Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESION
- Dario Barrueto Molinet
- Waldo Mora Longa
- PRESIDENTE DE LA SESION
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Waldo Mora Longa
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV . CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
- ENVÍO A COMISIONES DE INDICACIONES A PROYECTO DE LEY DEL DEPORTE.
- V. HOMENAJE
- DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Sergio Ojeda Uribe
- HOMENAJE : Baldo Prokurica Prokurica
- HOMENAJE : Jose Francisco Encina Moriamez
- HOMENAJE : Anibal Perez Lobos
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE : Enrique Van Rysselberghe Varela
- DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INDEMNIZACIONES PARA MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- NUEVO STATUS JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SIDA, CONASIDA.
- PLAN MÍNIMO DE SALUD PARA DESEMPLEADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Haroldo Fossa Rojas
- Eugenio Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- MEDIDAS PARA DISMINUIR MOROSIDAD DE DEUDORES DEL SERVIU. Oficio.
- ADHESION
- Fanny Pollarolo Villa
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Sergio Aguilo Melo
- Ivan Mesias Lehu
- Jaime Rocha Manrique
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Edgardo Riveros Marin
- Sergio Ojeda Uribe
- Pablo Lorenzini Basso
- Luis Pareto Gonzalez
- Carlos Olivares Zepeda
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- ALBERGUE FEMENINO PARA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, EN IQUIQUE. Oficios.
- HOMENAJE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES EN SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO. Oficio.
- ADHESION
- Andres Palma Irarrazaval
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Carlos Olivares Zepeda
- Sergio Ojeda Uribe
- Pablo Lorenzini Basso
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Patricio Walker Prieto
- ADHESION
- AUMENTO DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS DE TRABAJADORES RURALES, EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Andres Palma Irarrazaval
- Edgardo Riveros Marin
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES OCURRIDAS EN CUARTELES POLICIALES DE ANCUD Y PUENTE ALTO. Oficios.
- ADHESION
- Andres Palma Irarrazaval
- Sergio Ojeda Uribe
- Pablo Lorenzini Basso
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTO EN PROYECTO HABITACIONAL EN MELIPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Pablo Lorenzini Basso
- Sergio Ojeda Uribe
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PESCA EN PERJUICIO DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN. Oficio.
- ADHESION
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- MEDIDAS PARA DISMINUIR MOROSIDAD DE DEUDORES DEL SERVIU. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- 6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo relativo al tratado de la Ompi sobre derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. (boletín Nº 2414-10)
- AUTOR DE INFORME DE COMISION
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Maria Isabel Allende Bussi
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Carlos Caminondo Saez
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rosa Gonzalez Roman
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Cristian Antonio Leay Moran
- Ivan Moreira Barros
- Victor Reyes Alvarado
- Edgardo Riveros Marin
- Salvador Urrutia Cardenas
- AUTOR DE INFORME DE COMISION
- 6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo relativo al tratado de la Ompi sobre derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. (boletín Nº 2414-10)
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 48ª, en martes 9 de mayo de 2000
(Ordinaria, de 11.12 a 14.50 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
- Permiso constitucional a ex Presidente de la República 9
- Envío a Comisiones de indicaciones a proyecto de ley del deporte 10
V.Homenaje.
Día Internacional de la Cruz Roja 10
VI.Orden del Día.
- Creación de Defensoría Penal Pública. Primer trámite constitucional. (Con-tinuación) 21
- Autorización de empréstito para construcción de parque científico-tecnológico de la Universidad de Chile. Primer trámite constitucional. (Con-tinuación) 32
- Indemnizaciones para ministros de la Corte Suprema. Primer trámite constitucional. (Continuación) 42
VII.Proyectos de acuerdo.
- Nuevo status jurídico de la Comisión Nacional del Sida, Conasida 43
- Plan mínimo de salud para desempleados 43
VIII.Incidentes.
- Medidas para disminuir morosidad de deudores del Serviu. Oficio 46
- Albergue femenino para Universidad Arturo Prat, en Iquique. Oficios 47
- Homenaje a Junta Nacional de Jardines Infantiles en su trigésimo aniversario. Oficio 48
- Aumento de recursos para el programa de nivelación de estudios de trabajadores rurales, en la Séptima Región. Oficio 48
- Información sobre situaciones ocurridas en cuarteles policiales de Ancud y Puente Alto. Oficios 49
- Irregularidades e incumplimiento en proyecto habitacional en Melipilla. Oficios 50
- Antecedentes sobre incumplimiento de la ley de Pesca en perjuicio de pescadores artesanales de Aisén. Oficio 52
Pág.
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece un seguro de cesantía (boletín Nº 2494-13) 54
- Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “simple” para el despacho de los siguientes proyectos:
2. Sobre discriminación racial y étnica (boletín Nº 2142-17) 54
3. Modifica el artículo 54 de la Constitución Política de la República, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios (boletín Nº 2415-07) 55
4. Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (boletín Nº 2296-18) 55
5. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificación, el proyecto que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares (boletín Nº 2304-07) 56
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, recaído en el proyecto de acuerdo relativo al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ompi, sobre derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (boletín Nº 2414-10) 57
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada de la Democracia Cristiana por la cual informa que el diputado señor Mulet reemplazará en forma permanente al diputado señor Mora en la Comisión especial de Seguridad Ciudadana.
2. Oficios:
Ministerio del Interior
-De los diputados señores Rojas y Krauss, exportaciones de ácido sulfúrico hacia Bolivia por parte de la Empresa Tamarugal, de la Segunda Región.
-Del diputado señor José García, costo de edición Memoria 1994-2000 del Consejo Regional de Control de Estupefacientes.
-De los diputados señores Felipe Letelier, Andrés Palma, Ojeda y de la diputada señorita Sciaraffia, mecanismo de protección para medianos y pequeños productores de uva.
-De la diputada señorita Sciaraffia y de los diputados señores Ojeda, Jaramillo, Tuma, Felipe Letelier, Errázuriz y Fossa, creación de comuna de Alto Hospicio.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De los diputados señores Ascencio, Acuña, Ortiz y Velasco, modificación de áreas autorizadas para el ejercicio de la acuicultura en la comuna de Queilén.
Ministerio de Hacienda
-Remite ejemplares de los Balances de Gestión Integral 1999.
Ministerio de Bienes Nacionales
-De la diputada señora Soto, pérdida patrimonial que sufre el fisco por aplicación de norma del artículo 10 del DL Nº 2.695, de 1975, en las Regiones Quinta, Octava y Metropolitana.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Bustos, condición para obtención y pago de subsidio habitacional.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-De la diputada señorita Sciaraffia, prohibición de transportes y comercialización de productos provenientes de la Zona Franca de Iquique.
-De los diputados señores Krauss, Fossa, Ortiz, Villouta y Navarro, improcedencia de permitir el retorno al antiguo sistema de seguro social para funcionarios públicos que se encuentran vinculados a una AFP.
-De los diputados señores Arratia, Sánchez, Velasco, Jaramillo, Delmastro y Ortiz, situación producida en la Sexta Región con un depósito de residuos de arsénico de la División El Teniente de Codelco-Chile.
Gobernación Provincial de Puerto Montt
-De los diputados señores Rojas, Sánchez, Kuschel, Pablo Galilea, José García, Van Rysselberghe y Ulloa, medidas adoptadas para evitar inundaciones recurrentes en varios sectores urbanos de las comunas de la provincia de Llanquihue.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva,Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Rafael Arratia, René Manuel García y Juan Pablo Letelier.
-Asistieron, además, los ministros del Interior, don José Miguel Insulza, y de Justicia, señor José Antonio Gómez.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.12 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 44ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL A EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se concederá el permiso constitucional para ausentarse del país, solicitado por el ex Presidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, número 2, letra a) de la Constitución Política.
Tiene la palabra el diputado señor Moreira, por un asunto de Reglamento.
El señor MOREIRA .-
Señor Presidente, no estoy dispuesto a dar la unanimidad para que el ex Presidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se ausente del país. Es una señal de protesta, pues considero impresentable que a quien hemos conocido durante estos últimos años como el campeón de los viajes, hoy pretenda nuevamente ausentarse del país.
No voy a dar la unanimidad, además, porque faltó el respeto a este Parlamento al pedir su traslado hacia la capital y, segundo, porque durante su Gobierno estuvo ausente del país más de trescientos días. La única forma de protestar al respecto es solicitar a la Mesa que ponga en votación este punto.
Nosotros le decimos al señor Frei: ¡no viaje más!
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, entiendo que el diputado señor Moreira puede hacer uso de su legítimo derecho a expresarse en la forma en que lo ha hecho. Sin embargo, me parecen una grosería las expresiones respecto de un ex Presidente de la República que permitió al país vincularse al mundo de una manera más amplia, que fue capaz de establecer relaciones más profundas y que viajó con muchos sectores empresariales en un mundo moderno, que requiere esa agilidad, tal como lo hacen el Papa y otros gobernantes.
Creo que los términos en que se ha expresado el diputado señor Moreira no corresponden, aun cuando reconozco su derecho. Una materia de este tipo debe ser votada de inmediato, sin mayor debate, y la Cámara, pronunciarse a favor del viaje.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, quiero situar los verdaderos alcances del pronunciamiento que debe asumir esta Corporación.
En virtud de las normas constitucionales, el ex Presidente de la República ha solicitado a la Cámara autorización para viajar al exterior, no para que sus miembros hagan valer apreciaciones de carácter personal respecto del pronunciamiento que adopten.
El objeto del constituyente, que reitera normas contenidas en anteriores constituciones, es que la Cámara de Diputados analice si existen elementos que obliguen al arraigo del ex Presidente en virtud de una virtual acusación política, y en ese sentido pronunciarse. Por lo tanto, las apreciaciones subjetivas que cada cual pueda tener deben guardarse para otra instancia.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En votación la petición de permiso constitucional.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ENVÍO A COMISIONES DE INDICACIONES A PROYECTO DE LEY DEL DEPORTE.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Comunico que han ingresado a la Corporación las indicaciones del Ejecutivo al proyecto de ley del deporte, solicitado en reiteradas ocasiones por la Sala, el cual se encuentra informado en segundo trámite reglamentario.
En consecuencia, propongo remitirlas a las respectivas comisiones, con el objeto de que se aboquen a su conocimiento.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. HOMENAJE
DÍA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde rendir homenaje a la Cruz Roja, con motivo de celebrarse su día internacional.
Se encuentra presente en la tribuna de honor una delegación de la Cruz Roja chilena, encabezada por la presidenta de esa noble institución, señora Zoy Katevas de Sclabos, y el señor Gerard Petrigné, delegado regional de la Cruz Roja.
(Aplausos).
Para iniciar el homenaje, tiene la palabra el honorable diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA (de pie).-
Señor Presidente, estimados colegas, señora Zoy Katevas de Sclabos, presidenta de la Cruz Roja chilena; señor Gerard Petrigné, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, socias y socios de la institución.
Rindo un merecido y justo homenaje a la Cruz Roja, y permítaseme hacerlo extensivo a la Media Luna Roja, ambas instituciones coincidentes en objetivos y orígenes.
Ayer, 8 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Cruz Roja, creada en 1863 y que hoy se encuentra presente en 175 países, con 106 millones de voluntarios en todo el mundo.
El objetivo básico de esta entidad universal es socorrer y prestar auxilio a las personas, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra; aliviar el sufrimiento, proteger la vida y la salud y hacerlas respetar en su integridad y dignidad.
Surge como una respuesta al dolor y la muerte, como una fórmula de vida, de la necesidad de socorrer y atender, del sentimiento intenso de comprender y de acudir en ayuda del necesitado y del herido. Es, en suma, la materialización de los más grandes y sagrados principios de respeto y de solidaridad humana, postulados irrenunciables, enraizados en el alma y en el espíritu de quienes fueron sus fundadores y de quienes han integrado e integran esta institución.
Su fuente de origen está en la idea de un hombre, de un hecho, de una circunstancia, de una necesidad, de un libro, de la impresión y de una inquietud intranquilizadora. Surge de la visión conmovedora de Henri Dunant , cuando en un viaje presenció en la batalla de Solferino los horrores producidos en los campos de batalla. Nos relata esos hechos en un libro que escribió; nos habla de los horrores que presenció en el norte de Italia, donde el 24 de junio de 1859 franceses e italianos libraron una feroz batalla contra los austríacos, que ocupaban el país. Fue un violento enfrentamiento que, en horas, causó 40 mil víctimas, entre muertos y heridos.
El cuadro que presenció Henri Dunant lo impactó sobremanera; el abandono de los heridos a su sufrimiento, prácticamente mutilados y abandonados en su agonía, impresionó a este hombre que se encontraba en aquel lugar por asuntos de negocios. Con ayuda de los habitantes de las localidades vecinas les prestó socorro, sin discriminación. Dunant había observado que los servicios de sanidad de los ejércitos eran claramente insuficientes y nunca pudo olvidar esa visión de horror. Entonces, cogió la pluma para relatar el drama de la guerra mil veces repetido. En 1862 terminó de escribir su obra “Recuerdos de Solferino”.
De allí comienza a gestarse la idea de la Cruz Roja. La mente y el espíritu de Dunant estaban sensibilizados; él se encontraba permanentemente inquieto y predispuesto a materializar la idea de crear una agrupación humana que estuviera presente en las instancias más dolorosas y trágicas para atender al herido y socorrer al desprotegido.
La idea original se desarrolló y maduró a través del tiempo y el legado de su impulso constituye hoy un símbolo, un distintivo inequívoco universal y salvador, como lo es la cruz roja con un fondo blanco, verdadero homenaje a la Confederación Suiza, con los colores federales invertidos, porque en ese país nació la Cruz Roja y porque Henri Dunant tenía esa nacionalidad.
Aparte de dar real testimonio del gesto humanitario en el campo de batalla, propuso sus ideas innovadoras y concretas sobre la materia. Se podrían fundar sociedades nacionales de socorro, cuya finalidad sería prestar asistencia a los heridos en tiempo de guerra. Esa idea, por cierto, fue el origen de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Para garantizar que los heridos recibieran atención médica sin discriminación, propuso formular un principio internacional, convencional y sagrado que, una vez aprobado y ratificado, serviría de base para las sociedades de socorro a los heridos de diversos países.
De esa segunda idea de Dunant nació el Derecho Internacional Humanitario moderno, cuya primera expresión escrita fue el Convenio de Ginebra de 1864, para aliviar la suerte de los soldados heridos en campaña, en el cual se les otorga un estatuto de neutralidad a los heridos y a las personas que los atiendan.
Se crea también el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cruz Roja y Derecho Internacional Humanitario son, entonces, dos aspectos inseparables, dos joyas universales de la creación humana.
Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, aprobados en 1949 y 1977, respectivamente, constituyen el Derecho Internacional Humanitario que la Cruz Roja internacional ha venido elaborando en conjunto con los Estados y que Chile ha ratificado, asumiendo el compromiso de respetarlos y hacerlos respetar.
Así, tenemos el Convenio de Ginebra que protege a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el Convenio de Ginebra que protege a los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; el Convenio de Ginebra que protege a los prisioneros de guerra, y el Convenio de Ginebra que protege a la población civil.
Posteriormente, se sintió la necesidad de fortalecer el Derecho Internacional Humanitario para proteger de forma más eficiente a las víctimas de las guerras contra la dominación colonial, la ocupación extranjera y los conflictos internos. En 1977, se aprobaron dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra: el Protocolo I, que refuerza la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales y amplía la definición de los mismos a las guerras de liberación nacional, y el Protocolo II, que refuerza la protección de las personas por conflictos armados internos, complementando así el artículo 3º, común a los cuatro convenios de Ginebra.
El Comité Internacional de la Cruz Roja es el fundador del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Mantiene y difunde los principios fundamentales del movimiento y reconoce a cada nueva sociedad nacional, siempre que reúna las condiciones estipuladas en los estatutos del movimiento; actúa en situaciones de conflictos armados o de violencia interna y en el área humanitaria en el respectivo país, como auxiliar de los poderes públicos.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, fundada en 1919, promueve las actividades humanitarias de las sociedades nacionales, coordina el socorro internacional del movimiento en caso de desastre natural o tecnológico en tiempos de paz y fomenta la asistencia para el desarrollo.
La comunidad internacional ha encomendado al Comité Internacional de la Cruz Roja la tarea de velar por el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales reconocen expresamente a dicho Comité el derecho de acceso a las víctimas de conflictos armados internacionales, permitiéndole de esa manera abogar por sus sufrimientos ante las partes en conflicto. La acción en favor de las personas afectadas por conflictos armados o por violencia interna tiene por objeto preservar su integridad física y su dignidad. Consiste principalmente en desarrollar actividades médicas, distribuir asistencia material, visitar detenidos, intervenir ante las partes en favor de las víctimas civiles, difundir el Derecho Internacional Humanitario y los servicios de la Agencia Central de Búsqueda.
La Cruz Roja internacional tuvo una muy noble y activa participación en Chile, entre 1973 y 1989, en favor de los perseguidos y de las familias de las personas desaparecidas.
La institucionalidad de la Cruz Roja está ligada con la del universo jurídicamente estructurado de los países, con un contenido absolutamente altruista y protector. Sus principios fundamentales giran en torno a la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, voluntariedad y universalidad que la configuran como una institución autónoma, que no discrimina y que entrega un tratamiento de ayuda y protección a todos, sin diferencias.
Si hemos de buscar gestos, actitudes, obras, tratamientos y manifestaciones humanas de solidaridad por iguales a todos y que acojan al ser humano en su dolor y necesidad, tenemos a esta institución universal.
El papel de la Cruz Roja es hoy mucho más amplio, de acuerdo con las circunstancias y exigencias de la vida moderna, ya que en tiempo de paz socorre a los desposeídos y brinda ayuda a los necesitados.
No sólo las guerras provocan el dolor y la necesidad; también en tiempos de paz el ser humano está desprotegido y necesitado; también hay dolor en tiempos de paz.
Nuestra Cruz Roja, a la que saludamos en el día de hoy, fue fundada el 18 de diciembre de 1903, en Punta Arenas; cuenta con 190 filiales a través del país, desde Arica a la Antártica, incluida isla de Pascua; con 25 mil voluntarios, cumple múltiples servicios en todo el territorio nacional, como los centros de salud, primero auxilios, cursos de enfermería, bancos de sangre, prevención del VIH, Sida; prevención de drogas, desarrollo comunitario, atención de niños, asistencia a los adultos mayores; intervención en desastres, accidentes del tránsito, incendios, agencias de búsqueda, etcétera. Una Cruz Roja moderna, dinámica, que incursiona también en el proceso de desarrollo nacional, aportando lo suyo para superar la pobreza y el subdesarrollo que tanto agobia a la humanidad.
Así son la Cruz Roja y Media Luna Roja: una luz en la oscuridad, la mano bendita que se extiende al necesitado.
Pese a los horrores, a la angustia de la humanidad por las guerras; esta humanidad que no aprende, que parece ser inmune al dolor e insensible al drama, pues sigue permitiendo que se repitan por miles los horrores de Solferino, porque las guerras se multiplican, los actos de crueldad y la eliminación de adversarios políticos o de razas continúan, y mientras se repitan y sucedan o se multipliquen, estará presente la Cruz Roja con sus voluntarios.
No podemos olvidar la muerte de los seis delegados extranjeros de la Cruz Roja internacional, asesinados a tiros el 17 de diciembre de 1996, mientras dormían en un complejo hospitalario en Novye, Atagui, 17 kilómetros al sudoeste de Grozny, en la república de Chechenia. Entre ellos se encontraban cinco mujeres. Los gobiernos hablaron de un crimen cruel e irracional; otros, de un acto de vandalismo y de barbarie.
En 1992, ya habían muerto quince trabajadores de la Cruz Roja en diversos ataques registrados en Somalia. Después, quizás, cuántos más, muchos de ellos en el anonimato.
Los habitantes que viven en países en guerra reciben ayuda constante de estos peregrinos de la paz. Y en los países en paz, la atención, socorro y auxilio por las circunstancias que a diario suceden, se multiplican también en igual forma.
Señora presidenta de la Cruz Roja, señor representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, socias y socios: les pedimos, por favor, no permitan que la Cruz Roja deje de ser lo que es, que deje de actuar como actúa, que dejen de integrarla los voluntarios que la integren o que deje de tener el contenido altruista, noble y humanitario que posee. La Cruz Roja forma parte de esa gran reserva espiritual de la humanidad, de solidaridad, amor y hermandad, que el hombre se ha creado en su gran lucha contra el egoísmo, la brutalidad y la inconsciencia. Mantengámosla, desarrollémosla y defendámosla.
Felicitaciones, Cruz Roja.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA (de pie).-
Señor Presidente, señora presidenta de la Cruz Roja, señor representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, socias que nos acompañan en las tribunas.
En nombre de Renovación Nacional, rindo homenaje a la Cruz Roja internacional.
Para comprender la inmensa labor y tarea de esta institución, no podemos dejar de mirar sus orígenes, que reflejan la decidida respuesta de amor frente a la dura realidad del dolor humano.
El sol del día 25 junio de 1859 ilumina uno de los espectáculos más horribles que puedan imaginarse. El campo de batalla está por doquier cubierto de cadáveres y de caballos; los caminos, las zanjas, los barrancos, los zarzales, los prados se hallan sembrados de muertos y los alrededores de Solferino están literalmente atestados. Los campos aparecen asolados; el trigo y el maíz, pisoteados; los setos, destrozados; se ven charcos de sangre. Los pueblos se hallan desiertos y muestran las huellas de los disparos, de las granadas, de las bombas y de los obuses; las casas parecen agrietadas, deterioradas, con enormes orificios. Sus habitantes, que durante veinte horas han permanecido ocultos y refugiados en los sótanos, sin luz y sin alimentos, comienzan a salir a la superficie. Y su expresión de estupor atestigua, sin lugar a dudas, el terror sufrido. Todos los desdichados heridos que son evacuados durante la jornada están pálidos, lívidos, anonadados; unos especialmente, los que han sufrido profundas mutilaciones, tienen la mirada extraviada y no parecen comprender lo que se les dice; sus ojos turbados se posan de vez en cuando sobre los demás, pero su postración aparente no les impide sentir sus sufrimientos; otros se muestran inquietos y desazonados por la conmoción nerviosa y un temblor convulso a causa de las heridas abiertas que han empezado a supurar. Se sienten locos de dolor y con el rostro contraído piden a gritos que acaben con ellos, mientras sufren los estertores de la agonía.
Henri Dunant no podría olvidar ya jamás ese espectáculo. A partir de ese día, el hombre de negocios, preocupado de sus molinos, había terminado: nacía un hombre con el corazón destrozado, que haría surgir toda una institución internacional de una simple emoción humana.
Así comienza la historia de una de las más grandes empresas humanitarias del hombre: la Cruz Roja internacional. Henri Dunant, el fundador, dedicó los cuatro días siguientes a la escabrosa, pero maravillosa tarea de dar auxilio a los heridos. Sorprendiendo a todos y contra la lógica de aquella época, exigió la libertad para que médicos austríacos cuidaran a los heridos franceses. Se ponía así uno de los pilares fundamentales de la futura institución: la ayuda a los heridos por encima de los bandos en conflicto.
Los primeros intentos para articular una organización fueron un rotundo fracaso. En el libro escrito por Dunant, “Recuerdo de Solferino”, hace la pregunta esencial. ¿No se podrían fundar en tiempos de paz sociedades voluntarias de socorro, compuestas por abnegados voluntarios, altamente calificados, cuya finalidad sea prestar o hacer que se preste, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos? Ellos impedirían que enterrasen a los vivos con los muertos; los soldados podrían recibir su correspondencia; se llevaría un registro exacto de los heridos, y los decesos se comunicarían a las respectivas familias.
El año 1863 fue muy duro -gestiones, cartas, antesalas y una lucha agotadora que no acababa nunca- y, sin embargo, fue durante su transcurso cuando su idea fue tomando cuerpo. Fue finalmente el 26 de octubre de ese año que se abría, en el Ateneo de Ginebra, la primera asamblea internacional de la Cruz Roja con las históricas palabras pronunciadas por un general: “La obra que vamos a crear no reconoce ningún partido, no sabe de razas, no sabe que existen naciones ni religión alguna. Sólo reconoce el dolor donde sea y las víctimas, cualesquiera que sean”.
Esta inspiración, inicialmente originada en la brutalidad bélica, se extiende muy pronto a la preocupación por el sufrimiento humano también en tiempos de paz. Las pestes, las epidemias, las condiciones insalubres, en fin, los miles de “solferinos” que, día a día, condenan a hombres y mujeres al sufrimiento y a la muerte.
Al comienzo fueron pocos, como siempre incomprendidos, los que se impusieron la tarea de llevar la esperanza a los enfermos, sin ninguna otra consideración que la de ser seres humanos. Hoy millones de personas, en todo el mundo, se encuentran comprendidas en el desafío.
En Chile la idea encontró casi una inmediata respuesta, ya que el 18 de diciembre del mismo año de 1863, ciudadanos italianos, españoles, griegos, franceses y chilenos fundan una sociedad que se llamaría Cuerpo de Asistencia Social, adoptando los postulados de la Cruz Roja internacional.
La llama se enciende para no interrumpirse ni extinguirse jamás. Miles de voluntades en nuestro país han consagrado su vida al noble ideal de la Cruz Roja, y es justo rendir y entregarles hoy a ustedes un reconocimiento y nuestro más sincero homenaje en su aniversario número 137.
He dicho
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA (de pie).-
Señor Presidente, señora presidenta de la Cruz Roja chilena, señor representante de la Cruz Roja internacional, señoras socias y señores socios de la Cruz Roja que hoy nos acompañan en las tribunas; la bancada del Partido Socialista se suma a este homenaje que realiza la Cámara de Diputados a la Cruz Roja internacional con motivo de su aniversario.
Señor Presidente, momentos de gran dolor y aflicción para la Humanidad, como los que originan el flagelo de la guerra, sirvieron, a su vez, para dar vida a la más grande de las organizaciones de socorro del mundo, que a la fecha se ha expandido a más de 160 países. Es así como en el año 1862, en Henri Dunant, filántropo suizo, decidió impulsar la creación de esta prestigiosa institución ante los horrores que, en 1859, le correspondió presenciar en la batalla de Solferino, donde italianos, franceses y austríacos se trenzaron en una encarnizada lucha, la que concluyó con más de 40 mil víctimas, entre muertos y heridos.
La Cruz Roja internacional surgió del imperativo moral de auxiliar y socorrer a los caídos, víctimas de la violencia irracional de la guerra. Con el paso de los años fue ampliando su accionar a otros campos, donde también se requería su presencia. Por ello, hoy a nadie extraña ver a sus voluntarios asistiendo a víctimas de catástrofes naturales, incendios y accidentes. Asimismo, es frecuente observarlos prestando su invaluable ayuda a ancianos, niños huérfanos, alcohólicos y a otras personas que, por uno u otro motivo, requieren de su socorro.
Desde su creación, para la Cruz Roja ha sido motivo de permanente preocupación el prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres, cualesquiera que sean las circunstancias en que se encuentren, así como también el promover el respeto hacia la persona humana, favorecer la comprensión mutua, la amistad y la cooperación entre los pueblos.
Prueba irrefutable de lo dicho lo constituye el principal legado que esta institución dejó a la humanidad en el siglo XX, como son los Convenios de Ginebra, en cuya promoción y celebración la Cruz Roja tuvo activa participación. Estos documentos, que constituyen un hito fundamental en la historia del derecho internacional humanitario, procuran que se mantenga el respeto y la consideración a la persona humana y a su dignidad, aun en aquellos difíciles y duros momentos por los que se atraviesa cada vez que estalla un conflicto bélico.
Hoy, cuando nos encontramos inmersos en una sociedad donde el dinero y los bienes materiales constituyen la principal preocupación de muchos; donde la apatía y el desgano se imponen por sobre la participación ciudadana; donde prima el individualismo por sobre la entrega solidaria, no deja de sorprender y reconfortar que miles de personas en el mundo se integren a una institución cuyo rasgo esencial es el servir desinteresadamente a sus semejantes sin esperar retribución alguna por ello; una institución en la cual no se hace distinción de nacionalidad, raza, religión ni credo político a la hora de prestar auxilio y colaboración ante las desgracias y calamidades que periódicamente azotan a la Humanidad.
En nuestro país hemos constatado en carne propia la relevancia de su quehacer. En efecto, cuando el dolor y la angustia han invadido nuestra geografía, siempre los chilenos hemos recibido de la Cruz Roja su atención solidaria, su ayuda desinteresada y las palabras de consuelo de sus voluntarios, las que han servido para mitigar el sufrimiento ocasionado por alguna inclemencia de la naturaleza.
Asimismo, quienes integramos la bancada del Partido Socialista tenemos especiales motivos para manifestar nuestro agradecimiento a esta institución. Con motivo de la crisis política que vivió nuestro país hace ya 26 años, la Cruz Roja internacional efectuó una significativa contribución hacia muchos chilenos que en esos duros momentos se encontraban privados de libertad.
Señor Presidente, los principios de humanidad, imparcialidad, voluntariedad y neutralidad que caracterizan a esta institución, constituyen, a la vez, normas de conducta que emanan de la conciencia de cada uno de sus miembros, la misma que los mueve a entregar el máximo esfuerzo cada vez que su servicio es requerido, aun cuando las circunstancias en que les toca participar no sean las más aptas para efectuar su reconocido aporte.
En este sentido, deseamos manifestar nuestro público reconocimiento a aquellos integrantes de la Cruz Roja que, día a día, realizan la mayor demostración de grandeza y generosidad exigibles a un ser humano, como es el arriesgar la vida por sus semejantes, como lo hacen todos aquellos voluntarios que deben recorrer los campos de batalla socorriendo a los caídos.
En nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, deseo manifestar nuestros sinceros sentimientos de admiración y reconocimiento por la abnegación, dedicación y entrega desinteresada que demuestran sus integrantes no sólo en Chile, sino también en el mundo entero.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ, don Aníbal (de pie).-
Señor Presidente, señora presidenta de la Cruz Roja de Chile, señor representante de la Cruz Roja internacional, estimados colegas parlamentarios, en nombre de la bancada de diputados del Partido por la Democracia me corresponde rendir homenaje a una de las instituciones no gubernamentales más trascendentes en la historia contemporánea, como es la Cruz Roja internacional.
Desde su nacimiento, el símbolo de la Cruz Roja, o de la Luna Roja, como se le conoce en el mundo islámico, va unido a la imagen del dolor, de la enfermedad, de la pobreza y la desprotección, pero, al mismo tiempo, va unida a la imagen del amor, la solidaridad, la tolerancia y la neutralidad.
Cuando en 1859 el filántropo suizo Henri Dunant observó los horrores de la batalla de Solferino, en la cual se enfrentaron franceses e italianos contra austríacos, comprendió que los equipos médicos de los bandos en disputa no serían capaces de prestar atención oportuna a más de 40 mil víctimas que dejó el combate, pues la mayoría de los hombres heridos morían en el campo de batalla sufriendo el abandono, el dolor y la desesperación, y comprendió también que era necesario crear una institución que sin preocuparse de banderas, sin adoptar posiciones políticas, de razas ni de religión, fuese capaz de pensar y actuar en pro del ser humano, de socorrer al herido y dar protección al desprotegido. Por ello, bajo el símbolo de la Federación Helvética, con sus colores invertidos, creó la institución de la Cruz Roja, organismo internacional de clara inspiración humanista, con los principios rectores de imparcialidad, neutralidad, voluntariedad y universalidad. Es una unidad con administración autónoma, independiente de cualquier Estado o gobierno, que no discrimina y que entrega un tratamiento de ayuda, de protección a todos los hombres y mujeres del planeta, sin diferenciar a ninguno.
Desde ese momento, la Cruz Roja se ha convertido en el organismo de la paz en los territorios de guerra, en el símbolo del derecho en medio del caos, en la protectora de la dignidad de los combatientes, en la presencia de la vida en medio de la muerte, en el amparo del refugiado, en el pan del hambriento, de la solidaridad en el cautiverio y de la civilidad en el teatro militar.
La Cruz Roja, por su carácter universal, es posible encontrarla en los campos de Grozny, en los campamentos de Ruanda, en la toma de la embajada japonesa en el Perú, en las selvas de Nicaragua, en los montes de Afganistán y entre los niños hambrientos de Somalia. Sus abnegados voluntarios, negando su propia persona, se entregan en cuerpo y alma a la protección de los enfermos, heridos y hambrientos sin pensar en el riesgo de su propia integridad y vida. Por ello, amigos, duele tanto que muchos de sus hombres y mujeres hayan sido masacrados por la irracionalidad humana.
En nuestro país, esta institución vive desde 1903, y son miles de chilenas y chilenos voluntarios que se movilizan cada día para ayudar a los enfermos, a los prisioneros, a los azotados por catástrofes naturales y a los pobres de solemnidad.
Por eso, en este día, en que se cumple un nuevo aniversario de la batalla de Solferino y que fue instaurado como el día internacional de la Cruz Roja, levantamos nuestro brazo fraterno y universal para todos aquellos que la componen, y recordamos la figura de su creador, Henri Dunant, como un hombre que, por sobre los conflictos y egoísmos, supo poner en el centro de su quehacer el amor a la Humanidad.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA (de pie).-
Señor Presidente, estimada presidenta de la Cruz Roja chilena, señor delegado de la Cruz Roja internacional, estimados colegas:
En el día de ayer se cumplieron 172 años del nacimiento de Henri Dunant, creador de la Cruz Roja internacional; y por ese motivo celebramos el centésimo trigésimo séptimo aniversario de la idea de la formación de la Cruz Roja internacional, institución que durante toda su existencia se ha dedicado a mitigar el dolor de nuestros semejantes afectados por guerras, hambres o desastres. Las intervenciones de quienes me antecedieron en el uso de la palabra me permiten reflexionar sobre el dilema de cómo a través de la guerra viene la paz; de la crueldad, el amor; de la enfermedad, la salud, y, por qué no decirlo, de la muerte de tantas víctimas que hubo en Solferino hemos tratado de construir un mundo de paz. ¿Y por qué se creó esta institución? Porque un humanista tuvo la inquietud ante la desgracia de la humanidad y pensó que era posible, en los tiempos de paz, crear instituciones o sociedades de socorro que fueran en ayuda de los más necesitados. Es así como el 24 de junio de 1859, bajo el lema “Todos somos hermanos”, nace la idea de crear esta institución. Cuarenta y dos años después, en 1901, su fundador recibe el Premio Nobel de la Paz. He ahí otra paradoja de nuestras vidas: el hombre que inventó la dinamita, Alfredo Nobel , también nos deja su legado para construir un mundo de paz.
La Cruz Roja internacional existe en más de 171 países y cuenta con más de 250 millones de voluntarios.
Pero nuestro país tampoco permaneció ajeno, y es así como a los pocos años, como se ha recordado, el 18 de diciembre de 1863, siete personas, de diferentes nacionalidades: dos chilenos, don Justo Alarcón y don Rosamel Garay ; dos italianos, Víctor Ciccuini y Juan Barbeito ; un español, Esteban Rodríguez ; un francés, Carlos Jouquet , y un griego, Manuel Tragancis , crean un centro internacional de obreros como Cuerpo de Asistencia Social. Así continúa creciendo y fortaleciéndose la Cruz Roja chilena.
A raíz de la Primera Guerra Mundial , un grupo de médicos y enfermeras crea, el 13 de octubre de 1914, la Cruz Roja de las Mujeres de Chile y, posteriormente, el Cuerpo de Enfermeras Voluntarias, institución que sigue creciendo en nuestro país.
Bajo los lemas ya mencionados de la Cruz Roja: “humanismo, imparcialidad, neutralidad”, va ayudando y está siempre presente en los lugares más necesitados, llevando el alivio al dolor físico y al espiritual, o mitigando las necesidades de los más menesterosos, y acogiendo a enfermos y heridos en sus dependencias.
Queridos amigos, debemos recordar que la Cruz Roja funciona en tiempos de paz y de guerra. Así, en la guerra, a sus enfermeros se los considera como no combatientes que atienden a los heridos cualquiera que sea su nacionalidad; y sus ambulancias y establecimientos, con la cruz roja o la media luna, gozan entonces de la neutralidad necesaria para realizar su eficiente labor.
Tengo la imagen de la Cruz Roja desde niño, cuando miraba a sus integrantes transitar por las calles de Chillán. Luego, como alumno de medicina, constaté cómo se capacitaban en los hospitales. Más tarde, en los aciagos días posteriores a septiembre de 1973, fui testigo de su preocupación por la salud de quienes estaban privados de libertad. Como gobernador, también comprobé la labor que llevaban a cabo con ocasión de calamidades públicas. Hoy, como entonces, podemos señalar que la labor efectuada en Chile por esa organización es un reflejo de lo que la Cruz Roja internacional ha realizado en conflagraciones mundiales como las acontecidas en El Líbano, Irak y Chechenia.
En mi nombre y en el de la bancada de diputados del Partido Radical Social Demócrata, quiero entregar, en la persona de la presidenta de la Cruz Roja de Chile, el homenaje a las 25 mil chilenas que desempeñan su labor voluntaria en el país, y en la del delegado regional de la Cruz Roja internacional, a las 250 millones de voluntarias por su abnegada labor en favor de los más necesitados.
Los 137 años de existencia de la Cruz Roja, los 25 mil chilenos voluntarios y las 250 millones de personas que sirven a esa organización, nos permiten creer, con fe y optimismo, en el hombre solidario y constructor de un mundo mejor, donde existan la paz y la armonía social.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE (de pie).-
Señora presidenta de la Cruz Roja de Chile, señor delegado de la Cruz Roja internacional, señores miembros del Comité Central y de la Junta Ejecutiva, estimadas voluntarias y voluntarios, honorable Cámara:
La bancada de la Unión Demócrata Independiente se adhiere hoy al merecido y necesario homenaje que esta Corporación rinde a la Cruz Roja internacional, institución nacida en nuestro país en los albores del siglo pasado y que durante prácticamente 100 años ha desarrollado una extensa labor destinada a aliviar el sufrimiento de miles de chilenos, afectados por enfermedades, desastres de la naturaleza y tecnológicos. Este homenaje coincide con la celebración del Día Internacional de la Cruz Roja y el natalicio de su fundador, el suizo Henri Dunant .
Para comprender adecuadamente el espíritu que anima la acción de la Cruz Roja Internacional, es necesario, como ya se ha dicho, remontarse a sus orígenes. En 1859 y mientras se desarrollaba en el norte de Italia la sangrienta batalla de Solferino, un ciudadano suizo que por razones de negocios se encontraba en el lugar, constató que los soldados heridos quedaban abandonados a su suerte, por cuanto los ejércitos no contaban en esa época con servicios sanitarios. Este empresario suizo, conmovido por los sufrimientos de los soldados, organizó una improvisada acción de socorro, ayudado por la gente del lugar, que le permitió entregar asistencia y consuelo a los afectados. El lema acuñado en aquella oportunidad y que, por cierto, marcaría para siempre la acción de cada uno de los voluntarios de la Cruz Roja en el mundo fue “tutti fratelli”, “todos somos hermanos”.
La experiencia vivida por este ciudadano suizo lo llevaría, una vez terminada la guerra, a proponer la creación de sociedades nacionales de socorro, las que prestarían auxilio a los heridos en tiempo de guerra, lo que sería el comienzo de las sociedades nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja. Sin embargo, el proyecto de Dunant no quedaba ahí, pues, además, proponía dotar a estas sociedades de un conjunto de principios que sirvieran de base para su acción. Estos principios constituyeron el antecedente inmediato de lo que se conoce hoy como derecho internacional humanitario.
La doctrina de la Cruz Roja se encuentra resumida en siete principios fundamentales que, en esencia, persiguen reafirmar el ideal del movimiento y la acción humanitaria. Ellos son: humanidad: aliviar el sufrimiento de los hombres en cualquier tipo de circunstancias, prestando auxilio sin discriminación; imparcialidad: no condicionar la ayuda al afectado en atención a su raza, nacionalidad, religión, condición social o credo político; independencia: contar con la autonomía suficiente para actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento; neutralidad: necesaria para mantener la confianza de todos los afectados. Estas directrices se complementan con el carácter voluntario y desinteresado de la labor desempeñada, y la unidad y universalidad que la acompañan.
Estos son los principios que diariamente guían la acción de millones de voluntarios de la Cruz Roja a través del mundo y que han permitido un reconocimiento indiscutido como movimiento humanitario y de paz.
En nuestro país, la Cruz Roja nace en diciembre de 1903, en Punta Arenas. Sin embargo, su personalidad jurídica sólo sería otorgada 20 años después, el 17 de abril de 1923, mediante ley Nº 3.924, constitutiva de la Cruz Roja de Chile.
La Cruz Roja ha centrado su trabajo en los sectores más vulnerables de nuestra población, y su objetivo es ayudar a quienes allí se insertan a lograr una vida de mejor calidad y una integración total a nuestra sociedad. Para cumplir con este noble propósito, la Cruz Roja cuenta con cerca de 30 mil voluntarios en nuestro país y está presente en todas las regiones a través de 200 filiales. Quiero destacar, en el homenaje que esta Cámara rinde a esta institución, el irreemplazable rol que la mujer ha tenido y tiene en la historia y acción de este movimiento. Los registros de la organización en Chile dan cuenta de una participación femenina cercana al 96 por ciento, lo que hace impensable su existencia y adecuada labor sin esa esencial participación femenina.
En cada uno de nuestros distritos somos testigos de que las actividades de la Cruz Roja son cada vez más amplias y comprenden acciones tan variadas como la capacitación en primeros auxilios, cursos de enfermería, servicios en el banco de sangre, apoyo a los hospitales, cursos de prevención del Sida impartidos en colegios e instituciones, trabajo preventivo en materia de drogas, Infodrogas; atención de salud en más de 144 policlínicas, a menores en jardines infantiles, comedores abiertos y al adulto mayor, agencia de búsqueda nacional e internacional, unidad de socorros frente a desastres naturales o tecnológicos, capacitación de socorristas, etcétera.
La Cruz Roja de Chile, patrimonio y orgullo nacional, atiende periódicamente a cerca de 3 millones de chilenos, en su gran mayoría de escasos recursos, quienes muchas veces tienen pocas oportunidades de acceder a estos beneficios en otras instituciones de beneficencia existentes a nivel nacional. Son precisamente voluntarios de la Cruz Roja los que llegan con ayuda humanitaria a los más recónditos lugares de nuestro territorio nacional, en una labor que sobrepasa con creces los objetivos iniciales que pudo haber imaginado su fundador.
Por esta abnegada e imprescindible labor, esta Corporación rinde hoy un modesto homenaje a los miles de voluntarios de la Cruz Roja de Chile, de Arica a la Antártica, pues con su trabajo no sólo contribuyen a aliviar el sufrimiento de millones de chilenos, sino que, además, cumplen fielmente los principios doctrinarios que inspiran su labor y expresan genuinamente la extraordinaria vocación de servicio público de su voluntariado.
La doctrina y acción de la Cruz Roja no sólo son dignas de nuestro reconocimiento y admiración, sino que, además, nos dejan una importante lección: es posible servir a los demás en forma voluntaria, independiente, imparcial y desinteresada. ¡Qué distinta sería nuestra convivencia si nuestra actividad estuviere inspirada permanentemente en esos mismos principios!
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Así, la Cámara ha rendido este sincero y emotivo homenaje a la Cruz Roja chilena.
Se suspende la sesión.
VI.ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde continuar la discusión en general del proyecto de ley que crea la Defensoría Penal Pública.
Hago presente a la Sala que hay 12 señores diputados inscritos para intervenir.
En primer lugar, tiene la palabra el honorable diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, la semana pasada comenzamos la discusión del proyecto de ley que crea la Defensoría Penal Pública, iniciativa inserta en la transcendental reforma a la justicia procesal penal que impulsa e implementa el Supremo Gobierno.
Esta reforma deberá tener como resultado principal procesos en que, a lo largo de toda su tramitación, se respeten los derechos y garantías esenciales de las personas, tanto de las víctimas como de los imputados. Entre los de estos últimos, sin duda alguna, está el derecho de defensa, que en las causas criminales, como han puesto de relieve los estudios más modernos, implica que al imputado se le reconozca el derecho a intervenir durante toda la tramitación, desde que se inicia la persecución penal, a fin de desvirtuar los cargos formuladados.
Ello alcanza especial realidad en el desarrollo del juicio oral, ya que éste jamás será válido si al imputado no se le ha permitido defenderse eficazmente y en igualdad de condiciones con el Ministerio Público, que actuará como acusador.
De acuerdo con esta concepción, el respeto del derecho de defensa constituye un componente esencial de la noción misma del proceso. Éste, como medio de resolución de conflictos, se caracteriza por ser participativo, ya que permite una intervención ordenada de aquellos que se pueden ver afectados por una decisión judicial, interactuando con el tribunal, con el fin de lograr una solución de mejor calidad y vinculación a las partes.
Esa participación en el juicio es lo que asegura el derecho de defensa. De allí su importancia para la configuración de un proceso válido.
Por eso, el proyecto que crea la Defensoría Penal Pública ratifica lo señalado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el cual se plantea, en forma clara y categórica, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna.
En el nuevo sistema de justicia penal, el derecho a la defensa es un pilar fundamental. Faculta al imputado a intervenir en el proceso a fin de probar la falta de fundamento de la acusación en su contra. Es un principio garantizador que determina las restantes garantías del debido proceso.
En el nuevo diseño del proceso criminal, la defensa interviene desde el inicio de la persecución penal.
Su principal efecto es mejorar la calidad del trabajo que desarrollen los defensores, así como poner a prueba la capacidad, habilidad y calidad del trabajo de quienes realizan la persecución penal.
El objetivo de la defensa penal pública es proveer de abogado defensor a las personas que lo requieran; se otorga a quienes sean imputados por crimen, simple delito o falta y siempre será ejercida por abogados.
La defensa penal pública se hace valer ante el Ministerio Público o los tribunales de justicia.
Las personas que otorguen servicios de defensa en materia penal, de acuerdo con la ley, serán objeto de evaluación técnica permanente, en la que, por medio de criterios objetivos, se medirá el rendimiento, continuidad y calidad de los servicios prestados.
Esta norma fue ampliamente analizada y discutida desde el punto de vista técnico en nuestra Comisión de Hacienda.
Los beneficiarios de este proyecto son todas las personas que requieran defensa letrada en un proceso penal.
La defensa penal pública será gratuita. Excepcionalmente, podrá cobrarse total o parcialmente a aquellos beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla privadamente.
Los criterios que se tomarán en cuenta para el cobro de los servicios, materia que también se analizó con bastante profundidad en la Comisión de Hacienda, serán: el nivel de ingreso, la capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar que depende del respectivo beneficiario.
Este proyecto plantea las siguientes modalidades de prestación de la defensa penal pública: primero, a través del subsistema público, y segundo, mediante el subsistema privado, lo que va a significar concretamente, cuando la iniciativa sea ley de la República, la existencia de 417 cargos de defensores públicos, 39 de los cuales se desempeñarán en la Octava Región.
Financiamiento del proyecto.
De acuerdo con lo señalado por el informe financiero enviado a la Comisión de Hacienda, queda absolutamente claro que el costo total del subsistema privado asciende a un poco más de 8 mil millones de pesos, mientras que el costo total del subsistema público alcanza a más de 19 mil millones de pesos, por conceptos de personal, operación, infraestructura, mobiliario y equipamiento, informática, capacitación, peritajes, consejo y jurado. En consecuencia, el total del financiamiento del proyecto de defensoría penal pública representa más de 27 mil millones de pesos, y va a significar que prácticamente todo chileno tendrá la posibilidad de acceder a un abogado defensor.
Por eso votaremos a favor, en general y en particular, este proyecto de ley, que representa un peldaño más y muy importante en la gran reforma procesal penal de nuestro país.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, dentro de las garantías que establece nuestra Constitución, está la del número 3º del artículo 19, que reconoce la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Por eso, agrega: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale...”. Además, añade: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos”.
Por su parte, la letra e) del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por Chile en 1990, prescribe que durante el proceso, todo inculpado tiene el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley”.
Lo consagrado en los textos que acabo de mencionar, ambos integrantes de nuestra legislación, no hacen otra cosa que reconocer el derecho a la defensa como parte sustancial de todo proceso válido y como garantía eficaz de lo que en derecho se denomina “el debido proceso”.
En Chile existen dos mecanismos públicos por los cuales la ley otorga el derecho a la defensa penal. Uno es el proveído por los abogados de turno, y el otro, el prestado por letrados de las corporaciones de asistencia judicial. Además, existen mecanismos privados, como las clínicas jurídicas de las escuelas de derecho y los propios consultorios de corporaciones de ayuda social.
Todos estos sistemas resultan insuficientes y obsoletos. El sistema de los abogados de turno se encuentra basado en la caridad de los profesionales del derecho, lo que hace realidad lo señalado por Eduardo Couture, quien expresó que la “abogacía es una ardua fatiga al servicio de la justicia”. Sin embargo, es un sistema que discrimina a estos letrados, porque ellos deben soportar una carga que no afecta a otros profesionales liberales, y más aún a los abogados recién recibidos, ya que con el actual sistema universitario deben pagar hasta el último centavo de lo que el Estado gastó en ellos.
Las corporaciones de asistencia judicial, con todo el reconocimiento que tienen, en la actualidad tampoco representan una alternativa suficiente, por dos razones: en primer lugar, porque se ven desbordadas en su capacidad por el gran número de causas que deben asumir, tanto civiles como criminales; y, en segundo término, porque el servicio descansa en la labor de egresados de derecho que se encuentran realizando su práctica profesional, quienes sólo son supervisados por los abogados de la corporación, a lo cual se suma que estos egresados cumplen su función durante seis meses, es decir, las causas van cambiando continuamente de defensor antes de que se dicte la resolución final del proceso.
Por lo anterior, creemos que el actual proyecto en discusión cumple con dos objetivos principalísimos: por una parte, crear un servicio público moderno, que pueda cumplir con eficacia la labor de defensa de los imputados, equilibrando las condiciones con el Ministerio Público; y, por otra, asegurar a esos imputados una asesoría penal permanente en manos de profesionales calificados para hacer efectivo su derecho a defensa.
A su vez, el proyecto va más allá de lo que fueron los objetivos de los actuales sistemas de defensa. Éstos, como sabemos, están principalmente dedicados a prestar servicios gratuitos a personas de escasos recursos, que no cuentan con los medios para procurarse la defensoría por cuenta propia; es decir, el actual sistema es, en esencia, asistencial. En cambio, el nuevo sistema permitirá acceder a la defensa a quienes no pueden pagarla y a quienes, pudiendo pagarla, opten por que el servicio se encargue de su defensa, remunerándolo conforme a sus capacidades económicas personales. Al respecto, tenemos algunas dudas sobre la posibilidad de cobrar por servicios jurídicos que preste la defensoría pública, ya que podría privilegiarse a quienes paguen por sobre los que no tienen medios para hacerlo, produciéndose así un desequilibrio en la calidad de las defensas.
En cambio, resulta novedoso que la institucionalidad propuesta contemple dos subsistemas de prestación de servicios: uno público, otorgado por el mismo servicio, a través de los defensores locales en su carácter de funcionarios públicos, y otro privado, mediante el cual abogados y estudios de abogados particulares que hayan participado en las licitaciones para la obtención de fondos destinados a prestación de servicios de defensa judicial penal, asuman la defensoría. Por cierto, esos abogados particulares previamente deberán presentar antecedentes que avalen su calificación. Por ello, es de suma importancia que los sistemas de control, evaluación y sanción de los servicios licitados operen con gran rigor, dado que los bienes jurídicos que están en juego son muy trascendentes: la vida y la libertad de las personas y la confianza de la ciudadanía en la eficacia y transparencia de las instituciones públicas.
No nos cabe duda que el destino de esta iniciativa legislativa ha estado ligado desde un comienzo al destino de la actual institución del Ministerio Público, como lo hicimos presente a la ex señora ministra de Justicia en la Comisión de Constitución, en alguna oportunidad, porque creemos que una defensa real y verdadera sólo puede descansar en un sistema absolutamente igualitario sobre el tema.
Con esto creo que estamos dando pleno cumplimiento al compromiso que en materia de derechos internacionales ha suscrito Chile. Del funcionamiento de estas nuevas instituciones dependerá, en buena medida, la posibilidad de hacer realidad el ideal democrático de justicia para todos, particularmente de los más vulnerables que, por ello, exigen de nosotros doble protección.
Por eso, concordamos absolutamente en aprobar, en general y en particular, el proyecto, que permitirá igualdad de condiciones cuando empiece a actuar el Ministerio Público.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, en los últimos dos años se ha querido sentar las bases de una nueva administración de justicia criminal, fundada en procedimientos modernos, transparentes, más expeditos y eficientes. Así, se han aprobado normas constitucionales y legales sobre el Ministerio Público, que dotan al Estado del órgano encargado de perseguir la responsabilidad penal de los imputados por crímenes y simples delitos. Corresponde, en consecuencia y como contrapartida, ocuparnos del órgano o sistema que velará por la defensa de los derechos e intereses de los imputados en el nuevo proceso penal que está construyendo el Supremo Gobierno, con el respaldo permanente del Parlamento.
La proposición legislativa del Presidente de la República, tal como se ha dicho en la Sala, supone crear un sistema complejo de defensa penal gratuita, que reemplazaría o, mejor dicho, superaría a dos instituciones actualmente en funciones: la del abogado de turno y la de las corporaciones de asistencia judicial, como ha señalado la diputada señora Laura Soto.
Hoy, cuando una persona es sometida a proceso y, más aún, cuando el magistrado formula la acusación fiscal, se hace necesaria la defensa en el juicio, y el derecho a la defensa nace en el momento de contestar dicha acusación. Pues bien, para hacerlo es obligatorio que cuente con un abogado -un asistente letrado- que, en caso de no poder ser costeado por el acusado, el Estado se lo asigna, imponiendo esa carga a cualquier profesional abogado que tenga residencia en el territorio de la respectiva corte de apelaciones o, mediante el expediente de enviar el caso a la corporación de asistencia judicial, la que, como muy bien se ha comentado en esta Sala, no siempre cumple con el fin para el cual fue creada.
El mecanismo actual tiene al menos dos fallas tremendas. En primer lugar, que los abogados de turno son obligados a atender gratuitamente a personas, lo que los obliga, por una parte, a efectuar un trabajo sin percibir contraprestación pecuniaria alguna, y por otra, a desempeñarse en un área sumamente especializada, sobre la cual, incluso, puede que no tengan la práctica o el expertizaje adecuado. En definitiva, asumen una carga legal de dudosa constitucionalidad.
Por otra parte, las corporaciones de asistencia judicial en las grandes ciudades del país tienen su apoyo principal en los egresados de la carrera de derecho que hacen su práctica profesional para optar al título de abogado. Son entidades de término de la formación profesional de los abogados chilenos, que se encuentran completamente saturadas y sobrepasadas en su capacidad de atención.
Sinceramente creo que el sistema propuesto, de naturaleza mixta, en el cual coexistirán la Defensoría Penal Pública propiamente tal y entidades privadas -sean abogados, como personas naturales, o corporaciones que participen en licitaciones que las hagan merecedoras de la calidad de cooperadoras de la función de la primera entidad, a cambio del pago de la prestación de sus servicios-, permitirá superar el estado actual de cosas, que atenta contra el fundamental derecho a recibir una buena defensa en juicio para evitar la aplicación abusiva de la ley, el no respeto por los derechos propios o la desproporción de las penas aplicadas por los tribunales.
En resumen, la iniciativa en discusión permitirá superar una situación crítica que, incluso, algunos de nosotros -como es mi caso- hemos tratado de aliviar en nuestros distritos, contratando personal letrado para atender en nuestras propias oficinas, como forma de apoyar -en alguna medida- a los cientos de personas que hoy quedan fuera del sistema público de defensa. Casi todos son pobladores o campesinos humildes que ven, muchas veces, cómo sus derechos son avasallados por gente poderosa, sin tener a quien recurrir o quien los represente en los tribunales.
Pensando justamente en ellos, hago votos por el éxito de esta iniciativa legal y, por supuesto, como lo acordamos en la Comisión de Hacienda, que preside el diputado señor José Miguel Ortiz , anuncio mi aprobación a este proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bustos.
El señor BUSTOS.-
Señor Presidente, vengo en proponer la aprobación del proyecto que crea la Defensoría Penal Pública, sobre la base de los siguientes fundamentos.
En primer lugar, es de público conocimiento que el actual modelo de enjuiciamiento criminal ha sido abandonado por la doctrina y las legislaciones modernas en el espectro del derecho comparado; pero, además, la experiencia del mundo de la vida lo ha desbordado de manera absoluta, lo que se puede resumir en dos cuestiones esenciales, que no admiten discusión: la incapacidad del sistema vigente para otorgar resguardo a los derechos y garantías fundamentales de la persona y la ineficacia absoluta del sistema en la persecución de los delitos. Por eso, en el país se ha iniciado una reforma sustantiva al sistema de enjuiciamiento criminal, que permitirá subsanar las falencias del modelo antes criticado. Así, se ha creado un órgano autónomo de rango constitucional, el Ministerio Público, cuya tarea principal es investigar los hechos y, sobre la base de su investigación, formular su acusación, para posteriormente defenderla ante el órgano jurisdiccional. Hasta aquí estamos en presencia de uno de los aspectos más relevantes de la reforma penal, sin el cual ésta no sería posible. Sin embargo, no debemos desatender otro de los presupuestos que configuran esta reforma: la Defensoría Penal Pública.
La doctrina tiene una posición bien definida en esta materia. En efecto, entre los extremos de garantismo y eficacia ha estimado que ésta no puede ir en desmedro de la primera, noción que no es ajena al legislador, según se desprende del mensaje del viejo Código de Procedimiento Penal, que señala lo siguiente: “...se ha tratado de armonizar hasta donde era posible la investigación prolija y acertada de la existencia del delito e identificación y aseguramiento de la persona del delincuente, con la más amplia libertad de defensa y las consideraciones que se deben al presunto culpable...”.
La noción antes reseñada es plenamente compatible con las exigencias que imponen la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, según se desprende de lo expuesto por el diputado informante .
La defensa es tan presupuesto esencial del proceso como lo son la actividad acusatoria y la tarea de juzgamiento; por tanto, el trinomio defensa, acusación y sentencia define el proceso penal de nuestro tiempo, al que todos aspiramos idealmente.
De acuerdo a como se ha llevado a cabo esta reforma, no han faltado voces que han dicho que en nuestro país se verá alterada la igualdad de derechos entre las partes en el juicio penal, lo cual no es una crítica infundada, atendido el hecho de que hemos pasado mucho tiempo discutiendo sobre sólo uno de los aspectos de la reforma, dejando para el final el tema que hoy nos ocupa y que es fundamental para mantener los equilibrios necesarios en el proceso penal; en estricto rigor, en el debido proceso legal.
La criminalidad es un problema social que en los últimos años ha adquirido particular relevancia en la preocupación pública, tal vez en razón de la ocurrencia de algunos delitos especialmente violentos y espectaculares. Como consecuencia de lo anterior, se ha buscado una solución rápida y, de ese modo, se privilegia la adopción de políticas criminales represivas a través del aumento de los controles policiales respecto de conductas, sean o no delictivas, como hasta hace poco ocurría con la detención por sospecha, lo que configura el paradigma del derecho penal de autor, incompatible con las exigencias de una sociedad pluralista, propia del estado democrático de derecho. Pero, además, centro de atención de tales políticas resultan ser los sectores pobres de la sociedad, a quienes se dirigen especialmente las campañas de control. Dicho en otros términos, los pobres constituyen el foco de interés de una política criminal reactiva.
Por otra parte, los caracteres preponderantes del sistema judicial, con códigos sustantivos y de procedimientos arcaicos, con un sistema penitenciario muy primario, con formas ineficientes de enjuiciamiento del delito y sistemas de asistencia judicial poco accesibles e igualitarios, hacen una profunda crisis. Aumentan las críticas al sistema, acusándolo de no responder a las víctimas, de agravar los sentimientos de inseguridad y de no garantizar los derechos de los procesados, lo que viola y transgrede los derechos y garantías que reconocen el estado de derecho y la sociedad democrática.
Esta situación afecta, en mayor medida, a los sectores carenciados, quienes constituyen -según decía Zaffaroni- la principal clientela de todo el sistema penal, esto es, policial, procesal penal, penitenciario y de medidas alternativas. En este ámbito, como víctimas de la criminalidad, encuentran impedimentos para acceder a la justicia penal, en la que perciben que su condición social juega un rol discriminador importante. Éste, en un contexto de carencias sociales de todo tipo, favorece la espiral de procesos criminalizadores y penalizadores que culminan afianzando su exclusión del sistema social. Todo ello conduce a resultados contrarios a la disminución de la criminalidad, en tanto tiende a reproducirla, traduciéndose en nuevas formas de inseguridad, en especial para los sectores de menos recursos.
Las insuficiencias del sistema jurídico y judicial para responder a las demandas y necesidades de los sectores más carenciados de la población, se reconocen como problema mucho antes de que el sistema jurídico y judicial fuese puesto en cuestión. De hecho, en los diversos gobiernos, desde comienzos de los años 60, se propusieron proyectos destinados a aumentar el número de tribunales para atender las necesidades de los sectores carenciados y perfeccionar el sistema de asistencia judicial gratuita. Dichos proyectos, no obstante reconocerse la importancia del problema, no prosperaron.
Con el objeto de concretar, en la práctica, el equilibrio necesario entre acusación y defensa, elementos integradores y no excluyentes del proceso penal, debe crearse un organismo que, con recursos públicos, sea capaz de financiar las posibilidades de defensa de acusados e inculpados; un organismo público con características similares a las del Ministerio Público, que sea autónomo y de rango semejante. Por eso, en cuanto a su naturaleza jurídica, se señala que debe ser ubicado en las personas jurídico-públicas-administrativas, funcionalmente descentralizadas y territorialmente desconcentradas que, atendida la especialidad de su tarea, requieren gozar de autonomía funcional.
Cabe señalar que el modelo que se propone implementar a través del proyecto en estudio es de carácter mixto. No sólo establece un órgano público a cargo de la defensa penal, sino también entrega diversas tareas de defensa a los particulares, a través de un sistema de licitación con suficiente fiscalización, todo lo cual permite racionalizar los recursos, en el sentido de asegurar a los sectores más carenciados una defensa penal gratuita y, a la vez, permite a quienes posean recursos necesarios, financiar diferenciadamente su defensa.
Por todo lo anterior y lo expuesto en el informe de la Comisión, vengo en aprobar el proyecto en debate, con la convicción de que se ajusta a los requerimientos más esenciales que reclama la realidad del sistema penal y, sobre todo, a los de los derechos esenciales del ser humano.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se encuentra en las tribunas una delegación de la población Parque Carén, de la comuna de Pudahuel, acompañada por el alcalde señor Johnny Carrasco, la concejala señora Sonia Oyarzún y el concejal señor Bernardo Norambuena, quienes asisten para presenciar el debate sobre el proyecto de la Universidad de Chile.
Asimismo, en la tribuna de honor se encuentra presente una delegación de parlamentarios húngaros, encabezada por el presidente del Parlamento de ese país, excelentísimo señor János Ader. La acompañan el embajador de Hungría en Chile, señor Tamas Toth, y el senador señor Antonio Horvath.
Les damos a todos la bienvenida.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, seré muy breve, por cuanto mi exposición sobre el tema la realicé en una sesión anterior. En esta oportunidad, sólo me limitaré a comprometer al ministro de Justicia para que no presente indicaciones en la Cámara, sino en el Senado, a fin de permitir el avance del proyecto.
En primer lugar, en el artículo 6º, que señala los requisitos para ser nombrado defensor nacional, debe establecerse la prohibición de ejercer la profesión por este funcionario, puesto que igual restricción existe para el defensor regional. Aparte del ámbito de su competencia en lo referente al territorio, no se ve la diferencia entre ambos, por lo cual deben tener la misma prohibición.
También debe eliminarse del Consejo Nacional de la Defensa Penal Pública al ministro de Hacienda o a su representante, y así elevar a cuatro los integrantes de los colegios de abogados de la Región Metropolitana y de los colegios regionales.
Asimismo, es menester modificar la letra K) del artículo 21, pues se advierte una contradicción con otra norma. Este artículo consigna que el defensor regional debe designar al abogado que intervendrá en la defensa del acusado o imputado. No obstante, en otra disposición se señala que éste podrá elegir, de una nómina de abogados, a su defensor.
Para salvar tal contradicción es menester modificar la letra K) del artículo 21, con el objeto de asignar al defensor regional la facultad de establecer un sistema objetivo y uniforme para determinar la opción de defensa que pueda hacer el imputado o acusado.
Por último, en relación con el artículo 49, creo que para los colegios de abogados es importante introducir dos representantes de la capital regional en que funcione el jurado que decidirá las propuestas de licitación de la defensa, con el objeto de asegurar su perfil regional en desmedro de los representantes de la capital.
Espero que el ministro de Justicia acoja estas observaciones y presente las indicaciones correspondientes en el Senado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, en primer término, me sumo al saludo al alcalde de Pudahuel, señor Johnny Carrasco, a la concejala señora Sonia Oyarzún, al concejal señor Bernardo Norambuena y a los pobladores del sector de parque Carén, ubicado en la comuna de Pudahuel, que también forma parte del distrito que represento.
Ellos están interesados en el proyecto que figura en el segundo lugar del Orden del Día, relativo a la utilización de 1.033 hectáreas para la construcción de un parque científico-tecnológico por la Universidad de Chile y de un parque público para la Región Metropolitana, en especial para la comuna de Pudahuel, que sería la principal beneficiada.
En cuanto a la institución del defensor público que se crea en el proyecto en debate, quiero expresar que su origen o fundamento jurídico principal está establecido en el Nº 3 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, garantía constitucional que asegura a los chilenos el derecho a la defensa jurídica.
La misma norma asegura la intervención del abogado defensor al indicar: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos”. Esto es conocido como el privilegio de pobreza. En verdad, de la práctica y experiencia de la defensa jurídica, en particular en materia penal, tema que nos reúne, uno puede concluir que ésta es deficiente, irregular y, en algunos casos, nula.
En la actualidad, la defensa jurídica en lo penal se aplica a través de dos procedimientos: uno, de los abogados de turno, que en la práctica descansa en la caridad de los profesionales y su intervención se inicia en la contestación de la acusación, pues no actúan en gestiones previas al mismo proceso, y otro, de las corporaciones de asistencia judicial. Este trabajo está a cargo de egresados o licenciados en derecho, que hacen su práctica profesional gratuita por un lapso de seis meses, lo cual genera una rotación de postulantes a cargo de una misma causa. En algunas ocasiones, han participado hasta seis licenciados, lo que produce irregularidad, indefensión y menoscabo al imputado o acusado.
El proyecto en debate, además de constituir una pieza fundamental en la reforma del proceso penal, hará efectiva dicha garantía constitucional, pues quienes viven en comunas de escasos recursos, que por obligación deben hacer uso del privilegio de pobreza, por decir lo menos, quedaban en absoluta indefensión.
No deseo referirme de manera lata a la naturaleza jurídica de esta institución, pero sí hacer notar que se trata de un órgano autónomo, funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado. El ideal habría sido que la Defensoría Penal Pública también hubiese sido territorialmente descentralizada.
El defensor nacional es de exclusiva confianza del Presidente de la República , dura diez años en su cargo y sólo puede ser removido por éste con acuerdo del Senado.
La Defensoría Penal Pública es una de las partes fundamentales de esta gran reforma penal. Sin ella, el Ministerio Público tendría un poder incontrarrestable. Sin la presencia del defensor público, con todas sus características, los rasgos de autonomía, el financiamiento preestablecido, el procedimiento que se aplicará por parte de los defensores, sean públicos, emanados de la administración del Estado, o privados, a través de la participación de abogados particulares, el proceso de reforma penal no tendría el éxito que debe compensar el esfuerzo empeñado y los recursos que se le han destinado.
No está establecido en el proyecto, pero, para la historia fidedigna de la ley, algunos diputados, en particular el que habla, hemos hecho presente la necesidad de implementar la institución de la defensa penal pública de manera simultánea con la entrada en vigencia del Ministerio Público, pues, de lo contrario, se produciría un desequilibrio desde el punto de vista jurídico, que traería consigo la desconfianza frente a la enorme reforma a la cual estamos abocados.
La creación del defensor público también debe ir acompañada de una reforma sustancial a las corporaciones de asistencia judicial, pues no son instituciones aisladas o separadas, sino que deben caminar de manera conjunta.
Felicito la creación de la defensoría pública. Al mismo tiempo, aprovecho de preguntar al ministro señor Gómez sobre el proyecto relativo a las corporaciones de asistencia judicial, las que, reitero, deben marchar entrelazadas con el respeto a la defensa jurídica establecida en la Carta Fundamental de 1980.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente, resulta gratificante advertir, por las diferentes intervenciones en la Sala, que existe unanimidad sobre la materia que estamos tratando. Es obvio que el proyecto la amerita, sin perjuicio de las reservas que algunos hemos planteado.
Lo importante es el diagnóstico común, que señala que hoy la defensa penal en Chile es ilusoria, al igual que los mecanismos establecidos en la ley para que un imputado o acusado tenga la garantía de que no será penalmente castigado sin que exista una defensa que lo apoye durante el juicio, o que el derecho mínimo de cualquier persona que se enfrenta al poder más fuerte del Estado, al “ius punendi”, que lo puede privar de su libertad por muchos años, se contrarresta con una defensa de calidad.
Hoy, simplemente, la defensa es ritual. Consiste en contestar eventualmente la acusación o presentar recursos de apelación cuando se ha dictado auto de procesamiento. Pero, más allá, no existe defensa.
Quienes hemos sido abogados de turno sabemos que muchas veces las acusaciones dentro de un proceso penal se contestan sin siquiera conocer a los clientes. Esta falla del actual sistema es grave y no puede continuar, menos si en adelante el Estado tendrá la herramienta del Ministerio Público, es decir, un organismo integrado por profesionales cuya misión será investigar los delitos y perseguir la responsabilidad de las personas que aparezcan como autores, cómplices o encubridores.
El Ministerio Público tendrá mucho poder -así se ha querido-, porque su objetivo es lograr la eficacia en la investigación criminal, pero, necesariamente, debe haber alguien que defienda frente al fiscal los derechos de la persona imputada o acusada en un proceso criminal. Eso es lo que estamos viendo hoy.
¿Cuál es el objetivo central del proyecto? Entregar una defensa de calidad al imputado o acusado de cualquier delito, crimen o falta que se tramite en los tribunales de la justicia penal, es decir, procurar que tenga el mejor abogado posible, de manera que la determinación de su responsabilidad y la sanción aseguren a la sociedad que no se castiga a un inocente. Éste es el papel del abogado defensor.
¿Qué vale la pena destacar del proyecto? Iré de mayor a menor.
En primer lugar, entrega las herramientas para que la defensa sea obligatoria. Esto también figura en el código de procedimiento penal que se tramita en el Senado.
No será válida ninguna diligencia que se tramite frente a un juez de garantía y el juicio oral frente a los juzgados penales no será válido si no se cuenta con una defensa. No se trata de cualquier defensa, sino la de un abogado, de un letrado, de una persona que tiene los estudios suficientes para enfrentarse al fiscal en igualdad de condiciones.
Por lo tanto, lo primero es la defensa letrada obligatoria.
En segundo lugar, y tan importante como lo primero, se entrega al imputado o acusado la facultad de elegir su abogado.
Por lo general, debe asumir la defensa un abogado de confianza, pero, como dije, esto es ilusorio para la gran mayoría de la población.
Según el proyecto, el imputado podrá elegir al de su confianza de una nómina de estudios de abogados o de abogados personas naturales para que asuma su defensa en un juicio criminal.
Además, podrá cambiar de abogado hasta por tres veces en el proceso si el profesional ha perdido su confianza: en la etapa de la instrucción, es decir, de la investigación; en la etapa del juicio propiamente tal, y en la etapa de los recursos.
En definitiva, el imputado o acusado podrá tener cuatro abogados, hasta que encuentre al de su confianza.
En tercer lugar, como busca la calidad de la defensa penal pública, el proyecto establece numerosos controles: previos al juicio mismo, a la defensa, y posteriores.
Por ejemplo, habrá inspecciones que abarcarán desde la parte administrativa de los estudios o abogados que presten la defensa penal pública, hasta la manera en que se ha realizado cada una de las diligencias procesales. También existirán auditorías externas, que analizarán la utilización de los recursos, tanto de la defensoría nacional como de las defensorías locales, porque lo más importante es que los recursos sean bien administrados, con el objeto de que la defensa sea la que corresponde.
Asimismo, habrá evaluaciones previas, tanto de las bases de la licitación a que deberán someterse los estudios de abogados, los abogados y las instituciones sin fines de lucro que presten la asesoría jurídica, como de las actuaciones posteriores, las que, de alguna forma, se incorporarán en el puntaje que recibirán las personas nominadas para ser defensores públicos. Por ejemplo, los reclamos o los informes de inspectoría que hayan resultado insatisfactorios se considerarán al momento de licitar las defensorías penales a nivel regional. En concreto -repito-, los reclamos de que haya sido objeto el abogado por distintos acusados o su inspección insatisfactoria en cualquiera de los ámbitos, son elementos que se van a considerar cuando, tres años después, vuelva a postular a la licitación para la defensa penal pública. Es decir, son controles destinados a asegurar la calidad de la defensa.
Una cosa muy importante: el Defensor Nacional está facultado para fijar los niveles procesales mínimos, vale decir, las actuaciones básicas que determinan que la defensa es de calidad, la cual deberá homogeneizarse a lo largo del país.
En cuarto lugar, la defensa será gratuita para las personas que no tengan recursos, o sea, para una gran cantidad de imputados o acusados. Aquellos que sí los tienen pero insuficientes para pagar a un abogado particular, podrán acceder a los servicios que presta la defensoría penal pública, pero deberán pagar. De acuerdo con lo señalado en la disposición pertinente, el pago será diferenciado, atendiendo a cosas mínimas, como nivel de ingresos, capacidad de pago, número de personas que dependen del beneficiario. O sea, siempre habrá un pago por parte de quienes tienen recursos, primero, porque es indispensable para controlar la demanda y, segundo, por una razón de equidad: quienes tienen recursos deben apoyar la defensa con la cual están siendo beneficiados.
En quinto lugar, el proyecto reconoce la necesidad de descentralizar estos servicios. ¿Cómo lo hace? Primero, un jurado a nivel regional definirá qué personas van a estar en la nómina de abogados defensores y, segundo, se exige que quienes se presenten a la licitación tendrán que demostrar habitualidad y permanencia en la región.
Hay ciertas situaciones que es importante dejar a un reglamento, como la determinación del arancel de pagos, por parte del director regional, y de las bases de la licitación, y orientaciones para regular la participación de los defensores locales. Existe una contradicción entre la letra k) del artículo 21 y el artículo 57, que, entiendo, necesariamente deberá ser enmendada en el Senado. Mientras este último consagra la libertad para escoger un defensor de confianza para el imputado, la letra k) del artículo 21 faculta al defensor regional para determinar qué abogado lo defenderá. Somos humanos y podemos errar, y creo que éste es un error que contiene el proyecto, el cual espero que sea corregido en el Senado.
Por último, cabe señalar que con esto estamos dando un gran paso en la autonomía de los imputados para defenderse en los juicios penales.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, durante el debate se han presentado dudas respecto de algunos puntos, como el que acaba de señalar la diputada señora Pía Guzmán. El diputado señor Zarko Luksic también hizo dos preguntas directas.
En primer lugar, en términos generales, hemos tomado debida nota de las situaciones que es necesario rectificar, aclarar o modificar. Las analizaremos en profundidad y, cuando sea indispensable, procederemos a modificar lo que sea necesario en el Senado, a fin de que el proyecto, despachado, tenga todas las perfecciones técnicas que requiere una iniciativa de esta naturaleza, la última de la reforma procesal penal.
Respecto de lo planteado por el diputado señor Luksic, cabe destacar dos puntos importantes. Vamos a intentar que la defensa penal pública se inicie conjuntamente con el procedimiento en su globalidad, sin perjuicio de considerar los tiempos de los trámites legislativos y la posibilidad de que esto salga con la mayor prontitud en su próximo paso en el Senado.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de que no tengamos el proyecto aprobado en el mismo instante, estamos realizando los estudios necesarios para que en las regiones Cuarta y Novena se inicie el procedimiento con la cantidad de abogados defensores que se requieren para que la reforma procesal penal cuente, en su totalidad, con las instituciones que deben estar vigentes en el momento de iniciar esta gran reforma.
Por último, existe en trámite en el Parlamento un proyecto relacionado con las corporaciones regionales de asistencia judicial; pero no lo hemos querido apurar como pensamos hacerlo en un momento, porque la defensa penal pública incorpora a los recursos del sistema 28 mil millones de pesos. Eso significa que un porcentaje importante de las causas conocidas por las corporaciones serán traspasadas, desde el punto de vista de su actuación, al nuevo sistema de defensa penal pública, lo cual requiere readecuar los recursos que ya existen en aquéllas, para los efectos de potenciar, en lo que queda del sistema, las causas laborales, civiles y de menores.
Hemos avanzado en materia de recursos en las corporaciones, pero, para continuar con el procedimiento, debemos terminar un estudio económico con el objeto de que esté en concordancia absoluta con la especialidad que se está dando a los tribunales de justicia.
Gracias, señor Presidente.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
El proyecto se votará a las 14 horas, al término del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto que crea la Defensoría Penal Pública.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y en particular el proyecto, dejando constancia de los quórum respectivos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde continuar la discusión en general del proyecto, en primer trámite constitucional, que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos con el objeto de construir un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
Hay 19 parlamentarios inscritos.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, ante el interés por intervenir en el debate trataré de ser muy breve, despojándome de las apreciaciones subjetivas que uno pueda tener respecto de la Universidad en la cual se formó y le enseñó no un medio de vida, sino un modo de vivir.
Hoy, la Universidad de Chile, que desde sus orígenes ha marcado no sólo la tradición, sino también la historia de nuestro país, tal como premonitoriamente señalaba don Andrés Bello en su discurso inaugural en 1843, afronta la dualidad propia de los cuerpos universitarios, en el sentido de ser no sólo formadora o, de alguna manera, superintendenta de la educación del país, sino, además, de que su proyección académica se oriente a estimular y a descentralizar la producción científica, literaria y artística. Este requerimiento es el que está asumiendo la Universidad de Chile al propiciar el establecimiento de un parque científico-tecnológico.
La necesidad de ubicar a la universidad dentro de la realidad de la sociedad que integra y a la cual sirve, es una materia que también se ha planteado en otras universidades del país, cuando se señala, por ejemplo, que sólo la actuación mancomunada entre los responsables sociales del saber y del producir, como son la universidad y la empresa, respectivamente, bajo la mano orientadora del Estado, posibilita pensar en el futuro con algún optimismo o al menos con alguna posibilidad.
Quien señaló estas apreciaciones -que comparto plenamente- en la Revista Universitaria de la Pontificia Universidad Católica hace algunos años, fue un profesor universitario, hoy senador de la República , el señor Hernán Larraín . Esta apreciación obliga a la Universidad de Chile a plantear la conveniencia y la necesidad de que este fervor académico tradicional deje de ser simplemente el esfuerzo del alquimista aislado que se integra a la realidad de nuestro país. ¡Por eso está pidiendo este crédito!
Muchos se preguntan por qué la Universidad de Chile no recurre al sistema financiero. No lo hace porque en Chile las instituciones financieras no les prestan dinero a las universidades, ni a la Universidad de Chile ni a las otras universidades tradicionales, ni a las universidades de nuevo cuño, ya que la inversión financiera en materia universitaria se estima riesgosa porque los intereses son muy altos para el esfuerzo que ellas realizan, razón por la cual deben recurrir al financiamiento en el exterior.
Se dice: ¡cómo es posible que se quiera otorgar el aval del Estado! ¡En buena hora el Estado, representante del bien común, se compromete con un esfuerzo de esta especie! No es un privilegio para esta Universidad, como se ha sostenido. Incluso, la señora ministra de Educación fue clara al sostener que esta materia puede constituir un precedente para que otros establecimientos de educación superior presenten iniciativas de esta especie. Ése es el espíritu del proyecto en virtud del cual la Universidad cumple un conjunto de actividades previas, también motivo de críticas.
Se ha consultado también por qué se ha recurrido a una fundación y no a una sociedad anónima. Ello porque, precisamente, se trata de un proyecto que no persigue fines de lucro. Por eso se ha recurrido a una fundación muy respetable, aun cuando no es la responsable del crédito ni de la gestión, sino del instrumento al cual la Universidad tiene que recurrir -también lo hubiera hecho respecto de otros agentes financieros o de otros agentes asesores si no hubiese constituido esta fundación-.
También se ha cuestionado el proyecto en cuanto afectaría ventajas de carácter ecológico o comprometería situaciones de algunos habitantes.
De acuerdo con los antecedentes entregados -que constan en el legajo respectivo-, tales observaciones están suficientemente claras, por lo que esas inquietudes han sido plenamente despejadas. En consecuencia, ahora sólo corresponde entregar un pronunciamiento al respecto.
Muchos se preguntan por qué se requiere el aval del Estado. Además de las consideraciones precedentes, es bueno reconocer que la Universidad de Chile no ha empleado expresiones propias, sino las de un ex rector de otra Universidad, la Pontificia Universidad Católica, el señor Juan de Dios Vial Correa, quien, en algún acto académico, habría señalado que la Universidad de Chile -como efectivamente acontece- es la cabeza y la madre de las universidades chilenas: Caput et mater de las universidades nacionales. Esto está reconocido en la estructura jurídica vigente, que no es la pre 1973, sino el estatuto dictado en el decreto ley Nº 153, de diciembre de 1981, que en su artículo 5º establece, primero, que la Universidad de Chile es una persona jurídica de derecho público; segundo, que su patrono es el Presidente de la República; tercero, que su rector es nombrado por el Presidente de la República y, además, que le corresponde, como atribución exclusiva y excluyente, la de reconocer los títulos y grados otorgados en universidades extranjeras a aquellas personas, chilenos o extranjeros, que quieran ejercer su profesión u oficio en Chile. Además le corresponde informar sobre todos los tratados internacionales que Chile desee celebrar en materias de enseñanza superior.
Por los motivos expuestos es bueno despejar de una vez por todas las dudas y no titubear en cuanto a que esta vieja Universidad hoy quiera buscar nuevos horizontes y lo haga conforme corresponde, recurriendo al pronunciamiento legislativo, el que -en nuestro caso y por si alguna duda cabe después de nuestras palabras- será positivo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente, este proyecto -como muy bien lo ha expresado, y con exactitud extraordinaria, el diputado señor Krauss - es un beneficio, un aporte, un desarrollo no sólo para la Universidad -podría pensarse que es exclusivo-, sino también para el país.
Estamos conscientes de que en la medida en que a esta Universidad se le otorgue el aval del Estado para adquirir dicho crédito, podrá concretar el proyecto del parque científico-tecnológico en la Región Metropolitana.
Como diputado informante de la Comisión de Educación, tuve la oportunidad de informar sobre las ideas matrices del proyecto, en virtud de las cuales la Universidad de Chile solicita que esta Sala dé su asentimiento para que se le otorgue la garantía del Estado para el crédito que requiere.
Existe conciencia -particularmente en quien habla como miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados- sobre el tremendo avance tecnológico que existe en el mundo. Por eso se requiere que este parque científico-tecnológico sea una realidad.
Por tal razón, votaré favorablemente esta iniciativa, al igual que otros colegas democratacristianos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente, tras este proyecto de contenido específico, estamos en presencia de un debate mucho más profundo, que francamente se ha echado de menos en estos diez años de ejercicio de este Parlamento.
La verdad de las cosas es que aún estamos a la espera de un gran debate respecto de la política universitaria, la cual se mantiene con los mismos marcos legales e institucionales de la legislación de 1981.
Sin embargo -como se dice-, mucha agua ha corrido bajo los puentes y, no obstante ello, seguiremos a la espera de un debate no sólo sobre la política universitaria, sino también acerca de otros temas, como, por ejemplo, el rol de las universidades estatales y su financiamiento.
Por eso, cuando hoy tratamos este proyecto que autoriza al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a la Universidad de Chile, considero pertinente, por lo menos, esbozar lo que, a mi juicio, subyace en esta iniciativa de contenido tan específico.
Hemos escuchado las interrogantes planteadas por algunos diputados respecto de por qué el Estado debe garantizar la deuda contraída por una universidad, aun cuando ésta sea estatal. También se preguntó si la Universidad de Chile devolverá el dinero; incluso, algunos preguntaron si esa casa de estudios superiores está hipotecando al fisco algunas de sus propiedades para garantizar la devolución de los recursos.
A mi juicio, lo que está en discusión son tres cuestiones.
La primera es la forma en que se financia una universidad del Estado. Digo esto porque existe una política universitaria que partió con una premisa, establecida por el Banco Mundial al momento de entregar determinados recursos para las universidades chilenas: que el hecho de estudiar y obtener una profesión es una cuestión de carácter privado y que las personas estudian, simplemente, para tener una forma de ganarse la vida, para obtener beneficios personales. Por lo tanto, era un asunto que debía quedar entregado a las leyes del mercado.
Nosotros pensamos que la educación, en todos sus niveles -también el universitario- no es una materia sólo de interés privado, sino que forma parte del interés público, del Estado, puesto que la acumulación del conocimiento, las innovaciones tecnológicas, son necesarias para el desarrollo de la sociedad. En consecuencia, existe responsabilidad del Estado y del conjunto de la sociedad para contribuir al financiamiento de la educación, pues ésta trasciende el mero interés privado individual, ya que el joven ingresa en la universidad en busca de conocimiento superior.
Por lo tanto, considero realmente complejo -por así decirlo- empezar a discutir la forma en que el Estado tendría que financiar este proyecto tan notable y especial y que la Universidad de Chile pretende llevar a cabo. Me parece que no debería efectuarse tal debate, porque tendría que ser obvio y lógico que el Estado financiara sus universidades, en atención -como digo- a que la educación es algo que trasciende el mero interés individual y privado.
La segunda cuestión que debemos definir es el rol de las universidades estatales, porque hoy se les aplica un mecanismo de autofinanciamiento, tal como ocurre con las privadas, sin entender que el Estado necesita contar con un instrumento como la Universidad de Chile, la cual ha sido la gestora, durante los últimos cien años, del gran proceso social vivido por nuestra sociedad: el ascenso de las clases populares y medias, hecho que ha fortalecido, precisamente, la integración social. Esto fue posible -reitero- gracias a la existencia de una universidad estatal que es, precisamente, la Universidad de Chile.
Por lo tanto, considero de toda lógica y obvio que dicha universidad cuente no sólo con la garantía del Estado, sino que, además, con los recursos necesarios para llevar adelante éste y muchos otros proyectos, en la idea -como digo- de considerar la educación como una cuestión básica de interés público para nuestro país.
La tercera cuestión radica en que debe existir una política universitaria más integral, dentro de la cual es fundamental considerar el papel que deben desempeñar las universidades regionales del Estado, a fin de que su acción no se centralice en esta universidad antigua, con historia, con tradición y con todo su legado. Se trata de que en el proceso de descentralización tengamos una política universitaria que beneficie de la misma manera los proyectos, objetivos e iniciativas de las universidades regionales. Lamentablemente, por la inexistencia de este gran debate no hemos podido aprobar instrumentos legales que vayan en beneficio de dichas universidades.
Termino señalando que, en atención a lo que ha sido la historia de nuestro país, considero de la más elemental lógica aprobar este proyecto de ley, junto con pedirle al Ejecutivo que, ojalá en el transcurso de este tercer Gobierno de la Concertación, se defina una verdadera política universitaria y que se modifique la legislación existente sobre la materia, a fin de efectuar un gran debate en el cual se defina el rol del Estado frente a sus propias universidades, el financiamiento de las mismas y el papel que deben cumplir las universidades regionales de nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente, la Comisión de Ciencias y Tecnología de nuestra Corporación invitó a muchos representantes de diversas instituciones vinculadas a la materia en discusión, todos los cuales coincidieron en señalar que si Chile quiere efectivamente seguir creciendo a una tasa del 7 por ciento, debe dar un salto importante en ciencia y tecnología.
Tanto el programa de gobierno de Lavín como el del Presidente Lagos consideraban entre sus puntos incrementar en forma importante, en la ley de Presupuestos de la Nación, los recursos destinados a la ciencia y a la tecnología. Es así como hace algunos días, el Primer Mandatario anunció un aumento del 0,6 al 1,2 por ciento de los recursos destinados a tal objetivo.
Nosotros estamos a favor de la construcción de un parque científico-tecnológico. En general, consideramos que va por el camino correcto, tras el objetivo de incentivar el interés nacional e internacional por la ciencia. Sin duda, generará un impacto en la innovación tecnológica y en la creación de industrias que se sustenten en la ciencia. De prosperar la idea de crear un parque de esta naturaleza, nuestro país se colocará en una situación de competencia con otros países de América Latina y podrá ofrecer al sector interesado la posibilidad de instalar empresas y servicios que requieren apoyo científico y tecnológico.
Las experiencias de otros países han demostrado que las facilidades físicas consistentes en ampliar los espacios para la instalación de laboratorios y centros de investigación universitaria, junto con industrias innovadoras, han producido un gran impacto. Se mencionaron aquí el parque tecnológico de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, que ha potenciado la actividad económica en la región y ha contribuido al desarrollo de nuevos servicios y procesos tecnológicos, y la Universidad de Lovaina La Nueva, en las afueras de Bruselas, con 20 años de progreso e investigación y desarrollo.
La génesis de este proyecto nos hace suponer que se han hecho todos los estudios técnicos y económicos para que tenga éxito. El diputado informante nos explicaba las etapas que ha ido cumpliendo, desde el momento en que surgió la idea, en un seminario sobre parques tecnológicos, realizado en 1992 en nuestro país. Luego, el estudio de prefactibilidad hecho por la Universidad de Chile, en 1993; el decreto del Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud del cual se transfieren 1.011 hectáreas a la Universidad de Chile; la creación de la Fundación Valle Lo Aguirre -entre paréntesis, habría que estudiar una modificación de su directorio-; los estudios de preinversión, la mecánica de suelos, la hidrología, etcétera. Todos estos estudios revelan una amplia factibilidad técnica y económica.
Considero que habría que analizar en forma más detallada el otorgamiento de la garantía del Estado al empréstito de 20 millones de dólares que contratará la universidad y buscar otras alternativas. Aquí se ha señalado que son difíciles, pero mediante estudios y conversaciones con la banca privada, podría llegarse perfectamente a tasas de interés realmente convenientes para la realización del proyecto.
En resumen, un proyecto necesario para avanzar más rápido en el campo de la ciencia y de la tecnología, y que es posible mejorar en su discusión particular.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente, es natural que, respecto a este proyecto de los terrenos de Carén, se hagan intervenciones en relación con los temas educación y política educacional. Se trata de un proyecto en que debemos tomar la decisión de franquear el otorgamiento de garantías para determinadas inversiones de la Universidad de Chile. Pero estas inversiones se van a establecer en cierto territorio de la ciudad, con un destino tal que alterará y variará, probablemente, de manera sustancial el ordenamiento urbano que para él han decidido las autoridades y que incidirá en una mejor calidad de vida de sus habitantes. Tal es la finalidad de las inversiones en construcciones que se harán en el Parque Metropolitano Carén.
Me habría gustado haber escuchado que este proyecto pasaba a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano -comisión que tiene la palabra “urbanismo” como un apéndice, tal como lo lleva el nombre de su Ministerio-, para que ésta pudiera abocarse a estudiar la incidencia que tiene este proyecto de Carén en la vida y en la calidad de vida de la ciudad. Al decir “calidad de vida de ciudad” significaría que este proyecto no es sólo universidad y educación, sino también política de ordenamiento urbano.
¿Cuál es la síntesis del proyecto que estamos debatiendo, según el informe que tienen en su poder todos los honorables diputados? Dice: “La idea central es autorizar a la Universidad de Chile para contratar empréstitos con el objeto de financiar la construcción de un Parque Científico-Tecnológico en la Región Metropolitana”.
Este parque científico-tecnológico tiene como objetivo, entre otros, tal como lo fundamentó en la Comisión nada menos que el ente interesado “fomentar la integración de empresas y servicios”. ¡Cuidado, honorable Sala! En realidad, hasta ahora, en Chile no conocemos la existencia de un modelo adecuado de asociación de privados respecto del uso de territorios circunscritos a áreas verdes. En Chile ese modelo no está instalado; es necesario diseñarlo. ¿Por qué? Porque estoy interesado en que inviertan los privados; no estoy interesado en que se rechace la inversión de los privados. En este sistema económico, todo indica que cada vez más constituye una necesidad, sobre todo en estados pequeños, con ausencia de financiamiento, con municipios que no tienen los dineros para invertir en áreas verdes, en esparcimiento público, que los privados se integren invirtiendo en áreas verdes y espacios públicos. Para ello debiera haber un modelo regulador, de estímulo ordenador de la inversión, lo cual no existe.
Por este proyecto vamos a permitir otorgar garantías para los préstamos que obtendrá la Universidad para financiar estas construcciones, y se está diciendo claramente que cuando se ponga en marcha el proyecto, en estos terrenos de Carén se dispondrá del “espacio adecuado para lograr agrupamiento de empresas innovadoras, empresas de base tecnológica, institutos, institutos públicos y privados, oficinas, oficinas profesionales, servicios, centro tecnológico” y un conjunto de otras materias que empezarán a surgir en el desarrollo de esta actividad de asociación de la Universidad con privados en relación con lo industrial y la innovación en la industria y en la economía. Eso significa obras de construcción.
¿Dónde se analiza este proyecto? Se ha discutido sólo a nivel de las comisiones de Hacienda y de Ciencias y Tecnología. ¿Dónde se discute la incidencia que este proyecto del Parque Carén tiene para la política de ordenamiento de áreas verdes? ¿Dónde se discute la incidencia que este proyecto y estas inversiones tienen para el ordenamiento urbano? ¿Dónde se discute la influencia que este proyecto de obras de construcción sobre terrenos del Parque Carén puede tener en la degradación o en el beneficio del espacio público, que hoy, además, está asociado al tema de la delincuencia? Porque mientras menos espacio público se disponga para los ciudadanos, más espacio será ocupado por la delincuencia. ¿Dónde está esa discusión respecto a este proyecto que afecta al espacio público del Parque Carén? ¿Dónde se discute la incidencia en la vida de las personas, que no sólo es área verde para el aire puro?; que no es sólo -digo para contestarle a alguien que dio la idea de que ese terreno no tenía propiedades agrícolas clase 1- un problema de horticultura. El espacio público no ha sido nunca hortalizas. El espacio público es lo que pensó la burguesía del siglo pasado cuando, después de construir palacios al estilo francés, como el Cousiño, diseñado por el arquitecto francés Lathoud , los Tribunales de Justicia o el Museo de Bellas Artes, los palacios de los arquitectos Jéquier y Hénault, pensaron que había que ocupar el espacio público y se lo tomaron. En el siglo XIX hicieron un parque en el denominado Campo de Marte , donde con el dinero de Luis Cousiño se construyeron fuentes, kioscos de música, esculturas, paseos; hicieron los espacios públicos de la Quinta Normal, el Pabellón Francés; sacaron la vida desde los palacios a la calle e hicieron el Parque Forestal, incorporando, con el diseño de Dubois, veinte manzanas del borde del río Mapocho. Luego, los privados se entusiasmaron, y vinieron los japoneses, la embajada alemana, la colonia alemana, y con el Estado construyeron el parque Gran Bretaña , el parque japonés, el Parque Cousiño, la Fuente Alemana, levantaron esculturas en el espacio público. La gente invirtió porque creyó en el Estado.
Hoy no existe ni siquiera esa confianza del privado para que inviertan más en áreas verdes y en espacio público. Áreas verdes no es sólo agricultura; más aún, espacio público no es sólo área verde. Europa es una lección de espacio público pavimentado; no sólo verde. Aquí hay espacio público y área verde en juego en este proyecto de Carén.
Me preocupa que se haya ido instalando la excepcionalidad como principio rector del ordenamiento urbano. Me preocupa la excepcionalidad como principio rector permanente para decidir la ocupación y de la desafectación de áreas verdes en su calidad de tales. Me preocupan el parque “ Isabel Riquelme ”, que desafecta su calidad de futura área verde para permitir inversión inmobiliaria; el parque “Las Américas”, en Vitacura, donde disculpándose por la vía de la excepción a la norma de los parques metropolitanos, se decide la inversión y construcción de edificios prohibidos por el Diario Oficial. Me dicen que es apenas un hectárea.
El otro argumento, que lo considero del absurdo más grave que se suele usar y que se da por algunos respecto a construir en el Parque Carén, es que cada vez que uno habla de área verde, le dicen: “Es un pedregal; es un área café”. Honorable Presidente y honorable Sala, en Santiago de Chile, todas las áreas verdes que existen fueron de color café. Son áreas verdes porque se plantó sobre las de color café. De manera que no nos den la argumentación de que lo que hoy es café no podrá ser verde; además, de que sólo lo verde es espacio público, porque también lo café, lo plomo, puede ser espacio público, y el ciudadano necesita vivir y convivir, porque las ciudades se inventaron por el ser humano, quizás el organismo más complejo que haya inventado, con la sola excepción del matrimonio; la ciudad se inventó para encontrarse, para juntarse, como hoy, que apenas se juntan en Carén para encumbrar volantines; pero ya se juntan. Para eso es la ciudad y con mayor razón el espacio público.
Me gusta la inversión en torno a la Universidad de Chile y su actual rector es garantía de cualquier actividad seria. Luis Riveros es garantía de humanismo, de racionalidad, de prever la defensa de la ciudad. Pero ¡cuidado!, este proyecto no es Luis Riveros y su rector. Aquí existe una institución que también tiene su historia triste en relación con el abandono del espacio público y el maltrato del área verde.
Tengo en mi poder un gráfico que preparé para la honorable Sala, donde figura lo que se hizo desde fines del siglo pasado hasta comienzos del 2000. En este gráfico, el color verde indica inversión de espacio público por parte del Estado y de privados; el rojo significa cómo en este siglo comienza a aparecer la desaparición del espacio público y del área verde. Vean dónde es. Quinta Normal tenía 800 mil metros cuadrados destinados a área pública y área verde; hoy tiene 400. El 50 por ciento del área pública de la Quinta Normal fue desapareciendo. Según este cuadro, de 1930 a 1950 tenemos lo que encontramos hoy. Esos terrenos, esas inversiones eran propiedad de la Universidad de Chile. Para mí, su garantía es su rector; no la institución.
En la Quinta Normal, donde estaba la Universidad de Chile vigilando esta área verde, que es espacio público, algunos de los honorables colegas de esta Sala fueron a pasear en bote en su laguna, había espacio público a discreción. Hoy en esos terrenos de propiedad y disposición de la Universidad ha desaparecido la mitad del espacio público, se perdieron 400 mil metros cuadrados, porque la Universidad de Chile, dueña de ese espacio público, destinó y vendió retazos para diversos fines, permitiendo que se realizara una inversión inmobiliaria gigantesca, llamada Villa Portales. Se hizo una inversión inmobiliaria proyectada por arquitectos de prestigio. ¡Conforme! Muy bien que haya progreso inmobiliario. Pero ese terreno no era para construir departamentos. ¿Qué pasará el día de mañana, en la laguna Carén , en estos terrenos respecto a los que debatimos hoy día, so pretexto de lo que indica el proyecto? Inversiones, oficinas públicas, privadas, centros tecnológicos, industrias, empresas innovadoras.
Como digo, sólo en el curso de este siglo desapareció la mitad de la Quinta Normal. La ocupó primero la Universidad de Chile, destinándola, se argumentó, sólo para el desarrollo del estudio de la agricultura. “Pongamos la Facultad de Agronomía”, y se construyó sobre el espacio público. Luego se destinó otro retazo sólo para permitir instalar la torre de una radioestación -una nueva disculpa de excepción- y se le pasó a la Armada parte de un terreno público, de un espacio público orgullo de Santiago, que data desde 1980.
“Si es sólo para estudiar el aire, el espacio aéreo y eso no molesta a nadie, se dijo después como nueva excusa de excepción y entregó un terreno a la Dirección de Aeronáutica”. Y ahí está pisado el suelo: “Si es sólo para una institución del Estado que no es dañina al área verde”, fue la justificación para otra excepción y le restaron más terreno y más espacio público para construir el edificio de la Casa de Moneda. “Si es sólo para quienes miran el agua”, y entregaron otro retazo para la Radioestación Naval Metropolitana. No sé si para controlar “el movimiento de las aguas” de la laguna de la Quinta Normal.
Señor Presidente , si no hay modelo de asociación entre los privados y el Estado, entre el bien público y las universidades respecto a políticas urbanas, menos existe un modelo respecto al espacio público de Carén, que hoy, para presentar el proyecto como virtuoso, se moteja a Carén, a sus tierras y a sus cerros como un “espacio desgraciado, abandonado, café, pedregoso, montañoso”.
El cerro San Cristóbal era montañoso y café. Y cuando el intendente de Santiago Alberto Mackenna firma los contratos con Kulczewski, a principios de siglo, para las obras del funicular y lleva el arte neogótico a los parrones y al castillo que se construyen allá arriba, fueron las únicas inversiones del siglo, como aporte al cerro, como cuidado del espacio público, con la excepción de la gran visión que tuvo el Presidente Eduardo Frei Montalva , con el ministro Juan Hamilton , cuando ordenan realizar las obras del castillo Tupahue, con los murales maravillosos de María Martner y los proyectos de arquitectura de Carlos Martner.
Alberto Mackenna , el intendente de principio de siglo, y Eduardo Frei Montalva después, con sus obras en el cerro San Cristóbal , demuestran cuál debe ser el criterio sobre áreas verdes. Hoy vayan a ver al cerro San Cristóbal . Desprendiéndose rocas de 4 toneladas en los faldeos norte y nororiente, seco; foco de incendio. Vayan ustedes a dar una vuelta por las poblaciones “Lemus”, “Eisenhower”; vayan a dar una vuelta hasta arriba de la calle Senador Matte.
Aquí están los gráficos: pérdidas de 4, 3 y 7 hectáreas en los parques Las Américas, San Borja y Araucano . Pérdidas en el parque Intercomunal La Reina, donde se ofreció hacer un mall sobre el área verde, aduciendo que las platas iban a significar beneficios sociales. Felizmente lo logramos parar. Pérdidas en el cerro Navidad. Vayan a ver el cerro Navidad, por Las Torcazas, en el sector sur de esa calle. Hoy hay unas torres gigantescas como inversión inmobiliaria. Todo es “progreso”, señor Presidente ; si es obvio.
¿Por qué no pavimentamos el río Mapocho y en el parque Forestal hacemos una segunda remodelación San Borja y la llamamos “Remodelación Forestal”? Alguien me dijo: pero si ese río es exclusivamente de excremento. Si el río no es sólo sus aguas: también el río es su cauce, su perspectiva, su vista, el recuerdo histórico. Así se van haciendo las ciudades que nosotros dejamos de amar si no somos capaces de construir respetando el espacio público. Así se hacen ciudades donde se promueve el desencuentro, el desinterés, el no juntarse las personas.
Me gustaría aprobar el proyecto, pero quiero pedir, formalmente, a su Señoría que recabe el asentimiento de la Sala para que pase a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, para que ella conozca, escuche a los especialistas, escuche a los arquitectos. Tenemos un dinámico ministro de Vivienda y Urbanismo y un Presidente de la República comprometido con el espacio público.
Pregúntele a la Sala si sólo quiere decidir sobre 800 ó 900 hectáreas del parque más grande del mundo, pasando el proyecto sólo por las Comisiones de Hacienda y Tecnología. No es sólo un tema de educación. Garantía es su rector, sus profesores, sus decanos; garantía es el prestigio de Patricio Rojas. No son garantía las instituciones que son eternas y cuyos hombres son mutables y cambian permanentemente.
Quiero pedir que investiguemos lo que significa y quiero que limitemos lo que es la escala de lo que define el proyecto como construcción industrial. ¿Qué quiere decir escala industrial? Quiero cuidar su destino pues la destrucción empieza de a poco.
Tengo acá un ejemplar del Diario Oficial de octubre de 1994 donde aparece que se aprueba el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. ¿Vamos a hacer de esto letra muerta? Dice acá en el punto 522: “Parque Metropolitano. Comuna: de Pudahuel. Nombre del Parque Metropolitano consignado: Parque Laguna Carén”. Usos para estos parques. Fíjese que en los puntos zona 1 y zona 2, les voy a leer lo que dice del destino de las dos zonas. ¿Qué dice? Puede ser usado para cultura, área verde, esparcimiento, turismo. Después en la zona 2, de nuevo, para cultura, área verde, riego. Se prohíben las publicidades de cualquier tipo. ¿Puede usted controlar hoy que para este proyecto que vamos a aprobar no haya publicidad? ¿Ha ido a mirar cómo en la Quinta Normal se ha destruido el 50 por ciento con edificaciones de este territorio que era de la Universidad de Chile? ¿Ha visto que en la Quinta Normal no hay publicidad? ¿Sabe lo que significa hoy, así como está esta idea, de la empresa innovadora, de la empresa de innovación tecnológica, del dinamismo, de la nueva economía, del empuje? ¿Nos dirán el día de mañana que si nos oponemos a la publicidad en el parque Carén , que estamos oponiéndonos al progreso, a la inversión y a la promoción adecuada de estas empresas ágiles modernas, juveniles?
Quiero decir que es necesario que existan limitaciones en este proyecto. Primero, ¿cuál es la escala de lo industrial? Quiero conocerla. No me digan que esto lo aprobó el Seremi o el Ministerio de Vivienda, porque ese argumento lo único que me está diciendo es que respeta el Diario Oficial, en el sentido de que puede construir el 1 por ciento. Y por ahí se empieza y así lo demostró la historia de Santiago.
Conforme, sólo el 1 por ciento, pero de “pichintunes” vamos degradando el espacio público, vamos modificándolo, lo vamos cambiando en relación a su carácter. Quiero ponerle la firma a un proyecto que favorezca la investigación tecnológica, pero quiero ponérsela en resguardo y en defensa de otros factores centrales, que son la vida de las personas en la ciudad. Si no, no nos quejemos el día de mañana, que más allá de los decretos, en el léxico común, la gente dice que Santiago es inhabitable.
Alguien me dice que esto no aporta al aire porque no oxigena, que no hay vegetación suficiente. Estoy de acuerdo, pero, por favor, el espacio público tampoco es un problema hortícola, el espacio público tampoco es un problema sólo de fotosíntesis, de desprendimiento del oxígeno en la degradación de la glucosa. Eso no es lo único, pero también es importante, porque en este momento, entre otras cosas, los parques intercomunales están considerados en el plan de descontaminación de Santiago.
Entonces pido que se defina la escala de lo industrial. ¿Cuánto? ¿Qué altura? ¿Qué densidad? ¿Qué superficie? ¿Cuál es la escala de lo publicitario? ¿Cuál es la prohibición de lo publicitario? ¿Cuál es el modelo en que nos vamos a asociar para éste y otros proyectos; para asociar áreas verdes, espacio público e inversión privada, que hay que desarrollarla?
Y, cuidado, señor Presidente , porque si está autorizando el uso para cultura -y creo que en este caso es necesario si pasa por la comisión-; si la Sala lo aprueba, ¿qué usos van a surgir después a partir de plantearlos como uso cultural? Le pido a su Señoría que recabe el asentimiento de los señores diputados para pasar el proyecto por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, porque desde la palabra cultura se puede desprender un organigrama en que cualquier actividad de la vida podría caer dentro de lo cultural. Y se podría apoyar, de la misma manera que se apoya este proyecto, nada menos que aprovechándose de la definición de la zona 1 del punto 522 de la Ordenanza Metropolitana, en que se autoriza la actividad cultural, la posibilidad futura de que a título de cultural se termine autorizando cualquier degradación de este espacio público equipando con construcciones de todo tipo.
Hay ahora gente que está haciendo una proposición para instalar salones del automóvil en los faldeos del cerro San Cristóbal , con el objeto de financiar actividades de tipo recreativo-cultural. Con ello, la actividad de los salones del automóvil se transformaría en algo cultural, porque la matriz, la mater materina de la actividad que ahí se va a desarrollar es cultural. Pregunto ¿cuál es el límite? A partir de la palabra “cultura” se puede permitir todo.
El día de mañana se va a decir que tiene que haber un loteo industrial; que sería bueno que se compraran terrenos de negocios inmobiliarios, que podrían financiar esta modernidad de la innovación tecnológica que hoy se propone en este proyecto que estamos debatiendo.
La Universidad de Chile, como lo verifica la historia, no pudo garantizar la Quinta Normal; no pudo garantizar La Castrina. ¿Qué es hoy La Castrina”? La Castrina fue entregada a la universidad y fue vendida por ella. El fundo La Castrina, en la comuna de La Granja, estaba destinada para el club deportivo de la Universidad de Chile. Se dieron los argumentos en aquella oportunidad de que el terreno era para el deporte y después fue entregado por la Universidad de Chile al Serviu para que lo loteara. ¿Hoy se nos va a decir que la vivienda Serviu es la representación estatuaria del símbolo de lo deportivo, de la cultura y el área verde? Para nada, porque las viviendas no les gustan ni siquiera a los propios pobladores.
Entonces si esta es la historia de nuestras instituciones, a la hora de tener bajo su propiedad y administración una determinada área verde y un espacio público, este es el momento de que también digamos, frente a esta historia de degradación, que durante un siglo entero se pudo ver que se levantaba espacio público, tanto por inversión privada como por el Estado, y que en el transcurso de este siglo se ven las marcas rojas de cómo el espacio público se degrada.
Solicito que el proyecto pase a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para que lo revise, lo discuta, lo vea, y le ponga los resguardos que sean convenientes.
Así, el día de mañana podremos decirles a nuestros ciudadanos: “Hemos sido representantes ciudadanos, sin distinción partidaria, y hemos tenido la preocupación que alguna vez tuvieron los que hicieron esta ciudad”.
Cuidado de que la ciudad pierda el sentido. Hoy apenas tiene un sentido de crecimiento a través de las líneas de las calles. Cuando la fundó Pedro de Valdivia tenía un sentido castrense, jurídico, monárquico, como usted quiera; tenía un sentido, pero lo primero que hizo fue el espacio público. Mandó al alarife Gamboa y le dijo: “Hazme este cuadrado”, es el espacio público de la Plaza de las Armas. Enhorabuena el alcalde Ravinet ha vuelto a revitalizarla a pesar de toda la discusión que generó el proyecto.
Lo que hicieron en los siglos siguientes, fue espacio público. Lo que hizo la burguesía del siglo XVIII, fue espacio público. Lo que hace el ser humano en el siglo XX en nuestra ciudad de Santiago, es destruir el espacio público.
Por tanto, cuidemos todos los resguardos, y le pido formalmente que solicite el asentimiento de la Sala para enviar este proyecto a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
La discusión de este proyecto continuará mañana y se votará al final del Orden del Día.
Hay siete diputados inscritos para intervenir.
INDEMNIZACIONES PARA MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de ley que establece indemnizaciones para los ministros de la Corte Suprema, cuya discusión se realizó en la sesión anterior.
Un señor DIPUTADO .-
¿No lo retiró el Gobierno?
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
No, señor diputado.
En votación el proyecto de ley.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
-Aprobado en general y en particular.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
NUEVO STATUS JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SIDA, CONASIDA.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
-Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 399, sobre nuevo status jurídico de la Conasida.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum.
PLAN MÍNIMO DE SALUD PARA DESEMPLEADOS.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 402, de los señores Errázuriz, Fossa y Tuma.
“Considerando:
1. Que existe una grave situación a la que se ven afectadas las personas cesantes, en cuanto carecen de cobertura de salud tanto para el cotizante como para su familia en el sector privado como en el público.
2. Que lo anterior encuentra su origen en la imposibilidad de que éstos puedan contratar un plan de salud que se pague mes a mes, por no tener ingresos permanentes, mientras permanecen desempleados.
3. Que todo esto se ha visto agravado por la crisis económica que vivió el país y cuyos efectos aún se siguen percibiendo.
4. Que muchos de los cesantes han efectuado cotizaciones en las administradoras de fondos de pensiones, cuyos fondos sólo pueden ser utilizados por los cotizantes para el pago de sus pensiones de jubilación.
5. Que la solución requiere implementar un sistema que permita, bajo ciertos requisitos y por un plazo determinado, que las personas cesantes y que no cuenten con los recursos necesarios para contratar un sistema de salud, tanto para él como para su familia, y que habiendo cotizado mensualmente en una AFP, pueda optar a un plan mínimo de salud, ya sea en una isapre o Fonasa.
6. Que para el caso descrito, el costo mensual de dicho beneficio sea cancelado directamente con los fondos que el afiliado tenga depositados en su administradora de fondos de pensiones.
7. Que para evitar una descapitalización del fondo, se establezcan ciertos requisitos: estar cesante, entendiéndose por tal para el caso en cuestión, la persona que haya trabajado como empleado por un período mínimo de dos años; que la persona cesante tenga sus cotizaciones previsionales y de salud al día; que la persona cesante no sea carga de un tercer cotizante en el sistema privado o público.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud y por su intermedio al Presidente de la República que disponga el envío de un proyecto de ley que permita que las personas desempleadas, y que no cuenten con los recursos necesarios para contratar algún sistema de salud y que habiendo cotizado mensualmente en una AFP, puedan optar a contratar un plan mínimo de salud en alguno de los sistemas existentes.
2. Establecer que el costo mensual de dicho beneficio, sea cancelado directamente con los fondos individuales, que dichos afiliados tengan depositados en su AFP, mientras permanezcan en su situación de desempleado”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo es muy simple.
Cuando una persona está sin trabajo existe el mecanismo del subsidio de cesantía que le da una remuneración durante un tiempo mientras busca trabajo.
Sin embargo, el tema de la salud no queda resuelto. El objetivo del proyecto es solicitar al Presidente de la República -es de su iniciativa de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución- un proyecto de ley que permita que los planes de salud de los desempleados, mientras buscan trabajo -sin perjuicio del subsidio de cesantía que reciban-, sean cubiertos por fondos de las AFP, para no dejar desprotegido a su grupo familiar en una materia tan importante como es la salud. No se trata de sacar dineros de las AFP para comprar casas ni para otros fines, sino, repito, para algo tan fundamental como es la cobertura de salud del cesante y su familia.
Ése es el fundamento de este proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, se trata de un proyecto de acuerdo que ciertamente es muy bien intencionado, pero, por desgracia, sus autores desconocen la realidad previsional en materia de salud que opera en nuestro país.
Las personas desempleadas tienen actualmente una cobertura integral del ciento por ciento a través del Fonasa, y la ley que lo rige establece que sus beneficiarios se encuentran en cuatro categorías: A, B, C y D. La primera, es para todas las personas desempleadas que no cuentan, transitoria o permanentemente, con un ingreso que respalde su sistema previsional. De acuerdo con el sistema público de salud que rige en el país, es la más beneficiada, porque no obstante recibir los mismos beneficios que las adscritas a las categorías B, C y D, que sí cuentan con ingresos, tienen tratamiento enteramente gratuito tanto en la modalidad ambulatoria como en la hospitalaria. De manera que cualquier desempleado, por el solo hecho de serlo, es beneficiario de Fonasa, se atiende en cada uno de los centros de atención primaria y hospitalarios en forma absolutamente gratuita, amparado por el sistema integral de cobertura del Fondo Nacional de Salud que incluye, incluso, enfermedades catastróficas que no están cubiertas por las isapres que, en la actualidad, constituyen el subsistema de atención privada.
No obstante su buena intención, a lo mejor los autores del proyecto desconocían esta materia, pero la propuesta resulta completamente redundante. Además, afectaría los fondos previsionales en forma innecesaria, porque Fonasa , que cubre las eventualidades de los trabajadores sin empleo, está financiado por los tributos generales a través del presupuesto de la nación.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente, comparto la sólida y clara argumentación del diputado señor Aguiló, pero quiero manifestar la preocupación que me causa el proyecto, debido a sus patrocinantes. Tanto el diputado señor Fossa , miembro de la Comisión de Trabajo, como el diputado señor Errázuriz , que es abogado, deberían conocer perfectamente qué acontece con los dineros que manejan las AFP. Como se sabe, es imposible sacar los dineros de las AFP para destinarlos a pagos de otras prestaciones. Es un error plantear este tipo de proyectos de acuerdo, pues lo único que hacen es provocar en la comunidad incertidumbre y preocupación sobre estas materias. Pregunto qué sucedería si el Gobierno enviara un proyecto de esta naturaleza. Al momento de jubilar, los trabajadores no tendrían un solo peso en sus cuentas de ahorro en las AFP, lo que los convertiría en cargas permanentes del Estado. No sé si los trabajadores estarían de acuerdo en continuar cargando al Estado con dineros que han ahorrado para un fin y que ahora serían destinados a otras prestaciones. Considero que ello no corresponde, y los diputados autores del proyecto deberían saber que lo planteado es improcedente.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se repite la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 5 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
-En votación.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, la votación del proyecto queda pendiente para la próxima sesión.
VIII. INCIDENTES
MEDIDAS PARA DISMINUIR MOROSIDAD DE DEUDORES DEL SERVIU. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, quiero referirme a un tema que considero de extraordinaria importancia, que debiera hacernos reflexionar, y sobre el cual existe pendiente una entrevista con el ministro de la Vivienda y Urbanismo.
Como se sabe, en la actualidad el Serviu vende directamente las viviendas que se construyen en el marco de los programas de las viviendas sociales y marginalidad urbana. Existe un sistema de financiamiento compuesto por el ahorro previo del beneficiario, un subsidio estatal y un préstamo hipotecario otorgado por el Serviu. Un estudio que obra en mi poder indica que a nivel nacional hay 281 mil y tantos deudores, de los cuales 188 mil se encuentran atrasados en sus pagos, es decir, el 67 por ciento de los deudores Serviu se encuentra moroso. En la Región Metropolitana, dicha cifra bordea el 70 por ciento, o sea, sube aún más.
Un estudio concienzudo de la materia me obliga a hacer las siguientes reflexiones:
Todos sabemos que el programa de vivienda social, enhorabuena, beneficia a los dos quintiles más pobres de la población, los que, generalmente, tienen un empleo muy inestable y, en consecuencia, un ingreso también muy inestable. Hablo básicamente de feriantes, de comerciantes ambulantes, de asesoras del hogar e, incluso, de obreros de la construcción, respecto de los cuales, debido a períodos como los que hemos vivido, la oferta de trabajo se ha reducido drásticamente y muchos han quedado cesantes.
Sin embargo, considero muy grave que programas que benefician a los sectores más pobres tengan una contradicción esencial, pues podemos afirmar, responsablemente, que en la actualidad el interés hipotecario del Serviu es superior al que cobra la banca privada. Repito: hoy día, el interés hipotecario del Serviu es superior al que cobra la banca privada.
Es un contrasentido hacer el esfuerzo de fijar políticas de viviendas sociales y cobrar a los quintiles más pobres, que tienen trabajo inestable, un interés más caro que el de la banca privada. Pero no sólo eso: los intereses penales que se cobran a partir de la primera deuda son los más altos del mercado, pues representan casi el 1,25 por ciento mensual.
Además, la administración de la cartera hipotecaria del Serviu está entregada, mediante contrato de servicio, a un tercero, la empresa Inverca, que a su vez recibe aproximadamente 330 pesos por cada deudor y una comisión de alrededor de 7,68 por ciento sobre la recaudación mensual. Todo ello hace concluir que la empresa recaudadora está generando aproximadamente 125 millones de pesos mensuales. Si a eso agregamos que recibe el 10 por ciento del valor de cada deuda que se ejecuta por cobranza judicial y si además consideraramos las costas judiciales, que alcanzan a 15 mil o 20 mil pesos, resulta que estamos cayendo en la más absoluta contradicción.
Quiero señalar en forma muy responsable que no tengo duda alguna de que los habitantes de la Región Metropolitana y del resto del país desean cumplir sus obligaciones, pero cuando se les cobra lo que he señalado, las deudas se transforman en una espiral que las hace impagables.
En verdad, la gente de los sectores más pobres sobrevive. Ésa es la realidad. Basta que tenga un enfermo grave o que en marzo asuma los gastos escolares para quedar atrasada en el pago de su dividendo. Pero si sumamos los intereses penales máximos del mercado más la tasa hipotecaria, la espiral que se genera hace imposible el pago.
Los estudios indican que cuando, por decreto supremo, se logra trasladar o renegociar la deuda, la morosidad disminuye en 10 por ciento, es decir, bajaría del 70 al 60 por ciento. Por lo tanto, la forma en que se está actuando no es la adecuada para sanear la cartera hipotecaria.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Vivienda, ojalá con la adhesión de la Sala, adjuntándole los antecedentes que he entregado, a fin de que estudie a fondo la materia, porque bastaría actuar por decreto supremo, y adopte las siguientes medidas:
Primero, eliminar el cobro de los intereses a las deudas vigentes del Serviu. Así de simple. Segundo, reducir la aplicación de los intereses penales a la deuda impaga. Tercero, reducir el interés a las deudas que se contraigan a futuro a un nivel menor al que cobra la banca privada, para lo cual basta un decreto supremo. Cuarto, hasta hace poco, el director del Serviu podía suspender un remate judicial; en la actualidad, ello está entregado netamente al criterio de una empresa privada, lo cual me parece grave.
Espero que el oficio sea acogido y que demos una señal clara de que la política que tanto motivó nuestra campaña electoral para elegir como Presidente a Ricardo Lagos se traduzca en que seamos capaces de enderezar una situación que no sólo resulta contradictoria, sino muy grave e inequitativa.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de las diputadas señora Pollarolo doña Fanny; señorita Sciaraffia doña Antonella, y de los diputados señores Aguiló, Mesías, Rocha, Jiménez, Ascencio, Riveros, Ojeda, Lorenzini, Pareto, Olivares y Mora.
ALBERGUE FEMENINO PARA UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, EN IQUIQUE. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
-Señor Presidente, hoy hemos discutido y analizado el proyecto que tiene que ver con la creación de un parque tecnológico y científico para la Universidad de Chile.
Sin perjuicio de compartir la necesidad de crear este tipo de infraestructura -ya lo señalaré en la discusión particular del proyecto-, que desde el punto de vista tecnológico nos pone a la altura del resto de América Latina, deseo manifestar mi preocupación respecto de las universidades regionales, en especial la Universidad Arturo Prat, en Iquique, ciudad que represento en la Cámara.
Aunque parezca insólito, dicha sede tiene un albergue para acoger sólo a estudiantes varones. No hay un espacio para alojar a las muchas jóvenes que estudian allí. Además de ser una discriminación, esto tiene que ver con el compromiso de otorgar recursos a las universidades regionales.
Me llamó la atención que mediante el proyecto antes señalado, el Ministerio de Bienes Nacionales entregue más de mil hectáreas en forma gratuita a la Universidad de Chile.
Por lo tanto, solicito se oficie al ministro de Bienes Nacionales, con el objeto de que busque la disponibilidad de un terreno fiscal para la construcción de un albergue femenino en la Universidad Arturo Prat, de Iquique, y a la ministra de Educación, con el fin de que busque alternativas y medidas conducentes a la creación de dicho albergue.
El compromiso del Estado con las universidades debe ser permanente, equitativo, descentralizado y considerar que en las universidades de regiones existen múltiples necesidades, como la mencionada en el caso particular de la Universidad Arturo Prat.
Creo que el Estado debe asumir su responsabilidad con la educación superior, en particular con las muchas adolescentes y jóvenes que estudian en esa casa de estudios superiores.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
HOMENAJE A JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES EN SU TRIGÉSIMO ANIVERSARIO. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, hace pocos días se celebró el trigésimo aniversario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, creada en abril de 1970, mediante la ley Nº 17.301, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva .
En estas tres décadas, la Junji ha desarrollado una muy positiva labor, que es preciso destacar, como también la tarea que desempeñan las educadoras de párvulos y demás colaboradores en el proceso de formación en la etapa preescolar.
También es digno de destacar el apoyo que brindan a las madres de las niñas y niños que son atendidos por la institución cuya actividad destacamos y homenajeamos.
Cada uno de nosotros somos testigos en los distritos que representamos en esta Cámara de Diputados de la importancia del trabajo desempeñado en los jardines infantiles, salas cunas y centrales pedagógicas dependientes de la Junji.
En mi caso, debo destacar lo que ocurre en Paine, Buin, Calera de Tango y San Bernardo. Por vía de ejemplo, en esta última comuna debo señalar la notable labor realizada con los pequeños de Cacique Antupillán , Tejas de Chena, El Olivo o Pedro Nolasco. Ellos forman parte de los más de 100 mil niños y niñas de nuestro país beneficiados por dicha institución en más de un millar de establecimientos en las trece regiones del país.
Por eso, solicito oficiar a quienes dirigen la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con el objeto de entregar el saludo de la Corporación en sus treinta años de vida.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Palma, Jaime Jiménez, Carlos Olivares, Sergio Ojeda, Pablo Lorenzini, Gabriel Ascencio y Patricio Walker .
AUMENTO DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS DE TRABAJADORES RURALES, EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, muchas veces hemos criticado algunas actividades desarrolladas por funcionarios de Gobierno, pero esta vez quiero felicitar un programa que se está desarrollando en forma piloto en la Séptima Región del Maule, sobre todo en una época de gran cesantía. En la actualidad, hemos apreciado la necesidad y la importancia de tener trabajadores preparados, flexibles y con estudios. A través de este programa de nivelación, que se realiza conjuntamente entre el Fosis y los Ministerios de Educación y del Trabajo, que le llaman de Competencia laboral, se pueden completar estudios.
En nuestra Región del Maule se estableció un total de 925 cupos, 245 para San Clemente, 300 para Linares, 300 para Talca y 80 para Cauquenes, en los cuales se han desarrollado estos cursos en los últimos meses.
La semana pasada estuve en San Clemente en la entrega de 245 certificados, por los estudios realizados por gente de los más apartados lugares de nuestras comunas rurales. Allí se podía apreciar la emoción indescriptible de los hijos o las señoras que veían recibir a sus maridos, o viceversa, de edades avanzadas, los certificados por haber cursado el séptimo o el octavo básico, con todo lo que significa para ampliar sus posibilidades.
Se trata de un programa extraordinario, cuyos recursos, lamentablemente, son limitados, ya que se destinaron casi 100 millones de pesos a la Séptima Región. En verdad, sus beneficios son espectaculares, ya que además de impartir estudios gratuitos, entrega 25 mil pesos mensuales para movilización, como incentivo a quien termine el curso, lo que logró prácticamente el 97 por ciento de las personas que lo iniciaron, éxito que no ocurre en las universidades ni en los colegios pagados. También se entregaron 10 mil pesos a quienes se recibieron, más un seguro mientras estaban estudiando.
Así recibe el mundo rural, el mundo campesino, los aportes que el Estado les entrega. Programas como éste posibilitarán que nuestra agricultura tenga una opción distinta a futuro, pues habrá más personas con estudios.
Por tal motivo, solicito oficiar al ministro de Planificación, con el objeto de que evalúe la posibilidad de dotar con recursos adicionales a este programa e incrementar los cupos a la Séptima Región. Creemos que así se hace patria, ya que los ministerios sociales están llegando a donde más se necesita: las comunas rurales y el mundo rural.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda , Jaime Jiménez, Gabriel Ascencio, Andrés Palma, Edgardo Riveros y Waldo Mora .
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES OCURRIDAS EN CUARTELES POLICIALES DE ANCUD Y PUENTE ALTO. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, deseo referirme, en primer lugar, a la actuación de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Ancud, provincia de Chiloé.
De acuerdo con una nota que me han enviado las madres de los menores Claudio Andrés Aspée, de 17 años; Carlos Rubén González Mancilla , de 17 años, y Álex Rolando Navarro Navarro, de 16 años, estos jóvenes habrían sido golpeados en la calle y en el cuartel de Investigaciones de Ancud por funcionarios de esa institución.
Ellos relataron que el viernes 3 de mayo, aproximadamente a las 19.30 horas, fueron detenidos por Investigaciones, golpeados en la calle y objeto de humillaciones verbales y físicas. Luego, los llevaron al cuartel de Investigaciones ubicado en calle Errázuriz. Allí continuaron los golpes de puño y las patadas, los esposaron y siguieron golpeando y ridiculizando. Luego, les negaron el acceso a sus madres para verlos. Los acusaban de ser hip-hop, raperos o algo así.
A las 20.30 horas llegaron las mamás, quienes desde una ventana pudieron ver que los niños estaban tendidos en el suelo en el cuartel de Investigaciones. Los llevaron al hospital, donde se comprobaron las lesiones que habían sufrido, las cuales están acreditadas en los certificados médicos del hospital de Ancud. Fundamentalmente son equimosis y erosiones en distintas partes del cuerpo: dorsales, cervicales, nasales, abdominales y en las muñecas.
En verdad, se trata de un hecho grave, porque los jóvenes fueron liberados cerca de las 3 de la madrugada, sin que se les formulara acusación alguna y bajo amenazas de que donde los encontraran les iban a correr bala o golpear.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro del Interior y al director general de Investigaciones, con el objeto de que ordenen la más amplia investigación respecto de este caso, que determinen la responsabilidad de los tres funcionarios de Investigaciones que participaron, cuyos nombres lamentablemente no tengo, y que remitan los antecedentes y las medidas adoptadas a esta Cámara de Diputados.
Por último, solicito oficiar al ministro del Interior y al general director de Carabineros , con el objeto de que nos remitan los informes más completos y acabados que tengan en relación con el suicidio del joven Rodrigo Andrés Agüero López, ocurrido en la subcomisaría San Jerónimo, de Puente Alto, acción en la que habría utilizado sus calcetines.
Este hecho ha causado gran impacto en la opinión pública y existen muchas dudas al respecto, razón por la cual la Cámara de Diputados debe conocer qué ocurrió efectivamente. Por ello, solicito se nos remitan todos los antecedentes, con el mayor detalle posible, incluido el sumario administrativo.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Andrés Palma , Segio Ojeda , Pablo Lorenzini y la señora Eliana Caraball
IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTO EN PROYECTO HABITACIONAL EN MELIPILLA. Oficios.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, quiero referirme a un problema que afecta a un grupo de familias de mi distrito, específicamente de la comuna de Melipilla, en relación con el anhelo tan preciado para cualquier familia, como es tener casa propia.
Al efecto, a través de los medios de comunicación local -escritos y hablados- y desde la gobernación provincial de Melipilla, en marzo de 1996 se promocionó ampliamente el Programa Especial de Trabajadores, PET -denominado de Gobierno-, sobre viviendas algo más amplias y con un mejor estándar que las viviendas sociales o básicas.
En ese momento la gente concurrió a la gobernación provincial a dejar sus dineros, que eran depositados en una cuenta corriente del Colegio de Profesores local, al cual se le pidió cooperación para desarrollar el llamado programa de Gobierno, según consta en distintas inserciones que la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara conoció durante una amplia investigación llevada a cabo hace algún tiempo y cuyos antecedentes fueron remitidos a la Contraloría General de la República.
He aquí una situación ya bastante irregular, como es la de que un servicio público promocione un programa de esa naturaleza y reciba recursos en una de sus dependencias, donde funcionaba dicho programa. De hecho, la gente que llegó a ese servicio creyó efectivamente que se trataba de un programa de vivienda del Gobierno.
Pues bien, más de 574 familias colocaron, ahorraron o aportaron más de 40 unidades de fomento, cada una, llegando a enterar la suma de, aproximadamente, 30.000 unidades de fomento, y luego se adquirió un terreno para desarrollar ese programa de viviendas, que sólo costó alrededor de 19.000 UF; es decir, la diferencia entre lo que se recolectó y lo que efectivamente costó la adquisición del terreno es de, aproximadamente, 170 millones de pesos, en valor de la época.
Pero no sólo se trata de eso. Además, se compró un predio rural, fuera del área urbana, que no tenía factibilidad, e incluso, la Contraloría General rechazó el cambio de uso del suelo por la misma razón. Según consta en informe de la Seremi de Agricultura, el terreno era inundable.
Han pasado cuatro años sin que ese proyecto de viviendas -que se iban a construir en 1996- se haya concretado.
A las personas que han tratado de retirarse de ese programa habitacional se les cobra 15 unidades de fomento -no quiero decir de “peaje”- como costo administrativo, en circunstancias que el proyecto funcionó cuatro años en oficinas de la gobernación provincial de Melipilla. ¡Cuatro años y aún no se puede obtener ni siquiera el permiso de edificación! ¡Cuatro años, período en el cual se constató que se cuenta con una empresa constructora, Fuenzalida Limitada , que funciona en la trastienda de una ONG en Santiago!
¡Cuatro años para darnos cuenta, ahora, de que la prestadora de servicios que tramitó la factibilidad ha debido querellarse por estafa, porque se dio orden de no pago, por extravío y robo, de los documentos que se otorgaron, en garantía, por el Colegio de Profesores local, y de la empresa constructora, para establecer la matricería básica hasta el exterior del predio que se adquirió con el objeto de desarrollar el plan de las viviendas!
¡Cuatro años para constatar en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, según declaración de quien coordinó el proyecto en su momento, señor Humberto Aguilera , que el presidente del Colegio de Profesores , según consta en un fax, había solicitado diez casas a la empresa constructora, las cuales, según aclaró luego a la opinión pública, no eran para él, sino para el Colegio de Profesores, entidad, curiosamente, sin fines de lucro!
¡Cuatro años para constatar que estas viviendas eran, aproximadamente, de 50 metros cuadrados, es decir, no tan distintas de las báscias, las cuales están, hoy, sobre los 45 metros cuadrados, y para comprobar que el terreno es exactamente el mismo con el que cuenta una vivienda básica!
¡Cuatro años durante los cuales cada vez que ha aflorado algún grado de inquietud social se coloca un letrero para aplacar los ánimos; luego, la gobernación provincial ha cursado una invitación, con la concurrencia de distintos dirigentes locales, e incluso, en octubre del año pasado, se llamó al señor Obispo para colocar el primer árbol, porque ya se contaba con todos los permisos municipales y se había cumplido con los requisitos para el permiso de construcción, y aún no se construye un solo metro cuadrado!
Me parece que esta situación es absolutamente grave. Por eso llamo la atención sobre el abuso de la fe pública. La gente que acudió a la gobernación provincial de Melipilla creyó que, efectivamente, era un programa de Gobierno y que el Colegio de Profesores de Melipilla era una instancia responsable. El terreno se adquirió con dinero de las personas, fue comprado a nombre del presidente del Colegio de Profesores local, señor Hugo Araus Ramírez ; luego, se escrituraron las cesiones de derechos, pero no pudieron inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces porque era un predio rural, el cual, definitivamente, en una segunda cesión de derechos, fue traspasado a nombre del Colegio de Profesores de Chile A.G., a nivel nacional, el que, en un informe de su departamento jurídico de marzo -que tengo en mis manos-, dice que no le cabe ninguna responsabilidad en este proyecto, aun cuando el terreno está a nombre suyo.
En estas circunstancias, las personas no tienen ni los recursos que aportaron, ni el terreno está a nombre de ellas, ni tampoco disponen del beneficio del subsidio PET, puesto que, para coronar esta serie de irregularidades, se ha constatado que el proyecto es absolutamente privado. Entonces, a fines del año pasado, fue retirado de la gobernación provincial de Melipilla y hoy funciona en una corredora de propiedades, Agrocentro Propiedades, en la misma ciudad. En suma, se ha perpetrado una serie de hechos irregulares con el sueño de la casa propia.
Por eso denuncio estas irregularidades, respecto de las cuales no caben contemplaciones cuando se advierten vicios tan severos como éstos. No puede haber consideraciones políticas cuando el Presidente Lagos ha dicho que la transparencia debe estar, sobre todo, en los servicios públicos.
¡Qué contraste, señor Presidente , entre esta serie de hechos irregulares, cometidos desde 1996 a la fecha, durante la gestión de autoridades anteriores en la gobernación provincial de Melipilla, y la sensibilidad social que mostraba aquí la diputada señora Allende por los deudores Serviu , preocupación a la cual todos nos hemos adherido tan entusiastamente!
Por eso pido, en primer lugar, que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, adjuntado esta intervención, a fin de que se sirva instruir la máxima investigación interna en la gobernación provincial de Melipilla, para establecer la responsabilidad de las autoridades anteriores, sobre todo considerando que las responsabilidades administrativas duran seis meses, contados desde la cesación en sus cargos. ¡El Gobierno tiene que responsabilizarse de las actuaciones de estos servidores públicos!
En segundo lugar, solicito que se oficie a la señora ministra de Educación, a fin de que gestione con el presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G. el traspaso del terreno, que está a nombre de esa entidad, a sus legítimos dueños.
Es bueno que, de una vez por todas, tengamos mano firme con estos personajes que, de vez en cuando, aparecen en la vida pública para aprovecharse de las necesidades de las personas que, con gran esfuerzo y sacrificio, han vendido sus enseres, con el objeto de juntar ahorros para tener casa propia. Estamos por que esas 574 familias, algunas de las cuales ya han iniciado legalmente querellas por estafa y loteo irregular, tengan definitivamente sus viviendas en ese sitio, que es suyo, aun cuando esté a nombre del Colegio de Profesores de Chile A.G., de manera que desarrollen allí su proyecto habitacional y pueda saberse qué pasó con los 170 millones de pesos que dicho Colegio dice haber invertido en gastos administrativos, en circunstancias que el proyecto funcionó cuatro años en las oficinas de la gobernación provincial de Melipilla.
¡Esto no puede repetirse nunca más en el país!
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ascencio, Lorenzini, Ojeda y diputada señora Caraball .
ANTECEDENTES SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PESCA EN PERJUICIO DE PESCADORES ARTESANALES DE AISÉN. Oficio.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, quiero informar a la Corporación que, así como en las últimas horas se han desarrollado conflictos en el sector pesquero artesanal de las Regiones Novena y Duodécima, de igual manera más de mil quinientos pescadores artesanales de Aisén están protestando con ribetes de gran agresividad, enfrentándose con la fuerza pública y anunciando huelgas de hambre.
Sin embargo, se ha logrado calmar la situación en espera de que, mañana, en presencia del subsecretario de Pesca , se analice el pliego de peticiones de la federación de pescadores de Aisén.
Consecuente con lo anterior, solicito el cumplimiento de la visita de dicho funcionario, pues son impredecibles las consecuencias que este conflicto puede generar.
Hoy, la movilización de la pesca artesanal ha impedido el funcionamiento de las dos principales industrias de la zona, Frío Sur y Pesca Chile, las cuales no pueden procesar la pesca industrial. Ello ha traído como consecuencia la paralización de faenas de más de mil personas que allí trabajan. Dado que parte importante de su sueldo se conforma sobre la base de rendimientos, se está provocando un grave perjuicio económico a las empresas y a sus trabajadores.
Dejo constancia de que la autoridad ha sido incapaz de hacer cumplir la ley en relación con la implementación de los posicionadores satelitales en los barcos industriales, que debieran estar operando desde el 1 de abril del año pasado. De igual manera, nada se ha hecho para actualizar, sanear y respetar el registro de pescadores artesanales. Ambos factores han contribuido a detonar el conflicto.
Las transgresiones a la ley anteriormente señaladas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones en esta Corporación y son de conocimiento de las autoridades fiscalizadoras; sin embargo, éstas se escudan en la falta de recursos humanos y económicos para controlar el amplio litoral. Aun cuando ello sea efectivo, existe consenso sobre la materia y nada se ha hecho para revertir la situación.
Por consiguiente, solicito que se oficie al subsecretario de Pesca con el objeto de que informe a esta Corporación sobre las razones de por qué la ley de pesca no se cumple en las circunstancias señaladas.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado con la adhesión del diputado que preside.(Mora Longa)
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14.50 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. (Boletín Nº 2494-13).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en moción del diputado señor Gutenberg Martínez sobre discriminación racial y étnica. (Boletín Nº 2142-17).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada señorita María Rozas y de la ex diputada señora Eliana Caraball que modifica el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Chile, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios. (Boletín Nº 2415-07).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público. (Boletín Nº 2296-18).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 5 de mayo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que fortalece las facultades jurisdiccionales de los tribunales ordinarios de justicia para investigar en recintos militares, con la siguiente modificación:
Artículo único
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo único.- Sustitúyese el artículo 158 del Código de Procedimiento Penal por el siguiente:
“Artículo 158.- Para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en que funcione alguna autoridad pública o recintos militares, el juez deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuvieren informando de la práctica de la actuación. Dicha comunicación deberá ser remitida con al menos 48 horas de anticipación y contendrá las señas de lo que hubiere de ser objeto del registro, esto último si no fuere de temer que se frustrare la diligencia. Además, en ellas se indicará a las personas que lo acompañarán e invitará a la autoridad o persona a cargo del lugar, edificio o recinto a presenciar la actuación o a nombrar a alguna persona que asista.
Si la diligencia implicare el examen de documentos reservados o de lugares en que se encontrare información o elementos de dicho carácter y cuyo conocimiento pudiere poner en peligro o afectar la seguridad nacional, la autoridad o persona a cuyo cargo se encontrare el recinto informará de inmediato y fundadamente de este hecho al ministro de Estado correspondiente, a través del conducto regular, quien, si lo estima procedente, oficiará al tribunal competente manifestando su oposición a la práctica de la diligencia. Tratándose de entidades con autonomía constitucional, dicha comunicación deberá remitirse a la autoridad superior correspondiente.
En este caso, si el juez estima indispensable la realización de la actuación procederá a elevar los antecedentes a la Corte Suprema para su resolución definitiva, disponiendo el sello y debido resguardo del lugar que deba ser objeto de la diligencia mientras se adopta dicha determinación.
Si la diligencia se lleva a cabo, el juez procederá en igual forma a lo preceptuado en el artículo 144 bis del Código de Justicia Militar.
En todo caso, el juez adoptará las medidas pertinentes para que la diligencia se realice con el debido sigilo y sin publicidad, lo que se extenderá asimismo a sus resultados. La infracción de estas normas se castigará de conformidad a lo previsto en el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales, sin perjuicio de las demás medidas que procedan. En los casos a que se refiere esta disposición, se observarán estrictamente las reglas contenidas en el artículo 164 y no se aplicarán las contempladas en el artículo 172.”.”.
-o-
Hago presente a vuestra Excelencia que el inciso tercero del artículo 158 que se propone fue aprobado, en el carácter de norma orgánica constitucional, con el voto afirmativo, en la votación general, de 28 senadores de un total de 48 en ejercicio, y en la votación particular, por 30 votos de un total de 48 senadores en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Carta Fundamental.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2590, de 6 de octubre de 1999.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
6. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo relativo al tratado de la Ompi sobre derecho de autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. (boletín Nº 2414-10)
“Honorable cámara:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo que somete a la consideración de la honorable Corporación, en primer trámite constitucional, sin urgencia, el “Tratado de la Ompi sobre Derecho de Autor”, adoptado el 20 de diciembre de 1996, por la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, reunida en Ginebra, del 2 al 20 de diciembre de 1996.
I. ANTECEDENTES GENERALES.
Este Tratado y el “Tratado de la Ompi sobre interpretación o ejecución y fonogramas” tienen el mismo origen, persiguen los mismos propósitos y regulan materias muy afines y conexas. Tanto es así, que el preámbulo de ambos instrumentos es, mutatis mutandi, del mismo tenor; de manera que, para evitar repetiros antecedentes generales ya puestos en vuestro conocimiento en el informe del proyecto de acuerdo relativo al segundo de los Tratados (boletín Nº 2413-10), este capítulo del informe se circunscribirá sólo a los aspectos más relevantes de las funciones normativas internacionales de la Ompi; a los alcances de la ley Nº 17.336, que regula la protección del derecho de autor en el país, y al Acuerdo suscrito en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acerca de los de los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (Adpic), directamente relacionados con esta nueva normativa internacional sometida a la consideración de la honorable Corporación.
1. La Ompi es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, encargada, fundamentalmente, de promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo mediante la administración de diversos tratados que regulan los aspectos jurídicos y administrativos de la misma, una de cuyas ramas principales es el Derecho de Autor, que ampara las obras literarias, musicales, artísticas, fotográficas y audiovisuales.
En éste ámbito, la Ompi administra, entre otros tratados, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, del 24 de julio de 1971, también denominado “Acta de París”, cuyas normas actualiza e interpreta el Tratado sometido a vuestra consideración, como lo señala el mensaje, para encuadrar en el sistema de protección internacional del derecho de autor las utilizaciones masivas de obras de arte mediante el uso de nuevas tecnologías.
Para ilustraros acerca del alcance de la normativa internacional sometida a vuestra consideración, se estima útil señalaros que los términos “obras literarias y artísticas”, según lo dispuesto en el Nº 1) del artículo 2 del Convenio de Berna, comprenden todas las producciones del campo literario, científico y artístico, cualesquiera que sean el modo o la forma de expresión, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de igual naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letras; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas, a las cuales se asimilan las obtenidas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas; los planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.
Sin perjuicio de la importante protección que el Convenio de Berna establece en beneficio de obras literarias y artísticas, los Estados miembros de la Unión se reservaron, en su artículo 20, el derecho a celebrar acuerdos particulares que confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por el Convenio o que comprendan otras normas no contrarias al referido instrumento internacional.
Precisamente, el Tratado que se os informa en este acto, al tenor del Nº 1) de su artículo 1, es uno de estos arreglos particulares respecto a los países miembros de la Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, entre los cuales se encuentra Chile.
Para evitar los conflictos de normas que pudieran resultar de la aplicación de este nuevo Tratado, las Partes Contratantes declaran, en los Nºs 2) y 4) de su artículo 1, que ningún contenido de este instrumento derogará las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna y que éstas, además, darán cumplimiento a lo dispuesto a los artículos 1 a 21 y al anexo del referido Convenio, que contienen la regulación sustantiva del derecho de autor, mientras que el resto del articulado se ocupa, principalmente, de los aspectos orgánicos de la Unión.
Nuestro país, además de ser Estado miembro de la Unión, ha aprobado el Convenio de Berna por decreto ley Nº 908, de 1975, y lo ha puesto en vigencia en el orden interno por medio del decreto supremo (RR.EE.) Nº 266, de 1975, publicado en el Diario Oficial del 5 de junio del mismo año.
2. La ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual, protege en el país los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literario, artístico y científico, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. Básicamente, protege las mismas obras literarias y artísticas señaladas en el Convenio de Berna, con dos innovaciones importantes, incluye en la protección legal los videogramas y diaporamas y los programas computacionales (Nºs 15) y 16) de su artículo 5º).
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, a que se refieren los capítulos IV y V de la ley, los que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obras (artículo 1º de la ley).
La ley ampara tanto los derechos de todos los autores chilenos como de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores extranjeros no domiciliados en el país gozan de la protección que les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique. Entre estas convenciones, se comprende el Convenio de Berna y se incluirá el Tratado en trámite.
Nuestra ley de propiedad intelectual declara que sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra y la protección legal que otorga al derecho dura por toda la vida del autor y se extiende, como regla general, hasta cincuenta años más, contados desde la fecha de su fallecimiento (artículo 6º y primera norma del inciso primero del artículo 10).
La ley Nº 17.336 establece diversas sanciones pecuniarias y penales en contra de quienes infrinjan sus disposiciones (artículos 78 y siguientes).
3. Por último, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Adpic), aprobado como anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), compromete a los Estados Partes, entre los cuales se encuentra Chile, a conceder a los nacionales de los demás Estados Miembros el trato nacional y el de la nación más favorecida con respecto a la protección de la propiedad intelectual, inclusive en lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (artículos 3 y 4 del Adpic).
El Acuerdo de Marrakech, con sus anexos, ha sido promulgado por decreto supremo (RR.EE.) Nº 16, de 1975, y publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo de 1995.
II. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL TRATADO.
A) Estructura del Tratado.
El Tratado se compone de un preámbulo, en el que las Partes Contratantes dejan constancia de los propósitos que persiguen con este instrumento, y de 25 artículos. Los 14 primeros contienen las nuevas normas sobre el derecho de autor; los artículos 15 y 16 tratan de la Asamblea de los Estados Partes y de la Oficina Internacional que administrará la aplicación de este instrumento, y los siete últimos se ocupan de las cláusulas finales del Tratado.
B) Propósitos que persigue el Tratado.
Según las declaraciones que formulan en el preámbulo, las Partes Contratantes en este Tratado tienen los propósitos siguientes:
1) Desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible.
En este contexto, se resguarda la integridad del Convenio de Berna, disponiéndose, como se os ha señalado, que ningún contenido de este Tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes en virtud de dicho Convenio, cuyas disposiciones sustantivas, contenidas entre sus artículos 1 a 21, las Partes Contratantes se comprometen a cumplir.
2) Introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos por el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas, y
3) Destacar la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística, reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna.
C) Principales aspectos sustantivos regulados en este Tratado.
Respecto del ámbito de protección del derecho de autor se precisa que ella abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí (artículo 2).
Las Partes Contratantes se comprometen a aplicar, mutatis mutandi, las disposiciones de los artículos 2 a 6 del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en este Tratado.
Lo anterior significa, en términos amplios, que con las adecuaciones del caso, se hacen extensivas, a este nuevo régimen convencional las normas del Convenio de Berna que determinan el alcance de las obras literarias y artísticas amparadas por el Convenio (artículo 2); las que reservan a las legislaciones nacionales de los países de la Unión la exclusión total o parcial de los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales y el establecimiento de las condiciones en las que podrán ser reproducidas por los medios de comunicación las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza (artículo 2 bis); la que determina que la protección del Convenio comprende tanto a los autores nacionales como extranjeros (artículo 3); la que extiende la protección a los autores de obras cinematográficas y arquitectónicas (artículo 4); la que otorga a los autores el derecho a gozar en los países de la Unión del trato nacional (artículo 5), y la que permite a los países de la Unión no aplicar el Convenio respecto de países no miembros de la Unión que no protejan suficientemente las obras de sus autores nacionales (artículo 6).
En seguida, como lo señala el mensaje, se agregan los programas de ordenador a la protección del Convenio de Berna, cualquiera que sea su modo o forma de expresión (artículo 4). Las compilaciones de datos (bases de datos) o de otros materiales, en cualquiera forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esta protección no abarcará los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación (artículo 5). Ambas obras ya amparadas por la ley Nº 17.336.
A los autores de obras literarias y artísticas se les reconoce el derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad (artículo 6).
También se les reconoce el derecho de alquiler de programas de ordenador; de obras cinematográficas; de obras incorporadas en fonogramas, tal como lo establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, con las salvedades que señala la norma (artículo 7).
Con las salvedades de lo dispuesto en el Convenio de Berna, a los autores de obras literarias y artísticas se les reconoce el derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija (artículo 8).
La protección de las obras fotográficas se amplía a 50 años después de la muerte del autor, como consecuencia de la norma del Tratado (artículo 9) que impone a las Partes Contratantes el compromiso de no hacer uso de la facultad que les confiere el Convenio de Berna para establecer en su legislación interna un plazo de protección de estas obras no inferior a veinticinco años (artículo 7.4). Conforme lo señala el mensaje, este plazo de protección es el que se reconoce en Chile para todo género de obras sin distinción, desde 1992, a partir de la modificación a la ley de propiedad intelectual introducida por la ley Nº 19.166.
No obstante lo señalado, las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud de este Tratado en ciertos casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor (artículo 10). El mensaje indica que esta es una norma de interpretación compatible con el principio de protección de los derechos autorales consagrados en la Constitución Política de la República y en la legislación vigente sobre la materia.
Efectivamente, la Carta Fundamental asegura, en el Nº 25 de su artículo 19, a todas las personas el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señale la ley, el que no será inferior al de la vida del titular. Permite, además, que la propiedad intelectual, de la cual forma parte el derecho de autor, pueda ser sujeta a las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. La ley Nº 17.336 extiende la protección legal por toda la vida del autor y hasta cincuenta años más, contados desde su fallecimiento (artículo 10).
Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionar protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra quienes con conocimiento de causa y sin autorización, ejecuten alguno de los actos siguientes:
a) El de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud de este Tratado y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores señalados por la ley, y
b) El de suprimir o alterar cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos o distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización (artículos 11 y 12).
El mensaje os hace notar que estas son las normas más importantes del Tratado y que la ley Nº 17.336, en el capítulo II de su Título III, consagra una serie de disposiciones relativas a las contravenciones y sanciones, las que, en cierta medida, cumplen con las obligaciones que adquirirá el Estado chileno al ratificar este Tratado. Hace presente, sin embargo, que nuestra legislación ha sido estimada insuficiente en esta materia, por lo cual se encuentran en tramitación en el Congreso Nacional diversas proyectos de ley que tienden a mejorar los aspectos penales vinculados al derecho de autor.
Las Partes Contratantes se comprometen, además, a extender a la protección contemplada en este Tratado la aplicación del artículo 18 del Convenio de Berna, según el cual la protección internacional se otorga a todas las obras que no han pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección y que impide amparar nuevamente la obra que haya pasado a dicho dominio (artículo 13).
Por último, en las disposiciones sustantivas, las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, en sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para asegurar la aplicación del Tratado (artículo 14).
Las cláusulas administrativas regulan el funcionamiento de la Asamblea de las Partes Contratantes, en la que cada una de ellas estará representada por un delegado, su organización y facultades. Se dispone, además, que la Oficina Internacional de la Ompi se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado (artículos 15 y 16).
Las disposiciones finales establecen que todo Estado miembro de la Ompi podrá ser Parte en este Tratado, en el que también es admisible la admisión de organizaciones intergubernamentales, y declaran que la Comunidad Europea podrá ser Parte en este instrumento (artículo 17).
Por último, se contemplan disposiciones relativas al alcance de los derechos y obligaciones que para las Partes Contratantes emanan de este Tratado; a la firma de este Tratado por todo Estado miembro de la Ompi y de la Comunidad Europea; a la entrada en vigor de este instrumento después que él haya sido ratificado por 30 Estados; a la denuncia del Tratado y a los idiomas en que éste ha sido suscrito: español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos (artículos 18 a 25).
Informaciones proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que, al 31 de enero de 2000, este Tratado había sido suscrito por 50 Estados y ratificado por 12: Argentina, Bielorrusia, Burkina Faso , El Salvador, Hungría , México , Panamá , Moldavia , Santa Lucía, Eslovaquia, Eslovenia y Estados Unidos.
DECISIONES DE LA COMISIÓN
A) Personas escuchadas por la Comisión.
Durante el estudio de esta iniciativa, la Comisión escuchó a las personas siguientes:
1) Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Claudio Troncoso Repetto ;
2) Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, señor Juan Vilches Jiménez ;
3) Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor José Pablo Monsalve ;
4) Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor , señor Santiago Schuster Vergara ;
5) Abogado de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile A.G., señor Fernando Silva Cunich , y
6) Abogado de la Asociación Chilena de Distribuidores de Software A.G., señor Octavio Gutiérrez .
En lo sustancial, todos emitieron opiniones favorables a la aprobación de este instrumento internacional, según se reseña a continuación:
El Director de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación coincidieron en expresar que el Gobierno le asigna importancia a la aprobación de los tratados patrocinados por la Ompi, relativos al derecho de autor y a la interpretación o ejecución y fonogramas, por cuanto contienen disposiciones de alto interés e interpretan las disposiciones actualmente vigentes en materia de propiedad intelectual en el mundo. También coincidieron, en términos generales, con el análisis que el mensaje hace de los alcances normativos de este Tratado, agregando que él da una definición de programas de ordenadores; regula el derecho de alquiler y la difusión a través de nuevas tecnologías, como es el caso de internet, y amplía la protección de las obras fotográficas a cincuenta años, plazo que en Chile se reconoce, desde 1992, para todo género de obras sin distinción.
El Director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que el Tratado sobre Derecho de Autor restringe la aplicación de las limitaciones y excepciones al derecho de autor previstas en nuestra legislación a aquellos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, y, finalmente, advirtió la necesidad de adaptar nuestra legislación penal al derecho internacional, porque, si bien existen normas sancionadoras, éstas resultan insuficientes frente a las nuevas tecnologías.
El Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor señaló que la Sociedad da su más pleno respaldo a la aprobación de los Tratados Ompi, sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
Agregó que esta entidad ha adherido permanentemente a la posición del Gobierno de Chile, la que desde los comienzos de los trabajos de los Comités de Expertos ha sido favorable a la más amplia protección posible, tanto en el ámbito de los derechos de autor como en el de los derechos conexos.
Expresó que estos tratados de la Ompi, a los cuales también se les conoce como Tratados sobre Derechos Intelectuales para la Era Digital, tienen por finalidad establecer:
a) Disposiciones específicas en el ámbito de los derechos de autor y conexos, en armonía con lo ya establecido en los Acuerdos Adpic;
b) Disposiciones especiales en el ámbito de las nuevas explotaciones en el ámbito digital, destacándose como un nuevo derecho el de “puesta a disposición” del público de las obras o interpretaciones y fonogramas, “de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”; es decir las comunicaciones a distancia;
c) Obligaciones para los Estados relativas a la sanción de las prácticas de evasión de las medidas tecnológicas para el acceso a las obras y producciones, y otras obligaciones referentes a la información sobre la gestión de derechos.
Dio a conocer que la posición de Chile en relación a estos nuevos Tratados de la Ompi fue coherente con los consensos alcanzados por el Grupo de Países de América Latina y el Caribe.
Explicó que, de las posiciones apoyadas por el Chile, el Tratado ha incorporado los puntos siguientes:
a) La inclusión de los programas de computación protegidos como obras literarias, como asimismo la protección de las bases de datos que constituyan creaciones de carácter intelectual;
b) El derecho de distribución, en el ámbito de las copias tangibles;
c) El derecho de alquiler;
d) El derecho de comunicación al público, que comprende las transmisiones digitales y que constituye una de las disposiciones más importantes del Tratado, y
f) La ampliación del plazo de protección de las obras fonográficas.
El Tratado no recogió la supresión de las licencias voluntarias para las grabaciones sonoras de obras musicales y de la radiodifusión primaria, como ya ha sido consagrado en la legislación interna de Chile, ni el derecho de reproducción directa o indirecta, permanente o provisional, que resuelve toda duda interpretativa respecto de las reproducciones digitales.
Señaló que, en armonía con los países de América Latina, se respaldó fuertemente la incorporación en ambos Tratados de las obligaciones para los Estados relativas a la sanción de las prácticas de evasión de las medidas tecnológicas para el acceso a las obras y producciones, y otras obligaciones atinentes a la información sobre la gestión de derechos.
Por último, sostuvo que los textos finales de los Tratados de la Ompi, el que se os informa en este acto y el que se tramita paralelamente (boletín 2413-10), han recogido el sentir de la comunidad internacional en cuanto a la necesidad imperiosa de dar protección a las creaciones intelectuales en una era plena de desafíos tecnológicos. Los autores y artistas los aceptan con entusiasmo, pero al mismo tiempo requieren de los necesarios resguardos para asegurar sus legítimos derechos sobre sus obras y producciones.
El abogado de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile A.G. informó que la Asociación, integrada por las compañías discográficas más importantes establecidas en el país, ha seguido con especial interés todo el proceso de elaboración y adopción de estos Tratados, habiendo inclusive él mismo participado como asesor de la delegación chilena que asistió a los Comités de Expertos convocados por la Ompi para los estudios preparatorios de estos instrumentos, como asimismo de la delegación de Chile que asistió, en diciembre de 1996, a la Conferencia Diplomática en la que se procedió a la adopción de estos Tratados, los cuales fueron, en esa misma oportunidad, suscritos por nuestro país.
Más adelante, refiriéndose a la situación de hecho en que se aprueban estos Tratados, hizo notar que los grandes avances acaecidos en las últimas décadas, especialmente en el campo de la informática y de las comunicaciones, derivados especialmente del desarrollo de la tecnología digital, han impactado dramáticamente a los titulares de derechos intelectuales, cuyas obras y bienes protegidos, en un mundo que avanza hacia la globalización, pueden ser hoy conocidas, reproducidas, comunicadas, difundidas, transmitidas y utilizadas de una manera inimaginable hace pocos años. Así es como, por ejemplo, en la actualidad las producciones musicales, que por su naturaleza tienen además un carácter universal, son accesibles, por la vía de internet, a un vasto público distribuido en los más recónditos lugares del mundo. Lo lamentable de esta situación es que ello ocurre normalmente sin autorización de los titulares de las obras y bienes protegidos y sin que los autores, intérpretes y productores fonográficos perciban remuneración alguna por estos usos.
Afirmó, además, que los Tratados de la Ompi sometidos a la consideración de la honorable Cámara constituyen una respuesta a la imperiosa necesidad de mejorar el sistema de protección internacional en los campos del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, frente a los desafíos antes planteados.
El abogado de la Asociación Chilena de Distribuidores de Software A.G. señaló que el Tratado sobre Derecho de Autor consagra la protección a los programas de ordenadores, los cuales ya están amparados en Chile. Precisó que este Tratado protege los “softwares” como obras literarias, con lo cual coincide con los acuerdos Adpic de la OMC. En lo que se refiere a las compilaciones de datos, reconoció que ellas están reguladas en el artículo 3º, Nº 1 de la ley de propiedad intelectual.
Explicó que la explotación de las obras intelectuales ha evolucionado desde la distribución de ejemplares (en material) a la distribución magnética por internet. Por ello, junto con el derecho de distribución (que es tradicional para los ejemplares físicos), se ha regulado el derecho de comunicación, que supone sistemas de envíos magnéticos, como internet. Este último derecho es de especial interés para la Asociación que representa.
Consideró que, en relación a conductas encaminadas a eludir las medidas tecnológicas de protección a las obras en internet, se necesita configurar nuevos tipos penales, modificando los artículos 78 y siguientes del Código Penal. Para la Asociación que representa, también sería deseable la aprobación del Tratado sobre Derecho de Autor .
El Abogado de la Asociación de Productores Fonográficos de Chile A.G., respondiendo a consultas parlamentarias acerca de la importancia de la “piratería intelectual”, expresó que este problema es muy serio. Informó que los primeros derechos consagrados sobre ejecución o interpretación y fonogramas, surgieron en 1961 y que en ese entonces el gran derecho era el de reproducción. Ahora, el gran derecho es el de puesta a disposición. La reproducción ilícita de copias es un gran problema en Chile. Precisó que este tema ha adquirido tal dimensión, que es un tópico que ha pasado de la Ompi a la OMC. Por ello, los países pueden establecer sanciones si otros Estados no cumplen con los niveles de protección a la propiedad intelectual.
Agregó que estos tratados requerirán un importante esfuerzo por los compromisos que adquiere el Estado en orden a tomar medidas que resguarden adecuadamente estos derechos.
En relación con el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, estimó que no es necesario formular reservas, por cuanto nuestra legislación ya tiene un derecho análogo al derecho de comunicación al público. Asimismo, ya se ha previsto un sistema de recaudación de derechos idéntico al que establece este Tratado. Incluso, nuestra legislación reglamenta más acuciosamente el sistema de distribución.
El Director General de la Sociedad del Derecho de Autor expresó que el derecho de autor es hijo de la tecnología y adquiere importancia con los grandes inventos de la humanidad, como la invención de la imprenta, los fonogramas, el cine etc. Esto genera desafíos para lograr que las obras intelectuales se respeten. Hasta ahora se ha hecho frente a lo desafíos tecnológicos. El derecho de autor es hijo de la “piratería”, como una reacción frente a la copia no autorizada.
Sostuvo que los problemas de la máquina generarán una respuesta en la propia máquina. Siempre se pueden transgredir las normas. Los autores chilenos han sido creativos. Desde 1992, Chile es uno de los países mejor preparados para defender el derecho de autor. Tiene todos los derechos de autor. Sólo falta que se concreten los derechos literarios y se creen propuestas para mejorar las defensas de los derechos de autor. Es por esta razón por la que Chile fue escogido para efectuar un nuevo Congreso sobre Derecho de Autor, el que debiera reunir en Santiago, en el mes de septiembre, a representantes de 180 sociedades gestoras de 95 países, para debatir, entre otros importantes temas, sobre el impacto de internet en la propiedad intelectual.
Señaló que en el futuro la distribución y reproducción de obras serán inmateriales. Es probable que electrónicamente se pueda controlar el uso de obras a través de internet.
Dio a conocer que la Comunidad Europea ya está dictando una directiva en relación con el derecho de autor y los nuevos medios tecnológicos. Algo semejante sucede con Estados Unidos, que también elaborará una normativa para controlar el uso del derecho de autor vía internet. El que quiera participar en el comercio mundial en el futuro deberá respetar las normas sustantivas de la Convención de Berna sobre derecho de autor. Chile está preparado para enfrentar el futuro.
Afirmó que, para proteger la creatividad chilena, debe partirse amparando la obra extranjera. Si no es así, esta última es gratis y el nacional no puede competir con ella. En el futuro sería necesario efectuar un estudio profundo de las diferentes normas que rigen en el ámbito de la propiedad intelectual, para su mejor protección. Deberá empezarse aprobando estos Tratados. El sector privado, si cuenta con las herramientas legales para seguir adelante, con la ayuda de la propia tecnología, podrá enfrentar los desafíos futuros.
El Jefe del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción, expresó que esta Secretaría de Estado ha asumido un cierto liderazgo en la inserción de Chile en el concierto mundial relativo a la propiedad intelectual, derecho de autor y conexos, como también a la propiedad industrial. De esta forma se dictó la ley Nº 19.033 sobre propiedad industrial, y se ha colaborado en armonizarla con los estándares de los acuerdos Adpic. También se ha participado de la voluntad integracionista de Chile, constantemente presente en la OMC y en otras organizaciones internacionales referentes al comercio mundial.
Agregó que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción ha tenido una posición activa en relación con la propiedad intelectual en la nueva realidad mundial. En este contexto, consideró que los Tratados en estudio son vitales, por cuanto intentan incorporar la protección del derecho de autor y de los derechos conexos en el marco de la nueva tecnología. Por ello, estos instrumentos son también conocidos como los “tratados internet”.
Comentó que el rápido crecimiento de la digitalización ha sorprendido a muchos. Si bien estos Tratados no constituyen una solución acabada, son, en todo caso, un muy buen comienzo, por cuanto establecen estándares mínimos de protección.
Sostuvo que Chile está haciendo importantes esfuerzos para liderar en América Latina la propiedad intelectual, incluyendo su aspecto industrial. Por ese motivo se están tomando las medidas necesarias para adecuar nuestra legislación a la normativa internacional en materia de protección a la propiedad intelectual. Ya algunos países tienen incorporadas a sus ordenamientos jurídicos las normas que establecen estos Tratados. En Chile no hay normas sobre derecho de alquiler y puesta a disposición; pero el país está adecuando su normativa a los tratados Adpic , por lo cual no habrá mayor conflicto. Todo esto consta en un proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la honorable Cámara (boletín Nº 2421-13), el cual adecua la legislación nacional a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, suscritos por Chile y promulgados por el decreto supremo (RR.EE.) Nº 16, de 1995.
B) Aprobación del Tratado en informe.
Vistos los antecedentes expuestos, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana decidió, por unanimidad, recomendaros la aprobación del “Tratado de la Ompi sobre Derecho de Autor”, para lo cual os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo correspondiente, con modificaciones formales que tienen por objeto citar, en la norma de su artículo único, el Tratado por el nombre que le dio la Conferencia Diplomática que lo aprobó, lo que se salva con el texto sustitutivo siguiente:
“Artículo único.- Apruébase el “Tratado de la Ompi sobre Derecho de Autor”, adoptado el 20 de diciembre de 1996, por la Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 20 de diciembre de 1996.”.
C) Menciones reglamentarias.
Para los efectos reglamentarios pertinentes, se os hace constar que este Tratado no contiene normas que requieran quórum orgánico constitucional o quórum calificado para su aprobación, ni tampoco aquellas que deban ser informadas por la honorable Comisión de Hacienda.
D) Designación de diputado informante .
Esta nominación recayó en el honorable diputado señor Maximiano Errázuriz Eguiguren .
Discutido y despachado en las sesiones de los días 11 de abril, celebrada en Comité, y del día 18 del mismo mes, de 2000, con asistencia de los diputados señores Palma Irarrázaval, don Joaquín ( Presidente de la Comisión ); Allende Bussi , doña Isabel ; Ascencio Mansilla, don Gabriel ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano ; González Román, doña Rosa ; Jarpa Webar, don Carlos Abel ; Kuschel Silva, don Carlos Ignacio ; Leay Morán, don Cristián ; Moreira Barros, don Iván ; Reyes Alvarado, don Víctor ; Riveros Marín, don Edgardo , y Urrutia Cárdenas, don Salvador .
Sala de la Comisión, a 18 de abril de 2000.
(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Abogado Secretario de la Comisión”.