Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JULIO VON MÜHLENBROCK LIRA
- INTERVENCIÓN : Marco Antonio Cariola Barroilhet
- HOMENAJE : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- DEBATE
- DEBATE
- V.
FÁCIL DESPACHO
-
FACILIDADES PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Jorge Exequiel Lavandero Illanes
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
-
AUTORIZACIÓN PARA SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- DEBATE
- RESPALDO A GOBIERNO DE CHILE ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN RELACIÓN CON PESCA DE ALBACORA. PROYECTO DE ACUERDO
-
FACILIDADES PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- DEBATE
-
CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
- VII .
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- PETICION DE INFORMACIÓN : Andres Zaldivar Larrain
- POLÍTICA DE BANCO DEL ESTADO HACIA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS. OFICIO
-
SITUACIÓN JUDICIAL DE SENADOR SEÑOR ERRÁZURIZ. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
- RATIFICACIÓN DE ESTATUTO DEL VATICANO EN NACIONES UNIDAS
- XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
- ACTIVIDAD DE COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO
- CONEXIÓN COMPUTACIONAL EN SALA DE SESIONES
- RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIA DEL SENADO
- EVASIÓN COMO AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL
- XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
- DERECHOS DE LA MUJER: RESPUESTA A RÉPLICA DE SENADOR SEÑOR BOMBAL
- CESANTÍA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE CHILE Y AUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
Notas aclaratorias
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- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 10ª, en miércoles 12 de julio de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 20:20)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Homenaje en memoria de ex Senador don Julio von Mühlenbrock Lira (se rinde)
V. FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite, que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares (1241-03) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en primer trámite, que autoriza la subdivisión de un predio rústico a favor de personas que indica (2223-01) (se aprueba en general y particular)
Respaldo a Gobierno de Chile ante organismos internacionales en relación con pesca de albacora. Proyecto de acuerdo (se aprueba)
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea la Defensoría Penal Pública (2365-07) (se aprueba en general)
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Política de Banco del Estado hacia pequeños y medianos empresarios. Oficio (observaciones del señor Muñoz Barra)
Situación judicial de Senador señor Errázuriz. Oficios (observaciones del señor Fernández)
XVI Reunión de Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (intervención del señor Ruiz-Esquide)
Ratificación de Estatuto del Vaticano en Naciones Unidas (observaciones del señor Bombal)
XVI Reunión de Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (intervención del señor or Bombal)
Actividad de Comisión de Salud del Senado (intervención del señor Bombal)
Conexión computacional en Sala de Sesiones (observaciones del señor Bombal)
Reconocimiento a funcionaria del Senado (observaciones del señor Bombal)
Evasión como agravante de responsabilidad penal (observaciones del señor Stange)
XVI Reunión de Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (intervención del señor Núñez)
Derechos de la mujer: respuesta a réplica de Senador señor Bombal (observaciones del señor Núñez)
Cesantía y reactivación económica en Región de Atacama. Oficios (intervención del señor Núñez)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, el señor Ministro de Justicia y el señor Asesor del Ministerio de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 3ª, ordinaria, en 13 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita el archivo del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.516, de 1980, sobre división de predios rústicos, e incluye normas sobre desarrollo urbano y requisitos de urbanización (boletín Nº 1.484-01).
--Se accede a lo solicitado, previo acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Oficios
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 12 y 14 del mes en curso, ambos inclusive, con motivo de su visita de Estado a Brasilia y Sao Paulo, en la República Federativa del Brasil. Agrega que lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República , el Ministro del Interior , señor José Miguel Insulza Salinas.
--Se toma conocimiento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que rechazó la solicitud del Senado en orden a archivar los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que modifica el artículo 139 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín Nº 484-14), y
2) Proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, e incorpora a los ingenieros constructores entre los profesionales universitarios que pueden ejercer el cargo que señala (boletín Nº 1.713-09).
--Se toma conocimiento y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo, comunica que ha accedido a la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.556, para permitir el funcionamiento en doble jornada de las juntas inscriptoras y en lugares distintos de su sede (boletín Nº 2.315-06), habiéndola rechazado respecto de los siguientes proyectos de ley:
1) El que aprueba la Ley Orgánica de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (boletín Nº 1.204-08) y
2) El que crea un sistema nacional de certificación de calidad para frutas y hortalizas frescas de exportación (boletín Nº 1.348-01).
--Se toma conocimiento, se agrega el documento a sus antecedentes y se manda archivar el proyecto respectivo.
Con el último, informa que ha acogido el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la República de Austria para la promoción y protección recíproca de las inversiones y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de septiembre de 1997 (boletín Nº 2.371-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero, remite un cuadro resumen de los oficios dirigidos por esa Secretaría de Estado a los señores Parlamentarios durante junio pasado.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cariola, referido a la construcción del Puente Portales.
Con el último, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, relativo al Programa de Inversiones para el presente año en la Duodécima Región.
Del señor Contralor General de la República, con el que remite diversos planteamientos acerca del alcance de las normas que regulan la probidad administrativa.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos, con urgencia calificada de "simple" (boletín Nº 2.289-05).
Dos de la Comisión de Agricultura, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto ley Nº 3.557, de 1981, en materia de ventas de fertilizantes a granel (boletín Nº 2.207-01).
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que requiere indicar el valor individual de cada uno de los bienes derivados de la Reforma Agraria al momento de ser enajenados (boletín Nº 2.344-01).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana (boletín Nº 1.993-11).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
De acuerdo con la resolución unánime de los Comités, se rendirá homenaje en memoria del ex Senador señor Julio von Mühlenbrock Lira, motivo por el cual ofrezco la palabra al Honorable señor Cariola.
HOMENAJE EN MEMORIA DE EX SENADOR DON JULIO VON MÜHLENBROCK LIRA
El señor CARIOLA.-
Señor Presidente , en nombre de los Comités Unión Demócrata Independiente e Independientes y Renovación Nacional e Independiente, rindo un sentido homenaje en memoria de don Julio von Mühlenbrock Lira , recientemente fallecido en La Unión, quien fue Senador hasta el 11 de septiembre de 1973 en representación de la 9ª. Agrupación Senatorial, que comprendía a las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Son varios los que con más propiedad que quien habla podrían intervenir hoy para brindar dicho reconocimiento, pero mi condición de Senador por la Región de Los Lagos norte me impone el honroso deber de hacerlo.
Nació el ex Senador Von Mühlenbrock en La Serena el 25 de agosto de 1912, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Ya en el liceo de esa ciudad comenzó a perfilarse su carácter inquieto y entusiasta, su espíritu noble y su gran afición literaria. En sus primeros años de vida profesional se dedicó con entusiasmo al periodismo, habiendo destacado como Director de varios diarios: "El Correo de Valdivia", "La Prensa", de Osorno, y "El Austral", de Temuco.
Llegó al Congreso Nacional elegido como Diputado por la provincia de Valdivia, en 1953, y fue reelecto en 1957. Durante el Gobierno de don Carlos Ibáñez asumió importantes responsabilidades públicas, en su condición de Secretario General , primero, y de Vicepresidente del Partido Agrario Laborista , después, siendo uno de los hombres "fuertes" de la segunda Administración del General Ibáñez.
En 1961 accedió al Senado, en representación del Partido Liberal, electo por la 9ª. Agrupación Senatorial, comprendida por las provincias de Valdivia, Osorno , Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes . Al fusionarse los antiguos partidos Liberal y Conservador, militó en el Partido Nacional, en cuyas filas fue reelecto como Senador en 1969, por lo que el pronunciamiento militar de 1973 lo encontró, como ya dije, en pleno ejercicio parlamentario. En sus últimos años de vida fue miembro del Partido Renovación Nacional.
Don Julio era un hombre extraordinario, lleno de virtudes humanas, que lucía con humildad y sin aspavientos. Quienes lo conocieron destacan su extraordinaria bondad, su sentido profundo de la amistad, su nobleza de principios, su sobriedad de vida, su tesón y perserverancia en la consecución de sus ideales, y, por sobre todo, un espíritu progresista y de claro optimismo frente al futuro.
Sus dotes literarias, unidas a la pasión con que expresaba sus conceptos, lo hacían un orador inigualable. Sus encendidos discursos eran prolijos en el lenguaje y, dado el entusiasmo con que los pronunciaba y la perfección formal que les daba, calaban profundo y entusiasmaban a sus auditores. Era cierto lo que se decía en el sentido de que, después que hablaba Von Mühlenbrock , todo cambiaba.
En la Cámara de Diputados, y particularmente en este Hemiciclo, la voz de don Julio se hizo sentir. ¡Y de qué manera! Si uno revisa sus discursos e intervenciones parlamentarias, queda maravillado con la facilidad de expresión, su elocuencia y la forma documentada con que acompañaba sus exposiciones.
Aunque -como ya he dicho- don Julio militó en diferentes tiendas políticas, no dudo de que era un liberal de alma. Por ello, su ingreso al Partido Liberal fue un acto de consecuencia absoluta con sus convicciones más profundas. Afirmaba el 5 de julio de 1961 con ocasión de un homenaje al Congreso Nacional: "Noble y valiente ley, innovadora y redentora. La Democracia y la República no pueden existir sin hombres libres en pleno ejercicio de su autodeterminación. Para que el hombre deje irradiar su espíritu, para que dialogue con Dios, para que cree y forje el progreso de la especie, necesita del pleno imperio de su personalidad, sin más límites que las normas del derecho colectivo ni más freno que el impuesto por la cultura". Más adelante decía, reafirmando su confianza en la libertad humana: "Sólo en la libertad puede perdurar el amor; y la libertad es incompatible con el miedo y el egoísmo".
En su gestión parlamentaria, el ex Senador von Mühlenbrock se destacó por su trabajo en las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, su preocupación por la agricultura y el desarrollo social. Comprendía muy bien nuestro homenajeado que Chile tenía el desafío ético de desarrollarse y sacar a tantos compatriotas de la pobreza en que se encontraban. De ahí su preocupación constante por los temas de la Hacienda Pública y sus documentados discursos sobre el estado de nuestra agricultura.
El ex Senador don Julio von Mühlenbrock sobresalió por ser un luchador infatigable en favor de la descentralización del país. Su acción parlamentaria estaba cruzada por este objetivo, porque advertía, como buen hombre de "provincia" -así se decía en esa época-, que el desarrollo desequilibrado de Chile era una de las causas fundamentales de su atraso; constatación que, en mi opinión, se mantiene vigente, y lo lamento.
Alabando el espíritu descentralizador del Primer Congreso Nacional, en virtud del cual se creó la provincia de Coquimbo, nos decía: "Hermoso ejemplo y audaz visión: garra para captar el futuro, comprensión del destino de Chile. Sólo un organismo bien desarrollado puede tener una cabeza fuerte. La concentración de atribuciones excesivas en una sola autoridad es contraproducente, antieconómica y retardaría. El avance de la ciencia y el progreso moderno consideran como herramienta básica la distribución de atribuciones (...) La economía de una nación debe ser estimulada en todos sus sectores".
Su afán regionalizador lo llevaba a defender con ahínco sus puntos de vista, y se esforzaba al máximo para que las obras públicas se orientaran hacía las provincias que representaba. Tanto en las sesiones de la Comisión Mixta de Presupuestos como en el despacho en Sala de las distintas leyes de presupuestos, el ex Senador von Mühlenbrock participaba intensamente motivado por ese espíritu, lo que le permitió obtener, entre otras obras, la construcción de la Planta de IANSA en Llanquihue, decisión que para muchos no parecía la más recomendable, pero para don Julio se justificaba por el impulso que a la economía local esa obra significaría.
Es memorable aquella ocasión en que, en un acalorado debate por la creación de la comuna de Llanquihue, el Senador Foncea le representó que era un "merodeador" del Presupuesto Nacional, epíteto que explicablemente no le gustó a don Julio. Éste le representó a su colega que tenía igual celo por aprobar proyectos a favor de cualquier otra provincia.
La defensa de la agricultura era otra de sus pasiones dominantes. Sus discursos sobre el estado de la agricultura nacional eran impresionantes, por lo versados, documentados y originales en la proposición de soluciones. Si se leen sus intervenciones, uno puede comprobar que las dificultades que tenían los productores agrícolas del sur de Chile son las mismas que existen en la actualidad. Así describía la situación agrícola en 1964: "Tenemos una crisis agrícola, una agricultura sin precios, sin rentabilidad y sin utilidad, que no puede pagar altos salarios ni elevar el nivel de vida de sus inquilinos, de sus trabajadores...". Estas palabras podrían ser pronunciadas textualmente hoy para describir la situación de la agricultura del sur de nuestro país.
Don Julio fue autor de muchísimas mociones parlamentarias que se convirtieron en ley, como la formación de la 10ª Agrupación Senatorial de Chiloé, Aisén y Magallanes , producto de una reforma constitucional; la creación del Casino de Puerto Varas; varias obras públicas en la ciudad de Valdivia, etcétera. Además, los vecinos de Llanquihue reconocen en él al principal impulsor de la creación de la comuna del mismo nombre. La ciudad de La Unión quiso reconocer tantos desvelos en su favor, y lo nombró como su Hijo Ilustre.
Su espíritu noble, pese a la época en que le tocó participar, tan polarizada políticamente, no le impedía reconocer la genialidad donde ella se encontrara. Así se refería a Pablo Neruda , en 1964, cuando la Cámara Alta le rendía homenaje: "Esta tarde, cuando el Senado quiere hablar de poesía y enaltecer la capacidad creadora de Chile, los Senadores liberales nos asociamos con júbilo y satisfacción al homenaje a un hombre que, cuando pasen los años y se borren las diferencias políticas, será para nosotros tanto como Gabriela Mistral o como los grandes próceres que prestigiaron el nombre de nuestra patria".
En fin, cuando debió dejar la labor parlamentaria, don Julio nunca pudo desprenderse de las preocupaciones que le causaban los problemas públicos y el porvenir de Chile. Su convicción democrática y su irreductible espíritu liberal lo hicieron mirar con desgano la excesiva prolongación del Régimen Militar; pero ello no fue obstáculo para ingresar en su momento a las filas del Partido Renovación Nacional.
Sus últimos años los pasó entre Santiago y La Unión, junto con doña María Érika y su hijo Julio Alejandro , con una sencillez y modestia de vida verdaderamente impresionantes. Su vida, entregada a la causa pública, no le fue ocasión de riqueza, lo que refleja su nobleza de alma y la rectitud de su proceder.
Señor Presidente, quiero rendir a don Julio un último homenaje en este Hemiciclo, porque se lo merece, porque con su muerte parte un hijo eximio de nuestra patria, un modelo de lo que era un chileno provinciano, educado en un liceo fiscal y formado en el servicio público; infatigable luchador por el bien colectivo, movido por un inigualable amor a Chile y, por sobre todo, con una confianza en la libertad humana admirable.
Reciban sus hijas Ilona y Gisela , su hijo Julio Alejandro y su mujer doña María Érika nuestros más sinceros sentimientos de pésame, porque es natural la tristeza que siente por la partida de un hombre bueno, que nos enluta a todos.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , en mi calidad de Senador por la Región de los Lagos y en nombre de los Senadores democratacristianos, adhiero al homenaje que el Senado rinde hoy día en memoria de don Julio von Mühlenbrock Lira .
Su carrera como periodista y Parlamentario - Diputado primero y Senador después- fue larga, sostenida, vibrante, constructiva. Su obra legislativa en beneficio de los habitantes de la Región que representó, mucho más extensa que la actual, fue abundante y generosa.
Don Julio fue un político de gran capacidad, personalidad, independencia e inteligencia. Su historia política se movió por ideales regionalistas y nacionalistas, siempre buscando el centro. Por ello, perteneció al antiguo Partido Liberal, al Agrario Laborista y al Nacional en sus épocas, manifestando permanentemente una gran independencia en sus acciones.
Poseía una cultura clásica muy especial, una oratoria formidable y una independencia que la expresó en todos sus actos y manifestaciones. Era una gran personalidad que no aceptó fácilmente normas partidistas, pero que tuvo siempre un sentido de nación y un gran amor por la gente del pueblo, particularmente por la del campo.
Su figura era muy conocida y respetada. Porque Julio von Mühlenbrock se destacaba por su fuerte y franco carácter, y, además, por su físico imponente y sus ademanes de vitalidad sobremanera generosa.
Tuve el agrado y el honor de conocerlo muy de cerca en La Unión (donde él residía), cuando se realizó la campaña del "No", en la cual participó activamente. Su casa en dicha ciudad era lugar de encuentro permanente: abierta, con cariño y alimentos para todos. En las concentraciones -a las cuales los ciudadanos iban no sin temor-, la gente recibía de él lecciones de una altura notable sobre la libertad y la democracia, con citas de memoria de los clásicos romanos y griegos, envueltas en una elocuencia sostenida y sonora.
Pertenecía a la estirpe de los antiguos tribunos, que entendían la política como una misión conductora en ideales y en servicios. Carecía de vanidad y su modestia de vida realzaba todavía más su cultura.
Aunque nacido en La Serena, sus ancestros germanos -tan visibles- lo situaron en la hermosa ciudad de La Unión, donde él y sus representantes que aún existen -los Grob, los Daiber y tantos otros descendientes de alemanes que en el sur formaron notables y refinadas familias- desarrollaron una agricultura de altísima calidad; industrializaron a la perfección sus productos; formaron ciudades con estilo; impulsaron el arte, y mantuvieron una cultura que ha enriquecido a Chile en todo sentido.
Don Julio von Mühlenbrock representaba esa fuerza, esa cultura, ese refinamiento, y merece que en la ciudad donde vivió tantos años, a la cual sirvió y en la que murió se eleve una estatua en su memoria.
Nuestro sentido pésame a su familia.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , hablo en nombre del Senador señor Parra , del Comité del Partido Por la Democracia, del Comité Socialista y en el mío propio, para adherir al homenaje recordatorio que tan justificadamente se rinde al ex Senador don Julio von Mühlenbrock .
Pocas veces se da el caso de un Parlamentario tan distinguido que, consciente de la trascendencia de la función legislativa, se dedicó por entero a una eficiente labor en diversas Comisiones del Honorable Senado, convencido de que era allí donde debía volcar el conjunto de su esfuerzo, de su capacidad y de su espíritu de trabajo en pro de una más certera participación en la formación de las leyes.
En efecto, el Senador señor Von Mühlenbrock se entregó por entero, durante los años de su labor parlamentaria, a trabajar en distintas Comisiones. Así puede comprobarse si se examina su acción en las Comisiones de Hacienda, de Economía, de Obras Públicas y de Agricultura. Lo hizo siempre convencido de la necesidad democrática de perfeccionar la descentralización administrativa en bien de las regiones, especialmente en beneficio de la que tuvo el honor de representar en la Cámara Alta por dos períodos.
De esa manera, no vamos a encontrar la acción de nuestro homenajeado si queremos hurgarla en los medios informativos o en la participación en reuniones donde pretendiera una exhibición que jamás buscó.
No obstante su condición de orador brillante, su acción fue siempre profundamente modesta, silente y sin otra proyección que no fuera la de una gestión fructífera, que se materializó en la defensa o presentación de muchos proyectos de ley que cumplieron la finalidad de proteger a su región y a los habitantes de ella, que durante años sufrieron el olvido de un centralismo contra el que siempre batalló con la tenacidad y la fuerza derivadas de su íntima convicción de que no se trataba de sus intereses personales, sino de las falencias de la vida azarosa de aquellas personas. Ello imprimía realmente un sello a su dignidad y condición humana de ardiente luchador contra los desvelos y postergados anhelos de los pobladores de regiones.
Tuve el honor de conocerle porque en forma periódica me visitaba en la Contraloría General de la República, invariablemente preocupado (y puedo dar fe de ello) de la defensa de los intereses de los habitantes de su zona, y jamás de cuestiones de índole personal.
Al adherir de la manera indicada al justificado homenaje que el Senado tributa a don Julio von Mühlenbrock , nos inclinamos reverentes ante su recuerdo y entregamos el testimonio de nuestro pesar a sus familiares y a sus compañeros de Partido.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señoras y señores, Honorables colegas:
En mi calidad de Presidente del Senado y en nombre de todos los Comités que componen esta Corporación, adhiero al justo homenaje que se tributa en esta Sala a quien fuera uno de nuestros pares: el Senador y amigo don Julio von Mühlenbrock Lira, recientemente fallecido.
Los Honorables señores Cariola , Valdés y Silva , quienes me antecedieron en el uso de la palabra, destacaron con justicia lo que fue la trayectoria de ese hombre público en el quehacer de nuestro país.
Durante dos períodos consecutivos, entre 1953 y 1961, fue Diputado , y luego, también por decisión de la soberanía popular, resultó elegido por dos períodos como Senador por la entonces Novena Agrupación Provincial, "Valdivia, Osorno , Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes" .
Hombre de vasta trayectoria pública, pero también exitoso en sus actividades personales. Me tocó conocerlo y trabajar junto a él en la época en que desempeñé los cargos de Subsecretario de Hacienda , primero, y Ministro de esa Cartera , después, como también ser su par en el Senado en 1973.
Quiero recordarlo en dicha experiencia y en ese conocimiento personal.
Era una persona afable, inteligente y de gran responsabilidad. Le veíamos dedicado a su función de mandatario de la gente de su región, a la cual trataba de representar en sus aspiraciones, y no descansaba hasta encontrar solución a los problemas que la afectaban.
Era tesonero. Intervenía constantemente y con mucho brillo en los debates del Senado, como asimismo en el trabajo de las Comisiones. Cuando llegaba el momento de discutir el proyecto anual de Ley de Presupuestos de la Nación, defendía con fuerza las asignaciones necesarias en cada uno de los Ministerios, de tal forma de traducirlas en obras concretas a favor de las provincias de su zona.
