Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PERMISO
- Gutenberg Martinez Ocamica
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS.
- VI. ORDEN DEL DÍA.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. Primer trámite constitucional (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INFORME : Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Miguel Alvarado
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Ramon Segundo Perez Opazo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Tuma Zedan
- Alfonso Vargas Lyng
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- Jose Garcia Ruminot
- Harry Jurgensen Caesar
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Luis Alvarado Constenla
- INDICACIÓN
- NORMATIVA LEGAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Isidoro Toha Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 294, DE 1984, DEL MINISTERIODE OBRAS PÚBLICAS, Y DE LA LEY DE CAMINOS. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Juan Enrique Taladriz Garcia
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTEGRACIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Isidoro Toha Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pablo Longueira Montes
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Antonio Coloma Correa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Hosain Sabag Castillo
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Antonio Coloma Correa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Pablo Longueira Montes
- INDICACIÓN
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. Primer trámite constitucional (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA. Oficios.
- ADHESION
- Andres Palma Irarrazaval
- Zarko Luksic Sandoval
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- INFORMACIÓNSOBRE SITUACIÓN PRODUCIDA EN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO. Oficio.
- REACTIVACIÓNDE PROGRAMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS EN COMUNAS DE PUERTO MONTT. Oficios.
- FELICITACIONES A DEPARTAMENTOS SOCIALES DE MUNICIPALIDADES DE CALBUCO y COCHAMÓ . Oficios.
- SITUACION DE VIVIENDAS DE POBLACION "CACIQUE MARILUÁN", DE VICTORIA. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Harry Jurgensen Caesar
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Cantero Ojeda
- Baldo Prokurica Prokurica
- Miguel Hernandez Saffirio
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Ramon Elizalde Hevia
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- REAPERTURA DEL HOSPITAL VILLA BAVIERA, DE PARRAL. Oficios.
- ADHESION
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Harry Jurgensen Caesar
- Carlos Cantero Ojeda
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- INCREMENTO DE DOTACIÓNDE INSPECTORES DEL TRABAJO. Oficio.
- ADHESION
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- ALZA DE PEAJE EN PUENTE LA PUNTILLA, DE LONQUÉN. Oficio.
- ADHESION
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Carlos Bombal Otaegui
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO Y SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Jaime Naranjo Ortiz
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA OTORGADOS EN OTROS PAÍSES. Oficio.
- ADHESION
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Alejandro Navarro Brain
- Armando Arancibia Calderon
- Jaime Naranjo Ortiz
- Felipe Letelier Norambuena
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Homero Gutierrez Roman
- Juan Carlos Latorre Carmona
- ADHESION
- ALCANCES A SITUACIÓN QUE AFECTA A LA AGRICULTURA. Oficios.
- INCORPORACIÓN DEL IVA AL TRANSPORTE DE PASAJEROS. Oficios.
- PETICIÓNDE INFORMACIÓN SOBRE AGRICULTORES.
- DETERIOROS EN VIVIENDAS BÁSICAS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
- CIERRE DE TRES COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE TALCA. Oficio.
- ADHESION
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- ADHESION
- ACTUACIONES POLICIALES EN REPRESIÓN DE HECHOS DELICTUALES. Oficios.
- MODIFICACIÓNDEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA INCORPORAR A TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- ADHESION
- CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPUBLICA DE CHILE
LEGISLATURA 331', ORDINARIA
Sesión 13a, en martes 4 de julio de 1995
(Ordinaria, de 11 a 14.53 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime;
vicepresidente Latorre Carmona, don Juan Carlos, y Ribera Neumann, don Teodoro.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. ACTAS
IV. CUENTA
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS
VI. ORDEN DEL DÍA
VII. INCIDENTES
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia8
II. Apertura de la Sesión10
III. Actas10
IV. Cuenta10
V. Acuerdos de los Comités parlamentarios10
VI. Orden del Día.
Modificación de la Ley General de Cooperativas. Primer trámite constitucional (Continuación) 10
Normativa legal sobre el tratamiento de aguas lluvias. Primer trámite constitucional14
Modificación del decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, y de la ley de caminos. Segundo trámite constitucionaL20
VII. Incidentes.
Condiciones para la importación de carne bovina. Oficios32
Información sobre situación producida en Hospital Sotero del Río. Oficio33
Reactivación de programas de alcantarillado y aguas servidas en comunas de Puerto Montt. Oficios.33
Felicitaciones a departamentos sociales de municipalidades de Calbuco y Cochamó. Oficios34
Situación de viviendas de población "Cacique Mariluán", de Victoria. Oficio34
Reapertura del hospital Villa Baviera, de Parral. Oficios35
Incremento de dotación de inspectores del trabajo. Oficio35
Alza de peaje en puente de Puntilla, de Lonquén. Oficio36
Crisis del sistema carcelario y situación de inseguridad en la Sexta Región. Oficios.36
Subsidios a la agricultura otorgados en otros países. Oficio37
Alcances a situación que afecta a la agricultura. Oficios37
Incorporación del IVA al transporte de pasajeros. Oficios39
Petición de información sobre agricultores40
Deterioros en viviendas básicas de la novena región. Oficio41
Cierre de tres compañías de bomberos de Talca. Oficios42
Actuaciones policiales en represión de hechos delictuales. Oficios43
Modificación del sistema de seguridad social para incorporar a trabajadores independientes. Oficio43
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto, con urgencia calificada de "simple", que modifica la ley N° 19.220, que crea la bolsa de productos agrícolas (boletín N° 1640-01). 45
2. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, por el que da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica el decreto ley N° 3.500 de 1980 (boletín N° 1639-13). 48
3. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo para el establecimiento del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, adoptado en la Conferencia Internacional de Estocolmo, Suecia, el 27 de febrero de 1995 (boletín N° 1641-10). 53
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de "suma", para el despacho del proyecto que aprueba el Convenio constitucional del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y El Caribe (boletín N° 823-10). 60
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que hace presente la urgencia, con calificación de "simple", para el despacho del proyecto de acuerdo relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar y sus anexos y el acuerdo relativo a su parte XI y su anexo (boletín N° 1425-10). 60
Informes de las Comisiones Mixtas recaídos en los siguientes proyectos:
6. Modifica las normas sobre pensión anticipada por vejez y regula la rebaja de edad para pensionarse por vejez considerando el desempeño de trabajos pesados (boletín N° 599-13).61
7. Reforma el Título 1, Libro III, del Código de Procedimiento Civil, suspendiendo el remate de bienes para garantizar los derechos de terceros (boletín N° 1427-07). 79
Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
8. Aprueba las enmiendas a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (boletín N° 1219-10).84
9. Memorándum de entendimiento por el que establece un Consejo conjunto sobre economía y comercio, suscrito entre los Gobiernos de Chile y Costa Rica (boletín N° 1283-10). 84
10. Reduce tasa que indica del impuesto territorial y establece sobretasa que señala (boletín N° 1560-05).84
Oficios del Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos:
11. Modifica el artículo 227, de la ley N° 18.175, sobre quiebras (boletín N° 1047-07).85
12. Introduce modificaciones a la ley N° 19.070 Y al decreto con fuerza de ley N° S, de Educación, de 1993, y establece los beneficios que indica (boletín N° 1196-04). 85
13. Oficio del Senado con el que comunica que ha aprobado un proyecto que autoriza a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante para otorgar, en casos que señala, permisos de ocupación transitoria de concesiones de acuicultura (boletín N° 1548-03) (S). 101
14. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el Convenio entre los Gobiernos de Chile y del Ecuador y la Organización Panamericana de la Salud (Organización Mundial de la Salud), para el desarrollo de actividades técnicas y científicas en salud, suscrito en Santiago el 28 de mayo de 1993 (boletín N° 1382-10) (S). 103
15. Oficio del Senado con el que comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a una de las modificaciones propuestas al proyecto que modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, en lo relativo a la enajenación de predios rústicos de superficie inferior a 0,5 hectáreas a las instituciones que indica, y designa los Senadores que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Constitución Política de la República (boletín N° 1320-01). 103
16. Oficio del Senado por el cual comunica que acordó, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, disponer el archivo del proyecto, en segundo trámite constitucional, que sustituye la ley N° 18.933, sobre Instituciones de Salud Previsional, debido a que perdió su vigencia por cuanto el Ejecutivo envió uno nuevo sobre la misma materia (boletín N° 602-11). 104
17. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Bolivia referido a la exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio (boletín N° 1612-10). 104
18. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el Proyecto de acuerdo relativo a Convenio básico de cooperación científica, técnica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Croacia (boletín N° 1524-10). 108
19. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de acuerdo relativo a Convenio básico de cooperación científica, técnica y tecnológica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Croacia (boletín N° 1524-10). 113
20. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que exime del impuesto a la renta a los pescadores artesanales (boletín N° 1601-05). 114
21. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de acuerdo relativo a efectuar un estudio sobre diferentes aspectos relacionados con el servicio militar obligatorio. 117
22. Oficio del Tribunal Constitucional, por el que remite resolución recaída en el requerimiento que 30 señores Diputados formularon al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.070, Y al decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993, y establece los beneficios que indica (boletín N° 1196-04). 152
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
De los Diputados señores Urrutia (don Salvador) y Jocelyn-Holt quienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación y 57, de la Constitución Política de la República, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 23 de junio próximo pasado.
Del Diputado señor Martínez (don Gutenberg) quien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar del 28 de junio próximo pasado.
2. Oficios:
De la Contraloría General de la República, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Ávila y Urrutia (don Raúl), referente al sumario administrativo en la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso.
Del señor Pérez (don Ramón), relativo a gastos del directorio de Sofri S.A.
Del Ministerio del Interior, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Jürgensen, sobre proyecto de mejoramiento de barrios en la Población Alberto Hechenleitner, ciudad de Frutillar y erradicación de pobladores sector La Puntilla, Población 22 de Mayo, comuna Río Negro.
Del señor Elgueta, respecto de problemas que afectan a la Población Modelo de la comuna de Puerto Montt.
De los señores Ascencio, Sabag, Morales, Ortíz, Makluf, Acuña y Reyes, acerca de la reposición posta Metahue, comuna Quemchi.
Del señor Urrutia (don Raúl), referente al plan regulador del Valle Auco.
Del señor Kuschel, relativo al uso y destino del transbordador Caupolicán, fondeado en Maullín.
Del señor Soria, sobre programas de becas de asistencia estudiantil.
Del señor Leay, respecto de la situación laboral de funcionarios Cementerio General. De los señores Fuentealba, Salas, Navarro, Arancibia y Longton, acerca de los beneficios de la ley N° 19.234 para extrabajadores del Congreso Nacional.
Del señor García (don José), referente a la electrificación rural de Caivico, comuna de Cuneo.
De los señores Kuschel, Jürgensen y Munizaga, relativo a la participación de trabajadores y gremios en negociaciones sobre el Nafta.
Del señor Errázuriz, sobre la entrega de vehículo a Policía de Investigaciones, comuna Puente Alto.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores con el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Alvarado, Cardemil, Jürgensen, Errázuriz, Ferrada, Pérez (don Víctor), Orpis, GarcíaHuidobro, Longueira, Bayo, Masferrer, Solís, Chadwick y señora Matthei, relativo al movimiento Ecología Profunda.
Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Elgueta, respecto del informe relativo a parques ecológicos.
Del señor García (don José), acerca de Encuesta Nacional del Empleo en la Novena Región.
Del Ministerio de Hacienda, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Letelier (don Juan Pablo), Navarro y señora Rebolledo, sobre asignación de zona para Constitución y Empedrado.
Del señor Soria, referente al cambio de volantes del Servicio de Impuestos Internos.
De la Corporación, acerca de la asignación de recursos para reducción de índices de contaminación en la Tercera Región.
Del Ministerio de Educación con el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Ojeda, Latorre, Hernández, Elizalde, Ortiz, Errázuriz, Jürgensen, Acuña, Munizaga, Bayo, ÁlvarezSalamanca, Moreira y Ribera, relativo a la situación de profesores jubilados Décima Región.
Del Ministerio de Justicia mediante el cual responde el enviado en nombre del Diputado señor Kuschel, respecto de programas de prevención, control y rehabilitación de alcoholismo y drogadicción que se realizan en comunas de la Décima Región.
Del Ministerio de Obras Públicas por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Jürgensen, sobre reparación de camino Línea Solar, provincia de Llanquihue. Del señor Reyes, acerca de camino Esperanza hasta Caleta Capitanía, comuna de Fresia; camino Ostiones a Puerto Toledo, provincia de Llanquihue.
Del señor Kuschel, respecto de conservación de caminos comuna de Maullín; acceso a Puerto Montt; puente N° 6 del Río Maullín.
Del señor Venegas, referente a pasarela en Ruta 78, sector Leyda, Quinta Región.
Del señor Letelier (don Juan Pablo), relativo a pasarela peatonal, sector Graneros; pasarelas Ruta 5 Sur, sector Gultro y Mostazal, Sexta Región; sobre defensas fluviales en las localidades de Quinta de Tilcoco, El Rulo y Millahue, Sexta Región.
Del señor Pérez (don Ramón), acerca de reparación de caminos comunas de Pica y Pozo Almonte; plaza de peaje y pesaje en camino IquiqueTocopilla.
Del señor García (don José), respecto de defensas fluviales Río Cautín en su paso por la ciudad de Temuco.
Del señor Arancibia, referente a camino costero Huasco BajoCarrizal Bajo, Tercera Región.
De los señores Kuschel y Solís, relativo a construcción de tres pasarelas en la Décima Primera Región.
Del señor Valcarce, sobre recursos hídricos, provincia de Arica y Parinacota, Primera Región.
Del señor Luksic, acerca de la adecuada señalización del cruce antiguo camino público en la Panamericana Norte.
De los señores Ascencio, Sabag, Morales, Ortiz, Makluf, Acuña y Reyes, respecto del túnel bajo canal de Chacao, provincia de Chiloé.
De los señores Masferrer, Pérez (don Víctor), Vargas y UUoa, sobre viáticos pagados a concejal.
Del señor Alvarado, referente al sistema de captación y distribución de agua potable Villa Santa Lucía, provincia de Palena; camino TubildadLa Montaña, comuna de Quemchi, Chiloé.
Del señor Rodríguez, relativo a embalse El Rocín, comuna de Putaendo, Quinta Región. De la Corporación, sobre emplazamiento Central Hidroeléctrica Pangue en la Octava Región.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados: (100)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Savala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azócar, Andrés
--Aylwin Oyarzún, Mariana
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Ferrada Valenzuela, Luis Valentín
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado RuizTagle, José María
--Jara Wolf, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fornet, Evelyn
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokuriça Prokuriça, Baldo
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Turna Zedan, Eugenio
--Urrutia Ávila, Raúl
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Wörner Tapia, Martita
--Zambrano Opazo, Héctor
--Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Carlos Caminondo, Arturo Longton e Iván Moreira.
Asistió, además, el Ministro del Interior señor Carlos Figueroa.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El acta de la sesión l0ª se declara aprobada.
Las actas de las sesiones 11 a y 12a se encuentran a disposición de los señores Diputados.
IV.CUENTA
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS PARLAMENTARIOS.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los Jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Estévez , por unanimidad adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Continuar, en el primer lugar del Orden del Día de la presente sesión, la discusión del proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas, procediendo su votación a más tardar a las 12 horas.
2.Iniciar, en la sesión ordinaria del próximo jueves, el estudio de las enmiendas introducidas por el Honorable Senado al proyecto que modifica la ley N° 19.070 Y el decreto con fuerza de ley N° S, de 1993, de Educación, y establece los beneficios que indica.
Dicha sesión se levantará a las 11.45 horas. 3. Prorrogar el plazo solicitado por la Comisión Especial para el desarrollo de la Quinta
Región, en los términos en que lo ha pedido en su oficio N° 408.
4. Ratificar un acuerdo anterior, en orden a destinar la sesión ordinaria del miércoles 12 de julio a considerar los problemas por los que atraviesan los cuerpos de bomberos del país, con invitación a los señores Ministros del Interior y de Hacienda.
