Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ivan Moreira Barros
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y DEL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO CIVIL. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Mariana Aylwin Oyarzun
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- FOMENTO A LA ASTRONOMÍA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- ZONA DE CATÁSTROFE POR SEQUÍA PROLONGADA EN TERCERA Y CUARTA REGIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Eugenio Munizaga Rodriguez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Arturo Longton Guerrero
- Maria Isabel Allende Bussi
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Armando Arancibia Calderon
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Mario Hamuy Berr
- Hosain Sabag Castillo
- Edmundo Villouta Concha
- Sergio Ojeda Uribe
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Harry Jurgensen Caesar
- Ramon Segundo Perez Opazo
- Juan Enrique Taladriz Garcia
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Ivan Moreira Barros
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Francisco Renan Fuentealba Vildosola
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PREOCUPACIÓN DE LA CÁMARA POR HECHOS DE VIOLENCIA EN ZONAS DE GAZA Y CISJORDANIA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Eugenio Tuma Zedan
- Jose Makluf Campos
- Hector Zambrano Opazo
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Mario Hamuy Berr
- Felipe Letelier Norambuena
- Jose Antonio Viera Gallo Quesney
- Luis Valentin Ferrada Valenzuela
- Cristian Antonio Leay Moran
- Jose Luis Gonzalez Rodriguez
- Edmundo Villouta Concha
- Alejandro Navarro Brain
- Ivan Moreira Barros
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alfonso Vargas Lyng
- Hosain Sabag Castillo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Sergio Ojeda Uribe
- Vicente Karelovic Vrandecic
- Samuel Venegas Rubio
- Baldo Prokurica Prokurica
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Makluf Campos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ZONA DE CATÁSTROFE POR SEQUÍA PROLONGADA EN TERCERA Y CUARTA REGIONES.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y DEL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO CIVIL. Primer trámite constitucional.
- VIII. INCIDENTES
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO EN VALLE DE COPIAPÓ. Oficios.
- ADHESION
- Valentin Solis Cabezas
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Rosauro Martinez Labbe
- Francisco Bartolucci Johnston
- Sergio Correa De La Cerda
- ADHESION
- UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CALBUCO, COCHAMÓ, MAULLÍN Y PUERTO MONTT. Oficios.
- SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALBUCO, COCHAMÓ, MAULLÍN Y PUERTO MONTT. Oficios.
- SITUACIÓN SALARIAL Y ESTRUCTURAL DEL SECTOR MUNICIPAL. Oficios.
- AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CHACALLUTA, DE ARICA. Oficio.
- OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A AFECTADOS POR SEQUÍA EN PROVINCIA DE CURICÓ. Oficios.
- MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
- CONDUCTA DE DIRIGENTES DEL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA. Oficio.
- HOMENAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EN SU 446º ANIVERSARIO. Oficios.
- MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- PRIORIDADES SOCIALES DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO EN ACCIONES DE GOBIERNO. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO EN VALLE DE COPIAPÓ. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Guido Girardi Lavin
- Victor Barrueto
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Arturo Longton Guerrero
- Felipe Letelier Norambuena
- Exequiel Silva Ortiz
- Armando Arancibia Calderon
- Mariana Aylwin Oyarzun
- Martita Elvira Worner Tapia
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 334ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 4ª, en jueves 3 de octubre de 1996
(Ordinaria, de 10.40 a 13.45 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime, y Huenchumilla Jaramillo, don Francisco.
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Gajardo Chacón, don Rubén
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 6
III. Actas 6
IV. Cuenta 6
V. Fácil Despacho.
Acuerdo entre los Gobiernos de Chile y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional 6
VI. Orden del Día.
- Modificación de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Primer trámite constitucional 8
- Fomento a la astronomía. Primer trámite constitucional 22
VII. Proyectos de acuerdo.
- Zona de catástrofe por sequía prolongada en Tercera y Cuarta Regiones 28
- Preocupación de la Cámara por hechos de violencia en zonas de Gaza y Cisjordania 31
VIII. Incidentes.
- Construcción de obras de riego en valle de Copiapó. Oficios 33
- Utilización de infraestructura deportiva en Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt. Oficios 34
- Sistema de distribución y abastecimiento de agua potable en Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt. Oficios 35
- Situación salarial y estructural del sector municipal. Oficios 35
- Ampliación del aeropuerto de Chacalluta. Oficio. 36
- Otorgamiento de créditos a afectados por sequía en provincia de Curicó. Oficios 37
- Medidas en favor del desarrollo de Arica y Parinacota. Oficio 37
- Conducta de dirigentes del Partido por la Democracia. Oficio 38
- Homenaje a la ciudad de Concepción en su 446º aniversario. Oficios 39
- Medidas para paliar cesantía en la Séptima Región. Oficio. 41
- Prioridades sociales del Partido Demócrata Cristiano en acciones de Gobierno. Oficios 42
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias producidas en la tramitación del proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.094, de 1975, relativo a refugiados (boletín Nº 1100-06). 44
2. Moción de los Diputados señores Girardi, Barrueto, Ascencio, Longton, Letelier (don Felipe), Silva, Arancibia, Diputadas señoras Aylwin y Wörner, y Diputada señorita Saa, que dispone una reforma constitucional para derogar la censura previa de la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica (boletín Nº 1924-07). 44
3. Oficio del Tribunal Constitucional, por el cual remite la resolución dictada en el requerimiento de inconstitucionalidad formulado al artículo 6º del proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas (boletín Nº 1374-05). 45
X. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del Jefe de la Bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que, a contar del 1 de octubre en curso, el Diputado señor Bombal deja de integrar la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana siendo reemplazado en forma permanente por el Diputado señor Moreira.
2. Oficios:
-De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el cual comunica que acordó autorizar la participación de algunos señores Diputados para que asistan, en su representación, a las Comisiones de Derechos Humanos, de Salud y de Asuntos Culturales que se realizarán en Montevideo como, asimismo, a las Comisiones de Salud, de Deuda Social, de la Mujer, Asuntos Culturales y de Defensa del Usuario, que tendrán lugar en La Habana los días 18, 19 y 20 del mes en curso.
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamenarios e Integración Latinoamericana, por el cual reitera el llamado para que los señores Diputados que lo deseen puedan integrarse al Grupo Interparlamentario Chileno-Panameño.
Ministerio de Justicia.
-Del Diputado señor Soria, menores atendidos por Gendarmería de Chile.
Ministerio de Defensa Nacional.
-Del Diputado señor Caminondo, inconveniencia para reinstalar ex retén Pullinque, comuna de Panguipulli.
Municipalidad de Temuco.
-Del Diputado señor Huenchumilla, adquisición de terreno al INP ubicado en la Población Manuel Rodríguez, comuna de Temuco.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (70)
Acuña Cisternas, Mario
Alvarado Andrade, Claudio
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
Arancibia Calderón, Armando
Ávila Contreras, Nelson
Aylwin Azócar, Andrés
Aylwin Oyarzún, Mariana
Bartolucci Johnston, Francisco
Caminondo Sáez, Carlos
Cantero Ojeda, Carlos
Ceroni Fuentes, Guillermo
Correa De la Cerda, Sergio
Cristi Marfil, María Angélica
Chadwick Piñera, Andrés
Dupré Silva, Carlos
Elgueta Barrientos, Sergio
Elizalde Hevia, Ramón
Encina Moriamez, Francisco
Estévez Valencia, Jaime
Fuentealba Vildósola, Renán
Gajardo Chacón, Rubén
Galilea Vidaurre, José Antonio
García García, René Manuel
García Ruminot, José
Girardi Lavín, Guido
Gutiérrez Román, Homero
Hamuy Berr, Mario
Huenchumilla Jaramillo, Francisco
Jürgensen Caesar, Harry
Karelovic Vrandecic, Vicente
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
León Ramírez, Roberto
Longton Guerrero, Arturo
Makluf Campos, José
Martínez Labbé, Rosauro
Martínez Ocamica, Gutenberg
Matthei Fornet, Evelyn
Morales Morales, Sergio
Moreira Barros, Iván
Muñoz Aburto, Pedro
Naranjo Ortiz, Jaime
Ojeda Uribe, Sergio
Orpis Bouchón, Jaime
Ortiz Novoa, José Miguel
Palma Irarrázaval, Joaquín
Paya Mira, Darío
Pérez Opazo, Ramón
Prokurica Prokurica, Baldo
Rebolledo Leyton, Romy
Reyes Alvarado, Víctor
Rocha Manrique, Jaime
Saa Díaz, María Antonieta
Sabag Castillo, Hosain
Seguel Molina, Rodolfo
Silva Ortiz, Exequiel
Solís Cabezas, Valentín
Sota Barros, Vicente
Taladriz García, Juan Enrique
Tohá González, Isidoro
Tuma Zedan, Eugenio
Urrutia Ávila, Raúl
Urrutia Cárdenas, Salvador
Valcarce Medina, Carlos
Valenzuela Herrera, Felipe
Venegas Rubio, Samuel
Vilches Guzmán, Carlos
Villegas González, Erick
Villouta Concha, Edmundo
Walker Prieto, Ignacio
Zambrano Opazo, Héctor
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Osvaldo Vega.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
El acta de la sesión 36ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 1ª, de la actual legislatura, se encuentra a disposición de los señores Diputados.
IV. CUENTA
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. FÁCIL DESPACHO
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíproca de inversiones y su protocolo.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Fuentealba.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 1911-10, sesión 30ª, en 28 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 1ª, en 1 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 9.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional titulado “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíproca de inversiones”, sometido a la consideración de la Honorable Corporación, en primer trámite constitucional, sin urgencia.
Como se ha señalado en oportunidades anteriores, Chile ha convenido hasta la fecha una gran cantidad de tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones con otros países, instrumentos que son complementarios a la apertura comercial que Chile inició desde hace algunos años. Dichos tratados han sido celebrados con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, y muchos de ellos ya han sido aprobados por el Congreso Nacional y se encuentran vigentes en el orden interno. Todos ellos han sido suscritos con el interés de mantener y acrecentar los flujos de capitales foráneos, como un necesario aporte a las políticas de desarrollo que impulsa el actual Gobierno.
En esta oportunidad, Su Excelencia el Presidente de la República somete a consideración de la Cámara el convenio celebrado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 8 de enero de 1996, durante la visita oficial que realizara a nuestro país el Ministro de Hacienda del Reino Unido . Este instrumento, del mismo modo que otros anteriores, importa el compromiso de estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, todo ello en conformidad a lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales.
En una entrevista que sostuvimos con el Subsecretario para asuntos latinoamericanos, africanos y asiáticos del Foreign Office del Reino Unido, durante su reciente visita, nos manifestó el interés de su Gobierno en que se aprobara a la mayor brevedad este Convenio suscrito con la República de Chile, en virtud de que el mismo ya había sido aprobado por el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El propósito de este instrumento es común con el de todos los tratados de su tipo, esto es, fijar un marco jurídico bilateral que regule los derechos y obligaciones del Estado receptor de las inversiones y los de los inversionistas extranjeros, compatibilizando sus legítimos intereses y favoreciendo, de ese modo, la transferencia y la movilidad internacionales de capitales. Dicho de otro modo, este acuerdo bilateral, cuyo contenido normativo paso a reseñar, regula el flujo de capitales que nuestro país intercambia con los importantes mercados de la economía internacional.
Las materias reguladas por el acuerdo son las siguientes:
1. Promover, en su respectivo territorio nacional, las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación; protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, ampliación, liquidación, venta o cualquiera otra forma de enajenación, mediante medidas injustificadas o discriminatorias.
2. Garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no discriminatorio, justo y equitativo, no menos favorable que aquél otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado.
3. Garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de las sumas relacionadas con la inversión, principalmente del capital y de las sumas adicionales para el mantenimiento o la ampliación de la inversión y de las necesarias para el servicio y reembolso de los préstamos relacionados con una inversión.
4. No adoptar medidas que priven directa o indirectamente de su inversión al inversionista, a menos que se funden en causa de utilidad pública o interés nacional; que no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor de mercado de la inversión afectada y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
5. Indemnizar al inversionista por las pérdidas que experimente por riesgos no comerciales, entendiéndose por tales los producidos a causa de una guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, rebelión, insurrección o disturbios.
6. Reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
7. Resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de este acuerdo por la vía diplomática o arbitraje internacional, organizado en la forma en que reglamenta el acuerdo, en términos análogos a los empleados en todos los convenios de su tipo.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recomienda suscribir y aprobar el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales que no se estima necesario detallar, ya que se salvan en el texto sustitutivo siguiente:
“Artículo único.- Apruébanse el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la promoción y protección recíproca de inversiones” y su Protocolo, suscritos en Santiago el 8 de enero de 1996, y las notas que complementan dicho Protocolo, de fechas 8 de febrero y 15 de marzo de 1996.”
Este acuerdo no contiene normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda o aprobadas con quórum especiales.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en los mismos términos recomendados por el Diputado informante.
Aprobado.
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y DEL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO CIVIL. Primer trámite constitucional.
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.
Diputada informante de la Comisión de Familia es la señora María Angélica Cristi.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 1402-18, sesión 5ª, en 11 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 9.
-Informe de la Comisión de Familia, sesión 30ª, en 28 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada informante.
La señora CRISTI .-
Señor Presidente , me corresponde informar a la Sala sobre el proyecto que modifica la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.
La iniciativa tuvo su origen en una moción de quien habla y fue copatrocinada por las Diputadas señoras Isabel Allende , Mariana Aylwin , Marina Prochelle , Martita Wörner y el Diputado señor Elizalde .
Durante el análisis del proyecto, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: señora María Angélica Detaille , jueza del Primer Juzgado de Menores de Valparaíso ; señor Jorge Abbott , Director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso ; señora Marcela Le Roi , abogada visitadora de dicha institución; señora Consuelo Gazmuri , jefa de la División Judicial del Ministerio de Justicia, quien asistió a toda la tramitación de la iniciativa; señora Amira Esquivel , asesora de esa Secretaría de Estado; señor Felipe de la Fuente, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso; señora Clara Salgado , abogada asesora del Director de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana ; señora Erika Vargas , abogada jefe del consultorio de la comuna Pedro Aguirre Cerda de dicha Corporación; señor Gonzalo Tello , abogado asesor del mismo; señora Ximena Tudela , jefa del Programa de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia en la comuna de Peñalolén, y señor Luis Claro Lagarrigue , Presidente de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia .
Entre los antecedentes generales, es importante destacar que la normativa que regula el derecho de alimentos y su consecuente prestación se encuentra establecida en los siguientes cuerpos legales: en el Libro Primero, Título XVIII, que trata “De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas”, artículos 321 y siguientes del Código Civil; en la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y en la ley Nº 16.618, que determina el procedimiento aplicable en el caso de que los peticionarios sean menores.
Los fundamentos de la iniciativa son la obligación de prestar alimentos y el derecho a solicitarlos. Se vinculan de preferencia con el orden familiar y el parentesco, siendo precisamente la familia el lugar donde la exigencia de subvenir a las necesidades ajenas adquiere su mayor relieve y real urgencia.
Se ha detectado, en la realidad, que este derecho es muy difícil de concretar y que nuestra actual legislación carece de una serie de mecanismos que lo agilicen para que mayor cantidad de alimentarios accedan a este beneficio, especialmente la mujer, los niños y los ancianos.
Esta obligación no busca imponer cargas patrimoniales. Su objetivo es la defensa de la seguridad del grupo familiar, especialmente de sus miembros más débiles.
La actual legislación que reglamenta los derechos y obligaciones de alimentos faculta al juez competente para regular las pensiones alimenticias, considerando para ello las posibilidades económicas del alimentante y sus circunstancias domésticas. Asimismo, la normativa limita dicha facultad, estableciendo un monto máximo para las pensiones, que no puede exceder el 50 por ciento de las rentas del deudor.
Sin embargo, el monto mínimo de la pensión sólo está regulado de modo indirecto al establecerse una presunción de renta en el caso de que el peticionario sea menor y solicite alimentos de su padre o madre legítimos, naturales, ilegítimos o adoptivos.
Al respecto, es necesario destacar que en los estratos socioeconómicos de menores recursos es donde con mayor frecuencia se producen los litigios en que se fijan las pensiones mínimas, que no permiten ni siquiera sustentar la vida. Ello se debe a que sus estructuras socioeconómicas, en la práctica, hacen muy difícil comprobar la renta de los alimentantes, lo que determina que los tribunales deban recurrir con frecuencia a la presunción señalada, asunto ya complejo, debido a las innumerables variables laborales que se dan en el desenvolvimiento de la economía informal. Es muy simple y sencillo para una persona declararse cesante o pertenecer a la economía informal y manifestar que no puede pagar pensión de alimentos a su familia, a sus hijos o a quien lo solicite. De hecho, sabemos que el 24 por ciento de los trabajadores del país pertenecen a la economía informal.
Es así como vemos que es en este sector donde existe la mayor evasión de pago de pensiones de alimentos. De hecho, los jueces de Valparaíso informaron que a muchas personas se les fijan pensiones alimenticias de 5 mil pesos, porque no cuentan con antecedentes de mayor ingreso del alimentante.
El proyecto inicial, que la Comisión de la Familia acogió en primera instancia, establece un monto mínimo para la pensión de alimentos, el que sólo podrá ser rebajado justificadamente, previo informe social, cuando el alimentante realmente no pueda pagar este monto, porque puede declararse cesante y pertenecer, sin embargo, a la economía informal.
Por lo tanto, y con el objeto de asegurar a los menores de escasos recursos la posibilidad de sobrevivir en forma digna, se estima necesario y urgente modificar la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, a fin de que, en casos extremos, ello no resulte imposible.
La idea matriz del proyecto se orienta a introducir en la legislación vigente las reformas normativas que permitan maximizar la eficiencia de los mecanismos legales y judiciales establecidos, para obtener el efectivo y oportuno pago de los alimentos que por ley se deben a determinadas personas.
Con tal propósito, el proyecto propone modificar el artículo 3º de la ley Nº 14.908, para disponer el monto mínimo del que ya hablamos.
Por otra parte, la Comisión de Familia, por unanimidad, acordó incorporar también a la discusión de este proyecto, por coincidir con su idea matriz, una serie de iniciativas presentadas por varios Diputados y que constan en diversos boletines.
Quiero destacar la buena voluntad de la Comisión de Familia para hacer que este proyecto, que se inició básicamente en una modificación, sea bastante completo y apunte a resolver el grave problema que hay por evasión de pago de pensiones alimenticias que, además, es una situación muy traumática para aquellas personas que han tenido una ruptura familiar, para las tantas madres solteras del país y para las mujeres que están solas con sus hijos.
Además de esta situación, se producen los problemas relacionados con la tuición de los hijos y el drama que, de por sí, significa la separación.
Asistentes sociales de las asesorías judiciales nos informaron que, aproximadamente, el 75 por ciento de las solicitudes de atención en los servicios de asistencia judicial se refieren a pensión de alimentos. De hecho, en los juzgados de menores las demandas sobre la materia representan una de las mayores cantidades de causas.
Por lo tanto, todo lo que podamos hacer por simplificar y hacer una realidad el pago de alimentos, especialmente a los niños y a las mujeres solas, es tremendamente urgente.
Por otra parte, quiero mencionar las principales propuestas que hicimos al proyecto original. La Comisión, al estudiar las mociones presentadas, rechazó todas las otras propuestas; por ejemplo, la que tipificaba como delito la evasión del pago de pensión alimenticia y la que, para evitar la evasión, planteaba consignar, en el certificado de antecedentes, el hecho de ser alimentante. Sólo se acogió la que discutiremos ahora.
Se agregan los siguientes criterios generales:
1. Facultar al juez de menores para dictar arraigo en contra del alimentante incumplidor;
2. Fijar un monto mínimo para la pensión alimenticia;
3. En casos excepcionales, eliminar el tope máximo de la pensión;
4. Otorgar mérito ejecutivo a las transacciones extrajudiciales que se suscriban en presencia de los abogados jefes de las corporaciones de asistencia de la familia y de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia;
5. Facultar al juez para dejar sin efecto las transacciones extrajudiciales celebradas en perjuicio manifiesto del derecho de otros alimentarios;
6. Modificar la forma de las notificaciones en las causas de alimentos, asimilándola a la establecida en los Códigos de Procedimiento Civil y del Trabajo;
7. Hacer imperativa la fijación de alimentos provisorios con el solo mérito de la demanda, si existen los fundamentos para ello;
8. Valorar los informes sociales emitidos por las asistentes judiciales de las municipalidades, de las corporaciones de asistencia judicial y de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia;
9. Sancionar a quienes reiteradamente pagan las pensiones sólo cuando se les dicta orden de arresto;
10. Unificar el procedimiento para la tramitación de las causas de alimentos en que sea parte o tenga interés un menor, conjuntamente con personas adultas, radicándolas en los juzgados de menores y sometiéndolas a las reglas del juicio sumario;
11. Establecer la reajustabilidad de las pensiones alimenticias fijadas en una suma determinada de dinero en base al alza del Índice de Precios al Consumidor.
12. Destinar a las corporaciones de asistencia judicial y a la Fundación de Asistencia Legal de la Familia, como beneficiarias, las multas aplicadas al empleador encargado de retener del sueldo del alimentante el monto de la pensión alimenticia para entregarla directamente al alimentario, cuando no cumpla con dicha obligación.
Como dije, el proyecto tiene como objetivo hacer que todo esto sea más ágil y de más rápida tramitación.
Las principales modificaciones introducidas al texto legal vigente son las siguientes:
Aplica a todas las causas sobre alimentos, sin excepción, las reglas del juicio sumario, atendida su mayor agilidad y brevedad, y el sistema de notificación de la Ley de Menores, que permite ejercer esa función a mayor número de funcionarios. Esto se establece en el artículo 1°, que también da valor de presunción legal a los informes sociales de la Corporación de Asistencia Judicial y de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia.
El artículo 2° hace extensivo a todo el grupo familiar del alimentante la competencia en un solo juzgado, que será el de Menores, para evitar distintos juicios en diversos tribunales, que produce una verdadera complicación en las causas, que nunca terminan.
En el artículo 3° se fija en un monto de 40 por ciento del ingreso mínimo, esto es alrededor de 26 mil pesos, como la suma mínima de una pensión, y se invierte el peso de la prueba al exigir que será el demandado el que deberá probar que no posee ingresos suficientes.
En los incisos nuevos que se agregan en el artículo 6° se establece lo relacionado con la posibilidad de fijar alimentos provisorios.
En la modificación que se introduce al artículo 7° se otorga mérito ejecutivo a los avenimientos celebrados en la Corporación de Asistencia Judicial y en la Fundación de Asistencia Legal de la Familia, evitando los juicios permanentes.
En los incisos que se reemplazan en el artículo 10, se permite al juez, por resolución fundada, fijar una pensión que exceda el 50 por ciento de los ingresos del alimentante. Al respecto, se planteó una indicación del Diputado señor Elgueta , que fue un gran colaborador en el análisis del proyecto, y de la presidenta de la Comisión, Diputada señora Mariana Aylwin , para que esta situación se acoja en casos absolutamente excepcionales.
Posteriormente, en el artículo 12, el juez, si hay motivos fundados para temer que el alimentante se ausente del país, puede dictar orden de arraigo en su contra mientras no rinda la caución ordenada.
Una situación nueva y bastante expresiva del ánimo de la Comisión para que se produzca el verdadero cumplimiento en el pago de la pensión alimenticia, se agregó a las sanciones de arraigo, esto es, las indemnizaciones en caso que la persona del alimentante evada permanentemente esta responsabilidad.
Además de las indemnizaciones establecidas en el artículo 15, que se reemplaza, el nuevo artículo 19 agrega la pérdida de la administración ordinaria de la sociedad conyugal; pérdida de la patria potestad; pérdida del derecho de autorizar o negar la autorización a un menor para salir fuera del país; el desheredamiento e indignidad para suceder; decretar la separación de bienes de los cónyuges y la pérdida del derecho a solicitar pensión de los alimentos en el futuro.
Este precepto fue de mucha discusión y, a la larga, la Comisión determinó que si efectivamente uno de los cónyuges, en este caso la madre, está ganando un sueldo, administrando sus bienes, cuidando de sus hijos y adquiriendo bienes, y la persona que debiera estar ayudando no lo hace, tampoco es meritoria de compartir los bienes que el cónyuge ha obtenido.
Quiero destacar el planteamiento que en este punto hizo la Diputada señorita Saa , cuando nos referimos a la indignidad para suceder y al desheredamiento de quien no cumple con el pago de la pensión alimenticia -lo que nos parecía realmente drástico-, en el sentido de que no sería justo que, por ejemplo, en el caso de una mujer muy esforzada, sola, con sus hijos, sin una pensión de alimentos, que adquiere bienes, como su vivienda, se los herede a la persona que ha evadido toda la responsabilidad familiar. Ése fue el argumento convincente que permitió que el nuevo artículo 19 fuera aprobado por unanimidad en la Comisión.
Básicamente, éstas son las principales modificaciones que introduce el proyecto, que esperamos sea acogido con muy buen espíritu por la Cámara.
La iniciativa debe ser revisada especialmente en espera de la creación de los tribunales de familia, que acoge muchos de estos planteamientos en su futura implementación.
Queremos destacar que los incisos segundo y quinto del artículo 1° tienen carácter de ley orgánica constitucional por incidir en materias de competencia de los tribunales de justicia.
El proyecto no contiene normas que incidan en materias presupuestarias financieras del Estado, por lo que no debe ser conocido por la Comisión de Hacienda.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión y esperamos que así lo haga esta Sala.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Mariana Aylwin.
La señora AYLWIN (doña Mariana).-
Señor Presidente , la existencia de varias mociones en esta Cámara de Diputados, algunas presentadas en el período legislativo anterior por la Diputada señora Cristi , los Diputados señores Pizarro , Elgueta , Naranjo y los ex Diputados Bosselin y Eliana Caraball , y por otros en la actual legislatura -una moción de la Diputada señora Cristi y otra de las Diputadas Saa y Rebolledo y del Diputado señor Ceroni -, demuestran que este tema es importante, que afecta a las personas más pobres, especialmente a las mujeres y niños, situación que a diario conocemos en nuestros distritos.
Las cifras de los organismos públicos de asistencia jurídica gratuita son elocuentes al respecto y confirman la percepción que de alguna manera hemos recogido los parlamentarios y que se ha traducido en esas mociones.
En Santiago, en 1995, en el Programa de Asistencia Jurídica, el 69,7 por ciento de las personas que fueron atendidas o que hicieron consultas, eran mujeres. En la Corporación de Asistencia Judicial, el 73,6 por ciento eran mujeres, y la Fundación de Asistencia Legal a la Familia, casi exclusivamente atendió a mujeres. La principal consulta de ellas -mujeres pobres- apuntaba al área de familia y concretamente al tema de pensiones alimenticias.
En 1995, en la Fundación de Asistencia Legal de la Familia, el 69,9 por ciento de las consultas fueron sobre pensiones alimenticias.
Por otra parte, en los juzgados de menores del país -aquí tengo algunas cifras- en 1991 terminaron 49 mil causas, de las cuales 23.700 fueron de alimentos. Ingresaron 68 mil causas, lo cual revela que hubo 20 mil sin terminar. En 1993, hubo 43 mil juicios de alimentos en esos juzgados.
Me referiré a un caso típico de los que conocemos a diario en nuestros distritos, que recogí en la Fundación de Asistencia Legal de la Familia en la Región Metropolitana. Una señora de apellido Campana , con dos hijos legítimos, abandonada por su marido, trabajadora de casa particular, con un sueldo de 70 mil pesos mensuales, concurre a la Fundación de Asistencia Legal de la Familia el 9 de enero de 1995 para ser patrocinada para conseguir pensión alimenticia en favor de sus dos hijos. Hasta el momento -ya ha sido abandonada hace varios meses- no ha recibido nada de su marido.
Después de ser recibida por la asistente social de la Fundación, la atiende un egresado de derecho, que está realizando su práctica. El 14 de febrero es recién atendida; o sea, ya ha pasado más de un mes desde que recibe la primera atención.
El egresado envía una carta al marido donde lo invita a llegar a una transacción por las pensiones alimenticias. La invitación se hace para el 29 de febrero. Ese día el marido no asiste. El 29 de marzo se presenta la demanda de alimentos en el tribunal. Éste fija comparendo para el 16 de mayo. Ese día, la señora Campana , junto al postulante, asisten al comparendo, el que no se realiza por no constar en el expediente que el demandado haya sido notificado personalmente por Carabineros.
El 22 de mayo, la demandante solicita al tribunal que se fije otra fecha para el comparendo, la cual queda para el 3 de julio, día en que tampoco se realiza, porque el informe de Carabineros señala que el marido no vive en el domicilio señalado en la demanda. Según la señora Campana , la dirección del demandado es correcta y está segura de eso, agregando que seguramente lo están negando en la casa.
Desde el momento en que inició sus trámites, ya han pasado siete meses y no se ha avanzado nada.
Nuevamente el tribunal fija como fecha de comparendo el 5 de septiembre, día en que se realiza. El demandado acude y señala que tiene una carga familiar, que trabaja como taxista, que está pagando un vehículo, que no tiene otros bienes y que, por lo tanto, no puede pagar.
Se recibe la causa a prueba y la demandante pide que se oficie al Registro Civil , para que verifique la existencia de otros vehículos inscritos con el nombre del demandado, y también al Servicio de Impuestos Internos, para que informe de sus últimas declaraciones de renta, si es que las hubiera efectuado. Además, el tribunal decretó que su asistente social evacuara un informe de las partes.
Éste es un tema muy importante, pues se obliga a la persona que solicita los alimentos que pruebe que el demandado puede pagar. Esta situación se viene modificando, lo que constituye uno de los cambios más trascendentes del proyecto.
Las instituciones mencionadas responden en dos meses, acreditándose que el marido de la señora tenía una renta de 180 mil pesos. El informe social se demora tres meses en evacuarse, siendo favorable para la patrocinada.
En enero del año siguiente se pide que el tribunal dicte sentencia. Finalmente, el 28 de febrero se dicta, condenando al demandado al pago de 80 mil pesos mensuales, suma que no es frecuente, ya que, según nos decían las personas consultadas, la experiencia demuestra que en la gran parte de los casos se fijan montos menores de 30 mil pesos, siendo lo más frecuente que sean entre 5 y 10 mil pesos.
En el transcurso de la discusión, a pesar de que el proyecto era muy acotado, encontramos que los principales problemas eran los siguientes:
Primero, la lentitud de la tramitación, evidenciada en el ejemplo que he dado.
Segundo, que los requisitos procesales eran inadecuados, especialmente el hecho que el que solicita la pensión tiene que probar que el otro puede pagar y no que el demandado pruebe que no puede hacerlo, que es lo que nos parece más justo.
Tercero, la dificultad en las notificaciones.
Cuarto, la evasión de los pagos, y
Quinto, la situación de dispersión de las causas, ya que, como señalaba la Diputada informante , si entre los hijos para los cuales se solicita la pensión alimenticia hay menores y mayores, hay que llevar un juicio en el tribunal de menores y otro en los tribunales civiles.
Otro tema que tuvimos en cuenta, pero que no era directamente atingente al proyecto de régimen de alimento, fue la diferencia de alimentos entre los hijos legítimos y los ilegítimos, por cuanto los primeros tienen derecho a alimentos congruos y los ilegítimos sólo a alimentos necesarios.
Ésos fueron los aspectos que nos parecieron más necesarios de abordar. Allí fijamos estos criterios y trabajamos sobre una indicación sustitutiva que presentó la Diputada señora Cristi , recogiendo los puntos de vista debatidos en la Comisión.
En consecuencia, las principales modificaciones del proyecto son las siguientes:
Primero, la que establece que los juicios sobre alimentos siempre se tramitarán conforme a las reglas del juicio sumario.
Segundo, la que estipula que existiendo fundamento plausible el juez deberá decretar alimentos provisorios.
Tercero, la norma que preceptúa un monto mínimo de la pensión, señalada en el artículo 3º.
Cuarto, el precepto que invierte la carga de la prueba, estableciendo que se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgar los alimentos necesarios y que, en caso de no poder hacerlo, deberá probar lo contrario, y
Quinto, la norma que establece que habiendo un grupo familiar en que hay hijos menores y mayores solicitantes de alimentos, tendrá competencia el juzgado de menores, para evitar que haya dos juicios.
Por otra parte, tengo algunas indicaciones que formular, en base a sugerencias recibidas posteriormente, la mayoría de carácter formal. Me interesa destacar una de redacción formulada al artículo 19.
He recibido comentarios, a mi juicio atendibles, de que no es adecuado establecer las medidas en forma imperativa, sino como facultades del juez.
Entre las medidas señaladas, parece pertinente la suspensión de la administración de la sociedad conyugal, la pérdida del derecho a autorizar la salida del país y la separación de bienes. Pero la orden de arraigo, por ejemplo, ya figura en dos disposiciones del proyecto y parece sin sentido ponerla en el artículo 19, máxime si se considera su naturaleza provisoria. En cuanto al derecho a la libertad personal, se incurriría en el vicio de inconstitucionalidad si fuera afectado en su esencia.
Las medidas de indignidad para suceder y de pérdida del derecho a solicitar pensión de alimentos son excesivamente gravosas en relación con las causales, ya que el actual sistema del derecho civil permite adoptarlas al configurarse la injuria atroz. En ese sentido, habría que modificar el artículo 19 y establecer que el juez podrá solicitar la suspensión de la administración ordinaria de la sociedad conyugal o decretar la pérdida del derecho a autorizar o denegar al menor el permiso para salir del país, y eliminar las otras sanciones.
La Comisión de Familia se esforzó por enfrentar el tema con la mayor profundidad posible. Es evidente que las leyes pueden facilitar algunas cosas, pero no resuelven todos los problemas, como lo podemos apreciar en este caso.
Al respecto, me gustaría hacer dos reflexiones. En primer lugar, el derecho de alimento es muy importante y está vinculado con el derecho a la vida. Una familia requiere, para vivir, de los bienes necesarios que le permitan desarrollarse en condiciones dignas y humanas.
Pero los derechos traen deberes, que corresponden a los padres -padre y madre- respecto de sus hijos. En nuestra cultura -en este caso es muy evidente y lo he dicho en otras oportunidades en esta misma Sala-, existe gran debilidad en la responsabilidad paterna. Nosotros podemos dar signos, pero la ley no resolverá el problema cultural de la irresponsabilidad, en especial de los padres en cuanto a sus hijos. En Chile, gran cantidad de madres solas están a cargo de sus hijos. No son únicamente madres solteras, sino también casadas, con sus matrimonios rotos, que han sido abandonadas.
Es interesante tener en cuenta que en los juicios por alimentos la mayor cantidad de niños involucrados son hijos legítimos. Por ejemplo, en 1991, las causas por alimentos estaban vinculadas con 29.600 hijos legítimos y sólo con 9.500 ilegítimos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos estamos hablando de matrimonios rotos y de mujeres que asumen solas su maternidad, porque han sido abandonadas.
Por ende, esta ley contribuye a dar signos para fortalecer la responsabilidad paterna, pero el tema escapa a nuestras posibilidades, ya que tiene que ver con la educación y con las condiciones que se generan en la sociedad para valorar la paternidad.
El otro tema es el deber del Estado, el cual es evidente en el ámbito de acceso a la justicia, pero ya hay un proceso en marcha, de lo cual nos alegramos. Se requieren más recursos y distintos procedimientos para avanzar hacia un derecho de familia. Es necesario regular en un solo cuerpo legal los efectos de la ruptura matrimonial. En la actualidad, hay juicios por pensiones alimenticias y, al lado, otros por el régimen de visitas.
Es preciso establecer tribunales de familia con procedimientos adecuados para enfrentar los conflictos familiares, es decir, de mediación y conciliación, con equipos técnicos.
En las entrevistas que tuvimos, vimos lo que logran las asistentes sociales en las instancias de mediación. Sin embargo, los tribunales cuentan con pocas de ellas. Obviamente, se lograría mucho más si también hubiera sicólogos, terapeutas y familiares que pudieran apoyar a la familia en la solución de sus conflictos. Se requiere apoyo a la familia en las condiciones de trabajo y redes de personas que la ayuden a enfrentar sus conflictos.
El proyecto de régimen de alimento es un paso pequeño. Esperamos que contribuya a mejorar en algo la vida de miles de mujeres y niños pobres de nuestro país, que son los principales afectados por esta situación.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señorita Saa.
La señorita SAA.-
Señor Presidente, de los antecedentes proporcionados por la Diputada informante y de la intervención de la Diputada Mariana Aylwin queda claro que la demanda de alimento para los hijos es un problema muy frecuente y sentido por las mujeres, y muy ligado a la cotidianeidad, problema que se inscribe en los temas de la pobreza y, particularmente, dentro de los conflictos de la familia, como la ruptura matrimonial.
La legislación vigente estimula la confrontación entre los padres e induce el involucramiento de los hijos en la pugna, situación que debe ser tratada de manera global. Ésta es la primera observación que haría en cuanto a la demanda de alimentos.
Como decía la Diputada señora Aylwin , las causas de alimento, sumadas a las de tuición y visita que existen en los tribunales de menores, llegaron, en 1991, a 33 mil, o sea, un 67 por ciento de las vistas en esos tribunales. En cuanto a las entabladas por hijos legítimos -podemos hablar ahí de problemas claros de ruptura matrimonial-, de las 33 mil causas, 23.786 involucran a esos niños. En consecuencia, estamos ante problemas causados por rupturas matrimoniales y frente a una legislación que acentúa la confrontación entre los padres. Quienes pagan los costos, por supuesto, son los hijos. Por lo tanto, es muy importante legislar sobre las rupturas matrimoniales para evitar las causas ya descritas, la demora en los tribunales para resolverlas y modificar la inadecuada legislación actual.
Estoy muy contenta de formar parte de esa Comisión. Al Diputado señor Chadwick le consta -porque participó en alguna de nuestras discusiones- que cuando hay interés en legislar sobre una materia hay mucha cooperación de los Diputados presentes y un alto espíritu para buscar solución al problema. Esto quiero destacarlo, porque es muy satisfactorio participar en una tramitación legislativa de esta naturaleza.
El proyecto en debate contribuye a la solución de problemas inscritos en la ruptura matrimonial, en las causas culturales profundas de los conflictos familiares y en la ausencia de una paternidad responsable.
Los artículos de esta iniciativa disponen la aceleración de los trámites judiciales e invierten el peso de la prueba, lo cual es muy importante, ya que -aparte de elevarse el monto mínimo de la pensión alimenticia- contribuirá a aliviar las causas. Pero, realmente, se necesitan soluciones más de fondo.
También me quiero referir a la pobreza. La mayoría de las causas que se tramitan en los juzgados de menores corresponden a sectores pobres.
Es cierto que las mujeres, mayoritariamente, han entablado las causas, pero muchas veces -y éste es un problema que se ha estado detectando- en ellas quedan fuera del privilegio de pobreza, porque su familia no corresponde a estos estratos. Sin embargo, tienen dependencia económica y cuando se presentan problemas de rupturas familiares, es muy difícil para una mujer contratar un abogado, porque no tiene ingresos propios para hacerlo.
Personalmente, plantearé esta situación a la Ministra de Justicia , a fin de ver que se las incluya en la atención de los servicios judiciales para los sectores de pobreza. Una vez más, debo decir que hay mujeres que, a pesar de tener dependencia económica, no están consideradas en los sectores de pobreza y no pueden acceder a la justicia en forma igualitaria, porque no tienen recursos propios para afrontar juicios familiares, pues los dineros los manejan los maridos y las causas, muchas veces, son en contra de ellas.
Este proyecto, de origen en una moción, debiera contar con la aprobación unánime de la Sala, y enriquecerse con otras ideas que, indudablemente, contribuirán a solucionar mejor un problema que afecta a tantas familias y niños en su vida cotidiana.
Si no asumimos el asunto de las rupturas matrimoniales en su conjunto y estudiamos una legislación que realmente las regule, seguiremos con los juicios de tuición, de alimento y de visita, aspectos que debieran resolverse en un solo acto judicial.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA .-
Señor Presidente , cuando se recorren las páginas del viejo Código Civil, se observa que, a pesar de contar con cuatro libros, el único de aplicación general es el libro primero, relativo a la ley y a los atributos de las personas. Los otros tres sólo se refieren a un sector de la población, ya que hablan de los bienes, de la propiedad, de la posesión, su uso y goce, sus limitaciones. El libro tercero trata de la sucesión por causa de muerte; el cuarto, dice relación a los actos jurídicos, a los contratos y a las obligaciones.
En consecuencia, en la práctica, sólo el Libro Primero se aplica a todas las personas -así lo enseñaban los viejos profesores de derecho civil-, el cual, justamente, se refiere al derecho de alimentos, no sólo a los menesterosos o de las mujeres, sino, en general, de las personas.
Por eso, nuestro Código Civil dice que se deben alimentos al cónyuge, no a las mujeres, pues puede ocurrir que una mujer patrimonialmente afortunada esté obligada a pagar alimentos a su marido. Por lo tanto, en esto hay un camino de ida y vuelta, y no es un problema exclusivo de las mujeres, como generalmemte se presenta.
Sobre el derecho de alimentos, uno podría extenderse en muchas consideraciones, pero en un horizonte ideal, tendríamos que decir que es una de las áreas en que el Estado debería ser auténticamente subsidiario, de manera que cuando los obligados a pagar alimentos no tuvieren bienes para hacerlo en forma oportuna y de acuerdo con el monto fijado, la colectividad debería asumir, entre tanto, esta obligación.
En otros países, el Estado se encarga de suplir esta carencia y después repite, le cobra al afectado cuando éste recupera su fortuna, sus bienes o accede al trabajo. Por desgracia, eso no existe en Chile, pero sería ideal que así fuera.
Nuestros tribunales, en especial los de menores, ciertos días se encuentran repletos de personas haciendo colas para recibir el cheque correspondiente. Es decir, se transforman en una especie de antigua Caja Nacional de Ahorros o Banco del Estado.
La ley cuya modificación estudiamos es bastante antigua. En general, se refiere exclusivamente a alimentos mayores, o sea, cuando uno de los cónyuges carece de bienes y, en consecuencia, debe ser alimentado por el otro. Por eso, el artículo 1º de la ley Nº 14.908, publicada en el Diario Oficial del 5 de octubre de 1962, señala que este procedimiento será el ordinario, es decir, un juicio de lato conocimiento, pero sin algunos trámites.
Con anterioridad, se dictó la ley de menores, y allí se le introdujeron algunos cambios relacionados con los menores de 21 años, en esa época; ahora, los menores de 18 años.
Esta ley es sustantiva y procesal. Lo que hace el proyecto, desde el punto de vista procesal, es cambiar el procedimiento. En lugar del ordinario se establece el sumario, que es mucho más breve, aun cuando los abogados sabemos que, a veces, por ser tan sumario, se transforma en el más largo de todos.
El artículo 1º establece el procedimiento sumario, pero sin la posibilidad de que se pueda sustituir. De acuerdo con las normas generales del Código de Procedimiento Civil, el juicio sumario se puede transformar en ordinario, pero, en este caso, eso no es así, porque el proyecto indica que no es aplicable lo dispuesto en el artículo 681.
Además, en la sentencia -que es parte importante-, los jueces no tendrán necesidad de llenar todos los requisitos que menciona el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil, porque les quita mucho tiempo. Sólo cumplirán con algunos requisitos, entre ellos, las consideraciones de hecho y de derecho, las citas de las leyes o los principios de equidad para fundar el fallo y, por último, la decisión del asunto controvertido. Sólo estos tres requisitos deberá cumplir la sentencia dictada en un juicio de alimentos. De manera que hay una doble modificación que, sin duda, beneficia a las partes litigantes ante el tribunal.
Otra situación que merece ser comentada se refiere a la prueba que se rinde en estos casos. Es sabido que el juicio de alimentos se basa en establecer si la persona demandada tiene o no los bienes necesarios para cumplir con esta obligación. Por lo general, se allegan pruebas documentales, como liquidaciones de remuneraciones, declaraciones de impuesto a la renta y otros antecedentes.
Además, en los juzgados de menores y en los de mayor cuantía se admiten los informes de las asistentes sociales. En tal sentido, el proyecto señala -lo cual es beneficioso para la celeridad del juicio- que tales informes constituirán una presunción sobre los hechos que se consignan en ellos. En consecuencia, los informes emitidos por las asistentes sociales de las corporaciones de asistencia judicial, de las municipalidades y de la Fundación de Asistencia Legal de la Familia van a constituir un antecedente serio y fundado acerca de los hechos establecidos en ellos. En esos informes se explica la situación socioeconómica de la familia, el lugar en que viven, bienes que poseen, etcétera; de manera que el juez tenga un antecedente fundado y serio para considerarlo como prueba suficiente.
Otra modificación importante consiste en establecer lo que ya, en cierta manera, existe: se presumirá que el alimentante tiene los medios para otorgar los alimentos necesarios. Ésta es una consignación literal de lo actualmente vigente, se funda en que la persona que está más desfavorecida por la fortuna es la que demanda, lo que es un punto de partida a considerar, porque alguien tiene más y otro menos. En consecuencia, se produce una especie de presunción de que el demandado tiene los medios para otorgar los alimentos. Así también se comprueba por el hecho de que si no los paga, el juez puede apremiarlo o aplicar otras medidas.
En la actualidad, la ley distingue entre alimentos necesarios y congruos. Los congruos son los que permiten al alimentario para subsistir modestamente de acuerdo con su posición social; los necesarios son aquellos indispensables para sustentar la vida.
A esta injusta y arbitraria discriminación se pone término en el proyecto de filiación que se encuentra en trámite en el Senado.
Si bien esto era efectivo el siglo pasado, hoy constituye una abierta e injusta discriminación respecto de los hijos, pues todos tienen derecho a alimentos, que incluyan no sólo los medios para su subsistencia, sino para su recreación, educación y de otra índole que los tiempos exigen.
La presunción se refiere a los alimentos necesarios, no a los congruos.
El inciso segundo del artículo 3º que se propone sustituir señala que el monto mínimo de la pensión alimenticia que se decrete en la situación prevista -o sea, respecto de los alimentos necesarios-, no podrá ser inferior al 40 por ciento del ingreso mínimo que se fije para efectos remuneracionales. En la actualidad, alrededor de 24 mil pesos. Aquí hay una innovación respecto de la ley de menores y de la de abandono de familia y pensiones alimenticias.
Este punto fue bastante discutido, porque si hablamos de personas carentes de medios, pobres o menesterosas, nuestro Código Civil, al referirse a la tutela, define lo que es ser pobre. Dice que pobre es aquel que tiene que trabajar para poder sustentarse. Una definición bastante original que, en definitiva, corresponde a un concepto ético de todos los tiempos: El que tiene que trabajar para comer, en verdad es una persona pobre. En cambio, aquel que puede gozar más allá de su trabajo, de otros placeres, disponer de socios, de más tiempo o que no tiene que trabajar para vivir, no es pobre.
Respecto del 40 por ciento del ingreso mínimo, hubo un gran debate en la Comisión. Se discutió si era necesario fijar ese piso y el monto del mismo.
Deberíamos reflexionar con mayor profundidad sobre este punto, porque si estimamos que poco más de medio millón de personas gana el ingreso mínimo -y lo más probable es que muchas de ellas sean deudoras de pensiones alimenticias-, les queda una cantidad absolutamente insuficiente para hacer sus vidas. Concuerdo en fijar un piso mínimo, pero el porcentaje debería rebajarse a 30 ó 25 por ciento.
En el proyecto se fijó un nuevo procedimiento para decretar los alimentos provisorios, que están reglados en la ley que se modifica, en la de menores y en el Código Civil.
El artículo 6º, en forma orgánica -lo que constituirá un beneficio para los litigantes que van a saber dónde buscar y cómo se tramita la petición de alimentos provisorios- establece normas que serán muy útiles y provechosas para el solicitante de alimentos provisorios.
También se introduce una disposición que da carácter de mérito ejecutivo a los avenimientos celebrados en las Corporaciones de Asistencia Judicial y en la Fundación de Asistencia Legal de la Familia que “acuerden una pensión alimenticia, suscritos por las partes y el abogado jefe respectivo, tendrán mérito ejecutivo y será competente para conocer de su ejecución el juez del domicilio del alimentario.”
En esta disposición formularé indicación, a fin de precisar técnicamente la calidad de estos acuerdos.
En nuestro país, de acuerdo con el artículo 2451 del Código Civil, las transacciones sobre alimentos futuros tiene que aprobarlas el juez, y aquí estamos hablando de avenimientos “que acuerden una pensión alimenticia,”. Por tanto, debería decir “...que acuerden la forma de pago de una pensión alimenticia devengada,”, porque sobre ellas y su forma de pago se puede llegar a avenimiento, pero no se pueden acordar pensiones alimenticias futuras, porque se podría incurrir en una serie de fraudes. En consecuencia, debemos concluir que se está refiriendo a las pensiones devengadas y no a las futuras.
También es interesante lo que señala el número 6) del proyecto.
Actualmente el tribunal no puede fijar como monto de la pensión una suma que exceda del 50 por ciento de los ingresos del alimentante; pero el proyecto agrega que, en casos calificados que deberán fundarse debidamente en la sentencia, el juez puede sobrepasar ese monto máximo. En consecuencia, esa decisión queda entregada al criterio del magistrado.
También se modifica la disposición relativa al apremio. En la actualidad, cuando una persona no paga una o más cuotas, el juez lo puede apremiar hasta por 15 días e, incluso, repetir el apremio o aplicar una multa proporcional de acuerdo con el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.
El proyecto propone aumentar el apremio hasta por 30 días. Incluso, en el caso de un segundo apremio, se impone una indemnización bastante precaria, pero que, por lo menos, permite mantener el valor de la pensión alimenticia, ya que agrega a lo adeudado el máximo de interés permitido estipular, como una especie de cláusula penal, que es una indemnización tasada entre la fecha del vencimiento de la cuota y el pago efectivo.
El Nº 9, que sustituye el artículo 15 de la ley, es una disposición que merece un comentario y también mucha discusión: señala que estos apremios se pueden aplicar al que “estando obligado a prestar alimentos a las personas mencionadas en este artículo, renuncie sin causa justificada a su trabajo después de la notificación de la demanda”, presumiéndose que dicha renuncia tiene como origen eludir su obligación alimenticia.
En mi opinión, esta norma es peligrosa, porque la renuncia es un acto voluntario, y es difícil probar que tenga una justificación como la que esta norma permite presumir: no querer pagar la pensión alimenticia adeudada. Además agrega “...y carezca de rentas suficientes para cumplir la obligación alimenticia.” Resulta extraño exigirle a alguien que renuncia, que deja su trabajo premeditadamente, que carezca de rentas suficientes para aplicar el apremio. Si una persona ya no trabaja se puede concluir que no tiene ingresos y, en consecuencia, es lógico que carezca de rentas suficientes para cumplir la obligación alimenticia.
Me parece que esa norma debería volver a ser discutida, a fin de esclarecer su finalidad, justificación o, por lo menos, que su redacción quede en términos que permita interpretar exactamente su auténtico sentido en un conflicto judicial.
Por último, presentaré indicación para suprimir los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 19.
Aquí se sanciona a la persona que hubiere sido apremiada -arresto por 30 días- con una serie de medidas de carácter civil y una penal.
Estoy de acuerdo con la norma sobre arraigo, ya que, por lo demás, es una repetición, pues se contempla en otra disposición de este proyecto; pero, no estoy de acuerdo con las otras. Por ejemplo, con la que señala: “La suspensión o pérdida de la administración ordinaria de la sociedad conyugal, la que pasará ipso jure a la mujer;”, porque establece una sanción exagerada. Lo mismo ocurre con la que dispone: “La pérdida del derecho a autorizar o denegar al menor el permiso para salir del país;” o la que expresa: “El desheredamiento o indignidad para suceder;”, esta última se impone a la persona que comete homicidio en contra de algún pariente, o sea, frente a situaciones atroces.
Por lo tanto, no creo que deba aplicarse a quien haya sido apremiado por pensión alimenticia, ya que esa medida pudo ser consecuencia de una situación transitoria y justificada. También estimo que es un castigo exagerado.
En cuanto a “La pérdida del derecho a solicitar pensión de alimentos a los alimentarios en el futuro,”, la Diputada señorita Saa dio una buena razón en la Comisión, la que se ha repetido aquí. Eso también puede ocurrir en situaciones especiales, pero no se explica cómo habría que ponderarlas, por lo que será difícil hacerlo en un conflicto judicial.
En definitiva, reitero, esa parte habría que volver a discutirla, por lo que he presentado indicación.
Como se desprende de mis palabras, votaré a favor de la idea de legislar, y espero que así lo haga la Cámara.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , los temas de la pobreza y de las pensiones alimenticias están muy ligados. Donde mejor se pueden observar ambas realidades -hoy y siempre- es en las escuelas públicas. Allí se ven las familias en su contexto general y, en particular, aquellas que tienen problemas tanto de constitución como de pensión alimenticia.
Por eso, algunos de los que trabajamos en escuelas públicas y que estudiamos derecho, escogimos realizar un estudio sobre el régimen jurídico del menor, como tesis para obtener nuestro título profesional, y otros hicieron su práctica profesional en los tribunales de menores.
De todo ese trabajo teórico-práctico, pudimos establecer que las dificultades de las demandas para obtener pensión alimenticia radicaban en tres elementos fundamentales: primero, el número de tribunales; segundo, especialidad de los jueces y, tercero, socialización de la norma sobre los menores y la familia.
Aunque parezca increíble, la dificultad principal que impide mejorar esas pensiones no radica en la socialización de la norma -por no decir modernización- ni tampoco en la especialización de los jueces, sino en el escaso número de tribunales de menores. No existen en todas las comunas, de modo que estos problemas los debe resolver el juez junto con los asuntos civiles, criminales, laborales y tributarios. Por eso, es absolutamente necesario que el Gobierno dé especial prioridad a la creación de tribunales de menores en todas las comunas del país y en número suficiente en aquéllas con más habitantes.
Es realmente penoso ver la cantidad de personas que hacen cola en algunos juzgados de ciudades grandes del país para presentar sus demandas, lo que obliga a que, muchas veces, no sean los jueces quienes administran la justicia tutelar, sino los actuarios, los cuales carecen del conocimiento y la experiencia adecuados en la materia.
En segundo lugar, obviamente es muy importante la especialización de los jueces, por lo que nos pareció muy importante la creación de academias especiales para ese cometido. En este aspecto se ha avanzado bastante. Incluso, para ejercer las funciones de secretario o juez de un tribunal de menores, se requieren en la actualidad estudios especiales, al menos, de sicología, al margen de los de derecho propiamente tales, con el objeto de comprender en mejor forma la situación de los menores y sus familias.
Complementando lo expresado por el colega Elgueta , debo señalar que el tema de la familia está relacionado con el Código Civil, con la ley cuya modificación discutimos en este momento y la de menores.
En relación con el texto del proyecto, debo expresar que hoy se cumplen muchos de los puntos planteados en él. Por ejemplo, dada la facultad otorgada al juez de menores en virtud de lo dispuesto en la ley correspondiente, puede actuar, de hecho siempre lo hace, sin forma de juicio. De manera que los juicios ordinarios contemplados en la ley actual son casi raros dentro del procedimiento para obtener pensiones alimenticias, y sólo se cumplen cuando se realizan en los juzgados civiles, pero en todos los demás casos, el juez usa sus facultades para someter las causas de menores al procedimiento sumario y no a los habituales, pese a que la ley lo autoriza para conocer de la causa sin forma de juicio.
En tercer lugar, creo que el tema de la carga de la prueba como fue presentado originalmente en la Sala, ya está solucionado, porque la ley actual establece como presunción que el padre siempre está en condición de otorgar pensión alimenticia. Por eso, se equivocan aquellos alimentantes que renuncian a su trabajo para no pagarla. Existe el apremio para obligar al padre, aunque esté cesante.
Ahora bien, no sé si es conveniente elevar el apremio de quince a treinta días y duplicarlo de treinta a sesenta días. Tengo mis dudas, y no porque crea que ello sea excesivo. Pienso en la situación del niño, porque si el padre está obligado a pagar una pensión alimenticia y le duplicamos a sesenta los días de cárcel, obviamente, debido a la privación de libertad, los más perjudicados son la madre y los hijos. Entonces, debemos estudiar una fórmula no tan estricta. Por eso, más que mejorar el tema de la socialización de la norma, hay que preocuparse en forma especial de la especialización de los jueces y de los abogados que se designan; de su calidad humana, sicológica, incluso moral, para el desempeño de sus cargos, porque un criterio adecuado es mejor que cinco normas perfectas.
Respecto del juez competente, también la realidad ha llevado a actualizar la iniciativa de ley. Hasta ahora ha habido un juez competente en los juicios de mayores, cuando se trata de la madre o de un niño mayor de edad; pero habitualmente las demandas de alimento se tramitan en el campo de la justicia de menores si existe de por medio algún hijo menor de edad.
Me parece que el piso que se establece en el proyecto es un poco excesivo. Creo que hoy, la ley, como está concebida, es adecuada. No establece un piso, sino un techo, porque imaginemos una situación que ocurre muy a menudo: que dos hijos demanden simultáneamente a su padre. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Vamos a dar a los dos el 40 por ciento? Entonces, vuelvo a lo mismo. No creo que la solución sea mejorar la ley -porque muchos creen que hasta el clima se arregla mediante una modificación legal-, sino que, fundamentalmente, en materia de menores hay que mejorar el ejercicio profesional de los jueces de menores y crear tribunales de menores en número suficiente para que puedan funcionar adecuadamente.
La ley vigente en materia de monto de pensiones está bien, porque el juez, de acuerdo con su criterio, coordina positivamente las situaciones; concede pensiones provisorias de alimentos mientras se sustancia el proceso; acumula la demanda para determinar, con los medios de prueba que se encuentren a mano, las cantidades que él estime pertinente, y, además, otorga la posibilidad de que el padre concurra con el 50 por ciento de los ingresos de su trabajo normal, de modo que pueda desempeñarse coordinadamente en el mundo social.
Me parece buena la idea de legislar sobre el tema, pero reitero que lo primordial es que la ley no está sobre otras situaciones, como crear más tribunales de justicia y mejorar la calidad y el número de los jueces que ejercen esta delicada función.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dejaría pendiente la votación del proyecto para el próximo martes.
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Prokuriça.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la Diputada señora Cristi decía algo muy importante, cual es que el proyecto se votará el martes próximo, sin discusión, porque ya se ha tratado todo su articulado.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Ese es el acuerdo y está cerrado el debate. Por lo tanto, lo votaremos, en general, el próximo martes.
FOMENTO A LA ASTRONOMÍA. Primer trámite constitucional.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre desarrollo de la astronomía en Chile
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Pizarro.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, boletín Nº 1665-19, sesión 1ª, en 1 de octubre de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 11.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
La iniciativa es compleja y cuenta con un informe complementario de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el título tercero del proyecto, que podría entregar el Diputado señor Dupré.
Propongo escuchar el informe y luego decidir el curso del proyecto.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DUPRÉ .-
Señor Presidente , informaré sobre el proyecto en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala en sesión de 23 de mayo de 1996, oportunidad en que se encargó a la Comisión de Relaciones Exteriores emitir un informe sobre el título tercero de la iniciativa que establece normas para el desarrollo de la astronomía en Chile, el cual la Cámara, al debatir el segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, dejó pendiente a fin de que se llevara a efecto dicho encargo.
No obstante que el proyecto es conocido por los honorables colegas, y sólo por la importancia que sus disposiciones tendrán para el desarrollo científico del país, recuerdo que los artículos que conforman su título tercero tienen su origen en una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República . Su objeto es establecer el régimen de franquicias y facilidades en favor de los funcionarios y científicos extranjeros que trabajen en un observatorio o centro de observación astronómica instalado en el país, en conformidad con las disposiciones consignadas en el proyecto.
Las liberaciones y facilidades que dicho régimen contempla son las siguientes:
a) Exención de impuestos directos sobre sueldos, emolumentos e indemnizaciones que se les paguen, incluidos los que perciban de fuera de la República de Chile.
b) Exención de la obligación de inscribirse como extranjeros o de las restricciones a la inmigración.
c) Derecho a mantener cuentas en moneda extranjera y bienes muebles e inmuebles, y a sacar libremente del país sus fondos en moneda extranjera.
d) Derecho de importar con liberaciones, cuando la permanencia mínima en el país sea de tres años, por un valor total de 30 mil dólares, toda clase de bienes muebles y efectos personales y de miembros dependientes de su familia, inclusive un automóvil, por una vez, el que no podrá exceder de 23 mil dólares.
e) Derecho a la repatriación y a la protección que se brinda a los funcionarios internacionales en los períodos de tensión internacional.
Este régimen se extiende a los hombres de ciencia, profesores, ingenieros, técnicos y empleados extranjeros que vengan a Chile para la construcción, instalación, mantenimiento y operación de los observatorios o centros.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, consultado por la Comisión, opinó que este régimen de liberaciones y franquicias obedece al espíritu del proyecto y constituye un aporte nacional a la inversión extranjera en actividades astronómicas, las que, por su naturaleza, son verdaderas unidades de gasto, sin aprovechamiento económico directo.
Sostuvo que las exenciones tributarias permiten evitar la doble tributación; que las aduaneras y de inmigración facilitan el desarrollo de las funciones de los beneficiarios y el desplazamiento del personal y de los bienes propios o de la institución.
Por último, estimó que ninguna de ellas importa privilegios, como los de inmunidad de jurisdicción.
Por su parte, el Banco Central opinó que el artículo 13 del proyecto podría contrariar la ley orgánica constitucional que lo rige y el capítulo XIV del compendio de normas de cambios internacionales, en la medida en que implique establecer el libre ingreso y salida de moneda extranjera al o del territorio nacional, según el caso.
En el curso de la discusión del título tercero, se hizo notar que esta iniciativa tiene por objeto fijar un régimen legal de aplicación general para que actividades astronómicas extranjeras se puedan establecer en el país sin necesidad de celebrar convenios internacionales especiales en cada caso.
Se indicó, además, que en el régimen de franquicias y facilidades se contempla análogo tratamiento al que actualmente reciben entidades extranjeras, como la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) o la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (Aura).
Cerrado el debate y puesto en votación general, el título tercero fue aprobado por unanimidad.
En la discusión particular, la Comisión adoptó las decisiones siguientes:
El artículo 10 fue objeto de una indicación de los Diputados señores Fuentealba y Martínez, don Gutenberg , para refundirlo con el artículo 16 en la forma que señala el informe. La Comisión la aprobó por unanimidad.
El artículo 11, que otorga a los beneficiarios del régimen de franquicias exenciones de impuesto directo sobre los sueldos, emolumentos e indemnizaciones que les sean pagados por la institución a la que presten servicios y sobre las rentas que perciban procedentes de fuera de la República, fue aprobado por unanimidad en los mismos términos propuestos en el segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología.
El artículo 12, que exime a los beneficiarios del régimen de franquicias y facilidades de la obligación de inscribirse como extranjeros y de las restricciones existentes o que se impongan a la inmigración, y que dispone, además, que el Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que ellos dispongan de una cédula especial de identidad, fue aprobado en la forma que señala el informe, según indicación del Diputado que habla.
El artículo 13 autoriza a los beneficiarios del régimen de franquicias, liberaciones y facilidades a mantener en el país títulos extranjeros, cuentas en moneda extranjera y bienes muebles e inmuebles, así como les permite sacar sus fondos del territorio nacional, sin restricciones o prohibición alguna, en la misma divisa y cantidad introducida.
Durante el debate de esta disposición, se dejó constancia de que ella es análoga a la prevista en el tratamiento otorgado a los funcionarios de Cepal.
Puesto en votación el artículo, en los términos en que lo propone el segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, fue aprobado por mayoría de tres votos afirmativos, uno negativo y una abstención.
En la discusión de este artículo, la Comisión acordó dejar constancia de que su inciso segundo importa establecer excepciones a las atribuciones del Banco Central de Chile, según lo establecido en la ley orgánica constitucional que lo rige, de manera que la aprobación de dicho inciso por la Cámara requiere del quórum que la Constitución Política exige en el inciso segundo de su artículo 63.
El artículo 14 autoriza la libre importación de muebles y efectos personales a los beneficiarios de esta ley, incluido un automóvil, y señala que el valor total de la franquicia no podrá exceder de 30 mil dólares y que la importación del automóvil sólo podrá hacerse por una sola vez, con independencia del tiempo que el funcionario permanezca en el territorio nacional y por un valor no superior a 23 mil dólares FOB.
Durante la discusión de este artículo, se hicieron notar los términos restrictivos con que se autoriza, en este caso, la importación del automóvil, en comparación con el régimen general que se aplica a los funcionarios internacionales en el país, en el que se permite renovar estas importaciones cada tres años mientras dure la misión del funcionario en Chile.
La Comisión aprobó por unanimidad el artículo en los términos propuestos en el segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología.
Finalmente, el artículo 15, que otorga a las personas a que se refiere el título tercero, a sus cónyuges y familiares dependientes, el derecho a gozar de las mismas facilidades para la repatriación y los mismos derechos a la protección de que gozan los funcionarios internacionales en Chile en períodos de tensión internacional, fue aprobado en los términos propuestos en el segundo informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma .
El señor PALMA ( don Joaquín) .-
Señor Presidente , junto con el Diputado señor Gutenberg Martínez , como patrocinantes de esta iniciativa que está terminando su tramitación en la Cámara, podemos dejar constancia de que estamos plenamente de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el título tercero, enviado a ella para su revisión. Esa normativa dice relación con el estatuto y las condiciones de las personas que vengan a Chile a trabajar, construir, instalar, mantener u operar los observatorios y las distintas instalaciones científicas relacionados con ellos.
Nos interesaba especialmente que quedase claro el ámbito de aplicación del proyecto. Por iniciativa de los Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, han sido refundidos los artículos 10 y 16 que establecen claramente que las personas que se pueden acoger a las condiciones especiales son hombres de ciencias, profesores, ingenieros, técnicos y demás empleados extranjeros que vengan al país en funciones relacionadas con la construcción, instalación, mantenimiento y operación de los observatorios o centros de observación y que, por supuesto, tengan suscrito convenio con Chile.
En ese sentido, considerando que en el resto del articulado las modificaciones han sido menores y que en el caso citado, especialmente, se concuerda la situación con la de otros funcionarios internacionales que vienen a Chile a trabajar en condiciones similares o parecidas, estimamos que el título ha quedado bien conformado y pido que la Cámara lo apruebe en las condiciones que indicó el informante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRÉ .-
Señor Presidente , quiero intervenir, ya no en mi calidad de Diputado informante , para dar una opinión en relación con el artículo 14, que autoriza la libre importación de muebles y efectos personales a los beneficiarios de esta ley, incluido un automóvil hasta por un valor no superior a los 23 mil dólares FOB, respecto del cual presenté indicación para suprimir sus incisos segundo y tercero. La Comisión la rechazó por mayoría de votos, pero quiero reiterar mi posición en la Sala, en el sentido de que no estoy de acuerdo con otorgar estos beneficios a personas que vienen a trabajar en una materia tan importante como la investigación astronómica.
En Chile se ha hecho costumbre conceder franquicias, no sólo a los funcionarios internacionales, sino, además, a quienes vienen a trabajar en organismos como el mencionado, de orden científico, y en asesorías técnicas, etcétera. En otras naciones no se otorgan con tanta facilidad. Un preestudio, que espero que pronto pueda conocer la Cámara, indica que el porcentaje más alto de automóviles de lujo, particularmente Mercedes Benz , corresponden a los ingresados al país por la vía de las franquicias y no a las importaciones directas o normales, como sería de esperar.
De manera que no debieran otorgarse las franquicias establecidas por el artículo 14, sin perjuicio de reiterar que esto no va a dañar el interés de los organismos o instituciones científicas, técnicas o de asesoría internacional, de venir a Chile a realizar sus tareas.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente , en primer lugar, tal como lo informó el Diputado señor Dupré , la Comisión de Relaciones Exteriores se abocó sólo al estudio del título tercero del proyecto, por mandato de la Honorable Corporación. En consecuencia, no tuvo ninguna injerencia en el resto del articulado.
En segundo lugar, la iniciativa tiene por objeto incentivar el estudio y la investigación astronómica en el país. En esa medida, la Comisión de Relaciones Exteriores procuró asimilar a las personas que van a trabajar en los centros de observación que suscriban acuerdos con la República de Chile a las categorías que existen en nuestro país en materia de funcionarios internacionales, cuyo padrón de conducta, en este sentido, está fijado, fundamentalmente, por el acuerdo que en su oportunidad se suscribió con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal .
En tercer lugar, la Comisión, luego de un análisis exhaustivo, estimó que las ventajas o franquicias a los funcionarios de los centros de observación deben limitarse a los profesionales que vengan a efectuar investigación y a los técnicos que tengan relación con la instalación de los observatorios. Se eliminó su extensión a trabajadores administrativos o meramente laborales, con el objeto de no originar un potencial abuso en la interpretación de la norma.
Por último, en el artículo 10, si bien no se expresa como me hubiera gustado, se dispone que las franquicias que establece para los funcionarios de los centros de observación corresponden exactamente a las que se otorgan a funcionarios internacionales acreditados en el país, en algunos casos con restricción.
Por ejemplo, a propósito de la observación que formuló el Diputado señor Dupré respecto del inciso segundo del artículo 14. Funcionarios acreditados de la Comisión Económica para América Latina tienen derecho a cambiar su vehículo cada tres años, libre de derechos, y aquí se establece que podrán hacer uso de esa franquicia por una sola vez, en forma independiente al período en que estarán acreditados en Chile.
Por consiguiente, quiero dejar constancia de que fuimos extremadamente cautelosos para evitar, en la medida de lo posible, abusos o extender más allá de lo que corresponde franquicias y exenciones a funcionarios de los centros de observación.
Tal como lo han explicado los autores de la iniciativa, los Diputados señores Gutenberg Martínez y Joaquín Palma , no hay que olvidar que se trata aquí de tener un cuerpo legal que permita fomentar con transparencia la investigación astronómica y atraer a centros de investigación y de observación extranjeros a desarrollar sus labores en nuestro territorio, con el consiguiente beneficio para la comunidad astronómica nacional y para nuestros estudiantes y científicos.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , de la lectura y estudio del proyecto se desprenden buenas intenciones respecto de la actividad científica y, en especial, del desarrollo de la astronomía en Chile, lo que es muy importante.
Sin embargo, como dijo el Diputado señor Dupré , la facilidad para importar vehículos y otros bienes muebles sin el pago de impuestos, francamente no está en la regla general de los organismos internacionales. En países de Europa estas franquicias sólo son para los diplomáticos, ni siquiera para funcionarios de otro rango.
No soy partidario de ellas. Hay quienes piensan que los observatorios se atraen con beneficios tributarios o arancelarios, pero no es así. Chile da una gran oportunidad a los científicos extranjeros en materia de astronomía con sus cielos, especialmente los de la zona norte. Ésa es la razón por la cual vienen al país.
Me referiré a un tema que puede no ser parte del proyecto, pero que me parece de la mayor importancia. En el distrito que represento hay un observatorio propietario de más de 100 mil hectáreas, y desde que se instaló, ningún pequeño minero o pirquinero, a 20, 30 o más kilómetros, puede trabajar. Incluso hay propiedades mineras inscritas con anterioridad a su instalación, y todas las gestiones que hicimos en el Gobierno pasado y en éste para que el Presidente autorizara las labores mineras fueron infructuosas.
Hay que tener en cuenta estas cosas. Por supuesto, deben entregarse algunos beneficios a las organizaciones para promover el interés científico y el desarrollo de la astronomía, pero sin dejar de reconocer que Chile tiene condiciones naturales o privilegiadas para la astronomía en el cielo.
Vuelvo a repetir: no son las facilidades arancelarias para los funcionarios las que atraen a los astrónomos o científicos, sino que la condición natural del cielo chileno para desarrollar labores astronómicas.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
Restan cuatro minutos para el término del Orden del Día.
El señor URRUTIA (don Salvador) .-
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, sólo quiero sumarme al apoyo y aprobación del proyecto, originado en moción parlamentaria, ya que es absolutamente necesario normar y regularizar los beneficios de las empresas y funcionarios que se instalen con observatorios de astronomía y astrofísica en Chile.
Comparto en parte lo expresado por el Diputado señor Prokuriça , en cuanto a que este bien de Chile es deseado por quienes vienen a trabajar en áreas científicas, pero, como en otras latitudes, por ejemplo, en Namibia, se dan también las facilidades naturales de cielo y atmósfera, es necesario que en esta etapa, en que el país necesita que llegue tecnología de punta al respecto, se otorguen incentivos y franquicias para que sea favorecido con la inversión e instalación de estructuras.
En la Comisión de Relaciones Exteriores procuramos normar el otorgamiento de facilidades, que son semejantes a las que se conceden a los actuales observatorios y a los miembros de la Cepal, que ha sido nuestro guía en la materia. Con ello evitaremos problemas habidos en el pasado, como el de Paranal, en el cual hubo un escándalo mundial que puso en duda la seriedad de nuestra legislación.
Con el proyecto, originado -repito- en moción parlamentaria, especialmente de los Diputados señores Gutenberg Martínez y Joaquín Palma , confiamos evitar problemas enojosos en el futuro y facilitar el trabajo y la instalación de una importante área de la ciencia en el país.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Resta un minuto para el término del Orden del Día.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , vamos a presentar una indicación.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
El proyecto está en discusión particular. Por lo tanto, reglamentariamente no es posible presentar indicaciones.
El señor PROKURICA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , queremos renovar una indicación presentada durante la tramitación de esta iniciativa.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Señor Diputado , ha llegado el término del Orden del Día. En consecuencia, el proyecto queda pendiente para la próxima sesión, oportunidad en que usted podrá hacer uso de los derechos reglamentarios respectivos.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
ZONA DE CATÁSTROFE POR SEQUÍA PROLONGADA EN TERCERA Y CUARTA REGIONES.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 447, de los Diputados señores Prokurica, Munizaga, Vilches, Longton, señora Allende; señores Encina, Arancibia, García, don René; Hamuy, Sabag, Villouta, Ojeda, Karelovic, Jürgensen, Pérez, don Ramón, Taladriz, Álvarez-Salamanca, Moreira y Naranjo:
“Considerando:
“1. Que los prolongados procesos de sequía en la Tercera y Cuarta Regiones, han dañado seriamente la agricultura y la ganadería, y que al mismo tiempo, han ocasionado la virtual paralización de estas actividades económicas.
“2. Que esta situación se vive por espacio de cinco años.
“3. Que, producto de la sequía, ha habido cuantiosas pérdidas en términos de escasez de agua para riego y bebida; es importante destacar que los crianceros han visto diezmada su masa de ganado caprino en un 50% por la falta de forraje.
“4. Que, el proceso de sequía se ha visto agravado por la falta de infraestructura de riego en las regiones Tercera y Cuarta, a pesar de las obras construidas.
“5. Que, en razón de la situación existente, una cantidad significativa de predios agrícolas han sido embargados por no pago de contribuciones de bienes raíces, incluso los propietarios han repactado sus deudas con el fisco y no han logrado dar cumplimiento al compromiso adquirido, quedando así una considerable cantidad de estos predios para remate por la Tesorería General de la República. De materializarse un hecho de estas características constituiría un daño irreparable para el sector.
“En virtud de lo expuesto precedentemente, solicitamos:
“A. Se oficie a Su Excelencia el Presidente de la República para que declare zona de catástrofe por sequía a las Tercera y Cuarta regiones, haciendo uso de todas las herramientas legales vigentes.
“B. Se estudie la implementación de planes y programas especiales tendientes a absorber la cesantía existente en las zonas aludidas, producto de la sequía.”
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , junto a un grupo de parlamentarios de la Tercera y Cuarta Regiones hemos presentado este proyecto de acuerdo, mediante el cual, por quinta vez se solicita a Su Excelencia el Presidente de la República estudiar la situación producida como consecuencia de la sequía que las afecta.
Hace cinco años que no llueve en esas regiones. En la Tercera, los índices pluviométricos no superan los cinco milímetros. Es inmenso el daño en la agricultura -en los frutales y ahora en los parronales- y en la ganadería, en los pequeños pastores de ganado caprino.
Ayer, en un programa televisivo pude ver la cruda realidad que está viviendo Domeyko , poblado que se abastece de agua sólo por pozos profundos y que, en la práctica, también está comenzando a sufrir este problema.
¿Qué pedimos? Que se declare zona de catástrofe por sequía, porque el sector agrícola ha enfrentado casi solo este período de cinco años en que no ha llovido.
Sólo en la provincia de Huasco hay más de 280 predios embargados por la Tesorería por el no pago de contribuciones de bienes raíces agrícolas.
La situación es muy grave. De no intervenir el Estado, de no declarar zona de catástrofe, que, por lo demás, es la única medida que permite suspender los remates y condonar algunos impuestos, no habrá ninguna solución para esta gente, en especial, la de más escasos recursos, que perderá sus predios, su fuente y forma de vida: la pequeña agricultura de nuestra zona.
Este problema ha llegado tan lejos que el caso de Domeyko se está repitiendo en localidades mayores. Pensamos que si no llueve y se mantiene la situación, ciudades grandes como Copiapó, Vallenar , etcétera, también serán afectadas.
Necesitamos recursos especiales. La gente que ha repactado con Tesorería el pago de sus contribuciones no ha podido cumplir, porque si no tienen agua, no pueden producir, y quienes no producen no generan utilidades, y si no generan utilidades, difícilmente podrán cumplir sus obligaciones.
Apelamos nuevamente a Su Excelencia el Presidente de la República -porque no han cambiado las condiciones y la situación es muy difícil- para que declare zona de catástrofe al menos para evitar que estos pequeños productores agrícolas pierdan sus terrenos.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
Queda un minuto para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, es malo mezclar peras con manzanas. Es inconveniente presentar en un proyecto de acuerdo lo relacionado con la sequía en las Regiones Tercera y Cuarta, pues ambas tienen sus propias realidades y consecuencias, las que son enteramente distintas.
En el caso de la Cuarta Región, no se dan los presupuestos que consigna el proyecto de acuerdo y que mencionó el Diputado señor Prokurica .
En primer lugar, hace alrededor de una semana, el Presidente de la República inauguró la construcción del tranque Puclaro , en la provincia de Elqui. En mayo de 1997, se inaugurará la construcción de dos embalses en la provincia de Choapa: Canelillo y Corrales .
En segundo lugar, desde hace más de un año, en la Cuarta Región estamos desarrollando una política de programación y construcción de pozos profundos en los sectores que más necesitan el recurso hídrico. Se han efectuado concursos especiales de la ley de fomento al riego, específicamente para las zonas más críticamente afectadas por la sequía.
Además, el Jefe de Estado ha creado recientemente -fue anunciado públicamente- una Comisión Nacional Permanente para asesorarlo en materia de sequía.
En los últimos tres años, en la Cuarta Región se han invertido más de 6 mil millones de pesos para combatir este flagelo, de los cuales, más de 3 mil millones han sido destinados a programas de ayuda para los pequeños campesinos -los más afectados de la agricultura-, a forestación, a profundización de norias, a proyectos de absorción de mano de obra, en créditos de emergencia a través de Indap para pequeños propietarios, en condonaciones de créditos de Indap por 700 millones de pesos en 1994 y 1995, a asistencia alimenticia, en el otorgamiento de almuerzos escolares en períodos de vacaciones, etcétera. Estas medidas han apuntado a solucionar, en parte, los problemas originados por la sequía.
Lo que motiva este proyecto de acuerdo y la base fundamental de su justificación es la condonación de las contribuciones. Sin embargo, hay muchas personas que adeudan contribuciones desde períodos anteriores a la sequía, como, por ejemplo, el centro inmobiliario La Serena -todo el mundo lo conoce-, balneario que hoy tiene una gran concentración urbana inmobiliaria. Si al declarar zona de catástrofe condonáramos las contribuciones de quienes han invertido en edificios, estaríamos beneficiando a personas que no están directamente afectadas por la sequía ni han sufrido sus efectos.
En segundo lugar, al condonar estas contribuciones afectamos el patrimonio e ingreso de las municipalidades, que en nuestra región son pobres, y las contribuciones y patentes de vehículos son su principal fuente de ingreso.
En tercer lugar, en mi región también tenemos campesinos que no han pagado sus contribuciones. Pero hemos hecho los acuerdos y arreglos necesarios con la Tesorería para ofrecerles planes de reprogramación, con el objeto de que no se saquen a remate sus bienes; y así ha sucedido. En la Cuarta Región no ha habido remate de bienes de pequeños propietarios.
Distinta es la situación de la Tercera Región. El Diputado señor Prokurica , que la representa, me imagino que no ha tenido la oportunidad de preocuparse directamente de los pequeños propietarios, pero sí de los grandes inversionistas.
-Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor FUENTEALBA .-
Señor Presidente , el Diputado señor Prokurica, además de insolente...
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Prokurica , llamo la atención a Su Señoría.
El señor FUENTEALBA .-
Yo lo he escuchado con mucha atención. Estoy hablando sobre la situación de mi Región. No me interesa la situación de la Tercera, porque es distinta, y así lo he reconocido. Ése es un problema de sus parlamentarios.
Por consiguiente, quiero dejar claramente establecido que el Presidente de la República , en persona, en reunión con el gobierno regional y con los parlamentarios de la Concertación, ha ordenado recursos especiales para combatir los problemas producidos por la sequía en la Cuarta Región. En ese sentido, lamento que señores Diputados de mi Región -la señora Allende y el señor Encina-, que han participado de esas reuniones, hayan suscrito un proyecto de acuerdo de esta naturaleza, cuando saben perfectamente bien que el Presidente de la República y el Gobierno...
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, señor Diputado .
El señor FUENTEALBA .-
... no van a declarar zona de catástrofe, por cuanto hemos recibido la ayuda solicitada para enfrentar esta emergencia.
El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 1 abstención.
El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se llamará a los señores Diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Acuña,
PREOCUPACIÓN DE LA CÁMARA POR HECHOS DE VIOLENCIA EN ZONAS DE GAZA Y CISJORDANIA
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al próximo proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 448, de los Diputados señores Tuma, Makluf, Zambrano, Errázuriz, Ceroni, Hamuy, Letelier, don Felipe; Viera-Gallo, Ferrada, Leay, González, Villouta, Navarro, Moreira, Álvarez-Salamanca, Ortiz, Vargas, Sabag, Vilches, Ojeda, Karelovic, Venegas, Prokurica y Naranjo:
“Considerando:
“1. Que los acuerdos de paz firmados entre Israel y la autoridad palestina tienen carácter internacional, al ser auspiciados por las mayores potencias del mundo y frente a la comunidad internacional toda.
“2. Los graves hechos de violencia acontecidos recientemente en el medio oriente ponen en serio riesgo el proceso de paz iniciado entre el pueblo palestino e Israel.
“Las tensiones surgidas recientemente se originan en la dilatación y demora por parte del Gobierno de Israel en la implementación de los acuerdos complementarios, en la transgresión de la zona de conflicto a través de la edificación de nuevos asentamientos, la expropiación de territorios palestinos, el cierre de la ciudad de Jerusalén, impidiendo con ello a los fieles musulmanes y cristianos palestinos acceder a los lugares santos.
“3. Dichas dilataciones se refieren fundamentalmente a la modificación por parte de la nueva autoridad israelí del principio de “tierra por paz”, que ha fundado los acuerdos de entendimiento entre ambas naciones, por el concepto de “seguridad por paz”.
“4. Que la construcción de un túnel bajo la mezquita de Al Aska, constituye una agresión y ofensa a los sentimientos del pueblo árabe musulmán.
Por lo anterior, los Diputados firmantes venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de Acuerdo
La Cámara de Diputados acuerda oficiar al Ministro de Relaciones Exteriores , para hacer le presente la preocupación de esta Corporación por los graves hechos de violencia que afectan a la zona de Gaza y Cisjordania, solicitarle que, en uso de sus atribuciones, encomiende al Embajador de Chile ante las Naciones Unidas representar ante el Consejo de Seguridad la preocupación del Gobierno chileno ante dicha situación, a fin de que dicha entidad promueva las acciones necesarias para asegurar el respeto irrestricto e implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre Israel y el pueblo palestino.”
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor MAKLUF.-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAKLUF .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo dice relación con la dramática situación que en estos días se está viviendo en el Medio Oriente y que tiene a ese sector del mundo enfrentado al peligro de una conflagración bélica, si no llegan a feliz término las negociaciones que se han prolongado por tanto tiempo.
Existen acuerdos celebrados en el marco de un proceso que se inició con la Conferencia de Madrid, bajo los auspicios de la ex Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, y que continuó con una serie de acuerdos adoptados en Washington y en Oslo, y con un acuerdo provisional relativo a la retirada de las tropas israelíes y a otros aspectos de implementación para dar una solución definitiva a ese sector del mundo.
La autoridad nacional palestina, que surgió de una elección democrática auspiciada por las Naciones Unidas, y la presencia de fuerzas policiales israelíes en ciudades que fueron abandonadas por las tropas de ocupación, crean una situación de especial preocupación por esa zona del Medio Oriente. Todos los Estados y pueblos del sector tienen derecho a vivir en paz y sus fronteras deben ser reconocidas internacionalmente.
Hoy, ante una invitación del Presidente de los Estados Unidos , señor Clinton , el más importante país de la zona -Egipto-, no ha concurrido, porque no confía en que este encuentro sirva para desarrollar una solución para esa complicada situación.
El propósito de este proyecto de acuerdo es solicitar al Gobierno que intervenga y use sus buenos oficios ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que el proceso de paz y los acuerdos alcanzados entre Israel y el pueblo palestino puedan implementarse, y así dar término a una permanente situación de conflagración bélica que por muchos años ha afectado a ese sector del mundo y que evidentemente crea intranquilidad en todos los países miembros de las Naciones Unidas.
Junto con el señor Tuma y otros señores Diputados presentamos este proyecto de acuerdo, con el objeto de que se oficie al Ministro de Relaciones Exteriores , para hacerle presente la preocupación de la Cámara de Diputados por los graves hechos de violencia ocurridos en la zona de Gaza y Cisjordania, y para solicitar por su intermedio al Embajador de Chile ante las Naciones Unidas que represente al Consejo de Seguridad de ese organismo la preocupación del Gobierno y pueblo chilenos frente a esa situación, a fin de que promueva las acciones necesarias tendientes a asegurar el respeto e implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre Israel y el pueblo palestino.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
VIII. INCIDENTES
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RIEGO EN VALLE DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta ocasión plantearé un problema que está afectando seriamente a la Tercera Región , específicamente al Valle de Copiapó. Me refiero a los efectos de la sequía que ya lleva cinco años, hecho que está provocando una situación que la Región de Atacama no había vivido desde hacía varios años.
La mayor demanda histórica de agua que ha tenido la zona es la que se está viviendo en estos momentos, originada, precisamente, en el desarrollo experimentado por los sectores agrícola y minero, y por el suministro de agua para beber. La población de las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera ha aumentado en forma considerable y, además, se está utilizando agua de la cuenca del Valle de Copiapó en proyectos mineros que están fuera de ella, lo que ha significado una demanda histórica de ese elemento sin precedentes.
Además, esta situación afecta seriamente a los pequeños agricultores de San Fernando, ya que se ha comprobado que a la salida del tranque Lautaro se hacen técnicamente mediciones permanentes de caudales, que van desde los 1.200 litros por segundo. Las infiltraciones del agua por falta de conducción y de obras de riego en el valle se miden en el canal Malpaso , que en ese sector alimenta el riego del pueblo de San Fernando, las cuales no son mayores de 200 litros por segundo. Esta diferencia de mil litros por segundo, que se pierde en el trayecto, es un problema que debe ser enfrentado. Tanto es así que la junta de vigilancia, que administra las aguas del río Copiapó, tiene el caudal del río absolutamente seco.
Esta situación, que hemos planteado en forma reiterada en los últimos meses, hoy ha hecho crisis.
Por lo anterior, solicito oficiar al Ministro de Obras Públicas para que considere en sus planes la construcción de obras de riego que permitan controlar y conducir el agua del valle de Copiapó de manera más adecuada.
Esta situación afecta seriamente a la zona, porque ha ocasionado la paralización de sectores que viven de la pequeña agricultura, y pone en riesgo la marcha natural y normal de importantes proyectos mineros que necesitan de grandes caudales de agua.
Quiero señalar que las autoridades de la Región tienen antecedentes de esta crisis, pero poco o nada se ha hecho sobre el particular.
En años anteriores han existido planes de estimulación de aguas lluvia, los que no se materializaron por falta de cooperación y de recursos. Por eso, entre las medidas que solicito está la de promover planes concretos de estimulación de aguas lluvia. Como al invierno chileno se agrega el boliviano, hay posibilidades de recuperar parte del agua en los próximos meses si estos planes se implementan.
La estimulación de precipitaciones podría ayudar a que cayera algo de nieve en la cordillera para realimentar las napas subterráneas que constituyen la principal fuente de abastecimiento de los pozos que hoy están autorizados, por concesiones, como recursos de agua para estos proyectos. Por eso, es necesario tomar estas medidas con carácter de urgencia.
Hemos presentado proyectos de acuerdo para declarar zona de catástrofe a ese territorio, pero tanto ahora como en otras oportunidades han sido rechazados porque no se ha querido reconocer la grave situación que afecta a la Tercera Región. Comprendemos que puede haber otro tipo de recursos aportados a la Cuarta Región, pero insisto en que este rechazo causará un tremendo daño a la gente de la Tercera Región.
Finalmente, pido oficiar al Ministro del Interior, con el objeto de ponerlo en antecedentes sobre la gravedad de esta situación, que en los próximos meses puede llegar a afectar el suministro de agua para beber.
Lo más grave de todo, reitero, es la paralización de los sectores agrícola y minero, que hoy se debaten en una gran crisis, denunciada permanentemente por los parlamentarios de la zona.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Solís, Prokurica, Kuschel, Martínez, don Rosauro; Bartolucci y Correa.
UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN CALBUCO, COCHAMÓ, MAULLÍN Y PUERTO MONTT. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel .
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , pido que se oficie a los alcaldes de Calbuco, Cochamó , Maullín y Puerto Montt y al director nacional de la Digeder , a fin de que coordinen el aprovechamiento de la infraestructura deportiva urbana y rural, especialmente en escuelas y liceos durante la temporada de verano que se avecina, sobre todo los días sábado y domingo, porque existe una gran infraestructura cerrada disponible y muchas posibilidades de aprovecharla, para lo cual pueden organizarse programas de trabajo a bajo costo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALBUCO, COCHAMÓ, MAULLÍN Y PUERTO MONTT. Oficios.
El señor KUSCHEL.-
Por otra parte, pido que se oficie a la Corfo para que informe sobre la evolución del porcentaje de pérdida de agua potable en los sistemas de distribución de las comunas de Calbuco, Cochamó , Maullín y Puerto Montt en los últimos seis años; respecto de las medidas que se han implementado, y también en cuanto a proyecciones de rebaja de las tarifas que pueda significar menor pérdida de agua.
Asimismo, solicito que, por intermedio de la Corfo, la Empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos, Essall, informe sobre el estado de avance del proyecto de abastecimiento de agua potable para la localidad de Alerce, a partir del caudal del río Venado, ya que el agua potable de ese lugar es de muy mala calidad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
SITUACIÓN SALARIAL Y ESTRUCTURAL DEL SECTOR MUNICIPAL. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Cantero.
El señor CANTERO .-
Señor Presidente , quiero expresar mi preocupación por el tema municipal.
En estos días, estamos enfrentados a una crisis entre los dirigentes de la organización gremial de los trabajadores municipales y la autoridad de gobierno. Esta crisis surge por dos razones principales; primero, por la dilación en el tratamiento de las mejoras salariales, y, segundo, por la falta de una adecuada relación y vinculación entre el sector municipal y las autoridades que envían proyectos de ley al Parlamento, especialmente en materia de personal.
Deseo referirme a este tema porque me llama la atención que se haya dilatado tanto -más de un año y medio, según me consta- la búsqueda de acuerdos en relación con mejoras salariales. No se ha logrado nada, a pesar de un masivo y contundente paro que se llevó a efecto hace varios meses, que puso de manifiesto la gran preocupación y sensibilidad que en la comunidad existe frente al problema de los trabajadores municipales.
Me parece que resulta necesario plantear a las autoridades y al país una reflexión o inquietud personal.
Se señala que en el modelo de desarrollo económico del país, el mercado es el que asigna recursos y regula la oferta y la demanda. En ese contexto, las remuneraciones se someten a dichas normas y, en consecuencia, el sector privado tiene gran dinámica, movilidad y flexibilidad, derivada de la competencia que se produce entre la oferta y la demanda, por lo que las empresas luchan por tener a los funcionarios y profesionales más competentes.
Desgraciadamente, en el ámbito público, en general, y en el municipal, en particular, no se da esta circunstancia. El mercado no actúa ni es el regulador, sino la burocracia central. ¿Y qué se dice? Se señala que, en definitiva, el sector público ha tenido un elocuente deterioro en sus remuneraciones, que está estimulando la emigración de los mejores profesionales hacia el sector privado.
Parece bueno y conveniente que exista esa movilidad, pero ella tiene un aspecto muy negativo: que, por esta vía, los sectores municipal y público, en general, se transformarán en un bolsón de mediocridad o en una instancia en la cual los funcionarios y trabajadores tendrán que entregar sólo parte de su tiempo, porque deberán buscar alternativas distintas para tener un nivel de vida digno o un acceso a remuneraciones que les permitan acceder a las condiciones de vida que todos desean para sus familias.
Por esta razón, pido que, en mi nombre, se oficie al Ministro del Interior para que, en el plazo más breve, se tomen las medidas que permitan llegar a acuerdos entre el Gobierno y los representantes de las asociaciones gremiales de trabajadores municipales.
En relación con la estructura municipal, quiero señalar con claridad que nuestro pensamiento va en el sentido de flexibilizar y descentralizar, en la mayor medida posible, el sistema municipal. No somos partidarios de que se fije la estructura de una municipalidad desde Santiago . La diversidad y variedad del territorio nacional y los requerimientos de las comunas son diferentes y responden a necesidades muy distintas. Por esta razón, somos partidarios de que la definición de esa estructura se entregue a la municipalidad, a su cuerpo colegiado.
En materia de remuneraciones del personal, también somos partidarios de que exista la mayor descentralización, de manera de permitir que al interior de los municipios se establezcan estímulos que permitan captar a los profesionales más competentes.
Otro elemento que me parece de la mayor importancia y que no ha sido consignado, a pesar de los planteamientos que desde hace ya cuatro años viene haciendo en forma reiterada la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, es que el servicio público necesita estímulos, señales e indicadores que apunten a buscar mayor eficiencia.
El modelo relativo a la gestión en el sector público estimula la mediocridad, la incompetencia y el cumplimiento mínimo, porque esforzarse no es relevante, no tiene significación ni se traduce en una mejor alternativa para los trabajadores.
Por esta razón, pido que se incorpore esta idea en la comunicación al Ministro del Interior y que también se señale a los Ministerios de Planificación Nacional y de Hacienda que se hace necesario, de una vez por todas, avanzar en mecanismos que permitan estimular la eficiencia y eficacia en la gestión municipal, a través de indicadores y beneficios, sean éstos económicos o de otra naturaleza, como, por ejemplo, becas de estudio para el perfeccionamiento de los profesionales, lo cual debe establecerse en las normas que regulan la gestión en el ámbito público.
Reitero, finalmente, mi profunda preocupación porque estos criterios, tantas veces dichos a las autoridades, parecieran no estar siendo recogidos, y que la inquietud y la incomunicación existente entre la autoridad y el sector municipal están orientando toda esta situación a un conflicto de envergadura que será aprovechado, por cierto, en los días previos a las elecciones, por aquellos que siempre sacan el mayor provecho, como los sectores de la ultraizquierda que viven de la crisis, la violencia y los conflictos.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CHACALLUTA, DE ARICA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Como terminó el tiempo de Renovación Nacional, con la venia de los señores Diputados presentes, voy a conceder un minuto al Diputado señor Valcarce , con el objeto de que aborde un tema de especial interés para la zona de Arica.
El señor VALCARCE .-
Gracias, señor Presidente y honorables colegas.
Sólo para solicitar que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que nos informe sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de Chacalluta, de Arica, por cuanto es necesario adecuarlo, tanto en su pista de aterrizaje como en la de parqueo, a fin de dar cumplimiento al plan de desarrollo que contempla la salida de mercaderías brasileñas, bolivianas y de otros países del Mercosur no sólo a través del puerto.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A AFECTADOS POR SEQUÍA EN PROVINCIA DE CURICÓ. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , desde algún tiempo se viene hablando de la tremenda sequía que afecta al país. A menudo se han mencionado las regiones Tercera, Cuarta y Quinta. Sin embargo, en esta oportunidad quiero abogar por la Séptima, en especial por la provincia de Curicó, que represento.
La situación derivada de la sequía se está tornando dramática, por lo que, además de las medidas de tipo macro que se puedan adoptar respecto del cauce de los ríos, el Gobierno también podría aprobar otras adicionales, como otorgar a los afectados créditos a través de Indap, del Banco del Estado y de la Corfo, con el objeto de construir pozos y norias para paliar, en alguna medida, esta situación que se torna bastante crítica en los campos.
Por eso, solicito que se oficie a los ejecutivos de la Corfo, Banco del Estado e Indap, a fin de que tomen medidas conducentes a la entrega de créditos ágiles que ayuden en corto tiempo a solucionar, en parte, la falta de agua.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
En el tiempo que resta al Comité de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente, aun cuando el Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha aprobado varias normas legales para favorecer el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota, quedan muchos temas pendientes.
Por ello, solicito que se oficie al Ministro del Interior, en su calidad de presidente del Comité Interministerial para el Desarrollo de Arica y Parinacota, a fin de que se tomen las providencias necesarias que permitan, en el más breve plazo, hacer realidad lo siguiente:
Primero, licitar los centros exportadores, ya reglamentados, ya que sólo hace falta que el Servicio de Aduanas llame a licitación.
Segundo, definir la construcción y puesta en operación del centro de acopio de minerales bolivianos en Punta Condori.
Tercero, poner en funcionamiento el sistema que permite la recalada de naves pesqueras extranjeras de fuera de las 200 millas.
Cuarto, poner en funcionamiento el duty free del aeropuerto de Chacalluta.
Quinto, aumentar a 24 horas el período de funcionamiento de los complejos fronterizos de Chacalluta y Chungará.
Sexto, apoyar y dinamizar el accionar de la comisión especial que estudia la redefinición de los límites de las áreas protegidas en Arica y Parinacota, especialmente el Parque Lauca, la reserva nacional Las Vicuñas y el salar de Surire.
Séptimo, otorgar máxima urgencia a la tramitación, en el Senado, del veto presidencial que repone la libertad de cabotaje al puerto de Arica.
Octavo, acelerar las decisiones sobre el ferrocarril Arica-La Paz, a fin de que la administración sea traspasada al sector privado. En estas decisiones debe cuidarse la situación de sus trabajadores, y
Noveno, completar la ampliación del aeropuerto de Chacalluta, para que pueda recibir aviones de todo tamaño y tonelaje.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CONDUCTA DE DIRIGENTES DEL PARTIDO POR LA DEMOCRACIA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Seguel .
Con la anuencia de la Sala, continuará presidiendo la sesión el Diputado señor Rubén Gajardo .
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero referirme a una situación que ha estado ocurriendo el último tiempo respecto de la conducta de algunos integrantes de los Partidos de la Concertación, de la alianza de Gobierno, específicamente a la que ha tenido el Presidente del Partido por la Democracia, don Jorge Schaulsohn , miembro también de esta Corporación.
Este último tiempo, ha llamado fuertemente la atención a la opinión pública y a los que somos partidarios de la Concertación que, permanentemente, el personaje Schaulsohn concurre con su respaldo al Gobierno en todas aquellas cuestiones que le son favorables a él o a los miembros de su Partido para poder concitar apoyo público, pero cuando hay un problema social o político en el país, lo primero que hace es retirárselo, para ponerse, como presidente de un Partido , en oposición al Gobierno y al resto de los Partidos de la Concertación.
Esta conducta doble del Diputado señor Schaulsohn , obviamente, a todos los que somos miembros de la Concertación nos deja bastante incómodos. Entonces, preguntamos: ¿Qué es el PPD? ¿Es un Partido de Gobierno o de Oposición? ¿O es un Partido que, cuando es favorecido electoralmente aparece junto al Presidente de la República y al Gobierno en la publicidad para los concejales y alcaldes, y cuando le conviene un movimiento social, asiste, como así ha ocurrido en estos días, a darle su respaldo en contra de las políticas del Gobierno?
Fue así que, hace pocos días, junto al Senador, también de ese partido, Roberto Muñoz Barra -cuyo historial político también ha sido bastante raro, porque ha sido miembro del Partido de Izquierda Radical en las décadas del 60 y 70; después fue socialdemócrata; posteriormente, se fue al Partido Radical, y ahora está en el PPD. La verdad es que no tiene una conducta muy seria ni muy sólida- hizo público su respaldo al movimiento de los profesores y a la huelga que están desarrollando. Lo mismo ocurre con otros miembros de su partido, como el Diputado señor Guido Girardi , que está junto al Gobierno cuando le conviene sumar votos, pero que normalmente está en la Oposición en todo lo que se refiere a materias del medio ambiente.
Para qué mencionar el caso del Diputado señor Nelson Ávila , quien ha sido un personaje realmente pintoresco. Cada una de las cuestiones que ha expresado a la opinión pública han estado dirigidas en contra del Gobierno y de sus funcionarios, el mismo Gobierno que lo eligió en las listas de la Concertación.
En ese sentido, los que pertenecemos a la Concertación nos preguntamos qué es y qué quiere esta gente: ¿estar en el Gobierno por los votos y los cargos políticos que ostentan algunos ministros, subsecretarios, intendentes u otros funcionarios de importancia, para darles “pega” a esa gente y como pepedés estar dentro del Gobierno, o salir a la calle a ponerse del lado de la Oposición para criticarlo?
Estoy realmente disconforme y altamente molesto por esta situación, porque así la Concertación se ve muy mal ante la opinión pública y ante el electorado que tendrá que decidir por quién votará en las elecciones de concejales y alcaldes. Un candidato puede decir “soy de Gobierno” y aparecer en la foto junto con el Presidente Frei y el Ministro Lagos -que pertenece al PPD y al Partido Socialista- para luego criticar al Gobierno en temas como el de los profesores, la salud, la reforma constitucional, etcétera. El PPD ha estado en contra del Gobierno en todos los temas sociales planteados en el país.
Esta situación amerita una seria y profunda reflexión al interior de la Concertación. Por tal razón, me he atrevido a alzar la voz en el Congreso Nacional para solicitar que se envíe un oficio al Presidente de la República , a fin de que el Gobierno estudie seriamente la participación del Partido por la Democracia al interior del mismo, porque no es justo ni correcto que el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical estén permanentemente defendiendo, actuando y tabajando junto al Gobierno, mientras el PPD se ubica en la barricada de la Oposición a lanzar pedradas en su contra.
Ante tal situación, sería bueno que el Presidente de la República , junto a sus ministros, estudien este tema, para ver la posibilidad de excluir al Partido por la Democracia de la alianza de Gobierno y pedir a los ministros, subsecretarios, intendentes y todos quienes ocupen cargos de importancia en ese conglomerado que se decidan por qué partido están, de manera que aquellos que se queden en el PPD hagan abandono de sus cargos, para que así la coalición de Gobierno -el Partido Socialista, el Partido Radical y la Democracia Cristiana- sea una verdadera alianza, esté con el Gobierno en las buenas y en las malas y asuma las responsabilidades y los costos que ello significa, y no ponerse en la Oposición cuando le conviene, como lo hacen los Diputados Jorge Schaulsohn , Guido Girardi y Nelson Ávila , y el Senador Roberto Muñoz Barra .
He dicho.
El señor GAJARDO ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con copia de su intervención.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EN SU 446º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor GAJARDO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable Diputado por Concepción , señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente , honorables colegas:
En unos días más -el 5 de octubre-, mi ciudad de Concepción, capital de la Octava Región del Biobío , a la cual tengo el honor de representar en este hemiciclo, cumplirá 446 años de heroica y promisoria existencia.
No narraré su hermosa historia, porque todos los chilenos la conocen a través de la gesta de Arauco, la Independencia y las luchas reivindicativas de las minas del carbón.
En este modesto y emocionado homenaje a mi amada ciudad, conocida como la Perla del Biobío , hablaré de sus inquietudes, de sus anhelos, de su futuro y de sus grandes sueños.
Algo ha sucedido en la ciudad de Concepción, porque en su entorno surgieron nuevas industrias; por sus carreteras corren miles de camiones cargados; porque su potencial eléctrico aumenta día a día; porque cuenta con la primera flota pesquera del país, y porque cada año se plantan miles de hectáreas de bosques.
Para qué hablar de sus universidades, incesantes centros de actividad académica e investigación científica.
Han llegado a Concepción y a la región otros empresarios, técnicos, trabajadores especializados y profesionales, que le han cambiado el rostro a la ciudad.
Pero hay que ser claros y precisos. También existen situaciones muy graves que no podemos desconocer. En algunos sectores hay pobreza y cesantía, pero el problema del carbón es la parte negra de nuestro entorno.
La ciudad y la región están buscando una oportunidad de desarrollo, al igual que cada uno de sus habitantes, porque de todos depende que el crecimiento que queremos sea equitativo, armónico y ambientalmente sustentable.
Estamos enfrentando el siglo XXI y el ingreso al tercer milenio con el mayor optimismo, con fe y esperanza. Lo asumimos confiados en la capacidad y eficacia de nuestra gente, que hará posible concretar los sueños de tantos que nos precedieron, porque en la conciencia colectiva de la comunidad penquista siempre ha estado presente la recuperación del Biobío y su ribera.
Ya no le daremos la espalda a nuestro río. Al contrario, el barrio cívico que se consulta en el gran megaproyecto de la costanera, mirará al Biobío, y soñaremos verlo navegable como un día lo fue.
Por su parte, el nuevo plan regulador, el megaproyecto de la costanera, el tercer puente, el proyecto ciudad, el parque metropolitano, la red centro, los tres ejes de la calle Prat, la avenida Los Carreras, Paicaví y Manuel Rodríguez -que se empiezan a pavimentar el próximo año- y tantas otras obras, harán cambiar toda la estructura de Concepción y, en consecuencia, el nivel y calidad de vida de sus habitantes. La ciudad será otra y aquí es donde tendremos que velar para que el penquista jamás pierda su identidad, enraizada en sus tradiciones y en su cultura.
El esfuerzo de tantos penquistas, autoridades regionales y del gobierno central, incluido el de Su Excelencia el Presidente de la República , don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , ha hecho posible que los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, y la municipalidad de Concepción se unan para llevar adelante el programa de mejoramiento de la ribera norte del Biobío, desde su desembocadura hasta la comuna de Hualqui, con una extensión de 35 kilómetros y que beneficiará a más de 70.000 personas.
Pero lo más significativo de estos grandes proyectos que se están concretando en obras que vemos todos los fines de semana cuando recorremos la ciudad, será ver cómo el fantasma de la miseria y de la pobreza empieza a desaparecer, porque a lo largo de los doce y medio kilómetros que separan al puente Juan Pablo II de la comuna de Chiguayante -recién creada- habitan 40.000 personas que tienen una historia de agudos problemas sociales y que conocen la necesidad y el sufrimiento.
La tarea que hemos emprendido es grande, y queda mucho camino por recorrer.
Por eso, desde esta alta tribuna, la Cámara de Diputados, al rendir este homenaje a mi querida ciudad de Concepción en sus 446 años, hago un ferviente llamado a las autoridades de gobierno, regionales, a los empresarios, a los profesionales, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a los habitantes, para contraer juntos el solemne compromiso de estudiar, trabajar y luchar con todas nuestras potencialidades en pro de Concepción, para que en sus calles no se vean más niños abandonados a su suerte, ni mendigos, ni enajenados mentales, y cada vez sea más grato vivir en una ciudad alegre, laboriosa y pujante, para seguir ocupando el sitial histórico que la patria le tiene señalado.
Ojalá que nuestra Madre María de la Santísima Concepción, que está en lo alto del cerro Caracol , nos guíe y proteja en esta obra de progreso, modernidad y redención.
Solicito que se envíe copia del texto de mi intervención al alcalde interino de la municipalidad de Concepción , don Luis Henríquez , y a sus concejales.
He dicho.
El señor GAJARDO ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría a las autoridades indicadas.
MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor GAJARDO ( Presidente accidental ).-
En el tiempo que resta al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable Diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , me referiré a un tema extraordinariamente preocupante que vive Talca y, en términos generales, la Séptima Región.
Según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en septiembre la cesantía nacional alcanzó una tasa de 7 por ciento.
Esa cifra no es exageradamente elevada comparada con lo que se suele estimar, pero en nuestro medio, en un país que está dando tantas muestras de desarrollo muy satisfactorio, con un crecimiento de la productividad constante en los últimos doce años y con un elevado sentido de bienestar de la población, el porcentaje de personas que no tienen empleo y que sufren el tremendo y doloroso drama de la cesantía, es inquietante y muy grave, a pesar de la tasa de 7 por ciento.
En la actualidad, 383.360 personas no tienen trabajo en el país, de las cuales aproximadamente cien mil están haciendo esfuerzos por encontrar ocupación e incorporarse al mundo laboral por primera vez.
Es un drama que afecta de manera muy fuerte, especialmente, a un amplio sector de la juventud. En nuestra región, la tasa de cesantía juvenil es de 17,1 por ciento. En hombres es un poco menor; en mujeres, alcanza el 24 por ciento.
Esa cifra, que uno puede dar numéricamente y en forma teórica, cuando a las oficinas de los parlamentarios o de las autoridades acuden cientos de jóvenes que tratan de incorporarse al mundo del trabajo, se vive de manera muy fuerte.
Esta realidad está afectando en forma bastante dramática a la juventud, que se siente desapegada de la vida adulta y del mundo político, porque ven que este problema, tan agudo y central, no tiene una respuesta ni una solución adecuada, a pesar de todas sus peticiones, de todos los seminarios que organizan y de los discursos de las autoridades, dirigidos a comprender y paliar esta situación.
Además, el desempleo juvenil, especialmente entre las edades de 15 a 19 años y de 19 a 24 años, registra la más alta tasa, que lleva a los jóvenes al ocio, a la drogadicción, a la delincuencia juvenil y a numerosas conductas absolutamente reprobables.
Por ello, solicito que se oficie al recién designado ministro de Mideplan , señor Pizarro , con el objeto de que se realicen estudios prácticos, de implementación rápida en nuestro medio y así subsanar este problema.
He tenido conocimiento de que las juventudes políticas de distintos partidos, entre ellas la democratacristiana, han propuesto diversas soluciones. El Estado debe asumir aquí un rol muy activo. Tiene que incentivar la contratación de mano de obra juvenil, acentuar la creación de un fondo de solidaridad o de empleo juvenil que permita la contratación de gente joven, porque esto está demorando demasiado. En fin, se tienen que aplicar distintas medidas, una de las cuales, por ejemplo, es crear centros de capacitación, orientados al fomento productivo en áreas realmente importantes y efectivas de cada una de las regiones.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por Su Señoría, y para mayor comprensión del tema se adjuntará copia de su intervención.
PRIORIDADES SOCIALES DEL PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO EN ACCIONES DE GOBIERNO. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tal como se hizo con el Comité de Renovación Nacional, el Comité de la Democracia Cristiana dispone de dos minutos más.
Tiene la palabra el Diputado señor Reyes.
El señor REYES.-
Señor Presidente , hace pocos días se renovó parte importante del gabinete del Presidente Frei. Ello es propio de nuestro sistema político institucional, en que el Presidente de la República concentra en sí la jefatura del Estado y del Gobierno, pudiendo, en consecuencia, disponer libremente de los cargos que son de su exclusiva confianza.
Estoy cierto de que las decisiones del Presidente han sido adoptadas para dar un nuevo impulso a su gestión, mejorar la eficiencia y avanzar en la concreción de los compromisos contraídos con la ciudadanía en el programa de gobierno de la Concertación.
Ello implica que en esta nueva etapa deberán abordarse, preferentemente, materias o temas que por distintas razones no habían tenido un curso adecuado en su tratamiento o materialización como los de la superación de la pobreza, de la modernización del Estado y otros de similar importancia.
Para los efectos de fijar la agenda que debería orientar las acciones del Gobierno en esta nueva fase, y particularmente los del equipo ministerial, la Democracia Cristiana, a través de su presidente nacional , nuestro camarada señor Alejandro Foxley , planteó la necesidad de priorizar ciertos temas que tienen un tremendo impacto social y que debería caracterizar, de alguna manera, la acción del Gobierno en el futuro cercano.
¿Cuáles son esos temas prioritarios a juicio del Partido Demócrata Cristiano? Primero, la materialización de la reforma educacional anunciada por el Presidente Frei en el Mensaje del 21 de mayo, para hacer efectiva la extensión horaria, invertir en infraestructura, resolver la situación del profesorado y mejorar la calidad y equidad de la educación chilena.
Segundo, el mejoramiento efectivo de la salud primaria que, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, todavía muestra falencias que son reclamadas por la gente y que deben ser definitivamente corregidas.
Tercero, un apoyo decidido a la pequeña agricultura, para superar su condición de atraso y adaptarla a los nuevos desafíos derivados del modelo económico y de la incorporación de Chile a los grandes acuerdos comerciales.
Cuarto, preocupación preferente por el desempleo juvenil, con todas sus secuelas inevitables de delincuencia, alcoholismo, drogas y otras lacras que comprometen a parte importante de nuestros jóvenes, por carecer de ocupación y capacitación.
A juicio de nuestro partido, un abordaje decidido a esos cuatro grandes temas, con todas sus derivaciones, estaría dando respuesta a problemas y preocupaciones reales de miles de compatriotas, a aspiraciones muy sentidas de todos los chilenos, y haría posible entrar a una fase superior en la lucha contra la pobreza y la posibilidad de aprovechar efectivamente la gran oportunidad histórica que el país tiene y que el propio Presidente ha planteado como tarea nacional.
Ello no excluye dar también el tratamiento que corresponde a otras materias, pero me parece que en torno a estos planteamientos específicos es posible estructurar una agenda temática de la mayor significación, y que,
estoy cierto, concitará el respaldo mayoritario de la ciudadanía.
En atención a lo señalado, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior y Secretario General de la Presidencia, para que los temas planteados por nuestro partido sean considerados en la agenda de Gobierno en el futuro cercano.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, con copia de su intervención.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.45 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 2 de octubre de 1996.
Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 1.094, de 1975, relativo a refugiados.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1244, de 3 de septiembre de 1996.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SERGIO DIEZ URZÚA, Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado Subrogante .”
Moción de los Diputados señores Girardi, Barrueto, Ascencio, Longton, Felipe Letelier, Silva, Arancibia, Diputadas señoras Aylwin, Wörner, y Diputada señorita Saa.
Reforma constitucional para derogar la censura previa de la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica. (boletín Nº 1924-07)
El establecimiento de la censura previa para las exhibiciones cinematográficas es una innovación de la Constitución de 1980.
En efecto, el inciso final del numeral 12 del artículo 19 del texto fundamental, señala que corresponderá al legislador establecer un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica.
La carta fundamental de 1925 no contempló limitaciones o restricciones “a priori” a la cinematografía, con excepción a las restricciones que se ordenan por leyes especiales ante “la necesidad imperiosa de dar defensa al Estado”, cuya vigencia no podía ser superior a seis meses (artículo 44 Nº 12).
La Constitución de 1980 consagra como regla general la libertad de expresión, en cualquier forma y medio sin censura previa (artículo 19 Nº 12, inciso 1). Lo anterior, sin perjuicio de responder “a posteriori” por los delitos que se cometan en el ejercicio de esta libertad (delitos de injuria y calumnia y responsabilidad civil por los perjuicios, destinados a proteger la privacidad y honra de las personas y su familia conforme al artículo 19 Nº 4 de la Constitución).
El derecho comparado contempla asimismo este principio general de la prohibición de censuras previas y de sanción de delitos a posteriori. Este es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), como también el de España, Italia , Francia y de los países del norte europeo.
Así, la censura cinematográfica previa no corresponde a nuestra historia constitucional ni a la experiencia internacional, por lo que procede su derogación.
En mérito de lo expuesto, planteamos al Honorable Congreso Nacional el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: “Elimínase el inciso final del numeral 12º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.”
3. Oficio del Tribunal Constitucional.
“Oficio Nº 1205
Excelentísimo señor Presidente
de la Cámara de Diputados:
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E., la resolución dictada por este Tribunal, recaída en el requerimiento de inconstitucionalidad, Rol Nº 247, formulado al artículo 6º del proyecto de ley que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas, y al artículo 34, letra c), propuesto para la Ordenanza de Aduanas, contenido en el artículo 1º, Nº 3, letra d), del mismo proyecto:
“Santiago, veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
“Con el mérito de la presentación de la parte requirente y de los antecedentes acompañados, se admite a tramitación el requerimiento de fojas 1.
“Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, póngase en conocimiento de S.E. el Presidente de la República , del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados, en sus calidades de órganos constitucionales interesados, la presente resolución acompañándoles copia del requerimiento.”
Esta resolución fue dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional integrado por su Presidente don Manuel Jiménez Bulnes , y los Ministros, señora Luz Bulnes Aldunate , señores Ricardo García Rodríguez , Servando Jordán López y Juan Colombo Campbell .
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): MANUEL JIMÉNEZ BULNES , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .”
Santiago , dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
No habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, se declara que no se admite a tramitación el requerimiento en conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, inciso primero, del mismo cuerpo legal.
Notifíquese al representante de los requirentes para los efectos de lo dispuesto en el artículo 41, inciso segundo, en relación con lo establecido en el artículo 39, incisos segundo y tercero de la mencionada Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
Ofíciese a S.E. el Presidente de la República, en conformidad con lo que dispone el artículo 40 del mismo texto legal.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Manuel Jiménez Bulnes , y los Ministros señor Marcos Aburto Ochoa , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Ricardo García Rodríguez , Osvaldo Faúndez Vallejos y Servando Jordán López . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .
Acompaña instrumentos que indica.
EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OLGA FELIÚ SEGOVIA, Senadora, en los autos sobre recurso de inconstitucionalidad interpuesto por doce Senadores, respecto del proyecto de ley que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas, boletín Nº 1374-05 a US Excelentísima respetuosamente digo:
Vengo en acompañar los siguientes instrumentos para ser agregados al requerimiento presentado ante US. Excma.:
1. Signado con la letra A), Mensaje del proyecto de ley enviado por S.E. el Presidente de la República , a la Honorable Cámara de Diputados, boletín Nº 1374-05.
2. Signado con la letra B), proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, diario de sesión 11 de 7 de noviembre de 1995, páginas 1086 y siguientes.
3. Signado con la letra C) primer informe de la Comisión de Hacienda, diario de sesión 60, de 15 de mayo de 1996, página 6928 y siguientes.
4. Signados con las letras D), E) y F), respectivamente, discusión, en general, en el Senado. Diarios de sesiones 4ª de 5 de junio de 1996, páginas 300 y siguientes; sesión 7ª, de 13 de junio de 1996, páginas 558 y siguientes y sesión 8ª, de 18 de junio de 1996, páginas 684 y siguientes.
5. Signado con la letra G), segundo informe de la Comisión de Hacienda. Diario de sesión 24 de 1 de agosto de 1996, páginas 2024 y siguientes.
6. Signados con las letras H), I) y J) respectivamente, discusión particular en el Senado, diarios de sesiones 25ª ordinaria, de 6 de agosto de 1996, páginas 2158 y siguientes, 27ª ordinaria, de 8 de agosto de 1996, páginas 2448 y siguientes, y 28ª ordinaria, de 13 de agosto de 1996, páginas 2529 y siguientes.
7. Signado con la letra K) Oficio Nº 1265, de 10 de septiembre de 1996, de la Honorable Cámara de Diputados a S.E. el Presidente de la República , comunicándole que el Congreso Nacional dio su aprobación al proyecto de ley que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas que acompaña.
8. Signado con la letra L) informe de la biblioteca del Congreso Nacional que da cuenta de la tramitación del proyecto de ley a que se refiere el requerimiento.
Por tanto,
Ruego a US. Excma., tener por acompañados los documentos.
Santiago , veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis.
Con el mérito de la presentación de la parte requirente y de los antecedentes acompañados, se admite a tramitación el requerimiento de fojas 1.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, póngase en conocimiento de S.E. el Presidente de la República , del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de Diputados, en sus calidades de órganos constitucionales interesados, la presente resolución acompañándoles copia del requerimiento.
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Manuel Jiménez Bulnes , y los Ministros señora Luz Bulnes Aldunate , señores Ricardo García Rodríguez , Servando Jordán López y Juan Colombo Campbell . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .
Conforme con su original.
AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DON JAIME ESTÉVEZ VALENCIA
PRESENTE