Por eso, si uno recorre el largo territorio que representó, verá en cada palmo de terreno parte del esfuerzo de ese hombre público.
Estoy seguro de que, si en sus tierras se pregunta hoy a la gente por Julio von Mühlenbrock, muchos contestarán vinculando su nombre a las obras de progreso local.
En ese sentido -excúsenme-, me siento obligado a agradecer a mi amigo Julio von Mühlenbrock la colaboración que siempre recibí de su parte cuando concurrí al Senado a pedir, en nombre del Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , el apoyo a diversas iniciativas legales de interés nacional. Muy especialmente recuerdo la destacada ayuda que me prestó para dar aprobación a la ley Nº 16.282, hasta hoy vigente, que nos permite afrontar con facultades excepcionales las emergencias que azotan en forma tan asidua a nuestro país.
Fue un hombre que siempre hizo prevalecer lo que consideraba de interés nacional, incluso por sobre lo que pudiera constituir sus compromisos partidarios.
¡Cómo voy a olvidar su participación activa y decisiva en el proyecto de chilenización del cobre y en el de reforma agraria!
Siempre estuvo dispuesto a trabajar por el bien de su patria y de la tierra que tanto quería.
Por ello, considero de toda justicia que hoy dejemos escrito en las páginas de nuestro quehacer diario en la Cámara Alta este merecido homenaje a nuestro querido colega y amigo Julio von Mühlenbrock Lira .
En nombre del Senado de la República, expreso a sus hijas, Giselle e Ilona ; a su hijo, Julio; a su cónyuge, María Erika Muñoz , y demás familiares aquí presentes, así como a los que no están ahora en la tribuna, nuestra gratitud por haber compartido la experiencia de vida de Julio von Mühlenbrock Lira y, asimismo, nuestros sentimientos de solidaridad ante tan sensible fallecimiento. Estoy seguro de que el Supremo Hacedor ha hecho justicia y lo ha acogido en el Más Allá.
He dicho.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se suspende la sesión por cinco minutos para despedir a los familiares de don Julio von Mühlenbrock.
__________________
--Se suspendió a las 17:53...
--Se reanudó a las 16:59.
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Bombal, sobre la Cuenta.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , deseo informar que se encuentra en el escritorio de todos los señores Senadores y señoras Senadoras el informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y que prohíbe la clonación humana. En la Cuenta de hoy quedó ya para tabla, de modo que lo ideal es que los señores Senadores se lo puedan llevar y analizar antes de la sesión en que se tratará, dada la naturaleza y complejidad del tema.
Según me ha señalado el señor Presidente , el proyecto podría estar en tabla en la primera semana de agosto, si es que no alcanzamos a verlo el miércoles próximo. Naturalmente, los señores Senadores y Senadoras podrán concurrir a la Comisión de Salud para solicitar todos los antecedentes complementarios que deseen.
En cualquier caso, señor Presidente, le solicito formalmente que el proyecto sea tratado en la primera semana de agosto, lo cual, me parece, les permitirá a todos estudiarlo con el detenimiento que merece.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo respecto de la proposición del Senador señor Bombal de tratar este proyecto en la primera sesión del mes de agosto?
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO.-
Deseo hacer una observación. A mi juicio, ha hecho muy bien el Senador señor Bombal, Presidente de la Comisión , al recordar la importancia del proyecto y al disponer que el informe sea entregado con suficiente antelación, pero no veo razón para no tratarlo la próxima semana. En todo caso, dejo la decisión a la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Mesa es partidaria de tratarlo en la primera semana de agosto,...
El señor SABAG.-
Para agosto está bien, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿ya que la próxima semana deberemos debatir el proyecto de ley de OPAS y el tratado minero.
El señor BOMBAL.-
Exactamente, ésa fue la razón de postergarlo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo, entonces, para tratar el proyecto sobre investigación científica en el ser humano en la primera sesión de agosto?
Acordado.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Sin perjuicio de la solicitud hecha por los Senadores señores Bombal y Viera-Gallo, me permito proponer un cierto acuerdo de Comités en orden a terminar la discusión general del proyecto ese mismo día. A veces, por exigencias de la tabla, tiene que interrumpirse, pero en este caso se trata de una materia bastante complicada, de modo que sería ideal agotar la discusión general en una sola sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa queda facultada para proceder en esa forma, señor Senador.
V. FÁCIL DESPACHO
FACILIDADES PARA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS FAMILIARES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Zaldívar (don Andrés), Lavandero, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Adolfo), que establece normas para facilitar la creación de microempresas familiares. La iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1241-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Zaldívar (don Andrés), Lavandero, Ruiz-Esquide y Zaldívar (don Adolfo).
En primer trámite, sesión 6ª, en 16 de junio de 1994.
Informe de Comisión:
Economía, sesión 8ª, en 5 de julio de 2000.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
El proyecto tiene por objeto facilitar la creación de microempresas familiares, eximiéndolas de la aplicación de ciertas normas que establecen limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las ordenanzas municipales y de las autorizaciones que deben otorgar en ciertos casos las autoridades sanitarias u otras que contemplen las leyes.
En su informe, la Comisión señala que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes: Honorables Senadores señora Matthei y señores Lavandero, Novoa y Zurita, y lo mismo ocurrió en la discusión particular.
En síntesis, la Comisión de Economía propone su aprobación en los términos señalados en el informe, como asimismo, que, por tratarse de un artículo único, sea discutido en general y en particular a la vez.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que el límite de discusión de una materia en Fácil Despacho es de 10 minutos. Por lo tanto, voy a dar la palabra por dos o tres minutos, primero, al señor Presidente de la Comisión , y luego a los demás inscritos: los Senadores señores Lavandero, Foxley y Moreno.
En discusión general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.-
Señor Presidente, intervendré brevemente para informar el proyecto.
En primer lugar, se modifica el artículo 26 de la Ley de Rentas Municipales, que establece las formalidades para el otorgamiento de patentes, y se le agrega una norma que dispone que las limitaciones relacionadas con la zonificación y las autorizaciones que puedan exigir otras leyes no se aplicarán a las microempresas familiares. La única autorización necesaria es la incorporada en el Decreto Supremo Nº 60, del Ministerio de Salud, que contiene el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
En segundo término, se define microempresa familiar como aquella actividad económica que se desarrolla en la casa habitación familiar, que laboren en ella hasta tres personas ajenas a la familia, que los activos productivos no excedan de 500 unidades de fomento y que el promedio de ventas no sea superior a 250 unidades de fomento mensuales.
Tercero, se señala que la microempresa familiar podrá desarrollar cualquier actividad, con la sola limitación de no producir ruidos, gases, humos u olores molestos. En la Comisión quedó claramente establecido que la fiscalización municipal será "ex post". No se trata aquí de exigir el cumplimiento de requisitos que acrediten la no producción de ruidos, gases u olores molestos, sino sencillamente de que la municipalidad aplique sus atribuciones normales de fiscalización para corregir este tipo de inconvenientes.
Finalmente, se establece que, para acogerse a ciertos beneficios tributarios, básicamente los que se otorgan a los pequeños contribuyentes en virtud de la Ley de Impuesto a la Renta y la declaración simplificada del IVA de acuerdo con la ley pertinente, estas microempresas deberán inscribirse en el municipio respectivo.
Debo señalar, señor Presidente , que no se pretende introducir modificaciones a los cuerpos legales tributarios ya mencionados, porque si así fuera, la ley adolecería de inconstitucionalidad, por ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Sólo se incorpora un requisito para que las microempresas familiares puedan acogerse a los beneficios tributarios ya establecidos, y que están consagrados en la definición de microemperesario o de pequeño empresario, la que puede ser levemente distinta. La idea es que en su reglamentación el Servicio de Impuestos Internos pueda asimilar estas microempresas familiares a aquellas pequeñas empresas que gozan de dichos beneficios.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hay seis señores Senadores inscritos. Pediría que fueran breves para los efectos de cumplir con el tiempo de Fácil Despacho.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente , en realidad el informe del señor Presidente de la Comisión de Economía es muy completo. En él está prácticamente todo.
Solamente quiero señalar que el objetivo del proyecto es favorecer a alrededor de 250 mil microempresas informales, como las de gasfíteres, mueblistas y chapistas, y que en la actualidad funcionan en la casa habitación familiar. Tal informalidad deriva de que la municipalidad les exige el cumplimiento de los mismos trámites que a un empresario grande. Son alrededor de 64 trámites. En esas condiciones, es muy difícil que puedan legalizar su actividad. Entonces, se trata de que su formalización permita fácil acceso a créditos, a los subsidios que reciben las microempresas y a la capacitación. Como lo señaló el Honorable señor Novoa , el control municipal en caso de que la microempresa familiar produzca ruidos, gases, humos, olores molestos o contamine en cualquier forma, será "ex post".
Además, es distinta la situación de una microempresa instalada en una ciudad grande que en una pequeña, en un barrio alejado, o en otras condiciones. Hoy día se exigen los mismos requisitos para todas las empresas, tanto para las medianas y microempresas como para las pequeñas empresas de carácter familiar.
Por esa razón, invito a aprobar por unanimidad el proyecto, pues procura resolver un problema a gran cantidad de personas.
La iniciativa también contribuirá a reducir la actual cesantía. En la Comisión planteé -al igual que la Honorable señora Matthei- la posibilidad de que los recursos que las municipalidades destinan a dar empleo a cesantes se transformen en un subsidio de hasta 80 por ciento de un sueldo mínimo mensual a aquellas microempresas familiares que contraten a una persona, lo cual permitiría dar ocupación a cerca de 150 a 200 mil personas, lo cual contribuiría a disminuir o a absorber la cesantía en la Región que represento, en donde está muy extendida la microempresa, o en otras Regiones, como la Décima o la Séptima, que no tienen grandes industrias.
Desgraciadamente, esta indicación debía contar con el apoyo del Ejecutivo. Por la celeridad con que se tramitó el proyecto, se prefirió legislar después sobre esta materia. La indicación no se aceptó ni el Ejecutivo la patrocinó.
En todo caso, solicito aprobar por unanimidad el proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente, la moción en debate es un muy buen ejemplo de la iniciativa parlamentaria, ya que, no obstante sus alcances limitados, apunta a dos problemas fundamentales.
El primero se refiere al rol que cumple la microempresa como mecanismo de conducción de situaciones personales y familiares. Para los carentes de una alternativa de empleo formal y que, por lo tanto, se encuentran en condición desempleo crónico, la microempresa de alguna manera les sirve de refugio, al permitirles aprender gradualmente un oficio y eventualmente convertirse -por así decirlo- en incubadoras de lo que después será una pequeña empresa.
No es menor el impacto de la microempresa en la economía chilena. No obstante definirse la microempresa como la que ocupa a menos de 10 trabajadores, ellas son las responsables de cerca del 40 por ciento del empleo, su producción total -por cierto la cifra es muy gruesa- se estima cercana al 10 por ciento del producto interno bruto y generan en promedio un ingreso de 130 mil pesos per cápita al mes. Si bien ésta es una cantidad un poquito mayor que el salario mínimo, la alternativa de esas personas es simplemente no disponer de trabajo alguno.
Por eso, creo que el proyecto apunta a un tema fundamental: a atacar el desempleo más duro y donde más cuesta reducirlo, que es el que afecta a quienes no tienen posibilidad alguna de inserción en el mercado formal.
El segundo punto -aun cuando su alcance es modesto, me parece importante- apunta a la tramitación que sufren la mayoría de las personas que desean iniciar una nueva actividad económica. Esto constituye una especie de mal de la burocracia que se halla presente en todos los niveles del sector público, particularmente en el ámbito municipal. En efecto, el hecho de conseguir una patente municipal es, para cualquier pequeño comerciante o industrial o para quienes trabajan en su hogar, un proceso que puede demorar meses y a veces años. Todos sabemos, como Parlamentarios, que hay pequeños industriales que llevan años con una patente provisoria, que no se regulariza nunca y que -entre paréntesis- por tener ese carácter induce, en la medida en que se mantiene su transitoriedad, a problemas de corrupción.
Por lo tanto, el hecho de eliminar trámites es algo fundamental para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en el caso de las pequeñas, sólo en la Región Metropolitana -tengo en mi poder las cifras- existen mil quinientas empresas congeladas desde 1994, que generan 52 mil puestos de trabajo, y que se han metido en el pantano burocrático para tratar de regularizar su situación. Estamos en el año 2000 y todavía no lo logran, excepto en la comuna de La Granja.
Por consiguiente, en esta materia se da un paso, que constituye una señal, aunque sea modesta, para que cualquier persona a quien le es imposible trabajar en otra parte más que en su hogar, pueda empezar a laborar con tranquilidad y no tenga que experimentar la pesadilla de los papeleos, los trámites, las consultas con los funcionarios públicos para iniciar una actividad.
En mi opinión, es una señal modesta, pero a la vez potente en la dirección correcta, que ayuda a resolver el problema del desempleo más duro y estimula a las personas a colaborar entre sí en el seno del hogar para aprender un oficio y posteriormente integrarse a una economía más formal y moderna.
Por eso, suscribo lo señalado por el Senador señor Lavandero. A mi juicio, es un proyecto que debería aprobarse por unanimidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido a Sus Señorías que ojalá sus intervenciones sean breves.
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , no abundaré en los argumentos ya esgrimidos. Me sumo, ante todo, a las felicitaciones hacia quienes tuvieron la iniciativa de presentar el proyecto en análisis.
Sin embargo, deseo dejar consignado en la historia de la ley un elemento que veo aquí de gran peligrosidad. Porque, en la medida en que avanza el desarrollo del país y el debate, hay una nomenclatura que va estableciéndose y que tiende, en el fondo, a marginar a un sector importante de personas que hoy son microempresarios y que ni este proyecto ni otra terminología que se está usando los incorpora como tales. Me refiero a los más de 180 mil pequeños empresarios agrícolas, que no se hallan atendidos por el INDAP. Se trata de personas que viven en el medio rural, muchas de ellas habitan en poblados pequeños, y que no son atendidas por empresa alguna ni se encuentran catalogadas dentro de los 220 mil pequeños empresarios a los cuales aludieron el Honorable señor Lavandero y otros señores Senadores. Por ende, integran la categoría de "excluidos", conforme al pensamiento y los instrumentos que el Estado chileno está diseñando para aquéllos.
Por consiguiente, apruebo la iniciativa, pero deseo que quede consignado en la historia de la ley que esas 180 mil familias son también sujetos de beneficio de aquello que esta ley en proyecto establece.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se dejará constancia de lo planteado por Su Señoría.
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , deseo hacer dos comentarios. En primer lugar, lamento que se haya rebajado de 5 a 3 el número de trabajadores extraños que pueden formar parte de la microempresa familiar. Me parece que la idea contemplada en el proyecto es estupenda para absorber la cesantía y desarrollar un concepto de empresa, aun cuando ésta sea mínima. Sin embargo, el hecho de establecer dicha disminución significa no entender que, si uno de los tres trabajadores se enferma o le ocurre algún problema, la empresa comienza a tener fallas de funcionamiento. A mi juicio, debió haberse mantenido la posibilidad de que laboraran cinco trabajadores, como se propuso inicialmente, dado el impacto que podría tener la ausencia de uno de ellos en cualquiera actividad que se emprenda en el hogar.
En segundo término, debería considerarse como miniempresario al pescador artesanal, sobre todo cuando dispone de una embarcación, lo cual se halla perfectamente definido. Ello le permitiría acceder a todas las facilidades correspondientes a la microempresa. Dicha exclusión, por el hecho de que la actividad económica debe ejercerse en la casa habitación familiar, etcétera, deja fuera a muchos trabajadores como son, por ejemplo, los pescadores artesanales, cuya actividad es la pesca que comercializan en sus botes en las caletas.
Estimo que aquí faltó esa visión más marítima en lo que respecta a la economía familiar en Chile.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, el Senador señor Novoa y quien habla, ante todo, nos alegramos mucho del proyecto en estudio.
Ser empresario es muy difícil; ser pequeño empresario lo es aún más. Este último no tiene acceso al crédito y generalmente carece de garantías. Ser empresario, en el fondo, es resignarse a que en algunas ocasiones les va a ir bien y en otras mal. No disponen de un sueldo fijo, como del que gozan trabajadores que incluso perciben el salario mínimo, por bajo que éste sea. Aquí, en cambio, muchas veces una familia entera depende de si ha logrado o no hacer negocios en el mes.
Sin embargo, es muy bueno que haya pequeños empresarios y que entiendan cuáles son los riesgos, cómo funciona el mercado. Porque, además, muchos de ellos pueden efectivamente ir creciendo y estableciendo algo que es valioso dentro de su comunidad.
En ese sentido, aun cuando el proyecto obviamente es modesto -nos hubiera gustado hacer mucho más cosas respecto de las cuales carecemos de iniciativa-, consideramos que constituye un gran aporte. Porque, por lo menos, al hallarse legalizadas las microempresas familiares podrán acceder a los beneficios, por ejemplo, que otorgan la CORFO y las diversas líneas de apoyo que el Estado mantiene para las pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, el Senador señor Novoa y quien habla felicitamos a los autores de la iniciativa. Esperamos que tenga efecto y alivie la carga a esos pequeños empresarios que se encuentran en todo Chile y que, en general, atraviesan por tiempos muy difíciles.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , deseaba, en primer lugar, felicitar al Senador señor Lavandero -en este momento no se halla presente en la Sala-, porque demuestra una gran ductilidad y apertura para tratar distintas materias en un proyecto que comparto y que no se refiere al cobre. En efecto, la microempresa, en general, no se dedica a la producción de este metal, lo cual demuestra que Su Señoría -quien acaba de incorporarse a la Sala-, además de su insistencia en los temas del cobre, ha tenido la versatilidad para abordar con energía una materia como la de la microempresa.
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?
El señor BITAR.-
Con mucho gusto, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Recuerdo a Su Señoría que una de las grandes actividades de la microempresa respecto del cobre es la producción de joyas.
Es cuanto deseaba hacer presente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa con la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , aprovechando la observación formulada por el Senador señor Martínez , deseo señalar que probablemente ahora vendrá un proyecto para rebajar el impuesto al lujo, al oro, lo cual permitirá también alentar a los joyeros. Por lo tanto, Su Señoría puede estar tranquilo, porque habrá ventajas por ambos lados.
Además, deseo expresar -junto con los demás argumentos esgrimidos- que un paso como éste debe abrirnos también a la adopción de medidas acerca de otras microempresas ya constituidas que no operan en los hogares y ocupan a muy poca gente. Al respecto, es preciso que el Ejecutivo tome con prontitud las medidas que el propio Presidente de la República anunció el 21 de mayo, en cuanto a acortar los plazos, que serían muy breves, para la creación de empresas nuevas.
Asimismo, con motivo de la materia que nos ocupa, quiero informar que en la Región que represento, así como en las Regiones extremas del sur, se aplicará el decreto ley Nº 889, que constituye un subsidio a la pequeña y microempresa, en general para la contratación de mano de obra. Y éste puede ser orientado también con más fuerza para la creación de microempresas, y con ello, más el proyecto en análisis, ir articulando un conjunto de medidas más potentes sobre el particular. Hemos pedido también al Gobierno extender la vigencia del decreto ley Nº 889 en uno o dos años más, dada la situación de desempleo en las Regiones extremas del país.
Por último, opino que lo propuesto en el proyecto en estudio mira al futuro. Otorga más flexibilidad para el trabajo, especialmente de personas jóvenes y de la tercera edad, que permanecen en sus hogares, que poseen habilidades y no se hallan en condiciones de crear una empresa fuera de su vivienda. Por lo tanto, a mi juicio, ello redunda también en un beneficio para la afirmación de la familia y del trabajo conjunto de ella.
Destaco lo anterior al fundamentar el voto e inclinarme por la aprobación del proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Luego de la intervención del último inscrito -el Senador señor Ruiz-Esquide-, procederemos a votar el proyecto.
Asimismo, solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar el tiempo de Fácil Despacho a fin de tratar la otra iniciativa de la tabla.
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , la ventaja que reviste el proyecto la constituye el hecho de que puede significar un desarrollo muy importante para las comunas más alejadas de los grandes centros. Hay provincias completas -representadas aquí por distintos señores Parlamentarios-, como el caso de la provincia de Arauco, de la circunscripción del Senador que habla, donde la solución del desempleo y el mejoramiento de la economía, tanto en lo agrario como en lo no agrario, puede depender del tipo de la iniciativa hoy en análisis.
Por lo tanto, como ella parte de la moción formulada por el señor Presidente, la aprobaré con satisfacción.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Deseo agregar algunas palabras, como uno de los autores del proyecto.
La verdad es que presenté la iniciativa debido al conocimiento que tengo de la existencia de la empresa familiar en otros países, como Italia y España, donde realmente se motiva su desarrollo mediante la eliminación de toda clase de barreras y controles burocráticos. Hoy día, en esos países, gran parte del trabajo en la industria del vestuario, del cuero y del calzado se realiza en las casas, y en él participan el jefe de hogar; su mujer, en los tiempos que tiene descanso, y el hijo joven quien, después de llegar del colegio y cumplir con sus deberes escolares, ayuda también a sus padres. Ello ha permitido que Italia ostente un alto índice de actividad y de trabajo, lo cual representa ingresos adicionales para el hogar.
Ahora, la norma del proyecto establece "tres trabajadores extraños a la familia". Normalmente, en este tipo de empresas casi siempre trabaja la familia, y se adicionan una o dos personas. En el camino podrá examinarse su funcionamiento; pero espero que esta iniciativa abra un espacio.
En mi opinión, para que esta normativa produzca pleno efecto debe existir una disposición -así se lo señalé a los señores Ministro de Hacienda y Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos- que permita a las empresas más grandes encargar trabajos a estas familiares y que esa labor no se califique como transferencia o compraventa para efectos del IVA. Ello hará posible que la empresa entregue a la familia los elementos para confeccionar los artículos, y el empresario los recibirá terminados, pagando luego el IVA al momento de la transferencia final.
Por lo tanto, el proyecto debe ser complementado en tal sentido, y espero que eso ocurra durante su tramitación en la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , por las consultas que se han formulado en la Sala, tengo la impresión de que habría ambiente para elevar la cifra a cinco trabajadores extraños a la familia. ¿Es eso lo que se aprueba?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador. El proyecto habla de tres; pero si hay acuerdo unánime, se pueden subir a cinco.
El señor FOXLEY .-
Propongo que aprobemos la norma con cinco trabajadores extraños.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , consulté a los miembros de la Comisión -sólo me faltó preguntarle al Senador señor Bitar-, y hay acuerdo unánime para elevar la cifra a cinco trabajadores. La limitación se producirá por el hecho de que las labores deben realizarse en la casa familiar. Si se contrata a cinco personas extrañas y continúa siendo una empresa familiar, no habría inconveniente.
Si la Sala lo acuerda por unanimidad, podría fijarse un límite de cinco trabajadores extraños a la familia.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , quiero aclarar, primero, qué se entiende cuando se habla de "familia". ¿Es la familia directa? Si se trata de sobrinos u otros parientes, el número de personas puede resultar bastante más vasto. Pero si se limita al padre, los hijos, los abuelos, en fin, entonces se puede hablar de cinco.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La norma se refiere al núcleo familiar.
El señor BITAR.-
Temo que si damos un paso muy extenso en esto, como existe un conjunto de microempresas que funcionan en talleres, etcétera, se puede desviar un poco la energía en un solo sentido: hacia el trabajo dentro de la casa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo en modificar en la letra b) del Nº 1 del artículo único la expresión "tres trabajadores" por "cinco trabajadores"?
Aprobado.
--Se aprueba en general y particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , desconozco si se estudió la constitucionalidad de la iniciativa que acaba de ser aprobada, porque tengo la impresión de que se determinan atribuciones pertenecientes a organismos del Estado.
Aunque, como todos, comparto absolutamente el proyecto, no desearía que al final del camino nos encontráramos con un problema de inadmisibilidad del mismo.
El número 1 de la iniciativa establece que "Las limitaciones y autorizaciones señaladas no se aplicarán a la microempresa familiar". ¿A cuáles se refiere? A ciertas autorizaciones municipales o de organismos de salud, que son algunas de las entidades estatales señaladas en el número 2º del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución Política, cuando indica que la determinación de funciones o atribuciones corresponderá a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La constitucionalidad de esta materia ya fue analizada, señor Senador.
El señor LARRAÍN.-
¿Su Señoría, como Presidente del Senado , asume la responsabilidad en esto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, señor Senador. Y también lo hacen la Comisión y el Ejecutivo , el que participó en la discusión del proyecto y no formuló observaciones de constitucionalidad.
El señor BOENINGER.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto ya está aprobado, señor Senador.
El señor BOENINGER.-
Sólo para hacer un alcance.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , sugiero que la Comisión de Economía -sin perjuicio de que se envíe un oficio al Ministerio del ramo- atienda la preocupación manifestada en la Sala por el Senador señor Martínez con relación a los pescadores artesanales y a los microproductores agrícolas, quienes obviamente no se hallan comprendidos en la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sin perjuicio del oficio mencionado, quiero hacer presente, señor Senador, que de acuerdo con las normas de los decretos leyes Nºs. 824 y 825, de 1974, para estos efectos a los pescadores artesanales se les aplica un régimen tributario especial.
El señor BOENINGER.-
Por eso, habría que oficiar al Ministro de Economía .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Por lo tanto, les basta con obtener la patente respectiva.
¿Habría acuerdo en la Sala para enviar el oficio solicitado, en nombre del Senador señor Boeninger?
--Así se acuerda.
AUTORIZACIÓN PARA SUBDIVISIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que autoriza la subdivisión de un predio rústico en favor de las personas que indica, originado en moción de los Senadores señores Sabag, Matta, Pizarro y Andrés Zaldívar, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2223-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Sabag, Matta, Pizarro y Zaldívar (don Andrés).
En primer trámite, sesión 25ª, en 1º de septiembre de 1998.
Informe de Comisión:
Agricultura, sesión 8ª, en 5 de julio de 2000.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Cabe consignar que se dio cuenta de la iniciativa en la sesión de 1 de septiembre de 1998. Primitivamente fue enviada a la Comisión de Agricultura, y luego a la de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Posteriormente, en sesión de 4 del mes en curso, se acordó suprimir su trámite a esta última Comisión.
El informe señala que el objetivo fundamental del proyecto apunta a consagrar una nueva excepción a la regla general contemplada en el artículo 1º del decreto ley Nº 3.516, de 1980, que prohíbe la división de predios rústicos en superficies inferiores a media hectárea, permitiendo en consecuencia dividir estos inmuebles en cabida de menos de media hectárea, cuando se trate de transferencias a cualquier título y por una sola vez a un ascendiente o descendiente del propietario por consanguinidad o afinidad.
Lo anterior procederá sólo respecto de aquellos predios que no se hayan originado en subdivisiones efectuadas de acuerdo al citado decreto ley, y cuyo avalúo fiscal no exceda del equivalente a mil unidades de fomento.
El informe añade que la Comisión aprobó el proyecto en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Cariola, Larraín, Moreno y Sabag.
Por último, el órgano técnico propone a la Sala aprobar el texto de la iniciativa, que consta de un solo artículo, y que obra en poder de Sus Señorías.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, deseo informar, como Presidente de la Comisión de Agricultura, que ésta, por unanimidad, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, originada en moción de los Senadores señores Sabag, Matta, Pizarro y Andrés Zaldívar.
El proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional, pretende resolver un problema real que se presenta en el campo, cual es la dificultad que enfrentan los pequeños productores y la familia campesina en general de poseer un terreno con el cual postular a los subsidios habitacionales y otros semejantes.
La iniciativa autoriza que en los predios rústicos de superficie superior a media hectárea se pueda realizar una subdivisión desde 500 hasta mil metros, cuando el avalúo fiscal total del terreno no supere las mil unidades de fomento. Es decir, se permite hacer lotes de ese tamaño para ascendientes o descendientes del propietario, lo cual les posibilitaría -reitero- postular al subsidio habitacional al eliminar, en realidad, uno de los obstáculos que efectivamente, en el ámbito rural, más entraban tal postulación.
Como una manera de garantizar que tales subdivisiones no seguirán un camino distinto, se establece la prohibición de enajenar durante un plazo de cinco años, contado desde la inscripción de la escritura.
Estas consideraciones nos han hecho pensar que se trata de una iniciativa de evidente beneficio rural.
Por eso, habiéndose, además, eliminado una de las facultades que en principio se concedía a la municipalidad para regular y establecer límites a la aplicación de estas disposiciones -materia que, también, por tratarse de atribuciones municipales, no era de carácter constitucional, y fue retirada por sus autores-, nos pareció que el proyecto merecía toda nuestra aprobación.
Por ese motivo, recomendamos a la Sala aprobar por unanimidad esta iniciativa, como lo hizo la Comisión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, lo daríamos por aprobado.
--Por unanimidad, se aprueba en general y particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la tabla de Fácil Despacho.
RESPALDO A GOBIERNO DE CHILE ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN RELACIÓN CON PESCA DE ALBACORA. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha llegado a la Mesa un proyecto de acuerdo, del cual el señor Secretario dará cuenta. En conformidad al Reglamento, quedará para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
El proyecto de acuerdo, suscrito por los Honorables señores Pizarro , Horvath , Ruiz De Giorgio , Zurita , Vega , Martínez , Stange , Canessa , Aburto y Sabag , luego de las consideraciones que indica, propone en su parte resolutiva lo siguiente:
"1.-
Respaldar las iniciativas que ha emprendido el Gobierno ante los organismos internacionales en orden a impedir que se acoja el requerimiento formulado por la Unión Europea para que buques de pabellón extranjero que efectúan pesca de albacora en el mar presencial o en altamar puedan recalar en puertos chilenos, y
"2.-
Instar al Gobierno de la República para que recurra ante las instancias que franquea el Derecho del Mar, con el fin de hacer valer sus legítimos derechos en pro de la conservación de estos recursos amenazados y en defensa de la soberanía de sus puertos y de sus espacios marítimos.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El proyecto de acuerdo debería votarse en la próxima sesión ordinaria, salvo que la Sala, por unanimidad, resuelva pronunciarse de inmediato.
¿Habría consenso en tal sentido?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los señores Senadores que deseen adherir con su firma al proyecto de acuerdo pueden hacerlo.
El señor LARRAÍN.-
Que lo suscriba el Senado como tal, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará.
V. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea la Defensoría Penal Pública, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2365-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 10 de mayo de 2000.
Informe de Comisión:
Constitución, sesión 9ª, en 11 de julio de 2000.
El señor HOFFMANN ( Secretario Subrogante ).-
La Comisión expresa en su informe que el principal objetivo del proyecto es establecer el sistema de defensa penal pública que integrará la reforma procesal penal, con el propósito de que todo imputado por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía, que no cuente con un abogado, tenga la asistencia de un letrado ante el fiscal del Ministerio Público y los tribunales de justicia con competencia en lo criminal.
Para ese propósito, se crea la Defensoría Penal Pública, servicio público que administrará el sistema y regula la participación en la prestación de la defensa penal de letrados particulares, seleccionados mediante licitaciones que se efectuarán a nivel regional.
Agrega que el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva.
En consecuencia, propone a la Sala aprobar en general el proyecto en la misma forma en que fue comunicado por la Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe dejar constancia de que el proyecto requiere para su aprobación de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, veintisiete votos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general el proyecto.
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingrese el asesor del Ministerio de Justicia, don Mauricio Decap.
--Se accede.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la Defensoría Penal Pública, cuyo proyecto que la establece estamos analizando ahora, es uno de los elementos esenciales en la modificación de todo el sistema criminológico chileno.
Primero, fue la creación del Ministerio Público y su ley orgánica; luego, el nuevo Código Procesal Penal; enseguida, las normas, ya modificadas del Código Orgánico de Tribunales; después lo relativo al Defensor Público , quedando sólo las leyes adecuatorias entre la acción del fiscal y los distintos procedimientos que en materias de investigación tienen hoy algunos otros servicios públicos.
La Defensoría Penal Pública, se crea, desde luego, cumpliendo en primer lugar el mandato de la Constitución, conforme a la cual cada persona tiene derecho al debido proceso y a un defensor. Nadie podrá impedir, restringir o perturbar su intervención.
En seguida, en cumplimiento también de los tratados internacionales, a los que Chile ha adherido y que forman parte del Texto Fundamental, en conformidad a su artículo 5º, entre los cuales destacan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica, se consignan obligaciones con respecto a la defensa.
El nuevo Código Procesal Penal -que acaba de despachar el Senado- exige la presencia del defensor como requisito indispensable para evitar la nulidad del procedimiento penal. De manera que resulta necesario que nos preocupemos de que todos los inculpados -en adelante no sólo tendrán un juez que los juzgue, sino que habrá también un fiscal del Ministerio Público, que defienda a la víctima y los acuse- tengan derecho a un defensor.
En el caso de que éstos no tengan recursos económicos para elegir un defensor, o en el de que, contando con ellos, se nieguen a designar uno, entra en funciones la institución de la Defensoría Penal Pública.
En la Comisión aprobamos en general el proyecto de la Cámara de Diputados, que contenía una serie de disposiciones que necesitaban del patrocinio del Presidente de la República y que no fue prestado durante el primer trámite constitucional. Esto lo hicimos presente al señor Ministro de Justicia , señalando que la Comisión no podría despachar la iniciativa mientras no contara con el patrocinio oficial, pero que no era intención de ella perturbar su tramitación.
El señor Ministro antendió a nuestra petición, y recibimos dentro de breve plazo la indicación del Ejecutivo , el cual, para evitar las dudas y ambigüedades respecto de si algunos artículos necesitaban o no necesitaban de su patrocinio, presentó una indicación sustitutiva total. En realidad, esto no es así, porque sólo modifica algunos artículos del proyecto de la Cámara de Diputados, pero da su patrocinio a toda la iniciativa, tal como está. Lo anterior hace que los escrúpulos constitucionales de la Comisión fueran disipados, y de acuerdo con el nuevo reglamento, aprobó en general el proyecto. En la discusión particular se estudiará artículo por artículo, cuestión que no se realizó en esta oportunidad.
Los señores Senadores tienen en su poder el texto aprobado por la Cámara de Diputados sobre el cual deben formularse las indicaciones. También se encuentra en la Secretaría de la Comisión la indicación del Ejecutivo, que también constituye un elemento que permite conocer lo que éste planteó respecto de ciertos artículos.
Hago presente que el hecho de que la Comisión haya aprobado en general el proyecto, no significa que ésta concuerde con el sistema propuesto por el Gobierno. Porque no nos pronunciamos sobre ello, sino sobre la necesidad de crear una institución de defensoría penal pública. Lo que se propone es un sistema mixto, donde se crea una defensoría penal como servicio público para ciertas funciones, principalmente de supervigilancia del sistema, y también se permite la licitación a profesionales privados, a los cuales puede encargarse la defensa.
El Colegio de Abogados nos hizo diversas observaciones, que la Secretaría de la Comisión resumió y transmitió fielmente en su informe, a objeto de que los señores Senadores que presenten indicaciones al respecto puedan conocerlas.
En consecuencia, pido al Senado la aprobación en general de este proyecto, que constituye una pieza indispensable de la reforma procesal penal. Y podría fijarse como plazo para presentar indicaciones hasta después de la semana regional, de modo que el martes siguiente a ella la Comisión pueda abocarse en particular al proyecto, a fin de que sea despachado luego por el Parlamente y ser ley de la República lo antes posible. Ello, porque debe entrar a regir antes de que lo haga el Código Procesal Penal en las Regiones Cuarta y Novena.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , estamos en la discusión de una pieza fundamental de la reforma procesal penal. En relación con el proyecto, lo primero que deseo decir es que llega a conocimiento general de la Sala muy mejorado respecto de la forma como se nos dieron a conocer en su momento las ideas matrices que lo conformaban.
Sin embargo, parto por constatar, por una parte, la existencia de un desequilibrio o desnivel entre la fuerza del Ministerio Público, de rango constitucional, con 600 funcionarios en todo el país, y por otra, la Defensoría Penal Pública que se nos propone, que si bien es un paso adelante, no alcanza a contrapesar el poder de aquél.
El funcionamiento de la reforma requerirá, entonces, de un sistema idóneo de defensa para el imputado. En la actualidad, 90 por ciento de las personas acusadas de delito resultan condenadas, lo cual es obvio, porque el juez acusa, investiga y sanciona. Y no puede ser que esta misma proporción se mantenga con la reforma.
El proyecto en análisis establece un servicio público descentralizado, estructurado en todas las regiones del país y en algunas ciudades mediante las Defensorías Locales, encargadas de llevar adelante la defensa pública.
Junto con anunciar mi voto favorable a la idea de legislar -es esencial, como señaló el Honorable señor Díez , para que avance la reforma-, deseo hacer presente algunas dudas o reparos al proyecto, para que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento los tenga en cuenta cuando lo estudie en particular.
En primer término, no me parece adecuada la composición del Consejo, que figura en el artículo 13 de la iniciativa. Creo que faltan representantes de los colegios de abogados. Me parece que sería lógico, dada la tradición existente en Chile, en cuanto a la función social que cumplen esos organismos profesionales en la defensoría de las personas de escasos recursos.
El señor DÍEZ .-
¿Me concede una interrupción, señor Senador ?
El señor VIERA-GALLO.-
Con todo agrado, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , la razón de la omisión de los colegios de abogados en el Consejo se debe a que existe la posibilidad de que los mismos colegios se presenten a las licitaciones para asumir la defensoría pública en aquellas partes en que estén organizados. En consecuencia, no se quiere que los colegios postulen a la licitación y, al mismo tiempo, pertenezcan a los organismos que los representan.
Gracias, Honorable colega.
El señor VIERA-GALLO .-
En todo caso, no me parece lógico que los colegios de abogados se presenten a licitación en cuanto tales. Convengo en que se presenten los estudios, las personas; pero tales corporaciones tienen una función pública o semipública, lo que excede el hecho de que el colegio pueda asumir la defensoría. Será algo que debemos discutir en su momento.
El señor DÍEZ.-
¿Me concede otra interrupción, Honorable colega?
El señor VIERA-GALLO.-
Con la venia de la Mesa, con todo agrado.
El señor DÍEZ .-
La Comisión no se ha impuesto del sistema español, que es distinto del nuestro. Son los colegios de abogados los que asumen la defensoría pública. De manera que valdría la pena intentar que, por lo menos, por licitación, los nuestros puedan seguir el sistema peninsular, que ha sido bastante exitoso y que históricamente lleva varios siglos en aplicación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa con el uso de la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, simplemente estoy planteando una duda o reparo, y me parece muy bien que se discuta el tema.
El segundo punto es que no me parece muy clara la distinción de atribuciones entre el Consejo y las Defensorías Regionales. No creo que sea aquél el llamado a convocar a licitaciones y ellas deben hacerse a nivel regional. En eso echamos de menos una suerte de Consejo Regional, en torno del Defensor Regional; pero no creo que las licitaciones que se hacen cada tres años deban partir de Santiago.
Un tercer aspecto que deseo plantear se refiere a la ubicación de las Defensorías Locales, porque la base de la defensoría y lo que llegará a la gente (si alguien es detenido un viernes, por ejemplo) será el defensor a nivel local.
El proyecto establece que las Defensorías Locales existirán en ciudades de más de 50 mil habitantes. Estimo que eso puede constituir un error y opino que debe darse más libertad al propio organismo para determinar su forma y distribución espacial. Porque puede ser que haya una gran distancia física entre la persona que requiere el servicio y la sede de la defensoría, aun cuando el artículo pertinente establece que la Defensoría Local puede trasladarse a lugares de menor población. Pero pido a la Comisión que haga un estudio al respecto.
Desde mi punto de vista, sería lógico que, en todo caso, hubiera Defensoría Local donde exista un juzgado de garantía. No me parece posible que haya juzgado de garantía y Ministerio Público, pero no una Defensoría Local cercana.
Un cuarto punto se refiere a cómo juegan la defensoría propiamente tal, la estructura del defensor, a cargo de la Defensoría Local, y la licitación. Debe precisarse mejor el criterio básico respecto de las condiciones que deben existir para que se justifique el llamado a licitación. No se entiende si la licitación es supletoria a la defensoría pública -vale decir, existirá sólo cuando en determinado lugar no sea capaz de atender a las necesidades-, o si, por el contrario, será simultánea o conjunta, de manera tal que se amplíen las alternativas del usuario. Según el artículo 53, más bien pareciera que la primera opción es la licitación, y si no hay abogados de la lista que puedan asumir la defensa, en ese caso, entraría el personal propiamente tal de la Defensoría Pública. Creo que debe quedar meridianamente claro cómo opera, para que no haya confusión y el servicio sea eficiente.
Un quinto aspecto tiene que ver con lo que acabo de decir: cuál es el rol que deben jugar las corporaciones de asistencia judicial y su personal. De la revisión de las normas propuestas se desprende que prácticamente no hacen diferencia alguna, ni explícita o implícitamente, al destino de las actuales corporaciones de asistencia judicial en materia penal. No queda claro si ellas cesan absolutamente su intervención, si se abocan a otras áreas, o si mantienen alguna intervención en el proceso criminal. Da la impresión de que estas corporaciones podrían participar en la licitación; pero me parece que eso no es correcto ni lo que corresponde. Estimo que las corporaciones, por muchas deficiencias que presenten, tienen una tradición de servicio para las personas de menores recursos, por lo cual, a mi juicio, debieran ser tomadas en cuenta, valorizadas e incorporadas a la Defensoría Penal Pública.
En el caso de la Región del Biobío, por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial me hizo llegar un estudio con observaciones respecto del tema, en cuyo último párrafo señalan lo siguiente: "...pensar en una defensa penal sin la participación de las Corporaciones, implicaría la creación y organización de una nueva institución, lo que resulta engorroso y complejo, máxime cuando mejorando las Corporaciones y efectuando las modificaciones y adecuaciones pertinentes pueden participar en cualquier circunstancia en la Defensa Penal Pública eficientemente.".
Cabe tener en cuenta que la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío tiene jurisdicción hasta la Duodécima Región.
Al respecto, mi criterio es que las corporaciones pasen a formar parte integrante de la estructura de la planta de la Defensoría Penal Pública en lo relacionado con lo penal, y que se diera opción al personal de las mismas para acceder preferentemente a la nueva planta, tal como se ha hecho en leyes análogas.
En verdad, el papel que se asigna a las corporaciones es demasiado incierto o menguado; simplemente vendría a ser como un abogado particular más o un bufete de profesionales que participa en una licitación, pero no hay ningún reconocimiento ni valorización de la experiencia que aquéllas tienen en el trabajo durante todos estos años.
Además, de mantenerse las orientaciones referidas al establecimiento de las Defensorías Locales, puede estudiarse la posibilidad de que las corporaciones existentes, atendida su mayor red territorial, pudieran absolver las consultas que se hagan en esta materia e, inclusive, realizar las diligencias iniciales y fundamentales en defensa del inculpado cuando no exista defensor público en el lugar de residencia de aquél, y tampoco haya en el lugar asistencia jurídica adecuada. Entonces, la corporación podría tomar un papel.
En consecuencia, solicito al señor Ministro de Justicia aquí presente y a la Comisión que se busque una fórmula adecuada para integrar a las Corporaciones a esta estructura, tomando en cuenta un proyecto de regionalización de las Corporaciones de Asistencia Judicial, que según entiendo fue aprobado en el Senado hace muchos años. Pienso que no considerarlas y crear una estructura paralela sería como partir de cero.
Estoy consciente de la premura del tiempo, pero sería muy útil definir claramente el rol de ambos servicios, estableciendo una coordinación, si fuera el caso, aprovechando la experiencia del personal de la Corporación.
Tampoco me queda del todo claro cuál es el estatuto legal del personal del nuevo organismo, seguramente porque no alcancé a revisar adecuadamente el articulado. Me parece muy importante que esto también quede bien definido. Además, no siempre el mejor camino es hacer jugar las reglas del Código del Trabajo, en cuanto a establecer que todo el personal esté a contrata y no buscar alguna forma de modernizar la función pública del organismo, manteniendo su carácter público.
En conclusión, señor Presidente , apoyo con mucho entusiasmo la creación de la Defensoría Penal Pública. Sólo deseo llamar la atención del señor Ministro , la Sala y la Comisión de Constitución para que ojalá los temas que planteé se analicen y resuelvan adecuadamente en el segundo trámite.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro , de acuerdo con la norma reglamentaria.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , para comprender la finalidad y las ideas matrices que inspiran esta iniciativa legal, conviene hacer previamente una breve referencia al mandato constitucional que obliga al Estado a crear una defensa letrada para las personas que no pueden procurársela por sí mismas y a la importancia que concede a la defensa el ordenamiento del nuevo proceso penal.
Nuestra actual Constitución reconoce expresamente como derecho fundamental, en el artículo 19, Nº 3º, que "Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida." Añade que "La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.".
Es evidente que la Carta Constitucional reconoce expresamente la importancia de la defensa, y establece la obligación del Estado de crear un sistema que permita a las personas que deben acceder a la justicia disponer de asesoramiento y defensa jurídica, cuando no están en condiciones de procurárselas por sí mismas.
Pero esta obligación no sólo emana de este mandato constitucional directo, sino que además se encuentra establecida en todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que consagran garantías de orden procesal, entre los cuales cabe destacar la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, plenamente vigentes en nuestro país. Ellos disponen que todo imputado tiene el derecho irrenunciable a ser oído y a contar con un abogado proporcionado por el Estado, si no cuenta con uno.
El respeto del derecho de defensa permite dotar de legitimidad a la resolución judicial, cuando asegura que la sentencia emana de un proceso en que efectivamente el imputado pudo intervenir. De allí que actualmente se estima que la adecuada defensa constituye un elemento esencial para considerar la concurrencia de un justo o debido proceso penal. Nunca podrá considerarse justo o debido un proceso en que no se haya permitido al acusado o imputado desplegar su actividad procesal ante el tribunal, en igualdad de condiciones con el acusador.
Por esta razón, la exigencia de la garantía de la defensa, según las normas constitucionales y convencionales citadas, no se agota al permitir la intervención personal del imputado, sino que teniendo en cuenta la complejidad de los procesos modernos, que deben desarrollarse conforme a normas técnico-jurídicas establecidas en leyes cada vez más complejas. Se considera indispensable que el imputado cuente con un abogado que transforme sus alegaciones y pruebas al lenguaje jurídico.
Esta garantía de la intervención del imputado acompañado de un asesor letrado es ampliamente acogida en el nuevo Código Procesal Penal, el cual establece en varios preceptos que diversas diligencias, cualquier audiencia y, desde luego, el propio juicio oral, serán nulos si el imputado no ha contado durante su desarrollo con la asistencia permanente de un abogado.
En principio, dicho letrado debería ser contratado y elegido por el propio imputado, ya que contará con su confianza y podrá ceñirse de mejor modo a sus instrucciones.
Pero, como son muchas las personas que en un país como el nuestro, por razones económicas, no pueden contratar por su cuenta un abogado, o porque ninguno de ellos quiere asumir su defensa, y considerando que el proceso no podrá llevarse a cabo válidamente si el imputado no cuenta con uno, es que aparece el mandato constitucional directo al legislador de establecer un sistema que asegure la asistencia jurídica a favor de todo imputado en un proceso penal.
Surge entonces el derecho a la defensa letrada de oficio -como ha sido tradicionalmente denominada hasta ahora-, o derecho a la defensa penal pública, como se deberá llamar en el futuro, que siempre corresponde atender al Estado, porque se trata en el fondo de cumplir con un deber asistencial que nadie más puede asumir cabalmente.
Dotar de defensa jurídica letrada a todo imputado que carece de ella constituye, en consecuencia, un deber constitucional a raíz de la reforma procesal penal en curso.
Así concebido el derecho de defensa, es evidente que la prestación de la defensa letrada deberá estar a cargo de un organismo que de alguna manera sea capaz de hacer frente al Ministerio Público, como único modo de conseguir equilibrar los poderes que los fiscales podrán desplegar en el nuevo proceso penal, tanto en el fase de investigación como en el juicio oral propiamente tal. Esto, por cuanto el Ministerio Público asume como órgano de persecución penal, dotado de una poderosa organización jerárquica encargada de dirigir la investigación, para lo cual dispondrá de una amplia infraestructura y, sobre todo, podrá ordenar directamente a los organismos policiales la práctica y diligencias necesarias para acumular las evidencias suficientes para poder deducir su acusación.
De allí entonces la necesidad de organizar un sistema de defensa letrada que sea capaz de equilibrar a lo largo del procedimiento la labor del Ministerio Público, de modo que los tribunales estén en condiciones de dictar sus resoluciones y, especialmente, su sentencia definitiva, luego de un debate llevado a cabo en igualdad de condiciones entre acusación y defensa. Es indudable que para esta última se abre un nuevo escenario con muchas mayores exigencias que las actuales, en el que necesariamente deberá ser bastante más efectiva y eficiente.
¿Cuál es el sistema de defensa que hoy tenemos -a propósito de lo que señalaba el Senador señor Viera-Gallo -? Se trata, en primer lugar, del sistema de los abogados de turno, que exige a estos profesionales asumir gratuitamente la defensa de los imputados que carecen de abogado. Esta designación recae muchas veces en profesionales recién titulados, carentes de experiencia, o que ni siquiera son especialistas en materia penal, sin que, por lo tanto, ni el Estado ni el imputado pueden exigirles una defensa jurídica sostenida y de alta calidad como la que se precisará en el nuevo proceso criminal.
En segundo lugar, contamos con las Corporaciones de Asistencia Judicial, que sin dejar de reconocer la importante labor que actualmente asumen en la defensa penal de oficio y del esfuerzo que se ha hecho desde el Ministerio de Justicia durante los últimos años por aumentar sus recursos y modernizar su gestión, tampoco están en condiciones -a nuestro juicio- de asumir por su cuenta el desafío de hacerse cargo de la defensa de todas las personas que requerirán de la defensa penal pública en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
Las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial descansan fundamentalmente en el desempeño de los postulantes que deben realizar su práctica profesional durante seis meses para obtener su título de abogado.
Frente a esta realidad y al poderoso Ministerio Público con sus recursos y facultades, se ha estimado necesario entonces crear un nuevo organismo público denominado "Defensoría Penal Pública", que constituye la respuesta en el marco del nuevo sistema procesal penal a la obligación estatal de asegurar la defensa letrada a quienes no puedan procurársela por sí mismos.
Con estas severas exigencias y la insuficiencia de los mecanismos actuales para satisfacerlas, el proyecto de ley que establece la Defensoría Penal Pública fue el resultado de un intenso trabajo prelegislativo destinado a concordar un modelo de defensoría que pudiera satisfacer de la mejor manera posible los desafíos que, para el ejercicio del derecho de defensa de los imputados carentes de abogado, impone el nuevo sistema de justicia penal.
Cabe hacer presente que en esta materia no se cuenta, a diferencia de lo que acontece con el Ministerio Público, con ningún modelo consolidado en el Derecho Comparado que haya podido tenerse a la vista, sino que, por el contrario, todos los conocidos exhiben importantes defectos, que, lógicamente, se ha tratado de evitar.
En sustancia, se ha procurado crear un sistema mixto, que comprende un servicio público moderno, bien organizado, que presta la defensa directamente en las actuaciones donde parece más eficiente disponer de abogados contratados como funcionarios, mientras que el grueso de las labores se encomiendan a abogados privados pagados por el Estado, aunque sujetos a un estricto control.
El esquema contenido en la iniciativa del Gobierno ya ha sido larga y profundamente debatido en la Cámara de Diputados, donde finalmente resultó aprobado, si bien se introdujeron mejoras importantes al texto original. Algunas de ellas, como lo observó el Senador señor Díez , eran de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , por lo que éste, en la indicación formulada en el Senado, las ha hecho suyas en su mayor parte.
El proyecto concibe a la Defensoría Penal Pública como un nuevo organismo público, funcionalmente descentralizado, dotado de patrimonio y personalidad jurídica propia, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. El que se encuentre bajo dicha supervigilancia es una consecuencia natural del diseño derivado de la Carta, que le asigna al Primer Mandatario tal función respecto de todos los organismos públicos, salvo aquellos que cuentan con autonomía constitucional, tales como el Banco Central, la Contraloría, las municipalidades, el Ministerio Público, etcétera. Y ése no es el caso de la Defensoría Penal Pública, ya que en su momento no se tomó la decisión de que fuera también un órgano con esa característica. Por ello se ha presentado la fórmula descrita, que nos parece importante.
La dirección superior de la Defensoría Penal Pública corresponderá al Defensor Nacional . Por tratarse del director de un servicio público, será designado y removido, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por el Presidente de la República .
Estimamos una garantía de la mayor importancia, frente a la creación del Ministerio Público como un ente autónomo encargado de la persecución penal, la de que se oponga, encomendándole la defensa, un servicio que forma parte de la Administración Central y es respaldado por ella.
Un organismo muy importante para el funcionamiento del sistema es el Consejo Nacional de la Defensa Penal Pública. Se trata de una entidad de alto nivel, integrada por el Ministro de Justicia o su representante, el Ministro de Hacienda y el Ministro de Economía o sus representantes, y dos académicos con más de cinco años de docencia en el área del Derecho Procesal Penal. Su función esencial será determinar el monto de los fondos que dentro del servicio se destinarán a las licitaciones, mecanismo en virtud del cual se contratará a los abogados privados, que soportarán el mayor peso en la prestación de la defensa.
El órgano planteado tiene por finalidad constituirse en una institución como la explicada, con defensores regionales y locales que serán funcionarios públicos, para contestar la consulta del Senador señor Viera-Gallo . En total existirán 417 defensores, de los cuales corresponde a los locales la importante cantidad de 145.
Luego, el sistema mixto establece la posibilidad de que sean licitados recursos importantes. Y se considera vital que en ello participen abogados particulares, las corporaciones de Asistencia Judicial, profesionales organizados a través de los colegios de la Orden o sociedades con fines de lucro, a fin de que se llenen los cargos de defensor privado, que ascenderán a 272. Para abordar lo relativo a la defensa, en la cual debe mediar una relación directa entre el inculpado y su abogado, es indispensable generar el procedimiento expuesto.
¿Y por qué se han dispuesto defensores de carácter público? Porque en el proceso hay diligencias que requerirán la presencia inmediata de uno de ellos. Y, en esa perspectiva, juzgamos que la mixtura entre lo público y lo privado permite, sin ninguna duda, resolver lo que también indicaba el Senador señor Viera-Gallo en cuanto a la diferencia entre la defensa actual y lo que será con posterioridad el Ministerio Público y la fuerza con que contará.
El señor MARTÍNEZ .-
¿Me permite una consulta, señor Ministro , con la venia de la Mesa?
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Sí, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Como son empleados públicos tanto el fiscal acusador como el defensor, ¿qué sucede cuando aparece involucrado el Estado? ¿Cómo se asegura que el defensor actuará en forma libre y sin la presión que puede derivar del hecho de que ambos serán personal de la Administración Pública? ¿Cómo se considera esa cuestión, frente a la independencia del defensor o a la del fiscal?
Formulo la consulta porque en muchos casos tendrían lugar actuaciones con intereses del Estado comprometidos.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , hace un momento precisé que la obligación legal de actuar en las primeras diligencias le asistirá a un área de defensores que son funcionarios públicos. Me refiero al caso en que el fiscal decide investigar respecto de una persona determinada, cualquiera que sea el involucrado. En esa situación, se requiere la presencia del defensor para el interrogatorio que la policía puede efectuar en el lugar, o bien, para concurrir ante el fiscal o el juez de garantía.
Pero la defensa, en definitiva, cuando se vaya al juicio oral o antes, podrá ser emprendida por organizaciones privadas de abogados particulares. El monto de los recursos que se licitarán no significa que ellos sean funcionarios públicos. Al revés. Por ello consignamos que es indispensable la participación de profesionales privados, instituciones, el Colegio de Abogados, las corporaciones.
Para los efectos de evitar una disparidad entre el acusador y el imputado, se contempla para las primeras diligencias la seguridad mencionada en primer término.
El señor HAMILTON .-
Pido una interrupción al señor Ministro , con la venia de la Mesa.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Con mucho gusto, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , quisiera agregar a lo dicho por el señor Ministro , y frente a la inquietud del Senador señor Martínez , que nada raro tiene que los funcionarios públicos participen en todas las actuaciones de la persecución, la defensa y la resolución de los casos sometidos a la justicia penal. ¡Si los tribunales se forman con jueces y los jueces son funcionarios públicos! ¡Si los encargados de la indagación -la policía de Carabineros y de Investigaciones- también lo son! Y hasta ahora a nadie se le ha ocurrido pensar que, por el hecho de que los jueces son funcionarios públicos o de que la policía se halla constituida por funcionarios públicos, no existirá imparcialidad para juzgar a los otros agentes del Estado.
Gracias.
El señor MARTÍNEZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría -el señor Ministro no tiene inconveniente-, con la venia de la Mesa.
Lo único que pido es que no se entable un diálogo, para permitir el debate.
El señor MARTÍNEZ .-
Desde luego, señor Presidente , no sólo está el fiscal, que es el acusador. Todo el aparato de investigación pertenece al Fisco. Y se trata nada más que del hecho de que la defensoría también corresponde al Fisco. Ésa es la dificultad. Naturalmente, ella se realiza hoy en forma particular.
Por ejemplo, expongo el caso de la señora Ema Pinto -y perdone la casuística, señor Ministro -, quien era funcionaria de un Ministerio, el mismo que pide investigar. Constituye un asunto criminal que cae de lleno en el tema que nos ocupa.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Recupera el uso de la palabra el señor Ministro .
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , la defensa de personas de escasos recursos es realizada hoy por la Corporación de Asistencia Judicial, financiada con fondos públicos. Es la misma situación.
Quisiera responder al Senador señor Viera-Gallo . Creemos que la defensa penal pública debe constituir un órgano propio, especial, absolutamente nuevo en el también nuevo sistema. El pretender incorporar personal adicional a las corporaciones impedirá, a nuestro juicio, cumplir el objetivo del nuevo procedimiento.
Si hay un Ministerio Público con todas sus facultades, sus fuerzas, su dedicación, debemos tener un sistema especial.
Además, vamos en camino de especializar a los tribunales en toda su gama. De modo que las corporaciones deberán trabajar mucho en materias civiles, laborales, de menores, etcétera.
Por lo tanto, no nos parece posible ni aceptable la incorporación de esos funcionarios, porque las corporaciones tienen una visión y una misión distintas de lo que es el nuevo sistema, como está concebido y como se ha discutido.
Señor Presidente -y con esto termino-, las corporaciones disponen hoy de 7 mil 300 millones de pesos (estamos hablando de cómo atiende actualmente el Estado la defensa). En el nuevo sistema se destinan 28 mil millones de pesos a la Defensoría Penal Pública, la cual tendrá funcionarios públicos y contará con un fondo que será licitado para que participen abogados particulares.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
¿Me permite una interrupción, señor Ministro ?
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Sí, señor Senador, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Deseo preguntar al señor Ministro si se ha considerado la posibilidad de que los egresados de Derecho, quienes hoy deben realizar su práctica en las corporaciones de asistencia judicial, participen en las nuevas instancias que se están estableciendo, donde no sólo se requerirán recursos económicos, sino también la actuación de personas calificadas. Dichos egresados, en vez de seis meses, podrían permanecer en funciones durante un año, como algo alternativo. Ello, haciendo un parangón con el servicio militar, que hoy es cuestionado por algunos que, sin embargo, no cumplen después ninguna otra obligación con el Estado, con el país, y simplemente se liberan de toda responsabilidad.
Creo que una medida de tal naturaleza podría tener ese doble sentido, sería beneficiosa y, además, permitiría a las instituciones pertinentes cumplir los objetivos tan importantes reseñados por el señor Ministro .
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Debo aclarar a Su Señoría que, en el nuevo sistema, la defensa sólo será ejercida por abogados. No podrá asumirla, por tanto, un estudiante de Derecho en práctica.
Sin embargo -a propósito de lo planteado-, hemos pensado que los egresados de Derecho podrían hacer su práctica, por ejemplo, como asistentes del fiscal, de los abogados defensores, de los jueces de garantía.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que aún quedan siete señores Senadores inscritos y que el Orden del Día termina a las 19.
Existen dos posibilidades: o se mantiene el desarrollo normal de la discusión y seguimos el análisis del proyecto en la próxima sesión, o cerramos el debate a las 19 y procedemos a la votación.
El señor LARRAÍN.-
Que se vote de inmediato.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , le pido consultar a la Sala si se puede votar inmediatamente, porque considero importante que el proyecto sea aprobado en general hoy. Así podremos disponer de quince días para formular indicaciones. De lo contrario perderemos la semana regional, que puede dedicarse al estudio de ellas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La Mesa no tiene inconveniente. No quise proponer algo tan drástico. Pero, si hubiera consenso en la Sala, podríamos votar de inmediato, partiendo las fundamentaciones con los señores Senadores inscritos y siguiendo luego el orden reglamentario.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Recuerdo a Sus Señorías que para la aprobación del proyecto se requiere quórum de ley orgánica constitucional, vale decir, 27 votos.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , trataré de ser lo más breve posible.
I. IDEA MATRIZ Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
En lo fundamental, la idea es el establecimiento de un sistema de defensoría penal pública, cuyos propósitos son:
-La defensa, a través de letrado, de los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta, de competencia de un juzgado de garantías o de un tribunal oral en lo penal, que no cuenten con un abogado de confianza o designado por ellos mismos.
-Asegurar que todo imputado o acusado tenga la asistencia de letrado ante el Ministerio Público.
-Crear un servicio público que administre el sistema.
-Permitir la participación, en la presentación de la defensoría penal, de abogados funcionarios del servicio administrador, preferentemente en las primeras diligencias del procedimiento.
-Regular la participación, en la presentación de la defensoría penal, de letrados particulares o pertenecientes a entidades públicas o privadas, con o sin fines de lucro, seleccionados mediante licitaciones a nivel regional y remunerados mediante el pago de los fondos licitados.
-Autorizar, de manera excepcional, la suscripción de contratos directos para la presentación de la defensoría penal, si las licitaciones se declararen desiertas o el número de postulantes fuere inferior al requerido.
II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO QUE CREA LA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA
1. Derecho a la defensa
El derecho a la defensa se encuentra especialmente vinculado con el Derecho Penal, dado que es en él donde se materializan las garantías contempladas en los tratados internacionales para quien se ve sometido a un proceso de persecución criminal por parte del Estado. En efecto, el derecho a la defensa faculta al imputado para intervenir en el proceso a fin de probar la falta de fundamento de la acusación en su contra. De esta manera, el derecho a la defensa es un principio garantizador y su incumplimiento o cumplimiento defectuoso determina que las restantes garantías consagradas en los tratados internacionales de derechos humanos carezcan de relevancia, dado que ese derecho tiene un carácter operativo respecto de las demás garantías.
Desde otro ángulo, podemos sostener que sólo la vigencia del derecho a defensa es lo que permite afirmar la existencia de un debido proceso, cumpliéndose así las normas constitucionales. La no existencia del derecho nos hace sostener que no se está en presencia de un debido proceso, entendido éste como una instancia de confrontación de los diversos intereses de las partes en conflicto (sociedad y víctima, representadas por el fiscal, versus imputado, representado por la defensa).
2. La defensa penal en nuestro actual sistema de justicia criminal
Como es bien sabido, nuestro actual proceso penal corresponde a un procedimiento inquisitivo en el cual el derecho a la defensa resulta (por decir lo menos) gravemente cercenado, dado que carece realmente de la contradicción de intereses. En efecto, el proceso penal inquisitivo, ya abandonado en los sistemas comparados, genera un procedimiento judicial secreto; alejado de todo control y participación tanto de parte de la víctima como del imputado; rígido, y extremadamente formal.
3. La actual defensa penal pública
Una vez manifestadas las serias limitaciones y restricciones del derecho a la defensa en nuestro sistema penal, cabe señalar las no menores deficiencias de la defensa gratuita que se otorga hoy.
El carácter eminentemente selectivo de la persecución penal se hace evidente al momento de entender que aproximadamente entre 85 y 90 por ciento de quienes ingresan al sistema requieren un abogado defensor gratuito, en razón de carecer de recursos para designar un profesional particular de su confianza.
En la actualidad, la representación y defensa de esos imputados se entrega, prioritariamente, a través de los abogados de turno (éstos, en forma gratuita, han de representar los intereses de las partes que carecen del patrocinio de abogado por falta de medios económicos) y de las corporaciones de asistencia judicial, continuadoras legales de los antiguos consultorios del Colegio de Abogados, cuya finalidad, fijada en su propia normativa, es "prestar asistencia jurídica y judicial gratuita a personas de escasos recursos".
No obstante lo anterior, la evidencia empírica de las prestaciones entregadas por los abogados de turno no es satisfactoria, debido principalmente a la falta de aliciente para cumplir con una carga profesional no remunerada y a la inexistencia de mecanismos de control sobre su gestión.
En el caso de las corporaciones de asistencia judicial, de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público para 1998, las transferencias que recibieron alcanzaron sólo a 3 mil 425 millones de pesos para el cumplimiento de las funciones encomendadas en la ley y anteriormente descritas. Sin embargo, a la luz de los estudios realizados en torno a la reforma procesal y como lo señaló hace un momento aquí el señor Ministro , debemos destacar la absoluta insuficiencia de recursos para desarrollar una labor profesional adecuada en materia de defensa, los que deberían ascender a más de 25 mil millones de pesos.
4. Evaluación de la defensa penal actual
Las evaluaciones existentes respecto a los servicios ofrecidos por las instituciones de asistencia jurídica son variadas, pero en general se acepta que son de baja calidad e insuficientes. Las razones para que esto sea así van desde la falta de recursos, la desmotivación de los funcionarios por las escasas remuneraciones que reciben, la carencia de control interno eficaz y la incapacidad de las direcciones para desprenderse del personal que resulta ineficiente.
5. La defensa en el nuevo diseño del proceso penal
La nueva propuesta de proceso penal se basa en principios que permiten el desarrollo de una defensa efectiva. Esto es, se consagra el principio contradictorio, el de inocencia y la publicidad de la instrucción para las partes, y en su momento, del juicio oral. En síntesis, la defensa aparece elevada a un lugar relevante en el proceso penal, cuyo principal efecto será el de mejorar la calidad del trabajo que desarrollen los defensores, así como el de poner a prueba la capacidad y calidad del trabajo de quienes realicen la persecución penal.
6. Requerimiento de la nueva defensa
Los parámetros señalados nos llevan a plantearnos seriamente los requerimientos para un nuevo modelo de defensa, los cuales se resumen en que:
-Si el imputado carece de defensor de su confianza, el fiscal o el juez deberá nombrarle un defensor público, el que responderá a todos los requerimientos impuestos por el nuevo proceso penal.
-No podrán intervenir estudiantes de Derecho, pues el propio Código Procesal Penal entrega esta tarea exclusivamente a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión.
-La defensa penal pública deberá entregarse a todo imputado que carezca de abogado particular de su confianza. Es decir, no sólo otorgará abogado defensor a quienes no tengan recursos para contratarlo, sino también a aquellos que por otros motivos no lo designen, impidiendo que el proceso se entrabe o pueda quedar sujeto a vicios de nulidad por falta de designación de abogado defensor.
Así, el proyecto de Ley de Defensoría Penal Pública se ha elaborado reconociendo que la forma de entregar la defensa penal hoy día es deficiente, debido a la propia normativa penal y procesal penal vigente, a dificultades insertas en las instituciones llamadas a prestarla y a falta de incentivos económicos para que otras entidades o abogados privados (como los aludidos abogados de turno) puedan tener una participación más activa en defensoría.
En resumen, se busca entregar defensa penal pública a las personas que la requieran, diversificando la oferta y permitiendo que la sana competencia de recursos del mercado asegure un aumento en la cantidad de oferta y, especialmente, en la calidad de la misma.
De lo señalado fluye claramente la absoluta necesidad de legislar sobre el tema, creando una institucionalidad capaz de prestar defensa jurídica profesional y oportuna a todos aquellos que, siendo imputados de algún delito, carezcan de los medios necesarios para obtenerla por sí mismos.
La defensa letrada es consustancial al debido proceso, concepto esencial de la reforma procesal penal que hemos ido construyendo a través de diversas normas constitucionales y legales. Consiguientemente, creemos que el Senado debe aprobar en general el proyecto sometido a nuestra consideración.
Así se completarían, en lo sustancial, las distintas modificaciones a nuestro sistema procesal, iniciadas con reformas a la Constitución y que en conjunto constituyen el nuevo procedimiento penal público en el país.
Voto que sí.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , lo que el Senado hace hoy es, simplemente, ratificar acuerdos que de manera implícita ya había adoptado al momento de discutir y aprobar en general el Código Procesal Penal y de sancionar las reformas que se introdujeron al Código Orgánico de Tribunales.
En aquel debate general quedó claro que la existencia de un sistema de defensa penal pública era consustancial a la reforma procesal penal que entonces se ponía en marcha. Y en los textos que he señalado hay abundantes disposiciones que hacen alusión a la defensa penal pública que ahora se crea y formaliza a través del proyecto que nos ocupa. De modo que bien pudimos evitar la discusión de la idea de legislar, porque en gran medida ya estaba hecha.
Es bueno precisar, sí, que en la actualidad el Estado, cumpliendo el mandato del artículo 19, Nº 3º, de la Constitución, provee de defensa jurídica a quienes no pueden procurársela por sí mismos. Sin embargo, el régimen de corporaciones y de abogados de turno vigente es incapaz de responder a las exigencias del nuevo proceso penal. Y eso justifica sobradamente la creación de un servicio especializado que, en el juicio penal oral, equilibre las posibilidades de acusador e imputado y permita que a través de ese proceso se concrete el propósito de justicia que anima a la acción y la organización estatal.
Por eso, voto a favor.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , voto favorablemente y, al mismo tiempo, anuncio que presentaré indicaciones, porque, pese a compartir la finalidad perseguida, me preocupa la orientación en que se funda el sistema sugerido.
Soy Senador por una zona que se caracteriza por su gran número de comunas rurales: 33. El esquema diseñado para la creación de la Defensoría Penal Pública deja en estado de debilidad precisamente a Regiones como la que represento. No advierto -ni siquiera a través de la cantidad de defensores, tanto privados como públicos- cómo podrá resolverse uno de los grandes dilemas que hoy enfrentan sus habitantes.
La mayoría de los pobladores de ciudades pequeñas sienten que la justicia les es adversa. En general, sea por las distancias que deben recorrer, por los abusos que cometen con ellos quienes poseen mayores recursos o por la imposibilidad de llegar a la ciudad cabecera de la provincia para consultar a un abogado, tienen la sensación de encontrarse en la indefensión.
Por lo tanto, estimo necesario explicitar en la ley quiénes podrán desempeñarse como defensores locales y en qué forma serán designados. Me parece inadecuado lo establecido en los artículos 21 y 26, que dejan entregada a la decisión del defensor regional la ubicación de las defensorías locales. En tal sentido, formularé indicación a fin de especificar los lugares donde se radicarán éstas. Es más objetivo, no sólo para los efectos de la información, sino también para el acceso a la defensa, sobre todo en el caso de personas que viven en comunas más alejadas, en sectores rurales.
Asimismo, señor Presidente , formularé indicación a fin de reducir la edad fijada en el artículo 20 para ocupar el cargo de defensor regional. Resulta ilógico exigir haber cumplido 30 años, porque un alumno brillante puede recibirse de abogado a los 21.
El señor BOMBAL.-
Yo me recibí a los 20.
El señor MORENO .-
Me señalan que algunos señores Senadores presentes se recibieron incluso a más temprana edad y también fueron estudiantes brillantes. Me alegra saberlo.
Exijamos, por ejemplo, 5 años de ejercicio profesional. En ese lapso un abogado puede perfectamente especializarse en defensoría pública. Propondré, entonces, un tope de 25 años, con el fin de incentivar a que, a una carrera donde se requiere espíritu social y de servicio público, ingresen profesionales destacados, con una remuneración apropiada.
Con esas observaciones, pero sobre todo rescatando el sentido de que la justicia debe ser asequible para la gente que habita en las comunas más pequeñas, apruebo en general el proyecto.
Reitero que formularé indicaciones sobre el particular, que estoy seguro contarán con el respaldo de los señores Senadores representantes de zonas rurales.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , la significación de esta reforma trasciende la mera intencionalidad de poner formalmente nuestras instituciones a la altura de las existentes en las demás naciones civilizadas.
Su fuente de inspiración esencial se encuentra en la construcción de un sistema que equilibre la creación, por una parte, de instituciones especializadas en la persecución penal y de normas que permitan combatir el delito en forma más eficaz; y por la otra, de instituciones, preceptos y principios que aseguren la vigencia efectiva de los derechos fundamentales de las personas, equilibrio característico de un sistema democrático.
Nos corresponde pronunciarnos esta tarde sobre uno de los proyectos fundamentales de la reforma procesal penal. La garantía del debido proceso carece de toda vigencia -como muy bien sostuvo el señor Ministro- si los imputados en el proceso penal no cuentan con una adecuada defensa en el transcurso de la investigación y del propio juicio oral.
Si ayer nuestra tarea fue crear un Ministerio Público que contase con poderosas herramientas para investigar los delitos y acusar a los sospechosos, dotándolo de medios para cumplir eficazmente su cometido, hoy nuestro rol es complementar dicha acción creando una institución que esté en condiciones de proteger los derechos del ciudadano inocente injustamente acusado y de resguardar el derecho del culpable a hacer valer eximentes.
Quisiera detenerme en ciertos aspectos del proyecto, que me parecen especialmente positivos.
1. Rol del Estado en la prestación del servicio de defensoría
La realidad internacional observada, así como la documentación recopilada, exhiben una variada gama de sistemas de defensa penal pública en América y en Europa. Si bien cada uno de ellos presenta características especiales, la gran mayoría comparte el inconveniente de no mostrar procesos de evaluación con resultados que permitan sacar conclusiones sobre su eficacia. Sin perjuicio de ello, existe cierto consenso respecto de la calidad de la provisión de defensa por parte de los defensores institucionales o pertenecientes al Estado, en las comunidades respectivas, presentando cierta deficiencia de cobertura, calidad técnica de la defensa, rigideces y burocracia operacional, así como problemas de gestión, tal como otras instancias gubernamentales.
Consciente del rol que debe cumplir el Estado en la provisión de defensa penal pública, se ha querido, además de proveer los recursos para ella, establecer una estructura pública que dé soporte a dos actividades relevantes y complementarias. Por un lado, que sirva para la prestación de servicio de defensoría y asegure un mínimo de oferta en todas las regiones del país; por otro, que permita supervisar y coordinar las actividades realizadas por el sector privado, teniendo en cuenta estándares mínimos de calidad y pertinencia de la defensoría, especialmente considerando aquello que se prometió entregar en las licitaciones de prestación de servicio.
Como ya se dijo, esta organización garantizará una oferta mínima de defensores institucionales y supervisará los recursos fiscales que se entregan al sector licitado.
La participación de abogados pertenecientes a organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, en la entrega de defensa penal pública, se justifica en que el ejercicio de dicha profesión -en tanto representantes de los intereses de su cliente- es por naturaleza una actividad privada en la que el Estado entra a participar sólo en razón de la carencia de recursos del cliente para obtener el servicio de este profesional en forma privada.
La manera como se ha diseñado la intervención de los privados en la oferta de defensa penal pública será la de licitación para entregar defensa con cargo a fondos fiscales.
Una iniciativa sin parangón en la experiencia comparada es la que emprendemos al crear este sistema de Defensoría Penal Pública moderna que cuente con defensores locales funcionarios del Servicio, y que, además, organice licitaciones regionales para la prestación de la defensa, en forma parcial. Los estudios técnicos demuestran que sólo el establecimiento de un sistema mixto como el propuesto -dotado de adecuados mecanismos de control y fiscalización del desempeño profesional como los propuestos en esta y otras iniciativas legales relacionadas- asegura una cobertura territorial adecuada, costos razonables, calidad en el servicio por el estímulo de la competencia, y la participación de distintas instituciones públicas o privadas que pueden prestar tan bien o mejor el servicio de defensa que la propia Defensoría; entre ellas, por cierto, la misma Corporación de Asistencia Judicial.
2. Mayor eficiencia del sistema de defensa penal gratuita
Si la sociedad determina asignar más recursos al área de la defensa penal pública, se hace necesario buscar la mejor asignación de los recursos incrementales y que produzcan el mayor impacto en el beneficiario final del sistema, es decir, en el ciudadano usuario.
Una herramienta moderna que permite una asignación adecuada de los recursos disponibles es el proceso de licitación. En efecto, aun cuando sólo en el último tiempo la literatura relacionada con las licitaciones se ha profundizado en términos de su eficiencia, existe evidencia disponible que indica que las licitaciones, en ausencia de distorsiones, funcionan correctamente, es decir se asegura que los recursos se asignan al lugar donde serán más altamente productivos y beneficiosos. Esto es relevante en un proceso totalmente nuevo, como lo es la Reforma Procesal Penal, y especialmente en lo relativo a la provisión de Defensa Penal.
No obstante lo anterior, es importante tener presente que en teoría todos los tipos de licitaciones son susceptibles de probables conductas colusivas. Ello exige control sobre una proporción significativa del número total de propuestas. Luego, el desarrollo de un modelo de licitación eficiente bien puede contrarrestar tales vicios, minimizando esta distorsión y, por ende, maximizando el beneficio de licitar parte del servicio. Es más, licitar implica elaborar bases en las cuales se deben contener, a lo menos, elementos de simplicidad y claridad, transparencia, calidad y cumplimiento del servicio, así como también mecanismos de supervisión y control. Esta tarea corresponderá al Defensor Nacional y su equipo, quien contará con la asesoría del Consejo Nacional de la Defensa Penal Pública, órgano que se crea para dicho efecto y que integran diversos representantes del sector gubernamental y, por cierto, del privado.
3. Equidad del sistema propuesto.
El financiamiento del sistema se realizará con fondos públicos. El servicio de defensa será totalmente gratuito para aquellas personas que no puedan solventar este gasto; se decide incorporar el sistema de copago para aquellos sectores sociales que, teniendo cierta capacidad de pago, utilicen el Sistema de Defensa Penal Pública. De esta manera, se contribuye a un acceso equitativo a la justicia, tanto de víctimas como de imputados.
Quisiera concluir diciendo que la historia de la institución defensiva, su evolución, ha dependido siempre del tipo procesal imperante, es decir, del régimen político que lo determina, revelando la distinta suerte que ha corrido la libertad frente al poder del Príncipe o del Estado. No se justifica insistir en el diagnóstico de la vigencia de este derecho a la defensa en nuestro país. El sistema procesal penal que un Estado democrático de derecho demanda, debe asegurar a cada hijo de esta patria -sea cual fuere su condición económica, sea cual haya sido su cuna- el derecho a la defensa jurídica, proporcionada a través de abogados. Sólo un sistema como el que se establece en el proyecto que hoy votaremos en general en el Senado -moderno, profesionalizado, descentralizado, de alto nivel técnico, es decir, a la altura de la justicia penal que comenzaremos a tener ahora en Chile- podrá satisfacer esta necesidad en forma digna y eficiente.
Por eso, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente , en el fundamento de mi voto afirmativo me referiré brevemente a la cantidad y calidad del personal que satisfará las expectativas de la gente de contar con una justicia al alcance de todos.
Respecto al número de abogados defensores, la evidencia comparada revela una estrecha relación con la cantidad de fiscales prevista y que aproximadamente corresponde a 1,5 fiscales por cada defensor; o sea, si el Ministerio Público dispondrá de 625 fiscales adjuntos, se requerirán cerca de 420 defensores, cifra mínima contemplada para los efectos de este proyecto.
Los datos comparativos disponibles muestran que en América Latina Chile se situaría por sobre países como Perú, que cuenta con 0,6 defensores por cada 100 mil habitantes; Colombia , 2,13; Costa Rica , 2,6. En nuestro país esa relación se aproxima a 2,7 defensores por cada 100 mil habitantes. Entonces, si se necesitan 420 defensores como mínimo, unos 150 de ellos, según la información de que dispongo, serían de planta en la Defensoría Pública; el resto (estamos hablando de unos 300), correspondería a los defensores privados vía licitación, convenios con instituciones públicas o privadas, o contratación de abogados a honorarios,
He querido destacar este punto para tenerlo presente en el debate particular. Sería conveniente saber cuánto personal de las Corporaciones de Asistencia Judicial están dedicadas a asuntos penales y criminales en comparación con el guarismo de 400 y tantos que ya mencioné; es decir, a cuánto asciende esa brecha. Entiendo que el Ejecutivo tampoco dispone ahora de esta información; pero yo quiero solicitarla desde ya para contar con ella oportunamente. Según los datos de que dispongo, alrededor de 5 a 10 por ciento de los casos tratados por las Corporaciones son de carácter penal o criminal; el resto son civiles, laborales y de familia. Entonces, si ésas fueran las cifras, obviamente sería indispensable, al poner en marcha la Defensoría Penal Pública -innovación que constituye un gran paso adelante-, garantizar, primero, el ingreso de de personal suficiente para permitir un acceso expedito a la justicia en todos los rincones de Chile. Como Senadores podemos apreciar la cantidad de gente modesta que se acerca para señalarnos su preocupación por carecer de medios para defenderse en distintas circunstancias. Para dar esa garantía es preciso saber si el presupuesto está acorde con los guarismos dados.
Segundo, en atención a que el grueso de las solicitudes de defensa seguirán siendo vistos por las Corporaciones de Asistencia Judicial -más del 90 por ciento de ellas corresponden a casos no criminales ni penales-, es necesario contar con el suficiente número de horas-abogado que permitan enfrentar los problemas que más inciden en el bienestar de la gente y en su sentimiento de seguridad en materia de justicia.
Junto con votar a favor en general, cabe destacar la importancia de que durante la discusión particular se cuente con antecedentes que permitan, primero, sostener que se está fortaleciendo la Defensoría Penal Pública y que quienes trabajan en ella no sólo son capaces de atender a la gente, sino también de supervisar a quienes se contrata o se licita; y segundo, garantizar que las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial continúen cumpliendo su rol y, aún más, se las refuerce. Es decir, el acceso a la justicia no debe considerarse sólo en función de los casos penales o criminales, sino también del perfeccionamiento de esas Corporaciones, porque así lo va a entender la gente.
Reitero tanto mi voto favorable al proyecto como la solicitud al Ejecutivo , para los fines del segundo informe, respecto de la información que mencioné.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , anuncio desde ya mi voto favorable a la iniciativa en debate, porque, en realidad, resulta indispensable en el ámbito de la reforma judicial. La creación de la Fiscalía y de un sistema de acusación de la envergadura que se supone genera una situación de desequilibrio muy grande respecto de los imputados que carecen de recursos para defenderse. Es cierto que las Corporaciones de Asistencia Judicial pueden prestar ese auxilio, pero no cabe la menor duda de que se requiere una defensa distinta de la prestada por alumnos en práctica para brindar una defensa justa y adecuada, que otorgue a los imputados debido proceso y juicios justos y racionales. Sin que represente una crítica a esas Corporaciones, considero conveniente la creación de la Defensoría Penal Pública para lograr cierto equilibrio con el Ministerio Público.
Dicho sea de paso, y tal como se recordó, tiempo atrás el Senado despachó un proyecto de restructuración de las Corporaciones de Asistencia Judicial. En un trabajo bastante sustancial, se propuso regionalizarlas dentro de un planteamiento de cierta importancia. La tramitación de esta iniciativa, que se encuentra en tercer trámite, se suspendió porque el Ejecutivo anunció su deseo de sustituirla por otra, cuestión que hasta donde yo entiendo aún sigue pendiente. Y si bien esto apunta en otra dirección, sería bueno, para el país y la defensa en general de las personas de escasos recursos, que también pudiera avanzarse en el perfeccionamiento del sistema de las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Respecto de la normativa en estudio, me sumo a los comentarios aquí ya formulados.
Quiero destacar algunos temas que, me parece, deben ser recogidos por las correspondientes indicaciones.
El primero de ellos, y que me ha llamado poderosamente la atención, se refiere a que, entre las exigencias para los abogados de planta en el sistema público como para los del sector privado, que van a ser licitados, no figura la experiencia profesional en el ámbito procesal penal. En mi opinión, esta omisión debe ser subsanada. Los abogados no sólo deben tener años de servicios o años de actividad, sino también la experiencia necesaria para poder desempeñarse en el ámbito específico de la actividad penal. De lo contrario, se contará con abogados civilistas o con experiencia en lo administrativo, pero no en aquello para lo cual se los está contratando. Indicaciones en el segundo informe deberían hacerse cargo de esta inquietud, a fin de asegurar que efectivamente se está prestando la defensoría que corresponde a las personas de escasos recursos y que no pueden obtenerla por sus propios medios.
Otro comentario alude a la exigencia de que los defensores deban existir en las grandes ciudades, por así decirlo. Pero la realidad de la Región que represento en el Senado requiere un "aterrizaje" en el sentido de incorporar a ciudades y pueblos más pequeños. Debe haber defensor público donde hay fiscal o juez de garantía. En esta materia debe haber equivalencia y simetría para lograr organizar una defensoría adecuada a esa realidad. Es la única manera de que este nuevo sistema se desarrolle. Por eso, es importante revisar esta situación llegado el momento de formular indicaciones.
Asimismo, quiero pedir al Ejecutivo que preste atención a observaciones que no son de responsabilidad parlamentaria. Como muchas de ellas son de pura racionalidad, es importante que las recoja en indicaciones.
Finalmente, creo que el Colegio de Abogados ha planteado consideraciones que es preciso tener en cuenta. Debe asegurarse la relación personal abogado-cliente y, en particular, el secreto profesional. El Colegio advirtió en la Comisión que se pueden abrir espacios no deseables para que el secreto se viole, con lo cual puede alterarse la forma de actuar de los abogados y generarse problemas éticos no menores.
Si bien la normativa propuesta merece otros comentarios, sólo me he referido a los temas que me han parecido más destacables, sobre todo si se considera la importancia de que a la brevedad posible esta nueva legislación empiece a regir simultáneamente con el inicio de la reforma procesal penal en las Regiones Cuarta y Novena en diciembre de este año.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habiendo más Senadores inscritos para fundamentar el voto, continúa la votación por orden alfabético.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , nadie puede discutir la trascendencia de un proyecto de esta naturaleza, pues representa el justo contrapeso a la potente y determinante acción del fiscal, quien estará dotado de muchas facultades y medios. De no existir equivalencia en la defensa, se produciría un desequilibrio realmente preocupante que, lejos de contribuir a mejorar la administración de justicia, generaría un serio deterioro en el derecho a la justicia de todos los chilenos. Entonces, se trata de una iniciativa que corresponde exactamente a lo que se requiere para complementar las reformas que se han estado analizando y, principalmente, para contrapesar la acción del fiscal.
No es necesario destacar la importancia de las normas que se proponen, pues ya el señor Ministro y varios señores Senadores la han puesto de relieve.
No obstante, deben tenerse en cuenta las observaciones que el Colegio de Abogados planteó en la Comisión -que constan en el informe-, y que se refieren a la relación personal abogado-cliente, la libertad de defensa, la dignidad profesional, el secreto profesional y el control ético. En mi concepto, todos estos aspectos deben ser debidamente ponderados, porque son factores que inciden también en lo que debe ser una recta administración de justicia. No olvidemos que, conforme a su rol, el abogado es un auxiliar de la justicia, y, por lo tanto, los planteamientos formulados por el Colegio de la Orden tienen por objeto dignificar la profesión.
Asimismo, me preocupa -fue señalado por otros señores Senadores- el hecho de que en ciudades de menos de 50 mil habitantes no haya un defensor. Esto podría darse con mucha frecuencia, y dejaría desprotegida a una importante cantidad de ciudadanos, los cuales se verían privados de contar con una adecuada defensa. A nuestro juicio, independientemente de la población, debería haber un defensor en cada lugar donde exista un fiscal, a fin de que realmente haya la posibilidad de un contrapeso. De lo contrario, si hay fiscal y el defensor se halla en otra ciudad, por tratarse de un lugar con menos de 50 mil habitantes -que son muchos en el país-, se producirá una desigualdad muy grande y una situación de injusticia. Ojalá el Ejecutivo corrija este aspecto en el segundo informe.
Por último, deseo hacer una observación que, obviamente, no dice relación a la reforma propiamente tal. Me parece que así como se están destinando recursos cuantiosos e importantes para llevarla a cabo, no hay que olvidar que quedan pendientes todos los actuales procesos. Se trata de miles y miles de personas que se encuentran al margen de la reforma, y así ocurrirá durante muchos años pues en tales casos se aplicarán las antiguas disposiciones. Es gente, por lo general, muy modesta que no está en condiciones de contar con una defensa adecuada.
Sería importante considerar transitoriamente una defensa perfeccionada respecto de dichas personas, que se hallan -por así decirlo- en el sistema antiguo. Estamos completamente de acuerdo con el nuevo sistema, donde habrá equilibrio. Sin embargo, son miles y miles los ciudadanos que hoy no cuentan con la debida y adecuada defensa por falta de medios, no obstante el enorme esfuerzo que realizan las corporaciones para prestar ese servicio.
Por lo tanto, pido que se considere la posibilidad de reforzar la defensa para quienes actualmente tienen problemas con la justicia, los que probablemente seguirán en la misma situación, pues hasta que entren a regir todas las reformas podrían transcurrir varios años. Y posiblemente serán miles de personas las que experimenten en alguna medida un grado de indefensión.
En todo caso -como lo anuncié-, me parece muy positiva esta reforma.
Voto a favor.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , sin perjuicio de señalar que votaré a favor, me referiré a una materia que desde hace mucho tiempo me preocupa, la que deseo relacionar con el proyecto en análisis y darla a conocer al señor Ministro .
La verdad es que desde 1995, cuando aprobamos en el Senado la ley de maltrato infantil, vengo solicitando discutir lo relativo a la defensoría del menor. Posteriormente, hubo dos iniciativas en el mismo sentido a las cuales el Ejecutivo de aquel entonces desechó dar su patrocinio, tanto a los proyectos por separado como a la parte correspondiente a la defensoría del menor, planteada en la iniciativa sobre maltrato infantil.
En síntesis, en Chile, a pesar de las leyes existentes, y considerando el interés que ha habido en la ciudadanía, el Gobierno y el Parlamento por resolver los temas de la niñez, no hemos obtenido el resultado que nosotros esperábamos al respecto.
En conversaciones sostenidas con el señor Ministro de Justicia hemos discutido varias veces los proyectos que vienen acerca de esta materia, y le he hecho saber que realmente me alegra mucho el enfoque que ahora se quiere dar al tema de la infancia, separando, como dos elementos distintos, lo relativo a la parte judicial y defensa de los niños, por un lado, y los derechos de éstos, por el otro.
Sin embargo, hay un punto que me preocupa. Si uno mira la estructura jurídica existente en el país, no hay quién defienda a los niños, los que carecen de capacidad para enfrentar un problema de esa naturaleza. Me explico: cada vez que se produce algún agravio importante respecto de un menor o surgen dificultades en tal sentido (al comienzo fueron las niñas embarazadas, hasta que se dictó la ley pertinente; después surgió el caso de niños abusados en un momento determinado), siempre es alguna institución privada la que sale a resolver el problema y a tomar la defensa. Ello ha ocurrido con diversas instituciones, incluso con una fundación de los derechos del niño, que tengo el honor de presidir. Hoy, por ejemplo, cierto Diputado denunció una presunta violación de un menor al interior de un colegio. Y no hay institucionalidad alguna que se haga cargo del caso. Éste lo toman los organismos a que hice mención, o queda supeditado a lo que resuelva el Gobierno a través del Ministerio de Justicia como un acto específico en cada momento.
Por lo tanto, a mi juicio, ahí existe un déficit.
Por otra parte, cuando hace varios años planteamos esta materia, tanto el señor Ministro de la época como la señora Ministra de Justicia de aquel entonces nos señalaron que venía contemplada en un proyecto general denominado "el defensor público".
He tratado de entender que en este proyecto los niños serán defendidos en la misma forma como lo pueden ser los adultos. Sin embargo, no me cabe absolutamente ninguna duda de que, por la presión de la realidad objetiva a la que deben ceñirse esos tribunales, los defensores locales, regionales o nacionales, el tema de los niños volverá a quedar postergado.
Al respecto, conversé con el señor Ministro , quien me señaló que viene un proyecto relativo a los tribunales de familia, donde probablemente tendremos una expresión muy clara sobre el particular.
Sin embargo, quise intervenir ahora, al dar mi voto favorable, para plantear que tenemos dos alternativas. una, incorporar esta materia en el proyecto que se nos anuncia sobre los tribunales de familia o en el que dice relación a la forma en que se va a dividir el SENAME, dejando una parte para lo concerniente a lo judicial, en la cual se incluiría; o bien, podría ser objeto de una indicación al proyecto en análisis. En este último caso, con toda franqueza, por intermedio de la Mesa, pregunto al señor Ministro -quien consultó con personas más doctas al respecto- si acaso esta materia puede ser objeto de una indicación parlamentaria, o debe formularla el Ejecutivo en términos de dar expresas atribuciones para que esta defensoría realmente se preocupe en forma especial del tema de los niños.
Por decirlo de alguna manera, señor Presidente , en tres oportunidades se ha señalado que ya viene una solución más global. Temo que por cuarta vez se me diga lo mismo y que al concluir toda la reforma quedemos al final sin este instrumento, que ha funcionado bien en otros países como Costa Rica, Italia y en algunas regiones autónomas de España.
Ésa es la razón por la cual deseaba intervenir.
Voto a favor.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , después de escuchar todo lo que se ha dicho esta tarde, no me cabe la menor duda de que la idea de legislar está aprobada y por unanimidad.
Por consiguiente, sin perjuicio de todas las indicaciones y artículos transitorios que pienso sugerir si el proyecto así lo requiere, por ahora me limito a lo que debió ser esta sesión: aprobar la idea de legislar.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos), dejándose constancia de que se cumplió on el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con relación al planteamiento formulado por el Senador señor Ruiz-Esquide, éste requiere iniciativa del Ejecutivo, porque se otorgan atribuciones a un órgano público. Asimismo, agradezco la preocupación de Su Señoría por los niños.
Si le parece a la Sala, se fija como plazo para presentar indicaciones el 31 de julio, a las 12.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , ¿por qué no fijamos la primera semana de agosto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No se puede, Su Señoría. El 1 de agosto hay sesión y el señor Presidente de la Comisión solicitó contar con las indicaciones un día antes.
--Se fija como plazo para presentar indicaciones el 31 de julio, a las 12.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , el Honorable señor Ruiz-Esquide , a propósito de una conversación que sostuvimos, manifestó que esa materia figuraba en el proyecto sobre los tribunales de familia.
Sin afán de rectificar lo señalado por Su Señoría, deseo indicar que, de los recursos que se entregarán a los tribunales de familia, eventualmente trataremos de entregar parte de ellos al sistema para la defensa del menor. Sin perjuicio de lo planteado por Su Señoría, el Ejecutivo está de acuerdo con incluir una norma que obligue a defender a los menores.
Agradezco al Senado la aprobación del proyecto.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente, para mayor tranquilidad, solicito al señor Ministro que retire la palabra "eventualmente".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Ministro no puede comprometerse, porque debe consultar primero al Presidente de la República .
En todo caso, le recuerdo al señor Secretario de Estado que en el Senado hemos aprobado varios proyectos de su Cartera; de modo que está en deuda con nosotros.
Terminado el Orden del Día.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario Subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor CANTERO:
A la señora Superintendenta de Seguridad Social, relativo a PAGO DE INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES DE CODELCO CHILE, DIVISIÓN CHUQUICAMATA (SEGUNDA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, y a los señores Intendente de la Undécima Región, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y Director del Sistema Administrador de Empresas, tocante a SUBVENCIÓN A CONSUMOS DE ENERGÍA Y AGUA POTABLE, e INICIACIÓN DE TRABAJOS DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LAGO ATRAVESADO (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Obras Públicas , con relación a INCIDENCIA DE REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS EN OBRAS PÚBLICAS DE DÉCIMA REGIÓN SUR, y
al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo , concerniente a PROYECTO DE CASETAS SANITARIAS EN COMUNA DE QUELLÓN (DÉCIMA REGIÓN).
Del señor ZALDÍVAR (Don Andrés):
A Su Excelencia el Presidente de la República , relativo a ENVÍO DE PROYECTO SOBRE ALCANCE DE LEY DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA.
__________________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
POLÍTICA DE BANCO DEL ESTADO HACIA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS. OFICIO
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , deseo intervenir para señalar mi preocupación por la realidad que están viviendo diversos sectores de la producción de la Región que represento en el Senado.
Verdaderamente, a veces, me cuesta entender algunas informaciones que se dan a conocer en el plano económico, cuando las cotejo con lo que ocurre en la realidad. Uno siempre observa cifras saludables en materias macroeconómicas; sin embargo, en el contacto del diario vivir con la gente -en especial con los pequeños y medianos empresarios, hombres y mujeres que producen en el país-, se da cuenta de que a veces no hay concordancia en dichas informaciones.
Por lo tanto, en virtud de la responsabilidad que me asigna el cargo que ocupo, vale la pena dar a conocer de manera positiva la diferencia existente entre la realidad y algunas informaciones que se entregan a nivel nacional.
La Región de La Araucanía -que represento en el Senado-, está viviendo situaciones bastante complicadas en variados aspectos. Uno de los sectores más dramáticamente enfrentado a condiciones difíciles es el agrícola. La naturaleza le ha jugado a esta gente una influencia negativa y otra positiva.
La mayoría de estos pequeños y medianos agricultores -como todos sabemos- se dedica a los cultivos conocidos como tradicionales. Sin embargo, viendo la modernidad y el desarrollo de la economía y a pesar de las adversas y difíciles condiciones de la naturaleza, muchos de ellos han incursionado en nuevos cultivos, lo cual les significa, por supuesto, comprar tecnología que pagan total y casi completamente de sus propios bolsillos. Con esto estoy afirmando que en ese sector de la economía laboran personas responsables que patrióticamente contribuyen al desarrollo económico y social del país.
Cuando a la agricultura le va mal en la zona que represento, las situaciones se tornan complicadas, y los problemas no solamente afligen a esta gente, sino que ellos afectan el ámbito económico y todas las actividades del comercio.
En los últimos tiempos se han anunciado medidas -al menos en mi Región y también en el país- para ir en ayuda y apoyo de este sector de la producción. Entre las instituciones indicadas para tales efectos se halla el Banco del Estado de Chile, señalándose como una de las instituciones que respaldarán tales áreas de la producción.
Sin embargo, sinceramente, aquí se han presentado situaciones bastante complejas. He comprobado en la práctica que, cuando el pequeño o mediano empresario agrícola, el modesto empresario del transporte, o el dueño de una ferretería, una tienda o un almacén de nuestras comunas concurre al Banco del Estado para solicitar la renegociación de sus créditos -por las razones antes mencionadas y que se han acentuado durante el presente año-, se encuentra con un no muy especial, que es el no que indica que se deben desarrollar nuevos proyectos para comprobar la viabilidad de sus negocios. Se le manifiesta que debe presentar un sinfín de documentaciones tributarias, nuevas garantías para respaldar las repactaciones, y se llega al punto de que ni siquiera existe voluntad, por parte de muchos agentes del Banco del Estado, para renegociar los créditos bancarios que, según he comprobado, muchas de estas personas de trabajo ni siquiera pueden enfrentar.
Al Banco del Estado que conocimos en Chile cuando fue creado se le asignaron funciones muy especiales, diferentes de las de la banca privada. Sin embargo, en los últimos quince o veinte años, dicha entidad se ha venido asemejando cada vez más a la banca privada, la cual tiene sus propias reglas, precisamente por su carácter de tal.
Con esa actitud se está empujando a la gente, que históricamente era atendida por el Banco del Estado, hacia la banca privada -cuando le es posible cambiarse-, donde evidentemente las reglas del juego son mucho más duras que las que ofrece la institución financiera estatal, pues presenta facilidades, características y cualidades que los pequeños empresarios observan ávidamente, pero que no siempre pueden alcanzar.
A mi juicio, esta situación debe ser puesta en conocimiento de las más altas autoridades.
No comparto las palabras de un funcionario de alto rango del Banco del Estado, en el sentido de que todo lo que se podía renegociar ya está renegociado, y que dicho organismo no es una institución que pueda efectuar operaciones comerciales y económicas con sectores que no le garanticen el ciento por ciento de la normalidad, en lo que respecta a la cancelación de los compromisos que contraen. A veces, las autoridades que se encuentran a muy alto nivel pierden la noción y la sensibilidad de los esfuerzos que realiza el ciudadano común y corriente que se encuentra inserto en las diferentes economías de nuestro país.
En lo que atañe a mi Región, conozco a muchos de estos hombres de trabajo. Laboran en la agricultura, son propietarios de modestos negocios de nuestras ciudades, y son personas absolutamente honorables. Ellos han hecho la historia de esas comunidades. Han contribuido a su desarrollo social y cultural, y en muchas oportunidades han soportado dificultades. Pero, como se trata de gente con vocación de trabajo, de una u otra forma han ido venciendo esos obstáculos y problemas, y han contribuido concretamente al desarrollo de Chile. En alguna medida, estas personas representan a la llamada clase media chilena -que sociológicamente uno no sabe dónde empieza ni dónde termina-, la cual ha hecho crecer a nuestro país ycon una especial sensibilidad.
Hay, entonces, una distancia entre la letra y la realidad. Y el Banco del Estado, especialmente en esta etapa, debe demostrar mayor sensibilidad, apertura y flexibilidad, y no entrampar administrativamente en exceso la concreción de lo que se señala en forma pública.
Por eso, quiero que mi intervención se haga llegar al señor Presidente de esa entidad bancaria, para que supervise -de ser como indico- los instructivos que estaría haciendo llegar a sus oficinas a través de Chile. No sé si ésa es la política definitiva del banco en estas materias, o si hay una errada interpretación de los agentes de él que se desempeñan en las 360 comunas del país.
Existe pesimismo en estos sectores, hay desorientación. Porque -vuelvo a insistir- mucho de lo que se ha dicho no se aplica en la práctica. Las noticias del éxito de la macroeconomía no se sienten en los sectores de la microeconomía.
Finalmente, quiero manifestar mi disconformidad con la manera como el Banco del Estado se ha comportado con estos pequeños sectores de la producción en todo sus rubros y niveles.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.-
Señor Presidente , el Senador señor Fernández me ha solicitado unos minutos para intervenir, los cuales concedo con mucho agrado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Fernández.
SITUACIÓN JUDICIAL DE SENADOR SEÑOR ERRÁZURIZ. OFICIOS
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , con motivo de la situación que afecta al Senador señor Francisco Javier Errázuriz Talavera , que por más de un año y siete meses se encuentra privado de sus funciones legislativas, en nombre del Comité UDI e Independientes, quiero señalar lo siguiente:
La suspensión del ejercicio de sus funciones parlamentarias a raíz del desafuero de que fuera objeto el Senador señor Errázuriz provoca, indudablemente, una alteración en el funcionamiento normal de la Corporación, ya que, desde luego, afecta los quórum para la aprobación de los proyectos; no permite que un Senador, democráticamente elegido, pueda hacer presente en la Sala y en las Comisiones el pensamiento de sus representados, y, lo más grave -porque en la práctica su suspensión ha durado mucho tiempo- dicho colega se encuentra impedido de cumplir sus funciones, en circunstancias de que las conductas que se le imputan, aun cuando fueren ratificadas por una sentencia definitiva, no implicarían la pérdida del cargo para el cual fue elegido.
Por todo lo anterior, junto con expresar nuestra adhesión al Senador señor Errázuriz , solicito, en nombre del Comité UDI e Independientes, que estos hechos sean puestos en conocimiento del señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , para los fines que estime conducentes. Del mismo modo, pido que también se oficie al Senador señor Errázuriz , transcribiéndole mi intervención.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador , pero advierto a Su Señoría que, por haber un juicio pendiente, tal vez podría mal interpretarse lo solicitado.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , no me estoy refiriendo al juicio, sino a la situación que afecta al Honorable señor Errázuriz .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Entonces, para que no haya una errada interpretación de lo solicitado, habría que dejar expresa constancia en ese sentido; esto es, que las observaciones de Su Señoría no se refieren al juicio, sino a lo prolongado de la suspensión y el no pronunciamiento sobre el desafuero que afecta al Senador señor Errázuriz .
El señor FERNÁNDEZ.-
Exacto, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Al respecto, quiero hacer presente que también se han hecho gestiones desde la Presidencia del Senado . Incluso, el propio señor Vicepresidente de la Corporación , por encargo mío, ha concurrido a conversar con el señor Presidente de la Corte Suprema , no sólo por el caso del señor Senador Errázuriz , sino como una cuestión general.
Asimismo, se ha encargado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, precisamente a raíz de las modificaciones que se están efectuando al sistema penal chileno, que estudie lo relativo a este tema.
Por último, debo señalar que algunos señores Senadores presentamos un proyecto de ley sobre el tratamiento de los juicios que puedan incoarse en contra de los parlamentarios, en lo que concierne al fuero.
El señor PRAT.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , pido que los oficios solicitados por el señor Senador también se envíen en nombre del Comité Renovación Nacional e Independiente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará, señor Senador.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en conformidad con el Reglamento, en nombre del señor Senador, con la adhesión del Comité Renovación Nacional e Independiente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , como representante del Senado en el Parlamento Latinoamericano, me correspondió asistir a la XVI Reunión de la Comisión de Salud de dicha entidad los días 15 y 16 de junio, a la cual asistieron 14 representaciones de Diputados y Senadores de los respectivos Parlamentos,
Cumplo con dar cuenta a la Corporación de la labor ahí realizada.
La cuestión central de la reunión fue la Niñez y la Adolescencia y los problemas de salud que las afectan.
La importancia de abordar dicho tema en la referida comisión radica en que él será el punto principal por tratar en la Cumbre de Naciones Unidas de 2001. Por ello, el PARLATINO planteará recomendaciones, que haremos llegar oportunamente al Gobierno de Chile, para que se discutan y puedan incorporarse nuestras ideas sobre la materia. La mencionada cumbre se realizará -como Sus Señorías saben-- en Panamá el próximo año.
Otras cuestiones adicionales tratadas en la reunión fueron las siguientes: "Desastres Naturales", asunto sobre el cual el Parlamento chileno ya aprobó un proyecto; "Adulto Mayor", desarrollado especialmente, siguiendo el informe del representante de Uruguay, país que cuenta con una mayor legislación y mejor disposición para analizar dicho contenido.
Además, hubo un tema adicional, que no se había tratado antes, cual es la "Salud del Trabajador", realizado junto con las Comisiones de Asuntos Laborales y Previsionales y de Energía y Minas. Esto reviste una notable importancia, pues actualmente en Chile se está produciendo una creciente preocupación por saber cuánto afecta el desempeño en altura en la salud de los trabajadores. Es decir, tiene relación directa con las leyes laborales. Este asunto ha sido abordado en la Regiones Primera y Segunda, tanto por el Colegio Médico como por algunas instituciones científicas de las sociedades médicas. Y me parece que deberemos tratarlo en el próximo tiempo.
Finalmente, cabe mencionar el problema "VIH-SIDA" y el del "Tabaco", aspecto este último del cual me correspondió dar cuenta, como Presidente del Grupo Regional de Trabajo dentro de la Comisión, que tuvo su primera reunión en agosto del año pasado en esta misma Sala del Senado, y que continuará la próxima semana en México.
El señor BOMBAL .-
¿Su Señoría asistirá a dicha sesión?
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Todavía no lo sé, señor Senador. Voy a preguntar al Presidente de la Comisión de Salud si acaso me autoriza para ello.
En estas dos últimas materias, Tabaco y SIDA, es donde tal vez existe mayor claridad respecto de las dificultades que debemos enfrentar.
En cuanto al contenido central de la reunión: "Salud en la Infancia y la Adolescencia", las metas que se plantearon en la Cumbre Mundial del año 1990 son las siguientes:
Disminuir al máximo la deuda externa de los países, dada la influencia que ella ha generado desde su origen en las políticas sobre la niñez, específicamente en lo tocante al crecimiento promedio de los niños en América Latina y al nivel de morbilidad existente, pues ello tiene relación directa con los problemas económicos que afectan a los países latinoamericanos.
Una segunda meta es la reducción de las tasas de mortalidad en menores de 5 años, que en algunos países habían llegado a ser extremadamente altas, contrariamente a lo que estaba sucediendo en las naciones desarrolladas. En ese sentido, debo señalar que las cifras presentadas por Chile demuestran que la situación nuestra es mejor, si la comparamos con la de países de similar nivel de desarrollo, e incluso con la de algunos que exhiben un ingreso per cápita mayor.
Un tercer objetivo se relaciona con el tratamiento del parto a nivel de maternidad hospitalaria o privada. Hay una clara relación entre las dificultades que afectan a los niños y la atención domiciliaria del parto, cuando el equipo de salud que asiste a la madre en su casa no es del todo eficiente. La tendencia actual es entregarle un mayor afecto; pero esto es en la medida en que se haga bien y no sólo como resultado del abandono.
Un último aspecto en materia de infancia, adolescencia y políticas de salud para América Latina se refiere al especial interés y relevancia que reviste el aborto. Éste es un tema que, cada vez que se menciona o se aborda, levanta polvareda el solo pensar que se intenta legislar a su respecto. En definitiva, de lo que se trata es de entender que en América Latina se provoca un millón y medio de abortos al año, correspondiendo a Chile aproximadamente 150 mil. En países como Paraguay y Brasil son muchos más. Ya no estamos en presencia de una cuestión de carácter porcentual, sino de un problema de salud pública. Sea que se trate de lesiones del niño naturalmente abortado, la muerte de él o de la madre, es algo que, queramos o no queramos, debe ponerse en el debate legislativo, y adecuarse las acciones que lleva a cabo el Ministerio de Salud.
Otro asunto que se abordó en la reunión de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano es el referente a la población indígena y a los indicadores de morbi-mortalidad en la infancia y la adolescencia. Con toda franqueza, las delegaciones chilenas que habíamos asistido a reuniones anteriores mirábamos esto como algo ajeno, porque nos parecía propio de países con mayor porcentaje de población indígena o de etnias originarias. Sin embargo, en el último tiempo, estudios realizados por la Universidad de Concepción, sobre todo en la Región de La Araucanía, específicamente en hospitales de Temuco y otras ciudades, demuestran que estos problemas afectan categóricamente a las poblaciones de las Regiones Octava y Novena, de la misma manera como sucede en Brasil o Paraguay, que cuentan con mayor cantidad de etnias.
Hay una conclusión muy clara: la necesidad de lograr que en la discusión global parlamentaria de los respectivos países se aborden los problemas que afectan la salud de la población, especialmente la infanto-juvenil. Hay la sensación de que se trata de cuestiones única y exclusivamente radicadas en las Comisiones de Salud de los distintos países, quedando claramente establecido que no es así. Es un asunto que dice relación directa a las políticas de desarrollo de los Gobiernos y los Parlamentos.
¿Qué proposiciones surgen a medida que se desarrollan estos temas? Primero, la necesidad de un mayor vínculo entre las organizaciones no gubernamentales, que pueden hacer un gran esfuerzo pedagógico en sectores aquejados por estos problemas, las universidades, los medios de comunicación, los Parlamentos y los Gobiernos. Eso en primer término.
Segundo, fortalecer los nexos con las Comisiones de Educación -está presente en la Sala el Presidente de la nuestra, y bien vale la pena que tome nota de esto-, que las de Salud consideran esencial para la resolución de los problemas sanitarios, así como éstos tienen implicancia directa con la capacidad de asumir la educación tecnológica que se está dando.
Tercero, ratificar los ideales de la Convención de los Derechos del Niño, que si bien son aceptados por todos, en definitiva, no se plantean de la manera que quisiéramos.
Por último, que cada parlamentario informe a su respectivo Gobierno acerca de las propuestas que se harán en la reunión de Ministros de Salud que se celebrará próximamente, así como también en la Cumbre de Panamá, por parte de la Comisión de Salud del PARLATINO, misión que se encargó a quien la preside, la Diputada cubana señora Martínez .
Un segundo tema por tratar es el del SIDA y la juventud. En el Senado chileno está en trámite un proyecto sobre la materia, que esperamos se despache pronto. En este asunto, hay tres ideas centrales, la primera de las cuales -que corresponde a la realidad chilena- es que la propagación del virus del SIDA en los últimos años no ha podido contenerse, a pesar de los esfuerzos realizados. El mal avanza a una velocidad tan alta que hace temer la incapacidad de algunos países para enfrentarlo. Tal es el caso de Haití. Al analizar las cifras proporcionadas en la primera presentación por parte del Gobierno chileno, específicamente por la Comisión Nacional del SIDA, se observa que si bien no tenemos la progresión de Haití, Panamá u otros países del área, realmente es mucho más de lo que hubiéramos querido escuchar.
El señor BOMBAL .-
¿De cuándo es el informe, señor Senador ?
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
De 1999, Honorable colega.
Una segunda idea básica que se confirmó claramente es que el SIDA dejó de ser un problema relacionado con la homosexualidad, pues también afecta a los heterosexuales. Y lo que es peor, tiene un carácter perinatal, es decir, que el contagio con el virus se produce durante el parto en tasas cercanas a 7 por ciento. Reitero: este mal dejó de afectar exclusivamente a la población homosexual, pues en la actualidad ataca mayoritariamente a los heterosexuales.
La tercera idea que surge del análisis de esta materia es que, categóricamente, mientras se mantenga la exclusividad de fabricación de medicamentos por determinadas industrias, especialmente norteamericanas, no habrá posibilidad de enfrentar el flagelo. El costo de las drogas es de tal naturaleza (del orden de 1.200 dólares mensuales) que no hay modo de que las personas o los países puedan costearlas. Cabe destacar que Cuba está trabajando muy seriamente en la elaboración de medicamentos para la triple terapia, que es la manera de tratar la enfermedad, como ha venido haciendo con distintas vacunas en que ha colaborado.
Asimismo, debo mencionar que, en cuanto al SIDA, no hay diferencia sustancial, salvo en dos o tres países, con lo que sucede en el resto. Al respecto, se adoptó un acuerdo en relación con el costo de los medicamentos, para ser abordado en la Cumbre de Presidentes en Panamá, y también en la Organización Mundial de Comercio. La Comisión encargó a su Presidenta hacer la presentación en esos foros. Está en juego un aspecto ético, pues no es posible que, dado el alto valor de estas drogas, que están produciendo enormes ganancias a las empresas farmacéuticas, en definitiva, no se enfrente la pandemia del SIDA, que puede poner en riesgo, de manera prácticamente incontrolada, a América del Sur, Africa y países de Oriente.
Además, se resolvió recomendar que se represente la necesidad de que los sistemas educacionales de los países incorporen la educación sexual, con las características propias de cada nación, de modo de colaborar en la prevención del SIDA, pues no cabe duda de que es esencial.
De los tres últimos acuerdos adoptados, uno dice relación con los asuntos laborales y previsionales y de salud, especialmente, de los trabajadores.
Esta fue la primera vez -tal como señalé- que tres Comisiones distintas abordaron la materia planteada. Y en ese sentido, debo hacer presente que en el resumen final se expresa la necesidad de construir una agenda común entre las tres Comisiones: Minería, Trabajo y Salud -esta última, naturalmente, por los efectos que se producen-, para abordar los problemas de salud que afectan a los trabajadores en toda América Latina, como los derivados de las faenas en altura, punto del que muy pronto deberemos ocuparnos y que se relaciona con políticas de prevención de enfermedades profesionales. En Chile, quienes trabajan a 3 mil o 4 mil metros de altura presentan problemas cardiacos y arteriales, fruto del exceso de glóbulos rojos que se producen como una manera de responder a la carencia de oxígeno. Además, están apareciendo importantes fenómenos de depresión, que deben enfrentarse a través de las tres vías señaladas.
Sobre el particular, algunos señores Senadores representantes de las Regiones Primera y Segunda me han informado de severos inconvenientes que estarían presentando los trabajadores en sus hogares -entiendo que también los de la Tercera Región-, como infertilidad e impotencia, lo que obligará a estudiar si sus horarios de trabajo -una semana en la altura y otra en sus hogares- deberán ser modificados.
Creo que el Senado tendrá que hacer un esfuerzo y tratar esa situación en el próximo tiempo.
En cuanto al control del consumo del tabaco, se entregó información acerca de lo realizado en Chile, y se adoptaron algunos acuerdos que considero importante darlos a conocer antes de finalizar mi exposición.
El primero de ellos, sobre el cual no existe ninguna duda, se refiere a que el tabaquismo se ha transformado en un problema relevante en el mundo entero, como se pudo advertir por las recopilaciones de antecedentes relativas a los diversos países. Ha llegado a tal punto la situación que hoy -Sus Señorías lo habrán visto en las informaciones- el Ministro de Salud de Italia ha hecho una propuesta legislativa de una dureza extrema en relación con la nuestra o la existente en otros países.
En seguida, el número de muertes producidas por el tabaco -tanto en forma directa como por las condiciones anexas derivadas del consumo- y el costo de las enfermedades que provoca, superan toda posibilidad de enfrentar su solución. Los señores Senadores saben muy bien que la cifra de crecimiento entregada por el Banco Mundial para los países del Hemisferio Occidental es del orden de seis por ciento anual, y que el aumento del costo en salud -entre otras causas, por efectos del tabaco, pues provoca enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo - es de un 12 por ciento anual. Por lo tanto, llegará un momento en que no será posible manejar los costos que se generan con los presupuestos nacionales. Ni siquiera Estados Unidos, que tiene una fuerte demanda no satisfecha, lo puede hacer actualmente.
En tercer término, aquí no sólo hay involucrados problemas de salud, sino que también de carácter agrícola, ya que la supresión del consumo de tabaco perjudicaría a países como Brasil, Nicaragua, y la India, en el extremo oriente, que son muy dependientes de una actividad que da trabajo a una cantidad importante de personas. En la India, más del 40 por ciento de la mano de obra está dedicada o relacionada con la siembra del tabaco.
En cuarto lugar, se requiere de una voluntad más fuerte de los gobiernos para enfrentar el problema del tabaquismo. Y, al parecer, ha habido avances sobre el particular, pues, aunque parezca anecdótico, no deja de ser importante el que prácticamente todos los Parlamentarios que asistieron a la reunión señalaron que en sus países se había prohibido fumar en las Cámaras o en el Senado.
Por último, quiero manifestar -aunque me haya correspondido presidirlo- que se brindó amplio respaldo al grupo de trabajo, y se le encargó seguir analizando la última materia pendiente, referente al modo de presentar las demandas contra la industria tabacalera norteamericana, pues las últimas dos -de origen latinoamericano- fueron rechazadas. Es necesario estudiar si se mantienen, y si ello no es posible, considerar cómo proceder en nuestros países ante las tabacaleras nacionales. Este punto, como Sus Señorías saben muy bien, se relaciona con el costo que provoca el tabaco en materia de salud. En Chile, por ejemplo, oscila entre 200 y 250 millones de dólares al año, en un presupuesto que supera levemente los mil millones.
Por otra parte, como señalé en la sesión de ayer durante la discusión de otro proyecto, la Comisión de Salud acordó solicitar públicamente al Congreso de Estados Unidos limitar, a lo menos en materia de alimentos y medicamentos, el bloqueo a Cuba. La proposición fue aprobada por unanimidad con la participación de Parlamentarios, en lo que a Chile respecta, de todos los sectores políticos.
Termino este informe, señor Presidente, manifestando que es preocupante que el diagnóstico elaborado no sea bueno, pero es importante en la medida en que el PARLATINO está demostrando ser capaz de actuar de consuno frente al futuro.
He dicho.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que se encuentra en las tribunas una delegación de profesores de Curanilahue, a la que expresamos nuestros saludos.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , antes de comenzar mi intervención, quiero manifestar que adhiero con entusiasmo al saludo de Su Señoría a los profesores de Curanilahue.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En el turno de Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
RATIFICACIÓN DE ESTATUTO DEL VATICANO EN NACIONES UNIDAS
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , deseo referirme a una información aparecida en la prensa de hoy, en la que se da cuenta de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ratificó el estatuto jurídico del Vaticano en las Naciones Unidas.
Menciono el tema por cuanto esta Corporación, en abril de este año, aprobó un proyecto de acuerdo en que se pronunciaba en ese mismo sentido y adhería a la Santa Sede ante las evidentes maniobras que se realizaban ante Naciones Unidas para privarla de su estatuto jurídico como observador permanente o, a lo menos, impedirle desarrollar su labor como Estado en ese organismo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría abrumadora una moción que ratifica el reconocimiento del estatuto jurídico del Vaticano en las Naciones Unidas, pese a la enorme campaña desplegada por distintas organizaciones para reducirlo. Esta moción, sancionada anoche, contó con 416 votos a favor y sólo uno en contra. Debo destacar que el representante republicano, señor Christopher Smith , de New Jersey, señaló: que "si hubiera que hacer algún cambio, la Santa Sede merece un papel aún más prominente en las Naciones Unidas.".
Recalco esta noticia, señor Presidente , porque nuestro Senado fue el primero que en el mundo se pronunció en tal sentido. Y hoy, precisamente, la Santa Sede ha recordado que nuestra Corporación y el Parlamento de Filipinas -que lo hizo con posterioridad- habían adoptado similar predicamento.
Me parece muy importante destacar que fuimos los primeros en hacerlo. Hoy día se pronunció al respecto la Cámara de Representantes, lo que seguramente contribuirá a que el proyecto del mismo tenor que se encuentra en el Senado de ese país sea aprobado en el próximo tiempo.
XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
El señor BOMBAL.-
Por otro lado, señor Presidente , deseo destacar la interesante exposición que ha hecho el Honorable señor Ruiz-Esquide acerca de su participación en la Comisión de Salud del PARLATINO. Creo que es muy completo e interesante. Celebro que se rindan informes de los viajes a esas organizaciones, porque no es frecuente imponerse de un modo tan detallado y pormenorizado de uno como el que se acaba de escuchar.
Pido que el texto de la intervención de mi Honorable colega, señor Presidente , sea remitido formalmente a la Comisión de Salud y a cada señor Senador, si es posible.
ACTIVIDAD DE COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO
El señor BOMBAL.-
Pongo en conocimiento del señor Presidente que la Comisión de Salud se encuentra trabajando en este momento, en virtud del mandato de la Sala, en el tema de la discapacidad, que ha provocado gran impacto. Han transcurrido aproximadamente tres meses de labor en torno de un asunto que ha resultado muy emocionante abordar por los múltiples testimonios recibidos de distintas organizaciones que actúan en ese ámbito, más el testimonio elocuente y personal, en Santiago y en Regiones, de los que padecen una dificultad de ese tipo. Ellos sufren las consecuencias de una sociedad como la nuestra, ni preparada ni habilitada para poder hacerse cargo de una realidad tan dramática, en circunstancias de que la discapacidad debiera constituir, tal vez, una de sus atenciones preferentes.
Hoy en la mañana, en una sesión muy emocionante, se hacía presente que aquellos que aparecemos como "normales" o nos llamamos "normales", entre comillas, muchas veces determinamos que el discapacitado entre en la vida con una limitación -no puede aprender, no puede estudiar, no puede completar sus estudios, en fin-, en circunstancias de que es muy distinta la mirada con que el mundo considera actualmente esa situación.
Sin detenerme ahora al respecto, quisiera señalar que se ha avanzado muy bien en el trabajo a que nos hallamos abocados y que la Sala podrá conocer luego el informe pertinente. Ojalá que sea posible celebrar una sesión especial para proporcionar los antecedentes e interesar todavía más a la sociedad y a esta Corporación en las múltiples ideas que han ido surgiendo en el órgano técnico.
De paso, deseo reiterar que la Comisión ya despachó el proyecto del genoma humano, de gran relevancia, que será tratado en agosto próximo. Creo que el Senado encontrará elementos muy novedosos, que nos sitúan a la altura de lo que es hoy el debate mundial acerca de un tema tan complejo y de tanto interés para el desarrollo de la humanidad.
Felicito a los autores de la moción, entre ellos el Honorable colega Ruiz-Esquide y usted, señor Presidente , por la oportunidad de iniciar el análisis de algo de gran trascendencia, no sólo para el país, sino también para el destino de los seres humanos.
Y, desde luego, sabemos, como sus propios autores, que el debate no se agota en el proyecto, el cual además se ciñe a la modalidad reglamentaria antigua y será sometido a discusión general, para después entrar en la discusión particular, donde esperamos que sea enriquecido con las indicaciones de los señores Senadores.
Finalmente, la Comisión de Salud también analiza otra cuestión de gran significación, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mañana se constituirá en la Clínica Familia, del padre Baldo Santi , que asiste precisamente a los enfermos de SIDA y que tal vez es una de las instituciones que en el país dan el testimonio más elocuente del tratamiento no sólo a ellos, sino también a sus familias, a las que se sigue atendiendo incluso después que el paciente deja el mundo. De esa forma se expondrá nuestro interés en sensibilizar todavía más a la sociedad respecto de ese punto.
Tras recibir el consejo del grupo de especialistas de dicho establecimiento esperamos poder complementar o mejorar en aspectos de interés un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados.
Doy solamente un dato, señor Presidente : se estima que en Chile existen entre 25 mil y 30 mil personas con SIDA. Hace un año o dos la cifra era la mitad. De manera que el carácter exponencial del mal, con sus secuelas y consecuencias, no puede ser más dramático y gravísimo. Por lo mismo, urgen nuestros pronunciamientos al respecto.
CONEXIÓN COMPUTACIONAL EN SALA DE SESIONES
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , varios Honorables colegas, entre ellos los Senadores señora Matthei y señor Prat , utilizan permanentemente las redes computacionales para desarrollar su labor en la Sala. Y cada vez más, con la moderna tecnología que llega, se requiere trabajar con computadores.
Sin embargo, el recinto en que nos encontramos carece de conexión a red. Y, como el edificio dispone de instalaciones adecuadas y se han logrado grandes avances en el campo mencionado, solicito estudiar la posibilidad de superar el inconveniente, con el objeto de evitar trabajo, incluso, al esforzado y eficiente personal que nos acompaña en todas las sesiones. En efecto, muchas veces pedimos informes que hasta es preciso buscar en otros lugares, en circunstancias de que podrían hallarse disponibles en terminales computacionales en el hemiciclo, de los que no se puede disponer por faltar la conexión o instalación necesarias.
RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIA DEL SENADO
El señor BOMBAL.-
Deseo expresar, en nombre de la Comisión de Salud, nuestro agradecimiento a la señora Paula Barrios , funcionaria muy distinguida que nos ha acompañado en nuestro trabajo, quien, por razones familiares, se traslada próximamente de ciudad y dejará en forma transitoria el Senado. Le manifiesto nuestro reconocimiento por su eficiente labor, además de destacar sus cualidades profesionales y personales, todo lo cual ha contribuido, sin duda, al buen éxito de muchas de las iniciativas que nos han ocupado en el seno de la Comisión.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se pedirá la información necesaria sobre la instalación computacional a que Su Señoría ha hecho referencia.
Tiene la palabra al Senador señor Stange en el tiempo que resta al Comité Unión Demócrata Independiente e Independientes.
EVASIÓN COMO AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL
El señor STANGE.-
Señor Presidente , como es de público conocimiento, cada vez se hacen más frecuentes las fugas de detenidos o presos desde los distintos recintos penitenciarios, cuestión que lógicamente genera inseguridad y alarma públicas.
El ordenamiento jurídico establece que es deber del Estado dar protección a la población y la familia, obligación que se cumple mediante la aplicación de una adecuada política de seguridad pública.
Del mismo modo, nadie podría negar que la libertad personal, como garantía del individuo, admite en forma excepcional algunas y determinadas restricciones, tal como lo dispone el Nº 7 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, cuando se dan las condiciones allí mencionados. La comisión de delitos y, en general, la vulneración del ordenamiento jurídico representan la principal y más justificada causa de ello.
Tratándose de tan fundamental garantía, que emana de la naturaleza humana misma, siempre será entendible que el individuo privado de la libertad quiera o pretenda recuperarla, sabiéndose que actualmente la evasión de detenidos o presos no es agravante legal.
En razón de lo anterior, no basta la custodia determinada por el ordenamiento jurídico a través de los órganos correspondientes. En efecto, el Código Penal, en sus artículos 299 a 304, ambos inclusive, describe y sanciona diferentes situaciones de "evasión de detenidos", pero en todos los casos la legislación sólo hace recaer responsabilidad penal en la persona del empleado público a cargo de la custodia.
La estructura del Código citado exime de responsabilidad al autor de la evasión, en razón de los supuestos ya expresados y que estuvieron en boga en la época de la dictación de ese ordenamiento, esto es, en noviembre de 1874.
Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, contenido en el decreto supremo Nº 1771, de 9 de febrero de 1993, dispone que "el intento, la colaboración o la consumación de la fuga" es una falta grave respecto de los internos y que se sanciona en forma disciplinaria con la pérdida o suspensión de ciertos privilegios que va regulando el personal de Gendarmería.
De las argumentaciones anteriormente indicadas fluye la necesidad de establecer medidas o instituciones eficaces que disuadan al individuo privado de libertad de incurrir en una potencial conducta evasiva.
Empero, estas razones, que engarzan con un fundamento de política criminal, no son las únicas que justifican el castigo de la evasión. Se trata, además, de una conducta que atenta contra el bien jurídico protegido, que es la "administración de justicia".
En consecuencia, los hechos han demostrado que el pretender radicar toda la responsabilidad penal en la persona de los custodios no constituye una manera eficaz para disuadir la reiteración de estos hechos. Y, por otra parte, resulta muy complejo establecer una figura penal autónoma, como sería la de "evasión de detenidos", que, entre otros inconvenientes, no se ajusta a los principios de técnica criminal. Por el contrario, la forma indicada para contemplar una penalidad proporcional a la infracción incurrida implica establecer una nueva causal de agravación de la responsabilidad penal.
Por otro lado, se relaciona con este tema la institución del quebrantamiento de condenas, tratada en el Párrafo 1 del Título IV del Libro Primero del Código Penal, que se refiere a las penas en que incurren los que quebrantaren las sentencias; es decir, aquellos que rompen o violentan una obligación emanada de un fallo judicial. De ahí que el artículo 90 del Código del ramo disponga el agravamiento de la condena con penas accesorias a los crímenes o simples delitos. Sin embargo, esta institución no es aplicable al caso de la "evasión" de detenidos o presos por causa judicial.
Por las consideraciones antes expuestas, anuncio que presentaré una moción para agregar una circunstancia agravante de responsabilidad criminal en el artículo 12 del Código Penal respecto a la posible evasión de detenidos o presos desde establecimientos penitenciarios.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como el Comité Renovación Nacional e Independiente y el Comité Institucionales 1 no intervendrán, tiene la palabra el Honorable señor Núñez, en el tiempo del Comité Socialista.
XVI REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo felicitar al Senador señor Ruiz-Esquide por la información que nos entregó con respecto a la intervención que le cupo en la delegación chilena que participó en la última reunión del PARLATINO.
Sobre el particular, sólo quiero hacer dos observaciones.
Primero -y esto me parece vital-, en Chile no tenemos una política destinada a generar conciencia cierta del grave daño que provoca el SIDA y los organismos públicos pertinentes carecen de capacidad para prevenir los efectos de ese mal, que, como todos sabemos, son mortales.
La experiencia de hace algunos años en cuanto a la negativa de canales de televisión a pasar determinados spots publicitarios indica que todavía afrontamos un problema serio, que seguramente no superaremos con facilidad.
En este momento -si estoy equivocado, el Honorable señor Ruiz-Esquide podrá rectificarme - el SIDA se encuentra en un nivel tal que uno podría señalar que en varios países europeos tiende a detenerse. Es decir, contra el crecimiento exponencial existente en Chile, en Europa las últimas cifras indican que el grado de presencia e implicancia de ese terrible flagelo en la vida sexual de las sociedades desarrolladas permite concluir que en lo futuro no debería haber mayores dificultades con él cuando la ciencia posibilite encontrar un medicamento destinado a prevenirlo o erradicarlo definitivamente.
La siguiente observación se refiere a la determinación que adoptó el PARLATINO con respecto a Cuba.
En primer lugar, según la información que poseo, lamentablemente la decisión del Parlamento norteamericano en orden a levantar el bloqueo en materia de productos farmacéuticos y alimentos no está operando en Cuba. Y será muy difícil que opere. De acuerdo con los antecedentes de que disponemos, si el Gobierno de la Isla quisiera comprar medicamentos en el mercado estadounidense o a través de los bancos directa o indirectamente relacionados con las grandes instituciones bancarias del país del norte, éstas tienen la obligación de requisar los dineros pertinentes. En consecuencia, esa vía está prácticamente cerrada.
En seguida, si se quisiera llevar alimento a Cuba -felizmente, así lo pidieron prácticamente todos los Parlamentarios (entiendo que de todos los colores políticos) asistentes a la Reunión en comento-, como trigo, surge el inconveniente de que el barco que atraque en un puerto de la Isla, sencillamente, nunca más podrá hacerlo en uno norteamericano, debido a la enmienda Torricelli .
Por ello, es en el hecho inoperante la enmienda que, afortunadamente -porque a lo menos hay una buena intención-, acaba de aprobar el Parlamento de Estados Unidos.
Digo lo anterior porque quizá sería bueno hacer algún tipo de presentación en conjunto para que se nos informara más en detalle, pues, a mi juicio, es absolutamente humanitario, justo, necesario, que el pueblo de Cuba pueda recibir más medicamentos y más alimentos. Según se me ha expresado, lo que está faltando en el último tiempo es, fundamentalmente, medicamentos, carencia que impide atacar de manera masiva una cantidad importante de enfermedades.
Lo expuesto va más allá de cualquier consideración política o ideológica. Es importante, en este caso, que tengamos por lo menos una visión que nos permita desplegar una acción humanitaria en materia de nuestras relaciones internacionales.
DERECHOS DE LA MUJER: RESPUESTA A RÉPLICA DE SENADOR SEÑOR BOMBAL
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , a propósito de mi intervención en la hora de Incidentes de la sesión del 4 de julio recién pasado sobre los derechos de la mujer y las políticas gubernamentales en los ámbitos nacional e internacional, el Honorable señor Bombal replicó mis afirmaciones sosteniendo que:
I: "Desgraciadamente, y contra lo que señala nuestro Honorable colega, la visión expuesta" -en diversas reuniones internacionales celebradas con relación a la mujer- "tanto por la Administración pasada como por la actual ha sido sólo la del oficialismo. Aquí no se han contemplado ni recogido, respecto de materias tan sensibles, que afectan el orden de la familia, posiciones que representen el espectro cultural de toda nuestra sociedad.".
Al respecto, puedo manifestar que Su Señoría se encuentra en un error. En efecto, en mi poder obra la lista completa de la delegación oficial a la Sesión Especial de la ONU Mujer 2000: Igualdad de Género, Desarrollo y Paz en el siglo XXI, la cual me permite constatar que formaron parte de ella -y no precisamente en representación del oficialismo, a menos que haya ocurrido algún cambio de militancia del que no estoy informado- la Senadora señora Evelyn Matthei y la Diputada señora María Angélica Cristi . Pero, aun más, dicha delegación contó con la participación de otras exponentes de nuestra diversidad cultural, como las señoras Marta Fajardo , del Movimiento de Mujeres Rurales; Esmelinda Pinda , representante de las mujeres mapuches; María Berríos , representante de la CUT; Mireya Pérez , Generala de Carabineros de Chile, y María Ester Goldsack , del Movimiento Coordinación por la Vida y la Familia, del Arzobispado de Santiago.
A mayor abundamiento, y con el objeto de aclarar todavía más el carácter plural y diverso de la delegación chilena ante la Sesión Especial de la ONU, daré a conocer la opinión que entregó a la prensa la señora Pilar Escudero , Secretaria Ejecutiva de la Vicaría para la Familia, del Arzobispado de Santiago, quien valoró positivamente la posición más abierta del SERNAM y el que esta institución haya comunicado con anticipación la postura que iba a tener Chile en Nueva York. Señaló textualmente: "No fue como en Beijing (1995) en que supimos la postura de Chile allá. Además estamos contentos con la postura pro vida" que mostró la delegación chilena. La misma señora Escudero planteó que hacia el futuro ojalá prosiga esa posición de oír a todos los sectores. "Ella" (la Ministra ) "está abierta a recibir aportes de la sociedad y la Iglesia siente que tiene que dar muchos".
La misma nota de prensa, aparecida en el diario "El Metropolitano" del 14 de junio último, señala que opiniones similares vertió la propia Diputada de Renovación Nacional que formó parte de la delegación oficial: la señora María Angélica Cristi .
2. "El Senador señor Núñez" -agrega el Honorable señor Bombal en su réplica- "señaló que el Protocolo Adicional de la CEDAW no obligará a nuestro país. Sin embargo, ello no es así, pues dicho Protocolo permite a Comités de las Naciones Unidas recomendar a Chile -como ya lo han hecho- determinadas políticas. Si nuestro país no las implementara, podría llevarse el caso puntual a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y, de crearse la Corte Penal Internacional, sería factible acusar a Chile por no cumplir las recomendaciones del caso, como la que se viene formulando en estos protocolos, que implica que en nuestro país exista un aborto seguro.".
En esta materia, el Senador señor Bombal se equivoca, no obstante que él mismo relativiza su alegato al señalar que "podría llevarse el caso puntual a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU".
Con relación a este importante punto, respecto del cual hemos de obrar con mucha seriedad y no sobre la base de supuestos, debo señalar que el Protocolo Facultativo de la CEDAW -aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y que Chile, en conjunto con otras naciones, suscribió el 10 de diciembre del mismo año- ya ha sido firmado por 27 países.
Ése es un nuevo instrumento de seguimiento de la CEDAW, que permite a las mujeres víctimas de una violación a los derechos reconocidos en la Convención presentar una "comunicación" al Comité de Expertas, para que éste la estudie y emita opiniones, y eventualmente, recomendaciones, después de recibir la información del Estado en cuestión.
El procedimiento de comunicaciones no es judicial. El Comité no es un tribunal internacional. Por lo tanto, sus recomendaciones no son obligatorias para los Estados; es decir, no se podría obligar a éstos, por ejemplo, a pagar una indemnización, si así se estableciera.
Es más, una lectura detenida de las disposiciones del Protocolo lleva necesariamente a concluir lo ya reseñado. En ninguna de las normas de ese especial y específico Protocolo existe mención alguna sobre una transferencia de jurisdicción a un organismo internacional. Pretender que ello es así revela una intención manifiesta o, tal vez, encubierta de poner a nuestro país al margen del desarrollo del Derecho Internacional en estas materias, y en especial, de la obligación contraída por el Estado chileno en orden a respetar y promover los derechos de la mujer y de luchar contra toda forma de discriminación que la afecte.
Por último, señor Presidente , debo señalar que el referido Protocolo -si uno se da el trabajo de leerlo, por cierto- no contiene ninguna norma vinculada al aborto, contrariamente a lo que de manera tan categórica afirmó el Senador señor Bombal .
Por ello, considero imprescindible tratar estos temas con seriedad y con la mayor altura posible, porque aquí -como dijo el mismo señor Senador- se encuentran en juego principios muy caros, como la promoción de los derechos de la mujer y otros.
En virtud de lo anterior, me parece pertinente la solicitud de Su Señoría -y adhiero a ella- de realizar una sesión especial sobre la materia, para así resolver apropiadamente las dudas que aún puedan existir al respecto. Y entiendo que la señora Ministra Directora del SERNAM está absolutamente dispuesta a venir al Senado para trabajar y conversar con nosotros sobre los alcances reales que tienen los entendimientos y acuerdos a que se llegó en esa tan trascendente Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas.
CESANTÍA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN REGIÓN DE ATACAMA. OFICIOS
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , la grave situación que afecta a la ciudad de Vallenar, en la Región de Atacama, es el reflejo, más allá de las buenas intenciones, de una falta de sintonía entre los sectores público y privado para enfrentar más decididamente la reactivación económica que requiere el país.
Se ha dicho hasta el cansancio que quien debe generar empleos en nuestras regiones es el sector privado; él es el que tiene la obligación de invertir para los efectos de ampliar la capacidad ocupacional. Pero, al mismo tiempo, corresponde al Estado, y en especial al Gobierno, implementar las políticas que permitan incentivar una mayor inversión de los particulares.
En tal sentido, en la Tercera Región tenemos un mal ejemplo de la capacidad de incentivo que debe necesariamente desarrollar el Estado, sobre todo en el sector pesquero. En efecto, en la última asignación de cuotas de pesca para el recurso jurel no se consideró que Atacama no es la Octava Región, ni tampoco Chiloé, demostrándose con ello un desconocimiento garrafal y una evidente ignorancia de ciertas autoridades de Gobierno, pues las cuotas de pesca se están distribuyendo como si la configuración geográfica fuera igual en todo el territorio. En síntesis, la aplicación de esa medida prácticamente termina con la pesca industrial y limita de modo importante la actividad pesquera artesanal.
Por ello, señor Presidente , solicito que se oficie en mi nombre al señor Ministro de Economía , a fin de que se proceda a rectificar la cuota de captura del jurel asignada a la Tercera Región, que asciende a 0,32 por ciento, en circunstancias de que históricamente se le ha asignado 4 por ciento.
De no producirse esa rectificación, a no dudarlo las plantas pesqueras instaladas, especialmente las de Caldera, deberán cerrar, incrementando aún más la desocupación regional, pues en ese puerto no hay otras alternativas de empleo y no existen posibilidades ciertas de reconversión laboral.
En las zonas desérticas del norte no es factible reconvertir de la noche a la mañana a los pescadores o a los mineros en agricultores, porque en esas tierras no existe agricultura. Y como no hay bosques -al parecer, algunos todavía no conocen la geografía de Chile-, tampoco existe industria forestal. Allí no se desarrolla otra actividad que la minería y la pesca. Y pare de contar. Lo demás -por ejemplo, los servicios- es extraordinariamente limitado.
Por tanto, cuando se insiste en aplicar políticas públicas sin tener en cuenta, no sólo las diversidades social y cultural, sino además la diversidad geográfica del país, se comete un grave error de centralismo. Yo diría que es en esos casos donde el centralismo y la burocracia estatal adquieren la máxima estupidez. Es realmente increíble que no se tomen en consideración variables tan esenciales al adoptase medidas de tal naturaleza.
Aplicar una medida de ese tipo en Antofagasta, Tarapacá y Atacama -como muy bien sabe el señor Presidente del Senado- no es lo mismo que aplicarla desde Santiago al sur, donde existen distintas actividades productivas y, eventualmente, puede reciclarse laboralmente a la gente. Así ocurrió en Lota. Y por eso mi planteamiento siguiente, que ya lo hice a autoridades de Gobierno.
Con respecto a esa demostración de falta de sensibilidad y de criterio, uno encuentra que, en el ámbito de la pequeña y mediana minerías, con simples medidas correctivas, perfectamente factibles de implementar, podríamos aumentar de manera apreciable la actividad del sector. Pero ellas no se toman.
Sin embargo, no faltan ciertos personeros que desde las propias empresas vinculadas a la pequeña y mediana minerías insinúan, con alto grado de irresponsabilidad, la posibilidad de paralizar definitivamente plantas de la ENAMI, de privatizarlas o, sencillamente, de no ejecutar acciones correctivas necesarias para poder reactivar esa importante área productiva de la Región, que absorbe una enorme mano de obra.
En mi opinión, en la pequeña y mediana minerías las soluciones se hallan a la mano y no se pueden seguir dilatando. Por ello, esperamos que en el "Día del Minero" -ojalá en presencia del Presidente de la República , con quien he conversado al respecto- podamos dar noticias que lleven más tranquilidad a esa actividad tan esencial para nuestra Región.
Insisto: es la actividad principal de la zona. Y seguirá siéndolo, en la medida en que no hay sino una gran minería del cobre (muy pequeña, comparada con la de la Segunda Región) y una mediana y pequeña minerías que están prácticamente colapsadas.
Por otra parte, existe asimismo la necesidad de que la banca nacional genere mejores condiciones para la pequeña y mediana empresas del país. Éste es el debate que hemos tenido en las últimas semanas. Por eso, me pareció lamentable que la Asociación de Bancos, presidida por el señor Somerville , señalara que el sector bancario ya ha adoptado todas las medidas para favorecer a las PYMES.
Desgraciadamente, no es así, al menos en la Tercera Región. La mayoría de los empresarios de Atacama están siendo ejecutados a raíz de sus deudas bancarias. Lo mismo está sucediendo con el Banco del Estado de Chile, como señaló también, de manera dramática, un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Si efectivamente queremos reactivar ese importante sector de la economía, debemos flexibilizar mucho más las políticas de repactación de deudas y de acceso a nuevos créditos. En el caso de Atacama, la mayoría de los pequeños y medianos empresarios -por no decir el 99 por ciento- se encuentra con antecedentes comerciales negativos; ese hecho, dadas las actuales exigencias bancarias, les imposibilita el acceso a nuevos recursos, inhibiendo la enorme capacidad generadora de empleos que posee la pequeña minería, que fue tan fuertemente afectada por la crisis asiática y la recesión.
De otro lado, el permanente boicot que durante mucho tiempo llevaron a cabo sectores que se negaban a implementar los acuerdos y entendimientos a través del Tratado Minero con Argentina hizo un flaco favor a la Región de Atacama, y particularmente a la provincia de Huasco, puesto que la empresa canadiense Barrick , dueña del proyecto aurífero Pascua-Lama efectivamente, como fuera anunciado aquí, en el Senado, está a punto de comenzar actividades por el lado argentino, como era obvio, donde ha encontrado mayores facilidades que en Chile.
En esta Corporación hubo una larga discusión sobre el tratado, que evidentemente favorece a Chile. Y todos tenemos -así debiera entenderse- un acercamiento lógico a los temas que benefician al país. Pero resulta que no es así. El tratado minero favorecerá de todas maneras a Chile. Ya veremos cómo. Y es un debate que sostenemos, entre otros, con el Honorable señor Lavandero , Presidente de la Comisión de Minería . Espero que algún día en el Senado podamos analizar la política minera nacional, en particular la del cobre. Yo difiero de algunos planteamientos centrales del Senador señor Lavandero , pero no de todos. Lo concreto es que el tratado minero de todas maneras, por no haberse firmado, está impidiendo que más de 3 mil personas tengan la posibilidad de acceder a empleos seguros en uno de los proyectos mineros más espectaculares de alta cordillera.
Esperamos que una vez ratificado este tratado, ojalá en los próximos días, se implementen todas las medidas tendientes a mejorar las inversiones en este plano, particularmente en lo referente a la actividad minera de alta cordillera, la cual puede permitir positivos frutos a una Región como la nuestra, dada la alta densidad de mano de obra que se requiere para la instalación de las faenas de estos proyectos de gran envergadura.
En nuestra Región se requiere, además, implementar con rapidez un plan especial de diversificación de la actividad productiva. Si los actuales niveles de cesantía regional -como se lo hemos dicho recientemente al Ministro del Interior , a propósito del tema pesquero- se mantienen; si en la provincia de Huasco persiste una cesantía de 17,1 por ciento, tal como lo señaló el alcalde de esa ciudad; si en Copiapó, especialmente en los sectores más pobres, no varían las cifras de desempleo registradas últimamente, Atacama tendrá que exigir de las autoridades de Gobierno las mismas medidas que en su momento adoptara la anterior Administración para la ciudad de Lota. En este momento la falta de fuentes de trabajo es más grave que la que entonces se produjo en Lota, y hay que tener presente que sus posibilidades de diversificación productiva son mucho mayores que las que hoy ofrece Atacama . En consecuencia, si allá se implementó una política justa, necesaria, que todos apoyamos en el Senado, quiero pedir formalmente que, conforme al planteamiento que he hecho al Ministro del Interior , y que espero presentar igualmente al Presidente de la República , se estudie la posibilidad de actuar en la misma forma en una Región que está padeciendo similares efectos que los que en su momento experimentó Lota. El problema del carbón no es el mismo que el del cobre, por cierto. Pero resulta que, como algunos han sostenido que ya en Chile hay que "enterrar" la pequeña y mediana minería, y que sólo tienen que subsistir los grandes proyectos mineros, entonces habrá que dejar enterrados, sécula seculórum, al interior de nuestra naturaleza yacimientos de cobre que nunca van a ser explotados por las grandes empresas mineras, ya que éstas se interesan sólo por megaproyectos que les permitan explotaciones intensivas.
La situación que vive Atacama es tanto más grave que la sufrida por esa ex región carbonífera de Chile. Por ello, se hace cada vez más evidente la necesidad de generar un gran movimiento de defensa de nuestra Región, sin fines electorales, donde quepan todos los atacameños que realmente estén dispuestos a luchar por ella, y sin que esta iniciativa sea manejada por ningún partido político o Parlamentario.
La Región que represento en el Senado está pasando por una situación muy delicada, extremadamente difícil de superar si no se toman medidas extraordinarias. Con decisiones que demuestren criterios estrechos, como las adoptadas en el sector pesquero; con la falta de agilidad con que se ha estado operando para reactivar la pequeña y mediana minería; con la carencia de criterios estratégicos, como se ha procedido respecto al tratado minero con Argentina; con la ausencia de definiciones para provocar en algunos sectores de nuestra Región un proceso de reconversión gradual de la actividad productiva, Atacama no va a salir adelante.
Ha llegado el momento, por lo tanto, de que hagamos un gran esfuerzo de futuro respecto de una Región que está siendo azotada de manera inclemente por el flagelo de la cesantía, que entrega importantes recursos al país y que hoy requiere que las autoridades enfrenten con un criterio distinto sus graves problemas.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si interpreto bien al señor Senador, transmitiríamos su intervención al Ministro del Interior ; y lo relacionado con la actividad pesquera, al Subsecretario y al Ministro respectivo.
Adhiero a lo señalado por Su Señoría en lo atinente a la pesca en la Tercera Región, lo que habría que hacer extensivo a las Regiones Primera y Segunda, en las que también se aplica el mismo régimen. Me parece que efectivamente las medidas adoptadas son contraproducentes y desconocen la realidad de esa zona, distinta de la imperante en el sur.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:20.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE CHILE Y AUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES
(2371-10)
Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
"Artículo único.-
Apruébanse el "Acuerdo entre la República de Chile y la República de Austria para la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones" y su Protocolo, suscritos en Santiago, el 8 de septiembre de 1997.".
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): Víctor Jeame Barrueto, Presidente de la Cámara de Diputados.-
Carlos Loyola Opazo, Secretario de la Cámara de Diputados.