VI.ORDEN DEL DÍA.
MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. Primer trámite constitucional (Continuación).
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar ocupándose del proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas, el que, como se ha informado, se votará a más tardar a las 12.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En la sesión en que se inicio la discusión se inscribieron para hacer uso de la palabra seis honorables Diputados que se inscribieron en la sesión en que se trató el proyecto. Sugiero que sus discursos no excedan los diez minutos, para que todos puedan intervenir.
En primer lugar, está inscrito el Diputado señor Caminondo, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Turna.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en la sesión anterior hicimos una exposición respecto del tratamiento que la Comisión de Economía dio a este importante proyecto de ley, y conocimos el informe de la Comisión de Hacienda. Asimismo, se dio cuenta de la formulación de algunas indicaciones que, indudablemente, tienden a mejorar la iniciativa, cuya aprobación constituye una señal muy relevante sobre nuestra disposición a fortalecer un instrumento que permitirá a muchos pequeños productores competir, en igualdad de condiciones, con las grandes empresas.
Hoy debería aprobarse en general, sin más trámite, y por unanimidad, para que vuelva a Comisión, ya que son numerosas las indicaciones introducidas para perfeccionar una iniciativa, tan importante para campesinos, pescadores y comerciantes.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Está inscrito, a continuación, el Diputado señor Masferrer, quien no se encuentra en la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en primer lugar, expreso el apoyo de nuestra bancada a la modificación de la Ley General de Cooperativas.
Esta legislación ha sido una herramienta muy eficaz y ha marcado un hito muy importante en el país en el desarrollo de diversas actividades, fundamentalmente en aspectos agrícola, eléctrico, lechero y de otros rubros. Sin embargo, con el tiempo muchas pequeñas cooperativas desaparecieron porque no se les dio el apoyo financiero ni los marcos legales para que continuaran operando. Hoy sólo están vigentes las que fueron manejadas eficientemente y tenían un campo de acción claro y limitado, como las cooperativas eléctricas, cuyo desempeño ha sido bastante importante.
Por eso, esta iniciativa tiende a dar ese marco jurídico moderno, aprovechando las experiencias de muchos del sistema cooperativo chileno y también de los existentes en el extranjero. Las modificaciones introducidas al proyecto por las Comisiones de Economía y de Hacienda y también por el Ejecutivo tienden por objeto hacer que la futura ley beneficie efectivamente al cooperativismo.
Además, es preciso señalar algunos vicios detectados en la elección de los dirigentes de las cooperativas. Lamentablemente, se usa el sistema de los poderes, de manera que al momento de elegir a los directores algunas personas acumulan 10, 20, 30 ó 40 y hasta 200 ó 300 poderes. Al final de cuentas, ellos se transan comercialmente, lo que constituye un verdadero escándalo.
La iniciativa pretende que los socios de las cooperativas voten personalmente o, a lo más, tengan derecho a un solo poder para evitar esta situación, que es grave y distorsionadora.
Hay cooperativas que son entes muy importantes y manejan grandes cantidades de recursos. El uso excesivo de los poderes quita transparencia al sistema. Cualquier otro organismo del Estado tiene, por último, la fiscalización de la Contraloría General de la República, pero ¿quién fiscaliza el manejo económico de las cooperativas? Una junta de vigilancia elegida por el mismo sistema espurio que crítico. Virtualmente, un grupo de personas se apodera de la cooperativa y, como maneja la elección de sus autoridades, forma una verdadera maquinaria para permanecer por largo tiempo al frente, de esta herramienta, que es la cooperativa, con lo cual se desvirtúa el espíritu amplio que se le ha dado. Por eso, esta iniciativa acoge en parte este planteamiento y muchos otros que no es del caso mencionar.
También se ha dicho que muchas cooperativas tienen un trato similar al de una empresa; incluso las eléctricas, entre otras, para ejercer sus funciones deben tener el carácter de concesionarias, por lo cual entran al sistema de fijación de tarifas que el Ministerio de Economía aplica a las empresas. En consecuencia, aquí no está imperando el sistema de cooperativismo.
Por ello, estoy totalmente de acuerdo en ocuparse especialmente, en segundo informe de la parte tributaria aspecto ya señalado en la Sala incluso por colegas de las otras bancadas, a fin de que no haya una competencia desleal en este aspecto; es decir, impedir que, por un lado, actúen con precios absolutamente comerciales en todas sus actividades y, por el otro, gocen de algunas franquicias tributarias.
Por estar absolutamente de acuerdo con las modificaciones legales al sistema de cooperativas, las votaremos favorablemente y profunda rizaremos nuestras observaciones en particular en el segundo informe, para lo cual hemos presentado varias indicaciones al respecto.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Tuma.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, en cuanto a las preocupaciones señaladas por el Diputado señor Sabag , referentes a que hubiese socios que manejan paquetes de acciones o de voluntades dentro de la cooperativa, lo que la ley vigente permite, debo decir que este proyecto corrige ese aspecto e impide que un socio pueda representar a más de dos socios de una cooperativa.
Muchas gracias.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Recupera la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
He dicho.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, como no hizo uso de la palabra el Diputado señor Caminondo , ¿podría ocupar ese tiempo?
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Sí, señor Diputado.
Si le parece a la Sala, después de la intervención del Diputado señor Ferrada , se votará el proyecto.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, éste es un proyecto muy importante. El cooperativismo, a nivel mundial, ha sido una institución de enorme importancia, sobre todo en el continente europeo. En verdad, es una lástima que el cooperativismo en Chile, que en alguna época tuvo importancia relevante, se haya debilitado con posterioridad, quizás, principalmente, porque se apoya en una cultura de la solidaridad, que en nuestra sociedad, en los últimos años, fue haciéndose escasa y feble.
Pero el cooperativismo, al menos desde mi punto de vista, tiene aún un rol muy importante que jugar, principalmente en el mundo agrícola o campesino, que es en parte lo que represento en esta Corporación. Me refiero al cooperativismo no sólo como una expresión de agrupamiento de la agricultura familiar, que es donde se concentra la mayor pobreza agrícola del país, sino también como una manifestación de un instrumento eficaz para dotar a las comunas agrícolas, a los villorrios, a los pueblos pequeños, de los equipamientos básicos, de los que generalmente carecen. El cooperativismo en el mundo campesino, desarrollado en forma moderna, sin duda que está llamado a ser un instrumento que puede contribuir enormemente en los planes de reconversión tecnológica en calidad y en cantidad, que tanto se exige en el actual estado del desarrollo agrícola del país.
Del mismo modo, en 10 que respecta a la vivienda rural, el cooperativismo debiera volver a convertirse en un instrumento eficaz, sobre todo en la constitución de villorrios campesinos, en los que hoy, como lo sabemos los Diputados que representarnos zonas agrícolas, todos los programas de subsidio rural son escasos y muy limitados.
En consecuencia, por estas nuevas razones, que adiciono a las de los señores Diputados que me precedieron en el uso de la palabra, nuestra bancada también apoyará la idea general de legislar, con la certeza de que el cooperativismo debe ser un instrumento de gran validez en el progreso, reconversión y desarrollo del mundo agrícola.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad el proyecto en general, y pasará a Comisión para su discusión particular. Hago presente que el numeral 14° del artículo 1°, que contiene el artículo 133, también se aprueba por la unanimidad de los más de 68 Diputados presentes de un total de 115 en ejercicio.
Vuelve a Comisión el proyecto para segundo informe.
-Aplausos.
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo 1°.
Numeral 2
1. Del Ejecutivo para reemplazar el artículo 2° propuesto, por el siguiente:
11 Artículo 2°.- Las cooperativas pueden tener por objeto cualquier actividad, y deberán sujetarse a las normas generales o especiales que regulan la actividad que constituye su objeto y por las de la presente ley en aquello que sea propio de la naturaleza de la institución cooperativa.".
2. De la Comisión de Hacienda para sustituir el artículo 2° propuesto, por el siguiente:
"Artículo 2°.- Las cooperativas pueden tener por objeto cualquier actividad lícita.
Aquellas que tengan por objeto la realización de las actividades que leyes especiales reservan a los bancos y las sociedades financieras, a las Administradoras de Fondos Mutuos, a las Compañías de Seguros, y a las Administradoras de Fondos de Pensiones, se regirán por dichas leyes especiales y por las de la presente ley, aplicándose preferentemente aquellas en las materias propias de la actividad económica que desarrollen.
La fiscalización y control de las cooperativas señaladas en el inciso anterior estará a cargo de la Superintendencia respectiva, en las materias y con las funciones y atribuciones propias de éstas, relativas al giro económico de la Cooperativa, pudiendo revocar su autorización de existencia por las causales que se indiquen en las leyes especiales que regulen las referidas actividades.
Las cooperativas señaladas en el inciso segundo del presente artículo, no gozarán de ninguno de los privilegios y exenciones de carácter tributario que la presente ley contempla en beneficio de las cooperativas.".
3. De los señores Alvarado , García Ruminot , Jürgensen y Orpis para reponer el texto propuesto en el Mensaje.
Numeral 19
4. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo para el artículo 19 que se sustituye:
"Los estatutos podrán autorizar a los herederos del socio, persona natural que haya fallecido, que continúen como miembros de la cooperativa como comunidad indivisa, designando un procurador común que los representen.".
Numeral 23
5. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para sustituir el inciso cuarto propuesto para el artículo 24, por el siguiente:
"Se considerará socio disidente a aquel que en la Junta respectiva se hubiere opuesto al acuerdo pertinente.".
6. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para eliminar el inciso quinto.
Numeral 24
7. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 24 bis que se intercala:
"Será competente para conocer de estos juicios, el del lugar en que tenga su domicilio principal la cooperativa.".
Numeral 25 letra b)
8. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para sustituir los incisos tercero y cuarto que se proponen agregar al artículo 25, por el siguiente, pasando el nuevo inciso quinto a ser cuarto:
"El capital inicial deberá pagarse dentro del plazo que determinen los estatutos. Los aumentos del capital deberán pagarse en la forma y / o en el plazo que acuerde el Consejo de administración o la Junta General de socios, en su caso.".
Numeral 34
9. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para reemplazar el artículo 36, por el siguiente:
"El saldo favorable del ejercicio económico, que se denominará remanente, podrán destinarse indistintamente a ser distribuido en dinero entre los socios, en la proporción que hubieren concurrido a su generación; a absorber las pérdidas acumuladas; y/o a constituir fondos de reserva, de la manera que dispongan los Estados los acuerdos del Consejo de Administración o de la Junta General de Socios.".
Numeral 35
10. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para sustituir el artículo 37 propuesto, por el siguiente:
"Artículo 37.- El excedente se podrá destinar indistintamente a las mismas finalidades señaladas en el remanente, en el artículo 36.
El excedente en la parte que haya tenido su origen en operaciones realizadas con terceros, deberá ser destinado necesariamente a fondos de reserva.".
Numeral 36
11. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para sustituir el artículo 37 bis propuesto, por el siguiente:
"Artículo 37 bis.- En caso de liquidación de la cooperativa, una vez absorbidas las eventuales pérdidas, pagadas las deudas y reembolsado el valor actualizado de sus cuotas de capital a cada socio, en el mismo orden, los fondos de reserva y cualesquiera otros excedentes resultantes, se distribuirán entre los socios, a prorrata de sus cuotas de capital.".
Numeral 38
12. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis
para suprimir el número 3. Numeral 39
13. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para eliminar la letra i) del inciso primero propuesto para el artículo 41 bis.
Numeral 58
14. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis para rechazarlo. Numeral 59
15. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis para suprimirlo.
16. De los señores Munizaga y Pérez Opazo para rechazarlo.
Numeral 60
17. De los señores Turna y Vargas para sustituir en el inciso segundo del artículo 58 que se agrega mediante este número, el guarismo "15%" por "40%".
Numeral 70
18. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis para agregar el siguiente inciso segundo en el artículo 67 bis propuesto:
"Si hubiera reclamo del nombrado se suspenderá el cobro ejecutivo hasta el fallo del reclamo.".
Numeral 141
19. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis para suprimir en el artículo 132, la conjunción copulativa "y", la segunda vez que aparece en el texto.
Numeral 143
20. Del señor Munizaga para reemplazar el artículo 133, por el siguiente:
"Artículo 133.- Las resoluciones o actos del departamento de Cooperativas, serán reclamables ante el juzgado de letras del domicilio del requirente, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción o publicación de la resolución respectiva, según el caso, o a la realización del acto impugnado.
El tribunal resolverá breve y sumariamente, con audiencia del Departamento de Cooperativas para lo cual deberá emplazarla, a fin de que si lo estima pertinente evalúe su informe dentro del plazo de 15 días más el aumento que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento para contestar demandas. Junto con su informe, deberá remitir al tribunal todos los antecedentes que obren en su poder y que estén relacionados con la materia reclamada.
El tribunal deberá disponer de oficio o a petición de parte, que se practiquen aquellas diligencias que considere indispensables para la acertada resolución del reclamo.
La sentencia que rechace el reclamo, será apelable en el sólo afecto devolutivo.". Numeral 143
21. De los señores Alvarado , Ruminot , Jürgensen y Orpis para agregar en el artículo 133 que se sustituye, el siguiente inciso final:
"La interposición del reclamo suspenderá el cumplimiento de las resoluciones o actos reclamados.".
Numeral 147
22. De la Comisión de Hacienda para agregar el siguiente inciso segundo, pasado el segundo a ser tercero:
"Concédese un nuevo plazo de un año para que las actuales cooperativas agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica, puedan transformarse en especiales, de las regidas por el decreto ley N° 3.351, de 1980.".
23. Del señor Alvarado para reemplazar en el inciso segundo propuesto por la Comisión de Hacienda la frase "un nuevo plazo de un año" por "un plazo indefinido".
NORMATIVA LEGAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que modifica el decreto supremo N° 294 del Ministerio de Obras Públicas de 1984, y fija el texto refundido de la ley N° 15.840, del decreto con fuerza de ley N° 206 de 1960, y del decreto ley N° 1.305 de 1975, relativo a la red primaria de colectores y drenaje de aguas lluvias.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas es el señor Encina.
Antecedentes:
-Segundo informe de la Comisión de Obras
Públicas, boletín N° 1325-09, sesión 11 a, en 21 de junio de 1995. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Diputado informante.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, el proyecto tiene como objetivo central establecer responsabilidades sobre las aguas lluvias, debido especialmente a la inexistencia de organismos públicos que velen por que éstas sean evacuadas y drenadas, a fin de precaver inundaciones, desastres y catástrofes.
La necesidad del proyecto es innegable porque, en la actualidad, nadie es responsable de la evacuación de las aguas lluvias en las ciudades y poblados urbanos. En el pasado, esa tarea correspondía a las empresas de obras sanitarias dependientes del Ministerio de Obras Públicas; pero con la formación de empresas sanitarias regionalizadas a través de la ley N° 18.885, que las convirtió en sociedades anónimas, dejaron de tener esa responsabilidad, quedando así un terreno de nadie y un gran vacío en este tema tan importante.
Normalmente, ante esta ausencia, los habitantes afectados por las consecuencias negativas de las aguas lluvia hacen responsables a las municipalidades, debiendo éstas, en muchas ocasiones, afrontar la construcción de obras de evacuación y drenaje, sin que exista ninguna reglamentación al respecto. Por otra parte, todos sabemos que, en la mayoría de los casos, los municipios no cuentan con los recursos financieros y técnicos para asumir esta responsabilidad.
Es necesario agregar que la evacuación y drenaje de las aguas lluvias son un mal negocio para las empresas sanitarias, regidas por las reglas imperantes en el mercado, por lo cual, era necesario eximirlas de esta responsabilidad poco rentable. En la actualidad, es impensable la inversión privada, por ejemplo, a través de la ley de concesiones de obras públicas.
De esta manera, se fue configurando un escenario en que ningún ente estatal es responsable de la evacuación y drenaje de las aguas lluvias en el país. Sin embargo, es un angustioso problema que nos afecta todos los años en los períodos invernales.
