Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Pablo Letelier Morel
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Cantero Ojeda
- Ignacio Perez Walker
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE SALUD PARA INFORMAR.
- ACUERDO PARA TRATAR SOBRE TABLA PROYECTO DE LEY.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO LAUTARO VERGARA OSORIO
- HOMENAJE : Jose Miguel Ortiz Novoa
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE : Rodrigo Alvarez Zenteno
- HOMENAJE : Rosauro Martinez Labbe
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO LAUTARO VERGARA OSORIO
- VI. ORDEN DEL DÍA
- CREACIÓN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA MINERÍA EN TOCOPILLA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- DEBATE
- ACTUACIONES DE ÓRGANOS PÚBLICOS EN INVESTIGACIONES JUDICIALES RELATIVAS A LA EX COLONIA DIGNIDAD.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Vega Vera
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Mario Bertolino Rendic
- DEBATE
- ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL VERTEDERO LEPANTO.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- DEBATE
- CREACIÓN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA MINERÍA EN TOCOPILLA. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MANTENCIÓN DE LA ACTUAL SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA VENTA DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL S. A.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Laura Soto Gonzalez
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Francisco Bartolucci Johnston
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Anibal Perez Lobos
- Sergio Velasco De La Cerda
- Arturo Longton Guerrero
- Samuel Venegas Rubio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL USO DEL ÁCIDO SULFÚRICO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Salvador Urrutia Cardenas
- Carlos Olivares Zepeda
- Ignacio Walker Prieto
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Jaime Mulet Martinez
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Maria Angelica Cristi Marfil
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- ANTECEDENTE
- MANTENCIÓN DE LA ACTUAL SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO. (Continuación).
- VIII. INCIDENTES
- CAUSALES QUE FUNDAMENTAN FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL RELATIVO A ACTUACIONES DEL ALCALDE DE VIÑA DEL MAR.
- DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS EL LIBERTADOR. Oficios.
- ERRADICACIÓN DE FAMILIAS POR DEMOLICIÓN EN RECOLETA. Oficio.
- ALCANCES SOBRE DESTITUCIÓN DE ALCALDE DE VIÑA DEL MAR.
- TÉRMINO DEL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL.
- MODIFICACIÓN DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS EN COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO. Oficio.
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ASIGNACIÓN DE PENSIONES ASISTENCIALES. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULADORAS DE RILES. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN COMUNA DE CHIGUAYANTE. Oficios.
- ADHESION
- Maria Rozas Velasquez
- Enrique Jaramillo Becker
- Luis Pareto Gonzalez
- Homero Gutierrez Roman
- ADHESION
- ALCANCES SOBRE FALLO JUDICIAL VINCULADO CON EL ASESINATO DE JUAN ALEGRÍA MUNDACA.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRA VIAL EN TRAMO COLLIPULLI-TEMUCO. Oficio.
- OPOSICIÓN A DISMINUCIÓN DE EMPLEOS OTORGADOS POR LAS MUNICIPALIDADES A CESANTES. Oficios.
- ADHESION
- Maria Rozas Velasquez
- Homero Gutierrez Roman
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Enrique Jaramillo Becker
- Osvaldo Vega Vera
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL PADRE GUIDO LEBRET.
- SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES. Oficios.
- IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES. Oficio.
- RECHAZO A POLÍTICAS DE MESA DE TRABAJO AGRÍCOLA. Oficio.
- MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN REGIÓN DE ATACAMA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Carlos Olivares Zepeda
- Rafael Arratia Valdebenito
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Patricio Melero Abaroa
- Jaime Mulet Martinez
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Ojeda Uribe
- Osvaldo Palma Flores
- Salvador Urrutia Cardenas
- Sergio Velasco De La Cerda
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 18ª, en miércoles 19 de julio de 2000
(Ordinaria, de 10.39 a 14.42 horas)
Presidencia de los señores León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo Presidencia accidental de los señores Huenchumilla Jaramillo don Francisco, y Ortiz Novoa, don José Miguel
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
- Prórroga de plazo a Comisión de Salud para informar 9
- Acuerdo para tratar sobre Tabla proyecto de ley 9
V. Homenaje.
Homenaje en memoria del ex diputado Lautaro Vergara Osorio 9
VI. Orden del Día.
- Creación de zona franca industrial de insumos y elementos para la minería en Tocopilla. Primer trámite constitucional 16
- Actuaciones de órganos públicos en investigaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad 20
- Administración de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos del vertedero Lepanto 35
VII. Proyectos de acuerdo.
- Mantención de la actual sede del museo de historia natural de Valparaíso. (Continuación) 43
- Comisión especial investigadora de la venta de la empresa sanitaria de Valparaíso, Esval S.A 44
- Comisión especial investigadora del control y fiscalización del uso del ácido sulfúrico 46
VIII. Incidentes.
- Causales que fundamentan fallo del Tribunal Electoral Regional relativo a actuaciones del alcalde de Viña del Mar 49
- Despidos injustificados en Empresa de Servicios Sanitarios El Libertador. Oficios 53
- Erradicación de familias por demolición en Recoleta. Oficio 53
- Alcances sobre destitución de alcalde de Viña del Mar 54
- Término del sistema electoral binominal 55
- Modificación de proyecto sobre construcción de viviendas básicas en comuna de Quinta de Tilcoco. Oficio 55
Pág.
- Modificación de normativa sobre asignación de pensiones asistenciales. Oficios 56
- Información sobre normas reguladoras de riles. Oficio 56
- Construcción de obras viales en comuna de Chiguayante. Oficios 57
- Alcances sobre fallo judicial vinculado con el asesinato de Juan Alegría Mundaca 57
- Construcción de obra vial en tramo Collipulli-Temuco. Oficio 58
- Oposición a disminución de empleos otorgados por las municipalidades a cesantes. Oficios 59
- Homenaje en memoria del padre Guido Lebret 60
- Situación de pequeños y medianos agricultores. Oficios 61
- Irregularidades en municipalidad de Cauquenes. Oficio 62
- Rechazo a políticas de mesa de trabajo agrícola. Oficio 62
- Medidas para paliar cesantía en Región de Atacama 63
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto, iniciado en moción del diputado señor Montes, que determina fecha de elecciones de alcaldes y concejales (boletín Nº 2465-06) 65
2. Segundo informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, recaído en el proyecto que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla (boletín Nº 2463-03) 65
3. Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla (boletín Nº 2463-03) 72
4. Moción de los diputados señores Olivares, Arratia, Cornejo, don Patricio; Melero, Mulet, Navarro, Ojeda, Palma, don Osvaldo; Urrutia y Velasco, que modifica el artículo 41 de la ley Nº 19.284, referida a beneficios para discapacitados (boletín Nº 2553-11) 80
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada del Partido Socialista por la cual informa que el diputado señor Encina reemplaza al diputado señor Letelier, don Juan Pablo, en la Comisión investigadora de la Concentración Económica en Chile.
2. Oficios:
-De la Comisión de Salud por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para prorrogar en 30 días el plazo para evacuar el informe del proyecto de acuerdo Nº 318, referido al funcionamiento de las instituciones de salud previsional.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Ascencio, diligencias en municipalidad de Ancud para subsanar irregularidades de inmueble.
-De los diputados señores Bertolino, Sánchez, Urrutia, Jaramillo, Moreira, Jarpa, Vilches. Mora, Martínez, don Rosauro; Kuschel, Galilea, don Pablo y de la diputada señora Rozas, endeudamiento y estado de obligaciones contraídas con diversas entidades previsionales por la municipalidad de Coquimbo.
Ministerio del Interior
-De los diputados señores Villouta, Ortiz y Velasco, plazos para presentación de documentos en llamados a licitación o concursos para proveer cargos de la administración pública.
-Del diputado señor Navarro, proyecto “Securitización Forestal”.
-Del diputado señor Navarro, programa de apoyo y fortalecimiento de Organizaciones de Adulto Mayor, Arte y Jóvenes.
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Ministerio de Hacienda
-Nómina de decretos del mes de junio tramitados con cargo de las provisiones que se indican, y cumplimiento de artículos 3º y 8º de la ley de Presupuestos año 2000.
Ministerio de Agricultura
-De los diputados señores Jarpa, Martínez, don Rosauro; Ojeda, Letelier, don Felipe; Venegas, Rocha, Navarro, Muñoz, don Pedro; Lorenzini, Ulloa y diputada señora Caraball, tecnología en remolacha.
-De los diputados señores Lorenzini, Ojeda, Reyes, Jaramillo y Mora, situación predio “El Almendro” de la comuna de Pencahue.
Dirección General de Deportes y Recreación
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistieron, además, los senadores Carlos Cantero, Ignacio Pérez Walker y Mariano Ruiz-Esquide.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
El acta de la sesión 13ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 14ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE SALUD PARA INFORMAR.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga, por 30 días, del plazo solicitado por la Comisión de Salud para evacuar el informe relativo al funcionamiento de las instituciones de salud previsional.
Acordado.
ACUERDO PARA TRATAR SOBRE TABLA PROYECTO DE LEY.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Informo a la Sala que, por acuerdo unánime de los jefes de bancada, refrendado por el Presidente de la Corporación , honorable diputado Víctor Jeame Barrueto, y por el Secretario de la misma, se va a discutir sobre tabla, en segundo trámite reglamentario, el proyecto que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO LAUTARO VERGARA OSORIO
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde rendir homenaje en memoria del ex diputado señor Lautaro Vergara Osorio, recientemente fallecido.
Debo informar a la Sala que se encuentran presentes en las tribunas el señor Pedro Vergara Cofré, junto a familiares y amigos, quienes asisten al homenaje que la Corporación rinde en memoria de don Lautaro Vergara Osorio, Q.E.P.D., quien fue un destacado diputado de la República.
Tiene la palabra el honorable diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente , señoras diputadas, señores diputados, Lautaro hijo y su distinguida esposa; Pedro Lautaro y su distinguida esposa; Víctor Benavente , gran dirigente de nuestro partido en Chillán, y otros familiares, presentes en el homenaje al ex diputado Lautaro Vergara Osorio , quien forma parte de la historia de Chillán.
Sin duda, fue un hombre con afán de servicio público con mayúsculas y en todo el sentido de la palabra. A los 78 años de edad abandonó nuestro mundo terrenal; pero en este largo camino que hizo, con éxitos, fracasos, decepciones y entusiasmo, reflejó un gran trato humano. Se encuentran presentes colegas de mi partido que tuvieron el privilegio de vivirlo personalmente.
Nacido, criado y educado en Chillán, fue miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano en Ñuble. Antes de su fallecimiento, era presidente provincial de nuestra colectividad. Ex regidor; ex diputado , desde 1969 hasta el 10 de septiembre de 1973; ex presidente y miembro integrante del directorio de Essbío S.A. desde 1990 hasta el instante de su fallecimiento; concejal de la ilustre municipalidad de Chillán hasta el momento de fallecer.
Don “Lauta”, como le decíamos sus amigos y sus hermanos de ideales, fue un hombre transparente. Acostumbraba manifestar las cosas de frente y por su nombre; por lo tanto, nadie se podía llevar una sorpresa con él. Accesible a la gente y peatón por naturaleza, con lo cual siempre facilitaba el contacto permanente con las personas. Gran lector por excelencia, siempre estaba leyendo algún libro, aparte de revistas, diarios o documentos; muy dado a la poesía. Dotado de una memoria privilegiada y con gran capacidad no sólo de análisis político, sino también de lo que es la existencia y la vida nuestra. Demasiado claro para expresar sus ideas; de hecho, cuando hablaba en público siempre se entendía lo que decía. Respetuoso en el trato personal y vehemente para defender sus puntos de vista. Fue un gran conversador, con buen sentido del humor, aunque para muchos, de muy mal genio, lo que se debía a su profunda sensibilidad. Siempre dispuesto a tender una mano ante situaciones difíciles. En innumerables ocasiones le hacía los escritos o los oficios a gente humilde, porque en esos años ésta no tenía máquina de escribir. Como cristiano, manifestó siempre que Dios se encarga de poner las cosas en su lugar y en el momento preciso. Con frecuencia reflexionaba que para él constituía un privilegio no ser rencoroso; comprometido con la Iglesia Católica, siendo parlamentario y acompañado de su esposa de toda la vida, la señora Eliana Cofré , y de sus cinco hijos, hizo realidad el proyecto de ley que declaró monumento nacional la iglesia San Juan de Dios, de Chillán.
Públicamente manifestaba que la política es para servir y no para servirse de ella. Lo demostraba con el hecho de haber ocupado la misma casa de siempre, adquirida mediante la Caja de Empleados Particulares. Fue locutor y después jefe de prensa de una radio de Chillán, a la que se consagró hasta el último día de su existencia.
Lautaro Vergara Osorio inicia su vida política como regidor por Chillán, el año 1953. En ese tiempo representó al Partido Conservador de entonces; pero en el año 1956, después de conocer a un Eduardo Frei Montalva , a un Radomiro Tomic , a un Bernardo Leighton , se sintió atraído por esos jóvenes de la Falange Nacional, y fue uno de los fundadores de la Democracia Cristiana en Chillán.
Debido a eso, entre los años 1960 y 1968, fue elegido regidor por Chillán, sucesivamente, en representación de la Democracia Cristiana.
Al respecto, quiero señalar que, cuando los movimientos políticos están en la cúspide, las situaciones electorales se visualizan muy positivas. No era ningún misterio que, después del triunfo de Eduardo Frei Montalva en 1964, los candidatos de la Democracia Cristiana tuvieran inmensas posibilidades de salir electos parlamentarios en 1965. Se ofreció a Lautaro Vergara Osorio ser candidato en esa oportunidad y él expresó que prefería que lo fuera un dirigente netamente campesino, el cual fue elegido en 1965, y él continuó siendo regidor. Con ello se demuestra que fue un hombre sin ambiciones.
Entre 1969 y 1973 es elegido diputado por la Decimosexta Agrupación Departamental de Chillán, Bulnes y Yungay. Aquí hay algo muy característico de su persona. Sin ser abogado, integró la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a requerimiento de sus miembros porque, según ellos, don Lautaro Vergara tenía la virtud de hacerlos “aterrizar”, al recordarles que una cosa era el texto jurídico de la ley, y otra, la realidad.
Como parlamentario de la República , integró las Comisiones de Gobierno Interior y de Obras Públicas y Transportes. Como ejemplos de su labor, en 1969 él consiguió los recursos para empezar la construcción del grupo arquitectónico O’Higgins, en Chillán Viejo; solicitó, en ese año, la creación de la sede regional Chillán de la Universidad Técnica del Estado; contribuyó a la donación de terrenos a la Corporación de Servicios Habitacionales, como coautor de la moción parlamentaria que facultaba a los municipios para hacer estas donaciones; participó activamente en el tema de la remolacha, vital para la provincia de Ñuble, en relación con la venta y los impuestos; logró consensuar, en el centenario de la Sociedad de Artesanos La Unión, de Chillán, a todas las colectividades políticas para hacerle el reconocimiento respectivo; fue el primero, en 1970, que solicitó fondos a la Presidencia de la República para la construcción del aeródromo O’Higgins, de Chillán, y, además, él fue protagonista fundamental en lograr la construcción de muchos establecimientos educacionales en la provincia de Ñuble, en especial, de la ex Escuela Normal de Chillán. Presentó mociones parlamentarias en el tema de taxis armados y/o fabricados en el país, consiguiendo, mediante el proyecto de ley respectivo, franquicias tributarias para ello. Hizo lo mismo con los pequeños vitivinicultores. Por lo tanto, fue un hombre que efectivamente desarrolló una fructífera labor parlamentaria.
En la época del régimen militar, a pesar de que existía la sensación de luchar en vano por recuperar la democracia en el país, Lautaro Vergara Osorio , Q.E.P.D., no renunció a sus ideales, y en su calidad de presidente provincial de la Democracia Cristiana , desde 1973 hasta 1988, mantuvo vigente la estructura interna del partido, tanto la estructura provincial como la regional, y como consecuencia de ello enfrentó la cesantía.
Lautaro Vergara fue una persona que vivió para servir a los demás. Vivió intensamente su vida radial en Chillán. Se desempeñó durante casi veinte años como subdirector de la radio “La Discusión”; después, como director gerente de la radio “Los Héroes”, en la cual -lo reconocía- gozó de absoluta libertad para darle un enfoque pluralista.
Durante 25 años colaboró con diversos establecimientos educacionales de Chillán. Fue presidente del centro de padres y apoderados del Colegio Purísima, del Liceo de Niñas, del Colegio San Francisco y del Colegio Padre Hurtado, el que presidió hasta 1988.
Al terminar estas palabras, quiero recordar el período que vivió entre 1990 y el instante de su muerte. Fue nombrado presidente del directorio de Essbío en 1990, por su amigo personal, el entonces Presidente de la República , don Patricio Aylwin , y actualmente, era director de esa entidad. Eso le significó, junto con el directorio, mantener un fuerte compromiso para cambiar el enfoque de la empresa, desde el punto de vista de la rentabilidad y de la modernización, pero, principalmente, de servicio público.
Hoy, en la Cámara de Diputados, donde me honro en representar a las ciudades de Concepción, Chiguayante y San Pedro , hago un reconocimiento público a su existencia tan especial, desde el punto de vista político y de dirigente de diferentes organizaciones, y de lo que nos entregó, especialmente a nuestro Partido, el Demócrata Cristiano.
Lautaro Vergara Osorio, no me cabe la menor duda de que, hace rato, el Supremo Hacedor, que todo lo puede, te recibió con los brazos abiertos, porque hiciste los merecimientos para la felicidad permanente.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jarpa.
El señor JARPA (de pie).-
Señor Presidente , en la rueda sin fin de la vida, en que se confunde el inicio con el final, me corresponde hoy, en nombre de las bancadas del Partido Radical Social Demócrata, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, rendir un sentido homenaje a don Lautaro Vergara Osorio , cuyos restos mortales la gran familia chillaneja y ñublensina dejamos hace pocos días en el camposanto municipal de Chillán. Fue comunicador social, regidor, diputado , concejal, representante del Partido Demócrata Cristiano y dirigente de organizaciones sociales y políticas, es decir, un servidor público.
Durante mi infancia me acostumbré a escuchar la voz característica de este hombre, cuyo fin fue siempre la radio. Subdirector de la radio “La Discusión”, de Chillán, entendía que este medio de comunicación es pilar fundamental de la libertad de expresión, piedra angular de la democracia participativa.
En la década del 50 se inicia una amistad entre mi padre, Abel Jarpa Vallejos , y don Lautaro , ya que, como regidores, ambos formaron parte de una organización muy especial que existe en nuestra ciudad, la “Mesa de los Recuerdos”. En ese entonces, dicha organización reunía al alcalde, a los regidores y a los funcionarios municipales, y su fin era, después de las sesiones municipales, donde había arduas discusiones plenas de vehemencia y pasión, participar en una cena de camaradería para resarcir cualquier herida que pudiera haber quedado de esas conversaciones y mantener la amistad. Es decir, entendiendo que las discusiones eran sobre ideas y no personales.
Se fortalece aún más esta amistad cuando mi padre asume como alcalde de Chillán en representación del Partido Radical. Don Lautaro , a pesar de las diferencias políticas, siempre fue un leal colaborador con las ideas de progreso en la comuna de Chillán. Y sólo permítanme nombrar una: la traída del extranjero de un andarivel para el centro termal de Chillán que hoy lo ha transformado en uno de los centros invernales y termales de fama internacional. Eso, en más de una ocasión, le significó la crítica de alguno de sus partidarios; pero es una demostración del espíritu de generosidad del personaje a quien hoy le rendimos este sentido homenaje.
Su transitar común se consolida cuando ambos son elegidos diputados, por la circunscripción de Chillán, Bulnes y Yungay, en 1969, a quienes acompañé cuando juraron en esta Corporación, ampliando su servicio público al ámbito provincial y nacional.
Quiero resaltar que su obra, como parlamentario, la conocieron todas las comunas que representó: Chillán , Bulnes y Yungay , y -como aquí se ha expresado- uno de sus proyectos más queridos, que recordaremos siempre, fue la capilla San Juan de Dios, hoy monumento nacional.
En la década del 70, al llegar a la ciudad de Chillán como médico, me correspondió trabajar con su esposa, doña Eliana Cofré , enfermera abnegada y eficiente, hecho que fortaleció mi amistad con su familia, amistad que no sufrió ningún deterioro a pesar de haber sido adversarios políticos en la elección parlamentaria de 1973, y recibimos especialmente su cariño durante la enfermedad de mi padre.
En la década del 80 trabajamos juntos en la lucha por la democracia. Lo hicimos en la Alianza Democrática, en el Acuerdo Nacional, en la Asamblea de la Civilidad y en la Concertación.
En marzo de 1990, cuando él asumió como presidente de Essbío , conocí su capacidad, sus niveles de exigencia y autoexigencia y, aún más, su vehemencia y pasión, y pudimos realizar juntos obras importantes de saneamiento tanto en el sector urbano como rural.
Sin embargo, donde verdaderamente pude aquilatar su compromiso y lealtad fue en la elección parlamentaria de 1997, cuando él apoyara mi candidatura que hoy me permite estar representando a la provincia de Ñuble en este hemiciclo, lo que dio lugar a sabrosos diálogos.
Fundamental fue su participación en la última elección presidencial, puesto que, a pesar de estar aquejado de una grave enfermedad, participó activamente en esa campaña y concurrió a votar, a pesar de haber sido intervenido sólo algunos días atrás.
Permítanme relatar cómo era nuestro saludo con este hombre ya entrado en años. Cariñosamente, le decía: “¿Cómo estás, viejo mañoso?” y su respuesta era: “¡Cállate, chiquillo de porquería!”. Ese fue el cariño que nos tuvimos con don Lautaro por más de 50 años.
En nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, expreso a sus hijos, familiares, amigos, camaradas, a todos quienes representan organizaciones sociales, nuestros sentimientos de pesar.
Don “Lauta”, viejo luchador social y político, tu ejemplo permanecerá siempre en quienes te conocimos y será nuestro deber transmitirlo a nuestros semejantes.
Muchas gracias.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara, familiares de don Lautaro Vergara Osorio:
En representación de la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, adhiero al homenaje que esta Corporación rinde al ex diputado , ex regidor, militante y fundador del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Ñuble, señor Lautaro Vergara Osorio.
La vida y trayectoria pública de don Lautaro Vergara están indisolublemente ligadas a la ciudad de Chillán. Si uno quisiera resumir los días de don Lautaro Vergara , tendría que destacar, necesariamente, su vocación de servicio público, su afición por la radiofonía y su condición de militante del Partido Demócrata Cristiano.
Esa vocación era innegable.
En 1953, y con poco más de 30 años, fue elegido regidor por la ciudad de Chillán. Este cargo lo volvería a ocupar en sucesivas oportunidades.
En 1969 fue elegido diputado por Chillán , Bulnes y Yungay, cargo en el cual también sería reelegido.
Por último, desde 1994 se desempeñaba como concejal de la municipalidad de Chillán.
Don Lautaro fue locutor y periodista radial de profesión. Su afición por la radiofonía fue ampliamente conocida. Se desempeñó durante más de 23 años como subdirector de la radio “La Discusión” de Chillán y también ocupó el cargo de director general de la radio “Los Héroes” de Chillán.
En este ámbito, ocupó asimismo el cargo de director de la Asociación de Radiodifusión de Chile por más de 12 años.
Su compromiso con la Democracia Cristiana queda de manifiesto al observar su trayectoria política.
En 1958 fundó la Democracia Cristiana en la provincia de Ñuble.
Entre 1958 y 1973 ocupó, en diversas oportunidades, el cargo de presidente comunal y provincial de Ñuble. Con posterioridad a esa fecha, asumió la presidencia provincial del partido y la presidencia de la Alianza Democrática.
La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente quiere destacar en esta ocasión la dilatada y muy destacada trayectoria de servicio público de don Lautaro Vergara Osorio , y expresar sus sentimientos de pesar por su partida, tanto a su familia como a su Partido, la Democracia Cristiana.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ, don Rosauro (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, distinguida familia de don Lautaro Vergara Osorio :
Elevo mi voz en esta Sala representativa de la sociedad chilena e integrada por un conjunto de hombres y mujeres que, por sobre cualquier diferencia legítima y humana, nos esforzamos para mirar la vida desde una perspectiva integradora y completa que nos haga comprender que, como personas, estamos llamados a colaborar en la construcción de una sociedad mejor, de justicia social, de oportunidades, de respeto y, fundamentalmente, responsable. Eso representa este lugar, que es más que un edificio, más que un grupo de personas alineadas por ideologías y separadas por bancadas. En síntesis, es expresión de la esencia de nuestra nación y, por cierto, el sitio donde están representados los intereses de Chile y de sus habitantes. A este lugar, estimada familia Vergara Cofré , perteneció vuestro padre, el distinguido colega, coterráneo y amigo, don Lautaro Vergara Osorio , diputado por el período 1969-1973, en representación del antiguo distrito formado por las comunas de Chillán, Bulnes y Yungay. En su trabajo legislativo, destacó por la permanente búsqueda de fórmulas viables para solucionar los graves problemas de pobreza, cesantía y los propios del sector agrícola.
Don Lautaro era un profundo conocedor de la realidad comunal y provincial, fundamentalmente por su vasta experiencia como regidor por Chillán, cargo al cual accedió por decisión popular en 1953 y desde donde desarrolló una vasta labor de bien comunal, que le sirvió de base para su posterior desempeño como legislador. Pero, además, don “Lauta”, como cariñosamente se le conocía, era un hombre inquieto, formador y líder de opinión, a quien con seguridad ninguna materia humana le era ajena o desconocida; tal vez por su perfeccionamiento intelectual y su vinculación con los medios de comunicación, pues como aquí se ha recordado, era de profesión locutor y periodista radial, llegando a ser subdirector de la prestigiosa y señera radio “La Discusión”, de Chillán, por espacio de 23 años.
Con posterioridad, esa inquietud lo llevó a desempeñarse activamente en tareas gremiales. Con nitidez, sobresalió en la presidencia del Centro de Padres y Apoderados del colegio Padre Alberto Hurtado , de Chillán, centenario y prestigioso establecimiento educacional de nuestra ciudad, de la provincia y región, en cuya gestión, junto a un selecto grupo de colaboradores realizaron obras de adelanto en infraestructura y medios de apoyo pedagógico, destinado a que los profesores y alumnos pudieran desarrollar con mayor eficacia y eficiencia la labor educativa. Allí también está impreso su sello de hombre constructivo y creador.
No es extraño, entonces, que en las elecciones municipales de 1992 de nuevo resultara elegido, ahora como concejal, con un alto y significativo respaldo popular que se mantendría ininterrumpido hasta el día de su deceso, dejando, como se recordó durante sus exequias, un fecundo legado como servidor público, preocupado de los diferentes aspectos que dicen relación con la marcha de una comuna y que él focalizaba en las juntas de vecinos, centros de padres y organizaciones deportivas, entidades que lo recuerdan con especial cariño y gratitud.
¡Son tantas las cosas que se pueden decir de don Lautaro ! Nació en 1921 e hizo sus estudios primarios en la ex Escuela de Aplicación, anexa a la Escuela Normal Juan Madrid ; y los secundarios, en el Liceo de Hombres Narciso Tondreau, donde, según sus compañeros, nació su interés por la cosa pública, apoyado en sus condiciones innatas y facilidad de expresión. Fue miembro y fundador del Partido Demócrata Cristiano en Ñuble; presidente provincial de la colectividad por más de una década; director y presidente del directorio de la empresa de Servicios Sanitarios del Biobío , Essbío S.A., período en el cual la empresa pudo lograr la anhelada planta de filtros, mejoramientos sustanciales en la red de agua potable y la planta de tratamiento de aguas servidas para la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo. En definitiva, en una frase se puede decir que no hubo acción de bien comunitario alguna que no contara con su respaldo y entusiasmo decidido.
Ésta es, en breve síntesis, parte de los hitos más importantes de la trayectoria de don Lautaro Vergara Osorio. Sin embargo, quiero ir más allá del frío relato de aspectos consignados en los archivos de la Cámara, de la secretaría municipal de la Ilustre Municipalidad de Chillán, del Colegio Padre Alberto Hurtado , de Essbío. Están allí y son parte de la historia oficial del ciudadano Lautaro Vergara Osorio. Sabemos que tras cada uno de nosotros existe una historia muchas veces desconocida para la generalidad de la gente, compuesta por hechos, situaciones y características cuya trascendencia permite retratar con exactitud la dimensión humana del personaje.
En ese sentido, recordaré a la señora Eliana Cofré , de profesión enfermera y esposa de don Lautaro por espacio de 43 años, a quien tuve el privilegio de conocer en su labor profesional en el hospital Herminda Martín , de Chillán. Era una persona muy trabajadora, responsable y seria, lo que explica en parte la solidez de la familia Vergara Cofré y el éxito de sus cinco hijos presentes en este homenaje. Asimismo, evocaré aquellos momentos cuando me correspondió entregar la municipalidad de Chillán a sus nuevas autoridades, entre las cuales se encontraba, como he recordado, don Lautaro. Del conjunto de ocho concejales que asumirían el gobierno comunal, el de más experiencia, bagaje público y político era evidentemente don Lautaro.
Se comprenderá que existía una natural desconfianza por las circunstancias especiales del período que habíamos vivido. Era usual que en nuestros contactos iniciales para preparar el traspaso costase un poco romper el hielo e iniciar el diálogo. Pero, como si fuera hoy, recuerdo que el clima siempre se distendía con una broma o con una palabra adecuada al momento que lanzaba don Lautaro , lo que nos permitió, finalmente, conocernos, generar mayor confianza y realizar nuestra tarea exitosa y ordenadamente.
Y esto era así, porque la personalidad de don Lautaro era propia de un hombre honesto, sencillo, transparente, directo. Pero, tal como lo retrató “La Discusión”, de Chillán, siempre manifestó las cosas de frente. Por lo tanto, nadie se llevó una sorpresa con él. Sin embargo, por sobre todas las cosas era respetuoso, virtud que destaco porque a él le tocó vivir momentos difíciles y dramáticos de la vida nacional, en los que costaba mucho mantener esa cualidad.
Señor Presidente , familiares, amigos, estimados colegas, ya no lo veremos más caminando por el centro de Chillán, su ciudad, a la que tanto quiso; ya la avenida Libertad no le reconocerá sus pasos en dirección al obispado; ya los vecinos no escucharán su voz potente y grave, porque don “Lauta” se ha ido. Su forma física ya no existe, pero su espíritu, recuerdo y legado quedarán en la historia oficial y en aquélla compuesta por millares de corazones de personas modestas, porque a ellos preferentemente orientó su vida y fueron la fuente de inspiración en el quehacer público. Pero también -es justo decirlo- su memoria quedará viva en todos quienes, más allá de banderías, trincheras, oposiciones, valoran las cualidades y virtudes del ser humano que hoy destaco, porque es la que se proyecta al futuro, un futuro libre, sin ataduras y presiones, tal como fue don Lautaro Vergara Osorio , ciudadano ejemplar.
Sergio, Pedro, Jorge, Lautaro y Cristián, familiares y seres queridos, reciban, en nombre de la bancada de Renovación Nacional y de este coterráneo chillanejo, estas palabras que reflejan el pensamiento sincero de quienes conocimos y gozamos de su amistad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Así, la Cámara ha rendido homenaje a don Lautaro Vergara Osorio, ex diputado y distinguido hombre público.
En nombre de la Corporación, hago llegar nuestro más sentido pésame a sus familiares.
VI. ORDEN DEL DÍA
CREACIÓN DE ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LA MINERÍA EN TOCOPILLA. Primer trámite constitucional.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, de conformidad con lo resuelto por la unanimidad de los Comités, refrendado por el Presidente de la Corporación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla, Segunda Región.
Diputados informantes de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Hacienda, son los señores Waldo Mora y Pablo Galilea, respectivamente.
Antecedentes:
-Segundos informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, boletín Nº 2463-03. Documentos de la Cuenta Nºs 2 y 3, de esta sesión.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Economía.
El señor MORA.-
Señor Presidente, el proyecto, en segundo trámite reglamentario, establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla, Segunda Región.
En esta ocasión, la Comisión se abocó a considerar las indicaciones que se formularon durante la discusión general del proyecto y a escuchar los argumentos de sus autores.
Cabe destacar, para los fines reglamentarios, que el proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
Como se recordará, la idea matriz de esta iniciativa legal es promover el desarrollo económico de una comuna muy deprimida, Tocopilla. Para ello, se establece un régimen de zona franca industrial destinado a la producción de insumos, partes y piezas para la minería en el que se consulten una serie de franquicias aduaneras en favor de empresas productoras de tales mercancías, siempre que funcionen en la citada comuna.
También corresponde que se haga presente que los artículos 4º, 6º y 10 no fueron objeto de indicaciones y, por lo tanto, deben declararse aprobados reglamentariamente.
La Comisión de Economía, durante el tratamiento en particular del proyecto, incorporó las siguientes enmiendas:
En el artículo 1º, se aprobó por asentimiento unánime, con algunas modificaciones de forma, la indicación formulada por las señoras Cristi y Pollarolo y los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García para intercalar, en el inciso segundo, a continuación de “elaborar”, eliminando la palabra “exclusivamente”, la expresión “o reparar bienes de capital”, cuyo objetivo es precisar que tales empresas puedan reparar las maquinarias que importen para la elaboración de partes y piezas.
Asimismo, se aprobó por unanimidad la indicación formulada por el señor Tuma para intercalar, en el inciso tercero, a continuación de la palabra “destinadas”, la siguiente frase: “a reparar bienes de capital o”, cuyo objetivo es mantener la concordancia con la indicación anterior.
En el artículo 3º, se aprobó por asentimiento unánime la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini, Felipe Letelier, Prokurica, Ortiz, Álvarez, Jaramillo, Jocelyn-Holt y José García para contemplar, en el inciso primero, a continuación de la expresión “productivos”, lo siguiente: “bienes de capital”, que busca explicitar que tales empresas gozarán de dichos beneficios para la reparación de la maquinaria productiva.
En el artículo 5º, se aprobó por unanimidad la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García para agregar, a continuación de la palabra “Iquique”, las palabras “y/o del régimen especial contemplado para Arica”, pues, según se señaló, se trata de una misma normativa legal que beneficia a ambas comunas de la Primera Región , conforme a la legislación vigente.
En el artículo 7º, se aprobó por asentimiento unánime la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini, Felipe Letelier, Prokurica, Ortiz, Álvarez, Jaramillo, Jocelyn-Holt y José García para agregar, en el inciso primero, a continuación de la palabra “considerarán”, lo siguiente: “para todos estos fines como”, cuyo objeto es precisar gramaticalmente el contenido de la disposición.
Cabe destacar que la Comisión no incorporó nuevos artículos y que remitió a la de Hacienda, para su especial pronunciamiento, los artículos 1º, 3º, 5º y 7º, en razón de haber sido conocidos por ella durante la discusión general y haberse aprobado indicaciones que, si bien no alteran sustancialmente sus contenidos, no son correlativas al texto remitido en esa oportunidad.
Por último, me permito recordar que las indicaciones rechazadas y las declaradas inadmisibles se encuentran reseñadas en el informe escrito que los señores diputados tienen a su disposición, por lo cual considero innecesario repetir su contenido.
Es cuanto puedo informar.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, el proyecto, en segundo informe reglamentario, establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla, Segunda Región.
Durante su estudio, asistió a la sesión don Alfonso Bórquez, abogado del Ministerio de Hacienda.
Las disposiciones que debieron estudiarse en este trámite son los artículos 1º, 3º, 5º y 7º del texto aprobado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en su segundo informe.
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión de Hacienda acordó analizar la totalidad del articulado aprobado por la Comisión técnica.
Con los antecedentes proporcionados a la Comisión en respuesta a su oficio Nº 147, de 22 de junio de 2000, el señor ministro de Economía , Minería y Energía pone de relieve la importancia de la iniciativa en informe como herramienta para desarrollar encadenamientos productivos que permitan proyectar la actividad minera más allá del período de explotación de los propios yacimientos, e identifica actividades sensibles a los incentivos propuestos, sobre la base de la información que aparece en la encuesta nacional industrial anual.
Respecto de esa encuesta, el diputado señor Andrés Palma lamentó la ausencia de funcionarios del Ministerio de Economía que pudieran dar respuesta a varias inquietudes en relación con la efectividad del proyecto.
El diputado señor Waldo Mora , a su vez, hizo hincapié en que el sector privado expresó su opinión favorable al proyecto en la Comisión técnica y que las indicaciones que se incorporaron a la iniciativa en el segundo informe recogen algunas observaciones que se le formularon en esta instancia.
El señor Alfonso Bórquez sostuvo que las indicaciones no cuentan con opinión favorable del Ministerio de Hacienda, ya que, en general, desvirtúan los objetivos originales del proyecto, además de ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sobre este particular, la Comisión acordó hacer presente la conveniencia de que el Presidente de la Corporación emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad de las indicaciones acogidas por la Comisión técnica.
El articulado fue ampliamente debatido. Existen distintas visiones respecto al impacto que tendrá el proyecto en Tocopilla.
En el artículo 1º se establece un régimen preferencial aduanero y tributario para esa comuna, ubicada en la Segunda Región de Antofagasta , a contar del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de publicación de la ley y por un período de veinticinco años.
Puesto en votación el artículo 1º con su indicación, fue aprobado por once votos a favor y una abstención.
En el artículo 2º, se establece que las empresas mencionadas en el inciso segundo del artículo anterior y durante el plazo indicado en el inciso primero del mismo, estarán exentas del impuesto de primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta por las utilidades devengadas o percibidas en sus ejercicios comerciales, incluyendo los ejercicios parciales que desarrollen al principio o al final del período fijado en el artículo precedente. En todo caso, las empresas beneficiadas por esta franquicia estarán obligadas a llevar contabilidad con arreglo a la legislación general.
Puesto en votación, fue aprobado por once votos a favor y uno en contra.
El artículo 3º permite importar a las empresas a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º, con goce de los beneficios contemplados en el artículo 4º, toda clase de mercaderías extranjeras necesarias para sus procesos productivos, materias primas, artículos a media elaboración, partes y/o piezas que se incorporen o consuman en dichos procesos.
Puesto en votación, fue aprobado por diez votos a favor y una abstención con la modificación consignada en el párrafo precedente.
En el artículo 4º se dispone que la importación de las mercancías a que se refiere el artículo 3º no estará afecta al pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por las Aduanas, incluso la tasa de despacho, como, asimismo, de los impuestos contenidos en el decreto ley Nº 825, de 1974. No obstante, las mercancías deberán sujetarse al régimen general o especial que corresponda, cuando se importen al resto del país.
Puesto en votación, fue aprobado por diez votos a favor y una abstención.
En el artículo 5º se señala que para los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en el proyecto, el territorio de la comuna de Tocopilla se entenderá comprendido dentro de la zona de extensión de la zona franca de Iquique y, en consecuencia, las empresas a que se refiere el artículo 1º podrán importar desde dicho recinto las mercancías a que se refiere el artículo 3º, bajo las condiciones establecidas en el título V del decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda.
Puesto en votación con la modificación precedente, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 6º preceptúa que las ventas de las mercancías señaladas en el artículo 3º, que se efectúen desde la zona franca de Iquique a las empresas mencionadas en el artículo 1º, domiciliadas en el área geográfica mencionada en el mismo artículo, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 11 de la ley Nº 18.211.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
El artículo 7º establece que las ventas que se hagan a las empresas de que trata el artículo 1º de esta ley, de mercancías nacionales o nacionalizadas necesarias para el desarrollo de sus actividades, procesos y ampliaciones, y que ingresen al territorio de la comuna indicada en el mismo artículo, se considerarán exportación exclusivamente para los efectos tributarios previstos en el decreto ley Nº 825, de 1974, pero con una devolución del crédito fiscal de hasta el porcentaje equivalente a la tasa del impuesto respectivo sobre el monto de las citadas ventas.
Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 8 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.
El artículo 8º estatuye que las mercancías que produzcan las empresas señaladas en el inciso segundo del artículo 1º con materias primas, partes o piezas de origen extranjero, importadas en conformidad a las normas de los artículos anteriores, podrán salir de la zona mencionada en dicho artículo, para ser exportadas o internadas al resto del país bajo régimen general o especial.
Puesto en votación, fue aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra.
El artículo 9º establece que el Servicio Nacional de Aduanas señalará los recintos habilitados en la zona territorial indicada en el artículo 1º para el ingreso o salida de mercancías. De igual modo, podrá determinar perímetros fronterizos de vigilancia especial. Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas, podrá efectuar en forma selectiva reconocimientos, aforos y verificaciones, incluso documentales, con el objeto de verificar la veracidad de lo declarado por los interesados en relación con las gestiones, trámites y demás operaciones aduaneras que se realicen con motivo del ingreso o salida de las mercancías de la misma zona territorial.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
Por último, el artículo 10 señala que sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, incurrirá también en el delito de contrabando el que retire o introduzca mercancías desde o al territorio de la comuna indicada en el artículo 1º, por pasos o puertos distintos de los habilitados por el Servicio Nacional de Aduanas en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior o en contravención a lo dispuesto en este cuerpo legal.
Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En discusión en general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los artículos 4º, 6º y 10.
En votación las normas comprendidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 7º y 8º, con las enmiendas propuestas por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
A la votación anterior corresponde agregar el voto del diputado señor Gustavo Alessandri.
Se declara aprobado el proyecto con las modificaciones de la Comisión de Hacienda.
Pasa al Senado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
ACTUACIONES DE ÓRGANOS PÚBLICOS EN INVESTIGACIONES JUDICIALES RELATIVAS A LA EX COLONIA DIGNIDAD.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Corresponde conocer el informe de las Comisiones unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Familia, encargadas de estudiar y fiscalizar cómo los distintos órganos públicos competentes han colaborado para el éxito de las investigaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad.
Diputado informante es el señor Ceroni.
Antecedentes:
-Informe de las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de Familia, sesión 27ª, en 10 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, informo sobre la investigación que realizaron las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de Familia en relación con este tema.
Esta investigación se originó en el proyecto de acuerdo Nº 37, de 19 de mayo de 1998, en el cual se establece, fundamentalmente, la preocupación de la sociedad chilena por el hecho de que, a pesar de haberse decretado hace más de siete años la disolución de la corporación Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, en la práctica, ésta continuaba funcionando sin que los bienes adquiridos a través de dicha corporación hubieran pasado a los organismos mencionados en el decreto respectivo y, además, por la circunstancia de que no se haya podido dar con el paradero de Paul Schaeffer , prófugo de la justicia acusado por variados delitos en contra de niños, especialmente violaciones sodomíticas y abusos deshonestos.
Agrega el citado proyecto de acuerdo que el país ve con preocupación los resultados tan limitados de las diversas investigaciones judiciales a los miembros de la ex Colonia Dignidad, en especial el escaso éxito obtenido por la acertada diligencia decretada por el ministro en visita de entrar en ese recinto. Constata también ese proyecto de acuerdo la preocupación porque la fuerza policial solicitada por el ministro en visita actuó con retraso y considera que este es un aspecto intranquilizante que debería ser analizado.
Por ello, en definitiva, se encomienda a las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Familia para que, en conjunto, estudien y fiscalicen cómo los distintos órganos públicos con competencia en la materia han colaborado al éxito de las investigaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad, debiendo informar a la Corporación dentro de breve plazo.
Estas comisiones celebraron 11 sesiones ordinarias y en ellas recibieron a diversas personas, entrevistaron a autoridades y enviaron variados oficios.
Me referiré en forma muy sintética a algunas declaraciones hechas por algunas personas. Declararon, por ejemplo, el presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, don Pedro Pierry, y el abogado don Daniel Martorell.
Respecto de la detención de Paul Shaeffer , el señor Pierry manifestó que era la primera vez en la historia de Chile que una persona buscada en un proceso para ser detenida y que se sabía donde estaba, aún no había sido puesta a disposición de los tribunales de justicia.
Señaló que, en su opinión, había fallas legislativas, ya que en nuestro sistema penal, que es del siglo pasado, es el juez el que lleva la investigación y la policía sólo le colabora. Consideró que, quizás, este problema se solucionaría en el futuro con la implementación del Ministerio Público.
Otro problema legislativo que existía -según él- era que el allanamiento, de acuerdo con nuestra ley, sólo puede practicarse durante el día, lo que atenta contra muchas diligencias.
Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Daniel Martorell , relató a las comisiones que estaba a cargo de las causas criminales que se llevaban en relación con la ex Colonia Dignidad y que todos los esfuerzos de ese organismo habían estado orientados a la causa sobre violaciones sodomíticas y abusos deshonestos, en la cual Paul Schaeffer aparecía como autor principal de esos delitos.
Agregó que si la comisión buscaba determinar las causas por las cuales no se había capturado a Paul Schaeffer , se podía decir que se trataba de una situación extremadamente compleja, ya que no existía una causa, sino que muchos motivos que llevaban a un resultado negativo y que correspondía a la sociedad hacer un examen de conciencia y ver qué se podía mejorar. Explicó que, por ejemplo, nuestro ordenamiento jurídico no contiene las normas adecuadas para hacer frente a una secta, ya que la legislación actual no entrega los instrumentos apropiados para tal efecto. Dijo que pensaba que nuestro país, en vías de desarrollo, se estaba enfrentando a una organización desarrollada, donde existía un sujeto - Paul Schaeffer - con características muy especiales, que había destinado toda su vida a esconderse. Para este individuo lo normal era vivir escondido.
El mismo abogado afirmó en las comisiones unidas que, como líder de la organización, no sólo Schaeffer era responsable, ya que existían otras personas que también lo eran, a las cuales se había intentado someter a proceso por la vía judicial.
Finalmente, señaló que las violaciones sodomíticas estaban rigurosamente acreditadas y que decir que se ha introducido la política en el tema le hacía daño a la investigación relacionada con la ex Colonia, que se estaba llevando a cabo. Agregó que no era una causa política, sino que se trataba de delitos concretos.
Las comisiones unidas también recibieron al subsecretario del Interior de la época, don Belisario Velasco , quien explicó que existían 75 juicios pendientes sobre diversas materias. Incluso, había reclamos por avalúos, juicios tributarios, por infracciones a las normas de salud, laborales y penales.
Señaló que por concepto de capital e intereses de impuestos y derechos aduaneros, por ejemplo, la ex Colonia adeudaba dos mil millones de pesos, aproximadamente, sin considerar las multas.
En relación con la disposición del señor ministro en visita de encontrar al señor Shaeffer , informó que Carabineros e Investigaciones estuvieron aproximadamente durante un mes y medio al interior de la ex Colonia, utilizando los elementos de que disponían para tal efecto y que, si bien no fue ubicado, se pudo establecer una serie de situaciones que forman parte del secreto del sumario y que, aunque ignoraba muchos detalles, sabía que se incautaron videos, cintas y documentos; se reconoció parte de las 17 mil hectáreas de terreno -más grande que isla de Pascua-, que tienen numerosos bosques, donde existían túneles y subterráneos, incluso, con acomodaciones para varias personas. Carabineros e Investigaciones no pudieron revisar más del 25 por ciento del terreno.
El subsecretario sostuvo que todo este tema es muy complejo. No hay que olvidar que Schaeffer era prófugo en Alemania, donde fue buscado entre 1957 y 1959, pero no se le pudo ubicar y salió de ese país con niños y familias, a pesar de existir órdenes de detención en su contra. Explicó que el Gobierno tenía la decisión de hacer las cosas, pero que se topaba con situaciones complejas. Así, el 31 de enero de 1991, cuando se disolvió la Colonia Dignidad por haber violado todos los fundamentos que le habían dado el carácter de beneficencia, aparecieron 18 senadores firmando una carta para pedir que el Ejecutivo retirara el decreto y se presentaron numerosos recursos ante los tribunales. Es decir, durante años, se produjeron atrasos y dilaciones. Asimismo, se rechazaron recursos en favor de niños adoptados. La corte se amparó en la ley de adopciones, en circunstancias que existe una ley de menores y la Convención internacional sobre los derechos de los niños le habría permitido acoger muchos de los recursos presentados.
El subsecretario manifestó que había opiniones y acciones de algunos sectores que habían perjudicado la investigación. En algunos editoriales y artículos de prensa se dijo que era absurdo utilizar a 100 carabineros y que se invirtieran 100 millones de pesos en la búsqueda de un pobre anciano que había violado a unos pocos niños. Existía una defensa cerrada de algunos sectores, que el subsecretario denominó “fuerzas fácticas”, que protegían a la ex Colonia a distintos niveles. Destacó que, a pesar de ellos, se había ido avanzando, ya que había 75 juicios que afectaban a la ex Colonia.
Afirmó que resultaba evidente que durante mucho tiempo la ex Colonia contó con una enorme ayuda policial, ya que estuvo en permanente contacto con ella y mantuvieron relaciones fluidas que crearon amistades, lo que, al final, se convirtió en una red de protección.
Por otra parte, las comisiones unidas recibieron al señor Nelson Mery, director general de la Policía de Investigaciones, quien hizo una breve reseña de la ex Colonia Dignidad.
Explicó que, desde el punto de vista de Investigaciones, se lograría capturar a Schaeffer a través de la Inteligencia Policial e, incluso, recurriendo a medidas de contrainteligencia.
También asistió el señor Luis Henríquez , prefecto de Investigaciones y jefe de la 7ª Región Policial de Talca , quien manifestó que el equipo investigativo tenía plena certeza de que estaba enfrentando a una organización criminal y que no existían instrumentos jurídicos en el ordenamiento del Estado de derecho para combatirla.
Por su parte, el señor Manuel Ugarte , general director de Carabineros , manifestó que a fin de evitar una eventual red de protección a la ex Colonia Dignidad, su servicio trasladó desde Parral a todo el personal antiguo que había en esa ciudad.
Negó que su servicio hubiera pedido la suspensión de la orden para ingresar a la ex Colonia que dio el ministro en visita de aquella época.
Quiero recordar a la Sala que lo manifestado por el general se relaciona con uno de los temas que más preocupó a las comisiones, en cuanto a que, ante las denuncias efectuadas y los procesos por violaciones sodomíticas y abusos deshonestos en contra de Paul Schaeffer , el ministro en visita, señor Hernán González , ordenó a Carabineros que ingresara a la ex Colonia Dignidad en noviembre de 1997. Entonces, el ministro se encontró con una negativa o, más bien dicho, con una explicación de la institución de que era inconveniente ingresar y que en ese momento no existían las condiciones para ello. Ante eso, debió postergar su decisión y, finalmente, hicieron la diligencia sólo en marzo, es decir, varios meses después.
Al respecto, el general dijo que su servicio no había impedido la ejecución de la orden, expresando sí que hubo una apreciación previa de la situación.
Por otra parte, tanto el señor Jaime Rieutord , general de Carabineros de la VII Zona de Carabineros del Maule, como el general Ugarte , se refirieron expresamente a esta demora de tres meses entre la orden de allanamiento y su concreción para entrar en la Colonia Dignidad, manifestando que no había que olvidar que esa orden se hizo pública y que se presume que el magistrado tenía sus propias dudas acerca de la constitucionalidad de la misma y por eso la suspendió.
Por otro lado, el abogado señor Hernán Fernández estimó que este caso es sumamente complejo y que realmente aquí hay un ejemplo dramático de incumplimiento de resoluciones judiciales, de ineficacia de la ley, de falta de colaboración en la administración de justicia, que se han traducido en la vulnerabilidad de las víctimas, es decir, en la desprotección de los niños.
En su relato, afirmó -para resumir lo más posible- que hay una falta de colaboración de Carabineros, de acuciosidad en el cumplimiento de las órdenes de los tribunales, y que, en definitiva, también los niños y las familias se sienten poco protegidos en la zona por parte de la fuerza policial. Incluso, dijo que no descarta que haya responsabilidades por obstrucción a la justicia por parte de Carabineros, situación que le correspondería analizar a la justicia militar, pero que, al menos, existirían responsabilidades administrativas.
Estas comisiones, honorable Cámara, además se entrevistaron con el ministro Hernán González , quien lleva fundamentalmente la investigación por abusos deshonestos y violaciones sodomíticas. Ese ministro expresó a las comisiones que, en realidad, frente a la orden que había dado él para ingresar a la ex Colonia Dignidad, Carabineros le representó la inconveniencia de hacerlo en la fecha por él indicada y, ante ello, tuvo que postergar esa orden.
Con todos los antecedentes...
El señor MORA (Vicepresidente).-
Señor diputado, se cumplió el tiempo para entregar el informe. Puede redondear la idea.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, si no leo las conclusiones, que son básicas, no se entenderá el informe.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se extenderá el tiempo de que dispone el señor diputado informante para leer sólo las conclusiones.
Acordado.
El señor CERONI.-
Frente a esto, las comisiones concluyeron:
1. Que a estas Comisiones unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Familia, después de evaluar los diversos antecedentes acerca de la manera como los distintos órganos del Estado han colaborado en las investigaciones relativas a la ex Colonia Dignidad, les asiste la convicción de que su actuación ha adolecido de una falta de comprensión y adecuación a la naturaleza del ilícito que se habría cometido en la ex Colonia Dignidad, lo cual en el hecho implica que, desde hace mucho tiempo, actúa en su interior una organización criminal y que no se han desplegado todos los esfuerzos que la gravedad, sistematicidad y vastedad de tal fenómeno delictivo comprende.
2. Que es necesario reiterar la conclusión a que ya han llegado otras instancias investigativas de esta Corporación, cual es que al interior de la ex Colonia Dignidad existe un grupo que se ha constituido en una organización criminal, con características de secta seudorreligiosa, dotada de vastos recursos humanos y materiales y de una red de influencias institucionales, políticas, económicas y societales, y en los medios de comunicación, y dotada de un indudable mando central que la dirige, todo lo cual le ha permitido gozar hasta el presente de una amplia impunidad respecto de los muchos y diversos hechos ilícitos de que serían responsables sus integrantes.
3. Que la falta de una cabal comprensión acerca de la naturaleza criminal que posee este grave fenómeno, ha perdido toda justificación, desde hace un tiempo a esta parte, y especialmente a partir de 1996, en que salió a la luz pública el aberrante sistema organizado de abuso sexual de niños. Por tal motivo, resulta incomprensible y preocupante que recién en los últimos meses se comience a enfrentar jurídicamente este fenómeno como un ilícito penal constitutivo de asociación ilícita, encontrándose aún pendientes todas las implicancias investigativas.
4. Que un análisis particularizado de la forma de las actuaciones en el caso de los diversos órganos públicos, nos permite concluir lo siguiente:
En relación con Carabineros de Chile, esta institución ha tenido la más larga e importante responsabilidad en la prevención e investigación de los delitos que se imputan a la ex Colonia Dignidad desde hace muchos años, responsabilidad que se ha intensificado por el hecho de que los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, especialmente el señor ministro en visita, don Hernán González , y el señor juez de letras de Parral, don Jorge Norambuena , han encomendado a esta institución policial la principal y prioritaria responsabilidad para la investigación de los hechos y la ejecución y materialización de sus resoluciones.
En cuanto a la colaboración de Carabineros de Chile en la ejecución de tales funciones públicas, las comisiones unidas recogieron testimonios y antecedentes contradictorios en lo que dice relación con diversas situaciones referidas por el abogado de los once menores victimados, don Hernán Fernández , por una parte, y la versión que sobre los mismos hechos manifestaron ante las comisiones unidas el general director, don Manuel Ugarte y, especialmente, el general de la VII zona, don Jaime Rieutord.
Estos últimos sostienen que su servicio cumplió a cabalidad con los requerimientos de los magistrados, el ministro en visita y el juez de Menores de Parral , mientras el abogado Fernández critica la desidia y falta de idoneidad profesional en la entrega oportuna y cabal de los antecedentes requeridos en diversas oportunidades, especialmente en la confección de informes o partes relacionados con situaciones referidas a los niños presuntivamente afectados por el ilícito de los miembros de la ex Colonia Dignidad.
Particular cuestionamiento se formula a la dilación en el cumplimiento de la orden de ingreso a la ex Colonia que, habiendo sido decretada por el señor ministro en visita en el mes de noviembre de 1997, sólo es cumplida por Carabineros en el mes de marzo de 1998, en razón de haberse argumentado al señor ministro en visita la inconveniencia de ingresar en la oportunidad ordenada, perdiéndose el imprescindible factor sorpresa del mismo y frustrándose el propósito de detener a Paul Schaeffer.
Es deber de estas comisiones unidas declarar que les asiste la convicción, tras evaluar las diversas declaraciones y antecedentes recibidos, de que Carabineros de Chile no actuó con la debida diligencia y faltó a sus deberes al representar la orden al señor ministro en visita, quien no habría insistido en la orden respectiva. Esta conducta de Carabineros constituye la más clara expresión de falta de voluntad en el cumplimiento debido y cabal de sus funciones públicas en la materia y el más evidente y grave entorpecimiento que ha obstruido la acción de la justicia en este caso.
Todo lo anterior resulta aún más valedero si se considera que en el caso de la ex Colonia se trata de una investigación de delitos que afectan gravemente a muchas familias, cuyo más pronto y pleno esclarecimiento y sanción constituyen un notorio interés de la sociedad, así como de la opinión pública nacional e internacional.
Además, las comisiones unidas no pueden dejar de expresar su profunda preocupación por el hecho constatado por algunos miembros de estas comisiones y lo expresado por el abogado, don Hernán Fernández , en cuanto a que las familias de las víctimas de graves delitos cometidos en contra de sus niños, que en su mayoría pertenecen a sectores campesinos de escasos recursos y que viven en una situación de constante amedrentamiento y temor, no se sienten con el respaldo suficiente para requerir la protección de los funcionarios de Carabineros que desempeñan sus funciones en las localidades cercanas a la ex Colonia Dignidad.
En relación con Investigaciones de Chile, estas comisiones manifiestan, en su conclusión, que ha sido acuciosa en su actuar.
Respecto del Consejo de Defensa del Estado, señala que ha estado comprometido en los distintos procesos.
En relación con el Ministerio del Interior, expresa que dicho ministerio ha asegurado que apoyará las gestiones en cuanto a otorgar los instrumentos técnicos necesarios para la investigación.
Recomendaciones.
En relación con este informe, dada la gravedad institucional y social del actuar ilícito en el interior de la ex Colonia, así como las importantes debilidades constatadas en el actuar de los diversos órganos del Estado llamados a hacer frente a estos ilícitos y los importantes vacíos que el orden jurídico posee al respecto, resulta del todo recomendable: a) encargar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados que efectúe un seguimiento y fiscalización permanentes acerca del cumplimiento de los diversos órganos públicos en sus obligaciones de proteger a las víctimas y combatir la comisión de delitos en la ex Colonia Dignidad, y propone que se persigan todas las responsabilidades que corresponda exigir en favor de la sociedad y de las familias afectadas. Sobre este cometido deberá dar cuenta a la honorable Cámara cada seis meses.
b) Oficiar al ministro de Defensa Nacional con el fin de solicitarle que, en el ejercicio de su mando, ordene al general director de Carabineros adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en el futuro la más absoluta, plena y debida colaboración de todos sus funcionarios a las resoluciones relativas a las investigaciones de los diversos ilícitos en la ex Colonia Dignidad y, especialmente, a favor de los procesos que sustancien los tribunales de justicia. Asimismo, solicitar que arbitre las medidas necesarias para instruir las investigaciones internas destinadas a sancionar administrativa y disciplinariamente las faltas a la debida colaboración con dichos magistrados que se ha consignado en el presente informe, y para que dicho Director comunique, por su intermedio, a esta honorable Cámara, acerca de las medidas adoptadas a esos respectos, sin perjuicio de denunciar a la justicia ordinaria a quienes resulten responsables de eventuales delitos, como los de desacato, obstrucción a la justicia, etcétera.
3. Se oficie al ministro en visita, don Hernán González, y al juez de Parral, con el objeto de manifestarles el pleno respaldo de estas Comisiones unidas al ejercicio de sus facultades jurisdiccionales respecto del conjunto de ilícitos presuntivamente cometidos por personeros de la ex Colonia Dignidad que se encuentran bajo su competencia; y poner en su conocimiento los contenidos del presente informe.
4. Las Comisiones unidas consideran conveniente oficiar a las autoridades del Ministerio del Interior, con el objeto de que adopten las medidas pertinentes para adquirir los elementos tecnológicos, que se ven como necesarios para combatir, en forma más efectiva, organizaciones criminales como la existente al interior de la ex Colonia Dignidad.
5. Finalmente, estas Comisiones unidas estiman necesario adecuar mejor nuestra legislación, para enfrentar en forma más efectiva a las organizaciones criminales, como la existente en el interior de la ex Colonia Dignidad, otorgándoles mejores instrumentos jurídicos a los tribunales y a las policías en la investigación de este tipo de ilícitos.
Ese es el informe.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hemos determinado en qué medida los distintos órganos públicos, con competencia en la materia, colaboran para el éxito de la investigación que realizan los tribunales de justicia, relacionada con la ex Colonia Dignidad.
Las conclusiones están ahí, tal como han sido reseñadas por el diputado informante. Se trata de conclusiones que han sido obtenidas después de un profundo análisis y de la obtención de antecedentes, los que nos han permitido formarnos un cuadro real, claro, de lo que se hizo en la investigación correspondiente, y de lo que sucede también en la ex Colonia Dignidad.
Ante estas conclusiones y este trabajo ¿qué podríamos decir? Es evidente que no ha habido éxito en la investigación, aunque utilicemos la palabra éxito para la realización de la presente investigación.
¿Y cuándo ha habido éxito en la investigación, ya sea a través de la que realizan los tribunales de justicia o a través de la que lleva a cabo el Congreso Nacional?
Aquí se han realizado tres investigaciones después de 1990, y durante los últimos 30 años ha habido investigaciones en los tribunales y en el Congreso.
Punto clave, y tal como ha sido señalado, es el no cumplimiento en forma oportuna por parte de los servicios policiales de una orden dispuesta por el ministro en visita, señor Hernán González , en noviembre de 1997, y que tan sólo se cumplió en marzo de 1998. Sin duda, esto representa un perjuicio, un daño. Se perdió el elemento sorpresa, porque al no cumplirse en su oportunidad, los directivos y todos tuvieron tiempo suficiente como para ocultar al que es perseguido por la justicia: Paul Schaeffer. Pero esto no es un hecho aislado, no es causal. Ha existido a través del tiempo, a través de las investigaciones, con resultados muy negativos. Acontece que no estamos ante una simple organización. No; estamos ante una secta seudorreligiosa, una organización criminal que ha infringido todas las normas legales. Hay 75 querellas en contra de las personas que componen la ex Colonia Dignidad. Paul Schaeffer es un prófugo de la justicia, en contra del cual existen demandas judiciales por sodomía, abusos deshonestos y otros.
Entonces existe aquí una situación de hecho que no ha podido ser resuelta, y la misión que tenemos es determinar por qué no se ha cumplido y no se han logrado resultados positivos en esto.
El Consejo de Defensa del Estado ha interpuesto en contra de esta ex Colonia una querella por asociación ilícita; y todo indica que esta organización no fue creada con fines benéficos, sino para crear su propia organización, sus propias instituciones, aunque ellas violen la ley o estén en contra de nuestra legislación.
Debemos concluir, y creo que ya es necesario señalarlo, que el Estado chileno ha sido incapaz de penetrar tan poderosa organización. Que nuestras leyes no los alcanzan; que tienen su propia estructura social y familiar; que es un Estado dentro de otro Estado; que existe una gran red de protección, que la integran personas de todos los niveles y de todas las áreas. Son éstas las personas o los elementos o factores que impiden una investigación exitosa en torno de esta ex Colonia.
Es imposible entonces que la investigación tenga éxito. Cualquier resolución del tribunal es conocida por la red de protección antes de ser expedida. De esta manera, jamás se podrá aplicar la ley como corres-ponde.
Esta organización -que nació como grupo benéfico y que, en verdad, no lo es, porque muchas de sus actuaciones persiguen fines de lucro-, ha hecho obras buenas, con el objeto de captar y atraer el cariño y la aceptación de la gente. Entonces también contribuyen estas personas a amparar a estos grupos, a estas personas, ignorando desde luego todos los hechos ilícitos que han cometido.
Paul Schaeffer y sus directivos eluden grotescamente la acción de la justicia, ocultando al rebelde. En la investigación se estableció que ellos están preparados para la guerra, para la persecución permanente, por lo que gozan de una estructura para impedir cualquier penetración extraña.
Se comprobó que hay refugios subterráneos capaces de cobijar a muchas personas por varios años. Nuestra policía no tiene los elementos técnicos de rastreo suficientes para detectar estos refugios. El Gobierno los ha solicitado a petición nuestra y no ha podido obtenerlos.
En mi calidad de Presidente de las Comisiones unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Familia, investigamos en profundidad la forma como los organismos del Estado, con competencia en la materia, han colaborado para el éxito de las investigaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad.
Lo hemos hecho con absoluta seriedad, con objetividad, y con las responsabilidades que nos asisten. Y lo hemos hecho también en nombre del Congreso Nacional y del Estado chileno. Hemos comprobado que resulta inaceptable que una institución, como la ex Colonia Dignidad, tenga tanta fuerza, tanta influencia, para impedir que las investigaciones se realicen y se ejecuten con facilidad y con resultados que sean positivos. El informe señala la manera burda como los integrantes de esta ex Colonia se han opuesto a las actuaciones policiales.
En resumen, de la investigación se deduce que, efectivamente, existe al interior de la ex Colonia una organización criminal con características de secta seudorreligiosa; que existe una red de protección que estaría situada en las diferentes esferas estatales, sociales, políticas y de los medios de comunicación. Esto actúa, muchas veces, como un compromiso que impide a funcionarios públicos y particulares actuar independientemente.
Una sociedad, un grupo humano, que debe dos mil millones de pesos al Fisco, sin considerar intereses y multas; que no respeta el decreto supremo que la disuelve y transfiere sus bienes a terceros y no a la corporación metodista que señala ese cuerpo legal; que ha cometido variados y múltiples ilícitos; que elude y burla la acción de la justicia, cuyo jefe máximo es un reiterado autor de delitos en contra de los menores, sigue ahí como si nada, amparado por sectores sociales y políticos. No recibe las sanciones legales y el reproche social que este tipo de transgresiones merece.
Es muy posible que las instituciones del Estado no hayan sido los suficientemente capaces o no tengan el imperio suficiente como para doblegar, avasallar o aplicar la ley como corresponde. Por eso es importante que, de acuerdo con la propuesta final, se encomiende a la Comisión de Derechos Humanos efectuar un seguimiento de los acuerdos adoptados. No podemos aceptar que este grupo humano continúe siendo intocable y constituya una especie de Estado dentro de otro. Cualquier ciudadano de la República que comete un delito e infringe la ley es sometido a la decisión de los tribunales de justicia y es castigado. Nadie se escapa. Aquí no hay clases ni grupos privilegiados. Por ello, las conclusiones a las que arribó esta Comisión son lo suficientemente adecuadas y racionales para dirigir la acción del Estado hacia procedimientos eficaces y efectivos a fin de aplicar la ley con verdadero rigor y como corresponde a este grupo humano, para hacer justicia y cumplir con los objetivos que hemos tenido a la vista con el objeto de que los servicios policiales y los organismos del Estado actúen con eficiencia ante ilícitos e infracciones cometidos por esas personas.
He dicho.
-El señor Vicepresidente saluda y da la bienvenida a la delegación de la Asamblea Nacional de Nicaragua, presente en las tribunas, encabezada por su segundo vicepresidente, señor Edwin Castro.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, con ocasión de la discusión de este informe, elaborado por las Comisiones unidas de Derechos Humanos y de Familia, quiero formular un juicio absolutamente distinto de lo que en él se establece. Pretendo entregar antecedentes y fundamentos que nos permitan votar negativamente el informe.
El informe elaborado por las Comisiones unidas adolece de falta de acuciosidad y objetividad necesarias para constituirse en un documento útil, como debería ser la finalidad de un informe de esas características.
En primer lugar, las conclusiones a las que arriba no cuentan con el respaldo de antecedentes contundentes aportados por quienes fueron entrevistados ni menos por los que figuran en los documentos conocidos por las Comisiones. Así lo podrán corroborar los diputados que efectúen una lectura desapasionada de su contenido. Por tal razón, insto a sus Señorías a leer acuciosamente el informe.
El informe asigna en sus conclusiones responsabilidad culposa, en distintos hechos, a Carabineros de Chile, constituyendo el de mayor referencia la dilación en el cumplimiento de una orden judicial emanada del ministro en visita, señor Hernán González. Sin perjuicio de estimar que es verdaderamente insólito que esta organización haya operado y subsistido desde la década del 60 cometiendo ilícitos, y que es evidente que los delitos -muchos de ellos acreditados en los procesos y cometidos por el prófugo Paul Schaeffer - son inhumanos y atroces -como las violaciones sodomíticas a menores, cuyos familiares aún no encuentran una mínima reparación y justicia en los tribunales, como decía, sin perjuicio de lo anterior-, las acusaciones del abogado de las familias afectadas, señor Fernández , no se sustentan sólidamente y son las mismas que el informe asume a cabalidad y dándoles crédito absoluto. Aunque cargadas de voluntarismo, son legítimas, pero no constituyen juicios fundados y no dejan de ser opiniones de una de las partes en un proceso judicial que desea que sus tesis sean respaldadas. Tanto es así que transcurrido un año de finalizada la investigación, ninguno de los cargos formulados a Carabineros -uno de ellos, el delito de obstrucción a la justicia- ha sido presentado ante los tribunales de justicia.
Si se revisa con serenidad la información y los testimonios de las distintas autoridades competentes que debieron conocer la falta de preocupación, negligencia y obstrucción a la justicia de Carabineros de Chile, ellos no cuentan con ningún oficio o documento que avale tal reproche de conducta. El ministro en visita, a quien se habría negado la ejecución de una orden judicial, no ha manifestado a la fecha por ningún conducto regular -ya sea a los ministros de Defensa o del Interior o a la máxima autoridad de Carabineros-, su malestar o queja por algún supuesto desacato. Sólo se señala en una entrevista con el diputado señor Ojeda que “las dificultades que ha tenido el magistrado en lo que respecta a Carabineros no provenían de la región, sino fuera de ella”. ¿El término “dificultades” es asimilable a obstrucción o negligencia?
Por su parte y según consta en el párrafo sexto de la página 25 del informe de las Comisiones unidas, quien ocupaba el cargo de presidente de la Corte Suprema a la fecha de la investigación señaló que “al revisar los informes del ministro en visita, Hernán González , reparó en que no hizo observaciones a la suspensión del cumplimiento de la orden”. Asimismo, el juez de Parral no ha oficializado ninguna queja respecto del comportamiento de Carabineros.
En el párrafo cuarto de la página 25 del informe emanado de las Comisiones unidas, el diputado señor Ojeda , informante de la entrevista sostenida con el ministro del Interior y el subsecretario de esa cartera, señala: “fueron enfáticos y concretos en precisar las razones del retardo que tuvo la diligencia del allanamiento por parte de Carabineros en diciembre de 1997”.
¿Qué señaló el ministro señor Juan Guzmán cuando lo visitamos en su despacho?: “Que no solicitó la colaboración de Carabineros para evitar que trascendiera información, por antecedentes que se conocían a ese respecto”. Como se desprende de estas declaraciones, tampoco hay una precisión clara respecto del comportamiento de Carabineros, por cuanto este ministro en visita, a quien le corresponde conocer otros proceso vinculados con hechos acaecidos en la ex Colonia Dignidad, señala con mucha claridad que no usó de los servicios de Carabineros en su investigación.
¿Qué indicó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Martorell , otro de los querellantes en esta causa, quien se hizo parte de la misma por la consideración social y el impacto nacional y público que tuvieron los hechos acaecidos en la ex Colonia Dignidad? En la página 8 del informe señala que “si la Comisión busca determinar las causas de por qué no se ha capturado a Paul Schaeffer , se puede decir que es una situación extremadamente compleja, ya que no hay una causa, sino muchos motivos que llevan a un resultado negativo y corresponde a la sociedad hacer un examen de conciencia y ver qué se puede mejorar”.
Al analizar todos estos antecedentes, nos parece que al concluirse que Carabineros de Chile no sólo ha demostrado falta de diligencia, sino que también ha cometido el ilícito de obstrucción a la justicia, se exagera en demasía. Se trata de una institución de nuestra República que merece no sólo el cuidado de todos los organismos del Estado, sino también la preocupación para que cumpla de buena forma su rol de resguardo de la seguridad pública. En ese sentido, es muy grave la conclusión a la que ha llegado este informe.
Por otra parte, en las conclusiones del informe hay alusiones directas que establecen como un hecho cierto la existencia de una red de protección en la que estarían involucrados medios de comunicación, políticos, jueces y otras entidades societales.
No se encuentra, en los antecedentes y testimonios, el sustento concreto para avalar esta afirmación, pues no existe en toda la investigación un solo nombre de alguna autoridad perteneciente a un poder del Estado o hecho comprobado que pueda dar cuenta de esta afirmación. Esto lo considero muy grave. Recordemos que esta misma Corporación se hizo parte de un proceso judicial en contra del señor Cuadra, cuando lanzó acusaciones al voleo sobre personeros de esta Corporación que consumían drogas. Eso significó un juicio en los tribunales, de los cuales la Cámara se hizo parte. Estamos cometiendo el mismo y grave error, al afirmar que hay autoridades, jueces, medios de comunicación involucrados en una red de protección de hechos tan graves como los cometidos en la ex Colonia Dignidad.
Ninguno de los argumentos que he esgrimido en esta Sala se consignaron en el informe, porque en las Comisiones unidas se nos vedó la posibilidad de estampar nuestra opinión. De manera irregular y torcida, el diputado señor Ceroni -quien presidió la comisión-, avalado por el resto de los diputados de la Concertación, no nos permitió dejar constancia de nuestra opinión, y se ha pretendido señalar que el informe fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, muchos diputados, como los señores Haroldo Fossa , Luis Monge , Enrique Van Rysselberghe y otros, han sido sorprendidos por la forma en que fue aprobado, pretendiendo establecer verdades absolutas, que los parlamentarios que trabajamos acuciosamente en toda la investigación no compartimos.
Por lo tanto, insto a la Sala a votar en contra de un informe cuyas conclusiones revisten enorme gravedad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, me parece muy grave que un tema de tanta trascendencia, en cuyo análisis existen dificultades entre nosotros, lo tratemos sin el tiempo suficiente, a la carrera, sin darnos cuenta de cuál es la realidad, la magnitud del asunto y las responsabilidades que vislumbramos que existen y sobre las cuales debemos debatir.
No quedaré satisfecha con lo que aquí ocurra ni daré por zanjado el tema, porque lo que acaba de señalar el colega Molina es muy serio: parte reconociendo que estamos apuntando a delitos inhumanos y atroces, que se vienen cometiendo desde hace décadas. Eso se ha reiterado, aparece públicamente y ahora ya nadie lo desmiente. Estamos ante una situación muy anómala, toda vez que una secta seudorreligiosa se organizó, entre otras cosas, para proveer de niños a un sicópata, a un pederasta, generando una situación que nunca se ha presentado en la historia de la humanidad: que un pederasta logre organizarse en un lugar protegido para abusar de menores. Es nada menos que eso. Entonces, todas las otras irregularidades que se venían planteando cada cierto tiempo en nuestro país, de un Estado dentro de otro Estado, de situaciones que se percibían anómalas, han terminado en un delito gravísimo.
Eso, que lo reconoce el colega Molina , no aparece como el tema de fondo. ¿Qué salida le da, cuál es la solución, qué le hace pensar que pasemos más de tres décadas sin ser capaces de resolver el problema y que aún no se encuentre al sicópata prófugo? ¿Qué le hace pensar de un Parlamento que vive preocupado de los delitos, que cada vez propone nuevos instrumentos para reprimir a los criminales y que, frente a este criminal, paradójicamente, exista una situación de empantanamiento? Es muy raro todo esto. Me siento involucrada, me produce angustia que el informe haya sido elaborado hace un año y que recién ahora sea sometido a consideración de la Sala. No estoy buscando culpables entre nosotros; pero algo nos pasa, hay una situación muy terrible, somos inoperantes.
Entonces, lo primero es reconocer que no podemos seguir con la frente en alto, como sociedad decente, sin dar solución al problema. Seamos valientes para investigar, para ahondar en el problema; esto no puede ser casualidad.
Concuerdo plenamente con las conclusiones del informe, incluso, con lo que es doloroso; porque a nadie le gusta apuntar con el dedo a sectores de nuestras instituciones: apuntar con el dedo a Carabineros de Parral, no a la institución Carabineros de Chile. El colega Molina hace mal al expresarse en su discurso como si estuviésemos apuntando a Carabineros, en un sentido genérico. Por su intermedio, señor Presidente , quiero decirle que no es así, que se equivoca, que comete un grave error. Estamos hablando de irregularidades objetivas cometidas por Carabineros de Parral, que deben investigarse. La mayor, entre otras, absolutamente objetiva, es no haber concurrido, en el momento oportuno, a buscar a un prófugo que estaba muy protegido. En lugar de ingresar por sorpresa, esperaron un mes. ¿Qué es lo irregular? Que una autoridad de Carabineros de esa zona, no el alto mando, un mes después que el ministro en visita le da la orden, le hace llegar a éste el parte Nº 1118, señalándole que estima necesario suspender la medida. O sea, le representó al ministro que no debía realizarse tal acción. Eso, constitucionalmente, es una irregularidad muy grave, pues a Carabineros sólo le compete obedecer. No puede, no debe, no le corresponde representar al ministro que está investigando; es un colaborador, no un coinvestigador de la causa.
¿Cómo el colega Molina se va a oponer a que esto se investigue o que se diga así, que es cómo debe hacerse? Esto ha estado oculto demasiado tiempo. ¿Por qué hablamos de red? No lo decimos nosotros, no lo señala el informe; lo dice la prensa, la opinión pública. Cuando hay un empantanamiento tan grande, es porque existen trabas que impiden que la justicia y que otros actores que siempre están preocupados de castigar a los criminales, en este caso actúen.
Por lo tanto, la bancada socialista respalda plenamente las recomendaciones del informe. Insto a que no dejemos de lado este problema y que la Comisión de Derechos Humanos continúe su seguimiento hasta su total resolución.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, como parlamentario del Partido Radical Social Demócrata y hombre de la zona en la cual se encuentra la ex Colonia Dignidad, respaldo plenamente el informe de las Comisiones unidas.
Efectivamente, hay hechos, ilícitos, que ocurren en la ex Colonia Dignidad que afectan especialmente a menores de bajos ingresos del sector rural, pues bajo una seudobeneficencia en educación y salud, por las cuales también recibía subsidio del Estado, se cometían los hechos más atroces.
Es deber de la Cámara de Diputados preocuparse de que a futuro los diferentes órganos públicos cumplan sus funciones en la forma más plena, como la única forma de asegurar a los sectores más postergados un respeto pleno. En el caso de la comuna de San Fabián, he podido comprobar cómo estos hechos afectan a las familias, a los padres cuyos hijos han sido sometidos a abusos deshonestos, y que la justicia no ha podido encontrar al principal culpable.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, debemos centrar el debate en la dimensión justa. Estamos ante hechos atroces, por ejemplo, violación de menores, y debemos ser estrictos respecto de la actuación de todos los poderes del Estado y de las autoridades.
Es un hecho que Carabineros le representó al ministro la inconveniencia de ingresar en la fecha que había fijado, noviembre de 1997, y también que, a raíz de esto, el ministro , en una entrevista que tuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, manifestó no tener el respaldo para cumplir con la diligencia.
Lo que aquí se está diciendo no es en contra de Carabineros. Se pide -y figura en las conclusiones- que esta situación se investigue y que el general director de Carabineros sancione disciplinariamente a aquellos miembros que, en el fondo, actuaron en forma indebida y atentaron contra el resultado de la investigación.
Es decir, solicitamos a la propia institución que actúe en ese sentido, pero hay que concluir que, en definitiva, estamos en una situación que amerita al menos este tipo de investigaciones. Por eso las conclusiones.
No hemos podido aclarar este caso porque hay una red de protección en que hay autoridades, sectores políticos, puede estar el Poder Judicial , siempre ha sido así; pero debemos desbaratarla y la forma de hacerlo es siendo absolutamente enérgicos en las conclusiones.
En definitiva, esto es para lograr la protección de menores y de gente muy indefensa. Reitero, no es una acusación en contra de Carabineros, sino de algunos funcionarios, y es la propia institución la que debe aclararla mediante las medidas administrativas cuya aplicación pedimos al general director de Carabineros a través del ministro de Defensa.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, el honorable diputado señor Osvaldo Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , no soy miembro de estas Comisiones, ni tampoco quiero erigirme en defensor de la Colonia Dignidad; sólo quiero llamar la atención sobre dos o tres hechos que no me parecen correctos. Como en mi vida política he hablado siempre con la verdad, debo señalar que me parece que el informe no es el que realmente corresponde. He escuchado al diputado señor Molina y estoy plenamente de acuerdo con su planteamiento al respecto.
Quiero relatar algunos hechos.
Por ejemplo, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos a la que asistí, fue invitado el general de Carabineros de la Séptima Región , señor Rieutord, quien expuso las razones por las cuales la actuación de Carabineros había sido profesional. Me llamó la atención que en la misma ocasión, al terminar la sesión, el señor Naranjo , diputado de la zona, pidió la palabra y rindió homenaje a Carabineros.
También estuve en la entrevista que nos dio el ministro señor González en Parral. Realmente, él no dijo lo que se ha expresado, sino lisa y llanamente que esto ocurría porque el sistema que permitió el ingreso de la Colonia Dignidad a Chile adolecía de algunas fallas.
Hay otra cosa que me llama la atención. Estoy de acuerdo con las Comisiones y con que se persigan tan graves ilícitos. Desgraciadamente, estos delitos también se cometen en nuestra zona, pero no se dice.
A mi juicio, aquí hay persecución política. Conozco a la Colonia Dignidad desde 1962. Ingresé a ella en 1964 y conozco la forma en que ha servido a la zona.
No puedo defender este caso, porque aunque estoy de acuerdo con que se persigan los delitos hasta las últimas consecuencias, como sabe el señor Ceroni, que es de nuestra zona, esa gente realmente ha servido a la comunidad de Parral y sus alrededores.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, concedo una interrupción al honorable diputado señor Darío Molina.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Con cargo a su tiempo, señor diputado, tiene la palabra el diputado señor Molina.
El señor MOLINA.-
Agradezco al diputado señor Bertolino.
Señor Presidente, coincido con la diputada señora Pollarolo en la gravedad de lo ocurrido en la Colonia Dignidad. En ese sentido, no hay ninguna opinión doble; hay que ser absolutamente claros. Lo que no podemos hacer es confundir la gravedad de los hechos acontecidos en ese lugar por tantos años con la culpabilidad de algunas instituciones o personas involucradas en ellos. Si se leen los documentos que hemos recibido, como oficios de respuestas, se verá que no hay ningún antecedente que permita establecer los juicios que aquí se señalan.
Quiero preguntar a los diputados si el hecho de que los jueces acepten una conducta irreverente, como la que se imputa a Carabineros, y la comisión de un delito, como la obstrucción a la justicia, lo que habría impedido apresar a un prófugo de la justicia - Paul Schaeffer - inculpado por delitos tan graves como la violación sodomítica a menores, no constituye un grave abandono del deber de los magistrados.
Efectivamente, aquí no hay acusaciones formales, oficiales, por los conductos regulares, de ninguno de los jueces involucrados; ni del juez de Parral, que lleva las causas de menores, ni del ministro en visita, que lleva la globalidad del caso de la ex Colonia Dignidad.
Por lo tanto, aunque coincido en la gravedad de los hechos acontecidos, respecto de los que debe existir gran preocupación en todas las instituciones del Estado y en el Parlamento, hay que diferenciar absolutamente las conclusiones a que se ha llegado, porque terminan siendo tendenciosas y negativas para la misma función que esta Corporación debe cumplir.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Bertolino. Le queda un minuto.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, es lamentable que en el país exista una situación como ésta y que se arrastre por treinta años. Obviamente, está demostrado que existen delitos -hay 75 juicios-, aunque todavía no ha habido sentencia.
En mi opinión, el país debe tomar todos los resguardos necesarios para que este tipo de comunidades no pueda desarrollarse al margen de nuestra Constitución y de la ley. Incluso, tenemos un informe en el que se señala que el hospital no ha sido inspeccionado por el Servicio de Salud de la zona. Además, que hay un cementerio particular autorizado. Al respecto, no estoy de acuerdo con el hecho de que exista un cementerio dentro de una propiedad.
Se dicen muchas cosas, como el atentado sexual contra niños. Cuando uno ha participado en la Comisión, tiende a creer que efectivamente es así. También hay un prófugo que tiene su historia.
Sin embargo, hay que reconocer que dentro de esta comunidad hay víctimas y victimarios. Tal vez, hay un grupo que ha aprovechado la buena fe de otros colonos y los ha inducido o manipulado para que esto suceda en beneficio de bajos instintos.
Desgraciadamente, el informe no nos deja totalmente conformes, porque es condicional: “habría”, “podría”, “diría”. Eso no me contenta para emitir un juicio claro. Se quiere hacer una distinción en la acción de dos servicios policiales que participan en la seguridad del país, pero nada se dice de que sólo son colaboradores de la justicia y que son los jueces quienes dictan las órdenes de investigar, de allanar.
También hay una orden que es discutida, porque el Código de Procedimiento Penal dice que el allanamiento debe ser durante el día, pero en este caso se efectuó por treinta días.
En verdad existe irregularidad incluso en los procesos oficiales, porque cuando nos visitó el subsecretario del Interior hizo alusión a una serie de situaciones y se responsabilizaba por ser el único que llevaba el caso, pero no solucionó nada.
En consecuencia, en esas posibles redes de protección, tal vez hasta los mismos funcionarios, sin saber, sin querer, o queriendo, participaban con sus gestiones al no dar los elementos que requería la policía para actuar.
El informe no me deja contento. Por cuestión de principios, suscribo sólo parte de las conclusiones.
En consecuencia, me abstendré.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Debo recordar a los señores diputados que el Orden del Día termina a las l3.15, hora en que se procederá a votar los informes.
-Queda pendiente la votación.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar el informe de las Comisiones unidas de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Familia, encargadas de estudiar y fiscalizar cómo los distintos órganos públicos competentes han colaborado para el éxito de las investigaciones judiciales relativas a la ex Colonia Dignidad.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Aprobado.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, solicito copia de la votación.
El señor ULLOA.-
También pido copia de la votación.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Así se procederá.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL VERTEDERO LEPANTO.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde conocer el nuevo informe de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres, del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, en la comu- na de San Bernardo, y otras materias afines.
Diputado informante es el señor Pablo Lorenzini.
Antecedentes:
-Nuevo informe de la Comisión investigadora, sesión 33ª, en 21 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión especial investigadora de la administración que hace la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres , del vertedero ubicado en el fundo Lepanto, comuna de San Bernardo, informo a la Sala de los nuevos antecedentes que sobre dicha administración ha entregado la Contraloría General de la República después de haber practicado las investigaciones aprobadas por la honorable Cámara al conocer el primer informe de esta Comisión.
El informe puesto a disposición de los honorable colegas contiene diversos antecedentes sobre el trabajo realizado por la Comisión, de manera que sólo reseñaré los nueve aspectos principales de estos nuevos antecedentes aportados por la Contraloría.
En primer lugar, la honorable Cámara solicitó al organismo contralor que se pronunciara acerca de la ampliación del objeto social de Emeres, que figura en la cláusula quinta de la escritura pública de su constitución, a la luz de la autorización concedida a los municipios socios por la resolución Nº 27, de 1986, del Ministerio del Interior, ya que a las atribuciones de administración y operación por cuenta de sus municipios socios de lugares destinados a la disposición final de basura y desperdicios originalmente permitidos por la autoridad, se han agregado, sin su autorización, la de ejecutar obras de industrialización de sus basuras y desperdicios, y, en general, la de celebrar cualquier negocio en esta materia relacionado directa o indirectamente con los anteriores, que los municipios socios acuerden dentro del ámbito de la competencia municipal.
Los nuevos antecedentes proporcionados por la Contraloría indican que esta cuestión ha sido puesta en conocimiento de los tribunales de justicia, a raíz de una demanda interpuesta por un particular en contra de Emeres, destinada a que se declare la nulidad de la constitución de la empresa.
En tal circunstancia, como la interpretación del alcance jurídico de la cláusula en cuestión está en litigio, consideramos que la Cámara no puede intervenir, sin perjuicio de que, en representación de los intereses del país, lo haga el Consejo de Defensa del Estado o el organismo que corresponda.
En segundo lugar, la Cámara solicitó a la Contraloría General de la República que le informara si es efectivo que sus auditorías en Emeres impiden o han impedido a esta empresa proporcionar los antecedentes de su administración solicitados por esta Comisión.
Obviamente, la Contraloría señala que esto no es efectivo, toda vez que la auditoría financiera se basó en procedimientos técnicos, por lo que no existía impedimento para que nos enviara esa información, lo que demuestra que la cooperación de esta empresa con la Comisión no fue tan buena. En consecuencia, podríamos haber tenido más información sobre ella.
Para evitar que se repitan estas situaciones, tenemos que perfeccionar la normativa que rige la obligación de informar al Congreso Nacional. Por lo tanto, en cuanto a lo dispuesto en la ley Nº 18.918, hay que extenderlo no sólo a las personas jurídicas creadas por ley o a las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario, ya previstas en el artículo 8º entre las entidades obligadas a remitir al Congreso toda la información sobre hechos relevantes concernientes a sus actividades, sino también a las empresas municipales.
Para lograr este propósito, tendríamos que aprobar un proyecto de ley que haga exigible el deber de informar establecido en el artículo 9º a los organismos de las personas jurídicas creadas por ley, de las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario y a las empresas que los municipios constituyan o en las que participen, y que sancione con las penas de multa.
Obviamente, la iniciativa para legislar al respecto corresponde exclusivamente al Presidente de la República , por lo que la Comisión propone a la Cámara que solicite al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que contemple estas enmiendas.
En tercer lugar, la Cámara también ha estado preocupada por las devoluciones del IVA obtenidas por Emeres del Servicio de Impuestos Internos, las que deben ser abonadas a los respectivos municipios socios.
Solicitamos esta información, pero en ese momento la gestión estaba en trámite, por lo que esperamos que ahora esté terminada para que Impuestos Internos informe si se han devuelto a los municipios los impuestos al valor agregado que en su momento se cobraron y que no correspondían.
Un cuarto aspecto de la administración de Emeres que ha llamado la atención de esta Comisión y que hemos investigado es el cumplimiento de las normas referidas al distanciamiento que debe existir entre el vertedero Lepanto y las viviendas más próximas a él.
La normativa vigente señala que ningún basural podrá funcionar dentro del límite urbano y que todos deberán ubicarse a más de 300 metros de cualquier vivienda o local habitable y a más de 600 metros de toda población o grupo de viviendas.
Esto no sucede en el caso de Lepanto, puesto que las viviendas del loteo denominado “La Herradura” están emplazadas a menos de 300 metros de la zona donde se acopian hoy día los residuos, lo que, obviamente, las está afectando. Desde hace varios años existen actas o documentos que comprueban esta situación, por lo que esta Comisión coincide con lo que dijo el organismo contralor, de que allí no se está cumpliendo la normativa.
A mayor abundamiento, el director de Obras de la municipalidad de San Bernardo informó que el área de la primera etapa del vertedero se encuentra en actividad, con el proceso de acopio de residuos, faena que se desarrolla como a 200 metros de las viviendas más próximas.
Por lo tanto, la Contraloría sostiene que el funcionamiento del vertedero Lepanto se autorizó vulnerando la normativa establecida por la propia autoridad sanitaria.
En quinto lugar, hemos investigado el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias exigibles al funcionamiento del relleno sanitario.
La Contraloría informó que el Servicio de Salud del Ambiente autorizó el funcionamiento del vertedero Lepanto, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondía extender a otros servicios: Ministerios de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura.
Precisamente, el director del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, señaló que nunca se le consultó sobre el tema, que jamás ha emitido un informe sobre el particular y que, en su opinión técnica, el funcionamiento del vertedero es incompatible con la protección de los recursos renovables del sector, por lo que no debe continuar su funcionamiento.
Añade que en este mismo sentido se ha pronunciado la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, al señalar que el fundo Lepanto ya era una zona de restricción en 1995, y se definía como zona de “preservación” el área del relleno sanitario. En consecuencia, hay un uso exclusivo destinado a áreas verdes y esparcimiento que no se está cumpliendo.
No obstante lo anterior, la municipalidad de San Bernardo otorgó al propietario del fundo Lepanto patente comercial.
De todo lo expuesto, la Contraloría General de la República colige que Emeres tomó en arriendo y ha operado el vertedero Lepanto al margen de la legislación que regula este tipo de actividad.
En sexto lugar, respecto de los permisos para la extracción de áridos en el fundo Lepanto, los representantes de la Contraloría General de la República que asistieron a la Comisión informaron que, de acuerdo con los antecedentes obtenidos durante la indagatoria practicada, desde tiempos muy remotos se encuentran en operación pozos de extracción de áridos y, por lo menos desde 1990, al margen de la normativa aplicable. En ese sentido, explicaron que los instrumentos de planificación urbana, como el plan regulador metropolitano y el plan intercomunal de Santiago, señalan que el fundo Lepanto se encontraba en zona rural hasta 1979. Por lo tanto, la actividad de extracción de áridos requería de informes favorables del SAG, el cual ha dicho que nunca lo ha dado, y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, que tampoco lo ha entregado.
En consecuencia, la municipalidad de San Bernardo otorgó la patente para extraer áridos sin exigir los informes a que se hace referencia y, más aún, sin un informe -que debe ser obligatorio- de la Dirección de Obras.
Por lo tanto, la Contraloría estima que la municipalidad de San Bernardo otorgó irregularmente patente para la extracción de áridos en el fundo Lepanto. De manera que por el incumplimiento de la normativa aplicable al emplazamiento y funcionamiento del vertedero y a la extracción de áridos, hay responsabilidades administrativas que tienen que ser determinadas por quien corresponda, mediante sumarios, como lo ha señalado la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, la Comisión propone a la Cámara que solicite a la Contraloría que, de acuerdo con sus facultades, proceda a instruir un sumario y a informarnos de los resultados correspondientes.
En séptimo lugar, analizamos las irregularidades que se observan en la recepción de residuos industriales en el vertedero, que no tiene autorización legal.
La resolución Nº 7.973, de 1999, del Sesma, que permitió el funcionamiento del vertedero, prohibió a la empresa recibir residuos industriales sin su expresa autorización. Sin embargo, durante la primera investigación de la Comisión, se tuvo conocimiento de que una empresa había depositado residuos allí, lo cual no estaría autorizado.
Por lo tanto, se propuso a la Cámara solicitar a la Contraloría General de la República que investigara si el Sesma había otorgado las autorizaciones correspondientes. En su respuesta, nos informó que este organismo no otorgó tales autorizaciones a la empresa Socopel Limitada durante el año correspondiente.
Cabe agregar que una auditoría financiera que se realizó a Emeres, remitida a la Comisión por la Contraloría General de la República, da cuenta, a propósito de la correcta percepción y depósito de los ingresos provenientes de los municipios socios y no socios, que hay una diferencia correspondiente a basuras de particulares, depositadas allí sin convenio, lo cual no figura ingresado en la empresa.
En este sentido, la Comisión propone que la Cámara acuerde solicitar al Contralor General de la República que ordene investigar estas situaciones para determinar las responsabilidades que correspondan.
En octavo lugar, nos abocamos al estudio de las irregularidades administrativas implícitas en el incumplimiento del plan de retiro del vertedero Lepanto. Es un tema que, incluso, ha sido debatido públicamente y respecto del cual la Contraloría General de la República señala que las facultades fiscalizadoras sobre la materia competen al Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente, cuyo director nos informó que ordenó a Emeres dejar de recibir residuos sólidos domiciliarios en la primera etapa del relleno sanitario Lepanto , a contar del 31 de enero del año pasado, y que le presentara un plan de cierre de esta etapa, lo cual fue cumplido por la empresa. Sin embargo, el Sesma no emitió pronunciamiento al respecto, debido a que, por resolución de octubre del año pasado, se permitió que Emeres, en una superficie aproximada de 102 mil metros cuadrados, continuara depositando tales residuos, e indicó que, sólo luego de presentados los estudios correspondientes que aseguraran la estabilidad estructural, se podría continuar con las siguientes sobreceldas de 5 metros en la zona norte y de poco más en la zona sur.
Además, informó que el Sesma solicitó de la Intendencia de la Región Metropolitana la adopción de medidas para trasladar a la estación de transferencia de Quilicura el 30 por ciento de los residuos sólidos domiciliarios que se agregan al relleno sanitario Lepanto , para depositarlos en el llamado Loma Los Colorados , ya que, con las autorizaciones otorgadas en Lepanto, este vertedero no podrá tener una vida útil superior a abril de 2000, pero sigue funcionando y ya no estamos en abril.
Los antecedentes expuestos nos demuestran que, en el tratamiento de los problemas producidos por el funcionamiento de Lepanto, hay reiterados incumplimientos de compromisos contraídos con la comunidad de San Bernardo, con el municipio y con las autoridades. Hay allí un atentado grave a la fe pública.
Por lo tanto, la Comisión propone a la honorable Cámara transmitir a su Excelencia el Presidente de la República nuestra preocupación profunda respecto de la no solución de este grave problema sanitario que amenaza, ya no sólo a la gente de San Bernardo, sino que a toda la Región Metropolitana.
Por último, al realizar un examen de las cuentas de ingresos y gastos, la Contraloría General de la República nos envió un informe que contiene una serie de desembolsos que no cuentan con documentación de respaldo, como viáticos, honorarios no acreditados, giros realizados a través de tarjetas de crédito, en fin, por montos relativamente elevados, los cuales no han sido respondidos a plenitud por los ejecutivos de Emeres.
Por lo tanto, la Comisión, conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, han acordado que se proceda a las acciones legales pertinentes para establecer las responsabilidades -si las hay- correspondientes.
Por lo tanto, la Comisión reitera que se cumplan las solicitudes de trabajo planteadas y se realicen los sumarios correspondientes por los organismos respectivos.
En virtud de que en esta materia no se está cumpliendo la normativa vigente -lo dicen todos los organismos-, la Comisión, en forma unánime, solicita a la honorable Cámara que apruebe las conclusiones, que están mucho más detalladas y extensas en el informe que obra en poder de los señores parlamentarios, para tomar las medidas necesarias que permitan corregir las irregularidades que se advierten en el caso de Emeres y terminar así, prontamente, con la falta a la fe pública, y se proceda a cerrar el vertedero Lepanto.
Es lo que ha resuelto la Comisión y lo que pone a disposición del señor Presidente y de los colegas presentes en la Sala.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, hemos escuchado el muy prudente informe del Presidente de la Comisión investigadora sobre la administración de Emeres, que es el segundo que llega a la Sala.
Como recordarán los señores diputados, en el primer informe ya quedó en evidencia el engaño, en primer término, a la comunidad sambernardina; luego, la desastrosa administración de Emeres y, también, los turbios destinos de fondos de esta institución.
Fue de gravedad todo lo que se señaló en la sesión de la Cámara en aquella oportunidad, pero también fue grave que el alcalde de San Miguel , presidente de Emeres , hubiera llenado las tribunas de la Cámara de Diputados con gente traída en buses y a quienes se les ordenó asistir y tratar en la peor forma posible a aquellos diputados que estábamos sosteniendo la acusación. Todo eso -y lo recordarán los señores diputados que asistieron a la sesión- fue denunciado con documento en mano por la colega señora Lily Pérez.
Ahora, cuando se trata el segundo informe, observo que el señor presidente de Emeres no ha enviado a nadie ni ha pagado nuevos pasajes, como me acota un distinguido colega.
En el nuevo informe se acredita, en primer término, lo acertado de las denuncias de los diputados acusadores. Además, que Emeres es y ha sido una cadena de irregularidades. Se insinúa y se manifiesta la necesidad de que el Ejecutivo nos envíe un proyecto de ley que amplíe las facultades fiscalizadoras -trataré de ser muy breve por la escasez de tiempo-; la Contraloría General de la República nos señala un hecho ciertamente importante: que las irregularidades observadas son de tal magnitud, y señala por la vía de ejemplos, desembolsos sin documentos de respaldo, por concepto de viáticos, que alcanzan a 9 millones y tanto, y fondos sin rendir, por 800 mil pesos; honorarios no acreditados a personas naturales, que ascienden a 23 millones pesos, y a personas jurídicas, a 15 millones de pesos.
Así sigue un largo listado de todos los antecedentes que ha entregado la Contraloría. Por eso, tal vez, se negaban el presidente de Emeres y su directiva a concurrir y entregar información a la Comisión investigadora, como con tanta propiedad lo señaló su presidente y diputado informante , señor Lorenzini
Esto nos llama la atención, porque aparentemente donde el señor alcalde de San Miguel pone el ojo, alguien mete las manos. Y eso lo podemos observar en la información de prensa que sale en estos días, en el sentido de que la corporación municipal de San Miguel debe justificar compras y arriendos de autos; que la Contraloría impugna el gasto de 834 millones de pesos en San Miguel y, a continuación, hace una relación al respecto. La Contraloría dice que de esos 834 millones se impugnan 104 millones de pesos en giros bancarios sin respaldo; 461 millones de pesos en gastos no acreditados; 19 millones de pesos en fondos por rendir cuenta, etcétera.
De modo que no es sólo en Emeres donde la Contraloría señala que se está procediendo en forma inconveniente, sino también en la propia municipalidad de San Miguel.
Es tan poderoso quien dirige Emeres , que hace tan sólo dos días, el 17 de julio -tengo en mis manos el acta-, la Oficina de Gobierno Regional Metropolitana abrió propuestas para establecer subcentros de recopilación de basura y, pese a estar impugnada la administración, tanto de Emeres como del alcalde de San Miguel , nuevamente figura, reuniendo todos los requisitos, el vertedero de Lepanto, sostenido por su presidente -que no voy a nombrarlo una vez más porque toda la Cámara bien lo conoce-, quien acredita su incorporación en el Formulario Nº 1 y la inscripción de dominio del sitio para hacer muchas subestaciones. Una de ellas es la que pretende establecer en la comuna de Cerrillos, donde tanto su alcalde como el de Estación Central, hijo de un distinguido diputado de la Democracia Cristiana , han salido a impugnar al presidente de Emeres -estando ambas municipalidades asociadas a esa institución- y a plantearle que es antojadizo y lamentable pretender hacer este tipo de subestaciones donde funcionaba el vertedero de Lo Errázuriz, que nos costó muchos años sacarlo de allí. Ahora, por arte de birlibirloque, el alcalde de San Miguel quiere revivir en Lo Errázuriz ese mismo vertedero.
Pero aquí existe una agravante que no puedo dejar de señalar. El alcalde de San Miguel expresa que para posibilitar la instalación del centro de transferencia está trabajando en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y con la Comisión Regional Metropolitana de Medio Ambiente, con el objeto de efectuar las adecuaciones que procedan en el plano regulador metropolitano.
Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando que las propias oficinas públicas estén colaborando para conocer y realizar este tipo de situaciones que, por lo demás, son perniciosas?
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
A continuación, hará uso de la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, lamento que el colega Alessandri , en su comentario sobre el informe, haya emitido algunos juicios que, en definitiva, están fuera de enfoque en relación con el informe mismo de la Comisión. Respecto a dicho informe, quiero referirme de manera directa y precisa.
Hace un año y seis meses, el 13 de enero de 1999, esta Cámara aprobó el primer informe de la Comisión especial investigadora. En él quedó de manifiesto la lesión a la fe pública que significaba el funcionamiento del vertedero o basural de Lepanto. La razón de ello se encuentra en el constante incumplimiento de la obligación de cierre y en el no término de la operación de Emeres en dicho lugar.
En efecto, la referida empresa, constituida en 1986 -quiero enfatizar ese año- por un acuerdo conjunto de municipios, empezó a depositar los residuos sólidos domiciliarios en Lepanto sólo por una etapa transitoria, a raíz del cierre de Lo Errázuriz. No debió prolongarse esta operación después de 1997 y, en todo caso, en razón de un acta firmada por el municipio de San Bernardo con Emeres , a instancias de la Intendencia de la Región Metropolitana , no más allá del 31 de diciembre de 1998.
El nuevo informe que hoy conocemos deja de manifiesto, entre otras cosas, que el vertedero opera ilegalmente. Así queda establecido en el oficio de la Contraloría General de la República de fecha 15 de junio de 1999, pieza fundamental en el trabajo desarrollado en este nuevo mandato de la Comisión investigadora.
La Contraloría contestó tres interrogantes efectuadas por esa Comisión.
Respecto de la primera, señala que no se cumplieron las normas relativas al distanciamiento que debe existir entre el vertedero y las viviendas más próximas, por cuanto existen casas del loteo La Herradura de Lepanto a menos de 200 metros de los lugares en que se acopian residuos domiciliarios, en circunstancias que la distancia mínima, según la resolución Nº 2.444, de 1980, del Ministerio de Salud, es de 300 metros de cualquier vivienda o lugar habitable y de más de 600 metros de toda población o grupo de viviendas.
En cuanto a la segunda, expresa que la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, Emeres , tomó en arriendo y ha operado el vertedero Lepanto al margen de la legislación que regula ese tipo de actividad, puesto que se encuentra emplazado a una distancia menor de la exigida por la resolución Nº 2.444, de 1980, ya citada, y porque no contó con los informes favorables de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Agricultura, como lo dispone el decreto supremo de Vivienda y Urbanismo Nº 420, de 1979.
A la tercera pregunta, indica que el municipio otorgó, en 1992 -antes de que se democratizara la elección de las autoridades municipales-, una patente para la extracción de áridos en el fundo Lepanto, sin exigir los informes favorables de la Dirección de Obras Municipales y los señalados en este último decreto supremo.
Agrega, al final, que las responsabilidades administrativas que se derivan de los hechos expuestos deberán determinarse mediante el sumario administrativo de rigor.
En su actitud dilatoria, debemos hacer notar que Emeres trató de ampliar su operación en Lepanto en virtud de la resolución del Sesma, de 1990, cuestión que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la cual determinó, en sentencia del 29 de julio de 1999, que cualquier acción de tal naturaleza debía someterse al sistema de estudio de impacto ambiental.
Bien sabemos que cualquier estudio de esta índole debe considerar que ya, en 1995, la autoridad competente rechazó tal pretensión de Emeres, en virtud de detalladas consideraciones básicamente ligadas al ordenamiento territorial de la Región Metropolitana y, en particular, de San Bernardo.
Si no se quiere seguir lesionando la fe pública y se desea resguardar la legalidad, lo único que corresponde es el cierre del vertedero o basural existente en Lepanto, en la comuna de San Bernardo.
Por todas estas consideraciones, al igual como lo hiciera en la Comisión, votaré favorablemente el informe.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, en aras del tiempo y de que ya se han dicho todas las cosas más sustantivas sobre este tema, sólo me referiré a un par de cuestiones no menores.
La empresa Emeres se constituyó al amparo de una antigua ley de municipalidades y por autorización del Ministerio del Interior, que permitió el funcionamiento legal de esta sociedad. Sin embargo, con posterioridad y excediéndose en dicha autorización, los municipios socios ampliaron su giro. El resto de la historia es conocida por todos.
A juicio de la Comisión, corresponde que la Contraloría ponga los antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.
Este punto es muy importante, porque, en cierto modo, la Contraloría ha sido débil -lo digo con mucho respeto- en el análisis de este caso. Su labor fiscalizadora en ningún momento impedía que la empresa pudiera proporcionar los antecedentes solicitados por la Comisión de la Cámara. En el informe se consigna que la empresa Emeres no colaboró adecuadamente en la entrega de la información solicitada, lo cual me parece que constituye un hecho grave.
En cuanto a si se cumplen las normas sobre el distanciamiento que debe existir entre el vertedero y las viviendas colindantes, como lo expresó el diputado informante , señor Lorenzini , quedó claro que no se cumplen. Hay viviendas que están dentro de ese radio; es decir, no existe la adecuada separación.
Por otra parte, la Contraloría consideró con mucha convicción una serie de antecedentes que le proporcionó el SAG, organismo público del Ministerio de Agricultura que con mucha fuerza se involucró en la materia desde el punto de vista del medio ambiente, tema no menor que, a mi juicio, no se ha abordado de manera suficiente.
Según la Contraloría, la autorización otorgada en 1990 por el Servicio de Salud del Medio Ambiente para el funcionamiento del relleno, era sin perjuicio de la competencia de otros organismos del Estado.
Agrega que el Servicio Agrícola y Ganadero ha establecido que, en el entendido de que el relleno se encuentra emplazado en una zona rural, para hacer uso del suelo se requiere autorización de ese servicio y de la Seremi metropolitana de Vivienda. El SAG jamás autorizó ni fue consultado por el Sesma sobre este aspecto.
Más aún, por disposición de 1994, el Gobierno Regional Metropolitano modificó el plan regulador intercomunal de Santiago, estableciendo que el sector del fundo Lepanto, donde se ubica el relleno sanitario, es un “área de restricción”, cuyo destino exclusivo es áreas verdes y de esparcimiento.
Más adelante, el organismo contralor sostiene que la municipalidad de San Bernardo se ha excedido largamente y ha caído en ilegalidades al extender la patente de extracción de áridos en el fundo Lepanto.
En cuanto a que a la Comisión investigadora le corresponde sin más solicitar a la Contraloría que proceda a ordenar la instrucción de sumarios administrativos en la municipalidad referida por el otorgamiento de patentes y permisos al margen de la ley, a nuestro modo de ver ello es improcedente, pues el plazo de restricción está excedido, ya que han pasado más de dos años. Por lo tanto, estamos frente a una grave situación, que se prolonga en el tiempo.
La resolución del Sesma que autorizó el funcionamiento del vertedero Lepanto, prohibió a la empresa recibir residuos industriales. Emeres ha reconocido que los ha recibido sin autorización del Sesma, lo que encierra otra irregularidad más.
No quiero referirme a la danza de dinero que significa este negocio, lo cual figura en el informe, sino al daño ambiental, demostrado científicamente por el informe del Servicio Agrícola y Ganadero, que está afectando a parronales de uva de exportación y a nogales por la infiltración de líquidos.
Por lo anterior, en aras del tiempo, de la seriedad y de la buena fe de los servicios públicos, urge el cierre de este vertedero que sólo sigue existiendo por los altos intereses económicos involucrados en la sociedad Emeres. Al parecer, la basura es un muy buen negocio.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MANTENCIÓN DE LA ACTUAL SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO. (Continuación).
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 435.
Un señor DIPUTADO.-
¿Se podría, a lo menos, leer las conclusiones?
El señor MORA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a las mismas.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados acuerda:
“Solicitar al alcalde de la ilustre municipalidad de Valparaíso , y a los señores concejales integrantes del concejo municipal, dejar sin efecto la petición de restitución realizada a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del edificio conocido como Palacio Lyon, en el que funciona el Museo de Historia Natural de esta ciudad, como asimismo, en atención a las consideraciones expresadas y al bien de la educación, renovar el comodato existente entre la entidad edilicia y la Dirección mencionada por un lapso que permita a esta última efectuar las inversiones y renovaciones necesarias, es decir, en lo posible, por un plazo no menor a cincuenta años, a fin de que pueda seguir funcionando el museo en el lugar en que lo hace actualmente”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA VENTA DE LA EMPRESA SANITARIA DE VALPARAÍSO, ESVAL S. A.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 436, de la señora Laura Soto y de los señores Juan Bustos, Ibáñez, Bartolucci, Jiménez, Aníbal Pérez, Velasco, Longton y Venegas, que dice:
“Considerando:
1. Que en septiembre de 1998 se produjo la privatización de la Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval), manteniendo la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) sólo el 38,4% de las acciones, en tanto que el porcentaje restante fue transferido a manos privadas por una suma cercana a los 120 millones de dólares.
2. Que con anterioridad a esa fecha, el Gobierno Regional de Valparaíso, había presentado una demanda en contra de la empresa Esval S.A., para la devolución de fondos reembolsables que fueron aportados a la empresa sanitaria para financiar obras que aumentaron la cobertura de agua potable y de los servicios de alcantarillado, con evidente beneficio patrimonial para la empresa señalada. Estos aportes fueron entregados a partir del año 1976 y provenían del Fondo de Desarrollo Regional (Fndr) y del Fondo de Desarrollo Nacional (Fnd).
3. Con fecha 12 de junio de 2000, el Sexto Juzgado Civil de Valparaíso sentenció que Esval S.A. debe pagar al Gobierno Regional de Valparaíso, los montos invertidos en las obras, debidamente reajustados según el IPC, entre la fecha de término de cada obra, hasta el día de su pago efectivo. Señala asimismo la sentencia que la parte vencida ha de pagar al Gobierno Regional, los frutos que hayan producido las obras obtenidas con cargo al patrimonio regional desde el año 1976 hasta el 11 de junio de 1989.
4. Conforme a los cálculos preliminares que se han realizado, se estima que al Gobierno Regional de Valparaíso se le deberían restituir por parte de Esval S.A., la cantidad aproximada de 20 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 40 millones de dólares. Lo cual sería el equivalente a 1/3 de lo que el Estado recibió producto de la privatización.
5. Con posterioridad al conocimiento público del fallo mencionado, ha trascendido que al momento de la privatización de Esval, la Corfo se comprometió con los nuevos dueños a hacerse cargo de las resultas de varios juicios en contra de la empresa, entre ellos de la demanda entablada por el Gobierno Regional de Valparaíso. De este modo, si la sentencia resultaba contraria a Esval S.A., sería este organismo estatal quien asumiría los costos y no la empresa sanitaria.
En mérito de lo anteriormente expuesto, los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda formar una comisión especial a fin de que se aboque a investigar si en el proceso de venta de la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Esval S.A., se cautelaron adecuadamente los intereses patrimoniales del Estado y, en particular, se indague sobre supuestos convenios entre Corfo y los adquirentes de la empresa, para hacer a este organismo estatal fiador de las resultas de todo juicio presente o eventual en contra de Esval S.A., y si de ser efectivo lo anterior, se cauteló con celo el patrimonio fiscal”.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , es un secreto a voces que la privatización de Esval S.A. produjo una gran pérdida patrimonial para el fisco.
En efecto, existía una deuda reembolsable de bienes que el gobierno regional había anticipado a esa empresa por sus trabajos y se había interpuesto una demanda en tal sentido, que fue acogida en su totalidad en primera instancia y hoy se encuentra sujeta a apelación.
Los números son muy decidores. La sanitaria se privatizó en alrededor de 89 millones de dólares y la deuda que mantiene Esval S.A. con el gobierno regional es de 40 millones de dólares.
Lo tremendo es el convenio que se hizo entre la Corfo y Esval S.A. privatizada, en el sentido de que esa deuda se cancele por parte de la Corfo, es decir, del fisco, de todos los chilenos.
En buenas cuentas, si a los 89 millones de dólares que significó la privatización se restan los 40 millones de dólares que se adeudan, la sanitaria se habría vendido sólo en 49 millones de dólares, o sea, casi a un precio vil, con una lesión enorme para todos los chilenos.
Quiero agregar dos cosas, para establecer los hechos sin calificaciones.
Existen dos demandas en contra de Esval S.A. y en ellas hubo contraprestaciones. Por lo tanto, hay contrademandas y el fisco se resguardó de ellas, pero para el gobierno regional la situación es diferente.
Algunos altos funcionarios han dicho que el fisco siempre negocia mal, pero creo que más allá del pésimo negocio, alguien tiene que responder desde el punto de vista político, administrativo y penal. Los hechos son muy graves.
En seguida, una vez entregada Esval S.A. a la transnacional, en un plazo inferior a dos años, sin ninguna inversión especial, Enersis vendió su parte, hace alrededor de diez días, a la Anglian Water en la suma de 138 millones de dólares.
Esto demuestra que la privatización de Esval S.A. se hizo a un valor bastante inferior al del mercado y casi a un precio vil, reitero.
No quiero hacer juicios de valor, pero la situación es grave y pido que se apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL USO DEL ÁCIDO SULFÚRICO.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al proyecto de acuerdo siguiente.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Es el Nº 444, de los señores Mora, Rincón, Urrutia, Olivares, Ignacio Walker, Gutenberg Martínez, Mulet, Vilches, Huenchumilla y de la señora Cristi, doña María Angélica, que dice:
“Considerando:
1. Que de acuerdo a denuncias efectuadas en reiteradas oportunidades por diversos sectores de nuestro país y por el propio Poder Ejecutivo , en el norte de nuestro país, concretamente en Antofagasta se producen grandes cantidades de ácido sulfúrico que se exportan, ingresando posteriormente a territorio nacional transformado en pasta base, situación que adquiere especial importancia en momentos en que se ha comprobado que el consumo de drogas ha aumentado en forma preocupante en nuestro nación.
2. Que de acuerdo a declaraciones del Comandante Occidente de Control Operativo Aduanero de la Policía Nacional de Bolivia, el Servicio Nacional de Aduanas de Chile no informaría a dicha entidad de las operaciones que realiza en cuanto a la salida de Chile de ácido sulfúrico, no obstante se registran una serie de empresas bolivianas de cervecería, curtiembre y aceiteras que utilizan ácido sulfúrico como materia prima.
3. Que lo anterior dificulta el control y fiscalización del transporte y destino final de ácido sulfúrico que sale de nuestro país mediante los pasos fronterizos con Bolivia, cuya superficie aproximada es de 500 kilómetros.
4. Que, por otra, lo anterior vulnera las normas establecidas en la Convención de Viena de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrito por Chile en 1990 mediante el decreto supremo Nº 543, Ministerio de Relaciones Exteriores, que establece en su artículo 12 que las Partes adoptarán las medidas que estimen adecuadas para evitar la desviación de las sustancias que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.
5. Que en razón de lo anterior, se hace necesario que se constituya una Comisión investigadora para analizar las medidas de control que está llevando a cabo Chile en relación al ácido sulfúrico, por su uso potencial en el extranjero para la elaboración de drogas.
En virtud de lo señalado, venimos en presentar el siguiente
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda que se constituya una Comisión investigadora que se aboque al conocimiento de las medidas de control y fiscalización en el transporte, uso y destinación de las exportaciones de ácido sulfúrico que realiza Chile, determinando los órganos del Estado responsables en esta materia”.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA.-
Señor Presidente , el tráfico de ácido sulfúrico desde la Segunda Región hacia Bolivia ha ido en aumento en los últimos años. En un comienzo no se veían grandes problemas, porque este producto se utiliza en la minería, y en la zona, en general, se consume mucho.
Sin embargo, durante este año, diferentes autoridades, parlamentarios y medios de comunicación, tanto en Chile como en Bolivia, han denunciado que el ácido sulfúrico se estaría ocupando en la elaboración de cocaína y pasta base, ambas sustancias que llegan de vuelta al país y al mundo entero. Se sabe que una empresa boliviana lo compra en grandes cantidades.
Como el hecho es grave, con el señor Ricardo Rincón y los demás parlamentarios que se han nombrado, hemos presentado un proyecto de acuerdo para que se investigue a fondo sobre las medidas que se han tomado y la información que han recibido las autoridades -el servicio de Aduanas, la Dirección de Fronteras y Límites, la policía- acerca de la materia.
A pesar de que varios diputados luchan permanentemente contra el narcotráfico y el consumo de drogas y de que se me sugirió que se dotara de facultades especiales a la Comisión de Drogas o de Minería, creo que es preferible crear una especial investigadora, de manera que se investigue y se vaya hasta las últimas consecuencias y en el corto plazo se entregue un informe acerca del tráfico de ácido sulfúrico.
Por lo tanto, pido a la Sala que apruebe el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Quedan dos minutos para hablar a favor.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, comparto la necesidad de investigar acerca del destino del ácido sulfúrico en un país vecino. Sin embargo, creo que es preferible encargar a la Comisión de Drogas para tal efecto, pues es de carácter permanente y la integran representantes de todos los partidos. La situación es puntual y tiene gran incidencia en la elaboración de drogas pesadas.
Por lo tanto, solicito al autor del proyecto de acuerdo consensuar la posibilidad de que esta investigación especial quede radicada en la Comisión de Drogas de la Corporación.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , no cabe duda acerca de la importancia de fiscalizar la venta de ácido sulfúrico no sólo en el extranjero, sino también en el país. Es un elemento básico por su potencial relación como precursor para la fabricación de cocaína y pasta base, cuyo consumo implica drogadicción, probablemente el mayor flagelo que estamos sufriendo en nuestro país, en América Latina en general y en el resto del mundo. Por ende, soy partidario de investigar el tema a fondo.
En lo que no estoy de acuerdo es en la conveniencia de constituir comisiones especiales para tal efecto, puesto que en la Corporación tenemos una comisión especializada en drogas o una comisión de minería -puede ser la otra-, donde podría quedar radicada esta materia.
Para no ser cómplice en la práctica errónea de la Cámara de crear a cada rato comisiones, que después no funcionan adecuadamente, y sin querer interferir en las facultades de las comisiones permanentes, llamo a no aprobar el proyecto de acuerdo o, en su defecto, insto a sus autores que lo retiren, a fin de que reformulen la última parte, facultando a una comisión permanente para efectuar la investigación.
Toda la Corporación quiere investigar esta situación. En la Sexta Región, en particular en Machalí, está uno de los centros principales de producción de ácido sulfúrico, consecuencia de la captación de los contaminantes que se están generando allí.
Insisto: no es correcto crear una comisión especial si ya existen colegas, en las comisiones permanentes, que se han especializado en el tema desde hace tiempo.
He dicho.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, asistimos a una verdadera explosión demográfica de comisiones investigadoras. Esta Cámara ya suma decenas de temas que están siendo encargados a grupos parlamentarios específicos. La Sala ha recogido los informes de sólo unos pocos; quedan muchos pendientes.
En mi opinión, en particular sobre el tema planteado, por ningún concepto debe formarse otra comisión especial. A lo sumo, cabe hacer llegar la inquietud a la Comisión de Drogas en una aproximación a la sensatez, como lo ha señalado el diputado señor Vilches.
No obstante, hay también un tema de fondo que no quisiera desatender: esto forma parte de esta curiosa guerra planetaria contra la droga encabezada por Estados Unidos y, como sabemos, transfiere todos los costos a los países pobres, como Bolivia, Perú, que producen la droga, y también estamos siendo arrastrados a este perverso mecanismo impuesto desde afuera en lo que atañe al ácido sulfúrico.
Si Chile no lo suministra, no quepa la menor duda de que será provisto por otra nación y por cualquiera otra entidad comercial del mundo. La droga no se detiene con manotazos desesperados y menos con una guerra absurda, que lo único que garantiza es el más estrepitoso de los fracasos. Todos los recursos del Estado y toda la energía coercitiva que sea posible poner en la lógica de este tema, han de volcarse, primero, en prevenir con medidas que, de verdad, cautiven a los jóvenes y, segundo, en vez de criminalizar el consumo, medicalizar esta batalla.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mora.
El señor MORA.-
Señor Presidente, no tendría inconveniente en radicar el tema en la Comisión de Drogas; pero, dada la urgencia que reviste el tema, hacerlo con el encargo especial de investigar dentro del mismo plazo propuesto y que esto no se transforme en una diligencia eterna sin resultado ni fin.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
¿Su Señoría hace presente que los autores del proyecto de acuerdo están pidiendo que esta materia no se radique en una comisión investigadora, sino en la Comisión de Drogas, para que investigue esta situación?
El señor MORA.-
Así es.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, entiendo la voluntad del colega Mora y quisiera concordar con él; pero no podemos pasar a llevar el Reglamento en esta materia.
Los firmantes del proyecto de acuerdo no se encuentran presentes en su totalidad. Estoy conteste con el propósito y por eso lo propuse; pero sugiero no votar ahora el proyecto, a fin de que sea reformulado en los términos señalados, con el compromiso de despacharlo mañana sobre tabla.
El señor MORA.-
Estoy de acuerdo; acepto la proposición y pediría al colega Juan Pablo Letelier que también firme el proyecto.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
¿Estaría dispuesto a hacerlo, diputado Juan Pablo Letelier?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, los exabruptos de los necios no hay que tomarlos en cuenta.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para votar el proyecto de acuerdo en la próxima sesión?
Acordado.
VIII. INCIDENTES
CAUSALES QUE FUNDAMENTAN FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL RELATIVO A ACTUACIONES DEL ALCALDE DE VIÑA DEL MAR.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, todavía no se calman las aguas agitadas por el fallo del Tribunal Electoral Regional en relación con el requerimiento presentado por tres concejales de la ilustre municipalidad de Viña del Mar, de declarar que el alcalde de esa ciudad incurrió en notable abandono de deberes.
No quiero hacerme cargo en esta oportunidad de alusiones personales; ya las he respondido y no insisto en ellas; pero quiero referirme a lo que podría ser llamado el gran ausente en el debate habido en estos días sobre el tema: el fallo del Tribunal Electoral Regional.
Antes de entrar en su análisis pormenorizado, cabe recordar que en nuestra ciudad, en los últimos tres años, han ocurrido hechos graves, de los cuales el requerimiento se hace cargo en parte; entre ellos, la fallida licitación del hotel Miramar y la situación en que se encuentra actualmente, el bono de subvención acordado por el Concejo, a propuesta del alcalde, para favorecer a los funcionarios municipales, que la Contraloría objetó y respecto de la cual inició un juicio de cuenta contra los concejales.
En seguida, está la violación de la Ordenanza Municipal, que impedía al alcalde negociar los derechos por publicidad en la ciudad sobre la base del cumplimiento de determinados servicios o prestaciones por parte de las empresas del rubro.
El último tema al cual se refiere el requerimiento es el inusitado crecimiento que ha tenido, en nuestra ciudad, el comercio callejero ilegal, con las graves consecuencias que trae consigo no sólo para la actividad comercial legal, sino también para el Fisco por la evasión tributaria, y para todos los ciudadanos, por la pérdida de seguridad y el aumento de la delincuencia.
Muchos otros casos, ocurridos durante estos años en nuestra ciudad, la han conmovido enormemente. A guisa de ejemplo, un circo mexicano llegó a Viña del Mar y pidió autorización para instalarse en el estero. Entonces, se le dio permiso para que ocupara una superficie -si no me equivoco- de 4 mil metros cuadrados. Sin embargo, se descubrió que ocupó 8 mil metros cuadrados, sin que pagara los derechos correspondiente porque, en lugar de ello, se había negociado -presuntamente entre el alcalde y los representantes del circo- una gran cantidad de funciones, en las cuales el principal artista sería el propio alcalde, quien invitaría a sus partidarios, como una forma de hacer propaganda electoral. El propio dueño del circo reclamó por esa situación, porque fueron tantas las funciones que se le obligaron a dar, que incurrió en pérdidas en su pasada por la ciudad.
Después, el frustrado llamado a licitación para la remodelación de la calle Valparaíso. La municipalidad llamó a licitación, pero cuando se abrieron las propuestas, se descubrió que ella no tenía los fondos necesarios para enfrentar tal licitación. Entonces fue necesario que interviniera la Intendencia, y el Serviu debió hacerse cargo de las obras.
Están las situaciones de enfrentamiento ciudadano, a raíz, por ejemplo, del proyecto de la marina deportiva que, a poco andar, se descubrió que no se trataba sólo de una marina deportiva, sino de un proyecto inmobiliario de gran envergadura.
Están los conflictos surgidos a propósito de la construcción de un edificio consistorial que concentrare los distintos servicios que están repartidos en múltiples edificios de la ciudad, propuesto, primero, en Libertad con 14 Norte y, después, en Libertad con 4 Norte. Y así, sucesivamente, en todas partes se generan polémicas por el afán autoritario del alcalde de imponer soluciones sin recurrir a políticas de participación.
Además, vivimos dos situaciones muy dramáticas que estuvieron a punto de terminar en un desastre peor que el del hotel Miramar: el caso del Casino Municipal, salvado en último momento por una resolución de la Contraloría General de la República, y el tema de la construcción del rodoviario.
De manera que la situación vivida por Viña del Mar durante estos años ha sido realmente dramática, pues ha tenido, como consecuencia, una pérdida muy grave en su competitividad, en su capacidad de atraer turistas e inversiones y en su crecimiento y desarrollo. Todo esto se ha visto reflejado en lo que constituye, tal vez, el peor problema de Viña del Mar: el alto índice de cesantía que la afecta. Hace unos meses, sólo éramos superados por la ciudad de Lota, lo que conlleva vergüenza y una situación inaceptable, que obliga a dar una batalla más grande para lograr los cambios que la ciudad permite, requiere y exige.
Ahora me referiré al requerimiento propiamente tal. Por una parte, está el llamado bono o subvención municipal, por un monto de 356 millones de pesos. El fallo reconoce que el municipio tiene derecho a subvencionar a las instituciones sin fines de lucro que coadyuven al cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, por esa vía no se puede crear una situación penada por la ley: el mejoramiento de rentas de una forma distinta de la señalada por la ley. Todos estamos de acuerdo en que es menester mejorar las rentas del personal municipal, porque el peor negocio que puede hacer una ciudad es tener una municipalidad con funcionarios mal pagados; es un ahorro muy mal entendido. Pero no se puede conceder tal mejoramiento violando la ley, y la Contraloría Regional y, después, la Contraloría General de la República, objetaron esta subvención que iba dirigida a las asociaciones de funcionarios, por tener un objetivo distinto del señalado por la ley.
En la sesión en que se trató el caso, los concejales que dudaban de la legitimidad del bono le pidieron al alcalde que certificara la legalidad de la decisión que se les pedía adoptar, y el alcalde así lo hizo. Se pidió dejar constancia en actas -así se procedió- del informe del departamento jurídico, única instancia a la cual pueden recurrir los concejales, a fin de tener una base en estas materias. Como digo, el informe del departamento jurídico fue favorable y corroborado por el alcalde, quien asumió la responsabilidad de lo que se estaba haciendo. Recordemos que el director del departamento jurídico de una municipalidad es funcionario de la exclusiva confianza del alcalde. Por eso, los concejales acordaron gustosos emitir su voto favorable, sobre la base de la seguridad que les daba el alcalde.
Por eso, resulta inaceptable que, ahora, el alcalde quiera retractarse y “concejalizar” sus responsabilidades, en circunstancias que fue precisamente él quien las asumió, como correspondía; es él quien dirige la municipalidad; es él quien presentó y respaldó la moción; es él quien se hizo responsable de su legalidad. Cabe destacar, sí, que hubo un concejal que votó en contra: don Luis Parot
Además, el alcalde tenía intereses comprometidos, porque figuraba en la lista de los funcionarios que iban a ser beneficiados con el bono. Cobró su cheque, y sólo cuando lo obrado por él produjo alarma y repudio públicos, sólo en ese momento, devolvió el dinero correspondiente a su bono. Por eso, el fallo del Tribunal Electoral concluye que el alcalde ha incurrido en notable abandono de deberes, al proponer, y participar con su voto favorable, el otorgamiento, por la municipalidad, de un bono. Respecto del interés comprometido, dice que en nada cambia la conclusión anterior la devolución del dinero que afirma haber efectuado el señor González , porque el daño ya está hecho. Tanto es así, que se encuentra en tramitación un juicio de cuenta en contra de los responsables de tal determinación.
¡Cómo no encontrarles razón a los concejales de recurrir al Tribunal Electoral Regional, cuando ahora se ven enfrentados a un juicio de cuenta que les exigirá la devolución de los 356 millones de pesos que se acordaron para la subvención; es decir, un promedio de 35 a 40 millones de pesos cada uno! Lo menos que podían hacer era pedir cuentas al alcalde por su responsabilidad.
Respecto del tema del hotel Miramar , se trata de uno de los asuntos más dolorosos ocurridos en Viña del Mar en los últimos años. Aquí hay muchos subtemas; básicamente, podemos dividirlos entre los ocurridos antes de la adjudicación, el 16 de junio de 1998, y los sucedidos después de esa fecha.
Entre los cargos hay varios que se refieren a lo que sucedió antes de la fecha indicada; pero el Tribunal Electoral Regional retiene aquellos cargos relacionados con los hechos ocurridos después del 16 de junio; es decir, después de aquella carta que el diputado Ávila recordaba que yo le había enviado al alcalde. Todos son hechos posteriores.
¿Cuáles son esos hechos? En primer lugar, el retardo, sin ninguna razón, en la redacción y notificación del acuerdo relacionado con la adjudicación. Esto es extraordinariamente grave, porque, de acuerdo con toda la doctrina administrativa, tales acuerdos deben ser notificados en el acto, sin mediar plazo alguno. Sin embargo, en este caso transcurrieron, en definitiva, cinco meses -150 días- antes de que ese decreto fuera notificado a la parte adjudicataria. Mientras no se notifique, el presunto adjudicatario no adquiere la categoría de tal.
Esto fue lo que, en gran medida, detonó el fracaso de esa fallida licitación: demorar cinco meses en notificar este decreto de adjudicación. En dicho lapso pueden pasar y cambiar muchísimas cosas. No sólo lo dispone la doctrina administrativa, sino también el sentido común, de que es menester notificar rápidamente a quien ha sido beneficiado con la adjudicación para saber cuán seria es su voluntad de aceptar esa adjudicación y hacerse cargo de las responsabilidades consiguientes.
En gran parte, el fracaso de la licitación se encuentra en no haber adoptado las precauciones elementales para enfrentar esta situación, para saber cuán seria es la actitud del adjudicatario, en este caso la empresa Holding Cono Sur, y si se desistía, hacer efectivas las boletas de garantía.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado. Le ruego redondear su idea.
El señor IBÁÑEZ.-
¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente ?
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Ya se terminó su tiempo. Empleó 14 minutos.
Si Renovación Nacional quiere cederle tiempo, puede hacerlo de acuerdo con el Reglamento.
El señor VEGA.-
Puede disponer de algunos minutos.
El señor IBÁÑEZ.-
Necesito un par de minutos.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Puede continuar, señor diputado.
El señor IBÁÑEZ.-
Quiero llamar la atención de la opinión pública para que no se deje llevar por evasivas, por cortinas de humo, sino que acuda a aquello que está en juego: el fallo.
Aquí se ha afirmado que estoy en contradicción con mi actitud anterior. Siempre he sostenido que lo que correspondió hacer en el caso del hotel Miramar era entregar esta discusión a un tribunal independiente, para no estar en los dimes y diretes de pasillos, de esquinas, de cafés de las calles, sino a fin de que hubiese gente llamada para este efecto por la Constitución y la ley que explicara a la ciudadanía dónde se encontraban los responsables.
He hecho llegar a todos los parlamentarios de esta Cámara el estudio que realicé en abril del año pasado para que se conozca cuál es mi actitud respecto de este tema y precisar que no he cambiado en absoluto mi posición.
Ahora, llamo a respetar este fallo del tribunal electoral regional, y si a algunos no les gusta, pueden apelar a la instancia respectiva. Pero no es posible que nos veamos enfrentados a una operación de distracción para que no nos fijemos en lo medular del problema, sino en detalles, a los cuales nos quieren llevar quienes no tienen argumentos para defender realmente el fondo de esta cuestión.
Es toda la ciudad la que está en juego. Son especialmente esos miles de cesantes, que lo están porque desde la municipalidad no se ha impulsado una política capaz de despertar las potencialidades de la ciudad; al contrario, a través de hechos como los del hotel Miramar , la ciudad ha perdido sus activos, sus atractivos, sus posibilidades de crecimiento y se incurrió en errores que, de manera dramática, han incrementado la cesantía. Eso es lo que está en juego.
Queda pendiente el tema de violación de las ordenanzas municipales; pero creo que con lo dicho basta para que, como digo, pongamos la discusión donde corresponde: los hechos y el fallo.
He dicho.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , ocupó tres minutos y medio del tiempo de Renovación Nacional.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , en primer término, me parece que el procedimiento de ceder tiempo utilizado en esta ocasión es antirreglamentario, por cuanto no se encontraba presente el jefe de bancada de Renovación Nacional; en segundo término, se ha alterado el orden de Incidentes, independientemente del contenido de la intervención del diputado señor Ibáñez , quien tiene derecho a expresar su opinión.
Por lo tanto, no se han respetado los procedimientos tradicionales en el uso de los tiempos.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , la letra e) del artículo 115 no le da la razón a su Señoría, sino a la Mesa.
DESPIDOS INJUSTIFICADOS EN EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS EL LIBERTADOR. Oficios.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, deseo referirme a algo más importante para el país, que acontece en la Sexta Región: la situación que afecta a la Empresa de Servicios Sanitarios El Libertador S.A., Essel , la cual fue privatizada hace dos meses con capitales portugueses e ingleses en un 51 por ciento, y el resto con capital del Estado chileno.
En primer lugar, esta empresa ha creado una situación laboral nefasta para los trabajadores y, en segundo término, ha anunciado que, en la próxima semana, despedirá a 160 trabajadores, casi el 50 por ciento de la gente que labora en ella.
Tal situación me parece grave, pues atenta contra la política de empleo que el Gobierno del Presidente Lagos está empeñado en implantar en el país. Una empresa que tiene el 49 por ciento de capital estatal no puede despedir, sin causa justificada, a casi el 50 por ciento de los trabajadores que allí laboran. En segundo lugar, esta empresa está constituida por capitales extranjeros: portugueses e ingleses.
Por este motivo, pido el apoyo de la Sala para que se oficie a los embajadores de Portugal y de Inglaterra acreditados en nuestro país, con el objeto de que la Cámara de Diputados haga presente la preocupación que existe en esta Corporación por la situación que afecta a esta empresa que -reitero- despedirá a 160 trabajadores.
Asimismo, pido que se oficie a la Corfo, que representa al Estado chileno con el 49 por ciento, a fin de manifestarle también nuestra preocupación e impedir que esta medida pueda concretarse.
Las medidas que aplicará esta empresa atentan contra lo que hoy preocupa a todo el país: la necesidad de mantener el empleo.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de todos los diputados que así lo están solicitando y de lo cual la Secretaría está tomando nota.
ERRADICACIÓN DE FAMILIAS POR DEMOLICIÓN EN RECOLETA. Oficio.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, 27 familias viven en unas casas, hechas de mezcla de adobe y madera, que se encuentran en ruinas, en el pasaje Erisarri, comuna de Recoleta, al sur de Juárez, entre Fariña y Recoleta. Son viviendas de dos pisos, pareadas e intercaladas por patio interior. Son 27 familias que pueden morir aplastadas por el desplome de estas viviendas. La Clínica Dávila, por el costado sur, ha reforzado las estructuras para que no se derrumben sobre el parvulario contiguo.
Personalmente, he recibido, a veces, la colaboración de Emos en forma gratuita para conseguir que destapen sus alcantarillados, que se encuentran en muy mal estado. Gran parte de nuestra ciudad, sobre todo los sectores norte, fueron construidos a fines del siglo XIX y a principios del XX, con dichos materiales, y se encuentran en peligro. Es el progreso desigual. Recoleta emerge con el progreso y ha sido favorecida con importante inversión inmobiliaria. Sin embargo, existen lugares como el indicado.
Estas 27 familias necesitan solución. No es cuestión de charlas y dictar decretos de demolición.
Tiene razón el alcalde, señor Moreno , cuando dice que no puede proceder de inmediato a decretar la demolición. Quiero agregar que ese terreno es del Ministerio de Educación.
Por tal razón, pido que se oficie a la ministra de Educación para posibilitar la erradicación y dar solución al problema habitacional de estas 27 familias, que ocupan irregularmente este terreno del Ministerio. Además, ello forma parte del convenio de 1988, según el cual estos terrenos se entregaban en comodato al Liceo Industrial de Minas Ignacio Domeyko , dirigido por Feredes Kattan , apellido que recuerda a extraordinarias familias que han hecho surgir este sector norte de Santiago, tanto en lo comercial como en lo industrial, y hoy, con sus profesionales, en lo educacional.
Ella hace un tremendo esfuerzo para que este liceo funcione. Ayudan a nuestros jóvenes; les dan trabajo; están vinculados a la minería; la empresa privada participa en el Liceo Domeyko, fortalece las inversiones del Liceo, les entrega maquinaria, les da becas.
He estado en muchas ocasiones en Juárez 760, ahí donde está el liceo Ignacio Domeyko. Los ayudo, los acompaño y voy a tratar de fomentar su ampliación. Pero tienen que hacerla en este terreno que corresponde, justamente, a lo que tienen ocupados estas 27 familias.
Entonces estamos en un triángulo en que se paralizan las decisiones. El municipio no puede desalojar a estas 27 familias; éstas no tienen a dónde irse; la construcción existente puede demolerse y el liceo necesita tomar la decisión. Bueno, es la hora de que tomemos una definición, porque Feredes Kattan quiere ampliar su liceo; el municipio quiere resolver el problema a esta gente, la cual puede tener un accidente, de un momento a otro, por el desplome de estas construcciones que he visitado.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Se oficiará en la forma solicitada por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo indiquen a la Secretaría.
ALCANCES SOBRE DESTITUCIÓN DE ALCALDE DE VIÑA DEL MAR.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
En el tiempo del PPD, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , es bueno que usemos esta Corporación para pedir el envío de oficios, para denunciar, pero de repente hay temas que se convierten en verdaderas cantinelas.
El diputado Ibáñez , y la UDI particularmente, se han empecinado con el alcalde de Viña del Mar. La UDI, el diputado Ibáñez y la Oposición saben perfectamente bien que este alcalde tiene las mejores posibilidades de ser reelegido en las próximas elecciones municipales. ¿Cuál es el objetivo del señor Ibáñez y de la UDI? Como saben que el alcalde González va a ser reelecto por una inmensa mayoría, tratan de ponerle palos en el camino.
Pero curiosamente los concejales denunciantes ante el Tribunal Electoral Regional son los mismos que participaron y aconsejaron, incluso, al alcalde González, que aprobara todos los proyectos y las medidas que hoy están cuestionadas.
Acá hay un doble discurso del diputado Ibáñez y de la Derecha, porque Parot y otros tres concejales de Viña del Mar intervienen activamente de las decisiones y resoluciones del Concejo.
Lo que quiero decir en esta Corporación es que la UDI, Parot e Ibáñez tienen un tremendo temor a que este alcalde de la Concertación , elegido con una inmensa mayoría, pueda ser reelecto. Como ellos saben que es el que está mejor ubicado en las encuestas y, sobre todo, en los sectores poblacionales y periféricos más modestos de Viña, tratan de echarlo abajo, por todos los medios, y se valen más bien de triquiñuelas que de acciones ajustadas a derecho. Aquí no hay dolo mi robo, como ha ocurrido en otros casos, y para qué hablar de lo acontecido en el pasado.
Señor Presidente, hay colegas parlamentarios que son empresarios, que tienen negocios, supermercados y que, de buenas a primeras, vienen a hablar en contra de los comerciantes ambulantes.
A mi juicio, cuando se trate el tema, deberían inhabilitarse.
TÉRMINO DEL SISTEMA ELECTORAL BINOMINAL.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , la reforma constitucional, materia muy importante planteada a nivel nacional, no prosperará si no se termina con el sistema electoral binominal.
No es posible que en esta Corporación haya colegas que han llegado terceros y que, sin embargo, alteren los quórum y la decisión soberana del pueblo, que nos elige a todos.
Quiero hacer presente que no es posible hablar de reforma constitucional sin que se toque el tema del sistema electoral binominal, que es tan importante para la Oposición como para nosotros.
Muchas gracias.
MODIFICACIÓN DE PROYECTO SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS EN COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO. Oficio.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER ( Juan Pablo).-
Señor Presidente , en la comuna de Quinta de Tilcoco el Ministerio de Vivienda ha contratado la construcción de viviendas básicas. Por motivos que desconozco, los encargados técnicos del Ministerio, al licitar la construcción de viviendas sociales de esa comuna, han optado por un tipo de casas que rompe con la estética de una comuna rural, como es Quinta de Tilcoco , con viviendas sociales tipo trencito, como se les ha dado en llamar. Es decir, son pareadas por lado y lado.
Pero lo más grave es que, según la información que se nos ha hecho llegar, la empresa que ganó la licitación y que se ha hecho cargo del proyecto de loteo, asigna a las viviendas un patio de 60 metros cuadrados.
Esto es una aberración no solamente urbanística, sino también cultural en comunas rurales o rururbanas, como le dicen algunos sociólogos, ya que se rompe la tradición del uso del espacio y las prácticas culturales de esas comunidades, confinando a sus habitantes a espacios tremendamente estrechos, cuando la costumbre es absolutamente distinta.
Es muy grave lo que está pasando y, en atención a ello, quiero solicitar, por su intermedio, que se oficie al señor ministro de Vivienda , para que se modifique el proyecto de la empresa que ganó la licitación e, incluso, de ser necesario, se paralicen las obras, a fin de garantizar la implementación de un criterio, que esta Corporación comparte y que, además, ha sido planteado por el Presidente de la República y por el mismo ministro Orrego , que ha abrazado este concepto, de poner la calidad por sobre la cantidad, asegurando que las viviendas que se construyan en este tiempo sean adecuadas a las necesidades de las personas.
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE ASIGNACIÓN DE PENSIONES ASISTENCIALES. Oficios.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , los niños que nacen con alguna discapacidad, y aquellas personas, particularmente las madres o abuelas que se hacen cargo de niños que sufren incapacidades neurológicas, que afectan su posibilidad de desarrollo e integración plena a la sociedad, concursan y compiten con los adultos mayores y otros sectores con carencias sociales en el acceso a la pensión asistencial.
Comúnmente se dice que los discapacitados tienen derecho, si su discapacidad les impide integrarse plenamente a la sociedad, a obtener una doble pensión asistencial.
El problema es que el sistema de puntaje, de prioridades, hace que los discapacitados compitan con aquellos sectores que sufren problemas de otra naturaleza, que tiene que ver con marginación, con la imposibilidad de acceder a una pensión a través del sistema privado de AFP o del sistema público del INP.
Por lo expuesto, solicito, en representación de muchas familias que sufren el calvario de no contar con la pensión asistencial para sus hijos, y en nombre de muchos adultos que nacieron con graves discapacidades y que no han podido acceder a una pensión asistencial, que se oficie al ministro del Interior con el fin de que se introduzcan modificaciones al reglamento, resolución o decreto, según corresponda, que ordena la asignación de las pensiones asistenciales, para que una parte de los recursos que la ley de Presupuestos asigna a este fin, se reserve en forma prioritaria a los discapacitados que no tienen posibilidad de integración social. Hagamos efectivo lo que esta Corporación aprobó años atrás, esto es, contar con una ley relativa a los discapacitados que reconozca una discriminación positiva en favor de aquellos ciudadanos que han nacido con alguna disfunción.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo han solicitado.
INFORMACIÓN SOBRE NORMAS REGULADORAS DE RILES. Oficio.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Por último, quiero llamar la atención de la Sala respecto del siguiente problema.
La Sexta Región sufre graves problemas en cuanto a contaminación de aguas superficiales. Recientemente se ha entablado un conflicto respecto de una norma referida a los riles, esto es, a la evacuación de elementos líquidos a cauces de agua. Esta situación puede afectar potencialmente a la Corporación del Cobre, por cuanto se ha considerado que la norma aprobada discriminaba a su favor.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro secretario general de la Presidencia , con el objeto de que señale qué patrones se tomaron en consideración al definir las normas sobre riles en relación con la contaminación de aguas superficiales, de qué país surgieron y sobre la base de qué antecedentes científicos se incluyeron determinados metales en las normas aludidas, medida que llevó a pensar en que era necesario fijar criterios distintos para el funcionamiento de la Corporación del Cobre respecto de los establecidos para otras empresas. Digo esto porque quizá la evidencia científica utilizada no está debidamente respaldada, en particular en lo que se refiere al molibdeno y a determinados tipos de sulfatos. Repito, sería muy interesante conocer la base científica en que se fundamenta esta medida, a fin de saber si la norma propuesta es adecuada o no.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo han solicitado.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES EN COMUNA DE CHIGUAYANTE. Oficios.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz por tres minutos.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, desde hace tres años hemos estado atentos a que se materialice uno de los proyectos más anhelados por la comunidad de Chiguayante: el eje O’Higgins-Manuel Rodríguez. En los tres últimos presupuestos de la nación fuimos capaces de conseguir los aportes presupuestarios para comenzar un primer estudio de ingeniería, el que, finalmente, se tuvo que profundizar. De hecho, se acaba de dar término al último estudio, el que fue entregado a la comunidad hace seis días.
La presentación oficial del estudio de ingeniería incluyó una explicación detallada del mejoramiento del eje O’Higgins-Manuel Rodríguez, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el presupuesto que conseguimos para el año en curso. Esta iniciativa considera duplicar la capacidad vial de la principal arteria de Chiguayante. Con esto, se mitigarán los graves problemas de congestión que hoy se observan.
Chiguayante es una ciudad en expansión. Sus zonas pobladas se han densificado y se ha proyectado la instalación de diversos servicios. El colapso del tránsito de esa comuna se origina precisamente en el explosivo crecimiento que tuvo durante las décadas del 80 y 90. Hoy, Chiguayante tiene una población de 90.000 habitantes; sin embargo, no muestra un equilibrio entre el número de viviendas construidas y la inversión en infraestructura vial. Por ello, se modificó el plan regulador comunal y ya se está en condiciones de comenzar las obras de construcción del eje O’Higgins-Manuel Rodríguez.
Este año conseguimos presupuesto para efectuar expropiaciones, las que, según me acaban de ratificar las autoridades pertinentes, se verificarán a partir del próximo mes.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Claudio Orrego , a fin de que contemple dentro del presupuesto que analizaremos en septiembre de este año, un primer aporte para la construcción del eje O’Higgins-Manuel Rodríguez.
Asimismo, pido que se oficie al ministro de Hacienda, a fin de que estudie la forma de redestinar el aporte de 3.000 millones de pesos que esa cartera había contemplado para la realización de estas obras y que finalmente, por no encontrarse terminados los estudios de ingeniería respectivos, fueron ocupados en otras obras.
Por último y en el marco de la recuperación de la ribera norte del Biobío, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el objeto de que disponga llamar a licitación a fines de este año con el objeto de construir una ruta troncal entre el puente viejo de Concepción y La Leonera de Chiguayante, con lo cual se recuperarán 300 hectáreas.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Rozas y de los diputados señores Jaramillo , Pareto y Gutiérrez.
ALCANCES SOBRE FALLO JUDICIAL VINCULADO CON EL ASESINATO DE JUAN ALEGRÍA MUNDACA.
El señor HUENCHUMILLA ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada señora María Rozas, por cinco minutos.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, en esta oportunidad no me correspondía usar de la palabra. Por tal razón, quiero agradecer a la bancada de mi partido por permitirme hacerlo.
Hoy es un día muy especial para el mundo sindical, el que, normalmente, es acusado de agresivo y, en ocasiones, condenado por no tener la capacidad de superar los dolores del pasado. Cuando uno estudia la historia de los 17 años del régimen militar, llega a la conclusión de que el mundo sindical fue uno de los que tuvo que pagar más altos costos, ello no sólo en cuanto a vidas humanas, sino también desde el punto de vista social y económico. En ese contexto, incluso hubo situaciones que traspasaron las fronteras de nuestro país.
Hace más de 18 años, en un intento más de los dirigentes de la época por lograr la unidad del movimiento sindical, el ex diputado y ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores , Manuel Bustos , se quedó esperando a quien sería su interlocutor en una reunión vital para concretar ese hecho -la unidad del movimiento sindical para luchar por la libertad y la democracia-. Ese interlocutor nunca llegó. Su nombre era Tucapel Jiménez. Hubo mucha rabia y molestia por ese hecho, pues una vez más no lograríamos nuestro objetivo. Al día siguiente nos enteramos por qué Tucapel no había llegado: había sido asesinado en forma alevosa. Este crimen no sólo conmocionó al país, sino que traspasó nuestras fronteras por el efecto que tal hecho significó en esa época.
Hoy nos hemos impuesto de la resolución de los tribunales de justicia mediante la cual se condena a cadena perpetua a los autores materiales e intelectuales del crimen del carpintero Alegría, fuertemente vinculado con el asesinato de Tucapel Jiménez. No nos alegramos de esa situación, pero no podemos dejar de reconocer que al menos se está haciendo justicia: con esta resolución, los tribunales señalan que los autores de esa muerte merecen cadena perpetua. Esperamos que esa pena impuesta al señor Álvaro Corbalán también se aplique a los autores del asesinato de una figura tan insigne para el movimiento sindical chileno e internacional como fue Tucapel Jiménez.
En nombre de los trabajadores chilenos, valoro lo que está haciendo la justicia para reconstituir la verdad, único valor que nos hará más libres y dispuestos a consolidar nuestra democracia.
He dicho.
CONSTRUCCIÓN DE OBRA VIAL EN TRAMO COLLIPULLI-TEMUCO. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quiero plantear dos cuestiones puntuales atingentes a la zona que represento.
La primera se relaciona con el by-pass de Temuco, inserto en un programa de mayor envergadura, cual es la construcción de la carretera desde Collipulli hasta Temuco en el sistema de obras concesionadas que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Se trata de una carretera en plena construcción, hasta la entrada de la localidad denominada Cajón. Allí debería ejecutarse lo que se ha llamado el by-pass de Temuco, que es una variante que sale de esta ciudad y pasa por numerosas comunidades rurales, sobre todo indígenas, donde se llevó a cabo una gran y exitosa negociación, con pleno respeto a las organizaciones existentes, con diálogo, con participación del entonces ministro de Obras Públicas , señor Ricardo Lagos , actual Presidente de la República ; del diputado que habla y de las autoridades regionales. De esa manera, dimos un ejemplo al país de cómo es posible realizar una obra de gran envergadura para el progreso de la ciudad, con pleno diálogo y respeto por las comunidades indígenas.
En esta oportunidad, la modernización y el progreso de Temuco no lo están pagando los sectores mapuches ni los más pobres, sino que se está haciendo con gran acuerdo, pagando las indemnizaciones y precios adecuados no sólo por el valor comercial, sino también por el daño patrimonial efectivamente causado y por los aspectos culturales afectados.
Todo el proceso está listo, pero no se entrega a la empresa concesionaria la franja para construir el by-pass. Mientras tanto, en Temuco se piensa remodelar la avenida Caupolicán, la actual ruta 5 que pasa por la ciudad, lo cual puede acarrear una serie de inconvenientes, pues deberá desviarse el tránsito. Por ahí circulan los camiones, los buses, todo el tráfico, lo que provocará graves perjuicios al tránsito vehicular de la ciudad. Entonces, lo lógico es que el by-pass se empiece a construir ahora.
Por lo tanto, solicito que se entregue la franja respectiva a la sociedad concesionaria para que empiece a construirlo, con el fin de dar una ruta alternativa, al menos en el mediano plazo, a la remodelación de la avenida Caupolicán.
Como están todos los trámites previos efectuados, las expropiaciones e indemnizaciones pagadas y solucionados todos los problemas culturales y políticos, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas , con el fin de que se empiece a construir de inmediato el by-pass y la ruta alternativa para la ciudad de Temuco.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención.
OPOSICIÓN A DISMINUCIÓN DE EMPLEOS OTORGADOS POR LAS MUNICIPALIDADES A CESANTES. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Luis Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, sólo deseo manifestar mi profundo malestar por la decisión adoptada por el ministro del Interior en relación con el desempleo. Hoy, a las 12 del día ha comunicado a los alcaldes que disminuirá en un porcentaje significativo el número de empleos a los cesantes. Por ejemplo, si una municipalidad da trabajo a 800 cesantes mediante el sistema con el cual se comprometió el Presidente de la República , a contar del 1 de agosto, es decir, en algunos días más, quedarán sólo 500 trabajadores. Los 300 restantes se distribuirán en el Sence y en el Fosis, en un sistema que no entienden, porque se trata de personas modestas.
Como diputado de la Región Metropolitana me opongo terminantemente a dicha medida. Por lo tanto, solicito se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , con el objeto de pedirle que se siga dando empleo a los cesantes, hasta que los índices de desempleo lleguen a su normalidad. Ese es el compromiso. Recurriré a todas las instancias para lograr ese objetivo. Al respecto, quiero señalar que todos los meses las autoridades políticas y financieras que se oponen a esto entregan los recursos en forma tardía.
Creo que su Excelencia no está en conocimiento de esta medida, pues sabemos que es un hombre íntegro que ha asumido un compromiso con el país y que lo cumplirá.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Presidente de la República y al ministro del Interior sobre el particular.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señorita María Rozas y de los diputados señores Homero Gutiérrez , Jaime Jiménez , Enrique Jaramillo , Osvaldo Vega y José Miguel Ortiz.
HOMENAJE EN MEMORIA DEL PADRE GUIDO LEBRET.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , quiero recordar a una gran figura de la ciudad de Talca, fallecido trágicamente hace algunos días: el padre Guido Lebret.
El padre Lebret falleció el 12 de julio del presente, a mediodía, en el cruce ferroviario de la calle 14 Sur, de Talca, mientras llevaba al colegio al niño Eduardo Espíndola , de seis años. Su camioneta se detuvo en dicho cruce, fue arrollado por el tren y murió en forma instantánea junto al menor.
El viernes de la semana pasada se efectuaron sus funerales y toda la ciudad lo acompañó a su última morada.
El padre Lebret fue un cura obrero que trabajó durante toda su vida como transportista. Era dueño de un camión y con el fruto de su trabajo ayudaba a los obreros, a los menesterosos, a los niños y a las niñas en peligro de caer en la prostitución.
El padre Lebret nació en Francia el 9 de julio de l926; fue ordenado presbítero el 3 de julio de l949 y sacerdote eudista de la Congregación de Jesús y María. Llegó a la diócesis de Talca en l952. Comenzó impartiendo clases de francés en el Seminario San Pelayo, actual Colegio Integrado poniente y Colegio Técnico Profesional San Agustín. En l958 creó la fundación El Despertar, una de sus obras principales y más sobresalientes, donde acogía a las niñas o a las mujeres dedicadas a la prostitución que querían rehabilitarse. En l967 ejerció como vicario cooperador del patronato Santa Teresita de Talca; en l970, como vicario ecónomo de la parroquia San Luis; en l966 fue incardinado perpetua y absolutamente en la Diócesis de Talca, lo cual significa que pertenece a esta diócesis y no a Francia. Además, se nacionalizó chileno. En l980 fue vicario cooperador de la parroquia de Molina; en l982, vicario cooperador de Pelarco, y este año fue nombrado nuevamente vicario de la parroquia Santa Teresita de Talca. Fue capellán del hospital. En l970, fue precandidato a diputado por un partido político, el Mapu. Fue dirigente de la CUT. En 1999, el padre Lebret celebró 50 años de sacerdocio en Talca.
Fue una figura realmente destacada, no en las esferas sobresalientes de la ciudad, sino en los sectores más modestos y humildes. En Talca, su figura, con una larga barba blanca -el padre tenía 74 años en el momento de fallecer- es simbólica y emblemática para todos los que durante años lo vieron trabajar por la justicia y por la dignidad de las personas de cualquier condición social.
Es importante recordar figuras como ésta. Por eso hago mención de él aquí en la Cámara, rindiéndole un modesto homenaje. Creo que la ciudad de Talca está en deuda con él. Sería interesante que su municipalidad acogiera alguna idea para perpetuar el nombre del padre Lebret, ya sea colocando su nombre a la calle donde vivió y fundó la institución El Despertar; es decir, que en lugar de llamarse 10 Oriente se denominara calle Padre o Cura Guido Lebret , porque realmente se trata de un sacerdote notable que tuvimos el honor y la honra de tener en Talca durante 50 años.
He dicho.
SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable diputado señor Osvaldo Vega, quien puede hacer uso de ella por diez minutos, porque los tres minutos y medio restantes fueron cedidos a otro Comité.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , como desgraciadamente ya es habitual, solicito a la Mesa que mi intervención sea incluida en el Boletín de Sesiones, debido a mi problema visual. Quiero formular algunas reflexiones y pedir el envío de oficios al ministro de Agricultura y al vicepresidente de Indap , porque considero que la situación de los pequeños y medianos agricultores es sumamente crítica, lo que involucra también al transporte y al comercio.
Lo que trato de explicar tiene asidero. Además, en los últimos años, los agricultores han recibido, por intermedio del Indap, mucha ayuda para efectuar distintos cultivos y, asimismo, a fin de hacer una reconversión de sus actividades; pero nada sacamos con los créditos ni con producir tomates, frutillas, claveles, etcétera, si no se ha hecho el estudio de comercialización de esos productos.
En consecuencia, reitero mi petición en el sentido de que se oficie al ministro de Agricultura y al vicepresidente del Indap para que se preocupen de este problema.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención.
-El texto de la intervención no leída en la Sala por el diputado Vega es el siguiente:
El señor VEGA.-
“Señor Presidente , la pequeña y mediana empresas han sido el motor de la actividad económica del país. En las áreas industrial, agrícola y comercial colaboran ocupando mano de obra y entregando al país productos y el aporte económico por la vía de la tributación.
Sin embargo, y aún después de que las Pyme se han organizado, el Gobierno no ha demostrado acciones concretas para solucionar la crisis económica que han enfrentado los pequeños y medianos empresarios desde el año pasado. Particularmente grave es el caso de los pequeños y medianos agricultores, quienes también pertenecen a la pequeña y mediana empresa.
Ya en la campaña presidencial, el Presidente de la República manifestó su interés por desarrollar planes especiales para las Pyme, a través de 12 aspectos específicos que incluían la creación de mesas de diálogo, asignación de recursos, etc.
Hasta el momento la banca privada continúa inflexible en el cobro de intereses por los créditos. Y el Banco del Estado no parece contar con una política específica tendiente a eliminar la burocracia y fomentar la creación de nuevas empresas. Los agricultores que alguna vez se sumaron a los proyectos de innovación agraria cayeron en una verdadera trampa, y hoy se debaten entre créditos y repactaciones, con el riesgo inminente de perder su patrimonio.
En el caso específico de los pequeños y medianos agricultores, cuya empresa significa la subsistencia de su grupo familiar, las crisis económicas generales y fluctuaciones de precios, se suman a los avatares de la naturaleza, y a los resultados de los tratados internacionales, como el Mercosur, cuyo efecto en la competencia desleal y en la baja de los precios de los productos hace prever un triste desenlace para las zonas agrícolas. Con ello aumentará la cesantía, el endeudamiento y también se verán afectados el comercio y el transporte.
Una nueva política de fomento a la pequeña y mediana agricultura, debería contemplar aspectos como capacitación, planes de marketing y logística, además de los trámites propios de cada rubro.
La innovación puede ser la gran alternativa, pero está destinada al fracaso si no contempla un plan de comercialización que garantice la colocación de los productos.
No sacamos nada con producir frambuesas, frutillas o claveles, si no hay a quien vendérselos. Si enseñamos a los agricultores a cultivar frambueses, debemos también enseñarles sobre el almacenamiento, y el Indap debería incluir estos dos aspectos en sus programas. Por un lado, la construcción de bodegas para almacenar las cosechas, y por otro, la comercialización.
Por este tipo de cosas, muchos proyectos han fracasado y, por tanto, ha aumentado el endeudamiento.
Señor Presidente , no se trata sólo de criticar las medidas, sino de fiscalizar su correcta aplicación. Por este motivo, solicito enviar un oficio al ministro de Agricultura y al director de Indap para que, en primer lugar, informe sobre los planes y programas de innovación que se han implementado en el distrito 40 y los resultados que se han obtenido.
En segundo lugar, para sugerirle incluir en sus programas futuros una política de comercialización orientada a la exportación de los productos.
Finalmente, para sugerir la instalación de bodegas que garanticen la conservación de las cosechas hasta el momento de su comercialización”.
IRREGULARIDADES EN MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES. Oficio.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , en segundo lugar, hace un año solicité un informe de la Contraloría en relación con lo que sucedía en la ilustre municipalidad de Cauquenes.
Después de mucho tiempo, recibí un informe de fecha 12 de diciembre, en el cual se recomendaba aplicar una multa de 20 por ciento de los sueldos tanto del jefe de finanzas como de la secretaria. Además, figuraban estudios que indicaban que se habrían pagado facturas a algunas personas por seis millones de pesos, sin haber obtenido jamás una propuesta. Es decir, hay una serie de cosas que todavía no se han solucionado.
En pocos días más habrá precandidatos a concejales, y como en la vida pública he actuado conforme a mis principios, sin aceptar corrupción de nadie, solicito que se haga una nueva investigación en esa municipalidad, porque en el último tiempo se ha contratado a gente con sueldos demasiado altos, con el único objetivo de manejar las campañas políticas, a pesar de que no tiene méritos ni títulos para desempeñar una función pública.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría, adjuntando el texto de su intervención. Además, la Mesa espera recibir el texto escrito de su discurso para poder complementar sus solicitudes.
RECHAZO A POLÍTICAS DE MESA DE TRABAJO AGRÍCOLA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional y con la venia del diputado señor Vega , tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Agradezco al diputado señor Vega por concederme tiempo de su Comité.
Señor Presidente, solicito que, en mi nombre, se oficie al ministro de Agricultura para protestar, a título de la representatividad que tengo sobre parte de la Décima Región de Los Lagos, por la casi nula participación de esa región en la mesa de trabajo agrícola nacional. No me parece justo que la zona donde se produce la carne y la leche del país no esté representada en dicha mesa.
Ayer, los agricultores, en especial los pequeños de la Décima Región, en visita que hicieron al Congreso Nacional, me hicieron saber en forma personal que ellos se interiorizan por cartas y por la prensa de lo que se lleva a cabo y se acuerda en la mesa de trabajo agrícola. Dicen que no tienen derecho a formular, en momento oportuno, sus ponencias o aportes, por supuesto en beneficio de Chile y de la Décima Región de Los Lagos.
Comprendo que el Ministerio de Agricultura no tenga los dineros suficientes para cubrir las necesidades del país en esa materia; pero cuando no se trata de dinero, sino de llevar a cabo, en conjunto, políticas en beneficio del agro y sin costo -lamentable-mente, hay que decirlo-, los encargados de los sectores no cumplen con el objeto para el cual fueron designados.
Por eso, mi oficio de protesta por las políticas propuestas por el señor ministro de Agricultura en la mesa de trabajo agrícola.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y, para mejor compresión, se adjuntará el texto de su intervención.
MEDIDAS PARA PALIAR CESANTÍA EN REGIÓN DE ATACAMA.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la realidad que vive hoy la Región de Atacama es muy difícil. Yo diría que ser parlamentario por una comuna como Vallenar, donde el índice de cesantía es uno de los más altos de Chile, 17,1 por ciento, es muy complejo, porque esa cifra significa que hay mucha gente sufriendo, con gran desesperanza, por no tener ninguna posibilidad de trabajo, de progreso, ni alternativa para sus hijos.
Como lo he repetido hasta el cansancio, la causa de esta realidad es la destrucción sistemática, durante diez años, de una de las principales actividades que generaban mano de obra en Atacama. Tanto es así, que de 5.100 productores que entregaban minerales a la Empresa Nacional de Minería en 1990, en la actualidad no quedan más de 200.
Como lo han querido ver algunos, ésta no es la causa de la baja del precio del cobre, porque la tonelada llegaba casi a los 100 centavos de dólar en 1996, y entre 1990 y 1996 tuvo los mejores precios de los últimos cuarenta años; sin embargo, los productores mineros se habían reducido a 400. Esto ha generado desesperanza en nuestra zona.
Por eso, hace unos días envié una carta al Presidente de la República, en la que hice varias propuestas respecto de lo que, a mi juicio, es una de las actividades principales de nuestra zona y, sin duda, la llave, la clave, el pilar para recuperar esos puestos de trabajo que necesitamos.
En primer lugar, en estas nueve propuestas que envié al Presidente de la República le señalo que debe cumplir con los compromisos que adquirió durante la campaña, en el sentido de formar un fondo de estabilización del precio del cobre para la pequeña y mediana minería.
En segundo lugar, que debe dar un tratamiento igualitario a la pequeña y mediana minería, en relación a los cargos que hace la Enami a los mineros.
En tercer lugar, que tiene que generar una suerte de incentivo, a través de la recuperación de lo que se les otorgó por tanto tiempo en la ley de Presupuestos. Se debe establecer un aporte real y no esta contribución más bien nominal, porque de los recursos que se destinan en la ley de Presupuestos al fomento de la pequeña y mediana minería, la Enami debe devolver al Ministerio de Hacienda un cheque exactamente igual por concepto de adelanto de utilidades. Se debe terminar con esa obligación de la Enami de adelantar recursos a Hacienda.
Deseo plantear dos propuestas, que también son denuncias, porque considero que ha habido una falta de diligencia de las autoridades en esta materia, al no implementar las medidas que por largo tiempo hemos propuesto y que, por lo demás, fueron las alternativas que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos en esta zona para superar los problemas de cesantía. Me refiero a los lavaderos de oro, sistema que funcionó muchas veces en nuestra zona y que permitiría un ingreso mayor, más digno, y daría trabajo a las personas que están cesantes en este momento.
Finalmente, quiero expresar dos cosas más.
No es posible que mientras existe un índice del 17,1 por ciento de cesantes en
Vallenar y una alta cesantía en Atacama, estén pendientes 86 concesiones acuícolas durante más de dos años y medio.
Señor Presidente , tampoco es posible que la Corfo sea la dueña del gran yacimiento de hierro denominado “ Boquerón Chañar ” y que no lo arriende, lo venda o lo trabaje, a pesar de que, como parlamentario, estoy pidiendo al vicepresidente de la Corfo hace más de un año y medio que haga algo con esa pertenencia para generar desarrollo.
Es indispensable “ponerse las pilas” desde ahora con la gente de Atacama, especialmente con nuestra comuna de Vallenar, que está pasando por una realidad dramática.
He dicho.
El señor ORTIZ (presidente accidental).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.42 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 2929, de fecha 10 de julio de 2000, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Carlos Montes que determina fecha de elecciones de alcaldes y concejales. (Boletín Nº 2465-06).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Vicepresidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Segundo Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el proyecto de ley que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla, II Región. (boletín Nº 2463-03-2)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S. E. el Presidente de la República , que establece un régimen de Zona Franca Industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla, II Región.
CONSTANCIAS PREVIAS
El proyecto de ley en informe no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.
-o-
La idea matriz de esta iniciativa legal es promover el desarrollo económico de la comuna de Tocopilla, mediante la creación de un régimen de zona franca industrial destinado a la producción de insumos, partes y piezas para la minería. Para cumplir este objeto se consultan una serie de franquicias aduaneras y tributarias en favor de empresas productoras de insumos, partes y piezas para la minería, que funcionen en la citada comuna.
-o-
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace mención de lo siguiente:
1. ARTÍCULOS QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.
Se encuentran en esta situación los artículos 4º, 6º y 10.
Se hace presente que a los artículos 2º y 8º se formularon indicaciones como, también, se propuso la aprobación de un artículo nuevo, como 11, las que fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión , en uso de sus atribuciones reglamentarias.
Se deja constancia de que los artículos 2º, 4º , 6º, 8º y 10 no contienen normas de quórum calificado ni orgánico constitucional.
2. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.
No existen en el proyecto de ley en informe artículos en esta situación reglamentaria.
3. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.
La Comisión, en este trámite, no suprimió artículo alguno.
4. ARTÍCULOS MODIFICADOS.
Se encuentran en esta situación los siguientes:
Artículo 1º
a) Se aprobó por asentimiento unánime con algunas modificaciones de forma, la indicación formulada por las señoras Cristi y Pollarolo y los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para intercalar en el inciso segundo, a continuación de la forma verbal “elaborar” eliminando la palabra “exclusivamente”, la expresión “o reparar bienes de capital”.
b) Se aprobó por unanimidad la indicación formulada en la Comisión por el señor Tuma , para intercalar en el inciso tercero del artículo 1º del proyecto de ley en informe, a continuación de la palabra “destinadas”, la siguiente frase: “a reparar bienes de capital o”.
Artículo 3º
c) Se aprobó por asentimiento unánime, la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para contemplar en el inciso primero, a continuación de la expresión “productivos,” lo siguiente: “bienes de capital,”.
Artículo 5º
d) Se aprobó por unanimidad, la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para agregar a continuación de la palabra “Iquique”, las palabras “y/o del régimen especial contemplado para Arica”.
Artículo 7º
e) Se aprobó por asentimiento unánime, la indicación de las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para agregar en el inciso primero, a continuación de la palabra “considerarán” lo siguiente: “para todos estos fines como”.
5. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.
No existen artículos en esta situación.
6. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS, EN ESTE TRÁMITE, POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
La Comisión de Hacienda deberá estudiar los siguientes artículos: 1º, 3º, 5º y 7º.
7. INDICACIONES RECHAZAS POR LA COMISIÓN.
Artículo 1º
De las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para agregar en el inciso tercero, suprimiendo el párrafo que se inicia con las palabras “que tengan una individualidad....” hasta el punto final, la siguiente frase “y cuyo proceso de elaboración conlleve al menos un 10% de valor agregado sobre los materiales importados de otros países.”.
Artículo Nº 7
De las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para contemplar en el inciso segundo, la siguiente frase final “según las disposiciones anteriores de este artículo”.
Artículo Nº 9
De las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para agregar a continuación de la expresión “trámite”, lo siguiente “generación de valor agregado mínimo exigido”.
Todas las indicaciones antes indicadas en el Nº 7 se rechazaron por unanimidad.
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8. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES REGLAMENTARIAS, DECLARÓ INADMISIBLES LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
Artículo 2º
De las señoras Cristi y Pollarolo y de los señores Mora, Lorenzini , Felipe Letelier , Prokurica , Ortiz , Álvarez , Jaramillo , Jocelyn-Holt y José García , para reemplazar el adverbio de negación “no” por la palabra “sí” y para reemplazar la palabra “Adicional” por la expresión “, pero con el crédito del monto del impuesto”.
Artículo 8º
De los señores Vilches , Prokurica y Mulet para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “en la II Región de Antofagasta”, la frase “y en la III Región de Atacama” y para expresar en plural las palabras “la citada Región”.
Del señor Molina para agregar en el inciso cuarto, a continuación de la expresión “en la II Región de Antofagasta”, la frase “y en la IV Región de Coquimbo” y para expresar en plural las palabras “la citada Región”.
Artículo nuevo, como 11
De los señores Jeame Barrueto, León y Mora, para agregar el siguiente artículo 11, nuevo:
“Artículo 11.- Por un plazo de 5 años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, por una sola vez, los mayores de 18 años habitantes residentes de Tocopilla y los de María Elena que trasladen en forma permanente su domicilio a dicha ciudad, podrán internar mercancías hasta por un máximo de US$ 10.000, sin el pago de los derechos de aduana y de los impuestos internos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, a la internación de estas mercaderías le serán aplicable, en lo que fuere procedente, lo dispuesto en los artículos 21, 21 bis, 22, 24 y 25 del decreto supremo Nº 341, de 1977, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de los decretos leyes Nºs 1.055 y 1.233, de 1975; 1.611, de 1976 y 1.698, de 1977. Para tal efecto, el Intendente deberá definir la lista a que se refiere el artículo 21 del citado decreto y junto con la Dirección de Aduanas llevar los registros y controles pertinentes.”.
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En consecuencia, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que aprobéis el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- A contar del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de publicación de la presente ley y por un período de veinticinco años, establécese un régimen preferencial aduanero y tributario para la comuna de Tocopilla, de la Provincia del mismo nombre, ubicada en la II Región de Antofagasta.
Gozarán de las franquicias que se establecen en la presente ley, las empresas industriales manufactureras constituidas como sociedades de cualquier tipo, que tengan por único objeto elaborar insumos, partes o piezas para la minería o reparar bienes de capital y que, con posterioridad a la publicación de la presente ley y dentro del lapso de cinco años, contados desde dicho evento, se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los deslindes administrativos de la comuna indicada en el inciso anterior, siempre que su establecimiento y actividad signifiquen la racional utilización de los recursos naturales y que aseguren la preservación del medio ambiente.
Se entenderá por empresas industriales a aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres, destinadas a reparar bienes de capital o a la obtención de insumos, partes o piezas para la minería que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas, utilizadas en su elaboración. Igualmente, dicho régimen preferencial será aplicable a las empresas que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible en las materias primas, partes o piezas utilizadas para su elaboración.
El Intendente certificará el cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos segundo y tercero dentro del plazo de treinta días, con indicación precisa de la ubicación de los terrenos donde deberán instalarse las empresas a que se refiere el inciso segundo. Si transcurrido este tiempo, el Intendente no emite el referido certificado, se entenderá aprobada la correspondiente solicitud; esta circunstancia deberá acreditarse a través de un Notario Público.
Con el mérito del certificado se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios de esta ley y, en consecuencia, las personas jurídicas acogidas a su normativa, continuarán gozando de los privilegios indicados hasta la extinción del plazo expresado en el inciso primero, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir, parcial o totalmente, sus disposiciones.
A estas mismas normas se sujetará la ampliación de las referidas empresas.
Los certificados a que se refiere el inciso quinto caducarán de pleno derecho al vencimiento de dos años, contados desde la fecha de su emisión, si dentro de dicho plazo no se hubiere concretado el inicio de sus actividades o éstas se discontinuaren por más de un año, en cualquier tiempo. Las empresas a las que se les hubiere caducado el respectivo certificado podrán solicitar su renovación, ajustándose nuevamente a las disposiciones de esta ley.
En caso de no cumplirse los requisitos exigidos por la ley para la instalación de la empresa, el Intendente informará de esta circunstancia al interesado mediante resolución fundada, quien tendrá un plazo de treinta días para resolver las impugnaciones formuladas.
Presentada nuevamente la solicitud del interesado con las correcciones exigidas, el Intendente deberá emitir el certificado correspondiente dentro del plazo y bajo el apercibimiento señalados en el inciso cuarto.
Artículo 2º.- Las empresas señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, y durante el plazo indicado en el inciso primero del mismo, estarán exentas del impuesto de Primera Categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades devengadas o percibidas en sus ejercicios comerciales, incluyendo los ejercicios parciales que desarrollen al principio o al final del período fijado en el artículo precedente. En todo caso, las empresas beneficiadas por esta franquicia estarán obligadas a llevar contabilidad con arreglo a la legislación general.
A los socios de las referidas empresas no les será aplicable lo dispuesto en la letra c) del Nº 1 de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta y, en consecuencia, los retiros que efectúen se afectarán en todo caso con el impuesto Global Complementario o Adicional, según corresponda.
Artículo 3º.- Podrán importarse, con goce de los beneficios contemplados en el artículo 4º de esta ley, por las empresas a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º, toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos, bienes de capital, materias primas, artículos a media elaboración, partes y/o piezas que se incorporen o consuman en dichos procesos.
Además, podrán importarse de igual forma, las maquinarias y equipos destinados a efectuar esos procesos o al transporte y manipulación de las mercancías de dichas empresas, fuera de carretera y dentro de sus recintos, como también los combustibles, lubricantes y repuestos necesarios para su mantenimiento.
No podrán importarse bajo el amparo de las franquicias que contempla esta ley a la comuna indicada en el artículo 1º, armas o sus partes o municiones; tampoco podrá importarse a ellas cualquier especie que atente contra la seguridad nacional, la moral, la salud, las buenas costumbres y la sanidad vegetal y animal.
Asimismo, no podrán importarse naves o embarcaciones al amparo de las franquicias contempladas en esta ley.
Artículo 4º.- La importación de las mercancías a que se refiere el artículo 3º, no estará afecta al pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por las Aduanas, incluso la tasa de despacho, como asimismo, de los impuestos contenidos en el decreto ley Nº 825, de 1974. No obstante, las mercancías deberán sujetarse al régimen general o especial que corresponda, cuando se importen al resto del país.
Artículo 5º.- Para los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en la presente ley, el territorio de la comuna de Tocopilla, se entenderá comprendido dentro de la zona de extensión de la zona franca de Iquique y/o del régimen especial contemplado para Arica y en consecuencia, las empresas a que se refiere el artículo 1º podrán importar desde dichos recintos las mercancías a que se refiere el artículo 3º de esta ley, bajo las condiciones establecidas en el título V del decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 6º.- Las ventas de las mercancías señaladas en el artículo 3º, que se efectúen desde la Zona Franca de Iquique a las empresas mencionadas en el artículo 1º, domiciliadas en el área geográfica señalada en el mismo artículo, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 11 de la ley Nº 18.211.
Artículo 7º.- Las ventas que se hagan a las empresas de que trata el artículo 1º de esta ley, de mercancías nacionales o nacionalizadas necesarias para el desarrollo de sus actividades, procesos y ampliaciones y que ingresen al territorio de la comuna indicada en el mismo artículo, se considerarán para todos estos fines como exportación exclusivamente para los efectos tributarios previstos en el decreto ley Nº 825, de 1974, pero con una devolución del crédito fiscal de hasta el porcentaje equivalente a la tasa del impuesto respectivo sobre el monto de las citadas ventas.
El ingreso de las referidas mercancías a dicho territorio, deberá verificarse y certificarse por el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo, acreditarse de acuerdo a las normas que fije dicho Servicio.
Estas mercancías nacionales o nacionalizadas podrán ser reingresadas al resto del país sujetándose, en todo caso, a las normas aduaneras que rigen para el ingreso de mercancías importadas, exceptuando aquellas que obligan al pago de derechos o impuestos aduaneros. Este reingreso devengará los impuestos establecidos en el decreto ley Nº 825, de 1974.
Articulo 8º.- Las mercancías que produzcan las empresas señaladas en el inciso segundo del artículo 1º con materias primas, partes o piezas de origen extranjero, importadas en conformidad a las normas de los artículos anteriores, podrán salir de la zona descrita en dicho artículo, para ser exportadas o internadas al resto del país bajo régimen general o especial.
En caso de importación, pagarán sólo los derechos e impuestos que las afecten, incluidos los impuestos del decreto ley Nº 825, de 1974, en cuanto a materias primas, partes o piezas de origen extranjero, y solamente los impuestos del citado decreto ley respecto de las materias primas, partes o piezas nacionales o nacionalizadas en el resto del país que formen parte del producto final a que se refiere este inciso y que fueron ingresadas a dicha zona exentas de este tributo. A las mercancías que produzcan estas empresas, sólo con materias primas, partes o piezas nacionales o nacionalizadas en el resto del país, les será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 7º.
Podrán abonarse al pago de los impuestos del decreto ley Nº 825, de 1974, que se determinen de acuerdo con los incisos precedentes, las sumas recargadas por concepto de los mismos impuestos en las ventas al resto del país de las mismas mercancías, en la forma y condiciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos.
No obstante lo anterior, la venta de insumos, partes y piezas a empresas mineras establecidas en la II Región de Antofagasta, adquiridas para ser usadas en sus procesos productivos dentro de la citada Región, sólo estará afecta al impuesto del artículo 11 de la ley Nº 18.211. La venta de las referidas mercancías deberá verificarse y certificarse por el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo, acreditarse de acuerdo a las normas que fije dicho Servicio. Las referidas mercancías no podrán ser reingresadas al resto del país sin el pago previo de los impuestos no pagados.
Artículo 9º.- El Servicio Nacional de Aduanas señalará los recintos habilitados en la zona territorial indicada en el artículo 1º para el ingreso o salida de mercancías. De igual modo, podrá determinar perímetros fronterizos de vigilancia especial. Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas podrá efectuar en forma selectiva reconocimientos, aforos y verificaciones, incluso documentales, con el objeto de verificar la veracidad de lo declarado por los interesados en relación a las gestiones, trámites y demás operaciones aduaneras que se realicen con motivo del ingreso o salida de las mercancías de la misma zona territorial.
Artículo 10.- Sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, incurrirá también en el delito de contrabando el que retire o introduzca mercancías desde o al territorio de la comuna indicada en el artículo 1º, por pasos o puertos distintos de los habilitados por el Servicio Nacional de Aduanas en conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior o en contravención a lo dispuesto en este cuerpo legal.
La contravención reiterada a las disposiciones de esta ley por parte de las empresas a que se refiere el artículo 1º, producirá la caducidad de los certificados a que hace referencia el inciso quinto de la citada disposición y generará la obligación de enterar en arcas fiscales el impuesto de Primera Categoría que hayan dejado de pagar al amparo de esta ley, considerado como fuera de plazo desde la fecha que debió pagarse, de no existir la exención, obligación de la cual serán responsables los socios y accionistas en el caso de sociedades anónimas cerradas.”.
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Se designó diputado informante al señor Waldo Mora Longa.
Sala de la Comisión, a 12 de julio de 2000.
Acordado en sesión de fecha 11 de julio de 2000, con la asistencia de los siguientes diputados: Velasco, don Sergio ( Presidente ); Mora, don Waldo (en reemplazo de Ascencio, don Gabriel) ; Encina, don Francisco ; González , doña Rosa ; Orpis, don Jaime ; Tuma, don Eugenio , y Villouta, don Edmundo.
(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión ”.
3. Segundo Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que establece un régimen de zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería, en la comuna de Tocopilla, II Región. (boletín Nº 2463-03)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a emitir este segundo informe relativo al proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
Asistió a la Comisión durante el estudio de este segundo informe el señor Alfonso Bórquez , Abogado del Ministerio de Hacienda.
Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, en este trámite, son los artículos 1º, 3º, 5º y 7º del proyecto aprobado por la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en su segundo informe. Sin perjuicio de ello, la Comisión acordó analizar la totalidad del articulado aprobado por la Comisión Técnica.
Con los antecedentes proporcionados a la Comisión en respuesta a su oficio Nº 147, de fecha 22 de junio de 2000, el señor ministro de Economía , Minería y Energía pone de relieve la importancia de la iniciativa en informe como herramienta para desarrollar encadenamientos productivos que permitan proyectar la actividad minera más allá del período de explotación de los propios yacimientos e identifica actividades sensibles a los incentivos propuestos, en base a la información que aparece en Enia. A continuación se transcriben los principales párrafos de dicho documento.
1. Importancia Estratégica
A pesar de la enorme importancia de la minería cuprífera en la economía regional, no se observa el desarrollo de verdaderos encadenamientos productivos en torno a esta actividad. Se observa un importante desarrollo de la industria de productos químicos industriales y en menor medida de la industria metalmecánica, pero se está lejos de conformar un verdadero “cluster minero”.
El proyecto Zona Franca Industrial proveedora de insumos, partes y piezas para el sector minero, cobra sentido económico en este escenario, ya que a través de los incentivos inherentes a este régimen arancelario y tributario especial, se puede desarrollar y consolidar encadenamientos productivos con potencialidades de desarrollo, que eventualmente permitirían proyectar la actividad minera más allá del período de explotación de los propios yacimientos.
2. Importancia socioeconómica.
La actividad económica de la provincia depende de la pequeña y mediana minería del cobre y de la actividad pesquera tanto industrial como artesanal. Ambos sectores atraviesan por serias dificultades. El primero presenta problemas estructurales, que ameritan la formulación de planes de reconversión, mientras que el segundo depende de condiciones exógenas que lo hacen altamente inestable (p.e. corriente de “El Niño”, vedas, migraciones del recurso, etc.).
Lo anterior configura un escenario de desocupación, baja productividad y escasa actividad económica. En efecto, según Casen 98 la comuna de Tocopilla se sitúa entre las siete más pobres del país, exhibiendo niveles de pobreza e indigencia que exceden largamente el promedio nacional. Por otro lado, estimaciones del INE regional y de la municipalidad de Tocopilla, coinciden en que la tasa de desocupación de la comuna supera el 20%.
El proyecto Zona Franca Industrial proveedora de insumos, partes y piezas para el sector minero, busca una vía a través de la cual los habitantes de Tocopilla puedan incrementar su calidad de vida.
3. Importancia para el logro de un Desarrollo Territorial Equilibrado.
Una de las principales tareas del Gobierno es avanzar hacia un “crecimiento territorial equilibrado”, es decir lograr que todos los chilenos, independientemente de su lugar de residencia, tengan acceso a los frutos del crecimiento económico del país.
Dicho objetivo será logrado sólo en la medida en que las regiones, provincias o comunas más rezagadas del país puedan equiparar sus posibilidades de desarrollo con aquellas más aventajadas.
El proyecto apunta en la dirección señalada, ya que concentra esfuerzos e incentivos en favor de una de las comunas más pobres del país.
4. Potencial Impacto sobre el Empleo y la Producción.
Como se trata sólo de incentivos, cuyo objetivo es hacer más atractiva la inversión en las zonas beneficiadas, no es posible determinar exactamente el impacto sobre la inversión o la generación de empleo, y menos confeccionar una lista de nuevos inversionistas. Sólo es posible aproximarse a una demanda potencial por el uso de los incentivos.
Como el beneficio se orienta a empresas proveedoras de insumos, partes y piezas para la minería, el universo de potenciales interesados se reduce a aquellas empresas que se desenvuelven principalmente en las industrias metalmecánica y de fabricación de productos químicos industriales.
Respecto a las actividades identificadas como más sensibles a los nuevos incentivos, de la Enia se desprende la siguiente información:
a) Empresas que fabrican sustancias químicas para uso industrial (código 351, de acuerdo a la C.I.U.U.).
En los registros de la Enia figuran 100 establecimientos industriales bajo esta clasificación, la mayor parte de ellos (48) se concentran en la Región Metropolitana generando 2.099 empleos. Le siguen en importancia las regiones de Antofagasta y Bío-Bío con 14 establecimientos cada una, pero con una marcada diferencia en generación y productividad en favor de la región del norte. En efecto, las empresas antofagastinas generan casi dos veces más empleo que las del Bío-Bío, y exhiben un valor bruto de producción superior incluso al de la Región Metropolitana.
Estos guarismos dan cuenta de una mayor escala de producción de las empresas antofagastinas y de una significativa concentración de la actividad en dicha región (en términos del volumen de producción), la que sin duda está ligada al desarrollo de la industria minera.
Lo anterior refuerza la tesis del encadenamiento productivo. En efecto, sin incentivos especiales la región ha concentrado parte importante de la producción de químicos para uso industrial. Con los incentivos para Tocopilla el atractivo será aún mayor, ante lo cual se espera que las empresas, tanto desde otras áreas de la región como desde fuera de ésta, respondan relocalizándose en la comuna de Tocopilla. En particular, las empresas ubicadas en la RM, las cuales por razones medioambientales son permanentemente incentivadas a reubicarse en otras zonas del país.
b) Empresas del Rubro Metalmecánica (códigos 381 y 382, de acuerdo a la C.I.U.U.).
Según la Enia en el país existen poco más de 1.000 empresas de este tipo. Al igual que en el caso anterior, la mayor parte de ellas se ubica en el Región Metropolitana (720), seguida por las regiones del Bío-Bío (85), Antofagasta (50) y Valparaíso (46).
El desarrollo del sector en la región de Antofagasta es notable, ubicándose entre las dos regiones más grandes del país, después de la RM. Nuevamente se aprecia la influencia del sector minero, el cual ha desarrollado en torno a él incipientes encadenamientos productivos que podrían verse estimulados con la iniciativa del Ejecutivo.
c) Demanda Potencial de la Zona Franca.
Las empresas mineras de la región consumen anualmente, entre insumos, materias primas, partes y piezas de maquinarias, el equivalente a 1.500 millones de dólares, de los cuales sólo un 30% corresponde a productos fabricados en el país.
Si se considera además la demanda de las empresas mineras de los países vecinos, Bolivia, Perú y Argentina, se configura entonces un mercado con una demanda potencial anual que supera los 2.500 millones de dólares.
Por lo tanto, existiría un vasto mercado que puede ser atendido por las empresas que se instalen en esta Zona Franca Industrial proveedora de insumos, partes y piezas para el sector minero.
Respecto de la información anterior el diputado Palma, don Andrés , lamentó la ausencia de funcionarios del Ministerio de Economía que pudieran dar respuesta a varias inquietudes relacionadas con la efectividad del proyecto.
El diputado Mora, don Waldo , hizo hincapié en que el sector privado expresó su opinión favorable al proyecto en la Comisión Técnica y que las indicaciones que se incorporaron a la iniciativa en el segundo informe recogen algunas observaciones que se le formularon en esa instancia.
El señor Alfonso Bórquez opinó que las indicaciones no cuentan con opinión favorable del Ministerio de Hacienda ya que, en general, desvirtúan los objetivos originales del proyecto, considerando además que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Sobre este particular, la Comisión acordó hacer presente la conveniencia de que el Presidente de la Corporación emita un pronunciamiento sobre la admisibilidad de las indicaciones acogidas por la Comisión Técnica.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto, se establece un régimen preferencial aduanero y tributario para la comuna de Tocopilla, ubicada en la II Región de Antofagasta, a contar del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de publicación del proyecto y por un período de 25 años.
En el inciso segundo, se dispone que gozarán de las franquicias que contempla el proyecto, las empresas industriales manufactureras constituidas como sociedades de cualquier tipo, que tengan por único objeto elaborar exclusivamente insumos, partes o piezas para la minería y que, dentro del lapso de 5 años, se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los deslindes administrativos de la comuna indicada en el inciso anterior, siempre que su establecimiento y actividad signifiquen la racional utilización de los recursos naturales y que aseguren la preservación del medio ambiente.
En el inciso tercero, se precisa qué se entiende por empresas industriales. Se señala, asimismo, que dicho régimen preferencial será aplicable a las empresas que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible en las materias primas, partes o piezas utilizadas para su elaboración.
En el inciso cuarto, se señala que el Intendente certificará el cumplimiento de los requisitos mencionados en los incisos segundo y tercero dentro del plazo de treinta días, con indicación precisa de la ubicación de los terrenos donde deberán instalarse las empresas. Si transcurrido este tiempo, el Intendente no emite el referido certificado, se entenderá aprobada la correspondiente solicitud; circunstancia que deberá acreditarse ante un Notario.
En el inciso quinto, se establece que con el mérito del certificado se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios del proyecto y, en consecuencia, las personas jurídicas acogidas a su normativa, continuarán gozando de los privilegios indicados hasta la extinción del plazo expresado en el inciso primero, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir, parcial o totalmente, sus disposiciones.
En el inciso sexto, se dispone que se sujetará la ampliación de las referidas empresas a estas mismas normas.
En el inciso séptimo, se preceptúa que los certificados a que se refiere el inciso quinto caducarán de pleno derecho al vencimiento del plazo de dos años, contados desde la fecha de su emisión, si dentro de dicho término no se hubiere concretado el inicio de sus actividades o éstas se discontinuaren por más de un año, en cualquier tiempo. Las empresas a las que se les hubiere caducado el respectivo certificado podrán solicitar su renovación, ajustándose nuevamente a las disposiciones del proyecto.
En el inciso octavo, se prevé que en caso de no cumplirse los requisitos exigidos para la instalación de la empresa, el Intendente informará de esta circunstancia al interesado mediante resolución fundada, quien tendrá un plazo de treinta días para resolver las impugnaciones formuladas.
En el inciso noveno, se señala que presentada nuevamente la solicitud del interesado con las correcciones exigidas, el Intendente deberá emitir el certificado correspondiente dentro del plazo y bajo el apercibimiento señalados en el inciso cuarto.
La Comisión Técnica incorpora en su segundo informe al objeto de las empresas industriales manufactureras que gozarán de las franquicias que contempla el proyecto la de elaborar “o reparar bienes de capital”, eliminando la palabra “exclusivamente”, quedando redactado el inciso en los siguientes términos:
“Gozarán de las franquicias que se establecen en la presente ley, las empresas industriales manufactureras constituidas como sociedades de cualquier tipo, que tengan por único objeto elaborar insumos, partes o piezas para la minería o reparar bienes de capital y que, con posterioridad a la publicación de la presente ley y dentro del lapso de cinco años, contados desde dicho evento, se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los deslindes administrativos de la comuna indicada en el inciso anterior, siempre que su establecimiento y actividad signifiquen la racional utilización de los recursos naturales y que aseguren la preservación del medio ambiente.”.
El diputado Palma, don Andrés , formuló una indicación para eliminar en el inciso segundo la frase “o reparar bienes de capital” y agregar la palabra “exclusivamente” entre las expresiones “elaborar” e “insumos”, la que fue rechazada por 2 votos a favor, 6 votos en contra y 4 abstenciones.
El diputado Silva, don Exequiel , formuló una indicación para eliminar en el inciso segundo, la oración siguiente: “ siempre que su establecimiento y actividad signifiquen la racional utilización de los recursos naturales y que aseguren la preservación del medio ambiente.”, reemplazando la coma (,) que la antecede por un punto (.), la cual fue aprobada por 10 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.
La Comisión Técnica incorpora en el inciso tercero entre los objetivos de las empresas industriales la de “reparar bienes de capital”, quedando el inciso redactado de la siguiente manera:
“Se entenderá por empresas industriales a aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres, destinadas a reparar bienes de capital o a la obtención de insumos, partes o piezas para la minería que tengan una individualidad diferente de las materias primas, partes o piezas, utilizadas en su elaboración. Igualmente, dicho régimen preferencial será aplicable a las empresas que en su proceso productivo provoquen una transformación irreversible en las materias primas, partes o piezas utilizadas para su elaboración.”.
El diputado Palma, don Andrés , formuló una indicación para eliminar en el inciso tercero la frase “a reparar bienes de capital o”, la que fue rechazada por 2 votos a favor, 6 votos en contra y 4 abstenciones.
Puesto en votación el artículo 1º propuesto por la Comisión Técnica en su segundo informe con la indicación antes aprobada fue aprobado por 11 votos a favor y una abstención.
En el artículo 2º, se establece que las empresas mencionadas en el inciso segundo del artículo anterior, y durante el plazo indicado en el inciso primero del mismo, estarán exentas del impuesto de Primera Categoría de la ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades devengadas o percibidas en sus ejercicios comerciales, incluyendo los ejercicios parciales que desarrollen al principio o al final del período fijado en el artículo precedente. En todo caso, las empresas beneficiadas por esta franquicia estarán obligadas a llevar contabilidad con arreglo a la legislación general.
En el inciso segundo, se señala que a los socios de las referidas empresas no les será aplicable lo dispuesto en la letra c) del Nº 1 de la letra A) del artículo 14 de la ley sobre Impuesto a la Renta y, en consecuencia, los retiros que efectúen se afectarán en todo caso con el impuesto Global Complementario o Adicional, según corresponda.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por 11 votos a favor y un voto en contra.
Por el artículo 3º, se permite importar a las empresas a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º, con goce de los beneficios contemplados en el artículo 4º, toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos, materias primas, artículos a media elaboración, partes y, o piezas que se incorporen o consuman en dichos procesos.
Conforme al inciso segundo, se podrán importar, de igual forma, las maquinarias y equipos destinados a efectuar esos procesos, o al transporte y manipulación de las mercancías de dichas empresas, fuera de carretera y dentro de sus recintos, como también los combustibles, lubricantes y repuestos necesarios para su mantenimiento.
Por el inciso tercero, se prohíbe importar bajo el amparo de las franquicias que contempla el proyecto a la comuna indicada en el artículo primero, armas o sus partes o municiones; o cualquier especie que atente contra la seguridad nacional, la moral, la salud, las buenas costumbres y la sanidad vegetal y animal.
En el inciso cuarto, se prohíbe también importar naves o embarcaciones al amparo de las franquicias señaladas.
La Comisión Técnica en su segundo informe incorpora en el inciso primero “bienes de capital,” al listado de mercancías que las empresas referidas en el inciso segundo del artículo 1º podrán importar con goce de los beneficios contemplados en el artículo 4º, quedando redactado el inciso primero en los términos siguientes:
“Artículo 3º.- Podrán importarse, con goce de los beneficios contemplados en el artículo 4º de esta ley, por las empresas a que se refiere el inciso segundo del artículo 1º, toda clase de mercancías extranjeras necesarias para sus procesos productivos, bienes de capital, materias primas, artículos a media elaboración, partes y/o piezas que se incorporen o consuman en dichos procesos.”.
El diputado Palma, don Andrés , formuló una indicación para eliminar en el inciso primero las expresiones “bienes de capital” entre las palabras “productivos” y “materias primas”, la que fue rechazada por 2 votos a favor, 6 votos en contra y una abstención.
El diputado Exequiel Silva formuló una indicación para suprimir el inciso tercero, la que fue aprobada por 7 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones.
Puesto en votación el artículo propuesto por la Comisión Técnica en su segundo informe fue aprobado por 10 votos a favor y una abstención con la modificación consignada en el párrafo precedente.
En el artículo 4º, se dispone que la importación de las mercancías a que se refiere el artículo 3º, no estará afecta al pago de derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que se cobren por las Aduanas, incluso la tasa de despacho, como asimismo, de los impuestos contenidos en el decreto ley Nº 825, de 1974. No obstante, las mercancías deberán sujetarse al régimen general o especial que corresponda, cuando se importen al resto del país.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por 10 votos a favor y una abstención.
En el artículo 5º, se señala que para los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en el proyecto, el territorio de la comuna de Tocopilla, se entenderá comprendido dentro de la zona de extensión de la zona franca de Iquique y, en consecuencia, las empresas a que se refiere el artículo 1º podrán importar desde dicho recinto las mercancías a que se refiere el artículo 3º, bajo las condiciones establecidas en el título V del D.F.L. Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda.
La Comisión Técnica incorpora en el inciso primero una referencia al “régimen especial contemplado para Arica” que junto a la zona de extensión de la zona franca de Iquique deberá entenderse comprendido en ellos el territorio de la comuna de Tocopilla, para efectos de que las empresas beneficiarias puedan importar desde dichos recintos las mercancías a que se refiere el artículo 3º, bajo las condiciones establecidas en el título V del decreto con fuerza de ley Nº 341, de 1977, del Ministerio de Hacienda.
El diputado Palma, don Andrés , formuló una indicación para suprimir la frase “y/o del régimen especial contemplado para Arica”, la que fue aprobada por 6 votos a favor y 4 votos en contra.
Puesto en votación este artículo con la modificación precedente fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 6º, se preceptúa que las ventas de las mercancías señaladas en el artículo 3º, que se efectúen desde la Zona Franca de Iquique a las empresas mencionadas en el artículo 1º, domiciliadas en el área geográfica señalada en el mismo artículo, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 11 de la ley Nº 18.211.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 7º, se establece que las ventas que se hagan a las empresas de que trata el artículo 1º de esta ley, de mercancías nacionales o nacionalizadas necesarias para el desarrollo de sus actividades, procesos y ampliaciones, y que ingresen al territorio de la comuna indicada en el mismo artículo, se considerarán exportación exclusivamente para los efectos tributarios previstos en el decreto ley Nº 825, de 1974, pero con una devolución del crédito fiscal de hasta el porcentaje equivalente a la tasa del impuesto respectivo sobre el monto de las citadas ventas.
En el inciso segundo, se contempla que el ingreso de las referidas mercancías a dicho territorio, deberá verificarse y certificarse por el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo, acreditarse de acuerdo a las normas que fije dicho Servicio.
En el inciso tercero, se dispone que estas mercancías nacionales o nacionalizadas podrán ser reingresadas al resto del país, sujetándose, en todo caso, a las normas aduaneras que rigen para el ingreso de mercancías importadas, exceptuando aquellas que obligan al pago de derechos o impuestos aduaneros. Este reingreso devengará los impuestos establecidos en el decreto ley Nº 825, de 1974.
La Comisión Técnica agrega en su segundo informe en el inciso primero de este artículo entre las palabras “considerarán” y “exportación” la frase “para todos estos fines”, manteniendo el resto del inciso en iguales términos.
Puesto en votación este artículo en conformidad al segundo informe de la Comisión Técnica fue aprobado por 8 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.
En el artículo 8º, se estatuye que las mercancías que produzcan las empresas señaladas en el inciso segundo del artículo 1º con materias primas, partes o piezas de origen extranjero, importadas en conformidad a las normas de los artículos anteriores, podrán salir de la zona mencionada en dicho artículo, para ser exportadas o internadas al resto del país bajo régimen general o especial.
Por el inciso segundo, se establece que en caso de importación, pagarán sólo los derechos e impuestos que las afecten, incluidos los impuestos del decreto ley Nº 825, de 1974, en cuanto a materias primas, partes o piezas de origen extranjero, y solamente los impuestos del citado decreto ley respecto de las materias primas, partes o piezas nacionales o nacionalizadas en el resto del país que formen parte del producto final a que se refiere este inciso y que fueron ingresadas a dicha zona exentas de este tributo. A las mercancías que produzcan estas empresas, sólo con materias primas, partes o piezas nacionales o nacionalizadas en el resto del país, les será aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 7º.
En el inciso tercero, se dispone que podrán abonarse al pago de los impuestos del decreto ley Nº 825, de 1974, que se determinen de acuerdo con los incisos precedentes, las sumas recargadas por concepto de los mismos impuestos en las ventas al resto del país de las mismas mercancías, en la forma y condiciones que establezca el Servicio de Impuestos Internos.
En el inciso cuarto, se previene que no obstante lo anterior, la venta de insumos, partes y piezas a empresas mineras establecidas en la Segunda Región de Antofagasta, adquiridas para ser usadas en sus procesos productivos dentro de la citada Región, sólo estará afecta al impuesto del artículo 11 de la ley Nº 18.211. La venta de las referidas mercancías deberá verificarse y certificarse por el Servicio Nacional de Aduanas, en la forma y condiciones que determine el Servicio de Impuestos Internos, como asimismo, acreditarse de acuerdo a las normas que fije dicho Servicio. Las referidas mercancías no podrán ser reingresadas al resto del país sin el pago previo de los impuestos no pagados.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra.
En el artículo 9º, se establece que el Servicio Nacional de Aduanas señalará los recintos habilitados en la zona territorial indicada en el artículo 1º para el ingreso o salida de mercancías. De igual modo, podrá determinar perímetros fronterizos de vigilancia especial. Asimismo, el Servicio Nacional de Aduanas podrá efectuar en forma selectiva reconocimientos, aforos y verificaciones, incluso documentales, con el objeto de verificar la veracidad de lo declarado por los interesados en relación a las gestiones, trámites y demás operaciones aduaneras que se realicen con motivo del ingreso o salida de las mercancías de la misma zona territorial.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 10, se señala que sin perjuicio de los casos previstos en el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas, incurrirá también en el delito de contrabando el que retire o introduzca mercancías desde o al territorio de la comuna indicada en el artículo 1º, por pasos o puertos distintos de los habilitados por el Servicio Nacional de Aduanas en conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior o en contravención a lo dispuesto en este cuerpo legal.
En el inciso segundo, se preceptúa que la contravención reiterada a las disposiciones de esta ley por parte de las empresas a que se refiere el artículo 1º, producirá la caducidad de los contratos a que hace referencia el inciso quinto de la citada disposición y generará la obligación de enterar en arcas fiscales el impuesto de primera categoría que hayan dejado de pagar al amparo de esta ley, considerado como fuera de plazo desde la fecha que debió pagarse, de no existir la exención, obligación de la cual serán responsables los socios y accionistas en el caso de sociedades anónimas cerradas.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
CONSTANCIAS
Indicaciones rechazadas
-Del diputado Palma, don Andrés , al inciso segundo y tercero del artículo 1º.
-Del mismo señor diputado al inciso primero del artículo 3º.
Sala de la Comisión, a 18 de julio de 2000.
Acordado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los diputados señores Ortiz, don José Miguel ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Galilea, don Pablo ; García, don José ; Jaramillo, don Enrique ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Lorenzini, don Pablo (Mora, don Waldo) ; Montes, don Carlos ; Palma, don Andrés ; Prochelle, señora Marina ; Silva, don Exequiel (Mora, don Waldo) ; y Vilches, don Carlos.
Se designó diputado informante al señor Galilea, don Pablo.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Olivares , Arratia , Patricio Cornejo , Melero , Mulet , Navarro , Ojeda , Osvaldo Palma , Urrutia y Velasco.
Modifica el artículo 41 de la ley Nº 19.284, referida a beneficios para discapacitados. (boletín Nº 2553-11)
“Honorable Cámara:
La ley Nº 19.284, que establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad, otorgó en su Capítulo IV diversas exenciones arancelarias tanto para la importación de vehículos como para la internación de ayudas técnicas para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr la recuperación o rehabilitación de los discapacitados, definiéndolas en su artículo 4º.
Por un vacío legislativo, el artículo 41 de dicha ley dispone que sólo podrán impetrar el beneficio del reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros que se paguen por la importación de ayudas técnicas las personas con discapacidad para su uso propio y las personas jurídicas sin fines de lucro que, de conformidad con sus objetivos legales, actúen en el ámbito de la discapacidad e importen elementos necesarios para el cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de personas con discapacidad que ellas atienden.
Esta última expresión “que ellas atienden” ha restringido de manera considerable la posibilidad de que personas discapacitadas, que no reciben atención de parte de estas Corporaciones, puedan acceder a los beneficios de la ley por las dificultades propias que implican los trámites de importación o de reintegro de gravámenes aduaneros, tratándose de las ayudas técnicas que son tan necesarias para aliviar en parte sus limitaciones.
No se explica tal limitación en el sentido de que, esas mismas Corporaciones sin fines de lucro, beneficiadas de esta ley, puedan proporcionar a personas discapacitadas que no atienden directamente las ayudas técnicas que ellas necesiten, facilitando de este modo su adquisición a la gran mayoría de personas discapacitadas que no se atienden regularmente en esas instituciones.
Por lo anterior, vengo en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Suprímese la expresión final del inciso primero del artículo 41 de la ley Nº 19.284 “que ellas atienden”, sustituyendo la coma (,) que la antecede por un punto final (.)”.