Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESION
- Victor Barrueto
- Waldo Mora Longa
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- Anibal Perez Lobos
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- SECRETARIO DE LA SESION
- Carlos Loyola Opazo
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Alfonso Zuniga Opazo
- PRESIDENTE DE LA SESION
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON RAÚL RETTIG GUISSEN.
- HOMENAJE : Jaime Naranjo Ortiz
- HOMENAJE : Enrique Krauss Rusque
- HOMENAJE : Eduardo Diaz Del Rio
- HOMENAJE : Maria Pia Guzman Mena
- HOMENAJE : Eugenio Tuma Zedan
- HOMENAJE : Ivan Mesias Lehu
- HOMENAJE EN MEMORIA DE DON RAÚL RETTIG GUISSEN.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PLAN MÍNIMO DE SALUD PARA PERSONAS DESEMPLEADAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Haroldo Fossa Rojas
- Eugenio Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INDEMNIZACIÓN PARA LOS AFECTADOS POR ACCIONES DE ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Monge Sanchez
- Jaime Orpis Bouchon
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Fanny Pollarolo Villa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- ANTECEDENTE
- PLAN MÍNIMO DE SALUD PARA PERSONAS DESEMPLEADAS.
- VIII. INCIDENTES
- PRESIONES DE IANSA PARA MECANIZAR PRODUCCIÓN DE REMOLACHA. Oficios.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Sergio Ojeda Uribe
- Felipe Letelier Norambuena
- Samuel Venegas Rubio
- Jaime Rocha Manrique
- Alejandro Navarro Brain
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Eliana Caraball Martinez
- Pablo Lorenzini Basso
- Jorge Ulloa Aguillon
- ADHESION
- ACTO DE HOMENAJE A EX DIPUTADO DON MARIO PALESTRO ROJAS.
-
SITUACIÓN MILITAR DE ESTUDIANTES DE CASTRO. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Andres Palma Irarrazaval
- Homero Gutierrez Roman
- Sergio Ojeda Uribe
- Victor Reyes Alvarado
- Pablo Lorenzini Basso
- Enrique Jaramillo Becker
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Alejandro Navarro Brain
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- REEVALUACIÓN DE DESTINO DE FUNDO DE PROPIEDAD FISCAL DE COMUNA DE PENCAHUE. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Victor Reyes Alvarado
- Enrique Jaramillo Becker
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE EDIFICIO PÚBLICO CONSTRUIDO EN PUNTA ARENAS. Oficios.
- RESPUESTA A PETICIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA XII REGIÓN. Oficio.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PESCA EN FAVOR DE LOS PESCADORES ARTESANALES. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Enrique Jaramillo Becker
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Sergio Ojeda Uribe
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- LOS PRIMEROS SESENTA DÍAS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE LAGOS.
- RECONOCIMIENTO A INICIATIVA DEL DIPUTADO WALDO MORA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
- RECONOCIMIENTO A INICIATIVA DEL DIPUTADO WALDO MORA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
-
CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNAEB. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
-
INVESTIGACIÓN SOBRE INCIDENTE EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MELIPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- Enrique Jaramillo Becker
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- MEDIDAS E INICIATIVAS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE AFECTAN A FLORIDA Y A OTRAS COMUNAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- PRESIONES DE IANSA PARA MECANIZAR PRODUCCIÓN DE REMOLACHA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Ulloa Aguillon
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 49ª, en miércoles 10 de mayo de 2000
(Ordinaria, de 10.45 a 14.32 horas) Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor,y Mora Longa , don Waldo
Presidencia accidental de los señores Pérez Lobos, don Aníbal;Huenchumilla Jaramillo, don Francisco y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III.Actas 8
IV.Cuenta 8
V.Homenaje.
Homenaje en memoria de don Raúl Rettig Guissen 8
-o-
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 19
VI.Orden del Día.
Autorización de empréstito para construcción de parque científico-tecnológico de la Universidad de Chile. Primer trámite constitucional. (Continuación) 20
VII.Proyectos de acuerdo.
- Plan mínimo de salud para personas desempleadas 39
- Indemnización para los afectados por acciones de órganos de la administración del Estado 40
VIII.Incidentes.
- Presiones de Iansa para mecanizar producción de remolacha. Oficios 42
- Acto de homenaje a ex diputado don Mario Palestro Rojas 43
- Situación militar de estudiantes de Castro. Oficio 43
- Reevaluación de destino de fundo de propiedad fiscal de comuna de Pencahue. Oficio 45
- Información sobre edificio público construido en Punta Arenas. Oficios 46
- Respuesta a petición de pescadores artesanales de la Duodécima Región. Oficio 46
- Modificación de la ley de pesca en favor de los pescadores artesanales. Oficio 47
- Los primeros sesenta días de gobierno del Presidente Lagos 48
- Reconocimiento a iniciativa del diputado Waldo Mora, Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados 49
Pág.
- Condiciones laborales de trabajadores de empresas contratistas de la Junaeb. Oficios 50
- Investigación sobre incidente en procedimiento judicial en Melipilla. Oficios 51
- Medidas e iniciativas para resolver problemas que afectan a Florida y a otras comunas de la Octava Región. Oficios 52
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 2499-06) 55
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto de ley del deporte (boletín Nº 1787-02) 79
3. Informe Complementario de la Comisión investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país 80
4. Moción del diputado señor Ulloa que modifica el Código Sanitario estableciendo como condición para autorizar un basural, la existencia de una distancia entre el relleno y los lugares afectados (boletín Nº 2498-11) 85
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficio:
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que el proyecto, iniciado en mensaje, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, actualmente en la Comisión Especial de Drogas, sea conocido también por esta Comisión (boletín Nº 2439-20).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores,Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Rafael Arratia, René Manuel García y Juan Pablo Letelier.
-Asistió, además, el senador señor Hosaín Sabag.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.45 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 44ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 45ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON RAÚL RETTIG GUISSEN.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
A continuación, la Cámara de Diputados rinde homenaje en memoria de don Raúl Rettig Guissen, recientemente fallecido.
Se encuentra presente en la tribuna un grupo de sus familiares, compuesto por su hija, nietos y sobrinos. También asiste en la tribuna el Presidente del Partido Radical Social Demócrata don Anselmo Sule.
En primer lugar, tiene la palabra el diputado de la bancada socialista señor Jaime Naranjo
El señor NARANJO (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, no cabe duda de que en el futuro, cuando se estudie en profundidad la historia política del Chile del siglo XX, el nombre de don Raúl Rettig Guissen resaltará con luces propias, muy especialmente por su innegable aporte a la transición democrática durante el gobierno del Presidente Aylwin. En los liceos y escuelas del país, las nuevas generaciones se enterarán de que don Raúl cumplió la compleja misión de presidir una comisión cuyo objetivo era esclarecer los hechos relacionados con las brutales violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Dicha tarea fue realizada sigilosamente, con especial cuidado y esmero, y por cuyo resultado estará eternamente agradecida la inmensa mayoría de los chilenos.
Sin embargo, cometeríamos una gran injusticia si limitáramos la contribución de don Raúl Rettig a la nación sólo al aporte que realizó desde la presidencia de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, porque ello significaría desconocer al gran político que destacó con singular brillo en cada uno de los cargos que le correspondió desempeñar.
Con tesón y sacrificio, don Raúl demostró tener la entereza suficiente para superar las innumerables dificultades que enfrentó desde muy joven. Ni el temprano fallecimiento de su madre ni la falta de recursos económicos impidieron que llegara a convertirse en uno de los más destacados hombres públicos de nuestra historia republicana. Esas circunstancias, que en algunos casos marcan para bien o para mal la vida de los hombres, en el caso particular de don Raúl influyeron positivamente y sirvieron como elemento esencial en su afán de querer eliminar las injusticias existentes en la sociedad.
Debió trabajar duramente para costearse sus estudios de derecho en la Universidad de Concepción. Así, se le vio vendiendo carbón en la calle o trabajando de boletero en un circo. Todo ello no fue obstáculo para que posteriormente lograra convertirse en un destacado abogado.
La fuerza moral que demostró tener, unida a su proverbial inteligencia y sagacidad, le permitieron desempeñar las más altas responsabilidades durante su participación en la vida pública de nuestro país. Subsecretario del Interior y de Relaciones Exteriores , presidente del Partido Radical , en el que militó toda su vida, y presidente del Colegio de Abogados son algunos de los cargos que le correspondió desempeñar en su larga y fructífera carrera política y profesional. Sin embargo, fue en el Senado donde su brillo y rigor intelectual pudieron ser apreciados en toda su magnitud.
La forma en que defendía sus convicciones, ardorosamente, sin descalificar al adversario, sino aceptándolo en sus diferencias, es una muestra de su convicción de que la tolerancia es el elemento central de toda convivencia social y política. Dicha cualidad, junto con la claridad e inteligencia con que formuló sus planteamientos desde los escaños parlamentarios, lo convirtieron en uno de los principales exponentes del radicalismo, dándole prestigio, profundidad y reflexión a la actividad pública.
Sus innumerables intervenciones en la cámara alta reflejaron su espíritu esencialmente democrático y libertario y lo convirtieron en uno de los grandes oradores parlamentarios. Así, a propósito de una derrota electoral de su partido, señaló textualmente: “No tiene nada de extraño que los hombres que hemos hecho de la democracia un culto permanente, aceptemos con republicana tranquilidad una derrota. ¿Quién no sabe, como ya lo dijo un español selecto, que la victoria y el fracaso no son sinónimos, sino caras distintas que toma de pronto la vida?
Sabemos, los que actuamos en política, que a la derrota sigue el triunfo y que el continuo sucederse de estos dos dramas no es sino una necesidad en la vida de los pueblos”.
Agregó: “Creemos en la democracia, no solamente cuando estamos gobernando, no sólo cuando tenemos de nuestro lado las ventajas del poder, sino también, y acaso más intensamente, cuando estamos en la desgracia política, pues en ese instante es más firme que nunca el fervor republicano que cada uno de nosotros es capaz de sustentar”.
Señor Presidente , Raúl Rettig formó parte de aquella generación de políticos que contribuyó a construir el Chile republicano y democrático del cual todos, en más de una ocasión, nos hemos sentido tremendamente orgullosos. Su fe inquebrantable en el sistema democrático lo llevó a combatir duramente las dictaduras de los generales Ibáñez y Pinochet.
Su consecuencia y la firmeza con que defendía sus convicciones le significaron ser exonerado de cargos públicos en ambos gobiernos. Así, durante la primera administración de Ibáñez, época en la cual don Raúl profesaba las ideas del anarquismo, debió abandonar su cargo de profesor primario al ser relegado a Mininco, cuando aún no cumplía veinte años de edad. Más de cuarenta años después, se repetiría la historia cuando a los inicios del régimen militar fue exonerado de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, donde impartía la cátedra de filosofía del derecho.
Sin embargo, como señalé al comenzar esta intervención, el destino le tenía reservada a don Raúl una última misión. El Presidente Aylwin , con gran sabiduría, eligió a este hombre para que encabezara la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que tuvo la dura tarea de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
¡Para qué recordar lo que muchos dijeron al momento de su constitución! El mejor mentís a las delirantes especulaciones de algunos fue el trabajo serio, responsable y ecuánime de la comisión, gracias al cual nunca más alguien ha podido hablar en el país de los “presuntamente desaparecidos”.
En forma anónima, con sigilo y profesionalismo, don Raúl encabezó las tareas desarrolladas por la comisión, en lo que sería, según su testimonio, “la experiencia más trascendental de su vida”. Investigar lo que por años se negó en el país, lo que muchos no querían ver, pese a las evidencias indesmentibles que indicaban que en Chile, durante el régimen militar, se habían violado sistemáticamente los derechos humanos, fue la difícil misión que le tocó encabezar.
En su trabajo en la comisión se introdujo en la peor tragedia de la historia que nuestra patria recuerde. Como lo señaló don Raúl , era un viaje, en un túnel negro, hacia el horror. Gracias a su labor, la mentira institucionalizada bajo el régimen militar dio paso a la dolorosa verdad oficial que hoy nadie pone en duda.
Podrán realizarse las más variadas críticas a la tarea desarrollada por la comisión, a las facultades que se le concedieron, pero jamás podrán desmentirse los hechos ahí descritos. Gracias, don Raúl , porque con su trabajo contribuyó a reparar, en parte, moralmente, el daño causado a las víctimas y a cicatrizar las profundas heridas de nuestro país.
Señor Presidente , sin desconocer el rol que le cupo en esta Comisión, quizás el legado más importante que nos deja don Raúl Rettig a las generaciones futuras es que la tolerancia es la base para que la sociedad pueda coexistir con sus diferencias. El respeto a las ideas ajenas y el nunca usar la fuerza para imponer sus posiciones fueron sus armas.
Esto adquiere especial relevancia hoy en día, cuando en nuestro país existe tanta intolerancia, cuando hay tan poco espacio para la diversidad, cuando hay tan poco espacio para tener una opinión discrepante, cuando a algunos les gustaría que Chile fuese una especie de regimiento.
Don Raúl nos señaló que sólo podemos existir integrados como país si la tolerancia es nuestra norma de conducta y no le tenemos miedo a la discrepancia.
En nombre de la bancada de diputados del Partido Socialista, hacemos llegar a sus familiares, a los compañeros del Partido Radical Social Demócrata y a sus amigos, nuestras más sinceras condolencias por tan sensible pérdida.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, estimados familiares de don Raúl Rettig:
Corresponde tributar reconocimiento y homenaje a una figura trascendente de la historia reciente del país.
De alguna manera, don Raúl Rettig constituye una especie de arquetipo de la clase media chilena, de esa clase media que, a contar de la década del veinte, ha ido modelando el sistema de convivencia democrático entre nosotros.
De origen pobre, niño pobre, modelado bajo la lluvia de Cautín, de la que tanto nos hablaba Neruda, recibe las primeras expresiones de lo que significa el campo formativo de la clase media a través de la educación como profesor normalista. Luego, accede a estudiar derecho en la Universidad de Concepción, en esa educación superior laica y gratuita que, hasta hace poco, marcó el sello de la construcción de nuestra nacionalidad.
Allí, Raúl Rettig, que había recogido como primer venero de su manifestación política el cauce desbordante del anarquismo, descubre la filosofía y se orienta -en eso se aboca a redactar su memoria de prueba- al pensamiento político de Thomas Hobbes, aquel filósofo del siglo XVII que, tomando la figura del leviatán bíblico del libro de Job, concibe al hombre como el hombre lobo, un ser que quiere destruir al propio hombre, en una teoría sobre el hombre en sociedad y el Estado, precursora del Contrato Social, de Rousseau. Por eso, Rettig descubre la visión humanista que iluminó toda su existencia.
Surge también su inquietud por la filosofía del derecho, de la cual llega a ser profesor, disciplina que enseña que la norma jurídica no es un simple arbitrio del legislador, sino que responde a un ejercicio dialéctico e intelectual.
Raúl Rettig fue un abogado de gran calidad. Presidente de nuestra orden, eximio en los alegatos, en los cuales se conoció, en los tribunales a lo largo del país, la excelencia de su oratoria forense. Esa condición tribunicia la aplicó también en la práctica generosa, a veces poco apreciada, de la política.
Fue militante toda su vida del Partido Radical, al cual presidió en diversas ocasiones, y además, fue servidor público: subsecretario del Interior del gobierno premonitorio de los cambios, de don Pedro Aguirre Cerda; de Relaciones Exteriores, en el gobierno del Presidente Ríos; senador por Biobío, Malleco y Cautín, destacándose en las funciones de presidente de la Comisión de Trabajo de la cámara alta; embajador en Brasil del Presidente Allende , en 1971.
Pero, tal vez, como ha recordado nuestro colega Jaime Naranjo, el signo más destacado, con el cual pasa ineludiblemente a la historia, es como presidente de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, designada por el Presidente Aylwin para encarar el tema de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
El trabajo de esa Comisión fue un paso esencial para superar los agravios del pasado. Tras nueve meses de abnegado, silencioso y eficiente trabajo, emitió un informe que el país conoció en marzo de 1991. Como lo expresara el Presidente Aylwin , la divulgación de este informe conmovió la conciencia nacional. Su seriedad y ponderación fue valorizada en acuerdos unánimes tanto por esta Cámara como por el honorable Senado, que expresaron su reconocimiento a los miembros de la Comisión por el aporte que hicieron en pro de la verdad y del reencuentro nacional.
Es cierto, hubo observaciones y comentarios formulados por instituciones y personas, pero no pudo desconocerse la verdad de los cruentos hechos que el informe establece. El reconocimiento de esa verdad es independiente del juicio que cada cual puede tener sobre los acontecimientos políticos o sobre la legitimidad del 11 de septiembre. Eso lo juzgará la historia; eso lo está juzgando ya la historia y, afortunadamente, lo empiezan a juzgar los tribunales de justicia. Ningún criterio sobre el particular borra, en todo caso, las violaciones a los derechos humanos descritas en el informe. La aceptación de esa verdad, compartida por la comunidad nacional, removerá un motivo de disputa y de división entre los chilenos y abre campo para que los tribunales investiguen a fondo, de acuerdo con la legislación vigente, los casos sobre violaciones a los derechos humanos.
Ese aporte incuestionable, indiscutible, que resiste cualquier crítica, fue posible gracias al talento, al equilibrio, la mesura y el don de gente de Raúl Rettig . Lo que se ha conseguido hasta ahora, lo que esperamos se consiga hacia el futuro en la anhelada reconciliación entre los chilenos sólo será posible gracias a este esfuerzo y al de quienes lo acompañaron en esta tarea ejemplar, que ha servido de modelo para otros países que, como nosotros, han debido realizar el tránsito hacia la democracia, restañando las heridas provocadas por la enajenación de los valores de la convivencia.
Rettig actuó convencido de que era necesario impedir el retorno de los hombres lobos, de aquellos que conoció cuando en las noches penquistas redactaba su memoria de prueba, cuando Hobbes le hablaba de ese leviatán siendo aún un joven estudiante de derecho.
Rettig también fue un ser humano estimable, capaz de dialogar y de practicar el rito de la amistad sincera con sentido pluralista; capaz de defender el honor recurriendo al arbitraje de las armas y de reconciliarse luego con quien había compartido sus extremos; capaz de entregarse, como lo hacen los hombres, apasionadamente a una mujer, convencido de que estaba encarando el amor final y definitivo, hasta que llegara el ineludible momento del olvido. Capaz de ser padre y de ser abuelo natural y afectivo de los hijos y nietos, propios y de los que le regaló el corazón, en esa campaña que nunca terminó por derrochar el sentimiento.
Marcado por el humorismo, por un humorismo chispeante y gracioso que recordaba a Chesterton, era capaz de interrumpir la reflexión más profunda y seria y de apasionarse con toda la fuerza del alma, como lo hacen los verdaderos hinchas, por el club deportivo de sus amores y de sus dolores, la Universidad de Chile, cuya campaña siguió hasta pocas horas antes de su muerte.
Si Francisco Bulnes , a quien recordábamos hace algún tiempo, fue el último caballero de la política chilena, Raúl Rettig fue, por cierto, el último romántico viajero.
Muy pronto confirmaremos lo lamentable de estas ausencias. Con don Raúl Rettig compartimos muchas jornadas políticas y muchas jornadas de amistad, sublimando nuestras diferencias como lo hacen los verdaderos demócratas por el común culto por la democracia.
El Partido Demócrata Cristiano y sus diputados solidarizan por el dolor de su muerte con su hija Valentina y familia Coudeu Claramunt ; con la Universidad de Chile, de la cual fue profesor emérito y dirigente de su club deportivo; con el Partido Radical Social Demócrata, con sus diputados, compañeros de ideales compartidos por él durante más de 70 años.
Las cenizas de Raúl Rettig no se perderán arrebatadas por el viento. Permanecerán “en ánforas azules de cálida emoción”. Pero es más. Como lo expresa la liturgia cristiana, ellas serán símbolo de penitencia colectiva para impetrar la misericordia de quienquiera sea el Señor de nuestras creencias, para que nos permita alcanzar la unidad imprescindible, el futuro compartido, la nación de hermanos que hará desaparecer, por fin, el leviatán del odio y la desconfianza, para alcanzar ese objetivo de unidad en pro del cual el testimonio de Raúl Rettig Guissen será ejemplo imperecedero.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado Eduardo Díaz, en representación de la Unión Demócrata Independiente e independientes.
El señor DÍAZ (de pie).-
Señor Presidente, familiares de don Raúl Rettig, diputados y militantes del Partido Radical, honorable Cámara:
La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente adhiere al homenaje que en el día de hoy esta Corporación rinde al destacado hombre público señor Raúl Rettig Guissen .
Don Raúl fue, sin duda, un hombre del siglo XX. Nació en Temuco, Región de La Araucanía, en 1909, e inmediatamente sufrió su primera gran pérdida, pues su madre, doña Carmen Guissen , murió en el parto.
Sus primeros años de vida estuvieron marcados también por la ausencia de su padre. El mismo don Raúl declaró que a los quince años de su dura existencia había sido entregado por su padre a tres de sus hermanas. En estas difíciles condiciones se forja la personalidad del destacado hombre público.
En el ámbito religioso, si bien don Raúl fue formado por sus tías en la fe católica e, incluso, como él mismo lo confesó, fue monaguillo y muy bueno en la parroquia de Pitrufquén, su paso por el liceo le hizo perder dicha fe y, en 1930, además de hacerse radical, ingresa a la masonería.
En el ámbito político, nació y murió radical, dicho de sus propias palabras. Pese a ser formado en una familia alessandrista y de haber tenido un breve paso por el anarquismo, termina incorporándose, en 1931, a las filas del Partido Radical, las que no abandonaría jamás.
Durante su prolongada militancia ostentó todos los cargos posibles. Fue presidente de la Asamblea Radical de Concepción y, en 1950, asume la conducción nacional de esa colectividad; en 1949, resulta electo senador por la circunscripción de Biobío, Malleco y Cautín. En la cámara alta integró las Comisiones de Trabajo, de Educación y de Constitución. Precisamente, en un día como hoy, hace cincuenta años, se disponía a viajar a Cuba en representación del Senado, acompañado de los senadores Frei Montalva y Allende, a un congreso de partidos democráticos del continente.
Sus intervenciones en el hemiciclo son recordadas como devastadoras en el fondo, sobrias y moderadas en la forma. Su fuerte carácter en más de una ocasión le jugaría una mala pasada. Basta sólo recordar su famoso duelo con Salvador Allende. Era, sin duda, un hombre respetado.
En 1953, veinticinco redactores políticos, representativos de los más variados sectores, lo proclaman el hombre del año.
En cuanto a su actividad profesional, don Raúl demostró desde muy joven su profunda vocación de servicio público. En 1925 se gradúa como profesor normalista en la Escuela Normal de Victoria. Relegado por el gobierno de Ibáñez y sin trabajo, decide estudiar derecho en la Universidad de Concepción. Se titula como abogado en 1935. A contar de ese momento, don Raúl centraría su atención en la docencia y en el ejercicio de la profesión.
En el ámbito académico, se desempeñó como profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Chile. En los tribunales defendió a destacadas personalidades. Conocidas son sus defensas de tipo político a Pablo Neruda, a Juan Luis Maurás y a Alberto Baltra, entre otros. En 1985 asume como presidente del Colegio de la Orden y, hasta hace muy poco, concurría regularmente a su oficina de abogado.
Don Raúl ocupó también importantes cargos públicos. Se desempeñó como subsecretario del Interior y de Relaciones Exteriores en los gobiernos de don Pedro Aguirre Cerda y de don Juan Antonio Ríos, respectivamente. Durante el gobierno de la Unidad Popular fue embajador de Chile en Brasil.
Para nadie es un misterio que don Raúl fue un hombre apasionado. Trabajó como pasador de pelotas en el club alemán de tenis y, según él confesaría, “desde entonces soy un piernero loco, hasta ahora, que soy anciano”. Se enamoró de la trapecista de un circo y, para seguirla, se incorporó a éste como boletero.
Pero quizás su mayor pasión fue el fútbol y, su equipo, la Universidad de Chile. Para decirlo en términos que para él pudieran ser más familiares, el equipo azul, más que una pasión, fue un sentimiento. A los tres días de haber llegado a Santiago se incorporó como socio del club deportivo de la Universidad de Chile, del cual llegó a ser Presidente . Como él mismo lo diría: siguió a la “U” con un entusiasmo y fanatismo dignos de otra edad. Esta profunda pasión explica que una de las últimas actividades de este “romántico viajero” haya sido ver un partido del equipo de sus amores.
Por último, y a solicitud del ex Presidente Aylwin, en 1991 encabezó la Comisión de Verdad y Reconciliación. Es destacable que este distinguido abogado y hombre público, a su avanzada edad y asumiendo los riesgos que una tarea de esta envergadura tenía, haya aceptado incondicionalmente el desafío. Cuando fue consultado por esta reacción, respondió: “como diría un buen jugador, acepté ahí mismo, a vuelta de cacho”.
Para don Gonzalo Vial, integrante de la misma Comisión, don Raúl fue un hombre de gran nobleza humana, con el desprendimiento de un buen político: ironía, inteligencia y una peculiar clase de escepticismo, que no desconoce los valores ni abandona la lucha por ellos.
Su importante labor en esa Comisión es innegable. Si bien nuestro Partido nunca compartió el enfoque parcial con que se abordó y concluyó la tarea, debemos destacar la valentía de don Raúl al asumirla en momentos difíciles de nuestra peculiar transición. Su alegría y optimismo, poco comunes en personas de su edad -afectado, además, por dolencias e impedimentos físicos-, fueron para los demás integrantes de la Comisión de vital importancia para su impulso y motivación.
Por las razones expuestas, la bancada de la Unión Demócrata Independiente no podía estar ausente en el homenaje por el cual la Cámara reconoce la dilatada trayectoria de este destacado hombre público.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En nombre de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN, doña Pía (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, estimada familia de don Raúl Rettig :
En representación de Renovación Nacional cumplo con rendir un homenaje al ex diputado y ex senador don Raúl Rettig .
Tengo un profundo respeto por el servicio público, en particular por los hombres de selección que dedicaron su vida a servir a la patria, con inigualable brillo, desbordante generosidad, con amplia mirada y profunda bondad.
Tal como me correspondió hacerlo en el homenaje a don Carlos Briones , debo tomar las palabras dichas por el vicepresidente de mi Partido , don Miguel Luis Amunátegui , en el funeral de don Raúl Rettig : “Pocos como él mueren acompañados del respeto y la admiración de su pueblo y pocos como él son tan significativos en un país que ya padece la enfermedad del apuro, de la urgencia, del inmediatismo, del efectismo y de las más descarnadas ambiciones”.
Entre nosotros hay muchos que con más propiedad que yo han hablado y podrán hablar sobre su obra política y su estatura moral. En mi mente se me representa a través de recortes de prensa e imágenes de televisión, pero me acompaña, para rendir este homenaje, tan sólo mi intuición.
Sin duda, era un hombre al que se recurría como jurista, como verdadero demócrata y como miembro de la antigua y valiosa clase política chilena, aquélla de espíritu parlamentario, aquella que podía superar el marco restringido de los partidos políticos sin enredarse en la contingencia y mirando siempre por el futuro del país.
Don Raúl Rettig representa a aquellos hombres que todos admiramos como modelos de vida. El paso implacable del tiempo nos priva de personas que nos son necesarias, especialmente en estos tiempos inciertos y, a ratos, oscuros y vacilantes. ¿No será posible que en honor a sus nombres nos dispongamos hoy a hacer aquello que ellos sí estuvieron dispuestos a hacer?
Su vida esforzada y llena de vicisitudes, que lo conduce, entre otras cosas, a obtener el grado de abogado, refleja claramente su gran vocación por las leyes y su sustento esencial: la justicia. Su tolerancia y el respeto por el otro le hicieron ganarse la confianza que lo convertirían en el centro de todo intento dirigido a imponer el sentido común y a buscar la paz en los ambientes muchas veces enrarecidos de nuestra historia política. Nos hemos enterado por la prensa que el año pasado estaba nuevamente dispuesto a esforzarse por orientar nuestro destino patrio en búsqueda de la paz social que tanto añoramos.
Resulta sorprendente su multifacética personalidad y la gama de actividades que desplegaba con su gran intelecto. Profesor normalista, abogado, profesor universitario, subsecretario del Interior y de Relaciones Exteriores, presidente de la rama de fútbol de la Universidad de Chile, presidente del Partido Radical. En fin, un hombre incrustado en el Chile del siglo XX.
Raúl Rettig queda, en el siglo que termina, en el lado de las comprensiones y no en el de las exclusiones; en el lado de la tolerancia y no en el de las descalificaciones; en resumen, en el lado brillante del hombre y no en el de sus esclavitudes y opresiones. Esas circunstancias lo llevaron a presidir la iniciativa más ambiciosa -lamentablemente, aún inconclusa- destinada a asumir un período triste de nuestra historia, en el cual se olvidó que pensar distinto nunca ha sido excusa para desconocer los derechos inalienables de nuestros compatriotas.
La Comisión Verdad y Reconciliación, creada en 1991, a poco andar y con toda justicia, se encarnó rápidamente en su persona, no por el trabajo desplegado, que fue intenso por parte de todos sus integrantes, sino por representar él mejor que nadie las intenciones y anhelos de miles de chilenos deseosos de dejar atrás el pasado y mirar como hermanos el futuro. El informe Rettig está ahí, como testimonio inamovible de dolor, pero también como expresión firme de esperanza por un Chile reconciliado y, en definitiva, unido.
En nombre de Renovación Nacional hago llegar a los miembros de su familia, a sus amigos y al Partido Radical mis sentimientos de admiración profunda por don Raúl Rettig . Quiero hacer presente, además, que él nos legó un gran ejemplo de respeto cívico y un ineludible compromiso de buscar en nuestro caminar como país un lugar en el horizonte que a todos nos convoque por igual, dejando de lado nuestras legítimas diferencias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Presidente accidental ).-
En representación del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA (de pie).-
Señor Presidente, familiares de don Raúl Rettig; ex senador señor Anselmo Sule, presidente del Partido Radical Social Demócrata , estimados colegas diputados:
La bancada de mi Partido me ha distinguido en esta ocasión para que, en su nombre, rinda un homenaje póstumo a don Raúl Rettig y exprese nuestras condolencias a su hija y familiares.
Hay imágenes y gestos que no se borran fácilmente de la memoria histórica de un país. Una de esas imágenes es la del ex Presidente Aylwin recibiendo de manos de don Raúl Rettig los ocho tomos empastados del que sería el más importante documento sobre derechos humanos que se haya elaborado en Chile. El documento contiene los estudios y conclusiones que elaboró un grupo de personas de las diversas vertientes del pensamiento político, quienes por muchos meses trabajaron incansablemente para obtener un detallado informe acerca de lo que sucedió en nuestra patria durante los años del gobierno militar. Quizás, dicha tarea no habría sido exitosa si a la cabeza de ese equipo no se hubiera encontrado este prestigioso abogado, don Raúl Rettig Guissen , genio y figura de este siglo que se marcha junto a él. Servidor público por vocación, político por convicción y, como lo dice la escritora Margarita Serrano , “bandido por trayectoria”.
Raúl Rettig era un hombre de impulsos notables, tremendamente apasionado por la vida; una vida que estuvo plagada de lugares y anécdotas, de hechos y situaciones que hoy se guardan en los interminables límites de la memoria de los que le conocieron y en las decenas de páginas en las que se ha escrito su historia. Del caminar por los años en que vivió es posible descubrir la formación de un hombre que se va haciendo a sí mismo. Prototipo de nuestra clase media de mitad de siglo, quijotesco caballero, de traje sastre y bastón de madera; espadachín de la palabra que no duda un instante en batirse a duelo en el campo del honor; patriota que lucha desde el servicio público por un país con hijos iguales y dignos, libres y soberanos.
Don Raúl, a quien nunca le gustaron los homenajes en vida, fue un hijo del rigor. Junto con darle la vida, se produce la muerte de su madre. Su padre lo entrega al cuidado de sus hermanas, quienes con devoción y cariño lo crían en la sureña y en ese entonces pujante ciudad de Pitrufquén. Posteriormente, se desplaza a Valdivia, lugar donde de la mano de su tío, un telegrafista, conoce los primeros conceptos de la política. Más tarde, ingresa como estudiante de maestro a la Escuela Normal de Victoria. Es en ese instante de su vida cuando se incorpora a las filas del anarquismo y comienza su primera aventura política como líder de la oposición al primer gobierno de Ibáñez.
Debido a su tenaz oposición, es relegado al poblado de Mininco, lugar desde donde no podía salir y a cuyo jefe de estación se le tenía prohibido venderle boletos. Sin embargo, el joven Raúl Rettig siempre se las ingenia para burlar permanentemente su cautiverio, y cada vez que podía viajaba hacia Angol a visitar a quien fue su primer amor.
Al terminar su relegación recibe el segundo castigo del gobierno de Ibáñez, que le prohíbe ejercer de profesor primario en todo el territorio nacional. Privado de desarrollar su oficio de maestro, Raúl Rettig decide estudiar derecho en Concepción y para subsistir debe vender carbón -que le enviaban sus tías desde Pitrufquén-, en los pequeños negocios de la ciudad.
Su ingreso a la Universidad de Concepción marca su camino definitivo en la política. Su fácil palabra, su inteligencia proverbial y su carisma de líder le llevan a presidir la Federación de Estudiantes de Concepción y a incorporarse al radicalismo. Desde esa posición, junto con otros dirigentes universitarios -en ese entonces, Bernardo Leighton , de la Universidad Católica, y Julio Barrenechea , de la Universidad de Chile- forman el Frente Universitario que se opone a Ibáñez al final de su período.
En 1938, con el triunfo de Pedro Aguirre Cerda , tiene su primer nombramiento en un cargo público al ser designado subsecretario del Interior, cargo que también mantendría con Juan Antonio Ríos para, posteriormente, asumir la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
En 1949, por primera vez llega al Congreso por la circunscripción de Temuco, Malleco y Cautín. En ese mismo año, ejerce la presidencia del Partido Radical
Con el término de los gobiernos radicales, Rettig se coloca a la cabeza de la oposición del nuevo gobierno de Ibáñez. Es recordado, en ese tiempo, un encuentro con Ibáñez en que Raúl Rettig le dijo: “Todo es culpa suya. Yo no estaría aquí en el Senado de la República como abogado si usted me hubiese dejado siendo profesor”.
En 1957, es nuevamente presidente del Partido Radical e integra el gobierno de Alessandri. Con la llegada de Allende a La Moneda, en 1970, es nombrado embajador en Brasil, cargo que ejerció hasta el 11 de septiembre de 1973. Tras un breve exilio en Buenos Aires, en 1974 regresa al país para comenzar a formar la oposición al nuevo régimen militar.
Durante todos esos años, don Raúl ejerció su profesión de abogado, llegando a ser presidente del Colegio de la Orden , acompañado en la vicepresidencia por don Patricio Aylwin , quien luego sería Presidente de Chile.
La última gran función pública que ejerció Raúl Rettig Guissen fue la presidencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Desde ese puesto, desplegó toda su energía y sabiduría para llevar a buen fin la labor encomendada. Al respecto, el historiador Gonzalo Vial, también integrante de la Comisión, expresó: “ Raúl Rettig sabía delegar, abandonar a otros los detalles. Dejarse convencer, siempre que verdaderamente le convenciesen”. Su habla magistral y su ironía incomparable, matizada por anécdotas de una larga vida pública y, por sobre todo, el depósito sin fondo de su sabiduría y experiencia, los seguimos manteniendo en el recuerdo.
Raúl Rettig Guissen falleció el último día del mes de abril recién pasado. Su condición de hombre de principios, de republicano, de libertario, moderado, buscador de consensos, lo colocan entre los constructores de la patria.
Con su aporte, el país ha crecido; con su amor al derecho, el país se ha reencontrado. Su figura, a diferencia de otras, se convierte en un símbolo de la unidad nacional, de respeto y confianza en la democracia; sobre todo, de apego ferviente y militante a los grandes valores del humanismo y del respeto por los derechos humanos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En nombre del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, señora Valentina, señora Soledad, familiares de don Raúl Rettig; presidente del Partido Radical, don Anselmo Sule; estimados correligionarios, dirigentes de mi partido, amigas y amigos:
Gracias, señor Presidente , por permitirme el honor de dirigir estas palabras de homenaje al distinguido jurista y correligionario, Raúl Rettig Guissen, símbolo máximo y figura señera de nuestro Partido Radical Social Demócrata, que nos dejara hace ocho días.
Setenta años en el Partido Radical convirtieron a Rettig en el testigo más autorizado de la historia partidaria. Su exitoso afán por llegar enhiesto y lúcido al siglo XXI pareciera haber coronado su íntimo deseo de ver a su Partido fuerte, unido y vigente, marcando presencia en tres siglos.
Raúl encarnó las más grandes virtudes de la política nacional y dejó testimonio de consecuencia, sabiduría y prudencia a través de su pensamiento, de su palabra, de su acción. Su vida, entrelazada con el acontecer de más de la tercera parte de nuestra historia republicana, parece el relato de un eximio novelista dotado de la más fecunda imaginación. En ella se conjugan armoniosa y caprichosamente el drama inicial en Temuco, la niñez desvalida en Pitrufquén, la formación mal encauzada, los esforzados estudios, las primeras luchas, las dolorosas persecuciones, los logros profesionales y académicos y las altas investiduras. No falta allí el dolor, el trabajo duro, la pasión, los amores, la anécdota sabrosa, la polémica agria y las designaciones honrosas.
Combate con brío juvenil la dictadura de Ibáñez, y al caer éste en 1931, entra en la vida pública por la puerta ancha al ingresar al Partido Radical ese mismo año. Habíase ya titulado de profesor primario en la Escuela Normal de Victoria y relegado a Mininco por sus ideas anarquistas. No cumplía aún los veinte años, y al ser privado de ejercer su profesión, se traslada a Concepción, donde cumple su mayor anhelo: estudiar derecho, recibiéndose en 1935, con la satisfacción adicional de haber obtenido el premio al mejor alumno de su promoción.
Desde la tribuna que le proporciona el Partido Radical, obtiene fama y prestigio por su encendida oratoria, lo cual le vale ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes . Luego, se forma el Frente Popular, en cuya gestación trabaja incansablemente. Tras el triunfo de don Pedro Aguirre Cerda , Raúl Rettig es nombrado subsecretario del Interior. Nunca antes había estado en Santiago. Hecho insólito que nos habla con elocuencia de la estatura de este joven provinciano que, partiendo de nada, lo obtiene todo. En el Partido, fue presidente de la Asamblea Radical de Concepción , presidente nacional del Partido , tres veces presidente de la Convención Radical , y en 1949 es elegido senador por Temuco, Malleco y Cautín .
En el Senado fue considerado un brillante parlamentario, famoso por su juicio ponderado y certero. Desde ese hemiciclo, Raúl Rettig fue la mejor espada de la oposición y del Partido Radical al segundo gobierno de Ibáñez. Sus intervenciones son recordadas como devastadoras en el fondo, sobrias y moderadas en la forma, y con el realce adicional, no muy común, de la elocuencia oratoria y la cultura.
Otros cargos desempeñados fueron: lo que él siempre quiso: presidente del Club Deportivo de la Universidad de Chile, el club de sus amores, del cual se confesaba fanático; destacado catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Chile; embajador en Brasil del gobierno de Salvador Allende y presidente del Colegio de Abogados , en 1985, durante una coyuntura histórica crucial para la vuelta a la democracia en el país.
Su trayectoria resumida es de profesor primario a abogado, de anarquista a radical, de monaguillo a la masonería, de pobre niño huérfano y desvalido a las más altas dignidades de la actividad nacional. Con todo, su actuación más trascendente la tuvo al ser llamado por el Presidente Aylwin para presidir la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Uno debiera preguntarse: ¿por qué Patricio Aylwin pensó en él para este complicado cargo? La respuesta es absolutamente sencilla: el hombre y la doctrina. Es decir, a su condición humana hay que agregar los setenta años que en ese momento llevaba de militancia en un partido político como el Radical, que impregna a sus hombres de excepción de una doctrina cuyos postulados, principios e ideales se nutren de los más puros y nobles valores del humanismo laico. Además, Rettig tiene ya la autoridad que le proporciona una trayectoria importante y significativa, y una valiosa experiencia recogida de todas las contingencias de la vida política, social y cultural del país.
Al asumir estas delicadas funciones, debió tal vez recordar sus apuntes de filosofía del derecho que proporcionaba a sus alumnos para apoyar su brillante cátedra. Allí, tratando de la justicia, señala que Anaximandro concibe la justicia como un totalitarismo vital que restablece el orden de las cosas en el tiempo en una regla de vida que se cumple forzosamente, asumiendo Cronos el papel de restaurador de la verdad y del bien.
“Se nace radical y se muere radical” era la filosofía de su vida, respetada por todos quienes lo conocieron; filosofía de su partido, que describía como humanismo crítico. Humanismo en cuanto a que el radical cultiva un sentido para el cual el hombre es el centro de todas las cosas, y crítico, porque considera que el servicio del hombre exige conocer a fondo su realidad, examinándola de un modo libre, sin sectarismos de ninguna especie.
Elogios a la escuela y al liceo que formaron y moldearon su alma; elogios y encomios también a la Universidad de Concepción, que tuvo el privilegio de plasmar su intelecto con los conocimientos y su espíritu con los principios, ideales y valores que, en maravillosa simbiosis, aportaron a esta prestigiosa casa de estudios superiores, el Partido Radical y la masonería, aristocracia de la virtud, del sentimiento y del saber.
¡Cómo quisiéramos que estas páginas en blanco que el actual milenio nos presenta, pudieran estar ocupadas por hombres tan extraordinarios, por sus talentos y valores éticos, como Raúl Rettig ; porque sin importar el signo de su ideología, existiría la certeza de su orientación humanista, con todas sus mejores virtudes! ¡Cómo quisiéramos, por último, tener por un instante el don que él tuvo: ese armonioso manejo de ideas y palabras y esa maravillosa oratoria, que deleitaba y convencía a la vez, para expresar adecuadamente a esta Sala, a sus familiares, correligionarios y amigos todo lo que Raúl Rettig significó para la patria y el partido!
Sólo se nos ocurre un modesto pero fervoroso y emocionado: ¡Gracias, Raúl; gracias por la oportunidad que tuvimos de conocerte, por haber podido compartir ideas de justicia y libertad, de democracia y fraternidad!
Los diputados de tu querido partido te dicen, desde el fondo de sus corazones y frente a esta honorable Cámara, genuina representante del pueblo, política por excelencia, que tu figura, tu vida, tu obra, tu talento y tu honestidad a toda prueba serán fuente inspiradora para quienes estamos empeñados hoy en la construcción de un Chile mucho mejor.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Así, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje a Raúl Rettig, destacado hombre público. Expreso, en nombre de la Corporación, nuestras condolencias a su familia y a los dirigentes de su partido.
Muchas gracias.
-Aplausos.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Si les parece a los señores diputados, se autorizará a la Comisión investigadora del caso Matute para que, durante la sesión de mañana, pueda funcionar simultáneamente con la Sala entre las 12 y las 13.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en orden a que también le sea remitido para su conocimiento el proyecto que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, radicado en la Comisión Especial de Drogas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
VI. ORDEN DEL DÍA
AUTORIZACIÓN DE EMPRÉSTITO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión en general, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos con el objeto de financiar la construcción de un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA ( don Andrés) .-
Señor Presidente, continúa hoy el interesante debate llevado a cabo con ocasión del proyecto que, desde el punto de vista de la dinámica legislativa, más bien constituye un acto de administración que un acto de legislación.
Lo que tenemos que hacer mediante el proyecto que debemos votar hoy, no es crear un ordenamiento jurídico, sino definir si estamos de acuerdo o no con que la Universidad de Chile pueda contratar un empréstito, que es un acto básico de administración de una universidad pública y, al mismo tiempo, si estamos de acuerdo o no con que el Estado dé su aval a la Universidad de Chile, dada su condición de universidad pública.
Diría que en prácticamente todas las universidades del país, con excepción, si no me equivoco, de 16 de ellas, este acto legislativo y de administración no tiene lugar jamás. Sólo esto puede ocurrir cuando estamos hablando de las universidades que son del Estado.
No ocurre lo mismo con las universidades privadas, creadas al amparo de las antiguas leyes universitarias, a las cuales se les dio el reconocimiento público antes de 1989, como las Universidades Católica, Federico Santa María , la de Concepción y la Austral, que, por ser entidades privadas, pueden ejercer estos actos sin intromisión de los poderes públicos. Ni mucho menos ocurre con aquellas universidades privadas también creadas a partir de 1982, con la actual ley universitaria, cuyas transacciones y situaciones patrimoniales, a veces, pueden ser objeto de investigación por parte de las autoridades públicas, pero nunca objeto de autorización o de visación.
Ojalá pudiéramos en algunos de esos casos -como las fusiones de algunas de estas universidades, las adquisiciones, las transacciones patrimoniales-, poder mirar tales situaciones con ojos más acuciosos.
Este proyecto pretende, como digo, más bien autorizar o rechazar un acto de administración de la principal universidad pública del país. En ese sentido, la reflexión realizada en la Sala es interesante para el país, aunque no relacionada con el proyecto, en orden a profundizar si queremos o no universidades públicas; si tiene sentido o no que existan universidades públicas.
Creo firmemente que deben existir universidades públicas. Más aún, el Estado debe tener un trato preferencial para con éstas. No pueden ser iguales las universidades públicas y las privadas; porque cuando afirmo que deben existir universidades públicas, estoy sosteniendo que éstas cumplen un rol social y académico diferentes del de las privadas.
En el pasado, muchos luchamos por la autonomía de las universidades públicas y de las privadas que recibían financiamiento público. Esa lucha la debemos reanudar, porque la autonomía, tanto de las públicas como de aquellas privadas que estén dispuestas a regirse por las leyes de dicha autonomía, debe significar un mayor aporte de recursos a las universidades autónomas; a las universidades que son la representación del conjunto de la sociedad para el desarrollo de la investigación y de la docencia, fundamentalmente para la garantía de la pluralidad.
Una sociedad democrática debe posibilitar que las universidades sean lugares donde se exprese el conjunto de la sociedad y no discriminatoriamente en función de los recursos económicos ni de las ideas. No estoy sancionando o proponiendo sanción alguna a quienes quieren poner sus recursos al servicio de un proyecto universitario o creen que, a través de una universidad, pueden luchar por el desarrollo de sus ideas. Pero la universidad pública tiene sentido en la medida en que es la expresión del conjunto de la sociedad, y debe privilegiársela también en la medida en que es una universidad no discriminatoria, ni tampoco cabe hacerlo en función de recursos económicos ni de ideas. Ése es el sentido de una universidad pública, y ése es el sentido de una universidad como la de Chile.
En el pasado no se tuvo en cuenta este propósito, y por eso es bueno traerlo a colación y volverlo a discutir; y si hoy lo hacemos a propósito de la Universidad de Chile -rectora de los procesos universitarios en el pasado y que continúa siéndolo en muchos ámbitos del conocimiento y del desarrollo de las ideas en nuestro país-, el día de mañana también tendremos que hacerlo por esas 16 universidades, regionales o metropolitanas, que enfrentan o pueden enfrentar una situación similar.
Cuando se estructuró el actual sistema universitario, se cercenaron a la Universidad de Chile sus sedes regionales, sus áreas pedagógicas, sus carreras técnicas, con el propósito de limitar su desarrollo. Al mismo tiempo, se establecieron en la ley límites estrictos para su desarrollo y se le restringieron sus recursos de manera extrema.
Hoy día la Universidad de Chile vuelve a pedir al país, no recursos libres ni donados, sino la capacidad de poder dar un salto adelante con un proyecto innovativo muy importante, como lo es el desarrollo de un parque científico-tecnológico, el cual es un acto administrarivo de su competencia.
Si respetamos la autonomía de las universidades, debemos decir: “Este acto de administración de la Universidad de Chile lo debemos respaldar”. Es una decisión adoptada por sus organismos colegiados el llevar adelante este proyecto. Nosotros sólo podemos decir, respetando la autonomía de las universidades: “Universidad de Chile, usted, con sus procedimientos normales dentro del marco jurídico del país, lleve adelante su desarrollo institucional; la autorizamos a que tenga el propio diseño de su estructura patrimonial”. Sin duda alguna, debemos hacerlo así. En caso contrario, estaríamos, como Parlamento, inmiscuyéndonos en la administración y en el proyecto de desarrollo de esa universidad. ¿Con qué derecho podríamos decir “no” a una universidad a la cual queremos entregarle autonomía? “Usted es autónoma para algunas cosas, pero no para otras”. En realidad, el ideal sería que pudiéramos modificar la ley otorgando a la Universidad de Chile y a las públicas las capacidades que tiene el resto de ellas para su desarrollo.
En este proyecto debiéramos aprobar su idea matriz; pero hay una disposición, de nuestra responsabilidad, que podríamos discutir si la aprobamos o no: la que otorga el aval del Estado.
¿Con qué criterio podemos otorgar o no la autorización para ese aval? ¿Con el criterio de introducirnos en las normas de administración de la universidad? No, colegas; no podemos entrar a decidir si otorgamos o no el aval del Estado con el criterio de esas normas. Eso sería restar nuevamente autonomía a la Universidad. Debemos pronunciarnos sobre si otorgamos o no dicho aval en función de su mérito financiero. Es decir, lo que debemos ver razonablemente en este caso es como si fuéramos el directorio de esta gran empresa que se llama Estado de Chile y vamos a otorgar un aval. Para ello, debemos tener en consideración si razonablemente el aval será ejecutado o no algún día. En ese sentido, el criterio con el cual otorgamos o no este aval será si aquello que garantizaremos, por su propio mérito, hará necesario o no el uso de esta garantía; y no cabe ninguna duda de que, dado el proyecto que se nos presenta y sus características, las garantías no serán utilizadas. El sentido del aval del Estado es sólo facilitar una mejor transacción comercial.
Todo lo demás es inmiscuirnos en decisiones administrativas que vulnerarían la autonomía de una universidad. Algunos pueden decir, como ya se expresó en la Sala: “Nosotros queremos entrar a administrar la Universidad de Chile”. Ello está bien. Pero los que aquí, por cualquier razón, quieren entrar a administrarla, que lo digan con todas sus palabras: “No queremos que el Consejo superior de la Universidad de Chile adopte las decisiones de ésta, ni que el rector de la Universidad de Chile tome las decisiones por ella, sino que deseamos adoptarlas en este Parlamento”. En ese caso deberemos presentar un proyecto de ley para derogar la ley universitaria y transferir su administración a esta Sala.
En verdad, ésa no es la voluntad de muchos de los presentes, que quieren discutir el proyecto por otros motivos y no por aquél por el cual se nos pone en conocimiento.
En lo particular, podría encontrar muchos aspectos sobre los cuales propondría modificaciones al proyecto que desarrolla la Universidad de Chile. Creo que ella debe ser una universidad de Chile y no una de Santiago. Estimo que cuando se le cercenaron sus sedes regionales, se cometió un grave error estratégico a nivel nacional; ese cercenamiento fue un atentado a la Patria, lo cual no ocurrió con las demás. Fue sólo a la Universidad de Chile y a la Técnica del Estado, en su momento. Ésta se suprimió; otro atentado a la Patria.
Pero lo que debemos hacer hoy día no es pronunciarnos sobre esos hechos. Cuando digo que la Universidad de Chile debiera volver a ser “de Chile”, hubiera preferido que el desarrollo de un parque científico-tecnológico no se situara en la Región Metropolitana; perfectamente podría construirse en otra región del país. Pero eso requiere un espíritu de apertura mental mayor del país, de los legisladores para modificar la ley universitaria y también de las autoridades de la Universidad de Chile para que piensen en más grande. Pero esa es una discusión que podremos tener sobre la ley universitaria, y con las autoridades de la Universidad de Chile sobre el rol de ésta, la principal universidad del país.
Debemos pronunciarnos sobre un acto de administración de la universidad, y, en ese sentido, me parece razonable respetar esa autonomía y pronunciarnos sobre si el aval será o no usado bajo condiciones razonables de sana administración y de sano análisis financiero. Quienes se oponen a otorgar el aval han manifestado en la Sala que esto podría constituir un negocio inmobiliario. Y, tal vez, ése es el mejor argumento para concederlo, porque el proyecto que está presentando la Universidad de Chile, desde el punto de vista financiero, es razonable. No hay ningún análisis financiero que nos demuestre que esos recursos no serán recuperados por esa entidad académica para pagar el préstamo que solicita. En esa perspectiva, nuestro rol como Cámara de Diputados -así lo expresé hace un momento- sólo debe acotarse a ver, como si fuéramos el directorio del Estado de Chile, si esos recursos serán repuestos al prestador original o si colocaremos recursos públicos. A la luz de este proyecto, todo indica que lo último no ocurrirá. En ese sentido, el sano análisis reflexivo de esta Corporación debiera llevar a concluir que debiéramos aprobar el proyecto y el aval que se nos solicita.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente, este proyecto, debatido ya en varios días, tiene una serie de problemas y dificultades. Algunos han sido planteados desde una perspectiva medioambiental; otros, como aquellos a que hacía referencia el diputado señor Hales , desde el punto de vista de la vivienda, y por último, unos cuantos desde el ángulo relacionado con las expectativas municipales, es decir, de lo que quiere la municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentran los terrenos donde se ubica el parque y cuyos argumentos fueron presentados por el diputado señor Melero. Quien habla se referirá a la perspectiva universitaria, aspecto al que hace algunos instantes aludía el diputado señor Andrés Palma .
Desde una perspectiva universitaria, cabe argumentar que es una buena idea y un buen proyecto para Chile contar con un centro tecnológico y empresarial. Sin embargo y considerando la forma en que se ha planteado, presenta una serie de dificultades que atentan contra el modelo universitario, la igualdad entre las universidades y aspectos fundamentales para el buen desarrollo de un sistema universitario que cuenta con universidades públicas, privadas-tradicionales y privadas que se han constituido bajo la luz de la nueva legislación universitaria.
Es cierto que uno de los aspectos del proyecto busca dar una ventaja absolutamente válida a la Universidad de Chile: su capacidad para endeudarse. Se trata de una materia administrativa que debemos concederle. Incluso, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que debería existir una ley general y amplia que permitiera a la Universidad de Chile endeudarse sin tener que pasar por el trámite del Congreso. En esa perspectiva, no estamos introduciendo un elemento competitivo desleal, sino igualando las posibilidades de administración, crecimiento y desarrollo de la Universidad de Chile con las demás universidades del país. Sin embargo, ése no es el punto que un buen número de diputados hemos objetado y por el que vamos a votar en contra, sino el relacionado con el hecho de que se conceda una garantía del Estado. No estoy de acuerdo con la interpretación y análisis efectuado por el diputado señor Andrés Palma en cuanto a lo que debemos evaluar antes de conceder o no un aval del Estado. Eso no es así. Según el análisis de su Señoría, esto se resume en que prácticamente debemos tomar esta decisión atendiendo sólo a los flujos, para luego dejar que la administración de la Universidad de Chile los invierta como quiera. Eso -repito- no es así.
El proyecto introduce una serie de distorsiones. Por de pronto, es bastante injusto para otras universidades tradicionales que pueden competir en un plano de igualdad con la Universidad de Chile, como la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Santiago, ambas ubicadas en la capital, o las situadas en regiones, como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Temuco. Asimismo, el proyecto también es injusto con las universidades privadas. Acá, todo parte con una donación de 1.000 hectáreas, cesión a la que, a pesar de sus intentos, no han podido acceder otras universidades. ¿Cuál es la valoración de ese terreno? Entre 5.500 millones de pesos y 7.000 millones. Sin embargo, como se ha dicho, se ha otorgado esta dádiva especial a la Universidad de Chile. Esto se complementa con otros privilegios con que cuenta esa casa de estudios superiores y que rompen nuestro sistema universitario de financiamiento, como los 5 mil millones de pesos que todos los años recibe del Estado en virtud de la ley de Presupuestos, recursos a los cuales no pueden acceder, como señalaron en la última discusión presupuestaria los senadores señores Valdés y Parra , ni la Universidad Austral ni la Universidad de Concepción, como tampoco ninguna de las restantes casas de estudios superiores.
¿Por qué se presenta un proyecto de esta naturaleza para una universidad en particular? ¿Por qué debe otorgársele el beneficio especial de contar con el aval del Estado? Insisto: no nos preocupa el tema del crédito y concedemos que es una materia propia de la Universidad de Chile. Incluso, consideramos que debiera formar parte de una ley, de modo que su tratamiento no pase por el Congreso Nacional. Sin embargo, no creemos válido que se le otorgue una garantía especial del Estado. ¿Por qué no se dio la misma opción al resto de las universidades? ¿Por qué las demás casas de estudios superiores no pudieron competir por esas 1.000 hectáreas? ¿Por qué, en vez de acudir al sistema financiero y bancario, no se pidió la garantía de fondos públicos manejados por el Estado, más aún cuando tenemos antecedentes bastante recientes de que algunos fondos entregados a la Universidad de Chile no han sido adecuadamente administrados, como los vinculados a una editorial? Lo que sostenemos es que la Universidad debiera buscar sus fuentes de financiamiento en el sistema bancario y en las instituciones de crédito a las cuales deben acceder todas las demás universidades a la hora de llevar a cabo un proyecto de estas características.
Nuestra primera prevención, conjuntamente con las medioambientales, de vivienda o las relacionadas con las expectativas municipales de Pudahuel, es la universitaria. Considero que es un proyecto que introduce un elemento de competencia desleal en la medida en que se entrega un aval especial. Además, habría sido mucho más lógico entregarlo a concurso público al que pudieran haber accedido todas las universidades del país, tanto tradicionales como privadas. Insisto en que estamos introduciendo un elemento de competencia desleal injusto al entregar una garantía del Estado, más todavía cuando esos recursos -los flujos así lo indican- podrían conseguirse perfectamente a través de la banca privada. No entiendo por qué debemos comprometer el patrimonio del Estado, sin mayor control ni fiscalización, entregando este respaldo a la Universidad de Chile.
Además, los flujos indican que se trata claramente de un proyecto inmobiliario, porque ni siquiera se ha logrado explicar con detalle conceptos como “incubadora de empresas”. Incluso, surgen algunas dudas. Se dice que los terrenos se entregarán en arriendo, pero no se especifica por cuántos años o si se podrá vender parte de ellos a las empresas que quieran adscribirse a este parque científico-tecnológico. Por otra parte, se trata de un proyecto inmobiliario que competirá con otros que se levantan a menos de un kilómetro, como el proyecto NA. La mejor demostración de que el proyecto generará ingresos desde el punto de vista inmobiliario y no desde la perspectiva educativo-tecnológica de que nos hablan, es la construcción, en las afueras de Santiago, de una bomba de bencina Shell que incluye un centro de comidas Mc Donald’s. Esa construcción está dentro de las 1.000 hectáreas que considera el parque y es un negocio inmobiliario de la Universidad de Chile, lo que -reitero- se contradice con la idea de un gran proyecto tecnológico y educativo. Gran parte de esas 1.000 hectáreas serán destinadas para proyectos inmobiliarios a fin de obtener recursos para la Universidad de Chile. Y eso me parece injusto. Si se me hubiera dicho que se trata de 1.000 hectáreas que la Universidad de Chile ganó vía concurso para desarrollar un plan para su facultad de ingeniería o arquitectura, o para las empresas interesadas en asociarse con ellas, habría estado de acuerdo. Sin embargo, mi impresión es que a futuro, esto será sobre todo un negocio inmobiliario que ocupará la mayor parte de las hectáreas comprendidas en el proyecto.
Conjuntamente con lo ya expresado, considero que el proyecto contiene muchos aspectos no bien explicados. No está claro cuándo se va a cumplir el compromiso de establecer, dentro de las 1.000 hectáreas, un parque para el disfrute ciudadano y que constituya un pulmón para esa comuna de Santiago. Por otra parte y como lo han señalado no pocos diputados, como no estamos seguros respecto de la manera en que se van a controlar, fiscalizar y administrar estos fondos -recuérdese que serán entregados a una fundación-, votaremos favorablemente el proyecto, excepto al artículo que establece una distorsión en el sistema universitario, la que, por lo mismo, es injusta. Como ya he señalado, no corresponde comprometer parte de la garantía estatal en un proyecto de esta naturaleza, aun cuando algunos de sus defensores aduzcan que sus pagos están garantizados. Si ello es así, que se recurra al sistema financiero al que deben acceder todas las demás universidades. Por otra parte y si estamos dispuestos a hacerlo, elaboremos un proyecto de ley que permita a la Universidad de Chile no tener que pasar en cada ocasión por este Parlamento si quiere endeudarse, porque eso sí -y eso exclusivamente sí-, es la única materia técnica de administración que sólo corresponde a la Universidad de Chile. Pero en cuanto a dar la garantía del Estado, no somos un simple buzón que, una vez explicado que los flujos van a dar para pagar el crédito -cosa que no tengo tan clara-, tengamos que aprobarlo. Para decidir el compromiso del Estado es necesario un análisis de fondo que, al menos a mí y creo que a numerosos diputados, nos lleva a oponernos a la norma del artículo 4º, para el cual, desde ya, pido votación separada.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, mi primer comentario es acerca del interés que el proyecto ha despertado en nosotros. Esta es la tercera sesión en que se discute y no sólo por los parlamentarios de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sino que ha sido un debate muy transversal desde el punto de vista de las posiciones. El tema abordado ha abierto un gran interés y no es casualidad.
La iniciativa ha tenido la virtud de exigir que nos detengamos a reflexionar y a cuestionar asuntos muy de fondo.
Sin duda, aquí hay quienes han planteado cuestiones referidas al financiamiento o al aval, pero no es eso lo que orienta mi intervención.
Soy de quienes quisieran aprobarlo sin más. Tengo plena confianza -como dijo ayer el diputado señor Hales - en el rector de la Universidad de Chile. Creo que a dicha casa de estudios le corresponde dar este primer paso, que me parece de tremenda importancia en nuestro crecimiento económico y en el necesario avance de la competitividad, del desarrollo de la renovación y del intercambio tecnológico, en el papel que jugará la integración de capacidades científicas y académicas con empresas y servicios de base tecnológica. Eso lo entendemos perfectamente como una etapa crucial en el desarrollo económico en que estamos empeñados. Lo comparto plenamente. Incluso, me viene a la memoria una experiencia vivida en mi zona -la zona norte-, en la que me ha llamado la atención el papel relevante de una empresa finlandesa con capacidad para colocar tecnología de punta en la gran minería del cobre. Al respecto, hago presente que Finlandia es un país pequeño que no produce cobre, pero que planificó su desarrollo, y en una combinación de empresa privada, universidad y Gobierno, definió una política de Estado que ha sido muy exitosa.
Entonces, ¿cómo a esto no vamos a darle una gran importancia y no vamos a verlo como una tremenda señal en cuanto a ubicarse en este mundo globalizado y en las modernizaciones necesarias? Sobre esto, no tengo ninguna discrepancia.
Pero el debate se produjo y, sobre su orientación, me quedo con lo expresado ayer por el diputado señor Huenchumilla cuando dice que aquí han surgido temas de fondo, discusiones importantes que están pendientes. Él lo centra en la educación superior, pero entendiendo que lo planteado forma parte de un debate mucho más amplio y de fondo que debemos hacer respecto de esa materia y del papel del Estado en ella. En definitiva, como dijo ayer el colega diputado , si nos orientamos hacia la educación superior como lo hace el Banco Mundial, mediante una acción de carácter privado, sujeta a las leyes del mercado, o si la asumimos como tema de interés público, con responsabilidad activa del Estado, respaldando a las universidades, pero donde una universidad estatal sigue siendo un instrumento fundamental.
Sobre estos temas de fondo tenemos que reflexionar, debatir y avanzar.
En esta línea, me detendré en lo planteado ayer por el diputado señor Hales . Aquí hay un punto que, quizás, no es sólo postergado, sino ignorado, desconocido, al que como sociedad, país o Estado, le hemos hecho el quite permanentemente: por qué se eligió ese lugar. ¿Quién decidió que fuera en ese terreno, en el parque Carén?
Las preguntas que hacía ayer el diputado señor Hales son muy significativas. ¿Qué urbanista participó en la decisión? ¿Hubo alguien con ese conocimiento, con esa visión? ¿Se tuvieron en cuenta las razones, los argumentos y los datos que ayer todos escuchamos de cómo Santiago ha ido perdiendo áreas verdes de uso público? ¿Cómo se condice esto con los planteamientos que este tercer Gobierno de la Concertación se ha hecho respecto de la recuperación urbana? Y no sólo en la Región Metropolitana. Considero dramático el cuadro que mostró de Santiago. En él, en 1930 comenzó a marcarse hacia abajo; el color rojo lo indicaba. En lugar de acrecentar áreas verdes de uso público, se han ido perdiendo.
Eso no es sólo un problema de la Región Metropolitana. En Calama, la ciudad más importante del distrito que represento, hoy éste es un problema urgente. Calama no se está extendiendo hacia la zona desértica, sino que está colocando cemento al oasis de Calama, porque el mercado dice que ésa es una zona más rica, donde la plusvalía es mayor.
Entonces, tenemos un grave problema que es mucho más de fondo que el hecho de que no sepamos cómo imaginar la ciudad. No nos preocupamos de ello en la dimensión necesaria.
El dilema en que nos ha colocado el proyecto es cómo estamos enfrentando nuestras modernizaciones, cómo vemos el crecimiento económico; sólo como crecimiento económico, sólo como producción de bienes transables o como verdadero desarrollo humano, es decir, ser más ricos como país, pero también tener una vida mejor.
Eso tiene que ver con la ciudad, con los espacios públicos, con sentirse en un lugar donde somos societales y no átomos encerrados en nuestras viviendas. Somos espacio compartido.
Estos son temas de fondo que tienen que ver con la democracia, con la calidad de vida. Son problemas que si no los resolvemos ahora, continuarán en el futuro y no tendrán solución. Sin duda, las decisiones que tomemos ahora nos afectarán más adelante.
Lo que aquí ha surgido es si tenemos capacidad de debatir sobre problemas de futuro o siempre vamos a limitarnos a temas conyunturales y prácticos, que son tremendamente importantes y de nuestra responsabilidad; pero no son nuestra única responsabilidad.
Quizás, nuestra responsabilidad mayor es ser capaces de detenernos en este tráfico agitado -de cosas urgentes o que atraen más focos de televisión- a pensar en cómo estamos tomando decisiones que afectarán la vida futura; a pensar a largo plazo en qué tipo de país se está definiendo con nuestras decisiones de hoy.
En definitiva, creo que ése es el rol fundamental del Parlamento. Entonces, debemos concluir que el interés de este debate tiene que ver con que nos demos cuenta de que hay roles parlamentarios que no estamos asumiendo a fondo. Entonces, hagámoslo, vayamos al fondo del problema, demos soluciones y miradas que tienen enorme trascendencia para el país que queremos construir.
Termino diciendo que suscribo plenamente el planteamiento del diputado señor Hales , en el sentido de que esta materia debe ser estudiada por la Comisión de Vivienda, porque falta esa necesaria mirada. Sería una buena señal para que este aspecto, absolutamente olvidado entre nosotros, se establezca fuertemente, como debe ser, en nuestro debate.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, después de haber escuchado atentamente el debate, creo que aquí estamos como en el teatro del absurdo, porque no le corresponde a esta Cámara decidir las bondades, las virtudes o los defectos del proyecto en estudio, que tiene dos objetivos fundamentales: primero, autorizar un empréstito, y segundo, otorgar la garantía del Estado.
Leí con mucho interés un artículo del diputado de la UDI señor Julio Dittborn , publicado en “El Mercurio”, que tituló “Aval estatal”.
En primer lugar, debo precisar que aquí no estamos en presencia de un aval, concepto legal que está definido en nuestra legislación. Además, el proyecto de ley en ninguna parte habla de aval. En el artículo 46 de la ley sobre letras de cambio y pagarés, se establece: “Aval es un acto escrito y firmado en la letra de cambio, en una hoja adherida a ésta, o en un documento separado, por el cual el girador, un endosante o un tercero garantiza, en todo o en parte, el pago de ella”. Aquí se nos está pidiendo la garantía del Estado para esta operación y no el aval.
Por lo tanto, el título de este artículo de “El Mercurio” es erróneo.
El diputado Dittborn afirma allí lo mismo que señaló el diputado señor Álvarez , que este proyecto de ley constituye “un trato discriminatorio favorable a la Universidad de Chile frente al resto de las universidades chilenas, públicas y privadas, lo cual a mi juicio es inaceptable. Actualmente, las universidades en Chile compiten fuertemente, tanto en docencia como en investigación...”.
Más adelante el diputado señor Dittborn pregunta: “¿Por qué no se buscó un crédito comercial con garantía hipotecaria del total del fundo para desarrollar el proyecto?”.
Al estudiar en la propia Constitución Política por qué debemos dictar una ley a este respecto, me encontré con el Nº 7) del artículo 60, que dice: “Son materias de ley:
“Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos”.
¿La Universidad de Chile es el Estado? No. ¿Es el Fisco? Tampoco. La Universidad de Chile tiene la calidad de organismo del Estado.
Por su parte, don Rolando Pantoja , en su libro sobre derecho administrativo, dice: “En efecto, las universidades estatales no escapan del concepto orgánico de la administración del Estado, pues a diferencia de lo que sucedía en la Constitución de 1925, éstas carecen de autonomía constitucional en la actualidad, quedando sometidas, en cuanto a simples entidades de cierto grado de autonomía a la supervigilancia del Presidente de la República ”. Al efecto, cita el artículo 62, inciso cuarto, número 2º, de la Carta Fundamental.
Por lo tanto, la tramitación de este proyecto de ley no es un privilegio ni una discriminación, sino una obligación o un deber para que un organismo del Estado pueda contratar un empréstito. Tan simple como eso.
Si otra universidad estatal presentase un proyecto similar al de la Universidad de Chile, tendría que seguir el mismo camino para contratar un empréstito. Las universidades que no son organismos estatales pueden solicitar préstamos en la banca privada; pero no se puede decir: “¿Por qué no se buscó un crédito comercial con garantía hipotecaria del total del fundo para desarrollar el proyecto?”. Simplemente, porque esa pregunta, que contiene una afirmación, es un disparate jurídico. Un organismo del Estado, como la Universidad de Chile, sólo puede contratar un empréstito previa autorización contenida en una ley como la que estamos analizando.
Por lo demás, cuando la ley de administración financiera del Estado, que conocen los diputados señores Dittborn y Álvarez , habla del crédito público, señala en su artículo 40: “Garantía del Estado es la operación en virtud de la cual el Tesorero General de la República , en representación del Estado y previamente autorizado por decreto supremo cauciona la obligación contraída por un organismo del sector público o por un tercero”. Esta es la modalidad que se está usando en este proyecto de ley. La ley sobre administración financiera del Estado también se refiere al aval, pero lo que se está otorgando acá es la garantía del Estado, definida en este artículo 40.
Además, su artículo 43 reafirma lo que dice nuestra Constitución, ya que expresa: “Para constituir la deuda pública será necesario la autorización legal previa, la que podrá ser de carácter permanente o transitorio”.
Es decir, este proyecto de ley no tiene otro objetivo que cumplir con un mecanismo formal para que un organismo del Estado, como la Universidad de Chile, pueda contratar un empréstito en una institución financiera.
En consecuencia, no hay ninguna discriminación en la tramitación de este proyecto, ya que la propia Constitución de 1980, que no redactamos nosotros, sino que los sectores de la Derecha que se oponen a la iniciativa en estudio, estableció este obstáculo formal, la tramitación de una ley para autorizar la contratación de este tipo de empréstitos y la garantía del Estado con la finalidad de que los organismos del Estado, como la Universidad de Chile, no se endeuden o limiten su endeudamiento.
En consecuencia, no es un privilegio de la Universidad de Chile en desmedro de la Universidad Austral o de la Universidad de Concepción o de otras universidades, sino una obligación constitucional que el empréstito y la garantía del Estado deban autorizarse a través de una ley. Por lo tanto, como ya lo dije, si otras universidades que constituyan organismos del Estado presentan proyectos, también tendrán que hacer lo mismo. En consecuencia, no veo ninguna discriminación, ni se atenta contra el principio de la igualdad.
La limitación que puso el constituyente para evitar endeudamientos catastróficos, que después se complementó con la ley sobre administración financiera del Estado, fue una regulación correcta, idónea. Entonces, ¿de qué se pueden quejar los sectores que redactaron, aprobaron e impulsaron la Constitución a través de un plebiscito, cuando ellos mismos colocaron esta carga, limitación, obligación o deber para los organismos del Estado?
Más adelante, el diputado señor Dittborn nos hacía otra afirmación absolutamente incorrecta respecto de que se va a utilizar la figura de una fundación privada sin fines de lucro, preocupándole que los directores de ese tipo de fundaciones no tengan ninguna responsabilidad, por lo cual él sugirió en la Comisión de Hacienda que se constituyera una sociedad anónima cerrada para llevar adelante el proyecto.
En Chile, salvo cuando gobernó el general Pinochet , no hay irresponsables; todos responden ante la ley.
El señor PROKURICA .-
No puede calificarlo de irresponsable; lo hace sólo por citarlo...
El señor ELGUETA.-
Sí, porque fue el único al que un tribunal declaró irresponsable porque el Congreso no funcionaba. No diga que lo cito por citar. Fue así. Es un hecho que pertenece a la historia, esté bien o mal, pero hoy en el país no hay nadie que no sea responsable de sus actos.
En consecuencia, expresar que los directores -personas naturales- de una fundación no son responsables si cometen actos fraudulentos, es una falsedad, una inexactitud. Por lo demás, en 1852, don Andrés Bello decía -o, mejor dicho, dice, porque está vigente- en el artículo 555 del Código Civil, que, tratándose de las personas jurídicas, de fundaciones y corporaciones, los “delitos de fraude, dilapidación, y malversación de los fondos de la corporación, se castigarán con arreglo a sus estatutos, sin perjuicio de lo que dispongan sobre los mismos delitos las leyes comunes”. Es decir, si un director falsea un documento, hurta, roba o comete cualquier delito común en relación con los fondos que administra, responde de acuerdo con el Código Penal. También tiene responsabilidad civil porque eso está contemplado en los mismos estatutos de la fundación o de la corporación y, además, en nuestro Código Civil. Quien cometa un delito o cuasidelito civil responde de todo daño -¡de todo daño!- y, en consecuencia, deberá indemnizar si alguno produce.
Las aseveraciones efectuadas públicamente por el diputado señor Dittborn , de alguna manera las comprendo porque es ingeniero comercial, pero debió haber preguntado a algún asesor letrado respecto de sus afirmaciones en este artículo, ya que ninguna tiene consistencia.
Por eso, enfocándolo desde el punto de vista constitucional y jurídico, lo que se nos plantea es una exigencia del constituyente de 1980 a un organismo del Estado, la Universidad de Chile, para pedir un empréstito y para que el Estado otorgue la garantía correspondiente, de acuerdo con la ley sobre administración financiera del Estado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, lamento que el proyecto no se haya remitido a la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara. Comprendo las características que han llevado a la Sala y a la Mesa a enviarlo a la Comisión de Ciencias y Tecnología. Sin embargo, así como algunos sectores han planteado la conveniencia de que hubiera ido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, creo que, tratándose de un tema universitario, debió haberse mandado a la Comisión de Educación.
Al margen de esta circunstancia -voy a solicitar que vaya a la Comisión de Educación-, los objetivos del proyecto están señalados en su introducción, es decir, procurar el desarrollo de la innovación y el intercambio tecnológico, con fuerte apoyo de la difusión de nuevos conocimientos y tecnologías, además de optimizar la capacidad instalada de la Universidad de Chile.
Aquí se han planteado dos temas, uno de los cuales no es menor. Por una parte, prorrogar de un año a un año y medio el plazo para obtener el crédito y, por otro lado, un aspecto más de fondo, como es la garantía del Estado.
Respecto de lo primero, don Raúl Allard , actual gobernador de Valparaíso y ex jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación , en su oportunidad solicitó que el plazo se ampliara de un año a 18 meses para obtener el crédito, dada la circunstancia -dijo textualmente- de que se hacía necesario tramitar el proyecto de ley.
A mi juicio -así lo presumo, aunque no lo diga el proyecto- el plazo de un año y medio para tramitar y obtener el préstamo rige a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial y no desde el momento en que el proyecto es aprobado por alguna de las Cámaras, ni tampoco desde que inició su trámite legislativo.
Por otro lado, respecto de requerirse aumento del plazo por la demora en contratar el crédito, posiblemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, me parece una situación curiosa, pues parto de la base de que, al haberse enviado el proyecto de ley, el empréstito está ya relativamente amarrado con ese organismo. No puedo imaginar que su tramitación y obtención vayan a partir en este momento.
Como el proyecto no lo dice, me habría gustado que, a lo menos, hubiéramos contado con algún proyecto de acuerdo o contrato previo entre la Universidad de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo, para saber que esa entidad es la que va a otorgar el crédito. De ser así, la única forma en que la Universidad de Chile podría obtenerlo es mediante la garantía del Estado. Los organismos internacionales no otorgan préstamos que no cuenten con el aval del Estado, lo que no significa que, en definitiva, deba hacerlo el Estado y no la Universidad de Chile. Si por algún motivo ésta no pagara y tuviera que pagar el Estado, es evidente que éste tendría que repetir en contra de la Universidad de Chile, haciendo efectivo su crédito, porque nadie puede enriquecerse injustamente y aquí habría un enriquecimiento injusto de la Universidad de Chile. De modo que, sobre la base de esa fuente de obligaciones, de un cuasicontrato de enriquecimiento injusto, de todas maneras tendría que reembolsar al Estado lo que hubiese pagado.
Estimo que este mismo principio debiera regir para todas las demás universidades, en el evento de que obtuviesen un crédito en el extranjero y que la condición del organismo internacional que lo otorga fuera la garantía del Estado. No me parecería justo que se autorizara dicho aval a la Universidad de Chile y no a otras casas de estudios superiores que también quisieran solicitar un crédito otorgado por un extranjero.
Sin embargo, como en el artículo 1º del proyecto sólo se autoriza a la Universidad de Chile para contratar, con el aval del Estado, uno o más empréstitos en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de 20 millones de dólares o su equivalente, a fin de financiar la construcción del parque científico-tecnológico, estoy dispuesto a votarlo favorablemente, pero en la medida en que consignemos en su texto a la entidad que otorga el crédito. O sea, estoy dispuesto a aprobarlo en tanto sepamos que lo otorga un organismo internacional -éstos no dan créditos sin la garantía del Estado-, pues no me gustaría que después se obtuviera a través de un banco privado, de un banco extranjero, en fin, en otro origen que no sea un organismo internacional. En esas condiciones estoy dispuesto a dar mi aprobación.
Presentaré una indicación al artículo 1º, en el sentido de que el crédito deberá ser obtenido en el Banco Interamericano de Desarrollo. Si la Universidad de Chile lo obtiene en otra parte, en el trámite en Comisión se establecerá cuál es el organismo internacional, allegándose todos los antecedentes del caso.
Además, solicito que el proyecto sea estudiado por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, como diputado de la zona en la cual se construirán el parque científico-tecnológico, las facultades y aulas de la Universidad de Chile y el parque ecológico, es mi deber precisar algunos aspectos contenidos en la iniciativa.
En primer lugar, la implementación de un proyecto de esa envergadura en el sector de laguna Carén es tremendamente importante y prestigia a la comuna de Pudahuel.
En segundo lugar, la autorización a la Universidad de Chile para contratar empréstitos con el fin de financiar la construcción del parque científico-tecnológico y la facultad al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado, me parecen muy positivas. Todas aquellas tareas que apunten a la creación o renovación de la educación superior en nuestro país a través de las distintas universidades, sean o no tradicionales, constituyen una muy buena noticia. En nuestro carácter de Poder del Estado , la facultad de aprobar la solicitud de otorgamiento de aval por parte del Estado es un muy buen objetivo.
Cuando se expresa que habría un cierto privilegio o beneficio en favor de la Universidad de Chile, invito a mis honorables colegas a que, a su vez, insten a las otras universidades -la Católica y las privadas- a que también lleven a cabo proyectos de esta naturaleza, que soliciten empréstitos en el extranjero, porque van a contar siempre con el apoyo y la aprobación de este diputado. Todo lo que sea construcción o renovación de nuestras universidades para mejorar y ampliar la educación superior del país será bienvenido y contará con nuestro apoyo.
La construcción del parque ecológico, de 200 hectáreas, es una necesidad urgente. Cuando Santiago se ahoga con el humo y se estresa con la congestión, un parque de esas características resulta indispensable y urgente. Me atrevería a decir que la importancia para Pudahuel de contar con una casa de estudios del prestigio y tradición de la Universidad de Chile se asemeja y equipara con la necesidad de tener un parque que reúna las condiciones de área verde, de recreación y deporte.
Aprobaría el proyecto en debate con la condición de que la Universidad de Chile se comprometa, financieramente, a construir ese parque que traería tantos beneficios a la comuna de Pudahuel y a la Región Metropolitana.
Ayer tuvimos la noticia -cada uno de los señores diputados tiene en su poder una minuta que la acredita- de que la Universidad de Chile ganó el concurso del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, por el monto de 1,3 millones de dólares, precisamente para iniciar la construcción del parque. Nos gustaría conocer con mayor detalle sus características, sus rasgos, pues, como digo, es tan importante, por la situación de contaminación que viven Pudahuel y Santiago , como la construcción del parque científico-tecnológico que ha generado este interesante debate.
En mi calidad de diputado de la zona, comparto plenamente la preocupación de las autoridades locales, del alcalde y concejales de la ilustre municipalidad de Pudahuel -con quienes tuve ocasión de reunirme ayer-, y de las 28 familias que viven en ese lugar por cerca de treinta años, las cuales deben tener un trato digno y una solución definitiva que les permita vivir, al menos, en condiciones iguales o superiores a las actuales. Tal preocupación no puede ser ajena al diputado que habla. Se trata de familias humildes, que viven desde hace muchos años en esos terrenos. Por lo tanto, la Universidad de Chile debería asumir un compromiso serio para resolverles su situación con una vivienda digna.
Por otra parte, al igual que a la autoridad municipal, me preocupa que la instalación del parque tecnológico no cumpla con las normas del plan regulador metropolitano de Santiago. No digo que no las esté cumpliendo, pero es pertinente saber si está o no dentro de dicho Plan. Creo que el parque debe constituirse en un plan seccional, regulado por las leyes de urbanismo y ambiental, con el objeto de garantizar un desarrollo armónico y responsable del sector.
La parte poniente de Pudahuel, que llega hasta el peaje de Lo Prado, está sujeta a la elaboración del plan regulador de la comuna. Es indispensable que cualquier tipo de proyecto en la laguna Carén sea ganado por concurso y esté en armonía y dentro del plan regulador de la municipalidad de Pudahuel para ese macrosector.
Por último, me sumo a la petición de contar con un espacio que haga posible la creación de un centro cultural-religioso de la etnia mapuche, pues en Pudahuel y en las comunas de Cerro Navia y Lo Prado existe una gran raigambre mapuche. He tenido oportunidad de estar presente en sus fiestas y festividades religiosas. Por consiguiente, me parece de justicia, moderno y no discriminatorio contribuir a concretar esa aspiración, a fin de que cuenten con un lugar donde desarrollar su religión y costumbres.
Las solicitudes y observaciones señaladas aconsejan que el proyecto tenga una discusión y mirada financiera constitucional. Las palabras del diputado señor Elgueta fueron bastante claras en cuanto a nuestras atribuciones para autorizar al Estado a otorgar su garantía a la Universidad de Chile. Ello está dentro de la idea de dar la posibilidad a los jóvenes de ingresar a una universidad del prestigio que ostenta la Casa de Bello, sobre todo en un sector popular.
Por eso, propongo enviar el proyecto a la Comisión de Vivienda a fin de que estudie las materias mencionadas: ¿Hasta qué punto dicho parque se encuadra en el plan regulador de Santiago? ¿De qué manera está sujeto al plan regulador de Pudahuel? ¿Qué posibilidad habría de efectuar un estudio que garantice las condiciones medio-ambientales de la zona?
Reitero: para Pudahuel, área tan postergada y alejada en el sector poniente de la Región Metropolitana, es un orgullo y una razón de prestigio que la Universidad de Chile se instale allí con sus aulas, facultades, campus académicos y, además, un parque científico-tecnológico. Así lo he sentido cuando converso el tema con las organizaciones sociales. Pero también es nuestro deber preocuparnos de que el proyecto se encuadre en la idea de lo que queremos como comuna. Por eso, solicito que sea estudiado, de manera rápida y sumaria, por la Comisión de Vivienda de esta Corporación.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente, hoy nos reúne la necesidad de dar nuestra autorización legislativa a un préstamo que solicitaría la Universidad de Chile. En verdad, una acción de esta naturaleza no tendría nada de particular si se tratara de una institución privada, cuya administración se rigiera por las reglas normales y habituales de ese campo de actividad. En Chile existe un número importante de universidades privadas que han crecido, desarrollado y elaborado proyectos sobre la base de préstamos, y ninguna ha requerido la menor autorización legal, demostrando su solvencia al pagarlos en forma oportuna e íntegra.
Sin embargo, en el caso de la Universidad de Chile -me imagino que también en el de las otras universidades públicas, sobre todo las que reciben cuantiosos aportes fiscales- se exige que los préstamos sean aprobados por ley. Algunos señores parlamentarios han señalado que esto es una rémora del pasado, que atenta contra la autonomía de esas casas de estudios superiores.
En verdad, el legislador tuvo mucha razón al pedir el pase legislativo para este tipo de autorizaciones, pues se da cuenta de un hecho percibido por la gente: que la administración de las universidades públicas deja mucho que desear y que bajo la capa de realizar investigaciones, preocuparse del interés nacional, ser pluralista, etcétera, lo único que se esconde es ineficiencia y despilfarro. Por eso, el deber del Congreso no sólo es servir de pasadizo a una autorización como la solicitada, sino indagar a fondo acerca de los fundamentos de la autorización que se pide y de la base sobre la cual se servirá el crédito.
¿Por qué en un mundo donde la petición de préstamos y créditos es un hecho natural se pide el aval del Estado? Creo que existen grandes dudas de los organismos financieros nacionales e internacionales acerca de la idoneidad con que se administrará el préstamo y también respecto de si su destino permitirá obtener los retornos necesarios para servir en forma adecuada el pago del crédito. Por eso, se pide el aval del Estado. De hecho, para aprobar o examinar más a fondo una iniciativa de esta naturaleza, nos falta saber cómo la Universidad de Chile devolverá el dinero al fisco en caso de que no pague en forma oportuna y el Estado deba respaldarla. Pero eso, tratándose de esta casa de estudios, carece casi de importancia, ya que es del Estado y hay una garantía implícita para todas las actividades que realice y para todas las formas en que sea administrada, cuestión sumamente grave, porque es una manera de avalar la ineficiencia y la mala administración a que nos tiene acostumbrados esta entidad. Año a año, el Estado de Chile debe subsidiarla con cifras astronómicas para asegurar su subsistencia. De hecho, ha sido incapaz, a pesar de los enormes recursos que recibe, de sustentar una operación realmente independiente y autónoma.
Ninguna entidad será autónoma si no es capaz de sustentar una operación que le permita generar los recursos necesarios para solventar sus gastos. La de Chile y otras universidades públicas han sido incapaces de producir este efecto. Por eso, más allá de lo que digan las leyes o de lo que se sostenga en los discursos, carecen de autonomía porque no han tenido la capacidad de administrarse eficientemente.
Es posible que sea conveniente que haya universidades públicas. No es el punto en discusión. También es cierto que en el pasado hicieron un importante aporte a la cultura y al desarrollo del país; pero en este caso convendría, antes de autorizar el préstamo, pedirles un mejoramiento en su administración que les permita ser autónomas e independientes.
En estos años, hemos visto un ejemplo en el caso de Televisión Nacional, que ha podido, por fin, eliminar los subsidios estatales y sostenerse con su propia operación.
Es indispensable enfrentar los hechos con realismo y no a través de discursos ideológicos, en que se trata de amparar, como dije, la falencia e ineficacia que ocasiona una mala administración bajo la capa del pluralismo, la investigación o de oportunidad para todos.
La acusación a las universidades privadas creadas con posterioridad a 1981, de que defienden determinados intereses, de que dependen de intereses económicos y por eso dejan de ser libres, de que no son pluralistas, etcétera, es una tremenda falacia que acompaña a la anterior para justificar lo injustificable.
En consecuencia, para otorgar la autorización de endeudamiento, faltan muchísimos antecedentes y el compromiso real de las autoridades de esa universidad para hacer una gestión realmente autónoma e independiente.
Por otra parte, me parece exorbitante el privilegio con que se dotaría a la Universidad de Chile. El proyecto, desde luego, se desarrollaría sobre un inmenso campus, sobre un inmenso territorio, donado gratuitamente por el fisco. Además, recibiría otra donación, de veinte millones de dólares, para construir un parque tecnológico.
Al leer los detalles del proyecto, se llega a la conclusión de que no sólo se trata de un parque tecnológico, sino que se incluye un parque comercial. En la primera etapa, se destinan 25 hectáreas a fines comerciales, y la universidad haría instalaciones que van mucho más allá de un parque tecnológico.
Por lo tanto, el proyecto también viola los conceptos de igualdad y no discriminación arbitraria que establece la Constitución.
Por último, ¿qué pasa con las regiones? Nuevamente un proyecto de esta envergadura se realiza en la Región Metropolitana. El diputado Luksic podrá alegar que Pudahuel es una comuna periférica, pero corresponde a esa región.
Constituye un pésimo signo hacer este tipo de inversiones en la capital, pues se aumenta el centralismo y se despoja a las regiones de las pocas posibilidades de desarrollo que tienen.
Por las razones expuestas, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que hay trece diputados inscritos y que el Orden del Día termina a las 13.30 horas.
Como hay interés por votar, además de peticiones para que el proyecto vuelva a comisiones, y su análisis lleva tres sesiones consecutivas, solicito la unanimidad de la Sala para acortar el debate y otorgar cinco minuto a cada diputado inscrito.
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, existe interés de muchos diputados, que se refleja en la lista de inscritos, de participar en la discusión. Asimismo, de contar con la presencia de la ministra de Educación . Por consiguiente, prefiero que continúe el debate.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
No hay unanimidad.
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, el proyecto debe analizarse con altura de miras.
Como representante del distrito de Iquique, de la Primera Región, me gustaría que se comprometieran más recursos del Estado para las universidades regionales.
En mi región, las universidades de Tarapacá y Arturo Prat también tienen proyectos, iniciativas y el legítimo derecho de crecer.
En esto, el país debe descentralizarse de verdad y otorgar recursos para que las universidades de regiones puedan materializar sus iniciativas.
Sin embargo, frente al proyecto, no nos podemos negar. En verdad, es positivo desde el punto de vista del país, porque se crearía un parque científico-tecnológico que nos pondría a la altura de los mejores de Sudamérica, en cuanto a su capacidad de estudio, investigación y análisis tecnológico.
Además, se contempla la inversión en un parque universitario y en un parque público de 200 hectáreas. De todos modos, me parece conveniente analizar el ordenamiento territorial.
Creo que no debemos negar, en forma mezquina, la posibilidad de que la Universidad de Chile desarrolle su proyecto, pues se beneficiará la educación universitaria y la investigación científica en el país.
Por eso, votaré a favor el proyecto.
Sin embargo, quiero hacer un llamado a las autoridades para que también se considere a las universidades regionales, en particular la Arturo Prat, de la Primera Región.
En el caso de la Universidad de Chile, el Ministerio de Bienes Nacionales donará más de mil hectáreas. En la Primera Región hay una gran cantidad de terrenos fiscales y existen las posibilidades de entregar parte de ellos para que sus universidades puedan crecer.
Ojalá las autoridades tomen las medidas para descentralizar en serio el país y apoyen a las universidades que funcionan en regiones.
Reitero que votaré a favor el proyecto, porque me parece muy interesante para el país.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, la importancia del proyecto radica en que autoriza a la Universidad de Chile para contratar empréstitos con el fin de financiar la construcción de un parque científico-tecnológico.
La de Chile es la madre de las universidades. Fue fundada en la década del cuarenta del siglo diecinueve, con objetivos muy claros, y ha pasado por distintos momentos. Fue intervenida fuertemente en el tiempo en que no hubo democracia. Recuerdo al ex rector nominado, señor Federici, más conocido como el exterminador; al señor Julio Salas Romo, ex secretario general, o al señor Juan Pomes, fiscal, que prácticamente eran verdaderos interrogadores de los estudiantes en aquel tiempo. En fin, en ningún momento la Universidad de Chile escapó de la intervención militar, con rectores designados, etcétera.
También quiero decir con franqueza, y por qué no en esta Corporación que, de acuerdo con la Constitución, debería fiscalizarse cuantas anomalías se cometieron en aquel tiempo en la Universidad de Chile, no sólo desde el punto de vista administrativo y político, sino también financiero. Las aguas sucias que pasaron en ese entonces por debajo de los puentes fueron excesivas en la pobre Universidad de Chile. Obviamente, hoy uno valora la presencia de rectores elegidos democráticamente por la comunidad universitaria.
En cuanto al tema que nos ocupa, todos quisiéramos que existiera la posibilidad de apoyar con recursos las universidades regionales y que también el Estado fuera aval en situaciones similares a la que estamos discutiendo. Pero, si bien estoy a favor del proyecto, no puedo dejar de referirme a un asunto que se destacó mucho en las elecciones presidenciales recién pasadas.
Me preocupa mucho que el Estado entregue su aval para la contratación de empréstitos. No obstante, en la actualidad, en muchas universidades que reciben estos recursos, el Estado tiene poco que decir respecto de los planes de estudios y académicos y es obvio que frente a este proyecto el Estado tiene mucho que decir.
En primer lugar, como señaló el colega Elgueta , donde hay recursos del Fisco, cualquiera que sea su modalidad, debemos analizar y poner todas las condiciones habidas y por haber antes de entregar el aval. En segundo lugar, como miembro de la Comisión de Vivienda y Urbanismo considero inadmisible que este proyecto sólo haya pasado por la Comisión de Hacienda, como si se tratare de un empréstito más, de recursos prestados donde el aval es el Estado, y no por una comisión que por lo menos pueda decir algo desde los puntos de vista de la urbanización, del ordenamiento y de las áreas verdes. Concretamente, en la Comisión de Vivienda tuvimos más de diez meses un proyecto que modifica la legislación sobre vivienda y urbanismo. Hace más de 60 años que en este país no se hablaba, desde el punto de vista legislativo, acerca del tema de la urbanización. Sin embargo, después de escuchar durante diez meses a un sinnúmero de instituciones, personalidades y profesionales exponer sus puntos de vista sobre el tema, el Ejecutivo retiró el proyecto para dividirlo en dos.
Además de estar de acuerdo en que el Estado otorgue la garantía para avalar este financiamiento, considero fundamental que el proyecto pase, como conditio sine qua non, por la Comisión de Vivienda y Urbanismo, al menos para que entregue sus puntos de vista sobre el tema y pueda consultar, como hemos hecho en otros proyectos, a instituciones y profesionales relacionados con la materia.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente, tal como han dicho muchos colegas en el transcurso de la discusión, interesa apoyar a la educación superior pública y, en especial, a la prestigiada Universidad de Chile.
Las inquietudes que ha despertado el proyecto en algunos diputados no tienen por objeto impedir que la Universidad de Chile desarrolle un centro tecnológico y genere inversiones que permitan su desarrollo y expansión, sino más bien apuntan a lo que se requiere en materia de educación superior, es decir, el trato que el Estado debe brindar a las universidades públicas. Así como por ley hoy queremos facultar a la Universidad de Chile para contraer un endeudamiento por 20 millones de dólares, ¿por qué no establecer un mecanismo o dictar una ley que otorgue al Estado capacidad para avalar al conjunto de universidades públicas, a fin de que puedan endeudarse en determinada cantidad y de acuerdo con ciertos requisitos? Nos interesa que la educación superior pública, cuya principal institución es la Universidad de Chile, se vea favorecida. No creo prudente que cada vez que una de aquellas universidades quiera endeudarse y tener la garantía estatal para desarrollar proyectos de expansiòn, se requiera de ley. La Universidad del Biobío y otras tienen proyectos guardados desde hace mucho tiempo y el legítimo derecho de pedir el respaldo del Gobierno mediante el otorgamiento de la garantía estatal.
En definitiva, me parece que el proyecto está acotado; pero podría ser mucho más ambicioso y contener una línea de desarrollo innovadora respecto de la educación superior pública, que permita a otras universidades contraer empréstitos y posibilite el respaldo estatal. De lo contrario -señalo claramente-, estaríamos autorizando una especie de privilegio para una sola universidad, sin duda la más importante y de mayor prestigio, en circunstancias que se requiere un desarrollo armónico y conjunto del total de la educación superior pública.
Sin duda, la petición de que este proyecto pase a la Comisión de la Vivienda para que se analicen aspectos relacionados con el desarrollo habitacional y la que hizo la diputada señora Isabel Allende en nombre de los diputados de la Comisión del Medio Ambiente, de que el proyecto pase también a esta Comisión para ver los aspectos medioambientales, no tienen dicho efecto. Me estoy refiriendo a un elemento que dice relación con la capacidad de endeudamiento de las universidades y a las explicaciones que, en este caso, el Ejecutivo tiene para impedir acceder a este requisito de manera amplia y en un monto previamente acotado a otras universidades públicas. Francamente, me parece discriminatorio que éstas no tengan la misma posibilidad de acceder a este apoyo.
Cada vez que una universidad cuenta con un proyecto atractivo -financiado con inversiones extranjeras mediante convenios con instituciones internacionales- que, dada su magnitud, no puede respaldar con su patrimonio, debe recurrir al Poder Legislativo para obtener el aval del Estado. Creo que cometemos un error al acotar el proyecto de manera poco visionaria, al punto de otorgar este resguardo crediticio a la Universidad de Chile y no extenderlo a otras universidades públicas. Por lo tanto, sería del todo importante que el proyecto pasara a ambas comisiones.
No me voy a referir a las objeciones formuladas en ese ámbito; pero es claro que el estudio del parque científico-tecnológico no cuenta con estudio de impacto ambiental.
Tengo en mis manos un documento de fecha 29 de abril de 2000, firmado por el director de la Comisión Metropolitana del Medio Ambiente, señor Gianni López , en el cual se señala claramente que el proyecto no cuenta con resolución de calificación ambiental; que está actualmente en tramitación o no ha sido presentado, y que hay observaciones referentes a la utilización de áreas verdes de carácter de uso público relacionadas con proyectos inmobiliarios, que valdría la pena aclarar y conocer.
La expansión horizontal de Santiago debe ser revisada sobre la base de un ordenamiento territorial dado por un plano intercomunal de la Región Metropoliana y no por proyectos aislados, que hacen crecer a Santiago, como han dicho algunos especialistas, en forma de estrella, generando una expansión que apunta tanto hacia la densificación y mayor atracción de personas, como hacia la concentración urbana en la Región Metropolitana.
Reiteradamente se ha dicho que la Comisión investigadora de esta Cámara ha estado más de un año y medio indagando respecto del Plan de Descontaminación. El informe aún sigue sin verse. La Mesa tendrá -así se lo hemos pedido- que someterlo a consideración de la Sala y votarlo; pero las recomendaciones señalan claramente que hay que detener la expansión industrial y habitacional en Santiago, porque con sus más de seis millones de habitantes ha llegado a un punto de colapso.
Cualquier proyecto que tienda hacia una expansión horizontal en cualquier ámbito de la Región Metropolitana requiere una revisión y, sin duda, son las universidades, por el carisma, por el prestigio, por la trascendencia que tienen, las principales instituciones llamadas a cumplir la legislación medioambiental. Los investigadores, los propios profesores de la Universidad de Chile y la Comisión de Medio Ambiente, investigadora del Plan de Descontaminación, son quienes han dado a conocer las limitantes y las consecuencias negativas de la continua expansión de Santiago. En consecuencia, no creo que haya intención de eludirlo, sino razones de premura respecto del desarrollo y de las características cronológicas del proyecto.
Por lo tanto, aun cuando concurriré con mi voto para aprobar esta facultad que se le entrega a la Universidad de Chile, creo necesario revisar en forma pronta y urgente estos tres aspectos que he señalado, a fin de evitar que estas observaciones se entiendan como una oposición regionalista hacia una universidad de Santiago. ¡No es así! Sólo se está pidiendo mayor igualdad ante la ley, sin importar el rango de los oferentes o de los proponentes y si es la Universidad de Chile o cualquiera otra universidad del país.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Hay varios señores diputados inscritos y quedan cinco minutos para el término del Orden del Día.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, quiero hacer dos comentarios muy breves. En primer lugar, respecto de algo que dijo la diputada señora Pollarolo acerca de las discusiones transversales que genera este tipo de proyectos.
Estos proyectos suscitan opiniones transversales, pero no votaciones transversales. Llegado el momento de la votación, el Gobierno tiene un poder maravilloso y muy disciplinado para que todos los diputados oficialistas voten de acuerdo con los intereses del Ejecutivo. Ello ocurrió recientemente en la votación del proyecto que concede indemnizaciones millonarias a los jueces de la Corte Suprema, oportunidad en que el diputado señor Ascencio -quien estaba hace algunos minutos en la Sala- pronunció un gran discurso, que compartí ciento por ciento, en el que demostró la discriminación que significaba que diez ministros de la Corte Suprema obtuvieran indemnizaciones millonarias, exentas de impuesto, del orden de los 140 millones de pesos cada uno. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, el diputado Ascencio -quien en este momento ingresa en la Sala-, con el cual compartí su estupendo discurso, se retiró y no votó. Ello lo encuentro lamentable, porque, sin duda, le quita dignidad a esta Corporación el hecho de que sólo las discusiones sean transversales, y de que las votaciones sean finalmente ordenadas de acuerdo con los intereses políticos que el Gobierno dicta.
En segundo lugar, quisiera decirle al diputado señor Elgueta -quien se refirió a una intervención previa mía-, que cuando propuse -efectivamente no soy abogado; él debe saber mucho más derecho que yo- que la fundación sin fines de lucro que va a administrar este parque se transformara en una sociedad anónima cerrada, no lo hice para sostener que los directores de una fundación privada sin fines de lucro no sean responsables ante la ley de los eventuales delitos que pudieran cometer. ¡En absoluto! ¡Evidentemente, tienen que responder ante la ley! Lo que yo sostuve, señor diputado -y usted lo debe saber, porque es abogado- es que la ley de sociedades anónimas es muchísimo más dura con los directores de sociedades anónimas que con los de otras. Hay ahí una responsabilidad mucho más clara y, si no me equivoco -y usted seguramente me va a corregir-, en algunas instancias los directores deben responder incluso patrimonialmente de las decisiones que adopten como directores de sociedades anónimas abiertas o cerradas, lo que no ocurre en una fundación privada sin fines de lucro. En ese sentido propuse que, para garantizar una mejor administración respecto del proyecto, la sociedad administradora del parque fuera una sociedad anónima cerrada.
Señor Presidente, con su venia, concedo al diputado señor Elgueta la interrupción que me solicita.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputado señor Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, sólo manifesté que las personas que dirigen una corporación o fundación son responsables como cualquier ciudadano, tanto desde el punto de vista penal como del civil.
En el caso de las sociedades anónimas -como su nombre lo indica- no interesa la persona, sino el capital. Por eso, no cabe duda de que la ley consagró una diferencia respecto de lo que sucede con las personas naturales. Desde luego, los directores, quienes manejan enormes cantidades de dinero de terceros, como es el caso de los bancos o de cualquier sociedad anónima, tienen esa responsabilidad especial a que alude el colega Dittborn; pero esto no quiere decir que si el director de una corporación o fundación falsifica, malversa, defrauda, estafa o comete cualquier delito, no pueda ser sancionado. La penalidad es exactamente la misma, porque los casos de la estafa y de la falsificación se encuentran establecidos en el Código Penal. Sin embargo, a lo que se ha referido el colega Dittborn es a la culpa, que es un concepto bastante complejo, por lo que sería inútil discutir ahora sobre eso, ya que genera una responsabilidad civil, según sea la culpa: grave, leve y levísima. Aquí, indudablemente, los directores de las fundaciones y corporaciones, respecto de ese concepto, no tienen el mismo grado de culpa, pero sí la tienen en cuanto a la indemnización, por el daño que pueden producir.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Recupera la palabra el diputado señor Dittborn. Le pido redondear su idea, ya que está terminando el tiempo del Orden del Día.
El señor DITTBORN .-
Señor Presidente, sólo para señalar que el diputado señor Elgueta ha puesto hincapié en un formalismo legal que carece de toda importancia.
Los chilenos entienden que los directores de sociedades anónimas tienen una responsabilidad mucho mayor que los directores de otro tipo de fundaciones o corporaciones, por los posibles errores que puedan cometer.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
El debate de este proyecto continuará en una sesión próxima.
Ha terminado el Orden del Día.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
PLAN MÍNIMO DE SALUD PARA PERSONAS DESEMPLEADAS.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 402, de los diputados señores Errázuriz, Fossa y Tuma, que en su parte resolutiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda:
1. Solicitar a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones , al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud y por su intermedio al Presidente de la República que disponga el envío de un proyecto de ley que permita que las personas desempleadas, y que no cuenten con los recursos necesarios para contratar algún sistema de salud y que habiendo cotizado mensualmente en una AFP, puedan optar a contratar un plan mínimo de salud en alguno de los sistemas existentes.
2. Establecer que el costo mensual de dicho beneficio sea cancelado directamente con los fondos individuales que dichos afiliados tengan depositados en su AFP, mientras permanezcan en su situación de desempleados”.
Este proyecto de acuerdo se vota por última vez.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
En votación.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, queda rechazado el proyecto de acuerdo Nº 402.
INDEMNIZACIÓN PARA LOS AFECTADOS POR ACCIONES DE ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 403, de los diputados señores Monge, Orpis y Elgueta y diputada señora Fanny Pollarolo:
“Considerando:
1. Que el Estado y su administración están al servicio de la persona humana y deben tener por finalidad promover el bien común. (artículo 1, inciso 4 C.P.E.).
2. Que al ser Chile una república democrática, toda persona debe responder de sus acciones y por consiguiente quedar expuesto a ser juzgado por los tribunales por aquellos actos u omisiones que perjudican, dañan o infringen el ordenamiento jurídico. (artículo 4 C.P.E.).
3. Que, precisamente, el ejercicio del poder público tiene como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana (artículo 5, inciso 2 C.P.E.).
4. Que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades da lugar a las acciones y recursos correspondientes. (artículo 6 C.P.E. y artículo 2 de la ley Nº 18.575 L.O.C. Bases Generales de la Administración del Estado).
5. Que los preceptos de la Constitución “obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. Asimismo, la infracción de esta norma genera las responsabilidades y sanciones que determina la ley. (artículo 6 C.P.E.).
6. Que el Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado (artículo 4 L.O.C. Bases Generales de la Administración del Estado).
7. Que “los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No obstante, el Estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falla personal”. (artículo 44 L.O.C. Bases Generales de la Administración del Estado).
8. Que el Estado, en cuanto persona jurídica y en su aspecto organizativo funcional, está compuesto de un conjunto de personas jurídicas, de cuyas acciones u omisiones debe responder.
9. Que no obstante existir en nuestra legislación mecanismos destinados a hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado, particularmente con motivo de perjuicios comprobados ocasionados por sus agentes, hacerlos efectivos requiere contar con recursos económicos de los cuales carece gran parte de la población y someterse a largos procesos judiciales, situación que no está en condiciones de afrontar el segmento más vulnerable de la población, que coincidentemente es el que se encuentra más expuesto a estas acciones u omisiones, producto de que con mayor frecuencia deben recurrir a los servicios que brinda el Estado.
Esto en la práctica impide que los afectados con estos actos u omisiones del Estado y sus agentes puedan resarcirse, al menos en parte, adecuada y oportunamente de los perjuicios ocasionados.
10. Que, en razón de lo anterior, es necesario establecer un sistema simplificado y alternativo al actual, que permita a todas aquellas personas de escasos recursos, afectados por estos actos u omisiones, optar entre solicitar judicialmente la indemnización de los perjuicios por las vías tradicionales que contempla la ley o bien acceder en forma expedita a una indemnización a todo evento, mensual y vitalicia, cuyo monto se encuentre determinado previamente por la propia autoridad, según la gravedad de los perjuicios producidos, y que puede expresarse por ejemplo en el equivalente a un número o porcentaje de pensiones asistenciales y que se pague bajo esa modalidad.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Ejecutivo envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que permita que las personas afectadas por un acto u omisión de algún órgano de la Administración del Estado o de sus agentes que genere daño, perjuicio o menoscabo físico o moral, puedan una vez acreditada la responsabilidad de éste en un sumario administrativo, en una sentencia judicial o en otra instancia equivalente, optar por solicitar judicialmente la indemnización de los perjuicios por las vías tradicionales que contempla la ley o bien acceder en forma expedita e inmediata a una indemnización, mensual y vitalicia, y a todo evento, equivalente a un número o porcentaje de pensiones asistenciales determinada previamente por la propia autoridad, según la gravedad de los perjuicios producidos e incompatible con otro tipo de indemnización”.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para argumentar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor MONGE.-
Pido la palabra.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MONGE .-
Señor Presidente, en nuestro ordenamiento jurídico existe una serie de disposiciones constitucionales y legales que establecen la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños o perjuicios que causen sus agentes.
Este proyecto de acuerdo, que cuenta con el apoyo de diputados de las distintas bancadas y que fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Familia, tiene por objeto solicitarle al Ejecutivo que envíe, a la brevedad, un proyecto de ley que establezca la posibilidad de que las personas, especialmente de bajos recursos, que sufran algún perjuicio ocasionado por algún órgano de la Administración del Estado -pueden ser negligencia médica, actos protagonizados por conductores, errores policiales, etcétera-, puedan acceder, por vía simplificada, a una indemnización modesta, no compatible con las que, en muchos casos, contemplan los procedimientos ordinarios, que les permita resarcirse de los perjuicios causados.
Son muchos los chilenos afectados por la acción de órganos del Estado que hoy día, al no contar con los recursos necesarios, no pueden acceder a ese tipo de indemnizaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a algún diputado que desee argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Por no haberse reunido el quórum requerido, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
-o-
El señor MORA (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que se encuentra presente en la tribuna de honor el embajador de Francia, señor Jean Michel Gaussot.
Asimismo, nos acompañan representantes de distintas líneas aéreas y funcionarios del aeropuerto internacional “Arturo Merino Benítez”, de Santiago, que prestan un apoyo fundamental a los señores diputados; el inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas, señor Jorge Maureira; el director de la Escuela de Investigaciones de la Policía Internacional , prefecto de investigaciones y amigo mío, señor Arturo Herrera; y el jefe de protocolo del aeropuerto, señor Bernardo Díaz.
Agradecemos su presencia en la Cámara de Diputados.
-Aplausos.
VIII. INCIDENTES
PRESIONES DE IANSA PARA MECANIZAR PRODUCCIÓN DE REMOLACHA. Oficios.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
El primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente, la provincia de Ñuble es netamente agrícola y, por lo tanto, su actividad económica está íntimamente relacionada con el trabajo de la tierra. En ese sentido, juega un rol preponderante la Industria Azucarera Nacional S.A., Iansa, por la gran cantidad de hectáreas de remolacha que se cultivan en la zona.
Ha habido una especial preocupación de Iansa por capacitar e introducir mayor tecnología para producir, en las mejores condiciones, la cantidad más alta posible de azúcar, trabajo complejo como también su comercialización, materia que, por lo demás, hemos abordado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con los acuerdos internacionales.
Pero mi intervención es para manifestar que hoy, cuando existe una elevada tasa de desempleo en el sector agrícola, ha habido presión sobre algunos remolacheros para que en las cosechas se prefiera el sistema mecanizado sobre la contratación de personas.
Si bien es importante la capacitación y la tecnología, también lo es favorecer el empleo. Por ese motivo debe conciliarse la modernización con la situación de mucha gente del sector agrícola en nuestra provincia. Por ello es necesario privilegiar la contratación de mano de obra sobre la mecanización e impedir que haya presiones indebidas sobre los agricultores, que pueden deberse a falta de criterio de algunos de los mandos medios.
Por tal motivo, pido que se oficie a los ministros de Agricultura y de Economía para informarles sobre esta situación, a fin de que se investigue lo que he dado a conocer en esta Corporación.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez, Sergio Ojeda, Felipe Letelier, Samuel Venegas, Jaime Rocha, Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, Eliana Caraball, Pablo Lorenzini y Jorge Ulloa.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Quiero dejar constancia de que se encuentra también presente en las tribunas una delegación del Centro de Adulto Mayor “Estrella de Belén” y “Santa Juliana”, del distrito 17, de Conchalí, invitada por la diputada señora María Rozas.
¡Bienvenidas!
-Aplausos.
ACTO DE HOMENAJE A EX DIPUTADO DON MARIO PALESTRO ROJAS.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente, la semana recién pasada los diputados señor Jorge Ulloa y Carlos Vilches se acercaron a mí para hablar sobre la salud del ex diputado señor Mario Palestro .
En forma permanente he estado en contacto con él y su familia para poder informar a los señores parlamentarios sobre su delicado estado de salud. Además, el Presidente de la Corporación me encomendó reunirme con sus familiares para rendirle, en su casa, un austero y emotivo homenaje.
Dicho acto se realizará mañana a las 18 horas. Se ha conversado con la familia y a los parlamentarios les va a llegar una nota de invitación. Reitero a todos los colegas de las distintas bancadas que mañana nos reuniremos en la casa de Mario Palestro Rojas, para rendirle este homenaje en vida a quien fuera un gran parlamentario y que se encuentra en un muy delicado estado de salud.
He dicho.
-Aplausos.
SITUACIÓN MILITAR DE ESTUDIANTES DE CASTRO. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, quiero llamar la atención de esta honorable Cámara sobre un tema recurrente, pero demasiado importante para dejarlo pasar: el servicio militar, problema muy importante, en especial para los jóvenes de Chiloé.
Hemos presentado una gran cantidad de proyectos para modificar la ley de Reclutamiento, pero, lamentablemente, no hemos sido capaces o no hemos tenido la fuerza o, quizás, no hemos sabido realizar las gestiones que correspondan para resolver este problema de una vez por todas.
Este año, en la provincia de Chiloé, alrededor de cincuenta estudiantes de segundo, tercero y cuarto medio de distintos establecimientos educacionales fueron llevados a hacer el servicio militar -sin que ellos quisieran-, especialmente al regimiento Bulnes, en Chaitén, interrumpiéndoles sus estudios. Contamos con la nómina de los cincuenta jóvenes del liceo de Castro y del Instituto de Educación Rural, que han sido llevados a los cuarteles.
Ésta no es una discusión acerca de las Fuerzas Armadas, de la necesidad o no de tener gente preparada para el uso de las armas, sino sobre los derechos de los jóvenes.
El caso más grave se produjo en la comuna de Castro. El estudiante Juan Agustín Tavie Mella, del instituto politécnico de esa ciudad, que cursaba el tercer año de la carrera de turismo, fue sacado de su sala de clases y llevado a la provincia de Palena, al regimiento Bulnes, para hacer el servicio militar.
Lo grave es que este joven, Juan Agustín Tavie Mella, estudiaba la carrera de turismo que el próximo año no se impartirá. El director del establecimiento, el señor Sixto Navarro, preocupado y ante el requerimiento del alcalde de la comuna, envió un oficio donde señala que efectivamente el joven Tavie , como alumno de la especialidad de turismo, es parte de un plan de estudios en vías de expirar. De tal forma que si no se reintegra a sus estudios perderá la posibilidad de la formación profesional. En caso de cumplir con el servicio militar, el próximo año se verá obligado a iniciar un nuevo currículum, con las consecuencias perjudiciales que ello significa.
El propio director del establecimiento ha avalado todas las gestiones de la corporación de educación, con el objeto de que el joven Tavie termine sus estudios. Hemos hecho todas las presentaciones posibles y ahora se nos ha informado que, lamentablemente, el Ejército ha dado una respuesta negativa y ha obligado a este joven, a pesar de que perderá todos los años cursados, a que continúe haciendo el servicio militar en una ciudad alejada de la provincia de Chiloé.
Si bien es necesario que nos preocupemos aquí en el Congreso de resolver este tema por medio de un proyecto que al respecto hemos presentado, con el objeto de que posterguen el servicio militar, por lo menos a los jóvenes que están estudiando, mientras tanto perfectamente el Ministerio de Defensa, en conjunto con el Ejército o con quien corresponda, puede adoptar una medida para que Juan Tavie no pierda los años cursados y pueda reintegrarse a su establecimiento educacional.
Esto no ocurriría en un establecimiento de Santiago o de la comuna de Las Condes. Seguramente, se haría un escándalo y el hecho hubiese estado en todos los medios de comunicación. Sucedió en una provincia como Chiloé, en una comuna como Castro, y pareciera ser que el tema no le importa mucho a nadie.
Por lo expuesto, solicito el envío de un oficio al ministro de Defensa, con el objeto de que le transcriban mi discurso de esta mañana y pueda solicitar al Ejército, a la Dirección de Reclutamiento o a quien corresponda, que el joven Juan Agustín Tavie Mella sea liberado de la obligación de hacer el servicio militar y devuelto a la ciudad de Castro a retomar sus estudios.
Muchas gracias.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Andrés Palma, Homero Gutiérrez, Sergio Ojeda, Víctor Reyes, Pablo Lorenzini, Enrique Jaramillo, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro y Waldo Mora .
REEVALUACIÓN DE DESTINO DE FUNDO DE PROPIEDAD FISCAL DE COMUNA DE PENCAHUE. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente, con bastante tranquilidad -creo que podría ser la palabra- voy a plantear un tema relacionado con el Ministerio de Agricultura. El Estado tenía un fundo muy cerca de Talca, Séptima Región; se vendió y como nunca se pagó, fue recuperado por el SAG.
Desde 1997 he solicitado a los sucesivos ministros de Agricultura un pronunciamiento en favor de los pequeños agricultores y de la Municipalidad de Pencahue. Las últimas cartas son del año pasado, dirigidas al entonces ministro Mladinic y, posteriormente, al ministro Sartori, firmadas por el diputado señor Martínez , por el diputado que habla y el senador Andrés Zaldívar, respectivamente. En fin, parece que seguimos con un Congreso Nacional que no es escuchado por nuestros ministros.
Hoy, una vez más, este fundo está en manos del fiscal del SAG para, teóricamente, ser licitado en forma pública. Ahí hay más de 50 parceleros viviendo desde hace muchos años y no tenemos terrenos para construir viviendas para las más de 15 cooperativas que nosotros, el gobierno de Concertación, ha promocionado cerca de Pencahue y Lo Figueroa. En ese lugar también podemos hacer una estación experimental meteorológica, construir un vertedero, levantar un liceo agrícola. Es decir, todas actividades de la gente. Nuestro Presidente Lagos ha dicho: voy a escuchar a la gente, pero parece que en Agricultura no sienten esto.
Quieren subastar para que Errázuriz, Concha y Toro y todas estas grandes viñas obviamente puedan pagar lo que ellos aspiran por un terreno de 1.200 hectáreas, donde más de la mitad es de secano, y dejar para la municipalidad las esquinas, arriba de los cerros. Uno no entiende esto.
Por eso, quiero insistir en la materia y pido que se oficie al ministro de Agricultura, para señalarle que no es posible que en un Gobierno de la Concertación vayamos a licitar en forma pública un fundo donde vive gente de escasos recursos y que la municipalidad lo necesita para construir viviendas.
No estamos pidiendo que se regale el terreno, sino que se les venda, pero no una hectárea en el secano de séptima categoría.
Está bien tener una economía de mercado, pero éste es un gobierno socialista, humanista. Por ello solicito nuevamente al ministro de Agricultura -sé que hoy hay otro secretario de Estado en esa Cartera- que reevalúe toda esta información que se está enviando desde hace más de tres años por diputados, senadores y alcaldes, y que no ha recibido respuesta. Creo que, de una vez por todas, como parlamentarios tenemos que tener una respuesta. De otra manera, no reclamemos cuando el día de mañana haya protestas públicas.
Un respeto mínimo implica contestar los oficios y buscar una posibilidad para esta gente.
Gracias.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Víctor Reyes , Enrique Jaramillo y Waldo Mora
En el tiempo de la Democracia Cristiana, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
INFORMACIÓN SOBRE EDIFICIO PÚBLICO CONSTRUIDO EN PUNTA ARENAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente, nosotros tenemos una costumbre. En la historia de nuestro país existen numerosos proyectos desarrollados por el Estado y que han terminado en verdaderos -y así se los conoce popularmente- elefantes blancos. En distintos gobiernos se han hecho inversiones, y después de ingentes gastos de recursos públicos, las obras no se han concluido.
Pero en Punta Arenas, lamentablemente, en los últimos cinco meses y medio se ha ido concretando una nueva figura de estos elefantes blancos, un elefante blanco terminado, que no se usa. Me refiero a un edificio que costó más de 2 mil millones de pesos, que tiene cerca de 8 pisos, conocido como el “edificio del agro”, en el cual se iban a reunir todas las instituciones vinculadas a la Secretaría Ministerial de Agricultura .
El edificio, que fue inaugurado en su momento, está concluido. Sin embargo, lleva más de cinco meses y medio sin utilizarse. Hay dos sumarios pendientes -que se han demorado bastante tiempo-, con denuncias en los tribunales debido a problemas graves que afectaron la licitación tanto en el diseño como en la elección de la empresa que lo construyó.
Sobre la materia, disponemos de antecedentes que nos permiten ver que hay indicios claros de corrupción y de graves problemas en todo el proceso que llevó a la construcción de este edificio.
Pero vamos a partir sólo haciendo tres preguntas tanto al ministro de Obras Públicas como al de Vivienda. Por lo tanto, pido que se oficie a ambos Ministerios solicitando, en primer lugar, una explicación a la inquietud de los magallánicos: cuáles son las razones jurídicas y técnicas que hacen que un edificio de 8 pisos, la principal construcción pública hecha en Magallanes en los últimos 4 años, no sea ocupada; o sea, no se ha producido el traslado de ningún servicio, a pesar de que fue inaugurado, entre paréntesis, en medio de la campaña presidencial.
En segundo lugar, por qué este edificio se terminó y se entregó, incluso, sin existir permiso de construcción. La municipalidad, de hecho, está revisando aspectos bastante controvertidos de su construcción, por ejemplo, ha producido daños en propiedades vecinas. Lo extraño es que la empresa y el Ministerio anunciaron que estaba terminado y recibido; sin embargo, respecto de este edificio de 8 pisos, cuyo costo es de más de 2.500 millones de pesos, no existe el permiso de construcción respectivo.
Por último, queremos el resultado de los sumarios que hace cinco meses se están llevando a cabo.
En el futuro vamos a volver sobre este tema, haciendo preguntas mucho más técnicas -y las vamos a ir anunciando- en cuanto al balance, el hormigón ocupado y los problemas técnicos que podría tener este edificio.
He dicho.
RESPUESTA A PETICIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA XII REGIÓN. Oficio.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente, otra materia que ha conmocionado a la opinión pública de nuestra región y también a nivel nacional, como se ha podido apreciar en las noticias, se relaciona con los pescadores artesanales de la merluza. Obviamente, tomarse una carretera, como ocurrió el día lunes recién pasado, no debe considerarse como el camino lógico ni la forma adecuada de iniciar una protesta o una acción contra la autoridad, porque, sobre todo, se termina afectando a terceros inocentes. Actividades que no tenían nada que ver con los hechos se vieron claramente perjudicadas.
Pero eso es lo formal. El aspecto de fondo es reconocer la justa molestia de los pescadores artesanales y su derecho a exigir una respuesta.
Sobre este caso queremos hacer una crítica a las autoridades tanto regionales como nacionales, porque es un problema que ya se arrastra hace varios años y, al menos, dos meses en cuanto a esta manifestación de un sentimiento de frustración de los pescadores. No ha habido una adecuada respuesta ni de la intendencia ni de la Subsecretaría de Pesca, y cuando la hubo, al poco tiempo se desdijeron de lo expresado; es decir, primero la decisión fue aceptar el adelantamiento de la captura y, posteriormente, la desechó el mismo Subsecretario.
Los pescadores artesanales de Magallanes tienen justo derecho a exigir una explicación sobre por qué se les vuelve a decir, tal como hace cuatro años, que deben hacerse otros estudios para aumentar la cuota de captura, en circunstancias que en esa oportunidad se les comunicó que se disponía de los recursos para realizarlos.
También tienen derecho a preguntar por qué el único estudio que hay -que es del Perifop- demuestra que ha habido un aumento claro de la biomasa de merluza en las Regiones Décima, Undécima y Duodécima, lo cual no se condice con la cuota de captura.
Por último, también tienen derecho a saber por qué no se cumple en mejor forma con la legislación relativa a las grandes empresas. Por ejemplo, en materia del posicionador geosatelital. Asimismo, tienen derecho a recuperar la cuota histórica que tenía Magallanes hasta 1996 y que se disminuyó posteriormente.
Por los problemas señalados y fundamentalmente por no haber tenido una respuesta clara, precisa y rápida de las autoridades, se produjeron estos hechos. Sin duda alguna, la forma en que se expresa esta incertidumbre, molestia y desánimo por no poder llevar un sueldo a la casa quizás no sea la mejor, pero refleja un problema de la autoridad. Espero que se responda a la brevedad, atendida la situación de emergencia y socialmente compleja como la que está afectando no sólo a nuestra región y a todos los sectores económicos, sino fundamentalmente, en este caso, a los pescadores del sector artesanal.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado.
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PESCA EN FAVOR DE LOS PESCADORES ARTESANALES. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado, por los tres minutos que restan al Comité de la UDI.
El señor ALVARADO .-
Señor Presidente, también como representante de la zona sur austral, donde la actividad económica productiva relevante es la pesca artesanal, solicito que se oficie al ministro de Economía, de quien depende la Subsecretaría de Pesca, para que de una vez por todas se decida la modificación de algunas disposiciones de los reglamentos de pesca o de la propia ley de pesca, que afectan profundamente a los pescadores artesanales.
No es posible que quienes se dedican a la pesquería de la merluza trabajen apenas dos días al mes, es decir, 24 días al año para llevar el sustento a sus familias y que cada vez que necesitan el alimento para sus hijos, tengan que llamar la atención mediante protestas en la vía pública o a través de huelgas de hambre. Debemos terminar con la indiferencia y la apatía hacia los problemas de la pesca artesanal.
Quiero que en el oficio se señale claramente nuestra inquietud respecto de la representación de los pescadores artesanales en los consejos zonales y nacionales de pesca, que hoy es total y absolutamente desmedrada, siendo la fuente de los problemas que se dan en la asignación de las cuotas de cada pesquería.
Queremos que se haga presente la necesidad de legislar para resolver el tema de los registros pesqueros. Actualmente, gran parte de la gente que vive del mar se ve en la obligación de trabajar en la clandestinidad porque figuran eternamente en listas de espera o porque las especies están declaradas en plena explotación, pero muchos de los inscritos, finalmente, se dedican a otra actividad. Eso hay que corregirlo porque es una fuente importante de los problemas que están ocurriendo.
También pido que se señale claramente el cuello de botella que existe para resolver las concesiones marítimas. Muchas de ellas llevan cinco o seis años de tramitación.
Asimismo, debe considerarse la ampliación o autorización por ley, tal como se hizo un par de años atrás, de los permisos de ocupación transitoria.
Además, deben regularse las exigencias sobre estudios de impacto ambiental. No es lo mismo solicitar un estudio de impacto ambiental, que cuesta 1 millón 800 mil o 2 millones de pesos, a grandes empresas, que exigírselos a los pescadores artesanales, a pequeños gremios.
No deben aplicarse cobros retroactivos a los sindicatos, cuando ni siquiera tienen autorización ni los decretos respectivos para hacer uso de su concesión.
Por otra parte, respecto de la utilización de las cartas marinas, deberían ponerse de acuerdo para uniformarlas, de manera que los trámites que se inician por exigencias de una carta marítima, no finalicen con la aplicación de una carta distinta. En fin, son muchos los problemas de la pesca artesanal.
Por ello, reitero mi petición de envío de oficio, a fin de que, de una vez por todas, iniciemos una discusión seria y profunda sobre el tema para no tener que lamentar el día de mañana situaciones de fuerza -por falta de voluntad política de la autoridad- que podrían derivar en hechos graves que ninguno desea ni quiere, y lo que es peor aún, afecta a los pescadores artesanales en lograr el sustento para sus familias.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Carlos Vilches , Enrique Jaramillo , Rodrigo Álvarez , Sergio Ojeda y Waldo Mora .
LOS PRIMEROS SESENTA DÍAS DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE LAGOS.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, hoy se cumplen 60 días del gobierno del Presidente Ricardo Lagos.
Esta Administración, que se inició el 11 de marzo pasado, sin duda significa para el país una esperanza de cambio que estamos esperando.
Hay muchos anuncios conocidos por la opinión pública e iniciativas enviadas al Congreso Nacional, con cuya aprobación esperamos que se resuelvan los problemas de la gente. Entre ellas figura el proyecto de seguro de desempleo, muy anhelado por los trabajadores que tienen el riesgo de quedar cesantes, aunque ya se ha demostrado que no soluciona los problemas de los que ya lo están -que cada día aumentan en el país-. Es una promesa a los trabajadores de tener la posibilidad de acceder a ese subsidio, si es que tienen la desgracia de quedar cesantes.
Pero el problema de estos 60 días de gobierno del Presidente Lagos es que hay inseguridad, producida por diferentes causas. Entre ellas, lo que está ocurriendo hoy día en la zona sur. Las etnias mapuche y pehuenche están reclamando y no permiten que haya seguridad en los predios forestales de la región. Este problema no se ha resuelto a pesar de reiteradas denuncias judiciales. Pero ha habido indecisión de los tribunales, la cual provoca inseguridad en el trabajo. A lo anterior, deben agregarse todas las agresiones sufridas por los trabajadores y sus familias.
Si a esto se añaden las manifestaciones de pescadores artesanales y de pequeños mineros que cortaron caminos o se autoflagelaron en Tocopilla para protestar, sin duda se genera inseguridad, por falta de conducción.
Los diputados de Oposición tenemos toda la disposición para aprobar los proyectos de ley que resuelvan los problemas de la gente. Pero, por otro lado, aumenta la cesantía y las cifras más altas de capitales se han ido del país, como se puede ver en los últimos informes.
Entonces, ¿qué debemos concluir? Que hay mucha gente que no tiene credibilidad en la actuación del Presidente de la República . Y eso es lo grave.
Deberían existir señales adecuadas y los incentivos reales para que los empresarios puedan generar empleo y volver a las tasas tradicionales de cesantía con resultados que la gente pueda creer. Revertir la situación de frustración que hoy viven los trabajadores es la necesaria señal que debe dar el Presidente de la República , y no eludir el bulto.
Estos 60 días de gobierno se ven agravados porque todo se ha centrado en el desafuero del senador Pinochet. Esto, como muchos hemos señalado públicamente, implica un juicio político a su gobierno, que quiere resolverse en los tribunales de justicia a través del desafuero del ex mandatario y de un posterior proceso, e indica que vamos por un camino equivocado, pues es necesario que el país dé vuelta la página. El gobierno del Presidente Lagos puede accionar los mecanismos y realizar los contactos necesarios para luchar por lo que Renovación Nacional ya ha manifestado al país: la conquista de la paz social, que pasa por resolver los problemas contingentes y entrar en el camino de desarrollo.
En términos generales, este es el balance del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos. Estamos esperando y seguiremos esperando el desarrollo de los acontecimientos, pero también estamos dispuestos a luchar todo lo que sea necesario para resolver los problemas que aquejan a nuestros compatriotas.
RECONOCIMIENTO A INICIATIVA DEL DIPUTADO WALDO MORA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados está constituida por personas que representamos cada uno de los distritos. En ese sentido, quiero felicitar al segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Waldo Mora , por la iniciativa de editar y regalar a sus colegas un disco compacto donde vierte sus dotes artísticas. Ello constituye una expresión de afecto y cariño hacia sus pares.
Quiero que mis felicitaciones queden estampadas en las actas de esta sesión, porque cuando se constata que seres humanos entregan estas expresiones, podemos decir: estamos creciendo, estamos queriendo, y el señor Vicepresidente lo ha hecho muy bien con este ejemplo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Muchas gracias, estimado diputado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
RECONOCIMIENTO A INICIATIVA DEL DIPUTADO WALDO MORA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, me adhiero a las palabras del honorable diputado señor Vilches. Siento mucho agrado al constatar que en este grupo de legisladores, algo de este tiempo tan loco que vivimos en nuestro quehacer político es dedicado a la práctica de dotes artísticas que sólo muy pocos tienen. Quien habla, modestamente, también intenta practicarlas en forma muy simple.
El arte se lleva por naturaleza. Hoy, la Cámara ha sido regalada con un presente que tiene un valor inmenso para quien les habla. Creo que mis colegas, como lo expresó el diputado señor Carlos Vilches, también deben estar mirando con atención el disco compacto editado por este especial diputado y privilegiado hombre que, con su hermosa voz, conquista a la gente, y con este hermoso gesto, a sus colegas, quienes nos sentimos muy cercanos a su persona.
Gracias, diputado Waldo Mora, porque como decía el colega señor Vilches, gestos como estos nos hacen falta.
CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNAEB. Oficios.
El señor JARAMILLO .-
En segundo lugar, señor Presidente, me referiré a un hecho que ocurrió el viernes pasado en mi distrito.
Un grupo de trabajadoras de la empresa contratista de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, denominada Servicio de Alimentación Nacional, SAN, se acercaron a mi oficina y se quejaron amargamente por los bajos ingresos mensuales que percibían y las condiciones en que deben cumplir su trabajo.
Hace pocos días en esta Sala, con ocasión del informe de una Comisión investigadora, muchos ensalzaron la labor de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Sin embargo, las rentas miserables que reciben los empleados de las empresas contratistas que ejecutan tareas de preparación y distribución de alimentos para los niños de nuestro país, no habla muy bien de la Junaeb. Y esto tiene un punto aparte.
Hace unos días se evaluaba y contradecía a quienes consideraron que era necesario discutir el tema y que por alguna razón se había creado una Comisión investigadora. Hay que decirlo aquí: el término de esa Comisión no fue muy feliz para quienes la solicitaron, pero no todo lo que brilla es oro, y he aquí la muestra.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas debe intervenir en el tema del servicio de alimentación. Es duro mi cuestionamiento, pero honesto. Reconozco la legitimidad del Estado para externalizar servicios y la legalidad de la subcontratación de trabajadores por las empresas. Está claro a esta altura de los tiempos que se trata de un requerimiento del mercado que induce a este tipo de acciones, con el fin de ganar eficiencia y abaratar costos. Pero, ¿es justo bajar los costos a expensas de sueldos tan modestos? Porque una trabajadora, aunque preste servicios a tiempo parcial, no puede ganar 40 mil pesos mensuales. Es una burla la que se está cometiendo.
Me preocupa sobremanera el tema por sus incidencias sociales y las implicancias que a futuro pueden traer estas situaciones si se mantienen en el tiempo. Por ello, solicito que se oficie al ministro del Trabajo , a fin de pedir que se verifique una acuciosa investigación por parte de la Dirección del Trabajo de la Región de Los Lagos a todas las empresas que actúan como contratistas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con visitas en terreno que permitan determinar las condiciones en que prestan servicios las manipuladoras de alimentos en todas las comunas de la región.
Asimismo, pido que se oficie a la ministra de Educación , a fin de que indique la forma en que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas salvaguarda las condiciones de trabajo y los niveles de renta de las personas contratadas por sus empresas contratistas para la manipulación de alimentos en los establecimientos públicos del país. Deseo saber si existen cláusulas especiales en las bases de las licitaciones y de los posteriores contratos, y en particular un análisis comparativo entre las licitaciones o contratos vigentes y los firmados a futuro.
Solicito que se envíe copia de mi intervención a los dos ministros aludidos.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alejandro Navarro, Jaime Jiménez, Carlos Vilches y Waldo Mora .
INVESTIGACIÓN SOBRE INCIDENTE EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL EN MELIPILLA. Oficios.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En lo que resta del tiempo del Comité del Partido por la Democracia -dos minutos-, tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a mi colega señor Enrique Jaramillo por cederme parte de su tiempo.
Quiero referirme a lo ocurrido el 30 de marzo alrededor de las 16 horas, en un hogar de Melipilla, comuna del distrito que represento.
En esa oportunidad, en la calle Cedro Nº 1021, de la villa 14 de Diciembre, se produjo un hecho que puede estar sucediendo en otras partes del país, según testimonios que he escuchado de otros colegas parlamentarios y que me parecen de la gravedad máxima.
A ese domicilio llegó una receptora judicial del Primer Juzgado de Melipilla, acompañada por personal policial, con el fin de proceder al retiro de especies, por una orden emanada del citado juzgado, con motivo de una deuda con una cooperativa local, Coocretal, por un monto de alrededor de 160 mil pesos.
Esto, que iba en contra del dueño de casa, don Joaquín Montenegro Ubeda , trabajador de la empresa Superpollo de la zona, que se encontraba descansando, porque trabaja de noche, se transformó en un drama, pues salió a abrir la puerta su hija menor, de 12 años, María Eugenia Montenegro , quien recibió no sólo los peores calificativos de parte de quienes consultaron por su padre, sino, además, la intimidación por la presencia de policías con armas en sus manos. Al despertar su padre e inquirir una actuación distinta de parte de los funcionarios policiales, fue tratado de la peor forma, agredido al interior de su domicilio por uno de ellos, al parecer un cabo de nombre José Montevilla .
A raíz de esta cobranza judicial, don Joaquín Montenegro fue derivado en la noche al hospital de Melipilla, después de estar detenido en la comisaría, y finalmente al hospital El Salvador, en Santiago, donde fue operado de su ojo derecho, que hasta hoy mantiene ocho puntos, con trauma ocular. Además, sufrió otros traumatismos y hematomas en su pierna izquierda. El funcionario policial, obviamente, resultó con lesiones leves.
La gravedad de estos hechos aumenta, porque en el informe que Carabineros envió a la gobernación de Melipilla dice que el funcionario policial fue atacado por el dueño de casa y que el caso lo derivan a la Cuarta Fiscalía Militar, donde se está investigando.
Una situación de esta naturaleza, que además cuenta con la presencia de una receptora judicial, que da una versión distinta de los hechos que me relataron los propios afectados, es de suma gravedad. Por muy deudoras que sean las personas, se trata de gente trabajadora, de esfuerzo, que no debe ser tratada como animal, ni menos andar con mentiras después de la situación que se produjo y que terminó con una persona en el hospital.
Por las razones expuestas, solicito que se oficie, enviando copia de mi intervención, en primer lugar, al ministro de Defensa Nacional, para que a través de la Subsecretaría de Carabineros ordene un sumario inmediato respecto de la situación, porque hechos de esta naturaleza desprestigian y manchan la honra de Carabineros de Chile.
En segundo lugar, al subsecretario de Salud, ya que en esa oportunidad concurrí personalmente a hablar con él y se comprometió a entregarme el informe de salud del hospital El Salvador en dos o tres días. Ha pasado un mes y hasta la fecha no ha llegado ese documento. Solicito que nos haga llegar la ficha médica y el informe de salud del afectado.
En tercer lugar, que se haga llegar mi protesta formal a la máxima autoridad del Poder Judicial, para que instruya no sólo a los receptores, sino a todos quienes trabajan en esas funciones, con el fin de que tengan mayor delicadeza y respeto por las personas morosas, pues también merecen un trato digno.
Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención al gobernador de Melipilla , con el fin de que adopte las medidas pertinentes, porque a él corresponde la coordinación de los servicios públicos, entre otros, de Carabineros.
Espero que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en nuestro país, sobre todo con familias modestas que, a raíz de cobranzas judiciales y el abuso de funcionarios -ello no involucra a las instituciones- ven mancillada su dignidad, como en el caso de don Joaquín Montenegro Ubeda .
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Alejando Navarro , Enrique Jaramillo y Waldo Mora
MEDIDAS E INICIATIVAS PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE AFECTAN A FLORIDA Y A OTRAS COMUNAS DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Salud, a fin de que nos informe sobre las evaluaciones y definiciones que hará ese Ministerio con el fin de contar con un programa especial para abocarse al problema de la salud rural.
La ministra de Salud ha señalado que el problema de las colas en los hospitales ha generado un programa dirigido fundamentalmente hacia urbes densamente pobladas.
Sin embargo, el 17,5 por ciento de la población que vive en zonas rurales también requiere de especial atención. Los alcaldes de las comunas rurales han planteado los problemas de las postas rurales, que enfrentan una situación distinta, porque no hay filas, sino dificultades en el traslado de los enfermos y falta de personal médico. Por ejemplo, en postas como la de Roa, en la comuna de Florida, el médico concurre sólo dos veces al mes, medio día, y ahora, por circunstancias que no son de responsabilidad del servicio de salud, va sólo un día al mes.
Requerimos un programa especial para elevar los niveles de atención directa de los pobladores de las comunas rurales.
Esto ya ha sido planteado por la ministra del ramo, pero es importante tener referencia sobre los plazos en los cuales el mencionado programa será evaluado y presentado, como también de sus alcances, dado que los alcaldes de las comunas rurales han solicitado ser incluidos en los mismos. Pero, hay que tener claro que van dirigidos a comunas urbanas densamente pobladas y que los 8.200 millones de pesos para terminar con las colas no incluyen a las comunas rurales.
Sé que existe preocupación en los servicios de salud de Concepción, Octava Región. Sin embargo, hay consenso en que se requiere un programa especial para comunas rurales, en especial las postas, a fin de mejorar la atención y garantizar la igualdad en el trato a ciudadanos urbanos y rurales.
En segundo lugar, debo señalar que es urgente realizar un cabildo en la comuna de Florida, Octava Región, que sufre el embate del aislamiento progresivo, debido a un peaje que la ha aislado y deteriorado durante largos años, a la inadecuada mantención de la ruta 148, que une Concepción con Florida; a la situación de aislamiento de Florida de la ruta del Itata, cuando la vía concesionada entró en funciones; a la erosión, que es el flagelo más grande que afecta a la comuna, y al progresivo descenso de su población, debido a que los jóvenes, y también la gente de edad, tienden a emigrar, dadas las pocas posibilidades de desarrollo.
Se requiere realizar un cabildo, donde participe toda la comunidad, sin considerar las diferencias políticas. El alcalde es de la UDI.
Vamos a apoyar la realización de todas las acciones de la comuna tendientes a superar los graves problemas que afectan a todos por igual, sin diferencias políticas, religiosas o sociales.
Espero que este planteamiento, de cuatro concejales, sea presentado en el concejo de la comuna de Florida, para que se aboque al diseño de un cabildo que defina el plan de acción destinado a enfrentar sus problemas con unidad y participación social.
Solicito que se oficie a la ilustre municipalidad de Florida, a fin de que informe sobre la realización de un cabildo comunal, con el objeto de hacer efectiva la participación ciudadana y establecer la plataforma de la demanda social en infraestructura e inversiones que se requiere para salir adelante.
Por otra parte, pido que se oficie a la ministra de Educación , para que nos informe respecto de la terminación de la escuela de Rahuil, una construcción imponente en la comuna de Florida, con una inversión de más de 600 millones de pesos, y que requerirá una pronta inauguración, en la cual esperamos contar con la presencia del Presidente de la República .
Solicito que también nos informe sobre dos aspectos de la escuela de Roa:
En primer lugar, llega hasta 6º básico. Muchos de sus estudiantes han visto frustradas sus posibilidades de irse a Florida por motivos económicos. Solicito que se evalúe la posibilidad de ampliarla hasta 8º básico.
En segundo lugar, su mobiliario presenta serias deficiencias. Es una buena escuela, nueva, pero el mobiliario proviene del antiguo establecimiento y está en condiciones muy desmejoradas, incluso con grave peligro para la integridad de los niños.
También solicito que se oficie a la ministra de Salud , a fin de que informe sobre el estado de avance del proyecto de estación médico-rural del sector de Roa. El Fndr tiene aprobados los fondos desde 1999. Por lo tanto, me gustaría saber en qué estado se encuentra la aprobación de dicho proyecto, cuándo comenzará la construcción y cuánto dinero se ha destinado para ello.
Igual información solicito respecto del mejoramiento de las postas de Copielemu, Granerillos y Cancha Los Monteros.
También pido que se oficie al ministro de Salud, a fin de que se haga cargo del problema que se produce en Santa Juana, Hualqui y Florida con la venta de bonos de Fonasa, y disponga que el Fondo Nacional de Salud estudie la posibilidad de venderlos directamente en las comunas, mediante un convenio con el municipio respectivo, con lo cual se evitaría a sus habitantes trasladarse a Concepción desde esos sectores rurales tan apartados y luego volver a su lugar de origen para utilizar el bono, lo que representa un alto costo económico y una tramitación burocrática que, a mi juicio, se puede eliminar fácilmente.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de quien habla. (Mora Longa, Waldo).
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.32 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. (boletín Nº 2499-06)
“Honorable Cámara de Diputados:
El proyecto que ponemos en vuestro conocimiento tiene por objeto contribuir a un desarrollo democrático más intenso y profundo, fortaleciendo aquellas formas de expresión más propias de una democracia representativa y plural, como son los partidos políticos y, en particular, establecer normas sobre los dineros privados a la actividad política, con el fin de impedir una influencia inadecuada sobre la actividad de los partidos.
Si bien es cierto más adelante se defenderá exhaustivamente la conveniencia de una normativa sobre esta materia, merece considerarse que, a lo menos, dos fueron las enseñanzas y corolarios que sobre este ámbito dejaron las últimas elecciones presidenciales. La primera, que el país no puede soportar mucho tiempo más el hecho de que el acceso a los cargos públicos vaya revestido de una actividad frenética y dispendiosa que signifique destinar millones de dólares que trastrocan los valores escondidos tras el ejercicio del sufragio. La segunda, que no hubo chileno al que este tema dejara indiferente, hasta el punto de que ambas candidaturas, la que conduje y la de mi contendor, estuvieron contestes en que, una vez alcanzada la primera magistratura, debía ser uno de los ámbitos de regulación urgente.
Sin perjuicio de ello, previamente, se hace imprescindible que la institución de los partidos políticos sea situada en un amplio contexto teórico-doctrinario y en el de su influencia y desarrollo en nuestro derecho y democracia modernos.
I. NOTAS DISTINTIVAS DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.
Los partidos políticos deben ser entendidos como una parte de un sano sistema democrático, y no como instrumentos de poder aislados o asociaciones encargadas casi monopólicamente de conducir a las opiniones ciudadanas a la conquista del poder. Los partidos no son meras emanaciones del derecho de asociación destinadas a competir con otro tipo de agrupaciones voluntarias en la lucha de las ideas, ni son industrias del mercado político que producen bienes de consumo al mejor postor, como pudiera llegar a pensarse.
De no poner énfasis en esta cuestión, tenderemos a hacer una caricatura de los partidos, a menoscabar o poner en entredicho su papel en la formación de la voluntad pública y estatal y a hacer ejercicios conceptuales sin asidero. Por ello, resulta fundamental que los partidos sean ubicados en un esquema de democracia moderna.
A nuestro juicio, esta forma de democracia se caracteriza por las siguientes notas:
1. En un régimen democrático todos los poderes emanan del pueblo y no se entienden radicados en monarcas o en otras entidades al margen de él.
2. En un régimen democrático, los individuos no son subordinados ni objetos del poder, sino sujetos del mismo y se integran al sistema político en plenitud.
3. Sin embargo, este poder o soberanía que le corresponde al pueblo, es ejercitado mayoritariamente por órganos estatales, representantes del pueblo, elegidos por él mismo.
4. Resulta fundamental en la formación de una democracia representativa la amplia posibilidad de presentación de candidaturas, sin necesidad de autorización estatal.
5. Siguiendo con este razonamiento, es imprescindible que se vea fortalecido un derecho de sufragio amplio, que no debe estar reservado a una parte del pueblo o verse ponderado en forma desigual o en que la formación de la voluntad del votante no se lleve a efecto libre e informadamente.
6. Para garantizar una libre concurrencia democrática, debe asegurarse que ésta podrá extenderse aun con posterioridad a una decisión electoral, impidiendo que aquel respecto del cual hubiese recaído tal decisión, aproveche su posición mayoritaria en perjuicio de sus rivales. Es lo que se denomina el respeto a la posición de las minorías, las que sólo podrán alcanzar el status de corrientes reconocidas cuando tengan acceso a una estructuración efectiva y a una participación en una “arena” política lo suficientemente amplia como para manifestar y justificar sus intenciones y exponer sus críticas y alternativas.
7. El proceso político democrático no se agota ni debe agotarse o reducirse a los procesos electorales. Podría decirse que si hay algo que realmente distingue a un régimen democrático de otro, es el grado en que éste se demuestra como un proceso abierto de formación de opinión y voluntad políticas.
No sería aventurado decir que los procesos democráticos han cerrado la etapa de formación meramente teórica, para pasar a la era de la pluralidad de las opiniones e intereses en un proceso discursivo que se cierra con decisiones mayoritarias.
8. Tal concepción, a la larga, tiende a transformar ciertas estructuras que se consideraban inamovibles en una democracia liberal, como la división de poderes. Si el juego democrático traspasa las barreras de los procesos eleccionarios para afincarse esencialmente en la discusión, en el intercambio discursivo en plena igualdad y libertad, los poderes involucrados (antaño sólo los órganos y partes del Estado) se ven ampliados a otros cooperadores o instancias de control.
Es en este punto donde los partidos políticos, alejados de la precariedad con que son tratados por las diversas legislaciones, adquieren su rol preponderante.
II. FUNCIÓN DE LOS PARTIDOS EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO.
Se ha afirmado con anterioridad que no existe régimen democrático que no entregue o no haga residir el poder en el pueblo. Pero es conocido que éste no puede ejercerlo por sí mismo; deben existir instancias de mediación que reduzcan las complejas concepciones y necesidades sociales, que ofrezcan a elección tales reducciones en formas de programas de acción para el Estado y que, sobre la base del programa mayoritariamente votado por el pueblo, informen el proceso estatal de toma de decisiones. Esta función mediadora, que necesariamente trasciende los lindes entre Estado y Sociedad, es asumida por los partidos.
Ahora bien, uno de los principales caminos o mecanismos de mediación son las elecciones. En ellas el pueblo traduce la multiplicidad informe y contradictoria de opiniones e intereses individuales en unas pocas alternativas de decisión. Esta función de reducción y traducción es tarea de los partidos políticos, además de agrupar opiniones e intereses afines, compensar unos con otros, condensándolos en programas políticos y seleccionando personalidades comprometidas con los objetivos del programa.
Por otro lado, al formarse los órganos elegidos, los partidos se encuentran presentes al interior de ellos, porque su función no se agota en la representación, sino que también les incumbe la dirección del Estado y la conducción del gobierno.
El Tribunal Constitucional Alemán, al pronunciarse sobre el financiamiento de los partidos políticos en el régimen de la Ley Fundamental de Bonn, señaló que la formación de la voluntad del Estado y formación de la voluntad popular, que es a lo que hacíamos referencia en los párrafos anteriores, son una y la misma cosa. Expresó: “la posibilidad de conformar la voluntad del Estado es su meta y como este camino pasa necesariamente por el pueblo, coadyuvan a la formación de la voluntad de éste. Pero, precisamente, en la medida en que hacen que la formación de la voluntad popular trascienda al Estado, este deviene en Estado del pueblo”.
De este modo, la función de los partidos políticos en un Estado de Derecho democrático se plantea como primordial e insustituible y pasa a ser una función pública necesaria. Sin embargo, las funciones de los partidos no se reducen a la formación de la voluntad popular y la representación de la misma ante el Estado, o a ocupar las funciones estatales al triunfar en las elecciones.
A ello se arriba tras las siguientes reflexiones:
1. La formación de la voluntad popular es un proceso complejo y que sobrepasa, a todas luces, la mera realización de los actos eleccionarios como actuaciones momentáneas. Si lo redujésemos a estos períodos, debiésemos concluir que los partidos comparten y compiten con otros actores que organizan y articulan intereses, plantean reivindicaciones, difunden opiniones y ejercen la crítica. En nuestra opinión, los partidos políticos influyen también en los períodos inter-eleccionarios sobre los órganos constitucionales y, a diferencia de cualquier otro actor, tienen la capacidad de introducir todas las reivindicaciones y opiniones en los órganos de decisión del Estado.
2. Además de servir de “altavoz” o de “correa de transmisión” de la voluntad popular que contribuyen a formar, los partidos sirven como medios eficaces para otorgar legitimación y aceptación a las decisiones estatales entre la población. Es decir, sin perjuicio de ser destinatarios de reivindicaciones y necesidades en busca de satisfacción, son titulares de cargos o mandatos estatales y, en esa calidad, productores de decisiones vinculantes.
Por ello, la discusión acerca de si son entidades públicas o privadas, que pudo tener relevancia en momentos en que se partía del supuesto de la separación drástica entre Estado y Sociedad, hoy carece de importancia y resulta inoficiosa e interesada, desde el momento en que está creada conscientemente para quitarles protagonismo.
Los partidos políticos, estos “fenómenos de infinita complejidad”, como afirmaba Duguit, se muestran como vehículos insustituibles y perentorios en el desarrollo de un Estado de derecho que no sólo aspire a mantener su configuración liberal clásica de amplias libertades cívicas, sino que también estime esencial para su vida futura crear y defender espacios verdaderos de participación social para una población diferenciada.
III. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN NUESTRA VIDA CONSTITUCIONAL.
Nuestra legislación y doctrina no fueron la excepción a las generalizadas actitudes de oposición, ignorancia y desprecio con que los ordenamientos jurídicos y la Teoría del Estado se han referido a los partidos políticos.
En nuestro caso, el recelo no era del todo justificado tomando en consideración la actitud y el papel jugado por los partidos y sus dirigentes, primero en la crisis de 1891 y luego en la llamada democracia parlamentaria.
Sin perjuicio de ello, la Constitución de 1925 reconoció de manera tangencial a los partidos políticos, al referirse al sistema electoral en su artículo 25. Sólo con posterioridad, a raíz de la Reforma Constitucional de la ley Nº 17.398, son consagrados expresamente, al definirlos como “personas jurídicas de derecho público” y al otorgárseles el objetivo de “concurrir de manera democrática a determinar la vida nacional”.
Ahora bien, estas declaraciones que apuntaban a reconocer en toda su plenitud el fenómeno y papel de los partidos políticos en nuestro desarrollo democrático, sufrieron un duro traspié con la dictación de la Constitución de 1980 y la ley Nº 18.603, Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
En la primera, los partidos ocupaban un papel de cuerpos intermedios sobre los cuales valía la pena desconfiar. El artículo 8º sancionaba como inconstitucionales a ciertos partidos. Mientras tanto, el artículo 19 Nº 15, tras proclamar el derecho a asociarse, señala que los partidos políticos no pueden intervenir en actividades ajenas a las que le son propias, que no tienen el privilegio o monopolio de la participación ciudadana, que su contabilidad es pública y su financiamiento está vedado a bienes provenientes del extranjero. Asimismo, el propio constituyente incluyó en la Constitución una disposición que asegura su democracia interna.
La ley Nº 18.603, publicada el 23 de marzo de 1987, dejó entrever la misma desconfianza que hemos podido ver en la Constitución imperante. El artículo 1º los define como meras “asociaciones voluntarias”, retrocediendo respecto de la Constitución de 1925; el artículo 2º, en su inciso 1º, limita sus actividades a “sólo las conducentes a obtener para sus candidatos el acceso constitucional a los cargos públicos de elección popular”. Se los somete a un formalista proceso de formación y constitución y les impone un modelo de organización interna; además, se les impide dar órdenes a los parlamentarios elegidos bajo sus listas y les limita sobremanera sus posibilidades de financiamiento.
Como puede apreciarse, entre el rol que la teoría democrática asigna a los partidos políticos y nuestra práctica legislativa se levanta un abismo que es preciso flanquear, confiriendo a estas organizaciones el status de mediadores e integradores de la voluntad del Estado y del pueblo.
IV. EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS. DUDAS POR DILUCIDAR.
El Gobierno que presido estima que uno de los aspectos donde el divorcio antes aludido es más perceptible y donde la mayoría abrumadora de las fuerzas políticas depositan, primero sus lamentos frente al orden establecido y luego sus esperanzas de modificación de un sistema que entienden inaplicado e inaplicable, desproporcionado, injusto e irreal, es el ámbito del financiamiento. Pronto podrá apreciarse que la distancia se duplica al considerar el grado de desarrollo que en esta materia han adquirido los ordenamientos de las democracias occidentales en comparación al casi nulo tratamiento legislativo de Chile.
Hemos manifestado que la Constitución y la Ley Orgánica respectiva contienen normas al respecto. La primera señala escuetamente que la contabilidad de los partidos “deberá ser pública” y que “las fuentes de financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjeros”.
La parquedad constitucional se traslada a la ley Orgánica. En los cuatro artículos destinados al Financiamiento, que conforman el Título V de la ley, se expresa que los ingresos de los partidos estarán constituidos por las cotizaciones ordinarias o extraordinarias que efectúen sus afiliados, por las donaciones, por las asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y los frutos y productos de los bienes de su patrimonio. La ley exige llevar una contabilidad de los ingresos y egresos, y deben llevarse, además, libros de balance y de inventario. Se consigna la obligación de practicar un balance anual que debe ser presentado y aprobado por el Director del Servicio Electoral.
A estas escuetas menciones se reduce la reflexión que podemos efectuar sobre estas normas, pero su pobreza y limitación nos lleva a plantearnos hasta dónde es posible considerar que los partidos políticos pueden desarrollar su labor pública con el sistema de financiamiento previsto por la ley Orgánica.
La ley vigente privilegia el financiamiento privado. Ello corresponde a la concepción constitucional y legal de que se trata de asociaciones voluntarias y es, por consiguiente, mediante cuotas de sus integrantes como se financian, sin perjuicio de los aportes que puedan hacer personas ajenas a la organización.
Sin embargo, el financiamiento mediante cuotas ve disminuir su importancia en relación a otras formas de financiamiento, por razones muy poderosas. Ante todo, porque importa mucho más en los “partidos de electores” contemporáneos, el número de votantes que el de afiliados, únicos obligados a cotizar. A diferencia de otras asociaciones sumamente celosas en cuanto al pago de las cuotas se refiere, éstas apenas son exigidas coercitivamente por los partidos. Además, en términos cuantitativos, los partidos “mueven” cifras absolutamente desproporcionadas en relación con la cuantía de las cuotas; o dicho de otro modo, los gastos electorales y los de mantenimiento ordinario (para no hablar, por supuesto de las inversiones en inmuebles destinados a sede de los órganos) han alcanzado importes imposibles de cubrir por la acumulación de pequeñas y eventuales cantidades, cualquiera que sea el número de afiliados por el que ellas se multipliquen.
En cuanto a la financiación privada en forma de donativos, se requiere establecer limitaciones que vayan más allá de la prohibición de los aportes extranjeros, porque, además de ellos, y sin perjuicio de los mitos o falsos recelos sobre de los intereses extranjeros que podrían influir en la política interna que se esconde tras la prohibición constitucional, una saludable dosis de control y publicidad podría frenar el entusiasmo de los “mecenas”, cuya imagen pública suele resultar perjudicada si muestran excesiva simpatía hacia una organización política determinada.
No es un secreto que el financiamiento por medio de donativos está o ha estado recubierto de una múltiple maraña de mecanismos de evasión de capitales o de cobros indebidos. Imputar como propios gastos a partidos, crear empresas ficticias que funcionen como “recaudadoras” o usar los mecanismos de donación para fines culturales o educativos, son los inadecuados instrumentos que pueden llegar a usarse con peligroso y despreciativo aumento. Ellos invitan a que nuevas y más atrevidas prácticas entre donantes y donatarios se asienten en el espacio público nacional.
La irrealidad y falta de regulación de la financiación privada impiden que los partidos políticos puedan cumplir con los cometidos que la propia y restrictiva ley de Partidos les demanda. De una lectura aun superficial de sus objetivos legales, es posible colegir que, aun cuando se los trate de “asociaciones voluntarias”, esta inacabada denominación no puede encubrir el cúmulo de responsabilidades que se hacen descansar sobre ellos. En efecto, tras señalar que se trata de “asociaciones voluntarias”, se les entrega la magna e inagotable misión de contribuir al “funcionamiento del régimen democrático”, “ejercer legítima influencia en la conducción del Estado, para alcanzar el bien común y servir el interés nacional”, “contribuir a la formación de ciudadanos capacitados para asumir responsabilidades públicas”, “propender a la defensa de la soberanía, independencia y unidad de la Nación” y “contribuir a preservar los valores esenciales de la tradición chilena y la paz social”. Esto escapa por completo al papel que le compete a una mera “asociación”.
Ahora bien, teniendo en cuenta esta tarea que el legislador orgánico se ve obligado a reconocer, resulta muy difícil que tales mandatos sean realizados con el exiguo y paupérrimo régimen de financiamiento que la ley contempla. O la ley estableció como misión partidaria unas vagas declaraciones programáticas, o bien toda la legislación de partidos es contradictoria en sí misma.
Por otra parte, en la labor de reforma de la actividad partidaria y de su financiación, como se ha expresado en su oportunidad, es menester ser realista y entender que no puede partirse de la nada en la confección de articulados de alta complejidad teórica, pero de nula o escasa aplicabilidad. Resulta indispensable examinar lo que en otros ámbitos y legislaciones se ha elaborado en aras de acercarnos a materializar la ubicación y el rol de los partidos políticos en nuestro mundo democrático.
V. DERECHO COMPARADO.
Los modernos ordenamientos jurídicos se han preocupado de tratar y de regular el tema del financiamiento de los partidos y las campañas electorales en que intervienen. Es menester, por ello, analizar los diferentes tópicos que son abordados por estas legislaciones que son clara muestra del avance que ha experimentado el tema a nivel mundial y, como contrapartida, el desamparo regulatorio en que nos encontramos. En esta labor ilustrativa, creemos que resulta mucho más consistente encuadrarse en aquellos ámbitos abordados por el proyecto de ley, pero sin que ello signifique, ni con mucho, dejar pasar aquellos como las formas de financiamiento público, que a juicio del Gobierno, son y serán siempre necesarias.
1. Tipo de Financiamiento.
En torno al tipo de financiamiento no hay unanimidad. Existen legislaciones, como la inglesa, en donde se privilegia el financiamiento privado; otras, como la francesa, que regula el financiamiento privado, pero financiando públicamente los gastos de propaganda escrita de los candidatos que obtengan más del 5% de los votos y otros gastos electorales de los candidatos que al menos hubieren obtenido el porcentaje anterior.
Otras legislaciones incorporan o prefieren el financiamiento público. La legislación española regula el otorgamiento de fondos públicos y allí son subvencionados los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. En Estados Unidos las elecciones se financian con cargo a fondos públicos y privados. Los públicos se conforman por contribuciones directas de los ciudadanos; por contribuciones de los grupos de interés, comités políticos y comités de acción política (PACs); y por recursos de los partidos políticos y de los propios candidatos y sus familias. Al sistema de financiamiento público pueden acceder los candidatos o los partidos y sus reglas son federales, pudiendo los Estados acogerlas o rechazarlas.
El caso alemán se manifiesta como una de las experiencias más avanzadas al respecto, ya que los partidos reciben financiamiento público no sólo para las elecciones, sino que también como partidos, porque no se limitan a ser organizaciones preparatorias de elecciones, sino que resultan indispensables para el funcionamiento del orden democrático. Sin embargo, esta financiación estatal es sólo “parcial”, porque el principio de la libertad de los partidos políticos se vulneraría, si mediante la financiación pública, se cubrieran todas las necesidades de los partidos.
2. Regulaciones de las ayudas privadas.
Todas las legislaciones contienen reglas exhaustivas que procuran prevenir los vicios que pudieran derivarse de las practicas ilícitas en materia de financiamiento privado. Casi todas contienen limitaciones a donantes, montos de donaciones, calidad de los receptores de los aportes y prueba de los mismos.
En la legislación francesa, las donaciones privadas están sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que cabe mencionar, el que sean efectuadas por personas debidamente identificadas; que se recauden a través de una asociación de financiación electoral o un apoderado financiero; que no superen un límite preestablecido que, en el caso de elecciones de Presidente de la República y de diputados, es de 20 mil francos para una persona física y 50 mil para una persona jurídica.
Además, se plantean límites al importe global de las donaciones a candidatos, no pudiendo ser superiores al 20% de los gastos autorizados, siempre que el monto de gastos sea igual o mayor de 100 mil francos. También hay límites para donaciones hechas por personas jurídicas a un mismo partido o agrupación política en un mismo año, para campañas electorales, ya que no pueden sobrepasar el 25% del total de sus recursos según las cuentas del último año o el 2,5% del monto total de créditos inscritos en la ley de Finanzas.
Sin perjuicio de ello, se plantean limitaciones y exigencias a donaciones, como que aquellas donaciones de más de 1.000 francos otorgadas a un candidato, deben desembolsarse mediante talón bancario y que debe otorgarse recibo de la donación en el caso de donaciones superiores a los 20 mil francos efectuadas por personas físicas.
Adicionalmente existe una lista de donaciones prohibidas de acuerdo a la calidad del donante como, v.gr., las efectuadas por personas jurídicas de derecho público o de derecho privado cuyo capital mayoritario pertenezca a una o más de derecho público, las realizadas por casinos, círculos o casas de juego y las ayudas materiales, contribuciones o gastos hechos por Estados extranjeros o personas jurídicas de derecho extranjero.
Otros ordenamientos se refieren a cuestiones similares a las ya abordadas en la legislación francesa. A modo de ejemplo, en la española las donaciones efectuadas por personas naturales o jurídicas están limitadas a 1 millón de pesetas en cuentas abiertas de un mismo partido, federación, coalición o agrupación. Además, se prohíben las provenientes de cualquier Administración o Corporación Pública, organismo autónomo o entidad paraestatal, de las empresas del sector público cuya titularidad pertenezca al Estado. También se prohíben los aportes de las Comunidades Autónomas, provincias y Municipios, aquellas provenientes de las empresas de economía mixta, así como de aquellas empresas con contrato vigente y que prestan servicios o realizan suministros u obras para algunas de las Administraciones Públicas. Finalmente, están prohibidas las donaciones realizadas por entidades o personas extranjeras, con la excepción de las emanadas de los órganos de las Comunidades Europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo y en elecciones municipales.
Lo mismo puede encontrarse en Estados Unidos, donde hay límites a los aportes individuales, de comités de acción política de partidos políticos o del propio candidato. En el caso de la legislación alemana, la ley de Partidos prohíbe, por ejemplo, las donaciones efectuadas por fundaciones políticas, las de corporaciones, asociaciones de personas y masas patrimoniales que están exclusiva y directamente destinadas a fines de utilidad pública; los donativos de donantes no identificables que excedan individualmente de 1.000 DM y los hechos “visiblemente con expectativas de determinadas ventajas económicas o políticas”.
3. Determinación, límites y reajustes de los gastos electorales.
Las legislaciones consultadas contemplan interesantes sistemas de determinación y límite de gastos electorales, así como de reajuste de los mismos. Los contiene la legislación inglesa, que instituye un límite para los candidatos a elecciones parlamentarias y locales, ascendiente a una cantidad por cada inscripción en el censo electoral empleada en las elecciones. Incluso, se ha llegado a establecer una limitación para los gastos personales del candidato que se hayan efectuado con motivo u ocasión de las elecciones o a título incidental. Estos no pueden sobrepasar las 600 libras y el exceso debe ser pagado por el representante electoral.
En la ley francesa, si se trata de elecciones a Presidente de la República, los límites máximos son de 120 millones de francos por candidato a elecciones y de 160 millones si se presentan a segunda vuelta.
Respecto de las elecciones a diputados, el límite se redujo en 1993 de 500 mil a 250 mil francos, aumentándose en un franco por cada habitante de la circunscripción. La cuantía del límite máximo se determina en función del número de habitantes de la circunscripción electoral, asignándosele un límite máximo por habitante en gastos electorales, según la elección de que se trate. Así, en una circunscripción de hasta 15 mil habitantes, cada uno de ellos puede gastar 11 francos en elección de Concejales, 6 en elecciones de Consejeros Generales y 5 en elecciones de diputados generales; mientras que en una de más de 250 mil habitantes, los límites son de 5, 3 y 2 respectivamente.
En la legislación de España, para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de las Cámaras, el límite de gastos resulta de la operación de multiplicar por 25 pesetas el número de habitantes correspondiente a la población con derecho a sufragio de las circunscripciones donde presente candidato el partido, federación, coalición o agrupación. Esta cantidad se ve incrementada en razón de 20 millones de pesetas por cada circunscripción donde estas entidades presenten candidatos. Tratándose de elecciones municipales, el factor a multiplicar pasa de 25 pesetas a 15 y los 20 millones enunciados constituyen una cantidad que incrementa el límite de gastos cuando los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones concurren a por lo menos el 50% de las elecciones de los municipios por provincia y haya obtenido igual porcentaje de representación.
Una cuestión que tiene especial relevancia en el proyecto que sometemos a vuestro conocimiento, dice relación con la definición de gastos electorales. El artículo 130 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General española define lo que debe entenderse por “gastos electorales”. En dicha enumeración se mezclan los gastos de propaganda por escrito, el arriendo de locales, la remuneración del personal, el transporte, los intereses de créditos recibidos para la campaña electoral devengados hasta la percepción de la subvención. Finaliza la enumeración expresando que se entenderán gastos electorales “cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones”.
Tratándose de los Estados Unidos, debe distinguirse según el tipo de elección a la que se presente el candidato. Si se trata de un candidato a elección presidencial, el límite es de 2 centavos más gastos para vivir. Si se trata de candidatos al Senado, es la suma mayor entre US$ 20.000 más gastos para vivir o 2 centavos por elector más gastos para vivir; y en el caso de candidatos a la Cámara en un Estado con más de un distrito, es de US$ 10.000 más gastos para vivir.
4. Representantes financieros electorales
Una cuestión novedosa planteada por el presente proyecto de ley es la existencia de los representantes o apoderados financieros electorales que se crean para nuestro derecho con el nombre de “administradores electorales”. Se ha estimado conveniente sea porque los candidatos y partidos recibirán fondos públicos o porque acudirán a sus arcas donativos privados que debe haber una cuenta acabada, transparente y efectiva de los fondos recibidos, labor para la cual los candidatos deben contar con personal técnico y responsable que, más allá de la figura del propio candidato o partido, se relacione con los órganos de control.
En esta materia, la legislación comparada entrega regulaciones exhaustivas, señalando atribuciones y funciones con un alto grado de delimitación. En Inglaterra, se establece la figura del “representante electoral”, quien es el encargado de realizar los gastos electorales a nombre del candidato, recibir los dineros facilitados por personas distintas del candidato para tales gastos y de hacer todos los pagos, adelantos o depósitos.
Está, asimismo, encargado de realizar ante el funcionario competente una relación, a través de un formulario que contiene la declaración de los candidatos, de los pagos efectuados con todas sus facturas y recibos, así como todas las demás indicaciones del formulario correspondiente, v.gr. gastos personales efectuados, reclamaciones de pagos cuestionadas o impugnadas, los dineros, avales o equivalentes en dinero recibidos por el candidato o su representante.
En Francia y desde el año que precede al primer día del mes en que se celebren las elecciones o desde el acontecimiento que haga necesarias las elecciones, si estas son anticipadas, los candidatos no pueden recaudar fondos sino por medio de personas jurídicas denominadas “Asociaciones de Financiación electoral”, o bien, a través de personas naturales llamadas “Apoderados Financieros”. Su función es la de servir de intermediarios para la recolección de fondos y para abonar los gastos de la campaña electoral del candidato que hubiere recurrido a ellos, con la excepción de las fianzas y de los gastos que correspondan a los partidos y agrupaciones políticas.
La legislación francesa, quizás la más profunda en este sentido, aborda además el nombramiento, funcionamiento, disolución y cesación de las asociaciones y apoderados, y constituye un aporte de singular interés en la consideración del presente proyecto.
En el contexto de la legislación española sobre el tema, toda candidatura debe contar con un administrador electoral responsable de sus ingresos y gastos electorales y de su contabilidad. Este administrador debe ser común para las candidaturas de un mismo partido, coalición o federación presentes en la misma provincia. Son designados por escrito ante la Junta Electoral Provincial correspondiente, por los representantes de las candidaturas en el acto de presentación de ellas. Las Juntas Electorales Provinciales deben comunicar la designación ante la Junta Electoral Central.
Existiendo candidaturas de partidos o federaciones en más de una provincia, debe existir un administrador general que supervigile a los administradores de candidatura con las mismas funciones de éstos en torno a ingresos, gastos y contabilidad. Ellos son designados por escrito ante la Junta Electoral Central por los representantes generales de los partidos, federaciones o coaliciones antes del undécimo día anterior a la convocatoria de elecciones. Ese escrito debe contener la aceptación del encargo de la persona nombrada.
Finalmente, la legislación de Estados Unidos concibió una Primera Enmienda a la Federal Election Campaing Act de 1974, estableciendo el sistema del “agente electoral”, designado por el candidato o el partido como el responsable financiero de la campaña.
8. Obligaciones.
No pueden dejar de mencionarse las obligaciones de candidatos y personalidades políticas y órganos de control que contemplan los derechos extranjeros.
Los candidatos ingleses deben presentar las relaciones completas de gastos electorales, acompañados de una declaración al respecto, seguida de su depósito en un lugar conveniente designado por un funcionario competente. Estas deben estar disponibles para su inspección por cualquier persona y el funcionario, previo pago de los derechos que corresponda, debe entregar copia de las mismas si se les solicitan.
La cuestión se rigidiza en mayor medida en Francia, donde los candidatos a Presidente de la República , a miembros del Parlamento, miembros del Gobierno y titulares de la residencia del Consejo Regional, de la Asamblea de Córcega, o de algún Órgano Ejecutivo de un territorio de ultramar, deben presentar sendas declaraciones patrimoniales. Los primeros, es decir, candidatos a Presidente de la República , deben entregar dos declaraciones patrimoniales ante el Consejo Constitucional, la última de las cuales debe presentarse como máximo hasta un mes antes de la expiración de su mandato, si resultan elegidas. De esta obligación no se exceptúan ni siquiera quienes hubiesen dimitido del cargo, estando éstos obligados a presentar la última declaración dentro del mes siguiente a la dimisión.
Los segundos, esto es, los diputados, también deben presentar dos declaraciones patrimoniales. La primera debe hacerse ante la Mesa de la Asamblea Nacional y debe ser “exacta y sincera”, y debe contener la totalidad de sus bienes propios y los que pertenezcan a la comunidad de gananciales. Esta declaración tiene el carácter de “confidencial”. La segunda declaración, al igual que en el caso anterior, debe presentarse en el plazo máximo de un mes antes de la expiración del mandato o dentro de los 15 días siguientes a la terminación de funciones en el caso de disolución de la Asamblea Nacional o cese del mandato del diputado por causa distinta a la muerte.
Se mantiene la obligación de presentar las cuentas de campaña para los candidatos a la Presidencia de la República, con los anexos requeridos, al Consejo Constitucional dentro de los 2 meses siguientes a la vuelta en que se haya proclamado el candidato electo.
Los candidatos a diputados, por su parte, deben llevar cuentas específicas de campaña y del conjunto de los ingresos percibidos y gastos efectuados en los tres meses anteriores a las elecciones. Estas cuentas se publican en el “Boletín Oficial” de la República Francesa y se transmiten a la Mesa de la Asamblea Nacional y al Consejo Constitucional o a alguna autoridad judicial que lo pidiese. Se deben entregar cuentas dentro de los 30 días siguientes de la votación por parte de los candidatos presentes en la 1ª vuelta electoral. Estas se presentan en la prefectura correspondiente por medio de un contable colegiado, acompañando justificante de sus ingresos y todo documento susceptible de determinar el importe de los gastos pagados o comprometidos.
Existe sanción de inelegibilidad durante un año para aquellos candidatos a la Presidencia de la República que no hubiesen entregado sus cuentas de campaña dentro de los dos meses siguientes a la votación. Lo mismo sucede respecto de aquellos cuyas cuentas de campaña hayan sido rechazadas justificadamente y de aquellos que se excediesen del límite máximo de gastos electorales.
También existe sanción de inelegibilidad por un año para aquel candidato a diputado que no hubiese presentado alguna de las declaraciones patrimoniales a las que está obligado.
En España es posible apreciar la profundidad de las atribuciones que se conceden a los órganos encargados de fiscalizar estos procesos. De acuerdo al artículo 132 de la ley Orgánica de Régimen Electoral General, corresponde a las Juntas Electorales Central y provinciales “velar por el cumplimiento de las normas establecidas” en la ley electoral. Para tal efecto, pueden recabar de las entidades bancarias y Cajas de ahorro el estado de las cuentas electorales, y el número e identidad de los depositantes.
Además, existe un Tribunal de Cuentas, ante el cual los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones deben presentar contabilidad detallada y documentada de ingresos y gastos electorales, e informar las entidades financieras que concedan crédito a los partidos y las empresas que hubieren facturado a los mismos gastos electorales superiores al millón de pesetas.
En la legislación de Estados Unidos se regula la entrega de informes detallados de ingresos y gastos, expresándose que deben efectuarla todos los candidatos a cargo federal y los comités políticos que funcionen en elecciones federales.
Dichas rendiciones deben contener la totalidad del dinero en efectivo disponible, las contribuciones recibidas, transferencias efectuadas, préstamos contratados, descuentos, ingresos por reparto de dividendos e intereses, así como la indicación de las personas que hubieren hecho o a las que se hubiere hecho donaciones superiores a US$ 200 al año. Se deben entregar durante todo el año anterior a las elecciones y cada trimestre por los comités principales de los candidatos. Las donaciones recibidas en los últimos 15 días de campaña deben informarse en las 48 horas de recibidas.
VII. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto que presentamos tiene por propósito regular de un modo acabado los sistemas de financiamiento de campañas electorales, procurando que todos los candidatos y partidos participen en los actos electorales en un mínimo pie de igualdad y que aquellos que cuenten con una menor posibilidad económica de acceder a la adhesión ciudadana, puedan dar a conocer sus proposiciones.
En particular, sus objetivos son los siguientes:
1. En primer lugar, tiene por propósito fijar montos máximos de gastos en campañas electorales para garantizar la igualdad de oportunidades económicas de los candidatos y partidos políticos que los postulen.
2. Enseguida, busca regular el financiamiento privado de las campañas electorales, con el objeto de conocer los orígenes de esos recursos, para garantizar la independencia de quienes ocupen dichos cargos.
3. En tercer lugar, busca externalizar la administración de los recursos y gastos electorales, encargando de ello a las personas naturales que designen los candidatos y partidos políticos, a fin de establecer claramente las responsabilidades en el cumplimiento de la ley.
4. En cuarto lugar, busca crear un completo sistema de control externo del origen de los recursos empleados en las campañas electorales y de los gastos de propaganda para garantizar la transparencia y evitar la corrupción.
5. Finalmente, pretende consagrar un mecanismo de publicidad de los recursos y gastos con el mismo fin señalado en el número precedente para garantizar la transparencia.
VIII. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.
El presente proyecto no es una iniciativa nueva sobre la materia. Conviene pasar revista a las iniciativas auspiciadas por parlamentarios que han tenido por objeto la regulación del financiamiento de los partidos políticos en campañas electorales.
1. Proyecto de ley que modifica la ley de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo limitaciones en cuanto a gastos que efectúen candidatos, y adopta medidas para la transparencia del proceso electoral (Boletín Nº 1146-07).
Este proyecto fue iniciado por moción de los diputados Sres. Sergio Elgueta y Andrés Aylwin, de enero de 1994.
Los autores de la moción pretendían establecer límites a los gastos que puedan efectuar los candidatos en elecciones a concejales, parlamentarios o a Presidente de la República . La fórmula ocupada no difiere de la que se presenta en el proyecto que se sujeta a conocimiento del Congreso Nacional, ya que dicho límite se establece sobre la base del número de electores del distrito o circunscripción que se pretende representar multiplicado por 0,02 UF.
En otro orden de materias, se disponía la obligación para los candidatos de llevar libro de entradas y gastos, que deberían incluir todos los ingresos y egresos de su campaña electoral. Estos documentos podían ser examinados por el servicio de impuestos internos, el que podría revisar, asimismo, los antecedentes o inversiones que parecieren establecer un gasto superior al límite.
Enseguida, esta iniciativa de ley pretendía limitar los montos de las donaciones electorales y someter dichas donaciones a ciertas exigencias. En este sentido, se consignaba la obligación de efectuar las donaciones a candidatos por medio de cheques nominativos girados a nombre de este último y la prohibición de efectuar donaciones a los candidatos a parlamentarios por cantidades que superasen las 50 UF. Para los efectos anteriores, este proyecto de ley consideraba como donación todo servicio gratuito efectuados por empresas y, en general, todo pago hecho por éstas para efectuar trabajos electorales.
Finalmente, el proyecto establecía sanciones y tipos penales en relación con la infracción de las normas vinculadas a la transparencia del proceso electoral.
El proyecto de ley fue analizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados entre los meses de julio de 1994 y octubre de 1995. En dichas oportunidades, se le efectuaron importantes adiciones y modificaciones, dentro de las que cabe mencionar las limitaciones a las donaciones para los candidatos a concejales; la imposibilidad de que los candidatos efectuasen a contar de su inscripción oficial, donaciones a organizaciones o a personas naturales; la presunción de que los gastos superiores a los límites legales constituían renta afecta a tributaciones, etc.
La iniciativa del análisis fue analizada por la sala de la Cámara de Diputados el martes 16 de enero de 1996 y lamentablemente fue rechazado por no haberse reunido el quórum requerido.
2. Proyecto de ley que modifica la ley de votaciones y escrutinios estableciendo limitaciones en cuanto a gastos que efectúen candidatos y adopta medidas para la transparencia del proceso electoral (boletín Nº 2213-06).
Este proyecto es una moción de los diputados Bustos , Huenchumilla , Elgueta , Luksic , Gutenberg Martínez , Andrés Palma . Tiene un texto idéntico al proyecto de ley Boletín Nº 2220-06, presentado por los mismos diputados para informe en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara desde el 18.08.98.
Actualmente, se encuentra en primer trámite constitucional, para informe en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
En cuanto a su contenido, el proyecto incorpora un párrafo 7º al Título I de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, con los siguientes contenidos:
a) Se establece que los candidatos a senador o diputado no podrán gastar más de 0,02 UTM por cada elector de la circunscripción o del Distrito que pretenda representar.
La cantidad se eleva al doble (0,04 U.T.M.) en el caso de candidatos a Presidente de la República y se restringe a la mitad en el caso de candidatos a concejal.
En el caso de gastos superiores al límite se les supone afecto a la ley de la Renta y que el exceso ha sido originado en donaciones objeto del tributo de esta ley.
b) Los candidatos a Presidente de la República , senadores, diputados y concejales deberán llevar un libro de entradas y gastos que incluirán todos los ingresos y egresos de su campaña. Deben realizarse las anotaciones en el plazo de 10 días hábiles desde que los respectivos ingresos y egresos se produjeron.
La ocultación o simulación indebida, a través del libro, de un gasto que, considerado en su conjunto “incidiere en un resultado que significa un resultado indebido”, se sanciona con multa, así como el incumplimiento oportuno de llevar libros y rendir informes.
c) Se establece la obligación para los candidatos señalados en el número anterior de designar un “encargado financiero de la campaña”, quien deberá hacerse cargo del mantenimiento del libro y la documentación contable.
d) Prohibición de donaciones a candidatos a concejales.
Estos no podrán recibir donaciones superiores a las 25 U.T.M., si el donante es persona natural, o a 80 U.T.M., si es persona jurídica.
e) Las donaciones de una misma persona natural o jurídica a diversos candidatos en un mismo año calendario no pueden superar las 75 U.T.M. (persona natural) y 240 U.T.M. (persona jurídica).
f) Las cifras anteriores se elevan al duplo o al triple en caso de candidatos a diputados o senadores, y a Presidente de la República.
g) El exceso de donaciones se sanciona con multa, idéntica a la de los candidatos que reciban más de lo que se puede recibir.
h) Desde la inscripción oficial, los candidatos no pueden realizar erogaciones o donaciones a organizaciones o personas naturales o jurídicas, incluido el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo.
i) Los candidatos deben rendir informe detallado de las entradas y gastos de la campaña, a los 30 días de finalizado el proceso electoral. Debe hacerse mediante declaración jurada ante notario, en triplicado. Una copia es para el candidato; otra para el notario y otra para el Servicio Electoral.
En cuanto a sus fundamentos, los autores de la moción advierten que los procedimientos de marketing electoral pueden destruir el régimen democrático.
Se hace referencia a los altísimos montos involucrados en una campaña electoral, lo que irían desde los US$ 2.000.000 y US$ 500.000, en el caso de candidatos a diputados.
Debe averiguarse la procedencia de estas cantidades y en qué medida provienen de sectores financieros o poderes fácticos.
Se pretende eliminar estas distorsiones que atentan contra la igualdad de acceso de todos los sectores a los cargos de representación popular y todos los sistemas subliminales de cohecho, manipulación, engaño y fuerza en la decisión del voto.
Recuerdan los autores de la moción que existió un proyecto similar presentado por los diputados Aylwin y Elgueta , que no alcanzó el quórum constitucional para ser votado por la sala el 25.10.1995 (Boletín Nº 1146-07).
Como puede apreciarse, entonces, el presente proyecto no es una materia desconocida para el Congreso Nacional. La mayoría de las normas contempladas en las mociones referidas, sino todas, han sido convenientemente recogidas en el proyecto de ley que se presenta a vuestro conocimiento. Las directrices y fundamentos, las motivaciones y los antecedentes de aquéllas no difieren sustancialmente de las que en esta ocasión se presenta.
Por consiguiente, el hecho mismo de que ésta sea una materia debatida por el Congreso Nacional hace presumir, con cierto grado de fundamento, de que podía existir una predisposición positiva hacia un análisis con altura de miras, moderno, con la celeridad que requiere la regulación de un asunto que ya lleva años siendo abordado por otros ordenamientos, pero a la vez profundo y documentado, toda vez que, como se ha visto, en el proyecto se recogen avances ya experimentados en otras legislaciones y porque la situación de hecho que se pretende regular es extremadamente delicada como para dar una solución simplista, superficial o ligera.
IX. SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS.
1. Primera definición.
El proyecto se orienta desde sus preceptos iniciales a la regulación de los aspectos que aparecen más deficitarios de control y de una normativa adecuada. De ahí que sus primeras disposiciones apuntan a establecer lo que debe entenderse por “gasto electoral” y las normas sobre transparencia y control.
Esta ordenación de técnica legislativa demuestra que la tendencia del Ejecutivo se dirige a poner límite en las cantidades que los partidos invierten en uno de sus cometidos principales, como son, las elecciones.
2. Gastos Electorales.
El proyecto define a los gastos electorales como los que realicen los candidatos y los partidos políticos en cumplimiento de las obligaciones contraídas para propaganda electoral.
La ley establece las acciones que constituyen propaganda electoral y dispone que las que dan derecho a la subvención, son la que se efectúan en la forma y oportunidades que establece la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios o la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, según se trate de elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales. Es decir, debe tratarse de la propaganda electoral permitida por la ley y realizada dentro de los períodos legales de campaña.
Debemos aclarar, en este sentido, de que el proyecto no tiene por objeto abrogar, sino coexistir con la normativa que fue analizada anteriormente y que regula (precariamente, por cierto) el financiamiento general a los partidos políticos. Sin perjuicio de las imperfecciones, se ha visto que las restricciones puestas por la ley Nº 18.603, necesitan de un debate más global y omnicomprensivo que este, menos proclive a esta cuestión por razones de oportunidad manifiesta y, a la vez, se deben a otras visiones más radicales que el mero hecho del financiamiento.
El artículo 2º, a su vez, señala los tipos de gastos electorales, incluyendo aquellas deudas que el proyecto considera tales. Estos gastos aparecen definidos de una manera similar a la que puede encontrarse en la legislación española, esto es, se ha optado por una enumeración no taxativa que involucre todas las manifestaciones de propaganda y publicidad con fines electorales que pudieren efectuarse en la forma y oportunidades prevenidas por la ley.
Sin perjuicio de la amplitud, los gastos electorales son definidos por dos factores complementarios: el objetivo propagandístico, o sea, de ganar adeptos a la causa de un candidato y el que estos gastos se efectúen, en lo posible, en un período coetáneo a los actos eleccionarios en que quienes los efectúan intervienen.
3. Límites al gasto electoral.
Se ha estimado indispensable establecer un límite para los gastos electorales, toda vez que uno de los objetivos principales del proyecto es asegurar una cierta igualdad a las actuaciones de los candidatos y los partidos al momento de realizar acciones de propaganda electoral. Resulta legítimo para los ciudadanos y para sus eventuales representantes, que todos quienes concurren a la arena política puedan mantener una equiparidad básica para que todos los interesados en la cosa pública puedan controvertir las aseveraciones que otro pueda hacer y eliminar la mayor cantidad de desigualdades que pudieren afectar los resultados electorales.
Como señala cierta doctrina, que compartimos, la aspiración de toda democracia es ser un “sucedáneo” de un “discurso moral” absolutamente justo en donde todos, sin restricciones, puedan participar proponiendo principios valorativos capaces de guiar las acciones de la comunidad y que puedan obtener el consenso de los demás.
De no existir este límite, retrocederíamos a una situación de desregulación y desequilibrio, donde los candidatos o partidos económicamente poderosos tienen mayores y mejores oportunidades de convencer y persuadir la conciencia ciudadana. A la vez, el no establecimiento de límites de gastos hace ilusoria y carente de sentido cualquier regulación razonablemente restrictiva del financiamiento privado.
De acuerdo al proyecto, en elecciones parlamentarias y municipales, los gastos electorales están sujetos al límite que resulte de multiplicar por 0.04 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en la correspondiente circunscripción, distrito, comuna o agrupación de comunas.
En las elecciones presidenciales, debe distinguirse entre primera y segunda vuelta. En el primer caso, el límite de gastos electorales es la cantidad que resulte de multiplicar por 0.04 UF el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país. En la segunda vuelta contemplada en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución Política, el límite del gasto electoral será la cantidad que resulte de multiplicar por 0.01 el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país.
Los partidos políticos están sometidos igualmente a un límite, que es la mitad de la cantidad que resulte de sumar el total de gastos electorales permitidos a los candidatos que llevan en la elección correspondiente, incluidos los independientes que vayan en pacto o subpacto con él.
El exceso del límite de gasto hace incurrir en una sanción pecuniaria, a beneficio fiscal, equivalente al quíntuple del exceso que se hubiese incurrido. Dados los montos que suelen utilizarse en las campañas electorales, esta sanción aparece como un disuasivo proporcionado y relevante para los excesos en que se incurre.
4. Regulación del Financiamiento Privado
El proyecto destina el Título II a establecer limitaciones a las donaciones a partidos políticos y a candidatos que se realicen para efectos electorales.
El inciso 2º del artículo 8º de la iniciativa las define como los aportes en dinero o especies, efectuado por personas naturales o jurídicas de derecho privado a los partidos políticos y candidatos, destinados, directa e indirectamente al financiamiento de gastos electorales.
Las limitaciones que el Título consigna son las razonables para poner coto a excesos o encubrimientos de desvíos de fondos:
a) Se consigna la prohibición de donaciones anónimas por sobre el 5% del límite de gasto.
b) Se establece la prohibición de donación proveniente de personas jurídicas o naturales extranjeras, en consonancia de la prohibición establecida para el financiamiento de origen extranjero para los partidos políticos, establecida en la ley Nº 18.603.
c) Se manifiesta la prohibición de donaciones para los órganos de la Administración del Estado, empresas del Estado o instituciones o entidades donde éste tenga una participación superior al 10% del capital social, incluyendo a las que reciban subvenciones o aportes estatales, las que contraten con el Estado o las que se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas ante los organismos señalados.
d) Se hace presente la prohibición de donaciones a las personas jurídicas, sin fines de lucro.
e) Se consigna la prohibición de que una misma persona pueda donar a un candidato o partido cantidades que superen ciertos montos.
f) Se exige que las donaciones que superen un monto equivalente a las 10 U.T.M. deban efectuarse mediante cheque u otro instrumento financiero que establezca la identidad del donante.
g) En el caso de donaciones de personas jurídicas con fines de lucro, se requiere que los órganos de administración lo decidan expresamente.
5. Administradores Electorales
El proyecto también regula la administración de ingresos y gastos electorales, a través de la institución de los denominados “Administradores Electorales”, “Administradores Regional Electoral” y “Administradores Generales Electorales”. Estos son mandatarios que actúan técnicamente en el control de los ingresos y gastos electorales.
Los primeros son los encargados de la administración de los ingresos y gastos de los candidatos; son nombrados por éstos. Los segundos realizan funciones similares respecto de los partidos políticos en cada una de las regiones en que presenten candidatos y los terceros son designados por las correspondientes directivas centrales de los partidos, con funciones y atribuciones parecidas a las que se establecen para los encargados mencionados.
A diferencia de lo que ocurre en la legislación francesa sobre el punto, sólo las personas naturales pueden ocupar estas funciones, aunque en el caso de los Administradores Electorales, una misma persona puede ser designada por más de un candidato.
Los administradores deben abrir una cuenta corriente bancaria especial para cada candidato o partido político a su cargo, según el caso, destinada en forma exclusiva al depósito y giro de recursos electorales en dinero y pagos para el cumplimiento de gastos electorales.
Además, estarán encargados de llevar la contabilidad, debiendo conservar los respaldos de todos los ingresos y gastos. En este sentido, debe señalarse que toda candidatura y cada partido político que presente candidatos a las elecciones, deberá llevar contabilidad de ingresos y gastos. Sólo en las elecciones municipales de las comunas que tengan 10.000 o menos electores, se permite el uso de una contabilidad simplificada.
Asimismo, los administradores electorales deben remitir la información contable al Administrador Electoral General y este último al Director del Servicio Electoral, para los efectos de determinar el cumplimiento de las normas de la presente ley y las posibilidades de sanción.
6. Cuentas corrientes bancarias para fines electorales.
Correlato lógico de lo anterior es la regulación de la cuenta corriente bancaria, destinada únicamente a cuestiones electorales, y los procedimientos de control, fruto de los cuales existen la obligación de los encargados electorales ya referidos, de presentar una cuenta general de ingresos y gastos electorales, con el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos, convenientemente respaldados y documentados y las amplias facultades de revisión de los antedichos instrumentos que se hacen radicar en el Director del Servicio Electoral .
7. Medidas de publicidad
Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto contempla múltiples medidas de publicidad e información a la ciudadanía. Merecen citarse al respecto la publicación del número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país, regiones, circunscripciones y distritos electorales y comunas o agrupación de comunas, de la nómina de Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales de cada candidato y de cada partido político, la que debe ser fijada en las oficinas del Servicio Electoral.
Además, el establecimiento de la publicidad absoluta respecto de las cuentas de ingresos y gastos electorales presentadas al Servicio Electoral y la obligación que pesa sobre los partidos políticos en orden a publicar, en un diario de circulación nacional, de un balance general de los ingresos y gastos de la campaña electoral, que deberá contener el monto total del gasto en que incurrió el partido político, el monto total de los ingresos recibidos por el partido político, individualizando los cinco aportes más cuantiosos, y el monto global de los ingresos y gastos electorales correspondiente a los candidatos de cada partido.
8. Sanciones.
Para finalizar esta etapa, se establecen sanciones a quienes infrinjan las disposiciones de la ley, sin perjuicio de las denuncias a la justicia de los hechos que revistan caracteres de delito.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DEL GASTO ELECTORAL
Párrafo 1º
Del Objeto de la Ley y de la definición de gasto electoral
Artículo 1º.- La presente ley establece un sistema de regulación de los gastos que realizan los partidos políticos y candidatos, como consecuencia de campañas electorales, que se efectúan en la forma y oportunidades establecidas en la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y en el D.F.L. Nº 2, de 1999, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por gasto electoral todo desembolso en que se incurra para el financiamiento de los equipos, oficinas y servicios de campaña electoral de los partidos políticos y candidatos.
Especialmente se considerarán gastos electorales los que se efectúen por los siguientes conceptos:
a) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a promover el voto para un candidato o candidatos determinados, cualquiera sea la forma y medio que se utilice.
b) Arrendamiento de inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de campaña y a la celebración de actos de proselitismo electoral.
c) Pagos efectuados al personal que presta servicios a las candidaturas.
d) Gastos realizados en movilización y transporte para el desplazamiento de los candidatos, de los dirigentes de los partidos, y del personal al servicio de la candidatura.
e) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha en que se de cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 29.
f) Los gastos necesarios para la utilización de los medios de comunicación de titularidad privada para la campaña electoral.
Artículo 3º.- Se presumirá gasto electoral de un partido político el efectuado en el período que va entre la fecha de la declaración de las correspondientes candidaturas y los quince días posteriores a los comicios, en la parte que exceda el promedio del gasto incurrido por el respectivo partido durante los seis meses anteriores al referido período.
Párrafo 2º
De los límites al gasto electoral
Artículo 4º.- Ninguna candidatura a senador, diputado o concejal podrá sobrepasar, por concepto de gastos electorales, la cantidad que resulte de multiplicar por 0,05 Unidades de Fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales en el correspondiente distrito, circunscripción senatorial o comuna.
En el caso de las candidaturas para Presidente de la República , el límite de gastos electorales para la elección a que se refiere el artículo 26 de la Constitución Política de la República, será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por 0,04 Unidades de Fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país. Tratándose de la elección señalada en el inciso segundo del precepto constitucional referido, el límite de gasto electoral será equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar por 0,01 Unidades de Fomento el número de ciudadanos inscritos en los registros electorales del país.
Para dicho efecto, el Servicio Electoral, mediante resolución, establecerá los máximos de gastos permitidos, basándose para ello en el registro electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva.
Artículo 5º.- El límite de gasto electoral que podrán efectuar los partidos políticos será la mitad de lo que resulte de sumar el total de gastos electorales permitidos a sus candidatos, incluidos los independientes que vayan en pacto o subpacto electoral con él.
Artículo 6º.- Para la determinación del exceso de gastos electorales, toda persona podrá presentar denuncias y acompañar antecedentes ante el Director del Servicio Electoral .
Artículo 7º.- El candidato o partido político que exceda el límite de gasto electoral calculado de conformidad a los artículos 4º y 5º será sancionado por el Director del Servicio Electoral con una multa, a beneficio fiscal equivalente al quíntuple del exceso en que hubieren incurrido. Esta multa será aplicada por el Director del Servicio Electoral , siendo reclamable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34.
En todo caso, los partidos políticos serán solidariamente responsables del pago de la multa que afecte a sus candidatos.
TÍTULO II
DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO
Artículo 8º.- Las donaciones a partidos políticos y candidatos para propaganda se sujetarán a las disposiciones de este Título.
Para efectos electorales, constituye donación todo aporte, en dinero o especies, incluyendo el comodato de bienes, efectuado por personas naturales o jurídicas de derecho privado a los partidos políticos y candidatos destinados, directa o indirectamente, al financiamiento de los gastos electorales a que se refiere esta ley.
Las donaciones a partidos políticos y candidatos efectuadas entre la fecha de la declaración de las correspondientes candidaturas y los quince días posteriores a los comicios, se presumirán donaciones para efectos electorales.
Artículo 9º.- Prohíbense las donaciones anónimas cuyo monto total exceda del 5% del límite del gasto electoral, definido en esta ley.
Asimismo, están prohibidas las donaciones provenientes de personas jurídicas y naturales extranjeras, a excepción de las efectuadas por extranjeros con derecho a voto en Chile de conformidad a la Constitución y a la ley.
Artículo 10.- Los partidos políticos y candidatos a elecciones populares no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de los Órganos de la Administración del Estado, de las empresas del Estado, ni de aquellas en que éste, sus empresas, sociedades o instituciones, tengan una participación superior al 10% del capital social.
Se prohíben, asimismo, las donaciones con fines electorales provenientes de toda persona jurídica que reciba subvenciones o aportes del Estado, como asimismo de aquellas que contraten con él o sus órganos la provisión de bienes, la prestación de servicios o la realización de obras, si los montos a que ascendieren los contratos respectivos superasen las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales en el respectivo año calendario o en alguno de los dos años calendario precedentes.
Dicha prohibición afectará también a las personas jurídicas que se encuentren postulando a licitaciones públicas o privadas con algunos de los organismos a que se refieren los incisos precedentes de este artículo. Su incumplimiento significará su eliminación del proceso licitatorio que esté en curso o la terminación anticipada del contrato que se encuentre vigente.
El representante legal de las personas jurídicas que con infracción a lo dispuesto en este artículo, hubiese efectuado donaciones a partidos políticos y/o candidatos, será sancionado con multa del duplo al triplo de la cantidad donada, la que se aplicará por el Juzgado de Policía Local de la comuna correspondiente al domicilio de aquéllas.
Artículo 11.- No podrán efectuar donaciones a partidos políticos y candidatos a elecciones populares, las personas jurídicas de derecho público o privado sin fines de lucro, cualquiera sea el régimen jurídico que les sea aplicable, incluidas las sometidas a la ley Nº 19.526.
Artículo 12.- Ningún partido político o candidato a elección popular podrá recibir de una misma persona, natural o jurídica donaciones directas o indirectas para fines electorales que excedan de 500 o 300 Unidades Tributarias Mensuales, respectivamente, en un año calendario.
Se presumirá legalmente que el pago efectuado directa o indirectamente por terceros, de los gastos electorales a que se refiere el Título I de esta ley, constituye donación para efectos electorales sujetas a las mismas restricciones señaladas en el inciso precedente.
Artículo 13.- Toda donación para efectos electorales que supere el equivalente a 10 Unidades Tributarias Mensuales, deberá efectuarse mediante cheque u otro instrumento financiero en el cual conste la identidad del donante.
Artículo 14.- Estarán liberadas del trámite de insinuación, las donaciones para efectos electorales que se efectúen con arreglo a esta ley.
Artículo 15.- Las donaciones para efectos electorales efectuadas por personas jurídicas con fines de lucro requerirán decisión expresa de las personas que tengan la facultad de administración, adoptada en conformidad a los acuerdos que sobre esta materia haya resuelto previamente el órgano social competente.
Artículo 16.- Las infracciones a las normas del presente Título, cometidas por particulares donantes o por candidatos a partidos políticos y por éstos, serán sancionadas con la multa establecida en el artículo 7º.
TÍTULO III
DEL CONTROL DE LOS INGRESOS Y GASTOS ELECTORALES
Artículo 17.- Las normas de los Párrafos lº, 2º y 3º de este Título serán aplicables a las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales siempre que, tratándose de estas últimas, el número de electores inscritos de la comuna correspondiente sea superior a diez mil. Para este efecto, se estará al registro electoral vigente siete meses antes de la fecha de la elección respectiva, el que deberá constar en una resolución dictada por el Servicio Electoral y publicada en el Diario Oficial.
Párrafo lº
De los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales
Artículo 18.- Todo candidato a Presidente de la República , a senador o a diputado , deberá nombrar un Administrador Electoral. Igual obligación pesará en el caso de candidatos a concejal correspondientes a comunas con más de diez mil electores. Una misma persona puede ser nombrada Administrador Electoral para más de un candidato.
Los Administradores actuarán como mandatarios técnicos en el ejercicio de sus funciones de control de los ingresos y gastos electorales.
La designación del Administrador Electoral deberá efectuarse ante el Director del Servicio Electoral al momento de la declaración de la correspondiente candidatura. En ese mismo acto el Administrador Electoral deberá aceptar el cargo.
Artículo 19.- Las obligaciones del Administrador Electoral serán las siguientes:
a) Abrir una cuenta corriente bancaria especial destinada exclusivamente al depósito y giro de los ingresos en dinero y gastos electorales de cada candidatura a su cargo. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres días siguientes a la publicación de la resolución del Director del Servicio Electoral a que se refiere el artículo 17 inciso primero de la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, y artículo 115 del D.F.L. Nº 2, de 1999, que fija el texto refundido de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
b) Acreditar, dentro de ese mismo plazo, ante el Director del Servicio Electoral, la apertura de una cuenta corriente bancaria especial destinada exclusivamente al depósito y giro de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo.
c) Llevar la contabilidad de los ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo.
d) Remitir la información contable correspondiente al Administrador General Electoral del respectivo partido político, en los casos a los que se refiere el artículo siguiente, dentro del plazo de diez días contado desde la celebración de los comicios.
e) Conservar todos los comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda y de todos los gastos electorales que efectúe cada candidatura a su cargo y remitirlos al Encargado Electoral General para los efectos de la letra d).
Artículo 20.- Todos los partidos políticos que presenten candidaturas en más de una circunscripción senatorial, distrito o comuna, según la elección de que se trate, deberán nombrar un Administrador General Electoral.
El nombramiento del Administrador General Electoral se efectuará por la Directiva Central del partido político correspondiente, aplicándose lo señalado en el inciso 3º del artículo 18.
Artículo 21.- Las obligaciones del Administrador General Electoral son las siguientes:
a) Abrir una cuenta corriente bancaria especial destinada exclusivamente al depósito y giro de los ingresos en dinero y gastos electorales del partido político correspondiente;
b) Acreditar ante el Director del Servicio Electoral la apertura de la cuenta a que se refiere la letra a) precedente;
Las obligaciones de las letras a) y b) deberán cumplirse dentro de los plazos señalados en las letras a) y b) del artículo 19.
c) Remitir al Director del Servicio Electoral la información relativa a los ingresos y gastos electorales del respectivo partido político y de la totalidad de las candidaturas inscritas en representación del respectivo partido político.
d) Llevar la contabilidad de los ingresos y gastos electorales del partido político a su cargo.
e) Conservar todos los comprobantes de los aportes privados, cuando corresponda, y de todos los gastos electorales que efectúe el partido a su cargo, y solicitar a los respectivos Administradores Electorales los de cada candidatura a su cargo.
Artículo 22.- Sólo podrán ser Administradores Electorales y Administradores Generales Electorales, las personas naturales con derecho a sufragio. No podrán ejercer ese cargo quienes sean candidatos en la misma elección.
Artículo 23.- Los Administradores Electorales y los Administradores Generales Electorales cesarán por el solo ministerio de la ley en su calidad de tales, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de las cuentas de la campaña electoral.
Este plazo se prorrogará por igual término en el caso de la segunda vuelta prevista en el inciso 2º del artículo 26 de la Constitución Política.
Artículo 24.- Dentro de los plazos indicados en el artículo anterior, los Administradores deberán comunicar el cierre de la cuenta corriente bancaria para fines electorales al Director del Servicio Electoral.
Artículo 25.- Las nóminas de los Administradores Electorales y de los Administradores Generales Electorales serán exhibidas al público en las oficinas del Servicio Electoral y de sus direcciones regionales.
En caso de fallecimiento o renuncia de un Administrador Electoral o Administrador General Electoral, el candidato o el partido de que se trate deberá nombrar otro en su reemplazo. Si no lo hiciere dentro de los 5 días contados desde la fecha en que tomó conocimiento del fallecimiento o renuncia, sus funciones serán desempeñadas, de pleno derecho y respectivamente, por el Administrador General Electoral y por el Secretario General del partido político correspondiente.
Para materializar el cambio de Administrador en el Banco o Institución Financiera en que se abrió la cuenta corriente respectiva, deberá acompañarse certificado del Servicio de Registro Electoral en que conste la identidad del nuevo Administrador.
Párrafo 2º
De las cuentas corrientes bancarias de campaña electoral
Artículo 26.- Los recursos ingresados en las cuentas corrientes de las campañas electorales serán destinados exclusivamente a sufragar los gastos de las campañas electorales. Ningún otro recurso podrá ingresar a dichas cuentas corrientes.
En todo caso, la cuenta corriente bancaria deberá guardar estricta coherencia con los ingresos y gastos electorales.
Artículo 27.- Sólo podrán girar contra la cuenta corriente bancaria de campaña electoral, el Administrador Electoral, o el Administrador General Electoral, según corresponda, y las personas a quienes aquellos otorguen poder.
Artículo 28.- Respecto de las cuentas bancarias electorales, no le será aplicable al Director del Servicio Electoral el secreto y reserva bancarios a que se refiere el Título XVI del D.F.L. Nº 3, de 1997, que fijó el texto refundido, sistematizado y concordado de la ley General de Bancos.
Artículo 29.- Finalizado el período legal de propaganda electoral, los saldos de las cuentas corrientes bancarias de campaña electoral, podrán ser destinados únicamente a pagar gastos electorales previamente contraídos y debidamente acreditados.
Sin perjuicio de lo anterior, determinado el exceso de gasto electoral en que hubiere incurrido una candidato o un partido político, los fondos de la cuenta corriente bancaria para gastos electorales, serán destinadas al pago de las multas establecidas en los artículo 7º y 16 aun cuando no se hubiesen satisfecho todos los gastos contraídos.
Párrafo 3º
De la presentación y control de la contabilidad electoral
Artículo 30.- Dentro de los cuarenta días siguientes a una elección presidencial, parlamentaria o municipal, los Administradores Generales Electorales deberán presentar al Director del Servicio Electoral una cuenta general de los ingresos y gastos electorales directamente recibidos y efectuados por el respectivo partido político.
Asimismo, y conjuntamente, deberán presentar una cuenta general de los ingresos y gastos electorales de la totalidad de los candidatos inscritos en representación del partido político que lo hubiesen designado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20.
La cuenta general de ingresos y gastos electorales deberá precisar el origen de la totalidad de los ingresos y el destino de todos los gastos de la campaña electoral respectiva.
Cuando resulte inaplicable lo establecido en el inciso primero, ya sea por tratarse de candidatos independientes o de la elección presidencial o de la participación electoral de sólo un candidato de un determinado partido político, corresponderá al Administrador Electoral correspondiente presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales del candidato a su cargo.
En los casos en que se establezca la existencia de gastos electorales no declarados, corresponderá al Director del Servicio Electoral determinar la cuantía de los mismos para los efectos de lo señalado en el artículo 4º. Lo anterior no obstará a la aplicación, si procediera, de lo dispuesto en los artículos 32 a 35.
Artículo 31.- El Director del Servicio Electoral deberá pronunciarse respecto de la cuenta de ingresos y gastos electorales dentro de los treinta días siguientes de vencido el plazo a que se refiere el inciso primero del artículo anterior. A falta de pronunciamiento oportuno, aquella se entenderá aprobada.
Artículo 32.- Si el Director del Servicio Electoral estimare del caso observar la cuenta presentada, requerirá del Administrador General Electoral, o Administrador Electoral, según corresponda, las aclaraciones, antecedentes o correcciones pertinentes, quien deberá evacuar su respuesta dentro del plazo de quinto día.
El Director del Servicio Electoral rechazará la cuenta que, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, finalmente no se ajustare a los documentos y comprobantes acompañados, o contuviera errores u omisiones graves.
Artículo 33.- El rechazo de la cuenta formulado por el Director del Servicio Electoral en la forma establecida en el artículo anterior, será sancionado con una multa de monto equivalente a la establecida en el artículo 7º, la que se aplicará sobre el gasto que se haya rechazado o no haya sido justificado.
Las resoluciones del Director del Servicio Electoral a que se refiere este artículo se notificarán mediante carta certificada a los interesados.
Artículo 34.- De la resolución del Director del Servicio Electoral que rechace la cuenta de ingresos y gastos electorales, podrá reclamarse ante el Tribunal Calificador de Elecciones, dentro de quinto día hábil de notificado el partido político o candidato cuya cuenta hubiese sido rechazada. Este Tribunal fallará dentro del término de diez días contado desde la interposición del reclamo y su resolución se notificará a los interesados y al Director del Servicio Electoral .
Artículo 35.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 41, si el Director del Servicio Electoral advirtiere indicios de haberse cometido algún delito en la presentación de las cuentas o antecedentes por parte de los Administradores Electorales, deberá efectuar la denuncia correspondiente.
Artículo 36.- Tratándose de la segunda vuelta contemplada en el inciso 2º del artículo 26 de la Constitución Política, los plazos establecidos en los artículos 30 y 31 empezarán a contarse desde la realización de la segunda elección presidencial.
Párrafo 4º
Del régimen simplificado de contabilidad electoral
Artículo 37.- En los casos de las elecciones municipales correspondientes a comunas cuyo número de electores inscritos sea igual o inferior a 10.000, se aplicará el régimen de contabilidad electoral simplificado a que se refiere este Párrafo.
Artículo 38.- Dentro de los veinte días siguientes al de verificada la elección municipal, todo candidato al Concejo Comunal de las comunas a que se refiere el artículo anterior, deberá presentar ante el respectivo Director Regional del Servicio Electoral una declaración jurada ante notario u oficial del Registro Civil acerca de la totalidad de sus ingresos y gastos electorales.
La declaración jurada simple a que se refiere este artículo, se efectuará por medio de un formulario único impreso elaborado por el Servicio Electoral.
El formulario, en el que se precisarán los ítems de ingreso y gasto electoral sobre los que deberá declarar cada candidato, será puesto a disposición de éstos en las Direcciones Regionales del Servicio Electoral a partir de la inscripción de las correspondientes candidaturas.
Artículo 39.- Transcurridos treinta días contados desde del vencimiento del plazo a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, la declaración jurada sobre ingresos y gastos electorales se entenderá aprobada si no fuese objeto de observaciones por parte del Director del Servicio Electoral .
En caso contrario, el candidato cuya declaración fuere observada, deberá presentar las aclaraciones, antecedentes o correcciones pertinentes, aplicándose al respecto lo dispuesto en los artículos 32 y 33. Lo señalado en tales disposiciones respecto de los administradores electorales, se entenderá referido directamente al candidato.
TÍTULO IV
DE LA PUBLICIDAD
Artículo 40.- Las cuentas de los ingresos y gastos electorales presentadas ante el Director del Servicio Electoral , serán públicas, y cualquier persona podrá obtener, a su costa, copia de ellas.
Artículo 41.- Los partidos políticos que hubiesen presentado candidaturas a las elecciones presidenciales, parlamentarias o municipales deberán publicar en un diario de circulación nacional un balance general de los ingresos y gastos de la campaña electoral.
Tal publicación se hará a costa del respectivo partido, deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contados desde la aprobación de dichas cuentas. y contendrá, como mínimo, las siguientes menciones:
a) El monto total del gasto electoral en que hubiese incurrido directamente el partido político.
b) El monto total de los ingresos de campaña percibidos por el partido, individualizando los cinco aportes más cuantiosos
c) En la misma publicación se mencionará el monto global de los ingresos y gastos electorales correspondientes a los candidatos de cada partido.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigencia para la primera elección de Presidente de la República , o de senadores o diputados, que se realice con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial.
Artículo Segundo.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley para el Servicio Electoral, se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en el presupuesto del año respectivo. Si tales recursos no fueren suficientes, el Ministerio de Hacienda podrá suplementarlo con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la Partida Tesoro Público del presupuesto del sector público del mismo año.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN , Ministro de Hacienda ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro del Interior ”.
INFORME FINANCIERO PROYECTO DE LEY SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL. Boletín N° 2499-06.
Esta iniciativa establece normas que contribuirán a perfeccionar el sistema democrático, proponiendo disposiciones sobre los dineros privados que favorecen a la actividad política, con el objeto de impedir una influencia inadecuada sobre la actividad de los partidos.
Conforme lo que dispone su artículo primero transitorio, sólo entrará en vigencia para la primera elección de Presidente de la República o de senadores o diputados, que se realice con posterioridad a su publicación como ley de la República en el Diario Oficial. En consecuencia, no ocasionará gastos en el curso del año 2000.
Este proyecto no representa costo fiscal para el año 2000. En los años siguientes, el mayor gasto fiscal que pueda producirse será consultado en los presupuestos anuales del Servicio Electoral.
(Fdo.): MARIO MARCEL CULLELL , Director de Presupuestos ?.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley del deporte. (Boletín Nº 1787-02).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Informe complementario de la Comisión Investigadora encargada de analizar la situación relacionada con el racionamiento eléctrico que afecta al país.
Al finalizar la investigación, la Comisión en su sesión Nº 17, celebrada el 19 de octubre de 1999, acordó fijar como plazo fatal el día viernes 29 de octubre para la recepción de las conclusiones que contendría el informe. En dicha sesión se hizo entrega de dos documentos.
1. “Retrasos en el funcionamiento de la central Nehuenco y su deficiente funcionamiento, firmado por los diputados señores Vilches, don Carlos y Molina, don Darío” .
2. “Propuesta de resolución de los diputados Pérez, don Víctor ; Molina, don Darío y Vilches, don Carlos , respecto de la labor realizada por la Comisión especial de investigación del racionamiento eléctrico”.
Durante la sesión Nº 18, efectuada el día 2 de noviembre de 1999, correspondía poner en discusión y votación las propuestas anteriores.
Como consta del acta de dicha sesión, la Comisión rechazó las dos primeras propuestas, sin discusión.
A continuación se puso en votación la propuesta del diputado Mulet y fue aprobada por 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención, en los términos en que se consigna en el informe.
Abierto el debate sobre el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, solamente se acordó no enviar copia del informe a ninguna de las personas y organismos que allí se consignan.
Con fecha 9 de mayo de 2000, el diputado señor Molina, don Darío , hizo presente la omisión en el informe en cuanto a consignar las propuestas de conclusiones que fueran rechazadas, motivo por el cual se adjuntan en este informe complementario, en los mismos términos en que fueron entregadas a la Comisión, dejando constancia de que ambas propuestas fueron rechazadas.
Sala de la Comisión, en 9 de mayo de 2000.
(Fdo.): JACQUELINE PEILLARD GARCÍA , Secretaria de la Comisión”.
RETRASOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL NEHUENCO Y SU DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO
1. Con relación al punto “D” del mandato de sala, que nos impuso la obligación de investigar las causas del deficiente funcionamiento de la central Nehuenco y los permanentes retrasos en su entrada al sistema, es posible establecer, que de los testimonios y documentos recibidos por la comisión es imposible concluir si hubo, o no, mala fe en la actuación de los Ejecutivos de Colbún al informar, con muy poco tiempo de anticipación, en reiteradas oportunidades, su imposibilidad de entrar en funcionamiento, lo que indiscutiblemente distorsionó el sistema de despacho al modelar el Cdec siempre con escenarios más optimistas. Lo que sí es posible concluir que urge la modificación de la legislación que determina las obligaciones, en esta materia, de las empresas y la responsabilidad de la CNE, en orden a responder por un plan de obras que no sólo sea indicativo, como hoy, sino, obligatorio para el sector, en el caso en que las variables propias del mercado no operen.
2. Con relación a la compra de la central por parte de Colbún, cuando ésta era una empresa del Estado, no fue posible establecer con claridad, si hubo en la licitación elementos exógenos, no declarados, que hicieron a General Electric desestimar la oferta de Colbún, sin embargo, llama la atención que las acusaciones que se desprenden del artículo de la periodista Pilar Molina, en el diario “El Mercurio” de fecha......, refutadas, por el ministro Sr. Tohá, a la sazón presidente de Colbún y de otros ejecutivos de la empresa, en una presentación al consejo de ética de los medios de comunicación, fueran rechazadas en el fallo de este tribunal, liberando de culpa a la periodista requerida, legitimando de paso las fuentes y los testimonios recogidos en ese artículo, lo que impide desacreditar visiones críticas del modo en que esa empresa contrató con Siemens la construcción de la central Nehuenco.
3. Sin perjuicio de lo anterior, sólo es posible determinar con meridiana claridad, con los antecedentes y testimonios recibidos, que hubo una actitud negligente de las autoridades al esperar eternamente el cumplimiento de los anuncios de Nehuenco sobre su incorporación al sistema y permitir de esa forma que él modelara ingenuamente en siete oportunidades con esa información débil y, de sentido común, poco confiable a esa altura.
4. Las permanentes disputas en el Cdec, agravadas por decisiones de la autoridad distorsionadoras del mercado eléctrico, como las negativas señales de precios y la ausencia de fallos en las controversias al interior del Cdec, indispusieron al sistema que demostró ser extraordinariamente bueno en tiempos normales como queda demostrado en su historia y muy deficiente para momentos de crisis, dejando al descubierto incentivos perversos en su funcionamiento interno. Por lo anterior, es posible insinuar, aun cuando no existe comprobación palpable, que existió un manejo antojadizo, por parte de Colbún de la información de su ineficiente central Nehuenco.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS DIPUTADOS VÍCTOR PÉREZ
Y DARÍO MOLINA RESPECTO DE LA LABOR REALIZADA
POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN
DEL RACIONAMIENTO ELÉCTRICO
En el mes de mayo de 1999 se aprobó el Proyecto de Acuerdo Nº 227-B, mediante el cual se da origen a esta Comisión para investigar los siguientes puntos:
a. Determinar las causas y efectos del nuevo racionamiento eléctrico que sufre el país;
b. Determinar las razones del fracaso en las medidas de ahorro de energía propuestas por el sector público y privado;
c. Investigar la venta y/o flexibilización de los convenios celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas o sus organismos dependientes y Endesa S.A.
d. Determinar las causas de los retrasos en la entrada en funcionamiento de la Central Nehuenco, de su deficiente funcionamiento, y si tales hechos se deben a decisiones erróneas adoptadas al momento de su construcción.
Los presentes comentarios sólo están referidos al punto c, específicamente al alcance de las flexibilizaciones del Convenio que regula el aprovechamiento de las aguas del Lago Laja.
FLEXIBILIZACIÓN DEL CONVENIO DEL ‘58
Se debe recordar que han existido 4 “flexibilizaciones” al convenio Ad Referéndum suscrito en 1958 que dicen relación con medidas tendientes a solucionar problemas de déficit eléctrico. La primera flexibilización se realizó en el mes de enero de 1997 y los restantes durante el año 1998 (10 de julio; 12 de agosto; y 31 de agosto). Todas ellas permitieron a Endesa utilizar sin restricción el total (1997), o parte (1998), del Colchón de 500 millones de metros cúbicos destinados originalmente a asegurar el régimen natural del Río Laja y con ello los derechos de los usuarios anteriores a la suscripción de dicho Convenio.
Previo a analizar el procedimiento y el resultado concreto de estas flexibilizaciones, señalamos que, en nuestra opinión, la parte más trascendente de la materia en cuestión es la validez lógica del Convenio de 1958. En efecto, la realidad actual es tan distinta de la existente a la fecha de suscripción de dicho convenio que su plena aplicación provocará en el futuro permanentes escenarios de escasez de agua en el principal embalse natural del país. Tal afirmación se sustenta en las opiniones de diversas autoridades y personas invitadas a exponer en esta Comisión; al respecto el señor ministro de Energía , don Óscar Landerretche señaló “Uno de los grandes problemas es que hay espacios muy vacíos en este convenio respecto del uso de agua del Laja, que vienen desde cuando fue suscrito en los años cincuenta” (2ª sesión, 14 de junio de 1999): En tanto el señor ministro de Obras Públicas , don Jaime Tohá , señaló su convicción de que la privatización de Endesa debió haber considerado también la modificación de los convenios regulatorios de las aguas del Lago Laja, (4ª sesión del 23 de junio de 1999). Luego, en la 5ª sesión del 5 de julio de 1999, señaló textualmente “Pienso que en la medida en que no se modifiquen estos convenios, la situación amenaza con repetirse indefinidamente en el tiempo”.
Lo anterior sumado a los planteamientos hechos por los regantes en esta misma comisión y en la de Recursos Naturales, quienes juntos con indicar su disconformidad por los alcances de estos convenios y reclamar por su nula participación en las flexibilizaciones que aquí se investigan, demostrando claramente que la situación de agotamiento del Lago Laja no fue el resultado de la sequía que afectó durante los últimos años al país, sino que es la consecuencia lógica de su sobreexplotación propiciada por el Convenio de 1958, el cual le otorgó derechos a Endesa por caudales superiores a los afluentes, es decir, con la sola utilización total de los derechos de la empresa generadora, el Lago Laja está condenado a su virtual agotamiento, más aún cuando en los próximos años se empiecen a utilizar los derechos que sobre él también tienen la Dirección de Obras Hidráulicas con la puesta en funcionamiento del Canal Laja Diguillín .
Adicionalmente y como un elemento que atenta contra la recuperabilidad del Lago Laja, está el hecho de que la fijación del precio de nudo, contempla el nivel en que éste se encuentra como una variable que incide en dicho precio. Así un bajo nivel del embalse presiona al precio de nudo hacia el alza, en tanto un mayor nivel de acumulación hace tender el precio hacia la baja. Esta situación propicia el incentivo perverso a no permitir la recuperación de este importante embalse natural, por cuanto la Endesa tiene la capacidad de controlarlo (en virtud de que sus derechos son superiores a los afluentes), logrando con ello un beneficio vía la vijación de un precio de nudo mayor. Esta situación de total falta de lógica, explica por qué el Lago Laja, a contar de la puesta en funcionamiento de la Central El Toro (año 1973), nunca más ha llegado a los niveles de llenado que mantenía anteriormente cuando su régimen era natural y es justamente el origen de la materia que aquí se investiga. Aún más, el señor Director Nacional de Obras Hidráulicas reconoció en esta misma comisión (5ª sesión del 9 de agosto de 1999), que Endesa nunca se ha salido del Convenio y sin embargo el Lago Laja llegó a su agotamiento útil.
En cuanto a las flexibilizaciones del Convenio de 1958, los elementos reunidos en esta Comisión y los conocidos a través de los medios de comunicación, nos llevan a plantear las siguientes observaciones:
1. Todos los acuerdos de flexibilización suscritos hasta la fecha y relacionados con el Lago Laja, se han hecho sin la participación de los regantes, a pesar que con ello se han alterado sus derechos legalmente constituidos. Aún más, ni siquiera fueron informados de dichos acuerdos.
2. En el mismo sentido del punto anterior, la Dirección de Obras Hidráulicas, previo a la suscripción de cada uno de estos acuerdos, contrató consultores externos única y exclusivamente destinados a valorizar las aguas a traspasar y en el caso de la Comisión Nacional de Energía, sólo fue requerida para opinar sobre las necesidades energéticas que justificaran estos acuerdos; sin embargo, nada se hizo para verificar o cuantificar el efecto que estas flexibilizaciones tendrían en el riego que se provee de las aguas del Lago Laja. Tal situación fue reconocida por los representantes de los consultores contratados, señores Patricio del Sol (Dictuc) y Andy García (Mega Red), en las sesiones 12ª y 11ª, respectivamente.
3. De acuerdo a las conclusiones alcanzadas en la Comisión Especial Investigadora Relacionada con la Crisis Energética y el Racionamiento de la Energía Eléctrica y ratificada por los antecedentes reunidos en la presente Comisión, ha quedado demostrado que, el traspaso de las aguas del Lago Laja y de la laguna del Maule a Endesa en los meses de julio y agosto de 1998, significó la paralización parcial del parque de generación térmica, dejando de producir aproximadamente el doble de la energía que le faltó al sistema en noviembre, dando origen a una situación absolutamente indeseada, por cuanto se malgastó un recurso escaso, como el agua, en un período innecesario determinando los cortes inesperados de ese mes del ‘98. Esta situación fue reconocida por la señora María Isabel González , ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía y titular de dicho cargo al mes de julio de 1998, cuando concurrió a la 10ª sesión de esta Comisión el día 2 de agosto de 1999. Y ratificada por el ministro Óscar Landerreteche en la sesión 2ª de esta investigación.
4. Esta misma situación significó un beneficio económico para Endesa en desmedro de otras empresas generadas, toda vez que, al disponer de esta agua extraordinaria el Centro de Despacho Económico de Carga priorizó la generación hidroeléctrica, por su menor costo marginal, sacando del sistema a generadores térmicos, privándolos de realizar su negocio en una época de escasez para la cual está justamente definida.
5. En cuanto al precio cobrado a Endesa por el uso de las aguas, no existen razones que justifiquen el valor establecido, especialmente en los acuerdos suscritos en el año 1998. Más allá de lo planteado por Endesa, en cuanto a que no correspondía que pagara por el uso de las aguas, lo concreto es que, dicha utilización no es posible en la forma acordada sino con la autorización de la DOH, por cuanto constituye una excepción al convenio original. Así, no cabe duda de la pertinencia de cobrar por el uso de las aguas, más aún, si como se señaló anteriormente, con ello la Endesa obtuvo ventajas económicas. Lo que no parece justificado es el exiguo precio respecto de los beneficios que ello trajo aparejado para la empresa, es decir, el Estado se privó sin causa justificada de obtener una mayor retribución beneficiando con ello a una empresa privada.
6. El estudio contratado por la DOH para establecer el beneficio que le reportaría a Endesa el disponer de las aguas traspasadas señaló un valor muy superior al que en definitiva se cobró. ¿Cuál fue el sentido de contratar esta consultoría si finalmente no fue considerada su propuesta? ¿Qué razones se tuvieron en consideración para fijar un valor tan bajo? Son interrogantes que, al tenor de las explicaciones entregadas por las autoridades citadas a esta Comisión, no quedan suficientemente resueltas.
Más aún si consideramos las palabras de los profesores Sebastián Ríos y Patricio Del Sol, consultores de la Comisión Nacional de Energía, quienes elaboraron el informe solicitado al Dictuc por esa Secretaría, para determinar la compensación que debía pagar Endesa al ministerio de OO.PP. por la flexibilización del convenio del año ‘96. Ante la pregunta del diputado Juan Pablo Letelier de si: “En julio (1998), al hacer un estudio del costo alternativo del agua ¿se habría llegado a resultados muy distintos?, el señor Del Sol contestó: “Sí. No se puede usar ese precio, porque era para diciembre del ‘96, y puede ser mayor o menor, habría que hacer el estudio.”. Agregando el señor Ríos: “Además técnicamente, el sistema del ‘96 es muy distinto al del ‘98. Entonces, guiarse y explorar cosas del ‘96 y el ‘98 no tiene sentido técnico (sesión del 9 de agosto). Es decir, se tomaron resultados obtenidos de un estudio realizado en 1996 bajo condiciones y realidades totalmente distintas, para determinar el costo alternativo del uso del agua y establecer la compensación a Endesa.
7. En esta misma materia, no se entiende que, habiendo existido un precedente el año 1997 cuando la disponibilidad de aguas era mayor y en una temporada menos apremiante, donde la perspectiva de lluvias era más cercana (proximidad del próximo invierno) y por ende el costo de oportunidad menor, el valor que el Estado cobró es más del doble que el fijado en el año 1998, cuando la situación del déficit fue mucho más grave.
8. Se señaló en esta Comisión que el criterio al fijar las compensaciones era “compartir el beneficio”; sin embargo, la situación final fue de clara ventaja para Endesa en desmedro del Estado.
9. El razonamiento de que en mérito del “Beneficio Social” por evitar el racionamiento eléctrico se justificaba entregar las aguas del Lago Laja a un valor tan bajo e incluso en forma gratuita no puede ser aceptado, por cuanto ello no alcanza para explicar el traspaso de un bien nacional de uso público al beneficio de una empresa privada, más aún, si se ha demostrado que hasta esa entonces existía capacidad de generación térmica disponible. Por lo demás, este traspaso de aguas afectó a un sector específico como es el caso de los regantes que se vieron privados de parte de sus derechos, en los meses de máximo requerimiento, como consecuencia de haberse utilizado parte de la reserva destinada originalmente a su seguridad durante los meses de julio, agosto y septiembre cuando la temporada de riego aún no comenzaba, no obstante estos regantes no fueron mínimamente compensados por esta pérdida. En efecto, los recursos recaudados por las compensaciones fueron distintos de los intereses de los regantes cuya seguridad se pretendía garantizar con las aguas que en definitiva fueron traspasadas a Endesa.
Por tanto:
1. De los antecedentes reunidos en esta Comisión queda claro que la actuación de las autoridades de Gobierno encabezadas por el ministro de Obras Públicas de la época señor Ricardo Lagos adoleció de acuciosidad y falta de transparencia, lo que desembocó en una mala utilización de un recurso escaso, como el agua del Lago Laja, favoreciendo a una empresa específica en desmedro de otras de la misma naturaleza, distorsionando el despacho normal de la energía y afectando a un sector específico, como son los regantes, todo ello con la de no haber velado convenientemente por los intereses del Estado, renunciando a la obtención de un valor justo por el traspaso de las aguas a Endesa.
2. La Comisión debe requerir de la autoridad administrativa la pronta modificación del Convenio Ad Referéndum de 1958 que regula el uso de las aguas del Lago Laja, de tal forma de evitar que en el futuro se produzcan situaciones como las aquí investigadas.
Moción del diputado señor Ulloa .
Modifica el Código Sanitario estableciendo como condición para autorizar un basural, la existencia de una distancia entre el relleno y los lugares afectados. (boletín Nº 2498-11).
1. Que el Código Sanitario establece en su artículo 79 que “para proceder a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, será necesaria la aprobación previa del proyecto por el Servicio Nacional de Salud”.
2. Que, por su parte, el artículo 80 del mismo cuerpo legal establece que “corresponde al Servicio Nacional de Salud, autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.
Al otorgar esta autorización, el Servicio Nacional de Salud determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que trabaje en estas faenas”.
3. Que, por otra parte, el DFL Nº 1 de 1990 del Ministerio de Salud en su artículo 1 Nº 25 determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa, incluyéndose dentro de ellas la “instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase”.
4. Que, sin perjuicio de que existen normas específicas que establecen las distancias mínimas que deben existir entre estos rellenos y zonas pobladas, parece conveniente establecer la obligación de considerar estas distancias como condición sanitaria mínima por el Servicio Nacional de Salud, para los efectos de otorgar la autorización cualquier tipo de relleno sanitario.
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Agregar en el artículo 80 del Código Sanitario, un inciso tercero del siguiente tenor:
“En todo caso y para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se considerará como condición sanitaria mínima, el hecho de ubicarse estos lugares fuera de los límites urbanos y a una distancia no inferior a 300 metros de cualquier vivienda o local habitable y a no menos de 600 metros de toda población o grupo de viviendas, establecimientos de fabricación, producción o comercio de alimentos y fuentes de suministro de aguas”.