Por estas razones, el Ejecutivo ha estimado conveniente avanzar en esta materia y establecer, mediante este proyecto, la obligación del Estado de velar por que en ciudades y centros poblados existan colectores de aguas lluvias, que permitan que éstas escurran y drenen. De esta forma, se impedirán los perjuicios a personas, viviendas e infraestructura urbana. Recordemos los inmensos daños causados por hechos tan dolorosos como el aluvión de 1993 en la quebrada de Macul, en Santiago, cuyo costo en vidas e infraestructura fue enorme.
La circunstancia de que esa responsabilidad no radique en ningún ente estatal, nos ubica en un escenario en el cual no puede tenerse un diagnóstico claro del problema, pues para ello se requieren recursos que no es posible solicitar por ninguna instancia estatal, ya que hasta el momento ninguna es responsable en la materia. En vista de estos antecedentes, el Ejecutivo estimó necesario que los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo la propusieran.
Dos fueron las principales interrogantes sobre el proyecto en su discusión en el seno de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
La primera se refiere a las reales posibilidades de financiamiento de las obras necesarias para solucionar el problema. Las inversiones que se requieren son enormes, superiores, en todo caso, a los mnil millones de dólares en todo el país, según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas. La mayoría de los estudios y trabajos son de gran magnitud y de enormes costos. No está claro quién, en definitiva, debe pagar por estas obras y su mantención. ¿Sólo el Estado? ¿los vecinos, a través del pago de servicios, o hay otras soluciones?
La segunda, está relacionada con la participación de las municipalidades, ya que sin traspaso de recursos esta materia sólo significaría una carga que, por su magnitud, no podrían sostener.
Incluso, algunos miembros de la Comisión plantearon la posibilidad de generar convenios entre ministerios y municipalidades, con el fin de abordar en forma adecuada el problema. Sin embargo, se declaró inadmisible la participación de las municipalidades.
En todo caso, ninguna de estas dos interrogantes tiene respuesta en el proyecto. Por tanto, debería existir el compromiso por parte del Ejecutivo de avanzar en esa materia, pues la aprobación de la iniciativa significa una asignación de responsabilidades más que una solución al problema de fondo: la evacuación y drenaje de las aguas lluvias.
El proyecto radica en los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo la responsabilidad de planificar, estudiar, proyectar, construir, reparar, mantener y mejorar colectores y drenajes, de las redes primaria y secundaria, respectivamente.
La Comisión, por unanimidad, modificó los artículos 1°, 2°, 3° Y 4°, en cuanto a reemplazar la expresión "red madre" por "red primaria".
Asimismo, introdujo el artículo 5°, nuevo, que sustituye el inciso primero del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el siguiente: "Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servido del terreno."
La Comisión de Obras Públicas recomienda la aprobación del proyecto, en consideración a que constituye un sustantivo avance respecto de la situación actual.
Por último, espera que el Ejecutivo siga avanzando en esta materia tan importante y decisiva para la seguridad y la calidad de vida de los chilenos.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En discusión el artículo 1°, que ha sido modificado por la Comisión.
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, las únicas modificaciones que introdujo la Comisión de Obras Públicas en el segundo trámite reglamentario fueron a los artículos 1°, 2° Y 3°, para cambiar la expresión "red madre" por "red primaria". De modo que, en primer lugar, propongo que la discusión se haga respecto de los tres artículos, porque las enmiendas sólo tienen por objeto hacerlos coherentes.
La modificación, en sí, acoge la indicación de la Comisión de Vivienda, que estimó que la expresión "red primaria" es más apropiada y comprende de mejor manera el objetivo que pretende el proyecto. De modo que es del todo conveniente la aprobación de esta sugerencia, que fue ratificada y aprobada por la Comisión de Obras Públicas en su segundo trámite reglamentario.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, tal corno lo han manifestado el Diputado informante y el colega señor Jara , el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas. La única modificación que introdujo consiste en cambiar "red madre" por "red primaria", de manera que quedan corno "redes secundarias" aquellas que deberán efectuarse cuando se urbanice un loteo o un sitio.
El proyecto es muy importante, por cuanto persigue regularizar una omisión cometida cuando se traspasaron los servicios sanitarios a diversas empresas, corno Emos, Esval , Essbío en cada región se formó una, sin que a nadie se responsabilizara del manejo de las aguas lluvias. Éste ha sido la causa principal de los graves daños ocasionados por las grandes inundaciones ocurridas fundamentalmente en Santiago, porque las aguas lluvias ya no pueden escurrir por los conductos de las aguas servidas.
Por eso, en el proyecto se señala, clara y categóricamente, que corresponderá al Ministerio de Obras Públicas preocuparse de la construcción de la red primaria de colectores y drenajes de aguas lluvias, y al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la obligación de requerir de los urbanizadores la construcción de la red secundaria de colectores y drenajes de aguas lluvias, los cuales deberán converger hacia la primaria. De esta forma se regularizará una situación sumamente grave, causante de las inundaciones en las grandes ciudades del país.
La Democracia Cristiana aprobará el texto propuesto por la Comisión de Obras Públicas.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, el debate sobre el proyecto se dio en la discusión general. Lamento que en el segundo trámite reglamentario no haya vuelto a la Comisión de Vivienda.
Quiero plantear aprensiones respecto del artículo 1°.
En primer lugar, el mayor problema que deben afrontar las comunas situadas en el borde de la cordillera está en el manejo de las cuencas y quebradas.
El aluvión de Macul, en 1993, suscitó una fuerte discusión acerca de quién tenía la responsabilidad en el manejo de la quebrada. El Ministerio de Obras Públicas sostuvo que no le correspondía.
A propósito de la discusión del proyecto, en la Comisión de Vivienda quedó en claro que dicha cartera tiene competencia en el manejo de la cuenca y de la quebradas, pero hay dudas sobre cuáles específicamente. Se dice que son aquellas no naturales, o sea, las que han tenido algún tratamiento.
En una ciudad como Santiago, donde existen varias cuencas y quebradas de gran riesgo, se requiere especialmente que haya responsabilidades muy precisas en cuanto al manejo de las aguas lluvias y de las distintas masas aluvionales por parte del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, quiero dejar sentado que en el debate del proyecto quedó así señalado.
En segundo lugar, me parece que las disposiciones respecto del manejo de la red secundaria de colectores y drenajes de aguas lluvias, por su generalidad, son de poca significación práctica, porque no podemos creer que el Ministerio de Vivienda de carácter nacional como todo ministerio tendrá por sí solo la capacidad de preocuparse, construir, reparar, mantener y mejorar la red secundaria de colectores y drenajes de aguas lluvias. Sólo en la comuna de La Florida existen más de cien de esos colectores, que fundamentalmente son canales de regadío. No veo cómo el Ministerio podría estar preocupado de ellos.
Esto es muy similar a la disposición según la cual el Ministerio de Vivienda tiene responsabilidad sobre todas las calles y pasajes de la ciudad, cosa absolutamente poco práctica, poco viable. Lo mismo ocurre con el manejo de las redes secundarias.
En todo el debate insistimos en la necesidad de establecer una función compartida entre el Ministerio de la Vivienda y los municipios.
Esto se había planteado en la modificación de la ley de aguas, porque hoy los canales o las acequias de agua de riego, por ejemplo, no tienen mantención adecuada, y los municipios dicen que carecen de facultades para hacerla, y solamente pueden presionar a las sociedades de cana listas, que muchas veces no cumplen con su responsabilidad. Esta es una de las cuestiones que genera más problemas con las aguas lluvias.
Por lo tanto, el artículo lo es una declaración bastante general en cuanto a que los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda tienen una responsabilidad; pero, desde el punto de vista práctico, no veo cuál será la implicancia específica.
Además, para no volver a hablar de ello en los artículos posteriores, me preocupa que en el proyecto hagamos una declaración de roles, pero no establezcamos ninguna forma para financiarlos.
El texto sustitutivo del artículo 5° es poco práctico, porque en muchas urbanizaciones el problema del desagüe de aguas lluvias no tiene nada que ver con el perímetro del lugar que se urbaniza, sino con un colector lejano. Entonces, no siempre corresponde una inversión asociada a una inversión inmobiliaria determinada, porque se requiere alguna forma de acumulación de fondos para hacer este tipo de obras, sobre todo en ciudades que no tienen colectores.
Al respecto, el proyecto avanza un paso muy corto: establece algún nivel de responsabilidad; pero, sin lugar a dudas, no consigna bases para resolver el problema de las aguas lluvias en las grandes ciudades. Creo que debería ser complementado al más corto plazo, con disposiciones específicas respecto de cómo se va a financiar. Nada sacamos con decir esto si no establecemos mecanismos para financiarlo.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHÁ.-
Señor Presidente, desde hace tiempo he estado preocupado porque no hay un ente responsable de los problemas que se producen por la mala evacuación de las aguas lluvias.
Sin duda, el proyecto está dirigido a centrar esa responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas por las redes primarias de aguas lluvia y en el Ministerio de la Vivienda por las redes secundarias. Así cuando se cree una situación difícil en una población o ciudad por las aguas lluvias, los sectores afectados podrán concurrir a un organismo para exigir una solución.
La falta de financiamiento expreso para construir estas obras y mantenerlas crea incertidumbre sobre el verdadero efecto de la ley; pero precisar en quién va a recaer la responsabilidad de proyectar un buen servicio es un gran adelanto.
Votaremos favorablemente el proyecto por considerarlo un avance sustancial.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, quiero recordar a los señores Diputados que estamos en la discusión particular del proyecto.
Las apreciaciones de carácter general, que me parecen extraordinariamente importantes, no se hicieron en su oportunidad y a estas alturas de la tramitación legislativa es difícil entrar a considerarlas.
No obstante, lo más importante es que a partir de este proyecto se regula adecuadamente la materia, en términos de que hace responsable, por una parte, al Ministerio de Obras Públicas de toda la problemática de las redes primarias y, por otra, al Ministerio de Vivienda respecto de las redes secundarias o aquéllas ubicadas en las zonas urbanas.
Si bien es cierto que el proyecto no avanza en materia de financiamiento, se supone que al establecer una nueva obligación del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, ella tendrá que ser considerada en un ítem especial de la próxima Ley de Presupuestos con el objeto de cumplirla adecuadamente. Si bien las observaciones hechas son atendibles, estimo que este es un paso muy importante, por lo que corresponde dar una pronta aprobación al proyecto de ley en estudio.
Me permití formular estos planteamientos porque el debate ha sido de carácter general, aun cuando entiendo que estamos en la discusión de los tres primeros artículos.
Ahora, si Su Señoría me permite, me referiré al artículo 4°.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, está en su derecho de expresar su opinión, pero quizás sea preferible despachar primero los tres artículos en debate. Ahora, si quiere referirse al artículo 4°, puede hacerlo.
El señor JARA.-
Eso fue lo que propuse al Comienzo.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Entonces, para avanzar, propongo que nos pronunciemos respecto de los tres primeros artículos, en los cuales se cambia la expresión "red madre" por "red primaria".
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar esas modificaciones en los tres primeros artículos?
Acordado.
Para referirse al artículo 4°, tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, en el artículo 4° la Comisión de Obras Públicas
La primera, de la Comisión de Vivienda, para reemplazar la letra g) del artículo 12 del decreto ley N° 1.305, de 1975, que reestructuró y regionalizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por la siguiente: "g) Realizar el estudio y proponer la dictación de las normas técnicas nacionales de infraestructura y de instalaciones domiciliarias de electricidad, gas, teléfonos, pavimentación de vías urbanas" elementos que estaban en la disposición "y evacuación de aguas lluvias a través de redes secundarias de colectores y drenaje que empalmen con la red primaria de colectores y drenaje de aguas lluvias."
Esta indicación es absolutamente coherente con el texto del proyecto que estamos aprobando.
La segunda fue presentada por el Diputado señor Coloma para establecer la obligación de la Dirección de Desarrollo Urbano, no sólo en cuanto al estudio y dictación de normas técnicas de carácter nacional, sino también de carácter regional, dada la singularidad de cada una de nuestras regiones y la distinta connotación que el fenómeno de la evacuación de aguas lluvias tiene en cada una de ellas.
La Comisión aprobó por unanimidad esta indicación por cuanto perfecciona la norma y es muy adecuada al objetivo y sentido del proyecto.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, agradezco la referencia que hizo el Diputado señor Jara , que fue bastante clara respecto del sentido de la indicación aprobada.
Destaco que éste es un paso para ir considerando la realidad regional del país en cada uno de sus aspectos. Hoy muchos planes que tenemos en materia de subsidio de vivienda -particularmente rural- tienen una referencia nacional, sin considerar con precisión las diferentes características de nuestro país. Por ejemplo, el tema de las aguas lluvias no tiene la misma importancia en Arica que en Punta Arenas, Melipilla , Talagante , Buin o cualquier otro lugar cercano. De esta manera, el sentido de la indicación aprobada –que ojalá se repita en otras normas relacionadas con mejoramiento físico de la infraestructura- es distinguir las diferentes características que existen en nuestro país. En este sentido, espero que la indicación sirva para ilustrar una futura legislación donde se especifiquen las normas precisas, de acuerdo con las particularidades del lugar y no se apliquen, como suele suceder -lo he comprobado con algunos subsidios rurales dentro de la zona que represento-, normas generales que, si bien resultan apropiadas y razonables en sectores determinados, dejan de serlo en zonas de naturaleza distinta. Por ello, el objetivo de la indicación, que la Comisión de Vivienda acogió, es precisamente avanzar en una verdadera regionalización del país, que no sólo se refleje mediante declaraciones en los medios de comunicación, sino que cambiando y adecuando la legislación a la realidad propia de cada región.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, una simple observación a la intervención del señor Coloma : no fue la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano la que aprobó la indicación, sino la de Obras Públicas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar, por unanimidad, el artículo 40 con la modificación?
Aprobado.
En discusión el artículo 5°, nuevo.
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, esta modificación es muy simple: sustituye el inciso primero del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y establece que el propietario de un terreno que se pretenda urbanizar deberá ejecutar también las obras necesarias para el desagüe de aguas servidas y de aguas lluvias.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Si le parece a la Sala, también se aprobará por unanimidad la modificación al artículo 5°.
Aprobada.
Despachado el proyecto.
MODIFICACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N° 294, DE 1984, DEL MINISTERIODE OBRAS PÚBLICAS, Y DE LA LEY DE CAMINOS. Segundo trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto supremo N° 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley ~ 15.840, orgánica del Ministerio, y del decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
Diputado informante es el señor René Manuel Carda.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 1084-09(5), sesión 13 a, en 10 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.
Informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión loa, en 20 de junio de 1995. Documentos de la Cuenta N° 4.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En ausencia del señor Carda (don René ), solicito al Diputado señor Jara que se sirva informar el proyecto.
El señor JARA.-
Señor Presidente, esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, propone modificar el decreto supremo N° 294, de 1984, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y el decreto 'Con fuerza de ley N° 206, de 1960, Ley de Caminos.
El proyecto fue iniciado en mensaje del Presidente de la República el 1 de septiembre de 1993, y en su primer trámite constitucional fue analizado, discutido y aprobado por el Honorable Senado, en su condición de Cámara de origen, con las modificaciones y rectificaciones consignadas.
La Comisión de Obras Públicas contó con la presencia permanente del Director de Vialidad, señor Osear Ferrel , y del fiscal del Ministerio, señor Aliro Verdugo. Además, se escucharon las opiniones del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad, del presidente de la Asociación Nacional de Constructores Civiles y del presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros, todos del Ministerio de Obras Públicas; del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos, Técnicos y Auxiliares del mismo Ministerio; del gerente general de la Asociación de Empresas de Servicio Público; del gerente general de la Compañía de Electricidad; del abogado de la Compañía de Teléfonos de Chile y del gerente de la Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule.
Las modificaciones propuestas se refieren, básicamente, a dos materias: una, a la regulación de los caminos, y la otra, al personal y al funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas.
El proyecto también faculta al Presidente de la República para fijar el texto refundido de las modificaciones relativas al Ministerio de Obras Públicas.
Todos sabernos que a la Dirección de Vialidad le corresponde, por mandato legal, "la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado... ".
La iniciativa propone ampliar las facultades y prerrogativas de la Dirección de Vialidad en cuanto a la regulación de los caminos.
Los Diputados de la Comisión de Obras Públicas y Transportes analizarnos la modificación propuesta por el Honorable Senado al N° 1 del artículo ,1 0 , que indica que la Dirección de Vialidad deberá considerar en el estudio y construcción de los caminos, la plantación, forestación y conservación de especies arbóreas. Se estimó que corresponde establecer esta situación más bien en términos facultativos y no corno obligación perentoria para aquel servicio, corno lo aprobó el Senado.
En segundo lugar, en materia de acceso a los caminos este punto tal vez el más importante del proyecto, lo trata el actual número 2 del artículo 1°_ los Diputados compartimos la propuesta del Ejecutivo relativa a la necesidad de ampliar esta facultad de la Dirección de Vialidad no sólo a los caminos nacionales, sino a todos las vías públicas. En consecuencia, rechazamos la proposición del Senado de mantener la facultad de autorizar y cerrar los accesos sólo a los caminos nacionales, como ocurre en la actualidad.
Este es un punto esencial del proyecto y no parecen razonables las aprensiones del Senado en cuanto a que se estaría dando a la Dirección de Vialidad una atribución excesiva, porque los caminos nacionales sólo corresponden al 8 por ciento de la red vial nacional. Por consiguiente, parece del todo aconsejable ampliar esta facultad en los términos señalados, como una manera de garantizar en mejor forma la seguridad vial en el país.
Coherente con esto, la Comisión también acogió la propuesta del Ejecutivo relativa a precisar la facultad de la Dirección de Vialidad para ordenar el cierre de cualquier acceso a un camino público, cuando éste pueda constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos, en cuyo caso la Dirección de Vialidad podrá convenir con los afectados, en forma previa, una razonable solución alternativa, tanto técnica como financiera.
En materia de acceso a los caminos, corresponde ampliar la atribución de la Dirección de Vialidad, considerando que los intereses eventualmente comprometidos y que se pudieran afectar están suficientemente protegidos, por cuanto se puede reclamar ante el juez de letras respectivo de las medidas que se estimen perjudiciales, de conformidad con el artículo 51 del decreto supremo N° 294. Esta modificación es de extraordinaria importancia, porque este problema, muy frecuente, afecta la seguridad vial.
Otra modificación relevante dice relación con la facultad de la Dirección de Vialidad para prohibir o limitar, total o parcialmente, la circulación de transporte pesado de carga en caminos no pavimentados en temporada invernal o determinados períodos de alta pluviosidad, cuando el exceso de lluvia pudiera significar W1 deterioro prematuro de las vías. Esta es una situación de extraordinaria ocurrencia, en las regiones del centro y centro sur, en especial en la del Biobío, que se da particularmente por el intenso transporte forestal que daña los caminos y puentes, provocando, en muchos casos el completo aislamiento de numerosos sectores rurales.
Otra modificación relevante consiste en precisar que será de cargo de los propietarios la infraestructura vial complementaria para los proyectos industriales y residenciales. En la actualidad, es de responsabilidad del Ministerio.
Nos parece del todo razonable que quien impulse un nuevo proyecto residencial o industrial asuma los costos que significa implementar esta infraestructura vial complementaria para acceder a los caminos públicos. En estos casos se establece que la municipalidad deberá solicitar a la Dirección de Vialidad un informe técnico previo que determine, en primer lugar, la infraestructura vial complementaria necesaria y, al mismo tiempo, que esa Dirección deberá inspeccionar y aprobar estas obras.
Además, se faculta a la Dirección de Vialidad para autorizar cualquiera instalación que ocupe los caminos públicos y sus respectivas fajas de dominio adyacentes, tales como la colocación de cañerías de agua potable, las obras sanitarias, postaciones con alumbrado, líneas telefónicas o de transmisión de energía eléctrica o fibra óptica.
Se establece que estas instalaciones serán siempre de cargo de sus propietarios en cuanto a su mantenimiento y conservación, fijándose los criterios que impidan otorgar esta autorización. Por ejemplo, se podrá denegar si estas obras o instalaciones, entre otras causas, entorpecen el uso de los caminos o el paso de las aguas, o si provocan contaminación o alteración significativa respecto de la magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Asimismo, es importante destacar la facultad de denegar la autorización de tales instalaciones, cuando ellas afecten la seguridad del tránsito o el desarrollo futuro de las vías.
En general, esas son las principales modificaciones que se proponen en el proyecto en lo relativo a la regulación de caminos.
En materias relativas al personal y al funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto establece tres tipos de modificaciones. Entre las más importantes, está la que posibilita a los funcionarios a contrata para ejercer funciones directivas por la vía de la delegación, con lo cual se asume un problema práctico que se da en ese Ministerio, ya que en la actualidad no pueden realizarlas aunque tengan los méritos y las calificaciones suficientes para ello.
Asimismo se permite, dada su calificación profesional, que los abogados de la fiscalía instruyan sumarios administrativos sin necesidad de que tengan una jerarquía superior a la del inculpado. Esta materia también es de frecuente ocurrencia. La adopción de esta medida permitirá un mejor funcionamiento del Ministerio, ya que con ello se podrá avanzar en este tipo de procesos.
Además, se regula adecuadamente el paso de los actuales obreros del Ministerio de Obras Públicas, afectos al Código del Trabajo, a la condición de empleados, cuando reúnan los requisitos necesarios y queden afectos al Estatuto Administrativo. En este caso, se precisa que el pago de la indemnización por años de servicio que les correspondería en su calidad de obreros se postergue o difiera hasta el término de su relación laboral. Esto permitirá regularizar la situación jurídica de muchos obreros que actualmente desempeñan funciones propias de empleados.
El artículo final del proyecto faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de la publicación de la ley, mediante un decreto con fuerza de ley, refunda en un solo texto coordinado y sistematizado todas las disposiciones de la ley N° 15.840, el decreto con fuerza de ley N° 206 Y las demás modificaciones incorporadas a estos cuerpos jurídicos.
Por último, la Comisión de Obras Públicas recomienda a la Sala aprobar en general el proyecto en su segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sin perjuicio del análisis en particular del mismo en su segundo trámite reglamentario.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente. He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.
El señor TALADRIZ.-
Señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente el proyecto en general, porque adecua más a la realidad algunos criterios de la tuición sobre los caminos. Esto es importante porque la red nacional está integrada sólo con e18 por ciento de los caminos los que, en vez de nacionales, pasarán a ser públicos, con lo cual se amplía la administración de la Dirección de Vialidad a las vías más importantes y amplias del país, principalmente a los caminos intercomunales y a otros que también necesitan una buena administración, sobre todo en sus accesos; y en general, esto comprende toda la red básica, lo cual es fundamental. Asimismo, se faculta a la Dirección de Vialidad para regular la instalación de servicios y negocios, como hoteles, estaciones de servicio, etcétera.
De igual modo, estamos de acuerdo en que los obreros del Ministerio que cumplan con los requisitos, y siempre que haya vacantes, pasen a la planta de empleados y sus indemnizaciones se pospondrán hasta el momento de cesar en sus labores.
Además hubo consenso para que los funcionarios reencasillados puedan jubilar, tomando en consideración la situación jerárquica anterior a ese proceso.
En general, Renovación Nacional apoyará el proyecto que modifica la Ley de Caminos.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hosain Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, como lo ha señalado el Diputado informante accidental, se trata de un proyecto de ley originado en un mensaje del Presidente de la República, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Es decir, ya fue visto en el Senado en su primer trámite constitucional.
Esta iniciativa introduce una serie de modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 294, que regula prácticamente toda la parte legal y operativa del Ministerio de Obras Públicas, y tiende a normar algunas situaciones relacionadas con su personal.
En general, tiene el carácter de ley miscelánea, porque toca diversas materias relacionadas con ese Ministerio, que tenía facultad para regular los caminos nacionales, o sea, la Ruta 5 y los caminos principales que conducen a los puertos y a las grandes ciudades, pero no para impedir, por ejemplo, la construcción de caminos de acceso.
Como este proyecto es de carácter general, en lo sucesivo deberá pedirse autorización para la construcción de cualquier acceso a los diversos caminos públicos, lo cual, a la vez, impedirá el aumento de peligrosos accidentes que a diario debemos lamentar a lo largo de Chile a causa del gran flujo de automóviles.
También se establece que en caminos no pavimentados, en algunas épocas del año, en especial, en invierno, podrá prohibirse tránsito de camiones pesados. Por ejemplo, los que provienen de alguna faena forestal, pueden destruir un camino equis ya debilitado por las intensas lluvias de la época invernal. Antes, Vialidad carecía de facultad para limitar el tránsito de este tipo de camiones; en cambio, con este proyecto contará con ella en forma amplia.
Asimismo, se permite a Vialidad cobrar por la ocupación de las fajas adyacentes de los caminos públicos. Muchas empresas eléctricas ocupan las fajas vías para colocar postes, ya sea de teléfonos o de electricidad, por lo cual Vialidad no tenía derecho a cobranza alguna. Pero si el día de mañana, por la modernización o pavimentación de la segunda vía, era necesario mover esos postes, entonces las empresas exigían colocar postes de concreto, en circunstancias de que ellas nunca habían pagado por ello, lo que se prestaba para abusos. Con este proyecto, aparte de cobrarse por el derecho de ocupar la faja vía, en caso de que por diversas razones el Ministerio de Obras Públicas desee modificar la instalación de esos postes, todo se hará por cuenta de las respectivas empresas.
Quiero señalar también que cuando se construyen o pavimentan caminos y se instalan a su vera hoteles, restaurantes o estaciones de servicio son las municipalidades las que otorgan los permisos y Vialidad no tiene facultad alguna al respecto. Por el proyecto se establece que la Dirección de Vialidad deberá autorizar previamente mediante sus técnicos la instalación y ubicación de esos eventuales establecimientos comerciales, tomando en consideración el peligro que signifique la entrada y salida de los vehículos de sus usuarios. Por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas cobrará un derecho a través de esa Dirección.
Además, se regula una situación muy odiosa que se ha mantenido por muchos años en la Dirección de Vialidad, cual es que gran número de sus trabajadores, no obstante ser obreros, desempeñan funciones de empleados, están a cargo de oficinas y se da la paradoja de que hasta son jefes de funcionarios que tienen la calidad de empleados. No ha podido dárseles esa calidad porque, al ponerse término a su contrato de trabajo como obreros, debe pagárseles la indemnización correspondiente y el Ministerio no contaba con los recursos necesarios. Por el proyecto se faculta para regularizar la situación de esa gente, a fin de que pasen a tener la calidad de empleados. Su empleador seguirá siendo el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, pero no será necesario pagarles su indemnización ahora, sino al término de sus funciones, cuando vayan a jubilar o se retiren.
Todas estas modificaciones son muy necesarias como las otras que ha mencionado el Diputado informante, señor Jara y adecuan y hacen más operativas varias normas que impiden mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de la Dirección de Vialidad.
Por eso, los Diputados democracristianos vamos a aprobar todos los artículos de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, este proyecto es de una significación bastante trascendente en lo que se relaciona con los caminos de nuestro país.
Uno advierte, por ejemplo, los avances que se han logrado en materia de instalación de la fibra óptica y, en consecuencia, el gran progreso que ha significado para las comunidades, especialmente para las más alejadas, que habían contado hasta hace poco con sistemas telefónicos muy atrasados. No obstante, ese mejoramiento de las comunicaciones ha traído un gran deterioro, en particular en los sectores aledaños a los caminos, en las bermas, puesto que hasta la fecha su utilización no estaba debidamente legislada. Y ése era un tema grave, en especial porque al Ministerio de Obras Públicas no sólo le correspondía el estudio de esas obras, sino que también su inspección y el seguimiento de las mismas una vez realizadas, por cuanto era preciso saber el impacto que iban a tener en la estabilidad del camino afectado por ellas. En consecuencia, esta materia debía ser legislada.
Por esa razón, cuando discutimos el proyecto, fueron invitados especialmente los directivos más importantes de las empresas de electricidad y de teléfonos, que son las que ejecutan, preferentemente, obras en las bermas de los caminos. Esto, ha quedado resuelto y esperamos que la Cámara dé su aprobación esta mañana a esa normativa.
Quiero destacar también como lo hacía recientemente el Diputado señor Sabag la importancia del proyecto en relación con el personal de Obras Públicas que ha sido históricamente postergado. Situaciones como ésa se reproducen en todo el país y muchas son resueltas aquí.
En mi opinión, el proyecto aborda con mucha eficacia el terna relacionado con los sumarios administrativos, donde no se hará exigible la obligación legal de que el investigador o sumariante tenga igualo mayor categoría que el investigado o sumariado, ya que la planta de abogados del Ministerio de Obras Públicas es insuficiente para cumplir con esa exigencia.
Por esas razones, el proyecto constituye un avance importante. Hemos contado con la excelente colaboración de las empresas involucradas en la materia y por ello la Comisión le ha dado su aprobación unánime, la cual espero que hoy se dé también en la Honorable Sala.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.
El señor TOHÁ.-
Señor Presidente, en primer lugar el proyecto en trámite pretende adecuar algunas disposiciones del decreto supremo N° 294, del Ministerio de Obras Públicas, a los actuales requerimientos que enfrenta esa Secretaría de Estado al autorizar los accesos a caminos públicos y otras instalaciones en materias de su competencia.
En segundo lugar, pretende interpretar los beneficios que la ley N° 19.020 otorgó al personal del Ministerio.
Por último, faculta a Su Excelencia el Presidente de la República para que, en el plazo de un año, fije un nuevo texto refundido, coordinado y sistematizado de toda la normativa legal relativa a las funciones del Ministerio de Obras Públicas.
En relación con el primer aspecto, el artículo 41 del decreto supremo en cuestión faculta a la Dirección de Vialidad para que autorice la apertura de caminos de acceso de los predios colindantes a los caminos nacionales. El proyecto hace extensiva dicha facultad a los caminos regionales, quedando así comprendidos todos los caminos públicos. Se propone entonces reemplazar la palabra "nacionales" por "públicos", por cuanto la primera es muy restrictiva, debido a que sólo representa el 8 por ciento de la red vial. En cambio, los caminos que constituyen la red básica, respecto de los cuales se amplía esta facultad, corresponden a 24 mil kilómetros del total de 80 mil con que cuenta el país.
Debe tenerse presente que la característica fundamental de esta red básica es que por ella transita el 90 por ciento del flujo vehicular nacional. De ahí la importancia de dicha modificación, que permitirá enfrentar en mejor forma la necesidad de protección de la vía pública ante al flujo creciente del tránsito.
Otra modificación en esta materia consiste en entregar a la Dirección de Vialidad la facultad de regular el acceso a los caminos públicos.
El artículo 41 del decreto supremo N° 984 no le otorga expresamente esa función a dicho organismo; pero le entrega facultades que la suponen. Por ello, el proyecto dispone que le corresponderá a la Dirección de Vialidad desempeñar tal función.
Se faculta también a la Dirección de Vialidad para prohibir el acceso a caminos públicos cuando a su juicio pueda constituir un peligro para la seguridad del tránsito o entorpecer la libre circulación por ellos. Esta Dirección podrá ordenar el cierre de cualquier acceso a un camino cuando no se den las circunstancias señaladas anteriormente.
Asimismo, se impone a las municipalidades que deban autorizar sectores industriales o residenciales nuevos, el deber de solicitar a la Dirección de Vialidad un informe técnico previo que determine la infraestructura complementaria necesaria para sus accesos a caminos públicos y cruce de peatones en condiciones de seguridad. Todos tenemos muy presente la importancia de estas medidas para salvaguardar la seguridad de personas que, muchas veces, deben cruzar caminos con gran peligro para sus vidas.
De este modo, se pretende que quien realice una urbanización financie las obras de infraestructura para acceder a los caminos públicos, evitando que lo haga en definitiva el Ministerio de Obras Públicas o la municipalidad respectiva.
Por el proyecto se propone también facultar a la Dirección de Vialidad para limitar total o parcialmente el acceso y circulación de transporte pesado en los caminos públicos no pavimentados, en temporada invernal o de alta pluviosidad, a fin de evitar su deterioro prematuro.
Consideramos muy positiva esta norma, por cuanto el intenso tránsito vehicular a causa de actividades industriales, forestales y mineras en las temporadas señaladas afecta la transitabilidad de los caminos, en especial de los rurales, lo que perjudica la actividad económica.
Otra modificación que se introduce consiste en la entrega de las fajas de los caminos públicos a la competencia y regulación de la Dirección de Vialidad. Además, se precisan las autorizaciones que puede otorgar esa Dirección respecto del uso e instalaciones en caminos públicos, en las fajas adyacentes y en otras obras viales.
Cabe destacar que, de acuerdo con el proyecto, la autorización que concede la Dirección de Vialidad es facultativa; sin embargo, se fijan criterios para los casos en que no debe darla. Por lo tanto, se trata de una facultad discrecional pero no arbitraria, ya que se regulan las causales de la negativa, es decir, la Dirección está obligada a fundar sus actos y a encuadrarse en algunas de las causales que los motivan.
También es importante resaltar que las instalaciones que se realicen en las bermas de los caminos serán de cargo del respectivo propietario; que la Dirección de Vialidad no tiene responsabilidad alguna en su mantenimiento; que corresponderá a su propietario conservarlas en buenas condiciones, como también el gasto que irrogue su cambio de ubicación, cuando haya motivo para ello.
En síntesis, el proyecto regula especialmente el acceso a los caminos públicos, fija las responsabilidades y, sobre todo, regula la administración de las fajas colindantes a los caminos públicos en relación con los derechos y deberes de quienes hagan uso de ellas para ofrecer servicios, como telecomunicaciones.
Otro aspecto absolutamente distinto del proyecto en trámite se refiere a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas. En esta materia se hacen distintas modificaciones, siendo la más importante creo aquella que establece los que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren regidos por el Código del Trabajo, podrán optar a quedar afectos al Estatuto Administrativo, siempre que existan los cupos respectivos y cumplan con los requisitos requeridos para ejercer la función directiva que desempeñarán.
El proyecto en discusión contiene también otros aspectos de interés que sería muy largo enumerar y explicar en esta sesión.
Por considerar que la iniciativa representa un adelanto muy positivo, en cuanto regula el tránsito por los caminos públicos, da la seguridad para que los crucen las personas, evita accidentes y fija los derechos del Ministerio de Obras Públicas en relación con los servicios que se ofrezcan en los terrenos aledaños a los caminos públicos, la vamos a votar favorablemente.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, como se ha manifestado, el proyecto es de extraordinaria importancia.
Todos sabemos que los caminos son bienes nacionales de uso público. El uso común, anónimo, diario y colectivo que todos les damos justifica la relevancia de estos bienes. Sin embargo este uso común debe tener limitaciones, una de las cuales es la facultad de la administración para establecer regulaciones que garanticen el expedito tránsito y la seguridad vial. En este aspecto, las modificaciones que se introducen a la actual legislación dotan a la Dirección de Vialidad de facultades que apuntan en el sentido correcto.
El proyecto busca incorporar todos los caminos públicos, nacionales o regionales, a las actuales y urgentes necesidades de protección de las vías públicas frente al creciente flujo de tránsito; por cuanto dicha situación provoca riesgos para los usuarios, congestión vehicular y deterioro prematuro de los caminos, todo lo cual contribuye a crear un cuadro de inseguridad vial. Corno lo hemos dicho más de una vez en esta misma Sala esta situación se traduce, entre otras causas, en la triste secuela de accidentes de tránsito que lamentamos día a día.
Muchos proyectos que hoy se discuten en nuestro Parlamento, referidos a modificaciones a la Ley de Tránsito, pretenden adecuar sus normas en materia de tránsito terrestre y regular la creación de escuelas profesionales de conductores, poniendo el acento en mayores requisitos y sanciones para quienes conducen por nuestros caminos.
Sin embargo, los accidentes de tránsito no sólo son la consecuencia de fallas humanas sino también de las peligrosas condiciones en que se encuentran muchas de nuestras carreteras y caminos. En efecto, el acceso clandestino o no autorizado de particulares, cuyos predios colindan con los caminos públicos, suele provocar perjuicios, congestión vehicular o hacer más peligrosas las condiciones del tránsito.
El transporte pesado en caminos no pavimentados afecta, ciertamente, la mantención de los mismos.
La instalación de obras particulares necesarias para el desarrollo industrial y residencial pero que se ejecutan sin autorización en fajas fiscales no suficientemente delimitadas, muchas veces pueden provocar y de hecho lo hacen un impacto negativo en esos caminos. El deterioro de las mismas, por cuya mantención todos los usuarios pagamos, es una situación que no puede escapar a nuestra preocupación. Requieren de una regulación y justifican, a mi juicio, las facultades que este proyecto entrega a la Dirección de Vialidad.
Por otro lado, considerando el fundamental aporte que el sector privado puede realizar en materia de infraestructura vial por medio de la concesión de caminos, se hace necesario delimitar con claridad la responsabilidad de los órganos estatales y privados, regular el mantenimiento y eficiente utilización de los accesos a los caminos públicos y establecer que el costo y ejecución de las obras viales complementarias de acceso a estas nuevas construcciones industriales o residenciales, serán de cargo de sus propietarios.
Por todas las consideraciones señaladas, los Diputados del Partido por la Democracia vamos a votar favorablemente este proyecto.
Antes de terminar creo necesario hacer algunas observaciones de carácter general; en el entendido que éste es un gran paso, aunque insuficiente, dada la importancia práctica de esta legislación.
En primer lugar, llama la atención que las normas que regulan los caminos estén insertas en la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y no tengan una identidad legal propia. Si bien la instancia principal en materia de caminos públicos es la Dirección de Vialidad, organismo dependiente de ese Ministerio, no parece adecuado, sino engorroso, que estas normas especiales estén insertas en un cuerpo jurídico que trata materias tan diversas como el funcionamiento de un Ministerio. Sería más conveniente incorporarlas en un cuerpo legal distinto; una Ley de Caminos. Así como se habla de una Ley de Puertos, creo importante que el país cuente con una ley especial y específica que regule todo lo concerniente a los caminos públicos y recupere la identidad de este importante aspecto de la vida nacional, como ocurría, por lo demás, antes de la dictación del decreto N° 294, que refundió el decreto con fuerza de ley N° 206, referido precisamente a la normativa de caminos.
Por otro lado, hay que considerar que el decreto con fuerza de ley N° 206, de 1960, sólo refundió y uniformó las leyes sobre construcción y conservación de caminos y su financiamiento y que su contenido es una simple adaptación de la ley N° 4.851, de 1930.
Este hecho justifica que avancemos en adecuar las normas que regulan los caminos públicos a las nuevas exigencias y condiciones del desarrollo que el país ha tenido durante estos últimos 60 años. La antigüedad de estas normas aconsejan su actualización, puesto que hoy son de difícil aplicación y cumplimiento y muchas veces se frustran los objetivos en que se inspiraron. El desarrollo experimentado por el país que se ha traducido en un fuerte incremento de la inversión en infraestructura vial aconseja dotar de normas más expeditas al ente encargado de su administración y cuidado para el cabal resguardo que el patrimonio público necesita.
El proyecto del Ejecutivo, perfeccionado por el Honorable Senado, aborda podríamos decir aspectos mínimos de la normativa de caminos. Por lo mismo, se echan de menos muchos preceptos que estimamos necesarios para su plena eficacia y que están más acordes con las nuevas realidades. Así, a título meramente ejemplar, podemos decir que es necesario definir las atribuciones que hoy tiene la Dirección de Vialidad precisando sus funciones y competencia que son diferentes de las que, en similar materia, competen a las municipalidades y al Serviu.
Es necesario perfeccionar y clarificar los conceptos de "camino público" estableciendo de manera expresa el carácter de bien nacional de uso público que tienen los terrenos ocupados por éstos, así como su faja vial, "puentes de uso público" y "obras complementarias" de un camino usados en el lenguaje corriente pero que, al no tener una definición legal, dificultan la interpretación del texto que estamos analizando. Se debe incluir, por ejemplo, el concepto de "camino internacional" considerado expresamente por el legislador pero no definido, lo que impide determinar claramente el trato que corresponde darle; definir con precisión el concepto de "policía de caminos", inexistente hoy, radicada en un cuerpo de funcionarios de la Dirección de Vialidad, a quienes se les otorga el carácter de ministros de fe; precisar y prohibir las conductas estimadas riesgosas que representan un peligro para la seguridad vial en los caminos públicos, como por ejemplo, la extracción de áridos, el cargamento o arrastre de materiales o la ejecución de labores mineras en las cercanías de caminos públicos o túneles carreteros; definir las competencias en la instalación y mantención de la señalización del tránsito, estableciendo sanciones para quienes las trasgredan; normar la responsabilidad en la construcción, conservación y debido cierre de los cercos en los caminos públicos, sancionando las conductas negligentes, como la salida de animales a las carreteras; regular la situación y destino de los caminos en desuso; establecer en materia de caminos, la representación judicial del Fisco en el Director de Vialidad y directores regionales, facultándose expresamente a la fiscalía del Ministerio para contratar servicios jurídicos externos, a fin de agilizar los procedimientos judiciales; radicar en los jueces de policía local la competencia para conocer las infracciones a la legislación de caminos, las que deben tipificarse claramente, así como uniformar los procedimientos. En fin, establecer normas relativas a los recursos, financiamiento y patrimonio de la Dirección de Vialidad y definir los derechos a cobrar por el Fisco en contraprestación a los usuarios de las vías o fajas adyacentes, estableciendo con precisión los hechos que la generan y su monto.
Estas son sólo materias que señalo por vía de ejemplos pero que, obviamente, justifican una revisión más completa y global de toda la legislación referida a los caminos públicos.
Por las consideraciones señaladas y las razones que he expresado en mi calidad de Diputado informante accidental, los Diputados del Partido por la Democracia aprobaremos en general el proyecto, sin perjuicio de que en el segundo trámite reglamentario le incorporemos alguna de las ideas planteadas en la discusión general.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Advierto a la Sala que a las 13 horas termina el Orden del Día.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, apruebo la idea de legislar, pero quiero comentar la modificación al artículo 41 de la iniciativa, que faculta a la Dirección de Vialidad para cerrar cualquier acceso a un camino, pudiendo convenir con los afectados, en forma previa, una razonable solución alternativa, tanto técnica como financiera.
En primer lugar, pienso que va a operar la regionalización, porque no concibo una estructura normativa mediante la cual la Dirección de Vialidad nacional deba dirimir todos estos asuntos, en circunstancias de que pueden resolverse a nivel regional.
En segundo lugar, ¿qué sucederá en caso de que la Dirección de Vialidad ordene el cierre de cualquier acceso a un camino y los afectados no lleguen a un acuerdo con ella? Sin duda, es necesaria una acción que permita a los afectados reclamar ante un tribunal el cierre injustificado del acceso a un camino, si así lo estimaran pertinente. Por eso, junto con el Diputado señor Sabag , formulamos una indicación que permite accionar mediante el procedimiento sumario del Código de Procedimiento Civil salvo lo dispuesto en su artículo 681, relativo a la sustitución del procedimiento, a fin de que los afectados puedan deducir sus derechos ante la justicia y el juez resolver, de acuerdo con las pruebas, si es necesario o no cerrar el acceso a un camino.
El señor SOTA.-
¿Es admisible?
El señor ELGUETA.-
Es perfectamente admisible, por tratarse de una acción judicial, materia que no sólo es de iniciativa del Ejecutivo, sino también de los parlamentarios.
Señor Presidente, anuncio que aprobaremos la idea de legislar y, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Montes.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, si mal no entiendo, el proyecto busca precisar y fortalecer algunas de las facultades de las direcciones de Vialidad, en cuanto al manejo de los caminos públicos.
Sin embargo, me surge la duda sobre los caminos públicos de zonas urbanas. Por ejemplo, la circunvalación Américo Vespucio , o la continuación de la Avenida Macul desde Departamental hacia La Florida en dirección sur, presenta un gran problema para su manejo.
Actualmente, la Dirección de Vialidad tiene amplias facultades y los municipios, en la práctica, no pueden tomar decisiones, ni siquiera para modificar ciertos cruces. Significa años de trámite conseguir que esa Dirección autorice, por ejemplo, la modificación del sentido de ciertas calles, definición de los quioscos, pasos peatonales, etcétera.
La intención, reitero, es fortalecer las facultades de la Dirección de Vialidad, especialmente para las zonas rurales, pero no se clarifica el manejo de caminos en zonas urbanas.
Mi consulta es por qué no se consideraron ni se diferenciaron los caminos públicos de zonas urbanas, y si este tema estuvo presente en algún momento en el debate.
El señor LATORRE (Vicepresidente).
Con la venia del Diputado señor Coloma , a quien le corresponde intervenir, tiene la palabra el Diputado señor Jara para contestar la consulta del Diputado señor Montes.
El señor JARA.-
Señor Presidente, el Diputado señor Montes tiene razón. La materia a la cual se refirió no fue considerada en el proyecto y no estuvo presente en su discusión general en la Comisión.
Uno de los vacíos e insuficiencias de la iniciativa lo hice presente en mi segunda intervención es que no precisa con nitidez ni clarifica en forma adecuada las facultades de la Dirección de Vialidad, de las municipalidades y del Ministerio de la Vivienda en esta materia.
Por lo tanto, no sólo esta materia sino que todas las demás, relativas a caminos públicos, justifican un análisis más profundo de la legislación que existe al respecto. En esa oportunidad, haremos estas consideraciones. Sin perjuicio de ello, en el segundo trámite reglamentario veremos la manera de perfeccionar y avanzar, si no en todas, por lo menos en parte de estas legítimas inquietudes.
Gracias, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, solicito una interrupción para referirme al mismo tema.
El señor LATORRE (Vicepresidente).
Está inscrito para intervenir el Diputado señor Coloma. Si Su Señoría es breve y el señor Coloma le concede la interrupción, la Mesa no tiene inconveniente en darle la palabra.
El señor COLOMA.-
Se la concedo, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).
Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor SABAG.-
Agradezco al Diputado señor Coloma su gentileza.
Señor Presidente, sólo para aclarar que toda la normativa relativa a los caminos otorga la iniciativa y favorece al Ministerio de Obras Públicas. Incluso en las vías que pasan por las ciudades interviene Vialidad Urbana, de la Dirección de Vialidad; ni siquiera tienen que ver con ellos el Ministerio de Vivienda, menos las municipalidades. Está muy claro y definido qué es un camino de vialidad urbana que atraviesa la ciudad, a cargo de la Dirección de Vialidad, la cual lo pavimenta, lo conserva y tiene, entonces, las facultades que da la ley, tanto para la parte rural como para la urbana.
Gracias.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, quiero hacer tres planteamientos específicos respecto del proyecto en discusión, el último de los cuales quizás escape un poco al debate, pero podría ilustrar futuras legislaciones al respecto.
En primer lugar, coincido con la inquietud del Diputado señor Elgueta , relativa a la extensión de las facultades de la Dirección de Vialidad, de manera que no sólo puede autorizar que se abran vías de acceso a caminos públicos, sino también cerrarlas. Comparto la instancia sugerida por él, y creo que sería interesante estudiar, en el segundo trámite reglamentario, la forma de generar recursos expeditos para proteger los derechos de los particulares.
Pero quiero ir más allá. Este es un cambio muy profundo, en especial para los sectores rurales. En la actualidad según las disposiciones vigentes, la Dirección de Vialidad tiene esta facultad respecto de la red nacional, que constituye el 8 por ciento del tránsito, la cual se amplía a la red pública, con lo que se incorpora el 92 por ciento restante. Por lo tanto, se trata de un cambio completo, no sólo respecto de las facultades de la Dirección de Vialidad, sino del régimen jurídico de los caminos rurales del país.
Creo que debemos velar por la seguridad del tránsito y por la eficiencia de los funcionarios públicos, pero también por el derecho de los particulares y tratar de desburocratizar los sistemas que permitan construir accesos a los caminos públicos.
El Diputado señor Jara explicó en forma conveniente se lo planteé en forma particular, que éste es un cambio introducido por el Senado. Incluso, leyendo el informe, podemos damos cuenta de que el propio Director de Vialidad considera que éste es un cambio de facultades muy importante.
Por lo tanto, sugeriré, a través de una indicación, que esto se refiera a la red básica, constituida por los caminos que realmente tienen incidencia relevante en el tránsito y en la seguridad de las personas. Hay que tener cuidado con generar un esquema que, buscando lo óptimo, pueda resultar burocrático trato de ser positivo, pero tengo que plantear los problemas, es decir, que para abrir o cerrar los caminos rurales del país sean necesarias autorizaciones permanentes.
En segundo lugar, vinculado con lo mismo, la expresión "razonable" que se utiliza en esta norma es ambigua. Yo buscaría una palabra distinta. Dice: "En la misma circunstancia, la Dirección podrá ordenar el cierre de cualquier acceso a un camino quiere decir un camino construido, pudiendo convenir con los afectados, en forma previa, una razonable solución alternativa."
Admitamos que en el campo de la ley, "razonable solución alternativa" es más bien una declaración de principios. Debemos usar una expresión que genere una obligación o un recurso directo a los tribunales para que fijen las normas según las cuales ese cierre pueda realizarse sin afectar el derecho de los particulares.
En tercer lugar, quiero hacer una referencia al tema del cuidado de los caminos. El inciso final del artículo 41 señala, a través de una serie de medidas que la Dirección de Vialidad podrá limitar total o parcialmente el acceso y circulación de transporte pesado en los caminos públicos no pavimentados. Esto revela una inquietud importante y legítima que es necesario mantener en todos los caminos rurales, porque a veces se deterioran obras importantes por el uso que hacen de ellas estos camiones.
Los Diputados de zonas rurales lo hemos conversado con el Diputado señor Sota , y creo que en esto va a coincidir conmigo hemos visto que éste es un problema, pero otro más grave se presenta cuando la comunidad hace un esfuerzo grande y logra pavimentar un camino, que después los mismos camiones pesados a que hace referencia el artículo mencionado lo destruyen en uno, dos o tres años, porque no hay cuidado ni plazas de pesaje móviles que permitan cuidar esa inversión del país. Echo de menos alguna disposición que obligue a la Dirección de Vialidad a la mantención periódica de las plazas de pesaje.
He visto caminos estoy seguro de que el Diputado señor Sota estará de acuerdo conmigo, como el de Las Arañas, en la zona de San Pedro, que está completamente deteriorado después de cuatro años de uso, porque nunca ha habido allí una plaza de pesaje. Sé que faltan recursos, pero debemos avanzar en ese sentido.
Quiero proponer los convenios con las municipalidades como una fórmula para solucionar este problema. En la actualidad, a muchas de ellas les interesa, más que a nadie, mantener este tipo de red. Me consta que algunas han sugerido a la Dirección de Vialidad comprar, en conjunto, plazas de pesaje móviles o fijas, cuyos costos se cubrirían con el cobro de multas a quienes vulneren las normas.
Aquí hay una idea que debemos trabajar más profundamente. Valoro el esfuerzo por mantener en mejor estado los caminos públicos, pero la realidad, lo que nos toca ver todos los días a los parlamentarios rurales, nos permite damos cuenta de que a través de este inciso estamos dictando una norma positiva; pero falta evitar que los caminos pavimentados sean deteriorados por camiones demasiado pesados que exceden los límites establecidos por la Dirección de Vialidad.
Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Jara.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Gracias, Diputado señor Coloma.
Señor Presidente, a partir de la intervención del Diputado señor Coloma , quiero precisar algunas cosas.
En primer lugar, respecto de su consideración en cuanto a que sería más adecuado referir esta materia a la red básica, no podemos hacerlo porque el decreto supremo clasifica los caminos en nacionales y regionales; la red básica no tiene una definición legal, sino meramente administrativa De modo que en un texto legal no podríamos hacer mención a un concepto que no está definido ni considerado dentro de la clasificación de los caminos.
En seguida, en cuanto al comentario relativo a la expresión "razonable", lo ideal es que la ley precise muy bien los términos y que éstos no tengan una connotación subjetiva. Sin embargo, en aquellas circunstancias en que la ley usa tales expresiones, corresponde al juez calificar esa subjetividad. En este caso, los intereses particulares eventualmente afectados están protegidos en forma suficiente, por cuanto si mal no recuerdo el artículo 51 del decreto N° 294 permite al particular reclamar de la decisión de la autoridad administrativa ante el juez de letras competente, instancia judicial que hará posible dirimir el conflicto de intereses entre el particular que se sienta afectado y el legítimo interés de la comunidad de cautelar el bien común.
Por último, respecto de las plazas de pesaje, a partir de las modificaciones introducidas por el Congreso Nacional a la ley de pesajes hace alrededor de 2 ó 3 años, hoy las municipalidades pueden hacer por su cuenta esas instalaciones para proteger adecuadamente los caminos públicos de sus respectivas comunas.
No sé si estas explicaciones satisfacen las legítimas inquietudes del Diputado señor Coloma.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Puede continuar el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, agradezco las aclaraciones del Diputado señor Jara. Sólo haré dos breves comentarios.
En primer lugar, debido a que el informe establece que la red básica no está definida legalmente, éste es el momento de hacerlo. A ello apunta mi inquietud de fondo. "Red básica" es una expresión de uso común en la Dirección de Vialidad cuando se va a plantear cualquier problema; simplemente, para superarlo, se trata de incluir algo administrativo en el ámbito legal.
En segundo lugar, respecto del tema final, efectivamente existe la facultad municipal. Yo planteé la posibilidad de suscribir convenios con la Dirección de Vialidad, de manera que sea de responsabilidad conjunta. Así podría funcionar en forma más adecuada, y hacia allá apunta el término.
Por último, formularé una indicación al inciso segundo del artículo 41 para que exista un plazo cada vez que las municipalidades soliciten un informe técnico de la Dirección de Vialidad acerca de la infraestructura complementaria para los accesos a los caminos a que se refiere el inciso anterior. Es otro problema que también puede discutirse; pero propondré un plazo estimativo, de manera que la gente se dé cuenta de que es para el bien del país y no para retrasar el despacho de proyectos de gran importancia nacional.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala se aprobará por unanimidad, dejando constancia de que se han reunido los quórum requeridos.
Aprobado en general el proyecto, por la unanimidad de los más de 68 Diputados presentes de un total de 115 en ejercicio.
Como ha sido objeto de indicaciones, vuelve a Comisión para su segundo informe.
Las indicaciones presentadas al proyecto en este trámite son las siguientes:
Al artículo 1°
Número nuevo
1. Del señor Longueira para consultar, a continuación del número 1, el siguiente número:
"Agrégase en el inciso primero del artículo 37, a continuación de la palabra "basuras", lo siguiente: "en ellos y en los espacios laterales hasta una distancia de 20 metros". Número 2
2. Del señor Coloma para reemplazar, en el inciso primero del artículo 41, la expresión "públicos", por "perteneciente a la red básica".
3. De los señores Elgueta y Sabag para agregar, en el inciso primero que se propone para el artículo 41, la siguiente oración final:
"Si no hubiere acuerdo, los afectados podrán deducir reclamación ante el tribunal letrado civil donde estuviere ubicado el predio, en conformidad al procedimiento sumario, salvo lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, acción que prescribirá en seis meses contados desde que se decrete el cierre del acceso.".
4. Del señor Coloma para incorporar en el inciso segundo que se propone para el artículo 41, a continuación de la locución" seguridad ", la siguiente frase: "organismo que deberá evacuar el informe dentro de los 30 días a la citada presentación."
Número nuevo
5. Del señor Longueira para intercalar, a continuación del número 4, el siguiente número nuevo:
"Modifícase el artículo 53 en la siguiente forma:
1. Agrégase en el inciso primero, después de la expresión "unidades tributarias mensuales ", lo siguiente: "con el comiso de los instrumentos utilizados en su ejecución".
2. Agrégase en el inciso primero, después de "Directores de Vialidad", lo siguiente: "Nacional, Regional o Provincial, según corresponda al lugar donde se hubiere cometido la infracción".
3. Agrégase en el inciso sexto, luego de las palabras "para reclamar", lo siguiente: "de ellas y del comiso de los elementos utilizados por el infractor".
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se suspende la sesión por 15 minutos y se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
VII.INCIDENTES
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor José García.
CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA. Oficios.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, el Departamento de Estudios de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco ha elaborado una propuesta para hacer de Chile un país exportador de carne bovina.
En estos días, en que el país avanza en las negociaciones con el Mercosur, estimo oportuno dar a conocer aquellos aspectos más relevantes de dicho estudio, con el propósito de resaltar la importancia de la producción de carne bovina, sus expectativas de crecimiento y la necesidad de excluirla de las negociaciones del Mercosur, ya que constituye una de las actividades agropecuarias más relevantes de Chile y la más significativa en el sur del país, dada la gran superficie de terreno que ocupa y el valor de su producción, lo que se estima en 300 millones de dólares anuales entre las Regiones Octava y Duodécima.
No obstante, debido a que la producción de carne está orientada exclusivamente al mercado interno, donde debe competir con las carnes blancas y la importada, la masa ganadera se ha mantenido relativamente estancada, situación que contrasta con otros rubros, como la fruticultura o la forestación, que se orientan preferentemente a mercados externos y muestran un sostenido crecimiento.
Como consecuencia de lo anterior, la rentabilidad se ha mantenido en un bajo nivel. Por otra parte, pese a lo estable de la población bovina, el consumo de su carne en el país ha aumentado, especialmente en los dos últimos años, con motivo del aumento del ingreso familiar. Sin embargo, la mayor parte de este incremento ha favorecido a la carne importada, de menor precio y dudosa calidad.
Chile está declarado internacionalmente como país libre de fiebre aftosa y, por ende, se encuentra en condiciones de exportar carne a mercados de países llamados del circuito no aftósico, en el que el producto alcanza precios sustancialmente mayores, debido. a los requisitos y estándares que ellos exigen y que Chile está en condiciones de satisfacer plenamente.
La apertura de mercados externos a la carne bovina es una imperiosa necesidad para. desarrollar la ganadería de carne a mayores niveles.
Si Chile es consistente en su condición de país libre de fiebre aftosa, debe hacer todos los esfuerzos para abrir mercados de exportación para nuestra carne en los países no aftósicos. Al mismo tiempo, debe exigir, dentro de un plazo prudente, que la carne que ingresa a nuestro territorio cumpla con los requisitos que exige todo país en nuestra condición; esto es, carne proveniente de países no aftósicos o que esté debidamente precocida y enlatada.
Chile debe tener la decisión y la voluntad política de exigir cero riesgo a las carnes importadas y así obtener el reconocimiento de país libre de fiebre aftosa por los principales importadores de carne bovina, como Japón y Corea, entre otros.
Para el aumento de la masa ganadera nacional es condición básica la exigencia de cero riesgo. Esta condición no aftósica de que goza Chile, debe ser intransab1e en todo 10 que a convenios internacionales se refiere.
Por 10 expuesto, solicito oficiar a los Ministros de Agricultura, de Hacienda y de Economía, con el propósito de informarles de esta sentida preocupación de los ganaderos nacionales, haciéndoles ver la necesidad de que, previo a negociar rebajas arancelaria en cualesquiera de sus formas, se cuente con la plena certeza de que esos países se liberarán de la fiebre aftosa, estableciendo las condiciones para que Chile pueda competir en forma abierta y en igualdad de exigencias arancelarias y sanitarias.
Además, transmitir a los Ministros señalados que, mientras no ocurra lo anterior, las carnes rojas deben quedar excluidas en las negociaciones del Mercosur.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría con la adhesión de los Comités de Renovación Nacional y de la UDI y de los Diputados señores Palma, don Andrés; Luksic y Latorre.
INFORMACIÓNSOBRE SITUACIÓN PRODUCIDA EN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, en la madrugada del 26 de junio tuvo lugar un accidente que dejó numerosos heridos, los que fueron transportados por una ambulancia de la comuna de La Pintana al hospital Sótero del Río para su atención. Sin embargo, debido a un problema personal entre la doctora Claudia Cerda y el chofer de la ambulancia, los heridos no fueron atendidos y debieron ser trasladados al hospital de San Bernardo.
Esta denuncia fue conocida en forma directa por oficiales de Carabineros de Puente Alto, a quienes la propia doctora Claudia Cerda les informó que debido a dificultades de orden personal con el chofer de la ambulancia de La Pintana, se negó a atender a los enfermos.
En consecuencia, solicito oficiar al Ministro de Salud para que informe acerca de lo sucedido y el resultado de la investigación, que espero se esté efectuando en estos instantes.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por el señor Diputado.
REACTIVACIÓNDE PROGRAMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUAS SERVIDAS EN COMUNAS DE PUERTO MONTT. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito oficiar a los Ministros de Obras PÚblicas y de Vivienda y Urbanismo respecto de la necesidad de reactivar los programas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en las comunas de mi distrito, Ca1buco , Cochamó , Maullín y Puerto Montt, cuya paralización ha impedido que estas ciudades se incorporen a programas de mejoramiento de barrios y de pavimentación participativa, cómo corresponde.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
FELICITACIONES A DEPARTAMENTOS SOCIALES DE MUNICIPALIDADES DE CALBUCO y COCHAMÓ . Oficios.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, solicito que se felicite a los departamentos sociales de las municipalidades de Calbuco y Cochamó por el excelente trabajo social que están realizando.
He dicho.·
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en nombre de Su Señoría.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.
SITUACION DE VIVIENDAS DE POBLACION "CACIQUE MARILUÁN", DE VICTORIA. Oficio.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, el pasado 2 de mayo denuncié en esta Honorable Cámara la angustiosa situación que viven los habitantes de la población " Cacique Mariluán ", cuarta etapa, en la ciudad de Victoria, debido a las malas condiciones de construcción que presentan sus viviendas, entregadas por el Serviu en diciembre del año pasado.
En aquella sesión, solicité que se oficiara al Ministro de la Vivienda con el objeto de que, en forma urgente, arbitrara las medidas necesarias para que la empresa efectuara las reparaciones del caso y, además, que se estudiara la posibilidad de suspender el cobro de los dividendos mientras no ocurriera 10 anterior.
Este fin de semana visité nuevamente la señalada población y, a pesar de que la empresa Ecoman Limitada efectuó algunas reparaciones, el problema de los vecinos está aún muy lejos de solucionarse.
Las reparaciones fueron menores. No todas las viviendas fueron inspeccionadas y los problemas de goteras, de humedad, de techumbres que se hunden, de pisos que se rompen, de sanitarios que no funcionan, de instalaciones eléctricas peligrosamente mal hechas, aún continúan.
Créame, señor Presidente, que esas viviendas son un desastre y, con justa razón, sus pobladores se sienten engañados, defraudados y ya no encuentran a quien acudir.
Nadie se hace responsable. El Serviu culpa a las empresas y éstas se descargan diciendo que las especificaciones técnicas y de presupuesto de ese órgano del Estado no permite construir viviendas de mejor calidad. Un ejemplo al canto: una empresa maderera de la zona reserva a las constructoras de viviendas sociales la madera de quinta categoría, porque ésa es la que compran, Desde ya, quiero liberar de cualquier responsabilidad a esas empresas madereras, pues no hacen otra cosa que satisfacer una demanda.
Los dirigentes y los vecinos de la población, muchas de cuyas casas visité, me han solicitado que en su representación exprese la molestia que sienten frente a toda esta situación. Ellos han golpeado todas las puertas, han expuesto su problema a los medios de comunicación, han viajado numerosas veces a las oficinas del Serviu, en Temuco, y funcionarios de esa repartición han visitado la población. Se obtiene de respuesta una polémica inútil por los diarios entre las autoridades regionales del Ministerio de la Vivienda y dirigentes políticos, hasta con peticiones de renuncia.
Me pregunto lo mismo que los afectados. ¿De qué sirve todo este escándalo? Resuelvan el problema, entreguen viviendas dignas y luego, si quieren, renuncien todos. Los apoyos políticos frente a la angustia de estas modestas 190 familias poco importan.
Además, la respuesta del Ministro de Vivienda a mi intervención del 2 de mayo, que remití a los pobladores, contiene una apreciación inaceptable. Dice en uno de sus puntos: "Dado que las viviendas no se encuentran aún con escrituras, las personas que lo deseen pueden proceder, como opción, a la devolución de ellas, a fin de efectuar posteriormente una nueva postulación que cumpla con sus expectativas." ¡Esto responde el Ministerio de Vivienda a personas que esperaron cinco y seis años para obtener sus viviendas! Realmente, resulta denigrante.
En consideración a 10 expuesto, solicito oficiar al Presidente de la República para que se imponga del problema planteado y solicite, a su vez, un estudio de las políticas de vivienda, que pueden resultar muy exitosas en cuanto al número de construcciones, pero que, por su deficiente calidad, están causando preocupación entre los adquirentes y provocando un verdadero desincentivo a postular a viviendas sociales.
Además, que se oficie al Ministro de Vivienda para solicitarle, nuevamente, que exija a las autoridades regionales del Serviu hacerse responsable de este problema y realizar esfuerzos más notorios para intentar que la empresa constructora realice las reparaciones del caso, dado que esas familias, en pleno invierno, van a sufrir toda suerte de situaciones por la calidad de las viviendas que habitan.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Kuschel, Pérez, don Ramón; Bayo, Jürgensen, García Huidobro, Cantero, Prokurica, Hernández, Acuña, Ortiz, Huenchumilla, Elizalde y Latorre.
REAPERTURA DEL HOSPITAL VILLA BAVIERA, DE PARRAL. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, sólo deseo manifestar mi satisfacción por la reapertura del hospital Villa Baviera, en la comuna de Parral, ahora bajo la administración de la Fundación Perquilauquén.
Quiero dejar expresa constancia de la buena disposición que tuvieron las autoridades de Salud para solucionar el grave problema que aquejaba a personas de tan escasos recursos.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministro de Salud, con el fin de expresade nuestra satisfacción por la solución dada al problema y manifestarle nuestro deseo de que situaciones como éstas no vuelvan a repetirse.
Además, que se oficie en iguales términos a la Fundación Perquilauquén.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Alvarez-Salamanca, Jürgensen, Cantero, Ferrada, Kuschel y Letelier, don Felipe.
INCREMENTO DE DOTACIÓNDE INSPECTORES DEL TRABAJO. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, en la Segunda Región, particularmente en el distrito que represento, en la provincia de El Loa, se observa un incremento en la demanda de mano de obra a través de contratistas. A los 5 mil trabajadores de Codelco-Chuquicamata, se suman ahora varios miles para desarrollar el proyecto de El Abra, pero resulta preocupante el atropello a las normas laborales.
Por eso, junto con coincidir con lo planteado por el Director Provincial del Trabajo de El Loa, el Director Regional del Trabajo de la Segunda Región, el Gobernador y el Intendente de la zona, solicito que se oficie al Ministro del Trabajo, con el propósito de que tenga a bien considerar un incremento en la dotación de inspectores laborales en la provincia de El Loa, de manera que puedan fiscalizar de mejor forma. Este requerimiento es urgente, porque, reitero, está en plena aplicación el proyecto El Abra, que absorbe a miles de trabajadores por la vía de contratistas.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Pérez, don Ramón; Kuschel, García-Huidobro y Latorre
ALZA DE PEAJE EN PUENTE LA PUNTILLA, DE LONQUÉN. Oficio.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, el sábado recién pasado, 10 de julio, la Empresa de Ferrocarriles del Estado decidió, unilateralmente, aumentar la tarifa de peaje del puente la Puntilla de Lonquén, que une la provincia de Talagante con la de Maipo, en un 33 por ciento.
Esta medida, que la comunidad no conoció en forma previa, ha afectado la vida de miles de familias que usan esa única alternativa de contacto entre dos provincias complementarias, ya que sencillamente no pueden pagar el incremento en el valor del peaje.
Al consultar a la gerencia de Ferrocarriles por esta alza, me ha señalado que hace dos años no se reajustaba la tarifa y que, de alguna manera, había que adecuarla a la realidad nacional, especialmente en el costo de los peajes.
Señalé al gerente general, quien fue muy amable en la conversación, que nada tiene que ver un peaje en un camino de 100 kilómetros, con dos túneles, con uno equivalente a un solo puente, que Ferrocarriles casi no utiliza, el cual es necesario para unir a estas dos provincias.
Este hecho afecta a la gente común y corriente. Estos son los problemas reales en que la comunidad siente que no se le está haciendo justicia y que se le está impidiendo llevar una buena forma de vida.
Solicito que Ferrocarriles del Estado reestudie el alza unilateral e inconsulta del peaje del puente de su propiedad, ubicado en Puntilla de Lonquén, en términos de que no afecte tan gravemente a la ciudadanía, como hoy lo está haciendo.
En Isla de Maipo y Talagante, muchas personas que trabajan en Buin o Paine están preocupadas, al igual que diversos medios de comunicación, por este tipo de cosas. Esto no debe pasar en el país. Es fundamental que se precise cuál es el sentido de un peaje y cómo se administra una empresa pública.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para exponerle la situación y pedirle que Ferrocarriles del Estado deje sin efecto el alza de peaje decretada ello de julio, de más de un 33 por ciento para camiones y vehículos menores; y si por razones inflacionarias es necesario adecuar la tarifa a la nueva realidad, que ésta no exceda el porcentaje de la inflación acumulada en el tiempo, porque no cabe duda de que el 33 por ciento es una cifra imposible de pagar, que afecta a la comunidad, sobre todo porque no fue informada con anterioridad para hacer los resguardos pertinentes.
En este tipo 'de cosas el Ministerio de Obras Públicas puede colaborar, ya que tiene la tuición sobre Vialidad y Ferrocarriles. Por lo tanto, es el organismo adecuado para solucionar un problema que hoy afecta a muchos chilenos, y exigimos que lo resuelva para que la gente pueda desarrollar su vida normal.
Por la razón social que he dado a conocer, solicito que este oficio se envíe a la brevedad, y no me cabe duda de que la Secretaría así lo hará, ya que cada día que pasa la gente de Isla de Maipo, Talagante, Buin y Paine está pagando más para movilizarse.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará con urgencia el oficio solicitado por Su Señoría, al cual adhieren los Diputados señores Ferrada , García-Huidobro , Bombal y el que habla.
CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO Y SITUACIÓN DE INSEGURIDAD EN LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).
Tiene la palabra el Diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, en días previos, el país ha sido testigo de la grave situación ocurrida en la Sexta Región, que refleja la crisis de las cárceles, fundamentalmente de Rancagua y de Rengo.
Solicito que se oficie a la señora Ministra de Justicia, para hacerle presente la urgente necesidad de trasladar a lugares adecuados las cárceles de Rancagua y Rengo , y pedirle que el recinto penal de San Fernando tenga una solución definitiva.
Asimismo, me preocupa la situación de inseguridad ciudadana que existe en la Sexta Región, y no sólo por los hechos que el país ha conocido en los últimos días, sino también por el caso del guardia de una empresa que, a pesar de estar armado y con perros adiestrados, vándalos asesinos ingresaron a ella y lo mataron. Esta persona dejados hijos huérfanos y una viuda muy humilde que hoy necesita trabajar.
La situación de inseguridad de nuestra región, como de otras, merece especial preocupación del Ministerio del Interior. Por eso, solicito que se le oficie para expresarle la preocupación de este Diputado y de la Cámara, con el objeto de que se atienda especialmente la situación que existe en la ciudad de Rancagua y en la Sexta Región, en general.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ferrada , Naranjo y Latorre.
SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA OTORGADOS EN OTROS PAÍSES. Oficio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, además, solicito que se oficie al Ministro de Relaciones Exteriores, para que informe a la Corporación acerca de los subsidios a la agricultura que están otorgando países en los cuales tenemos representación diplomática.
Es muy importante que la Cámara cuente con esa información, a fin de trabajar con instrumentos de acción verídicos y no sólo con planteamientos que aparecen en la prensa.
Estos elementos de referencia son indispensables para que, en conjunto con el Gobierno, conozcamos en qué forma se bonifica a la agricultura en otros países.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ferrada , Navarro , Arancibia , Naranjo , Letelier, don Felipe ; Ascencio , Gutiérrez y quien habla.
ALCANCES A SITUACIÓN QUE AFECTA A LA AGRICULTURA. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista y en particular quien habla, como miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, quiere manifestar que nuestra agricultura, como sector productivo, hoy vive uno de sus momentos más preocupantes e inseguros desde hace muchos años, luego de asumir nuestro país el modelo económico basado en la economía social de mercado.
Mientras otras actividades productivas se fortalecen y desarrollan gracias a este modelo económico, con preocupación vemos que algunos sectores de la agricultura se deterioran y viven uno de sus momentos más difíciles.
Sin lugar a dudas, la caída del precio del dólar ha sido sólo la gota de agua que ha rebasado el vaso, ya que desde hace varios años el sector agrícola viene sufriendo una competencia desleal considerable por parte de otros países y un alza inexplicable en los precios de los insumos.
Por todos estos antecedentes, era muy difícil que en el sector rural, en algún momento, no estallara esta grave crisis de rentabilidad. De ahí que el Partido Socialista plantee que, más allá de esta crisis, el país se encuentra ante una disyuntiva que requiere que el conjunto de los diferentes actores sociales, políticos y productivos tomen una decisión: definir si realmente queremos que nuestra agricultura se desarrolle, o bien la dejamos abandonada a su propia suerte. Cualquiera que sea la opción que tomemos como país, deberemos asumir las responsabilidades y las diversas consecuencias que de ella deriven.
Los socialistas hemos valorado las medidas anunciadas por el Gobierno, tanto en marzo como ayer. Sin embargo, estamos conscientes de que si se acentúa la situación que vive el sector rural, puede desembocar en problemas socioeconómicos, como un incremento significativo del desempleo, una fuerte concentración del recurso tierra en manos de empresas transnacionales; desequilibrios regionales, producidos justamente en aquellas regiones donde la agricultura es su eje fundamental desde el punto de vista económico; aumento de las migraciones, lo que significa el despoblamiento de los espacios geográficos rurales y una amenaza para la soberanía nacional, como también la exclusión o marginalización de los sectores más pobres del campo de la modernización y transformación productiva del sector, y finalmente, un alza de los índices de pobreza en el campo.
Frente a esta realidad, los socialistas hemos hecho un llamado a todos los sectores políticos, sociales y productivos para que, en definitiva, asumamos una opción radical en favor, de nuestra agricultura, por la cantidad de personas que viven en el campo más de dos millones y porque los sectores más pobres de nuestro país se ubican en zonas rurales.
Asumir la opción por la agricultura significa reconocer que la aplicación del modelo de economía social de mercado debe ser flexibilizada en el sector rural. Por consiguiente, a esta actividad productiva debe dársele un trato especial, tal como lo han hecho otros países que con mucha anterioridad aplicaron este modelo, como los de Norteamérica y los de la Comunidad Económica Europea.
Al respecto, los socialistas considerarnos que deberían tornarse las siguientes medidas:
En primer lugar, otorgar subsidios si las circunstancias productivas así lo exigen. De hecho, ya hoy nuestro país los aplica en la actividad forestal y lo hará en la ganadería.
En segundo lugar, implementar políticas de fomento que realmente lleven a la práctica la modernización y transformación del sector rural. En ese sentido, creemos que el Banco del Estado debe transformarse en el eje central de estas políticas de fomento, incluso entregando créditos con bajas tasas de interés que permitan lograr el objetivo señalado.
En tercer lugar, fijar sobretasas arancelarias especiales para aquellos rubros donde existe competencia desleal. También somos partidarios de rebajar a cero los aranceles de todos los insumos que sirven a la agricultura.
Estimamos de extraordinaria importancia la participación activa del Estado en la organización y comercialización del sector, en particular por la existencia de empresas agroindustriales que hoy, en el ámbito comercial, desarrollan una actividad monopólica o bien monopsónica.
También creernos fundamental, para abordar el problema de la pobreza rural, que el Estado desarrolle una política selectiva en favor de los bolsones de pobreza existentes en el sector.
Sin embargo, junto con estas medidas, consideramos que el sector privado también tiene una enorme responsabilidad si nuestro país asume esta opción radical en favor de la agricultura. Me refiero particularmente al sistema financiero, ya que la parte significativa de endeudamiento que en la actualidad tienen los productores agrícolas es con la banca privada, la que debe tener una actitud solidaria y absorber la totalidad o parte de su deuda. Lo mismo le corresponde a las empresas agroindustriales privadas, sobre todo aquéllas con carácter monopsónico o monopólico, en la fijación de precios de determinados productos, como la Iansa en el caso de la remolacha y las lecheras.
De igual forma, consideramos fundamental que los empresarios respeten plenamente, en esta opción radical por la agricultura de nuestro país, los derechos de los trabajadores de temporada, en especial los de aquellos que con su esfuerzo y trabajo ayudan, en último término, a que este sector exista como tal.
Por eso, también estimamos que este trato especial y opción radical por la agricultura deben estar considerados en los acuerdos internacionales económicos, llámense Nafta o Mercosur , y que nuestros negociadores deben tomar las precauciones correspondientes para incluir normas especiales y salvaguardias que garanticen un adecuado desenvolvimiento de la actividad agrícola.
Finalmente, en relación con el evento que se desarrollará mañana en San Carlos, queremos expresar, como socialistas, que forma parte de lo que en un sistema democrático está garantizado a todas las personas u organizaciones sociales: el derecho a reunión. Nos alegramos porque hoy día tengamos democracia, lo que permite que cualquier sector productivo o social efectúe estas manifestaciones, cosa que antes todos sabemos a qué época de nuestro país me refiero los dirigentes gremiales que quisieron hacerlas pagaron incluso con el exilio su decisión, como muchos dirigentes del trigo. Por eso, los socialistas celebramos que los gremios, las organizaciones productivas y sociales puedan reunirse.
Con esa misma fuerza, queremos decir que lamentamos que haya sectores políticos que quieran utilizar ese acto para fines mezquinos.
Por eso, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas y a la Sociedad Nacional de Agricultura para que no permitan que los parlamentarios participen en esa reunión, porque, lamentablemente, toda esta unidad, esta fuerza que hemos acumulado en favor de la agricultura y de que nuestro país tenga una opción por ella, el día de mañana se puede empañar por la acción de determinados grupos políticos que pretendan sacar provecho para atacar al Ministro de Agricultura o al Gobierno, lo que los socialistas no vamos a permitir. Saldremos a defender tanto al Ministro como a nuestro Gobierno, si es que algunas colectividades utilizan este acto con esa finalidad.
Reiteramos que el país requiere tener una gran opción por la agricultura. En ese sentido, veremos quiénes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en esa opción y quiénes a lo mejor con asombro se van a quedar en el camino.
He dicho.
El señor FERRADA.-
¿Señor Presidente, es posible adherir a la primera parte del discurso?
El señor LATORRE (Vicepresidente).- El Diputado señor Ferrada se adhiere a la primera parte del discurso, ya su totalidad los Diputados señores Gutiérrez , Ascencio , Huenchumilla , Letelier , Jara , Navarro y el que habla El Diputado señor Ferrada indicará el punto exacto hasta dónde llega su adhesión.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, el señor Naranjo hizo una excelente exposición, que comparto íntegramente respecto de la situación de la agricultura, pero es una lástima que en la última parte haya sacado una conclusión que mañana se verá si es cierta o no.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, esperaremos hasta mañana.
INCORPORACIÓN DEL IVA AL TRANSPORTE DE PASAJEROS. Oficios.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Jara.
El señor JARA.-
Señor Presidente, el transporte de pasajeros constituye una actividad de servicio público y, por tanto, debe responder a las exigencias de continuidad, periodicidad, accesibilidad, rapidez, seguridad, comodidad, y operar sobre la base de tarifas razonables que permitan su uso por la mayoría de la población. Estas exigencias justifican el esfuerzo que todos debemos hacer por formalizar y profesionalizar cada vez más esta actividad.
Como el transporte colectivo de pasajeros es un servicio que utilizan preferentemente los sectores de menores ingresos de la población, se le eximió del NA para evitar que su pago se tradujera en un aumento del precio de la tarifa. La exención se hizo extensiva a todas las empresas de transporte de pasajeros.
Sin embargo, si bien la intención es loable, es necesario precisar que gran parte de los costos del sector corresponde a insumos gravados, aproximadamente en 68 por ciento, para la locomoción colectiva de pasajeros. En consecuencia, el IVA recargado en dichos insumos se transfiere como costo al precio del servicio, con lo cual resulta un beneficio reducido para los consumidores que, en el mejor de los casos, sólo alcanza a aproximadamente 32 por ciento.
La exención del IVA, sumada al hecho de que las empresas de transporte de pasajeros pueden tributar bajo el régimen de renta presunta, disminuye la necesidad de establecer relaciones comerciales formales entre los compradores y los proveedores, lo cual se traduce en elevados niveles de evasión tributaria.
En efecto, como el sector transporte presenta una baja concentración, pues la gran mayoría de los empresarios administra su propio vehículo, en la práctica es común comprar sin factura o sin boleta de compraventa, con el fin de reducir los costos y el impuesto a la renta.
Por eso, considero adecuada la incorporación del N A al transporte de pasajeros, con lo cual se permitiría recaudar adicionalmente un monto aproximado a los 100 millones de dólares, sin considerar los mayores ingresos por concepto de disminución de la evasión tributaria.
Esta medida, por cierto, tendría un impacto sobre los consumidores al aumentar los precios de las tarifas, pero sólo en aproximadamente e16 por ciento. Si no se quisiera afectar en nada a los consumidores, podría pensarse en alguna alternativa como tasas diferenciadas del impuesto. Se ha estimado que una tasa del 11 por ciento permitiría calzar los créditos con los débitos del IVA, con lo cual el precio se mantiene inalterado, pero se elimina la evasión que existe en la actualidad.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre a los Ministros de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se estudie la posibilidad de incorporar el Iva al transporte de pasajeros y que se dé una respuesta fundada a mis consideraciones, para lo cual solicito que se acompañe copia de mi intervención al oficio referido.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados que así lo manifiesten a la Mesa, de lo cual se dejará constancia.
PETICIÓNDE INFORMACIÓN SOBRE AGRICULTORES.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, siguiendo la línea de la gran preocupación nacional de hoy, que es el tema de la agricultura, sólo pediré, por razones de tiempo, que se oficie al señor Ministro de Agricultura, con el objeto de que esa Cartera consiga información o los nombres de los agricultores que, a pesar de ser miembros activos de la Sociedad Nacional de Agricultura, aplican una política desleal con la agricultura chilena, por cuanto en temporadas de cosechas, o previas a ellas, importan granos.
Es importante que los Diputados, especialmente los de la Comisión de Agricultura y los que representamos zonas rurales, sepamos quiénes son, porque mañana tenemos una concentración en San Carlos, muy legítima e importante; pero no sería justo que personas que actúan de manera desleal con ese rubro de la economía nacional, vayan a aplaudir y a "avivar la cueca", en circunstancias de que ellos tienen una actitud que, a lo menos, me parece desleal.
Por ello, solicito que se envíe oficio al Ministro de la Agricultura, a fin de que consiga esta información, porque es importante conocer estos nombres.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
DETERIOROS EN VIVIENDAS BÁSICAS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, hace un par de días, en Temuco tuvimos una polémica pública, porque un conjunto de departamentos construidos a través del Ministerio de la Vivienda, seguramente por la vía de la licitación pública, sufrió numerosos deterioros en su construcción, perjudicando a sus usuarios. Estos departamentos, entregados hace sólo un par de meses, son del tipo de vivienda básica que reciben los beneficiarios de este Ministerio.
Estos bloques de departamentos en la zona sur son de data reciente, porque tanto las viviendas progresivas como las básicas se construían en casas de un solo piso. Debido a la escasez de terrenos, se ha optado por construir estos conjuntos habitacionales de tres o cuatro pisos, los cuales han traído dos tipos de problemas.
En primer lugar, uno relativo a la construcción. Normalmente, la construcción de los departamentos de esa zona se rige por normas técnicas muy estrictas, ya que debido a la inclemencia y rigurosidad del clima es necesario tomar todas las providencias técnicas para que no se lluevan. Por lo tanto, los materiales de construcción y los impermeables deben ser los adecuados para que no se produzcan problemas de anegamiento, ya sea por las murallas, las techumbres, etcétera.
El segundo problema dice relación con su administración. Sabemos que hay una ley muy antigua, la ley de pisos, que se refiere a los conjuntos habitacionales de departamentos en los que viven sectores que administran por sí mismos estos edificios.
El problema se refiere a la administración de los bienes comunes. La pregunta es: ¿quién paga, por ejemplo, la techumbre, la reparación de las murallas, de las escaleras? En una situación normal, la pagan los arrendatarios, los propietarios o los usuarios de esos bloques de departamentos; pero aquí estamos hablando de personas modestas, a las cuales apenas les alcanzó para obtener su ahorro previo y adquirir esos departamentos.
En estos conjuntos habitacionales, denominados "Padre Hurtado", " El Salar " y " Pedro de Valdivia ", ubicados en la ciudad de Temuco, de la Novena Región, hemos comprobado un conjunto de deterioros que han significado daños para esas viviendas básicas, construidas como digo por el Ministerio de la Vivienda.
El problema puede haberse originado porque las bases técnicas no establecieron los materiales adecuados para el clima de esa zona o, simplemente, éstas no se cumplieron y, por lo tanto, nos trasladamos al problema de si hubo o no una adecuada fiscalización.
Por eso, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda para que informe sobre los siguientes puntos:
1°. Número de inspectores con que cuenta ese Ministerio o a través del Serviu en la Novena Región, para que se encarguen de la adecuada fiscalización de esas construcciones; 2°. Valor del metro cuadrado de construcción de estos conjuntos habitacionales, porque puede suceder que esté bajo el valor del mercado, por lo cual no podrían construirse con materiales adecuados para el clima de esa zona;
3°. Valor de la construcción total de los conjuntos "Padre Hurtado", " El Salar " y " Pedro de Valdivia ";
4°. Empresas que construyeron estos conjuntos habitacionales;
5°. Remitir a esta Corporación el acta de las fiscalizaciones por recepciones efectuadas por el Serviu respecto de estos conjuntos; 6°. Realizar una fiscalización o evaluación de los problemas de construcción detectados en estos conjuntos, departamento por departamento, y cuál sería el valor de su reparación; 7°. Si fuere procedente, que el Ministerio haga efectiva la garantía, que seguramente constituyeron esas empresas constructoras al utilizar recursos fiscales para la construcción de estos conjuntos habitacionales;
8°. Estudiar la posibilidad de que el Ministerio suspenda el pago de dividendos por un año, mientras se solucionan los problemas detectados en los conjuntos a que me he referido.
Por último, que se informe sobre la forma en que el Ministerio ha previsto que deben administrarse estos conjuntos habitacionales, sobre todo en la concurrencia de los usuarios respecto del deterioro de los bienes comunes, tales como la techumbre, los muros, las escaleras, etcétera.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría:
CIERRE DE TRES COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE TALCA. Oficio.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, el 30 de junio de este año, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Talca anunció el cierre de tres de sus compañías: la Segunda, la Cuarta y la Quinta.
Este hecho marca la profundidad de la crisis económica por la que atraviesa esta institución a lo largo del país, sobre la cual hay una tremenda preocupación. Tanto es así que, junto con buen número de Diputados, hemos pedido una sesión especial para el miércoles 12, a fin de tratar en forma puntual la legislación que corresponda en estos momentos al Cuerpo de Bomberos, especialmente en todo lo referente a su financiamiento.
Aun cuando esta decisión de la Superintendencia de Talca, única en el país, por supuesto es gravísima, cabe señalar que desgraciadamente allí la situación económica del Cuerpo de Bomberos hizo crisis, y no hubo otra posibilidad, pese a los esfuerzos de las autoridades bomberiles de la ciudad para reunir los recursos suficientes con los cuales financiarse durante el año.
El presupuesto que ellos estiman necesario asciende a 53 millones de pesos. Sin embargo, por financiamiento central obtuvieron sólo 15 millones de pesos, y por financiamiento municipal, 10 millones.
Este año, la municipalidad redujo el financiamiento del Cuerpo de Bomberos en un cincuenta por ciento. Normalmente, entregaba la suma anual de 20 millones de pesos; por esta razón, la institución contó sólo con 25 millones de pesos, cantidad que estaba lejos de satisfacer las necesidades para un normal funcionamiento.
En los dos últimos meses, en Talca, en pleno centro de la ciudad, ocurrieron dos siniestros de proporciones. Allí quedó de manifiesto que Bomberos carecía de los elementos indispensables para enfrentar estas emergencias. En efecto, los voluntarios no lograron entrar ni pudieron hacer uso de implementación adecuada; muchos fueron a dar al hospital de la ciudad y en las dos ocasiones quedó en evidencia la carencia de implementación y la justicia de las peticiones de las autoridades bomberiles de la ciudad, el sentido de exigir un mayor presupuesto.
Se efectuó una campaña para reunir las sumas faltantes, aproximadas a 25 millones de pesos, para gastos operacionales, pago de personal rentado, otras necesidades del momento y especialmente para gastos de implementación. Sin embargo, la campaña, que se prolongó durante un mes, contó con el apoyo de artistas y con la participación de autoridades, no dio los resultados esperados. La superioridad esperaba obtener 50 millones de pesos; sólo se reunieron 8 millones.
De ahí nació la decisión de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de cerrar tres compañías, lo que con justa razón alarmó a la ciudad. La Cuarta Compañía, que se cerró, corresponde al sector industrial, en que predomina gran cantidad de industrias dedicadas a la madera, barracas, construcción de muebles, etcétera, por lo que la situación es absolutamente preocupante.
Cerradas estas Compañías, se activaron las diligencias a nivel central y, con la participación del Ministerio del Interior sólo se logró obtener recursos para resolver transitoriamente la situación.
En esos mismos días, el señor Octavio Hinzpeter , autoridad máxima del Cuerpo de Bomberos de Chile, enjuició a la institución bomberil de Talca, y le señaló que sería sancionada. Rechazamos enérgicamente las declaraciones del señor Hinzpeter , porque lo que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de Talca ha sido defender la institución y realizar Innumerables actividades para superar los problemas.
He querido exponer esta situación para que, a través de un caso puntual como el de Talca, se analice a fondo, de una vez por todas, el tema del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional.
En lo inmediato, solicito que se oficie al Ministro del Interior, haciéndole ver mi personal preocupación por la situación económica institucional del Cuerpo de Bomberos de Talca que, a mi juicio, amerita el pronto estudio de una legislación moderna, a fin de que esa institución pueda continuar prestando servicios sin los sobresaltos actuales.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión del honorable Diputado señor Huenchumilla.
ACTUACIONES POLICIALES EN REPRESIÓN DE HECHOS DELICTUALES. Oficios.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado por Ancud, señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, cada cierto tiempo la opinión pública se entera, a través de los medios de comunicación, de noticias que dan cuenta de la muerte de personas sindicadas, en su mayoría, como delincuentes, por el uso de armas de fuego que hace la policía y otras instituciones armadas.
En las últimas horas supimos de un joven conscripto que cayó abatido por disparos de un efectivo de Carabineros, mientras se encontraba al interior de una vivienda cuyos moradores eran mantenidos como rehenes.
Cada cierto tiempo sabemos de enfrentamientos, de fugas o de intentos por eludir la acción policial, de personas que son buscadas por la policía, o sorprendidas cometiendo un hecho delictivo, o dándose a la fuga, y que al final resultan muertas o heridas.
Con el objeto de hacer un análisis cabal de esos hechos y del cumplimiento de las normas legales que regulan el uso de la fuerza y de las armas por la policía y otras instituciones armadas, ruego a Su Señoría disponer que se oficie, en mi nombre, a los señores General Director de Carabineros, Director de la Policía de Investigaciones y Director de Gendarmería, a fin de que informen acerca del número de veces que miembros de sus instituciones han hecho uso de sus armas de fuego con resultados de muerte o lesiones, individualice a las personas muertas o heridas, señale las circunstancias en que dichos hechos ocurrieron, el tribunal que conoce de los mismos y los resultados de los sumarios internos que se hubiesen practicado como consecuencia de ello, en el período comprendido entre el 11 de marzo de 1990 y e14 de julio de 1995.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
MODIFICACIÓNDEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA INCORPORAR A TRABAJADORES INDEPENDIENTES. Oficio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, en estos días, en la provincia de Chiloé volvió a ocurrir una desgracia que costó la vida a más de cuatro pescadores artesanales en dos naufragios, quedando sus familias no sólo sumidas en el dolor, sino también en el más absoluto desamparo.
En relación con hechos de esta naturaleza, la Cámara de Diputados, en sesión del 14 de abril de 1994, aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en el cual se solicitaba al· Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que establezca un sistema previsional idóneo o un seguro de vida en favor de los pescadores artesanales y sus grupos familiares.
El 2 de noviembre de 1994, ingresó a la Cámara la respuesta del señor Ministro del Trabajo, quien se remitió a un informe del señor Subsecretario de Previsión Social que señalaba: "El problema que se puede presentar, en el caso de los trabajadores por cuenta propia por ejemplo, los pescadores artesanales, sea que se encuentren obligados al Seguro Social o, simplemente, facultados para adherirse a él, es que por lo general estos trabajadores no se incorporan al sistema sino cuando tienen una necesidad actual de protección, y esta circunstancia los expone a quedar sin cobertura, especialmente cuando ocurren siniestros que llevan implícitas prestaciones de largo tiempo que exigen, para su otorgamiento, períodos de calificación.
"Se ha podido apreciar que la adscripción previsional de los sectores independientes y la mantención de los íntegros de cotizaciones, más allá de las bondades del régimen mismo, son voluntariamente soslayadas por ellos, prefiriendo destinar el costo previsional al consumo actual.
"Precisamente por ello decía el señor Subsecretario de Previsión Social, el Gobierno, a través de esta Secretaría de Estado se encuentra abocado al estudio de los cambios que puedan ser necesarios en la legislación que regula el sistema de seguridad social, con el objeto de tratar de superar estos inconvenientes, considerando, entre otras alternativas, la posibilidad de crear incentivos adicionales para motivar la afiliación del trabajador al sistema, o bien obligándolo derechamente a él, junto con establecer procedimientos legales y administrativos que permitan controlar el cumplimiento de afiliación y, lo que es fundamental, el pago oportuno de la respectiva cotización, puesto que sin ello no hay protección posible."
Señor Presidente, solicito que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que informe del avance de esos estudios sobre cambios legales que, a juicio de dicho Ministerio, pueden ser necesarios para superar los inconvenientes indicados, todo ello de acuerdo con el informe del señor Subsecretario de Previsión Social que he leído precedentemente.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Homero Gutiérrez y Francisco Huenchumilla.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó a las 14.53 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO , Jefe de la Redacción de Sesiones.