Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV.
CUENTA
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Carlos Bombal Otaegui
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- DEBATE
-
INADMISIBILIDAD DE MOCIÓN SOBRE CARÁCTER PÚBLICO DE EMPLEADOS DE CODELCO.
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- DEBATE
- ACUERDOS DE COMITÉS
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
- SESIÓN SECRETA
-
NORMAS SOBRE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁRBOL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
MODIFICACIÓN A REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- DEBATE
-
ELECCIÓN SEPARADA DE ALCALDES Y CONCEJALES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Carmen Frei Ruiz Tagle
- INTERVENCIÓN : Jovino Novoa Vasquez
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Matta Aragay
- INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Beltran Urenda Zegers
- INTERVENCIÓN : Gabriel Valdes Subercaseaux
- INTERVENCIÓN : Marcos Aurelio Aburto Ochoa
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Julio Canessa Robert
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Alejandro Foxley Rioseco
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Antonio Horvath Kiss
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Ricardo Nunez Munoz
- INTERVENCIÓN : Carlos Ominami Pascual
- INTERVENCIÓN : Jorge Pizarro Soto
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Enrique Silva Cimma
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Cesar Augusto Parra Munoz
- DEBATE
- VI.
TIEMPO DE VOTACIONES
- DECLARACIÓN DE 5 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO DE ACUERDO
- ASIGNACIÓN PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS CON ESTUDIOS DE CARRERAS TÉCNICAS. PROYECTO DE ACUERDO
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Ignacio Perez Walker
- PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- INTERVENCIÓN DE ESPAÑA EN ASUNTOS INTERNOS DE CHILE FRENTE A SECUESTRO DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
- INQUIETUD POR PRECARIA SITUACIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
- RÉPLICA A CRÍTICAS DEL SENADOR SEÑOR BOMBAL SOBRE GASTO DEL GOBIERNO.
-
GASTO GUBERNATIVO EN CONSULTORÍAS EXTERNAS
- INTERVENCIÓN : Carlos Bombal Otaegui
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
- ANEXO SESIÓN
- Proyecto de acuerdo, de diversos señores Senadores, que propone medidas que indica respecto de funcionarios públicos que estudian carreras técnicas con relación al pago de asignación profesional. Boletín N° S 425-12.
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Cantero Ojeda
- Jaime Gazmuri Mujica
- Antonio Horvath Kiss
- Manuel Antonio Matta Aragay
- Roberto Munoz Barra
- Cesar Augusto Parra Munoz
- Jorge Pizarro Soto
- Mario Enrique Rios Santander
- Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- Andres Zaldivar Larrain
- Enrique Zurita Camps
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Proyecto de acuerdo, de diversos señores Senadores, que propone medidas que indica respecto de funcionarios públicos que estudian carreras técnicas con relación al pago de asignación profesional. Boletín N° S 425-12.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 13 de julio de 1999
Ordinaria
(De 16:21 a 20:15)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y
MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y
ANTONIO HORVATH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
Inadmisibilidad de moción sobre carácter público de empleados de CODELCO
Acuerdos de Comités
V. ORDEN DEL DÍA:
Sesión secreta (se adopta resolución sobre solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don Gilberto del Carmen Cáceres Frez (S 391-04)
Proyecto de ley, en primer trámite, que dicta normas sobre protección y valoración del árbol (2238-12) (se aprueba en general)
Proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Personal del Senado en lo relativo a las calificaciones (S 421-12) (se posterga su discusión)
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales (2035-06) (se aprueba en general)
VI. TIEMPO DE VOTACIONES:
Declaración de 5 de junio como Día Nacional del Medio Ambiente. Proyecto de acuerdo (S 424-12) (se aprueba)
Asignación profesional para funcionarios con estudios de carreras técnicas. Proyecto de acuerdo (S 425-12) (se aprueba)
VI. INCIDENTES:
Intervención de España en asuntos internos de Chile frente a secuestro de Senador señor Pinochet (observaciones del señor Martínez)
Inquietud por precaria situación de Senador señor Pinochet (observaciones del señor Vega)
Réplica a críticas del Senador señor Bombal sobre gasto del Gobierno (observaciones del señor Viera-Gallo)
Gasto gubernativo en consultorías externas (observaciones del señor Bombal)
A n e x o s
ACTA APROBADA:
Sesión 7ª, en 16 de junio de 1999
DOCUMENTOS:
1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el DL Nº 3.500, de 1980 (2053-13)
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolfo Arata Andreani (2200-17)
3.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción y los Estatutos que indica (1177-07)
4.- Nuevo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca de arrastre a pescadores artesanales (1792-03)
5.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto que aprueba el Acuerdo Modificatorio del Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos entre Chile y Ecuador (2332-10)
6.- Proyecto de acuerdo sobre asignación profesional para funcionarios con estudios de carreras técnicas (S 425-12)
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Carmen
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia , Secretario General de Gobierno , del Trabajo y Previsión Social subrogante y de Vivienda y Urbanismo, y el señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario, el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21 en presencia de 20 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 7ª, ordinaria, en 16 de junio del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 8ª, ordinaria, en 22 de junio del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
(Véase en los Anexos el acta aprobada).
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes
Cinco de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero hace presente la urgencia, con el carácter de "suma", al proyecto de ley que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda. (Boletín Nº 2.298-05).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, con el carácter de "simple", al proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500 de 1980. (Boletín Nº 2053-13).
--Queda retirada la urgencia, se tiene presente la nueva calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, con el carácter de "simple", respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales. (Boletín Nº 2.035-06).
2) Proyecto de acuerdo relativo a aprobación del Convenio Nº 151 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre "La protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública", adoptado por la Conferencia General de la OIT el 7 de junio de 1978, en Ginebra. (Boletín Nº 1.958-10).
3) Proyecto de acuerdo relativo a diversos convenios internacionales adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. (Boletín Nº 1.864-10).
4) Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 121, relativo a las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y el Convenio Nº 161, sobre los servicios de salud en el trabajo, adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. (Boletín Nº 1992-10).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980. (Boletín Nº 2053-13) (Véase en los Anexos, documento 1).
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas.
Con el segundo comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolfo Arata Andreani. (Boletín Nº 2200-17) (Véase en los Anexos, documento 2).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica disposiciones del Código Penal que sancionan casos de corrupción, crea nuevas figuras delictivas y agrega norma que señala a las leyes Nºs 18.834, Estatuto Administrativo, y 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales, con excepción de las que indica, que ha rechazado. (Boletín Nº 1177-07) (Véase en los Anexos, documento 3).
En consecuencia, corresponde la formación de una Comisión Mixta, para lo cual ha designado a los señores Diputados que menciona a fin de que la integren en representación de esa Corporación.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento como integrantes de la referida Comisión.
Dos del señor Ministro de Educación:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Andrés Zaldívar, sobre situación de la Escuela Unión Latinoamericana, en la comuna de Pitrufquén.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo a la Escuela Eulogia Bórquez Pérez, en la comuna de Quellón, Décima Región.
Dos de la señora Ministra de Justicia:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a la creación de la Corporación de Asistencia Judicial de Aisén.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre de la Honorable señora Frei, acerca de la contratación de un médico legista en Calama, Segunda Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, sobre los subsidios al transporte en la Undécima Región.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, respecto a planes y obras de desarrollo en la comuna de Tortel.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, en relación con listado de las pescas de investigación.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica , con el que manifiesta el deseo de la comunidad ariqueña de que el Senado estudie la posibilidad de declarar el 7 de junio como feriado nacional, señalando que la misma petición se ha formulado a Su Excelencia el Presidente de la República .
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Norte , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, respecto del Hospital de Curacautín.
Del señor Director Ejecutivo del Programa "Chile Barrio", con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, acerca de la situación de Villa Artesanía, de Puerto Montt.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Informes
Nuevo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para prohibir la pesca de arrastre a los pescadores artesanales. (Boletín Nº 1792-03) (Véase en los Anexos, documento 4).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo Modificatorio del Convenio de Facilidades de Tránsito de Personas, Equipajes y Vehículos con Fines Turísticos entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República del Ecuador, suscrito en Santiago el 27 de agosto de 1997. (Boletín Nº 2332-10) (Véase en los Anexos, documento 5).
--Quedan para tabla.
Declaración de inadmisibilidad
Moción del Senador señor Bombal, con la que inicia un proyecto de ley que declara que el régimen legal y estatutario que rige a los funcionarios públicos puede ser tanto el de la ley Nº 18.834 como el de cualquier otro estatuto, incluido el del Código del Trabajo.
--Se declara inadmisible, por contener materias que son de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en conformidad a lo dispuesto en el Nº 2º del artículo 62 de la Constitución Política de la República.
Comunicaciones
Del señor Ministro de Minería , con la que excusa su asistencia a la sesión especial de la Corporación de mañana, miércoles 14 de julio, pues se encontrará en la ciudad de Buenos Aires, en comisión de servicio, y señala que podrá asistir como subrogante el Subsecretario de esa Cartera .
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, con la que comunica que le será imposible asistir a la sesión especial de la Corporación citada para mañana, 14 de julio, pues se encontrará fuera del país, en labores de su cargo.
--Se toma conocimiento.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con la que solicita el archivo del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en relación con la oportunidad en que han de ponerse en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales. (Boletín Nº 547-07), que se halla en Comisión Mixta.
--Se accede al archivo solicitado, previo acuerdo de la Cámara de Diputados.
De la Comisión de Defensa Nacional, con la que solicita el archivo de los siguientes asuntos:
1.-
Moción del Senador señor Errázuriz con la que inicia un proyecto de ley sobre capacitación y educación técnico-profesional del personal de las Fuerzas Armadas que indica. (Boletín Nº 1.354-02).
2.-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, contenida en el decreto con fuerza de ley Nº 292, de 1953. (Boletín Nº 1683-02).
--Se accede al archivo solicitado, previo acuerdo de la Cámara de Diputados en el caso del proyecto signado con el Nº 2.
De la Comisión de Economía, con la que solicita el asentimiento de la Sala para oficiar a la Cámara Baja con el objeto de que actualice la nómina de Diputados que debieran integrar la Comisión Mixta que ha de constituirse con el fin de tratar el proyecto de ley que crea un sistema de certificación de calidad para frutas y hortalizas frescas de exportación. (Boletín Nº 1348-01).
--Se accede a lo solicitado.
Solicitudes
De la señora Nuria Grau Unanue, con la que pide la rehabilitación de su ciudadanía. (Boletín Nº S 426-04).
--Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Del Comité Representativo de las Entidades Judías de Chile, con la que pide que el Senado, si lo tiene a bien, exprese su apoyo público a las acciones que adoptará el Gobierno para evitar un Congreso Nacional Socialista el año 2000 en Chile y la inscripción de un partido nazi en el país.
--Se toma conocimiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor LARRAÍN.-
Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , atendidas las comunicaciones de los señores Ministro de Minería y Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre sobre su inasistencia, me pregunto qué sentido tiene celebrar la sesión especial de mañana, a la que fueron invitados.
En mi concepto, deberíamos suspender esa sesión hasta el momento en que dichos personeros pudieran concurrir.
Como imagino que su ausencia tiene justificación, no quiero hacer comentarios al respecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
De acuerdo con el Reglamento, no puedo suspender la sesión, porque responde a la petición de un grupo de Senadores. Mientras no se retire la solicitud, nada puedo hacer. Ahora, si Sus Señorías la retiran, no tengo inconveniente para dejarla sin efecto.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , me gustaría saber qué señores Senadores solicitaron la sesión.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Lavandero podría informarnos.
El señor LAVANDERO.-
Señor Presidente , debo señalar que mañana vamos a tratar un problema de extraordinario interés. El cobre es la principal riqueza de Chile. De ella, hemos perdido más de 20 mil millones de dólares desde el Gobierno de Aylwin al de Frei. No obstante, el señor Ministro de Minería , quien fue convocado a la sesión especial, al igual que en otras oportunidades, no asistirá. Y lo mismo pasará con el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, el señor Verghammer.
Considero una irresponsabilidad que, a pesar de que el problema mencionado equivale a veinte crisis asiáticas juntas, dichos personeros, que representan a un sector vinculado a la principal riqueza del país, cuando el Senado los convoca a una sesión especial con el fin de tratar un tema delicado, se manden cambiar para no dar la cara.
¡Ésa es la realidad!
Por eso, señor Presidente , en lo que a mí respecta -no sé cuál será la posición de los otros Senadores que firmaron la petición-, no estoy dispuesto a postergar por más tiempo una decisión sobre la materia.
Es muy probable que después debamos realizar otra sesión, para exigir que el señor Ministro esté presente. No es admisible que, habiendo sido convocado en diferentes oportunidades, no haya asistido. ¡Eso es una irresponsabilidad!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente al Honorable señor Larraín que no puedo más que tomar nota de su planteamiento. No me es factible suspender la sesión por decisión propia -y ni siquiera por acuerdo de la Sala- si quienes la solicitaron no retiran sus firmas.
El señor LARRAÍN.-
Lo entiendo, señor Presidente . Sin embargo, por los mismos antecedentes que da el Senador señor Lavandero -quien es uno de los convocantes, según desprendo de sus palabras-, la sesión pareciera tener sentido con la presencia del Ministro y del otro invitado, para que den respuesta a las inquietudes que Su Señoría está planteando. Si no asisten, simplemente presenciaremos el alegato unilateral de Senadores que tienen aprensiones como las del Honorable señor Lavandero, pero no vamos a avanzar.
Por eso, pido a los Senadores convocantes que piensen si la sesión tiene o no sentido.
En lo personal, me uno a lo expresado por el Honorable señor Lavandero en el sentido de que, cuando el Senado cita a los Ministros, deben venir, sobre todo tratándose de una sesión especial anunciada con bastante anticipación.
La inasistencia me parece una falta de respeto a esta Alta Corporación, máxime si, como se señala, eso ha ocurrido con anterioridad.
Empero -insisto-, considero que vamos a perder el tiempo si no están presentes las autoridades invitadas.
Por eso, respetando el derecho de los señores Senadores que solicitaron la sesión, pido que acojan la idea de suspenderla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Como manifesté, mientras no se retiren las firmas pertinentes, no puedo suspender la sesión especial.
En todo caso, cabe tener presente que asistirá el señor Subsecretario de Minería , quien, desde el punto de vista jurídico, es el Ministro subrogante, pues el titular estará fuera del país.
INADMISIBILIDAD DE MOCIÓN SOBRE CARÁCTER PÚBLICO DE EMPLEADOS DE CODELCO.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , se ha dado cuenta de la declaración de inadmisibilidad de una moción de mi autoría, aduciéndose como causal el número 2º del artículo 62 de la Constitución, que entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados sean fiscales, semifiscales, autónomos, o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.".
Pues bien, la moción que presenté no crea ningún servicio público o empleo rentado; lo único que hace es interpretar el artículo 12 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Ello, porque una sentencia de Corte de Apelaciones con motivo del caso CODELCO declaró que los empleados de ésta no son fiscales. Entonces, lo que busca la norma interpretativa que propongo es, simplemente, precisar que los empleados del sector fiscal tienen carácter público aunque se hallen regidos por el Código del Trabajo.
Como digo, la moción contiene una norma interpretativa de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y nada tiene que ver con la creación de empleos.
Por tanto, solicito al señor Presidente que revise su decisión -no ahora, pues debemos continuar- y, de ser posible, que declare la admisibilidad de la moción en la sesión próxima.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con el mayor gusto, señor Senador, a pesar de que la Presidencia , sobre la base del informe de la Secretaría, ha entendido que la moción es inadmisible.
El señor BOMBAL .-
Lo entiendo, señor Presidente . Pero, como no se crea ningún empleo, le solicito levantar la declaración de inadmisibilidad que hizo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No tengo inconveniente, señor Senador. En la próxima sesión podremos verlo.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, deseo plantear un segundo punto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BOMBAL.-
En la sesión pasada rendí homenaje al arquitecto don Sergio Larraín García-Moreno, recientemente fallecido, y solicité que se hicieran llegar a su familia los sentimientos de pesar de todo el Senado, dado que fue una figura muy relevante para el país. Como no existía quórum, se acordó pedir al inicio de la sesión de hoy la venia de la Sala para hacer llegar a la familia del señor Larraín y a las autoridades del Museo Chileno de Arte Precolombino los sentimientos de pesar de la Cámara Alta, a fin de que la comunicación no llevara sólo el nombre de los dos o tres Senadores que estábamos presentes al término de la última sesión.
Por tanto, señor Presidente, solicito formalmente que consulte a la Sala sobre este particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Con el mayor gusto. Creo que nadie puede oponerse a una petición de ese tipo. En mi calidad de Presidente del Senado , adhiero de inmediato. Y estimo que la Sala en su conjunto es del mismo parecer.
Si no hay opiniones en contrario, se enviarán en nombre del Senado las comunicaciones solicitadas.
--Así se acuerda.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor LAGOS (Secretario).-
La unanimidad de los Comités adoptó los siguientes acuerdos:
1.-
Postergar para la semana próxima la discusión del proyecto sobre universidades estatales, en el lugar que reglamentariamente corresponda.
2.-
Tratar en esta sesión, como si fueran de Fácil Despacho, los asuntos signados en la tabla de hoy con los números 5 (solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don Gilberto Cáceres), 3 (proyecto que dicta normas sobre protección y valoración del árbol) y 6 (proyecto de acuerdo sobre modificación del Reglamento del Personal del Senado en lo relativo a las calificaciones).
3.-
Dejar para la sesión de mañana el proyecto signado con el número 7 (concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda).
4.-
Tratar en la sesión de hoy, a continuación del proyecto que figura en segundo lugar de la tabla (establece un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales), que pasa al primer lugar, el signado con el número 8 (sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias).
5.-
Poner en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 20 de julio el proyecto sobre Ministerio Público, siempre que la Comisión de Hacienda emita oportunamente su informe.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En todo caso, debo hacer presente que esta postergación se debe a que el Ejecutivo formuló indicaciones cuyo estudio ha demandado mayor tiempo a la Comisión de Constitución. Además, se encuentra pendiente el informe de la Comisión de Hacienda, el que, según me ha informado su Presidente , se intentará completar mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley.
El señor FOXLEY.-
Señor Presidente , la idea sería cambiar la tabla de mañana de la Comisión de Hacienda, a fin de tratar la iniciativa a partir de las 10:30. La señora Ministra de Justicia nos lo ha solicitado encarecidamente. Así la su discusión en la Sala empezaría el próximo martes
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se autorizaría el ingreso del Subscretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Marcelo Schilling Rodríguez.
Acordado.
El Subsecretario del Trabajo , señor Julio Valladares Muñoz, concurre a la Sala en calidad de Ministro Subrogante del Trabajo .
V. ORDEN DEL DÍA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En primer lugar, corresponde pronunciarse, como asunto de fácil despacho -en conformidad al Reglamento, a su respecto sólo puede haber dos exposiciones, una para apoyar y otra para impugnar-, sobre una solicitud de rehabilitación de ciudadanía.
Se constituye la Sala en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:41, y adoptó resolución sobre la solicitud de rehabilitación de ciudadanía del señor Gilberto del Carmen Cáceres Frez.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:50.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
NORMAS SOBRE VALORACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ÁRBOL
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto que dicta normas sobre protección y valoración del árbol, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Moreno, Stange, Valdés y Vega, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Segunda discusión aplazada.
-Los antecedentes sobre el proyecto (2238-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los señores Horvath, Moreno, Stange, Valdés y Vega).
En primer trámite, sesión 28ª, en 8 de septiembre de 1998.
Informe de Comisión:
Medio Ambiente, sesión 5ª, en 15 de junio de 1999.
Discusión:
Sesiones 9ª, en 23 de junio de 1999 (queda para segunda discusión); 12ª, en 7 de julio de 1999 (queda aplazada la segunda discusión).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
El proyecto contiene una norma de quórum de ley orgánica constitucional.
La Corte Suprema informó favorablemente el proyecto, pero advirtió la necesidad de regular el procedimiento a que deberá someterse el conocimiento de las causas que se promuevan en razón del inciso final del artículo 8º, así como la conveniencia de precisar los tipos penales que se vienen estableciendo.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros, aprobó la idea de legislar sobre la iniciativa, cuyo texto se transcribe al final del informe respectivo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continuando la segunda discusión, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la razón fundamental de postergar para hoy la segunda discusión es procurar reunir el quórum necesario para la aprobación del proyecto. Sus antecedentes ya fueron dados a conocer en la primera discusión.
La valoración del árbol como efecto ambiental, el mejoramiento de las condiciones de vida e, incluso, los aspectos económicos aledaños, son de clara evidencia.
Por otro lado, las prácticas que se acostumbran en nuestro país demuestran fehacientemente que las cifras de árboles que sobreviven a las malas prácticas, en donde las podas se transforman en operaciones de obtención de leña, y la poca difusión educacional y cultural, ameritan que un proyecto de esta naturaleza sea analizado en profundidad y enfrentado con fórmulas efectivas.
Desde el punto de vista de las observaciones planteadas, para sectores con problemas sociales las multas serán difíciles de soportar, pero ello puede corregirse por la vía de las indicaciones.
En cuanto a la caracterización del tipo de árboles a que se refiere la iniciativa, cabe señalar que estamos hablando de los urbanos, de los plantados en las vías públicas, y no de los ubicados en sitios particulares, sobre todo en medios rurales. Para estos casos está vigente la Ley del Bosque Nativo, que se está modificando, y el decreto ley Nº 701, de 1974 que promueve la arborización.
La idea es que en la discusión particular, por medio de las indicaciones, se resuelvan dichas aprensiones y el Gobierno se haga parte, como lo ha manifestado en un debate preliminar la Asociación Chilena de Municipalidades, para establecer una serie de incentivos a las personas que cuidan los árboles en las áreas en las cuales tienen responsabilidades compartidas.
Hay un informe de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que revela, por ejemplo, que en Santiago solamente sobrevive un tercio de los árboles plantados. Y además de señalar las causas, se precisa que la fórmula más positiva para resolver esta deficiencia es trabajar junto con los vecinos, los clubes deportivos, etcétera, y en diferentes sectores, con miras a lograr que la gente aprecie los árboles. Por cierto, tal organismo se halla en condiciones de darles asesoría técnica e incentivos para la arborización.
Como el acuerdo de Comités es tratar este proyecto como si fuera de fácil despacho, sugiero aprobarlo en general y fijar un día de la primera semana de agosto como plazo para presentar indicaciones que lo corrijan y complementen.
En cuanto a lo planteado por el Senador señor Díez , para que el despacho en particular tenga cierta agilidad propongo que los miembros de la Comisión de Gobierno sean formalmente invitados a participar en el debate de la Comisión de Medio Ambiente. Pienso que, con eso, se subsanarían algunos aspectos y dudas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, aprobaríamos la idea de legislar.
El señor PRAT.-
Con mi abstención, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En ese caso, no se reuniría el quórum requerido y tendría que llamar a una votación nominal.
El señor PRAT.-
Voto a favor, en la esperanza de que se aprobarán las indicaciones que presentaré.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron favorablemente 26 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para fijar el martes 3 de agosto, a las 12, el plazo para formular indicaciones?
Acordado.
Honorable señor Díez, ¿retira su proposición de remitir el proyecto a Comisiones unidas?
El señor DÍEZ.-
Sí, señor Presidente .
MODIFICACIÓN A REGLAMENTO DE PERSONAL DEL SENADO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Proyecto de acuerdo sobre modificación del Reglamento del Personal del Senado, en lo relativo a las calificaciones, con informe de la Comisión de Régimen Interior.
-Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 421-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta del informe de la Comisión de Régimen en sesión 10ª, en 6 de julio de 1999.
El señor LAGOS (Secretario).-
La Comisión hace presente en el informe que durante la aplicación del actual Sistema de Calificaciones se han detectado algunas deficiencias que es conveniente corregir.
Los propósitos de la iniciativa son los siguientes:
1.- Hacer lo más objetivo posible el sistema de calificaciones.
2.- Establecer evaluaciones parciales de desempeño cuatrimestrales, las que al estar más próximas a los hechos permitirán una calificación más acertada y, al mismo tiempo, constituirán un incentivo para aquel personal cuyas precalificaciones no sean del todo favorables, pueda enmendar su conducta durante el curso del período calificatorio.
3.- Simplificar grandemente los rubros y factores de calificación.
4.- Simplificar las notas de las calificaciones. Se propone que sean del uno al cuatro; siendo el 1: malo; el 2: regular; el 3, bueno, y el 4: destacado o sobresaliente.
En virtud de estas consideraciones, la Comisión de Régimen Interior propone, por unanimidad, aprobar las enmiendas al Reglamento del Personal del Senado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor URENDA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , me gustaría que se nos informara con cierto detalle las modificaciones que se introducen, a fin de conocer su alcance. Yo no sé si realmente son, como se ha expresado, para corregir algunos errores. Por eso, sería conveniente que el Presidente de la Comisión nos explicara las razones que han conducido a tales enmiendas, cuáles son éstas y sus alcances.
Personalmente, ante un informe de esta amplitud, no me siento en condiciones de resolver sin una explicación más detallada, porque no sé realmente si los cambios son muchos o pocos. Por ejemplo, el artículo 44 -que es el primero al cual doy lectura-, dice: "Lista 1: De mérito. Incluirá al funcionario que obtenga 37 o más puntos. No obstante, quien haya recibido nota 2 en más de un rubro o nota 1 en cualquiera de ellos quedará incluido en Lista 2, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45;". Advertimos que las notas van en orden contrario al de la Lista, cuya numeración es la siguiente: 1, 2, 3 y 4.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Efectivamente, señor Senador, hay distintas reacciones frente a la norma a la que acaba de dar lectura.
Por ello, sugiero que los señores Senadores se impongan cabalmente de la iniciativa, y la tratemos en la sesión de mañana.
El señor DÍEZ.-
Me parece bien, señor Presidente.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En consecuencia, a fin de que los señores Senadores se informen detalladamente de una materia que afecta a nuestra Corporación, el proyecto se incluirá en el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho de mañana.
Acordado.
ELECCIÓN SEPARADA DE ALCALDES Y CONCEJALES
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Corresponde tratar, en conformidad a los acuerdos adoptados por los Comités, el proyecto iniciado en mensaje, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de establecer un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y con informe, además, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre la consulta de la Sala acerca de su constitucionalidad. En la última sesión se pidió segunda discusión para la iniciativa.
-Los antecedentes sobre el proyecto (2035-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 1ª, en 3 de junio de 1997.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 3ª, en 9 de junio de 1998.
Constitución, sesión 36ª, en 4 de mayo de 1999.
Discusión:
Sesiones 31ª y 33ª en 7 y 14 de abril; 3ª y 4ª, en 8 y 9 de junio de 1999 (queda pendiente su discusión general); 12ª, en 7 de julio de 1999 (queda para segunda discusión).
El señor LAGOS ( Secretario ).-
En sesión pasada se llevó a cabo la relación del proyecto y corresponde tratarlo, en general, en segunda discusión.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Tengo la impresión, señores Senadores, de que se acordó que en esta oportunidad se iniciaría de inmediato la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Así es, señor Presidente ; además, se convino en que tendríamos derecho a usar de la palabra únicamente quienes no lo hicimos en el debate de la sesión anterior.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Exactamente. Hay un grupo de señores Senadores inscritos para fundamentar su voto.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , debo recordar que el Honorable señor Gazmuri solicitó segunda discusión en la sesión anterior. No hubo acuerdo respecto de la votación. Por lo demás, ello se desprende de lo enunciado en el Orden del Día, donde se indica que la iniciativa se encuentra en segunda discusión. Si no hay señores Senadores inscritos para usar de la palabra, habrá que proceder a la votación, pero no debemos cambiar los acuerdos adoptados al respecto.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Probablemente Su Señoría lo interpretó en esa forma, pero no fue así, y nadie está pretendiendo cambiar un acuerdo.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
En realidad, hay una petición de segunda discusión. En consecuencia, reglamentariamente, corresponde abocarnos a ella.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Ruego a Su Señoría inscribirme en la lista de oradores.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente, al parecer hay acuerdo para usar de la palabra sólo fundamentando el voto.
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Como creo advertir que hay consenso en ese sentido, daré por terminada la segunda discusión, y los señores Senadores que se encontraban inscritos serán los primeros en fundamentar su voto.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor BITAR.-
Señor Presidente , la experiencia que hemos acumulado en este período de diez años de democracia nos ha proporcionado antecedentes para perfeccionar y hacer más eficiente el poder local, precisamente al hacerlo más democrático. Y hoy nos enfrentamos a una decisión respecto de la cual hay conciencia tanto en la opinión pública como en la misma gestión de los municipios en cuanto a que el alcalde cumple una función que, por su naturaleza, requiere de ciertas aptitudes. El ciudadano, al elegir a ese alcalde, debe valorar esas aptitudes. Éstas no son necesariamente coincidentes con las que precisa la tarea de concejal, ya sea por la propia disposición del candidato a desempeñarse como tal, que puede interpretar su labor de otra manera, y dedicarle su tiempo en forma parcial; o por parte de la propia ciudadanía, que puede ver en aquel candidato a concejal ciertos rasgos adecuados para cumplir esa función, pero no para dirigir un municipio.
Por otra parte, la función municipal se ha venido haciendo cada vez más compleja, con una gran variedad de materias, a las que permanentemente agregamos otras nuevas, lo cual requiere dominio de gestión, una eficiencia mayor que en el pasado, capacidad de coordinación, y otras habilidades.
Por lo tanto, estamos a mi juicio en un momento en que la experiencia nos señala que tanto desde el punto de vista de la gestión y de las aptitudes de quien ejerza el cargo, como de la perspectiva del ciudadano o la ciudadana que debe elegir, la separación constituye un paso ventajoso y apropiado.
Otra materia vinculada naturalmente a este punto -y que es indispensable considerar- es la forma como valoramos los efectos electorales, de qué manera la fuerza de cierto candidato, de un determinado partido, tiene un efecto de arrastre sobre otros candidatos para lograr las mayorías y gobernar también el municipio a través del Concejo. Pero considero que esta materia puede quedar abierta para cuando realicemos la discusión en particular.
La propuesta del Ejecutivo contempla además la segunda vuelta, y que quien sea elegido cuente con mayoría absoluta. Creo que es un buen criterio. Así se procede en la elección de Presidente de la República . Me inclino por ese punto de vista, aunque entiendo que, desde la perspectiva de la Oposición, éste pueda ser resistido por estimar amagadas las posibilidades de mantener cierta presencia frente al hecho de que la segunda vuelta implique una doble candidatura, y que, por lo tanto, las posibilidades de la Oposición en este campo sean distintas desde un ángulo electoral.
Es una materia que será discutida en particular, pero en esta ocasión voto favorablemente la elección separada por los argumentos que he dado. Considero también que el sistema sería mejor si se agregara que el alcalde será elegido por la mayoría más uno de los sufragios.
He dicho.
La señora FREI (doña Carmen).-
Señor Presidente , este asunto se ha discutido largamente, y a nadie puede parecer extraño que yo sea una entusiasta y activa promotora de la elección directa de los alcaldes. Por lo demás, durante estos años la Concertación ha puesto el mayor énfasis en que cada día los municipios cuenten con más autonomía y recursos, por ser las entidades que se relacionan más directamente con la comunidad. Los municipios son los que conocen los problemas que afectan más íntimamente a una familia todos los días, y no sólo los relativos a la seguridad de los ciudadanos, sino que todos los del entorno del barrio, y los lugares donde viven.
Durante muchos años he trabajado en la Comisión de Gobierno y he presentado innumerables indicaciones precisamente para fortalecer la función municipal. Asimismo, cuando la gente elige a sus autoridades, quiere saber para qué las está eligiendo. Es distinto hacerlo para que sea alcalde o para que sea concejal. Creo que es bueno que tengan la certeza de que están votando por una persona que estiman calificada para desempeñarse como alcalde y para que los represente en la vida diaria. Por lo tanto, a pesar de que existen algunas materias que nos interesa estudiar con mayor detalle y respecto de las cuales presentaremos indicaciones, sin duda la aprobación en general del proyecto servirá justamente para que el país sepa que queremos verdadera democracia municipal y, sobre todo, mayor transparencia.
Hemos visto muchas veces en estos años que cuando es elegido un alcalde, los concejales que lo deben acompañar en sus funciones de alguna manera quedan enojados porque no resultaron ellos favorecidos con la mayoría; y, si son contrarios a la posición política del alcalde, es más lo que dificultan que lo que ayudan en el desempeño de sus funciones. Lo hemos visto en muchas comunidades, donde prácticamente se ha producido una guerra entre concejales y alcaldes, lo que, al final, va en perjuicio de la gente y de la comuna.
A mi juicio -como señalé-, deben formularse indicaciones para mejorar el proyecto. La transparencia que permite saber exactamente por quién se votará me parece fundamental. Después veremos si las personas que no resultan elegidas alcaldes deben o no ser concejales. Es una materia que podemos discutir y buscarle alguna solución. En todo caso, considero más claro para la gente que quien quiera postular para alcalde busque los votos para ser elegido como tal, y no para después quedar enojado en un municipio y entorpecer la labor del alcalde que ha sido electo.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , voy a votar en contra del proyecto. Sólo quiero señalar que la próxima elección municipal será la tercera que se realizará en el actual período, y por tercera vez se aplicará un régimen distinto. Me parece altamente inconveniente cambiar en cada oportunidad nuestra modalidad de elección. Existen muchísimos sistemas electorales. Todos tienen ventajas y desventajas. No existe uno perfecto. Y de hecho, si nos fijamos en la gran variedad de ellos que hay en el mundo, observaremos que se adaptan a cada realidad; que todos presentan ventajas, y desventajas y que no hay una norma perfecta en esta materia, porque si no, veríamos una uniformidad mucho mayor.
Estimo que el cambio permanente en las reglas del juego en el ámbito político produce una desafección de la ciudadanía respecto de esta actividad. ¡Cómo vamos a pretender un mayor grado de legitimidad de las autoridades que se eligen, si en cada elección se cambian las reglas del juego!
Además, el sistema propuesto lleva implícita una politización bastante aguda de las elecciones municipales. Y contrariamente a lo que puede suponerse, el hecho de que se exija mayoría absoluta para ser elegido alcalde en definitiva demandará la existencia de pactos políticos. Y todos sabemos que los pactos políticos se efectúan en Santiago. Por tanto, estaremos definiendo desde Santiago la realidad de las más de trescientas cuarenta comunas existentes en el país.
Voto que no.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , para nosotros esta tercera modificación -como algún señor Senador señaló- es bienvenida, es positiva. Y la vemos así, porque nadie pondrá en tela de juicio la enorme importancia que día a día van adquiriendo los gobiernos comunales en el desarrollo de las comunas, por supuesto de las regiones e, indudablemente, del país.
Alguien planteó que no es bueno que estemos introduciendo una tercera modificación en el sistema electoral. Pero, como Senador que representa una Región del país, quiero señalar que la regionalización no es asunto fácil. Y a pesar de todo los esfuerzos para lograr que éste sea un sistema cercano a lo perfecto, ello no ha acontecido. Tenemos grandes falencias. De ahí que cuando los municipios, los alcaldes, los concejos municipales, se constituyen en pilares fundamentales del desarrollo regional, resulte positivo, recomendable, efectuar una modificación y caminar hacia el perfeccionamiento del sistema. En eso estamos de acuerdo.
Por lo demás, comparto los fundamentos contenidos en el mensaje del Ejecutivo para proponer esta modificación, por cuanto con ella se termina absoluta y definitivamente con la elección indirecta de alcaldes a través del concejo municipal, dejando que resida exclusivamente en la ciudadanía, en una votación clara y transparente, la decisión de quién será su alcalde. Hoy los electores sólo votan por concejales, y no tienen ninguna certeza de quién irá a ser el alcalde.
Reitero: en los fundamentos del mensaje presidencial -y participo de ello- se afirma que la ciudadanía no sabe si al votar lo hace por un futuro alcalde o por un concejal.
Ahora -¡qué duda cabe!-, la elección directa del alcalde significa un ejercicio democrático más pleno de la soberanía.
La legitimidad de los alcaldes con esta elección ya no dependerá de los acuerdos entre concejales o entre partidos políticos una vez realizada la elección, como ocurre hasta ahora. Eso nos arroja un sinfín de conflictos, de deslealtades que restan apoyo y eficacia a la función del municipio. Y hemos visto casos en que realmente éste no ha resultado compatibles con las aspiraciones de desarrollo de las comunas. Ahora, evidentemente, con esta iniciativa ello dependerá directamente de la voluntad mayoritaria de los electores de la comuna.
Cuando se señala que serán las elites de Santiago las que determinarán los candidatos, debo reconocer que efectivamente ése es un riesgo. Pero creo que durante la discusión particular a lo mejor podremos modificar el sistema. Hoy día, por ejemplo, en la elección presidencial existen las primarias. Entonces, a lo mejor, los partidos políticos podrían -por qué no- establecer primarias internas para presentar a sus candidatos a alcalde. Y habrá que idear también un mecanismo que ofrezca a los independientes la posibilidad de acceso a cargos de autoridad comunal.
Al respecto, estimo importante señalar que nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a si un sistema es bueno o malo.
Si observamos el derecho comparado, veremos diversos estilos en el procedimiento para elegir alcaldes. Por ejemplo, sabemos que en Europa los alcaldes son designados por los concejales, que son elegidos por los electores del municipio. Así sucede en Austria, España , Francia, e Italia, por nombrar sólo algunos de estos países. En cambio, en América Latina predomina la elección separada de alcaldes y concejales. Así ocurre en Colombia, Ecuador , Perú y Venezuela.
No existe en el derecho comparado una experiencia definitiva que nos permita concluir si como norma generalizada es o no beneficiosa. De modo que aquí debemos aplicar criterios que correspondan a nuestras características culturales y a las necesidades institucionales del municipio atendiendo a su eficiencia, eficacia y gobernabilidad.
Por lo tanto, como Senador de esta bancada, voy a votar favorablemente el proyecto del Ejecutivo, que establece un sistema de elecciones separadas de alcaldes y de concejales en un mismo acto eleccionario. Por supuesto estamos abiertos y disponibles para perfeccionar la iniciativa por medio de indicaciones que serán debatidas durante la discusión particular.
Voto a favor.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , señores Senadores, los sistemas de elección que caracterizan a un país moderno pueden tener ciertos errores o ser objeto de algunos reparos, puesto que ninguna obra humana es perfecta. Pero introducir la inestabilidad en las normas pertinentes -ésta sería la tercera modificación en diez años-, en cuanto a la forma de elegir al alcalde de entre un grupo de concejales, me parece absolutamente inconveniente para la función técnica de conducir el municipio.
En el siglo XXI, la ciudad será considerada como un sistema, y, como tal, deberá ser administrada por personal altamente calificado, de gran capacidad técnica. Ello, muchas veces, se contrapone al origen, al partido político o a las ideas políticas de quien dirigirá esta empresa -la ciudad-, que es la respuesta a la modernidad.
Si a eso agregamos que la iniciativa en debate introduce, además, la posibilidad de la segunda vuelta electoral para elegir al alcalde en forma separada de los concejales, en caso de no cumplirse con el mínimo requerido en la primera, estamos incorporando un segundo elemento altamente negativo para el progreso de un país que desea entrar al nuevo siglo con conceptos más modernos, sin que ello signifique ser peyorativo o mirar en menos a los partidos políticos, que sí son necesarios para el juego democrático o para la orientación de las ideas. Pero frente a la noción de ciudad como empresa, como sistema, es evidente que se requiere de personas con gran sentido técnico, que no estén sujetas a la dirección central de una colectividad política.
En otras palabras, la segunda vuelta no sólo presenta un problema práctico, sino también introduce, desde el punto de vista de los ciudadanos independientes, una alta politización del medio, la cual, a mi juicio, es negativa.
Por tales razones, votaré en contra de la modificación propuesta. Porque tal inestabilidad demuestra que sencillamente no estamos entendiendo a la comuna, a la ciudad, como un sistema técnico que requiere la mayor dedicación y la menor intervención política.
Voto negativamente.
El señor VEGA .-
Señor Presidente , no hay ninguna duda de que la elección del gobierno municipal es quizás el acto más importante en una república, porque el alcalde es como jefe de familia, quien recibe los apremios del ciudadano común que vive la contingencia diaria: inundaciones, inseguridad en las calles, fallas en el suministro eléctrico. Se trata de las dificultades cotidianas que sufre la gente, a cuya solución debe acudir prontamente la autoridad edilicia en cualquier momento de sus vidas, sobre todo en las emergencias.
No debe olvidarse que las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, conforme a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 107 de la Constitución. Ellas manejan directamente sus recursos, tienen que ver con una serie de programas de desarrollo, como los dedicados a la juventud, a infraestructura vial y a otras materias más complejas, para lo cual necesitan gente muy especializada. Pero, sobre todo, son las encargadas del control y el desarrollo de la educación, que es algo bastante notable en un país que aspira a un futuro mejor.
Esa gran responsabilidad, actualmente radicada en la autoridad edilicia, obligadamente implica su realización por un profesional. No puede considerarse al alcalde con igual autoridad y al mismo nivel que el concejal. Por eso, considero importante que la elección de alcalde vaya estrictamente dirigida a profesionales seleccionados de la zona y con autoridad política para dirigir el desarrollo de su comuna.
Es lamentable que estemos discutiendo este problema por tercera vez, y habría sido ideal que se hubiera resuelto en las oportunidades anteriores.
Lo que no me parece conveniente es el porcentaje de votos que se necesita para ser alcalde. Inevitablemente, según la estadística disponible, ello nos llevará, en 80 por ciento de los casos, a una segunda elección. En ese evento, se producirá una serie de acuerdos y negociaciones que debilitarán la autoridad del profesional que dirigirá los destinos de la comuna, lo cual es negativo para el ejercicio de los planes de desarrollo y para la autoridad que deberá investir.
El proyecto, por un lado, tiene un aspecto muy interesante: la elección directa de alcalde; y por otro, algo que deberá corregirse por la vía de la indicación: la segunda vuelta, instancia que debilitará, sin ninguna duda, la autoridad de aquél.
Por tal razón, voto a favor de la idea de legislar, y espero que los defectos de la iniciativa se subsanen en la discusión particular.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , el proyecto en análisis básicamente establece la elección separada de alcaldes y concejales, destacándose que ello se hará en votación conjunta por medio de cédulas separadas; que el concejo municipal sólo tendrá la facultad de elegir al alcalde en caso de vacancia; que las elecciones de alcaldes y concejales se harán cada cuatro años, en el mes de septiembre, y que un mismo candidato no podrá postular simultáneamente a ambos cargos.
Coincido con las razones esgrimidas en defensa de la idea de legislar sobre la materia. La elección de alcaldes y concejales en un mismo acto, pero en cédulas separadas, implica entregar a los electores la posibilidad de ejercer su voto con mayor transparencia y claridad, lo cual debiera traer aparejado un interés creciente por participar en un acto cívico tan fundamental para la expresión de cada una de las comunas que conforman el territorio político-administrativo del país.
Del análisis del proyecto, podemos señalar que lo esencial es la idea de separar en la elección de alcaldes y concejales la forma como operará el mecanismo respecto del primero, con el fin de asegurar que cuente con el mayor respaldo posible de los vecinos para afianzar la gobernabilidad del municipio. Los demás aspectos, siendo importantes, son factores accesorios de estos dos elementos principales.
Resulta evidente que el propósito de avanzar hacia una gestión municipal moderna y eficiente, por la cual hemos trabajado arduamente en el Congreso, exige una clara definición de los roles que cumple cada autoridad y de los requisitos que precisan quienes deseen postular a ser elegidos por la comunidad.
En este sentido, es claro que las funciones de alcalde y concejal son distintas. La experiencia de estos años ha ido demostrando que el primero corresponde a la figura más representativa del municipio, como el ente ejecutivo que debe estar en estrecho contacto con la base social para responder a las expectativas de los vecinos. En ese sentido, es importante que el elector vote y marque su preferencia directamente por la persona que desea que se haga cargo de esas funciones.
Por otra parte, la labor de los concejales ha ido evolucionando hacia un rol fiscalizador de los órganos municipales, como un ente cooperador del ejecutivo, que es el alcalde, transformándose, además, en representantes de los vecinos ante la máxima autoridad municipal.
Las diferencias entre ambos cargos -algunos los han asimilado a la división clásica de los Poderes del Estado a nivel comunal- exigen que personas con características distintas ocupen funciones diferentes. Los alcaldes deben ser ejecutivos, eficientes en la administración; los concejales, en cambio, desempeñan, como ya se señaló, una actividad fiscalizadora, para la cual no se requiere dedicación de tiempo exclusiva.
Lo lógico, entonces, es que los partidos políticos y los grupos independientes seleccionen a las personas adecuadas para cada tipo de responsabilidad, de modo de lograr la adhesión de los votantes a los candidatos que se propongan. Esto resulta sumamente sano y deseable, atendida la complejidad cada vez mayor que va adquiriendo la gestión municipal, y echa por tierra el argumento de que la separación de la elección de alcaldes y concejales provocará un detrimento de la calidad de estos últimos, ya que sólo postularán a tales puestos las personas que cumplan con las condiciones correspondientes.
Asimismo, se evitará la situación actual, detectada en muchos municipios, de que el cuerpo de concejales se halla integrado por candidatos a alcalde frustrados, quienes, por tanto, muchas veces no se interesan en la labor de fiscalización y en numerosos casos, además, dedican su tiempo a crear un conjunto de dificultades a la gestión municipal.
Del mismo modo, no se registrará el que concejales accedan a la calidad de tales como consecuencia del arrastre generado por la votación del candidato elegido como alcalde.
Un conjunto de razones, señor Presidente, expuestas en forma somera, me llevan a argumentar...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido, por favor, no efectuar manifestaciones en esta Corporación, pues se encuentra prohibido. En caso contrario, me veré en la obligación de hacer desocupar las tribunas.
Debo recordar que quienes ingresaron contrajeron el compromiso de abstenerse en ese sentido, el que es preciso cumplir.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El público no puede intervenir. Que se disponga el retiro de quienes alteran el orden.
Se suspende la sesión.
______________
--Se suspendió a las 17.31.
--Se reanudó a las 17:38
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Prosigue con el uso de la palabra el Honorable señor Matta.
El señor MATTA.-
Señor Presidente , deseo aprovechar esta ocasión para plantear algunos aspectos que, aunque no dicen relación directa con el proyecto, son sumamente relevantes para que esta iniciativa y las que debamos discutir en el futuro se enmarquen dentro del tipo de municipio que requiere el país.
En efecto, el tema municipal está absolutamente inserto dentro de otro tema mayor, que es el de la regionalización. No estamos buscando mejorar la eficiencia de los municipios simplemente porque ya existen, sino porque el objetivo final es delegar el poder que tradicionalmente tuvo el Gobierno central hacia las regiones, en primer lugar, y hacia las comunas, en último término. En este aspecto, creo conveniente que evaluemos cuál ha sido el desarrollo del proceso de regionalización y descentralización administrativa de nuestro país, para realizar las correcciones pertinentes.
La realidad social, geográfica y política del país, y la globalización mundial van aparejados con un proceso creciente de relevancia de lo local, ya que es en este ámbito donde las personas se organizan y requieren de soluciones a sus necesidades cotidianas.
En este Congreso hemos dado una importante cantidad de atribuciones a los municipios que no han sido empleadas a cabalidad, principalmente porque en muchos casos se produce un bloqueo de la gestión alcaldicia por parte de los concejales, y, en otras ocasiones, porque las personas electas no han sido las adecuadas para cumplir con las funciones específicas de sus cargos.
Necesitamos, entonces, avanzar en la desconcentración del poder, por una parte, y en una mayor eficiencia de los municipios, por otro lado, para responder a las expectativas de las personas. Esto es democracia, y permitir que sean los propios vecinos los que decidan quiénes deben ser alcaldes y quiénes concejales es un mejoramiento objetivo de nuestro sistema político, porque asegura la representatividad de las autoridades locales y porque promueve la participación de los ciudadanos.
Por las consideraciones expuestas, apruebo la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo) .-
Señor Presidente , pienso que nadie en el país puede no entender la importancia que tiene hoy el municipio y también, por cierto, un sistema de generación de sus autoridades que permita desde su origen cumplir con las funciones que se requieren en la actualidad.
Ahora bien, es obvio que hay que compartir el fundamento dado por el Gobierno. Nadie puede no darse cuenta de la inmensa importancia que tiene que el elector sepa claramente por quién vota y quién será su alcalde o su autoridad más directa, como en este caso.
Asimismo, me parece que el segundo fundamento entregado por el Ejecutivo es de toda seriedad, en el sentido de que no es bueno ni conveniente que en el origen de una elección, como la de las autoridades municipales, pueda estar el principio de desunión que mañana se refleje en la incompatibilidad o en los intereses contrapuestos que pueden darse entre los concejales y el alcalde.
Si bien comparto estas dos razones y me parece seriamente que también deben ser compartidas por la inmensa mayoría, presentan, sin lugar a dudas, objeciones bastante de fondo.
En primer término, si se separa la elección de alcaldes de la de concejales para dar mayor transparencia, mayor dirección al voto del elector, ello no asegura que en el futuro ese hipotético elector en cada una de las comunas del país tenga como candidato a la persona que él desea que sea alcalde. Me explico: establecer un sistema de elección separada de alcaldes y concejales sin establecer al mismo tiempo la prohibición de pactos electorales, o que éstos se den en forma implícita, puede traer aparejado que el primer argumento, el primer fundamento de las razones del Ejecutivo para proponer tan importante modificación no sea sino un planteamiento teórico sin correspondencia alguna con la realidad.
La segunda observación de fondo al proyecto, relacionada con el inconveniente de que se genere desde el origen una contraposición entre los intereses de los concejales y del alcalde es la señalada con mucha claridad por el Senador señor Moreno en la sesión anterior. Al no participar el alcalde conjuntamente con los concejales, se logrará que la mejor gente que pueda acceder al municipio quede en el camino y, en consecuencia, se debilite la acción municipal.
Con todo, pienso que podemos mejorar o complementar este proyecto a través de las indicaciones. Pero deseo dejar claramente establecida una objeción de fondo. Si ello no se traduce en indicaciones que podamos aprobar y reglar, podría establecerse perfectamente en el futuro una ley de elecciones de alcaldes y concejales que también establezca de hecho la división artificial del país en monopolios electorales de dos grandes tendencias, de dos grandes grupos electorales y, por esta vía, al igual que por el sistema binominal, privar al elector de una clara y lúcida representación, lo cual es el mayor anhelo que hoy tenemos.
Manifiesto mi voto favorable a la idea de legislar, pero me reservo el derecho de formular indicaciones, con el objeto de establecer un sistema que cautele debidamente una elección de alcaldes realmente representativa, donde además los concejales o los diversos candidatos que no resulten electos para el cargo de edil puedan integrar, siempre que reúnan los votos correspondientes, el concejo municipal, y donde, en definitiva, se contemple en forma clara, precisa y expresa la prohibición de pactos electorales, para que el ciudadano tenga la seguridad de que escogerá conforme a criterios objetivos y no de acuerdo con los impuestos desde afuera o los provenientes de voluntades superiores que primen sobre la suya.
Por todo ello, me pronuncio a favor de la iniciativa, con las objeciones señaladas, las que haré efectivas a través de indicaciones que, junto a otros señores Senadores, presentaré con motivo de la discusión particular de la misma.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente , la vuelta a la democracia no significó de inmediato la democratización de los municipios. Sólo en 1992, en virtud de la reforma constitucional del año anterior, plasmada en la ley Nº 19.097, ellos pasaron a quedar integrados por el alcalde y los concejales, todos elegidos por sufragio universal.
En febrero de 1992, se realizó la primera elección municipal propiamente democrática, en la que fueron electos alcaldes los concejales de las listas más votadas que obtuvieron, a lo menos, el 35 por ciento de los sufragios. En los demás casos, fueron elegidos por el Concejo.
A partir de octubre de 1996, conforme a la ley Nº 19.452 y la reforma constitucional promulgada mediante ley Nº 19.448, ambas de ese mismo año, la elección de alcalde se hace en forma directa por la ciudadanía y sin intervención del Concejo.
La norma establecida determina que será elegido alcalde el candidato a concejal que obtenga la primera mayoría comunal y pertenezca a la lista que logre, a lo menos, el 30 por ciento de los votos. En subsidio, se elige a la primera mayoría de la lista con mayor número de sufragios. De no darse ninguna de esas situaciones, se escogerá al de mayor votación individual de la lista más votada.
El mérito de tales normas fue, al menos, que la elección de alcalde pasó a emanar directamente de la voluntad popular.
Con todo, el sistema vigente presenta las siguientes desventajas. Primero, la ciudadanía, al votar, no tiene claro si lo está haciendo para elegir alcalde o para elegir concejal. Esto es particularmente importante después de que, a raíz de varias reformas, se han determinado las prerrogativas del alcalde como jefe comunal y se han diferenciado claramente las atribuciones del concejo municipal.
En segundo lugar, también es necesario tener en cuenta que si la elección de alcalde y concejales es conjunta, se crean inevitablemente fricciones y rivalidades entre los candidatos, las que casi siempre, como lo demuestra la práctica, perduran más allá de la elección e influyen negativamente en la marcha de la municipalidad.
Lo anterior ha llevado a la Asociación Chilena de Municipalidades a solicitar que se legisle para establecer la elección simultánea, pero en cédulas separadas, de alcaldes y concejales.
También ha habido iniciativas parlamentarias en ese mismo sentido; entre ellas, la moción que en enero de 1997 presentaron los Honorables señores Núñez , Ríos y el Senador que habla. La misma idea se halla contenida en la iniciativa del Ejecutivo que ahora estamos conociendo.
El proyecto contempla una propuesta para realizar la idea fundamental de la iniciativa legal, pero también es perfectamente posible que ella se pueda concretar a través de otras formas, muchas de las cuales se han insinuado y tienen alcances diferentes. Éstas deberán ser objeto de indicaciones y planteadas en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, para ser resueltas finalmente por la Sala. Todo ello con motivo del segundo informe y si, como espero, se aprueba la idea de legislar.
A mi juicio, y más allá de todo cálculo o interés político actual, es conveniente aprobar en general la iniciativa, como una forma necesaria para avanzar definitivamente en la democratización de los municipios.
En consecuencia, por las razones que he sintetizado, voto a favor de la idea de legislar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.
El señor URENDA.-
Señor Presidente , hace algunas semanas, durante el largo debate de este proyecto, tuve la oportunidad de intervenir y señalar que, curiosamente, cuando en este país una ley da buenos resultados, ella se modifica. Así, en este caso concreto, se presenta el absurdo de que en materia municipal pretendemos establecer un cuarto sistema de elecciones distinto a los tres anteriores, en circunstancias de que el último tuvo espléndidos resultados.
Sobre el particular, siento la obligación de repetir las palabras de don Pepe Auth , distinguido miembro del PPD y técnico electoral, quien, respecto a la última elección, resume sus puntos de vista diciendo que "El cambio de sistema le hizo bien a los municipios, en términos de la legitimidad ciudadana de sus alcaldes, de la gobernabilidad comunal, de la necesaria renovación de los alcaldes, del cambio político en las comunas y del alto grado de competitividad entre liderazgos locales más allá de sus marcas partidarias.".
Agrega que "Aparte de lo señalado, la gran diferencia de este sistema con la alternativa de elecciones separadas de alcaldes y concejales, es que la decisión es tomada íntegramente por la gente de la comuna, que elige de entre múltiples opciones de todos los partidos políticos presentes y a veces, incluso, entre varios liderazgos del mismo partido. La elección separada obliga, obviamente, a las direcciones nacionales de los partidos, a sustituir a la ciudadanía en buena parte de la decisión, al necesitar acuerdos y omisiones que anulan parcial o totalmente la competencia. En un país que ha hecho su apuesta a acercar el Estado a la gente y a transferir poder a la ciudadanía, no corresponde que las elites políticas santiaguinas recuperen el poder de designar en la práctica al alcalde o definir su color político en cada una de las comunas de Chile. Porque eso es lo que ocurriría si se instala un sistema de elecciones separadas de alcaldes y concejales.".
Señor Presidente , diversos señores Senadores se han manifestado a favor del proyecto, pero, curiosamente, todos y cada uno de ellos han expresado sus múltiples defectos, hasta el punto de que no se ve coincidencia entre sus opiniones. Eso, en definitiva, significa que, si se acoge esta iniciativa, no sabríamos lo que se está aprobando.
A mi juicio, tal vez el peor argumento que se esgrime es que los candidatos a alcalde derrotados serían, dentro del municipio, un obstáculo para la labor de quien sea elegido edil. Posiblemente esto ocurre en algunas comunas, pero no en la mayoría de ellas. En todo caso, eso resulta democrático y es preferible a que los candidatos derrotados, entre los cuales pueden estar los mejores ciudadanos, queden fuera del municipio y que, en consecuencia, sean pocos los que tengan interés en ser concejales.
En mi opinión, la verdad de las cosas es que en estas materias -en cierto modo, repito los conceptos de don Pepe Auth- el pueblo es más sabio. Lo que se pretende ahora -y eso es lo que está absolutamente detrás del proyecto- es que las cúpulas santiaguinas designen a los alcaldes de todo Chile, o que, al menos, nominen a las personas entre las cuales elegirá la ciudadanía. Considero que eso es absolutamente antidemocrático. Y lo más grave, lo que causa mi mayor preocupación, es el hecho de que tal planteamiento sea apoyado por los Parlamentarios más regionalistas.
Dicho sistema afectará profundamente el proceso de regionalización del país, pues creo que, en definitiva, el poder que surge de las comunas, del pueblo, del ciudadano que en la pequeña comuna sabe perfectamente cuáles son los candidatos, será destruido, como lo fue tiempo atrás con el famoso protocolo.
El sistema actual es perfectamente limpio: el pueblo elige al alcalde sufragando por él, y el candidato que ocupará dicho cargo es el que logra sacar más votos, el que cuenta con más apoyo.
Sabemos que las expresiones sobre mayor o menor tecnicismo no corresponden a la realidad, porque, si bien hay alcaldes que tienen menos condiciones ejecutivas y preparación que ciertos concejales, ello, de por sí, no es razón para señalar que son funciones diametralmente opuestas. Porque, al fin y al cabo, el Concejo también cumple funciones importantes y está formado por ciudadanos que tienen espíritu de servicio público.
De ahí que, en mi opinión, el proyecto está de más. Por qué no legislamos en serio -como nos gritaban hace un rato desde las tribunas- y revertimos lo que estamos haciendo ahora: destruir una buena ley mediante esta iniciativa, a la cual incluso quienes han expresado ser partidarios de aprobarla le encuentran veinte defectos y que no sabemos cómo resultará en definitiva.
El cuerpo legal vigente ha acreditado su calidad; ha demostrado su eficiencia; posibilita saber el día de las elecciones quién será el alcalde; en gran parte de los casos permite a un candidato alcanzar la mayoría para ser alcalde; da oportunidad para que el pueblo, muchas veces superando el criterio de los partidos políticos, elija en ese cargo a la persona más adecuada.
Por eso, señor Presidente, pienso que cometeríamos un grave error volviendo a discutir la materia. Porque eso es lo que deberemos hacer, a juzgar por la disparidad de criterios manifestada esta tarde.
Repito: no destruyamos una ley que ha demostrado ser eficiente y que, de alguna manera, permite al pueblo acercarse al poder y no seguir sometido a lo que se resuelva en Santiago.
Voto en contra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Valdés, quien es el último inscrito en la lista de fundamentación de voto. Posteriormente se tomará la votación nominal en el orden que procede.
El señor VALDÉS .-
Señor Presidente , hay muy buenas razones tanto a favor como en contra. He escuchado con enorme interés el debate, y particularmente, las elocuentes expresiones de mi querido amigo y Senador por Valparaíso Honorable señor Urenda . Su Señoría ha hecho una exposición realmente magnífica de alabanza a la democracia. Y lo felicito, porque también participo del concepto de que el pueblo es más sabio que lo que la gente piensa.
La elección directa es la forma natural de expresar la voluntad de las comunidades. Así debería elegirse siempre a los representantes populares. Me gustaría que esa misma argumentación se aplicara respecto de la elección de todos quienes ostentan cargos ejecutivos, legislativos -no los judiciales, pues son especializados- y municipales.
Sin embargo, las opiniones favorables a ese sistema señaladas por Su Señoría no son similares a las que fundamentan la elección separada de alcaldes y concejales; hay diferencias.
En este caso no es un argumento válido, pues uno hace iguales cosas que otros por distintas razones; éstas no pueden uniformarse.
Sin entrar a analizar en profundidad el problema, discrepo de algunas justificaciones que se aducen contra la iniciativa. Por ejemplo, se arguye que ya ha habido dos o tres modificaciones a la ley. No comparto tal planteamiento, porque las cosas son perfectibles. Si no fuera por las reformas, todavía nos regiríamos por la Constitución de 1833 y tendríamos legislaciones como la propiciada por el señor Irarrázaval , quien, en el siglo pasado, más bien importó las comunas de Francia.
La democracia que estamos construyendo, señor Presidente, no está consolidada del todo; hay que perfeccionarla en muchos aspectos.
Soy partidario de la elección separada de alcaldes y de concejales en cierto modo por mi experiencia, que puede ser distinta de la de otros señores Senadores. Ella me indica que, en la práctica y con la tendencia actual, los municipios reciben cada vez más carga de responsabilidades; incluso, algunas excesivas para municipios pequeños, sin recursos económicos ni capacidades humanas, en cualquier Región. A las tradicionales obligaciones en materia de ornato, aseo, entrega de cierto grado de seguridad, etcétera, se han agregado las de la educación y las de salud, entre otras. Y en el futuro se sumarán las relacionadas con el deporte, etcétera. En tales condiciones, el cargo de alcalde pasa a ser el de un ejecutivo muy preparado.
No soy partidario de los alcaldes designados, como los hubo en un momento dado. Algunos fueron muy buenos, y otros, no tanto; ésa era la situación. Se buscaba a gente de gran excelencia. Por aquí he visto a personas que fueron alcaldes designados y que lo hicieron muy bien.
Empero, ahora -como decía el Senador señor Urenda - estamos en un período democrático, donde los representantes son elegidos. Y no me gusta una fórmula mixta entre designado y elegido. Sí, un sistema en el cual poco a poco la población advierta que, en la práctica, elegir a un alcalde tiene más importancia que elegir a un Diputado , o tanto o más que elegir a un Senador, porque debe tratarse de una persona dotada de don de mando, de conocimientos, de experiencia en manejo de gente y, en fin, de una calidad cada vez superior.
El alcalde de Nueva York, el de París y el de Roma cumplen sus funciones en forma sobresaliente. Y han llegado a ese cargo a través de una elección.
El señor DÍEZ.-
Agregue al de Las Condes.
El señor VALDÉS .-
El de Las Condes, el de Santiago, el de Osorno, el de Río Bueno (puedo nombrar varios), también son alcaldes muy eficientes.
¡El Alcalde de Las Condes es tan bueno, que ahora quiere ser Presidente de la República...! De manera que estamos creando una nueva situación.
En todo caso, no cabe duda de que para ser alcalde se requieren mayores exigencias que para ser concejal. Por lo tanto, la elección separada de ambos conducirá a que los partidos, que inevitablemente deben participar en el proceso, por sí solos o a través de pactos -y es indispensable que los hagan, porque de lo contrario no hay vida política-, lleven los mejores candidatos; pero, sobre todo, a que la población vote por alguien que entre sus distintas aptitudes tenga la de liderato, y no vote por el integrante de una lista en la cual da lo mismo votar por uno que por otro.
En tal virtud, me inclino por la elección separada de alcaldes y de concejales, para iniciar una administración con capacidad ejecutiva en los municipios, que hoy -lo lamento- no existe. No la hay en Valparaíso, ni en las distintas ciudades que con tanta dignidad, talento y constancia representa el Senador señor Urenda .
Los alcaldes han ser algo más que recogedores de votos; algo más que personas que gocen de la simpatía general: deben reunir condiciones excepcionales y ser elegidos en ese carácter.
Ahora, siempre habrá partidos que proclamen a los candidatos. No creo que exista un problema de regionalismo. Los alcaldes deben ser habitantes de la localidad. Pero tienen que prepararse para desempeñar ese cargo. Y, en ese sentido, deben presentarse para ser elegidos como tales y no como miembros de un Concejo que carece de mayor responsabilidad.
Por eso, voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, el señor Secretario procederá a tomar la votación en el orden establecido por el Reglamento.
El señor ABURTO.-
Señor Presidente, estoy en contra del proyecto y lo votaré negativamente.
Como ya se ha dicho aquí, desde la primitiva Ley Orgánica de Municipalidades se han introducido tres modificaciones con relación a la elección de alcaldes.
Ahora bien, con las enmiendas propuestas en esta oportunidad, la falta de mayoría absoluta obligará a efectuar una nueva votación. En este caso, según he conversado con el señor Director del Registro Electoral , las mayorías relativas provocarán gran trastorno y, adicionalmente -como también se ha señalado-, inestabilidad en el sistema de elección de dichas autoridades.
Recuerdo lo que ocurría antes de 1973. En conformidad al mecanismo contemplado en la antigua Ley de Municipalidades, a los regidores les correspondía elegir al alcalde en la sesión constitutiva. En una comuna de la zona metropolitana se produjo debate acerca de la forma de elección y luego hubo empate en la votación. Cierto sector desconoció la existencia de éste y sostuvo que había resultado elegido alcalde otro de los regidores. La ley preveía el sorteo para caso de empate. El regidor que presidía la sesión -quien obtuvo la primera mayoría- lanzó al aire una moneda y los demás regidores hicieron lo mismo. De modo que no se supo el resultado del sorteo. En definitiva, salieron elegidos dos alcaldes, quienes comenzaron a ejercer el cargo simultáneamente. Me nombraron Ministro en Visita para arreglar la situación, que se tradujo en toma del local de la municipalidad, en descerrajamientos, etcétera, y se produjeron muchos daños. Afortunadamente, no me vi en la necesidad de elegir a uno de ellos, por cuanto se pusieron de acuerdo y al final se llegó a una solución.
Cuento esa anécdota para poner de manifiesto que los sistemas cambian. En otras partes, la elección de alcalde por los propios regidores en la sesión constitutiva da resultados, según lo expresado por el Senador señor Muñoz Barra . O sea, puede haber muchos sistemas. La cuestión depende de la madurez cívica de los habitantes.
En Chile, la ciudadanía tiene conciencia de que elige alcalde al momento de elegir los concejales; sabe que quien obtenga la primera mayoría ejercerá dicho cargo. Y así ocurrió en Peñalolén, donde, por una diferencia de 40 votos, se discutió quién había sido elegido alcalde.
Por esos motivos, voto en contra de la idea de legislar.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente , sin duda alguna, puede haber muchos sistemas. Y, de hecho, hemos funcionado sucesivamente con varios.
En 1991, cuando participé directamente, en calidad de Ministro , en la primera negociación, también surgió este tema. Y si no se produjo acuerdo en torno de la elección separada de alcalde en ese momento, fue por las dificultades, ciertamente muy legítimas -intereses contradictorios, cálculos, etcétera-, de los distintos partidos políticos (de todos; no estoy personalizando con respecto a ninguno).
En mi opinión, el problema fundamental es claro. Los alcaldes son hoy día personas que gozan de autoridad, de recursos, de atribuciones decisorias; constituyen un poder ejecutivo en su respectiva comuna de una manera muy distinta de lo que era hace 10, 20 ó 30 años. Por lo tanto, la calidad ejecutiva hace que sus funciones, además, sean bastante diferentes de la de los concejales, que componen un cuerpo fundamentalmente normativo y fiscalizador.
Por otra parte, me parece que, al votar, los ciudadanos, justamente por la importancia que reviste el alcalde, tienen el derecho a saber con perfecta precisión entre qué opciones deben definir para elegirlo. Porque eso, actualmente, lo ignoran: votan por concejales, uno de los cuales podría ser alcalde; pero carecen de certeza. A mi juicio, ello constituye un derecho del ciudadano. Y el que así ocurra es parte del prestigio de un sistema político.
Como señaló el Senador señor Valdés , los alcaldes requieren ser personas con muchas condiciones y muy destacadas en su comuna.
Ahora bien, el criterio muy claramente favorable que tengo sobre la elección separada de alcalde no significa que yo ignore las dificultades que la solución concreta presenta.
En primer lugar, es evidente que siguen existiendo los problemas de intereses y de cálculos -legítimos- de los diferentes partidos. Ello sucede con una u otra fórmula para la elección separada de alcalde. Por lo tanto, si se aprueba la idea de legislar, existen muchos procedimientos que se pueden discutir y convenir a fin de dar las mayores garantías posibles a los distintos actores políticos del sistema. Por ejemplo, no me cabe duda de que la exigencia de la mitad más uno de los votos es imposible que obtenga el acuerdo mayoritario del Senado. En cambio, otra fórmula sí podría llegar a eso.
En segundo término, en cuanto a la elección de alcaldes en una política de bloques, evidentemente, los pactos de omisión podrían tener la consecuencia señalada por el Senador señor Urenda , en el sentido de que toda la decisión se tome en Santiago sobre la base de pactos nacionales. De manera que, en mi concepto, hay que buscar una fórmula en que no existan esos pactos nacionales, que en definitiva escamotean el derecho del ciudadano a elegir alcaldes, por cuanto limitan extraordinariamente las opciones respecto de las cuales debe pronunciarse. En efecto, tiene que definirse entre el señor Pérez , por un bloque, y el señor Soto , por otro. Esto también tiene solución, y podrían indicarse varias alternativas.
En tercer lugar, tenemos el problema de la segunda vuelta electoral. Ciertamente, la realización de 300 segundas vueltas es un imposible. Por lo tanto, si la exigencia para ser elegido se baja de 50 por ciento más uno a 35 ó 30 por ciento, la situación cambia radicalmente. Porque no creo que constituya problema mayor el que haya 10, 15 ó 20 segundas vueltas a lo largo del país existiendo tribunales electorales regionales.
Por consiguiente, me parece que debemos aprobar la idea de legislar, comprometernos con la elección separada de alcaldes y concejales, y luego, dedicarnos a buscar la forma de resolver esos tres o más problemas, cuya existencia reconozco y que no me parecen de fácil solución.
Voto que sí.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , voto en contra, porque no considero bueno que en cada elección municipal cambiemos el sistema y, además, porque hago mías todas las expresiones vertidas por el Senador señor Urenda .
El señor CANESSA.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con quienes afirman que, en el plano de la doctrina, tiene ventajas la elección separada de alcaldes y concejales. Estas autoridades comunales desarrollan funciones distintas, aunque ciertamente vinculadas y, en realidad, complementarias.
No obstante, también es preciso reconocer que el sistema vigente ha funcionado razonablemente bien y que lo que en verdad reviste importancia -esto es, la administración de la municipalidad- no se verá afectado en lo sustancial si se mantiene el procedimiento que hoy regula la elección de alcaldes y concejales.
Es más, desde 1991 en adelante, hemos visto sucederse en el ámbito de la democracia participativa, o democracia en la base, diversos cambios difíciles de justificar. En realidad, su único propósito ha sido arrancar esa esfera de decisiones a la comunidad local para traspasarla a los partidos políticos.
Señor Presidente , cuando se trata de modificar la institucionalidad de la dirección comunal, no bastan los principios. Es preciso analizar cuidadosamente las consecuencias que pueda tener esta nueva reforma y calcular su influencia, buena o mala, para el bien común de los ciudadanos.
En otra perspectiva, dada la interpretación restrictiva que por su propia naturaleza tienen las disposiciones de la Carta Fundamental, subsisten las dudas acerca de la constitucionalidad. El punto no está completamente dilucidado, y me hace fuerza el razonamiento del Instituto Libertad y del Instituto Libertad y Desarrollo, centros de estudio que se han pronunciado por la indispensable reforma previa de la Constitución si se quiere elegir alcalde en forma separada y mediante elección popular. En definitiva, será el Tribunal Constitucional quien deberá pronunciarse sobre el particular.
No me parece bueno, para un sistema político y social que debe ser asentado en el tiempo a la luz de la experiencia, fomentar desde el ámbito legislativo una serie de cambios cuya meta dista mucho de estar clara. Asimismo, esta propuesta, en concreto, admite una reserva de constitucionalidad que, por cierto, desde ya formulo.
Por las consideraciones anteriores, voto en contra.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , el sistema vigente se basa en la concentración de votos en un solo candidato, para obtener así el alcalde y arrastrar el mayor número de cargos de concejales. En general, promueve la fórmula de un alcalde (rol ejecutivo) de buen nivel, preparado y con arraigo; pero ello implica, necesariamente, una lista de concejales con un perfil más bajo para no afectar los cuoteos u ordenamientos -o concentración de votos- de las coaliciones solistas. Lamentablemente, en la práctica ello afecta negativamente la calidad de la gestión municipal, su transparencia, el nivel de participación ciudadana y el acceso a los beneficios del desarrollo.
El municipio actual, moderno, es el motor del desarrollo local; es el instrumento que permite acceder a los beneficios del progreso y, en consecuencia, aquellos que lo componen, alcalde y concejales, revisten particular importancia. Es por eso que hay que entender la especificidad tan distinta entre el cargo de alcalde y el de concejal. La dedicación de tiempo, el requerimiento de aplicación a las tareas, es completamente distinto, y las tareas son de naturaleza muy diferente. En efecto, el perfilamiento y las condiciones de un candidato a alcalde difieren fundamentalmente de aquellas requeridas para desempeñarse como concejal. Las destrezas, aptitudes y dedicación de tiempo son absolutamente diferentes en uno y otro caso, y esas diferencias determinarán los distintos ambientes desde donde provendrán los candidatos para cargos con funciones y responsabilidades tan disímiles.
Asimismo, un aspecto no menos trascendente es que se favorece la independencia y autonomía de cada nivel, es decir, el alcalde como ejecutivo y el concejo con su carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. En efecto, la función ejecutiva maneja miles de millones de pesos y, en consecuencia, requiere un nivel técnico de calificación y de preparación que hace necesario, efectivamente, distinguir entre uno y otro, separar para apuntar a esa especificidad, a ese requerimiento técnico, a esa alta calificación. Y en el caso del concejal, precisamente por la menor disponibilidad de tiempo, en mi opinión se favorece, al hacer una elección separada -sin el riesgo de que implique ser elegido alcalde-, el poder incorporar a los mejores elementos técnicos de cada comuna para cumplir esas facultades normativas, esas facultades resolutivas y esas facultades fiscalizadoras.
Ahora bien, desde el punto de vista de la democracia, sin duda que, mientras más directo sea el acto de elegir a través del sufragio universal, en una elección directa, con una participación cada vez mayor de la ciudadanía, me parece que se está apuntando hacia el ideal democrático que corresponde.
Por otro lado, en el marco teórico de la descentralización, se establece con absoluta claridad que, mientras más directa sea la generación de autoridades por la base social, más perfecto es el grado de descentralización política hacia el cual estamos accediendo, que es precisamente -reitero- el acto de elegir por parte de la base ciudadana.
Coincido con el señor Contralor General de la República cuando ha señalado que en Chile estamos avanzando por un sendero de falta de transparencia preocupante en la gestión municipal. Y, efectivamente, creo que es así, porque los alcaldes son en definitiva los que habilitan a esas personas para ser concejales y esa situación, a mi juicio, los inhibe para ejercer sus facultades fiscalizadoras en plenitud. Me atrevería a decir que no sólo estamos frente a problemas de probidad y de falta de transparencia. Hay muchos municipios en Chile donde francamente se está bordeando la corrupción, y la Contraloría ha dado adecuado testimonio de que esta situación es real y fidedigna. En consecuencia, esto también favorece el principio de la transparencia, al ejercer adecuadamente los concejales el acto de la fiscalización.
Por otro lado, creo que un sistema de elección separada permite también una mayor independencia no sólo en la gestión de los concejales, sino también favorece la participación de los sectores independientes en igualdad de condiciones. Ello contribuirá a que la elección de alcaldes y concejales, separados, cada uno en sus propias listas, se aleje del énfasis político contingente o político partidista. Y cada día más se va a dar la situación de que se pueda elegir en función de las reales capacidades de los distintos candidatos.
Finalmente, deseo señalar que soy partidario de no aprobar la segunda vuelta. Es decir, el alcalde sigue manteniendo su condición de concejal, y con eso se acaban los problemas de constitucionalidad a los cuales se ha hecho referencia, y se somete a todas las obligaciones e inhabilidades que afectan precisamente a los concejales.
Se establece la elección directa y separada, en forma simultánea, de alcaldes y concejales. Y será alcalde, en mi opinión, aquel candidato que haya obtenido la más alta votación individual, sin segunda vuelta y sin umbral.
Por estas razones, voto que sí.
El señor FOXLEY .-
Señor Presidente , me pronuncio a favor de la iniciativa porque, a mi entender, no es más que una respuesta a la experiencia vivida: si bien se han ensayado otros sistemas de elección de alcaldes y concejales, la verdad es que el hoy vigente no satisface.
Por otro lado, coincido con lo manifestado por el Senador señor Valdés y otros Honorables colegas, en el sentido de que el rol de los alcaldes es cada vez más valorado por la comunidad. Ellos determinan en gran medida las condiciones y circunstancias en que se desenvuelve la vida cotidiana de las personas. Dentro de los procesos electorales en los cuales participan los ciudadanos, los efectuados a nivel local revisten crecientemente una significación directa para las personas y, por lo tanto, debería dárseles la posibilidad de elegir a las autoridades de acuerdo con la función que van a desempeñar.
La experiencia del sistema actual es bastante conocida. A pesar de algunos mejoramientos en la ley, permanece cierta ambigüedad entre el rol del alcalde y el de los concejales. Se dice con razón que entre estos últimos a menudo hay buen número de alcaldes frustrados. Entonces, por una especie de vicio de origen, el sistema no funciona adecuadamente.
Quienes han sido alcaldes y conocen más de cerca el problema tienden a coincidir en la necesidad de que la elección de dichas autoridades sea separada. La Asociación Chilena de Municipalidades así lo ha manifestado. Incluso tengo en mi poder un texto con declaraciones del ex alcalde de Las Condes, don Joaquín Lavín , quien dice: "La mejor fórmula es la que plantea la Asociación Chilena de Municipios: la elección directa y separada de alcaldes y concejales.". Éstas son las palabras de una persona que ha sido muy exitosa en su gestión alcaldicia; y creo que es una voz que debería ser escuchada por todos los sectores.
En síntesis, me parece que el proyecto constituye un avance respecto de la forma de elección vigente. No cabe duda de que en la discusión particular deben afinarse algunos temas, como los que se han discutido acá, respecto de si es conveniente o no la segunda vuelta, y los criterios para que en la primera vuelta una persona pueda ser elegida automáticamente como alcalde, si alcanza cierto porcentaje de la votación. Desde el punto de vista de la idea de legislar, no me cabe duda de que el proyecto representa un avance, el deseo -también expresado por la ciudadanía- de escoger directamente, con nombre y apellido, a quien va a conducir los asuntos de la comunidad local. Por tal razón, creo que deberíamos aprobarlo en general.
Voto a favor.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , ésta es la tercera reforma importante que se introduce a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La primera ocurrió en 1991-1992, cuando se restableció el principio democrático en la generación de la autoridad comunal. La segunda se efectuó en 1995.
La transición democrática partió con una ley que manifiestamente era herencia de un régimen autoritario y, por tanto, resultaba fundamental dar un carácter democrático al gobierno comunal. Esa discusión y la que hemos hecho durante todos estos años se da dentro de un contexto nacional e internacional en que cada vez aparece como más importante la fortaleza del poder local. Uno de los elementos característicos del desarrollo de las democracias contemporáneas es que se da mucha importancia al gobierno local, porque eso sin duda acerca la expresión ciudadana a la resolución de los problemas más directamente sentidos por la comunidad.
Tenemos, además, en el país un proceso de reforzamiento de las atribuciones de la autoridad municipal. Ese proceso de fortalecimiento administrativo se inició, incluso, bajo el Régimen Militar, antes de la democratización del municipio, el cual administra hoy servicios fundamentales para la comunidad, como la educación y la salud. Indudablemente, no le faltan problemas en esta labor, pero hay una tendencia creciente a que el gobierno municipal tenga una importancia cada vez mayor, y yo creo que eso es percibido así por la ciudadanía.
A mi juicio, la definición respecto de cómo se constituye el gobierno comunal, de cuál es el mejor régimen desde el punto de vista institucional y cuál el que permite la generación más transparente y democrática de sus autoridades, tiene que ver, cada vez más, con la posibilidad de los ciudadanos de resolver muchos de sus problemas más urgentes, con la extensión de la democracia y con el aumento de su carácter participativo.
No hay duda de que, en nuestro sistema municipal, la figura del alcalde como responsable del gobierno comunal es central. Los buenos alcaldes en el país, de distintas ideologías y procedencias políticas, han logrado un gran respaldo ciudadano. Hoy día tenemos una situación que, según creo, se da por primera vez en nuestra historia: la de un alcalde candidato a la Presidencia de la República . No sé si Vicuña Mackenna fue también candidato a la Primera Magistratura ; ése podría haber sido un precedente.
Dicho lo anterior, quisiera simplemente puntualizar que me llama la atención que quienes apoyan al candidato-alcalde no estén en absoluto de acuerdo con él. Cabe recordar que la reforma que nos ocupa tiene el apoyo unánime de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la cual aquél fue Vicepresidente . Cada vez que se produce la menor diferencia entre nuestro candidato y sus adherentes, la Derecha arma un escándalo y denuncia que estamos dando muestras de ingobernabilidad, etcétera. Yo los llamo a hacer un ejercicio de equidad y de rigurosidad en esta ocasión: en una materia muy importante para los problemas concretos de la gente, como se suele decir hoy día, el Partido principal de los que apoyan al ex alcalde Lavín está completamente en contra de lo que fue el pronunciamiento de éste respecto de un asunto que, en mi opinión, sí le interesa mucho a gran parte de la ciudadanía.
Llamo la atención sobre esta contradicción política que me parece evidente, y creo que el país necesita explicaciones sobre estos asuntos, porque tienen que ver con un debate público no insignificante. La democracia comunal es parte esencial de cualquier proyecto de desarrollo del país. Por eso, por lo menos llama la atención que, en una materia tan importante, el principal Partido del candidato presidencial de la Derecha -no incluyo a toda la Oposición, porque hay destacados Parlamentarios de esas bancadas que acompañan a las fuerzas de Gobierno en este proyecto- tenga una opinión contraria.
En materias como ésta debemos pensar en la virtud de las instituciones más que en los intereses electorales de los partidos políticos. Y no cabe duda alguna -hay casi unanimidad al respecto- de que la figura del alcalde, por su función, es completamente distinta de la de los concejales. Eso es así. Por tanto, la elección separada..
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI .-
...le permite efectivamente a los ciudadanos elegir, precisamente, lo que se está eligiendo: alcaldes y concejales; unos para que gobiernen el municipio, otros para que realicen la función fiscalizadora, consultiva, controladora que tiene el concejo municipal. Por consiguiente, junto con pensar que este debate debemos llevarlo a todo el país...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI .-
...porque el país tiene opinión clara sobre esto, creo indispensable...
El señor DÍEZ.-
El Reglamento, señor Presidente...
El señor RÍOS ( Vicepresidente ).-
Reitero al señor Senador que ha terminado su tiempo.
El señor GAZMURI.-
No veo que haya tanta urgencia cuando hablan otros señores Senadores; lo que ocurre es que a las bancadas de enfrente no les gusta la crítica.
El señor DÍEZ.-
Siempre hay urgencia para cumplir con el Reglamento y la ley, señor Senador.
El señor GAZMURI.-
Advierto ciertos nervios en las bancadas de enfrente, lo que normalmente no corresponde cuando uno excede pocos minutos...
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Estamos en votación, de modo que no existe posibilidad alguna de debatir.
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor GAZMURI .-
Termino, señor Presidente , señalando mi voto favorable a esta reforma, la que, a mi juicio, es muy importante.
El señor BOMBAL .-
¡Eso es lo que queríamos oír...!
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , la elección separada de alcaldes y concejales en forma directa se basa fundamentalmente en el hecho de que los cargos tienen inherentes funciones distintas y también tiempos distintos en su ejercicio. Para nadie es un misterio que el cargo de alcalde implica un trabajo prácticamente de horario completo -sábados, domingos, etcétera-; es incompatible con otra actividad. Y muchísimas personas en nuestro país, no obstante tener muchos méritos, no se encuentran en condiciones ni siquiera de arriesgarse en una lista para ser elegidas alcaldes. Y hay muchas que, en sentido contrario, estarían muy bien dispuestas a compartir el tiempo de sus distintas actividades, sean laborales, académicas o familiares, con la responsabilidad de un cargo de concejal.
Como se ha dicho, quien no resulta electo alcalde y después debe ejercer como concejal, entra con una predisposición distinta al municipio. En lo personal, no quiero hablar, como se mencionó aquí, de "mediocridad", pero lo cierto es que tales personas no pueden tener una predisposición natural de servicio público respecto de un cargo distinto del que postularon. Hay muchos municipios (son 341) y uno de ellos, como nos explican, la Antártica, está siendo atendido junto con Puerto Williams. Y en uno solo de ellos hay un alcalde ciento por ciento independiente: el de Concón, don Oscar Sumonte -tuvimos, incluso, el honor de apoyar su campaña-, quien ha tenido una infinidad de problemas con los candidatos que compitieron con él para el cargo de alcalde y que hoy deben ejercer como concejales. Ésa es una demostración de lo que vengo señalando.
Sin embargo, como lo he planteado en trabajos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y en otras instancias, no creo que el mensaje venga bien formulado. No soy partidario de la segunda vuelta ni tampoco de una mayoría absoluta. Ambas cosas, que están amarradas entre sí, se hacen muy difíciles de llevar a cabo. Por eso, adelanto la presentación de indicaciones sobre el particular. Y esto, además, es un trabajo sistemático que se viene haciendo hace muchos años con el actual Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, o proyecto denominado "Chile Armónico". La verdad es que esto también lleva amarrada la elección de consejeros regionales en forma directa y desconcentrada en la base de las comunas. Sabemos que es difícil de lograr, porque en principio existen algunas aprensiones en cuanto a que ello, en una fórmula regional, lleva a una suerte de concentración y de centralismo regional y a una casi competencia con los Parlamentarios.
Debe señalarse que el asunto se plantea aquí como un problema electoral. Es decir, si tuviésemos que aplicar las elecciones o los resultados Concertación-Oposición de acuerdo a la nueva fórmula, algunos alcaldes estarían arriesgando sus cargos. Creemos que ésa es una cuenta válida, pero no efectiva, porque a nivel local son las personas las que valen, y no las tendencias. En mi opinión, es un error garrafal pretender que esta fórmula llegue a ser el termómetro de la Oposición y de los Gobiernos en ejercicio. Las personas no están viendo a un alcalde en esa función. Los buenos alcaldes son elegidos por su competencia y sus características; y su desempeño está absolutamente desapegado de lo que es el Gobierno de turno. Por eso, hay una secuencia de leyes que le está otorgando más medios, más funciones y atribuciones con el objeto de hacerlo cada vez más independiente de la Administración de turno.
Por las razones expuestas, votaré a favor de la idea de legislar, no sin señalar que vamos a trabajar por que prosperen las indicaciones que hemos propuesto, paras que se respeten los quórum y esta iniciativa llegue a ser ley.
Voto que sí.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , concuerdo con el Honorable señor Urenda en esta materia, ya que no parece prudente que cada vez que enfrentamos un proceso electoral debamos revisar el sistema respectivo, como sucedería en este caso por tercera vez. Ello, en mi opinión, sería una mala señal para el país, una demostración de frivolidad constitucional no digna del Senado. Sin perjuicio de tratarse de un planteamiento muy legítimo cuya validez no desconozco, y siendo una alternativa perfectamente aceptable, no considero prudente ni conveniente proceder de esta manera en materias electorales.
Voto que no.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , tuvimos oportunidad de dar a conocer nuestras opiniones con mayor extensión en la discusión inicial de este iniciativa. Ahora fundamentaré mi voto precisando tres o cuatro conceptos que en mi opinión es necesario despejar.
En la actualidad existe un sistema de elección directa de concejales y una fórmula indirecta para elegir los alcaldes en aquellos lugares donde una lista no reúne determinado porcentaje de la votación para un candidato.
El proyecto en votación propone elegir directamente al alcalde y a los concejales. Lo señalo porque aquí durante todo el debate se ha escuchado como si la elección directa fuera la del alcalde, omitiéndose lo que significa la elección de todo el cuerpo municipal. Me parece que el concepto debe quedar claramente definido.
Estamos postulando un sistema democrático, participativo y transparente, en donde ambos cargos deben ser llenados por la voluntad ciudadana, aplicándose el sistema proporcional para la elección de los concejales.
En el debate de esta tarde hemos escuchado opiniones en el sentido de que estamos privilegiando una función respecto de la otra. Ello induce a error a la ciudadanía, y no corresponde a lo que estamos debatiendo.
Por lo tanto, primeramente debe especificarse que se elegirá en forma directa al alcalde y a los concejales, individualizándose las funciones de ambos y estableciéndose un método por el cual la ciudadanía pueda distinguir el candidato a alcalde del postulante a concejal.
En segundo término, con el objeto de actuar con transparencia y de acuerdo con lo que significa la posibilidad de generar verdaderos liderazgos en cada localidad, es indispensable aumentar el número de candidatas y candidatos a ocupar los respectivos cargos.
El actual sistema electoral restringe la cantidad de personas que pueden postular. Como resultado de ello, profesionales jóvenes están en condiciones de optar a ser preparados como candidatos a alcalde en algún momento, quedan excluidos de esa posibilidad. Lo mismo ocurre con los dirigentes sociales que no cuentan con los recursos necesarios.
Por lo tanto, tal como lo expresé durante el debate en general, formularé indicaciones para que se aumente el número de candidatas y candidatos. Lo mismo haré para que se pueda ir por lista acumulando las votaciones, en una expresión de lo que la ciudadanía desea para la comuna, tanto en el caso del candidato a alcalde, como en el de los postulante a concejales, el equipo que lo acompaña.
En tercer lugar, creo que es muy poco presentable ante la opinión pública generar el concepto del protocolo previo que tantas confusiones y daños ha creado en la ciudadanía: gente que se sale de los partidos para postular por fuera; gente que en el fondo se siente lesionada porque una cúpula distante le quitó la posibilidad de representar lo que la comunidad o su ciudad le permitía.
Por lo tanto, considero que la fórmula que he anunciado en el debate en general, que traduciré en indicaciones al aprobarse la idea de legislar, permitirá, en primer término, una clara formulación de lo que significa la expresión ciudadana en cada comuna; segundo, un aumento del número de candidatos, y, tercero, una acumulación de la votación de quienes están postulando en ella.
Tengo algunas dudas respecto a la segunda vuelta, pero estoy abierto a debatirlo en la discusión particular. No me parece algo muy presentable que en el 85 por ciento de los municipios a lo menos tuviéramos que someternos a una segunda vuelta. Tal vez ajustando el piso podríamos obtener una reducción del número de candidaturas para la segunda vuelta. Pero ése es un punto que deberá dilucidarse en la discusión particular.
Por las razones expresadas, voto que sí.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , por de pronto quiero referirme a lo que se ha señalado aquí de manera insistente en cuanto a que el proyecto se está discutiendo por razones estrictamente electorales. Rechazo tal afirmación, porque, como muy bien lo sabe el señor Presidente y quienes hemos estado durante todos estos años formando parte de la Comisión de Gobierno, éste es un asunto que se viene debatiendo desde hace a lo menos 6 ó 7 años.
Es más. Cuando se analizó la primera reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, varios señores Senadores aquí presentes, y algunos ausentes, presentamos una moción destinada, ya en aquella época, a separar las elecciones de alcaldes de las de concejales. Esto, por una razón muy sencilla. Resulta que la totalidad de los alcaldes, sin distinción política, -incluyendo al alcalde Lavín- durante todo este tiempo han venido sosteniendo la necesidad de dar mayor fuerza, transparencia y eficacia al trabajo de esas autoridades comunales. Asimismo, como lo ha señalado la Asociación Chilena de Municipalidades, esto no se logra con el actual sistema. Nos guste o no nos guste, dicho sistema genera una cantidad de dificultades no menores que conocemos por experiencia propia. Creo que cada uno de los Honorables colegas ha tenido ya más de alguna experiencia en sus respectivos distritos y circunscripciones.
En general, como sabemos, todos los candidatos desean ser alcaldes, lo cual desde ya genera una dificultad mayor para aquel que sale elegido.
Seguidamente, nadie ignora que estamos engañando a la ciudadanía; y lo peor que le puede pasar al régimen democrático, a la institucionalidad democrática o a un Estado, es que un sistema no sea lo suficientemente claro y transparente. Todavía más: la mayor parte de la gente se confunde, porque al votar por concejal, él desea realmente hacerlo por alcalde, y sucede que cuando su candidato no logra aquel cargo, lo percibe como un engaño no menor del régimen municipal, que es tan importante para la vida cotidiana de los ciudadanos.
Tal situación ha provocado dificultades de gobernabilidad. El señor Senador que en este momento preside la sesión sabe que no pocos alcaldes de distintos sectores políticos nos han venido a señalar a la Comisión de Gobierno las enormes dificultades de gobernabilidad existentes al interior de muchos municipios. Ello se debe fundamentalmente a que basta que un alcalde frustrado reúna una mayoría de dos o tres integrantes del Concejo Municipal, para que torpedee permanentemente el desempeño de sus alcaldes. Y todos sabemos, porque hemos discutido el asunto en varias oportunidades -me refiero a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades-, que, a diferencia de otros, en el sistema municipal chileno los alcaldes disponen de muchas atribuciones.
Por lo tanto, la idea de separar la elección de alcaldes de la de concejales nace principalmente de la necesidad que hemos observado de aumentar la eficacia del régimen municipal chileno. Es bueno que un candidato a concejal se presente como tal y forme parte de un Concejo Municipal; y también lo es, como lo hemos observado, que demos mayor fuerza al papel que juega el Concejo Municipal. En las modificaciones que recientemente hemos introducido a la Ley Orgánica este organismo adquiere bastante más funciones, entre ellas las de fiscalización y las de carácter normativo, que le proporcionan mayor fuerza.
En consecuencia, es absolutamente necesario que este proyecto se entienda orientado principalmente a mejorar el sistema municipal de nuestro país, y no a resolver problemas de carácter electoral, como se ha señalado de manera directa o indirecta por varios señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
Por tal razón, considerando que resta aun un debate en particular de este texto -a mi juicio, es sumamente importante llevarlo a cabo-, voy a votar afirmativamente, teniendo presente que varias de las observaciones que aquí se han formulado -de carácter más bien técnico-electoral- serán analizadas con detención en la Comisión respectiva cuando aprobemos en general, como espero, este proyecto.
Voto que sí.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , voy a votar favorablemente la iniciativa, no por consideraciones político-electorales contingentes, sino por una sólida convicción respecto de qué es lo que conviene en materia de funcionamiento municipal.
Represento a una circunscripción que tiene muchos municipios. Son 26 las comunas existentes en ella. Y -lo digo con mucha franqueza- una cantidad muy importante de alcaldes y de concejales de los más diversos sectores políticos me ha expuesto la conveniencia de una elección directa y separada de ambos cargos. Y la verdad es que hasta ahora no he encontrado a nadie que haya formulado una proposición en el sentido inverso. Creo muy difícil encontrar un alcalde o un concejal partidario de mantener el sistema actual, o sea, contrario a la idea que aquí se está postulando de separar la elección de concejales de la de alcaldes.
Como muy bien lo decía el Honorable señor Núñez , ésta es una discusión antigua. Me parece muy injusto sostener que la medida se está planteando por razones de conveniencia electoral por la cercanía de la elección presidencial. Ésta es una discusión que se viene realizando desde hace bastante tiempo, al tenor de una reforma muy importante que se está llevando a cabo en el país, como lo es la del sistema municipal. No debemos olvidar que desde 1992 es la ciudadanía la que está resolviendo quiénes encabezarán el gobierno municipal; y que éste, aunque ha constituido un cambio trascendental, ha adolecido a la vez de imperfecciones. Considero que, en el cuadro actual, estamos todavía lejos de asegurar una eficiente gobernabilidad comunal. Pienso que no hay un funcionamiento fluido, y que existe, como se ha dicho en este debate, una notoria confusión de roles. Incluso me parece que son muchos los municipios que han debido cargar con el peso de situaciones francamente absurdas, en las cuales predomina una disputa permanente entre el alcalde y el Concejo Municipal, porque éste, muchas veces, no está constituido por concejales que se sientan a gusto desempeñando su tarea, por tratarse básicamente de alcaldes frustrados. Esto genera al interior de los Concejos Municipales una situación que resta fluidez a su desempeño y permanentemente provoca conflictos que hacen mucho más difícil la gestión municipal. Estimo que, sin perjuicio de la importancia que reviste un adecuado ejercicio de la facultad fiscalizadora de los concejales y del Concejo Municipal, la proliferación de alcaldes frustrados tiende a que la propia función de fiscalización sea ejercida muchas veces de manera excesiva, con un notorio perjuicio para el buen funcionamiento del sistema municipal.
Desde ese punto de vista, es fundamental que el Senado pueda entregar una clara señal en cuanto a distinguir tales roles. Una cosa es el alcalde, y otra el Concejo Municipal. Estando precisadas sus labores, se puede conformar también una modalidad de funcionamiento del gobierno comunal en donde estén adecuadamente equilibradas las diferentes tareas. Los alcaldes tendrán lo esencial de la facultad ejecutiva; los concejales podrán ejercer a plenitud la facultad normativa y la fiscalizadora que les son propias.
Por estas razones, votaré a favor de la iniciativa. Estoy de acuerdo con lo expresado por otros señores Senadores en el sentido de que hay una discusión en particular que es preciso llevar a cabo, y que hay varias opciones que deben discutirse. Comparto la preocupación formulada por algunos Honorables colegas en cuanto a que no sería conveniente que, producto de las definiciones que aquí adoptemos, tengamos un número demasiado alto de segundas vueltas en todas las comunas del país. Pero creo que ésa es una discusión más específica que no debe oscurecer el sentido fundamental de establecer coherencia y una adecuada separación de los roles al interior del gobierno comunal.
El señor PIZARRO .-
Señor Presidente , es efectivo que la forma de elegir a nuestras autoridades municipales ha venido experimentando diversas modificaciones en el Congreso desde 1992 en adelante. Y no creo que eso constituya un pecado, como se ha manifestado acá; por lo contrario, pienso que, desde la primera oportunidad que tuvimos de legislar para que hubiera una generación democrática de las autoridades municipales, lo que se buscaba precisamente era generar una legitimidad mucho mayor entre quien estaba ejerciendo la autoridad, ya sea alcalde o concejal, y lo que la gente expresaba con el voto.
Ésa es la razón por la cual, a pesar de que el sistema que existía en 1992 era de elección indirecta, se estableció un umbral de votación para los candidatos que pudieran superar ese límite, y para que en la práctica fueran elegidos directamente. Y se fijó en un 35 por ciento de los votos. Indudablemente, ello provocó problemas y la necesidad de suscribir posteriormente un protocolo o pactos para definir en un gran número de municipios quién iba a ser la autoridad comunal. Muchas veces se eligieron como alcaldes a concejales que no tenían la mayoría de los votos, pero producto de los acuerdos de los partidos, aparecían ejerciendo el poder municipal, en circunstancias de que carecían de la legitimidad clara y precisa de los votos de la población.
No cabe duda de que ese sistema constituyó un avance, pero no fue suficiente. Luego, se buscó privilegiar la elección directa del alcalde. A raíz de los problemas que se presentaron durante la elección municipal de 1992, se llegó a la conclusión de que se debía buscar un sistema que permitiera saber exactamente quién resultaba elegido alcalde en la misma noche de la elección y evitar así bochornos posteriores como los producidos en muchos concejos municipales, donde se generaron acuerdos que no representaban el sentir de la gente.
Tal fue la razón para establecer el sistema actual que, en el fondo, es la elección directa y conjunta de alcaldes y concejales. Sin embargo, esto genera, como bien se señaló, problemas serios, el más grave de los cuales es la confusión entre concejales y alcaldes, no sólo en la campaña -ello produce divisiones, rivalidades y diferencias enormes-, sino también porque eso va en contra de la buena gestión y eficiencia del municipio. Es muy probable, por el sistema existente, que se designen alcaldes que no cuenten con una mayoría absoluta o importante en las listas o en los pactos a que pertenecen.
La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades busca fortalecer el rol del alcalde como gestor, como administrador. También clarifica el papel de los concejales -como aquí se mencionó- en el área normativa y de control. Por tanto, son cargos y responsabilidades distintas. Y es obvio que la ciudadanía debe elegir sus autoridades comunales dependiendo de si van a cumplir una labor de administración o de gestión, o si ejercerán una función normativa o de control. Tal es la razón y fundamento de por qué el proyecto plantea la elección separada de alcaldes y de concejales.
El otro tema al que deseaba referirme dice relación a la importancia de tener autoridades comunales con legitimidad y representatividad suficiente. Y por eso se establece la exigencia de obtener la mitad más uno de los votos. El Presidente de la República , que es la autoridad máxima del país, es elegido por la mayoría absoluta de los votos; sin embargo, al alcalde , que es el ejecutivo superior de la comuna, no se le exige esa votación.
Evidentemente, aquí surgen problemas tales como, por ejemplo, qué ocurrirá, en caso de una segunda vuelta, con la enorme cantidad de votaciones que podrían producirse; o la situación de los candidatos a alcaldes que no resulten electos, y se pierda un capital humano al no quedar como concejales. Creo que es factible encontrar mecanismos para mejorar este aspecto, pero dentro del concepto fundamental de la elección separada, donde la gente tenga claridad total y absoluta para elegir, por un lado, a su alcalde y, por el otro, a los concejales.
Repito: el sistema puede mejorar; pero para eso debemos aprobar la idea de legislar. De modo que invito a mis Honorables colegas a plantearse la necesidad de aprobar en general el proyecto, para los efectos de perfeccionar posteriormente el sistema en términos de hacerlo compatible con los intereses legítimos de los partidos. Estoy de acuerdo en que éstos deben cumplir el papel de articuladores, promotores y pilares fundamentales del funcionamiento de la democracia. Para ello deben idearse mecanismos electorales que permitan conciliar la representación partidaria con el posicionamiento de liderazgos para ser elegidos como alcaldes o concejales.
Creo que, para evitar el problema de las segundas vueltas, puede establecerse un umbral que no sea el de la mitad más uno de los votos. Es perfectamente factible que éste fuera del orden de 40 por ciento u otras cifras que se mencionaron. A mi juicio, lo importante es que objetivamente exista claridad en el momento de votar, en el sentido de que quienes resulten electos no tendrán confusión de gestión, como ocurre actualmente, entre concejales y alcaldes, porque son elegidos de la misma manera: todos postulan para alcaldes, y después terminan como concejales, generando serias y profundas diferencias al momento de conducir el municipio.
En cuanto a si los candidatos a alcaldes que no resulten electos pueden o no ser concejales -es uno de los cuestionamientos formulados aquí, aun cuando no estoy de acuerdo, porque, para ser coherentes con lo primero, esto es, que quien se presenta como candidato a alcalde no debiera ser concejal-, creo que podría establecerse un sistema, tal vez voluntario, en el cual los propios candidatos que obtengan una cantidad importante de votos, podrían optar a ser concejales.
Por esas y otras razones que no alcancé a explicar, voto a favor del proyecto.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , cuando fundamenté mi voto anuncié que me abstendría; pero dada la inoportunidad del proyecto, lo votaré en contra.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , ésta es una materia que se ha discutido mucho y sobre la cual, probablemente, las razones pueden estar compensadas en uno u otro sentido. Sin embargo, a mí me interesa precisar la razón por la cual se presentó este proyecto y por qué lo apoyaremos.
En primer lugar, en la elaboración de esta iniciativa y en todo lo que se ha ido generando con la modificación de la normativa comunal existe un esfuerzo en cuanto el valor de la comuna como centro de la sociedad chilena. A nuestro juicio, desde la perspectiva comunitaria y de nuestra concepción societaria, la comuna es el centro, más que otras instancias del país.
En seguida, para que ella funcione, deben recogerse dos elementos básicos, el primero de los cuales es una real participación de esa comunidad que debe elegir sus autoridades. Ello forma parte de la vida de esa comuna; pero no es todo. La elección de alcalde o de concejales no es lo único que funciona en una comunidad. Y, probablemente, desde el punto de vista sociológico y antropológico, ni siquiera sea lo más importante; pero en alguna medida lo es.
Un segundo elemento es la participación, que debe corresponder exactamente a lo que la gente piensa y que se expresa de manera adecuada en sus autoridades, que actualmente integran el concejo municipal, esto es, los concejales y el alcalde.
El tercer aspecto, que necesariamente se deduce de lo anterior, es que debemos ser capaces de definir el rol de dichas autoridades.
Quienes hace muchísimos años participamos en la vida comunal como representantes populares, sabemos que ya en aquel entonces se había producido una dificultad debido a una inconsistencia entre el rol del alcalde y el de los concejales. De alguna forma, existía una suerte de competencia, de falta de facultades de algunos -incluso el alcalde se quejaba de que carecía de mayores atribuciones, lo que era verdad- y una competencia insana.
Mi impresión es que la nueva legislación comunal, que reforzó el rol del alcalde y su capacidad para decidir, invertir, trabajar, expresar de alguna forma una conducción muy clara, y a falta de uno más preciso de los concejales, se produjo una situación extremadamente incómoda e inadecuada. Lo que uno percibe en las comunas es que permanentemente hay conflictos, demandas, acusaciones, lo que, a mi juicio, las coloca en una situación muy difícil en cuanto a su desarrollo. De hecho, cuando un concejo comunal funciona bien con el alcalde, evidentemente, existe una mejor recuperación y toma de decisiones, o un mayor logro en la obtención de recursos. En cambio, cuando las autoridades del concejo y el alcalde se llevan mal, se ve claramente que esa comuna no se desarrolla.
He dicho con franqueza que dar más poder a los alcaldes no me satisface plenamente. Y en la discusión particular veremos cómo lograr expresarlo de manera razonable.
Sin embargo, hoy nos encontramos ante la disyuntiva de introducir o no una modificación al sistema actual que, a mi criterio, es la peor de las circunstancias. Porque el anterior era mucho más amplio. Antes de 1973, los regidores elegían al alcalde, y la verdad es que, de alguna forma, había un equilibrio, pues él no podía hacer sólo su voluntad, de modo que tenía la obligación de recoger el parecer de aquéllos, que se sentían partícipes de esa elección. Actualmente, con las normas que hemos dispuesto, más la autoridad que posee el alcalde, nos encontramos en el peor de los mundos.
Entonces, en una situación opinable, donde no podemos volver atrás y resulta inadecuado continuar en el actual sistema, me pronuncio a favor de la idea de legislar; aun cuando, con reservas, presentaré la mayor cantidad de indicaciones posibles, en orden a lograr, mediante esta iniciativa u otras, la equidad de funciones y la conciliación de tareas, para no tener en el concejo -como sucede hoy- un alcalde y cinco o siete concejales frustrados, que aspiraban a serlo.
Voto que sí, señor Presidente.
El señor SABAG.-
Señor Presidente , la última elección de alcaldes y concejales se realizó en octubre de 1996, y en el mes de mayo del año siguiente el Gobierno presentó este proyecto, que establece un sistema para elegir en forma separada a tales autoridades. Por ello, no entiendo la inoportunidad a que se refirió el Senador señor Prat para estudiar la materia. El Ejecutivo envió oportunamente a tramitación, recogiendo -no me cabe duda de ello- las inquietudes y aspiraciones de la ciudadanía expresada en aquel acto eleccionario.
Es evidente que, en 1996, con el procedimiento entonces empleado, mejoró el sistema en relación con los años anteriores, en los cuales fue traumática la elección de los alcaldes, por la gran dificultad que hubo para ello y por el descontento de la gente que no sabía realmente cuál era su autoridad.
Se pretende perfeccionar la normativa vigente, modificando el sistema de generación de autoridades municipales. Al respecto, la elección separada de alcaldes y concejales es la mejor idea. Seguramente no estamos de acuerdo íntegramente con el proyecto enviado por el Presidente de la República -el Senador que habla tiene algunos reparos que hará valer por vía de indicación-; pero esos puntos los podemos discutir.
Aquí estamos votando sobre el fondo del asunto: ¿es necesario elegir separadamente los alcaldes de los concejales? Sí, es altamente conveniente.
A mi juicio, la elección municipal es el acto más importante para la comuna, pues de ahí surgen las autoridades más estrechamente ligadas a la ciudadanía. El alcalde detenta el verdadero gobierno comunal; es quien debe decidir qué hacer y resolver los problemas diarios. En la municipalidad radica la educación, la salud, la vivienda, la seguridad ciudadana. Todo depende del municipio y de su alcalde.
Por esa razón, necesitamos que la comunidad elija a los mejores. Algunos han dudado o desconfiado de la ciudadanía. ¡Pero la gente no se equivoca! ¡La gente siempre elige a los mejores líderes de la comuna! Al efecto, contaré mi experiencia.
La zona que represento tiene muchos alcaldes, pues está conformada por una gran cantidad de comunas. Cuando éstos fueron elegidos en la última elección, revisé los resultados y me di cuenta de que, efectivamente, la gente se había pronunciado por los mejores, aunque muchos de ellos no eran de mi partido, sino de otras corrientes políticas. ¡Pero eran los mejores! ¡La gente no se equivocó!
El sector de la Derecha sacó no tan sólo alcaldes, sino casi a todos los concejales, y eso fue porque ha consolidado los liderazgos, sin duda alguna, mejor que como lo hemos hecho nosotros.
En consecuencia, no hay que tenerle miedo a esto. Donde están los líderes, donde están los hombres con capacidad y deseos de trabajar por su comuna, sin importar el color político, está la gente que los apoyará y elegirá. Lo importante es que demos la oportunidad a la ciudadanía, diciéndole: "Ésta es la lista de candidatos a alcalde, y esta otra, a concejales". ¿Por qué? Porque en la actualidad todos los candidatos "quieren ser reinas", todos desean ser alcaldes; pero sólo uno alcanzará el "reinado", y el resto se dedicará, desde el primer día, a aportillar el trabajo del alcalde, a obstaculizar su labor, a buscar la excusa para acusarlo, a entorpecer su gestión con uno u otro sistema, atendiendo a cosas estériles las más de las veces, en lugar de preocuparse de los aspectos fundamentales del progreso de la comuna.
Por eso, considero sano el proyecto enviado por el Gobierno. A mi juicio -y lo voy a proponer-, se deben presentar listas de candidatos a alcalde. Alguien señaló hace poco que los partidos políticos van a designar al alcalde de cada comuna. ¡No! Yo prefiero que se presenten listas donde vayan cuatro o cinco candidatos a alcalde y que la ciudadanía decida. A lo mejor, lo elige el mismo día; pero, de no alcanzar la mayoría suficiente, las dos primeras mayorías de la lista más votada podrían ir a una segunda vuelta electoral.
Sin embargo, estoy seguro de que eso ocurrirá en pocas comunas, porque en la inmensa mayoría de ellas la gente ya tiene individualizados a sus verdaderos líderes, a los cuales va a favorecer, sin duda alguna, en la elección de alcalde.
Por lo anterior, soy ampliamente partidario de la elección separada de alcaldes y de concejales, y naturalmente que presentaré indicaciones con el fin de perfeccionar el proyecto.
Voto favorablemente.
El señor SILVA .-
Señor Presidente , se ha hablado mucho acerca de la elección de alcalde separada de la de concejales y de su justificación.
Desde un punto de vista doctrinario, a nuestro juicio, no cabe la menor duda de que la elección separada de alcalde responde mucho mejor a una concepción genuinamente democrática. Creo que se ha abundado en tales razones, pero es útil a veces reflexionar respecto de lo que ha sido la práctica en nuestro país en cuanto a la indefinición total entre los cargos, primero, de regidores, de entre los que se elegía la máxima autoridad edilicia, y después, de concejales, de donde también salía el alcalde.
Es cierto que algo se ha avanzado en la materia; pero no puedo dejar de recordar los casos que en el pasado fijaron una línea muy clara y precisa de indefinición y, como consecuencia, de falta de transparencia, por una parte, y por otra, de una manifiesta falta de ética.
Recuerdo a Sus Señorías el tiempo en que, debido a la indefinición en cuanto a los cargos de alcalde frente a los de concejales, se suscribían los famosos pactos políticos, que permitieron dividirse el período de la alcaldía entre distintos regidores, primero, y sencillamente concejales, después.
Afortunadamente, todo eso tiende a desaparecer; pero, en materia de leyes administrativas de carácter institucional, es fundamental que la tendencia apunte hacia el perfeccionamiento de las instituciones. Y frente a ello, creo que no debemos temer que aquéllas se repitan en cuanto a sus modificaciones, sobre todo cuando tiendan a mejorarlas y a modernizarlas.
Dentro de estos parámetros, no nos cabe duda de que si queremos terminar con todo aquello que antaño fue contrario a la ética, a la probidad y a la transparencia que debe ser de la esencia de los organismos públicos, debemos centrarnos en los órganos municipales de administración territorialmente descentralizada e ir definitivamente a la elección separada de alcaldes y de concejales.
Por eso, voto favorablemente la iniciativa.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , deseo reiterar la importancia del proyecto en cuanto permite al ciudadano emitir el sufragio con claridad al saber quien podría eventualmente ser el alcalde de la comuna a que pertenece. Y todos sabemos que éste es la figura central del gobierno comunal.
Sin embargo, también quiero reiterar mi preocupación en el sentido de que en la iniciativa no queda claro el sistema más adecuado para producir la verdadera representatividad del ciudadano al elegir separadamente al alcalde. Me da la impresión de que, tal como viene establecido en el proyecto, y tomando en cuenta la realidad binominal del país, con subpactos de conglomerados políticos de Gobierno y de Oposición, se produzca una negociación de las dirigencias políticas en Santiago, y con una preplantilla se decidan acuerdos cuya implementación en las comunas resulte después muy difícil. Ello, salvo que se "trasplante" al caso de los alcaldes la exitosa experiencia de las elecciones primarias; pero no sé si se dan las condiciones para que tanto el conglomerado de Gobierno como el de Oposición las realicen en las comunas a fin de definir cuál será el candidato.
Lo que deseo expresar, en síntesis, señor Presidente , es que me parece muy importante que el alcalde sea elegido separadamente de los concejales. Lo anterior constituye un principio de representatividad que fortalece nuestra democracia, siempre y cuando el sistema de elección del jefe comunal garantice que son los ciudadanos quienes determinarán al candidato y al alcalde. Si no es así, creo que sucederá exactamente lo contrario. Es decir, si al final será impuesto, en uno u otro bloque, el candidato preestablecido, se generarán desafección, desánimo y, probablemente en algunos casos, hasta indisciplina partidaria, así como la posibilidad de una distorsión de la buena voluntad del Gobierno, que ha enviado el proyecto.
Sin embargo, esperando que la Comisión considere las reflexiones expuestas y pueda acertar con un sistema adecuado, voto a favor.
El señor PARRA .-
Señor Presidente , el proyecto que se vota en general en este momento es trascendente, como todo lo que dice relación a la institución municipal, pero en especial lo es porque, desde mi perspectiva, se inserta en el esfuerzo de descentralización que el país debe necesariamente profundizar.
La municipalidad constituye, en ese sentido, el primer peldaño de nuestra organización política y requiere ser fortalecida no sólo mediante el traspaso de competencias, sino también a través de una institucionalidad que le dé plena representatividad, que conduzca a que el ciudadano se sienta realmente expresado en la acción de las autoridades comunales y entregue, por lo mismo, su aporte constante al trabajo que se efectúa desde el municipio.
Al mismo tiempo, es indispensable, respecto de este último, que la sociedad se esfuerce por traspasarle recursos en mayor medida y con criterios de mayor equidad que hoy. Por ese motivo, el articulado en votación debe ser unido, por una parte, con la reforma introducida no hace mucho en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (reflejada en la ley Nº 19.602), y, por la otra, con el proyecto de modificación de la Ley de Rentas Municipales, que ha iniciado trámite y que respaldaré, asimismo, con decisión y entusiasmo.
El contar con alcaldes elegidos que encabecen auténticos gobiernos comunales, que encuentren en los concejos el contrapeso necesario en términos no sólo de fiscalización, sino también de incorporación a las decisiones; con municipios que, además, sepan usar la facultad otorgada a través de la ley Nº 19.602 para incrementar los niveles y la forma de participación ciudadana, queda comprendido, sin duda, en la línea de progresión del desarrollo de nuestro sistema democrático y del proceso de descentralización, en el que todos tenemos todavía una gran deuda pendiente. La iniciativa en debate, al insertarse en esa línea, evidentemente reclama el máximo respaldo que podamos otorgarle.
Voto a favor.
El señor LAGOS ( Secretario ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos contra 14).
Votaron a favor los señores Bitar, Boeninger, Cantero, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Matta, Moreno, Muñoz Barra, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron en contra los señores Aburto, Bombal, Canessa, Díez, Fernández, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Pérez, Prat, Romero, Stange y Urenda.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Propongo a la Sala un plazo de 30 días para presentar indicaciones.
El señor NÚÑEZ.-
Es mucho, señor Presidente . Que se formulen hasta el 28 de julio.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Esa fecha corresponde a la semana regional.
Si no hay objeciones, se fijará como fecha el lunes 2 de agosto, a las 12.
Acordado.
Terminado el Orden del Día.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES
DECLARACIÓN DE 5 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo del Honorable señor Stange que tiene por objeto declarar el 5 de junio como Día Nacional del Medio Ambiente, para lo cual se remitirá al Presidente de la República una solicitud en tal sentido.
El señor RÍOS.-
Sugiero omitir la lectura del documento, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente). Sí, Su Señoría. Los señores Senadores se hallan en conocimiento tanto del texto en análisis como del siguiente.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
--Se aprueba.
ASIGNACIÓN PROFESIONAL PARA FUNCIONARIOS CON ESTUDIOS DE CARRERAS TÉCNICAS. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
El segundo proyecto de acuerdo apunta a solicitar al Primer Mandatario que imparta las instrucciones pertinentes para la presentación a la brevedad de una iniciativa legal a fin de resolver la situación de funcionarios públicos que han seguido estudios de carreras consideradas como técnicas, algunos de los cuales han estado percibiendo asignación de título profesional. Ello ha sido representado por la Contraloría General de la República.
Se trata de pedir al Presidente, por lo tanto, el pronto envío de un proyecto de ley para dilucidar el asunto y consolidar el derecho que corresponde a ese personal, como también de plantear al Contralor la posibilidad de que mientras el caso no se aclare por la vía legislativa disponga no innovar respecto de quienes han estado recibiendo el beneficio. (Véase en los Anexos, documento 6).
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor LAGOS ( Secretario ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor HORVATH:
A los señores Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales , Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal y Presidente Regional de Ingenieros Forestales y Madereros de la Undécima Región, respecto de APLICACIÓN ANTICIPADA EN UNDÉCIMA REGIÓN DE FUTURA LEY DE BOSQUE NATIVO.
Del señor PÉREZ:
Al Ministerio de Planificación y Cooperación y a la Intendencia de Atacama , en cuanto a INFORMES SOBRE REALIDAD DE TERCERA REGIÓN.
Del señor STANGE:
Al señor Ministro de Educación , tocante a CUMPLIMIENTO DE MANDATO CONSTITUCIONAL SOBRE OBLIGATORIEDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Comité Renovación Nacional e Independiente no intervendrá.
En el tiempo del Comité Institucionales 1, tiene la palabra el Senador señor Martínez.
INTERVENCIÓN DE ESPAÑA EN ASUNTOS INTERNOS DE CHILE FRENTE A SECUESTRO DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente , creo que en nuestras relaciones internacionales y especialmente en las existentes entre España y Chile ha ocurrido un hecho insólito en la práctica de la diplomacia y que, a mi juicio, significa una directa y clara intervención en los asuntos internos de la República.
En efecto, el Canciller de ese país, señor Abel Matutes , ha enviado una carta directamente al diario "El Mercurio", que la publica con fecha 11 de julio de 1999, para explicar "lo más clara y sencillamente que sea posible a la opinión pública chilena lo que el Gobierno español no puede hacer y las razones jurídico-constitucionales que se lo impiden.". Ello, con relación a la actuación del Consejo de Ministros, en España, y del Presidente señor Aznar frente a la petición del juez Garzón respecto del secuestro, por parte del Gobierno del Reino Unido, de un Senador en ejercicio de la República de Chile, como lo es don Augusto Pinochet Ugarte , ex Primer Mandatario y ex Comandante en Jefe del Ejército .
He considerado insólito el caso, porque ese Canciller sencillamente debe estimar que en nuestro país no existen autoridades y que una autoridad extranjera, como es su condición al ser Ministro de Estado del Gobierno de España , se puede dirigir a los chilenos como si todavía viviéramos en una de sus colonias y no hubiera mediado el grito de libertad desde 1810 en adelante.
Tal intervención desconoce, además, la existencia de un Estado de Derecho, de un Estado organizado, con separación de Poderes, con funciones y con una Constitución que establece claramente lo que debe hacer cada autoridad.
Al parecer, ni siquiera hubo una introducción previa. Por ejemplo, que previamente el texto hubiera sido conocido por el señor Ministro de Relaciones Exteriores o, en su defecto, por Su Excelencia el Presidente de la República , a través del Embajador de Chile en España . Como no se dice, doy por sentado que el texto no era conocido ni por nuestro Canciller, ni por el Primer Mandatario .
Por lo tanto, el señor Matutes se dirige derechamente al pueblo chileno, ya que da a conocer a la opinión pública chilena sus puntos de vista sobre la situación. Y bien sabemos que aquí se están explicando las cosas a medias, porque el Canciller español olvida que el Consejo de Ministros se reunió sólo cinco minutos y que, sin siquiera abrir el expediente, cursó la solicitud del señor Garzón para que se planteara el tema al Gobierno británico mediante la vía correspondiente.
Estimo que tampoco puede caer en este juego nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual estableció que, a su vez, responderá al señor Matutes también a través de una inserción en un diario madrileño. Es decir, lo que nos hacen, también se lo vamos a hacer a ellos, saltándonos todos los procedimientos de un Estado organizado.
Esta situación me lleva a plantear que estamos en presencia de una visión en la que, quien se siente con más estatura, mira hacia abajo a aquel que, según él, es más bajo. O sea, la igualdad jurídica de los Estados desaparece. Por eso se explica el que no exista reacción alguna frente a la extralimitación de la justicia española, que pretende juzgar hechos ocurridos en Chile usando sus métodos y atribuyéndose facultades de territorialidad que nadie le ha dado, las que tampoco existen en el mundo internacional ni en el de la ley internacional.
No hay duda, entonces, de que estamos en presencia de una ofensa sobre ofensa. Y si a ella agregamos el hecho claro y preciso de que este tema quiere explicar lo inexplicable y plantear la búsqueda de otros caminos (desconociendo, por ejemplo, la posibilidad de una conversación directa aplicando la Convención contra la Tortura; la de fijar un plazo determinado para realizarla; la de ir posteriormente a un arbitraje si falla dicho plazo, y la de recurrir finalmente a la Corte Internacional de la Haya si no se produce el arbitraje), nos encontramos con que España utiliza lo que es bueno para ella, mientras deja a un lado el resto..
En particular, si revisamos el Acuerdo con España para la Protección y Fomento Recíproco de las Inversiones y su Protocolo Anexo, publicado en el Diario Oficial del 27 de abril de 1994, comprobamos que el mismo procedimiento que dicha nación objeta indicando que no corresponde aplicarlo, está contemplado en este Convenio, donde figura claramente en su artículo 9, titulado "Conflictos de Interpretación del Convenio entre las Partes", en el que se establece prácticamente la misma forma de actuar que España considera improcedente en el caso del Honorable señor Pinochet . Sin embargo, cuando se trata de la protección de inversiones entre ambos países, el procedimiento sí funciona.
Deseo destacar la inconsecuencia brutal del argumento y su carencia de fuerza, como también, sobre todo, la ofensa, más brutal todavía, que se hace cuando un Ministro de Estado , sin decir "agua va", se dirige a la opinión pública chilena, a través de un diario, sin saber ni siquiera si ese documento -o esa información- fue pagado o no, cómo entró, etcétera. Eso no se ha preguntado, pero él se dirige a la opinión pública como si fuera una autoridad nuestra, pese a ser un Ministro de Estado del Gobierno español.
Manifiesto mi más profundo desagrado por esta situación, que constituye un hecho insólito -insisto- en las relaciones internacionales, pues hace desaparecer toda la estructura que corresponde a un Estado de Derecho.
Desde aquí, rindo homenaje al señor Senador secuestrado, y espero que en algún momento las soluciones que se busquen conduzcan a que regrese. Pero bien sabemos que desde el momento en que el señor Straw dispuso que se iniciara el proceso de extradición, no es posible que ocurra ninguno de los términos planteados. Y no cabe seguir engañando a la opinión pública señalando que esta situación puede terminarse por aspectos de salud, humanitarios; salvo, naturalmente, que ocurra un hecho tan grave que signifique un deterioro mortal para su salud. Iniciado el proceso, nadie puede detenerlo hasta que concluya. Sabemos perfectamente bien que estamos en presencia de por lo menos dos años de juicio, y durante este tiempo pueden ocurrir, desgraciadamente, muchas cosas a su persona.
Lo que más me duele es que numerosas autoridades toman su nombre como si tuvieran derecho sobre su vida, sobre su salud, para disponer o plantear, sin considerar su opinión, determinadas situaciones en torno a la conveniencia de su traslado al país en un momento dado. No estoy de acuerdo con ello; me parece que hay una falla profunda en cuanto al respeto a su persona. Ahora, lo planteado por don Abel Matutes es una intervención directa en los asuntos internos de la República de Chile, lo que para mí, como ciudadano y como Senador, es inaceptable.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Horvath asuma como Presidente accidental .
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Horvath, en calidad de Presidente accidental.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
INQUIETUD POR PRECARIA SITUACIÓN DE SENADOR SEÑOR PINOCHET
El señor VEGA .-
Señor Presidente , deseo complementar lo señalado por el Senador señor Martínez , porque también me preocupa en forma extrema lo que está sucediendo en Londres con el ex Presidente de la República , ex Comandante en Jefe del Ejército y Senador en ejercicio, don Augusto Pinochet .
Hemos conocido las últimas y difíciles situaciones que se han generado para obtener el regreso del Honorable señor Pinochet a Chile, pero éstas son cada vez más confusas, más polémicas y más difíciles.
Han transcurrido nueve meses desde la arbitraria detención de un ex Presidente de Chile , y la posición del Gobierno chileno no ha tenido el mismo efecto ni la misma respuesta en España e Inglaterra.
Lo demuestran los siguientes hechos.
En la reciente Cumbre de Río, por ejemplo, los Ministros de Relaciones Exteriores de España y de Inglaterra expresaron claramente al Gobierno de Chile -a su Presidente y su Canciller- que el problema fundamental para ambos es de carácter jurídico, acotado por los diversos tratados internacionales de los cuales ambos países son signatarios.
Las conversaciones de Río y la inquietud del Gobierno chileno y de todos los chilenos pareciera que preocupan por primera vez al Gobierno español, y el Canciller Abel Matutes envía una curiosa -por decir lo menos- declaración al diario "El Mercurio", con el extraño propósito de justificar un serio conflicto que desde hace nueve meses altera la reconciliación, la transición y la soberanía de nuestro país. Incluso, el Ministro Matutes , al parecer, pasa sobre los conductos diplomáticos regulares y habituales -como se ha señalado-, y aparece figurando como un columnista más en el citado matutino, lo cual hace perder toda trascendencia al artículo. De lo anterior se derivan a su vez varias interpretaciones.
Lo que expresa en forma tardía e informal el señor Matutes merece tal vez algunas reflexiones.
Es cierto que constituimos un país pequeño, pero somos un país digno. Lo hemos demostrado con varias actitudes a través de nuestra historia. España debió entender desde un comienzo que en el presente del mundo no es tan fácil pisotear a nadie, excepto con la indiferencia de la aplicación del poder económico, de la distancia y del desconocimiento de la situación chilena, que al parecer por el artículo del Canciller recién se está comenzando a entender.
Otro aspecto importante del artículo mencionado es que expresa un pronunciamiento del Gobierno español sólo después de nueve meses y con posterioridad a la Cumbre de Río. Desde su origen, el Gobierno español nunca trató de justificar su responsabilidad en este caso. Hoy, trata de mostrar su potencial inocencia y serena buena voluntad con Chile, responsabilizando al sistema judicial español, cuando todos sabemos que fue el Consejo de Ministros -encabezado por el Presidente Aznar - quien autorizó tal decisión. No me parece consecuente con su alta jerarquía y autoridad que el gabinete español no tenga responsabilidad política en este hecho, como lo quiere justificar el Ministro .
Hay ejemplos de extradiciones -entre ellos, el de la ETA, en Venezuela- que fueron denegadas por ese mismo Consejo, lo que demuestra su poder político cuando lo considera necesario.
Expresa el artículo, además, la comprensión del Gobierno español hacia Chile de nuestra difícil transición y de respeto a nuestras relaciones y soberanía, y, por último, acepta dialogar positivamente cualquier solución que determine el Gobierno inglés. Es decir, después de nueve meses de este hecho arbitrario, este Gobierno y su autoridad política no tienen responsabilidad alguna frente a la circunstancia de que un ex Presidente de la República y actual Senador, con quien mantuvo relaciones diplomáticas durante diecisiete años, se encuentre detenido en Londres por la acción muy abstracta y parcial de su justicia.
Lamentablemente, el daño ya está hecho y nada podrá repararlo. Las explicaciones hoy son una expresión más de las muchas faltas de deferencia que han tenido esas dos potencias extranjeras europeas.
La reciente reunión de la Cámara de los Lores resume en cierta medida el error que ambos Gobiernos tratan de explicar ahora al mundo.
La señora Thatcher , después del debate, manifestó, entre otros conceptos, que "El arresto inhumano del Senador Pinochet ha dejado en harapos la reputación de lealtad y justo accionar de Gran Bretaña", y que "el gobierno de Blair ha cometido un grave error político".
Señor Presidente , deseo señalar -por la información que he tenido últimamente- que me preocupa el estado físico y anímico del Senador señor Pinochet . Y se ha especulado mucho sobre el particular.
El Canciller , don Juan Gabriel Valdés , lo ha expresado claramente. Y todos conocemos los detalles, que no es necesario explicitar. Pero derivan exclusivamente de la gran presión que esta arbitraria detención ejerce a diario sobre el señor Senador.
Su condición de vida; el número de personas dedicadas a su control en un reducido espacio físico -hay muchos detalles, que no mencionaré-; la falta de una comunicación normal; comidas y costumbres diferentes; rutinas de control exagerado sobre su persona y visitas, son factores que durante nueve meses han estado debilitando irreversiblemente el estado general anímico y físico del Senador señor Pinochet .
Hace nueve meses, el ambiente nacional se encontraba propicio para avanzar en el fortalecimiento de nuestra reconciliación y transición, dejando atrás históricas diferencias. Pero ¿cómo seguir este importante debate con esa presión tan indebida, que, sin lugar a dudas, afecta a nuestra dignidad y a nuestra soberanía, que hoy el Gobierno español pretende respetar, según el referido artículo?
Independiente de las diversas opiniones en una democracia, esta imprudencia internacional es un problema que, a mi juicio, toca a todos los chilenos. La historia seguirá juzgando nuestras diferencias, pero también juzgará sus consecuencias.
La conclusión es que el Senador señor Pinochet , ex Presidente de Chile , continúa en Londres y cada vez en más precarias condiciones. Y, según la intrincada y confusa red política y jurídica, no es responsabilidad de nadie.
Sólo existen un hábeas corpus de nueve meses -único en el mundo, quizás- y un posible juicio de extradición, que comenzará a fines de septiembre de este año y que nadie sabe cómo ni cuándo terminará.
Pienso, señor Presidente , que este presente nos exige a todos seguir presionando una solución política. Creo que ésta debió ser la solución desde un comienzo. El problema jurídico es confuso, largo, no lo conocemos y puede derivar en cualquier cosa. Además, me parece que es la única forma de lograr que el Senador señor Pinochet regrese a su patria y que podamos mostrar una cara de unión y de fuerza al mundo y evidenciar que tenemos la soberanía que siempre, históricamente, hemos pretendido tener.
Gracias, señor Presidente.
El señor HORVATH ( Presidente accidental ).-
Aún resta tiempo al Comité Institucionales 1.
Corresponde su turno al Comité Socialista.
Tiene la palabra al Honorable señor Viera-Gallo.
RÉPLICA A CRÍTICAS DEL SENADOR SEÑOR BOMBAL SOBRE GASTO DEL GOBIERNO.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , el Senador señor Bombal , en días anteriores, criticó una información relacionada con los gastos que el Gobierno ha realizado en consultorías externas. Y lo hizo en términos bastante duros.
En primer lugar, deseo manifestar que esos antecedentes los proporcionó el propio Ejecutivo , a través de una oficina creada para asesorar al Presidente de la República en la evaluación de la gestión financiera y administrativa del Gobierno. Es un ente de autoevaluación, que no existía con anterioridad a la Administración del Presidente Frei .
Dicha oficina efectuó una estimación acerca de las consultorías externas y publicó en INTERNET, en la página Web respectiva, todos los datos concernientes a ellas, buscando la mayor transparencia posible.
Las cifras que ahí se entregan son perfectamente proporcionales al gasto global del Estado y no indican ninguna dilapidación exorbitante de recursos públicos.
El señor STANGE .-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor VIERA-GALLO .-
No sé si es posible, Su Señoría. En todo caso, no tengo inconveniente alguno.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Con la venía de la Mesa, no hay problema, señor Senador.
El señor STANGE .-
Señor Presidente , el Honorable señor Viera-Gallo se está refiriendo al Senador señor Bombal , quien ahora no se encuentra presente en la Sala. Sería interesante que Su Señoría escuchara personalmente lo que el Honorable colega está diciendo.
El señor VIERA-GALLO .-
Espero que el Senador señor Bombal esté escuchando mi intervención en su oficina; si no es así, se la daré a conocer. Pero no será necesario, porque Su Señoría acaba de ingresar a la Sala.
Estaba señalando, Honorable señor Bombal , que las cifras entregadas por la oficina asesora del Presidente de la República en materia de evaluación de la gestión financiera y administrativa del Gobierno son proporcionales al gasto global del Estado, no indican ninguna dilapidación exorbitante de recursos públicos y señalan, incluso, un criterio de modernización de la gestión pública.
Pondré dos ejemplos, señor Presidente, que pueden clarificar el punto.
Si tomamos el caso de la reforma procesal penal que impulsa el Ministerio de Justicia, veremos que se han contratado asesorías de Paz Ciudadana, de CPU, y un interesante estudio de localización de tribunales, hecho por la Universidad Católica de Valparaíso mediante un modelo matemático. Resulta evidente para cualquiera que ese tipo de investigaciones y de estudios no los puede realizar el Ministerio de Justicia con su personal de planta. Y tampoco sería conveniente que pudiera hacerlos, porque significaría recargar al personal normal del Estado.
Entonces, primero, parece lógica la contratación de consultorías externas.
Segundo, parece normal que tengamos la información más completa posible respecto de esas consultorías, para evitar que haya abusos de poder o desviación de recursos.
Tercero, en la mayor parte de esos contratos, la Contraloría General de la República toma razón, sobre todo si involucran determinado monto.
Además, los fondos se hallan contemplados en la Ley de Presupuestos. Por tanto, cuando aprobamos ésta en el Parlamento -dentro de poco iniciaremos la discusión respecto del 2000-, respecto de cada Ministerio podemos exigir que se nos diga qué cantidad de recursos tenían para consultorías y se nos proporcione la lista completa de ellas, para ejercer las facultades fiscalizadoras del caso.
Sin embargo, no me parece adecuado que se formule una crítica global a una acción más bien de transparencia del propio Gobierno en lo que dice relación a los gastos en consultorías.
Asimismo, es importante tener en cuenta que el Primer Mandatario piensa enviar al Parlamento, a fines del mes en curso, un proyecto de ley tendiente a dar estabilidad a la oficina de evaluación que funciona como asesora de la gestión de la Administración. Porque un futuro Jefe del Estado podría no tener la misma voluntad demostrada por el Presidente Frei en el sentido de ir evaluando la eficiencia del uso de los recursos públicos dentro de la Administración que le corresponde dirigir.
En cuanto a la posibilidad de que la Contraloría General de la República evalúe esa eficiencia, cabe señalar que existe una polémica.
Lo que aquélla puede y debe fiscalizar es la legalidad del acto administrativo. Se discute si además debiera evaluar la racionalidad de la decisión que da origen a ese acto y, por tanto, entrar al mérito de ella.
A veces el Órgano Contralor ha sentado jurisprudencia en el sentido de que también puede y debe juzgar el mérito. Pero no cabe duda de que eso podría dar lugar a un entrabamiento de la gestión pública, especialmente cuando la administración deslinda con funciones más bien propias de la gestión económica. Porque es extremadamente difícil imaginar, por ejemplo, a la Contraloría de la Octava Región entrando a calificar la eficiencia de las decisiones de la ENACAR respecto a la venta de activos. Por tanto, resulta inadecuado que el Organismo Contralor intervenga en ese tipo de resoluciones.
Por eso, parece del caso que la experiencia habida durante el Gobierno del Presidente Frei sea perfeccionada mediante una ley, a fin de establecer un mecanismo de autoevaluación. Porque una crítica global, en vez de valorar el sistema, puede impedir la concreción de ese avance hacia la transparencia.
Ahora bien, aun cuando existiera ese mecanismo de autoevaluación permanente en el Ejecutivo y aunque la Contraloría cumpliera su labor de control de legalidad, sería conveniente que el Parlamento contara con una oficina independiente para fiscalizar la ejecución del gasto del Gobierno.
Ésa es una idea que varios Parlamentarios venimos sosteniendo desde hace muchos años y que no hemos logrado implementar. Porque es indudable que hoy día las facultades del Congreso relativas al control de la gestión pública se encuentran disminuidas debido a que no se dispone de la información suficiente, por ejemplo, para saber si una consultoría es útil o no, o cuándo es provechosa y cuándo no, y, en general, para determinar la eficiencia del gasto de un Ministerio o repartición fiscal. Y en la discusión del Presupuesto el Ejecutivo se encuentra muy por encima del Poder Legislativo en cuanto a manejo de información que posteriormente es indispensable para establecer si el gasto ha sido bien realizado o no.
Por ello, en otros países existe una oficina autónoma del Congreso que sigue paso a paso la ejecución del presupuesto aprobado por él mismo. En Chile no la hay. A lo más que hemos llegado es a que el Ministerio de Hacienda informe periódicamente a las Comisiones de Hacienda tanto de la Cámara de Diputados como del Senado acerca de la ejecución del presupuesto. Pero no disponemos de datos autónomos del propio Parlamento.
Pienso que las críticas formuladas por el Senador señor Bombal podrían haberse evitado si existiera el tipo de estructura a que hago referencia, porque entonces Su Señoría podría haber contado con los antecedentes suficientes para efectuar una crítica más puntual, ya sea a un contrato de consultoría específico o a un aspecto preciso de una repartición, pero no al sistema de consultorías, que, a mi juicio, representa un criterio de modernización de la gestión pública.
Por ejemplo, la CONAMA y otras entidades del Estado que no cuentan con mucho personal -puede ser, incluso, alguna Superintendencia-, a través del sistema de consultorías, de externalizar servicios, pueden alcanzar mayor eficiencia en las decisiones, sobre todo cuando éstas se adoptan en colaboración con universidades u otras instituciones serias.
Entonces, lo que debe atacarse no es el mecanismo de consultoría en sí; no es el monto global de lo gastado por ese concepto, ni es, tampoco, el hecho de que esa cantidad se conozca por propia decisión del Gobierno del Presidente Frei. Tal vez lo que cabría criticar -no tengo los antecedentes para hacerlo- sería uno que otro contrato de consultoría que se consideraran inadecuados. Tal ocurrió en la Comisión Investigadora de DIPRECA, en la Cámara de Diputados, donde se concluyó que ciertos contratos podrían no ser apropiados. Pero eso es distinto de una crítica global como la formulada por el Honorable señor Bombal .
Creo, entonces, que la polémica originada por el señor Senador debería redundar más bien en cómo perfeccionar los mecanismos de transparencia de la información del Estado y del Gobierno; en reconocer lo positivo que se ha hecho; en impulsar una iniciativa para que eso tenga un status legal permanente, y, principalmente, en reforzar la capacidad de información del Congreso Nacional.
Gracias, señor Presidente.
El señor HORVATH ( Presidente accidental ).-
Restan algunos minutos al Comité Socialista.
No los ocupará.
Tampoco harán uso de sus respectivos tiempos los Comités Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano.
En el turno del Comité UDI e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
GASTO GUBERNATIVO EN CONSULTORÍAS EXTERNAS
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente , me alegra mucho que el Senador señor Viera-Gallo haya planteado este tema aquí, en la Sala. Por de pronto, soy el primero en recoger como una idea muy positiva -de hecho, cuando fui Diputado , la propusimos en la Cámara Baja- la creación de una oficina parlamentaria de control de gestión, al estilo de las que -como Su Señoría bien dijo- existen en otros países, destinada a controlar y evaluar por el Congreso, en forma autónoma por oficinas autorizadas y adecuadas, la gestión presupuestaria de los programas que ejecuta el Gobierno.
Y haré algunas precisiones.
Desde luego, me parece bueno el ejercicio que se está haciendo en el sentido de examinar la administración interna. Pero la cifra comprometida es de tal entidad que amerita una revisión muy profunda, no sólo del sistema de fiscalización existente, sino también del sistema de decisiones adoptado con respecto a las consultorías externas. Se trata de 70 mil millones de pesos -es decir, 150 millones de dólares- destinados durante 1997 a consultorías en el Gobierno central (aquí no están comprendidas las consultorías de empresas públicas, ni las de los gobiernos regionales, ni las de los municipios).
Debo señalar a mi Honorable contradictor que esa cifra no se encuentra publicada en las páginas de INTERNET, donde sí se hallan otros antecedentes que revelaré dentro de algunos momentos. La obtuve en un medio de comunicación. Requerí a través de la Oficina de Informaciones del Senado la información respectiva, pero ésta me fue negada (ciertamente, no por esta dependencia). Para ello se argumentó -entre otras cosas- que no estaba disponible. Así consta en la Oficina mencionada.
Abordé el tema a raíz de un proyecto sobre sistema nacional de control que tengo en estudio. Solicité la información y -como expresé- se me repondió que no se hallaba disponible. Después de publicada en los medios de comunicación, entiendo que llegará mañana a esta Corporación. Se me ha dicho que 400 páginas estarán disponibles ahora -no así ayer- para el Senador que habla.
Estamos hablando -reitero- de una cifra nada de despreciable: ¡setenta mil millones de pesos!
Entiendo que en el sector justicia se gasten 84 mil millones de pesos para la reforma procesal penal que se está llevando a cabo. Pero hay 44 mil millones de pesos en consultorías externas en el Ministerio de Obras Públicas; 2 mil 500 millones en la Secretaría General de la Presidencia; 3 mil 700 millones en el Ministerio de Economía; 4 mil 300 millones en el de Transportes; 1.300 millones en el de Relaciones Exteriores, y suma y sigue.
Realmente, estremece saber que con cargo a ese ítem se ha destinado tal cantidad de recursos.
Sin embargo, acogiendo el planteamiento de mi Honorable contradictor, debo señalar que, conforme a la información entregada vía Internet, en esta investigación que realizo sobre el sistema nacional de control -donde naturalmente me he encontrado con el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, que mantiene una página en dicha red- se analiza el resultado consolidado de las auditorías practicadas por las Secretarías de Estado durante 1997. Y, en lo relativo a las consultorías externas, en forma expresa se dice lo siguiente: "La evaluación del Sistema de Control Interno inherente al uso de Consultorías externas, abordó tres aspectos: La existencia de Procedimientos Formales, lo que se manifiesta a través de procedimientos contenidos en manuales o instrucciones de los Servicios para este tipo de materias; la existencia de un Registro de Consultores y si éste se encuentra permanentemente actualizado y, finalmente, la existencia de un Sistema de Autorizaciones, administrado por personas responsables, encargadas de evaluar y autorizar cada una de las fases de los procesos asociados a la adquisición de servicios externos.".
Ésas son las materias a las cuales se aboca la auditoría hecha por el referido organismo.
¿Qué resultados arroja con cargo a esos 70 mil millones de pesos en 1997? No sabemos a cuánto asciende el monto correspondiente a 1998 y 1999. Dicho organismo expresa que "El 55% de los Sectores Informados," -es decir, las Secretarías de Estado auditadas- "no cuenta con procedimientos internos formales y específicos para el Uso y Contratación de Consultorías Externas, situación que posibilita eventuales márgenes para la discrecionalidad, tanto en los procesos de contratación, definición y elaboración de bases técnicas y administrativas, como en la forma de evaluación de lo contratado.".
Por lo tanto, estamos hablando de que 55 por ciento de los sectores informados, con un costo de 70 mil millones de pesos, no cuenta con procedimientos internos formales para implementar, adjudicar o contratar consultorías externas.
El referido informe de auditoría agrega: "Se utiliza en algunos Sectores, preferentemente el sistema de propuesta privada, sin que existan políticas que definan umbrales financieros para la resolución de los contratos, como para determinar si una contratación debe ser resuelta por la vía de la propuesta pública, privada o directa.". Es decir, esos 70 mil millones de pesos pueden ser adjudicados en forma discrecional, privada, sin que existan criterios establecidos por los órganos contratantes.
En seguida, expresa: "En el 43% de los casos informados, no se cuenta con registros adecuados de consultores externos, lo cual impide conocer, oportunamente, tanto la naturaleza y número de los servicios contratados por las organizaciones, como los consultores seleccionados en el tiempo.".
Luego, añade: "En general no existe una contraparte técnica que supervise y autorice cada una de las etapas que conforman la realización del estudio.". Es decir, 70 mil millones de pesos, sin contraparte. ¡Imagínese, señor Presidente , lo que puede suceder allí!
A continuación -me salto algunos párrafos para no cansar a Sus Señorías, pero la información está disponible y, si se desea, puede incorporarse a la Versión Taquigráfica-, el documento expresa: "El 85% de los casos confirma la inexistencia de recursos humanos, profesionales o técnicos, o de convenios con organismos externos al Sector, para llevar a cabo las tareas encargadas a las consultorías externas.". O sea, se encomiendan estudios, se dice lo que debe hacerse, y en 85 por ciento de los casos éstos no pueden implementarse, por cuanto no existe el personal adecuado.
Más adelante, el documento señala: "En un 60% de los casos," -¡fíjese bien en esta cifra, señor Presidente , que es sorprendente!- "no existen mecanismos formales para obtener una verificación directa de la utilidad o provecho del producto de la consultoría.". ¡Y estamos hablando de 70 mil millones de pesos!
El referido organismo concluye en su análisis diciendo que "En general, la falta de un proceso de evaluación posterior de los estudios realizados, no permite ponderar los beneficios obtenidos con las consultorías y su nivel de utilización y de asimilación por parte del personal o de la propia organización.".
Señor Presidente , la información a que he aludido se halla disponible en Internet. Ésta es una sana autocrítica que se hace el citado organismo, la cual no puedo desconocer. Aún más: cuando planteé esta crítica valoré -distinto es el caso de que los medios de comunicación, probablemente, no la hayan recogido- lo que significaba ese esfuerzo. Sin embargo, deja en evidencia que todos los chilenos estamos en la indefensión más absoluta respecto de lo que se ha contratado. Tal vez, de aquí en adelante ello pueda corregirse. Pero deseo señalar -y en esa dirección apunta mi crítica, señor Senador- que fue posible que en algún momento 70 mil millones de pesos (150 millones de dólares), con esa discrecionalidad, hayan llegado a distintos sectores, sin ninguna eficacia en cuanto a lo que se perseguía. Probablemente, en algunos casos, sí, la hubo. No dudo, por ejemplo, de que en cuanto a la reforma procesal penal -a que se hace referencia aquí- sus estudios hayan sido bien ponderados.
No me hago cargo ahora, porque espero tener mañana la información, acerca de quiénes han sido los destinatarios o los órganos a los cuales se les ha consultado. Formalmente he pedido que se me indique a quiénes se solicitaron las consultorías, cuál fue el motivo y qué eficacia tuvieron. Ésa será materia de un segundo capítulo.
Solamente señalaré que, si la mitad de la cifra que he mencionado se hubiere ahorrado, conforme al criterio que aquí se señala relativo a la falta de eficacia que las consultorías han tenido -según lo reconoce el propio Gobierno-, tendríamos 35 mil millones de pesos que permitirían, por ejemplo, construir 3 mil 800 casas, con derecho a subsidio, de 600 unidades de fomento cada una; o crear 35 mil empleos, con un sueldo mínimo por año; o conceder 4 mil 600 becas universitarias completas por cinco años, con matrícula y alimentación incluidas; o entregar, en un año, 350 millones de pesos a cada uno de los 100 municipios más pobres del país. Es decir, el costo alternativo habría sido más rentable, conforme a los criterios que el propio gobierno señala, si los recursos se hubiesen destinado a otro fin.
Sin embargo, aquí hay un problema de fondo planteado por el Senador señor Viera-Gallo : el sistema nacional de control.
Al respecto, echo de menos el que, al cabo de ocho años, aún no llegue al Parlamento -se ha enviado y retirado- el proyecto sobre Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Aquí hay algo muy peligroso: estamos sustituyendo los canales de control estatuidos en el orden constitucional, ajenos a la Administración del Estado -y se nos anuncia que viene un proyecto en tal sentido-, por mecanismos de control que el propio Ejecutivo establece para sí mismo. Está muy bien que se efectúe y que toda autoridad lo haga, pero es bien sabido que, para que un control tenga eficacia, debe realizarse por un tercero. Por eso, en las empresas e instituciones se contratan auditorías externas, porque si bien las hay internamente, debe ser un tercero quien las lleve a cabo, a fin de que sean confiables y acuciosas. Eso les da mucho más transparencia.
No desconozco el mérito que reviste el hecho de que un organismo creado por el Ejecutivo -que incluso ha editado un libro muy importante (me acaba de llegar ayer), y que entiendo que cuenta con asesoría del Banco Mundial o del PNUD, de Naciones Unidas, que ha financiado el programa de la auditoría interna de Gobierno- haya efectuado una autocrítica tan profunda.
Sin embargo, hace mucho tiempo que nos desplazamos hacia un camino cuyo objeto es excluir al poder contralor del mecanismo de fiscalización de los actos gubernamentales. Las empresas públicas ya no están sujetas al tutelaje de la Contraloría. Por eso, vemos que éstas no entregan información ni al Senado ni a la Cámara de Diputados, lo cual hace muy difícil fiscalizarlas. De repente, estallan estos escándalos, donde incluso nos encontramos con el absurdo de que se nos dice que quienes trabajan en las empresas públicas carecen de la calidad de empleado público. Y nada tiene que ver que se rijan por el Código del Trabajo. Sin embargo, hay interpretaciones judiciales que contradicen lo anterior.
Por eso, presenté la moción que interpreta el artículo 12 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y tal como reclamé al comienzo de la sesión ella es admisible, por cuanto que no crea ningún empleo, sino que interpreta dicha normativa, a fin de declarar la calidad de funcionarios públicos de quienes perciben sus remuneraciones del Estado. Eso, por una parte.
Ahora, ¿qué ocurre? Hemos ido excluyendo al poder contralor, dejándolo constreñido nada más que a la toma de razón. El Senador señor Viera-Gallo señala que la Contraloría General de la República toma razón de todos esos dineros. Yo debo replicarle que para que dicho organismo conozca de esos estudios y pueda tomar razón de ellos es preciso que asciendan hasta determinado monto. Se hace un cálculo, que es muy bajo. En consecuencia, cuando los estudios son muy grandes, se disgregan y distorsionan para presentarlos segmentadamente, de modo que, si se recurre a la Contraloría, no se encuentra la totalización de los 70 mil millones de pesos, puesto que se halla parcelada en distintas unidades de gestión que se presentan para la toma de razón. Y ésta no se pronuncia sobre el mérito, sino sobre la legalidad del acto, porque naturalmente el poder contralor no podría -a menos que hubiese una desviación del fin- calificar si tal o cual asesoría debe hacerse o no. La toma de razón sólo verifica que el acto administrativo esté conforme a la legalidad vigente.
Y es más grave aún el hecho de que la Contraloría, que percibe el 0.13 por ciento del Presupuesto de la Nación, se encuentre virtualmente escuálida y no tenga cómo cumplir su misión. Ha sido una política sistemática el ir diezmando y mermando el poder contralor. Nada puede ser más riesgoso para la Administración del Estado, en este Gobierno o en cualquier otro, que instalar mecanismos de control de su gestión creados por ella misma. No podemos caer en el absurdo de creer que un buen sistema de control es el que la propia autoridad realiza, sin perjuicio de que resulta necesario que lo haga e interesante que lo plantee.
Por algo el Presidente de la República , preocupado por las altas cifras que más de alguna autoridad leal le habrá ido a representar, ha creído conveniente -y parece saludable- implementar sistemas de auditoría; pero que ello no sea con cargo a suplantar la función que en el orden constitucional y por naturaleza corresponde a la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, todo debería apuntar en dos direcciones. En primer lugar, ojalá se fortalezca mucho más la acción contralora en personal y en remuneraciones. Debo decirles, Honorables colegas, que el Contralor General de la República gana menos que un Superintendente; es la quinta o sexta remuneración después de la de los Superintendentes. ¡No es posible que el señor Contralor prácticamente no tenga viáticos para trasladarse por todo Chile y que los funcionarios de la Contraloría deban pedir a los mismos fiscalizados, por ejemplo a Obras Públicas, que les faciliten sus vehículos y les brinden el alojamiento necesario en las faenas que están a distancia o en los campamentos donde se hallan instaladas las labores! Se comprenderá, señores Senadores, que después de recibir el pan durante una semana de quien se está fiscalizando se hace muy difícil que el control cumpla todos los niveles de objetividad, máxime cuando se deben utilizar vehículos de la misma institución fiscalizada para llegar a los puntos de trabajo, pues la Contraloría no los tiene.
Además, hace ocho años que el organismo contralor está sin Ley Orgánica. Es más: se ha vencido el plazo para que su personal reciba unas asignaciones ya aprobadas y no se dicta la normativa que permita regularizarlas, porque hay cero interés.
Cuando los Gobiernos de la Concertación asumieron, el ex Presidente Aylwin y también el Presidente Frei -y lo recuerdo muy bien- dijeron, no sólo en sus programas sino también al inicio de su gestión, que darían el auge y el impulso que la Contraloría requiere. A poco andar, cuando los contralores empiezan a investigar la acción del Estado, naturalmente los Gobiernos se desalientan, lo que es natural cuando se ejercita este poder fiscalizador.
Estoy muy de acuerdo con que el Ejecutivo quiera mirarse a sí mismo; pero que no sea con cargo a diezmar la acción del poder contralor, pues ello sería demoledor para el sistema democrático, para la transparencia y la probidad. Pienso que la Contraloría General de la República cumple un rol insustituible, y si no lo entendemos así vamos por un muy mal camino.
En segundo término, existe otra línea de trabajo muy importante. El Parlamento debe contar con una unidad de trabajo autónoma, fortalecida, que lleve verdaderamente el control de gestión. En parte se está realizando. ¿De dónde surge eso? De que la Oposición planteó, durante la discusión de la Ley de Presupuestos, la necesidad de que respecto de ciertos programas el Ministerio de Hacienda enviara un informe trimestral. Y, de hecho, se están recibiendo.
Quiero destacar la labor de la Comisión de Hacienda y de su Secretario, porque hacen llegar periódicamente a los Senadores interesados en la materia -debiera estar disponible para todos los miembros de la Cámara Alta- la información que reciben y que, digámoslo también con todas sus letras, no siempre resulta completa, porque se retrasa o, a veces, hay omisiones. Pero, en fin, el principio está. ¿De dónde emergió ese principio? Se generó a partir del momento en que un grupo de Parlamentarios dijo: "¡No estamos dispuestos a aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos del próximo año si no se nos dice qué se hizo con determinado dinero!". Allí está el principio que servirá de base para, precisamente, crear la instancia a que hace mención el Senador señor Viera-Gallo , la cual es una excelente idea que comparto desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, me preocupa que ese control sólo se quiera hacer desde la instancia del Ejecutivo , porque ni este Gobierno ni ningún otro será eficaz en autocontrolarse. No están insertos en nuestra cultura los autocontroles, pues todos sabemos la obsecuencia de los funcionarios. De ahí entonces que valore mucho -lo hice presente públicamente- que se haya dicho esto y que, incluso, se haya publicado en páginas de Internet. Eso me parece muy bien. Aclaro, eso sí, que no están publicados los destinatarios de las auditorías externas ni tampoco la lista y los montos.
Esto, hasta donde he podido averiguar, ha sido fruto de una investigación periodística. Ante la inminencia del requerimiento periodístico, se vieron en la necesidad de entregar esta información, no obstante que se la estaban negando a un Senador que la había solicitado con anticipación. En el día de ayer un periodista me preguntó si yo había sido golpeado por la noticia o si me había enterado de ella por los diarios, y tuve que responder que sí, pues me informé por la prensa. De ahí entonces que en el control de gestión la prensa juega un importante rol. ¡Fíjense que lo que se negó a un Senador se le entregó a la prensa y, gracias a eso, quien habla pudo saberlo! Es importantísimo el rol de la prensa en lo que respecta a la fiscalización.
En síntesis, señor Presidente , aquí se abre un espacio muy amplio que ojalá pudiese ser debatido con gran altura.
No he pretendido hacer una crítica acerba u odiosa al Gobierno. He partido por valorar públicamente lo que significaba ir creando los espacios que nos permitan transparentar información. Y no toda estaba transparentada. Pero sí me preocupa mucho que, con cargo a esto mismo, se termine aniquilando a la Contraloría General de la República, porque, reitero, no es el Gobierno, cualquiera que este sea, el llamado a instalar por ley un mecanismo de control. Para cumplir dicha labor existe, desde hace muchos años, la Contraloría General de la República, y deberíamos pedir formalmente -así lo hice cuando se inició esta Legislatura- que el Gobierno se apurara en mandar al Parlamento un proyecto de Ley Orgánica de la Contraloría. Recuerdo que en esa oportunidad se me respondió que ello no era prioridad del Gobierno y que no lo sería. Termina el segundo mandato de la Concertación y la Contraloría aún no dispone de una ley orgánica a la altura de lo que es Chile hoy día.
Por eso es que vemos estos asomos de corrupción que preocupan a muchos; por eso encontramos cifras que son evidentemente grotescas. Se trata de 70 mil millones que, naturalmente, han llevado a que el propio Gobierno se haga una autocrítica demoledora. Y deben estar preocupados los señores que hicieron tales asesorías, si se considera que un 60 por ciento de ellas no se sabe para qué fueron. Es importante que eso lo conozca el Senado. Por eso, me alegra de que mañana lleguen esas cuatrocientas páginas que nos dirán exactamente de qué se trató aquello. Y entonces, con cargo a lo que el propio Gobierno nos señala, podremos preguntarle cuáles de esas asesorías corresponden al 60 por ciento que se nos dice que no sirvieron para nada y cuáles se hallan dentro del 40 por ciento que, presumiblemente, habrían servido para algo.
El señor VIERA-GALLO.-
¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?
El señor BOMBAL.-
Con mucho gusto, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , es muy importante que esa información llegue para cuando se discuta la Ley de Presupuestos, porque todos esos recursos fueron aprobados por el Parlamento en la normativa respectiva. Entonces, dicha información, de la cual ahora dispone el Senador señor Bombal y que ojalá se socialice entre todos, puede ser muy útil cuando discutamos el Presupuesto de la Nación.
El señor BOMBAL.-
No tengo ningún inconveniente. Y, desde luego -y es bueno que me lo recuerde el Honorable señor Viera-Gallo -, uno de los propósitos que motivó pedir toda la información es, justamente, para dejarla a disposición de los señores Senadores.
Sin embargo, debemos admitir que la cifra resulta francamente sorprendente. Es más, señor Presidente : he conversado el tema con distintas personas y suponen que tiene que haber un error. No pueden creer que la cifra sea real: 70 mil millones de pesos, 150 millones de dólares en un año para consultorías externas. Cuando conozcamos el propósito de éstas, y quiénes y cómo las hicieron, cuestión que por ahora me reservo, creo que el Senado se va a sorprender todavía más.
Muchas gracias.
El señor HORVATH (Presidente accidental).-
Terminada la hora de Incidentes, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:15.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
ANEXO SESIÓN
Proyecto de acuerdo, de diversos señores Senadores, que propone medidas que indica respecto de funcionarios públicos que estudian carreras técnicas con relación al pago de asignación profesional. Boletín N° S 425-12.
Ante la situación generada por diversos y contradictorios dictámenes de la Contraloría General de la República, en relación a la posibilidad de que los funcionarios públicos que siguen estudios superiores no podrían acceder al pago de la asignación profesional en los casos que hayan carreras consideradas como técnicas;
Considerando, además, que numerosas personas, siguiendo las políticas dictadas por el Supremo Gobierno para perfeccionar la capacidad de servicio a la comunidad de los funcionarios públicos, han incurrido en gastos personales para financiar sus estudios en la confianza de que, una vez concluidos, podrían recibir un reconocimiento por su esfuerzo a través de un mejoramiento de sus remuneraciones y que, al no ocurrir ello se configura una objetiva situación de frustración y de desincentivo para el perfeccionamiento de los funcionarios públicos;
Tomando en cuenta que en su oportunidad se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y dirigentes de nivel regional de los funcionarios de diversos servicios públicos, así como de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para la presentación de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para resolver esta situación, el que en principio contemplaría mecanismos de compensación para quienes terminaron o están cursando estudios superiores, en reconocimiento a su esfuerzo por alcanzar un mayor perfeccionamiento, considerándose la devolución de hasta un 50 por ciento de los recursos invertidos en educación; y
Considerando que este acuerdo contemplaba al mismo tiempo la posibilidad de que las universidades y otros centros de educación superior puedan aumentar sus exigencias académicas, en términos de horas semanales y semestres de estudio, para que las carreras actualmente consideradas técnicas tengan efectivamente la calidad de profesionales;
Los Comités del Senado acuerdan:
1.- Solicitar a S.E. el Presidente de la República que imparta las instrucciones pertinentes para la más pronta presentación del proyecto de ley antes aludido para su tramitación en el Congreso Nacional.
2.- Plantear al Sr. Contralor General de la República la posibilidad de que, mientras no se aclare la situación por la vía legislativa, disponga no innovar respecto de aquellos funcionarios que han estado percibiendo el beneficio de la asignación de título profesional en virtud de dictámenes anteriores.
3.- Expresar el firme compromiso del Senado de discutir y despachar con la mayor celeridad posible las normas que proponga el Ejecutivo para satisfacer las inquietudes de los funcionarios públicos.
Valparaíso, 6 de Julio de 1999.
(Fdo.): Cantero Ojeda, Carlos, Gazmuri Mujica, Jaime, Horvath Kiss, Antonio, Matta Aragay, Manuel Antonio, Muñoz Barra, Roberto, Parra Muñoz, Augusto, Pizarro Soto, Jorge, Ríos Santander, Mario, Viera-Gallo Quesney, José Antonio, Zaldívar Larraín, Andrés, Zurita Camps, Enrique.