremos lo propuesto por la Comisión.
-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
CONVENIO COMERCIAL ENTRE CHILE E INDONESIA
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje y en segundo trámite, que aprueba el Convenio Comercial suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile e Indonesia, en Jakarta, con informe favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 40a, en 7 de abril de 1993.
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores, sesión 6a, en 16 de junio de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , el Convenio tiene por objeto establecer las normas básicas de orden jurídico y económico que permitan fomentar el desarrollo y expansión del comercio entre Chile e Indonesia, nación con 180 millones de habitantes, que puede convertirse, naturalmente, en un socio comercial muy importante para nuestro país.
Entre los principales preceptos, el Convenio establece que las Partes, en el marco de sus respectivas leyes y reglamentos, adoptarán todas las medidas apropiadas para facilitar, robustecer, consolidar y diversificar el comercio entre ambos países, y se concederán las facilidades comunes -como las otorgadas en otros convenios- para la participación en ferias y exposiciones, así como, también, para organizar visitas de hombres de negocios y de delegaciones comerciales.
Los pagos generados por el Acuerdo serán efectuados en divisas de libre convertibilidad, de conformidad con la legislación vigente en cada país.
Las Partes se otorgarán -como siempre- el trato de nación más favorecida respecto de aranceles aduaneros y otros impuestos y derechos aplicables al intercambio comercial entre ambos países, tal como ha sido por ellos convenido en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Este tratamiento no será aplicado a las preferencias y ventajas que cualquiera de las Partes haya otorgado a países vecinos para facilitar su comercio fronterizo, como tampoco a las preferencias exclusivas que una Parte pueda otorgar a otra, en caso de ser miembro de una unión aduanera. Estas normas son comunes en este tipo de convenios.
Cada Parte podrá establecer prohibiciones o restricciones de cualquier magnitud destinadas a la protección de sus intereses esenciales de seguridad y salud pública, o para la prevención de enfermedades y pestes en animales y plantas.
El Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de la última notificación del cumplimiento de sus respectivas exigencias constitucionales y regirá por un período de tres años, renovables.
Este Convenio es semejante a otros que ha celebrado Chile, por ejemplo, con la República Checa y Eslovaca, y con las de Malasia, Polonia y Hungría , y su objetivo es incrementar el intercambio comercial entre nuestro país e Indonesia, lo que es conveniente, puesto que concede a las Partes el tratamiento de nación más favorecida. Esto queda naturalmente supeditado a los términos generales pactados en el marco del GATT.
La Comisión de Relaciones Exteriores acogió el Acuerdo por unanimidad. Por lo tanto, recomienda su aprobación al Honorable Senado.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto de acuerdo.
-Se aprueba.
PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en moción del Honorable señor Otero, que modifica el Código Penal, a fin de cautelar efectivamente la privacidad de las personas. Tiene informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Otero).
En primer trámite, sesión 2a, en 8 de octubre de 1992.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 6a, en 16 de junio de 1993.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
La iniciativa consta de un artículo único.
La Comisión resolvió, de acuerdo con los artículos 127 y 31 del Reglamento, discutirla primero en general y posteriormente en particular. La aprobó en general por la unanimidad de sus miembros, los Senadores señores Diez, Fernández, Huerta, Pacheco y Vodanovic. En la discusión particular, el Ejecutivo formuló una indicación para sustituir el artículo único, la cual fue rechazada.
Posteriormente, la Comisión le introdujo modificaciones de forma y, por la unanimidad de sus integrantes, aprobó en particular un artículo único, que agrega al Título III del Libro Segundo del Código Penal un párrafo 5 constituido por los artículos 161-A y 161-B propuestos en el informe.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor OTERO.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella Su Señoría.
El señor OTERO .-
Señor Presidente , el artículo 19, número 4o, de la Constitución Política de la República garantiza "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.".
La honra de las personas está protegida en los párrafos 6o, 7º y 8o del Título VII del Libro Segundo del Código Penal. Sin embargo, el respeto y protección a la vida privada y pública carece de un amparo legal efectivo. Así, esta garantía constitucional hoy en día es meramente programática, sin que se la pueda materializar en la práctica.
En la actualidad, afectar la privacidad de las personas mediante sistemas de espionaje, grabación, captación a distancia de conversaciones, obtención de imágenes y fotografías con teleobjetivos, colocación de micrófonos en casas, oficinas o automóviles, etcétera, aun cuando se trate de captar actividades realizadas dentro del hogar y en lugares privados, no constituye infracción legal alguna.
La privacidad es un elemento consustancial al ser humano y, por ello, en la Carta Fundamental de 1980 se consagró expresamente este derecho como garantía constitucional. El problema se plantea en cuanto a distinguir qué es lo que constituye la privacidad y a determinar si este derecho prima o no sobre la garantía constitucional que consagra el número 12° del mismo artículo 19, en cuanto a la libertad de informar sin censura previa.
La opinión unánime de filósofos y tratadistas, hoy ratificada por fallos de la Excelentísima Corte Suprema, prioriza el respeto al derecho a la privacidad por sobre el derecho a informar sin censura. Esta última garantía está limitada, precisamente, por la privacidad consustancial a la persona humana.
El respecto a la vida privada y pública de una persona se viola no sólo por razones de carácter político, sino también por razones de carácter comercial, delictual o de cualquier otra índole. El bien que se protege es justamente ese espacio propio que permite al ser humano tener una libertad natural dentro de su entorno. De aquí que no deben confundirse los actos realizados en la privacidad con aquellos que se ejecutan en lugares públicos o de libre acceso público.
La persona actúa dentro de la libertad que le da la privacidad de su hogar, de su oficina, de los lugares privados o a los cuales no tiene acceso el público. Esta separación de lo privado y de lo público es lo que determina el bien jurídico que debe cautelarse. Toda acción que se realiza en un lugar público o de libre acceso público está fuera de la privacidad que garantiza la Constitución Política. De igual manera, es preciso diferenciar la cautela a la privacidad de las personas de la garantía a la inviolabilidad de las señales de telecomunicaciones que se envíen a través de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Señor Presidente , es preciso dejar constancia de que, efectivamente, la Corte Suprema de Justicia estimó, en el caso de espionaje político que conocimos, que no había delito. ¿Por qué? Porque la normativa vigente no era aplicable en esta circunstancia. En virtud de esa apreciación jurídica -que comparto-, presenté una indicación al segundo proyecto modificatorio de la Ley General de Telecomunicaciones, con el objeto de establecer y garantizar la privacidad de la señal que se envía a través de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Los señores Senadores deben tener muy clara la diferenciación entre la privacidad de la persona y la seguridad de la señal, porque ésta consiste en impulsos eléctricos que no sólo pueden llevar conversaciones, sino, también, datos, antecedentes y todo lo que envuelve la computación en nuestros días. Son situaciones totalmente distintas. Lo que se resguarda en ese último caso es la privacidad de un servicio público de telecomunicaciones, y, por eso, la normativa destinada a ese fin se encuentra en el proyecto a que he hecho referencia, aprobado por el Senado y hoy en trámite de Comisión Mixta.
Pero otra cosa es la privacidad de las personas, bien jurídico cuya protección es necesario considerar en el Código Penal, que contiene, precisamente, la normativa para defender la privacidad dentro del hogar y de todos los espacios propios del ámbito individual.
Daré un ejemplo muy claro. El edificio del Senado es del dominio público. Sin embargo, la oficina de cada señor Senador es un recinto privado, y no sería lógico ni permisible que alguien invadiera esa intimidad por la circunstancia de que ésta dice relación a un espacio que, desde el punto de vista del Derecho, pertenece al Estado.
A la inversa, no es posible garantizar la privacidad cuando la persona está actuando públicamente. Si uno se pone en la calle a hablar a voz en grito por un teléfono celular, el que escucha la conversación no está violando ni la privacidad ni la señal de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque es uno quien, imprudentemente, está dando a conocer en público algo que debiera ser privado. Y lo mismo ocurre con la conducta que se tiene en lugares de libre acceso.
Por tanto, no hay que confundir jamás los lugares públicos con aquellos en que sí se respeta la privacidad, cualquiera que sea el dominio de las personas sobre el bien específico. Y aquí procede mencionar el caso del automóvil, que es como una extensión de la casa, del hogar, en el que se puede conversar sin que a nadie le sea permitido intervenir o grabar lo dicho. Hacerlo implica violar la privacidad.
Como ya he dicho, el gran problema ha sido determinar el límite en este aspecto. Las legislaciones y los tratadistas contemporáneos coinciden en definirlo en relación con el espacio, el lugar en que uno actúa, y ésa es la filosofía que ha inspirado este proyecto de ley.
Antes de dar lectura a las dos disposiciones a que quedó reducido finalmente su artículo único, creo importante dejar establecido que durante la discusión el señor Ministro de Justicia solicitó que se hiciera constar que dentro del concepto de vida privada se encuentra el de intimidad. Luego, la privacidad incluye la intimidad.
El texto primitivo contenía disposiciones que fueron retiradas por el Senador que habla, a fin de posibilitar un despacho más rápido y en atención a que abarcaban materias que podían o debían ser consideradas en otros proyectos.
El artículo único aprobado en definitiva expresa:
"Agrégase en el Código Penal, al Título III del Libro Segundo, el siguiente párrafo 5:
"5. De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona y su familia.
"Artículo 161-A.- Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales al que, sin autorización del afectado, capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado o capte, grabe o fotografíe imágenes o cualquier hecho de carácter privado que se realice, produzca, ocurra, o exista en casas, oficinas, vehículos particulares o en lugares que no sean de libre acceso al público, cualquiera sea el medio que se utilice; o los difunda por un medio distinto de los señalados en el artículo 16 de la ley N° 16.643.".
Deseo dejar constancia de que la disposición originalmente castigaba simplemente el hecho de dar a conocer por cualquier medio las cuestiones reseñadas, pero, luego de las explicaciones del Senador señor Diez, se decidió agregar la frase final "o los difunda por un medio distinto de los señalados en el artículo 16 de la ley N° 16.643", es decir, la Ley sobre Abusos de Publicidad. Ello, para que si la difusión se realiza a través de un medio de publicidad, se aplique la ley específica y no la actualmente en estudio. Es un punto que deberemos considerar cuando llegue el proyecto del Ejecutivo que modifica dicha normativa.
La difusión que se hace por los medios de comunicación social no está, pues, contemplada en este precepto, pero no porque se castigue a unos y no a otros, sino porque en tal caso debe recurrirse a la ley especial que reglamenta la materia.
Pero la iniciativa contempla otra disposición:
"Artículo 161-B.- Se castigará con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales, al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria, mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente. En el evento que se exija la ejecución de un acto o hecho que sea constitutivo de delito, se aplicará la pena aumentada en un grado.".
Esta norma sanciona la extorsión, que consiste en obligar a una persona a hacer algo que no haría normalmente, si no existiera la presión. Y se distingue entre la extorsión tendiente a obtener la comisión de un acto lícito, pero que no se ejecutaría de mediar una decisión libre, y aquella que se lleva a cabo para forzar a un acto ilícito. Doy un ejemplo: entregar una suma de dinero no es ilícito, pero, si se obliga a alguien a realizar un acto jurídico de esa índole en su calidad de funcionario público, es obvio que se lo ha forzado a cometer un delito.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, después de extensos debates y de haber escuchado a profesores universitarios respecto de estas materias, dio su aprobación unánime al proyecto, al que, personalmente, considero un gran avance en la defensa de la privacidad y la honra de las personas, como, asimismo, en el castigo de la extorsión, cuando sea el caso.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente , en la Comisión hemos aprobado por unanimidad, en general y en particular, el presente proyecto, cuyos antecedentes incluyen el fallo de la Corte Suprema que aquí se ha citado, al que, como particular y como Senador, tengo el derecho de juzgar.
En mi concepto, esa resolución sienta un muy mal precedente jurídico. El progreso del Derecho no consiste en el aumento del número de leyes. Porque, si quisiéramos poner la legislación de acuerdo con las creaciones, los inventos y las técnicas que el hombre va originando permanentemente, tendríamos que dictar una ley todos los días. Los principios jurídicos simbolizan ideas o actitudes de general aplicación, cualesquiera que sean los medios técnicos que surjan. Eso da firmeza y certeza al Derecho.
Sostener -como hace la Corte- que la comunicación celular no está comprendida dentro de nuestras normas penales configura, a mi juicio, un error de proporciones, porque la intención de la Constitución y del sistema legislativo es, evidentemente, proteger, en palabras de aquélla, "La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.". La ley penal no podía prever el establecimiento de un sistema de comunicación como la telefonía celular, pero la propia Carta Fundamental utiliza la palabra "interceptar". Y el sentido que da a esta última el Diccionario de la Real Academia es el mismo que le asigna la Corte Suprema. Se entiende que intercepta quien se apodera de una cosa antes de que llegue al lugar o a la persona a que se destina. Lo que se hizo fue exactamente eso: alguien se apoderó de una comunicación antes de que ella llegara a su destinatario. Y la comunicación es una cosa, de acuerdo con la definición del Código Civil. Cosas no sólo son las materiales; también las hay inmateriales. En este caso, nuestra Constitución está protegiendo la cosa inmaterial que se llama "comunicación".
En consecuencia, apruebo este proyecto de ley, que es útil por la imperfección de nuestro sistema judicial. Y dejo constancia de ello, porque creo absolutamente inconveniente interpretar la legislación de manera tan restrictiva, que sea necesario ir adecuándola todos los días a los progresos y a los medios materiales a que da origen la ciencia. Es como si la Corte Suprema dijera: "Señor, usted no violó la privacidad de la correspondencia ni cometió delito alguno, porque, en vez de abrir la carta con un cuchillo, utilizó un medio técnico para leerla sin romper el sobre".
Pienso que esa ramplonería interpretativa es absolutamente inadmisible. Está meridianamente claro en la Constitución que sus disposiciones sirven para interpretar las leyes, y las palabras que utiliza son las mismas que emplea la norma penal. En efecto, el artículo 36 de la ley N° 18.168 sanciona al que "maliciosamente interfiera, intercepte o interrumpa un servicio de telecomunicaciones,". Pues bien, según la definición del vocablo -"apoderarse de una cosa antes que llegue a su destino"-, cabe entender que se intercepta una comunicación cuando se toma conocimiento de ella antes de que llegue a su destinatario, aun cuando éste después la reciba.
Por estas razones, y a pesar de aprobar el proyecto por considerarlo necesario frente al actual criterio interpretativo de la ley, he querido dejar establecida mi discrepancia con este último. La ley debe interpretarse de acuerdo con su verdadero espíritu, de acuerdo con el bien jurídico que se quiere proteger, exigencia con la que a mi juicio no cumplió el voto de mayoría de la sentencia que comentamos.
Al aprobar la iniciativa, dejamos constancia de dos cosas. En primer lugar, de que ella se refiere sólo a comunicaciones de carácter privado, de manera que se entra en la calificación de lo que debe entenderse por comunicación privada o pública contenida en la Ley sobre Abusos de Publicidad. Y, en segundo término, de que se aplica a quienes violen la privacidad de las personas en una forma distinta de aquella en que ese efecto puede producirse por la prensa, que se rige por la ley específica, donde están definidos el ámbito de la privacidad y las causales por las que las cosas privadas pueden hacerse públicas, dependiendo del hecho y de la calidad de la persona, en fin. No es del caso repetir una legislación que el Senado ya aprobó por unanimidad.
Con relación al perfeccionamiento de la Ley sobre Abusos de Publicidad, cabe decir que estamos esperando un proyecto anunciado por el Ejecutivo y que es objeto de estudio en una comisión formada por representantes de facultades universitarias, del Colegio de Periodistas y del Ministerio de Justicia. Constituirá una tercera etapa en el mejoramiento de nuestra legislación relativa a la prensa. No hay duda de que en ella nos ocuparemos, además de analizar problemas pendientes tales como la colegiatura, el ámbito de la profesión de periodista, etcétera, en algunos casos que han llamado la atención de la opinión pública -por ejemplo, el de un libro publicado hace poco tiempo-, y trataremos de proteger debidamente el honor de las personas y la privacidad a que cada uno tiene derecho, así como de sancionar con energía aquellos atentados en contra de las bases mismas en que la sociedad está sustentada.
Por esos motivos, señor Presidente , nos felicitamos de este proyecto, que viene a corregir errores -y, seguramente, también a llenar vacíos y a dar certeza-, de modo que le hemos otorgado nuestra aprobación, tanto en general como en particular, en la Comisión respectiva.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER .-
Señor Presidente , ésta es una iniciativa acerca de un tema de gran trascendencia, y sobre sus considerandos podríamos sostener un debate muy extenso e interesante. Sin embargo, tengo la impresión -espero que sea así- de que todos estamos sustancialmente de acuerdo en que el texto sometido a nuestro pronunciamiento constituye un aporte a la legislación y merece ser aprobado. Por eso, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vodanovic.
El señor VODANOVIC.-
Señor Presidente , a propósito de lo que planteaba el Honorable señor Diez -concuerdo plenamente con el contenido de sus observaciones-, sería bastante útil e ilustrativo dar una mirada a las sentencias recaídas en el caso que se ha mencionado, una de las cuales se halla parcialmente reproducida en el informe. En ella se advierten algunas particularidades, cuando se refiere al Oficial de Ejército que interrumpió, grabó y divulgó algunas comunicaciones, y cuya conducta está quedando en la impunidad.
En una de sus partes, dicho fallo expresa "Que aproximadamente a la misma hora en que se llevaba a efecto la comunicación telefónica celular entre los señores" equis y zeta, "un extraño a ella, habiendo desprogramado los equipos mencionados y volviendo a programarlos en la frecuencia en que transmiten las ondas electrónicas de las comunicaciones telefónicas celulares para escucharlas, tomó conocimiento clandestino de esa conversación telefónica por medio de su intercepción y se apoderó de ella, sin interrumpirla," -como quien dice, se habría producido una violación sin pérdida de la virginidad- "mediante una grabación que a su vez traspasó a una cinta magnetofónica en un equipo de su propiedad".
No he tenido la suerte de ejercer la cátedra universitaria, pero no me cabe duda de que si hubiera accedido a ella, habría puesto esta sentencia como un ejemplo de metáfora...
Volviendo al tema que nos ocupa, me parece que el proyecto, más allá de las observaciones o precisiones y de las enmiendas de que pueda ser objeto durante el curso de su estudio, debe ser acogido. Sobre el particular, es necesario sustraerse de los hechos o antecedentes contingentes que pudieran aparecer vinculados a su tramitación, por cuanto el texto ciertamente llena una finalidad social, da cumplimiento a un mandato de la Constitución y, sobre todo, materializa un valor tan importante como la protección de la honra y de la privacidad.
Por eso, opino que debe ser aprobada la idea de legislar, y contribuiré con mi voto para ese efecto.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto, fijándose hasta las 12 del lunes 12 de julio próximo el plazo para formular indicaciones.
-Se aprueba en general el proyecto.
EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En el último lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que autoriza el establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la señora Feliú y del señor Fernández).
En primer trámite, sesión 2a, en 5 de junio de 1991.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 7a, en 30 de junio de 1993.
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Esta iniciativa, que tuvo su origen en moción de los Senadores señora Feliú y señor Fernández, fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, al igual que el articulado propuesto en el informe, habiéndose pronunciado favorablemente los Honorables señores Vodanovic, Diez, Letelier, Fernández -quien fue reemplazado en una sesión por el Senador señor Martin- y Pacheco.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor FERNÁNDEZ.-
Pido la palabra.
El señor CALDERÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ .-
Señor Presidente, hace algo más de dos años presenté una moción para dar consagración legal en nuestro país al establecimiento de empresas individuales de responsabilidad limitada, la que fue copatrocinada por la Senadora señora Feliú.
El proyecto permite la creación, por personas individuales, de empresas constituidas como personas jurídicas con patrimonio propio, distinto al del titular, las cuales revisten carácter comercial y se hallan sometidas al Código de Comercio.
Es necesario fomentar sistemáticamente la actividad económica abriendo paso a la iniciativa individual creadora, que es expresión de la libertad personal y requisito para el desarrollo de los pueblos. Así lo confirma la experiencia mundial.
En ese contexto, cabe hacer presente que si bien el subdesarrollo económico obedece a causas múltiples y complejas, tiene también un componente jurídico. En el ordenamiento legal existen figuras que entraban el mejor desenvolvimiento de la actividad productora de bienes y servicios. Hay normas que incrementan innecesariamente el riesgo que siempre envuelve la creación de toda empresa.
La tendencia mundial se encamina a la eliminación de esas trabas inútiles, que, lejos de dar mayor seguridad al quehacer económico, son fuente de distorsión. Esas restricciones, sin mayor fundamento práctico, dan origen a enredados intentos por eludir el obstáculo a la creatividad. El legislador ha de atender a que las personas no tengan que recurrir a fórmulas torcidas, o aún a la prescindencia de la ley, para alcanzar aquello que naturalmente puede hacerse por caminos más simples, y dentro del Derecho.
Precisamente eso es lo que se ha planteado largamente en Chile, en materia comercial, con la exigencia de asociarse para limitar la responsabilidad. Este resguardo personal y social es conveniente y razonable cuando se trata de enfrentar grandes riesgos económicos, porque no siempre es fácil para una persona comprender la responsabilidad moral que supone el aventurar capital -a menudo sobre la base del crédito- y el crear nuevas plazas de trabajo. De allí que, originalmente, la legislación buscara la concurrencia de dos o más voluntades para ese proceso.
Pero la evolución jurídica ha recogido también la realidad de que es posible -y conveniente, a la vez- permitir la adscripción de ciertos bienes a determinados negocios, a los cuales son dedicados y en los cuales se arriesgan. Tal es, por ejemplo, el caso de los capitales limitados de las sociedades, el de la fortuna de mar del naviero o el de los peculios seccionados. En todos ellos se ha abandonado la estricta doctrina de la indivisibilidad del patrimonio y la regla general de que la persona responde por sus obligaciones con todos sus activos. Se admite, en cambio, que el individuo puede perseguir, en su vida económica, fines específicos. Y un fin específico puede tener un instrumento también específico, sin comprometer la totalidad del patrimonio.
Se ha hecho evidente, además, que la excesiva amplitud de la responsabilidad desestimula la iniciativa. En la legislación relativamente reciente se destaca el propósito constante de facilitar la constitución de sociedades. Subsiste, sin embargo, la norma que obliga a involucrar a terceros, que suelen carecer de un interés directo en la marcha de la empresa. Quien desee llevar a cabo la tarea de emprender debe recurrir a testaferros, para dar existencia a aquélla mediante una sociedad de responsabilidad limitada. De lo contrario, estará arriesgando todos sus bienes personales, incluidos los de su familia.
En efecto, actualmente, si una persona natural instala una empresa o un establecimiento mercantil, responde con todos sus bienes por las obligaciones que contraiga en el giro de la entidad. Si quiere limitar su responsabilidad, debe asociarse con otra u otras personas. Eso, en la práctica, representa una considerable limitación a la creación de nuevas empresas.
Este factor inhibidor de la creatividad económica actúa más fuertemente en el caso de los pequeños y medianos empresarios. Para un gran empresario que intenta emprender una nueva actividad se abren más fácilmente muchas vías. Distinto es el caso del joven que se inicia, del hombre o de la mujer que quiere abordar por primera vez ese riesgo. Ese empresario potencial necesita hoy obtener el concurso de otro, a fin de materializar la figura de una sociedad de responsabilidad limitada. Comienza, pues, teniendo que enfrentar un trámite que debe ser prescindible.
Es conveniente que una sola persona, por sí misma, pueda limitar su responsabilidad únicamente a cierta cantidad de dinero: aquella que compromete y arriesga en el negocio que desea crear. Según el proyecto en debate, podría constituir esta figura jurídica nueva en nuestra legislación, la "empresa individual de responsabilidad limitada", lo que le permitirá asumir un riesgo, sin necesidad de asociarse con otros para ello.
La justificación social de esta innovación es clara: facilitar la creación de pequeñas empresas, de propiedad unipersonal, que, eventualmente, brinden luego trabajo a numerosas personas. Y eso, en forma reconocida y regulada por la ley, sin empujar al interesado a asociarse ficticiamente, sin ponerle trabas que lo disuadan, sin exponerlo a comprometer todo su patrimonio por el solo hecho de abordar una actividad que le permita ganarse la vida.
Este proyecto recoge esa experiencia. Sobre la base de consideraciones eminentemente pragmáticas, pretende salvar las dificultades para dar entidad a un conjunto de activos y pasivos bajo el ordenamiento de un solo titular. Esa entidad debe ser provechosa para la vida económica, sin ocasionar perjuicios a ésta ni al cuerpo social.
Se trata de disposiciones muy simples, que pueden ser aplicadas y aprovechadas principalmente por personas sencillas, respecto de capitales que, en lo previsible, no serán cuantiosos.
Téngase presente que para constituir estas sociedades se exigirá un mínimo de 15 unidades tributarias anuales, esto es, dos y medio millones de pesos actuales.
En todo caso, la figura que se propone está rodeada de garantías, para salvaguardar los derechos de los acreedores. La más importante de ellas consiste en el aumento en un grado de la pena correspondiente al delito de simulación de contrato, cuando el autor fuere un empresario de responsabilidad individual.
Podría objetarse que no se justificaría reconocer una personalidad jurídica radicada en un conjunto de bienes, separada de la que el titular de éstos tiene por ser persona. Sin embargo, estas normas no buscan detenerse en disquisiciones jurídicas de carácter teórico, sino atender a problemas prácticos de la vida real.
Si la ley hoy otorga personalidad jurídica a un ente formado por dos personas que limitan su responsabilidad a un determinado patrimonio, como ocurre en las sociedades, o se advierte por qué no puede hacerse otro tanto respecto de una sola persona, que así desplegaría más fructíferamente su actividad. Para ser empresario no se requiere, en verdad, asumir más riesgos que los indispensables a fin de lograr un resultado productivo.
Una figura semejante existe ya en numerosos países desarrollados. Es lo que ocurre en Liechtenstein, desde 1925; en diversas naciones de la Comunidad Económica Europea; en la mayor parte de los Estados de Estados Unidos de América, y en Japón, al igual que en Argentina, en Uruguay y en Venezuela, entre otros.
Por otra parte, la institución propuesta ha sido propugnada hace ya varias décadas, aproximadamente en la misma forma, por distinguidos juristas nacionales, cuyas opiniones constan en el informe de Comisión que está en poder de los señores Senadores.
El anuncio de esta moción, en 1991, encontró muy buena acogida en la opinión pública, los tratadistas, los medios de prensa y los sectores productivos. Cabe esperar que una expedita aprobación de la iniciativa, que constituye un valioso factor de fomento de la actividad empresarial y, en consecuencia, del desarrollo nacional, sea realidad en un futuro muy próximo.
He dicho.
El señor CALDERÓN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente , en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia...
El señor CALDERÓN.-
Es algo muy breve, señor Presidente .
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Perdón. Había solicitado la palabra con anterioridad el Senador señor Calderón.
El señor CALDERÓN.-
Pido segunda discusión, señor Presidente.
El proyecto fue incluido en la tabla de hoy por acuerdo de Comités -desde luego, nosotros concurrimos a esa decisión-, pero, atendida la importancia de la materia, queremos que sea debatida en una próxima oportunidad.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
En la primera discusión, tiene la palabra el Honorable señor Diez.
El señor DIEZ.-
Señor Presidente, siempre he sido muy respetuoso del derecho de los señores Senadores a imponerse debidamente del contenido de las diversas materias. Y la Sala recién está conociendo el exhaustivo y excelente informe elaborado por la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la iniciativa en debate, en el que se exponen variados antecedentes, tanto de carácter programático como históricos, acerca de la evolución de la institución que estamos tratando, cuyos alcances fueron explicados en ese organismo por uno de los patrocinantes, el Honorable señor Fernández .
Durante mucho tiempo los juristas discutieron si una institución de esta naturaleza correspondía más bien a lo que se conocía como "patrimonio de afectación"; es decir, la libertad de una persona para destinar parte de su patrimonio a un objeto determinado -de ahí esa denominación- y responder con ella a las obligaciones contraídas por la empresa que recibía los recursos.
La doctrina del patrimonio de afectación fue abandonada por juristas más contemporáneos y reemplazada -con toda razón, como lo señaló un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- por la institución que los franceses denominaron "empresa individual de responsabilidad limitada". Esta entidad tenía personalidad jurídica propia; su capacidad provenía de sí misma. Era una persona jurídica distinta de la del fundador, aunque las personas naturales fueran las mismas, con todas las consecuencias derivadas de ello.
Los requisitos de publicidad dan plena garantía a los terceros. Y, además del sentido dinámico permitido por la institución, era muy importante vincular el concepto de empresa al Derecho, atendida la ayuda que éste puede prestar al desarrollo económico de la sociedad.
Por tales consideraciones, y sobre la base de las garantías otorgadas a los acreedores que contraten con la empresa individual de responsabilidad limitada -se consignan sanciones penales, con agravantes, si se usa dicha institución para cometer fraude al Derecho y, con él, a las personas-, la Comisión de Constitución ha estimado que el proyecto presentado por el Senador señor Fernández y la Honorable señora Feliú corresponde al estado actual de la ciencia del Derecho y que la institución propuesta, además de necesaria, contribuirá a la modernización de las actividades nacionales y permitirá, al mismo tiempo, a personas de capital mediano destinar parte de su fortuna a empresas de riesgo.
Las medidas planteadas constituyen un aliciente para la formación de empresas de riesgo, las que a veces fracasan, pero a menudo son las que mayor impulso dan al crecimiento del país y las que más posibilidades brindan a personas que, teniendo preparación, iniciativa e inteligencia, carecen de bienes suficientes para arriesgarlos en esa aventura creadora.
Este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión, es un síntoma de que el progreso y el camino de la libertad nunca se agotan, de que hay cosas por hacer -nada peor existe que quedarse admirando lo que ya está hecho-, y constituye un nuevo elemento para que la iniciativa privada, merced al aporte de sectores profesionales y técnicos de medianos ingresos, pueda, con independencia y espíritu propio, lograr su crecimiento y contribuir al progreso del país.
Por tales razones, votaré favorablemente el proyecto.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.
El señor THAYER.-
Señor Presidente, ante una iniciativa que trata un tema de tanta significación y utilidad, como se ha pedido segunda discusión, me limitaré a manifestar mi entusiasta apoyo a la idea en ella involucrada. Me parece que este proyecto estimula la libertad personal, busca transparencia en los actos civiles y comerciales, y pretende evitar el juego tan frecuente de traspasar bienes a familiares con el fin de deslindar responsabilidades propias.
Como más tarde tendremos oportunidad de abordar el fondo de la cuestión, únicamente quiero anticipar mi opinión favorable a la iniciativa.
El señor VALDÉS (Presidente).-
En la primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En atención a lo solicitado, el proyecto se tratará en segunda discusión durante la sesión ordinaria del martes próximo.
Ha terminado la hora del Orden del Día.
VI. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
-Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor Frei (don Arturo):
RECURSOS PARA REPARACIONES Y REPOSICIÓN EN LICEOS DE OCTAVA REGIÓN
"Al señor Ministro del Interior , solicitando fondos de emergencia para reparaciones y reposición en los Liceos B-43 de Coronel, B-22 de Talcahuano y B-13 de Coihueco, que se detallan en minuta que se adjunta, elaborada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Octava Región .".
Del señor Núñez:
PRÓRROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS DE 1993
"Al señor Ministro de Minería , a fin de plantear la necesidad de prorrogar, hasta el 28 de febrero de 1994, el pago de las patentes mineras correspondientes al período 1993, debiéndose promover al efecto una iniciativa legislativa con la máxima celeridad posible, que establezca el beneficio indicado en los mismos términos estipulados en la ley N° 19.201.".
CUMPLIMIENTO DE LEY N° 19.143 Y PRÓRROGA PARA PAGO DE PATENTES MINERAS DE 1993
"Al señor Tesorero General de la República , con el objeto de pedirle que remita antecedentes acerca de los procedimientos y fórmulas establecidos para dar cumplimiento a la ley N° 19.143, y a fin de solicitarle respalde la proposición de prorrogar, hasta el 28 de febrero de 1994, el pago de las patentes mineras correspondientes al período 1993, debiéndose promover al efecto una iniciativa legislativa que, con la máxima celeridad posible, establezca el beneficio indicado en los mismos términos estipulados en la ley N° 19.201.".
Del señor Romero:
DISTORSIÓN DE CARGOS EN SECTOR SALUD
"Al señor Ministro de Salud , solicitándole que tenga a bien estudiar la situación del personal con cargos distorsionados en el sector Salud, pues existen funcionarios que, ostentando la calidad de auxiliares, se desempeñan como administrativos; asimismo, indicar el número de ellos, el costo y buscar una regularización a través de una iniciativa del Ejecutivo.".
PERSONAL CON CARGOS DISTORSIONADOS EN HOSPITALES DE QUINTA REGIÓN
"A los señores Directores de los Servicios de Salud Viña del Mar-Quillota y San Felipe-Los Andes, solicitándoles la nómina de quienes, cumpliendo labores administrativas, tienen cargos de auxiliares, en todos los hospitales de las respectivas jurisdicciones.".
Del señor Ruiz-Esquide:
REITERACIÓN DE OFICIOS
"Al Ministerio de Relaciones Exteriores, reiterando oficios N°s. 3.372, de 21 de julio de 1992, y 3.714, de 25 de noviembre de ese mismo año.".
HOMENAJE A POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Quiero hacer presente que, con motivo del sexagésimo aniversario de la fundación de la Policía de Investigaciones de Chile, se encuentra en las tribunas su Director General , acompañado de la plana mayor de esa Institución, a quienes brindamos nuestra más cordial bienvenida.
Para rendir homenaje, tiene la palabra el Honorable señor Arturo Frei .
El señor FREI (don Arturo) .-
Señor Presidente :
El pasado 19 de junio la Policía de Investigaciones de Chile cumplió sesenta años de vida institucional. En efecto, seis décadas han transcurrido desde el día de su fundación, materializada a través de la ley N° 5.180, que reorganizó el original Servicio de Investigaciones, el cual se había separado de Carabineros de Chile seis meses antes. Su primer Director fue don Pedro Álvarez Salamanca .
Sus seis decenios de existencia han coincidido con un período histórico caracterizado por cambios dramáticos y acelerados en nuestro sistema social, situación que ha obligado a este organismo policial a adaptarse a las nuevas fórmulas de convivencia y organización ciudadanas que se han generado, con naturales dificultades, conflictos e incomprensiones.
Sin embargo, nadie discute hoy la relevancia de su esencia y misión, asentada en dos pilares básicos: "dar eficacia al derecho" y "garantizar el orden público y la seguridad pública interior".
Esa tarea se cumple mediante la investigación y la lucha contra el delito. Y a lo largo de estos sesenta años el país ha conocido de importantes logros en la resolución policial de innumerables casos que en su momento impactaron a la comunidad. Numerosos han sido los funcionarios policiales que durante estos años han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber. En esta fecha tan significativa, ellos merecen nuestro sentido recuerdo y reconocimiento.
Un homenaje convencional se limita invariablemente a la reseña histórica de ciertos hitos que han caracterizado y marcado la vida de una institución. Creo que, en este caso, el mejor tributo que podemos rendir a un organismo de tanta importancia para el bien común de nuestra sociedad, como lo es la Policía de Investigaciones de Chile, es hacer una serena reflexión sobre su presente y desafíos futuros.
La Policía Civil se encuentra hoy en una etapa de reforzamiento de su capacidad operativa y de revaloración del respeto y credibilidad social de la acción del detective. En efecto, cualquier análisis objetivo de su nivel actual revela que se encuentra viviendo un proceso de sólido fortalecimiento institucional gracias a la modernización de su infraestructura lo que ha posibilitado un adecuado mejoramiento de los procedimientos de investigación policial y el consecuente incremento de la eficacia.
Ello ha sido factible merced al notable aumento del aporte fiscal otorgado a la Institución en el curso de los últimos años. Ello ha permitido la contratación de 640 nuevos funcionarios; la compra de 74 vehículos y de un avión Cessna; la adquisición de moderno equipamiento científico-técnico y de apoyo policial, y el inicio de un plan de rehabilitación y edificación de recintos policiales. A esto debe agregarse la entrega de 200 automóviles, motocicletas y su correspondiente equipo de comunicaciones, material donado por el Gobierno de Italia.
Consecuentemente, se ha otorgado especial prioridad a su rol de policía investigadora, racionalizando su estructura orgánica, aumentando los medios disponibles para la cooperación con el Poder Judicial y reforzando su relación y dependencia operativa del Ministerio del Interior.
Desde el punto de vista de la imagen pública, se está desarrollando una labor sistemática destinada a generar confianza y credibilidad en la ciudadanía. Esto se manifiesta a través de una formación y educación policiales que transmiten valores como el apego a los derechos humanos fundamentales.
Con relación a aquello, y para ilustrar acerca del énfasis que se ha otorgado a esa política, permítaseme citar al actual Director General de la Institución , quien ha señalado textualmente: "Hoy en día un policía profesional, necesariamente, es un ser respetuoso de los derechos humanos. Es éste un signo de dignidad personal, de autovaloración, de respeto a su condición de servidor público y de hombre apegado al derecho. Es precisamente el respeto a los derechos humanos lo que hace la diferencia entre la policía y el delincuente, revaloriza su función y la enaltece frente a la sociedad.".
En una perspectiva de futuro, diversos son los desafíos que enfrenta la institución. En primer lugar, debe profundizar el desarrollo del carácter científico y técnico de la investigación policial, pues una policía moderna basa su acción en la labor profesional y especializada del ámbito científico-criminalístico. Ello requiere un permanente esfuerzo de capacitación del personal, lo cual debe ser reconocido por la autoridad administrativa, a fin de proveerla de los recursos correspondientes.
En segundo término, resulta imperativo perfeccionar la relación entre la policía civil y los magistrados, con el objeto de garantizar la eficacia de la justicia. Una relación fluida y profesional entre jueces y detectives conforma equipos investigadores que contribuyen decisivamente a la rápida aclaración de las causas sometidas a los Tribunales de Justicia.
En tercer lugar, la Policía de Investigaciones debe continuar con su proceso de adaptación a las circunstancias cambiantes de la sociedad moderna, pues el alto grado de desarrollo que alcanza ha generado sofisticados y novedosos tipos de delincuencia y criminalidad. Es así como se constata hoy la existencia de grupos criminales organizados y poderosos, asociados al narcotráfico y a otras actividades delictuales de nivel internacional, todo lo cual exige renovados modelos de investigación policial y un personal altamente especializado.
Otro desafío fundamental radica en el reconocimiento futuro del carácter estrictamente profesional y específico de la Policía Civil, lo que hoy ha sido entendido por la autoridad al designar a un Director General de carrera y asignar grados de autonomía creciente a la Institución, sin perjuicio de promover la necesaria coordinación y complementación con los demás organismos policiales establecidos en la ley.
Señor Presidente , los éxitos alcanzados en tiempos recientes por la Policía de Investigaciones de Chile, especialmente en el plano del tráfico de drogas y en la investigación de delitos de carácter terrorista y de delincuencia común, son demostrativos de la vitalidad, perseverancia y profesionalismo con que trabajan sus casi cuatro mil efectivos a lo largo de todo el territorio nacional.
En este sexagésimo aniversario, expresamos nuestro saludo y congratulaciones tanto al mando institucional como a cada detective, confiando en que, con la comprensión y colaboración de todo el tejido social del país, continúen cumpliendo con su deber fundamental: "Contribuir a la calidad de vida de los chilenos ayudando a garantizar la seguridad ciudadana.".
He dicho.
El señor VÁLDES (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantuarias.
El señor CANTUARIAS.-
Señor Presidente, Honorable Senado;
En nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, con especial satisfacción adhiero al justo homenaje que se rinde en esta Sala con motivo del sexagésimo aniversario de la creación de la Policía de Investigaciones de Chile.
En el devenir de la historia y en la formación de los pueblos, ha sido preocupación primordial de los grandes líderes y gobernantes protegerlos de los delitos cometidos por malos elementos. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos ordenanzas con medidas represivas ejemplarizadoras, que llegaban a la pena de muerte, a fin de contener la acción de los malhechores.
En Chile, a pocos años de la colonización, nacen en 1554 el Servicio de Rondas y Los Serenos, que son los primeros encargados del orden público y de la vigilancia nocturna. El Pregonero fue por muchos años personaje símbolo de la tranquilidad ciudadana con su mensaje de la hora, el estado del tiempo y la invocación a María Purísima .
La historia de los cuerpos policiales de nuestro país se ha llevado a cabo en fechas, hechos e instituciones íntimamente entrelazadas. Los nombres de Compañía de Dragones de la Reina , Los Talavera de San Bruno , el Batallón de Policía de Seguridad Pública, el Cuerpo de Serenos, la Policía Vigilante, el Cuerpo de Vigilantes de la Ciudad de Santiago, la Brigada de Policías, la Policía del Orden y la Policía de Seguridad, todos ellos van sucesivamente dando forma a la existencia del Cuerpo de Carabineros de Chile, Institución que, bajo la Presidencia de la República de don Arturo Alessandri Palma , dio vida legal e independiente al Servicio de Investigaciones de Chile un 19 de junio de 1933, completándose de esta forma una evolución natural y lógica de estos cuerpos de orden y seguridad públicas que sirven como pilares fundamentales para la estabilidad y tranquilidad ciudadanas.
Durante estos sesenta años de existencia al servicio del país, la Policía de Investigaciones se ha esforzado por consolidarse como una institución netamente profesionalizada, técnica y científica, conformada por hombres y mujeres que, con genuina vocación de servicio y alto espíritu de superación, destinan cotidianamente sus mayores esfuerzos -en los que arriesgan sus propias vidas- para garantizarnos la seguridad y la paz ciudadanas, lo cual hace posible el desarrollo integral de nuestra nación.
Hoy, el más Alto Mando de la Institución se encuentra en manos de un hombre emanado de sus filas, de amplia experiencia y dedicación: el Director General don Nelson Mery Figueroa , a quien saludamos en forma muy especial desde este Hemiciclo, deseándole, junto a sus hombres, el mayor de los éxitos profesionales y personales. Esperamos que esta forma de mando se mantenga en el futuro, porque la consideramos de plena justicia; constituye de hecho un explícito reconocimiento a la excelencia profesional y superación personal de sus hombres.
La seguridad y tranquilidad ciudadanas, inequívocos objetivos institucionales de nuestra Policía de Investigaciones, se encuentran hoy amenazadas, dando cuenta de ello -no obstante los esfuerzos realizados- las encuestas de opinión efectuadas en todos los ámbitos.
La violencia ha tomado formas inéditas en nuestro país. El terrorismo y las drogas, tantas veces estrechamente unidos, han generado una serie de delitos asociados por parte de quienes las consumen, así como de los que las comercializan. Agrava esta situación la posibilidad cierta de introducir la lacra de la corrupción.
Todo ello amerita una labor coordinada e integrada de las instituciones policiales de Carabineros y de Investigaciones. Igualmente imperativo es adoptar medidas urgentes con el propósito de aumentar los medios de prevención de hechos delictivos y aquellas que faciliten la detención y posterior procesamiento de los responsables.
Por otra parte, entendemos que el combate de la delincuencia y el terrorismo es un problema en el que tanto las autoridades responsables como las instituciones encargadas de su control deben ser apoyadas, cada uno en su ámbito -desde el individuo, la familia, la población, la comuna, los Poderes del Estado, etcétera-, para que así, en un esfuerzo conjunto de todos los sectores nacionales, evitemos que se ramifiquen, generando no sólo la inseguridad ciudadana, sino también un desquiciamiento institucional, jurídico y también moral. En este esfuerzo, expresamos nuestra confianza en que Investigaciones de Chile, tras sesenta años de vasta trayectoria, continuará su resuelta labor de servicio y proseguirá siendo el sólido muro de contención de la delincuencia que nos permita convivir y progresar en paz y tranquilidad.
Oportuno es entonces, en esta propicia ocasión en que están de aniversario, expresar nuestro sincero reconocimiento y afecto a todos los hombres y mujeres que integran Investigaciones de Chile.
A ellos, en esta justa pausa de sus diarias, exigentes y múltiples actividades, una especial palabra de aliento y estímulo, porque al final a Chile lo construimos, vivimos y disfrutamos todos, y nuestra patria será mejor en la misma medida en que instituciones fundamentales, como la Policía de Investigaciones, sean exitosas en el cumplimiento de sus delicadas y tan trascendentes responsabilidades.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente:
En nombre del Comité Independiente de 3 Senadores, adhiero con sincera convicción al merecido homenaje que se tributa a la Policía de Investigaciones de Chile con motivo del sexagésimo aniversario de su fundación y que constituye un reconocimiento a la abnegada y anónima tarea de servidores públicos que, muchas veces arriesgando sus propias vidas, cumplen al pie de la letra lo que impulsó a sus creadores a dar cima al anhelo de separarlos del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Este homenaje me trae a la memoria al hombre que decidió, a principios de los años 30, dar categoría y organización a estos policías: el Presidente don Arturo Alessandri Palma , quien, en su segunda Administración, firmó un 19 de junio de 1933 el decreto que creó oficialmente Investigaciones de Chile y marcó la separación de este Servicio del Cuerpo de Carabineros. Con una gran visión de futuro, el Presidente Alessandri dio alma y cuerpo a esa Policía, que en la actualidad goza del respeto y admiración que sus propios actos le han acarreado.
Su nacimiento lo avaló la turbulencia política que se vivía en los años 30, ya que la pasión y los resentimientos tenían sumida a la patria en el desconcierto y la inseguridad.
De allí que, cuando el Presidente Alessandri Palma asumió el Poder a fines de 1932, una de sus primeras tareas fue la de reglamentar las fuerzas de Investigaciones, disponiendo la reorganización completa de este Servicio, independizándolo del Cuerpo de Carabineros y abriendo un nuevo capítulo en la historia de las indagaciones policiales en Chile, las que en el curso de sesenta años han ido avanzando en el delicado y peligroso mundo de la pesquisa de la delincuencia y la cautela de la seguridad ciudadana.
Cabe recordar, señores Senadores, que el proyecto de ley del Presidente Alessandri Palma de crear una Policía de Investigaciones separada de Carabineros fue objeto de numerosas discusiones en el Congreso. En ellas se criticaron especialmente la separación de ese Servicio del Cuerpo de Carabineros, el elevado costo que significaba la planta proyectada, su conveniencia, etcétera.
Durante meses se dilató el estudio de la iniciativa, hasta que el Primer Mandatario , a través del Ministro del Interior , debió insistir en su despacho mediante un oficio fechado el 6 de marzo de 1933, cuyos acápites más importantes transcribo a continuación:
"No escapará al alto criterio de V.E. el serio perjuicio que significa para el servicio referido y para la seguridad pública el retardo en el despacho de ese proyecto, máxime en la hora presente en que elementos desplazados maniobran continuamente en el sentido de producir perturbaciones en la buena marcha y tranquilidad de las actividades nacionales".
En relación a la conveniencia de separar a Investigaciones de Carabineros, decía:
"Aunque aparentemente ambos Servicios tienen una finalidad análoga, difieren substancialmente en el desarrollo y aplicación de sus respectivas actividades. Carabineros es una fuerza de orden represivo por naturaleza y finalidad; y el Servicio de Investigaciones judicial y preventivo, no se acomoda de ningún modo a la estrictez de sus principios y reglamento.
"El uno con la rigidez de su disciplina actúa en el momento de la perpetración del delito; el otro dentro de la ductibilidad necesaria a sus funciones, obra como factor preventivo del acto punible.".
Finalmente, el proyecto fue aprobado. Y allí comenzó una nueva etapa en beneficio de la comunidad nacional.
Honorables colegas, estamos en deuda con la Policía de Investigaciones de Chile, porque cuando hace ya más de sesenta años nuestros pares veían como un exceso la planta de funcionarios, hoy observamos con desazón cómo ha crecido la población de Chile y a cuánta gente hace falta este servicio policial de tanta gravitación en el acontecer nacional. Sin ir más lejos -y a modo de ejemplo-, sólo tres funcionarios, al mando de un jefe, son los encargados de combatir el tráfico de drogas en Antofagasta, dotación ínfima ante el problema que allí se presenta.
Felizmente, nuestra Policía de Investigaciones es de las mejores de América Latina, pues cuenta con modernos laboratorios y, más que todo, con una verdadera vocación policial puesta al servicio de la sociedad, que confía en ella y espera que se le entregue todo el apoyo y colaboración en su inmensa y anónima tarea de reprimir la delincuencia y cuidar el bien ajeno, aun a costa de sus propias vidas.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , Honorables colegas:
Los Senadores de la bancada Partidos Por la Democracia y Socialista nos sumamos con entusiasmo al homenaje que hoy se rinde a la Policía de Investigaciones de Chile en su sexagésimo aniversario. Y lo hacemos con particular placer, porque dicho organismo policial se halla en un momento de especial fortalecimiento institucional, producto del trabajo mancomunado que el Presidente de la República y el Congreso Nacional han realizado en estos años y que ha permitido principalmente dotar a ese Servicio de los presupuestos necesarios para revertir una situación material francamente desastrosa. Por lo tanto, ha existido de parte del Estado preocupación por premunir a este cuerpo fundamental de la Policía de los medios materiales indispensables para el cumplimiento de sus funciones.
Pero ese fortalecimiento institucional también tiene que ver con un elemento a mi juicio muy importante: el desarrollo de una doctrina institucional que va afirmando los principios y valores básicos de la Policía Civil en un orden plenamente democrático.
Quiero destacar aquí cómo se va consolidando una doctrina institucional que entiende a la Policía de Investigaciones como un servicio fundamental para el Estado, en el contexto de un Estado plenamente de Derecho , de una sociedad democrática; que entiende la gran responsabilidad de ese Servicio en su aporte a la seguridad pública; que entiende que la función policial será tanto o más eficaz cuanto más legitimada esté en la sociedad a la que sirve cuanto más la ciudadanía valore, reconozca y apoye el trabajo de quienes realizan aquélla. Es decir, se trata de una doctrina institucional que enfatiza, cada vez con mayor fuerza, el carácter profesional y científico de una Policía de Investigaciones que mira al año 2000.
Debo poner de relieve el valor que tiene, en mi opinión, la creciente importancia que se atribuye a la formación de los oficiales de la Policía, la que cada vez es más completa en dos planos fundamentales: por una parte, la instrucción humanística, el respeto al Derecho, a los derechos humanos de todos los ciudadanos chilenos; y por la otra, la alta preparación técnico-profesional.
Todo lo anterior nos permite a los chilenos mirar confiados el desarrollo institucional de la Policía Civil, que es esencial para la existencia de uno de los bienes más importantes de la sociedad: la seguridad.
Se dice aquí -y con razón- que el de la seguridad es, a juicio de la ciudadanía, uno de los problemas más relevantes que debe resolver el Estado.
En la sociedad contemporánea -y Chile no es excepción- se producen las habituales amenazas a la seguridad y surgen otras nuevas. Y observamos en nuestro país cómo la seguridad de los ciudadanos se ve en peligro a diario por viejas prácticas delictuales y por otras que van emergiendo -son los casos del narcotráfico y el terrorismo; éste todavía persiste-, las cuales se caracterizan por sus mayores complejidades, nivel de organización y modernidad. Y combatir estas nuevas amenazas requiere, sin duda, cuerpos policiales -civiles en este caso- particularmente dotados, no sólo de infraestructura material, sino fundamentalmente de elementos humanos capaces de hacer frente a delitos y de investigarlos en las condiciones presentadas en una sociedad contemporánea y, al mismo tiempo, democrática.
Por todo esto, queremos saludar, en la persona del señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Nelson Mery, primer policía nombrado como su Director General -hecho al que, como ya se ha señalado, nosotros damos gran valor y que no es sino el reconocimiento del Estado a la función policial, precedente que, pensamos, debe mantenerse en el futuro-, a todo el personal de la Institución, señalándoles que cuentan hoy día con la confianza pública y que en este Congreso seguramente encontrarán el apoyo necesario para que sigan desarrollando cada vez con más eficacia el fundamental servicio que prestan a la seguridad de la República.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martin.
El señor MARTIN .-
Señor Presidente , los Senadores institucionales adherimos con sincero afecto al homenaje tributado a la Policía de Investigaciones con motivo de conmemorar el sexagésimo aniversario de su creación.
Nuestra Constitución Política establece la enorme importancia y el papel que corresponde a la institución en la marcha del país al señalar en su artículo 90 que, junto con Carabineros, existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior. Estas fundamentales misiones determinan que asuma frente al desenvolvimiento nacional una responsabilidad que trasciende como garantía de los derechos esenciales, del orden con que ha de resguardarse el exitoso camino hacia el progreso y de la seguridad individual y colectiva en un tranquilo quehacer ciudadano.
Es obligación de todos reconocer los valiosos esfuerzos de Investigaciones en estos aspectos y, muy en especial, en el abnegado permanente combate contra el terrorismo y la delincuencia que azotan al país en una escalada de asesinatos y robos que llevan dolor y aflicción a las víctimas y a la nación toda.
Muchos de sus integrantes han caído y seguirán entregando sus vidas en el camino vil y traicionero trazado por esas fuerzas del mal.
Con limitado personal y escasos elementos debe luchar contra organizaciones instruidas y armadas en el extranjero, que saben atacar arteramente y huir con habilidad.
Tenemos obligación de colaborar con la Policía de Investigaciones y de apoyar toda iniciativa tendiente a mantenerla en el más alto nivel de eficiencia. Quienes garantizan el orden y la seguridad deben contar siempre con nuestra decidida cooperación.
Al adherir al homenaje tributado a Investigaciones de Chile nos inclinamos con respeto ante la memoria de sus mártires, y formalizamos nuestros fervientes deseos de una creciente prosperidad y de éxitos sin limitaciones para el señor Director General, don Nelson Mery Figueroa , su distinguida oficialidad y abnegados servidores.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , Honorables colegas, me resulta particularmente grato adherir al homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile en el nombre de los Senadores de Renovación Nacional y en el mío propio. Y digo que me resulta especialmente grato, porque conocí muy de cerca la trayectoria de esta Institución.
Hace pocos días, el 19 del presente mes, asistí, en la Región de Aisén, a la celebración de este sexagésimo aniversario. Primero en la ciudad de Puerto Aisén, y después en Coihaique, escuché a las autoridades del Servicio realizar una semblanza desde su nacimiento hasta la fecha. La Policía de Investigaciones -diría- es pasado, presente y futuro. Recoge en estos sesenta años de experiencia toda una tradición que entregará a las generaciones venideras.
Y quiero recordar que hoy día, un hombre de sus filas (al igual que en años anteriores) también es su Director. Asimismo, tengo que recordar a don Roberto Smith Marambio , quien fue el primer Director surgido de sus mismas filas. Y cómo no hacerlo, cuando lo vimos, en las distintas actividades que desempeñaba, dirigirse a sus funcionarios con bonhomía, pero con la estrictez propia del cargo. Ello lo realizaba con cariño, porque defendía lo que le era propio (de la misma forma que ahora lo efectúa don Nelson Mery ): exigiendo a su gente, pero entregando cariño, dedicación, esfuerzo y todo lo aprendido en la Escuela Técnica que los preparó, primero, como aspirantes y, después, en los cursos que permanentemente siguen a fin de perfeccionar sus conocimientos.
Cómo no recordar esa vieja casona de la calle Santo Domingo, cuya dirección estaba a cargo del profesor señor Urrutia , ese viejo maestro que ya no está y que enseñaba a sus alumnos, aparte del aspecto técnico, de los conocimientos, una manera de actuar, disciplina, entrega y dedicación.
Por eso, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, adhiero a este homenaje.
Deseo recordar, por ejemplo, que la Institución no sólo se ha perfeccionado en estos últimos años (naturalmente que ha sido así, porque la ciencia y la tecnología han evolucionado muy rápido), sino que desde un comienzo ha adquirido este bagaje de conocimientos que le ha permitido dilucidar con éxito, durante los muchos años de su existencia, los problemas a que se ha visto enfrentada.
Muchas veces su accionar puede aparecer cuestionado. Obviamente, no es bien estimado que la gente que responde a la ley, que sirve a los tribunales, tenga que desempeñar funciones ingratas como privar a alguien de la libertad. Esto puede resultar incómodo para muchos, y a veces se lo considera hasta arbitrario. Pero está ejerciéndose un mandato emanado de la ley; se cumple con el deber que un tribunal señala. De manera que nosotros, que somos amantes del Estado de Derecho, entregamos nuestro reconocimiento a estos servidores públicos. Y cómo no recordar también en esta oportunidad sus sacrificios y a los caídos defendiéndonos no sólo de los traficantes o delincuentes comunes, sino también de los terroristas. Cómo no traer a la memoria el episodio en el cual algunos de sus hombres, a las puertas de su cuartel, volaron por efecto de bombas terroristas que elementos de VOP pusieron.
Entonces, a esta Institución, a la que tanto debemos, tenemos que reconocerla siempre, no como surgida ahora, sino nacida ayer y que se proyecta hacia el mañana.
Señor Presidente , que el señor Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, sus funcionarios, hombres y mujeres, y sus familias, reciban nuestro reconocimiento y gratitud. Sabemos de sus desvelos y del significado de los acuartelamientos o guardias, que muchas veces los mantienen alejados de sus familias, a las que también les hacemos llegar nuestros saludos.
Por tal motivo, Renovación Nacional, con pleno conocimiento de lo que esta Institución ha realizado por Chile, adhiere a este homenaje y lo hace propio.
He dicho.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor González.
El señor GONZÁLEZ .-
Señor Presidente , el Comité Radical-Socialdemócrata adhiere fervorosamente al justo homenaje que se rinde a la Policía de Investigaciones de Chile en su sexagésimo aniversario.
Y este aniversario la encuentra -diría- en un proceso de depuración ética y técnica, que, a través de la estricta formación científica y moral de sus nuevos efectivos, está conduciendo a la Institución, hoy más que nunca, a un plano de eficacia que le ha granjeado el respeto y agradecimiento de la ciudadanía.
Podemos agregar, también, que el éxito de los órganos jurisdiccionales en materia penal está fundado en gran parte en el aporte científico-técnico que la Policía Civil entrega a cada uno de los magistrados que investigan la comisión de delitos en nuestro país.
Esta noche tributamos homenaje a un servicio que se ha ganado el respeto y el afecto de la ciudadanía; que actúa día a día en la búsqueda del perfeccionamiento y de la eficacia de su accionar, y que ha logrado colocarse hoy, mediante un proceso de selección de sus hombres, en primera línea respecto no sólo de las policías civiles de América Latina, sino del mundo entero.
El Comité Radical-Socialdemócrata, además, quiere rendir -como lo han hecho otros Honorables colegas- un especial homenaje a los mártires del servicio y a sus familias, a esos hombres caídos cumpliendo con su deber y honrando a la Institución.
Y en este sexagésimo aniversario queremos entregar una felicitación plena de afecto a su Director General , don Nelson Mery , a la plana de oficiales y, también, al personal administrativo de la Institución, deseándoles éxito y que continúen en esta senda siempre ascendente de perfeccionamiento y eficacia en su irreemplazable labor de servicio a la comunidad.
He dicho.
El señor VALDÉS (Presidente).-
Ha terminado el homenaje a la Policía de Investigaciones de Chile.
El Senado agradece al señor Director General de la Institución y a la distinguida oficialidad que lo acompaña su asistencia a la sesión de hoy.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Se suspendió a las 18:56.
-Se reanudó a las 19:2.
El señor VALDÉS ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Solicito el asentimiento de la Sala para que presida el Honorable señor Díaz, en atención a que debo ausentarme de la Sala para recibir al Director General de Investigaciones.
-Pasa a presidir la sesión el Senador señor Díaz, en calidad de Presidente accidental.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).-
En Incidentes, en el tiempo del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, tiene la palabra la Honorable señora Soto.
RIESGO DE CIERRE DE OFICINAS DE DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO EN VALPARAÍSO Y SAN ANTONIO (QUINTA REGIÓN). OFICIO
La señora SOTO .-
Señor Presidente , la División El Teniente de la Corporación del Cobre mantiene oficinas en las ciudades de Valparaíso y San Antonio cuyo principal objetivo es atender todo el movimiento de importación, exportación, cabotaje y obtención de franquicias aduaneras, distribuyendo su trabajo en 60 por ciento para la División a que pertenecen y 40 por ciento para las Divisiones Andina, El Salvador, Chuquicamata, Tocopilla y Talleres. Desarrollan su labor fundamentalmente en los puertos de Valparaíso, San Antonio , Quintero-Ventanas y en la aduana de Los Andes y, esporádicamente, en el puerto de Coquimbo y en las aduanas de Puyehue, Iquique y Arica.
La oficina de San Antonio se creó en el año 1924, y la de Valparaíso, en 1948. Laboran en ellas 39 personas, respecto de quienes, por la descripción de las funciones que cumplen, fácil es colegir el importante grado de especialización que requieren para desempeñar adecuadamente las tareas de comercio exterior. Esta conclusión se ve respaldada por el hecho de que, como resultado directo de su trabajo, CODELCO recupera, por concepto de impuestos, la suma 2 millones de dólares anuales, que inciden en la rebaja de los costos de producción, lo que permite una mayor competitividad en los mercados mundiales.
Pues bien, esos trabajadores han sido notificados por sus superiores jerárquicos de la realización de un estudio a cargo de una empresa externa, a fin de optimizar la gestión de las agencias. Este hecho y los que lo sucedieron han provocado alarma entre las personas que las sirven, quienes tienen numerosas razones para ello. Se teme a la predeterminación del estudio efectuado, por la brevedad del tiempo utilizado en su confección: solamente dos días, según se dice. Se han planteado verbalmente drásticas reducciones de personal. Se han ofrecido planes de retiro con menores beneficios que los contenidos en otros con similares objetivos que CODELCO propuso en los últimos tres años.
Las oficinas que sufren el riesgo de cerrar están insertas en la comunidad regional, pues a través del trabajo que desarrollan mantienen relaciones permanentes con la Intendencia Regional, la Empresa Portuaria de Chile, las Direcciones Nacional y Regional del Servicio de Aduanas, las universidades locales, la Dirección de Vialidad, Carabineros, Tesorería, bancos comerciales, Gobernación Marítima, compañías navieras y otras instituciones públicas y privadas. Difícil resulta para nuestra Región asumir el término de actividades que contribuyen a darle vida. Aún permanece en la memoria colectiva de la ciudadanía porteña el traslado a Santiago de la fábrica Hucke y el cierre de las oficinas locales del Banco Central de Chile. Y todavía persiste la amenaza de la vuelta del Congreso a la Capital.
El tema de la privatización, externalización y racionalización de los servicios que se prestan a la gran minería del cobre de nuestro país ha estado presente en la discusión nacional, encontrándonos actualmente frente a procedimientos que no tienen el carácter de permanente y que no son conocidos por todos los directamente interesados.
Por lo anterior, solicito oficiar, en mi nombre, al señor Ministro de Minería , a fin de que remita los antecedentes y resoluciones existentes acerca de la privatización, externalización o racionalización de los servicios prestados por las agencias de Valparaíso y San Antonio de la División El Teniente de la Corporación del Cobre, especialmente el informe evacuado sobre las referidas oficinas por Ingenieros Consultores Asociados S.A. (ICASA).
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre de la señora Senadora, en conformidad al Reglamento.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).-
Oficialmente, puedo informar a Su Señoría que el viernes pasado se celebró en Rancagua una reunión con personeros de la División El Teniente de CODELCO, con participación de Parlamentarios de Gobierno y Oposición, en que se trató el tema. Y puedo asegurarle, señora Senadora , una buena dosis de tranquilidad.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Senador señor Ruiz De Giorgio.
INTERESES MARÍTIMOS CHILENOS. OFICIO
El señor RUIZ (don José) .-
Señor Presidente , Honorables colegas, hace unos días se celebró el Día de la Marina Mercante Nacional. Y aprovechando la oportunidad de tan importante efeméride para los intereses marítimos del país, haré una alocución sobre el tema y una propuesta final.
I. Introducción
La realidad geográfica, que ubica a Chile con su extensa costa orientada al Pacífico -el mayor de los cinco océanos-, y el hecho histórico relevante realizado por Hernando de Magallanes al descubrir nuestro territorio por el austro junto con ser el primer navegante en cruzar el gran Pacífico, no han logrado que nuestra historia y cultura como pueblo asuman esa indiscutible realidad que es nuestra condición de nación marítima, ribereña del principal océano y escenario de un vertiginoso desarrollo económico, que nos invita a incorporarnos con audacia y prontitud.
Ya el Atlántico, dominado por la vieja Europa, entrega su rol protagónico al emergente Pacífico, gracias a las vigorosas economías de los países orientales, especialmente de Japón; a la poderosa presencia de los Estados Unidos en el Pacífico norte; de Australia e Islas Oceánicas en el Pacífico Sur, y, desde luego, de Chile en la parte sur oriental. Hay que sumar a lo anterior su importante riqueza pesquera y la potencialidad minera de sus fondos marinos.
Hoy no tenemos excusa para ignorar y volver la espalda a esta impresionante realidad, que nos abre un camino al progreso si demostramos capacidad para promover y desarrollar una política de Estado que resguarde y fomente los intereses marítimos del país. No se trata de ilusionarnos con la dictación de alguna norma legal, que como por arte de magia logre incorporarnos a los beneficios que el Pacífico nos ofrece; sino más bien de asumir un proyecto de país, que comprenda nuestra indiscutida condición de nación marítima y actuemos en consecuencia.
Es fundamental abordar nuestro proyecto nacional teniendo en vista los profundos y vertiginosos cambios que afectan a la humanidad; la exigencia de transportes y comunicaciones cada vez más eficientes; el conocimiento e incorporación de nuevas tecnologías al proceso extractivo y a la industrialización de nuestros recursos naturales, así como su comercialización en condiciones competitivas, considerando costos, calidad y oportunidad. Ello nos lleva a crear, con imaginación y audacia, nuevas formas de coordinación entre distintos organismos estatales y una fluida relación entre el Estado y los particulares, y a modernizar nuestra presencia exterior para asimilar las ventajas que la naturaleza nos otorga y que muchas veces derrochamos por incapacidad e insuficiencias. La porfiada geografía y el desarrollo histórico contemporáneo nos colocan en la favorable condición de puerta del Pacífico en el sur del continente americano y antesala del majestuoso e inmaculado continente antártico. Asumir el desafío del mar es nuestra tarea de hoy y del futuro.
II. Reseña histórica legislativa
La consolidación de la independencia nacional y la necesidad de regular las actividades marítimas del país llevaron al Gobierno de la Nación, desde sus albores, al establecimiento de normas legales encaminadas a cumplir ese vital objetivo. Así, en 1811, se dicta la Ley sobre Apertura de Puertos; en 1832, la que declaraba libre el comercio interior de cabotaje para las mercaderías nacionalizadas; en 1834, la que disponía tasas diferenciales en favor de naves nacionales; en 1836, se promulga la primera Ley de Navegación de la Patria Nueva, que puso fin a la confusión existente respecto a la determinación de la nacionalidad de los barcos mercantes y que, al mismo tiempo, obligó a que al menos una cuarta parte de las tripulaciones de los buques nacionales debían ser chilenas; en 1837, se publica la primera Ley General de Ministerios, que dio nacimiento al de Guerra y Marina, al que se encomendó la organización de las funciones de policía marítima, señalización de puertos, la relación con los servicios diplomáticos en lo relativo a los asuntos marítimos y la responsabilidad en los decretos y proyectos de ley que se dictaran sobre la materia; por ley de 21 de julio de 1887 se asigna al Ministerio de Marina la división del territorio marítimo y el servicio del litoral; en 1888, se incorpora la Isla de Pascua al patrimonio nacional; en 1898, por ley N° 1.060, se crea la Dirección del Territorio Marítimo; en 1917, se promulga la primera ley de primas de navegación, que favorecía a la industria de astilleros; en 1922, se dicta la ley de cabotaje, que significó el retiro de todas las naves extranjeras que realizaban tal actividad en nuestras costas; mediante el DFL N° 7.912, de 1927, se reorganizan los Ministerios y se entregan nuevas funciones al de Marina, entre las que pueden señalarse la concesión de playas y varaderos y el estudio hidrográfico de las costas y mares territoriales; en 1940, se fijan los límites del Territorio Antártico Chileno; en 1952, se declara la soberanía sobre las 200 millas de mar chileno; con el objeto de fomentar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, se dicta la ley N° 12.041, de 1953, posteriormente reemplazada por el D.L. N° 3.509, de 1979, y el decreto ley N° 2.222, de 1978, conocido como Ley de Navegación; y por último, cabe señalar la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, y sus modificaciones.
III. Visión marítima de Chile
Hasta cuando miramos hacia la cordillera sentimos la fuerza de nuestra condición marítima. A través de ella llegan miles de turistas que anualmente buscan en nuestras plácidas playas el deleite y el reparador descanso que les permitirán retomar el ritmo de sus vidas. Por lo distintos pasos cordilleranos cruzan incesantes convoyes de camiones con carga para nuestros puertos.
El mar nos entrega un ancho y seguro camino para transportar nuestros productos y abastecernos de los que nos faltan. El 92 por ciento de nuestro comercio exterior se realiza por él, participando las naves de la Marina Mercante Nacional en alrededor de 10 por ciento del transporte marítimo, siendo esa participación casi nula en graneles y carga frigorizada. Ello nos debe llamar a la reflexión, ya que este tipo de actividad constituye uno de los ítem más importantes en la economía de países como el Reino Unido, Japón , Grecia y las naciones escandinavas.
¿Por qué, entonces, en Chile, la discusión sobre el tema se ideologiza y se centra siempre en la existencia o privatización de la EMPREMAR, mientras se observa una carencia gigantesca de naves mercantes nacionales? ¿Qué obstáculo representa para nuestros armadores la existencia de EMPREMAR, si nos faltan bodegas a flote para facilitar nuestro comercio exterior?
La respuesta está en la falta de una política de Estado que aborde esta materia desde la perspectiva del interés nacional, y no sólo considerando elementos sectoriales o coyunturales, que siempre deben tenerse en cuenta, pero que en definitiva no pueden pesar más que los intereses superiores y permanentes de la nación.
En esa política, la Empresa Marítima del Estado puede jugar un importante papel cubriendo las rutas de menor rentabilidad pero que son de interés nacional, así como ejercer mayor presencia en los mares chilenos uniendo nuestros puertos y dando vida a un casi inexistente cabotaje.
En esa perspectiva, urge una política general de transporte marítimo, que también aborde en forma ordenada el reducido cabotaje nacional, coordinándolo -más que compitiendo- con la conducción terrestre; promoviendo el desarrollo del transporte "roll-on roll-of" con instalaciones portuarias especialmente diseñadas para este efecto y separadas de las del tráfico internacional, que elimine las trabas burocráticas de aduana y que, con una expedita atención de las autoridades marítimas, puede ser una palanca para el desarrollo del cabotaje nacional.
Ello traerá como consecuencia la necesidad creciente de nuevas y modernas naves, cuya construcción podría activar la industria de astilleros, con los beneficios económicos que ello representa. Al mismo tiempo, se requerirá de puertos modernos y eficientes, debiendo obedecer su construcción a una política nacional de transporte marítimo, debidamente coordinado con un también eficiente transporte terrestre, especialmente por ferrocarril, lo que a su vez abarataría la mantención de las carreteras y permitiría al país un significativo ahorro de divisas por menores consumos de combustible líquido.
Un proceso de integración con los países vecinos del Atlántico nos ofrece la posibilidad de ser paso obligado de los productos del otro lado de la cordillera, y, al mismo tiempo, de recibir en nuestros puertos las mercancías que consume ese importante mercado. A los pasos ya dados en tal sentido, debemos agregar una decisión política de todos los sectores de la comunidad nacional para abocarse al proceso de integración desde la perspectiva de la suma de intereses, y no desde la pequeña visión puramente competitiva.
Una inteligente política portuaria nos puede proporcionar una fuente importante de ingresos, no sólo por nuestra presencia vital en el Pacífico suroriental, sino también por la necesidad de los países de la costa atlántica de relacionar sus economías con los atractivos mercados del Pacífico. Ello, a su vez, debe obligar al estudio de una política de transporte y comunicaciones entre los países del cono sur de América, para que nuestro desarrollo portuario tenga relación con las necesidades de transporte presentes y futuras de las naciones ribereñas del Atlántico sur.
Tampoco podemos desconocer la fuerte gravitación que ejercemos en la zona austral por el dominio del Estrecho de Magallanes, cuyo puerto de Puntas Arenas puede representar una excepcional alternativa para las flotas que operan en el Atlántico sur, además de cubrir las necesidades crecientes del desarrollo científico y turístico del continente helado. También este puerto se puede convertir en un gran terminal marítimo que reciba la carga -especialmente de "containers"- proveniente de ambos océanos, descargando los buques que navegan a media capacidad y completándoles cargamento de regreso, en ambas direcciones. Sin duda que esa perspectiva significa algo más que construir un nuevo muelle, y obliga a pensar en un complejo portuario de alta tecnología y eficiencia.
Asimismo, reforzar la presencia de Chile en el Pacífico y afianzar nuestra soberanía en la Isla de Pascua exigen una política más agresiva en el desarrollo del potencial cultural, político y económico de ese trozo oceánico de nuestro territorio, tradicionalmente casi abandonado. Sin destruir el valioso patrimonio cultural y arqueológico de la isla, se debe construir un puerto comercial que permita el desarrollo de actividades económicas destinadas a mejorar las condiciones de vida del pueblo pascuense y completar su integración a la nación chilena, respetando sus costumbres y su dignidad. Esa lejana posesión puede constituirse en punto obligado de recalada de naves de distintas banderas -si allí encuentran abastecimiento y servicios de apoyo-, especialmente por su atractivo turístico.
El mar nos ofrece, generoso, sus productos, que podemos extraer en forma debidamente regulada para preservar una riqueza que no sólo pertenece a nuestra generación, sino que debe ser fuente de sustento de las nuevas, teniendo en cuenta, además, la obligación de avanzar en procesos industriales que nos permitan incorporarle valor agregado, creando nuevas ocupaciones y desarrollando tecnologías propias.
Insertos en una estrategia integracionista, podemos pensar en la posibilidad cierta de unir los esfuerzos de empresarios chilenos y argentinos para abordar, en conjunto, el desafío de explotar los recursos del mar subantártico, cuyas riquezas son extraídas por naves de otros continentes.
Pero los productos que ofrece nuestro mar no son inagotables. Muy por el contrario: tanto la experiencia internacional como la nuestra indican que cuando se autorizan explotaciones en gran escala sin estudios previos, se produce el natural agotamiento o extinción de esas riquezas naturales.
En consecuencia, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo es la investigación de nuestros recursos para establecer, con mayor conocimiento, las normas que regulen su explotación. Es decir, Chile debe invertir en investigación antes de que la necesidad de fuentes de ocupación y de divisas nos fuerce a sobreexplotar los recursos, arriesgando, como en otras latitudes, su eventual exterminio.
El mar nos permite el desarrollo de modernos complejos de acuicultura, sembrando su extensión para cosechar inacabables riquezas que generen importantes fuentes de trabajo, sin agotar lo que generosamente nos entrega la naturaleza. Esta actividad debiera concitar el respaldo de las autoridades nacionales y regionales para ocupar en forma racional y equitativa los grandes espacios marinos de que aún disponemos, incorporándolos a las actividades productivas. Ello requerirá, sin duda, eliminar trabas burocráticas, para facilitar las instalaciones productivas. En estas materias tenemos una excelente herramienta jurídica: la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuya larga discusión en el Parlamento permitió recoger la opinión de los diversos sectores de la comunidad, y cuyo perfeccionamiento siempre está abierto, a la luz de nuevas necesidades y exigencias de la actividad pesquera, de los convenios internacionales que el país pueda suscribir y, desde luego, de las necesidades e intereses generales de la nación.
Con audacia, podemos multiplicar los centros de turismo costero, desarrollando en mayor escala una industria limpia que permita aumentar considerablemente la afluencia de divisas al país, al mismo tiempo que sea fuente de empleo bien remunerado para muchos miles de chilenos. Flotas de buques nacionales de turismo debieran recorrer la maravilla de nuestros canales australes, dando vida a una zona prácticamente inhabitada y con escaso tráfico de naves pesqueras. El desarrollo turístico del mar, de nuestros lagos y ríos podría ser la base de una importante industria de construcción de equipos, embarcaciones y puertos deportivos. Junto con ellos, una política nacional de turismo colaboraría al asentamiento poblacional en numerosas caletas diseminadas en nuestro extenso territorio, hoy casi abandonadas.
El mar guarda también en su seno energía de un potencial que aún no hemos dimensionado y cuya explotación nos permitiría ahorrar gran cantidad de divisas y evitar graves daños al patrimonio ambiental, amenazado en parte importante de nuestra patria por el uso intensivo de energía escasa, cara y contaminante, como es el petróleo. Especial relevancia puede tener el aprovechamiento de las fuertes corrientes producidas por las diferencias de mareas en la zona sur y austral, y que esperan la investigación que permita utilizarlas.
Chile es un país minero por excelencia. Y, desde luego, el subsuelo marino guarda también considerables yacimientos minerales cuya explotación es un desafío futuro que debemos abordar. En este aspecto, es necesario destacar la experiencia desarrollada por la Empresa Nacional del Petróleo en la explotación de yacimientos marinos de hidrocarburos, que no sólo ha permitido al país contar con significativos volúmenes de recursos energéticos, sino que por la alta capacidad de la empresa estatal, existe hoy la posibilidad de emprender con eficiencia el desarrollo de los yacimientos argentinos de la boca oriental del Estrecho de Magallanes.
Una política de Estado que enfrente el desafío del futuro desde la perspectiva marítima de Chile requiere superar las concepciones puramente economicistas y cortoplacistas, y abordar proyectos de mediano y largo plazo que signifiquen el aprovechamiento integral de nuestra privilegiada condición, no sólo explotando racionalmente e industrializando nuestros recursos naturales, sino incorporando al patrimonio nacional ese mar oceánico y todo su inmenso potencial que forma parte del territorio natural del país.
IV. Administración de los intereses marítimos
La visión marítima de Chile nos muestra la tremenda trascendencia de los asuntos que involucran nuestro patrimonio oceánico y su entorno costero, y, al mismo tiempo, nos abre la perspectiva de construir una nación distinta, a partir de su realidad geográfica y del emergente poder de la cuenca del Pacífico, de la que formamos parte importante.
El desarrollo de una política de Estado que asuma nuestra condición de país marítimo implica, en el mediano y largo plazo, el fomento de una conciencia marítima que parta por la educación primera de nuestros niños y por la creación de infraestructura y condiciones que permitan el surgimiento de iniciativas productivas en torno de nuestro medio acuático. En el corto plazo, requiere de la coordinación de las diversas funciones que cumplen distintos órganos del Estado, desde Ministerios y Subsecretarías, hasta servicios de jerarquía menor que muchas veces actúan con excesiva autonomía y sin relación con los planes y proyectos del Gobierno.
Pareciera que el ideal sería concentrar todos los asuntos marítimos en un solo Ministerio, y, en consecuencia, tener el control y la responsabilidad en un mando único, lo que evitaría duplicidad de esfuerzos y de recursos, como, también, conduciría a mayores niveles de eficiencia. Así, por lo demás, lo hemos manifestado en otras oportunidades.
Sin embargo, es posible avanzar a mayores niveles de eficiencia y coordinación utilizando los mecanismos que nos entrega propia institucionalidad vigente, sin perjuicio de que en el futuro, cuando se discuta una reforma más profunda a la estructura del Estado, podamos idear un sistema más adecuado para la promoción de los intereses marítimos del país.
Tal como lo vimos anteriormente, las actividades marítimas comenzaron a ser reguladas y controladas por el Ministerio de Marina a partir de la primera ley orgánica de Ministerios, y más tarde -hasta nuestros días- pasaron a depender del Ministerio de Defensa Nacional. El órgano encargado de la misión es la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, dependiente de la Subsecretaría de Marina. Entre las principales funciones de esa Dirección General están las siguientes: Servicio de Practicaje y Pilotaje; Inspección de Naves y Artefactos Navales; Búsqueda y Rescate Marítimo; Telecomunicaciones Marítimas; Registro de la Gente de Mar , Fluvial y Lacustre; Registro de Naves y Artefactos Navales; Señalización Marítima ; Control de la Contaminación Acuática Nacional; Control y Fiscalización de Bienes Nacionales, y Servicio de Policía Marítima, Fluvial y Lacustre . Para cumplir con estos objetivos, la Dirección General, por ley de 30 de agosto de 1848, se divide en Gobernaciones y en Subdelegaciones Marítimas, establecidas a lo largo del territorio costero.
Por otra parte, el Ministerio de Economía cuenta con la Subsecretaría de Pesca que, como su nombre lo indica, atiende las actividades pesqueras en el nivel político, y, a través del Servicio Nacional de Pesca -su órgano administrativo y de ejecución-, se ocupa de todo lo concerniente a esta materia, cuya importancia e influencia en la economía nacional llevaron a la dictación de la Ley General de Pesca y Acuicultura,
Entre las actividades que debe realizar la Subsecretaría de Pesca están las siguientes: resguardar debidamente los recursos hidrobiológicos; implementar el acceso a la actividad pesquera industrial; llevar el Registro Nacional de Pescadores Artesanales ; a través del SERNAP, operar el Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal; declarar las áreas aptas para la acuicultura; desarrollar proyectos de investigación en el área, etcétera.
El manejo de las pesquerías exige de la Subsecretaría la dictación de resoluciones y la preparación de los decretos que dispone el Presidente de la República . En efecto, en 1992 se dictó un total de 12 decretos reglamentarios relacionados con la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Otra Secretaría de Estado que tiene atingencia en las actividades marítimas es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en especial en lo que concierne al desempeño estatal en el transporte marítimo, fluvial y lacustre, como en el ámbito portuario. Lamentablemente, esta Secretaría de Estado carece de estructura y proyectos para abordar tan importantes materias, y ha centrado su acción, de manera fundamental, en el transporte terrestre, y en particular en el urbano del gran Santiago.
Por último, está el Ministerio de Planificación y Cooperación, cuyas tareas principales son la planificación del desarrollo nacional, la coordinación entre los distintos órganos del Estado, y el manejo de la cooperación internacional, que seguramente será una función transitoria.
Basado en los elementos mencionados y en función de responder a las necesidades vitales de un país marítimo, deseo entregar al Gobierno y a la comunidad nacional la siguiente propuesta:
V. Coordinación de los intereses marítimos
Mientras no se cambie la estructura del Estado, es preciso buscar los mecanismos legales tendientes a coordinar los diferentes intereses marítimos nacionales. En esa coordinación deben estar presentes quienes por ley ejercen acciones en este campo en representación del Estado.
En efecto, en virtud de lo establecido en el inciso tercero del artículo 33 de la Constitución Política, y en los artículos 5o, 20 y 22 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por disposición de Su Excelencia el Presidente de la República se puede crear una instancia de coordinación de los intereses marítimos, presidida por el Ministro de Planificación y Cooperación e integrada por los Subsecretarios de Marina, de Pesca y de Transporte y Telecomunicaciones.
Aun cuando el Ministerio de Planificación y Cooperación legalmente no tiene responsabilidad directa en actividades relacionadas con los asuntos marítimos, no cabe duda de que por la ley que le dio origen tiene, entre otras, la función de coordinación. En consecuencia, parece razonable encomendarle una labor de esta índole, la que, además, influirá poderosamente en la planificación del desarrollo nacional, que es otra de las tareas de esa Secretaría de Estado.
Con el objeto de lograr mayor eficiencia y delimitar en mejor forma las funciones de los órganos del Estado, propongo la creación de dos nuevas Subsecretarías: una de Territorio Marítimo y Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, y otra de Transporte Marítimo y Desarrollo Portuario, radicada en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Estas nuevas Subsecretarías efectuarían la labor de coordinación de los intereses marítimos que actualmente ejecutan las Subsecretarías de Marina y de Transportes y Telecomunicaciones.
Pido oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República adjuntando copia de esta intervención, a fin de que lo expuesto en ella sea considerado en futuros planes del Gobierno.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).-
Corresponde el tiempo al Comité Renovación Nacional.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
MODIFICACIÓN JURISDICCIONAL DE TRIBUNALES Y CREACIÓN DE JUZGADO EN UNDÉCIMA REGIÓN. OFICIO
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , Honorables colegas, en numerosas ocasiones he planteado aquí, en el Senado de la República, las múltiples necesidades de la Undécima Región, expresando que, como consecuencia de su aislamiento, los pobladores se encuentran en condiciones desventajosas en comparación con los habitantes de la zona central.
Esa situación se ve agravada en el caso de las personas de determinadas localidades que deben concurrir a los tribunales. Y tan real es lo señalado, que la propia Corte de Apelaciones de Coyhaique , en un Pleno realizado el 7 de julio de 1990, concluyó que debían modificarse los límites jurisdiccionales de los tribunales de la Región. La Excelentísima Corte Suprema aprobó esa resolución el 19 de diciembre del mismo año y remitió el acuerdo al Ministerio de Justicia.
Por lo tanto, la solicitud formulada por el Poder Judicial al Ministerio del ramo lleva dos años y medio de tramitación. Hago notar este hecho en razón de que siempre estamos escuchando críticas acerca de la administración de justicia; pero muchas veces se ignora que oportunamente se han sugerido soluciones, que, como la indicada, se pueden implementar de inmediato.
Reseñaré brevemente lo acontecido en este caso.
Cuando el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique tomó conocimiento de las informaciones relacionadas con la situación judicial y policial de las localidades de Puerto Ibáñez y Río Tranquilo, proporcionadas por su Fiscal titular señor Carlos Aránguiz Zúñiga , ordenó solicitar y reunir los antecedentes, documentación, mapas, fotografías y todo aquello que fuera atingente a la citada presentación por el ministerio público, a fin de que en su oportunidad se resolviera lo que en Derecho correspondiere.
En conformidad a los datos recopilados, se determinó que para acceder al Juzgado de Letras de Chile Chico , los habitantes de la comuna de Río Ibáñez tienen dos alternativas reales de comunicación: una por vía lacustre, a través de una barcaza, y la otra terrestre, debiendo transitar, o por territorio argentino o por suelo chileno, según las condiciones climáticas; pero ambas tienen igual tiempo de demora. Puerto Ibáñez y Chile Chico se unen dos veces por semana mediante una barcaza, la cual normalmente tarda dos horas y media en recorrer los aproximadamente 40 kilómetros que separan dichos puntos. Las localidades de Chile Chico y Río Tranquilo se contactan quincenalmente, dado que se hallan a 80 kilómetros de distancia, lo que implica navegar más o menos cinco horas y media.
Menciono esto, señor Presidente, para graficar, en alguna medida, las dificultades que deben sortear los pobladores para concurrir a los tribunales, ya sea por haber sido citados o para formular alguna denuncia.
La Subprefectura de Carabineros de Coyhaique informó que la Institución concuerda totalmente con lo planteado por el señor Fiscal, en el sentido de que Puerto Ingeniero Ibáñez y Río Tranquilo dependan de la jurisdicción de Coyhaique, ya que de ese modo se solucionarían los innumerables problemas que tienen que enfrentar los pobladores cuando son víctimas de delitos, pues, en virtud de las disposiciones actuales, deben concurrir a la ciudad de Chile Chico a ratificar sus denuncias. Esos impedimentos se traducen en que, en definitiva, la gente prefiera abstenerse de cumplir dicho trámite, porque la circunstancia de contar con medio de transporte sólo dos veces a la semana la obliga a dedicar prácticamente toda una semana a formular el denuncio, lo cual, desde el punto de vista estrictamente económico, resulta bastante oneroso.
Basado en los antecedentes expuestos -más otros, que por motivo de tiempo no alcanzo a detallar-, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique concluyó lo siguiente:
"1o) Que las localidades correspondientes al paso internacional Portezuelo, Palavicinni , Puerto Ingeniero Ibáñez , Villa Cerro Castillo , Lago Lapparent , Puerto Avellanos, Puerto Cristal, Puerto Sánchez , Puerto Río Murta , Lago Panquehue, Río Huiña , Río Engaño, Puerto Tranquilo, Las Parvas, Río Leones , Valle del Río Exploradores y Puerto Guadal, en razón de la contingencia geográfica y de la peculiar morfología del terreno se encuentran, con la división política administrativa vigente, adscritas a la jurisdicción del Juzgado de letras de Chile Chico .
"2°) Que la ciudad asiento del tribunal indicado se ubica en la ribera sur este del Lago General Carrera,"..."a cuatro mil metros del límite con la República Argentina,".
"3°) Que la ubicación geográfica de la citada ciudad de Chile Chico, asiento del Tribunal que mantiene jurisdicción de primera instancia sobre las localidades aludidas en el N° 1, por el hecho de pertenecer todas ellas a la provincia General José Miguel Carrera y en razón de los accidentes geográficos y de la particular y accidentada naturaleza del terreno, hace que los habitantes de las comunidades ya indicadas, en la práctica, no pueden tener acceso a la administración de justicia,",
"4o) Que a lo anterior se agrega que las condiciones de navegación del Lago"... "en ciertas épocas del año, revisten serio peligro y provocan incertitud en los itinerarios de zarpe y arribada," ...debido a "las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas, entre otras variables, por fuertes temporales de viento que en ocasiones exceden de 120 kilómetros por hora, vientos que se encajonan por desfiladeros y cordones montañosos que desembocan en el lago, la situación de las comunicaciones provoca en el hecho que los habitantes de las localidades que se reseñaron no hagan denuncias o no ratifiquen éstas, como asimismo la citación de testigos se hace utópica y en materia civil, de menores y laboral, las personas no someten sus conflictos a soluciones jurisdiccionales.
"5o) Que los habitantes de las localidades tan latamente citadas tienen la posibilidad real de acceso diario por vía terrestre a través de la Carretera Austral y sus caminos transversales a los tribunales de la ciudad de Coyhaique, y en el caso de Guadal y Puerto Bertrand y eventualmente Río Tranquilo, son incluso más cercanas al tribunal con asiento en Baker-Cochrane, lo que lleva a este Pleno a concluir en la absoluta necesidad y conveniencia indispensable de solicitar la modificación de la división territorial y el territorio jurisdiccional de los Juzgados de Letras de Coyhaique, Chile Chico y Baker-Cochrane, de manera de poder otorgar un más expedito acceso a la administración de justicia, teniendo presente y tomando en cuenta todos los antecedentes sobre facilidad y prontitud de comunicación, que además sea más económica en aras de su bienestar y de un adecuado ejercicio y defensa de los derechos que la Constitución y la Ley les otorga.".
Firman estos acuerdos del Pleno efectuado en 1990, señor Presidente , los señores Hugo Andrés Bustos Pérez , Sergio Fernando Mora Vallejos y Mario Julio Kompatzki Contreras , todos ellos Ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique .
Considero que los datos mencionados son más que suficiente para dejar en claro que para los pobladores de esos sectores la justicia, en la práctica, no existe; puesto que si se toman en cuenta las distancias a que se encuentran los tribunales, es ilusorio pensar que puedan hacer denuncias, llevar testigos, asistir a comparendos, etcétera. En pocas palabras, el costo que finalmente les significan los trámites judiciales redunda en que éstos sean por completo inalcanzables para la inmensa mayoría de quienes viven allí, que son personas modestas.
En consecuencia, es absolutamente necesario modificar los límites jurisdiccionales en los términos recomendados por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Coyhaique el 7 de julio de 1990, aprobados -repito- por la Corte Suprema en diciembre del mismo año, propuesta que, lamentablemente, duerme desde hace dos años y medio.
Además, señor Presidente , si en realidad queremos facilitar el acceso a la justicia, es imprescindible crear un Juzgado de Letras en Puerto Cisnes , para atender la parte norte de la Región , a fin de que las personas citadas a los tribunales no tengan que viajar hasta Puerto Aisén para presentarse al Juzgado .
Al respecto, cabe señalar que un poblador de las Islas Huichas o de las Guaitecas, o de otras islas del litoral de la Undécima Región, para formular un denuncio o concurrir a una citación, debe permanecer fuera de su hogar a lo menos una semana, y normalmente dos, porque en algunos lugares las barcazas pasan cada 15 días.
Asimismo -ya en la zona correspondiente a la parte continental-, los vecinos de La Junta, Puyuhuapi o Puerto Cisnes requieren de alrededor de tres días para ir al Juzgado de Puerto Aisén a efectuar algún denuncio -esto, suponiendo que las condiciones climáticas sean normales y los caminos estén expeditos, no tapados por la nieve ni cortados por crecidas de los ríos-, porque tardan entre 5 y 7 horas sólo en llegar allá. De manera que el primer día realizan el viaje de ida, el segundo concurren al tribunal, y el tercero regresan a su lugar de origen.
En síntesis, esos chilenos no tienen posibilidad material de acceder a la justicia.
Debo aclarar que no pretendo culpar al Gobierno por las dificultades anotadas. Se trata de necesidades que se han ido generando a raíz del crecimiento de la Región, que ha ido poblándose. Conforme al último censo, en los más de 100 mil kilómetros cuadrados que ella comprende, residen 83 mil habitantes.
Reitero que esos compatriotas necesitan con urgencia la creación de un tribunal. Ya pasó la hora de las explicaciones, o de que se les tributen homenajes aduciendo que están haciendo patria y defendiendo la soberanía del país en tan lejanos parajes. Efectivamente, con su presencia cumplen esa importante labor. Pero también tienen el legítimo derecho, consagrado en la Constitución, de que se les permita el acceso, a la justicia.
Por lo expuesto, señor Presidente , solicito oficiar, en mi nombre, al señor Ministro de Justicia , a fin de que se modifiquen los límites de los tribunales referidos en la forma indicada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique en la propuesta que hizo llegar a esa Secretaría de Estado hace dos años y medio, y, además, de que se cree en Puerto Cisnes un Juzgado de Letras , con jurisdicción para el norte de la Región. Si, respecto de esto último, fuere necesario disponer de mayores antecedentes, podría oírse a la propia Corte de Apelaciones de Coyhaique , que posee estadísticas, antecedentes y otros elementos de juicio indispensables para fijar los límites del nuevo tribunal.
Lo anterior representa una sentida aspiración de los habitantes de la Undécima Región, que necesitan disponer de los servicios más elementales y mínimos, tanto en los ámbitos de la educación y de la salud -que he planteado en otras ocasiones-, como en el de la justicia.
He dicho.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor DÍAZ ( Presidente accidental ).-
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19:45.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción