Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Nunez Valenzuela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Nunez Valenzuela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓNACOMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CONTRATOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS VIALES CON EL ESTADO DE CHILE.
- INTEGRACIÓN
- Gustavo Alessandri Valdes
- Claudio Alvarado Andrade
- Eliana Caraball Martinez
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jose Garcia Ruminot
- Homero Gutierrez Roman
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Juan Pablo Letelier Morel
- Felipe Letelier Norambuena
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Luis Pareto Gonzalez
- Victor Perez Varela
- Alfonso Vargas Lyng
- INTEGRACIÓN
- V. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDO ENTRE CHILE Y COSTA RICA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- ACUERDO ENTRE CHILE Y COSTA RICA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
- NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional.
- VII. INCIDENTES
- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Mario Bertolino Rendic
- RECHAZO A AMENAZA A MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES.
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE RIEGO EN EL VALLE DE LLUTA. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Salvador Urrutia Cardenas
- ADHESION
- Rosa Gonzalez Roman
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Salvador Urrutia Cardenas
- POSICIÓN DE CHILE SOBRE PROTECCIONISMO AGRÍCOLA EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- VIOLACIÓN DE LA ZONA RESERVADA A LOS PESCADORES ARTESANALES EN COMUNA DE NAVIDAD. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- REFACCIÓN DE SEDE PARA ADULTOS MAYORES, DE COMUNA DE RENGO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADÍO EN MACHALÍ. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- ENVÍO DE PROYECTO DE LEY RELATIVO A OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- ADHESION
- Laura Soto Gonzalez
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Samuel Venegas Rubio
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Juan Pablo Letelier Morel
- UTILIZACIÓN DEL POSICIONADOR SATELITAL EN DEFENSA DE LA PESCA ARTESANAL. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Samuel Venegas Rubio
- PLANES PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA DELINCUENCIA JUVENIL. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Victor Reyes Alvarado
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Marina Prochelle Aguilar
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- PROPOSICIONES DEL COMITÉ ONCOLÓGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Eliana Caraball Martinez
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR CARABINEROS DE CHILE PARA MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA. Oficios.
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jose Miguel Ortiz Novoa
- CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA SUR DESDE SAN PEDRO DE LA PAZ HASTA LAGUNILLAS, EN CONCEPCIÓN. Oficio.
- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Waldo Mora Longa
- Manuel Rojas Molina
- Enrique Krauss Rusque
- Anibal Perez Lobos
- Baldo Prokurica Prokurica
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Victor Barrueto
- Fanny Pollarolo Villa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Ulloa Aguillon
- Francisco Bartolucci Johnston
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Sergio Velasco De La Cerda
- Felipe Valenzuela Herrera
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Jaime Rocha Manrique
- Luis Pareto Gonzalez
- Antonio Leal Labrin
- Eugenio Tuma Zedan
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 38ª, en jueves 6 de abril de 2000
(Ordinaria, de 10.46 a 13.22 horas)
Presidencia de los señores Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental de la señoraCaraball Martínez, doña Eliana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. ACTAS
IV. CUENTA
V. FÁCIL DESPACHO
VI. ORDEN DEL DÍA
VII. INCIDENTES
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia…6
II. Apertura de la sesión…8
III. Actas…8
IV. Cuenta…8
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala…8
Prórroga de plazo a Comisión especial investigadora…8
Integración de Comisión investigadora sobre contratos de empresas concesionarias viales con el Estado de Chile…9
V. Fácil Despacho
Acuerdo entre Chile y Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional…10
VI. Orden del Día.
Normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. Primer trámite constitucional…14
-o-
Suspensión de tratamiento de proyectos de acuerdo…30
-o-
VII. Incidentes.
Situación financiera de la municipalidad de Coquimbo. Oficios…30
Rechazo a amenaza a ministros de la corte de apelaciones…31
Antecedentes sobre adjudicación de proyecto de riego en el valle de Lluta. Oficio…32
Posición de Chile sobre proteccionismo agrícola en la asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano…32
Violación de la zona reservada a los pescadores artesanales en comuna de Navidad. Oficio…34
Refacción de sede para adultos mayores, de comuna de Rengo. Oficio…34
Mejoramiento de canal de regadío en Machalí. Oficio…34
Envío de proyecto de ley relativo a obtención de licencia de conducir. Oficio35
Utilización del posicionador satelital en defensa de la pesca artesanal. Oficio…35
Planes para evitar la deserción escolar y su incidencia en la delincuencia juvenil. Oficio…36
Proposiciones del comité oncológico del hospital regional de Temuco. Oficio…37
Medidas implementadas por Carabineros de Chile para mejorar seguridad ciudadana. Oficios…38
Construcción de la costanera sur desde San Pedro de la Paz hasta Lagunillas, en Concepción. Oficio…39
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional. (Boletín Nº 2359-06)…41
2. Oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias producidas en la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1982, de Minería, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados al suministro eléctrico que no se encuentren sujetos a fijación de precios. (Boletín Nº 2280-03)…41
3. Moción de los diputados señores Mora, Rojas, Krauss, Pérez, don Aníbal; Prokurica, Bustos, Jarpa, Ávila, Barrueto y diputada señora Fanny Pollarolo, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de facilitar la forma de requerir la cesación en el cargo de alcalde cuando se falte a la probidad administrativa. (Boletín Nº 2483-06)…42
4. Moción de los diputados señores Ulloa, Bartolucci, García, don René Manuel; Velasco, Valenzuela, Van Rysselberghe, Rocha, Pareto, Leal y Tuma, que prorroga plazos para la exigibilidad de requisitos en la obtención de licencias de conducir a conductores profesionales. (Boletín Nº 2484-15)…43
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
De la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados bajo el amparo del Convenio de cooperación financiera con Alemania, por el cual solicita el acuerdo de la Sala de la Corporación para prorrogar en 30 días el plazo para evacuar el respectivo informe.
2. Comunicaciones:
Del jefe de bancada del Partido Demócrata Cristiano por la cual informa que en la Comisión de Ciencias y Tecnología, el diputado señor Núñez reemplazará al diputado señor Velasco, don Sergio.
De la Comisión de Ciencias y Tecnología por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Núñez.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (72)
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
-- Arratia Valdebenito, Rafael
--Barrueto, Víctor
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Encina Moriamez, Francisco
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Melero Abaroa, Patricio
--Monge Sánchez, Luis
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Montes, don Carlos; Allende, doña Isabel, y Cornejo, don Patricio.
Asistió, además, la ministra de Salud señora Michelle Bachelet.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.46 horas.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 34ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓNACOMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Si les parece a los señores diputados, se accederá a la petición de la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados bajo el amparo del Convenio de cooperación financiera con Alemania, a fin de sesionar simultáneamente con la Sala, a partir de las 11.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga de plazo solicitada por la Comisión especial investigadora sobre los créditos otorgados para retornados bajo el amparo del Convenio de cooperación financiera con Alemania.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pido la palabra.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, no me opondría a esta petición; pero, constantemente las “comisiones investigadoras” piden prórrogas para evacuar los informes, sin dar mayor explicación. Me gustaría saber qué razón justificaría una nueva prórroga en este caso, ya que, en lo personal, no vislumbro cuál podría ser, dado que hace un par de meses se firmó un principio de acuerdo para buscar la forma de encauzar estos temas, cuyos antecedentes hasta la fecha no han sido puestos en conocimiento de la Sala.
Si se dieran a conocer las razones que ha tenido la citada Comisión investigadora para solicitar la prórroga, haría más fácil acceder a ella; pero, considerando que esta situación se ha repetido respecto de varios informes, aclaro que mi rechazo a esta petición es por un problema de procedimiento. En consecuencia, sólo daré la unanimidad cuando me informen cuáles fueron las razones de fondo que tuvo la Comisión.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, esto no requiere la unanimidad. Sin embargo, debo reconocer que es efectivo el problema que usted ha planteado.
La próxima semana citaré a los presidentes de las Comisiones con el objeto de revisar el estado de avance de muchos proyectos y, en particular, la gran cantidad de informes de comisiones investigadoras pendientes y buscar la forma de dar un trato más ágil a estos temas.
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor presidente, un poco en la línea de lo planteado por el diputado don Juan Pablo Letelier , debo aclarar que algunas comisiones ya han cumplido con su cometido, de lo cual se ha informado a la Mesa, pero aún no ha habido ni siquiera una aproximación respecto de cuando se tratarán los informes en la Sala.
En consecuencia, solicito a la Mesa revisar esta situación, ya que no considero conveniente seguir acumulando informes de comisiones investigadoras, como en el caso de la de Bomberos, sin que sean conocidos por la sala.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Así se hará, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Fossa .
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, la Comisión especial investigadora sobre créditos a los retornados ha solicitado una prórroga de treinta días más para evacuar su informe debido a que se presentó una indicación que cambia el protocolo original suscrito por el ministro señor Insulza , en representación del Gobierno-Banco del Estado, y por los interesados, es decir, los retornados. Por lo tanto, nuevamente se está en conversaciones a fin de hacer los ajustes pertinentes al texto original.
Por otro lado, ayer se autorizó al presidente de la Comisión, señor Sánchez , y al diputado que habla, para que ambos avancemos más rápido en esta materia, precisamente para que la Comisión no tenga que celebrar tantas sesiones.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, la ampliación del plazo que ha solicitado la Comisión especial investigadora está relacionada con un proyecto de ley que ya se encuentra en la Comisión de Hacienda, de la cual soy Presidente, que tiene que ver con los créditos de los retornados. Figura en Tabla para la próxima semana.
Precisamente, ayer la Comisión sostuvo una entrevista con representantes de la Corporación de estos retornados, quienes expresaron que en la Comisión investigadora se estaba llegando a un acuerdo en orden a solicitar al Ejecutivo el envío de una indicación especial respecto de la materia.
En consecuencia, solicito al señor Presidente que, en uso de sus facultades, consulte al presidente de la Comisión en qué forma se puede agilizar esa solicitud; de lo contrario, el día de mañana nuevamente vamos a pagar el costo nosotros, que no tenemos que ver con el tema, por cuanto la facultad para formular cualquier indicación que signifique gasto corresponde exclusivamente al Ejecutivo.
El señor BARRUETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a la prórroga de plazo pedida por la Comisión investigadora sobre créditos para los retornados?
Acordado.
Terminada la Cuenta.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CONTRATOS DE EMPRESAS CONCESIONARIAS VIALES CON EL ESTADO DE CHILE.
El señor(Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que la Comisión investigadora encargada de analizar el cumplimiento por parte de las empresas concesionarias viales de los contratos suscritos con el Estado de Chile, la integren los siguientes diputados: don Gustavo Alessandri Valdés, don Claudio Alvarado Andrade, doña Eliana Caraball Martínez, don Guillermo Ceroni Fuentes, don José García Ruminot, don Homero Gutiérrez Román, don Francisco Huenchumilla Jaramillo, don Juan Pablo Letelier Morel, don Felipe Letelier Norambuena, don Pedro Muñoz Aburto, don Luis Pareto González, don Víctor Pérez Varela y don Alfonso Vargas Lyng .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.FÁCIL DESPACHO
ACUERDO ENTRE CHILE Y COSTA RICA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto aprobatorio del acuerdo entre Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es la señora Isabel Allende.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2460-10, sesión 25ª, en 25 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 33ª, en 21 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Abel Jarpa , diputado informante accidental de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado bilateral denominado “Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa Rica para la promoción y protección recíproca de las inversiones” y su protocolo, suscritos en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de julio de 1996.
Al tenor del mensaje, el propósito fundamental de este tratado es regular los derechos y las obligaciones tanto del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando los intereses de éstos con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y la movilidad de capitales entre ambos países.
A partir de la incorporación de Chile al Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, que creó el Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi o Icsid), nuestro país ha suscrito 45 acuerdos internacionales de este tipo, 22 de los cuales han sido celebrados con países de Europa, 14 con países de América Latina, 5 con países de Asia y Medio Oriente, 2 con países de Oceanía y 2 con países africanos, 29 de los cuales ya han sido aprobados por el Congreso Nacional y 26, publicados en el Diario Oficial.
Entre los efectos asociados a la suscripción de estos acuerdos, se señala que ellos permiten establecer un marco jurídico claro, estable y transparente, que garantiza un trato mínimo a las inversiones extranjeras y contribuye a determinar la decisión económica de invertir.
El informe del Comité de inversiones extranjeras agrega otros antecedentes que, a propósito del acuerdo internacional en trámite, se estima oportuno poner en conocimiento de la honorable Cámara.
La inversión extranjera directa materializada a través del Estatuto de la Inversión Extranjera, como porcentaje del producto interno bruto, ha llegado a niveles significativos, hasta alcanzar en 1999 una participación estimada del 13,9%. Si se considera el total de la inversión extranjera ingresada, incluida la vía del capítulo XIV del Compendio de normas de cambios internacionales (Cnci) del Banco Central de Chile, alcanzan, en valores nominales, en el período 1974-1999, a US$ 46,1 mil millones, según datos de la publicación antes citada.
Entre 1985 y 1991, además de los mencionados mecanismos de inversión directa, regía el programa de conversión de deuda externa establecido en el capítulo XIX del Cnci, a través del cual se autorizaron operaciones por US$ 3.600 millones, canalizados principalmente hacia los sectores de la industria y de los servicios.
Por otra parte, de los US$ 40.660 millones ingresados a través del Estatuto de la inversión extranjera a diciembre de 1999, el 87,5% fue materializado a contar de 1990, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual del orden del 28,0%.
En cuanto a los países inversionistas en Chile, la presencia dominante que caracterizó a Estados Unidos en el período 1974-1989 (44%) paulatinamente ha ido cediendo espacio a la participación de otros países, para llegar a representar el 28,1% del total de la inversión extranjera materializada en el período 19951999. Otros países que muestran una actividad relevante en el último período son España (27%), Canadá (11,7%), Reino Unido (4,8%), Sudáfrica (4,1%), Francia , Holanda y Japón , cada uno de ellos con una presencia de 3,2%.
