Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
FÁCIL DESPACHO
- SESIÓN SECRETA
- DEBATE
- VI.
ORDEN DEL DÍA
-
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Eduardo Frei Ruiz-tagle
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Roberto Munoz Barra
- INTERVENCIÓN : Hernan Larrain Fernandez
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Francisco Prat Alemparte
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- DEBATE
- FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PROYECTO DE ACUERDO
-
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
- VII.
INCIDENTES
- PETICIONES DE OFICIOS
- PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Fernandez Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Carmen Frei Ruiz Tagle
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Hernan Larrain Fernandez
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- PETICIÓN DE OFICIO : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- DEBATE
-
CENTÉSIMO TERCERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
- INTERVENCIÓN : Sergio Paez Verdugo
- DEBATE
-
MEDIDAS ALTERNATIVAS A ELIMINACIÓN DE PERROS VAGOS EN COYHAIQUE. OFICIOS
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Antonio Horvath Kiss
- DEBATE
-
TOMA DE LICEO MANUEL JESÚS ANDRADE, DE CHONCHI. OFICIO
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Rodolfo Stange Oelckers
- RECHAZO A USO DE TÉRMINO "DICTADURA" EN REFERENCIAS A PERÍODO 1973-1990. 0FICIO
-
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON RECAREDO OSSA UNDURRAGA
- HOMENAJE : Sergio Romero Pizarro
-
AUTONOMÍA DE PODERES DEL ESTADO Y PAZ SOCIAL
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- PETICIONES DE OFICIOS
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 2ª, en miércoles 7 de junio de 2000
Ordinaria
(De 16:21 a 19:21)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE,
Y ROBERTO MUÑOZ BARRA, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE
____________________
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. FÁCIL DESPACHO:
Sesión secreta:
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía, boletines: (S 464-04, S 457-04, S 476-04, S 478-04, S 352-04, S 483-04, S 482-04, S 408-04, S 475-04, S 447-04, S 409-04 y S 473-04)
VI. ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (1035-07) (se aprueba su informe)
Funcionamiento de mecanismos de fiscalización de sistema de educación superior. Proyecto de acuerdo (se aprueba)
VII. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)
Centésimo Tercera Conferencia Interparlamentaria Mundial (observaciones del señor Páez)
Medidas alternativas a eliminación de perros vagos en Coyhaique. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Toma de Liceo Manuel Jesús Andrade, de Chonchi. Oficio (observaciones del señor Stange)
Rechazo a uso de término "dictadura" en referencias a período 1973-1990. Oficio (observaciones del señor Stange)
Homenaje en memoria de don Recaredo Ossa Undurraga (intervención del señor Romero)
Autonomía de Poderes del Estado y paz social (observaciones del señor Vega)
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior y Secretaria General de Gobierno subrogante.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 21 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se da por aprobada el acta de la sesión 32ª, ordinaria, en 2 de mayo del presente año, que no ha sido observada.
El acta de la sesión 33ª, ordinaria, en 3 de mayo del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios
De la Cámara de Diputados, con el que informa que ha aprobado la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes de acceder y permanecer en los establecimientos de educación. (Boletín Nº 1.251-18).
--Pasa a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Dos del señor Ministro de Justicia :
Con el primero, contesta un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Matthei, relativo al manejo patrimonial de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Con el segundo, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, referido a las dificultades que enfrentan los habitantes de la provincia Antártica Chilena para acceder a la administración de justicia.
Del señor Contralor General de la República , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, en lo referente al deslinde del río Mapocho.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la explotación del bosque nativo en la Undécima Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Declaración de Inadmisibilidad
Moción del Senador señor Ruiz de Giorgio, con la que inicia un proyecto de ley para promover el uso del gas natural en los vehículos.
--Se declara inadmisible, por contener materias que son de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor RUIZ (don José).-
¿Me permite la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede usar de ella, Su Señoría.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , pido oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República , a fin de solicitarle el patrocinio del proyecto recientemente declarado inadmisible por la Sala.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviaría el oficio solicitado, en nombre del Senado.
Acordado.
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En la sesión de ayer, la Sala rechazó el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para introducir el estudio de la Ley de Tránsito en los programas de educación, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Como la iniciativa había sido aprobada por la Cámara de Diputados, debe formarse una Comisión Mixta para resolver las discrepancias surgidas entre ambas ramas legislativas. Por ello, propongo a la Sala designar a los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado para que integren aquel organismo.
Acordado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
V. FÁCIL DESPACHO
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:24, y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de las señoras Jessica del Carmen Gutiérrez Aravena y Cristina del Rosario Pérez Rivas, y de los señores Raúl Humberto Díaz Villanueva, Pedro Fuentes Jerez, Oscar Eugenio Leal Ibáñez, José Erwin Miranda Hauiquín, Francklin Diego Moreno Abdo, Iván Alejandro Ocampo Anabalón, Washington Eduardo Opazo Vera, Jorge Zacarías Segundo Provoste Yaitul, Jaime Humberto Sánchez Galdames y Luis Gerardo Schmidt Muñoz.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:23.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la sesión pública.
VI. ORDEN DEL DÍA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INFORMACIÓN Y EJERCICIO DEL PERIODISMO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1035-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 3 de octubre de 1995.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 19ª, en 4 de enero de 2000.
Informes de Comisión:
Constitución, sesión 42ª, en 16 de abril de 1997.
Constitución (segundo), sesión 2ª, en 1 de octubre de 1997.
Mixta, sesión 2ª, en 7 de junio de 2000.
Discusión:
Sesiones 45ª, en 6 de mayo de 1997 (se aprueba en general); 8ª.y 9ª, en 22 de octubre y 4 de noviembre de 1997, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª en 7, 8 , 14, 15 y 21 de abril de 1998, respectivamente (queda pendiente la discusión particular); 10ª, en 22 de abril de 1998 (se despacha en particular).
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
La controversia entre ambas Cámaras se originó en el rechazo por parte de la Cámara de Diputados de algunas de las enmiendas que el Senado introdujo al texto durante el transcurso del segundo trámite constitucional.
El informe, en sus páginas 59 y siguientes, formula las proposiciones destinadas a resolver las diferencias entre ambas Corporaciones. La Secretaría ha elaborado un boletín comparado, dividido en cuatro columnas. En la primera figura el texto aprobado por la Cámara de Diputados; en la segunda, las enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite; en la tercera, las modificaciones del Senado rechazadas por la otra Cámara, y en la cuarta, la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que la Cámara de Diputados rechazó en su totalidad el informe de la Comisión Mixta; y que el artículo 47 (hoy 38) de esa Cámara debe ser aprobado con el voto conforme de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, 27 votos. Además, los artículos 28, 64 y 68 (hoy 30, 43 y 48, respectivamente) requieren para su aprobación el voto favorable de la mayoría de los señores Senadores en ejercicio, es decir, 24 votos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el Honorable señor Eduardo Frei.
El señor FREI (don Eduardo).-
Señor Presidente , al proceder a votar hoy el proyecto sobre libertad de información, deseo reiterar lo que en diversas ocasiones sostuve en mi Gobierno.
El derecho de los ciudadanos a estar informados es un pilar de la democracia, y la libertad de información, su basamento. En cambio, no existe a lo largo de la historia régimen autoritario o totalitario que haya respetado el estatuto de la libre difusión y recepción de noticias e ideas, ni hay democracia alguna donde él no esté consagrado en la Constitución, se encuentre protegido por la ley y sea vivido cotidianamente por la comunidad.
La libre comunicación incluye el derecho a acceder a las fuentes; a difundir la información que emana de las personas, los sucesos y la sociedad y, también, a recibir esa información de manera no distorsionada y en un contexto de amplio pluralismo.
Libre comunicación significa por tanto que la comunidad está en condiciones de tomar conocimiento de sus problemas, de deliberar sobre ellos y de expresarse como opinión pública. Es la garantía de elecciones informadas, del control democrático sobre los Poderes del Estado y la sociedad, y el medio para participar en la formación de las políticas que inciden en la vida cotidiana de las personas.
Requisitos para la libre información son la diversidad de fuentes, una multiplicidad de medios que compiten entre sí, la seriedad y ausencia de sesgos en la información transmitida y el compromiso ético de todos quienes participan en estos procesos de resguardar los valores de una comunicación independiente.
Digo con todo esto algo que hoy es aceptado universalmente: que la información representa un bien público y que, por lo mismo, no puede quedar sujeta únicamente a los intereses corporativos. La sociedad moderna reclama de los medios de comunicación una obligación de responsabilidad social. Sólo si informan sobre lo que sucede de una manera exacta y completa, sin dejar afuera ninguna opinión o punto de vista relevante, cumplen con su mandato ético irrenunciable.
Los sucesivos Gobiernos de la Concertación respaldaron con acciones sus ideales en este ámbito. Desde 1990 en adelante el contexto cultural, institucional y legislativo en que se desenvuelven los medios de comunicación fue mejorando ostensiblemente. Los periodistas cesaron de ser perseguidos; la prensa disfruta de un amplio régimen de libertades; el debate y el libre juego de opiniones son respetados en todos los niveles. Ya no hay una sola voz que apague las demás -una voz oficial- y las autoridades están sujetas a escrutinio público, igual como deben estar sometidos a él los demás poderes, de cualquier tipo, que existen en la sociedad.
Inmediatamente de recuperada la democracia, se procedió a derogar las normas que restringían gravemente la libertad de información. Asimismo se libró a la televisión pública de la tutela gubernamental y se creó el Consejo Nacional de Televisión, organismo autónomo que vela por el correcto funcionamiento de este medio.
Oportunamente, además, el Gobierno del Presidente Aylwin propuso una completa revisión y modificación de la ley que regula la libertad de información y, posteriormente, nosotros pusimos todo nuestro empeño en perfeccionar dicho proyecto y en dotarlo de la más amplia base posible de consenso. Han sido muchos años de trabajo paciente, comprometido y abierto a todas las posiciones y visiones.
Por lo mismo, resulta incomprensible que, al final de su tramitación, este proyecto haya experimentado un lamentable traspié. Pues, sin ser tal vez el instrumento perfecto al que algunos aspiran, o representar en su totalidad los ideales de cada sector, sin embargo se trata de un cuerpo legal que mejora con mucho la actual legislación.
En efecto, no se trata una ley sobre "abusos de publicidad" como hasta ahora se halla enfocada nuestra legislación, sino de disposiciones legales destinadas a reforzar, ampliar y dar vitalidad al derecho de los ciudadanos a estar informados y a la libertad de información. Por primera vez se incluyó una normativa que reconoce el papel de los profesionales periodistas en las labores de comunicación. Además, se consagró el valor central del pluralismo y se creó -durante la tramitación del proyecto en este Honorable Senado- un dispositivo eficaz para verificar la manera como él se expresa en el sistema informativo nacional. Asimismo, el proyecto otorga una mayor transparencia a este sistema; amplía el acceso a las fuentes; termina con la prohibición de informar sobre juicios pendientes; protege la privacidad de las personas; regula el derecho a la aclaración o rectificación en favor de quienes hayan sido ofendidos o injustamente aludidos por un medio y, en general, contiene una visión ampliamente favorable a la libertad de comunicación.
En adición a todo lo anterior, apoyamos en su momento la idea de eliminar de la Constitución el delito de difamación, que representa una clara amenaza para la libre expresión, y la censura previa que hasta hoy subsiste en el caso del cine. Como señalé en una oportunidad ante el Congreso Pleno, "No podemos ser libres a medias; sí en el mercado; no en la cultura".
También sostuve en varias ocasiones: "Nada hay más dañino que el miedo a la libertad. En una sociedad democrática la libertad tiene que expresarse creativamente y cada cual debe asumir seriamente sus responsabilidades. Esto vale especialmente en los ámbitos de comunicación social.".
Pensaba entonces y reitero hoy que debe existir libertad para investigar y criticar, pero, al mismo tiempo, respeto y responsabilidad con las personas y las instituciones. Debe existir libertad para informar sobre cualquier hecho relevante, pero igualmente responsabilidad, de manera de no crear climas artificiales de opinión que distorsionen o debiliten nuestra convivencia. Debe respetarse la libertad de programación y edición de los medios; pero éstos deben usarla con sentido de bien común y al servicio de todos, sin exclusiones arbitrarias.
Las sociedades, igual que las personas, crecen en el tiempo y necesitan aprender a usar sus libertades y a hacerse responsables de su destino. Nosotros somos una nación que ha crecido en democracia y que asume con responsabilidad su futuro. Por eso hemos progresado durante estos años. Hemos aprendido a vivir en medio de nuestras diferencias, a cultivar el pluralismo y la tolerancia y, gradualmente, hemos ido dejando atrás también las concepciones paternalistas y autoritarias, donde todo se espera desde lo alto, es decir, de la autoridad y del Estado.
También los medios de comunicación necesitan evolucionar hacia esos mismos objetivos y asumir con mayor fuerza sus responsabilidades públicas. La calidad de nuestra vida democrática depende en buena medida de ellos. Cuando no facilitan el debate político, o lo representan de manera parcial, o se sustraen a la crítica, ellos retrasan la formación democrática de la ciudadanía y de la opinión pública. Cuando extreman una visión negativa de la sociedad, de inmediato se crea así la imagen de que las empresas informativas manipulan a la gente y resurge una añoranza por la propaganda oficial. Cuando empiezan a inclinar abiertamente la balanza de sus preferencias en una u otra dirección, las personas comienzan a desconfiar de la información que reciben y los medios pierden credibilidad.
Todos tenemos que poner de nuestra parte nuestra propia cuota de buena voluntad y compromiso. A la ley corresponde garantizar la libre información y el derecho de la gente a estar informada; a las empresas informativas autorregular el poder que ostentan en función de un código ético exigente y a los periodistas usar con criterio de bien común sus conocimientos y técnicas.
Es una obligación de todos, además, velar por que la información tenga una base lo más ampliamente diversificada, sin excesivas concentraciones que distorsionen los equilibrios de la democracia, porque los monopolios son siempre negativos, de cualquier tipo que ellos sean: económicos, corporativos, de ideas o culturales.
Hoy la gente depende vitalmente de la información para relacionarse con los demás, con el Estado, con el mercado, con sus organizaciones sociales, con los servicios públicos, con los municipios y con las autoridades locales. Corresponde a la ley, por lo mismo, asegurar que la sociedad goce de la más amplia libertad de información. Eso beneficia a todos y, en primer lugar, a la democracia que queremos construir y consolidar.
Sería un error de proporciones históricas que el actual proyecto, tramitado a lo largo de siete años en el Congreso, en cuya elaboración y curso de discusión se consultaron tantas voces autorizadas, expertos, organismos gremiales, gente de los medios, del Colegio de Periodistas, de la academia y de todos los sectores de la sociedad, abortara a última hora. ¡Nadie en el país lo entendería!
El proyecto aprobado por la Comisión Mixta es plenamente satisfactorio y, personalmente, me siento orgulloso por los avances que experimentó en el Congreso durante mi Gobierno. Aspiro a que mediante nuestro voto demos una potente señal para que el proyecto pueda seguir adelante y, en el trámite del veto, recupere su fisonomía y regrese para su final aprobación.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente , en mi calidad de Presidente de la Comisión Mixta , en la cual reemplacé al Senador señor Larraín, quiero pedir al Senado que apruebe por unanimidad el informe que nos ocupa. Éste, no obstante ser el fruto de la coincidencia de puntos de vista en el seno de la Comisión Mixta, aparece ahora inexplicablemente rechazado por la Cámara de Diputados. A mi juicio, la causa de ello es un conocimiento insuficiente del contenido y del alcance del informe.
Las palabras del Senador que me antecedió me ahorran el referirme en forma detallada al proyecto. Éste corresponde a un sentido moderno, positivo, de la libertad de expresión; contempla la definición de los periodistas; establece como garantía esencial el derecho a la reserva periodística, al secreto profesional para el periodista y para las personas que sean indispensables para la transmisión de la noticia; determina, además, como grave causal de infracción a los contratos de trabajo el que la empresa correspondiente fuerce al periodista a apartarse de las normas de su moral profesional; e impide a los medios de comunicación el alterar las informaciones dadas por un periodista sin su consentimiento.
Por otro lado, el proyecto termina con algunas anomalías de nuestra legislación; devuelve la competencia a los tribunales civiles, sacándola de los tribunales militares; termina los privilegios que establecía la Ley de Seguridad del Estado en favor de determinadas autoridades; consagra una normal y adecuada igualdad ante la ley de todas las personas; elimina las facultades de prohibir la circulación de libros o revistas que nos han afectado tantas veces, y establece, tipifica y sanciona nuevos delitos en contra de la libertad de expresión.
Por tales razones, señor Presidente , me permito solicitar al Ejecutivo , representado aquí en este momento, que acepte formular un veto que responda al fondo de los acuerdos alcanzados después de siete años en el Congreso, a fin de que no se pierda el fruto de esa labor conseguida después de muchos debates en torno a la forma como asegurar el pluralismo, la libertad, el secreto profesional, la calidad de periodista, etcétera. Esos acuerdos tienen como respaldo una muy amplia mayoría en este Senado -quizá la unanimidad- y casi en su totalidad fueron objeto de un diálogo, de un consenso y un acuerdo en la Comisión Mixta.
Por todo lo anterior, señor Presidente , pido al Senado que apruebe el informe y que se haga presente al Ejecutivo nuestros deseos de que el proyecto se despache cuanto antes. Confiamos en que el Ejecutivo restituya en el veto aquellos elementos que constituyen realmente un avance en materia de libertad de prensa. Algunos Parlamentarios que están en desacuerdo con algunas de las disposiciones dijeron que era preferible no tener esta ley de prensa, olvidándose de que ello significaría quedarse con el Código Penal, el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad del Estado, las facultades de los jueces para prohibir publicidad y de impedir la publicación de libros y revistas, etcétera. Todas esas materias, que han sido objeto de la atención del Parlamento y de Su Excelencia el Presidente de la República de entonces, con miras a perfeccionar la libertad de prensa, debieran ser restauradas -por usar una palabra- a través del veto del Poder Ejecutivo .
He dicho.
El señor RÍOS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , las intervenciones de los dos señores Senadores que me han antecedido me permiten limitar mis observaciones, pero quiero reiterar la importancia que tiene este tema. Todo lo relacionado con lo que la gente conoce comúnmente como la "ley de prensa" es algo de extraordinaria importancia, porque tiene que ver con la democracia. La libertad de expresión sólo puede subsistir en un régimen democrático; en cualquier otro régimen desaparece.
El proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo viene a reemplazar y derogar la ley sobre abusos de publicidad. El proyecto propone, respalda y promueve las libertades a que se refiere y el ejercicio de la profesión del periodismo. La ley actual es fundamentalmente punitiva respecto de este tipo de actividad.
Ahora bien, como se ha señalado, el proyecto se preparó durante un par de años y después ha estado siete años en el Congreso Nacional. Fue aprobado por la Cámara de Diputados. El Senado lo conoció, le introdujo modificaciones y lo aprobó por unanimidad. Y como la Cámara rechazara parte importante de las modificaciones introducidas por esta Corporación, fuimos a una Comisión Mixta, donde logramos -lo creo con toda sinceridad- un acuerdo plenamente satisfactorio y, por lo demás, unánime en la generalidad de los temas. Por eso, me ha sorprendido particularmente el rechazo de la Cámara de Diputados, al cual contribuyeron incluso algunos de los personeros que representaron a dicha Corporación en la Comisión Mixta.
Quiero señalar muy brevemente algunas de las evidentes ventajas del proyecto tanto desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de periodista como de las libertades a que nos estamos refiriendo.
En primer lugar, define quiénes son periodistas, reservándole tal calidad a los egresados de las escuelas de las universidades autorizadas y a los periodistas que han recibido ese reconocimiento por ley.
Establece en beneficio de esos periodistas el secreto profesional, que se consagra por primera vez en nuestra legislación.
Abre el acceso a las fuentes de información: a las públicas en términos bastante amplios, y a las privadas que tienen interés social a través de las respectivas superintendencias, en términos muy parecidos a los de la reforma constitucional que se denominó "Frei 2".
Consagra, en una forma particularmente bien lograda, el derecho a rectificación o enmienda cuando alguien se siente atacado injustamente en cuanto a los medios de comunicación.
Elimina la requisición de libros. Además, pone fin a la prerrogativa de algunas autoridades -entre ellas, los Parlamentarios- en el caso de los delitos de injuria, calumnia o difamación, contemplados en la Ley de Seguridad del Estado.
Establece, en forma exclusiva, la competencia de los tribunales ordinarios respecto de aquellos delitos que guardan relación con la materia y que se cometan por un civil, aunque afecten a militares o se hallen comprometidos por delitos conexos.
Asimismo, el proyecto elimina la difamación, tema que fue largamente debatido durante el Gobierno del Presidente Alessandri Rodríguez . Y cuando se estableció en la respectiva ley de prensa el delito de difamación, el periodismo lo tildó de "ley mordaza". Esta iniciativa legal rigió algún tiempo y fue derogada en los albores de la Administración del Presidente Frei Montalva . Ahora, por la gran mayoría del Senado, fue eliminada de la Ley de Abusos de Publicidad.
En seguida, se dan facilidades para crear nuevos medios de comunicación social, los que pueden competir entre sí.
También sanciona los actos que contraríen la libre competencia que se pueda realizar en materia de medios de comunicación.
Por último, y no menos importante, el proyecto deroga la Ley sobre Abusos de Publicidad.
Cabe preguntarse, entonces, ¿qué puede haber llevado a la Cámara de Diputados a rechazar, por una mayoría importante, esta feliz iniciativa? Sólo podemos recoger lo que se dicho a través de la prensa. Al respecto, resumiría las objeciones que puedan haberse presentado en esa oportunidad en tres.
En primer lugar, faltan normas acerca de la concentración del dominio en materia de medios de comunicación, lo cual es efectivo. En Chile existe una gran concentración, particularmente en los medios escritos. Según los datos que conocimos en su oportunidad en la Comisión, Chile es el país que tiene más concentrada la prensa escrita después de Irlanda. Pero la verdad es que las disposiciones sobre la materia contenidas en el proyecto primitivo fueron llevadas por un grupo de Diputados al Tribunal Constitucional, el que, en uso de sus facultades, las eliminó. Así que, guste o no guste, mientras rija la actual Constitución y no se modifique, esos preceptos sobre concentración no pueden ser repuestos ni en éste ni en otro proyecto.
Segundo, se ha dicho que las normas que contiene sobre pluralismo son insuficientes. Esto también es efectivo. El proyecto estatuye que el pluralismo se garantiza con la libertad para crear medios de comunicación y la competencia entre ellos. Pero no se dice ni una palabra respecto del pluralismo interno dentro de los medios de comunicación y el respeto al derecho de la gente a estar debidamente informada.
Ignoro en este momento -porque no tengo los antecedentes en mi poder- de qué manera a través del veto podría ampliarse el pluralismo, pues éste queda sólo en el campo de los principios, pero no tiene aplicación práctica. En todo caso, ésta no es una materia que pueda llevar a nadie a rechazar el resto de las ventajas que, desde el punto de vista de las libertades de que se trata y del periodismo, establece esta legislación.
Por último, también se ha invocado -y muy insistentemente- que los periodistas desean tener una especie de exclusividad en cuanto al ejercicio de aquellas labores que se relacionan con su profesión.
Debo expresar que sobre esta materia el Colegio de la Orden tuvo, a lo menos, tres posiciones. La primera fue cuando se respaldó el proyecto original, que establecía cierta forma de exclusividad para el ejercicio de los periodistas colegiados respecto de las actividades que se estiman propias de esta profesión. Posteriormente, por un acuerdo logrado entre los propietarios de los medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y el Gobierno de la época, esto se cambió en la Cámara de Diputados por una preferencia para el ejercicio de la actividad por parte de los periodistas colegiados.
En esos términos llegó el proyecto al Senado. El primer informe que nosotros aprobamos contenía tal preferencia. Pero, curiosamente, fueron el presidente y el vicepresidente del Colegio de Periodistas de la época -don Senén Conejeros y don Alejandro Guillier- quienes nos convencieron, primero a la Comisión y luego a la Sala, de que esto de la preferencia era una teoría que no se iba a aplicar en la práctica, que debíamos dejar el problema teórico a un lado y limitarnos simplemente a definir quiénes eran periodistas y otorgarles a ellos algunos privilegios, como el secreto profesional y otros derechos que pudiera establecer la ley. Y así se hizo. Acogimos la posición del Colegio de Periodistas.
De acuerdo con esa misma indicación y la forma como en definitiva la Comisión Mixta aprobó esto, si el día de mañana en Televisión Nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en cualquiera repartición pública se estableciera que hay una planta dentro de la cual existe cabida para uno, dos o tres periodistas, esos cargos sólo podrán ser llenados por quienes esta ley en proyecto define como tales.
Ahora, permítanme decir algo respecto de esto de la exclusividad. Es muy delicado establecer en una ley una exclusividad sólo para los colegiados en cuanto al ejercicio habitual de aquellas actividades que corresponden a la órbita que normalmente se reconoce como de competencia de los periodistas. ¿Qué se opone a ello?
En primer lugar, la Constitución Política de la República, que garantiza, no sólo a los periodistas, sino a todos los habitantes del país, la posibilidad de ejercer la libertad de información y de expresión. Al respecto el número 12.º de su artículo 19 dice textualmente "en cualquier forma y por cualquier medio".
En segundo término, el Convenio Interamericano sobre Derechos Humanos. Según la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la colegiatura obligatoria es contraria a la Convención. Viola este compromiso internacional, que es ley vigente en nuestro país.
Asimismo, en la Declaración de Chapultepec, firmada por ocho Presidentes del Continente , el 11 de marzo de 1994, se rechaza la colegiatura obligatoria. Lo mismo nos ocurrió aquí cuando recibimos en el Senado al Relator de la Organización de los Estados Americanos, don Santiago Canton , quien expresamente se refirió a la materia y citó -y aquí lo tengo a mano- una sentencia que se refiere a la colegiatura obligatoria, y que emana del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos . De ahí "se desprende que no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas que impida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éste a los graduados en una determinada carrera universitaria. Una ley semejante" -dice el informe- "contendría restricciones a la libertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia, violatoria tanto del derecho de toda persona a buscar y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de su elección, como del derecho de la colectividad en general a recibir la información sin trabas.".
Ahora, en estas condiciones, yo acojo la petición que aquí se ha hecho en cuanto a que aprobemos por unanimidad el informe de la Comisión Mixta, tal como ocurrió en ella, aunque esto no produzca el efecto jurídico de revivir la ley. Sin embargo, tiene como efecto un signo, un mensaje muy importante de parte del Senado, en especial al Poder Ejecutivo , de manera que éste, a través de un veto aditivo, pueda recoger esas ideas que fueron aprobadas en forma unánime por el Senado y por la Comisión Mixta de Diputados y Senadores. Ello nos permitiría reponer esta iniciativa legal y derogar la Ley de Abusos de Publicidad, y así el país daría, en materia de libertad de información, un paso realmente importante para que recobremos, a nivel de los compromisos internacionales y constitucionales que hemos asumido, un grado de libertad de expresión que sea realmente aceptable, no sólo en Chile, sino que en el mundo entero.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , a partir del año 1993, como aquí se ha dicho, el Ejecutivo se empeñó en que existiera una regulación estatal para la prensa y el periodismo y, en consecuencia, la libertad de información, en el entendido de que era la primera vez que en nuestro país se regulaba la materia de manera positiva.
Debemos reconocer que hoy día tan sólo existen regulaciones sobre el abuso de la publicidad. Sin embargo, nada se ha dicho y nada se ha planteado, sino hasta ahora, respecto del establecimiento de mecanismos que garanticen las libertades de información y de opinión.
Estas libertades, indudablemente, son el soporte de los derechos fundamentales de los sujetos, y sin ellas el sistema de garantía de un Estado democrático corre el peligro de derrumbarse. Por lo tanto, es esencial para la democracia la existencia de una prensa libre, crítica y poderosa, fiel a la verdad, que exprese la pluralidad y la tolerancia de una nación.
Todos estaremos de acuerdo en que, para contribuir al perfeccionamiento de un Estado democrático, es necesaria, en consecuencia, esa prensa poderosa, crítica y libre.
La iniciativa del Ejecutivo -¡en buena hora!-, largamente debatida en el Parlamento, permite garantizar a los medios de comunicación social libertad plena para su funcionamiento, asegurar la calidad de la información, proteger y dignificar la función de periodista y reconocer la función pública de la prensa.
Se han manifestado discrepancias, no en el fondo, sino principalmente en la forma, entre la Cámara de Diputados y el Senado.
Resulta preocupante para nuestra Corporación que la otra rama del Parlamento haya rechazado buena parte del trabajo realizado por la Comisión Mixta, aduciendo que el texto propuesto por esta última no daba efectivo y fiel cumplimiento a la intención legislativa de la Cámara de Diputados.
Considero que dicho rechazo, de continuar en esa senda, nos deja en el peor de los escenarios. En el Congreso Nacional todos hemos reconocido lo indispensable, básico y fundamental de una ley de prensa, que supere la anquilosada y dispersa regulación que hoy existe en nuestro sistema nacional. No puede haber nada peor que no legislar en esta materia.
Por ello, creo indispensable aprobar el informe de la Comisión Mixta, en el entendido de que el Ejecutivo enviará un veto que permita replantear y consensuar las discrepancias que no fueron susceptibles de ser resueltas en los trámites legislativos ordinarios. En mi opinión, ésta es la única forma positiva, constructiva, coherente, funcional y finalista de la existencia de nuestro Estado democrático.
Honorables colegas, desaprovechar esta oportunidad histórica significaría apartarnos objetivamente de las necesidades que la población nacional requiere satisfacer a través del ejercicio efectivo de sus libertades de expresión e información, y perder siete años -como puntualizaron varios señores Senadores- de discusión parlamentaria.
A mi juicio, no podemos legislar teniendo en vista lo que falta en una regulación. Eso -por qué no decirlo- es posible lograrlo con otras normativas complementarias. Pero sin aprobar el proyecto en análisis no tendremos absolutamente nada, y volveremos al estado de situación que deseamos corregir.
Aprobar el informe de la Comisión Mixta no significa acoger los vacíos de que pueda adolecer, sino su contenido, el que objetivamente constituye un paso adelante en la libertad de expresión.
Votaré favorablemente el informe -como señalé- en los mismos términos en que fue acordado por la Comisión Mixta, por las siguientes razones: en primer lugar, el texto concordado en ella, tras siete años de discusión parlamentaria y con la intervención de los principales actores y expertos, representa, sin lugar a dudas, un significativo avance respecto de la actual legislación, la que -reitero- es anacrónica, limitativa de la libertad de información y tiene un sesgo penalizante incompatible con este derecho fundamental en una sociedad democrática.
En segundo término, el proyecto, en particular, amplía la libertad constitucional de informar por cualquier medio, sin censura previa; facilita el establecimiento de nuevos medios de comunicación; garantiza mejor la competencia y transparencia del mercado en este ámbito, y crea un mecanismo para velar por el pluralismo, que es un valor consustancial al derecho de informar.
En tercer lugar, el proyecto, además, termina con diversas restricciones al derecho de informar, como el llamado delito de difamación y la prohibición de informar en juicios, y permite, por lo tanto, una extensión del espacio público de debate y crítica, todo lo cual forma parte de la ciudadanía contemporánea.
Por último, votaré a favor del informe de la Comisión Mixta porque el proyecto cautela mejor algunos derechos esenciales de la profesión periodística, lo que favorecerá el desarrollo de esta actividad y contribuirá a su protección en la empresa y la sociedad.
Estoy consciente de que estos avances no siempre alcanzan todo lo que uno idealmente desearía. Mas las leyes no son ni pueden ser una construcción ideal, perfecta, sino que constituyen normas que gradualmente van moldeando el comportamiento social y ampliando la esfera de los derechos democráticos.
En tal sentido, y aunque personalmente habría aspirado a más, votaré favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , deseo sumarme a las opiniones vertidas respecto del informe de la Comisión Mixta.
Me correspondió participar en el estudio del proyecto que nos ocupa durante su segundo trámite, como miembro de la Comisión de Constitución en ese entonces; en seguida, cuando se constituyó la Comisión Mixta, me tocó presidirla inicialmente -después asumió como Presidente de ella el Senador señor Díez-, y luego seguí integrándola. Es decir, participé a lo largo de todo el proceso de su discusión, tanto en general como en particular, habido en el Senado.
Deseo testimoniar que efectivamente el esfuerzo realizado, en particular por nuestra Comisión de Constitución, ha sido extraordinariamente positivo y las palabras oídas aquí, de adhesión a la labor que ella ha cumplido, ahorran todo comentario.
Por eso, creo muy importante insistir en la necesidad de que se apruebe el informe de la Comisión Mixta. Y lo hago no sólo por consideraciones generales, sino también particulares, algunas de las cuales ya se mencionaron.
Ellas emanan de los principales contenidos del proyecto en análisis, que son los siguientes: en primer lugar, se define lo que es un medio de comunicación social en términos amplísimos, comprendiendo por ello, aparte de los medios tradicionales, todas las vías posibles, como las redes de comunicación y el satélite, y las que se puedan crear hacia el futuro.
En seguida, se regula el ejercicio del periodismo, precisando quiénes pueden usar la denominación de periodista. Es decir, establece -como ya se señaló- el monopolio respecto de la denominación, pero no acerca del ejercicio por cuanto ello sería inconstitucional y contrario a prácticas estatuidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, consagra el derecho -muy importante y muy deseado por el medio- a mantener en reserva su fuente informativa, para todos los que participen en el acto informativo, en forma directa y precisa. Del mismo modo, establece el derecho a que no se introduzcan alteraciones sustantivas en el material informativo que se identifiquen como de autoría de un periodista determinado, sin su consentimiento o sin debido fundamento.
Es decir, respecto del periodismo y el ejercicio de éste, se establecen normas y derechos que hoy no existen en nuestra legislación y que, por esa razón, constituyen una gran innovación y un notable avance.
Por otra parte, en cuanto al pluralismo, la legislación propuesta define y promueve el pluralismo en nuestro sistema informativo, como verdadera garantía de las libertades de opinar e informar. La norma señala que ello se garantizará a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, y de la libre competencia que surja entre ellos, favoreciendo de este modo la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país.
Deseo señalar que dicho concepto de pluralismo fue ampliamente discutido y elaborado en la Comisión, con la asistencia del Ministro Secretario General de Gobierno de la anterior Administración, don José Joaquín Brunner , con quien pudimos trabajar y lograr, a mi juicio, un planteamiento innovador, moderno y preciso. Estas materias son muy difíciles, porque se cargan de contenidos ideológicos y doctrinarios. En mi opinión, el texto a que se llegó es coherente con nuestras normas constitucionales, y, por eso, no requiere modificación ni conviene introducirle cambios.
El proyecto, en un momento dado, incorporó una norma que establecía el acceso a la información pública. Es decir, el derecho de cualquier ciudadano, no sólo de un periodista, de acceder a toda documentación y actuación pública, salvo que ello fuere contrario a los intereses superiores del Estado, a la seguridad nacional o a conceptos de esa envergadura.
Esa norma del proyecto se eliminó, por cuanto la misma -por lo demás, fue producto de una iniciativa personal- fue incorporada a la Ley sobre Probidad Administrativa. Y, como dicho cuerpo legal se publicó con tales contenidos, estimamos que no era necesario reproducirlos. De manera que, aunque se originó aquí, hoy día no figura en el texto final.
Sin embargo, consideramos valioso recordar que, a raíz del estudio de este proyecto, establecimos un principio esencial para la transparencia de los actos de toda autoridad pública del Estado.
En seguida, en relación con la Ley Antimonopolios, se incorporaron conceptos que permiten considerar como impedimentos a la libre competencia todos los actos que entraben la producción, el transporte, la distribución, la circulación, el avisaje y la comercialización de los medios de comunicación.
Por otra parte, se reputan como artículos o servicios esenciales los pertinentes a la operación y mantención de dichos medios. Esto también es algo fundamental, y complementa la norma en cuanto al pluralismo antes mencionado.
Desde otro ángulo, se regula y facilita el procedimiento de constitución y funcionamiento de los medios de comunicación social, lo cual es muy importante para que operen, en términos prácticos, las libertades que estamos analizando.
En cuanto a los derechos y deberes, mediante el proyecto se regula el derecho de aclaración o de rectificación gratuita del ofendido o injustamente aludido por un medio de comunicación social. El procedimiento garantiza al afectado que su escrito se publicará íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y con similares características de la información que lo haya provocado, o en un lugar destacado de la misma sección.
A continuación, se establecen y sancionan las infracciones y delitos a que puede dar lugar el ejercicio abusivo de la libertad de expresión. La competencia respectiva queda entregada a los tribunales ordinarios que actúan aplicando generalmente los procedimientos comunes. Las sanciones -ésta es una innovación muy importante, de acuerdo con las tendencias del Derecho Penal moderno- apuntan más hacia aspectos pecuniarios que a privativos de libertad.
La injuria y la calumnia se regulan en forma particular con algunas características adicionales. Por una parte, se establece que no constituirán injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica, sea ésta política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, lo cual constituye un extraordinario avance y contribución al ejercicio de la libertad de expresión. Y, por otra, se acepta la excepción de verdad, cuando las eventuales injurias o calumnias se refieren a situaciones de interés público o si el afectado ejerciere responsabilidad relevante en el ámbito público o privado.
En el proyecto se eliminó la facultad de los jueces para decretar prohibición de informar sobre los procesos que tienen a su cargo. Si se aprueba la norma pertinente, tal planteamiento -presentado por el Senador señor Fernández y acogido unánimemente por la Comisión-, pondrá término a las actuaciones de diversos jueces que configuran un estado de cosas que al final, por tratar de cautelar un proceso, terminan por dañarlo. Porque al establecer la prohibición de información, dan origen a una secuela de rumores que perjudican más que lo que se ha pretendido evitar.
Además, se fortalece la igualdad ante la ley, al poner término a las normas de protección especial que favorecen a las principales autoridades públicas. En efecto, se suprimen en la Ley sobre Seguridad del Estado los delitos de difamación, injuria y calumnia de que las autoridades públicas puedan ser objeto.
No se trata de que se pueda injuriar a las autoridades pública, sino de que no existirán normas de procedimiento especial ni sanciones o medidas precautorias que se puedan tomar, como ocurrió a propósito del caso de una periodista que escribió un libro que supuestamente afectaba la honra de un Ministro de la Corte Suprema . Esa situación, que ha significado la incautación de ese libro y que la escritora afectada haya tenido que salir del país, de aprobarse esta norma que suprime las disposiciones respectivas de la Ley sobre Seguridad del Estado, no volverá a ocurrir.
Esas autoridades -o cualquiera de nosotros- que pudiera ser afectado- dejan de tener privilegios especiales, y las situaciones de injuria o calumnia se tramitarán mediante las normas comunes de nuestro Derecho. Es decir, esto significa un avance en cuanto a asegurar que las autoridades del Estado que sean objeto de injurias o calumnias, serán tratadas en conformidad a las normas comunes de nuestra legislación.
Deseo resaltar esta situación, porque, lamentablemente, hemos conocido opiniones vertidas en el debate por algunos señores Diputados, que rechazan el informe de la Comisión Mixta, debido a que los deja en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Ellos quisieran privilegios especiales. En mi concepto, ello es absolutamente rechazable, por no decir algo distinto y peor, para no agregar más daño en este debate con algunos señores Diputados.
Sin embargo, en realidad, esta disposición representa un cambio sustancial, en el cual queremos avanzar, y por ese motivo lo hemos incorporado en la proposición de la Comisión Mixta.
Asimismo, como consecuencia lógica, se deroga la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad, por innecesaria, salvo una de sus disposiciones: la referida a la adulteración de mapas y cartas geográficas. Pero cabe señalar que si no se aprueba la norma respectiva, esa ley continuará vigente, la cual ciertamente es bastante restrictiva en los ámbitos de la libertad de información y expresión que todos buscamos fomentar y desarrollar.
En consecuencia, la propuesta sometida a la consideración del Senado, que lamentablemente fuera rechazada por la Cámara de Diputados, es equilibrada y acoge lo fundamental de todas las instancias consultadas.
Debo recordar que aquí no hubo persona, autoridad, institución o gremio que no fuera escuchada oportuna y reiteradamente durante la extensa discusión. Desafortunadamente, en la larga tramitación del proyecto, nos encontramos que algunas opiniones vertidas por representantes del Colegio de Periodistas fueron contradichas con posterioridad por otros que los sucedieron en el cargo, lo cual generó dificultades.
No obstante lo anterior, se ha llegado a una propuesta equilibrada, inserta dentro de lo que estimamos valioso y necesario para asegurar la libertad de expresión en Chile.
Por lo tanto, de aprobarse la norma de la Comisión Mixta, se logrará un progreso sustancial en la libertad de prensa y de información en Chile, lo cual, en mi concepto, es clave para afianzar la libertad de expresión que -como todos sabemos- constituye una de las bases de sustento más importantes de un Estado de Derecho democrático.
Adicionalmente, las normas incorporadas a la iniciativa dan cierta fuerza a la libertad con que operan los periodistas y los medios de comunicación para ejercer una de las labores que el ámbito institucional no ha sabido desarrollar, cual es, el abrir la transparencia de los actos de autoridad sin que esas determinaciones y el ejercicio de dichas prácticas le signifiquen actos de represión en su contra. Porque no cabe la menor duda de que, ante las dificultades de corrupción de actos de poca honestidad, en todos los Poderes del Estado -y no porque en Chile estemos pasando por una crisis determinada-, la mejor forma de controlar tales excesos pasa por la transparencia que garantizan los medios de comunicación, mucho más que la de los institucionales, pues éstos tienden a politizarse.
Vale decir, en esta normativa hay un cambio cualitativo si se las copara con las disposiciones vigentes sobre la materia. A mi entender, ella superó las dificultades surgidas en su tramitación, incluyendo algunos intentos -a mi juicio, inconstitucionales- que por lo demás fueron despejados en su debido momento por el Tribunal Constitucional, desechando los excesos que se trató de incorporar, a través de ciertas normas que se presentaron o se intentó aprobar en el primer trámite constitucional.
Por todas esas consideraciones, con toda franqueza, estimo verdaderamente inexplicable la posición de la mayoría de la Cámara de Diputados que rechazó el informe, a mi juicio -como se ha señalado-, por inadvertencia, por falta de información o por otros argumentos, que sirvieron para convertir a la iniciativa en el chivo expiatorio de los problemas surgido en esos días en la Cámara Baja.
En consecuencia, junto con reiterar nuestro voto favorable al informe que corona un trabajo realizado durante largos años, y ante las dos opciones existentes -una, la establecida en el artículo 68 de la Constitución Política, que implica un procedimiento algo engorroso para poder insistir en el texto de la Comisión Mixta; y otra, la posibilidad del veto-, sugiero que se solicite al Presidente de la República que recurra a esta última, a fin de restaurar adecuadamente el planteamiento completo elaborado en ella, el que fue, de nuevo, producto de acuerdos y concesiones entre todos los integrantes de la Comisión Mixta, precisamente de acuerdo con el trabajo propio para el cual se crea dicho organismo, generando normas que, en cada caso, fueron aprobadas unánimemente.
Por todas estas consideraciones, me sumo a quienes ya han hecho presente la voluntad del Senado de aprobar esto de manera unánime. Y, en tal sentido, solicito en forma especial a Su Excelencia el Presidente de la República -si fuera del caso, mediante oficio enviado en nombre de esta Alta Corporación-, para que vete el proyecto, restituyendo todos aquellos acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta, para que -habrá que trabajar con los Diputados- podamos tener una normativa moderna y adecuada en materia de libertad de prensa y de expresión, y se garanticen así los derechos esenciales que establece nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito de la libertad de prensa y del ejercicio de la información.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría en nombre del Senado.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , no reiteraré los conceptos que se han vertido esta tarde en la Sala a favor del proyecto y de la solicitud de un veto aditivo. Me parece que ésa es la línea correcta.
Solamente quiero añadir dos cosas.
En primer lugar, esta materia se prestó para un debate de carácter evidentemente muy doctrinario y, a veces, ideológico, que tiene cierto fundamento, pues tampoco se trata de algo puramente arbitrario. El problema surge cuando uno queda obnubilado por la ideología y la discusión de las ideas y pierde toda noción de la realidad. Creo que eso pasó en la Cámara de Diputados.
Éste es un debate que viene de los años 60, el cual tuvo como sede principal la UNESCO, con el famoso Informe Mc Bride, que tenía un título muy sugestivo: "Un mundo, muchas voces". Allí se postulaba que debía haber un flujo libre pero equilibrado de información en el mundo. Y se denunciaba el tremendo control que las grandes agencias de noticias tienen del flujo de información en todo el orbe.
Evidentemente hay un desequilibrio, porque uno puede ver las tres o cuatros grandes agencias de noticias en el mundo que controlan básicamente toda la forma en que se trasmiten estos mensajes.
Lo que se pretendía con el Informe Mc Bride era un flujo más equilibrado. Y esto suponía mayor participación de los países del Tercer Mundo, mayor intervención de las comunidades y, al final, la existencia no sólo de un centro radicado en los países industrializados que repartían mensajes, sino que hubiese ese flujo de equilibrio.
Fue tan fuerte el debate que -como Sus Señorías recordarán- Estados Unidos se retiró de la UNESCO y le quitó todo financiamiento.
Ese tipo de discusión se planteó en su momento en la Cámara de Diputados, pero referida a la nación chilena, a lo que ocurre en Chile. Porque se consideró que había partes en el sistema informativo que eran desequilibradas. Pienso que, sin duda, hay cierto desequilibrio informativo en la prensa nacional, por lo menos en la escrita, que es bastante unicolor, unilateral, en la forma de informar.
Pero la solución no viene dada por la legislación. Creo que éste fue el gran error de los Diputados: pensar que una ley pudiera equilibrar lo que sólo se puede armonizar por la vía de la realidad, no por la de la legislación, salvo que uno quiera caer en una normativa extremadamente represiva de la libertad, que es justamente lo que no se busca.
Ahora, considero importante tener en cuenta que el avance de la tecnología en el mundo está haciendo posible lo que era un sueño del Informe Mc Bride. Porque hoy día, con Internet, tenemos en la práctica la posibilidad real de que se produzcan esas muchas voces, y que una persona pueda, a un costo muy bajo, transmitir mensajes a todo el mundo. Y eso será creciente en el futuro próximo.
Por eso, no hay que esperar tanto el equilibrio del sistema informativo de una legislación nacional, cuanto la expansión de las nuevas tecnologías. Y nosotros veremos dentro de muy poco cada vez más diarios y radios en Internet, y así sucesivamente.
Ahora, en lo referente a Internet propiamente tal, existen muy pocas posibilidades de control por parte de un país, aun de naciones muy autoritarias.
Hoy día hay aparece una noticia en La Segunda respecto de esta materia. Y la verdad es que se trata de un medio especialmente apto como para que se produzca esa utopía por la cual, quizás en forma muy equivocada, o tal vez no -yo creo que de modo errado-, muchos Diputados rechazaron este proyecto, en nombre de una lucha por un pluralismo que no vendrá de la ley, sino de la realidad material y tecnológica en curso.
En cuanto a la iniciativa de ley, también me parecen muy importantes las declaraciones de la Ministra señora Tohá -quien se encuentra presente en esta sesión-, y que aparecen en La Segunda de hoy, en el sentido de que el Gobierno estaría estudiando el veto aditivo. Dicho veto, en lo sustancial, tiene que recoger -como ella señala- lo que fuera el informe de la Comisión Mixta, añadiendo algunas cosas que se "cayeron" en el camino de esta larga discusión de siete años -en la cual me ha correspondido participar, primero como Diputado y luego como Senador-, y que estimo importante recoger.
Quiero señalar también que el Colegio de Periodistas -me reuní con alguno de sus representantes-, tiene ciertos aportes que hacer y que deben ser considerados. Espero que el Gobierno los tenga en cuenta.
Éstos, en lo principal, se refieren a tres puntos:
Primero, el artículo 3º del proyecto, a mi juicio en forma equivocada -en la Comisión Mixta no nos dimos cuenta- dice que no se aplicará la denominación de periodista a quienes presten servicios únicamente a medios de comunicación social extranjeros, es decir, a corresponsales foráneos o a periodistas chilenos que trabajan para medios de comunicación no nacionales. Evidentemente eso es un error que debe corregirse.
Otra cuestión a la que aspira el Colegio de Periodistas, es que el secreto profesional rija también en el caso de informaciones relativas a los delitos contemplados en la ley sobre conductas terroristas. O sea, que también se puedan realizar reportajes sobre esas materias y que los periodistas puedan hacer valer su derecho al secreto profesional ante un eventual juicio. Ello se encuentra consignado en el artículo 5º, inciso final.
Otro punto respecto del cual el Colegio de Periodistas solicita una norma -y tiene razón- dice relación a que el Estado, cuando requiera del servicio de periodistas, y así lo señale la ley, contrate profesionales titulados. Esto lo considero razonable. Si respecto del Ministerio tanto la ley dice que cierto cargo será desempeñado por un periodista, me parece lógico que sea así.
El señor HAMILTON.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor VIERA-GALLO.-
Con la venia de la Mesa, por supuesto, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.-
Señor Presidente , estoy absolutamente de acuerdo con lo señalado por el señor Senador. Creo, además, que no se trataría más que de explicitar lo que la ley en proyecto actualmente pretende: que los periodistas tengan ese derecho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Viera-Gallo .
El señor VIERA-GALLO.-
Señor Presidente, los anteriores son los tres puntos planteados por el Colegio de Periodistas.
Ahora, lo que produce mayor pasión ideológica es el inciso primero del artículo 7º.
En este sentido, creo que el procedimiento por seguir es que, o renunciamos a esta lucha o debate ideológico y suprimimos ese inciso, con lo cual se acabaría el lío; o nos tratamos de poner de acuerdo en algo que sea razonable.
Porque aquí se dice que "el pluralismo en el sistema informativo se garantizará a través de la libertad de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social". Y alguien, con mucha razón, nos señala que hasta ahora todas estas libertades existen desde 1990 en Chile, y el pluralismo no se ha manifestado, por mil razones.
Entonces, quieren que el pluralismo se garantice de otra manera. Pero no hay otra manera. Porque cuál sería esa otra manera. No existe, salvo que la norma establezca preceptos que lesionen la libertad.
En seguida, el mismo inciso dice que, sin embargo, hay que favorecer la expresión de la diversidad social, cultural, política y regional del país. Ahí ya nos sentimos contentos los que buscamos este mayor pluralismo. Pero esto sólo puede hacerse a través de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación. Y hasta ahora no hemos sido capaces de hacer esto, o el sistema no lo ha permitido, pues solamente grandes capitales pueden intervenir en estas materias.
Éste es el inciso de la discordia.
Y al respecto lo que pido al Gobierno, por medio de la Ministra señora Tohá (lo solicitaré después al Ministro señor Huepe cuando retorne), es que con gran sabiduría equilibre las cosas: se termina el debate y se suprime el inciso -a lo mejor, es la forma más práctica-; o bien se busca una redacción más equilibrada. Porque sería absurdo que por este inciso echáramos abajo todos los avances señalados por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Por último, deseo expresar también que el inciso primero del artículo 2º establece con mucha claridad que los medios de comunicación que transmiten por Internet quedan sometidos a la iniciativa en análisis. Eso es muy importante, porque actualmente se burla la ley con toda facilidad, como frecuentemente lo hace "La Tercera", poniendo en Internet lo que no puede publicar en el diario. Entonces, para obtener esa información, uno la baja de la red, lo que es absurdo. Existe un destacado medio de comunicación por Internet, que cada vez publica cosas más interesantes y la prensa se refiere con mayor frecuencia a él. Tengo entendido que se llama "El Mostrador". No recuerdo bien si ése es el nombre preciso. Bueno, como esto irá creciendo, es lógico que, adelantándose al futuro, esta legislación regule no sólo a los medios de comunicación, sino también al soporte o instrumento de una red de comunicación electrónica. Ese es un avance significativo de la iniciativa en estudio.
No repetiré todo lo que se ha dicho por otros Honorables colegas, y termino expresando mi complacencia por el hecho de que haya consenso en la Sala en materia de libertad de expresión. ¡Que nunca más vuelva a desaparecer del país!
Por lo tanto, aprobemos unánimemente el proyecto y esforcémonos por flexibilizar posiciones, para llegar a un acuerdo razonable que permita al Ejecutivo enviar un veto que no sólo sea aprobado por el Senado, lo que se da por descontado, sino sobre todo por la otra Cámara. Ese es el gran problema y por eso debemos desplegar mucho esfuerzo y, al mismo tiempo, gran comprensión por la actitud de los Diputados. Nada se gana con reprocharles. Hay que hacerlos cambiar de opinión, y a nadie le gusta cambiar de parecer. Entonces, debemos dar razones para que la gente lo haga.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente , seré muy breve, pues muchas de las intervenciones anteriores, particularmente la del Senador señor Viera-Gallo , me interpretan. Solamente deseo decir lo siguiente.
En primer lugar, votaré a favor, por creer que la ley en proyecto fortalece la libertad de expresión, el ejercicio libre del periodismo y, desde ese punto de vista, como se ha dicho, claramente constituye un avance.
En la discusión habida en esta Sala -que algunos seguimos con bastante detenimiento-, consideramos que los avances respecto de algunos temas son insuficientes. Y habría que ver hasta qué punto ciertas insuficiencias -no todas- pueden corregirse mediante un veto aditivo. En particular, está lo relacionado con la concentración de los medios de comunicación. Creo que, efectivamente, es razonable establecer en la ley algunas cortapisas a la excesiva concentración de ellos, toda vez que el pluralismo constituye un valor que todos apreciamos. No basta, sin duda, con entregar esta regulación sólo a la Ley Antimonopolios, como lo hace el proyecto en análisis.
Acerca del tema del pluralismo, quiero decir simplemente que no se trata únicamente de un problema de concentración. Es evidente que en el país, sobre todo en materia de prensa escrita, el pluralismo tiene una muy débil expresión. Noventa y cinco por ciento de ella pertenece en Chile a dos grandes cadenas que, desde el punto de vista ideológico y cultural, obedecen más o menos a una misma línea editorial, con las diferencias del caso. Puede afirmarse que, en general, nuestra prensa escrita, en un porcentaje muy alto, sigue una sola línea editorial, que es legítima, por lo demás -ese no es el punto en discusión-, pero que corresponde a una sola visión político-cultural existente en la sociedad chilena. Hay otras que no tienen expresión en los medios de comunicación. Y como expresó el Honorable señor Viera-Gallo , eso no se arregla por medio de la ley.
Tal concentración no fue producto de una evolución normal de la industria de la información escrita en el país. Chile alcanzó un equilibrio informativo en ese campo después de muchos años de democracia, y se expresaba en plenitud en 1973. Cualquiera que sea la opinión que uno tenga de la prensa de la época, no podrá sino advertir que, efectivamente, había expresiones muy plurales y que los grandes diarios del país, los de mayor circulación, obedecían a concepciones políticas y culturales diversas.
Ese equilibrio se rompió, no por decisión de los ciudadanos, de los consumidores de la información, sino por actos de confiscación del Estado. O sea, el equilibrio en los medios escritos fue roto por una intervención estatal y nunca más se ha restaurado. Tal equilibrio se había logrado históricamente por una sociedad donde había lo mismo que se establece en la ley en proyecto: libertad para editar y distribuir medios de información.
Entonces, el tema pendiente es si corresponde o no -lo dejo planteado, no para abordarlo en la ley en proyecto, sino para su debate por la sociedad- que el Estado, que rompió el equilibrio, desarrolle una iniciativa para restaurarlo. Ese es el punto. Por lo tanto, esta crítica que hacemos respecto de la prensa escrita, no es aplicable a otros medios, como la radio, por razones evidentes, pues se rompió menos el equilibrio y se trata de una industria más "barata", o lo era hasta hace unos diez años. Tampoco a la televisión, donde hay más equilibrio, por la circunstancia de que existe un gran medio, Televisión Nacional de Chile, que, cualesquiera sean las críticas que se le formulen, por mandato legal, tiene una línea editorial que resguarda el pluralismo, que no es aplicable a otros canales. Y está bien que así sea. No estoy por que se le aplique a la línea editorial del Canal 13 de la Universidad Católica, o al Canal 11, porque eso sería intervenir por ley en la libertad de información, que requiere que cada medio tenga su propia línea editorial, sin perjuicio de que se le exija amplitud o pluralismo en la información, pero no en la línea editorial. Que "El Mercurio" sea neoliberal, está en su perfecto derecho de serlo. Yo podré estar en discrepancia con él, pero no puedo criticar la legitimidad de determinada línea editorial, porque estaría afectando la libertad de prensa.
Entonces, dejo planteado el tema -que no se resuelve con la iniciativa en estudio-: el equilibrio en los medios escritos se rompió por un acto confiscatorio del Estado. Se trata de industrias que cuesta mucho levantar y, además, son crecientemente caras. Ese equilibrio informativo, construido en un largo proceso de 70 años en el país, donde participaban "El Clarín", "El Mercurio", "La Razón", diarios de partidos, dos o tres vespertinos, no se rompió por la evolución de esos mismos medios, sino por un acto confiscatorio que no afectó a todos, sino a algunos de ellos. Dicha confiscación no se ha revertido y está en la base del desequilibrio de los medios escritos.
Creo que ése es un debate pertinente, que no vamos a resolver en esta iniciativa, pues no es para eso. Pero ya que se plantea el debate sobre el pluralismo, pienso que esta opinión es muy poco discutible desde el punto de vista de los hechos, porque ocurrieron así. Y hay dos que son indesmentibles: uno, que en 1973, desde el punto de vista del pluralismo, había mayor equilibrio en el país en materia de prensa escrita que el existente en el año 2000. Eso no lo puede discutir nadie, como tampoco que el desequilibrio se debe en gran parte a la confiscación por parte del Estado de medios que representaban poco más de la mitad de la circulación de la prensa escrita en Chile.
Finalmente, aprovechando que está presente la Ministra señora Tohá, y de que muchos somos partidarios de rescatar todos los aspectos positivos que contiene la iniciativa en estudio, y de darle viabilidad en el Congreso, pido formalmente que se reponga mediante el veto un artículo -a mi juicio, es muy importante para la transparencia del mercado informativo- que fue aprobado en el Senado pero que, curiosamente, se rechazó en la Comisión Mixta, por lo cual no figura en el informe que tenemos a la vista. Me refiero al artículo 15 del texto despachado por el Senado, que establecía un método muy simple y, en mi concepto, muy necesario, de verificación de la circulación de la prensa escrita. Ese precepto lo discutimos y lo aprobamos en el Senado. Establecimos que una medida básica de transparencia, tanto para el mercado publicitario cuanto para la opinión ciudadana, por no haber sistemas privados de verificación de circulación, como en otros países del mundo, hacía necesario instituir un mecanismo muy simple que consagrara legalmente la obligación de informar sobre el número de ejemplares de cada edición, mediante la publicación de ese dato en ellos. Pienso que es un sistema muy sencillo para asegurar tanto la transparencia en el mercado de la publicidad, que se mueve en torno a la industria de la información, como también el conocimiento ciudadano del alcance de cada uno de los medios escritos nacionales.
Como señalaba, esa disposición fue aprobada unánimemente en el Senado. No participé en la Comisión Mixta, pero entiendo que los Senadores que sí lo hicieron estuvieron a favor de aquélla. Sin embargo, por alguna razón que realmente no me explico, el artículo 15, nuevo, propuesto por el Senado, fue eliminado en dicha Comisión.
Pido a Su Excelencia el Presidente de la República que si decide vetar el proyecto, reponga este artículo, que fue sancionado favorablemente en esta Corporación.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que hay dos señores Senadores inscritos y que la señora Ministra me ha pedido intervenir al final del debate.
Considerando que se fijó como hora de término del Orden del Día las 18:50, recabo autorización para prorrogarla hasta concluir la votación, porque muchos Senadores han dejado sus votos.
El señor MUÑOZ BARRA.-
¿Por qué no se fija una hora de término?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No tengo objeción. Si les parece, se votaría a las 18:50.
El señor LARRAÍN.- De inmediato, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No habría inconveniente, siempre que ambos Senadores acepten y funden el voto en el orden en que están inscritos.
El señor PRAT.-
Y que no exista restricción de tiempo para intervenir.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Muy bien, se pondrá en votación el informe de la Comisión Mixta y los dos Senadores inscritos tendrán un tiempo normal para fundamentar su voto.
Tiene la palabra la señora Ministra y después se cerrará el debate.
La señora TOHÁ ( Ministra Secretaria General de Gobierno subrogante ).-
Señor Presidente , deseo ser muy breve para no quitar mucho tiempo a la Sala.
Pienso que en este debate ha habido oportunidad de tratar los temas más importantes del proyecto. Sólo quiero enfatizar fundamentalmente un aspecto que se ha ido olvidando en el camino de la discusión. Sus Señorías tienen en su poder un texto comparado de cuatro columnas en que se muestran las distintas etapas de esta iniciativa, pero faltaría una quinta, que correspondería a la realidad de nuestra actual legislación.
En Chile existen hoy en día normas que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y del pluralismo en los medios de comunicación. Ellas están contenidas en la Ley sobre Abusos de Publicidad y en la de Seguridad Interior del Estado. Se trata de normas sumamente restrictivas y lesivas de estos principios, fundamentales hoy día en el mundo. Son leyes que, por lo demás, tienen características bastante primitivas y absurdas, porque muchas de ellas prácticamente no tienen aplicación o sus efectos son muy contradictorios. Por ejemplo: las limitaciones para informar respecto de algunos casos en los tribunales -como se acaba de mencionar- son fácilmente burladas a través de Internet, y lo mismo ocurre con "El libro negro de la justicia chilena", que fue prohibido, pero del cual seguramente todos los señores Senadores se han impuesto.
Entonces, darnos el lujo de entramparnos por tener ideas acerca de cómo mejorar una legislación, conlleva el costo de mantener la actual normativa. Chile es cuestionado en muchos foros internacionales por su situación en materia de libertad de expresión, y posiblemente será sancionado y deberá pagar multas por algunos de estos casos. Quisiéramos ser considerados -pienso que en esto todos concordamos- por ser un país donde se respetan plenamente las libertades básicas que exige la democracia.
El Ejecutivo ha puesto urgencia al proyecto que elimina la censura cinematográfica, y si en los próximos meses se logra la aprobación de ambas iniciativas podremos terminar el año como una nación que restituye una imagen decente y moderna en materia de libertad de información.
En días recientes, se me hizo llegar un comunicado enviado por la periodista Alejandra Matus a una red de personas. Deseo citar una frase para que se tenga presente la real situación en que nos encontramos. Ella dice: "Por segunda vez este año, una institución en Estados Unidos me otorga un premio en reconocimiento al Libro Negro de la Justicia Chilena y a lo que su publicación ha significado para la libertad de expresión en Chile. Quisiera que estos galardones pudieran traducirse en un cambio mínimo en la legislación de mi país. Uno suficiente como para permitirme el regreso a Chile como una ciudadana libre.".
A veces perdemos la perspectiva del significado que eso tiene cuando ante un foro internacional lo dice una joven periodista, que se encuentra hoy día prácticamente de exiliada, y reconocida como tal en Estados Unidos. ¡Es algo realmente vergonzoso para la imagen de Chile! Por lo tanto, espero que en esta fase de la tramitación el proyecto -objeto de tantos equívocos, de tantos problemas- se apruebe por unanimidad en el Senado. Ello significaría un espaldarazo muy importante para sacarlo adelante, a pesar de que formalmente en apariencia no tendría efecto.
El Ejecutivo va a hacer un esfuerzo -y lo hará dialogando con todas las bancadas y con todos los sectores- para redactar un veto que resuelva los problemas y nos permita aprobar la iniciativa, a fin de contar con una legislación adecuada en esta materia ojalá a final de año, y donde también se incluye, por supuesto, la aprobación de la legislación destinada a eliminar la censura cinematográfica.
Gracias, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra para fundar el voto el Honorable señor Prat.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , deseo manifestar mi voluntad de aprobar el informe y, también, de esperar el veto. Pero quiero llamar la atención en el sentido de que dicho veto debería ser muy madurado y capaz de recoger la realidad actual.
Debe entenderse que la iniciativa en comento tiene siete años de tramitación, pues fue presentada al Congreso Nacional en 1993, y en el intertanto han sucedido muchas cosas en el mundo. Normalmente, los proyectos se rigidizan en cuanto a las posiciones que sobre ellos pesan y muchas veces hay incapacidad para visualizar la evolución del entorno en que se desenvuelven.
A mi juicio, la iniciativa que nos ocupa se encuentra sujeta a dicho riesgo. Y si miramos lo que ha pasado en estos siete años, particularmente en el mundo de las comunicaciones y en la globalización de ellas, observaremos que puede estar atrasada en muchas materias que incluso fueron aprobadas por la Comisión Mixta. Por eso, hay que revisarla con gran detalle, porque nadie desea que terminemos aprobando hoy una iniciativa y mañana un veto que deje obsoleta una ley al momento de su nacimiento.
Me referiré brevemente a la importancia que hoy tiene el mundo global en las comunicaciones, la cual no sólo dice relación con lo que se puede o no decir dentro del país. Ya está claro que lo que no se puede manifestar aquí, se expresa afuera y llega a través de Internet. Pero lo mismo sucede con aquello que no se puede hacer en el país: se hará afuera y se traerá vía Internet.
Las restricciones del proyecto tocante a la adquisición de medios de comunicación, a su propiedad, se encuentran totalmente obsoletas en su nacimiento respecto de lo que está sucediendo en el mundo. De partida, se observó para su gestación la realidad existente en países como Estados Unidos, donde hay una limitación en la propiedad de los medios de acuerdo con el porcentaje de cobertura que posean dentro del conjunto. Pero eso en la actualidad ya está siendo modificado, porque justamente la globalización de las comunicaciones ha llevado a que dicha industria, para poder sobrevivir y acomodarse, deba buscar asociaciones en las cuales las leyes restrictivas son un fuerte obstáculo.
El artículo 40 propuesto en el informe de la Comisión Mixta, que señala: "Ninguna persona que participe en la propiedad de un servicio de televisión de libre recepción podrá participar en la propiedad de otro de igual naturaleza que cubra la misma zona de servicio.", es irrelevante, inconducente y -diría- absurdo en un mundo global. Porque las noticias llegarán a través de un medio convergente, que estará en un solo aparato, donde se bajará una radio, un diario o un canal de televisión, y la propiedad de ello o su ubicación legal será absolutamente indeterminada.
Por lo tanto, al establecer disposiciones de ese tipo -y con esto me refiero un poco a la preocupación de imagen que tiene la señora Ministra , la cual comparto- daremos la impresión de estar produciendo leyes para el período terciario de la evolución.
Quizás reviste ese mismo carácter el planteamiento de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien trajo a discusión la legitimidad que tendría hoy la propiedad de los diarios en cuanto a que ella se originaría en hechos sucedidos hace 27 años. Eso es como discutir ahora, cuando estamos hablando de los motores turboalimentados, quién era el dueño original de la carreta.
Señor Presidente , creo que debemos ser capaces de revisar la legislación que estamos elaborando, para que recoja los cambios acontecidos en el mundo global durante los siete años de tramitación de la iniciativa.
Hoy -y lo vemos en el mercado de capitales, en este mismo proyecto y en muchos otros-, por mantener disposiciones obsoletas que obstruyen la actividad en Chile, corremos el riesgo de quedar a merced de que se trasladen al exterior actividades incluso para atender nuestro propio mercado.
Por ejemplo, el Congreso Nacional está próximo a recibir un proyecto de ley que elimina el impuesto a las ganancias de capital, pero para los no residentes; es decir, habrá que ir a invertir desde afuera en acciones chilenas a fin de evitar que dicha carga pese sobre tales inversiones. Y en la iniciativa legal referente a las OPA está sucediendo lo mismo.
A mi juicio, estas disposiciones que restringen la actividad y la propiedad de los medios de comunicación probablemente llevarán a "trabajar" desde afuera, no sólo a "decir" desde afuera.
Fíjense, señores Senadores, que cuando ponemos limitaciones al "decir" aparece la Asociación Internacional de la Prensa, que de alguna manera reclama, y somos sancionados, como manifiesta la señora Ministra . Pero cuando colocamos limitaciones al "hacer", nadie nos sanciona, sino que sólo se nos margina. Y ahí quedamos privados de realizar en nuestro país actividades que bien vendrían para incentivar nuestro desarrollo.
Por eso, señor Presidente , llamo a que el veto considere todos los aspectos: también los que limitan la libertad de "hacer", porque en un mundo global empujarán a que aquellas cosas se hagan afuera -como expresaba- para nuestro propio mercado.
Voto a favor.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Romero para fundamentar su voto.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en primer lugar, deseo manifestar que el rechazo de la Cámara de Diputados al informe de la Comisión Mixta sobre este importante proyecto ha provocado una tremenda confusión.
Por ejemplo, el vespertino "La Segunda" de hoy dice que, más allá de la polémica, parece evidente que hay hechos inexplicables, "como el del proyecto de ley de prensa tramitado siete años en el Congreso para terminar rechazado en su último trámite constitucional, luego de contar con la aprobación unánime de una de las Cámaras y de la propia Comisión Mixta".
Como Senado, deberíamos hacer llegar una señal clara e inequívoca acerca de lo que pensamos sobre este tema. A nuestro juicio, la aprobación unánime -en tal sentido, me parece un fuerte indicador de aceptación- denota que en Chile tenemos efectivamente una libertad de información y una libertad de prensa adecuadas.
Quienes hace algunos días fuimos testigos de las intervenciones que hubo durante la celebración de los cien años del diario "El Mercurio" de Santiago pudimos comprobar la coincidencia de pensamiento que existe entre editores, periodistas e incluso gobernantes. Porque la verdad es que todos los planteamientos formulados en dicha oportunidad coincidieron en lo que ahora estamos abordando.
Y no cabe la menor duda de que la polémica generada con motivo de la designación de los directores de Televisión Nacional también fue reveladora de los sentimientos y pensamientos de los distintos sectores de la sociedad sobre el particular.
Considero relevante que escuchemos con claridad las argumentaciones. Porque en el último de los casos citados hubo pensamientos que estaban más cerca de tentaciones autoritarias -a veces ellas se producen en las democracias- que de un sentimiento plural, amplio y que ha probado, por lo demás, una visión de Estado, como ha sido el de la Dirección de Televisión Nacional.
Estimo que nos hallamos en una senda de señales. Por ello, voto a favor, y espero que el Senado sea unánime en este pensamiento.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Continúa la votación por orden alfabético.
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (36 votos), dejándose constancia de que se reunieron los quórum constitucionales requeridos.
--Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Cordero, Díez, Fernández, Foxley, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Muñoz Barra, Novoa, Páez, Parra, Pizarro, Prat, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , ¿se enviará el oficio al Ejecutivo?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es, señor Senador. Ya fue acordado.
FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN DE SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. PROYECTO DE ACUERDO
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Honorable señor Muñoz Barra entregó a la Mesa un proyecto de acuerdo, suscrito por diversos señores Senadores, relativo al funcionamiento de los mecanismos de fiscalización del sistema de educación superior.
En conformidad al Reglamento, debe quedar para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. Sin embargo, he recibido numerosos planteamientos en el sentido de votarlo hoy.
¿Habría consenso en tal sentido?
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba.
VII. INCIDENTES
PETICIONES DE OFICIOS
El señor HOFFMANN ( Secretario subrogante ).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
______________
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor FERNÁNDEZ:
A la señora Ministra de Relaciones Exteriores, al señor Director de Fronteras y Límites, sobre CIRCULACIÓN EN REVISTA "ERCILLA" DE "CD" QUE UBICA A PUNTA ARENAS EN ARGENTINA.
De la señora FREI (doña Carmen):
Al señor Ministro de Hacienda , acerca de OBLIGACIÓN A PENSIONADOS COMERCIANTES DE INCLUIR JUBILACIÓN EN DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , tocante a DESCUENTO DE IMPOSICIONES A PENSIONADOS.
Al señor Ministro de Obras Públicas , relativo a MEJORAMIENTO DE CAMINO TOCOPILLA-CHUQUICAMATA EN SECTOR CUESTA DE MONTECRISTO.
A la señora Ministra de Salud , referente a FACTIBILIDAD DE TRASLADO DE VERTEDERO DE TOCOPILLA,
Al señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , respecto de AGILIZACIÓN DE TRÁMITE PARA ADELANTO DE RECURSOS A TOCOPILLA POR PATENTES MINERAS (SEGUNDA REGIÓN).
Del señor HORVATH:
A los señores Subsecretario de Pesca , al Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, al Director Nacional de Pesca y Presidente de la CONAPACH , atinentes a DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE RECURSOS PESQUEROS DEMERSALES E IMPUTACIÓN DE SU CAPTURA SEGÚN AUTORIZACIONES.
A los señores Subsecretario de Pesca , al Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, al Director de SERNAPESCA, relacionados con SOLICITUDES DE NAVES PESQUERAS PARA OPERAR EN AGUAS AUSTRALES.
Al los señores Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y Director General de Aeronáutica Civil, acerca de SERVICIOS Y CONCESIONES EN AEROPUERTO DE BALMACEDA EN BENEFICIO DE HABITANTES DE LA ZONA (UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor LARRAÍN:
A la señora Ministra de Educación , relativo a INQUIETUDES DE DIRIGENTES DE ANDIME POR PROYECTO SOBRE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AUMENTOS EN PLANTA DE CONTRATA.
A los señores Alcaldes de Linares y de Villa Alegre, referentes a NO INTEGRO A ORGANISMOS PERTINENTES DE DESCUENTOS HECHOS A PROFESORES (SÉPTIMA REGIÓN).
Del señor MORENO:
Al señor Ministro de Defensa Nacional , con respecto a RECURSOS PARA SEGUNDA ETAPA DE ESTADIO DE RAPEL, EN COMUNA DE NAVIDAD;
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , acerca de OFICINA PERMANENTE DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN PROVINCIA DE CARDENAL CARO;
Al señor Ministro de Obras Públicas , relativo a CONCLUSIÓN DE DEFENSA DE RÍO CACHAPOAL;
Al señor Intendente de la Sexta Región , referente a QUEJAS ANTE EXCESO DE PARTES POLICIALES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN COMUNA DE DOÑIHUE;
Al señor Superintendente de Servicios Sanitarios , sobre CUMPLIMIENTO DE PROYECTO "ALCANTARILLADO DE RANCAGUA, COLECTOR BAQUEDANO";
Al señor Presidente del Banco del Estado de Chile , en cuanto a CAJEROS AUTOMÁTICOS PARA COMUNAS DE DOÑIHUE, REQUÍNOA Y PEUMO (todos de la Sexta Región).
A Su Excelencia el Presidente de la República, y al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, acerca de CRÉDITOS PARA FINANCIAMIENTO DE CURSOS LEGALES DE CHOFERES PROFESIONALES.
______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El primer turno de Incidentes corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Honorable señor Páez.
CENTÉSIMO TERCERA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL
El señor PÁEZ.-
Señor Presidente , debo informar al Honorable Senado respecto a la participación de la delegación del Congreso Nacional de Chile en la Centésimo Tercera Conferencia Interparlamentaria Mundial, realizada en la ciudad de Ammán, capital de Jordania, entre los días 30 de abril y 6 de mayo.
Esta Conferencia fue convocada en conformidad al artículo 10 de los Estatutos de la Unión Interparlamentaria y su agenda contempló el debate de las siguientes materias: 1) "El logro de la paz y la estabilidad en el contexto del mundo globalizado"; 2) "El diálogo entre las civilizaciones y las culturas", y, como punto suplementario, "El apoyo de los Parlamentos a los derechos de los refugiados y de las personas desplazadas a causa de guerra y ocupaciones". Asimismo, se llevó a efecto el habitual debate sobre la situación política, económica y social en el mundo.
La delegación chilena estuvo presidida por quien habla e integrada por el Senador señor Ignacio Pérez Walker y los Diputados señores Juan Antonio Coloma, René Manuel García , Guillermo Ceroni , Exequiel Silva , Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier , este último en su carácter de miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Parlamentarios.
Igualmente, asistió el Senador señor Jorge Pizarro , integrando la delegación del Parlamento Latinoamericano, en su calidad de Secretario General de esa organización.
Cabe hacer notar que, por inconvenientes de última hora, no pudieron concurrir los Senadores señores Chadwick y Núñez , quienes también formaban parte de la delegación.
Todos los señores Senadores y Diputados de nuestra delegación participaron activamente y con singular dedicación en los debates de la Conferencia, en las Comisiones de estudio y en el intercambio de opiniones y experiencias con diversas delegaciones o en el seno de las agrupaciones interparlamentarias internacionales que, por afinidades ideológicas o de intereses geopolíticos, sesionan paralelamente.
En tal sentido, resulta pertinente destacar que los siguientes Parlamentarios chilenos hicieron uso de la palabra: el Senador señor Pérez Walker , ante la Comisión encargada de debatir y proponer un proyecto de resolución sobre la paz y la estabilidad en el mundo globalizado; el Diputado señor René Manuel García , ante la Comisión a cargo del tema relativo a las civilizaciones y la cultura; y los Diputados señores Guillermo Ceroni y Pedro Muñoz , en el debate general ante el Plenario de la Conferencia.
En lo atingente al contenido de las resoluciones adoptadas en ese encuentro interparlamentario internacional, podemos resumir apretadamente los siguientes aspectos.
En cuanto al tópico de la paz y estabilidad global, se urge a las organizaciones internacionales a priorizar los programas de desarrollo concernientes a las mujeres y a la infancia. Del mismo modo, se insta a apremiar a las organizaciones financieras internacionales con el objeto de que respalden programas para combatir la pobreza y la marginalidad, y a que limiten los efectos negativos de los programas de ajuste en los sectores más vulnerables de la población.
En términos del diálogo entre las civilizaciones y las culturas, se invita a los Parlamentos a adoptar medidas efectivas para mantener y promover la diversidad cultural y lingüística. Asimismo, se les llama a impulsar políticas que protejan a las minorías y leyes que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
En lo relativo al punto suplementario sobre los derechos de los refugiados, se urge a los países, a las Naciones Unidas y a otras organizaciones humanitarias a dar pronta asistencia y protección a los grupos más desvalidos de entre los refugiados y poblaciones desplazadas, particularmente a las mujeres y los niños.
Cabe agregar que el Diputado señor Juan Antonio Coloma fue elegido Presidente de la Comisión sobre Educación , Ciencia, Cultura y Medio Ambiente de la Unión Interparlamentaria, cargo que desempeñará por cuatro años. Ello constituye, sin duda, un honor y una distinción para nuestro Congreso Nacional.
El texto completo de todas las resoluciones adoptadas, así como el respectivo informe oficial, se encuentran a disposición de los Honorables colegas en la Secretaría del Grupo Interparlamentario Chileno.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Solicito autorización de la Sala para que presida la sesión el Honorable señor Muñoz Barra.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Corresponde el turno al Comité UDI e Independientes.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
MEDIDAS ALTERNATIVAS A ELIMINACIÓN DE PERROS VAGOS EN COYHAIQUE. OFICIOS
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en la comuna de Coyhaique, de la Región de Aisén, se ha generado una controversia pública con motivo de la decisión del Concejo Municipal y del Alcalde , apoyada por las autoridades de salud y del medio ambiente, en el sentido de retirar de las calles a los perros vagos y, si éstos no fueren reclamados en un plazo muy breve, eliminarlos en forma drástica, probablemente con estricnina.
Estimo posible desarrollar una acción alternativa a ésa, con similares costos, evitando una muerte cruel a los perros, mediante algunas de las siguientes medidas: someterlos a tratamiento sanitario; esterilizarlos; realizar campañas de prevención y educación; generar responsabilidades en sus dueños (recomendarles, por ejemplo, ponerles collar, placa, etcétera); apoyar a una sociedad protectora de animales (existen prácticamente en todas las regiones de Chile).
A través de ese tipo de medidas puede lograrse el mismo objetivo sanitario y su afianzamiento a largo plazo. Además, se evita el impacto a la integridad física y psíquica de las personas que se enteran de la eliminación de esos animales o -lo que es peor todavía- la presencian.
Se ha denunciado que en algunos casos, sobre todo en lugares más aislados, la estricnina es poco menos que arrojada a las calles para acabar con los perros. Y, aparte la crueldad que implica su muerte, se corre el peligro de que otros seres vivos -entre ellos el hombre- sean dañados por esa substancia, con un muy alto costo.
En atención a lo planteado, solicito que se nos hagan llegar todos los antecedentes relativos a costos, alternativas, plazos, competencia, otras experiencias en distintas regiones del país e individualización de las personas involucradas, a fin de que la autoridad pueda respaldar iniciativas opcionales, como las que he mencionado.
Pido oficiar sobre la materia a la señora Ministra de Salud , al señor Ministro del Interior , a la señora Intendenta de Aisén , al señor Alcalde y al Concejo Municipal de Coyhaique, y al Consejo Regional.
Gracias, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Resta tiempo al Comité UDI e Independientes.
TOMA DE LICEO MANUEL JESÚS ANDRADE, DE CHONCHI. OFICIO
El señor STANGE.-
Señor Presidente , el Liceo Manuel Jesús Andrade, de Chonchi, en la Décima Región, se encuentra ocupado desde el lunes 5 del presente por el Centro de Padres y Apoderados y, por lo tanto, no hay clases.
La ocupación se originó como protesta por haberse suspendido la construcción-reposición del nuevo establecimiento. El edificio actual alberga a 845 alumnos y fue construido en 1945 para 200.
En septiembre de 1999, tanto el Presidente de la República como el Intendente de la Región prometieron públicamente en Chonchi que los trabajos de reposición comenzarían los primeros días de este año. Sin embargo, debido a que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional -a través del cual se iba a financiar la nueva obra- se encuentra desfinanciado, el actual Intendente, señor Iván Navarro , señaló que era imposible materializar la construcción antes del año 2002.
En el día de hoy, el señor Secretario Regional Ministerial de Educación informó que el inicio de la reposición del liceo estaba contemplado definitivamente para el segundo semestre del año 2001.
La incertidumbre surgida a raíz de lo prometido inicialmente y lo acordado en los últimos días es la razón por la cual el Centro de Padres y Apoderados se tomó el liceo, en señal de protesta.
Señor Presidente , solicito enviar oficio en calidad de urgente a la señora Ministra de Educación , representándole el problema expuesto, que requiere pronta solución.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
RECHAZO A USO DE TÉRMINO "DICTADURA" EN REFERENCIAS A PERÍODO 1973-1990. 0FICIO
El señor STANGE.-
Señor Presidente , la utilización del término "dictadura" para referirse, incluso en documentos oficiales, al período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 hace necesario precisar ese concepto, que, usado con una intención política direccionada, pretende desacreditar la obra del Gobierno militar.
La dictadura, según su origen histórico en el Derecho Público romano, tuvo el carácter de dignidad excepcional del "cursus honorum" o carrera política a que podían aspirar los ciudadanos. En efecto, mientras en época normal la autoridad suprema, después del Senado romano, residía en dos cónsules, en situaciones de especial gravedad para la supervivencia de la República se nombraba un "dictador" que reunía en su mano las potestades necesarias para superar la emergencia.
Sin embargo, el paso de los siglos dio al término "dictadura" un significado distinto del original, de carácter más bien despectivo y como sinónimo de tiranía, que podría corresponder en el pasado histórico a una forma de gobierno cruel, arbitraria o injusta.
Así, pues, al hablar de dictadura hoy día no se puede negar que se está haciendo referencia a una situación similar a la que en el pasado histórico se denominó tiranía. Por eso su utilización pública para referirse al Gobierno militar no es correcta.
En 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron el poder en virtud de la destrucción del sistema democrático por el Gobierno de Salvador Allende, según denunciaron documentadamente la Cámara de Diputados, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y algunos colegios profesionales.
Dado que las Fuerzas Armadas y Carabineros no decidieron su participación como una simple apetencia de poder, sino como respuesta a lo que las altas autoridades del país estaban denunciando y al clamor popular por el restablecimiento del orden, no se utilizó la expresión "golpe de Estado", sino la de "pronunciamiento militar" para denotar esa diferenciación, que no es menor.
Luego, se estructuró y aprobó una nueva Constitución Política, la que actualmente nos rige, con modificaciones. En ese texto se estableció que en 1989 se elegiría un Congreso Nacional. Así estaba previsto precisamente en su Disposición Transitoria Vigesimoctava. En consecuencia, la reiniciación de las funciones del Congreso Nacional se debe a la Constitución plebiscitada el 11 de septiembre de 1980, y no a otra razón o a presiones políticas.
Por tanto, a partir de una situación de violencia extrema generada antes y después de septiembre de 1973, el país empezó a avanzar lenta, pero sostenidamente, hacia el restablecimiento de la democracia. Se dictaron las Actas Constitucionales -que, entre otras cosas, establecieron en Chile el recurso de protección que tan importante ha sido para la defensa de las garantías constitucionales-, una ley de partidos políticos y otra de servicio electoral. Es decir, se volvió a institucionalizar el país.
Por eso, calificar de dictadura el Gobierno militar es una afirmación errónea. El plebiscito convocado para confirmar al entonces Presidente preveía claramente el destino institucional para el caso de que la proposición de la Junta de Gobierno fuese rechazada por la ciudadanía, como de hecho ocurrió. En este caso, la situación estaba prevista en la Disposición Transitoria Vigesimanovena de la Constitución.
Cabe, entonces, preguntarse: ¿En qué dictadura el gobernante deja el mando de la nación por una decisión plebiscitaria? Antes bien ¿en qué dictadura se convoca a plebiscito para aprobar una Constitución y para resolver sobre la persona que ocupará el poder?
Los pasos que dio la ciudadanía a partir del 11 de marzo de 1981, día en que entró en vigencia nuestra actual Carta Fundamental, estaban previstos en ella, con el ánimo de que el país se encaminara resueltamente por la senda trazada por pronunciamientos populares convocados dentro de un marco jurídico transparente e inobjetable.
Es cierto que la situación de grave emergencia provocada por el caos político, social y económico del año 1973, cuyas raíces pueden rastrearse varias décadas hacia atrás, exigió del Gobierno militar mano dura en diversas decisiones de trascendencia nacional para devolver al país su viabilidad como Estado soberano. También es cierto que, como en cualquier obra humana, pudo haber errores o excesos. Pero ello no permite calificar de "dictadura" un período difícil pero fructífero de nuestra historia, que hizo posible transformar a Chile en un Estado moderno, de lo que ahora, con justicia, nos enorgullecemos. Por eso, no parece ecuánime referirse al Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden como dictadura, por mucho que se deseen destacar los aspectos más discutibles del período.
Lo mínimo, entonces, que se puede pedir a las autoridades de Gobierno es que asuman con veracidad el juicio global sobre un período histórico que los militares no provocaron ni quisieron, sino que resolvieron y regularizaron en beneficio de la generalidad de los chilenos.
Por lo anterior, debo denunciar, como contraria a la verdad histórica, la difusión en textos oficiales del Ministerio de Salud de la denominación de "dictadura" para aludir al período durante el cual militares y carabineros debieron asumir una grave situación de emergencia nacional.
Por ello, solicito al señor Presidente del Senado dirigir oficio, en mi nombre, a la Ministra de Salud señora Michelle Bachelet Jeria , para que se sirva disponer que se rectifique el mencionado término, expuesto en las páginas 24, 69, 107, etcétera, de la edición oficial auspiciada por el Ministerio a su cargo titulada "Regulación de Recursos Humanos de Salud en Chile".
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.
El señor MUÑOZ BARRA ( Presidente accidental ).-
Corresponde hacer uso de su tiempo al Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
No usará de la palabra.
En el turno del Comité Renovación Nacional e Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Romero.
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON RECAREDO OSSA UNDURRAGA
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , en las exequias de don Recaredo Ossa Undurraga , fallecido recientemente, señalé que era de justicia dejar constancia en los anales del Senado de la República de la trayectoria de quien fuera en vida un gran señor y una personalidad tan atractiva. Fue sin duda un valioso aporte para las nuevas generaciones en una sociedad que requiere de muchos testimonios de vida como los que él nos legara.
Los rasgos más trascendentes de esa trayectoria no fueron necesariamente aquellos de orden material, sino más bien los vinculados con el espíritu y el pensamiento. Y es justamente en los temas valóricos y de principios donde surge con mucha fuerza la gigantesca personalidad de quien conociéramos cariñosamente como "don Reca".
Quienes tuvimos el privilegio de trabajar con él, de ser testigos de sus memorables debates acerca de la libertad o del rol social de las empresas, o bien acerca del respeto a la iniciativa y propiedad privada, conocimos de verdad a un ser excepcional que sabía expresar con lucidez y decisión inquebrantable la coherencia de pensamiento y acción, tan escasa en estos días.
Como lo señalara el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , don Reca tuvo memorables intervenciones acerca de la necesidad de evitar el crecimiento del Estado y, contra las teorías económicas en boga, de limitar el gasto público. A la vez, luchó por la importancia de formular políticas agrarias para Chile, concebidas técnicamente y sustentables en el tiempo.
De claro espíritu empresarial, realizó numerosos proyectos que con su esfuerzo convirtió en realidades, y cuyos ejemplos más relevantes son Viña La Rosa y SOFRUCO . Don Reca fue un innovador de gran dimensión, y ya en la década de los años cuarenta, con la estrecha colaboración de trabajadores y profesionales, inicia una explotación intensiva, pionera en aquellas épocas, con muy fuerte acento en la fruticultura y cítricos.
A menudo se refería al primer envío de fruta de exportación con destino a Europa, que se fue a "pique" al ser el barco torpedeado frente a las costas de Brasil. Esto, durante la Segunda Guerra Mundial.
Era un gremialista de verdad, y pensaba que los productores agrícolas debían agruparse siempre. Para ello, en 1931, organizó el Sindicato de Vitivinicultores -que fue presidido, antes que él, por don Pedro Aguirre Cerda - y, posteriormente, la Confederación Vitivinícola de Chile, que reunió a productores, exportadores y distribuidores.
Era reconocida su capacidad para organizar a personas y sectores, muchas veces opuestos. Su primer gran logro gremial fue la Acción Nacional Agraria, que agrupó por primera vez a todos los agricultores del país, acción señera que siempre es recordada como pionera de la unidad del agro.
Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura , de la Confederación de la Producción y del Comercio, y del Consejo Interamericano del Comercio y Producción, supo conciliar con extraordinaria consecuencia lo que pensaba y lo que hacía. Cuando levantaba su voz, lo hacía con la decisión de quien estaba profundamente convencido de que sólo a través de la libre iniciativa y del respeto a principios y reglas conocidas y claras era posible resolver los grandes problemas de una nación que hasta entonces había recorrido todas las experiencias imaginables para intentar el desarrollo que por décadas nos había sido tan esquivo.
Años después, sus posiciones eran validadas plenamente por una realidad que por fortuna, dada su prolongada existencia, pudo confirmar con la satisfacción de los que han sembrado las semillas precursoras. En lo personal, también había logrado hacer realidad, junto a la señora Trinidad, su distinguida esposa, y sus hijos y trabajadores, similares ejemplos de principios y acciones coherentes, que han hecho de sus empresas un modelo de lo que es posible realizar en nuestro Chile.
Su recuerdo, para todos los que apreciamos su sentido de vida, tiene el tremendo valor de una figura digna de seguir no sólo por quienes forman parte de una familia tan distinguida, sino también por sus colaboradores y por quienes lo conocimos y valoramos en toda su formidable dimensión.
Creí de justicia que este testimonio de vida de don Recaredo Ossa fuese recogido en el Senado de la República, porque me parece necesario dejar constancia de nuestra admiración y afecto por un gran chileno, que nos ha dejado un enorme legado, que reconocemos con gratitud, no sólo porque fue un tremendo innovador, sino porque, por sobre todas las cosas, siempre hizo gala de sus sólidos principios y probados valores.
He dicho.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Restan algunos minutos al Comité Renovación Nacional e Independiente.
No hará uso de ellos.
Corresponde el turno del Comité Institucionales 1.
Tiene la palabra el Honorable señor Vega.
AUTONOMÍA DE PODERES DEL ESTADO Y PAZ SOCIAL
El señor VEGA .-
Señor Presidente , me voy a referir a un tema relativo a los equilibrios del Estado, que en alguna forma ya fue tocado anteriormente. Quiero expresar una opinión compatible con la sensibilidad política que hoy estamos viviendo.
En concreto, deseo abordar lo concerniente al sistema de Estado-Nación, el cual ha proporcionado el esquema básico para la convivencia internacional. Dentro de este esquema, para la defensa de la soberanía, su honor nacional y sus intereses materiales, cada Estado organiza su potencial de fuerza y coercitivo y construye su poder nacional. Cada Estado es libre para establecer sus objetivos, por lo menos, hasta hoy, en teoría.
El Poder del Estado es la fuerza que proporciona los instrumentos y fundamentos para hacer lo que un Estado desea y avanzar en la satisfacción de los objetivos nacionales, incluyendo el uso de las armas, con ejemplos variados en el mundo en los últimos siglos.
Chile radica su poder en su histórica soberanía, que incluye dramáticos y extremos políticos, comprendiendo el uso interno y externo de la fuerza. Su poder radica en su nacionalismo, conclusión de sus variados orígenes étnicos, y en el empleo oportuno de su poder, con el espíritu de defender nuestros intereses nacionales.
Se han reiterado en el Senado las consecuencias que para nuestro país tuvo la arbitraria detención en Londres del Senador, ex Presidente de la República y ex Comandante en Jefe del Ejército , don Augusto Pinochet Ugarte , con indefensión extrema del respeto internacional de los Estados y, en particular, de nuestra reconciliación y transición democrática.
Con la globalidad presente, las potencias mundiales pueden debilitar a su arbitrio el nacionalismo de países como el nuestro, generando problemas de fondo que nos dividen y que limitan nuestro fundamental desarrollo interno y externo.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son instituciones permanentes al servicio de la patria y sus valores. Son obedientes, no deliberantes, profesionales y jerarquizadas, con un ordenamiento jurídico preciso en el marco orgánico del Estado (artículos 1°, 2° y 6° de la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas). Deseo hacer notar que son muy pocas las instituciones de defensa en el mundo que poseen una estructura jurídica tan precisa como la que tienen las Fuerzas Armadas de Chile.
Es muy preocupante la presión que hoy sufren estas instituciones -por su jerarquía-, generada por los numerosos procesos existentes y, en particular, por el desafuero, también en proceso, del Senador don Augusto Pinochet , todos los cuales debieran estar cubiertos por la Ley de Amnistía (artículos 9° y 19), de 19 de abril de 1978, cuyo propósito esencial fue producir una férrea unidad nacional que respaldara el avance hacia una nueva institucionalidad destinada a construir los nuevos destinos de Chile.
Con esta ley, el legislador miró hacia delante; otorgó a muchos la oportunidad de rehacer sus vidas y quiso dar un corte al extremo quebrantamiento político que dividió a los chilenos y que generó, como conclusión, el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973.
Todos sabemos que las Fuerzas Armadas y Carabineros no intervinieron arbitrariamente en esa extrema situación. Fue una consecuencia que no pretendieron, de un origen muy lejano a su vocación y doctrina.
El escenario de la época era hostil para la sociedad toda, con inestabilidad síquica generalizada, anarquía, debilitamiento moral, desconfianza mutua y con debilitamiento del Poder del Estado , cuya recuperación generó consecuencias muy complejas y dolorosas, difíciles de resolver y evaluar, sobre todo en un pasado que para la gran mayoría de los chilenos ya es historia.
Dicha ley, como bien sabemos -y se ha discutido-, no ha tenido el mismo efecto para todos. Con la aplicación de la figura jurídica del secuestro se mantiene con plena vigencia una difícil situación nacional que el legislador quiso resolver con la normativa dictada en 1978.
Las pérdidas de vidas son dramáticas y dolorosas, sobre todo en un pueblo de hermanos, y no hay forma de mitigar esos extremos sentimientos. Sin embargo, la vida y el destino de los pueblos continuarán siempre, y sólo hacia el futuro, por lo que es de nuestra responsabilidad reconocer orígenes y consecuencias, para no repetirlos, provocando nuevas angustias.
Democracia sólida y estable -la cual, estoy cierto, no es posible sin la paz social-, constituye la solución única y eficiente, y para alcanzarla se requiere, necesariamente, la contribución patriótica de cada chileno y, sobre todo, la contribución de las autoridades superiores del Estado, porque este fortalecimiento de nuestra democracia es, inevitablemente, una decisión de Estado y, por lo tanto, política. Así lo han reiterado diversas personalidades nacionales.
El Estado, como sabemos, es la institución de las instituciones; es aquella parte de la sociedad política especializada en los intereses del todo. Entiendo el "todo" como cada persona humana que forma parte de la sociedad. Por consiguiente, el Estado es la institución rectora del bien común en cuanto a las partes afectadas, lo que necesariamente implica paz, libertad y justicia.
Esta institución tiene una distinción-función, que es lo que llamamos "división de los poderes del Estado". El Estado tiene una función ejecutiva, que es el Gobierno, una función legislativa y una función judicial. Pero esta división de funciones o poderes no hipoteca la participación activa que corresponde a cada uno de los poderes en la realización efectiva del bien común.
Por consiguiente, ningún Poder del Estado puede definirse desde una supuesta autonomía que le impida contribuir a la búsqueda de la paz social, que es el otro nombre del bien común.
El Poder Legislativo es autónomo (pero no hay que entender la autonomía ideológicamente) y genera la estructura jurídica de la Nación en función de los intereses nacionales. El Poder Judicial también es autónomo, pero en función del resto de los poderes y, por sobre todo, en función del Poder del Estado, que es la institución encargada de que el bien común se realice en vista de la supervivencia de un pueblo.
Estoy lejos de ser un experto en esta compleja materia política y jurídica, pero mi opinión es, a mucha honra, la de un ciudadano común de nuestra República que tiene en este Senado una particular responsabilidad y oportunidad.
La figura del secuestro, definida en este caso desde una perspectiva particular y como delito permanente, no está en nuestro Código Penal. No es consecuente con el espíritu del sistema jurídico, que es muy directo y normativo, y, desgraciadamente, termina siendo distorsionada por las ideologías. Por esta razón, genera más contratiempos que soluciones -como en el caso del desafuero en proceso del Senador señor Pinochet -, sin que podamos llegar a resultados prácticos con el propósito de origen, cual es el de encontrar personas lamentablemente desaparecidas en ese período.
El tiempo ha pasado y seguirá pasando, y cada vez las consecuencias serán más difíciles, y las soluciones, más complejas y remotas.
Es lo que se ha expresado reiteradamente. Todos quisiéramos una conclusión práctica y final -razón de la Mesa de Diálogo-, pero intereses contrapuestos y sensibilidades limitan un avance concreto y formal en estas soluciones.
A la luz de los acontecimientos recientes, queda en evidencia que es necesaria una sincera y clara voluntad política de todos los actores del quehacer nacional, para llegar a un consenso que permita lograr una solución efectiva y práctica a los problemas que interfieren el término de esta compleja transición.
Al no existir esta voluntad política, temas tan delicados y sensibles como el de los derechos humanos, en general, y el desafuero del Senador señor Pinochet , en particular, se ventilan a diario por los medios de comunicación, ante el desconcierto de la población ilustrada y el aumento de resentimientos y odios que impiden la reconciliación que Chile hoy necesita.
La Mesa de Diálogo, bajo la autoridad del Ministerio de Defensa Nacional, es una alternativa práctica que debe incentivarse. A lo mejor, no están todos los actores que debieran estar, pero algunos de los actuales cuentan con suficiente autoridad como para generar caminos factibles, en la medida en que reconozcamos que es un problema de Estado - por lo tanto, de solución política-, y que Chile necesita el término de una transición que políticamente debió haberse hecho con la entrega del Gobierno del Presidente Pinochet al Presidente Aylwin , momento en el cual el Régimen de las Fuerzas Armadas dio término a su histórico proceso.
El Chile presente es origen de nuestra historia, con sus virtudes y con sus defectos.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, como instituciones permanentes y fundamentales del Poder del Estado , deben mirar hacia adelante con su acostumbrado profesionalismo, muy conscientes de ser el álter ego de la estructura jurídica en la que descansa la democracia, por cuanto una fuerza sin estructura jurídica ni compromiso jerárquico es anarquía, y un Estado sin estructura jurídica ni la fuerza que le otorga su poder es una nación sin destino.
Esta interacción de los poderes es lo que debemos entender, es lo que debemos perfeccionar y es lo que todos debemos respetar y cuidar para el presente y para el mañana que los chilenos demandan.
El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-
Ha concluido el turno del Comité Institucionales 1.
Los Comités Socialista, Institucionales 2 y Mixto no harán uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
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--Se levantó a las 19:21.
Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción