Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Julio Lagos Cosgrove
- Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEÑOR JACOBO SCHAULSOHN NUMHAUSER .
- FALLECIMIENTO DEL CORRESPONSAL DE RADIO COOPERATIVA EN EL SENADO, SEÑOR CLAUDIO LE FORT DESCOMBER.
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Jaime Orpis Bouchon
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE LEY SOBRE ARICA Y PARINACOTA. Acuerdo de los Comités.
- V. ORDEN DEL DÍA
- NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional. (Continuación). Acuerdo para celebrar sesión especial.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Andres Aylwin Azocar
- INTERVENCIÓN : Martita Elvira Worner Tapia
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Gutenberg Martinez Ocamica
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. (Tercer trámite constitucional).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Carlos Valcarce Medina
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Ignacio Balbontin Arteaga
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional. (Continuación). Acuerdo para celebrar sesión especial.
- VI. INCIDENTES
- APROBACIÓN DE PROYECTO QUE BENEFICIA A LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
- DÉFICIT DE AGUA POTABLE EN LOS ANDES. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Carlos Caminondo Saez
- Harry Jurgensen Caesar
- Francisco Leandro Bayo Veloso
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Jorge Ulloa Aguillon
- Claudio Alvarado Andrade
- Raul Urrutia Avila
- Juan Carlos Latorre Carmona
- Edmundo Salas De La Fuente
- Ramon Elizalde Hevia
- Rodolfo Seguel Molina
- Jose Makluf Campos
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Montes Cisternas
- ADHESION
- PROVISIÓN DE CARGOS EN CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA. Oficio.
- HOMENAJE PÓSTUMO A DON JULIO CHANÁ Y A DON TOBÍAS BARROS. Oficios.
- COBRO RETROACTIVO DE PATENTES DE ACUICULTURA EN CHILOÉ Y PALENA. Oficios.
- ADHESION
- Harry Jurgensen Caesar
- Carlos Caminondo Saez
- Ivan De La Maza Maillet
- Jorge Ulloa Aguillon
- ADHESION
- MEJORAMIENTO DE ACCESOS A PUERTOS DE SAN VICENTE Y TALCAHUANO. Oficio.
- REACCIONES DE ESPECIES DEL REINO ANIMAL, CARENTES DE RACIONALIDAD.
- RECHAZO A DECLARACIONES FORMULADAS CON MOTIVO DEL 11 DE SEPTIEMBRE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 331ª, ORDINARIA
Sesión 36ª, en martes 12 de septiembre de 1995
(Ordinaria, de 11 a 14.23 horas)
Presidencia de los señores Estévez Valencia, don Jaime; Ortiz Novoa, don José Miguel, y Ribera Neumann, don Teodoro.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA
VI. INCIDENTES
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia…6
II. Apertura de la sesión…8
III. Actas…8
IV. Cuenta…8
Minuto de silencio por fallecimiento del ex Presidente de la Cámara de Diputados señor Jacobo Schaulsohn Numhauser…8
Fallecimiento del corresponsal de Radio Cooperativa en el Senado, señor Claudio Le Fort Descomber…8
Permiso constitucional…8
Permiso para proyecto de ley sobre Arica y Parinacota. Acuerdo de los Comités…9
V. Orden del Día.
Nueva Ley de Prensa. Primer trámite constitucional. (Continuación). Acuerdo para celebrar sesión especial…9
Incentivos para el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota. Tercer trámite constitucional…30
VI. Incidentes.
Aprobación de proyecto que beneficia a las provincias de Arica y Parinacota. Oficio…38
Déficit de agua potable en Los Andes. Oficio…39
Provisión de cargos en Corte de Apelaciones de Valdivia. Oficio…40
Homenaje póstumo a don Julio Chana y a don Tobías Barros. Oficios…41
Cobro retroactivo de patentes de acuicultura en Chiloé y Palena. Oficios…41
Mejoramiento de accesos a puertos de San Vicente y Talcahuano. Oficio…42
Necesidades de avanzar en el proceso de reconciliación, reencuentro y consolidación democrática…43
Reacciones de especies del reino animal, carentes de racionalidad…45
Rechazo a declaraciones formuladas con motivo del 11 de septiembre…45
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores Diputados: (107)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Meló, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azocar, Andrés
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Chadwick Piñera, Andrés
--De la Maza Maillet, Iván
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Escalona Medina, Camilo
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Ferrada, Valenzuela, Luis Valentín
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Gajardo Chacón, Rubén
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Hamuy Berr, Mario
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Hurtado Ruiz-Tagle, José María
--Jara Wolf, Octavio
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Jürgensen Caesar, Harry
--Karelovic Vrandecic, Vicente
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Latorre Carmona, Juan Carlos
--Leay Morán, Cristian
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Makluf Campos, José
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Matthei Fornet, Evelyn
--Melero Abaroa, Patricio
--Montes Cisternas, Carlos
--Morales Morales, Sergio
--Moreira Barros, Iván
--Munizaga Rodríguez, Eugenio
--Muñoz Aburto, Pedro
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Pizarro Soto, Jorge
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rebolledo Leyton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Rocha Manrique, Jaime
--Rodríguez Cataldo, Claudio
--Sabag Castillo, Hosain
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Ávila, Raúl
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Venegas Rubio, Samuel
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Wörner Tapia, Martita
--Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso constitucional estuvieron ausentes las Diputadas señoras Mariana Aylwin, María Angélica Cristi y Fanny Pollarolo, y la Diputada señorita María Antonieta Saa.
Asistieron, además, los siguientes Ministros: del Interior, señor Carlos Figueroa y de la Secretaria General de Gobierno, señor José Joaquín Brunner; y los Senadores señores Julio Lagos y Mariano Ruiz-Esquide.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.00.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patriare abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El acta de la sesión 33ª de la legislatura 331ª, se declara aprobada.
Las actas de las sesiones 34ª, y 35ª, de la citada legislatura 331a, quedan a disposición de los señores Diputados.
IV.CUENTA
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZUÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente, hoy nuestro Comité recibió de la Presidencia copia de un acuerdo del Congreso de la República de Venezuela, y quiero saber qué tratamiento se le dará: si se consignará en la Cuenta, como una simple información o si vamos a adoptar alguna posición frente a ese acuerdo.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Debiera consignarse en la Cuenta, por cuanto es una comunicación oficial enviada por el Parlamento de Venezuela al nuestro. Se recibió hoy y se ha repartido a los Comités para su conocimiento, justamente por su carácter. Lo más probable es que mañana aparezca en la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEÑOR JACOBO SCHAULSOHN NUMHAUSER .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Informo a la Honorable Corporación el sensible fallecimiento del ex Presidente de la Cámara de Diputados, señor Jacob Schaulsohn Numhauser .
Solicito guardar un minuto de silencio.
Los señores Diputados, funcionarios y público presentes en las tribunas, de pie guardan un minuto de silencio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
De acuerdo con nuestras tradiciones, se ha dispuesto el izamiento del emblema nacional, a media asta, durante 48 horas.
FALLECIMIENTO DEL CORRESPONSAL DE RADIO COOPERATIVA EN EL SENADO, SEÑOR CLAUDIO LE FORT DESCOMBER.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Informo a la Honorable Corporación el sensible fallecimiento del joven periodista de Radio Cooperativa, señor Claudio Le Fort Descomber , corresponsal de dicha emisora en el Senado.
La Honorable Cámara y su personal adhieren al dolor de su familia y de sus amigos periodistas.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder el permiso constitucional pedido por el Diputado señor Orpis , por más de 30 días, a contar del 12 de septiembre en curso.
Acordado.
PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE LEY SOBRE ARICA Y PARINACOTA. Acuerdo de los Comités.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Los Comités parlamentarios, a solicitud de diversos Diputados, han acordado discutir y votar, en el tiempo de los proyectos de acuerdo, las modificaciones del Senado al proyecto que establece incentivos económicos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota , destinando para ello cinco minutos por bancada.
V.ORDEN DEL DÍA
NUEVA LEY DE PRENSA. Primer trámite constitucional. (Continuación). Acuerdo para celebrar sesión especial.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión, del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Zarko Luksic .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso del Subsecretario General de Gobierno, señor Edgardo Riveras , quien acompaña al Ministro señor Joaquín Brunner .
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin .
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Señor Presidente, el artículo 1° establece que la libertad de expresión comprende no sólo la de informar, sino también el derecho de la sociedad a estar pluralistamente informada. Este punto ha merecido algunos reparos.
El concepto de que la comunidad tiene el derecho a la información se encuentra plenamente consagrado por la doctrina constitucional moderna. Sorprende que se discuta el punto, en circunstancias de que la generalidad de los constitucionalistas chilenos también adhieren a esta concepción.
Los profesores Mario Verdugo , Emilio Pfeiffer y Humberto Nogueira expresan que "El derecho a recibir información forma parte integrante de la libertad de expresión porque de otro modo de nada serviría que se reconociera la libertad de informar si no se reconoce que los destinatarios -o sea, la comunidad- tiene mínimamente el legítimo derecho a una información oportuna, veraz y objetiva." Es decir, estos autores van más allá de lo que establecemos en este artículo. Lo mismo sostienen los profesores José Luis Cea y Enrique Evans . Dice este último: "La libertad de expresión tiene una doble cara: el derecho de informar por una parte y por la otra el derecho a recibir la información."
Más aún, todos estos constitucionalistas y otros sostienen categóricamente que el derecho de la comunidad a una información plural se encuentra inequívocamente consagrado en las garantías del N° 12°, del artículo 19 de la Constitución.
Por otra parte, al discutirse la Constitución de 1980, la generalidad de los juristas también expresaron su opinión de que la libertad de información comprende el derecho del pueblo a recibir información en forma veraz, oportuna y objetiva.
Don Jaime Guzmán , adhiriendo a este concepto, dijo: "El derecho de la comunidad a ser informada tiene más sentido y relevancia cuando más progresan los medios de comunicación". Idéntica es la opinión de don Alejandro Silva Bascuñán .
Por su parte, don Sergio Diez expresó: "Concuerdo con el señor Guzmán en que toda persona tiene el derecho a ser informada veraz, oportuna y objetivamente sobre el acontecer nacional."
Es cierto que este concepto no quedó expresado, en la Constitución, pero todos lo consideraron inherente a la libertad de expresión, conforme a lo que ya hemos dicho.
Citamos otra opinión. Doña Ángela Vivanco , profesora de Derecho Constitucional y Presidenta de la Unión de Centro Centro, en su documentado libro sobre la libertad de expresión dedica más de treinta páginas al derecho de la sociedad de estar pluralistamente informada. Hago sólo unas citas: "Los propietarios del derecho a la información somos todos los ciudadanos y no los que tienen por profesión informar". Agrega: "El derecho a la información se asimiló a la libertad de información en la Constitución de 1980, con lo cual se pensó que bastaba dejar esto a la legislación, lo que tampoco se ha hecho."
Es justamente lo que estamos haciendo ahora.
A la doctrina de la Iglesia se referirá el colega señor Elgueta . Cito sólo a Pablo VI, quien dice: "Existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres."
Podríamos citar decenas de autores extranjeros que también sostienen que el derecho de la comunidad a una información pluralista es parte integrante de la libertad de información, como lo establece el artículo que estamos discutiendo. Citemos sólo a los catedráticos españoles Jorge de Esteban y Pedro J. González , qué dicen: "En una democracia el derecho a la información es tan importante como el derecho a voto; es más, sin el primero es imposible el segundo." Y agregan: "Debe ser un derecho que exija una información libre, objetiva, plural y veraz."
En Estados Unidos, donde la jurisprudencia de la Corte Suprema puede ser creadora de ley, se ha dictaminado por este tribunal que "una sociedad democrática no puede funcionar sin una confrontación de ideas". Y se ha dicho también que "el derecho primordial es el de los telespectadores y radioyentes y no el de las emisoras".
En el Libro Verde, sobre comunicaciones de la Comunidad Europea, se sostiene que para dar vida a las convenciones sobre derechos humanos y el pluralismo, "se debe limitar el alcance de la libertad de expresión con el objeto de garantizar al público la diversidad informativa."
Lo mismo se establece en convenciones internacionales, siendo importante señalar que en la Convención sobre el derecho a réplica internacional se establece textualmente: "la responsabilidad de las agencias de información les impone dar cuenta de los hechos sin discriminación y sin separarlos de los elementos conexos."
Por otra parte, el Colegio de Periodistas ha dicho en relación con este artículo: "En el artículo 1° se han introducido indicaciones que propenden al fortalecimiento del derecho de información del conjunto de la población, reconociendo el carácter social de este derecho."
Hago presente que esta declaración del Colegio de Periodistas ha sido sistemáticamente silenciada, por lo que, en alguna medida, pido a los señores Diputados que la tomen en consideración moralmente para saber qué está pasando en Chile en materia de libertad de expresión.
De acuerdo con lo que hemos dicho, queda claramente establecido el principio de que, en Chile, la libertad de expresión comprende expresamente el derecho de la sociedad a ser informada.
Conviene ver en qué contexto es necesario dictar esta ley. Esto ocurre en un contexto en que han desaparecido las revistas "Análisis y Cauce" y el diario " Fortín Mapocho ". A su vez, existen serios problemas económicos en "La Época" y " Apsi ". Esto significa que las grandes mayorías nacionales se están quedando casi sin medios de comunicación escrita y que, de producirse problemas adicionales en La "Época" y en " Apsi ", llegaríamos a una situación de virtual desaparecimiento de pluralismo, base de la libertad de expresión en Chile en medios de comunicación escrita. Ese es el contexto moral en que se está discutiendo esta ley.
Este contexto ético fue expresamente señalado en nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por don Guillermo Hormazábal , Presidente del Colegio de Periodistas, quien, hablando en representación de éste, dijo: "Siete de los nueve diarios pertenecen a fuertes grupos económicos que representan una clara postura ideológica que, por los demás, no corresponde a la que ha expresado la ciudadanía en las últimas contiendas electorales. Es decir, en la prensa escrita, los grupos mayoritarios casi carecen de expresión propia." También ha dicho el señor Guillermo Hormazábal : "Sobre la base de los hechos analizados precedentemente, el Colegio de Periodistas advierte acerca de una peligrosa concentración de la propiedad de los medios de comunicación social y una grave amenaza al pluralismo." Finalmente, afirmó: "Nos encontramos en una coyuntura histórica muy especial. Tenemos la oportunidad de adoptar las medidas que garanticen el pluralismo o de cerrar los ojos a la realidad y deslizamos por una pendiente sin retorno que derive en una sociedad sectaria en que se exprese una sola postura ideológica. Allí estaremos en presencia de una democracia meramente formal o en la antesala de perderla." Este es el contexto moral, jurídico y político en que se discute esta ley.
Llamo a los señores Diputados a que tomemos todas las medidas pertinentes para defender la libertad de expresión en nuestro país.
Tengo aquí dos extensos estudios de los periodistas señores Marcelo Contreras y Fernando Villagrán e Ismael Yona y Samuel Bello . En ellos se establece que hay en Chile una peligrosa concentración en la propiedad de los medios de comunicación y en el mensaje ideológico transmitido, y que hay una orientación decisiva en la prensa por parte de quienes hacen publicidad, es decir, influencia del dinero. Se señala al mismo tiempo que más del 34 por ciento de los diarios regionales ha caído en manos de una sola empresa de Santiago y que los periodistas no tienen casi ninguna influencia en las pautas ni en la orientación ideológica y política de los diarios.
En síntesis, aquí rige el principio de que "Quien pone la plata, pone la música". Personalmente, aceptamos esa norma para los cabarés, bares o alguna fonda dieciochera, pero no creo que puede ser el criterio que determine la cultura y la orientación política e ideológica de nuestro país.
De acuerdo con lo dicho, el derecho a una información pluralista es el principio general que se halla claramente establecido en el artículo 1°-después analizaremos la forma cómo "aterriza" la aplicación de este principio general-, y sé perfectamente que allí se presentan problemas prácticos o ciertos peligros. Al mismo tiempo, debo señalar que con las indicaciones que hemos hecho más adelante existen peligros objetivos respecto de la libertad de expresión. Actualmente, no existe un peligro, pero por la situación ahora existente es un hecho real que la libertad de expresión en Chile está seriamente amagada.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, ha terminado su tiempo. Tenga la bondad de redondear la idea.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Señor Presidente, pido sólo tres minutos para terminar, por una razón muy sencilla: porque nosotros hemos presentado indicaciones; hemos sido tergiversados durante tres meses; se nos ha atacado por diversos medios de comunicación; hemos sido absolutamente silenciados. En consecuencia, llamo a la conciencia moral para que se me den, por lo menos, tres minutos para terminar muy resumidamente mi intervención.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, voy a ser estricto con todas las intervenciones, porque esa es mi obligación.
Efectivamente, usted me había pedido cinco minutos por haber sido aludido en este tema, y sé que no los quiso usar por otras circunstancias que afectan a la persona que se ha referido a usted.
Si le parece a la Sala, se le otorgará tres minutos más al Diputado señor Aylwin , como medida excepcional.
Acordado.
El señor AYLWIN (don Andrés).-
Muchas gracias, señor Presidente.
El problema es si garantizan el pluralismo en una sociedad los propietarios de los medios de comunicación o la ley y los tribunales.
Nos estamos pronunciando, en las indicaciones que vienen después, claramente en favor de la tesis de que esto no debe quedar sólo al criterio de los propietarios, aunque es muy importante el criterio y la moral de ellos, sino que debe haber ciertas normas mínimas establecidas por la ley y que, en definitiva, corresponden aplicar a los tribunales, lo cual no significa que dejemos esta materia en manos del Gobierno de turno, sino que esta situación se rija por las leyes dictadas por este Congreso, las que deben ser aplicadas por los tribunales de justicia.
Es decir, el problema no es que el Gobierno sea el que vaya a manejar a los medios de comunicación, sino que existan ciertas limitaciones legales aplicadas por los tribunales de justicia.
Este problema se ha planteado largamente en Estados Unidos, y allí se ha dicho que ciertos gigantes son dueños de los medios de comunicación, y que por ello, en alguna medida, pasan a ser dueños del país. Muchos han expresado que, frente a esta realidad, lo importante es que los gigantes se porten bien; pero gran cantidad de otros autores en Estados Unidos -hoy la mayoría- están sosteniendo fundadamente que no es corriente que los gigantes se porten bien en la historia, y por consiguiente, más que dejar esto al criterio de los gigantes, debe ser la ley y los tribunales los que garanticen la libertad de expresión, garantía fundamental de la democracia.
Señor Presidente, termino manifestando que antiguamente la libertad de expresión estaba garantizada por la Ley de Imprenta. Ello era posible porque editar periódicos era una tarea muy sencilla y casi artesanal. Yo mismo, antes de los 20 años, fui director de una revista y subdirector de un diario en San Bernardo. Hoy, con los adelantos técnicos, ha llegado a ser prácticamente imposible editar un diario, a menos que se tenga mucho dinero. Esto plantea un gran desafío moral que la Cámara debe resolver: si la modernidad, con todos sus adelantos técnicos, lleva en definitiva a que desaparezca absolutamente la libertad de expresión -como está en peligro en nuestra patria- o si, por el contrario, creamos cauces para que la modernidad sea fuente de progreso, de solidaridad, de libertad y de libre expresión de todos los ciudadanos.
Este es el importante desafío que hoy tiene la Cámara. Llamo a la conciencia de los señores Diputados para que tratemos el proyecto con el máximo de promoción, por lo que está pasando en Chile y por el destino de nuestra democracia.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner .
La señora WORNER.-
Señor Presidente, el proyecto sobre libertad de opinión y de información y del ejercicio del periodismo que hoy nos ocupa responde a uno de los compromisos contraídos por el Gobierno de la Concertación, como único camino para garantizar el ejercicio efectivo del derecho establecido en el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política del Estado; derecho considerado cimiento de un sistema democrático que sólo es posible limitar por valores trascendentales, como la honra y la privacidad de las personas, o tan superiores como la seguridad nacional.
El artículo 1° del proyecto, que fija su marco conceptual, reconoce el carácter social del derecho a la información al determinar su pertenencia al conjunto de la población. Su larga discusión permite someter a la decisión de esta Corporación un cuerpo que norma acerca de la libertad de opinión, del derecho a la información, completa el estatuto legal de las empresas informativas y de comunicación social -me refiero a la Ley de Telecomunicaciones y a la que creó el Consejo Nacional de Televisión- y fortalece el ejercicio de la profesión periodística.
Tratándose de una materia de tanta trascendencia social, parece lógico que en el artículo 9° se entregue al Estado la obligación de garantizar el pluralismo en el sistema informativo, debiendo buscar mecanismos para facilitar y favorecer la coexistencia de una diversidad de medios de comunicación social y la libre competencia entre ellos.
Recojo el planteamiento del Colegio de Periodistas cuando afirma que "La libertad de expresión no se garantiza sólo con medidas de orden legal y administrativo que la liberen de todo tipo de trabas, porque existen, necesariamente, otras condiciones que deben estar presentes para que ella rija plenamente". Y en nuestro país, donde no es posible negar la concentración de los medios de comunicación social, una de estas condiciones indispensables es que en el Estado recaiga la obligación de resguardar el pluralismo, puesto que no es posible dejar éste a la sola regulación del mercado.
Si bien es cierto que no fue recogida una indicación que pretendió fijar cuotas de mercado como mecanismo para garantizar una diversidad de medios y, a partir de allí, el pluralismo, y compartiendo la argumentación de que ello provoca una limitación a la libertad empresarial y al derecho a la propiedad privada, no es menos cierto que, como lo dijo el Programa de Gobierno del Presidente Frei, "La legislación debe impedir la concentración de medios y garantizar la expresión de la diversidad y pluralidad política, social y cultural, asegurando la transparencia del mercado de las comunicaciones".
De allí que en la Comisión se haya considerado necesario que en el inciso segundo del artículo 9° se establezca un mecanismo de fiscalización del cumplimiento de este postulado, a través de recursos que el Ministerio Secretaría General de Gobierno destinará anualmente para efectuar un estudio sobre "El Estado y la evolución del pluralismo en el sistema informativo".
El control social se ejercerá a través de la publicidad de este estudio, que corresponderá a la misma Secretaría de Estado, según el inciso 4° del mismo artículo, que establece que, completado los estudios, el Ministerio Secretaría General de Gobierno promoverá su más amplia difusión. Así, en un mercado relativamente pequeño, si no se opta por las cuotas del mismo y se renuncia, además, a la existencia de medios estatales, haciendo los existentes autónomos, no basta decir que la regulación y garantía del pluralismo se hará por la vía de la transparencia y la sana competencia y que ellas son suficientes para evitar la constitución de monopolios y la formación de concentraciones excesivas.
Por ello, el artículo 9° establece, además, un criterio para apoyar el financiamiento de medios regionales al determinar que las autoridades pertinentes dispondrán que, a lo menos en parte, los fondos que establecen los presupuestos del Estado, de sus organismos y empresas y de las municipalidades financiarán avisos o publicidad oficial que se contratarán en medios de comunicaciones locales, y que, con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional se pueden financiar programas, suplementos y espacios de alto nivel cultural o de interés regional.
Sin embargo, este último financiamiento debe precisarse, porque se trata de programas, suplementos y espacios de alto interés cultural o de carácter, más que de interés regional. Según la redacción que aprobó la Comisión, pudiera suceder que se financie una cuestión de carácter nacional que tenga interés regional. Por cierto, ése no fue el espíritu de la Comisión.
Como una forma de garantizar debidamente el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 1°, que, como ya dije, es el marco conceptual de este cuerpo normativo, el artículo 20 establece el derecho de aclaración y de rectificación que podrá ejercer cualquier persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por alguna información. En su inciso segundo, se establece que tendrá igual derecho una persona natural o jurídica que haya sido deliberadamente silenciada con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social.
Este inciso, introducido y aprobado en la Comisión, ha sido fuertemente rechazado por los dueños de los medios de comunicación social. Se ha llegado a decir que no sólo considera una limitación al propio derecho que se pretende proteger, esto es, la libertad de opinión y de información. Estimo que no es así, pero, a mi juicio, tampoco su alcance es el dado por el honorable Diputado señor Chadwick , quien lo ejemplificó como el derecho de una persona que da una conferencia de prensa y no ve publicadas sus declaraciones que estima, por cierto, de importancia o trascendencia social, a exigir su publicación por considerar que ha sido deliberadamente silenciada.
Lo que el texto permite, a mi juicio, es la obligación de los medios de aclarar la posición que determinada persona natural o jurídica pueda tener con respecto a un hecho u opinión de importancia o trascendencia social, cuando deliberadamente se haya silenciado sus declaraciones y lo publicado por ese medio permita deducir, presumir o concluir determinada posición del silenciado.
No entenderlo así nos llevaría al absurdo de pretender exigir la aclaración de algo que se silenció, que, en este caso, equivale a lo no publicado. Admito que todo esto es tremendamente subjetivo y, por cierto, corresponde a quien desea ejercer el derecho probar dos cuestiones que, a mi juicio, deben ser copulativas.
En primer lugar, que fue deliberadamente silenciado, lo que no es equivalente –insisto- a que uno o algunos medios no publiquen o no transmitan determinadas declaraciones del afectado, y que ese silenciamiento tiene consecuencias directas para el afectado.
En segundo lugar, que este silenciamiento ha sido respecto de un hecho o de una opinión con trascendencia social. Por ejemplo, una información entregada por un medio nacional señala qué determinado partido de la Concertación estima que la Ley de Amnistía debe aplicarse restringidamente. Un parlamentario de ese partido da una conferencia de prensa, a la que asiste el medio de comunicación A, y declara, expresa y enfáticamente, que no está de acuerdo con la posición de su partido, por un compromiso y trayectoria personal en el campo de los derechos humanos, y que, por lo tanto, votará en conciencia. No obstante ello, el medio de comunicación A no consigna en su información las declaraciones de este parlamentario. Las silencia deliberadamente, involucrándolo así en la posición oficial de su partido. Entonces, hay un silencia miento deliberado, una opinión de importancia o trascendencia social, un efecto negativo para el silenciado.
Finalmente, no comparto lo aprobado en el artículo 69, que pretende promover la difusión de expresiones culturales a través de imponer una franja obligatoria que deberá ser transmitida, en forma simultánea, por los canales abiertos de televisión.
En primer lugar, porque es una carga discriminatoria en relación con los otros medios; en segundo lugar, porque al establecerla en la forma descrita rompe cualquier posibilidad de competencia entre los canales, lo que atenta contra la calidad de los programas, y en tercer lugar, porque es tremendamente limitativa, ya que circunscribe lo cultural a programas dedicados a las artes o a las ciencias, bastando para cumplir esta exigencia con que se transmitan programas envasados, comprados por series, como conciertos, en circunstancias de que los temas culturales van mucho más allá que eso; y hoy los hay de excelente calidad, provocando verdadera competencia en los rankings, lo que, por cierto, va en beneficio de toda la teleaudiencia.
He dicho.
E1 señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Corresponde hacer uso de la palabra al Diputado señor Bombal , quien no está presente. Por lo tanto, tiene la palabra el honorable Diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, se ha discutido el inciso del artículo 1° que reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas de las expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.
Para impugna5r la procedencia de esta norma, se ha invocado la Constitución Política, el irrealismo e, incluso, se ha afirmado que contraría la libertad de los medios de comunicación. Sin embargo, los que así discurren cabalgan, sin equilibrio alguno, sobre dos y hasta tres caballos al mismo tiempo, en una especie de acrobacia ecuestre, propia del Cuadro Verde de Carabineros.
Estas son las garantías constitucionales de la libertad de emitir opinión y de informar, el derecho de propiedad y su realidad, que, al igual que la verdad, es difícil precisar, ya que existe mi realidad y la realidad. Tal vez, deba empezar por la realidad constitucional.
Si la libertad de emitir opinión y de informar es lo real, nada tienen que ver con el derecho de propiedad. Son garantías separadas en nuestra Constitución y diversas en sus concepciones y alcances.
El tratadista español José María Desantes Guanter , de la Universidad de Navarra, dominada por el Opus Dei, cuyas opiniones debieran causar cierto escozor en los discursos de los personeros de Derecha que nos precedieron en el uso de la palabra, señala: "Es errónea la convicción de que la empresa informativa es la propietaria del medio que difunde" en todo el sentido quiritario de la propiedad. Agrega: "El jus utendi y jus abutendi romano y la facultad de disfrutar y de disponer de los modernos códigos civiles no caracterizan el derecho que la empresa informativa tiene sobre el medio".
En palabra de este indiscutido tratadista, lo que el colega Chadwick defendió en la sesión anterior "es la libertad de los empresarios de la información", cuestión absolutamente distinta al derecho a la información, que pertenece al ser humano por el simple hecho de serlo.
Así, se afirma por este maestro: "El libre ejercicio de información no corresponde únicamente a la empresa informativa o al profesional de la información, sino de todos, a cada una de las personas, sin excepción".
Este derecho natural ha sido el fundamento del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. El Concilio Vaticano II, en el famoso decreto " Intermirifica " sobre los medios de comunicación social, afirma: "Existe, pues, en la sociedad humana el derecho a la información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias de cada cual, tanto particularmente como unidos en sociedad".
Por su parte, nuestro obispos señalaban en el documento "Convivencia nacional", del 25 de marzo de 1977: "La unidad de un pueblo descansa en la posibilidad de que a través de canales de expresión múltiples y operantes, todos los interlocutores válidos puedan decir responsablemente su parecer, concordante o discrepante, cada vez que se trata de tramos decisivos en el itinerario nacional".
Y la tratadista citada por mi colega señor Aylwin , Ángela Vivanco , que reproduce la afirmación de un tratadista español, Martínez Alberto , dice: "Los verdaderos propietarios del derecho a la información son los ciudadanos de una determinada comunidad respecto al marco comunicativo que les afecta políticamente. Los propietarios del derecho a la información, en cuanto ciudadanos de un mundo único e indivisible, somos todos los seres humanos". No hay, pues, ni debe haber confusión entre la garantía de ser informado y el derecho de propiedad de los soportes o instrumentos -bienes muebles- de la comunicación.
La propia historia constitucional chilena, desde el Reglamento de 1812 hasta las constituciones políticas de 1818, de 1823 y de 1833, afirmaban: "Todo hombre tiene derecho o libertad de publicar sus opiniones o sus ideas". Nunca los padres de la patria, ni los constituyentes condicionaron esta libertad de expresar sus ideas de todo ser humano a ser dueño de una imprenta o de otro medio de transmisión.
La Constitución Política de 1925, en su artículo 10, número 3°, proclamaba la garantía a todo chileno: "Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso particulares".
Este artículo fue uno de aquellos que contemplaba el llamado "Estatuto de Garantías" entre los chilenos. Incluso más, en medio de la dictadura militar no se acogieron las tesis del Diputado señor Chadwick y, por el contrario, en el Acta Constitucional N° 3, de 1976 se aseguraba a los habitantes de la República: "El derecho de recibir la información en forma veraz, oportuna y objetiva sobre el acontecer nacional e internacional."
Comentando la actual garantía, en relación con lo transcrito, don Enrique Evans afirma: "Pensamos que aunque el derecho de recibir la información no se encuentra en la letra de la preceptiva constitucional, forma parte de ella, porque de nada sirven las libertades de opinión y de comunicación garantizadas, si ellas no tienen destinatarios reales, con derecho -¡escúchenme bien, señores Diputados!- a exigir su recepción y conocimiento." Esa es la palabra de un constituyente, compartida por todos los constitucionalistas actuales, añade que se trata de un "derecho social que pertenece a la comunidad toda, mientras que el de emitir opinión es un derecho individual".
Debo recordar que, en la Comisión, el Diputado señor Bombal redactó una indicación en términos muy similares.
Luego, ésta es nuestra realidad constitucional: el derecho social a recibir información está consagrado ética, histórica y jurídicamente; pero, aunque el texto que comentamos implique un derecho difícil de ejercer, ello no le quita su carácter de tal.
En la sesión anterior se dijo que, de aplicarse esta disposición, en la práctica no tendría un seguimiento por los medios de comunicación. Con este razonamiento, ninguna garantía constitucional sería verdaderamente real. La salud, la educación, la vida, la libertad, no deberían estar escritas, pues son difíciles de implementare incluso se podrían tornar contrarias a sus postulados.
Por ejemplo, el hecho de que los militares opinen sobre fallos judiciales, deliberen, realicen manifestaciones, discutan proyectos de ley en tramitación en el Congreso o protesten de los indultos presidenciales, no borra lo escrito en la Constitución sobre sus deberes de ser disciplinados, no deliberantes y dependientes del Ministerio de Defensa, como tampoco lo suprime el hecho de que los medios de comunicación omitan las expresiones de las ideas mayoritarias del país.
Resulta curioso que los mismos que impugnan el carácter obligatorio de la colegiatura de los periodistas se funden en argumentos sobre el derecho a saber del público o la libertad para que cualquier individuo pueda hablar a sus semejantes por el medio que esté a su alcance y estime más idóneo, según lo decía don Arturo Fontaine .
La propia Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene entre sus fines "defender la libertad de prensa en toda América y luchar porque se reconozca el derecho del pueblo a estar plenamente informado", cita también en su alegato sobre su oposición a la colegiatura obligatorias don Pedro Ramírez ; quien, a su vez, transcribe las ideas de James Madison :...
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Diputado señor Elgueta , ha terminado el tiempo de sus dos discursos, de diez minutos en total. En consecuencia, le ruego que redondee sus ideas.
El señor ELGUETA.-
La transcripción a que me estaba refiriendo, dice: "Nada resultaría más irracional que el dar al pueblo el poder y, a la vez, privarlo de la información, sin la cual se abusa del poder. Un pueblo que pretende ser su propio amo, deberá armarse del poder que nace del conocimiento. Un gobierno del pueblo sin la información del pueblo es el prólogo de una farsa o de una tragedia, o quizás de ambas cosas, según se cita en el libro "Libertad de Expresión", editado por don Tomás Mac Hale , en un artículo de Fernando Guier sobre colegiatura obligatoria de los periodistas, denominado "La Sociedad Interamericana de Prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos."
Para terminar, lo real es lo dicho por el Colegio de Periodistas: "Siete de los nueve diarios pertenecen a fuertes grupos económicos que representan una clara postura ideológica que, por lo demás, no corresponde a lo que ha expresado la ciudadanía en las últimas contiendas electorales; es decir, en la prensa escrita, los grupos mayoritarios casi carecen de expresión propia".
En consecuencia, el artículo 1° se encuentra absolutamente fundamentado por las razones éticas, políticas, históricas y jurídicas que hemos señalado.
En su oportunidad, defenderemos las indicaciones a los artículos 9° y 20, que también han sido cuestionadas en anteriores intervenciones en esta Sala.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Francisco Bayo .
El señor BAYO.-
Muchas gracias, señor Presidente. En esta oportunidad me referiré a esta materia en forma muy breve, porque en la sesión anterior lo hizo in extenso el honorable Diputado señor Luis Valentín Ferrada , en la discusión general.
Como miembro no partícipe de la Comisión especializada correspondiente, no concurrí a la discusión de los artículos en particular. Por ello, analizaré sólo el artículo 1° en discusión, porque lo estimo el más importante como en todos los proyectos de ley, ya que fija el ámbito de acción en lo tocante a las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.
A partir de esta premisa, echo de menos en este artículo alguna mención o referencia a los derechos de las personas que hayan sido ofendidas o injustamente aludidas por algún medio de comunicación social. Esta materia no ha sido omitida, sino que fue considerada en otro artículo. Sin embargo, la estimo de tal trascendencia que creo que debemos incorporar, como filosofía, en el más importante de los artículos del proyecto, el derecho que tiene toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida en las condiciones que determina este proyecto, es decir, por el medio de comunicación social en que la información haya sido emitida.
El interés de todos nosotros es que este proyecto sea una muy buena ley. De tal manera que mi intervención apunta a la incorporación si así lo aprueba la Cámara de Diputados por unanimidad- de un inciso- cuyo texto le hago entrega en este minuto, que agregue a este artículo 1° -es el que fija el marco de acción y perfila la filosofía de la ley en su conjunto- una materia contenida en el articulado posterior, y que dice relación con los derechos de las personas que he mencionado. En este artículo 1° se establece que las personas tienen el derecho de informarse libremente y que los medios de comunicación social se lo pueden proporcionar; pero en esta distorsión debería quedar constancia de que esas personas tienen derecho a que su declaración, o la rectificación que necesiten o requieran, sea difundida en los términos que establece la ley.
Es una indicación que se compadece con el espíritu y las ideas matrices del proyecto; es concordante con el articulado posterior, pero se refiere a una materia de suma importancia, no sólo para los periodistas sino para todos los chilenos, en general.
Hago entrega de la indicación que he anunciado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Gutenberg Martínez .
El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-
Señor Presidente, el artículo en discusión dice relación fundamentalmente con la conceptualización de la libertad de expresión.
Como lo indicaron algunos señores parlamentarios, quienes votamos a favor las indicaciones del colega Bombal y otras que suscribimos un conjunto de Diputados, lo hicimos sobre la base de entender que las palabras "libertad de expresión" cubren tanto las libertades de opinión y de expresión como el derecho a la información. No quiero insistir en la línea de otros colegas, sino sólo recordar que forman parte de una antigua concepción señalada tanto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que se refiere al derecho de recibir informaciones, como en el Pacto de San José, el cual forma parte de nuestra legislación. De más está recordar a nuestros colegas lo que establece el artículo 5° de la Constitución respecto de la validez de los tratados internacionales en nuestro país y que el mismo Pacto de San José señala la obligatoriedad de los conceptos ahí vertidos. Por lo tanto, a mi juicio, no es válido sostener una discusión sobre la materia, en cuanto no se quiera reconocer que dicha concepción ya está incorporada al derecho nacional. Por supuesto, alguien puede estar en desacuerdo con ella, pero no es verdad que se quiera introducir en nuestra legislación, por cuanto, como se ha reiterado demasiadas veces, es parte de la misma.
Al respecto, sólo daré una suerte de ubicación en términos históricos.
A mi juicio, lo que se denominó en su oportunidad "libertad de prensa" dice relación con tres etapas de entendimiento sobre la materia. La primera es aquella que se denominó así a comienzos del siglo XIX, la cual reconoce como sujeto principal al empresario. Posteriormente, a principios del siglo XX, el sujeto de la libertad pasa a ser fundamentalmente profesional. Son los tiempos de la Sociedad de Redactores o de los estatutos de los periodistas franceses e ingleses. Y la tercera etapa sobre la materia reconoce un sujeto universal que está presente en la Declaración de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en la Declaración de los derechos civiles, políticos y culturales, de Teherán, y en el Acta de Helsinki, de 1975, lo cual supone que existen derechos tanto para el informador como para el informado.
En la ley está establecido que son derechos del informador no ser censurado, investigar, difundir, publicar, accederá fuentes y secreto profesional. Lo importante -ha estado en discusión- es la existencia de los derechos en relación con el informado. Por tanto, hay que citar los derechos a recibir informaciones u opiniones, a relacionar los medios y la información por recibir -esto es, el derecho a un pluralismo informativo-, a ser informado verazmente, a preservar la honra y la intimidad, a requerir la imposición de responsabilidades legales y a rectificación o respuesta.
En consecuencia, hablamos de un derecho a la información que ya fue resaltado, y sólo quiero hacer dos citas.
Una, de los periodistas franceses que en 1973 dijeron que en una sociedad moderna la sola libertad de prensa no garantiza la información de los ciudadanos, ya que hoy se afirma una necesidad nueva, una experiencia contemporánea, el denominado "derecho a la información".
La otra, de una fuente empresarial. El señor Lima , Presidente de la Asociación Brasileña de la Prensa, quien asume que desde el momento en que el concepto de libertad de expresión se quiere entender como importante, no obstante ello, se desea gozar también de determinados privilegios en su ejercicio. Expresa: "La libertad de expresión es un derecho de quien lo utiliza. El derecho a la información alcanza y obliga al público al que se dirige. El derecho a la información no se limita al periodista que lo utiliza, sino también al público que de él se sirve; y es así porque, en relación con el periodista, deja de ser un derecho para convertirse en un deber: el deber de informar. La libertad de expresión es un derecho y no un deber."
Insisto en que ésta es una disposición vigente en el Pacto de San José -a la luz del artículo 5° de nuestra Constitución- y que si alguien discute su existencia, debe propugnar algún intento de modificación que, por lo demás, es difícil, porque está contenida en un tratado internacional.
El otro punto de discusión, tan de fondo como éste, dice relación con el valor del pluralismo y su vigencia en la democracia.
Si entendemos que la democracia constituye el ordenamiento social en función de los derechos humanos, tanto individuales como sociales y económicos, y que éstos son la base sustancial del sistema democrático, también debemos entender que el mismo supone determinadas reglas del juego sobre las cuales se estructura la democracia: aquello que todo miembro de la comunidad debe acatar como garantía de la preservación de la base sustancial antes mencionada.
Así, la democracia se basa en el consenso en torno a los derechos humanos, en las reglas del juego que imperan para todos los miembros de la comunidad y, por último, también se sustenta sobre la discrepancia y el conflicto en torno a los objetivos derivados y los medios para lograrlo.
Dicha discrepancia y conflicto son el motor de desarrollo y consolidación del sistema democrático. Las reglas del juego llevan necesariamente a reconocer esta discrepancia y conflicto, lo que constituye la valoración del pluralismo como base formal fundamental del sistema.
El pluralismo supone, justamente, la existencia de diversas corrientes de pensamiento manifestadas en diferentes expresiones políticas orgánicas o partidos políticos, al igual que en otros canales de socialización del pensamiento, todos con igual calidad y trato dentro del marco del propio sistema.
Generalmente se entiende por pluralismo una realidad social, caracterizada por una multiplicidad emergente de centros de intereses, de fines, de poderes. Desde el punto de vista pluralista, corresponde al Estado el reconocimiento, la garantía y la promoción, dentro de su ámbito, de esta multiplicidad de libres y espontáneas determinaciones.
De este modo, el pluralismo no es sólo parte del ser de un Estado asentado sobre las bases democráticas, sino que también se constituye en parte del deber ser de dicho Estado. Quien ejerce funciones fundamentales, legislativas y de gobierno no sólo debe buscar el reconocimiento y la garantía, sino también la promoción y actuación de dicho pluralismo.
Maritain decía, con razón, que existe una conexión entre pluralismo y la distinción entre comunidad social y Estado. Respecto a los valores permanentes de la comunidad social, el Estado es y debe ser un medio para su actuación.
Hay que recordar que la Constitución, en su artículo 19, N° 15, garantiza el pluralismo político; por lo tanto, además de lo que señalan los tratados internacionales, todos estamos obligados a ello.
En estos días, hemos sido testigos de bochornosos incidentes y declaraciones. De algún modo, hemos vuelto a rememorar los sucesos de hace veintitantos años, pero si de algo atingente con lo que discutimos hoy podemos recordar son los discursos sobre el pluralismo y las defensas encendidas sobre la libertad de expresión.
No quiero citar porque no tengo tiempo tantas declaraciones de dirigentes de la Derecha política, numerosos editoriales de distinguidos medios de comunicación, muchos decires de personas que hoy, cuando saben que las cosas han variado, ya no defienden el mismo pluralismo, no entienden que es un derecho del Estado, una garantía que éste tiene que dar, que la libertad de expresión tenemos que cautelarla como una obligación de la sociedad y olvidan el reclamado derecho a la información.
Creo que estas legislaciones son para que rijan en el tiempo más allá de cualquier contingencia o consideración. El alegato que funda nuestra defensa a la existencia del derecho a la información, a la obligación del Estado de velar por el pluralismo, es el mismo que algunos sostuvimos hace veintitantos años, el mismo por el cual luchamos durante los veintitantos años siguientes, el mismo por el cual hoy queremos que sea práctico en este país. Ojalá que todos pudieran hacer un alegato similar.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Rene Manuel García .
El señor GARCÍA (don Rene Manuel).-
Señor Presidente, aquí se ha hablado mucho de la libertad de expresión. Todos los parlamentarios o cualquier ciudadano la tienen. Si hoy la analizamos, apreciamos que salen declaraciones de uno u otro lado. Por eso es injusto decirle a los medios de comunicación que garanticen o digan qué deben poner en sus editoriales; pero más injusto es que ciertos diarios o personas pauteen al país, a pesar de las opiniones que puedan tener los demás. Por lo tanto, creo que la libertad de expresión está garantizada y que cuando se habla de pluralismo, basta con la existencia de dos opiniones divergentes para entrar en él.
Aquí parece que preocupa, mucho más que la libertad de expresión y el pluralismo, la publicación de las opiniones en los diferentes medios de comunicación y lo que eso involucra.
Señor Presidente, parece que para la prensa hubiera seis Diputados con derecho a expresión, y si analizamos la Sala hoy, ninguno de ellos se encuentra presente. Es decir, este proyecto de ley y lo que hagamos en el futuro siempre estará dirigido hacia las mismas personas que pautan o tienen derecho a decir lo que piensan, mientras que los demás, que somos de provincia, no podemos tener cobertura nacional.
Si analizamos los diarios regionales -cuando se habla del 34 por ciento de ellos- vemos que muchas veces la mayoría está copado por opiniones de parlamentarios de Santiago y no de los regionales, a pesar de tener el mismo juicio. Es decir, los medios de comunicación de las regiones les dan mayor cobertura que los medios de Santiago a los parlamentarios de regiones. Entonces, ¿debiéramos quejarnos de que no tenemos cobertura en los grandes medios nacionales, en la prensa santiaguina? Creo que cada uno debe abrirse un espacio, hacer declaraciones veraces, objetivas, y de esa forma buscar esa cobertura, y no que por ley se garantice un pluralismo, porque toda persona que emite su opinión -en una conferencia de prensa, por ejemplo- cree que es la más importante. Los medios verán si ella concuerda con las necesidades del país apunta hacia los de la gente o es contingente o no respecto de los temas que se discuten.
Los medios existentes quieren aprovechar la cobertura, pero la Constitución Política -y se cita en muchas otras partes- no prohíbe que otra persona pueda abrir un medio de comunicación. Por lo tanto, cualquier persona, sociedad o institución que tenga los medios puede tener prensa escrita. El problema es ganarse la cobertura.
Hoy podemos hablar de muchas cosas. Se habló de la Constitución de 1925, del artículo 19 de la Constitución de 1980, pero ésas son utopías, porque la mejor ley de expresión es la que nunca se dictó, por cuanto en ella garantizaríamos realmente lo que cada uno quiere decir.
Yo pondría más énfasis en que la obligación de la prensa sea decir la verdad y publicar cosas que no ofendan a las personas.
Los grandes temas políticos son discutibles, pero nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vida personal de la gente. ¿Qué pasaría si la prensa dijera: Señor, si va a dar una conferencia de prensa, se la exigimos por escrito? Muchos parlamentarios, a veces, cuando meten la pata, como se dice vulgarmente, manifiestan: "El medio de comunicación tergiversó lo que quise decir".
Entonces, también debemos tener la conciencia tranquila, ver cómo abrirnos un espacio propio y aprovechar lo que tenemos. Indudablemente, -y eso es así desde que el mundo es mundo- siempre habrá gente que tendrá más cobertura que otra; pero el Estado, por ley, no puede pautar y decir cuáles son los programas, qué se publicarán y, en definitiva, obligar a comunicar en ese medio de comunicación todas las opiniones divergentes a las por éste difundidas.
Eso no enaltece la noble profesión del periodista, por cuanto no tendrá libertad ni podrá publicar lo que quieran, ya que existirá un periodismo pautado.
Prefiero que haya libertad y pluralismo, que cada uno se abra un espacio y no sea la ley la que dé la cobertura, cuando muchas veces las declaraciones no concuerdan con las realidades que vivimos en el país.
Anuncio mi voto favorable a este artículo.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt .
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, el debate sobre el artículo 1° es la oportunidad para señalar el marco global y el juicio que uno tenga sobre el estado del pluralismo en Chile y el objetivo que persigue el proyecto.
Los dos supuestos en los que ha descansado esta discusión son:
1°. Que en Chile existe una amplia oferta informativa expresada por el número de publicaciones, radios, canales abiertos y por cable existentes en el país, y
2°. Que todo intento de regulación ha sido un factor de limitación de esa oferta informativa y libertad que supuestamente tenemos.
En realidad, no creo en estos dos mitos que se nos ha querido vender. En muchos aspectos, este país está desinformado, con una prensa sesgada que distorsiona los hechos, magnifica personas y eventos, oculta otros, y que tampoco satisface los requerimientos informativos de un país, dado su actual grado de desarrollo y necesidades o, incluso, su grado de diversificación cultural.
Ninguno de los que estamos en esta Sala nos informamos básicamente por estos medios; sus crónicas son repetitivas, están saturadas y, muchas veces, son intrascendentes.
El jueves pasado, el Diputado señor Viera-Gallo afirmaba que este proyecto resolvía el problema de la libertad y dejaba pendiente el de la justicia, al referirse a la influencia oligopólica de los consorcios que dominan el mercado local.
Son cuatro los consorcios existentes en el país que administran influencias, manipulan la información a su antojo y nadie les dice nada, a pesar de recibir fuertes subsidios directos e indirectos de los contribuyentes, que nadie tampoco cuestiona.
En la prensa, el Ministro Brunner cuestiona los subsidios que podría recibir la prensa regional, pero no repara en los enormes subsidios que reciben estos cuatro consorcios, sin los cuales no son viables comercialmente. Condonaciones de deudas para Copesa y El Mercurio; exenciones tributarias en el caso de la Iglesia y sus medios; la contratación de una cuantiosa publicidad fiscal que mantiene dócil, aunque no se crea, a los medios frente al poder público. ¡Para qué decir de La Nación y la "marraqueta" que representa el Diario Oficial!
Para responder al Diputado señor Viera-Gallo , si no solucionamos el problema de la justicia, es decir, el de los consorcios, no resolvemos el de la libertad, porque no hay auténtica libertad de expresión o un mercado informativo transparente en el país, y eso afecta lo que los chilenos podemos decir, hacer o pensar. En el fondo, limita nuestras opciones, según el personal criterio de personas que no tienen por qué responder a algo más que el "people meter".
No se trata de estigmatizar -como lo ha hecho uno de nuestros colegas- a quienes tienen una visión distinta, y decir que son un conjunto de resentidos por quedar al margen de la prensa o atribuirnos un deseo de aumentar el control del gobierno de turno en la expresión dé corrientes de opinión.
Un mercado informativo desregulado puede ser mucho más amenazante para la libertad que uno con normas. No sé por qué eso lo entienden los norteamericanos y europeos, y les es tan difícil de comprender a algunos de nuestros compatriotas.
Esta es una clásica discusión sobre distribución del poder, calidad de la democracia y tipo de pluralismo que queremos tener, no sólo de cómo regulamos una industria de entretención o cómo alguien se cree inteligente estimando que la mejor ley de prensa es aquella que no dice nada.
Yo no pretendo culpar a la prensa por la mala imagen de la política o de los políticos. Pero esa institución influye más que una zapatería, una línea aérea o una empresa de gas. En cierto sentido es, en parte, responsable de la disociación que existe entre el país real que todos vivimos y el ficticio que proyecta.
Por ejemplo, nadie ha reparado en las tendencias de integración entre la prensa y las empresas de telecomunicaciones en Chile; o la misma concentración de la propiedad que se está expresando en la televisión por cable, a pesar del número de señales.
¿Qué ocurrirá con la televisión abierta en el país? De los canales de televisión existentes, dos se comen el mercado. Megavisión intenta hacerlo y los otros tres ni lo podrían soñar.
¿Qué ocurriría cuando un senador decida entrar a comprar y manipular medios para proyectar su propia imagen -a lo Berlusconi- para llegar a la Moneda o permanecer en el Senado? ¿Qué pasará cuando lo haga un narco traficante o secta religiosa con el único afán de concientizar a la gente sobre la base de su agenda de temas, figuras carismáticas y prédica prejuiciosa? ¿Vamos a reclamar a la Comisión Resolutiva Antimonopolios o al Consejo de Defensa del Estado, según la nueva ley del lavado de dinero? ¡Cómo si no existieran conflictos de intereses entre los medios y la prensa!
Estos medios necesitan de una inversión tal para funcionar, que sólo pueden provenir de personas que tengan el capital, paciencia e intencionalidad necesaria para lograr objetivos. Yo no pretendo calificarlos, pero no soy ingenuo frente a ellos y creo que esta iniciativa sí lo es.
¿Qué sucederá cuando los medios pasen a depender de empresas que no estén dedicadas a las comunicaciones, como las eléctricas, las AFP o las empresas telefónicas? Será el momento en que la calidad de la información pasará a depender del marketing si es que eso ya no está ocurriendo en este instante, que será el único parámetro para medir el supuesto pluralismo que nos dejará esta normativa y el único criterio con el que los técnicos contratados para hacer su estudio deberán medir anualmente el impacto de la concentración en el pluralismo nacional; un pluralismo que permite que un director de La Tercera no sólo informe, sino que planifique un hecho político como engañar a parlamentarios para hacerse un examen de orina privado, que posteriormente sale en las portadas de todos los medios nacionales; o al dueño de Megavisión poner, en un programa en vivo, una grabación de una conversación telefónica privada obtenida a través del Ejército, para tumbar las pretensiones presidenciales de quien no le simpatiza.
¿Qué pasa cuando "La Tercera” hace una grosera manipulación de fotografías para dar la imagen de pánico y emergencia militara raíz del caso Letelier?
También hay otro problema. En algunos países los niños ven televisión por más de 40 horas diarias. No tengo por qué decir cómo ello afecta los equilibrios entre realidad y ficción que manejan esos menores y que un destacado liberal, Karl Popper , pudo olfatear antes de morir, sobre todo cuando algunos de esos niños quieren jugar a Robocop con armas reales o, como dijo un obispo, creerse James Bond y terminar matando a dos monjas, como ocurrió en Temuco hace pocos días.
Valoro que en la tramitación de este provecto se hayan desregulado todas aquellas normas sobre ejercicio exclusivo del periodismo, cláusulas de conciencia y del conjunto de sanciones, hasta penales, que se le introdujo al comienzo del trámite legislativo.
Este proyecto es enteramente débil en el tema de la propiedad y de ciertas tendencias que hoy se asoman en nuestro país. Maneja los conceptos de concentración, pretende establecer un registro de propietarios, un informe anual y algunas regulaciones menores, pero no los resuelve bien y es una ingenuidad pensar que esta norma basta para enfrentar algunos de los fenómenos a los que he hecho mención.
Como es dable suponer que en el Senado el proyecto podría sufrir mayores cercenamientos y quedar peor que ahora, estoy convencido de que es necesario una discusión final en una Comisión Mixta para dar una solución adecuada a un tema que sólo está planteado tímidamente en el proyecto que discutimos ahora y que no debe quedar pendiente para otra iniciativa. Por lo demás, este proyecto de ley está a punto de ser despachado, cuando el tema recién empieza a discutirse en nuestra sociedad.
Por lo mismo, concurrí a revivir una indicación rechazada en la Comisión, presentada por los Diputados señores Aylwin , Elgueta y señora Pollarolo , para regular las "cuotas del mercado informativo" en el artículo 43, y que también existe en otras democracias civilizadas para que nadie se escandalice. No es que crea que ésa es la solución ni tampoco la cláusula de silencia miento. Pero necesitamos normas que regulen mejor las fusiones, propiedades cruzadas, las competencias desleal y takeovers hostiles de un medio por otro, sobre todo cuando logran una posición dominante en el mercado. Lo mismo respecto de la concentración multimedial y multisectorial, que se está dando en nuestro medio.
Necesito garantizarla transparencia de la propiedad, el origen de los capitales y el beneficiario final del medio. Quiero saber quiénes son los propietarios finales de estos medios y qué intenciones los animan, mayor y mejor información que resulta fácil burlar del modo en que está planteado. Algunas transferencias de propiedad deberían ser autorizadas y no sólo conocidas por el ente regulador.
Se debería garantizar que no terminemos en manos de quienes quieran limitar el pluralismo o conviertan los medios en una fuente de concientización.
Debería existir un ente regulador eficiente para el mercado de las comunicaciones. Ni la Comisión Antimonopolios ni un conjunto de académicos que quieran elaborar un informe parece ser la mejor institucionalidad.
La mayoría de estos temas han sido descartados por la Comisión y por la Secretaría General de Gobierno como inadecuados para nuestra realidad actual, en franco desuso o contrarios a tendencias desreguladoras de países que los tienen, o incluso discriminatorios contra la entrada de medios más pequeños. Pero, en verdad, esos países las tienen y nosotros no; algunos las necesitan y el tiempo demostrará que nosotros también. Este tema bien merece una nueva discusión.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, hemos participado en un debate sumamente rico e interesante respecto de cuestiones sustanciales de nuestra organización social, de nuestra democracia y de nuestro futuro, y me alegro por la altura de miras con que se ha llevado a cabo.
Estamos enfrentados a una cuestión de fondo, profunda, respecto de las visiones que podamos tener de la sociedad y del país. A mi juicio, el inciso tercero del artículo 1°, que ha provocado este debate, debe entenderse, en su concreción, en la intención final de quienes lo han defendido, en la forma expresada en la indicación al artículo 17, que establece la idea central de que una persona que haya sido deliberadamente silenciada tendrá derecho a acceder a los medios de comunicación.
En nuestra tradición jurídica hay dos maneras de entender la democracia. Una, a mi juicio, clásica, tiene tres vertientes: la concepción griega, que la define como un sistema de gobierno; la occidental medieval, que plantea la representación popular, es decir, aquella que surge de abajo hacia arriba, enfrentada a una soberanía monárquica que desciende de Dios hacia abajo; y la moderna, a la que abre las puertas Maquiavelo, según la cual la democracia es un mecanismo de toma de decisiones de las mayorías con respecto de las minorías.
Adivino aquí, detrás de las mejores intenciones, otro concepto de la democracia: una que ya no es un medio apto para lograr el bien común, sino ideológica, que se concibe como fin en sí misma para gestar la felicidad de los pueblos y el bien común. En esta materia, quiero dejar constancia de mi decisión y de mi idea.
Hay en la democracia, como método de gobierno al cual todos queremos llegar y defender, un conjunto de principios de conducta, de acción social enmarcada dentro de la ética y de las normas morales porque, al final, la política no es sino una rama de la ética social.
Tenemos que pedir al país que sea justo; tenemos que pedir a los medios de comunicación, dentro de este país justo, que también sean justos; así como tenemos que pedir a la familia, a los padres y a los hijos que cumplan bien sus obligaciones. Pero es extraordinariamente peligroso que en función de esta, democracia ideologizada o de esta idea de la democracia como fin, entremos a definir preceptos legales que defiendan cuestiones, por muy sustanciales que las podamos creer, porque, lisa y llanamente, vamos a recorrer un camino en que lo que al final resolvamos y decidamos será contraproducente respecto de lo que deseamos defender.
Queremos defender la libertad de prensa, la de emitir opiniones y de informar, y el derecho de la sociedad y de la comunidad a estar bien informados. Esto es lo que hace, en forma correcta, el número 12° del artículo 19 de nuestra Constitución, que establece "la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley."
Básicamente, ésa es la consagración doctrinaria de la libertad de emitir opinión. ¿Y cómo se resguarda objetivamente esa libertad? Con el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. Sólo hasta ahí puede llegar el legislador.
Ahora bien, el derecho a estar bien informado se recoge en una institución clara y precisa establecida en el inciso tercero del N° 12 del artículo 19 de la Constitución: "Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida." Y esto en consonancia con el N° 4 del artículo 19, que establece: "El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia," por el cual se obliga al medio de comunicación social que injustamente hubiere causado daño o descrédito a una persona o familia a responder del delito y a aceptar la sanción que determine la ley, dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Derecho a informar es poder editar libremente los medios de comunicación que la persona u organización crea necesarios. Derecho a estar bien informado es también -en una sociedad civilizada- poder defender la honra, la posibilidad de que se diga la verdad frente a la injusticia de una imputación.
Esto es la correcta disposición y marco jurídico que fija nuestra Constitución y que una ley, como la que estamos discutiendo, debe acoger e interpretar.
Más allá, por muy buenas que sean las intenciones, estaremos creando instituciones que en vez de defender, complican; y que en lugar de establecer derechos y deberes objetivos, abran las compuertas de la inmensa insatisfacción de equis persona, porque cualquiera de nosotros se puede sentir -y de hecho se ha sentido alguna vez- injusta y subjetivamente ignorado, o que sus palabras que uno siempre cree ciertas, importantes y necesarias para la convivencia no ha tenido en los diarios la acogida que se esperaba.
Señor Presidente, nuestra bancada cree y afirma la necesidad de fomentar, protegeré impulsar una democracia concebida como instrumento del bien común que, en definitiva, es el fin de la sociedad; una democracia que no se autoarrogue ni autoerija en una especie de panacea universal para la solución de todos los males, y no una democracia ideologizada que, al final, deba ser defendida a través de movimientos y disposiciones mesiánicas que se creen con ese objeto y que, al final, crean mucho mayor perjuicio que beneficios -por muy bien intencionados que sean- al impulsar ciertas materias de ley.
Nuestra bancada se opone firmemente a este inciso tercero del artículo 1° y a sus indicaciones, por cuanto alteran la concepción que siempre ha tenido en Chile la libertad de prensa y el derecho a estar bien informado.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable Diputada señora Isabel Allende .
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, éste es un tema esencial y crucial que debe preocupar no sólo a los parlamentarios y a los periodistas que ejercen el periodismo, sino a toda la sociedad.
No puedo sino manifestar que considero errónea -como muchas veces se ha dicho- la apreciación de que la existencia de una diversidad de medios es suficiente para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión que, en definitiva, es lo que debemos buscar y garantizar.
Por lo mismo, coincido también con apreciaciones de algunos colegas parlamentarios de la Concertación, quienes han señalado que en nuestra sociedad ese tal pluralismo no pasa de ser más que una aclaración formal que real, y, en alguna medida, desgraciadamente, una falacia.
Un estudio del Colegio de Periodistas, publicado en 1980 con el título: "Un solo mundo, voces múltiples", cita a la Unesco y se refiere al tema en los siguientes términos: "La reivindicación de una democratización de la comunicación tiene múltiples connotaciones, muchas más de las que se pueda creer. Comprende, evidentemente, el suministro de medios más numerosos y más variados a un mayor número de personas, pero no puede reducirse simplemente a unos aspectos cuantitativos y a un suplemento material." Agrega más adelante: "Significa, también, unas posibilidades mayores para las naciones, fuerzas políticas, comunidades culturales, entidades económicas y grupos sociales de intercambiar informaciones en un mayor plano de igualdad, sin una dominación de elementos más débiles y sin discriminación contra nadie."
Creo que estas ideas son extraordinariamente reveladoras y no podemos menos que suscribirlas.
Por eso, cuando se señala -como se ha dicho muchas veces en nuestro país- que teóricamente tenemos garantizado el pluralismo porque existe una amplia diversidad de medios, eso no deja de ser bastante engañoso.
Ya se ha mencionado la situación de los llamados diarios nacionales o de alcance nacional, cinco de los cuales pertenecen a dos grandes consorcios periodísticos; que éstos pertenecen a dos destacados grupos económicos y que la única fuente confiable que realiza mediciones sobre el nivel de lectura, ha establecido que el 90 por ciento es acaparado por los órganos pertenecientes a estos dos grandes consorcios periodísticos. Asimismo, se ha señalado la situación de los diarios regionales.
No deja de ser interesante lo que nos expresan los periodistas Marcelo Contreras y Fernando Villagrán , refiriéndose a la publicidad: "En teoría, en una economía de mercado, como bien sabemos, la existencia de los medios de comunicación y su sobrevivencia está estrechamente ligada a la publicidad que reciben. Debería ser lógico y consecuente que esa decisión de colocar la publicidad, estuviera entregada a apreciaciones de carácter técnico, despojados teóricamente de sesgos ideológicos."
Asimismo, son interesantes algunos ejemplos que nos entregan. Por ejemplo, respecto de la situación de la televisión, dicen: "Durante el régimen militar, el rating de Televisión Nacional era notoriamente inferior al de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, no obstante que recibía una carga publicitaria claramente superior. Cuando se produce el cambio de régimen, de uno autoritario a uno democrático, el rating de Televisión Nacional aumenta considerablemente y, sin embargo, su publicidad disminuye."
¿Cómo se podría explicar este misterio? ¿Podríamos decir que son decisiones puramente técnicas, sin sesgos ideológicos? En ese sentido, creo fundamental el rol que debe jugar el Estado en cuanto a la regulación en este campo específico. Al hablar de las comunicaciones, no podemos decir que solamente son bienes transables en los mercados.
Aquí se ha dicho muchas veces -incluso parte del Gobierno también lo sostiene- que son difíciles las regulaciones internacionales y, al parecer, también las que se dan, en el mismo plano internacional, en cada uno de los países. Del mismo modo, se ha afirmado que, teóricamente, la tendencia apunta más bien a ir flexibilizándolas.
Sin embargo, si estamos convencidos de que la concentración, como existe en nuestro país, es muy importante y tema sustantivo, porque no garantiza la amplia libertad y el acceso a la información, ¿por qué ignoramos lo que Estados Unidos, Europa y tantos países sostienen?
En materia de prensa escrita, desde 1986, en Francia se prohíbe la adquisición que posibilite a una persona, empresa y grupos de empresas, controlar directa o indirectamente la distribución de más del 30 por ciento de los diarios de información general. Entonces, ¿qué pasaría en Chile si aplicáramos una norma similar, sabiendo, como hemos mencionado, que según los estudios disponibles el 90 por ciento de la lectura de prensa del país pertenece a dos grupos empresariales? Creo que mínimamente debe llamarnos a la reflexionen un país donde todavía poseemos una institución de la cual no podemos sino declararnos contrarios, como es la censura cinematográfica.
Me gustaría que tuviéramos un proyecto más decidido en cuanto a asegurar esa libertad de expresión y el pluralismo. Creo que existen timideces que debiéramos superar, y por eso apoyo las indicaciones presentadas por algunos señores Diputados de la Concertación, no por creer que resuelven definitivamente el tema, sino porque, al menos, tienen la preocupación y audacia de buscar formas de garantizar esa libre expresión del pluralismo, la libertad de acceso a la información, a fin de que no ocurra lo que sucede hoy; que el 90 por ciento de la población debe informarse a través de cadenas monopólicas que, en definitiva, representan un sesgo ideológico muy marcado.
Comparto estas indicaciones, consciente de que con ellas no solucionaremos a cabalidad el problema; pero, como se ha dicho, quizás valga más regular para evitar esa excesiva concentración, y no simplemente dejarla al libre arbitrio de una competencia que no es tal.
He dicho.
El señor ORTIZ (Secretario).-
Señoras y señores Diputados, ha llegado a la Mesa, bajo la firma de un Comité, la petición de cierre del debate.
Están inscritos los Diputados señores Latorre , Rocha , Bombal , Luksic y Gajardo .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, solicito que la Mesa aclare si el cierre del debate afecta a todos los artículos o solamente al 1°.
En segundo lugar, me gustaría saber si la Mesa puede informarnos qué Comité ha presentado la solicitud.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Señor Diputado, no corresponde, pero, ya que lo está pidiendo le informo que lo firma la jefa del Comité del Partido por la Democracia, Diputada señora Martita Wörner . Como Su Señoría bien sabe, no corresponde hacerlo y no está dentro de las atribuciones de la Mesa. En todo caso, sólo se refiere al artículo 1°.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Rechazada la clausura del debate.
Por la afirmativa votaron los siguientes señores Diputados:
Allende ( doña Isabel) , Ávila , Hamuy , Jara , Jeame Barrueto , Muñoz , Naranjo , Ortiz , Tohá , Valenzuela , Viera-Gallo , Walker y Wörner ( doña Martita ).
Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Ascencio , Balbontín , Caminondo , Cornejo , Elgueta , Ferrada , Fuentealba , García (don René Manuel) , Hernández , Hurtado, Jocelyn-Holt , Karelovic , Kuschel , Latorre , Longueira , Luksic , Martínez ( don Gutenberg) , Masferrer , Melero , Munizaga , Palma ( don Andrés) , Pérez (don Ramón) , Prokurica , Reyes, Ribera, Sabag , Salas , Silva y Valcarce .
Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
Chadwick y Montes.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, si analizamos las exigencias requeridas para que exista efectivamente libertad de prensa y de recibir información como lo señala uno de los incisos del artículo 1° del presente cuerpo legal y si al mismo tiempo esta norma reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad, no cabe ninguna duda de que el rol que juegan los periodistas es de enorme trascendencia para que este artículo y todo el proyecto tengan alguna vigencia real.
Si se considera que la dirección interna de los servicios informativos o medios de comunicación social, o que actividades como reportear, elaborar y editar noticias, informaciones y crónicas habituales, reportajes, pautas, guiones o libretos informativos que se utilicen o difundan en esos medios son realizados, en más del 90 por ciento, por periodistas, según lo reconocen los propios detractores del proyecto, parece débil el argumento que denuncia cierta complacencia con los intereses corporativos de ese gremio.
Hay que considerar que en marzo de 1991 el Gobierno promulgó las reformas a la ley N° 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, una de las cuales introdujo la letra p) en el artículo 52, que establece que el título de periodista, licenciado en comunicación social, sólo puede ser entregado por una universidad reconocida por el Estado.
Esta reforma, además de reconocer los cuarenta años de enseñanza universitaria del periodismo en nuestro país, consagró el hecho de que la sociedad delegó la función pública de informar en quienes reconoce como individuos preparados ética y profesionalmente para el desempeño de tan delicada misión.
La iniciativa legal en debate cumple el mandato de esa normativa de rango constitucional, definiendo en esos términos lo que debiera serla función de nuestros periodistas.
En esta discusión general respecto de las exigencias para que efectivamente exista libertad de información, quiero dejar constancia en la versión de esta sesión lo que surgiera como una autocrítica hecha por periodistas en un seminario en que se analizaba su papel y el de los políticos en materia de libertad de información.
En un texto de Juan Carlos Giner , decano de la Universidad de Navarra, en relación con la autocrítica de los periodistas señaló: "Las trampas más usuales de los periodistas consisten en lo siguiente: poner malos procedimientos; poner trampas para que el entrevistado caiga en ellas, utilizar documentos robados, ocultar la identidad de periodistas, inventarse noticias, inventarse declaraciones, inventarse comillas, plagiar el trabajo de otros, actuar con malevolencia, mala fe o falta de respeto a las personas, sesgar intencionadamente las informaciones, hacer de los intereses propios el norte de la actuación informativa, huir de la verdad a costa de publicar lo que se vende, utilizar en beneficio personal o familiar informaciones privilegiadas, vivir informativamente de los escándalos; no preocuparse de confirmar los datos; acusar sin pruebas; aceptar regalos que ablandan o convierten a los informadores en personas trapaceras o en bufones; practicar la mala educación como sistema de trabajo; invadir la vida privada o destrozar la intimidad de las personas; explotar o chantajear las fuentes de información; dejarse chantajear o explotar por las fuentes de información; ser insensibles al dolor o al caos que la información puede dejar tras de sí; no tener corazón ni comportarse como seres humanos; despreciar la virtud del patriotismo; profesar el cinismo, la arrogancia o el descreimiento; no saber digerir las críticas; utilizar micrófonos o cámaras ocultas; jugar con el honor de los contemporáneos; escribir o hablar de lo que no se sabe; comerciar con el dolor; navegar en el descompromiso de las verdades a medias o de la ambigüedad; no rectificar cuando hay que hacerlo; trabajar la información con métodos artesanales; omitir temas o información simplemente porque son difíciles o enrevesados; practicar la ley del silencio; matar historias; prefabricar la realidad; dejarse avasallar por seudos acontecimientos; consentir que los poderes públicos dicten los temas informativos; ser especialmente vulnerables a las modas intelectuales de la Derecha o de la Izquierda; destrozar el lenguaje; practicar la autocensura; no luchar contra los prejuicios y las anteojeras; no tener compasión de la gente; olvidar como se llora."
Esta fue la autocrítica que un gran periodista, don Miguel Torres , editor de "La Nación", de Buenos Aires, nos hizo presente en un seminario realizado hace un par de semanas, relativo al rol de periodistas y políticos.
Cuando hablamos de lo que nos preocupa sobre el futuro de la prensa, tiene sentido hacer notar cómo en la libertad de información y de prensa en todos sus ámbitos, no cabe ninguna duda de que, más allá de los aspectos tocados por algunos colegas, estará siempre presente y jugará un papel fundamental el comportamiento de nuestros periodistas, fieles a sus concepciones éticas que, obviamente, son parte de su proceso de formación.
Todo lo que establezcamos en un cuerpo legal no tendrá sentido, si para ello no contamos con la estrecha colaboración y con el compromiso de los periodistas y de las organizaciones que, junto a ellos, colaboran para que realicen su profesión con ética y de acuerdo con sus principios y valores.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, como lo dijeron otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el artículo 1° constituye el núcleo principal o esencial del proyecto en discusión y es la base de todo su articulado.
Sin embargo, en nuestra legislación es tradicional que los artículos primeros establezcan ciertas normas generales. Así, el Título I se denomina precisamente "Disposiciones Generales", y hace mención expresa a la garantía constitucional del artículo 19, número 12, que establece la libertad de emitir opinión y la de informar.
Quiero aclarar que la libertad de emitir opinión y de informar no es lo mismo que el derecho de emitir opinión y de informar. Desde el punto de vista doctrinario, aquí existe una sutileza que diferencia lo que es un derecho de una libertad.
A continuación, el inciso tercero del artículo 1° reconoce el derecho de las personas a estar debidamente informadas sobre las distintas expresiones culturales, sociales o políticas existentes en la sociedad.
Al hacer un estudio de las actas de la Comisión Constituyente, que reflejan el debate habido en su interior, se puede comprobar que algunos de sus miembros quisieron incorporar no solamente la libertad de emitir opinión y de informar, sino que también consideraron que el derecho a estar debidamente informado era consustancial a dicha libertad.
Sin embargo, en la misma discusión se resolvió no incorporar este último, pues algunos sostuvieron que era consustancial a este derecho, y otros que era uno distinto. Lo concreto es que no se incorporó dentro de la garantía constitucional.
Por otra parte, desde el punto de vista de la doctrina –así- lo ha afirmado el constitucionalista señor Enrique Evans , y también don José Luis Cea en su "Tratado de Derecho Constitucional", el derecho a estar informado es parte de la libertad de emitir opinión y de la de informar. No obstante, es necesario decir que la doctrina y las opiniones de los jus publicistas no constituyen necesariamente una norma jurídica vinculante.
Entiendo el inciso tercero del artículo 1° como una norma que establece un deber ser, una aspiración propia de la libertad de emitir opinión y de informar; es lo que se denomina también "norma declarativa". Y desde el momento en que el título sobre derechos y deberes constitucionales tiene la gran importancia de incorporar un instrumento para que estas garantías sean reconocidas y protegidas a través de los tribunales de justicia, que son los órganos encargados de su cumplimiento, se ha creado la figura del recurso o de acción de protección.
Desde mi punto de vista, la libertad de emitir opinión y de informar cualquier acto u omisión arbitraria o ilegal que atente contra la libertad de emitir opinión o de informar -como lo señala el artículo 20- puede ser sujeto de recurso de protección.
Sin embargo, tengo la impresión de que el derecho de las personas a estar debidamente informadas no estaría incorporado dentro del recurso de protección. No obstante, podría estarlo a través de otras acciones entabladas ante los tribunales de justicia, y servir como un elemento más para la buena interpretación que deben llevar a cabo los distintos órganos dedicados a esa labor, como son los propios tribunales de justicia y otros entes.
Asimismo, entiendo la mención del Diputado señor Gutenberg Martínez al Pacto Civil y Político de Costa Rica, y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el sentido de que estaría incorporado el derecho a informar. Como lo señala el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República, "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes."
Lo que quiero decir es que la libertad de emitir opinión y de informar es una norma vinculante, en la cual está incorporado y se puede entablar la acción del recurso de protección. Sin embargo, respecto del derecho de las personas a estar debidamente informadas, se podría entablar ante los tribunales una acción judicial ordinaria dentro de lo que establece el mencionado artículo 59; es decir, que los derechos esenciales deben ser respetados por los órganos chilenos, en conformidad con nuestra leyes, así como con los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
En cuanto al pluralismo, quiero hacer algunas precisiones.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ha terminado el Orden del Día. Por lo tanto, si lo desea, puede redondear la idea.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, como quiero referirme al tema del pluralismo, cuando analicemos otros artículos relativos a esa materia haré las reflexiones que habría querido hacer hoy.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Estaban inscritos para intervenir sobre el artículo 1° los Diputados señores Jaime Rocha , Carlos Bombal y Rubén Gajardo . En ese orden, harán uso de la palabra en la próxima sesión en que se continúe la tramitación de esta iniciativa.
Queda pendiente la discusión.
Solicito el acuerdo de la Sala para citar a sesión especial hoy en la tarde, a las 16.00 ó 17.00 horas, con el objeto de continuar la discusión de este proyecto.
Acordado.
El señor VALCARCE.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALCARCE.-
Señor Presidente, ¿la sesión de la tarde se empalmará con la de la mañana o se citará a una nueva?
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Si hay acuerdo de la Sala, se citará a una nueva reunión a las 16.00 horas.
Como el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, prefiero no empalmar las sesiones, porque al hacerlo que es una facilidad tiende a producir una despreocupación acerca del quorum.
Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela .
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en tal caso, solicito de inmediato que se autorice a la Comisión de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala, porque tenemos numerosas personas citadas.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia similar a la del Diputado señor Valenzuela . A lo mejor, la sesión podría citarse a partir de las 18 horas, pues, normalmente, las Comisiones funcionan los martes de 16 a 18 horas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Solicito a los jefes de Comités que se acerquen a la Mesa. Mientras tanto continuaremos con la sesión.
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. (Tercer trámite constitucional).
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
En virtud del acuerdo unánime adoptado por los Comités esta mañana, originado en una presentación hecha por escrito la semana pasada, en los 20 minutos correspondientes a los proyectos de acuerdo, trataremos las modificaciones del Senado al proyecto que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota y modifica diversas normas legales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado (boletín N° 1499-05). Sesión 35ª, en 7 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta NQ 3.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
El acuerdo es destinar cinco minutos por bancada.
En primer lugar, por la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable Diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente, culmina hoy un proceso legislativo que las comunidades de Arica y Parinacota esperan con especial interés.
El 14 de mayo pasado se vivió en nuestras provincias una jornada de gran alegría y entusiasmo, pues en esta Sala, por unanimidad, se aprobó el proyecto que crea incentivos para el desarrollo de Arica y Parinacota . También escuchamos cantar el himno de Arica a una esforzada y emocionada delegación de esa ciudad que nos acompañó desde las tribunas, al igual que lo hacen hoy, a quienes saludo desde este lugar.
El Senado le introdujo modificaciones que mejoraron su articulado inicial, pues da mayores facilidades al crédito para la inversión, amplía a Parinacota la figura de centros de exportación, inicia la rebaja del impuesto de 6 por ciento, que grava las exportaciones a la zona franca de extensión y amplía el concepto de industrias que pueden instalarse en Arica, todo lo cual ayuda a cumplir los objetivos de la iniciativa, cuales son impulsar nuevas empresas e inversiones en la zona y crear más y mejores empleos, pues sólo así surgirá un desarrollo fuerte y permanente en Arica y Parinacota .
Agradecemos al Gobierno haber acogido el clamor de la población de Arica y Parinacota mediante esta iniciativa legal y, luego patrocinando nuevas indicaciones solicitadas por esta Corporación y el Senado.
La Cámara de Diputados ha dado un apoyo entusiasta al proyecto, lo que compromete nuestra gratitud como representantes de Arica y Parinacota con todos los señores Diputados que han mostrado su solidaridad y apoyo, en especial con los Diputados de Iquique, que colaboraron legalmente por mejorar la iniciativa, con el objeto de transformarla en un pilar del desarrollo de toda la Primera Región. También agradezco a los señores Diputados que integraron la Comisión Especial encargada del plan de desarrollo de Arica y Parinacota , que viajaron a la zona y escucharon directamente a toda la comunidad sobre lo que pensaba que debía ser esta ley, todo lo cual permitió crear un cuerpo legal que será una herramienta poderosa para satisfacer lo que nuestras comunidades desean, es decir, una Arica y una Parinacota fuertes, con gran desarrollo económico, tal como lo fueron en el pasado y así poder avanzar y ser un motor del desarrollo de Chile.
Arica y Parinacota no quieren seguir dependiendo de franquicias ni de ventajas especiales, sino que, con su propio esfuerzo, desean ser un polo de desarrollo en el norte, una comunidad que ayude a desarrollar toda nuestra integración con Sudamérica y con Asia. En otras palabras, quieren ser parte de este Chile, que crece y se desarrolla gracias al esfuerzo de todos.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, al comienzo de la sesión se nos informó que en los veinte minutos correspondientes a los proyectos de acuerdo se trataría la iniciativa cuyo debate comenzó con la intervención del Diputado señor Urrutia , con un tiempo de cinco minutos por bancada, lo que no suma veinte minutos, sino algo más. Deseo saber por qué se insiste en el criterio de distribuir los tiempos de esa forma, si ello no refleja el número de Diputados de cada bancada y, en consecuencia, se limita a algunas de ellas y la posibilidad de que pueden intervenir sus parlamentarios.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, estoy consultando sobre otra materia, pero respecto de su pregunta puedo informarle que, primero, se propuso que sólo intervinieran los dos Diputados de la zona y después se votara. Ante eso, se decidió otorgar cinco minutos por bancada, lo cual incluía a las que no tienen Diputados en la zona, entre otras, la democratacristiana. Este criterio, al igual que otros, está sujeto a distintos acuerdos y, al haberse adoptado en reunión de Comités, es válido en este momento, tal como se anunció al inicio de la sesión.
Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce .
El señor VALCARCE.-
Señor Presidente, hemos llegado al término de un proceso que toda una comunidad ha estado esperando por largo tiempo.
Arica ha efectuado una serie de movilizaciones sociales, lo cual ha despertado, a nivel nacional, inquietud sobre lo que sucedía en la ciudad más lejana del centro del país, que es puerta de entrada a Chile desde Perú y Bolivia.
Hoy, cuando estamos culminando el proceso legislativo del proyecto que entrega beneficios e incentivos económicos para el desarrollo de las provincias de Arica y Parinacota , quiero, al igual que el Diputado señor Salvador Urrutia , agradecer a todas las personas que han colaborado en esta iniciativa. El proyecto representa el esfuerzo no tan sólo de nosotros, los parlamentarios, sino también debemos reconocerlo del Ejecutivo, que lo envió; de los gremios de Arica, que han trabajado en él; de las juntas de vecinos y de los centros de madres. Es decir, es un esfuerzo mancomunado por tratar de dictar una ley del Estado chileno para una de sus ciudades.
Pese a que hubiéramos querido más incentivos para generar oferta de trabajo y atacar de manera frontal la cesantía que tanto daño ha hecho a nuestra convivencia e incidido en que tengamos los más altos índices en narcotráfico y de problemas sociales, ésta es la piedra inicial, y esperamos que el desarrollo de Arica sea sostenido en el tiempo y no esté basado en los vaivenes de las circunstancias políticas o de los modelos económicos del país.
Es necesario destacar que en este proceso hemos tratado de dictar una legislación que no perjudique a una ciudad hermana, como Iquique, tan cercana a la nuestra. Creemos que el desarrollo equilibrado de una Región no puede basarse sólo en el progreso unilateral de una de sus ciudades, por muy importante que ésta sea.
Estamos convencidos de que los problemas del salitre y del puerto libre nunca más volverán a ser una sombra en nuestro futuro y que no volverá a ocurrir un hecho social y económico que tantas consecuencias trajo en esos tiempos.
La ley que el Presidente de la República promulgará dentro de los próximos días, a lo mejor para muchos no es lo óptimo, pero, por lo menos, es un inicio para desarrollar a la ciudad. En muchas cartas y telegramas enviados por distintas asociaciones, se ha dicho que apunta al desarrollo de los grandes empresarios, no de los pequeños. Al respecto, debo manifestar y dejar constancia así como lo ha hecho una de las tantas organizaciones legítimas de Arica, la Asociación Gremial de Trabajadores Industriales de que si la ley no funciona en algunos de sus aspectos, tengo la convicción de que existe la voluntad política del Gobierno y también de los sectores de la Oposición para mejorarla si es necesario y no quedarnos estancados.
Para terminar, debo manifestar que fueron muchos los hombres que esperaron el desarrollo de Arica. Muchos murieron esperando esa posibilidad; pero no tan sólo debemos rendir homenaje a aquéllos, sino también reconocer y manifestar que hay otros que se quedaron en Arica con fe y confianza de que esto saldría adelante. Para los que han sufrido los rigores de esta situación, esta ley es el premio a esa fe y a esa confianza.
Agradezco a cada uno de los colegas, tanto del Senado como de la Cámara, especialmente a la Mesa, su contribución para tratar este tema en forma rápida y oportuna, y deseo el mejor de los éxitos para la ciudad de Arica.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Señores Diputados, en conformidad con el acuerdo de los Comités, se han inscrito los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano que harán uso de los cinco minutos. Faltando los del Partido Socialista y los de la UDI.
Tiene la palabra el Diputado señor Pérez .
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, como el tiempo se dio por bancada y yo cedí el mío al Diputado señor Valcarce , solicito la inserción de mi discurso.
Aprovecho la oportunidad para anunciar mi voto favorable.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para insertar el discurso del honorable Diputado señor Pérez ?
Acordado.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 del Reglamento, se inserta el siguiente discurso no pronunciado en la Sala.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, estimados colegas:
Hoy estamos analizando, en su último trámite legislativo, el proyecto de ley que establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota , el cual viene aprobado por el Senado, con indicaciones que lo mejoran ostensiblemente.
Este proyecto, presentado a este congreso nacional por el Ejecutivo, es el resultado de largas luchas dadas por las organizaciones y gente de Arica, que en algún momento llegaron a convertirse en paros totales de la ciudad, agobiados por la situación económica a la que Arica no estaba acostumbrada.
Si bien es cierto, que existen en otras zonas del país graves problemas económicos de pobreza y cesantía, no es menos efectivo que lo que significa Arica para el país y en general, el Norte de Chile, amerita una preocupación especial con el fin de mantener la soberanía en esos territorios conquistados, en los cuales no es fácil vivir alejados de los centros más poblados, por eso, somos partidarios de la integración con todos los países del cono sur de América, pues tenemos la mejor ubicación para ser el puente entre ese sector y los países de Asia y de la Cuenca del Pacificó le tal manera que cuando llegue a hacerse realidad ese sueño queremos que nos encuentre debidamente preparados. En ese sentido, este proyecto viene a llenar en parte lo ideado, entregando un desarrollo armónico al Norte Grande de Chile.
Señor Presidente, ha sido un error histórico aplicar en la primera región "la ley del péndulo"; es decir, una vez Arica con su puerto libre y su junta de adelanto y ahora Iquique con su Zofri. Repetir esta situación, lo único que acarrea son conflictos entre ambas provincias, las que deben ser complementarias. Lo que realmente se necesita es una política de estado que lleve al norte de Chile a ser un polo de desarrollo integrado en todos sus sectores, con buenos puertos y caminos de integración, especialmente en los sectores altiplánicos; donde existe abandono y éxodo a las ciudades más importantes, ¡la capacidad existe; solo faltan las herramientas!
Como representante de la provincia de Iquique, he seguido este proyecto en todo su trámite por el Parlamento, no con el afán de impedir que resultara positivo, porque los iquiqueños no tenemos resentimiento con Arica y pensamos que es mejor "un vecino rico que un vecino pobre". Por eso, lo apoyamos en todo su articulado, oponiéndonos solamente en aquellos asuntos que, según nuestro punto de vista, perjudicaban a Iquique, especialmente en el párrafo II del proyecto, que se refiere a los "centros de exportación" que se crean en Arica y que, de acuerdo a expresiones de algunos dirigentes ariqueños, querían que fuera una copia fiel de la zona franca de Iquique, a lo que nos oponemos, no por egoísmo, sino por el hecho de que Arica tiene más ventajas comparativas por la cercanía y vías fáciles de acceso con Perú y Bolivia, lo que impediría el desarrollo del sistema de zona franca de Iquique resultando un perjuicio y su debilitamiento, debiéndose propender, por el contrario, a su fortalecimiento ante la competencia de la zona franca de Tacna. Por eso, el proyecto quedó con dos sistemas diferentes: Iquique con zona Franca para productos extranjeros, y Arica con productos nacionales. Afortunadamente, al aplicar este sistema, tanto el Gobierno cómo los parlamentarios de las correspondientes Comisiones manifestaron, en forma reiterada, que no se podía "desvestir a un santo para vestir a otro", y por esa razón este proyecto quedó equilibrado favoreciendo a Arica sin perjudicar a Iquique.
Espero, que esta Honorable Cámara apruebe en su totalidad las modificaciones incorporadas por el Honorable Senado para que este proyecto sea realidad a la brevedad posible, pensando en atender las urgentes necesidades de trabajo de los ariqueños, que se pretenden solucionar a través de los beneficios que otorga este proyecto de ley, que son, entre otros, porcentajes de bonificación a la construcción, instalación de industrias e inversiones públicas, con fondos sectoriales. Ojalá que esta ley satisfaga a los ariqueños.
Por tanto, señor Presidente, en nombre de Renovación Nacional anuncio nuestros votos favorables y solicito a todos mis colegas apoyar esta iniciativa de beneficio para Arica.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Felipe Valenzuela , por tres minutos; después, el Diputado Navarro por dos minutos.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, la bancada socialista aprobará las modificaciones del Senado porque mejoran la redacción del proyecto y, fundamentalmente, su contenido.
Por ejemplo, el inciso final del artículo l9 amplía hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para acogerse al beneficio del crédito tributario.
El artículo 7° establece una multa equivalente al ciento por ciento del monto de la franquicia para aquellos que utilicen el beneficio para el lavado de dinero en la zona.
Por su parte, el artículo 10, que es muy importante, extiende a la provincia de Parinacota la autorización para establecer recintos denominados centros de exportación para el ingreso de depósitos y comercialización de mercaderías al por mayor.
Finalmente, junto con manifestar mi agrado por el feliz término de la tramitación de esta iniciativa, quiero destacar fundamentalmente el hecho de que en Chile es posible dictar leyes de tratamiento especial para zonas que están en situación de desventaja en relación con el resto del país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, al finalizarla tramitación de este proyecto, quisiera destacar el hecho de que en ello colaboraron parlamentarios de diversas regiones. Uno se pregunta, ¿qué tenían que hacer parlamentarios de la Décima Región, de la Región Austral o del Centro? El especial interés que se tuvo por participar en la Comisión Especial dedicada al estudio de este proyecto emana del hecho de que para las regiones pobres es necesaria una extrema solidaridad de parte de todos los parlamentarios. Quienes contribuyeron y trabajaron esforzadamente a fin de que esta iniciativa saliera adelante, en particular los parlamentarios del resto de las Regiones, lo hicieron convencidos de que Arica y Parinacota requerían de la solidaridad del resto de los parlamentarios y de los chilenos.
Espero que los ariqueños y la gente de la Primera Región hagan uso adecuado de los beneficios que este proyecto les otorga, con el objeto de que, en la medida de lo posible, y con esfuerzo de cada uno, tengamos una ley exitosa, a fin de que esta práctica de ir en ayuda de una región específica pueda con posterioridad, en el futuro, extenderse a otras regiones que también lo necesitan.
La oportunidad está dada. La iniciativa legal es considerada adecuada por los habitantes de la Primera Región. Además, elimina los roces que pudieron haber existido en primera instancia con Iquique. Por lo tanto, los ariqueños tienen una oportunidad, y espero que no la desperdicien.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay .
El señor LEAY.-
Señor Presidente, cuando analizamos el proyecto en la Cámara, la UDI señaló una serie de deficiencias que, a nuestro juicio, era importante solucionar, a fin de dar a Arica un desarrollo sostenido en el tiempo.
La iniciativa legal no ataca, en su conjunto, los problemas de fondo de esa provincia: falta inversión pública y apoyo directo a su principal actividad, que es el comercio. Sin embargo, manifestamos que íbamos a apoyar el proyecto, porque otorgaba ciertos beneficios que, al menos, iban a dar una respuesta inicial a los problemas que representó la comunidad ariqueña y que son conocidos por el Parlamento.
En estas circunstancias, apoyaremos las enmiendas del Senado de la República, por las siguientes consideraciones: porque, sin lugar a dudas, perfecciona el contenido y las ideas matrices del proyecto; aumenta los plazos para obtener el beneficio tributario que entrega; elimina ciertas restricciones que originalmente establecía para que los inversionistas redujeran su crédito tributario; incorpora los centros de exportación a la provincia de Parinacota, tal como señalamos en la Cámara; extiende el beneficio de aprovisionamiento de naves en los puertos de la Primera Región a la ciudad de Punta Arenas que, a nuestro juicio, debería tener un tratamiento similar al de Arica, ya que tiene el mismo problema económico, agravado hoy por el "terremoto blanco" que la ha afectado.
También aprobaremos el proyecto porque otorga igualdad de condiciones a la provincia de Arica, en términos de incorporar el valor agregado en temas tan importantes como la transformación industrial.
Asimismo, valoramos la iniciativa del Gobierno en cuanto a entregar mayores franquicias a los habitantes de la Primera Región, al elevar la cuota de importación de autos usados, de 5 mil a 9 mil dólares.
En definitiva, la UDI va a apoyar el proyecto, pero señala públicamente que es insatisfactorio, dada la realidad y las expectativas de Arica para su desarrollo integral.
Del mismo modo, hacemos un llamado para que este tratamiento especial se extienda a la Duodécima Región, que hoy sufre los mismos problemas que afectan a la Primera.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .
El señor BALBONTÍN.-
Señor Presidente, después de una tramitación exhaustiva en la Cámara y en el Senado, hoy debemos celebrar la concreción de un anhelo que cuenta prácticamente con el respaldo de toda la comunidad ariqueña y de la Primera Región, porque aquí han podido coligar los intereses de Arica y de Iquique.
La iniciativa legal tiene un objetivo importante. Desde el punto de vista internacional, la situación geopolítica de Arica, enclavada en el corazón de América Latina, permite, en primer lugar, aprovechar las ventajas comparativas de orden portuario que tiene respecto de otras zonas.
En segundo lugar, permite que los centros de exportación que se generen a través de los incentivos que establecen este conjunto de disposiciones legales, sean el punto de partida para un proceso de reconversión que Arica estaba reclamando desde hace mucho tiempo. Desde la época de la ciudad del nailon y del desarrollo de la industria de electrodomésticos, durante un período de más de diez años, esta ciudad ha venido sufriendo el declive de su sistema productivo y de sus fuentes de ocupación.
Gracias a la iniciativa del gobierno del entonces Presidente don Patricio Aylwin , se inició el denominado Plan Arica y precisamente el módulo central de ese Plan Arica hoy forma parte de este texto legal, que permite incentivar las actividades portuarias, turísticas y comerciales, y las demás actividades y servicios relacionadas con éstas.
Este tipo de incentivos son una innovación trascendental, desde el punto de vista de esa ciudad y de la Región de Tarapacá. Por lo tanto, en ese mismo camino, sectores que hoy están deprimidos a raíz de los cambios en los sistemas productivos, podrían encontrar soluciones semejantes a las que se proponen a través de este proyecto de ley.
Por lo que significa la ciudad de Arica -la más septentrional de Chile- para el desarrollo de nuestra América Latina y por el esfuerzo desarrollado entre el Gobierno y el Poder Legislativo a fin de lograr un plan de esta naturaleza, me alegro profundamente de que hayamos podido llegar a tener éxito.
No me referiré a los puntos específicos de este proyecto, porque con los cinco minutos que tenemos no es posible hacerlo. Por lo tanto, con su venia, señor Presidente, dejaré con la palabra al Diputado señor Roberto León , quien me ha pedido una interrupción, para continuar con esta misma lógica y celebrar, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, que se esté concretando esta idea.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, me interesa resaltar la importancia y trascendencia de este proyecto, porque vemos en él una manifestación concreta de compromiso del Gobierno, de todos los partidos políticos y del país con el desarrollo regional. Es decir, es una manifestación de nuestro anhelo de alcanzar un desarrollo equitativo para todos los chilenos.
Con este proyecto de ley también se demuestra -se cuenta con un reconocimiento explícito de ello- que el desarrollo macroeconómico no se traduce mecánicamente en bienestar para todos los chilenos, sino que es necesario establecer medidas especiales para estimular el desarrollo de zonas y sectores postergados. Esa es la lección que nos deja esta iniciativa.
Fue en los comienzos del gobierno del ex Presidente don Patricio Aylwin cuando la Concertación, y especialmente nuestro partido, asumieron con responsabilidad el estudio y la implementación de medidas para resolver los problemas de Arica. En efecto, el 20 de marzo de 1991, el Ministro de Planificación de la época, don Sergio Molina , exponía ante la comunidad ariqueña los lineamientos básicos de la política del gobierno para esta área. En dichos planteamientos se encuentran las orientaciones generales de la política con que el actual gobierno enfrenta la situación y las líneas centrales del proyecto que hoy aprobamos.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, con su venia redondearé la idea.
Por último, nuestro partido se jugó y se ha jugado por soluciones de fondo y de largo plazo en la dictación de esta ley. En ese sentido, queremos dejar constancia de que hoy hemos pagado un costo político muy alto.
Cuando algunos querían buscar soluciones de corto plazo, nuestros parlamentarios de la época, el ex Diputado señor Luis Leblanc y el ex Senador Humberto Plaza, y también hay que destacar al Diputado señor Carlos Valcarce , se jugaron y buscaron soluciones de largo plazo. Lamentablemente, en el caso particular de la Democracia Cristiana, el pueblo de Arica no quiso esperar y castigó a nuestro partido y a nuestros parlamentarios.
Por eso, hoy llamamos a apoyar fuertemente este proyecto de ley y el desarrollo de Arica, porque creemos que a largo plazo lograremos el crecimiento de esa querida ciudad.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Honorable Sala, la Mesa ha convocado a una sesión especial para hoy, con el objeto de continuar el despacho del proyecto de ley sobre las libertades de opinión e información y el ejercicio del periodismo. Esta sesión está citada entre las 17.30 y las 20.00 horas. Si hubiera acuerdo de la Sala, se despachará el proyecto totalmente.
Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro .
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, hay una serie de reuniones de Comisiones y temas pendientes que tratar en el trabajo normal de la Sala.
Por lo tanto, propongo continuar con la sesión de ahora y no convocar la especial en la tarde. Es más razonable fijar una hora de votación antes del funcionamiento de las Comisiones, ya que este tema lo llevamos discutiendo bastante tiempo. De esa manera, no se interfiere con el trabajo normal del resto de las Comisiones.
He dicho.
El señor ÉSTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, he consultado a los Comités y hemos encontrado esta fórmula, porque hay distintas opiniones al respecto. No se ha citado a las 16.00 horas para no paralizar el trabajo del resto de las Comisiones.
Tiene la palabra el Diputado señor Cantero .
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, deseo opinar en el mismo sentido; pero si se mantiene la decisión, pido que se permita funcionara las Comisiones simultáneamente con la Sala.
He dicho.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
¿Habría acuerdo para reemplazar la hora de Incidentes de esta sesión, con el objeto de continuar ahora el despacho de la ley de prensa?
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, no estoy de acuerdo.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, con tales argumentos es difícil razonar, ¿Por qué no buscamos otra alternativa?
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín para plantear un asunto de Reglamento.
El señor BALBONTÍN.-
Señor Presidente, para un buen funcionamiento de la Corporación, sería conveniente consultar a la mayoría de los señores Diputados, a fin de que no sea sólo la opinión de un solo Diputado la que condicione la voluntad de la Mesa.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, así son los procedimientos que requieren la unanimidad de la Sala.
La facultad de la Mesa es citar con cuatro horas de anticipación. He citado a las 17.30 horas, porque eso está dentro de mis facultades, salvo que hubiera asentimiento unánime de la Sala para destinar la hora de Incidentes de hoy para continuar con el trámite legislativo del proyecto antes mencionado.
No hay acuerdo.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, se trata de que el proyecto tenga éxito. Si usted cita a esa hora, vamos a tener problemas.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señor Diputado, lo lamento, pero es imposible conciliar todas las opiniones. Me veo obligado a tomar una resolución para despachar el proyecto, lo cual está dentro de las facultades de la Mesa. Se consultó a los Comités, que han respaldado esta determinación.
Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro .
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, está bien que la Mesa tenga la facultad de citar a esta sesión especial. Sé que lo hace para poder despachar el proyecto, que es el ánimo de todos; pero no le quepa duda de que a esa hora vamos a tener problemas por las razones indicadas. Entonces, lo lógico sería seguir sesionando ahora, fijar una hora de votación o, lisa y llanamente, citar a una sesión para mañana, a fin de ordenarnos con más tranquilidad respecto de los otros proyectos que debemos tratar.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Señores Diputados, se requiere unanimidad para proceder de cierta manera.
La Mesa, de acuerdo con sus facultades, ha citado a sesión de 17.30 a 20 horas.
Lamentablemente, no podemos seguir discutiendo sobre el punto, porque no hay acuerdo unánime al respecto.
El señor NAVARRO.-
Pido la palabra.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Sobre otra materia, tiene la palabra Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, es para consultar si la Mesa puede fijar la hora de votación.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Diputado señor Navarro , no se puede fijar porque se debe discutir en particular y no puedo adivinar cuántas personas se inscribirán para intervenir respecto de cada artículo. La hora de votación dependerá de las personas que se vayan inscribiendo para la discusión de cada artículo.
En votación las modificaciones del Senado que no requieren quorum de ley orgánica.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
Aprobadas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Acuña, Aguiló , Álvarez-Salamanca , Allamand , Arancibia , Ascencio , Ávila , Aylwin (don Andrés) , Balbontín , Bayo , Caminondo , Cantero , Cardemil , Coloma , Cornejo , Correa, Chadwick , De la Maza , Elgueta , Elizalde , Errázuriz , Escalona , Espina, Estévez , Fantuzzi , Ferrada , Fuentealba , Gajardo , Galilea , García (don Rene Manuel) , García (don José) , García (don Alejandro) , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Jara , Jocelyn-Holt , Jürgensen , Karelovic , Kuschel , Latorre , Leay , León, Letelier ( don Juan Pablo) , Longton , Longueira , Luksic , Makluf Masferrer , Melero , Montes, Morales , Muñoz , Naranjo , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pizarro , Prokurica , Rebolledo (doña Romy), Reyes, Ribera , Rocha , Rodríguez , Sabag , Salas (don Edmundo) , Seguel , Silva , Solís , Soria , Sota , Tohá , Tuma , Urrutia (don Raúl) , Urrutia (don Salvador) , Valcarce , Valenzuela , Vargas , Venegas , Viera-Gallo , Vilches , Villegas , Villouta , Walker , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano .
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En votación la modificación del Senado que consiste en agregar un inciso final al artículo 10, cuya aprobación requiere quorum de ley orgánica.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
Aprobado.
Despachado el proyecto.
VI.INCIDENTES
APROBACIÓN DE PROYECTO QUE BENEFICIA A LAS PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA. Oficio.
El señor ESTÉVEZ (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Renovación Nacional.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce .
El señor VALCARCE.-
Señor Presidente, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a cada uno de mis colegas Diputados y a la Mesa por la aprobación del proyecto de ley que establece incentivos y beneficios para el desarrollo económico de las provincias de Arica y Parinacota .
Todo un pueblo, toda una comunidad debe estar festejando en estos momentos el hecho de tener una herramienta de trabajo; de que por lo menos haya una luz al final del túnel en que nos encontrábamos, lo que nos da la posibilidad de salir adelante.
Las ciudades extremas, como la nuestra, de las que hay tantas en Chile, requieren del apoyo de todos para que adelante, como él que hoy ha brindado la Cámara a las provincias de Arica y Parinacota .
Como dije en la discusión de las modificaciones, esta iniciativa de ley representa el esfuerzo de los 120 parlamentarios que, preocupados, la votaron favorablemente en primera instancia, y de todos los Senadores que también la aprobaron por unanimidad.
Quizás queden algunos puntos que quisiéramos mejorar, pero le daremos tiempo al tiempo para que empiece a funcionar la futura ley, y luego, poco a poco, iremos modificando lo que haya que modificar y arreglando lo que haya que arreglar; pero, en definitiva, nos queda la sensación de orgullo de que Chile, una vez más, se ha preocupado del territorio que integra nuestra nación y nuestro Estado desde el año 1880.
Por lo tanto, a esa tierra conquistada con la sangre de nuestras Fuerzas Armadas del año 1879, que guarda el tesoro de los cuerpos de todos los hombres que lucharon y murieron por ella, tanto en el Campo de la Alianza como en la toma del Morro de Arica, queremos decirle como sus herederos, que seguimos teniendo fe y continuaremos cuidándola.
Agradezco al Presidente de la República por el envío de este proyecto de ley, y solicitar oficialmente que la firma de la ley se haga en la ciudad de Arica, con la presencia de todos los participantes de las Comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, para lo cual pido que se oficie en tal sentido a Su Excelencia el Presidente de la República, porque esta es una fiesta de los ariqueños y de todos los chilenos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Señoras y señores parlamentarios, acaba de hablar el honorable Diputado señor Carlos Valcarce en el tiempo de Renovación Nacional. Está inscrito el honorable Diputado señor Salvador Urrutia para intervenir en el tiempo del Partido por la Democracia. Por lo tanto, les propongo escuchar al Diputado señor Urrutia y suspender el resto de la hora de Incidentes, para asistirá una convivencia que tendremos a las 14 horas.
El señor ÁVILA.-
Pido la palabra.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, voy a utilizar el tiempo que corresponde a mi bancada en la hora de Incidentes.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Señor Diputado, ¿no es posible que, en función de lo que significa la unidad de este Poder Legislativo, Su Señoría intervenga en la hora de Incidentes de la sesión de mañana?
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA (don Salvador).-
Señor Presidente, deseo aclarar este equívoco. No estaba considerada mi participación en la hora de Incidentes. Sólo estaba pidiendo la palabra para adherir a los conceptos del Diputado señor Valcarce , por cuanto comparto su petición para que el Presidente de la República participe en la promulgación de esta ley en Arica, con la asistencia de una representación del Senado y de la Cámara en ese día que será histórico para Arica.
Mis conceptos sobre la ley ya los emití en la Sala, de manera que mi participación en la hora de Incidentes se resume a lo que he señalado.
He dicho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Se despachará el oficio solicitado por los honorables señores Carlos Valcarce y Salvador Urrutia , ambos representantes de Arica, con la adhesión de todos los Diputados presentes. Esto quedó demostrado con la votación de los 90 parlamentarios.
El señor RODRÍGUEZ Pido la palabra.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
Lamentablemente, la proposición de la Mesa no tiene la unanimidad, porque el Diputado señor Ávila solicitó el tiempo de su Comité.
Al resto de los señores Diputados, les agradezco infinitamente su deferencia; pero debemos seguir con Incidentes.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, le ruego no convertir en estigma mi derecho.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
No es estigma, señor Diputado, sino que se buscó la unanimidad.
DÉFICIT DE AGUA POTABLE EN LOS ANDES. Oficio.
El señor ORTIZ (Vicepresidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez .
El señor RODRIGUEZ.-
Señor Presidente, el jueves pasado, Los Andes conoció una de las más grandes concentraciones de su historia. Se reunieron cerca de diez mil personas para protestar en forma pública contra un servido ineficiente que tiene racionado el abastecimiento de agua potable, con los consiguientes riesgos a la salud de las personas y al desarrollo normal de las actividades cotidianas: del hogar, del comercio, de las escuelas, etcétera. Se trata de la empresa Esval , que tiene la obligación de proveer de este vital elemento a la población.
Asistí a ese masivo acto y pude constatar el enorme grado de malestar e impotencia que existe en la gente. No podía ser de otra manera, pues Esval ha puesto en juego uno de los derechos más sagrados de los chilenos, que no es otro que el acceso a una mínima calidad de vida.
Lo grave es que esta situación se viene arrastrando ya por espacio de cinco años. A causa de ella, he realizado innumerables gestiones, que van desde oficios dirigidos a diferentes instancias hasta reuniones con dirigentes y líderes de la comunidad y sus autoridades, sin resultados positivos hasta ahora.
Estas últimas tienen cansada a la comunidad andina, que observa cómo se suceden las reuniones y las explicaciones, sin que se solucionen sus problemas. Podría dar cuenta de una larga lista de lo realizado por quien habla en busca de soluciones, pero no es el propósito de esta intervención con el gerente de Esval, señor Hernán Herrera , el viernes recién pasado, de la cual destaco lo siguiente.
En primer lugar, estamos ante una empresa incapaz de solucionar los problemas de corto, mediano y largo plazo; estamos ante una empresa que no tiene ninguna planificación para cubrir la demanda actual de los usuarios, ni mucho menos está preparada para el crecimiento de la demanda que, como consecuencia de la consolidación de Los Andes como primer puerto terrestre de Chile, deberá afrontar Esval . Además, estamos ante una empresa irresponsable, ya que más allá del problema puntual de los filtros, existe uno más de fondo que dice relación con los derechos de agua de Esval, que son insuficientes para cubrir la demanda del servicio, problema suscitado por la no inscripción de los derechos, cuando correspondía. Estamos ante una empresa insensible frente a la emergencia social, que, a pesar de la protesta masiva de los andinos, no responde favorablemente a sus demandas. Por último, estamos ante una empresa que, a pesar de todas estas circunstancias, nos lleva a concluir que está liderada por un equipo de ejecutivos que no son los más adecuados ni los más aptos.
Por las razones anteriores, solicito que se requiera del Vicepresidente de la Corfo lo siguiente:
En primer lugar, los estudios de Esval, que descartó técnicamente la reparación del acueducto de Riecillo.
En segundo lugar, que dicha empresa informe acerca de los derechos de agua efectivos que posee en la zona.
En tercer lugar, que la misma empresa señale los proyectos y tiempo de que dispone para su ejecución a fin de solucionar el problema de agua potable de la provincia de Los Andes y parte de la San Felipe.
En cuanto lugar, que informe acerca de los esfuerzos y gestiones realizadas por la empresa para adquirir mayor número de derechos de agua, con el objeto de satisfacer la demanda actual y futura de la comunidad andina.
Finalmente, que se dé a conocer cuáles son las proyecciones de crecimiento en la zona y la demanda que tiene Esval .
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con adhesión de los Diputados señores Kuschel, Caminondo , Jürgensen , Bayo , Ávila , Ulloa , Alvarado , Urrutia , Latorre , Salas , Elizalde , Seguel , Makluf , Ojeda y Montes.
PROVISIÓN DE CARGOS EN CORTE DE APELACIONES DE VALDIVIA. Oficio.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Caminondo .
El señor CAMINONDO.-
Señor Presidente, la ley N° 18.969, del 10 de marzo de 1990, procedió a la creación de cargos en el escalafón primario del Poder Judicial, con lo cual nació la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, no se crearon los cargos de apoyo administrativo del escalafón de empleados, cuyo número no puede ser inferior a cinco para cumplir las funciones de bibliotecario, oficial tercero, oficial cuarto, dos oficiales de sala y un mayordomo.
Con el objeto de lograr un normal funcionamiento de la Corte en sus dos salas, se designaron funcionarios en comisión de servicio, de manera que sus cargos de origen fueran ejercidos por personas en calidad de suplentes. Sin embargo, y en atención a modificaciones recientes en el Código Orgánico de Tribunales, se produce el hecho de que no es posible sostener las correspondientes suplencias debido a que, lo contrario, sería exigir trabajos no remunerados de quienes por cinco años se han desempeñado en esa calidad en los diferentes juzgados de origen.
Por otra parte, por seguridad laboral, los funcionarios en comisión de servicio, deben regresar a sus respectivos tribunales.
Por lo expresado, a contar del pasado 28 de agosto, la Corte de Apelaciones de Valdivia labora con la misma dotación de personal que tenía cuando disponía de una sola sala, lo que equivale a que casi la mitad de su dotación actual impide su funcionamiento normal.
Por tanto, en virtud de los antecedentes expuestos, solicito que se oficie a la Ministra de Justicia, acompañando copia de esta intervención, con el objeto de que se adopten las medidas necesarias para proveer en forma urgente los cargos requeridos por el escalafón de empleados de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Hago presente que esta petición fue hecha anteriormente por mi colega el Diputado señor Errázuriz .
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por el señor Diputado.
HOMENAJE PÓSTUMO A DON JULIO CHANÁ Y A DON TOBÍAS BARROS. Oficios.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, de manera sencilla, pero no menos emotiva, aprovecho estos minutos de Incidentes para rendir homenaje a dos grandes servidores públicos, que han fallecido en las últimas dos semanas, respecto de los cuales entiendo que sería una muy buena cosa que la Cámara los recordara por los grandes servicios y méritos que prestaron al país.
Uno de ellos es don Julio Chaná Cariola, profesor de Derecho y de Economía de la Universidad Católica durante largos decenios; Decano de la misma Facultad, ex Ministro de Estado y ex Superintendente de Sociedades Anónimas, entre sus cargos más principales.
La otra persona es don Tobías Barros Ortiz , que ha muerto con más de 100 años, después de una larguísima trayectoria de servicios públicos a Chile.
La frase acuñada por don Benjamín Vicuña Mackenna hace más de cien años, "El pago de Chile", que ha permanecido con posterioridad bajo la forma de una sentencia, indica que no siempre somos debidamente agradecidos respecto de nuestros grandes servidores públicos.
Muchas veces nos ocupamos de anotar o de resaltar las imperfecciones, e incluso hablamos de corrupción dentro de la Administración Pública. En cambio, no somos de la misma forma elocuentes para hablar y agradecer a los grandes servidores públicos cuando se alejan de nosotros.
Con los decesos de don Julio Chaná y de don Tobías Barros, soldado ejemplar, diplomático, escritor, se alejan dos grandes figuras de la chilenidad. Por eso, en mi nombre y en el de los señores Diputados que deseen adherir, pido que se envíen sendos oficios, en el caso de don Julio Chaná a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de la cual fue profesor por más de 50 años, y en el de don Tobías Barros , a su familia, manifestando el recuerdo que esta tarde hemos hecho de sus personas, de sus méritos y de los grandes servicios prestados al país.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, si se me permite, en nombre de la Corporación.
COBRO RETROACTIVO DE PATENTES DE ACUICULTURA EN CHILOÉ Y PALENA. Oficios.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a un delicado problema que afecta a pescadores artesanales, a sindicatos de algueros y a agrupaciones de cultivo marino.
En la Décima Región, en especial en las provincias de Chiloé y Palena , numerosas personas, asociaciones y sindicatos desarrollan la actividad acuícola, principalmente de cultivo de algas, sin ser titulares de concesiones de acuicultura. Algunos operan con resoluciones dictadas por la autoridad marítima de su jurisdicción, que autorizan el uso anticipado de la Subsecretaría de Pesca, carecen de la autorización marítima respectiva. Asimismo, se dan casos en que se han ocupado espacios de mar con la sola presentación al Sernap de los antecedentes exigidos, sin exhibir ningún tipo de resolución de las autoridades. En definitiva, las situaciones señaladas no corresponden a titulares de concesiones de acuicultura.
El artículo 84 de la Ley de Pesca establece que pagarán patente los titulares de las concesiones, pero no se refiere al pago por personas, asociaciones y sindicatos con resoluciones en trámite. Lo curioso es que hoy todas esas personas han sido notificadas por la autoridad competente del cobro respectivo de las patentes de acuicultura, situación que se torna insostenible para muchos pescadores de la zona y sus familias, que viven de esta actividad, ya que se trata de una medida que, por falta de ingresos suficientes para cumplir con compromisos atrasados, puede ocasionar la caducidad de numerosas concesiones acuícolas, lo que originaría un serio problema económico y social en las provincias de Chiloé y Palena .
En virtud de lo anterior, por intermedio de la Mesa, solicito que se oficie al Subsecretario de Pesca, a través del Ministro de Economía, para que nos informe acerca de la procedencia de tales cobros retroactivos a quienes aún no son titulares de concesiones acuícolas, y además, para que se estudie la posibilidad de eximir o de condonar los pagos atrasados a quienes, por su actual condición socioeconómica, no pueden hacer frente a sus compromisos.
Lo anterior, con el fin de no provocar un impacto negativo en el desarrollo de la actividad, que en muchos casos es realizada por gente modesta que en los últimos años ha debido enfrentar bajas sistemáticas en los precios de sus cultivos, fundamentalmente de las algas marinas.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Jürgensen , Caminondo , De la Maza y Ulloa .
MEJORAMIENTO DE ACCESOS A PUERTOS DE SAN VICENTE Y TALCAHUANO. Oficio.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en la ciudad de Talcahuano están ubicados los dos puertos que, de acuerdo con los antecedentes y estadísticas, importan y exportan más carga en nuestro país.
En la municipalidad se ha señalado, ante las autoridades correspondientes, la necesidad de que, desde el punto de vista de obras públicas, nuestra ciudad reciba un tratamiento más adecuado, sobre todo en materias relacionadas con los accesos de los puertos de San Vicente y Talcahuano. Actualmente, existen dos vías de acceso. Ambas se encuentran absolutamente atochadas, puesto que deben ser compartidas por vehículos particulares, de locomoción colectiva y por los de carga.
Existen posibilidades para mejorar estos accesos, con el objeto de ayudar la salida y entrada de los productos a los puertos. Desde ese punto de vista, se hace urgente habilitar, específicamente, un tramo entre el puente Juan Pablo II , que conecta las ciudades de Talcahuano y Concepción con el sector de San Pedro, Coronel y Lota.
Es indispensable que para la conexión que comienza desde el puente Juan Pablo II hacia la calle Gran Bretaña , ubicada en el sector de Hualpencillo, en Talcahuano, se llame a licitación lo antes posible, a fin de convertir en realidad un acceso inexistente, lo cual permitirá otorgar mayores facilidades para el ingreso a los puertos, sobre todo a los productos que entran y salen hacia la provincia de Arauco y la Novena Región.
Es necesario que el Ministerio de Obras Públicas complemente el acceso que tampoco existirá hasta hace muy pocos meses desde el centro de Concepción hasta Talcahuano. Hoy, a causa de los mejoramientos que se están haciendo, se ha convertido en realidad el antiguo camino de Los Carros. Pero para que exista una posibilidad real de tránsito vehicular que permita aliviar los inmensos tacos que se están produciendo en estas dos importantes ciudades, se debe dar un tratamiento similar a la actual calle Alemparte , de Talcahuano.
En tercer lugar, existe y está planificado alargar la calle Alto Hornos, en el sector de Higueras, para conectar los puertos de San Vicente y de Talcahuano de manera más expedita. Hoy se presentan graves atochamientos, puesto que el único camino, llamado de las Industrias, o el que pasa por el centro de Talcahuano, son absolutamente insuficientes y están colapsados.
Por tal razón, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas sobre las materias que competen a la Dirección de Vialidad, cuyo Director, el señor Oscar Ferrel , conoce bastante bien la situación. Tengo la impresión de que con estas conexiones se podría modernizar todo el sistema de puertos.
Hoy estamos hablando de un país-puerto, se preguntarán por qué el país ha vuelto a un clima de enfrentamiento verbal y, en cierta medida, -por suerte, restringida- de violencia física, que no corresponde al grado de avance de nuestro proceso de reconciliación nacional, de reencuentro y de consolidación democrática. Yo también me lo he preguntado.
Pienso que una de las posibles respuestas es que, tal vez, se deba no sólo al espíritu que reina siempre en septiembre, sino al hecho de que nuestra transición a la democracia se encuentra inconclusa.
Frente a esta realidad, no debiéramos exacerbarnos en nuestras posiciones, sino buscar los caminos adecuados para que esa tarea que no puede sino ser nacional, pudiéramos llevarla a término con éxito, porque la transición plena a la democracia es una tarea común de todos los chilenos, cualesquiera que sean las divisiones que tuvimos en el pasado.
Sin embargo, tal vez por esta realidad, los ánimos se vuelvan a enardecer, y cada cual a nivel internacional. Ello, por cierto, perjudica a nuestro país, especialmente en las negociaciones sobre el Nafta, que deberán ser abordadas en la Cámara de Representantes los días 14 y 20 de este mes.
Ciertamente, las imágenes que ayer se proyectaron a través de los servicios de información internacional, en las pantallas de Estados Unidos, y en general del mundo, no favorecen para pensar que Chile es un país plenamente pacificado donde existe una convivencia armónica entre todos los chilenos, no sólo por las palabras que se profirieron y las calificaciones que se hicieron, sino también por la violencia que se usó.
Por eso, he querido hacer uso de la palabra en Incidentes para hacer un llamado para que, dentro de lo posible, todos trabajemos desde nuestras posiciones, con las divergencias que tenemos, en un sentido constructivo, y que no primen en el clima del país las posiciones extremas, que más tienen que ver con confrontaciones del pasado que con las tareas futuro.
Además, es muy importante que todos tomemos conciencia de que debemos realizarlas reformas políticas que el país requiere para tener un adecuado estándar democrático a nivel internacional. Es posible que discrepemos sobre su contenido, ritmo para realizarlas o respecto de la secuencia global del proceso de reforma, pero, a estas alturas, como lo ha demostrado el propio informe técnico de los juristas de Renovación Nacional que tengo en mi poder, la inmensa mayoría del país sabe que hay tareas pendientes de cambios constitucionales que son ineludibles hoy o mañana. Lo importante es que a nivel internacional nos perciban con el ánimo de hacer esa transición como corresponde y, además, respetando nuestras diferencias.
En ese sentido, algunos de estos cambios, que son imprescindibles, deben hacerse en la práctica como fruto de una maduración tanto de lo que es el pensamiento de la civilidad respecto de los temas permanentes de la Defensa Nacional, quizás difícil, pero al final indispensable, de lo que es el pensamiento del Alto Mando de las Fuerzas Armadas chilenas respecto de su propio rol e inserción en el sistema político, dentro del cuadro de cambio geopolítico internacional y regional. Es decir, aquí estamos interpelados los partidos políticos y las Fuerzas Armadas respecto a repensar cuál es nuestra función dentro del nuevo contexto internacional.
Pueda ser que todo esto lo tratemos con altura de miras; que aprendamos de nuestros errores, asumamos nuestro pasado a cabalidad en el bien y en el mal, y no nos dejemos ofuscar por lo que pudieran ser visiones esquemáticas o parciales de nuestro pasado reciente, que ha sido para muchos chilenos extremadamente doloroso.
Quiero concluir estas palabras completando algo que señaló el Diputado señor Ferrada , que estimo, por lo que he hablado con él, una omisión involuntaria. Él ha rendido un justo homenaje a don Julio Chaná y a don Tobías Barros , dos grandes servidores públicos, profesores de derecho, que acaban de fallecer. Es justo, también, incluir al eminente político, profesor de derecho y ex Presidente de esta Corporación, don Jacobo Schaulsohn , quien fuera miembro del Tribunal Constitucional, que rindió un muy importante servicio a la vida pública desde las filas del Partido Radical y que, desgraciadamente, falleció ayer.
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que el Diputado señor Ferrada , con posterioridad, me señaló que no se había referido al señor Schaulsohn , toda vez que la Corporación tiene por tradición rendir especial homenaje a los ex parlamentarios.
A pesar de que no está establecido en el Reglamento, quizás el Diputado señor Ferrada quiera hacer un alcance sobre el último punto señalado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FERRADA.-
Señor Presidente, como es costumbre adherir a formularios que se hacen durante Incidentes, quiero dejar constancia de que, más allá de las palabras que en lo principal pronunció el Diputado señor Viera-Gallo , adhiero con mucho gusto al espíritu que refleja su intervención.
He dicho.
REACCIONES DE ESPECIES DEL REINO ANIMAL, CARENTES DE RACIONALIDAD.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila .
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, la culpa no la tiene el primate sino los que llevan la discusión más allá de su alcance. Desea participar, pero le ocurre lo del abanico de la mujer necia: mal manejado con una mano y peor con la otra. Para él es metafísica todo lo que se aparte de un léxico escatológico. El autor de cualquier idea que despegue del piso, no quedará exento de réplica iracunda; un manotón será la primera respuesta instintiva, luego desencadenará un estado cataléptico de rara índole. Si bien este accidente nervioso suspende todo signo de racionalidad, curiosamente a él le activa su capacidad motora. Es así como gesticula, ruge, impreca, blasfema, lanza espumarajos por sus belfos ardientes. Todo esto bajo el efecto de la avidez reporteril.
Sin duda, las reacciones primarias no ayudan a abrirse paso en este mundo del conocimiento, pero, sorprendentemente, en la política a ras de suelo, la ramplonería despeja el riesgo de caer. ¿Acaso tropieza la lombriz?
Señor Presidente, estos días he recordado una vieja historia. Es la de aquel sapo malhumorado e irritable que sufría de un doble complejo: el de gordura y fatuidad. Cierto día, muerto de envidia por la vivacidad y brillo de la luciérnaga, decide ahogar el bien ajeno que tanto lo perturba. Para ello, después del palmetazo de rigor, posa su helado vientre sobre el lampíride. El coleóptero de destellos fosforescentes interpela sorprendido: ¿Por qué me aplastas? y el estúpido batracio, no hallando qué responder, se limita a preguntar a su vez: ¿Por qué brillas?
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RECHAZO A DECLARACIONES FORMULADAS CON MOTIVO DEL 11 DE SEPTIEMBRE.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Latorre .
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de la molestia y preocupación que ha provocado a los militantes de la Democracia Cristiana el hecho de que ayer un grupo de violentistas, que obviamente ocultan su identidad, atacaran la sede principal de la Democracia Cristiana en nuestra capital.
Creemos que ello es el reflejo de un clima intencionadamente exacerbado en las últimas semanas y que tiende a que el 11 de Septiembre termine siendo una buena oportunidad para que sectores extremistas expresen o manifiesten, de distintas formas, su falta de apego al régimen democrático e intenten desvirtuar la verdad histórica de nuestro país.
Hemos tenido oportunidad de conocer planteamientos que en este sentido tienden a generar una impresión ante la opinión pública y, sobre todo, en las generaciones más jóvenes, que nada tiene que ver con la realidad vivida hasta aquel día 11 de septiembre de 1973, en que se realizó un golpe militar en nuestro país.
Los que luchamos permanentemente por que Chile volviera a la democracia, no podemos quedarnos de brazos cruzados al advertir estos hechos por los cuales, desvirtuando la realidad histórica, hoy se intenta transmitir una imagen distinta a lo que ocurrió efectivamente durante esos años. Hemos tenido oportunidad de responder públicamente las opiniones que para algunos personeros destacados de las Fuerzas Armadas chilenas refleja lo ocurrido.
También quiero hacer un alcance respecto de ese grupo de violentistas que, inspirados en planteamientos que conocemos en forma reiterada de parte del Partido Comunista, incentivan a actos de violencia que nosotros, al menos la Democracia Cristiana, en la medida de sus posibilidades, no permite que se haga carne en nuestro país.
En ese sentido, quiero simplemente dejar constancia de nuestra opinión absolutamente contraria a las palabras con que Gladys Marín , presidenta del Partido Comunista, pretende explicar la historia de nuestro país desde aquel golpe militar a la fecha.
No creemos que haya sido vano intentar un gran acuerdo nacional para garantizar el retorno de la democracia. Más aún, pensamos que los fundamentos de ese gran acuerdo nacional siguen vigentes y que, debidamente complementados con la presión civil que tuvo expresión permanente en los años inmediatamente anteriores a las postrimerías del régimen militar, fueron los factores que permitieron que nuestro país pudiera retornar a un régimen democrático que, si bien no se caracteriza por su plenitud, sí constituye una situación muy distinta a la que vivió nuestro país en dictadura y que genera condiciones reales para consolidar definitivamente una democracia.
En ese sentido, como un militante más de la Democracia Cristiana, quiero protestar enérgicamente por los ataques de que ha sido objeto una de las sedes de nuestro Partido con motivo de las celebraciones del 11 de septiembre por parte de distintos bandos.
Asimismo, deseo señalar como responsables de este clima que existe en el país, no sólo las declaraciones que reiteradamente hace el general Pinochet cada mes de septiembre desde el golpe militar a la fecha, sino también la interpretación absurda que dirigentes, como la señora Gladys Marín , hacen de lo que efectivamente ocurrió en Chile antes del 11 de septiembre de 1973. Como siempre se ha dicho, aparentemente los extremos siempre de juntan, sobre todo en este tipo de temas.
Expreso, en nombre de la Democracia Cristiana y en el mío, mi más absoluto rechazo a lo que han sido en estos días las declaraciones tanto del general Pinochet como de la señora Gladys Marín .
He dicho.
El señor RIBERA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.
Se levantó a las 14:23 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.