En cuanto a los destinos de la inversión extranjera, se indica que ellos han experimentado cambios significativos. En el período 1974-1989, el interés de las empresas extranjeras se orientaba fundamentalmente hacia el sector minero (47,0%), la industria (22,4%) y los servicios (20,1%). Esta situación comienza a modificarse en el período siguiente, 1990-1994, con mayor actividad de capitales externos en las áreas de pesca y acuicultura, silvicultura, electricidad, gas y agua.
Entre los años 1995 y 1999, esta tendencia se consolidó. Si bien la minería continuó siendo el principal destino de la colocación de capitales extranjeros (28,3%), las transformaciones implementadas por el Gobierno en la normativa reguladora de los servicios financieros, así como los procesos de licitación en infraestructura vial, portuaria y servicios sanitarios, generaron una nueva y significativa presencia en los sectores de servicios (26,2%), electricidad, gas y agua (24,9%), transportes y comunicaciones (5,8%).
Los tratados internacionales sobre promoción y protección recíproca de inversiones son, prácticamente, de un mismo tenor, regulando en su articulado materias comunes a todos ellos, como ocurre con el tratado o acuerdo internacional sometido a la consideración de la honorable Cámara, cuyo contenido se os pasa a reseñar.
Este tratado consta de doce artículos y un protocolo complementario, que imponen a los Estados contratantes los compromisos principales siguientes:
1. El de incentivar, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, con sujeción a su política general en el campo de las inversiones extranjeras, y el de protegerlas y no obstaculizarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias (artículo III).
2. El de garantizar a los inversionistas de la otra Parte contratante un tratamiento justo y equitativo, no menos favorable que aquel otorgado a sus propios inversionistas o a los de un tercer Estado, si este último fuere más favorable (Nºs 1, 2 y 3 del artículo IV).
Se excluyen del tratamiento de la nación más favorecida las ventajas especiales que una de las Partes contratantes haya concedido en virtud de su participación en un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, una unión económica o cualquier otra forma de organización económica regional, o en virtud de un acuerdo relacionado con materias tributarias (Nº 4 del artículo IV).
Tampoco se extenderá a deducciones, exenciones fiscales ni a otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes a la inversión de los inversionistas de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación (Nº 5 del artículo IV).
3. El de garantizarles a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de los fondos relacionados con la inversión, en moneda de libre convertibilidad (artículo V).
El capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año, contado desde su ingreso al territorio de la Parte contratante, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero (normas adicionales al artículo V que se contemplan en el Protocolo).
4. El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o interés nacional, no sean discriminatorias, y vayan acompañadas del pago de una indemnización, al inversionista o a su derechohabiente, pronta, adecuada y efectiva, basada en el valor de mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial establecida con base en el valor de mercado, en moneda convertible, y efectivamente realizable y libremente transferible (Nºs 1 y 2 del artículo VI).
5. El reconocimiento del derecho del inversionista a reclamar en procedimiento judicial ordinario de la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga efecto equivalente y del monto de la compensación (Nº 3 del artículo VI).
6. El de otorgar a los inversionistas de la otra Parte un tratamiento no menos favorable que el concedido a sus nacionales o a nacionales de terceros Estados, en la reparación de las pérdidas que sufrieren en su inversión a causa de una guerra o cualquier otro conflicto armado, de un estado de emergencia nacional, de disturbios civiles u otros acontecimientos similares producidos en el territorio de la otra Parte contratante (artículo VII).
7. El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la Parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra Parte contratante (artículo VIII).
8. El de resolver las controversias entre una Parte contratante y un inversionista de la otra Parte contratante mediante consultas amistosas o recurriendo a los tribunales locales de la Parte contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional de un Tribunal de Arbitraje ad hoc establecido conforme al reglamento de arbitraje del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi), creado por el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, vigente en Chile como ley de la República (Nºs 1 y 2 del artículo VIII).
La elección de un procedimiento u otro será definitiva; el recurso al arbitraje será unilateral, sin exigencia de agotamiento previo de los recursos judiciales internos, y las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias (Nºs 3 y 4 del artículo VIII).
Las Partes contratantes se comprometen a no tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, hasta que ellos estén concluidos, salvo el caso de incumplimiento de sentencia judicial o arbitral (Nº 6 del artículo IX).
9. El de resolver las controversias entre las Partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de estos acuerdos por la vía diplomática o el arbitraje internacional de un Tribunal Arbitral ad hoc integrado por miembros designados por las Partes, con el concurso de la Corte Internacional de Justicia, en caso de haber acuerdo en su designación. Las decisiones del Tribunal serán definitivas y vinculantes para ambas Partes contratantes (artículo X).
10. Este tratado permanecerá vigente por el período de diez años, luego del cual se prolongará su vigencia indefinidamente, a menos que sea denunciado (Nº 2 del artículo XI).
Concluido el examen de esta iniciativa, la Comisión acordó, por unanimidad, recomendaros su aprobación, para lo cual propone a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos que lo propone el mensaje.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo para manifestar el apoyo de la bancada democratacristiana a la ratificación por supuesto, previa aprobación por el Congreso Nacional de este acuerdo entre las Repúblicas de Chile y Costa Rica para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Tal como lo señaló el diputado informante en su completo relato, el propósito fundamental de este tratado es regular los derechos y obligaciones, tanto del Estado receptor de las inversiones como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando sus intereses con los del Estado receptor de las inversiones y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y la movilidad de capitales entre ambos países.
Chile ha suscrito una serie de tratados de la misma naturaleza, todos los cuales han demostrado su conveniencia, porque de esa forma se da un trato equilibrado a los inversionistas del Estado receptor y del que los exporta.
La inversión extranjera recibida por Chile en virtud del Estatuto del inversionista extranjero, expresada en porcentaje del producto bruto, ha logrado niveles significativos hasta alcanzar en 1999 una participación estimada en 13,9 y 14,9 por ciento.
En atención a todos los antecedentes que acabo de señalar, reitero nuestra opinión favorable; incluso, creo que existen las condiciones para recabar el acuerdo de la Sala y aprobar por unanimidad este proyecto aprobatorio del tratado en cuestión.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
VI.ORDEN DEL DÍA
NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN CAUSADA POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA. Primer trámite constitucional.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana.
Diputada informante de la Comisión de Salud es la señora Fanny Pollarolo .
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2020-11, sesión 65ª, en 30 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Salud, sesión 31ª, en 15 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, la Comisión de Salud me ha entregado la responsabilidad de informar a la Sala acerca del proyecto de ley, originado en una moción de la diputada señora María Antonieta Saa , de los diputados señores Jaime Naranjo , Ignacio Walker , del ex diputado señor Vicente Sota , y de quien habla, que establece normas destinadas a la prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana y las que impiden la discriminación de quienes viven con el virus o sufren de la enfermedad del Sida.
Antes de dar cuenta a la Cámara acerca del trabajo provechoso, de la amplia y rica discusión que desarrollamos en la Comisión, quiero agradecer la valiosa participación de sus integrantes, en especial de quienes desempeñaron el cargo de presidente durante el debate de esta moción: los diputados señores Sergio Aguiló y Patricio Cornejo , quienes tuvieron una comprensión y una acogida para abordar este problema y darle una respuesta adecuada.
En ese sentido, la Comisión, en su conjunto, realizó una tarea que la sentí extraordinariamente bien inspirada, positiva, abierta y dispuesta a reconocer, comprender y a meterse en profundidad en temas nuevos para nosotros y de gran complejidad.
Además, esta moción fue el resultado de un trabajo de amplia participación y discusión, entre los años 1994 y 1995, con las organizaciones de personas que vivían con el VIH/Sida. Entonces incipientes organizaciones, algunos de sus dirigentes, como Sigisfredo Barra , fundador del Capih, ya no están con nosotros.
Quiero rendirles a ellos, y a él especialmente, un emocionado homenaje. Su valentía y esfuerzo claramente no han sido en vano.
Este proyecto surgió desde la sociedad civil organizada, con el apoyo de los especialistas de la Comisión Nacional del Sida, Conasida , cuyo extraordinario trabajo, encabezado por la doctora Raquel Child , merece ser destacado aquí; también, de una red de organizaciones no gubernamentales, que solidariamente se han agrupado en torno a esta desafiante y necesaria solidaridad. Todos, junto a las organizaciones de quienes viven con el VIH actualmente, algunos de cuyos representantes aquí nos acompañan, son y han sido actores decisivos en este esfuerzo legislativo, en esta búsqueda de dar respuesta a problemas humanos, dolorosos y profundos que afectan a tantos compatriotas nuestros.
Asimismo, esta materia la he sentido como un camino complejo pero hermoso, que constituye un verdadero aprendizaje. Diría casi como un camino de crecimiento personal, porque nos ha obligado a adentrarnos en una realidad desafiante y nueva, que interpela nuestro convencimiento, que nos obliga a mirarnos y a reflexionar sobre cuestiones relativas a nuestros miedos y prejuicios. Por ello, expreso mi reconocimiento a todos los integrantes de la comisión con quienes hicimos juntos este trabajo
Al preguntarnos por qué legislar, el porqué de una legislación específica para el VIH/Sida, surge la necesidad de entender más profundamente el carácter de esta pandemia. Ello lo hicimos -los autores y la comisión de salud, que estudió este proyecto-. Es necesario expresarlo aquí, antes de entrar en el articulado
La infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana constituye una pandemia a escala planetaria y no es una infección cualquiera. Ella rebasa el ámbito de la salud y tiene repercusiones en todos los niveles: en el sicológico, social y económico; por lo tanto, trasciende el carácter de un mero problema de salud pública y obliga a un esfuerzo de nuevo tipo en las políticas públicas, a un enfoque distinto, a una mirada que supere la epidemiología clásica. No es simplemente una enfermedad transmisible. En ella se entremezclan de manera compleja cuestiones de salud, culturales y sexuales; ella nos enfrenta a lo desconocido. Nos enfrenta a lo peligroso, a lo mortal, y moviliza temores y tabúes muy profundos.
En este sentido, quiero referirme -aparece mucho más extenso en el informe- a lo significativo que fue el testimonio rendido ante la comisión por la ex ministra de salud del gobierno de Jacques Chirac, de tendencia conservadora, doña Michelle Barzarch , a quien le correspondió en 1986 elaborar una política integral sobre esta enfermedad. Ella nos dijo cómo había vivido la experiencia de esta epidemia, en sus palabras, profundamente asociada a conductas minoritarias estigmatizadas y que aterraba de manera irracional a la opinión pública
Nos habló de la fuerte tendencia a la estigmatización social y a la demagogia política, todo lo cual hizo que algunos, en esa época, propiciaran la dictación de una política coercitiva, que implicara la detección obligatoria, la elaboración de ficheros y “sidatorios”. Destacó la importancia de centrarse en lo que llamó los nuevos retos de salud pública, de abordar y superar los tabúes sociales. Todas son cuestiones que nos han hecho razonar en nuestra propia experiencia y en el debate
La experiencia relatada por la ministra francesa refleja muy bien el problema que plantea el VIH/Sida. La primera reacción siempre es de rechazo y exclusión de los enfermos, y aparece la fuerte tentación de proponer medidas coercitivas para contener la epidemia. Hay siempre temor, pánico. Posteriormente, se va desarrollando un nuevo enfoque; se va alejando el paternalismo médico de tipo represivo controlador; se van acumulando las experiencias contrarias a las medidas coercitivas, y surgen las razones éticas -también las prácticas, médicas-, que indican que estas medidas de coerción son siempre inútiles y también peligrosas, porque son perjudiciales para el control de la pandemia; al revés de lo que piensa quien se inscribe por lo coercitivo y posteriormente reconoce que estaba equivocado
Surge así la visión de la plena complementariedad que existe entre el respeto y la protección de los derechos de los enfermos, y la prevención y protección de la población sana, de la población en general. En esa visión, clara y predominante en el mundo, emerge un nuevo paradigma epidemiológico: la concepción de una infección distinta, más compleja -diría-, más humana. En esa perspectiva, se inscribe el proyecto que hoy presentamos. Sin duda que la experiencia de quienes viven con el VIH ha sido decisiva para que podamos entender esta visión.
Lo que se aborda, entonces, es un fenómeno nuevo, altamente complejo, que ha constituido y constituye un reto y un desafío para la sociedad y sus autoridades. Se trata de una pandemia, de inicio muy reciente, y que continúa expandiéndose con rapidez; originalmente ligada a grupos marginalizados, en la actualidad afecta a todos los sectores de la sociedad.
Si bien en Chile el 89,7 por ciento corresponde a hombres, la tendencia a la feminización es muy fuerte. De 15 a 1 hasta 1991, ahora es sólo de 8,5 a 1; es decir, la diferencia hombre-mujer se redujo a la mitad. Lo relato con más detalle porque se muestra aquí, en este fenómeno, cuánto influyen los factores culturales. Ello se observa en las mujeres infectadas por sus esposos, pues están limitadas culturalmente para presentar demandas o cuestionar a su pareja en el plano de la sexualidad y para exigirle medidas protectoras en ese plano.
En el 85 por ciento se trata de una población muy joven, entre 20 y 49 años, lo cual representa, por una parte, graves efectos económicos y sociales; pero, además, es indicativo de la desprotección en que se encuentran nuestros adolescentes, ya que el contagio se estaría generando a muy temprana edad. Se calcula que se produce diez años antes de que lo detecte el examen.
De manera que el hecho de que la enfermedad comience a los veinte años, indica que la infección aconteció mucho antes y que la iniciación sexual desprotegida ocurrió entonces a edad muy temprana.
La principal complejidad de esta pandemia radica en su más frecuente forma de transmisión: la sexual. El 92 por ciento de los casos en nuestro país responde a esa categoría de exposición. Es decir, en esta pandemia el contagio no se produce por un intermediario independiente, sino fundamentalmente por una conducta personal muy compleja por darse en la intimidad que ella representa -la vida sexual-, y por la complejidad que ella puede revestir en determinadas culturas, como la nuestra, en que existe tanta dificultad para verbalizar el tema y tanto tabú y rechazo a lo diferente en el ámbito de la sexualidad.
Estas dificultades se agravan con los profundos fenómenos discriminatorios que se producen en torno al VIH/Sida. Su carácter de enfermedad transmisible aún incurable, que nos enfrenta a la muerte, genera, como ya lo decía anteriormente, reacciones de miedo que dificultan el comportamiento racional y científico e inducen al rechazo del otro, a quien se le percibe como objeto de daño y de peligro más que como sujeto de derecho y de solidaridad.
A ello debemos añadir la fuerte homofobia en nuestra cultura. Se cierra así el círculo de la estigmatización y la discriminación en el trabajo, en establecimientos educacionales, en muchas familias y también en las relaciones personales.
Se han realizado, sin duda, grandes esfuerzos en estos años. Ya nos referíamos a la labor de Conasida. No estamos en la situación de la década de los años 80. Sin embargo, la exclusión social y la discriminación aún existen en nuestro país. Ellas se traducen en verdaderos procesos de muerte social que precede muchas veces a la muerte física.
Toda esta compleja realidad, la cultura del silencio y los tabúes sexuales y los fenómenos de discriminación explican las dificultades y complejidades a que se han enfrentado las políticas públicas de prevención.
Ellas han debido superar la tentación represiva y coercitiva y enfrentar y corregir las actitudes discriminatorias, sabiendo que ellas sólo producen respuestas de clandestinización e impiden que se construya la confianza necesaria para que los agentes de salud modifiquen consciente, voluntaria y responsablemente las conductas de riesgo, único camino efectivo de la prevención.
Señor Presidente, el sentido global del proyecto que hoy informamos radica en que, ante una problemática tan compleja, grave y riesgosa para la sociedad, necesitamos dotarnos de una política de Estado que comprometa al conjunto de los poderes en el empeño común por prevenirla. Ésta es la razón, éste es el porqué de una legislación específica para el VIH/Sida.
Dicha política de Estado requiere de una legislación, la que debe tener necesariamente el carácter de una ley marco que señale sus principios y propósitos, de modo que ellos sean implementados por los demás órganos del Estado, especialmente administrativos, y se facilite su debida fiscalización.
Legislar es dar fuerza a la voluntad común de prevenir la infección, de paliar sus efectos sociales y de solidarizar con las víctimas. Es, además, una ley imprescindible como medio para combatir la discriminación que tanto nos violenta éticamente y que perjudica el objetivo de la prevención.
Las dos ideas matrices del proyecto son las siguientes: una, responsabilizar al Estado en cuanto a la elaboración de políticas públicas de prevención y asistencia necesarias para impedir y controlar la extensión de la infección y, dos, garantizar el respeto a la dignidad y derecho de las personas contagiadas, explicitando la prohibición de incurrir en conductas discriminatorias y estableciendo sanciones y un procedimiento judicial expedito para conocer y penalizar tales conductas.
La Comisión realizó, como ya lo manifesté, un amplio y extenso esfuerzo en el análisis del proyecto. Escuchó a los más variados sectores de la vida nacional interesados en entregar su opinión; en especial, destacaría la intervención y el aporte del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Sida.
El entonces ministro Figueroa precisó que en esta materia deben tenerse como ideas fundamentales, uno, la obligación del Estado de velar por la salud de todas las personas, poniendo énfasis en la prevención de la propagación de la pandemia de Sida y, dos, la importancia de no discriminar mediante la sanción de los actos o conductas discriminatorios, estableciendo, de acuerdo con lo anterior, que el examen de detección del VIH/Sida sea voluntario y tenga carácter reservado.
Quiero enfatizar que con la sola excepción de la opinión del doctor Juan Giaconi , todas las opiniones -se escuchó a organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, con amplia experiencia en salud pública; a organismos de la Iglesia, como Caritas Chile; a la Clínica de La Familia; a representantes del Ministerio de Educación y del Sernam; a catedráticos universitarios, y a todas las organizaciones de personas que viven con el VIH/Sida, coordinados por la organización Vivo Positivo, que preside don Rodrigo Pascal - fueron favorables y afirmaron la necesidad de legislar en la materia.
Es necesario puntualizar que en un comienzo hubo legítimas dudas en la Comisión acerca de la real necesidad de una legislación específica. Por eso, deseo valorar la actitud de apertura de los parlamentarios que, siendo en un comienzo escépticos, se inclinaron por favorecer el actuar legislativo antes que por detenerlo y por abrirse al diálogo antes que por cerrarlo o impedirlo.
Es así como la idea de legislar fue aprobada por 10 votos a favor y una abstención, pero dejando constancia de que el Ejecutivo ha de complementar el esfuerzo, haciendo indicaciones relativas a recursos financieros y perfeccionando la forma y el fondo del texto. En este sentido, la Comisión coordinó su tarea con el Ministerio y Conasida, lo que concluyó en una indicación sustitutiva que guío la discusión en particular del presente proyecto y que se tradujo en el oficio 224340, del 31 de agosto del año recién pasado, mediante el cual el ex Presidente Frei sustituyó el texto original y recogió lo fundamental de las ideas trabajadas conjuntamente.
Diez son los artículos que conforman el proyecto.
El artículo 1º describe sintéticamente las dos ideas matrices del proyecto: la obligación del Estado de desarrollar políticas públicas de prevención y asistencia, y el deber de promover todas las condiciones para impedir y controlar la extensión de la enfermedad y disminuir su impacto sicológico, económico y social, asegurando el igualitario goce de los derechos de las personas e impidiendo cualquier forma de discriminación.
Quiero destacar que en el texto final del precepto se dio mejor cuenta de la integridad del esfuerzo estatal; porque aquí hay una referencia que indica que no se trata sólo de un problema de salud pública, sino que éste genera efectos sicológicos, económicos y sociales que lo hacen distinto de otras enfermedades y que constituyen justamente la justificación de la legislación. A nuestro juicio, quedó completo el artículo 1º.
El artículo 2º describe las principales características y principios que deben orientar las políticas públicas, ejecutadas intersectorialmente, con carácter integral. Señala los principios de la no discriminación, de adecuación científica y de reconocimiento a la participación social, punto muy importante porque releva el papel de las organizaciones, el que, en la experiencia de Conasida y del Ministerio, es fundamental en este trabajo y en la prevención del Sida.
Se consagra también el principio -quiero destacarlo- de especialidad y focalización de las políticas públicas, estableciendo la obligación de elaborar políticas ateniéndose a principios de objetividad y cientificidad que deriven de la evaluación de la realidad epidemiológica. Esto, que puede parecer un detalle, tiene relación muy directa con problemas concretos originados en las campañas de opinión pública y de información, tan decisivas en la prevención del Sida.
El artículo 3º reseña los principales principios que deben regir lo que se conoce como el Sida pediátrico.
El artículo 4º establece las políticas orientadas a la protección y asistencia específica para la mujer.
El artículo 5º regula otro de los contenidos prioritarios de las políticas públicas: el principio de información plena y adecuada a la población, en cuanto al conocimiento de las características, posibles causas o medios de transmisión, así como de las medidas científicamente comprobadas como eficaces para su prevención y tratamiento.
Todos sabemos perfectamente que este es un tema que ha determinado amplios y, a veces, ásperos y difíciles debates en nuestra sociedad. Por eso, es importante haber recogido esa inquietud en el articulado del proyecto.
El artículo 6º contiene una importante disposición, introducida por el Ejecutivo, que establece el compromiso del Estado respecto de la atención de salud de las personas que viven con VIH. En efecto, consagra, con rango legal, el deber de proporcionar a los beneficiarios de la ley Nº 18.469 las prestaciones de salud que ellos requieran.
El artículo 7º se refiere a la necesidad de asegurar la investigación científica. En el debate se cuestionó su pertinencia, pero la mayoría de la Comisión la aprobó, dada la necesidad de reconocer más científicamente la realidad nacional para combatir adecuadamente esta epidemia.
El artículo 8º reconoce la importancia de la cooperación internacional y busca asegurar que también el Estado la reconozca.
El artículo 9º es realmente el que suscitó mayor polémica y, sin duda alguna, generará el mayor debate en esta Sala. Es de gran importancia práctica, y el tema de fondo es cómo actuar en la prevención de esta pandemia, con respecto a quienes viven con el VIH, o, usando el lenguaje antiguo -que no se debe emplear en este caso-, son contagiosos; ése sería el término epidemiológico antiguo.
En este artículo se reconocen dos principios fundamentales -aprobados por la mayoría de la Comisión- para quienes elaboramos la moción: el de la voluntariedad en la realización de los exámenes de detección del VIH y el de confidencialidad de los resultados, que deben entregarse personal y reservadamente al interesado.
Está de más argumentar sobre por qué este es un artículo fundamental para los autores de la moción, puesto que se relaciona directamente con la lógica expresada al exponer los antecedentes e ideas fundamentales del tema en debate. Establecemos el principio de la confianza y de no a la coerción y a la obligatoriedad, y sí al conocimiento informado y al convencimiento a través de la consultoría previa.
Este artículo, entonces, reconoce los dos principios y, además, establece dos instituciones básicas: la consultoría previa y la consultoría posterior al examen de la detección del VIH. Ellas son el instrumento de esta idea de la confianza, de la comunicación y del convencimiento para lograr la modificación conductual.
Hubo indicaciones que se rechazaron por mayoría de votos, pero es posible que se repongan en la Sala.
Respecto del resto de los artículos, el artículo 10 se refiere a las normas antidiscriminatorias, que son expresas y especiales en los ámbitos en que la discriminación es más frecuente, como ser el ámbito laboral, educacional y de atención de salud.
Valoro el hecho de que estas normas fueran aprobadas por la unanimidad de la Comisión.
Los artículos 11 y 12 se refieren a las sanciones especiales para quienes violen las normas de no discriminación.
El artículo 13 agrava la sanción en caso de reincidencia.
El artículo 14 se refiere a los funcionarios de la Administración del Estado cuando cometen actos discriminatorios.
El artículo 15 establece la competencia jurisdiccional, y el procedimiento lo radica en el juez civil correspondiente al domicilio del afectado.
Por último, el artículo 16 dispone que “el gasto que involucre la aplicación de esta ley será financiado con cargo a los recursos anualmente asignados en la ley de Presupuestos de la Nación, correspondientes al Ministerio de Salud y a sus servicios”. El artículo fue aprobado por unanimidad, y nos damos cuenta perfectamente de que la asignación de recursos será nuestra responsabilidad cuando discutamos la ley pertinente.
Creemos que esta legislación, dado su énfasis integral, preventivo y antidiscriminatorio, constituye una legislación moderna que nos debiera prestigiar como un país que asume estos problemas con valentía, con claridad y con visión científica; sobre todo, con profundo sentido humanista y de respeto a la dignidad de todos.
Termino el informe trayendo a colación las palabras finales de una carta que nos envió la agrupación Vivo Positivo, firmada por su presidente , don Rodrigo Pascal Ureta , la cual contiene una serie de expresiones a favor del proyecto -que lo sienten muy suyo-, pero señalando que hay vacíos y tareas pendientes. Concluyen diciendo que la ciudadanía ha depositado una responsabilidad en nosotros como legisladores, y consideran que “la aprobación de este proyecto es una oportunidad histórica de dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, y, en especial, a las personas que viven con el VIH/Sida”.
En atención a ellos, pero también a nosotros, y a nuestra necesidad de ser coherentes y de desarrollar una sociedad plenamente humanista, es que estamos proponiendo esta iniciativa, y solicito a esta honorable Corporación, por encargo de la Comisión de Salud, aprobar este proyecto de ley.
He dicho.
(Aplausos).
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la ministra de Salud, señora Michelle Bachelet .
La señora BACHELET, doña Michelle (Ministra de Salud).-
Señor Presidente, para el Ministerio que dirijo, este es un momento muy importante, como señalaba la carta que acaba de leer la diputada Pollarolo , en cuanto a que ésta es una oportunidad histórica.
Se trata de un proyecto largamente anhelado no sólo por el Ministerio que dirijo, sino también por las personas que viven con el virus, algunas de las cuales no están presentes, pese a que por esta iniciativa han luchado durante mucho tiempo. En particular, lo es para esta ministra, que fuera epidemióloga de la Conasida en los años 1991-1994.
Como es de vuestro conocimiento, el Sida es un fenómeno complejo y profundo que desborda las características de un hecho sanitario, o de las epidemias históricamente conocidas, ya que impacta de manera particular la convivencia social, comunitaria y familiar.
No voy a pormenorizar los aspectos epidemiológicos a que la diputada informante ya se refirió. Ellos nos demuestran y reflejan la importancia y dimensión del tema que nos convoca. Pero quiero enfatizar algunos aspectos.
¿Por qué legislar sobre este tema?, ¿por qué el Sida requiere una legislación especial? Porque el Sida ha cuestionado el papel tradicional de la salud pública, donde el énfasis se coloca en la enfermedad transmisible y en el enfermo bajo una concepción biomédica exclusiva y restringida que no da cuenta de que, en general, el proceso salud-enfermedad es el resultado de un conjunto de variables culturales, sociales, económicas, educacionales, etcétera.
Ese concepto tradicional que hoy cuestiona el Sida, también es puesto en entredicho en relación con muchos otros problemas; sin embargo, es en esta enfermedad donde ha tomado particular importancia, ya que –repito- es un fenómeno en el que concurren una multiplicidad de factores culturales, de género, de orientación sexual, condiciones de vida, nivel de desarrollo, acceso a la educación y servicios de salud, lo que exige el desarrollo de un enfoque integral, interdisciplinario e intersectorial que incorpore las condicionantes sociales y comunitarias en el acercamiento y búsqueda de soluciones al problema, donde el énfasis se coloque en la prevención y en la no discriminación, enfoque acorde con principios y preceptos jurídicos internacionales relacionados con el respeto de los derechos humanos y la no discriminación, junto con preceptos nacionales vinculados con el derecho a la vida, la protección de la salud y tratamiento de enfermedades que afectan a la población. Como eje de una política de salud, este enfoque de prevención y no discriminación ha demostrado ser infinitamente más adecuado, eficiente y eficaz en el control de la propagación del Sida.
Hoy existe en nuestro país un conjunto de normas relacionadas con el VIH/Sida; sin embargo, no han sido suficientes para enfrentar su naturaleza y la magnitud de sus efectos.
La segunda razón es la existencia de discriminación. En una sociedad libre de discriminación, probablemente baste abordar el problema con la legislación existente; sin embargo, esa no es la realidad que viven quienes contrajeron el virus. La existencia de discriminación y estigmatización dirigida hacia quienes son portadores del virus o padecen de Sida, no tiene ningún fundamento racional. La discriminación se presenta en diversos campos del quehacer humano laboral, educativo, de la salud y, en general, en el relacionado con los derechos civiles y se expresa, por una parte, en aislamiento, descalificación y abandono, y por otra, en indignidad para las personas que viven con el virus y las que han enfermado y sus familias; también, en alguna medida, para quienes se dedicaron a buscar respuestas al problema, ya fuese en el campo de la investigación científica, de la atención de salud o del apoyo social y afectivo.
La discriminación tiene un enorme impacto sicológico, afectivo y social para quien la sufre, lo que ya es un elemento suficiente para impulsar el proyecto que nos convoca; pero además tiene un efecto agravante en la evolución de la infección VIH/Sida, pues complica su curso y aleja a las personas de la atención de salud y de las conductas preventivas.
En suma, el incremento anual de 20 por ciento de los casos de Sida registrados en el último quinquenio, el aumento del nivel de conocimiento de la población en esta materia y la apertura de la conversación pública en el ámbito de la sexualidad y de las demandas ciudadanas de participación social; la mantención de prácticas discriminatorias frente a las personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, o Sida, en especial en el ámbito laboral; la disponibilidad de tratamientos farmacológicos y de apoyo sicosocial y el desarrollo del país y sus instituciones democráticas, hacen necesario generar nuevos elementos y respaldos legales que permitan al Estado otorgar una mayor protección y atención de salud a las personas afectadas y facilitar a la población la toma de decisiones autónomas.
De acuerdo con los hechos expuestos, vengo en solicitar a los honorables diputados y diputadas la aprobación del texto propuesto, con el fin de contar con una normativa que fortalezca la prevención en todos sus niveles y sancione actos o conductas discriminatorios que afecten a quienes viven con el virus de inmunodeficiencia humana o padecen de Sida.
He dicho.
(Aplausos).
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Salud, quiero efectuar un breve comentario sobre el proyecto que nos convoca.
Quienes me han antecedido en el uso de la palabra han reafirmado, una y otra vez, el hecho de que al debatir las políticas de prevención del Sida, se intenta garantizar, por sobre toda otra consideración, el respeto por los derechos de las personas portadoras y enfermas de Sida, ello con el claro propósito de evitar la discriminación. En palabras simples, esta moción parlamentaria esperamos que se traduzca en ley de la República está orientada a impedir la discriminación de quienes portan el virus, asegurando todas las medidas de prevención y de tratamiento que deben formar parte de las políticas de salud pública. Se trata de una oportunidad real de dar respuesta a uno de los tantos sectores de nuestra sociedad que, claramente, sufre discriminación y merece respeto. Una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado, habrá una clara responsabilidad del Estado en los resultados de esta iniciativa, que tiende a garantizar la no discriminación de un determinado grupo.
Quizá y a primera vista, algunos fuimos algo escépticos respecto de los resultados de esta moción parlamentaria, en el sentido de si alcanzaría los objetivos que se proponía, o bien -excúsenme la expresión- si constituiría sólo “un saludo a la bandera”, esto es, una acción legislativa que no tendría éxito en el tiempo. Afortunadamente, el proyecto se ha ido perfeccionando y puede afinarse aún más con el apoyo del Ministerio de Salud y las partes involucradas. Con todo y de alguna forma, me quise rebelar frente a algunos conceptos que se vertieron legítimos, por cierto sobre por qué no era necesaria una normativa de esta naturaleza. En este contexto, hubo muchos informes. Algunos de ellos sostenían que se trataba de una moción que se ocupaba de temas accesorios e inconducentes; que era sólo una respuesta a la negativa de dos canales de televisión a transmitir en su franja publicitaria un spot de prevención del Sida que el Gobierno había realizado; que no era necesaria una ley, pues la Constitución regula claramente la discriminación. Por último, se argumentaba que de aprobarse el proyecto, se iba a producir un efecto no deseado: la no discriminación arbitraria, concepto sumamente amplio que protege la Constitución, pues no se efectúa una enumeración taxativa de las circunstancias que constituyen discriminación. En otras palabras, con la aprobación del precepto, se obligaba al legislador a enumerar todos los casos en que se produce discriminación. Si se atendiera a ello, difícilmente podríamos legislar, porque esta situación que afecta a un sector de nuestra sociedad, no constituye ni va a constituir una norma permanente. Se trata de una excepción que impide una discriminación.
Como bien expresó la diputada señora Pollarolo , autora del proyecto en debate, también se trata de una señal pública que debemos dar como parlamento. Pero el Estado -que quede claro- tiene una responsabilidad en los resultados de la misma. También concuerdo en que ésta ha sido una discusión bien inspirada, porque se trata de un tema muy complejo.
Quienes hemos tenido posiciones distantes en otras materias, en este caso actuamos con la suficiente generosidad para entender, por sobre cuestiones políticas, que el bien común se refiere a un grupo de personas a no ser discriminadas, razón por la cual apoyaremos el proyecto.
En lo personal, lo que me lleva a votar a favor de esta iniciativa, entre otras consideraciones, es que constituye una clara demostración de construir igualdad respetando las diferencias.
He dicho.
(Aplausos)
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, podemos sentirnos muy satisfechos y honrados, porque las grandes iniciativas que hablan de la vida y la salud, han sido presentadas por parlamentarios. Fue aprobado por el Congreso el proyecto sobre trasplantes, el relativo al tabaco, y ahora estamos abordando el relacionado con el Sida, iniciativas que representan la gran preocupación de los parlamentarios por los temas de la vida y la salud.
El proyecto en estudio es muy especial y de gran complejidad y significación, por sus características y la materia de qué trata, considerada por algunos un tema tabú, respecto del cual no quisieran oír hablar. Sin embargo, es una mezcla entre derecho a la salud y derechos humanos, de terapias y fórmulas médicas. El proyecto habla del derecho a la vida, del derecho a ser persona, a sentirse parte integrante de la sociedad, a no sentirse estigmatizado ni discriminado; nos aleja de la muerte, aun estando con ella, por los métodos preventivos que persigue y por los instrumentos o elementos que aporta.
Este es uno de los grandes temas que el Congreso Nacional se ha atrevido a enfrentar. Ya lo hicimos una vez cuando hablamos de los trasplantes, cuando definimos la muerte para los efectos de la extracción de un órgano único para ser trasplantado, cuando hablamos del consentimiento y de la libertad para consentir y donar. El tema de hoy es crudo y con un fondo diferente, pero lo afrontamos con entereza, valentía y mucha transparencia.
Y no digamos que afecta exclusivamente a los homosexuales como se sostiene, prostitutas o gente promiscua. No, señor Presidente. Es un tema que nos interesa a todos, a la sociedad entera, pues puede afectar y alcanzar a cualquier hijo de vecino; está en la puerta de nuestras casas. No es un asunto lejano, como lo veíamos al producirse el primer caso de Sida en el mundo. Entonces, es un problema que interesa a la sociedad toda, a nuestra juventud, a nuestras mujeres y que, por supuesto, debe enfrentar el Estado y todas sus instituciones, porque éste tiene la responsabilidad sobre los miembros que lo componen, por tratarse de un asunto relacionado con las conductas y las relaciones humanas, con el comportamiento social y sexual, porque estamos en una sociedad que camina aceleradamente al desprejuiciamiento y porque el exceso de libertad y el rompimiento de estereotipos o de dogmas sociales han contribuido de alguna manera al surgimiento de esta enfermedad y su propagación, por nuevas formas desordenadas de relación. A lo mejor, debe haber un freno o una regulación que controle las conductas.
Se habla de 30 millones de infectados en el mundo; que en el continente americano se notifican más de cien mil casos nuevos de Sida al año; que en Chile, según un informe epidemiológico emitido por la Conasida, desde el primer caso notificado en 1984 y hasta el 30 de septiembre de l998, se han declarado 2.526 enfermos y 3.552 portadores asintomáticos. Asimismo, se informa que hasta el año anterior, el número de fallecidos por la epidemia del siglo llega a 1.631 personas. Otros datos, como los del Programa Conjunto de Naciones Unidas, señalan que hasta junio de l998 habría 16 mil contagiados.
Es, entonces, una plaga creciente, galopante, que se multiplica diariamente, y que al no existir una vacuna que la prevenga, continúa propagándose, desarrollándose, traspasando fronteras.
El proyecto pretende intervenir en este tema, porque la legislación debe contribuir y propender al avance de la ciencia para mejorar las circunstancias y condiciones de vida. Por ello, establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, que llamamos Sida. Y hacemos bien en legislar. No vamos a sanar al enfermo, pero sí podemos impedir la propagación del virus con normas preventivas o, si somos capaces de generar financiamiento para asistirlos, dar al enfermo sobrevida y transformar su enfermedad en crónica.
Algunos dicen “qué vamos a lograr con una ley, si esto es científico, corresponde a la medicina”. No, la ley es normativa y también un texto con efectos pedagógicos, que enseña, guía, regula conductas, impone un comportamiento humano dirigido a un fin. Si el Sida como enfermedad se adquiere por una forma de vida, por una conducta sexual y por determinadas relaciones que transmiten el virus, es perfectamente posible crear formas de vida, imponer métodos de protección que prevengan el contagio. Eso es lo que se pretende hacer y el sentido de la ley: crear nuevos hábitos y establecer relaciones normales de pareja, que el Estado dé las líneas, las orientaciones, el buen camino. En su autodefensa, el Estado debe obligarse a sí mismo y asumir sus deberes para con sus miembros.
Con esta iniciativa pretendemos detener la enfermedad e impedir, en definitiva, su explosiva y peligrosa propagación. No tratamos de crear un antídoto, porque ello queda en el ámbito de la medicina, sino de entregar los instrumentos y recursos para que la situación se revierta. Se deben destinar recursos e instar al Estado a promover acciones que permitan la investigación científica adecuada como dice el proyecto, a fin de determinar sus causas, características, evolución y efectos en nuestro país, para que con el suministro de vacunas se evite el contagio.
Además, los enfermos deben tener derecho a la salud, a ser atendidos como cualquier paciente, sin discriminación ni menosprecio.
Se ha dicho por los portadores del virus: “El VIH no nos mata, sino que nos asesina con el aislamiento, el desprecio y la discriminación”. Por ello, en ningún caso las acciones de salud podrán significar estigmatización, menoscabo moral o deshonra a personas, ni ser excluidas o no admitidas en el trabajo, en el colegio o en cualquier institución. El enfermo debe gozar plenamente de los derechos y facultades que le aseguran la ley y la Constitución. Nada ni nadie pueden coartar su ejercicio y debe ser tratado en igualdad de condiciones como todos los demás chilenos.
Ello está garantizado por la ley y por la Constitución. Además, como lo dice el proyecto, no podrá condicionarse la contratación de trabajadores, ni su permanencia o renovación de contratos, ni su promoción, a los resultados del examen. Tampoco podrá condicionarse el ingreso a un establecimiento, ni la permanencia o promoción de sus alumnos, a la circunstancia de encontrarse afectado por el virus de inmunodeficiencia humana. Además, ningún establecimiento de salud, público o privado, cuando su intervención sea requerida de acuerdo con la ley, podrá negar el ingreso o atención a personas que vivan con el virus de inmunodeficiencia humana o condicionar la atención a la realización del examen o a la presentación de sus resultados.
Así lo sostiene el proyecto y hemos sido enérgicos y muy claros en precisar estos derechos, lo que ya es un gran avance. Es decir, el enfermo, como todos los enfermos, es persona y no ha sufrido ni puede sufrir capitis diminutio alguna ante la ley y la sociedad, sino que debe gozar de todos sus derechos, prerrogativas y facultades.
Hemos puesto el acento en la obligación del Estado de ejecutar acciones de prevención para impedir la propagación de la infección causada por este virus.
El Estado debe arbitrar las acciones necesarias para poner en conocimiento de la población las características del VIH/Sida, las posibles causas o medios de transmisión, así como las medidas científicamente comprobadas como eficaces para su prevención y tratamiento. Deberá informar a la población sobre los programas públicos de asistencia y prevención existentes y velar por la atención de salud de las personas que vivan con el virus de inmunodeficiencia humana; asegurar a las personas infectadas el trato igualitario en el ejercicio de sus derechos e impedir su discriminación; establecer la obligación preferente del Estado en favor de los niños que vivan con el virus, como también normar su protección, asistencia, tratamiento y atención médica; establecer iguales medidas de protección y prerrogativas que contempla la ley para la mujer en estado de embarazo.
Ésas son las normas precisas y concisas que hemos establecido en el proyecto después de grandes estudios y profundos debates e investigaciones.
Confiamos en que con los métodos preventivos se pueda lograr un gran avance: detener la propagación del virus. Si no hay vacuna, a lo mejor el cambio de conductas puede evitarlo. Así lo creemos.
La humanidad conoce estos difíciles trances a través del tiempo; sabemos de plagas y epidemias que han sido desterradas con el esfuerzo y el temple del hombre.
Por último, quiero apoyar la disposición que habla de la voluntariedad del examen de detección del virus inmunodeficiencia humana. No debe ser obligatorio. Esto puede conducir a la arbitrariedad y a violentar la voluntad libre de las personas. De igual manera, todo examen debe ser siempre confidencial y entregarse al interesado personal y reservadamente. Lo íntimo de la persona humana, lo más valioso, el bagaje atesorado en lo interno del individuo, no puede ser violentado; debe reservarse para la persona misma. Cuando dicho examen sea solicitado, debe hacerse previa información de éstos acerca de las características, naturaleza y consecuencias que para la salud implica la infección causada por dicho virus, así como de las medidas preventivas científicamente comprobadas como eficaces. No se ha logrado comprobar que la detección precoz del Sida o su examen obligatorio haya contribuido a detener su propagación en el mundo: es una plaga que crece y crece; es una epidemia que causa estragos y su aumento es alarmante.
Aquí hay una cuestión humana muy íntima, muy personal de aquellos que están enfermos de Sida o de quienes son informados de que están contagiados. Según las experiencias recogidas hemos conversado en la Comisión con enfermos de Sida, por el carácter mortal de la enfermedad, pierden gran porcentaje de sus fuerzas y de sus ganas de vivir, su ánimo decrece. Es más, el conocimiento del diagnóstico disminuye las defensas del enfermo, porque, al no tener curación, sabe que está condenado a muerte. Entonces, se trata de esperar su día, que llegará inexorablemente.
Pero queremos ayudar para que sean asistidos médicamente, bajo la protección del Estado; queremos crear un nivel de solidaridad y de comprensión que haga que su estado sea menos impactante y doloroso; queremos estar con ellos; queremos comprenderlos; queremos llegar a ellos y prolongar al máximo su vida. Como ya lo dijimos, que sea una enfermedad crónica, pero que no le acorte la vida, porque son hombres y mujeres que, sin duda, son personas activas, de trabajo, y están colaborando con el Estado.
Esta iniciativa es un instrumento que también pretende proteger a los sanos, a los que no están infectados. Hay que aplicar la prevención en todo su rigor y creemos que este instrumento viene a reglamentar muchas situaciones. Se trata de un grave problema social y de salud pública.
Quiero saludar a quienes nos acompañan desde las tribunas y decirles que estamos con ellos; que hemos hecho este trabajo con gran responsabilidad y seriedad, con el objeto de que podamos sentirnos más cerca de ellos en el dolor o enfermedad que los afecta. Pero también estamos con la sociedad, con los sanos, con los niños, jóvenes y mujeres. Lo que hemos hecho hoy es de gran responsabilidad legislativa.
Por lo tanto, aprobaré el proyecto en todas sus partes.
He dicho.
(Aplausos).
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, como señaló la diputada informante, me ubico entre los parlamentarios que tuvieron muchas dudas sobre la necesidad de avanzar en la legislación específica sobre puntos relacionados con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, Sida.
En primer lugar, respecto de la necesidad de una legislación especial sobre las garantías de no discriminación arbitraria y del derecho a la salud, ¿para qué avanzar más en ello si parecía ser que estaban debidamente custodiadas en la Constitución Política?
Cuando uno va conociendo la situación que empieza a afectar a las personas infectadas por el virus y con la enfermedad declarada, también se da cuenta de que muchas veces las garantías constitucionales no son suficientes, porque a nadie se le dice que lo echan del trabajo por tener Sida, aunque todos saben que ésa es la causa por la que lo están despidiendo. Se arguye que es por necesidades de la empresa, pero todos sabemos que es por ser paciente de Sida. Entonces, la garantía constitucional parece insuficiente.
También tuve dudas acerca de la necesidad de establecer un cuerpo legal específico, o de si sólo eran necesarias algunas modificaciones al Código Sanitario respecto de las enfermedades de transmisión sexual. Llegué a la convicción de que era necesario un cuerpo legal.
Tuve dudas sobre si estábamos cometiendo una injusticia o una falta de atención respecto de otras enfermedades mucho más graves o, al menos, de mayor ocurrencia que el Sida, como el cáncer, la insuficiencia renal, la tuberculosis, que sigue causando más muertes que el Sida en Chile y en el mundo. Me preguntaba: ¿Estamos dando un privilegio especial a un grupo de personas en relación con otras enfermedades que también hemos conocido en la Comisión de Salud, donde hemos visto las dificultades que tienen las personas para conseguir un donante de riñón, o los problemas que afrontan los niños afectados por fibrosis quística u otro tipo de enfermedades? ¿Estamos creando privilegios para una enfermedad? En verdad, llegué a la conclusión de que no es así, dadas las muy peculiares características de esta enfermedad, de lo que se ha hablado bastante. Se trata de una enfermedad transmisible, ocultamente transmisible, perniciosamente transmisible, cobardemente transmisible, pero transmisible al final de cuentas. Eso le da la característica de una pandemia que empieza por afectar a víctimas inocentes, frente a la cual, aparte de ser muy difícil defenderse, nuestra sociedad sigue siendo tremendamente injusta, además de discriminatoria, ya que muestra una enorme sensibilidad ante otro tipo de enfermedades, como las que he señalado.
Por lo tanto, llegué a la convicción de que es necesario elaborar una ley al respecto. Pero lo que más me convenció fue el comentario de una persona que me dijo: “Diputado, ¿para qué pierden el tiempo haciendo una ley que beneficiará a prostitutas y homosexuales?” ¡Qué tremenda injusticia! ¡Qué gran incomprensión! De ahí nació mi decisión definitiva de legislar en esta materia, porque esto, señor Presidente, no es un problema de determinados grupos de alto riesgo, y aunque así fuera, son seres humanos que tienen los mismos derechos que el resto de los chilenos.
Uno actúa en esa dirección cuando ve que la enfermedad genera primero problemas en los grupos de alto riesgo; pero, después, comprueba cómo la enfermedad va evolucionando hasta comprometer a personas de conductas heterosexuales normales. Al principio, vemos que algunas mujeres son infectadas por tener un comportamiento promiscuo; pero también que otras son infectadas por sus maridos, quienes han tenido, por ejemplo, una aventura con algún portador del VIH en un país extranjero; además, tenemos el caso del niño que está por nacer, quien también es víctima de este virus. Lo anterior también ocurre con los hombres, ya que no es un asunto que sólo se da en el grupo de las mujeres.
Por lo tanto, me pareció que todos tienen derechos y que existía y que sigue existiendo una enorme incomprensión sobre los efectos que esta pandemia genera en la humanidad, no sólo desde el punto de vista de la salud pública, sino que también de la vida cotidiana, de la vida laboral, de la inserción en la sociedad, de la discriminación de que son objeto muchas veces los pacientes de Sida. De ahí que, a mi juicio, hacemos bien al aprobar esta iniciativa, porque el aspecto positivo de esta legislación nace, más que del contenido de las ideas-fuerza y del articulado de este proyecto -que para algunos todavía puede tener más de declarativo que de impositivo, como corresponde a una ley-, del efecto profiláctico, positivo y pedagógico que se genera en la sociedad. Entonces, es necesario que nuestro país tenga una ley sobre el Sida, porque ayudará a muchos a comprender en toda su dimensión lo que esto significa y puede representar. ¡Dios nos libre de tener que vivirlo, quizás, en el entorno más vinculado a nuestra vida política y familiar!
Señora Presidenta, no quiero entrar en el detalle del articulado; pero, al igual que mi colega Ojeda , defiendo el concepto de la confidencialidad, la voluntariedad de los exámenes y todas y cada una de sus normas que, tal como se ha dicho, se han ido perfeccionando en este cuerpo legal. En un trabajo conjunto con sus autoras iniciales, le sacamos un poco de grasa al proyecto para dejarle más músculo. Fue importante la colaboración de la gente de Conasida, de la coordinadora nacional de la organización Vivo Positivo y de los parlamentarios, quienes, poco a poco, nos fuimos adentrando en las implicancias y en las consecuencias políticas, económicas, sociales y de salud pública que tiene esta iniciativa de ley.
Sin embargo, a pesar de las muchas acciones, prevenciones, obligaciones y de la no discriminación que este proyecto en caso de que llegue a convertirse en ley, generará en beneficio de quienes padecen esta enfermedad, creo que con esta sola ley no solucionaremos muchos de los problemas que detectamos.
Quiero aprovechar la presencia de la señora ministra de Salud en esta sesión para señalar que es necesario, cada vez con mayor fuerza, acentuar los aspectos de prevención y hacerse cargo de los gastos que origina esta enfermedad actualmente, en especial con la triterapia, esas tres drogas mágicas que han ido dando mejor calidad de vida a quienes sufren este mal, aunque no lo solucionan definitivamente, las cuales son de alto costo.
El año pasado conocimos el caso de un chileno que fue apresado por la policía porque importaba clandestinamente drogas para combatir esta enfermedad. Eso está bien desde el punto de vista de la ley; pero también resulta lógico que alguien desee traer estas drogas a un precio más accesible a las personas que no tienen suficiente dinero para conseguirla. Sé que el Ministerio de Salud ha evolucionado positivamente al respecto y que estamos en condiciones de asegurar una mayor cobertura de remedios a quienes padecen de este mal.
También es un avance importante la creación del seguro catastrófico implementado por las isapres y por Fonasa para poder abordar los efectos económicos que origina esta enfermedad.
Considero que esta iniciativa de ley es un paso importante y positivo, pero debe ser complementada con los recursos necesarios, especialmente del Estado, para lograr que esta pandemia vaya disminuyendo, la que afortunadamente está más controlada. Si uno evalúa las cifras desde 1984, año en el que, si mal no recuerdo, se produjo el primer caso, hasta el día de hoy, vemos que las campañas de prevención y la difusión que ha habido sobre este problema han calado hondo en la sociedad, razón por la cual ahora existe una mayor conciencia sobre este tema.
Señora Presidenta, la ley, más la acción del Estado, más la conciencia pública, más el aporte de las instituciones religiosas, sociales, civiles y de grupos organizados en esta materia, más la prevención a nivel de las escuelas, nos permitirán una espera más plácida hasta que la investigación de la medicina mundial encuentre la solución definitiva a este mal.
He dicho.
(Aplausos).
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señora Presidenta, me parece muy importante el clima en que hoy día estamos discutiendo este proyecto. Frente a un problema que, como ha dicho el honorable diputado señor Melero , nos atañe y amenaza a todos, ha habido un diálogo muy profundo y abierto en la Comisión de Salud, que ha ido sumando voluntades y comprensiones para poder tener hoy día esta discusión y avanzar en la tramitación de esta iniciativa de ley.
Hace quince años, murió en Chile la primera persona que tuvo Sida. En estos años se han reportado más de 2 mil muertes, pero se desconoce la cifra negra de los casos de muerte por Sida sobre los cuales no se ha informado.
En Chile, como en otros países, la población más afectada está entre los 20 y los 49 años, es decir, son personas que están en la flor de la vida y que constituyen aportes fundamentales para el país.
La doctora Michelle Barzarch , ex ministra de Salud de Francia, señaló en la Comisión de Salud por qué son tan importantes y fundamentales las campañas de prevención. Dijo al respecto: “Si se adoptan las precauciones necesarias, se puede evitar que las personas se contagien, puesto que se trata de una epidemia esencialmente evitable”.
Debemos tener conciencia de eso. El contagio -como dice ella- no es directo, sino indirecto. Por ello, si se cambia la conducta de las personas se puede evitar la enfermedad. Es vital que comprendamos que las campañas de prevención son necesarias.
Por eso, a pesar de que el Estado chileno ha asumido esas campañas, en las que ha habido problemas por la no comprensión del significado de esta enfermedad, en el proyecto queda claro que su prevención es responsabilidad del Estado. Todos sabemos que con la prevención, comprensión y cambios de hábitos se librará a las personas de esta enfermedad y se evitarán miles de muertes. Eso lo debemos tener claro.
Hoy, como Cámara de Diputados y Poder Legislativo, nos estamos haciendo cargo del problema y, a través de este cuerpo legal, estamos diciendo que es función del Estado la prevención, de acuerdo con las investigaciones científicas realizadas. Es importante que esa parte del proyecto sea aprobada por unanimidad, porque todo lo que es prevención evita muertes.
Otro aspecto fundamental de la moción apunta a hacer el trabajo de prevención mediante la necesaria colaboración del Estado con la sociedad civil. Al respecto, cabe agradecer la participación del Ministerio de Salud, representado por la señora ministra, y de Conasida, que fue básica para precisar, junto con la Comisión de Salud, los principios generales del proyecto.
En Chile, el papel de las organizaciones sociales ha sido relevante, en especial el de las de portadores, personas que viven con el virus, quienes con una valentía tremenda en esto quiero destacar el papel de la organización Vivo Positivo han ido creando conciencia en todos nosotros respecto de lo que significa esta enfermedad, ser portador, el desgarramiento que han vivido por ese hecho, la discriminación que han sufrido. Todos los chilenos debemos agradecerles su rol, ya que, sobreponiéndose a la discriminación y sufrimiento, han creado conciencia y entregado la mayor iniciativa para impulsar el proyecto que hoy discutimos.
Quiero destacar los artículos 3º y 4º de la moción, que se refieren a los niños y a las mujeres.
En conversaciones internas, un diputado preguntaba: “¿Por qué, dentro de una prevención general, vamos a discriminar nuevamente en cuanto a los niños y mujeres?”.
Porque se necesita una especialización, ya que muchos niños que son portadores sufren discriminación y, además, han sido sacados del seno de sus familias. Entonces, ¿de qué manera podemos proteger el entorno familiar de los niños portadores y crear conciencia? Como decía el diputado Melero , el proyecto no sólo norma, sino que también ayuda a romper prejuicios culturales para poder avanzar. De ahí la importancia del artículo 3º.
El artículo 4º, que establece que debe haber políticas específicas para las mujeres, es fundamental.
Pienso que en la Cámara de Diputados hay consenso sobre la discriminación social de la mujer, lo cual es fácil de comprender. Cada día la pandemia afecta más a mujeres casadas no a “promiscuas” o trabajadoras sexuales, quienes son infectadas por sus maridos. ¿Qué defensa tienen? Para ellas, es difícil protegerse por las condiciones culturales de género. ¿Cómo le plantea a su marido la conveniencia de protegerse? Allí hay una relación emocional, sentimental, afectiva, por lo cual para ella es difícil decirle: “Quiero protegerme de esta enfermedad por posibles actos derivados de tu conducta”. Entonces, cada vez más, a través del contagio de sus maridos, las mujeres son afectadas por este virus.
Por eso se requiere una política específica que realmente aliente a las mujeres a tener esa conversación con sus maridos, sin el peso de la desconfianza o de la posibilidad de una ruptura matrimonial por plantear el cuidado de sí misma.
Entonces, es muy importante el artículo 4º. Desgraciadamente, no está aquí el diputado Juan Pablo Letelier , quien nos decía que no entendía esto.
Las Naciones Unidas han hecho seminarios especiales sobre políticas en esta materia. Incluso se ha desarrollado en el mundo el preservativo femenino, como política de Estado, porque los cambios de conducta se refieren a acciones que competen a los varones. ¿De qué manera se protegen las mujeres? Con conciencia o elementos que la ayuden a protegerse del contagio de esta epidemia.
Otro punto fundamental, el meollo de la discusión de hoy ya hay aceptación y consenso general sobre la necesidad de tener una ley sobre el Sida y de contar con elementos de defensa contra la discriminación hacia los portadores del Sida, está en declarar la necesaria voluntariedad y confidencialidad del examen de detección del Sida, aspecto que recoge el artículo 9º del proyecto.
Hace algunos años, cierta compañía distribuidora de un servicio público invitó a varios diputados a conversar. Dentro de los temas analizados, el gerente planteaba su política laboral, sobre la cual decía, con gran orgullo, que allí se estaba protegiendo a los trabajadores y que entre las medidas de protección se estaba haciendo el test de Elisa para detectar el Sida y poder ayudar. Le pregunté ¿con qué fin se efectúa el examen? ¿Qué se hará con los portadores de Sida? ¿Los ayudarán, se harán cargo de la enfermedad, los aislarán, ya que son personas sanas que pueden trabajar? ¿Qué utilidad tiene o qué se plantea? ¿No sería mejor hacer cursos de capacitación, de conversación y de cambio de conducta sexual o de sexo seguro, en fin? ¿Qué razón hay para la obligatoriedad?
Algunos colegas diputados dicen que hay razones médicas y quieren asumir en sus manos y en las del Estado la responsabilidad de las conductas individuales del contagio.
Creo que el punto es crucial, no sólo desde el punto de vista del derecho de las personas a la privacidad, sino también -eso está comprobado en otros países- de la detención de la enfermedad. El examen produce terror. Ya es fuerte la posibilidad de estar contagiado y mucho más es la posibilidad de que esto se pueda saber. Está comprobado que la característica de confidencialidad y voluntariedad del examen ha ayudado a detener la pandemia. Junto con el examen, es fundamental la consejería.
Nuestros colegas médicos aducen el embarazo para señalar que si una mujer es portadora, va a venir el hijo infectado. Bueno, está la posibilidad de la conversación, de la consejería, y los médicos tienen la facultad, y diría la obligación, de tener una conversación con sus pacientes embarazadas; pero creo que el hecho de obligarlas a hacerse el examen va contra los derechos humanos de las personas.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Señora diputada, le hago presente que el Orden del Día está por terminar. Por favor, redondee su idea.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Termino inmediatamente, señora Presidenta.
También me parece una medida absolutamente autoritaria, de corte represivo, que, por ejemplo, se obligue a la población penal a hacerse el examen. Creo que no corresponde y es importante que meditemos especialmente sobre el artículo 9º.
He dicho.
(Aplausos en las tribunas).
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señora Presidenta, en las gradas nos acompañan personas que sufren esta situación y ahora muchos de nosotros vamos a participar. Quiero transmitirles la tranquilidad de que esta discusión continuará, que va por un muy buen camino y que muchos diputados aprobaremos el proyecto de ley.
He dicho.
(Aplausos).
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Terminado el Orden del Día.
SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, quiero plantear un punto de Reglamento.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, en mi calidad de jefe suplente de Comité, solicito a su Señoría que recabe la unanimidad de la Sala para suprimir el conocimiento de los proyectos de acuerdo.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Edmundo Salas sobre el tema.
El señor SALAS.-
Señora Presidenta, nosotros, como bancada Demócrata Cristiana, damos el acuerdo para no tratar los proyectos de acuerdo.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
¿Habría unanimidad para proceder en ese sentido?
Acordado.
VII.INCIDENTES
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señora Presidenta, ayer solicité oficios para conocer antecedentes sobre la deuda previsional que mantiene la municipalidad de Coquimbo con sus profesores.
Hoy quiero que se oficie al Ministerio del Interior y a la Contraloría General de la República para que puedan auditar la situación económica en que se encuentra dicha municipalidad, ya que sus deudas previsionales alcanzan a los 400 millones de pesos.
Pero también hay otros problemas. Existe una deuda importante que, en definitiva, afecta a trabajadores de la empresa que recolecta la basura y puede llegar el momento en que no sea posible retirarla de los hogares de los habitantes del puerto de Coquimbo.
Asimismo, la referida municipalidad ha realizado una serie de inversiones en un monumento para celebrar el año 2000. Muchas personas creen que la falta de solvencia del municipio se debe a la destinación de recursos municipales para construir esa obra, lo cual no debiera ser.
Por eso, a fin de tener una clara apreciación de la verdadera situación financiera por la que atraviesa la municipalidad de Coquimbo, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República y al Ministerio del Interior para que informen a esta honorable Cámara, especialmente, lo relacionado con las deudas previsionales de los profesores y con la empresa contratada para retirar la basura; asimismo, sobre los dineros invertidos en la cruz del tercer milenio, situación que suscita sospechas en el sentido de que se está haciendo mal uso de los dineros municipales.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados Carlos Vilches , Pablo Galilea y Rosauro Martínez .
Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
RECHAZO A AMENAZA A MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
A continuación, tiene la palabra el diputado Carlos Vilches .
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, quiero aprovechar estos minutos en Incidentes para señalar lo siguiente:
Deseo decir con mucha claridad que estamos enfrentados nuevamente a actuaciones de parlamentarios de esta Cámara, que han puesto en riesgo la tranquilidad del país.
Ayer, el diputado Iván Moreira hizo una intervención que nosotros apoyamos absolutamente en su sentido y contenido. Pero hoy agregaré algo más. No podemos exponernos ante las destempladas declaraciones del diputado Jaime Naranjo , quien, con una cobardía sin nombre, ha amenazado a los jueces de la corte de apelaciones de Santiago. Es un proceder cobarde, porque utilizar la tribuna y el fuero parlamentario para presionar la actuación de los ministros no está dentro de la forma tradicional en que intervienen los diputados.
Por eso, quiero protestar. Ese hecho enrarece el ambiente en Chile y provoca que las odiosidades y las heridas del pasado se abran nuevamente. En reiteradas oportunidades, hemos señalado en esta Sala que queremos un país que mire hacia el futuro, donde los jóvenes se sientan orgullosos de vivir y no entre rencillas que estos personajes han avivado de nuevo. Los tribunales de justicia deben hacer su trabajo como poder del Estado; nosotros, como legisladores, tenemos que realizar nuestras funciones y responder de ellas ante nuestro electorado y la comunidad nacional. No podemos permitirnos estos lujos para protagonizar hechos y ganar minutos en la televisión. Hoy, vemos en las noticias que el referido diputado se retracta de lo dicho; sostiene que él jamás ha querido ofender; pero creo que su actuación raya en la cobardía, porque, ante las opiniones de sus propios dirigentes, del presidente del Partido Socialista, don Ricardo Núñez ; del distinguido senador José Antonio Viera-Gallo , él ahora echa pie atrás, pero cuando el daño ya está hecho.
Deseo recalcar esto último, pues sus juicios han causado mucho perjuicio a la Cámara. En consecuencia, sería bueno revisar su actuación en la Comisión de Ética, ya que ha puesto en riesgo la tranquilidad del país.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE RIEGO EN EL VALLE DE LLUTA. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta, en los planes para aumentar la productividad de la agricultura, hay grandes proyectos de riego a lo largo de Chile. El año pasado se llamó a un concurso especial de riego en el valle de Lluta, en el cual participaron diecinueve proyectos, por distintos montos y cantidad de tierras involucradas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Riego aún no termina el proceso de adjudicación. Por lo tanto, no están siendo ocupados los 500 millones de pesos destinados a este proyecto especial de riego, lo cual perjudica el desarrollo agrícola de mi distrito.
Por ello, solicito enviar oficio al presidente de la Comisión Nacional de Riego para que nos informe sobre el estado en que se encuentran los proyectos, por qué se han demorado en decidir y en qué plazo serán adjudicados para ser ejecutados en favor del desarrollo agrícola del valle de Lluta.
He dicho.
La señora CARABALL, comi(Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Rosa González y del diputado señor Jaramillo .
POSICIÓN DE CHILE SOBRE PROTECCIONISMO AGRÍCOLA EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, el 17 de marzo se celebró en la ciudad de Sao Paulo la asamblea ordinaria del Parlamento Latinoamericano y de su Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tuve el honor de formar parte de la delegación de nuestro Congreso Nacional.
En la oportunidad, el tema de fondo estuvo referido a la lucha contra el proteccionismo agrícola y a la denominada “Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio”. En la ciudad carioca se decidió por amplia mayoría suscribir un acuerdo que respaldara las directrices y políticas generales que sobre la materia han suscrito nuestros países en calidad de miembros de esa entidad. Dicho acuerdo llama a poner fin a las prácticas proteccionistas en el comercio de productos agrícolas, por parte de los países desarrollados, y a asumir la necesidad de corregir una serie de deficiencias detectadas en la última Ronda del Uruguay, la que, en su momento, no fue capaz de alterar sustantivamente las injustas condiciones en que se da el intercambio comercial entre las naciones ricas y pobres. Esta grave resolución atenta contra la región que represento y de la agricultura tradicional.
El mundo globalizado distorsiona el bienestar de este largo y angosto país, con grandes diferencias climáticas. Por ello, me opuse a algo que allí se aprobó casi por unanimidad. La diputada señora Marina Prochelle también estuvo con la posición de los demás parlamentarios chilenos, quienes, en el fondo, representamos el sur de nuestro país.
Desde los tiempos de la colonia española, el tema de la libertad de comercio se ha asentado en las tierras americanas como una reivindicación sentida. La metrópoli, preocupada de salvaguardar sus intereses y ventajas, ya en el siglo XVII tenía estrictamente prohibido a sus posesiones extrapeninsulares comerciar entre sí, para mantener el monopolio de comercio exterior de materias primas y de productos manufacturados. Siempre ha existido este privilegio.
Se mantenía así su situación de ventaja casi abusiva y se nos condenaba a la imposibilidad de un desarrollo fabril, como ocurría en la Europa posrenacentista. En la América del Norte sucedía otro tanto, bajo el dominio inglés. Fue justamente este hecho uno de los que desencadenaron el alzamiento de las colonias de los Estados Unidos de América.
Con el correr de los siglos, el libre comercio se mantiene como una aspiración mundial sentida y urgente. Pero se avizora una situación de injusticia en los términos del intercambio, ya no con la metrópoli hispana, sino con un hemisferio norte rico y poderoso y con una potencia como los Estados Unidos.
En este esquema, la sola existencia de la Organización Mundial del Comercio, OMC, sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, Gatt , constituye un logro superior del ordenamiento de las relaciones económicas de las naciones. Sin embargo, quien adscriba sin ideologismos miopes a las economías de mercado y al libre comercio, no puede dejar de considerar la necesidad de proteger o, al menos, de no exponer a las industrias incipientes a la competencia voraz, a veces injusta, de los productos extranjeros.
La misma OMC reconoce la posibilidad de proteger ciertas áreas de la economía o zonas de los territorios que se encuentran en estado de desarrollo incipiente o de alta sensibilidad social. Distingue la posibilidad de establecer regímenes de apoyo y ayuda, como subsidios, o, lisa y llanamente, barreras arancelarias.
Esta moción -por qué no decirlo- sacó varios aplausos en el Parlatino, lo que no ocurrió a la hora de la verdad, pues en la votación Chile quedó solo, al igual que su sur. Por eso, se me ocurre que, a estas alturas, el nuevo Gobierno debe tener visualizado que nuestro país es diferente en muchos aspectos, sobre todo en su geografía.
Las relaciones comerciales entre las naciones determinan el rol en la economía planetaria. Cuando se habla de globalización de los mercados, de alzamiento de las barreras tarifarias para el comercio, no puede ser a costa de la destrucción de lo nacional y lo local.
Por último, no olvidemos que el campo es no sólo una forma de producir, sino también una cultura y una forma de vida que nos une a lo más esencial del hombre: la tierra, y con ella, sus tradiciones, cultura primigenia y su medio ambiente.
He dicho.
VIOLACIÓN DE LA ZONA RESERVADA A LOS PESCADORES ARTESANALES EN COMUNA DE NAVIDAD. Oficio.
La señora CARABALL, Eliana (Presidenta accidental).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
En primer lugar, quiero atraer la atención de la Corporación sobre la práctica reiterada, discriminatoria e ilegal de barcos pesqueros industriales en las costas de la comuna de Navidad, de la Sexta Región.
Cada año, en esta fecha, debemos intervenir en defensa de los pescadores artesanales de esa localidad. La situación es más odiosa porque, por razones muy peculiares, sólo el 30 ó 40 por ciento de sus costas está abierto al público. Los privados tienen cerrado el resto, lo cual ha sido negativo para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal. En los pocos lugares donde éstos han logrado instalar sus caletas, como Navidad, todos los años los barcos pesqueros industriales violan las cinco millas marítimas reservadas a los pescadores artesanales.
Por ello, solicito enviar oficio al ministro de Economía a fin de que el Servicio Nacional de Pesca instruya una investigación a fondo sobre esta situación y que las otras autoridades correspondientes hagan lo mismo. Pedimos que se garantice el curso de las multas correspondientes, porque hasta la fecha siempre han sido burladas.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REFACCIÓN DE SEDE PARA ADULTOS MAYORES, DE COMUNA DE RENGO. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Asimismo, solicito, señor Presidente, que se oficie al ministro del Interior y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional a fin de que se disponga el estudio de la realidad de la comuna de Rengo, dentro de las nuevas políticas del adulto mayor llevadas a cabo por la ex Primera Dama, señora Martita Larraechea .
En dicha localidad funciona una unión comunal de clubes de adultos mayores, a la cual, después de un tremendo esfuerzo del Ministerio de Bienes Naciones, se le entregó en concesión una sede histórica que albergará a los más de veinticuatro clubes que la integran. Pero no existen canales de financiamiento directo para mejorar esa infraestructura.
Por eso, solicito que se oficie al ministro, con el objeto de saber si existe un proyecto o la capacidad de estudiarlo, a través de la intendencia, para refaccionar esa sede y ponerla en mejores condiciones, por cuanto muchos adultos mayores -es la realidad del país- no tienen lugares de esparcimiento ni dónde permanecer cuando deben concurrir a pagarse sus pensiones en las cabeceras de comunas o a hacer trámites de atención de salud en los hospitales o consultorios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADÍO EN MACHALÍ. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, solicito, en tercer término, que se oficie para que el director nacional de Indap estudie la posibilidad de mejorar el canal de regadío La Valdiviana, en el sector del Cajón, comuna de Machalí. Tengo entendido que dicho instituto tiene medios para otorgar subsidios en casos de familias de muy escasos recursos.
Ese canal es tremendamente importante por cuanto, por ahora, hasta que se materialice un proyecto en otro sentido, su agua se destina a consumo humano.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ENVÍO DE PROYECTO DE LEY RELATIVO A OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, hemos sido testigos de lo que ocurre en el transporte en general de carga pesada, mediana y liviana, como animales pequeños; de pasajeros, incluidos los taxis colectivos, interurbano, interregional; de escolares, en fin, por la exigencia de hacer un curso para obtener la licencia de conducir clase A, según se debatió en el propio Parlamento.
Sin duda, ese procedimiento ha sido negativo, y por eso se ha planteado en el último tiempo la posibilidad de prorrogar por un año la entrada en vigencia de esa medida, criterio que no comparto, ya que pienso que la materia debe ser regulada de otra manera.
En consecuencia, pido que se oficie al Presidente de la República para que disponga el envío de un proyecto en que, en primer lugar, se separe a quienes hoy tienen licencia de aquellos que la solicitarán, y, en segundo lugar, divida a los conductores por la actividad que desarrollan; porque es diferente un camión que transporta cuarenta o cincuenta toneladas de un taxi colectivo, y éste de un bus interregional o de un vehículo que transporta escolares. Las situaciones son muy desiguales.
Por este motivo, pido que se envíe un proyecto que contemple esos dos criterios, en lugar de una prórroga, que no resolverá el problema de fondo, ya que no hay escuelas de conductores en todas las comunas y no es posible, por lo tanto, exigir ese requisito a las personas que ejerzan su derecho constitucional de solicitar la licencia de conducir. Tampoco corresponde que se les quite el trabajo, por razones ajenas a su voluntad, a quienes ya la tienen.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Laura Soto y Eliana Caraball y de los diputados señores José Miguel Ortiz y Samuel Venegas .
UTILIZACIÓN DEL POSICIONADOR SATELITAL EN DEFENSA DE LA PESCA ARTESANAL. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Samuel Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, agradezco la intervención del diputado señor Juan Pablo Letelier sobre la violación de su zona exclusiva de que son víctimas los pescadores artesanales.
En verdad, se comete un verdadero atropello con este, aunque débil, importantísimo sector para la economía del país. De él depende un gran número de familias, cuya solidaridad y contribución en momentos difíciles es reconocida por grupos marginales de las áreas costeras.
Es doloroso, pero debo denunciar que la autoridad no ha hecho cumplir la norma del posicionador satelital, de manera que no sean penetradas las cinco millas en la mayor parte del territorio nacional, ya que es imposible vigilar el desplazamiento de cada embarcación. Además, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante carece de los elementos suficientes para regular y controlar la materia.
El posicionador satelital transmite la ubicación exacta de las embarcaciones, y las que penetran las cinco millas de reserva exclusiva de los pescadores artesanales pueden ser sancionadas. Pero el Servicio Nacional de Pesca, que depende de la subsecretaría respectiva, no se ha preocupado de hacer cumplir la norma que establece su uso, situación que agrava la vida de los pescadores artesanales, de sus familias y de los pueblos que se benefician con la actividad económica que generan.
Lo más grave es que existe riesgo de enfrentamiento entre los actores de la pesca artesanal y de la industrial. Éstos, provistos de mejores embarcaciones y elementos, en algunos casos han agredido a los pescadores artesanales que han defendido sus legítimos derechos dentro de las cinco millas.
Tal situación se ha dado en San Antonio y en la gran rada que va desde Quintero hasta Quintay , en la zona de Valparaíso, por lo que debe intervenirse a la brevedad para evitar desgracias mayores, porque a la necesidad alimentaria familiar que viven los pescadores artesanales que tal vez es la prolongación de la gran crisis que afectó al país el año pasado, se suma el avasallamiento de los pescadores industriales, algo que no se condice con la equidad que hemos dicho defender.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía para que se preocupe, a través de la subsecretaría de Pesca, de subsanar estas irregularidades y disponer la labor de control de los organismos competentes, de manera que los hechos no se repitan, no se ponga en riesgo la vida de los pescadores artesanales y se evite que quienes tienen fuerza económica avasallen a actores que disponen de menos capacidad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PLANES PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA DELINCUENCIA JUVENIL. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, llama la atención que ochocientos mil niños chilenos deban interrumpir sus estudios para integrarse al denominado trabajo infantil.
En informaciones de la prensa de hoy se dice que, obligados para ayudar a sus familias, muchos niños deben olvidar los juegos y abandonar sus estudios y a los amigos.
Llama la atención que los sectores etarios que abandonan sus estudios a partir de la educación básica -sólo algunos alcanzan a llegar a la educación media- sean adolescentes, de entre los 14 y 18 años, que hoy constituyen el más alto número de delincuentes. Ello hace que la opinión pública estime necesario ampliar la responsabilidad penal para aquellos menores, dado que en la actualidad no son sujetos de sanciones.
Por otro lado, nos apena leer que la Unicef critica nuestro sistema penal de menores. En un informe emitido al respecto, señala que nuestro país permite que niños y adolescentes sean juzgados y sancionados como si fuesen adultos, lo que impediría una adecuada rehabilitación de los delincuentes juveniles; y agrega que el actual sistema chileno de justicia de menores no cumple con los mínimos estándares internacionales de seguridad jurídica, pues algunas veces se sanciona duramente a niños que han cometido delitos leves, o que incluso sólo presentan conductas o se encuentran en situaciones consideradas irregulares y, en otras ocasiones, en cambio, deja impunes graves delitos cometidos por adolescentes.
El trabajo infantil no debería existir, puesto que en esa edad el niño ha de formarse y, sobre todo, adquirir destrezas para incorporarse al mundo laboral. Desgraciadamente, esa educación se ve impedida por las necesidades económicas de la familia.
Deberíamos dedicar un tiempo importante de nuestro trabajo en la Cámara para proponer apoyos al trabajo de la familia, pues a ella corresponde ocuparse de los niños y no a éstos de aquélla. Ese es el grave problema que tenemos. Seguramente, en un breve plazo nos veremos abocados a estudiar proyectos para penalizar a estos menores. Quiero llamar la atención al respecto y, en especial, despertar conciencia en todos en el sentido de que así como no hemos dado oportunidad a esos jóvenes para formarse en la edad infantil, cuando más lo necesitan, tampoco hemos entregado el necesario apoyo a las familias para que puedan ocuparse de sus hijos; sin embargo, ya estamos pensando en cómo penalizar las conductas de niños que están delinquiendo.
Hay que hacer algo, pero paralelamente habría que pensar también, con más imaginación y creatividad, en cómo evitar que esos niños abandonen sus estudios y en cómo apoyar a sus familias en ese intento.
Escuchamos con mucho interés las propuestas que la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , ha hecho sobre el no abandono de los estudios. Nos gustaría conocer más en detalle esos planes, razón por la cual pido, por intermedio de la Mesa, que se oficie a dicha secretaria de Estado, a fin de que nos informe sobre los planes que el Ministerio tiene en vista para evitar la deserción escolar a edad temprana.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz , Víctor Reyes , Francisco Huenchumilla, doña Marina Prochelle y de quien habla.
PROPOSICIONES DEL COMITÉ ONCOLÓGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla .
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en primer lugar, aprovecho la oportunidad para felicitarlo por su adecuada conducción de la sesión desde la testera.
En segundo lugar, deseo hablar en esta hora de Incidentes por petición del Comité Oncológico del hospital regional de Temuco, conformado por más o menos 30 médicos especialistas en ese tipo de enfermedades, debido a que los aqueja un problema que paso a exponer.
Desde 1993 hasta hace poco, el Hospital Regional de Temuco compraba servicios de radioterapia y quimioterapia al sector privado de esa ciudad, en virtud de disposiciones del Ministerio de Salud. En 1996 y 1997, por la vía de este convenio se trataron aproximadamente 250 pacientes al año. La situación se complica en 1998, cuando Fonasa decide incorporar en sus programas las prestaciones oncológicas, específicamente radioterapia, define la red de centros de referencia de radioterapia estatal y traslada los fondos de la Novena Región al hospital regional de Valdivia y a la Fundación López Pérez , de Santiago.
Para la Novena Región, básicamente una zona rural con aproximadamente 800 mil habitantes, esta medida ha sido un factor de complicación. Los pacientes abandonan sus tratamientos debido a que la decisión de Fonasa les significa recorrer 160 kilómetros para trasladarse a Valdivia y someterse al tratamiento de una enfermedad que, como todos sabemos, produce hondo impacto emocional tanto a ellos como a sus familias. El convenio sigue manteniéndose con fondos del hospital de Temuco, pero éstos están asignados a Valdivia, por lo cual a gente está obligada a ir a esa ciudad para hacerse el tratamiento.
El Comité Oncológico de Médicos del hospital regional de Temuco propone dos soluciones posibles. Una, que Fonasa permita al hospital de esa ciudad codificar los tratamientos adscritos al programa nacional de drogas antineoplásicas que requieran quimioterapia y radioterapia simultáneas, como el cáncer colorrectal, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer anal o necesiten radioterapia, como el cáncer de mamas, linfomas, leucemias; y la otra, que asigne una cantidad fija de fondos para que el Servicio de la Araucanía Sur pueda tratar a sus pacientes. El Comité estima que una cifra aproximada de 40 millones de pesos permitiría tratar alrededor de 300 pacientes al año.
El hospital regional de Temuco es de alta complejidad. Hay una escuela de medicina y 30 médicos especialistas en cáncer. Nos parece absolutamente inadecuado que gente de la Novena Región que sufre esta enfermedad deba recorrer 160 kilómetros para hacerse el tratamiento en Valdivia, en circunstancias que en Temuco existen centros para ello
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud, con el objeto de que estudie la posibilidad de acoger algunas de estas proposiciones, y que se adjunte copia de mi intervención
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Víctor Reyes, José Miguel Ortiz , señora Eliana Caraball y de quien habla.
MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR CARABINEROS DE CHILE PARA MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en mi ciudad, Concepción, ha habido en los últimos días honda preocupación por la serie de asaltos que han sufrido estudiantes de liceos de la enseñanza medida a la salida de clases, en especial alumnas del Liceo Fiscal de Niñas, del Liceo Experimental y de mi querido liceo, Enrique Molina Garmendia .
Sin duda, este problema preocupa a todo el país, pero el de mayor envergadura es la seguridad. Es un hecho cierto que ha habido un aumento en la delincuencia. Por eso, me siento tranquilo, después de haber escuchado el martes pasado al general director de Carabineros de Chile, don Manuel Ugarte , quien planteó las principales metas que tendrá la institución, en especial, en la disminución de la violencia delictual, problema de Concepción que me preocupa.
Reconozco la valentía que tuvo al comenzar su exposición con una autocrítica a Carabineros de Chile. También planteó su inquietud en relación a otros organismos del Estado comprometidos con la seguridad ciudadana.
Asimismo, el alto oficial señaló a la opinión pública que la institución contaba con tres pilares básicos: la incorporación de tecnología, el trabajo mancomunado con la comunidad y la profesionalización y desarrollo de los recursos humanos. Respecto de este último tema se refirió a circulares e instrucciones precisas a los oficiales de todo el país, relacionadas con la ampliación del período de formación, de tres a cuatro años, para los oficiales, y de doce a dieciocho meses, para los suboficiales. En este punto quiero detenerme un poco. En una campaña presidencial es normal que impere la pasión y no la razón, y en la última, se habló de que era cosa de formar rápidamente miles de carabineros. En su planteamiento oficial, el general director de Carabineros de Chile ha reiterado lo que durante estos años muchos parlamentarios hemos afirmado en forma seria y responsable entre ellos, el actual Segundo Vicepresidente de la Cámara, diputado don Waldo Mora , que ha participado en el tema relativo a la seguridad; el diputado don Ignacio Walker , Presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara; la diputada señora Eliana Caraball , y los diputados don Francisco Huenchumilla y quien habla: no es llegar y formar rápidamente carabineros, porque tienen que velar por lo más sagrado para una persona que es su seguridad.
Respecto al tema tecnológico, precisó que se están desarrollando proyectos en las áreas computacional y de telecomunicaciones.
Sin embargo, lo que más me impactó fue lo que expresó en relación con el contacto con la comunidad, tema al cual le dio una relevancia especial, señalando lo siguiente: “No hay ninguna policía en el mundo que tenga éxitos si no tiene un trabajo activo con las personas”. Además, agregó que pidió a los comisarios que se reúnan sistemáticamente con los vecinos y organizaciones comunales, a fin de conocer la realidad de lo que ocurre en los diferentes sectores.
Por eso, se ha planteado un nuevo sistema de control de gestión, que incluye doce parámetros para definir la eficiencia, con lo cual se medirá la eficacia de los comisarios en el uso de los recursos y en la distribución de personal para atacar los focos delictivos.
Ello, porque sistemáticamente he planteado que las recién creadas comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz necesitan comisarías más que subcomisarías. Tengo que reconocer que en la última conversación personal que tuve con el general Ugarte , alrededor de unos ocho meses atrás, se comprometió a algo que ya cumplió: se aumentó, a contar del 2000, en un número importante la dotación de carabineros en esas dos comunas, pero creo que aún es insuficiente.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Defensa, con copia al subsecretario de Carabineros y al general director de Carabineros de Chile a fin de que las subcomisarías de las comunas de Chiguayante y de San Pedro de la Paz pasen a ser comisarías, lo que va a significar no sólo aumento de dotación, sino también más infraestructuras y, seguramente, ampliación de cuarteles.
Hago la petición hoy, 6 de abril, porque en pocos meses más los ministerios empezarán a estudiar el Presupuesto para el próximo año y considero prioritario preocuparse de este tema que tiene relación con dos de las tres comunas que represento en esta Cámara.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA SUR DESDE SAN PEDRO DE LA PAZ HASTA LAGUNILLAS, EN CONCEPCIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, hace dos días, en Incidentes, me referí a la costanera que va desde el puente viejo a Chiguayante, pero quedó pendiente una cuestión relacionada con mi distrito, que quiero explicar en esta oportunidad, aprovechando que dispongo de un par de minutos.
Hace algunos días, con gran alegría, todos los que amamos la provincia de Concepción celebramos la entrega al tránsito de vehículos del puente Llacolén , obra que nos enorgullece y que corresponde al tercer puente que se construye sobre el río Biobío. Su costo fue superior a los 30 mil millones de pesos, suma que incluye la construcción y lo pagado por las expropiaciones. Es la gran obra del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , y se empezó a construir cuando era ministro de Obras Públicas el actual Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar .
Pero quiero reiterar algo, porque considero que se cometen muchas injusticias con el Poder Legislativo. Olvidan que la normativa más importante sobre la cual nos corresponde legislar es la ley de Presupuestos. Al parecer, consideran un hecho más de la causa que el Congreso Nacional, en particular las comisiones de Hacienda y Mixta de Presupuestos, estudien todas las partidas y glosas correspondientes a todos los servicios públicos del país. El Presupuesto de la nación para este año es de alrededor de 18 mil millones de dólares.
Somos muchos los parlamentarios que estamos felices, realizados y orgullosos de haber contribuido a la construcción del puente Llacolén , a pesar de que muchos están diciendo que es obra de ellos; pero los dineros salieron del erario y fueron defendidos por algunos parlamentarios, en particular, por quienes somos integrantes de la Comisión de Hacienda desde hace varios años y, más aún, por quienes amamos a nuestra tierra por sobre votaciones que intentamos ganar. Lo que nos interesa es conseguir obras perdurables que signifiquen un desarrollo para toda la comunidad.
¡Cuán feliz me siento, como penquista, al ver el puente Llacolén , la primera etapa de la calle Los Carrera y de saber que la segunda etapa se terminará dentro de pocos meses! Será la entrada digna de una gran ciudad como es Concepción.
Por otro lado, considero que no debemos olvidarnos de San Pedro de la Paz, que es una comuna que se distingue porque sus habitantes sienten un gran cariño por ella. Pero se logró romper un estigma, porque hace algunos años formó parte de la comuna de Coronel, después, de la comuna de Concepción. Sin embargo, fuimos capaces de presentar un proyecto de ley, con el patrocinio del Presidente de la época, don Patricio Aylwin , y San Pedro de la Paz es comuna, por ley de la República, desde hace más de tres años.
Por eso, es necesario que el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones me informe acerca de los estudios que ha realizado el ministerio sobre la eventual construcción de la costanera sur en el sector que va desde San Pedro de la Paz, desde el puente viejo, hasta el camino a Coronel, es decir, Lagunillas .
Considero que los hombres públicos debemos tener una visión a diez años plazo, pero también debemos mirar hacia mañana. A mi juicio, desde el momento en que se inicien seriamente los estudios para la construcción de la costanera sur, se estará ayudando a las futuras generaciones para que tengan un mejor pasar, una mejor vida y, obviamente, mayor comodidad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objetivo, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 13.22 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Mora, Rojas, Krauss, Pérez, don Aníbal; Prokurica, Bustos, Jarpa, Ávila, Barrueto y diputada señora Pollarolo, doña Fanny.
Modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con el objeto de facilitar la forma de requerir la cesación en el cargo del alcalde cuando se falte a la probidad administrativa. (boletín Nº 2483-06)
“Que cada día resulta más necesario establecer diversos controles a la actividad de las autoridades que permitan a la ciudadanía ejercer un control de la probidad y rectitud de sus actos. Que la ley Nº 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la administración del Estado, ha incorporado una serie de mecanismos que tienden a hacer más transparente la acción de las autoridades y funcionarios públicos, facilitando el acceso a la información y al control de la gestión. Que tales mecanismos resultan inocuos si no se consideran procedimientos de reclamación expeditos, de fácil utilización por los ciudadanos, pero que aseguren, al mismo tiempo, un ejercicio responsable y representativo de la comunidad. Que los principios de probidad que inspiran la labor de las autoridades públicas requieren de procedimientos ágiles, de modo tal que las transgresiones a tales mandatos puedan ser perseguidos con idéntica celeridad salvaguardando siempre el interés público. Que lo anterior resulta particularmente sensible en comunas pequeñas o en aquéllas en que la minoría no alcanza los mínimos que la ley establece para poner en acción los procedimientos de reclamación vigentes, generando un clima de impunidad en la acción de ciertas autoridades que no se compadece con nuestro sistema democrático. Por otra parte, es necesario dotar a las entidades fiscalizadoras, particularmente al organismo contralor, de las facultades legales necesarias para hacer efectiva la responsabilidad de las autoridades locales por faltas a la probidad cuando tales hechos aparezcan durante las investigaciones que realiza dicha entidad en el ejercicio de sus facultades legales. Que si bien, la corrupción en la política en nuestro país no se encuentra generalizada ni es práctica común de las autoridades públicas, no podemos confiarnos en que tal lacra no pueda extenderse, por ello resulta indispensable aumentar cada día los mecanismos de control y fiscalización adecuados, aumentar la calidad y eficiencias de los órganos fiscalizadores de la administración local y favorecer y flanquear a todos los ciudadanos, ya sea directamente o a través de sus representantes, de las herramientas jurídicas que permitan recurrir ante los tribunales que fija la ley para pedir la remoción de aquellas autoridades que contravengan gravemente las normas de probidad administrativa que inspira sus deberes. Por lo anteriormente expuesto, los diputados firmantes sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 53 de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 662, de 1992, del Ministerio del Interior:
a) Reemplázase en el inciso cuarto, la expresión “a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio” por “un concejal o diputado en ejercicio.
b) Agrégase el siguiente inciso quinto nuevo, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser sexto y séptimo: “En casos graves y que la denuncia se funde en instrumentos públicos o en que la infracción pueda importar la perpetración de un delito y si así lo solicite el requirente, el tribunal electoral regional podrá decretar la suspensión de funciones temporal del alcalde como medida preventiva”.
c) Incorpórase el siguiente inciso final, nuevo: “También cesará el alcalde por resolución del Contralor General de la República fundada en sentencia recaída en una investigación que realice dicho organismo conforme a las facultades que le confiere su ley orgánica. Dicha resolución será apelable ante la Corte de Apelaciones que comprenda, dentro de su territorio jurisdiccional, la comuna del alcalde cesado en funciones”.
Artículo 2º.- Agréganse los siguientes incisos, nuevos, en el artículo 139º del decreto Nº 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 10.336, Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República: “Corresponderá también a la Contraloría General de la República investigar las denuncias por falta a la probidad administrativa que cometan los alcaldes en el ejercicio de sus funciones. El sumario respectivo se sustanciará conforme a las reglas de este título, pudiendo aplicar, en su caso, la medida de suspensión a que se refiere el artículo 133. En todo caso, la medida de suspensión de un alcalde sólo podrá ser decretada por el Contralor General. Cuando de la investigación se concluya la existencia de hechos graves relativos a la falta de probidad administrativa o en que se vea lesionado el patrimonio fiscal y en que resulte responsabilidad del alcalde, el Contralor General de la República podrá decretar la cesación en el cargo de dicho funcionario. Esta resolución será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva”.
Moción de los diputados señores Ulloa, Bartolucci, García, don René Manuel; Velasco, Valenzuela, Van Rysselberghe, Rocha, Pareto, Leal y Tuma.
Prorroga plazos para la exigibilidad de requisitos en la obtención de licencias de conducir a conductores profesionales. (boletín Nº 2484-15)
1. Que la ley Nº 18.290, actual ley de Tránsito, estableció en su artículo 13, los requisitos necesarios para obtener las distintas clases de licencias de conducir que contempla la normativa.
2. Que los requisitos establecidos apuntan a lograr un mayor grado de profesionalización entre quienes postulen a alguna de las licencias, todo ello habida consideración del alto índice estadístico que registra el país en materia de accidentes del tránsito.
3. Que tratándose de licencias profesionales, se contemplan, entre otros requisitos, el haber aprobado los cursos teórico y práctico que impartan las escuelas de conductores profesionales debidamente reconocidas por el Estado y el acreditar tratándose de la Clase A-3, el haber estado en posesión durante a lo menos dos años, de la licencia Clase A-2 o Clase A-1. A su vez, para la obtención de la Clase A-5, los postulantes deberán acreditar el haber estado en posesión, durante a lo menos dos años, de la licencia Clase A-4.
4. Que por ley Nº 19.495, de 1997, se estableció que la Administración, mediante Decreto Supremo, fijaría la fecha de entrada en vigencia de los requisitos, contemplados por ley de Tránsito, ley Nº 18.290, para la obtención de licencias de conducir, correspondientes a clases profesionales, señalando a este respecto, que la fecha de entrada en vigencia de los referidos requisitos, no podría ser posterior a dos años, contados desde la publicación de la citada ley Nº 19.495.
5. Que el Ejecutivo, mediante DS Nº 15/99, facultó a los directores de los Departamentos de Tránsito y de Transporte Público de las Municipalidades, para otorgar licencias de conducir, por el plazo de un año, sin la aprobación del curso teórico y práctico en una Escuela de conductores profesionales. Este plazo, se contaría a partir del reconocimiento oficial de una escuela de conductor profesional en la respectiva región.
6. Que mediante DS Nº 25/2000, se facultó a los directores de los Departamentos de Tránsito y Transporte Público de las Municipalidades, para otorgar por única vez una prórroga especial a las licencias de conducir obtenidas al amparo del DS 15/99. Para acceder a este beneficio, el postulante debería presentar su solicitud, individualizando la escuela de conductores donde se encontraba matriculado.
7. Que la aplicación irrestricta de los cuerpos normativos precedentemente citados, genera, en la práctica, los siguientes problemas: a) Respecto de ciertas clases de licencias profesionales, contempladas por el artículo 13 de la ley Nº 18.290, resultará imposible acreditar la antigüedad de dos años exigida por la norma, toda vez que estas licencias sólo empezarían a otorgarse a contar del mes de marzo del año 2000. b) Que a la fecha, no existe el número de escuelas de conductores necesarios, para absorber la demanda derivada de la aplicación de la ley Nº 18.290, no obstante haberse renovado la prórroga de un año, por el DS 25/2000. Este plazo de prórroga, aún resulta insuficiente si se considera el volumen de conductores que deberían realizar los referidos cursos.
8. Que la situación descrita, ha generado un grave problema práctico, privando del derecho al trabajo a quienes, sin ninguna responsabilidad, se verán imposibilitados de cumplir con los requisitos legales para tal efecto. Por las consideraciones y motivos expuestos, es que los diputados firmantes, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley: Artículo 1: Se prorroga por el plazo de tres años, la exigibilidad de los requisitos previstos para el otorgamiento de licencias profesionales, por el artículo 13, Nºs 4 y 5 de la ley Nº 18.290.
Artículo 2: Se entenderá cumplido el requisito de antigüedad de dos años, exigido para el otorgamiento de licencias profesionales, por el artículo 13, Nº 5 de la ley Nº 18.290, respecto de quienes hubieren obtenido licencias clase A-1 y A-2 en el período comprendido entre el 8 de marzo de 1997 y el 8 de marzo de 2000, para los efectos de obtener licencias clase A-3 y A-5.
Artículo 3: Elimínase del artículo 12 en la letra f la palabra “especial”.”.