Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Aguilo Melo
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Romilio Gutierrez Pino
- PERMISO
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Denise Pascal Allende
- Manuel Monsalve Benavides
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Lautaro Carmona Soto
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Issa Farid Kort Garriga
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Juan Antonio Coloma Alamos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE LOS COMITÉS SOBRE ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE HACIENDA
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- V. ORDEN DEL DÍA
- AMPLIACIÓN DE DONACIÓN CRUZADA DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS VIVAS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N°10009-11)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb Schifferli
- PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10996-10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Luis Alberto Rocafull Lopez
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTERVENCIÓN : Roberto Fortunato Poblete Zapata
- ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10997-10)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EVENTUAL PERJUICIO FISCAL POR RECHAZO DE DENUNCIAS INDIVIDUALES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES POR PARTE DE LAS MUTUALIDADES
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Matias Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Raul Andrade Lara
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- AMPLIACIÓN DE DONACIÓN CRUZADA DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS VIVAS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N°10009-11)
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- REGULACIÓN DE MODELOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS LIBERALES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Jose Perez Arriagada
- Alberto Robles Pantoja
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Marcela Ximena Hernando Perez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CREACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCOESTADO EN LOCALIDAD DE POMAIRE, COMUNA DE MELIPILLA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Ramon Barros Montero
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INCORPORACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) EN CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE SALUD
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Jorge Rathgeb Schifferli
- Diego Alfredo Paulsen Kehr
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Leopoldo Perez Lahsen
- Bernardo Jose Berger Fett
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Javier Ignacio Macaya Danus
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Jose Manuel Edwards Silva
- German Verdugo Soto
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb Schifferli
- INTERVENCIÓN : Fernando Meza Moncada
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- POSTULACIÓN DE NICANOR PARRA SANDOVAL A LA ACADEMIA SUECA PARA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2017
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Jorge Sabag Villalobos
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Matias Walker Prieto
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Jaime Andres Bellolio Avaria
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Pepe Auth Stewart
- German Becker Alvear
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Issa Farid Kort Garriga
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DECLARACIÓN DE LAGUNA SALADITA , DE PUNTA TEATINOS, COMO RESERVA NACIONAL Y SITIO RAMSAR
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Raul Fernando Saldivar Auger
- Luis Alberto Rocafull Lopez
- Christian Erwin Urizar Munoz
- Enrique Jaramillo Becker
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Raul Fernando Saldivar Auger
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REGULACIÓN DE MODELOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS LIBERALES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
- VII. INCIDENTES
- EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PAGO DE BECA PRODDAR Y OTROS BENEFICIOS A DEPORTISTAS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Pilowsky Greene
- INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE SISTEMA PARA CAPTACIÓN DE AGUA MARINA DE TERMOELÉCTRICA SANTA MARÍA, DE COLBÚN, CORONEL (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- PLAN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN SECTORES ALTOS DE VALPARAÍSO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- REGULARIZACIÓN DE COMERCIO CALLEJERO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PREOCUPACIÓN POR APROBACIÓN DE PROYECTO DE VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN COMUNA DE TILTIL, PROVINCIA DE CHACABUCO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS EN MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Silber Romo
- REPOSICIÓN DE CUARTEL DE SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS DEL ESTADO PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN VALPARAÍSO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- RESPUESTA A CONSULTA SOBRE EVENTUAL HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADA EN HIJUELA DE VECINO DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS APLICADAS POR SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DE MOLIENDA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- ANTECEDENTES SOBRE PATENTE DEL MALL PLAZA EL TRÉBOL, DE TALCAHUANO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cristian Campos Jara
- RECURSOS PARA MANTENCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS DE EL ROSAL, VILLA EL ESTERO Y AGUAS NEGRAS, COMUNA DE CABRERO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- ANÁLISIS DE EVENTUAL PROBLEMA DE DISEÑO DE PASO PEATONAL DE AVENIDA SENADOR JAIME GUZMÁN , COMUNA DE RENCA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- ADHESION
- Cristian Campos Jara
- Felipe Letelier Norambuena
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Jaime Pilowsky Greene
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- DESTRUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES EN ZONA NORTE DE SANTIAGO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- ADHESION
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Cristian Campos Jara
- Felipe Letelier Norambuena
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Jaime Pilowsky Greene
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN JURÍDICA DE ADMINISTRACIÓN DETEATRO REGIONAL Y DE ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- INFORMACIÓN SOBRE MONTO Y DESTINO FIJADO EN FONDO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES A REGIÓN DE O’HIGGINS (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- INFORMACIÓN SOBRE CANTIDAD DE RECLUSOS DROGODEPENDIENTES (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- INFORMACIÓN SOBRE RAZONES PARA NO EFECTUAR TRASLADO DE REOS DESDE PENAL PUNTA PEUCO A COLINA I (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PAGO DE BECA PRODDAR Y OTROS BENEFICIOS A DEPORTISTAS (OFICIOS)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Cristian Campos Jara
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Jorge Rathgeb Schifferli
- Cristina Girardi Lavin
- Marcela Ximena Hernando Perez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Pepe Auth Stewart
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Daniel Alejandro Farcas Guendelman
- Pablo Lorenzini Basso
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- Luis Alberto Rocafull Lopez
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Gustavo Hasbun Selume
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Fernando Meza Moncada
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Alberto Robles Pantoja
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Leonardo Enrique Soto Ferrada
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Lautaro Carmona Soto
- Aldo Cornejo Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Luis Lemus Aracena
- Marcos Espinosa Monardes
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Cristina Girardi Lavin
- Clemira Pacheco Rivas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Bernardo Jose Berger Fett
- Ivan Alberto Flores Garcia
- Daniel Alexander Melo Contreras
- Leopoldo Perez Lahsen
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Ramon Farias Ponce
- Felipe Ward Edwards
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 115ª, en martes 3 de enero de 2017
(Ordinaria, de 10.41 a 13.52 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
INDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 19
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 23
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 23
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 23
ACUERDOS DE LOS COMITÉS .............................................................................................. 23
RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE LOS COMITÉS SOBRE ENVÍO DE PROYECTO A
COMISIÓN DE HACIENDA .................................................................................................... 24
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 28
AMPLIACIÓN DE DONACIÓN CRUZADA DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS VIVAS
(PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 10009-11) ................................................. 28
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN
N° 10996-10) ............................................................................................................................ 34
ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10997-10) .................................................................... 39
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EVENTUAL PERJUICIO FISCAL POR RECHAZO DE DENUNCIAS INDIVIDUALES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES POR PARTE
DE LAS MUTUALIDADES ...................................................................................................... 43
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 61
REGULACIÓN DE MODELOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS LIBERALES EN LA
EDUCACIÓN PÚBLICA .......................................................................................................... 61
CREACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCOESTADO EN LOCALIDAD DE POMAIRE,
COMUNA DE MELIPILLA ...................................................................................................... 63
INCORPORACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) EN CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE SALUD................................................................................................... 66
POSTULACIÓN DE
NICANOR PARRA SANDOVAL
A LA ACADEMIA SUECA PARA
EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2017 .......................................................................... 68
DECLARACIÓN DE
LAGUNA SALADITA
, DE PUNTA TEATINOS, COMO RESERVA
NACIONAL Y SITIO RAMSAR ............................................................................................... 71
Pág.
VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 74
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PAGO DE BECA PRODDAR Y OTROS
BENEFICIOS A DEPORTISTAS (OFICIOS) .............................................................................. 74
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE SISTEMA PARA CAPTACIÓN DE AGUA
MARINA DE TERMOELÉCTRICA SANTA MARÍADE COLBÚN, CORONEL (OFICIOS)..... 74
,
PLAN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN SECTORES ALTOS DE VALPARAÍSO
(OFICIO) .................................................................................................................................... 75
REGULARIZACIÓN DE COMERCIO CALLEJERO (OFICIOS) ................................................ 76
PREOCUPACIÓN POR APROBACIÓN DE PROYECTO DE VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN COMUNA DE TILTIL, PROVINCIA DE CHACABUCO
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 77
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS EN MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (OFICIO) ................. 77
REPOSICIÓN DE CUARTEL DE SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS EN SAN JOSÉ
DE LA
MARIQUINA
(OFICIOS) ................................................................................................ 78
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS DEL ESTADO PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN VALPARAÍSO (OFICIOS) ........................ 79
RESPUESTA A CONSULTA SOBRE EVENTUAL HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADA EN HIJUELA DE VECINO DE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO) .................................................................................. 79
FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS APLICADAS POR SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SOLICITAN SERVICIOS
DE MOLIENDA (OFICIO) ......................................................................................................... 80
ANTECEDENTES SOBRE PATENTE DEL MALL PLAZA EL TRÉBOL, DE
TALCAHUANO (OFICIOS)........................................................................................................ 80
RECURSOS PARA MANTENCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS DE EL ROSAL, VILLA EL ESTERO Y AGUAS NEGRAS, COMUNA DE CABRERO (OFICIOS) ....................................... 81
ANÁLISIS DE EVENTUAL PROBLEMA DE DISEÑO DE PASO PEATONAL DE
AVENIDA SENADOR
JAIME GUZMÁN
, COMUNA DE RENCA (OFICIOS) ........................... 82
DESTRUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES
INFANTILES EN ZONA NORTE DE
SANTIAGO
(OFICIOS) ................................................... 82
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN JURÍDICA DE ADMINISTRACIÓN DE TEATRO
REGIONAL Y DE ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA (OFICIOS) ................................ 83
INFORMACIÓN SOBRE MONTO Y DESTINO FIJADO EN FONDO DE DESARROLLO
REGIONAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES A REGIÓN DE O’HIGGINS (OFICIOS)... 83
INFORMACIÓN SOBRE CANTIDAD DE RECLUSOS DROGODEPENDIENTES
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 83
INFORMACIÓN SOBRE RAZONES PARA NO EFECTUAR TRASLADO DE REOS
DESDE PENAL PUNTA PEUCO A COLINA I (OFICIOS) ......................................................... 84
Pág.
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................ 86
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “SUSTITUYE EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N° 17.374, QUE FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y ACTUALIZADO DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 313, DE 1960, QUE APROBARA LA LEY ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN ESTADÍSTICA Y
CENSOS Y CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS”. (BOLETÍN N° 11068-13)................ 86
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 11068-13) ............................ 86
3.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9890-08) .............................. 86
4.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10937-15) ............................ 86
5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL PROTOCOLO DE ASUNCIÓN SOBRE COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN ASUNCIÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY, EL 20 DE JUNIO DE 2005”. (BOLETÍN N° 10994-10) .......................... 86
6.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA, SUSCRITO EN CÓRDOBA”. (BOLETÍN N° 10996-10) ......................................... 86
7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “APRUEBA EL ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, ADOPTADO EN CARACAS, VENEZUELA, EL 11 DE NOVIEMBRE DE 1989, Y SU PROTOCOLO DE ENMIENDA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, EL 14 DE JULIO DE 2006”. (BOLETÍN N° 10997-10) ............................................................................................................. 86
8.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE “CREA EL CONSEJO NACIONAL Y LOS CONSEJOS DE PUEBLOS INDÍGENAS”. (BOLETÍN N° 10526-06) ............................................................................................................. 87
9.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES RECAÍDO EN TRES PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADOS EN MOCIÓN, QUE MODIFICAN LA CARTA FUNDAMENTAL EN LO QUE RESPECTA A LA FECHA EN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DA CUENTA SOBRE EL ESTADO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO DE LA NACIÓN. (BOLETINES N° 9741-
07, 10728-07 Y 10951-07, REFUNDIDOS) .................................................................................... 87
10.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO,
ARRIAGADACERONI, FARCAS, JARAMILLO, LETELIER Y RATHGEB, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.584, QUE REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD, PARA ESTABLECER Y GARANTIZAR NUEVOS DERECHOS Y ASEGURAR NUEVAS
, CAMPOS,
PRESTACIONES MÍNIMAS DE SALUD, DE CARÁCTER UNIVERSAL”. (BOLETÍN N° 11060-11) ............. 87
Pág.
11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AUTH,
ALVARADOCASTRO, CHÁVEZ, FARCAS, LORENZINI, NÚÑEZ, DON DANIEL; POBLETE, ROCAFULL Y SOTO, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.496, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRACCIONES A LA LEY, Y EN LAS REGLAS APLICABLES A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES”. (BOLETÍN N° 11061-03) .................................................................................. 87
,
12.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y
CARVAJALARRIAGADA, FLORES, HASBÚN, JARPA, MEZA, RINCÓN Y ROBLES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS, PARA ESTABLECER LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LA ADICCIÓN A LAS DROGAS, SEGÚN PROCEDIMIENTO QUE DETERMINA”. (BOLETÍN N° 11062-06) ........................................................................................ 87
, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO,
13.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MIROSEVIC,
ALVARADOARRIAGADA Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°211, DE 1973, QUE FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, CON EL OBJETO DE EXTENDER LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PERSECUTORIAS DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBRE COMPETENCIA”. (BOLETÍN
,
N° 11063-07) ............................................................................................................................ 87
14.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE,
CARMONACORNEJO, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N° 211, DE 1973, QUE “FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, EN MATERIA DE PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE COLUSIÓN”. (BOLETÍN N° 11064-07)........................................................................................... 88
Y
15.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEMUS Y ESPINOSA,
DON MARCOSCICARDINI, QUE “MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1996, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EXIGIR LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y PLANES DE INCLUSIÓN EN LA REGULACIÓN RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DEL ESTADO PARA LOS
, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES”. (BOLETÍN N° 11065-04) .................................................. 88
16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO,
CARVAJALGIRARDI, PACHECO Y SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, BERGER, FLORES, MELO Y PÉREZ, DON LEOPOLDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA EXTENDER LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAÑADO, A LOS DAÑOS CAUSADOS POR FALTA DE SERVICIO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN”. (BOLETÍN N° 11066-12) ............................................................................... 88
,
17.- INFORME DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS Y WARD SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL XVLIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO ANDINO, LLEVADO A CABO DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 EN CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA. .... 88
18.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR URRUTIA,
DON IGNACIO
, SOBRE SU PARTICIPACIÓN, EN CONJUNTO CON LA DIPUTADA SEÑORA NOGUEIRA, EN LA 41A REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PARLAMERICAS, LLEVADA A CABO DESDE EL 5 AL 7 DE DICIEMBRE DE
2016, EN CIUDAD DE MÉXICO,
MÉXICO
. ..................................................................................... 88
19.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR MORANO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA VISITA DE ESTUDIO ORGANIZADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL PROPIEDAD INTELECTUAL, ENTRE LOS
DÍAS 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA. ................................ 89
Pág.
20.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR EL CUAL REMITE COPIA AUTORIZADA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECAÍDA EN UN REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2.695, SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ. ROL 2912-15-INA.
(1320-2016). ............................................................................................................................. 89
21.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3052-16-INA. ............................................... 89
22.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3097-16-INA. ............................................... 89
23.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3279-16-CPR. ............................................... 89
24.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3267-16-INA. ............................................... 89
25.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3281-16-INA. ............................................... 89
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
Del diputado señor Espinoza, don Fidel
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 23 de diciembre de 2016, para dirigirse a España.-
Del diputado señor Espinoza, don Fidel
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 22 de diciembre de 2016, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
2.- Comunicaciones:
Del diputado señor Aguiló
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016 por impedimento grave.
Del diputado señor Gutiérrez, don Romilio
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, entre el 3 y el 5 de enero de 2017.
3.- Oficios:
Del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que el diputado señor Andrade
integrará la delegación que concurrirá, en representación de S.E. la Presidenta de la República, a la asunción del mando presidencial en Nicaragua, viaje que se extiende desde el 9 al 11 de enero del año 2017 (534).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que la diputada señora Pascal y el diputado señor Monsalve integrarán la delegación que concurrirá a la 136° Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se llevará a cabo desde el 1 al 5 de abril de 2017, en Dhaka, Bangladesh (535).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Soto
integrará la delegación que concurrirá a la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se desarrollará entre los días 8 y 9 de febrero de 2017, en París, Francia (536).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Kort
integrará la delegación que concurrirá a a la Reunión de la Red Parlamentaria Mundial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se desarrollará entre los días 8 y 9 de febrero de 2017, en París, Francia (537).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Coloma
integrará la delegación que concurrirá a la 136a. Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), que se llevará a cabo desde el 1 al 5 de abril de 2017, en Dhaka, Bangladesh (538).
Del director del Hospital Clínico Herminda Martín por el cual informa y remite, en conformidad a la ley N°19.986 de Bases de Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, la Resolución Exenta N°11.463 que aprueba trato directo por servicios profesionales que indica. (377)
De la directora T. y P. del Hospital San Camilo por el cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la resolución exenta N° 7499, de 13 de diciembre de 2016, en la que se autoriza al médico cardiólogo don Luis Foncea Calderón , representante legal de la sociedad “ Proyecta Ltda .”, para suscribir un contrato de cirugía en la implantación de marcapasos.(597).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Hasbún , Diputado Ward , Emita un pronunciamiento formal respecto de la pertinencia y/o legalidad de la campaña denominada “El Asado Constituyente” que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los términos que señala. (90325 al 21637).
Diputado Rathgeb , Solicita información relacionada con las prohibiciones legales que afectan a los ministros, subsecretarios, directores de servicios y funcionarios públicos para intervenir en campañas electorales, así como la posibilidad de efectuar actividades de esta índole en las sedes parlamentarias financiadas con recursos de la Cámara de Diputados y/o Senadores (91256 al 24338).
Diputado Ulloa , Diputado Van Rysselberghe , Diputado Norambuena , Para reiterar el oficio N° 18.236 de esta Corporación, de fecha 04 de abril de 2016. (91280 al 20454).
Diputado Hasbún , Solicita tenga a bien disponer una investigación en la Municipalidad de Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía, a fin de determinar las causas del rechazo a la renovación de patente de depósito de alcoholes del señor Rigoberto Cisterna Díaz y la subsecuente acción judicial interpuesta contra dicho organismo, en los términos que señala. (92030 al 2431).
Ministerio De Interior
Diputado Carmona , Requiere información relacionada con la calidad del agua proveniente del río Copiapó, cuya utilización estaría produciendo consecuencias negativas en los regadíos de los pequeños agricultores y en la salud de los habitantes de la localidad de San Fernando (165012 al 24696).
Diputado Flores , Solicita informar sobre el número de brigadas forestales operativas y en condiciones de actuar al 11 de noviembre de 2016, la cantidad de aeronaves de propiedad de la Corporación Nacional Forestal operativas o fuera de funcionamiento, a la misma fecha y las acciones adoptadas para la activación de los recursos desde el mes de septiembre a la fecha y su disponibilidad por cada semana. (2127 al 25149).
Diputado Sandoval , Solicita informar la individualización de cada uno de los parques, reservas y monumentos naturales que existen en esa región, la superficie que ocupan, el personal que trabaja en ellos e indicar el número de visitantes que han ingresado a cada uno durante los dos últimos años. (223 al 24846).
Diputado Pérez don José , Se sirva considerar las diferentes medidas en favor de los adultos mayores cuya implementación se encuentra pendiente, con ocasión de la celebración del “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, oficializado por las Naciones Unidas en 2011. (3479 al 2314).
Diputado Pilowsky , Reitera el oficio Nº 23.074 de fecha 14 de septiembre del 2016. (3969 al 24575).
Diputado Farías , Solicita que informe acerca de las medidas a adoptar y procedimientos efectuados en el sector de la población La Legua, comuna de San Joaquín, respecto a la balacera efectuada durante la entrega del cuerpo de un supuesto narcotraficante el día 21 de noviembre del 2016. A su vez, se solicita la intervención inmediata de personal policial en dicho sector con el fin de evitar la repetición de tiroteos. (4025 al 24880).
Ministerio de Relaciones Exteriores
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (14044 al 24460).
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (14044 al 24476).
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Diputada Álvarez doña Jenny , Solicita que informe si se ha efectuado la inscripción de transferencia de la concesión acuícola inscrita con Folio RNA Nº 7638, en el Registro de Concesiones de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a nombre del señor Nelson Osorio García según lo señalado en el Oficio Nº 2872 del 4 de agosto del año 2010 de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en los términos que señala. (2038 al 24593).
Ministerio de Educación
Diputada Vallejo doña Camila , Situación en que se encuentra el proceso de análisis de la llamada “deuda histórica” de los profesores, las medidas adoptadas y por adoptar y su ejecución. (1002 al 15511).
Ministerio de Justicia
Diputado Farías , Solicita información relacionada con el número de Secciones Juveniles existentes a lo largo del país en Gendarmería de Chile, así como el estado y cobertura de estas. (1880 al 23068).
Diputado Kast , Requiere información relacionada con los eventuales contratos de prestación de servicios existentes entre Gendarmería de Chile y sociedades o personas que proporcionen atención médica para internos en todos los recintos penitenciarios de Chile, el personal contratado bajo régimen de planta, a contrata u honorarios que trabajen en la institución prestando servicios de salud y la cantidad de ambulancias operativas con que cuentan las unidades penales del país. (1899 al 22713).
Diputado Farcas , Requiere información relacionada con el número de reos que cumplen actualmente la pena sustitutiva de libertad vigilada y aquellos que se encuentran monitoreados bajo el sistema de tobilleras electrónicas, así como los requisitos para optar a este tipo de beneficios, las tasas de reincidencia, fallas de sistema y revocación. (3123 al 22760).
Diputada Molina doña Andrea , Solicita remitir los resultados del sumario seguido en contra del director regional del Servicio Nacional de Menores de Valparaíso producto de un eventual maltrato a una funcionaria de dicha oficina, y asimismo de los espacios y condiciones que presenta el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa de Playa Ancha para la atención especializada de menores, en los términos que se solicita. (3710 al 22903).
Diputado Sandoval , Solicita instruir al Servicio Nacional de Menores para que remita a esta Corporación todos los antecedentes entregados a la Contraloría de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, para los efectos de una investigación que concluyó en el informe N° 3.804, de fecha 6 de septiembre de 2016, particularmente aquellos que se refieren a los requerimientos de establecimientos para la atención de menores y las gestiones que dicho Servicio habría realizado para dar respuesta a esa necesidad. (8173 al 24537).
Diputado Berger , Solicita que se pronuncie respecto a las acciones pertinentes que pudieran incorporarse a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por las presuntas irregularidades en el diseño y ejecución del Puente Cau-Cau, ubicado en la comuna de Valdivia. (8183 al 24339).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (8198 al 24792).
Diputado Teillier , Informe a esta Cámara sobre los movimientos que aparecen en los registros de ese Servicio vinculados con la señora Patricia del Carmen Verdejo Pizarro , quien se encontraría desaparecida desde 1985, remitiendo el certificado de defunción si fuere procedente. (936 al 24435).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Kast , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el monto total de los recursos utilizados por vuestra entidad, destinados a los viajes efectuados durante el año 2015, desglosando los diferentes tipos de gastos y su monto. (3321 al 20157).
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (3321 al 24461).
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (3321 al 24474).
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (3321 al 24475).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (3350 al 24744).
Diputado Robles , Por su intermedio, el señor subsecretario para las Fuerzas Armadas informe a esta Cámara sobre el otorgamiento de concesiones de explotación de pelillo en la Región de Atacama, especialmente en el sector de Bahía Loreto en la comuna de Caldera, precisando la duración y obligaciones de los concesionarios. (6977 al 19579).
Diputado Berger , Para que, en virtud de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la legalidad del proceso de Asamblea Constituyente, señalando si tiene fundamento legal y constitucional del decreto que la crea e indicando la disposición jurídica que fundamenta su origen. (90366 al 20509).
Ministerio de Obras Públicas
Diputado Macaya , Se sirva informar a esta Cámara sobre el estado actual del proyecto de construcción de la Carretera de la Fruta, Ruta CH-66, indicando el número de expropiaciones efectuadas y pagadas, el trazado final y las condiciones de liquidación de la licitación anterior. (2791 al 24309).
Diputado Rathgeb , Reitera el oficio Nº 21.599, de fecha 1 de julio del año 2016. (2792 al 24959).
Diputado Urízar , Solicita que se efectúe una reunión entre la Dirección de Obras Hidráulicas con la señora alcaldesa de Papudo, con el propósito de dar a conocer a la comunidad de Pullally, el proyecto que proveerá agua al sector desde la Planta de Tratamiento de La Ligua. (2793 al 23369).
Diputado Mirosevic , Efectividad de que la empresa Quiborax S. A. estaría utilizando aguas del río Huayaquiri, en la comuna de Putre, sin contar con los derechos respectivos, disponiendo las fiscalizaciones respectivas. (2795 al 24619).
Diputada Álvarez doña Jenny , Requiere que remita los antecedentes relacionados con el anuncio de inversión en la Región de Los Lagos, efectuado por Dirección de Obras Hidráulicas, indicando los proyectos y comunas donde se contemplan efectuar y el cronograma para cada uno de ellos. (2796 al 24142).
Diputado Chávez , Se sirva informar a esta Cámara sobre los avances obtenidos en la determinación de las medidas destinadas a garantizar el acceso seguro de los usuarios al nuevo hospital de la comuna de Penco y al Centro de Salud Familiar, ambos ubicados en la Ruta 150. (2797 al 24243).
Diputado Chávez , Reitera las peticiones contenidas en el oficio N° 24.243, de 11 de octubre del presente años. (2797 al 25145).
Diputada Rubilar doña Karla , Política de instalación de nuevos pórticos para dispositivos de Televía, TAG, en la Región Metropolitana, indicando los lugares y tarifas de los ubicados actualmente. (2799 al 24322).
Diputado Mirosevic , Requiere informar a esta Cámara sobre la ejecución de obras de un nuevo sondaje para el sistema de agua potable rural del sector de Cerro Sombrero, en el Valle de Azapa. (2813 al 24995).
Diputado Rocafull , Solicita remitir los antecedentes del proyecto nueva Cuesta La Pera, en la Ruta 11 CH, en los términos que señala. (2814 al 24293).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que informe acerca del número de empresas participantes del proceso de licitación pública en el que se encontraba sometido el proyecto “Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal Samoré”, a su vez, las distintas ofertas presentadas por estas compañías y la decisión de someter dicha licitación a una reevaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, precisando el cronograma contemplado para dicho proceso e indicando una fecha estimada para la nueva licitación pública de dichas obras. (2815 al 24289).
Diputado Rocafull , Solicita remitir los antecedentes que se especifican en la solicitud adjunta, respecto al cierre del cruce Guillermo Sánchez que unía los sectores Pedregal y Terminal Agro , en la comuna de Arica, indicando la pertinencia de construir un badén que cruce el río San José . (2817 al 24598).
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Diputada Hernando doña Marcela , Requiere información sobre la situación que afecta al señor Alejandro Cuellar , ex trabajador de la Minera Collahuasi, con el propósito de reevaluar el porcentaje de discapacidad que le reconoció la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Antofagasta y entregarle la orientación que requiere (1157 al 25086).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva remitir copia de la carpeta de fiscalización que lleva adelante esa Dirección, con el propósito de establecer las causas y responsabilidades en el accidente ocurrido el pasado 25 de octubre en la construcción de una estación bencinera en la comuna de Puerto Varas, lugar en el que fallecieron 4 trabajadores. (1196 al 25179).
Diputado Castro , Informar a esta Cámara sobre el estado de tramitación en que se encuentra la solicitud de pensión por invalidez presentada por la señora Maura de las Mercedes Ortiz Pérez . (31775 al 21927).
Diputado Paulsen , Uso y asignación de vehículos fiscales y la utilización del disco institucional obligatorio de su repartición, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (6083 al 2528).
Diputado Espinoza don Fidel , Requiere remitir todos los antecedentes relacionados con el accidente laboral ocurrido en el kilómetro 1.011 de la carretera que une las comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, lugar donde se desarrolla la construcción de un servicentro de propiedad de la empresa Shell Chile S.A., indicando si existían las medidas de seguridad exigidas por la normativa aplicable y si se cumplieron los respectivos protocolos. (6083 al 24558).
Ministerio de Salud
Diputado Poblete , Número, identidad y grado de discapacidad de las personas certificadas e inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad en la Región del Biobío, especialmente en cada una de las comunas de la provincia del Biobío, en los últimos 5 años. (3101 al 24624).
Diputado Macaya , Diputado Kort , Requiere información sobre los fundamentos técnicos y políticos utilizados por el Ministerio de Salud para agrupar los centros reguladores de Servicio de Atención Médica de Urgencia en macro zonas (3909 al 24700).
Diputada Rubilar doña Karla , Solicita se sirva informar respecto a la situación que aqueja al señor Manuel Avendaño , paciente del Hospital Sotero del Río, comuna de Santiago, en los términos que señala. (3930 al 24927).
Diputado Rathgeb , Requiere información relacionada con la ejecución y vigencia del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (3931 al 24572).
Diputada Cariola doña Karol , Informe a esta Cámara sobre los resultados de la actividad llevada a cabo en una carpa instalada en el hospital San José , destinada a resolver las listas de espera para patologías incluidas y no consideradas en el Plan Auge. (3932 al 24225).
Diputado Kort , Requiere información relacionada con el Comité de Buenas Prácticas Laborales del Hospital Regional de Rancagua y la evaluación de eventuales errores en la licitación y adjudicación de ciertos servicios de la institución (3933 al 24332).
Diputado Verdugo , Requiere información sobre el número de niñas que a la fecha han sido vacunadas contra el Virus del Papiloma Humano y la existencia de síntomas posteriores a la suministración de ésta, así como los eventuales reclamos recibidos y medidas adoptadas al respecto (4337 al 23774).
Diputado Kast , Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar ante los problemas de salud que estarían sufriendo algunos residentes de la comuna de Santiago, debido a que la Industria Panificadora Las Rosas Chicas estaría produciendo contaminación acústica en el ambiente del sector e incumpliría los estándares básicos de sanidad en las descargas de material de elaboración de sus productos. (4339 al 22588).
Diputado Auth , Requiere información relacionada con la posibilidad de incorporar un examen que permita pesquisar la bacteria Estreptococo B, en las normas y guías clínicas sobre control de embarazo. (4345 al 22795).
Diputado Saffirio , Instruya a las autoridades regionales de su cartera y al Intendente de la Región de La Araucanía para que coordinen esfuerzos a fin de extraer los vagones de ferrocarriles que cayeron al lecho del río Toltén el pasado 18 de agosto, informando sus gestiones a esta Cámara. (4393 al 23757).
Diputada Álvarez doña Jenny , Solicita que remita los antecedentes y copias de todos los acuerdos firmados con los representantes de los pueblos originarios, relacionados con avances en prácticas de salud con mayor pertinencia cultural, esto en razón de la segunda jornada de la “Consulta Indígena” en materias de salud. (4394 al 24591).
Diputada Hernando doña Marcela , Informe sobre la situación sanitaria de los campamentos habitacionales ubicados en los faldeos de los cerros de la ciudad de Antofagasta, especialmente respecto de los pozos negros y la disposición de aguas servidas. (4396 al 24171).
Diputada Álvarez doña Jenny , Para que, por su intermedio, el señor secretarioRegional Ministerial de Salud de Los Lagos, remita los antecedentes acerca de la finalización del Plan Piloto de Limpieza de Playas en la comuna de Hualaihué, en la Provincia de Plena, indicando las cifras de volúmenes de residuos recolectados en los distintos sectores de la comuna, con las precisiones que requiere. (4397 al 21643).
Diputado Rathgeb , Solicita que informe sobre las razones por las cuales el examen para la detección del microorganismo Helicobacter Pylori , no posee un código para su realización dentro del Fondo Nacional de Salud. (4399 al 23746).
Proyecto de Resolución 643, Solicita a S.E. la Presidenta de la República modificar el marco regulatorio del Hospital Experimental Padre Hurtado. (3928).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Diputado Kast , Informe a esta Cámara el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (1068 al 24555).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (1069 al 24787).
Diputado Berger , Solicita pronunciamiento respecto a la pertinencia del proyecto de resolución Nº 732, que confiere a la Superintendencia de Servicios Sanitarios las facultades fiscalizadoras que se indican respecto a la ejecución de obras en cumplimiento del Programa de Mejoramiento de Barrios. (1335 al 2594).
Diputado Trisotti , Solicita remitir información relacionada con la situación del desalojo de las familias de las tomas de Alto Hospicio en el sector de la Pampa, provincia de Iquique, en los términos que se solicita. (843 al 22568).
Diputado Santana , Solicita remitir la información relacionada con las acciones y resultados vinculados al requerimiento efectuado por los integrantes del Comité de Jóvenes para una Vivienda, ubicado en la comuna de Dalcahue. (845 al 23245).
Diputado Santana , Reitera el oficio Nº 23.245, de fecha 22 de septiembre del 2016. (845 al 24913).
Diputado Rincón , Disponibilidad presupuestaria proyectada para 2017, en su propia Partida, destinada a la adquisición de terrenos para el emplazamiento de viviendas en el país y especialmente en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. (848 al 24535).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Diputado Rincón , Requiere que se informe sobre las posibles medidas a adoptar ante el retardo en la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones (11565 al 24816).
Diputado Pérez don José , Posibilidad de gestionar una iniciativa legal o reglamentaria que obligue a las empresas de electricidad y de telefonía a retirar los cables en desuso de los postes ubicados en calles y plazas de nuestro país. (17754 al 24315).
Diputado Rathgeb , Requiere información sobre las razones que han impedido la aplicación del subsidio de descontaminación para vehículos nuevos, destinados al transporte de pasajeros, de las marcas Toyota, Renault y Peugeot, en la Región de La Araucanía y acerca de los fundamentos de dicha política en otras Regiones del país. (8825 al 22967).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Diputada Molina doña Andrea , Solicita que informe acerca del estado en que se encuentra la promulgación del Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la Constitución de un fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, adoptado en Londres el 27 de noviembre de 1992, en los términos que señala. (2039 al 24714).
Diputado Pérez don José , Solicita adoptar las medidas necesarias a fin de suspender la entrada en vigencia del sistema de facturación electrónica para los pequeños agricultores y ganaderos, debido a la falta de preparación y recursos que presentan estos contribuyentes en la materia señalada. (2042 al 2646).
Diputado Rathgeb , Efectividad de que, en su Ministerio, se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (2064 al 25248).
Diputado Arriagada , Solicita disponer la designación de un Fiscal, con dedicación preferente, para la investigación de los casos de narcotráfico y tráfico de armas que acontecen en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago, particularmente en la poblaciones La Legua de la comuna de San Joaquín, La Bandera de la comuna de San Ramón y San Gregorio de la comuna de La Granja. (801 al 2621).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Silva , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre los fundamentos tenidos en cuenta para la selección de beneficiarios del programa “+Capaz”, para personas con y sin discapacidad, especificando el criterio etario del programa y su motivos y las razones para diferenciar por edad entre los beneficiarios de distinto sexo. (3431 al 20376).
Diputado Flores , Se sirva informar a esta Cámara sobre la existencia de un coordinador en ejercicio del Servicio Nacional del Adulto Mayor en la Región de Los Ríos. (3508 al 24515).
Diputado Verdugo , Requiere información sobre el número de personas que se encuentran en situación de calle en la Región del Maule. (3509 al 23772).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que informe acerca del proceso de reevaluación al que será sometido el proyecto “Mejoramiento Infraestructura Paso Cardenal Samoré”, precisando el cronograma contemplado para dicho proceso e indicando una fecha estimada para una nueva licitación pública de dichas obras. (5338 al 24287).
Proyecto de Resolución 713, Solicita a S.E. la Presidenta de la República que instruya a los ministerios de Educación y de Desarrollo Social que incluya a los establecimientos para niños con capacidades diferentes en los programas “Yo me conecto para aprender” y “Yo elijo mi P.C.” (3507). 2459.
Proyecto de Resolución 671, Solicita a S.E. la Presidenta de la República la modificación de la ley N°19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, otorgando y obligando a ejercer las acciones judiciales de protección en favor de los Adultos Mayores. (3575). 2462.
Ministerio Público
Diputada Núñez doña Paulina , Solicita que informe respecto a la cantidad de denuncias realizadas durante los últimos 8 años por infracciones a delitos relativos al secreto de voto, junto al número de formalizaciones, acusaciones y formas de término de dichos procesos. (834 al 24883).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Coloma , Requiere información relacionada con el Sistema de Certificación Ambiental Municipal. (165010 al 24437).
Ministerio de Cultura y De Las Artes
Proyecto de Resolución 744, Solicita a S.E. la Presidenta de la República declarar 2017 como el año de Violeta Parra. (2140). 2460.
Intendencias
Diputado Jackson , Solicita que disponga una investigación a fin de terminar eventuales responsabilidades administrativas del director del Hospital Sótero del Río o de cualquier funcionario de dicha institución, a propósito de la situación que aqueja al señor Manuel Avendaño , en los términos que señala. (3929 al 24365).
Diputado Kast , Reitera el oficio Nº 22.588, de fecha 16 de agosto del año 2016. (4339 al 24662).
Servicios
Diputado Pérez don Leopoldo , Requiere informar el número total de prestaciones médicas suspendidas, tanto consultas de especialidad como cirugías y su próximo proceso de recalendarización, como consecuencia del paro nacional realizado por los funcionarios públicos de la salud, detallando los costos que asumirá el Estado para darle cumplimiento. (2557 al 25015).
Diputada Cariola doña Karol , Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de disponer los estudios y adoptar las medidas que sean pertinentes para corregir el padrón electoral antes de las próximas elecciones municipales. (4367 al 24226).
Diputado Farcas , Solicita informe de la existencia de un registro público de las armas que posee su institución, indicando el número de ellas que han sido reportadas como hurtadas, robadas o extraviadas. (458 al 25050).
Varios
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva informar respecto del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad de Los Lagos y la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, en los términos que señala. (1 al 25163).
Diputada Cariola doña Karol , Solicita que se sirva informar respecto al actuar de funcionarios de Carabineros de Chile en hechos motivados por la huelga legal del sindicato de trabajadores de la empresa Homecenter Sodimac , en los términos que señala. (1409 al 25111).
Diputado Mirosevic , Solicita información sobre el presunto maltrato animal cometido por el carabinero señor Gonzalo Duprat , en el centro de la ciudad de Arica, en días recientes y acerca de las medidas adoptadas respecto del cuidado y respeto por los animales en el proceder institucional (1419 al 25087).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita remitir los antecedentes relacionados con fiscalizaciones efectuadas y reclamos o denuncias recibidas por esa Superintendencia, respecto a cortes de luz en la comuna de Fresia por la supuesta negligencia de la empresa eléctrica Crell , señalando a su vez la existencia de cualquier procedimiento sancionatorio en proceso, o multas cursadas. (18047 al 22664).
Diputado Urízar , Requiere que informe sobre el proyecto que considera la instalación de cámaras con respectivas válvulas de corte en la calle principal de la localidad de Los Maitenes, en la comuna de Puchuncaví, en los términos que señala. (2816 al 24148).
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita que se sirva informar respecto del reconocimiento por parte de la empresa de tratamiento de residuos industriales Ecoprial , ubicada en la Provincia de Osorno, de las infracciones detectadas por esa Superintendencia y denunciadas por vecinos y organizaciones de la zona, y a su vez, respecto de los compromisos, inversiones y plazos asumidos por la citada empresa para subsanarlos. (2821 al 25164).
Diputado Pérez don José , Gestiones emprendidas para hacerse parte en las acciones judiciales destinadas a determinar la responsabilidad de los encargados de la línea de alta tensión, cuya descuidada mantención habría causado la muerte de dos personas en la localidad de Laraquete, provincia de Arauco, el pasado fin de semana. (3257 al 24313).
Diputado Sandoval , Solicita informar la individualización de cada uno de los parques, reservas y monumentos naturales que existen en esa región, la superficie que ocupan, el personal que trabaja en ellos e indicar el número de visitantes que han ingresado a cada uno durante los dos últimos años. (349 al 24841).
Diputado Gutiérrez don Hugo , Requier información relacionada con los motivos y criterios que justifican el procedimiento efectuado el día 5 de octubre de 2016, a la señora Piedad Córdova Ruiz (768 al 24211).
Diputada Núñez doña Paulina , Solicita remitir información relacionada con extranjeros expulsados que hayan vuelto a ingresar al país. (772 al 22561).
Diputado Boric , Solicita información sobre los procesos investigativos que se hayan iniciado y las eventuales sanciones cursadas por el procedimiento efectuado el día 5 de octubre de 2016 en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez a la señora Piedad Córdova Ruiz . (773 al 24336).
Municipalidades
Diputado Berger , Informe a esta Cámara su parecer acerca de la pertinencia de la aplicación en su municipio de las propuestas formuladas en los proyectos de resolución Nos. 672 y 673 que establecen, respectivamente, el Fondo Regional de Inversión Local con consulta al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y la asignación municipal de al menos el 30% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional mediante mecanismos de participación y consulta ciudadana propios. (202 al 23560).
Diputado Verdugo , Se sirva informar a esta Cámara sobre el Programa Abriendo Caminos, que brinda apoyo a las familias de personas que se encuentran privadas de libertad, en los términos que requiere. (33 al 23837).
Diputado Verdugo , Se sirva informar a esta Cámara sobre el Programa Abriendo Caminos, que brinda apoyo a las familias de personas que se encuentran privadas de libertad, en los términos que requiere. (3563 al 23936).
Instituciones Académicas y De Estudio
Diputado Jackson , Se sirva informar a esta Cámara sobre las consultas que formula, relacionadas con los ramos clínicos de los estudiantes de la carrera de odontología y la responsabilidad de llevar pacientes para el cumplimiento de sus exigencias. (778 al 16757).
Diputado Jackson , Reitera el oficio Nº 16.757, de fecha 7 de marzo de 2016. (778 al 24892).
Proyecto de Resolución 623, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación de una unidad especializada en la persecución de los delitos contra adultos mayores en el Ministerio Público. (8036). 2458.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Castro González, Juan Luis
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-Edwards Silva, José Manuel
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Hasbún Selume, Gustavo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El acta de la sesión 106ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 107ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Osvaldo Andrade , acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Tomar conocimiento de las tablas de la semana (en anexo).
2.- Otorgar hasta quince minutos para la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007 (boletín N° 10996-10).
3.- Otorgar hasta quince minutos para la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006 (boletín N° 10997-10).
4.- Tratar en la sesión de mañana, miércoles 4 de enero, el proyecto de ley que declara feriado irrenunciable el día 19 de abril de 2017, con motivo de la realización del censo, iniciativa que ingresaría hoy a tramitación.
5.- Remitir a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín N° 10526-06), dejando sin efecto el acuerdo adoptado el 21 de enero de 2016 en orden a enviarlo a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios una vez que sea despachado por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización .
RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE LOS COMITÉS SOBRE ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE HACIENDA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, solo deseo referirme a lo señalado en el punto 5 de los acuerdos de los Comités sobre el proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas.
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios solicitó en su minuto la autorización de la Sala para que dicha iniciativa le fuera remitida una vez que la informara la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad , Ciudadanía y Regionalización . Ello, no para dilatar la tramitación de ese proyecto, sino para estudiarlo por un tiempo limitado. Y la Sala así lo acordó.
Lo que ocurre es que hay una infinidad de observaciones de las comunidades indígenas respecto del contenido de la iniciativa, por lo que se hace indispensable su revisión por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. No parece razonable que, existiendo en la Cámara de Diputados una comisión permanente sobre pueblos originarios, el proyecto de ley que Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas no sea visto por ese organismo.
Por lo tanto, señor Presidente, le solicito que recabe el acuerdo de la Sala para que, por un tiempo limitado, la iniciativa en cuestión vaya a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Créame que nos evitaremos grandes problemas con la aprobación del señalado proyecto si logramos avanzar en una dirección adicional a lo que ha realizado la Comisión de Gobierno Interior.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, resulta absurdo y contradictorio no remitir el referido proyecto de ley a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que es el organismo especializado para conocer temas como el que trata esa iniciativa.
En dicha comisión hemos conocido muchos casos en materia de pueblos originarios, porque ese es el organismo competente para analizarlos. Sin embargo, hoy los Comités Parlamentarios dejaron sin efecto la autorización de la Sala en orden a enviar el referido proyecto a la Comisión de Derechos Humanos, pero sí remitirlo a la de Hacienda.
La iniciativa puede enviarse a la Comisión de Hacienda, pero también debe ir a la de Derechos Humanos, porque, como manifestó el diputado señor Saffirio , se trata de una exigencia que se está haciendo mediante observaciones de las comunidades indígenas y esa comisión puede aportar bastante respecto de la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización acordó de manera unánime solicitar que el proyecto en comento fuera analizado solo por una comisión técnica, además de la Comisión de Hacienda, como ocurre con el 99 por ciento de las iniciativas que se tramitan en la Corporación.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra no solo participó del referido acuerdo de la comisión técnica, sino también -lo hizo en forma activa en la discusión y votación de la iniciativa.
Si él quedó con alguna fijación sobre la materia y quiere volver a revisar el proyecto artículo por artículo, puede hacerlo en la Comisión de Hacienda. Pero no me parece que un proyecto deba pasar por tres comisiones antes de que se debata en la Sala. Eso es justamente lo que se discute respecto de la existencia de un congreso bicameral. Ello, porque si el Senado hace lo mismo, uno puede entender la irritación de la gente por la eterna demora en el despacho de los proyectos desde el Parlamento.
Al menos, dejemos que sean dos las comisiones que vean la iniciativa aquí, la técnica y la de Hacienda, y que después de su tratamiento en la Sala se despache al Senado para que la analicen las respectivas comisiones técnica y de Hacienda.
A mi juicio, el que haya tres comisiones que estudien el proyecto en cada una de las dos ramas del Congreso Nacional es completamente innecesario, es una completa falta de confianza en los miembros de las comisiones técnicas correspondientes y, además, genera irritación en la ciudadanía. Asimismo, en algunos casos, como el del diputado que me precedió en el uso de la palabra, ello constituye una falta de confianza en sí mismo, porque si él tuvo la posibilidad de revisar en detalle el proyecto en la comisión técnica -el colega es miembro de dicho organismo-, no veo cómo podrá iluminarse de manera distinta en el momento en que lo analice como integrante de la otra comisión.
Francamente, señor Presidente, esta situación parece poco explicable.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, sin el ánimo de entrar en una polémica, creo que, probablemente, la Comisión de Gobierno Interior ha hecho un excelente trabajo. No lo conozco, pero presumo que es así. Se lo digo por su intermedio al diputado Farías .
Aquí el tema no se refiere solo a la técnica legislativa, sino también a las señales políticas que se dan al mundo indígena respecto de la forma como se desarrolla el debate legislativo para concluir en la futura ley. Esas son las dificultades que estamos enfrentando. Lo señalo como diputado de La Araucanía, donde tenemos el foco más potente de conflicto.
Lo que estamos pidiendo no es más que, luego de un trabajo de dos o tres semanas, la Comisión de Derechos Humanos se pronuncie sobre el proyecto en cuestión. Eso es fundamental.
No se trata de dilatar procesos, pero “no por mucho madrugar amanece más temprano”. Tenemos dificultades, no solo en La Araucanía, sino también a lo largo del país por observaciones formuladas respecto de la naturaleza de la iniciativa, de la forma en que se integran los consejos; en fin, hay una multiplicidad de problemas.
Por tanto, llamo a los colegas y a usted, señor Presidente, a avanzar en esa dirección. Con un breve tiempo de análisis del proyecto en la Comisión de Derechos Humanos podremos sacar adelante una iniciativa que será buena desde el punto de vista legislativo -es probable que ya lo sea-, y la señal política que con ello daremos al mundo indígena será diametralmente distinta.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputados, el acuerdo de los Comités de hoy revocó el acuerdo anterior sobre el proyecto en comento y estableció su remisión a la Comisión de Hacienda y que no vaya a la de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
Ahora bien, para dejar sin efecto dicho acuerdo se requiere la unanimidad de la Sala.
El señor SAFFIRIO.-
Perdón, señor Presidente, pero hay un acuerdo previo de la Sala: el que revocaron los Comités.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diputado Saffirio , soy consciente del ímpetu con que se trabaja los primeros días del año, pero déjeme concluir lo que estoy diciendo.
Entiendo que no existe unanimidad en la Sala para acceder a su petición.
Tengo la siguiente situación reglamentaria: cuando se adoptó el acuerdo en cuestión durante la reunión de Comités, la bancada Independiente no estuvo presente. En consecuencia, ellos tienen derecho a solicitarme que someta a votación dicho acuerdo. En ese caso, habría que votar si el proyecto señalado se remite por un tiempo limitado a la Comisión de Derechos Humanos o si se mantiene lo acordado por los Comités, en el sentido de enviarlo solo a la Comisión de Hacienda.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, le ruego no argumentar sobre el fondo del asunto, sino que desde el punto de vista procedimental.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, le pido que me aclare lo siguiente.
Si un comité no está presente cuando se adoptan los acuerdos de Comités, ¿después puede pedir que se voten en la Sala?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Me lo acaba de aclarar el señor Secretario, su señoría.
El señor COLOMA .-
O sea, un comité puede convenir no asistir a las reuniones de Comités para después poder pedir que los acuerdos ahí adoptados se voten en la Sala.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, le reitero que me acaban de aclarar el punto.
Ello me produce la misma sorpresa que a usted. Pero no quiero entrar en contradicciones con el Secretario en la primera sesión de este año, menos aún cuando esta Mesa ya se acerca al momento en que dejará sus funciones, porque, imagínese, entraríamos en una interdicción permanente.
Si esto hubiera ocurrido el año pasado, para evitar el riesgo señalado por usted, habríamos impuesto la sana doctrina del sentido común, pero no es el caso.
Entonces, vuelvo al punto. Como la unanimidad de los Comités Parlamentarios se dio sin la presencia de todos los comités en la reunión de hoy, el que no asistió puede pedir que la Sala vote el acuerdo de que se trata. Así, efectivamente existe el riesgo al que usted alude.
Por tanto, al no haber unanimidad en la Sala para acceder a lo solicitado por el diputado señor Saffirio , debo someter a votación el referido acuerdo de los Comités.
Los que voten favorablemente lo hacen para respaldar el acuerdo de los Comités, en el sentido de que el proyecto en cuestión se remita solo a la Comisión de Hacienda. Quienes voten negativamente están en contra de la decisión de los Comités, lo que significa que, sin perjuicio de que la iniciativa vaya a la Comisión de Hacienda, también deberá enviarse a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Cariola Oliva, Karol ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; García García, René Manuel ; Jaramillo Becker, Enrique ; Kort Garriga, Issa ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Provoste Campillay, Yasna ; Rocafull López, Luis ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Verdugo Soto , Germán .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Fuentes Castillo, Iván ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Ojeda Uribe, Sergio ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Sepúlveda Orbenes , Alejandra .
-Se abstuvo el diputado señor Auth Stewart, Pepe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por tanto, se mantiene el acuerdo de los Comités.
En consecuencia, el proyecto será tratado por la Comisión de Hacienda y luego pasará directamente a la Sala.
V.ORDEN DEL DÍA
AMPLIACIÓN DE DONACIÓN CRUZADA DE ÓRGANOS ENTRE PERSONAS VIVAS (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N°10009-11)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.451 para ampliar la donación cruzada de órganos entre personas vivas.
De conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités el martes 20 de diciembre, para la discusión de este proyecto se destinarán cinco minutos por bancada.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, sesión 114ª de la presente legislatura, en 22 de diciembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión la proposición de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, antes de referirme a las propuestas de la Comisión Mixta, quiero expresar mi deseo de que ojalá en este año que recién comienza le vaya muy bien a la Cámara de Diputados y que recobre sus fuerzas y vigor para ocupar su posición de órgano democrático de la República de Chile.
En cuanto a la materia que nos convoca, recuerdo que hace algún tiempo, cuando se discutió este proyecto en segundo trámite constitucional, expresé que me parecía muy buena la idea de ampliar la donación cruzada de órganos entre personas vivas, porque facilitaría la realización de trasplantes. También dije que me parecía que la donación debía ser una obligación en nuestro país, cuestión que ya estamos abordando a través de varios proyectos de ley.
No hay duda de que en Chile escasean los órganos para trasplantes, por lo que mientras más oportunidades podamos abrir para obtener donantes, estaremos mejor. Esta iniciativa apunta precisamente en esa dirección.
No participé en la Comisión Mixta, pero sí en la discusión que se dio en nuestra Corporación en el segundo trámite constitucional de esta iniciativa, y debo reconocer que mi posición en esta materia obedece a los constantes aportes que han hecho a este debate los distinguidos colegas diputados que son médicos, especialmente el colega Miguel Ángel Alvarado , con quien desde hace mucho tiempo vengo conversando sobre estos temas, y no solo aquí, sino también en nuestra bancada. Por eso, me siento autorizado para decir lo que pienso en cuanto a lo que debemos hacer y lo que haré por este proyecto de ley.
Por otra parte, también estimo necesario expresar que me parece bien que la Comisión Mixta haya corregido el proyecto en lo que hacía falta y, de ese modo, haya evitado que, utilizando resquicios legales, esta iniciativa facilitara el comercio de órganos. Fíjense ustedes que también estaba abierta esa posibilidad; pero, según parece, con las correcciones realizadas ya no existirá esa posibilidad o no será viable.
Sin mucho más que agregar, solo me queda agradecer una vez más la posición de los colegas diputados que son médicos, pues nos han ayudado muchísimo con sus intervenciones, en una materia de mucha importancia para un país que, como el nuestro, pretende ser, mañana o pasado mañana, desarrollado.
Anuncio que, en consecuencia, aprobaré el proyecto.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, nuevamente felicito a los autores de este proyecto de ley, que nos permitirá dar tremendos pasos para avanzar en una materia respecto de la cual seguimos muy atrasados como país. En efecto, si bien es cierto se han realizado muchas campañas para promover la donación de órganos, finalmente son las familias de los donantes cadáver las que deciden si donan o no los órganos de sus parientes fallecidos para ayudar a salvar la vida de otros.
La donación cruzada entre vivos, que ya existe en muchos países, lamentablemente aún no está autorizada en el nuestro, pero hoy la haremos posible mediante la aprobación de esta iniciativa.
Cuando empezamos la discusión del proyecto, planteamos la figura del donante altruista, mediante la cual se permitiría la donación de órganos en vida, siempre que el donante fuera una persona capaz, mayor de dieciocho años de edad y se ofreciera donar voluntariamente en favor de una persona que se encontrara inscrita en el registro nacional de potenciales receptores de órganos, que lleva el ISP, o a otra persona a la cual se desease donar voluntariamente y en forma altruista, con el propósito de conservar su vida o mejorar su salud.
Me parece que, sin lugar a dudas, este es un debate complejo, precisamente por lo que mencionó el diputado Jaramillo : la posibilidad de que personas inescrupulosas utilicen esta regulación para facilitar el tráfico de órganos a través de algún resquicio legal.
Ahora, no obstante los avances que supone esta legislación, considero que nos queda un desafío pendiente: encontrar un mecanismo que nos permita donar un órgano directamente a un familiar, a un amigo o a alguien cercano, porque hoy no nos está permitido hacerlo. Lo que hizo el Senado fue impedir que se pueda donar en forma directa a una persona en particular, precisamente para evitar que ese medio se utilice para promover el tráfico de órganos.
Considero lamentable que tengamos que legislar a partir de la desconfianza. Lo correcto sería proponer modificaciones, establecer restricciones y resguardos para impedir el tráfico de órganos, que se utilice de mala manera algún resquicio legal con esa finalidad. Sin embargo, debemos permitir la donación entre personas conocidas. Me parece que eso es lo correcto; no debemos obligar a los donantes vivos a poner sus órganos a disposición de la lista de personas que están esperando un trasplante. Ahora, si alguien prefiere hacerlo de esa manera, por supuesto que deberíamos permitirlo también. Pero dado que se dan casos de intención de donar provocada por situaciones particulares, deberíamos permitir que exista esta opción.
Señor Presidente, no obstante esta diferencia con lo que nos propuso el Senado, que queda como un desafío que la Cámara de Diputados y el Senado deberán resolver en el futuro, considero que este es un gran proyecto, pues permitirá entregar vida a quienes requieren un trasplante en forma urgente y que tienen pocas posibilidades de acceder al órgano que necesitan, a causa de la falta de especialización en el sistema público para enfrentar el problema y por las carencias de información entre la ciudadanía, prejuiciada por cientos de mitos que se han construido en torno a esta materia.
Por eso, mi llamado es no solo al altruismo de aquellos que comparten la necesidad de donar órganos en vida, sino también a quienes por alguna razón están cerca del fin de sus días. Lo importante es que las familias de estas personas respeten su decisión de ser donante.
Yo soy donante y espero que cada día sean más las personas de nuestro país que adopten la misma decisión, y también que cada día sean más los donantes altruistas que estén dispuestos a donar en vida. Con la aprobación de este proyecto de ley, podremos hacer realidad ese anhelo.
El llamado es a que lo hagamos para salvar vidas de niños, de adultos, de personas mayores, en general de quienes necesitan apoyo, una mano, en tanto nuestras condiciones de salud nos permitan hacerlo de otra forma.
Vamos a aprobar este proyecto de ley como bancada y anuncio que estaremos muy contentos cuando sea ley de la república, lo que espero ocurra lo antes posible.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, aprovecho la oportunidad que me brinda esta intervención para desearles a usted y al resto de los colegas diputados mis parabienes para el año que recién comienza.
En cuanto a la necesidad de promover la donación de órganos, durante los últimos años hemos sido testigos de casos emblemáticos, con resultado de muerte, que se han producido a causa de la escasez de donantes. Entre esos casos hay algunos emblemáticos, como el de la niña Jacinta Zañartu , el del pequeño León Smith , de tan solo 4 años, y los de muchas otras personas que tocaron la sensibilidad de todos los chilenos.
La posibilidad de legislar con mayor amplitud en materia de donación de órganos era impensable hace algunos años, pues se la consideraba incluso contraria a ciertas creencias religiosas o convicciones morales. Sin embargo, la evolución científica y los cambios en la mentalidad de la gente nos enfrentan hoy a una realidad que no podemos evitar y que nos lleva inevitablemente a adoptar un enfoque de criterio más amplio y flexibilidad de posturas.
Sabemos que en Chile se han implementado políticas administrativas y legislativas para potenciar la obtención de órganos con fines de trasplante, como la ley N° 20.673; pero, a la luz de los hechos, queda claro que no han sido suficientes para enfrentar la realidad actual.
Ahora bien, de la sola lectura del texto del proyecto original de donación cruzada, no queda para nada claro su sentido, dado que resulta ambiguo en algunas partes y da la sensación de que la donación incluso pudiese ser obligatoria.
En mi opinión, la incorporación de los incisos segundo y tercero al artículo 4° bis de la ley N° 19.451, incorporados mediante el número 3 del artículo único del proyecto en la Comisión Mixta, dejan claro algo que, a mi juicio, es requisito esencial para aprobar un proyecto como este, cual es la exigencia de que el donante sea mayor de edad, capaz y que exprese su consentimiento libre, espontáneo e informado, a la vez que consista en una donación altruista, sin contraprestación pecuniaria, para evitar un eventual tráfico de órganos.
Digo esto porque estamos aprobando un proyecto de ley sobre una materia que es extremadamente delicada, sin que se haya ingresado una iniciativa para modificar el Código Penal, destinado a sancionar el tráfico de órganos. Al menos, no recuerdo haber visto ingresar un proyecto sobre este punto específico en los últimos años.
En fin, considerando que el texto aprobado por la Comisión Mixta dio por superada las diferencias con el Senado y que este, a mi juicio, ha logrado abordar aspectos esenciales de la donación cruzada, anuncio mi apoyo al texto aprobado en dicha instancia.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, estamos avanzando en los temas de donación de órganos y creando cultura sobre la materia, lo que considero muy importante, dado que atañe a la desconfianza en la población.
Existe la potencialidad de mejorar las cifras. Se trata de algo que tenemos que hacer en forma urgente, pues en la comisión investigadora de Fonasa se ha determinado que el mayor gasto del sistema estatal en el sector privado se debe a las diálisis, ya que el 90 por ciento de ellas se realiza en el sector privado y con trasnacionales.
¿Por qué ese dato tiene relación con esto? Porque una de las formas más efectivas y valiosas para mejorar la situación de los enfermos renales se basa en los trasplantes de riñón. Si existiera una cantidad adecuada de trasplantes renales, no tendríamos estas cifras escandalosas de diálisis y de pacientes renales.
La donación cruzada es un mecanismo que ya se utiliza en muchas partes del mundo, por lo que deberíamos incentivar aún más su utilización en Chile. Evidentemente, se trata de un acto muy altruista y de amor, ya que se da principalmente entre familiares.
Este magnífico proyecto incentiva a que lo realice el resto de la comunidad. La proposición de la Comisión Mixta elimina la sospecha de que pudiera existir tráfico de órganos, por lo que considero que está en el camino correcto.
Las cifras nuestras son todavía muy vergonzosas si las comparamos incluso con las de países latinoamericanos, como Uruguay o Argentina, y para qué decir con España, que nos superan largamente. Estamos hablando de países con los que tenemos las mismas raíces, por lo que no podemos atribuir que esto se deba a razones religiosas o de otra índole.
Lo que prima acá es la desconfianza, por lo que el proyecto es un llamado a la sociedad chilena a confiar en los sistemas sanitarios y a incentivar también el mecanismo de donación cruzada, que es una ventana o una puerta que se abre para salvar vidas de adultos y de niños, quienes conforman una lista gigantesca de espera.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
El señor TORRES.-
Señor Presidente, cuando llegó el proyecto desde el Senado para ser tratado en segundo trámite constitucional, manifestamos que era una iniciativa interesante para ampliar el número de personas que podían donar órganos.
La legislación chilena resuelve de alguna forma la situación del denominado donante cadáver, es decir, cuando el donante es un fallecido o tiene muerte cerebral. Sin embargo, era importante regular de mejor manera lo que dice relación con los donantes vivos o pacientes que en vida donan alguno de sus órganos, lo que la legislación permitía que se realizara entre quienes tienen algún lazo de consanguinidad.
En consecuencia, el proyecto abre la posibilidad de que los donantes vivos puedan realizar su donación más allá del parentesco, para lo que establece como premisa que el donante cruzado, que, como explicamos en su momento, corresponde a una pareja de donantes que tiene lazos de consanguinidad con sus respectivos pacientes, pero no tiene compatibilidad con sus correspondientes parientes enfermos, sino con el paciente de la otra pareja, puedan cruzar la donación para dar cobertura a ambos requirentes.
Sin embargo, en la Comisión de Salud ampliamos esta situación -en la Sala votamos la respectiva disposición al llamado donante altruista, que es quien, pese a no tener parentesco con el paciente o no existir la donación cruzada, quiere donar algún órgano, sobre todo en el caso de los pacientes con insuficiencia renal, que, como bien explicó el doctor Alvarado , requieren de diálisis mientras esperan un trasplante de riñón, lo que les permitiría superar su insuficiencia renal y evitar las diálisis.
En ese aspecto, nosotros fuimos más allá, ya que establecimos que la donación altruista fuera en ciego a la lista de espera o que fuera dirigida a algún paciente dentro de la lista de espera. Lamentablemente, el Senado estimó que existía una situación compleja respecto de la segunda situación, ya que podría abrirse la posibilidad de una retribución remunerada para dicha donación. La verdad es que la experiencia mundial permite regular esa situación de buena forma y sancionar para evitar cualquier retribución remunerada.
En la Comisión Mixta entendimos que era necesario ceder en este punto para avanzar en el caso del donante altruista en ciego a la lista de espera. Concedido el rechazo al inciso segundo propuesto por el Senado al artículo 4° bis, se logró un acuerdo en relación con ese aspecto.
Por lo tanto, hoy estamos votando la incorporación de los donantes vivos como concepto, la donación cruzada de órganos y el donante altruista ciego a la lista de requirentes, para dar un paso más en materia de donación de órganos; no obstante, la legislación existente permite ir avanzando. Sin embargo, tenemos al debe políticas públicas que estimulen la donación de órganos de donantes vivos o muertos.
Por lo expresado, espero que despachemos rápidamente las proposiciones de la Comisión Mixta, con el objeto de que las normas del proyecto rijan pronto.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, desde ya manifiesto mi voto favorable, así como el de la bancada de Renovación Nacional, a las proposiciones de la Comisión Mixta, que solucionaron el impasse que existía entre la Cámara de Diputados y el Senado.
La iniciativa favorece a una gran cantidad de personas que se encuentran en una compleja situación de salud porque no existe la posibilidad de donar órganos. En efecto, el proyecto viene a solucionar en parte la falencia que existe hoy en nuestro país respecto de una gran cantidad de personas que necesitan un órgano para seguir viviendo.
Además, establece la situación del donante altruista y entrega la posibilidad de solucionar un grave problema de salud que se presenta en nuestro país. Tenemos que seguir avanzando en el tema y creando conciencia en nuestro país respecto de la donación de órganos.
El proyecto de ley genera una alternativa de solución respecto de los problemas que existen en nuestro país por la escasez de órganos.
Por lo tanto, ratifico y confirmo mi voto favorable, ya manifestado en la Comisión Mixta y en esta Sala, así como el compromiso de la bancada de Renovación Nacional para apoyar la iniciativa.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.451 para ampliar la donación cruzada de órganos entre personas vivas.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10996-10)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 29 de noviembre de 2007.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Luis Rocafull , en reemplazo de la diputada señora Andrea Molina .
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 104ª de la presente legislatura, en 28 de noviembre 2016. Documentos de la Cuenta N° 3.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 6 de este boletín de sesiones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ROCAFULL (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Protocolo de enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 29 de noviembre de 2007, el que se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, número 15°, y 54, número 1), de la Constitución Política de la República.
Según señala el mensaje, el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana fue adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica.
Chile adhirió a ese instrumento el 2 de febrero de 2007, incorporándose al orden jurídico nacional mediante decreto supremo N° 5, de 9 enero de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial el 19 de mayo del mismo año.
Agrega el mensaje que el protocolo de enmienda al referido convenio, acordado por los Estados parte, fue suscrito con el objetivo de introducir modificaciones al referido instrumento internacional, las que se consideraron necesarias para un perfeccionamiento normativo de este, de manera de fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos.
En síntesis, dichas enmiendas tienen por objeto:
1. Modificar el título del convenio a “Convenio de Integración Cinematográfica y Audiovisual Iberoamericana”.
2. Enmendar el nombre de la conferencia a “Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (Caaci )”.
3. Ampliar el campo de aplicación del Convenio, al incorporar la actividad audiovisual en general a los beneficios del mismo, es decir, no restringiéndolo a la cinematografía.
4. Reemplazar las alusiones a Estados miembro por “Estados parte” del Convenio.
5. Introducir cambios en los organismos a cargo de la ejecución del Convenio, describiendo la naturaleza de la Caaci e incorporar al consejo consultivo de la Caaci, precisando las situaciones en que se convocarán comisiones de trabajo.
En el estudio del proyecto de acuerdo la comisión contó con la asistencia y la colaboración del director jurídico de la Cancillería, señor Claudio Troncoso Repetto ; del director de asuntos culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Patricio Powell Osorio , y del secretario ejecutivo del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, señor Martín Rodríguez Castillo , quienes, además de refrendar los contenidos expresados en el mensaje con el cual se acompaña este proyecto de acuerdo, agregaron que la aprobación de la presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la presencia chilena en el espacio cinematográfico latinoamericano, de modo de generar nuevas oportunidades de empleo y contribuir a vigorizar la vinculación artística con nuestros vecinos en la región, además de potenciar la coproducción cinematográfica, aumentando de tres a diez los países con los cuales se contará con acuerdos de esta naturaleza.
Asimismo, recordaron que la industria cinematográfica va más allá de lo netamente artístico, pues fortalece los lazos de amistad con países vecinos y fomenta la economía a través de la creación de empleos.
Agregaron que ninguna de las disposiciones contenidas en la iniciativa implica una expansión de las limitaciones del derecho de autor y recordaron que el artículo 8 del convenio latinoamericano de coproducción cinematográfica dispone que las partes protegerán las normas relacionadas con derechos de autor, de conformidad con las leyes internas de los Estados parte.
Los señores diputados expresaron su decisión favorable a la aprobación del proyecto de acuerdo, manifestaron su concordancia con los objetivos del mismo y, sin mayor debate, lo aprobaron por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Votaron a favor los diputados Cristián Campos , Javier Hernández , Carlos Abel Jarpa , Roberto León , Vlado Mirosevic , Luis Rocafull , Jorge Tarud , Guillermo Teillier y Germán Verdugo .
Por último, me permito hacer presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe.
De igual manera, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el informe que tienen en su poder los señores diputados.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo un feliz año a todos los colegas.
Solicité la palabra para reafirmar, una vez más, mi voluntad de apoyar iniciativas como esta, cuyo principal objetivo es favorecer el fomento de las artes y la cultura en nuestro país, en este caso en particular, la generación de lazos de cooperación iberoamericanos que incentiven la integración cinematográfica y audiovisual.
Es trascendental reconocer que el cine -en general, la actividad audiovisuales una de las manifestaciones artísticas más populares, la que mayor cercanía genera con la ciudadanía y la que con mayor velocidad produce conciencia colectiva, pues se convierte en un recuerdo común que traspasa cualquier proyección y se incrusta en nuestra memoria. En ello radica la relevancia de avanzar en estrategias que comprometan una real preocupación del Estado en estas materias.
Si bien es cierto las enmiendas propuestas en el protocolo no constituyen grandes cambios al objetivo general del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana originalmente celebrado, cual es la generación de acciones de apoyo al desarrollo cultural de la región o la formación de un mercado común latinoamericano, son igualmente destacables, en tanto modifican el campo de aplicación del Convenio, ampliándolo, al incorporar la actividad audiovisual, de modo de no restringir su aplicación al ámbito cinematográfico.
Asimismo, se incorpora un Consejo Consultivo que tendrá el carácter de asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana, entre otras modificaciones.
También es importante destacar que se facilitará la participación en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas Iberoamericanas , mediante la invitación a sus reuniones a Estados que no sean parte del Convenio, así como a otros organismos, asociaciones, fundaciones o cualquier otro ente de derecho privado y personas naturales.
Sin duda, medidas como las que se pretenden llevar a cabo a través de este convenio, permiten la creación de manifestaciones artísticas más pluralistas, más representativas de nuestra realidad común iberoamericana y, por consiguiente, más cercanas con el espectador.
Cualquier apoyo que se brinde a la producción artística, por mínimo que sea, en esta sociedad que privilegia lo económico por sobre lo inmaterial, refrenda mi profunda convicción de que cada grano de arena contribuye a la formación cultural del ser humano, necesidad que debe ser garantizada por el Estado, al igual que cualquier otra necesidad básica, a través de mecanismos que aseguren a los realizadores jóvenes o independientes redes de apoyo a su trabajo, que valoren una mirada regionalista en sus obras.
Del mismo modo, aprovecho esta oportunidad para referirme favorablemente al tercer punto de la tabla, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Latinoamericano de Cooperación Cinematográfica, el cual es posible justamente a partir de la ratificación del Convenio Iberoamericano, que, por cierto, concreta el espíritu colaborativo manifestado en una serie de condiciones para el intercambio artístico y de recursos entre los países que suscriban el Acuerdo, que permite mejores posibilidades, tanto de creación como de difusión.
Asegurar que nuestros realizadores nacionales puedan enriquecerse con la experiencia cinematográfica de países más adelantados en el ámbito de la generación de proyectos audiovisuales, a fin de equiparar condiciones tanto a nivel de especialización en la técnica como de los recursos y del personal utilizado, generará un gran avance en nuestra realidad local.
Por lo tanto, justifico mi voto a favor y deseo que esta y otras propuestas que se materialicen en esta Corporación puedan servir para apoyar la actividad cultural de nuestro país.
He dicho.
El señor ANDRADE (don Osvaldo).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE .-
Señor Presidente, Chile ha tenido una enorme agenda en los últimos veinte años en materia de tratados internacionales, de firma de convenios y de actividad bilateral y multilateral, que no ha cesado y esperamos que siga su curso infatigable, porque como país nos hemos propuesto insertarnos en el contexto de las naciones en los temas que nos permiten no solo estar presentes, sino también hacer avanzar al país mediante el aumento de sus ingresos.
De ahí que un número importante de instrumentos internacionales firmados y ratificados por Chile se encuentren en el área del comercio, de los mercados financieros, de la exportación de materias primas y commodities, pero poco ha habido en materia de arte y de cultura. Y nos llena de alegría que este instrumento que discutimos hoy sea uno de ellos. Son escasos, pero importantes.
No debemos olvidar que en nuestra Carta Fundamental se establece que corresponderá al Estado estimular “la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.”. Este mandato del constituyente al Estado y al legislador es de importancia capital para el desarrollo de las artes y la cultura de nuestro país. Es un mandato que obliga a los órganos del Estado a la promoción y el desarrollo de estas manifestaciones de la vida humana y, en consecuencia, a la creación y a la valoración del creador, del intérprete, del ejecutante.
Dicho mandato también persigue el fortalecimiento de la institucionalidad que Chile se ha dado para el estímulo, el fomento y el desarrollo de las hoy llamadas industrias culturales, las cuales postulan a ser el eje institucional en lo privado del arte y la cultura.
Es así que el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, como instrumento internacional, fue adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, por la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Chile adhirió a este instrumento el 2 de febrero de 2007, que se incorporó al orden jurídico nacional en enero de 2012.
El Protocolo de Enmienda al referido Convenio acordado por los Estados Parte ha sido el documento que las naciones firmantes se han dado a sí mismas para introducir modificaciones al referido instrumento internacional, con el fin de perfeccionarlo normativamente y, con ello, fortalecer y ampliar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos.
Sin embargo, este no es cualquier protocolo; es un importante precursor de modificaciones de relevancia para la factura del cine latinoamericano, que sigue siendo un cine de primer orden, pero respecto del cual los Estados de los realizadores siguen estando al debe. Necesitamos fomento, políticas públicas correctas y requerimos apoyo y gestión, pero también precisamos con urgencia una revaloración del ingente capital cultural con el que contamos.
En época de neoliberalismo, donde las carteleras suelen estar llenas de cine norteamericano (algunas piezas son bastante buenas, por cierto) y donde se comienza a ver cine chileno e iberoamericano con algo más de frecuencia, producto del empuje de sus propios realizadores y del apoyo del Estado y de privados, es hora de enmendar el rumbo.
En tal sentido, el protocolo incorpora expresamente el rubro audiovisual a la actividad cinematográfica, al cambiar el nombre de la conferencia a “Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas Iberoamericanas ” (CAACI), de modo de incluir las actividades audiovisuales en el artículo XVI del Convenio.
Otro aspecto de gran importancia y digno de resaltar es que el Protocolo en discusión dota a la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas Iberoamericanas de personalidad jurídica internacional y de capacidad para celebrar toda clase de actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, y puede celebrarlos con cualquier persona en el mundo.
A su vez, establece un Consejo Consultivo y unas comisiones de trabajo de carácter permanente, todos avances innegables.
Debemos entender que la legislación internacional puede estar al servicio de nuestros artistas y que hoy este Protocolo de Enmienda propende a algo explícito y claro: la promoción, protección, resguardo y cautela de dichos creadores y de la industria audiovisual a nivel iberoamericano.
He dicho.
El señor ANDRADE (don Osvaldo).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10997-10)
El señor ANDRADE (don Osvaldo).-
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006.
De conformidad con los acuerdos de Comités adoptados hoy, para la discusión de este proyecto se dispone de quince minutos, con discursos de hasta cinco minutos por diputado.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Andrea Molina .
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 104ª de la presente legislatura, en 28 de noviembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N° 7 de este boletín de sesiones.
El señor ANDRADE (don Osvaldo).-
En reemplazo de la diputada señora Andrea Molina , rinde el informe el diputado señor Vlado Mirosevic .
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor MIROSEVIC (de pie).-
Señor Presidente, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, me corresponde informar a esta Sala sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006, el que se encuentra sometido a la consideración de esta Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia, y de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República.
Según lo señala el mensaje, de acuerdo a lo establecido en el artículo XVII del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica (en adelante “el Acuerdo”), podrán adherir a él los Estados iberoamericanos que sean parte del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.
Chile adhirió a este convenio el 2 de febrero de 2007, que fue incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante el decreto supremo N° 5, de 9 de enero de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial en mayo del mismo año.
A su vez, agrega, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI) aprobó en el 2000 ciertas enmiendas al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, durante la IX Reunión Ordinaria celebrada en Madrid, España, y, en el 2006, los Estados Parte del mismo resolvieron concertar el Protocolo de Enmienda al Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica (en adelante “el Protocolo”), con el propósito de extender el acuerdo a los Estados iberoamericanos, en razón de que la coproducción cinematográfica y audiovisual no incluía únicamente a los Estados de América Latina.
El Acuerdo se estructura sobre la base de un Preámbulo, que contiene los propósitos que motivaron a los Estados signatarios a adoptarlo; de veinte artículos, donde se despliegan sus normas dispositivas, y de un Anexo “A” con las normas de procedimiento para su ejecución.
En el articulado del acuerdo y en su anexo “A” se regulan las materias que se señalan en el informe que mis colegas tienen a su disposición y que, en aras del tiempo, no detallaré.
Por su parte, el Protocolo se estructura sobre la base de un Preámbulo, donde se consignan las consideraciones que tuvieron los Estados Parte para celebrarlo, y de once artículos, donde se tratan las materias que contiene.
En el estudio de este proyecto de acuerdo, la comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Claudio Troncoso , director jurídico de la Cancillería; Patricio Powell , director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Martín Rodríguez , secretario ejecutivo del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, quienes refrendaron los contenidos explicitados en el mensaje e hicieron presente que la aprobación de este proyecto de acuerdo tiene por objeto fortalecer la presencia chilena en el espacio cinematográfico latinoamericano, generar nuevas oportunidades de empleo y contribuir a vigorizar la vinculación artística con nuestros vecinos en la región.
También observaron con entusiasmo la eventual aprobación de esta iniciativa, toda vez que contribuirá a potenciar la coproducción cinematográfica, al extender de tres a diez los países que contarán con acuerdos de esta naturaleza.
Asimismo, recordaron que la industria cinematográfica va más allá de lo netamente artístico, pues contribuye a fortalecer los lazos de amistad con países vecinos y fomentar la economía a través de la creación de empleos.
Además, hicieron presente que ninguna de las disposiciones contenidas en la iniciativa implica una expansión de las limitaciones del derecho de autor y recordaron que el artículo VIII del Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica dispone que las partes protegerán las normas relacionadas con los derechos de autor de conformidad con las leyes internas de los Estados parte. Este punto del acuerdo me parece muy importante, dado que no compromete a Chile en aumentar los plazos de protección o el espacio de protección del derecho de autor.
Por su parte, los señores diputados presentes, que expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, manifestaron su concordancia con los objetivos del mismo y, sin mayor debate, lo aprobaron por 9 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
Votaron a favor los diputados señores Campos, don Cristián ; Hernández, don Javier ; Jarpa, don Carlos Abel ; León, don Roberto ; Mirosevic, don Vlado ; Rocafull, don Luis ; Tarud, don Jorge ; Teillier, don Guillermo , y Verdugo, don Germán .
Finalmente, hago presente que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en este proyecto de acuerdo. Asimismo, determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.
Como consecuencia de los antecedentes expuestos, la comisión decidió recomendar a la Sala aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto se contiene en el mencionado informe.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda, suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE ACCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EVENTUAL PERJUICIO FISCAL POR RECHAZO DE DENUNCIAS INDIVIDUALES DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES POR PARTE DE LAS MUTUALIDADES
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo de 2015, el diputado informante dispondrá de diez minutos para rendir el informe y luego se destinará un tiempo de debate de una hora, distribuido en forma proporcional por bancada.
Diputada informante de la Comisión Especial Investigadora es la señora Alejandra Sepúlveda .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial investigadora de eventual perjuicio fiscal por rechazo de denuncias individuales de accidentes del trabajo por mutualidades, sesión 89ª de la presente legislatura, en 2 de noviembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculan con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades, paso a exponer el trabajo realizado.
La comisión celebró 24 sesiones ordinarias, además de la sesión constitutiva. El marco del trabajo viene dado por el mandato otorgado por esta Sala y por la estructura legal y reglamentaria del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, particularmente por la ley N° 16.744.
¿A quién cubre este seguro social? A los trabajadores del sector público y privado, pero también a ciertos trabajadores independientes que por decreto presidencial se han ido incorporando, por ejemplo, pirquineros, pescadores, taxistas y, desde hace dos años, personal civil de Famae, Asmar y Enaer , que prestan servicio bajo las normas del Código del Trabajo y del decreto ley N° 3.500, de 1980.
Respecto del financiamiento del seguro
1. La principal fuente de financiamiento es una cotización de cargo del empleador. Se trata de una cotización básica del 0,95 por ciento de las remuneraciones imponibles del trabajador más una cotización diferenciada por actividad y riesgo.
2. Otra forma de financiamiento del seguro es la que se genera por las utilidades o rentas de inversión de los fondos de reserva de los organismos administradores.
3. También lo son las sumas de dinero que reciban los administradores del seguro por derecho a repetir en contra de los empleadores.
El seguro social es administrado por los organismos administradores. El primero de ellos es el Instituto de Seguridad Laboral, organismo público que entrega prestaciones económicas y médicas a sus afiliados. También están las mutualidades, organizaciones de empleadores que deben sumar, a lo menos, 20.000 trabajadores, los que deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la ley N° 16.744 y contar con personalidad jurídica.
Por último, existe la administración delegada. La ley N° 16.744 establece que las mismas empresas particulares podrán tomar la administración del seguro y entregar prestaciones. En esa modalidad hoy por hoy solo encontramos dos: la Pontificia Universidad Católica de Chile y Codelco.
Este seguro otorga cobertura frente a las contingencias relacionadas con los accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y accidentes de trayecto.
En el marco de esta estructura, cuya data es de cinco décadas, la señora directora del Fonasa denunció la existencia de un número importante de pacientes con afecciones de origen laboral que son derivados y atendidos por el sistema público de salud, situación que, a su juicio, importa un aumento del gasto fiscal, un desgaste del sistema público de salud y una subutilización del sistema y de la infraestructura instalada del seguro social.
El origen estaría en la existencia de un subregistro de enfermedades profesionales, es decir, de un número importante de atenciones que otorgó el sistema público que debieron haberse derivado al del seguro social. Pero también denunció la presencia de un fenómeno de subnotificación de las afecciones laborales, ya sea porque los trabajadores no denuncian, los empleadores no derivan o porque el sistema público no detecta.
La comisión escuchó los planteamientos de los diversos actores vinculados al sistema: a las autoridades, a la industria, a los trabajadores -los usuarios-, a los académicos e investigadores, a profesionales de la salud y a las multisindicales.
Las exposiciones, los relatos y los documentos recibidos permitieron arribar a conclusiones y propuestas de consenso, las que se encuentran tratadas in extenso en el informe y sus anexos.
En síntesis, se concluyó que existe un fenómeno de subnotificación y subregistro de afecciones laborales, principalmente de enfermedades del trabajo, y que ello puede tener múltiples causas. Una que debe solucionarse es la estructura actual de cotizaciones, ya que vincula la accidentabilidad con el monto de la prima.
Tampoco es posible soslayar la ausencia de médicos especialistas en medicina del trabajo. Cabe señalar que en la actualidad en Chile no se imparte ningún postítulo sobre la materia. Además, la falta de conocimiento público de los derechos que asisten a los trabajadores afecta en gran medida a generar demanda de los beneficios del seguro y la derivación correcta para su atención. La educación profunda en los derechos y obligaciones en seguridad laboral debe ser una meta país.
Requerimos de un sistema de salud integrado que dialogue y se comunique, derivando con celeridad y oportunidad a nuestros trabajadores al sistema de salud cuya cobertura demandan.
Además, el sistema de reclamación y reconsideración existente, frente a las decisiones de las autoridades competentes en la materia, resulta insatisfactorio para el Chile actual, que avanza con claridad hacia la protección en sede judicial de los intereses de los trabajadores y empleadores.
La prevención debe ser un elemento central a fomentar por medio de la educación y la formación de una verdadera cultura preventiva, que considere la opinión de los trabajadores y empleadores. Este es un gran desafío de la sociedad chilena en su conjunto y que debe orientarse a evitar las consecuencias negativas de los accidentes y enfermedades del trabajo.
La existencia de numerosos organismos involucrados -a saber, Fonasa , isapres, Compin , Comere , Suseso , mutuales, ISL, administración delegada, comités paritarios, trabajadores, empleadores, etcéteraproduce una dispersión de los criterios aplicados en cada caso, confunde al trabajador y vulnera el sentido y alcance de las disposiciones de la ley N° 16.744.
En este orden de cosas, las propuestas abordan cuatro grandes temas:
-La dignidad de los trabajadores y sus derechos ante las contingencias de accidentes y enfermedades asociadas al trabajo.
-Propuestas específicas a las enfermedades del trabajo.
-Cultura y educación de los actores involucrados.
-Recomendaciones al sistema en general. Actuaciones que se destacan como relevantes:
1. Incorporar en la ley N° 16.744 catálogos de derechos y obligaciones de las y los trabajadores en relación con los riesgos de la actividad laboral.
2. Eliminar la distinción obrero-empleado, pues es un vestigio de una legislación que ya fue modificada y que en esta materia ha quedado incólume.
3. Inversión de la carga de la prueba ante las contingencias del trabajador, de modo que esta pese sobre el organismo administrador del seguro y no sobre el trabajador.
4. Revisión y modificación de las variables para calcular las cotizaciones, en especial las adicionales, que deben aportar los empleadores al seguro, a fin de eliminar los incentivos para subnotificar.
5. Avanzar en la creación y consolidación de una comisión nacional de evaluación de incapacidades.
6. Fortalecer el rol de los comités paritarios en la seguridad y salud en el trabajo. En materia de enfermedades del trabajo, la comisión propone lo siguiente:
1. Debe revisarse la propia definición de enfermedad profesional, eliminando la exigencia de que esta se produzca de manera “directa” -así lo establece la leypor el ejercicio de la profesión o el trabajo, puesto que es una exigencia muy estricta en torno a la causalidad de una determinada afección.
2. Propender a fomentar la investigación en materia de estudios del lugar de trabajo, a fin de detectar enfermedades que de por sí son derivadas de una determinada actividad.
3. Se debe fortalecer la fiscalización de la informalidad y precariedad laborales, puesto que los accidentes y enfermedades no son atendidos en ningún caso por las mutuales o el ISL.
4. Fortalecer la capacidad de los defensores laborales en torno a cautelar los derechos de los trabajadores establecidos en la ley N° 16.744.
En materia de cultura y educación de los actores involucrados, la comisión propone, entre otras medidas, la creación de un fondo destinado únicamente a la capacitación e investigación de las contingencias del trabajo, cuyo financiamiento se componga fundamentalmente de la parte de las cotizaciones que pagan los empleadores.
Recomendaciones de la comisión al sistema en general:
1. Creación de una mesa técnica permanente, de carácter público-privada, en la que participen todas las instituciones involucradas -Fonasa, isapres, mutuales, ISL, Suseso , Compin , Dirección del Trabajo, etcéteray en la que se puedan establecer reglas comunes a todas ellas, a fin de solucionar los problemas derivados de la subnotificación y del subregistro.
2. Se debe instar a los organismos del sistema de salud común a que establezcan medidas efectivas para obtener el reembolso efectivo a las mutualidades por concepto de prestaciones que han invertido por accidentes y enfermedades que deberían ser de origen laboral. Esta fue específicamente la denuncia hecha por la directora del Fonasa.
Finalmente, se deben revisar las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social y, particularmente, las de la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de dotarlas de mayores atribuciones.
Puestas en votación las conclusiones y proposiciones, fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la comisión investigadora.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el informe. Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco su participaron a todos quienes concurrieron a la comisión. En ese sentido, fue muy importante escuchar a la directora del Fonasa, quien denunció la existencia de subnotificaciones en las mutuales. Esa denuncia formó parte de las conclusiones de la comisión que fueron aprobadas por unanimidad.
Si las mutuales subnotifican, al final, ¿quién atiende a los trabajadores? Debido a este sistema perverso, finalmente son atendidos en el sistema público de salud: hospitales y postas. Lo que debería ocurrir es que las mutuales, o el ISL en su defecto, atiendan a los trabajadores. Ello ha traído como consecuencia largas colas en consultorios y hospitales; pero también ha implicado un costo de 91.000 millones de pesos, según planteó la directora del Fonasa, recursos que deberían invertirse en aquellos trabajadores que no cuentan con un seguro.
Por ello, deberíamos revisar el funcionamiento de las mutuales. Si bien en el gobierno de Eduardo Frei Montalva estas se crearon con una tremenda vocación de servicio público y con un tremendo sentido de seguridad del trabajador, hoy no es así. Esa fue la discusión que tuvimos. ¡Hoy no es así! En algún minuto, lamentablemente -fue reconocido por varios personeros-, cambió el sentido más profundo de las mutuales, y se instaló en ellas un concepto más bien economicista y no de seguridad laboral. Ello ha significado que, por un lado, tengan una gran infraestructura que en muchas ocasiones está ociosa, y que, por otro, nuestros hospitales estén atochados con trabajadores que deberían ser atendidos por el sistema de mutuales.
Debemos hacer una reflexión muy profunda acerca de lo que significa esa situación. Por eso me alegra que el gobierno haya planteado una nueva política de seguridad laboral, que esperamos que se haga carne a través de proyectos de ley. Por ejemplo, debe revisarse la división que existe de los trabajadores entre empleado y obrero. Esa división es arcaica, no corresponde y deberíamos eliminarla definitivamente.
Debemos revisar lo que dice relación con la subnotificación y con el concepto de “enfermedades directamente relacionadas”. Esta situación me preocupa, porque los médicos que asistieron a la comisión nos dijeron que muchas veces estaban presionados por las mutuales para clasificar la enfermedad del trabajador de otra forma y no de acuerdo con el accidente que este sufrió. Por ejemplo, se veían presionados a decir que la enfermedad que afectaba al trabajador no era de tipo laboral, sino que era un problema de salud que venía arrastrándose de antes. Ese diagnóstico –reitero no lo hacían sobre la base del accidente que sufrió el trabajador. Conocimos muchos casos de una injusticia tremenda. Personalmente conozco diversos casos que los discutimos en la comisión. Vuelvo a repetir: las mutuales han perdido el sentido y la esencia con que fueron creadas en 1967.
Debemos revisar la fórmula de cálculo de la siniestralidad de las empresas, porque cuando se produce un accidente, el empleador envía al trabajador a que se atienda en el sistema público de salud y no en la mutual, de modo que esta no le suba la prima del seguro. Si el trabajador se atiende en la mutual, esta registra el accidente e incrementa el valor del seguro involucrado con la empresa.
La subnotificación ha significado que muchos accidentes laborales sean pagados por el sistema público de salud en desmedro de aquellos trabajadores que no cuentan con un sistema de seguro.
Me quedo con una sensación un poco amarga después de haber conocido esa realidad. También me quedo con una sensación amarga porque no vimos en los representantes de las mutuales ninguna capacidad de admitir la situación. ¡Ninguna! Por ello, me gustaría que el gobierno acelere la implementación de una política de seguridad para los trabajadores. En efecto, existe una política muy interesante que recoge mucho de lo que hemos propuesto en la comisión. ¿Cómo es posible que aún no tengamos una política de seguridad en cada industria? Doy como ejemplo el caso de Agrosuper, que es el que más conozco. En esa empresa, hay trabajadores que cuelgan pollos ocho horas al día, todos los días, los 365 días del año. Lo hacen permanentemente porque esa empresa no para su actividad. ¿Ustedes creen que esa labor no va a generar problemas en el trabajador? Si una persona tiene esa carga de trabajo permanente, va a sufrir una enfermedad laboral en algún minuto. ¿Quién se hará cargo? Se hará cargo el sistema público de salud y no las mutuales.
Debemos hacer un esfuerzo como Estado para cubrir las enfermedades laborales.
En la comisión recibimos a representantes de los mineros; es tremendo lo que les sucede. Voy a votar favorablemente el informe de la comisión investigadora. Espero que exista la disposición del gobierno para abordar el problema. No vi esa disposición de las mutuales, porque para ellas todo está perfecto. Tienen hospitales gigantescos, pero medio vacíos. Dicen que tienen los mejores traumatólogos y los mejores especialistas del país; pero están para los pacientes con subnotificación, para los pacientes que no llegarán.
La pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Van a seguir construyendo? Si es así, ¿qué construirán? ¿O seguirán contratando servicios de salud en hospitales privados para llevar a cabo las intervenciones que requieren sus afiliados?
Quizás muchos de los aquí presentes tienen una buena opinión sobre las mutuales. Yo no. Tengo una muy mala opinión acerca de ellas, la cual se ha ratificado con el trabajo realizado por la comisión investigadora. Ello, porque una cosa es la teoría, pero otra es la práctica, es decir, cuando en esta materia uno ve lo que ocurre con los distintos casos, que no son menores.
Además, eso complica a la Suseso, pues uno percibe y piensa que existe complicidad entre las mutuales y esa superintendencia: los médicos de un lado pasan para el otro, y viceversa, y no se sabe con quién se está tratando, si con la Suseso o con las mutuales.
Entonces, debe haber un organismo diferente que efectivamente defienda al trabajador para que la carga no quede en él, porque no es médico, ni siquiera se puede atender con uno que lo haya tratado en el sistema público o en el privado para poder retrucar lo que plantean la Suseso o las mutuales.
Por lo tanto, invito a la Sala a votar favorablemente este informe, pues contiene muy buenas propuestas. Asimismo, ojalá que con el patrocinio del gobierno podamos realizar las modificaciones que requiere el sistema de mutualidades.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, honorable Cámara:
Sin duda, esta comisión especial investigadora fue útil para reconocer el enorme aporte que ha hecho al país el sistema de mutualidades desde el punto de vista tanto de la prevención de los accidentes del trabajo como de la debida atención que se da a quienes se accidentan, ya sea en el trayecto a su lugar de trabajo o en este mismo. La ley N° 16.744 ha permitido que Chile avance muy sustancialmente en una reducción sostenida en el tiempo de la accidentabilidad de nuestros trabajadores.
Sin perjuicio de ello, qué duda cabe de que, como todo sistema, y luego de tantas décadas de funcionamiento, el sistema de mutualidades requiere ser observado, modificado y ajustado a la realidad laboral del país.
Sobre el particular, cito solo un ejemplo: los accidentes de trayecto desde el hogar al lugar de trabajo han aumentado muchísimo. A este respecto, cabe señalar que el porcentaje de accidentabilidad de los chilenos que se trasladan en moto se ha incrementado en gran proporción respecto de los inicios del uso de este medio de transporte para tales efectos. Además, la modalidad de trabajo a tiempo parcial o la de trabajos múltiples, que obligan al trabajador a moverse de un lugar a otro, han ido generando una realidad sociológica y laboral muy distinta a la que existió en la década de los 60, cuando se dictó la primera ley sobre la materia.
Por eso, las conclusiones a las que llegamos en la comisión investigadora son muy contundentes en el sentido de manifestar lo que está bien, lo que está mal y lo que es susceptible de ser modificado. Basta ver la conclusión número 1, a la que arribamos en un consenso que no fue fácil de alcanzar.
La Presidenta de la comisión, quien me antecedió en el uso de la palabra, tiene una visión más radical que la mía, contraria a las mutuales. Ella señaló que no le gustan las mutuales. Yo digo que a mí sí me gustan dichas instituciones, pero con cambios, con las modificaciones que estamos sugiriendo a través del informe de la comisión.
Qué duda cabe de que las mutuales han sido un empujón al fortalecimiento de la seguridad laboral de nuestros trabajadores, con una magnitud reconocida en Chile y en el resto del mundo. Para ello, basta ver las cifras oficiales en la materia. El informe de nuestra comisión así lo dice. Señala: “A través del material recopilado en la investigación se puede señalar que si bien existe un avance en la salud y seguridad de las y los trabajadores de nuestro país, desde el año 1967, todavía quedan muchos desafíos que afrontar. En ese sentido, han aumentado los indicadores de prevención. Si bien las estadísticas muestran una disminución importante de la accidentabilidad -en el lugar trabajo o en el trayecto hacia élla Comisión ha llegado al convencimiento que existe una cifra de subnotificación que empaña estos resultados, y que en general los trabajadores están cubiertos en un alto porcentaje producto de la masificación de la cotización obligatoria que pagan los empleadores.”.
La opinión de los trabajadores es mayoritariamente favorable al sistema: se sienten bien atendidos cuando lo son o cuando son derivados para tales efectos.
Ahora bien, no cabe duda alguna de que en este tema hay problemas evidentes, los cuales fueron recogidos en las propuestas y deben ser abordados.
Señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente el informe evacuado por la comisión investigadora. Sin embargo, debo hacer presente que uno de esos problemas evidentes es, por ejemplo, la necesidad de contar con una normativa mediante la cual se cree una comisión autónoma de evaluación. Ello, porque en la actualidad son demasiados los organismos que concursan cuando una persona se accidenta: las mutuales, las isapres, el Fonasa y, muchas veces, los mismos trabajadores. Pero al analizar los testimonios que recibimos en la comisión nos dimos cuenta de que cuando un trabajador se accidenta y se atiende en un servicio de urgencia público no es derivado donde corresponde o no se le notifica que se trata de un accidente del trabajo y que, por consiguiente, debe ir a determinado establecimiento de salud. En este sentido, no hay un esfuerzo desde el sector público. Lo mismo ocurre en numerosas oportunidades en las clínicas particulares, lo que va generando la subnotificación.
Lo mismo ocurre al revés -hay que decirlo-: son muchos los trabajadores que quieren engañar al sistema de mutualidades y pasar por accidente del trabajo lo que a todas luces no lo es. Por ejemplo, un trabajador se puede lesionar durante la famosa y clásica pichanga del fin de semana o practicando otro deporte y pretender al lunes siguiente pasar su lesión, quebradura, luxación, esguince o lo que sea, como un accidente del trabajo, en circunstancias de que eso no fue así.
En fin, obviamente el sistema requiere una mejor y mayor fiscalización y una forma más autónoma de evaluación y de determinación de tales causalidades.
Además, es importante avanzar fuertemente en la tarea quizás más relevante: la prevención de los riesgos laborales. Está dicho de todas las formas posibles -la bibliografía es rica en esoque es mejor prevenir que curar. En este sentido, las tareas de prevención en las empresas, en los lugares de trabajo para disminuir la accidentabilidad es una responsabilidad conjunta de las mutuales, los empleadores y el fisco, que es un gran empleador en Chile.
Por tanto, hay mucho que avanzar en materia de prevención.
De igual modo, hay que fortalecer a la Superintendencia de Seguridad Social en sus capacidades fiscalizadoras y establecer lo que la comisión pudo observar: una importante falta de educación y cultura en los actores involucrados en la salud y la seguridad en el trabajo, en especial de quienes forman parte de la relación laboral, que son los trabajadores y los empleadores. Por tanto, la prevención debe ser un elemento central a fomentar por medio de la educación y la formación de una verdadera cultura preventiva que considere la opinión de los trabajadores y los empleadores.
Por su parte, las causas del subregistro, que consiste en la errada calificación de una afección laboral como “común”, se encuentran principalmente en las restricciones normativas, fundamentalmente de las enfermedades profesionales.
Ahí quiero rescatar el testimonio que recibimos en la comisión de parte de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, en el sentido de que en Chile no tenemos profesionales de medicina del trabajo adecuados para determinar las causalidades de las enfermedades profesionales. Por consiguiente, es fundamental la formación de especialistas en esa área, con el fin de que determinen si una enfermedad fue causada o agravada por el trabajo. Se trata de un proceso complejo; esto no lo puede hacer cualquier profesional de la salud.
Los médicos hicieron bien en mostrarnos la evolución que está experimentando la modernización de los procesos. Por tanto, se requiere cada vez más médicos actualizados, agentes de promoción de salud en la empresa de mayor credibilidad en los procesos.
Ya me referí a la necesidad de fortalecer las actividades de control, fiscalización y sanción de la Superintendencia de Seguridad Social y a la necesidad de contar con comisiones autónomas para la determinación de las enfermedades profesionales, así que no profundizaré en ello.
Considero que entre las propuestas que hizo la comisión, las relativas a la dignidad de los trabajadores y sus derechos ante la contingencia de accidentes y enfermedades asociadas al trabajo son ineludibles y de la mayor importancia.
En ese sentido, nuestras propuestas están dirigidas a ratificar que la seguridad y la salud de los trabajadores son la finalidad que debe orientar la protección del Estado, seguridad que se brinda principalmente a través de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Ahora, como son muchas las propuestas, nos hubiese gustado tener a algún representante del gobierno en esta sesión para que las escuchara, pero no hay ninguno. Por lo tanro, espero que les hagamos llegar este informe, en el que se plantea el establecimiento de un régimen de protección integral del trabajador y de tratamiento de las contingencias del trabajo, régimen que involucraría la participación de varios organismos del Estado, no solo de la Superintendencia de Seguridad Social o del Ministerio del Trabajo, sino también de otras instituciones, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, para todo lo que tiene que ver con los trabajadores del Estado.
Además, en el informe proponemos eliminar, de una vez por todas, la odiosa distinción entre obrero y empleado. Esto lo plantearon todos los invitados que expusieron ante la comisión. En la legislación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ha quedado incólume este vestigio de una regulación que fue eliminada hace mucho tiempo del resto de nuestro ordenamiento jurídico laboral, por ejemplo, de nuestro Código del Trabajo.
En fin, hay mucho más que expresar, pero creo que, en lo fundamental y a modo de resumen, debemos decir que contamos con un buen sistema de mutuales y de protección en accidentes del trabajo y enfermedades del trabajo, aunque con problemas, como los de subdiagnóstico, subregistro y subnotificación, pero también de calidad y calificación profesional, de falta de regulación y fiscalización por parte de la Superintendencia de Seguridad Social y de necesidad de modificaciones a la normativa legal que rige estas materias.
Sin duda, es un sistema que no está para tirarlo a la basura ni mucho menos para hacerle cambios radicales, pues ha cumplido adecuadamente, pero lo hará mejor si se acogen las propuestas que presentamos, pues nos permitirá brindar al país, en especial a nuestros trabajadores, un sistema que supere las deficiencias que hemos mencionado.
He dicho.
El Señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, antes que intervenga el diputado Walker , quiero plantear un tema de Reglamento.
Dada la falta que quorum, ya que solo hay 19 diputados presentes en la Sala, le pido que suspenda la sesión.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Muy bien, diputado.
Se suspende la sesión por cinco minutos para llamar a las señoras y a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Continúa la sesión. Tiene la palabra el diputado Matías Walker .
El señor WALKER.-
Señor Presidente, en relación con el informe en debate, considero oportuno destacar a lo menos una de sus conclusiones, que comparto absolutamente: la necesidad de terminar con la distinción entre empleados y obreros, que establece la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, según predomine más o menos el uso de la fuerza física en el desempeño de la labor respectiva.
Como bien han dicho los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se trata de una distinción absolutamente anacrónica, que no corresponde en el marco de las relaciones laborales modernas, por lo que ha sido ampliamente superada por nuestra legislación laboral, específicamente en el Código del Trabajo, y solo subsiste en la mencionada ley, que forma parte de nuestra legislación sobre seguridad social.
Asimismo, estimo necesario llamar la atención respecto de que en dicha legislación se produce una segunda discriminación: la que se da entre los obreros que se desempeñan en empresas relativamente grandes, quienes tienen la posibilidad de atenderse en mutuales cuando sufren un accidente laboral, y los obreros que pertenecen a las pymes, quienes, por disposición de la ley y del Instituto de Seguridad Laboral, no tienen siquiera la posibilidad de optar a atenderse en una mutual, por lo que deben hacerlo en el sistema público de salud.
Eso ocurre porque la normativa que emana del Instituto de Seguridad Laboral cumple un rol supletorio, y para esta situación concreta establece que los trabajadores cuyos contratos de trabajo no establezcan una mutual de seguridad específica en la cual atenderse en caso de accidentes del trabajo -estamos hablando de la inmensa mayoría de los trabajadores de las medianas, pequeñas y microempresas quedan obligados a atenderse en el sistema público de salud, con todos los problemas que ello involucra, por las precariedades de los servicios de salud.
Llegará el día, señor Presidente, en que deberemos hacernos cargo de esta discriminación, porque, en caso contrario, se resolverá en el Tribunal Constitucional, vía recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, o en alguna corte de apelaciones o en la Corte Suprema, vía recurso de protección.
El diputado Juan Morano , de la bancada de la Democracia Cristiana, presentó un proyecto de ley con ese propósito, el cual está radicado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Para ello propone modificar un artículo que no requiere patrocinio del Ejecutivo. Sin embargo, la modificación más sustancial para terminar con esa odiosa discriminación entre obreros y empleados sí requiere el patrocinio del Ejecutivo.
Digo esto, porque muchas veces las conclusiones de las comisiones investigadoras quedan solo ahí, no pasan del informe.
Quiero llamar la atención sobre un proyecto de ley que, según entiendo -si no es así, me corregirá el señor Secretario-, fue declarado admisible por la Mesa de la Cámara de Diputados, el cual termina con esa discriminación. A partir de dicha iniciativa, y sobre la base de sus facultades, el Ejecutivo puede presentar indicación para armonizar la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, con el objeto de terminar con la distinción en comento.
Respecto de los trabajadores que son atendidos por institutos de seguridad laboral, que cumplen ese rol supletorio, y que están obligados a atenderse en el sistema público de salud, creo que es muy importante que fijemos un solo criterio en la legislación, cual es que todos los trabajadores tienen derecho a elegir ser atendidos en la mutuales o en el sistema público de salud, o nadie tiene ese derecho.
Tenemos que terminar con esa discriminación y modernizar nuestra Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, para lo que necesitamos el concurso del Ejecutivo, porque, como mencioné, muchas normas, entre ellas la principal, que termina con la distinción entre obreros y empleadores, son de iniciativa exclusiva de su excelencia la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
El señor ANDRADE.-
Señor Presidente, estoy entre los dos planteamientos radicalizados que se señalaron en la Sala: que las mutualidades son instituciones complejas y malas, y el enamoramiento que han expresado otros por ellas. Es decir, estoy en un rango intermedio, pero hacia la visión crítica, porque si bien es cierto que hemos mejorado mucho en materia de accidentes laborales, etcétera, no es menos cierto que esta industria aún tiene mucha opacidad.
La integración vertical, las distintas actividades anexas al giro principal de las mutualidades, que para estos efectos son corporaciones sin fines de lucro, son los problemas más graves. No sé si el informe los considera en su totalidad.
Las mutuales cuentan con servicios médicos anexos, transporte e, incluso, ¡llegaron a tener escuelas! ¿Qué vínculo tienen las escuelas con el giro del negocio, que es hacerse cargo de los trabajadores que sufren accidentes laborales? Salvo que las escuelas tuviesen como finalidad formar monitores sobre el tema, que no es caso.
En consecuencia, tenemos un problema que no está bien resuelto.
Cabe reconocer que las mutuales han adoptado algunas decisiones, pero sigue existiendo opacidad en el tema.
Con el señor Augusto Iglesias , subsecretario de Previsión Social en el gobierno del Presidente Piñera, presentamos un proyecto que mejoró sustantivamente el funcionamiento de la industria; pero la tramitación de esa iniciativa está detenida desde hace años en el Senado, básicamente por un artículo relacionado con la integración vertical de un conjunto de otras actividades que están fuera del marco del giro principal de las mutuales.
Faltó voluntad política durante el tiempo restante del gobierno del Presidente Piñera y ha faltado durante el actual gobierno para enfrentar definitivamente el problema y lograr mejores gobiernos corporativos. Se trata de una serie de factores que provocan opacidad en el sector, los que no tendrían razón de ser, porque es una industria financiada.
Quise intervenir porque considero que lo anterior es fundamental y porque se nos olvida lo que avanzamos en la materia. En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tuvimos mucho interés en esta materia.
Hay que reconocer que el entonces subsecretario Augusto Iglesias puso especial ahínco en el tema, por lo que presentó ese buen proyecto, que, reitero, está estancado en el Senado. Es importante destrabar la tramitación de esa iniciativa, en lo que el gobierno podría tener una actitud más activa; pero para eso debe resolver un problema básico, cual es el debate que existe entre la autoridad laboral y la de salud respecto de la prioridad del manejo institucional del accidente del trabajo, lo que tiene que ver con la autoridad que toma las decisiones, etcétera.
Al respecto, debo recordar que uno de los problemas que se produjo en el accidente ocurrido a los 33 mineros en la mina San José fue quién tenía la autoridad para adoptar decisiones en relación con el siniestro, ya que no estaba claro si correspondía a la Dirección de Salud, a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo o a la Dirección del Trabajo.
Señor Presidente, ¿sabe cómo opera esto finalmente? El que llega primero toma las decisiones, lo que constituye un arbitrio al azar, que puede terminar perjudicando, por diversos tratamientos, a los trabajadores siniestrados. ¡Hay que resolver esto de una vez por todas!
La razón por la que no se avanza en materia de seguridad laboral y accidentes del trabajo, y por la que no se modifica la ley, no es por carencia de contenidos, sino por falta de una decisión policía básica: ¿Desde dónde se genera el protagonismo: desde la salud o desde lo laboral? Como esa discusión está trabada -lo digo francamente y con mucha sinceridad no se avanza en esa materia durante mi gobierno, por lo que estamos con un proceso completamente neutralizado.
Reitero: estamos hablando de una industria que todavía tiene mucha opacidad, por lo que debemos resolver estos claroscuros, lo que sería muy bueno realizar mediante el proyecto de ley pendiente.
En materia del sector público, creo que al Instituto de Seguridad Laboral (ISL) se le deben otorgar las mismas herramientas con que cuenta el sector privado, porque no hay razón para que exista discriminación. Los trabajadores de los sectores medios terminan en las mutuales y los trabajadores de pymes o de industrias de menores ingresos terminan en el ISL, por lo que se genera una discriminación odiosa, arbitraria y completamente injustificada entre lo que atiende el sector público y el sector privado, con una clara mirada favorable a las mutuales.
Entiendo que existe una iniciativa para terminar con la distinción entre obrero y empleado. Considero que la superintendencia podría avanzar sobre el particular, a través de la vía administrativa; pero si se requiere una ley para ello, me parece bien hacerlo en la mencionada iniciativa, la cual suscribí.
Finalmente, no sé por qué no se reconoce fuero a los integrantes de los comités paritarios. El comité paritario es un actor relevante que colabora en la gestión de la industria para mejorar los temas de accidentabilidad y siniestralidad; sin embargo, solo tiene fuero su presidente y no la totalidad del trío que lo compone.
Entonces, cuando se produce una diferencia de opiniones entre la industria y el comité paritario, que representa objetivamente el interés de los trabajadores y no siempre es coincidente por temas de costos y qué sé yo, solo tiene fuero el presidente de dicha instancia. Por lo tanto, dos de sus tres integrantes no tienen la suficiente independencia de juicio para resolver, porque no tienen fuero.
En consecuencia, sería razonable que resolviéramos de una vez por todas la extraña situación descrita, la cual no tiene ninguna justificación.
He dicho.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, solicito que la intervención del diputado señor Osvaldo Andrade y la mía se envíen al Ejecutivo.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, el mandato de la comisión se centró en hacerse cargo de la denuncia de la directora del Fonasa, quien indicó que de 3,2 millones de licencias que autorizó el seguro público el 2014, 540.000 corresponden a enfermedades y accidentes laborales, por las que deben desembolsar cerca de 90.000 millones de pesos.
Dicha denuncia del Fonasa parte de la base de una cantidad de licencias médicas que estaría pagando el seguro de salud en desmedro de este seguro social de accidentes y enfermedades profesionales.
De ahí que se puede aseverar que una parte de la población asegurada no está ingresando ni utilizando el sistema destinado a los trabajadores.
El problema principal que discutió la comisión dice relación con las dramáticas consecuencias de los hechos denunciados, los que profundizan los problemas que tiene la salud pública en la actualidad, que todos conocemos, como las abultadas listas de espera, la falta de camas, etcétera.
La ley N° 16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, publicada en 1968, durante el gobierno del Presidente Frei Montalva , tuvo como fundamento la seguridad social en reemplazo del sistema de seguros mercantiles contratados por los empleadores, imperante hasta ese entonces.
La referida ley busca proteger al trabajador de los daños que eventualmente pueda sufrir en su actividad laboral, por medio de un sistema solidario que se hiciera cargo de todas las prestaciones que requiriere para cautelar su salud y seguridad.
En efecto, han aumentado los indicadores de prevención, lo que se refleja en que en los últimos años se observa un descenso en las tasas de mortalidad desde 5,6 a 4,4 por ciento. En general, los trabajadores están cubiertos en un alto porcentaje, debido a la masificación de la cotización obligatoria que pagan los empleadores. No obstante, hay problemas muy delicados.
Uno de ellos es el subdiagnóstico, que consiste en tratar una afección laboral como enfermedad común. Tiene su causa en el estímulo perverso que existe para la configuración del seguro, destinada a evitar su registro, puesto que el seguro se encarece cuando aumenta la siniestralidad. Así se fomenta el subregistro, esto es, que las contingencias, aunque sean propiamente del ámbito del trabajo, se atiendan en la salud común, lo que ocurre frecuentemente.
Considerando la denuncia y el desarrollo de la investigación referida, podemos afirmar que existe un evidente subdiagnóstico y un subregistro de las contingencias del trabajo, que hace que muchas enfermedades profesionales no se consideren como tales, pasando a formar parte del sistema de salud público.
¿Qué proponemos al respecto?
Es necesario hacer un análisis epidemiológico del país, identificando los factores de riesgo actuales, como la obesidad, el consumo de drogas, el aumento de las enfermedades de origen psiquiátrico o de naturaleza osteomuscular -que afectan mayoritariamente a trabajadores y trabajadoras en las últimas etapas de su vida laboral-, y una mayor tasa de accidentes de trayecto en centros urbanos y rurales, que requieren cada día más mano de obra distante. También podemos citar nuevas situaciones, como la interculturalidad.
Una de las principales causas del subdiagnóstico es que la misma persona que califica una enfermedad es parte interesada en la declaración de enfermedad común. Al respecto, los organismos administradores del seguro, las mutuales, el ISL o los administradores delegados se constituyen en verdaderos jueces y partes al momento de calificar una afección del trabajo, lo que evidentemente perjudica al trabajador.
El sistema de reclamación y reconsideración actual resulta insatisfactorio para el Chile de hoy, que avanza con claridad hacia la protección en sede judicial de los intereses de los trabajadores y de los empleadores.
Proponemos que las mutualidades realicen exámenes previos con el fin de detectar una enfermedad profesional con anticipación o para evitar que aquella se produzca. En la actualidad no se realizan chequeos psicológicos ni físicos de carácter preventivo, salvo que el trabajador se dirija a la mutual por una dolencia.
El subregistro consiste en la errada calificación de una afección laboral como común y tiene como causas principales las restricciones normativas, fundamentalmente en las enfermedades profesionales, como también el hecho de que los organismos llamados a su calificación, a saber, las mutualidades, el ISL y la superintendencia, ostentan un altísimo porcentaje de rechazo de estas afecciones, lo que desincentiva el reclamo por parte de los usuarios del seguro. Una causa del subregistro es la falta de integración real de los sistemas de salud común -representado por Fonasa e isapresy de salud laboral, lo cual permite la ocurrencia de situaciones que resultan injustas para los trabajadores afectados por ellas. Incluso, el presidente de la Asociación de Isapres hizo presente a la comisión que los principales afectados por el subregistro son los trabajadores, puesto que se ven en la necesidad de hacer uso de sus planes de salud y enfrentar copagos, lo cual aumenta los costos de sus seguros y, eventualmente, podrían ser desplazados hacia Fonasa .
¿Qué pasa con la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)? La actividad de control, fiscalización y sanción de dicha entidad se ve limitada por el propio marco normativo, lo cual se refleja en la definición de enfermedad profesional, que es extraordinariamente compleja, y en un régimen de prueba inquisitivo, cuya naturaleza manda que la prueba sea de cargo del trabajador; es decir, quien debe probar que sufre una enfermedad profesional es el propio trabajador enfermo, con sus recursos y medios, con plazos acotados y sin contar con el expediente o acceso a la información de su caso, que sea cabal y oportuna, requiriendo además de una expertise que como trabajador de cualquier área no se tiene necesariamente. Es claro que dicho sistema ni siquiera tiene un mínimo de igualdad.
La Suseso ha mantenido una actitud pasiva para proteger a los trabajadores ante los fenómenos de abuso de los organismos administradores del seguro social. La superintendencia en gran parte ha ratificado las decisiones que toma la Suseso al momento de la calificación de una afección como común o laboral, fomentando la subnotificación y el subregistro.
En consecuencia, dicho ente ha sido débil en el desarrollo de su rol fiscalizador.
Otros órganos involucrados, como el ISP y la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco han desempeñado una labor loable en este ámbito.
Las mutualidades son concebidas por la ley como organizaciones sin fines de lucro, puesto que tienen por objeto fomentar la finalidad benéfica de cautelar por la salud y seguridad de los trabajadores. No obstante, esos organismos velan por su beneficio propio y por el ahorro de recursos a través del subregistro, para luego invertirlos en áreas diversas, como la construcción mediante inmobiliarias. Las inversiones de los excedentes de las mutualidades desvirtúan su función principal, toda vez que se encargan de crear infraestructuras que terminan siendo ociosas y objeto de prestación de servicios al sistema público de salud.
Por lo tanto, se precisa un estudio y una reforma a los gobiernos corporativos de las mutualidades. Este constituye un paso a seguir rápido y accesible. Al respecto, existe una moción, que se está tramitando desde 2013 en el Senado (boletín N° 9190-13), que prohíbe a las mutuales de empleadores realizar negocios y transacciones con empresas relacionadas y elimina la disposición que les permite dar prestaciones a personas que no tengan la calidad de beneficiarios de la ley N° 16.744.
Se debe avanzar en modificaciones sustantivas y urgentes en esta materia, considerando los cambios en la población, los nuevos riesgos a los que estamos sujetos, los avances de la técnica y los cambios que ha experimentado nuestra sociedad desde la promulgación de ley, en 1967.
El objetivo de las mutualidades debe ser poner pronto remedio a la afección del trabajador, evitando a toda costa que este incurra en mayores costos económicos y de salud. También se debe generar una institucionalidad capaz y con herramientas para conducir, y políticas de prevención, educación y reinserción laboral de las trabajadoras y los trabajadores afectados por patologías laborales.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, las conclusiones y recomendaciones de esta comisión investigadora fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes.
Se constató la veracidad de las denuncias realizadas en cuanto a la existencia de enfermedades y accidentes laborales que deberían ser cubiertos por las mutualidades, pero que en los hechos son traspasados a instituciones de salud privadas y públicas. En ese sentido, se recomiendan diversas medidas para mejorar la cobertura de las enfermedades y accidentes del trabajo, a fin de evitar que se repita esa situación, que, sin ser propiamente delictiva, por lo menos es impropia.
La propuesta tiene particular importancia para que la comprobación de la existencia y la dimensión de las necesidades médicas de los trabajadores sean de cargo de las mutuales, ya que en la actualidad, al ser de responsabilidad de los trabajadores, se constituye en un motivo de desincentivo para que no opere el sistema de protección de sus derechos.
Del mismo modo, se requiere una mayor participación de los trabajadores y de sus representantes para que puedan fiscalizar el correcto funcionamiento del sistema, así como mejorar la capacidad fiscalizadora de las instituciones públicas encargadas de supervigilar la adecuada operación de las mutuales. Es necesario enfatizar que este servicio es pagado por cada empleador, por lo que la laxitud con la que se ha estado actuando en el ámbito de la salud, indispensable para miles de trabajadores chilenos expuestos a condiciones riesgosas, es en el desempeño de sus funciones laborales.
Un aspecto muy importante analizado por la comisión cuando asistieron las dirigentes nacionales de las manipuladoras de alimentos fue el relacionado con las enfermedades profesionales, que son aquellas que surgen debido al desempeño de una actividad laboral.
A raíz de eso, mediante un proyecto de resolución, que fue aprobado por la Sala, solicitamos que la especialidad de medicina del trabajo sea incluida en las facultades de medicina. Hoy, distinguir una enfermedad laboral es motivo de enorme controversia, porque no hay médicos especialistas. Los que existen se han formado en la práctica. Normalmente, las mutualidades derivan a los pacientes al servicio público de salud, con lo cual se desligan de su responsabilidad.
Las manipuladoras de alimentos manifestaron que sufren de muchas enfermedades derivadas del ejercicio de su trabajo, como lumbago y síndrome del túnel carpiano, entre otras. Esas esforzadas mujeres no reciben la adecuada atención.
Por eso, la comisión investigadora ha propuesto algunas ideas que deben plasmarse en el ámbito legislativo y redundar en mayor fiscalización a las mutualidades, que, muchas veces, derivan hacia el sistema público y privado el tratamiento de enfermedades que son de su responsabilidad, por las cuales se les paga mensualmente.
Hay mucho que avanzar en materia de derecho del trabajo, de medicina laboral y en la calificación de las enfermedades laborales, para así entregar más seguridad y mayor certeza jurídica a nuestros trabajadores frente al mundo laboral.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, hoy vemos los frutos de arduos meses de trabajo en la comisión, en los cuales hemos podido concluir varios puntos, de los cuales quiero recalcar los siguientes, cada uno relacionado con un actor del sistema:
1) Los empresarios tienen un incentivo perverso en la ley Nº 16.744, pues aumentando el grado de accidentabilidad de la empresa se eleva el valor de la prima que debe pagar por el seguro. Este objetivo nunca estuvo dentro de los que originalmente se pensaron. Así lo indica el mensaje presidencial del año 1966, del Presidente Frei Montalva , que dio origen a la ley Nº 16.744, pues en él se consigna: “Como es sabido, en la actualidad las primas del Seguro son diferenciadas y aumentan en la medida que se estima que aumenta el riesgo genérico propio de la actividad de la Empresa. Esto es una simple técnica propia del Seguro Mercantil que tasa primero el riesgo y luego cobra primas proporcionadas a esa tasación. Pero este criterio no puede perdurar en un Seguro Social el cual, por esencia y naturaleza, debe aplicar el principio de la solidaridad nacional”.
Este punto nos conduce a una crítica mucho mayor del sistema, pues como ahí se expresa, estamos hablando de seguridad social, no de seguridad mercantil. Estamos entregando la integridad física de nuestra población activa, de la fuerza productiva de nuestro país, por lo que no nos podemos dar el lujo de entregarlas a la arbitrariedad de algunos empleadores que desean abaratar sus costos.
2) Nos hemos dado cuenta de otra gran falencia del sistema, pues no podemos pretender distinguir entre una enfermedad laboral y una común si no existen los especialistas que puedan diferenciar entre aquellas.
En el sistema público de salud, en variadas ocasiones, se atienden enfermedades de origen laboral, y se invierten recursos públicos en aquello, siendo que debería ser otra entidad la que se haga cargo de ellas. Esto sucede porque no existen los especialistas necesarios para poder hacer la derivación correspondiente. Hoy nuestras universidades no entregan esta especialidad a nuestros profesionales de la salud; los que existen es porque se han perfeccionado a través de la práctica o porque se han perfeccionado en el extranjero.
Esto nos lleva a tener que analizar cuáles son los campos ocupacionales que existen en nuestro país y entregar una educación acorde a nuestras necesidades.
3) Las mutualidades, por su parte, no tienen un enfoque preventivo real que involucre la salud del trabajador en su integridad, pues no se realizan exámenes preventivos con el fin de detectar una enfermedad profesional con anticipación o actividades continuas para evitar que aquellas se produzcan. Así, por ejemplo, no se realizan chequeos psicológicos ni físicos si el trabajador no se dirige a la mutual por una dolencia.
De esta forma se podrían evitar los altos índices de enfermedades mentales comunes en nuestros trabajadores, como la depresión, el estrés y el alcoholismo.
También han focalizado demasiados esfuerzos en construir inmuebles, siendo que en ocasiones no prestan las atenciones necesarias para las enfermedades laborales, lo cual es su objetivo principal.
4) Ahora, la falencia más importante del sistema lo refleja la Superintendencia de Seguridad Social, la cual no posee un poder de fiscalización real, y si lo posee no lo ha ejercido. Su rol fiscalizador ha sido deficiente, sus procesos son lentos y burocráticos, no tiene el personal suficiente para poder llevar a cabo su labor, no cuenta con oficinas suficientes.
Finalmente, quienes pagan el costo de estas debilidades son los trabajadores que se han enfermado o han sufrido un accidente laboral, pues ellos son los que permanecen enfermos esperando por largos períodos que se solucione su situación. Colateralmente el afectado es el sistema público. Al respecto, no olvidemos que el 80 por ciento de la población pertenece a Fonasa, que asume los costos de todas las enfermedades laborales o accidentes del trabajo que no ha asumido la mutual y a los que la Suseso no accede.
5) Hay otra falencia, que es la nuestra como legisladores, pues no hemos sido capaces de efectuar las reformas legales necesarias para hacer este sistema menos perverso y más solidario, como era pensado en un inicio.
No hemos sido capaces de cambiar el criterio para definir lo que es una enfermedad laboral, el que hoy es muy limitado, pues solo cubre aquellos que sean “directamente” producidos por el trabajo y no, por ejemplo, los que sean “agravados” por el trabajo.
No hemos avanzado en la tramitación de una moción que se está tramitando desde el año 2013 en el Senado (boletín Nº 9190-13), que prohíbe a las mutuales de empleadores realizar negocios y transacciones con empresas relacionadas y elimina la disposición que les permite dar prestaciones a personas que no tengan la calidad de beneficiarios de la ley Nº 16.744.
Tampoco hemos sido capaces de invertir el incentivo perverso ni de fortalecer a la Superintendencia de Seguridad Social.
6) Para concluir, quiero decir que las consecuencias familiares, laborales y económicas de este conjunto de malos actores las pagan nuestros trabajadores, y también, aunque solo económicas, las pagamos todas las personas que pertenecemos a Fonasa y todos los chilenos a través de sus impuestos, lo que no podemos seguir permitiendo.
Por lo tanto, es necesario que desde el Ejecutivo se presente una reforma legal que se haga cargo de estos puntos para dejar de escuchar aquellas injustas historias de las cuales fuimos testigos de oídas en la comisión.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las mutualidades.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; ÁlvarezSalamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; Gahona Salazar, Sergio ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hasbún Selume, Gustavo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
REGULACIÓN DE MODELOS PEDAGÓGICOS ALTERNATIVOS LIBERALES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 758, de los diputados Marcela Hernando, Iván Flores , José Pérez , Alberto Robles , Claudio Arriagada , Daniel Farcas , Carlos Abel Jarpa , Enrique Jaramillo , Víctor Torres y Loreto Carvajal , que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tome las medidas necesarias para regular los distintos tipos de modelos pedagógicos educativos alternativos liberales en la educación pública, revisar los métodos de supervisión y fiscalización de las instituciones privadas que ya ejecutan dichos procesos liberales, y generar un catastro sistemático anual que entregue datos sobre los tipos de escuelas que poseen los sistemas señalados, los resultados de sus exámenes libres, el nivel de ingreso a la educación superior, la satisfacción de las familias que introducen a sus hijos en estos modelos y las estadísticas de bullying que existe en las señaladas instituciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile, consagra el derecho a la educación y define sus objetivos, los cuales se basan en el desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los niños y niñas, para prepararlos para la vida adulta activa. Además, apunta a inculcar el respeto a los derechos humanos fundamentales y a los valores culturales y nacionales propios y externos.
Sin embargo, en nuestro país existe una carencia pública de registros oficiales sobre los diversos proyectos alternativos de educación en todo el territorio nacional. En ese sentido, es necesario conocer registros oficiales del Ministerio de Educación sobre el incremento y la cantidad actual de niños y niñas matriculados en escuelas libres, en atención al aumento que presentan las propuestas alternativas de educación, cuyos educados deben someterse a exámenes libres para certificar el aprendizaje de los contenidos.
Asimismo, se requiere saber cómo el Estado regula las escuelas libres, en consideración a que las familias pagan aranceles de la misma manera que en los establecimientos particulares. El inciso quinto del artículo 2° de la Ley General de Educación, define la educación informal como “todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, facilitado por la interacción de unos con otros y sin la tuición del establecimiento educacional como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el cual está inserta la persona.”.
Las principales razones que las familias arguyen para abandonar el sistema educativo convencional están relacionadas con la flexibilidad horaria, terminar con el proceso de evaluaciones y con casos de abuso escolar o bullying. Sin embargo, no hay registros oficiales del incremento y de la cantidad actual de niños y niñas matriculados en esos establecimientos. Legalmente, están considerados como parte de la educación informal; no están sujetos a supervisión ni a fiscalización y los estudiantes se presentan a rendir exámenes libres según la normativa del Mineduc.
A través del proyecto de resolución, los firmantes solicitamos saber si el Mineduc tiene alguna política de incentivo o de desincentivo a las escuelas públicas para la implementación de estas metodologías, si se difunde que fomentan la autonomía del aprendizaje y se respetan diferencias y estilos de aprendizaje, todo esto en el contexto del fortalecimiento de la educación pública, ya que podrían representar una alternativa idónea en algunos casos.
Por estas razones, a través del presente proyecto de resolución, consultamos al Mineduc si se está considerando generar instancias de catastros sistemáticos, anuales, con datos sobre el aumento del tipo de escuelas, los resultados en los exámenes libres y su seguimiento, el ingreso a la educación superior, el nivel de satisfacción de las familias y las estadísticas de denuncias de bullying y de otro tipo de maltratos.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 758. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Poblete
CREACIÓN DE SUCURSAL DEL BANCOESTADO EN LOCALIDAD DE POMAIRE, COMUNA DE MELIPILLA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 765, de los diputados Juan Antonio Coloma y Ramón Barros , que en su parte dispositiva expresa: La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en conjunto con las autoridades del BancoEstado, se estudie y establezca una sucursal del Banco del Estado de Chile en la localidad de Pomaire, comuna de Melipilla, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, de acuerdo con las necesidades de acceso a los servicios financieros que demanda la comunidad en torno a la puesta en funcionamiento de estos servicios bancarios.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, igual como lo hemos hecho muchos parlamentarios, la solicitud del diputado Juan Antonio Coloma requiere la presencia del BancoEstado en localidades en las cuales los bancos comerciales no se interesan. Es así que vemos comunas que, si bien en el pasado tuvieron un desarrollo más incipiente o relativo, hoy están experimentando un proceso de poblamiento muy importante en sus ciudades, aldeas y localidades, lo que justifica cada vez más la presencia del BancoEstado.
La localidad de Pomaire tiene una importante tradición artesanal, alfarera y artística y, por consiguiente, constituye un sitio de gran interés, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Pomaire se erige cada vez más como una localidad demandante de bienes y servicios; sin embargo, dichos bienes y servicios, que deben estar destinados a la satisfacción de la necesidad de las personas, son precarios y muchas veces inexistentes, como ocurre en este caso con la falta de una sucursal del BancoEstado, que solventaría de manera cómoda y eficaz las necesidades de los emprendedores y habitantes de esa localidad.
Eso ha hecho que el diputado Juan Antonio Coloma solicite que el BancoEstado evalúe esta situación, con el objeto de brindar una mayor comodidad y servicio a una zona tan típica de la cultura e historia patria, como es la localidad de Pomaire.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta iniciativa del diputado Juan Antonio Coloma es positiva, pues sería muy conveniente que el BancoEstado estuviera presente en todas las comunas de la provincia de Melipilla y en localidades como Pomaire.
Hemos tratado de conseguir este objetivo durante años. Incluso, el BancoEstado estuvo en Alhué y en San Pedro, pero, debido a que la gente no lo usó como se esperaba, hubo que retirarlo en 2001, época en que fui gobernadora de la provincia. Había funcionado allí desde 1997.
Actualmente existe una caja del BancoEstado en Pomaire, pero es necesario que haya oficinas de dicha entidad. Aun cuando el banco dependa del Estado necesita autofinanciarse, tal como se ha obligado a las universidades. Ya hemos visto lo que ha ocurrido con ellas.
Considero muy válida la petición, pero algunos se acuerdan del Estado solo si consideran importante su presencia en alguna de las comunas y se nos olvida que hemos obligado a todas sus instituciones a tener la capacidad de autofinanciarse.
Espero que BancoEstado tenga la capacidad para instalarse en Pomaire, pero ya existe una sucursal en Melipilla y otra en Curacaví. Debemos ser realistas, porque el año pasado no hubo buenos resultados en las localidades de Alhué y de San Pedro.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 765. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvo el diputado señor
INCORPORACIÓN DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) EN CATÁLOGO DE PRESTACIONES DE SALUD
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 766, de los diputados Jorge Rathgeb , Diego Paulsen , Roberto Poblete , Leopoldo Pérez , Bernardo Berger , Marcela Hernando , Javier Macaya , Víctor Torres , Rojo Edwards y Germán Verdugo , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que en virtud de sus facultades instruya a los ministerios de Salud y de Hacienda a fin de que estudien la modificación del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, para incorporar al catálogo de prestaciones de salud la endoscopía digestiva alta y lograr que toda persona, sin discriminación, pueda someterse al examen y finalmente contar con un diagnóstico y tratamiento correcto y oportuno.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, el proyecto de resolución solicita incluir dentro del catálogo de prestaciones de salud la endoscopía digestiva alta, con el fin de detectar la bacteria Helicobacter pylori.
En nuestro país, una de las principales causas de muerte es el cáncer, en particular el gástrico. En la Región de La Araucanía, según la última estadística de 2015, fallecieron alrededor de cuatrocientas personas a consecuencia de esa enfermedad. La zona más afectada es la lacustre, y las personas que viven allí son de escasos recursos y no tienen acceso a ese tipo de exámenes.
En consecuencia, la inclusión en el catálogo de prestaciones de salud de ese examen permitiría la detección de la bacteria y ayudaría a evitar el desarrollo de cáncer gástrico. Además, se generaría un ahorro para el Estado, porque el costo del examen es bastante más bajo que el tratamiento de una persona que padece esa grave enfermedad.
Por lo tanto, solicito a la honorable Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de resolución para que los ministerios de Salud y de Hacienda estudien la posibilidad de incluir en el catálogo de prestaciones de salud la endoscopía digestiva alta.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fernando Meza .
El señor MEZA.-
Señor Presidente, tal como señaló mi colega Jorge Rathgeb , este es un drama que asuela a Chile, particularmente a La Araucanía, donde existen 17.000 personas en lista de espera para practicarse endoscopías digestivas.
En las comunas de Villarrica y de Loncoche, un grupo de médicos, entre los que me incluyo, ha instaurado un sistema para detectar con mayor facilidad el Helicobacter pylori, bacteria que, como se ha comprobado, tiene participación directa en la gestación de ese cáncer. El examen cuesta 3.000 pesos y a muchos pacientes se les ha logrado diagnosticar y tratar esa bacteria sin el uso de medios invasivos.
La endoscopía digestiva alta es necesaria e importante para detectar otro tipo de problemas; pero en lo que dice relación con el Helicobacter pylori, el sencillo análisis de la saliva o de las heces fecales del paciente permite, por un bajo costo, contar con un diagnóstico.
Por lo tanto, sería importante que Fonasa lo incorporara, porque el ahorro es enorme, el examen rápido y sencillo, todo lo cual aliviaría las largas listas de espera que existen en relación con enfermedades producidas por la bacteria mencionada.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 766. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
POSTULACIÓN DE NICANOR PARRA SANDOVAL A LA ACADEMIA SUECA PARA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2017
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 767, de los diputados Jorge Sabag , Hugo Gutiérrez , Roberto Poblete , Matías Walker , Osvaldo Andrade , Jaime Bellolio , Claudio Arriagada , Miguel Ángel Alvarado , Pepe Auth y Germán Becker , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
1. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que en nombre de todo el país postule a Nicanor Parra Sandoval a la Academia Sueca para el Premio Nobel de Literatura 2017.
2. Solicitar al Ministerio de Cultura que reúna todos los antecedentes necesarios para respaldar esta propuesta y organice las actividades necesarias para exponer en Suecia la obra de nuestro poeta.
3. Del mismo modo, encargar al Ministerio de Educación que convoque a las universidades nacionales y otras extranjeras, que en el pasado han respaldado la candidatura de Parra, especialmente en Estados Unidos y España, para que se sumen a esta proposición.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, estamos iniciando el año de Violeta Parra, pues se celebran los cien años de su natalicio.
En ese marco, solicitamos, a través de este proyecto de resolución, que se postule, una vez más, a Nicanor Parra , su hermano, nacido en la comuna precordillerana de San Fabián de Alico, al Premio Nobel de Literatura.
Nicanor Segundo Parra Sandoval es poeta, matemático y físico, y ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana.
Al decir de representantes de la crítica literaria mundial, como Harold Bloom , Niall Binns o Roberto Bolaño , Nicanor Parra es uno de los mejores poetas de occidente. Ha sido merecedor de reconocimientos y distinciones, como el Premio Nacional de Literatura, en 1969; el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2001; el Premio Miguel de Cervantes, en 2011, y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, en 2012.
No obstante, su fama y su prestigio internacional como creador de la antipoesía no han tenido el mismo reconocimiento en Europa. Por ello, solicitamos que el gobierno de la Presidenta Bachelet , a través del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, haga las gestiones pertinentes para postular nuevamente al poeta chileno Nicanor Parra ante la Academia Sueca como candidato al Premio Nobel de Literatura, de modo que no se transforme en el Jorge Luis Borges de los chilenos, es decir, en un escritor cuyo talento nunca fue reconocido.
Creemos de justicia situar a Nicanor Parra al nivel de Gabriela Mistral, quien obtuvo el galardón en 1945, o de Pablo Neruda, quien lo recibió en 1971. La obra de Nicanor Parra ha sido traducida al inglés, al alemán, al francés y también al sueco, a instancias de nuestro entonces embajador en Suecia, Pepe Auth , hoy diputado.
Cabe recordar que en su momento Nicanor Parra fue promotor de Bob Dylan como candidato al Premio Nobel de Literatura, artista que finalmente lo recibió en 2016.
En el año de Violeta Parra, Nicanor Parra merece el reconocimiento no solo nacional, sino también internacional, debido a su dilatada trayectoria, que ha influido en forma muy importante en la literatura hispanoamericana y mundial.
Para los chilenos y para los habitantes de la provincia y futura región de Ñuble sería un orgullo tener entre los suyos a un Premio Nobel de Literatura.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Issa Kort .
El señor KORT.-
Señor Presidente, adhiero a la propuesta del diputado Jorge Sabag . La figura literaria, pero también humana, creativa y artística de Nicanor Parra es motivo de orgullo a nivel internacional.
Por ello, hago un llamado a aprobar unánimemente la solicitud que se hará a la ministra de Educación y al ministro presidente del Consejo de la Cultura y las Artes en orden a postular a Nicanor Parra al máximo galardón que entrega la Academia Sueca. Nuestro poeta ha recibido homenajes en Chile, pero creemos que también debe ser reconocido a nivel internacional.
Esperamos que la Cámara de Diputados tenga a bien aprobar unánimemente este proyecto de resolución, que busca ensalzar a nivel universal la figura de uno de los más importantes genios artísticos y creadores chilenos del siglo XX.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para que la diputada Loreto Carvajal intervenga para apoyar el proyecto de resolución?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, agradezco el tiempo que se me ha otorgado para manifestar la alegría que significaría para toda la cultura chilena, y en particular para la comuna de San Fabián, que orgullosamente represento, que este año contemos con un Premio Nobel de Literatura de la categoría de Nicanor Parra.
Nuestro querido poeta ha sido postulado a dicho galardón en tres ocasiones, en 1995, en 1997 y en 2000, pero el premio no le fue otorgado. En la tercera ocasión, en 2000, su postulación llevó a que se desarrollara una serie de actividades, tanto en Santiago como en otros lugares del país.
En 2001, fue galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En aquella ocasión no concurrió a recibir el premio, pero en su nombre lo hizo su hijo Juan de Dios .
Creemos de todo mérito que se otorgue un premio de esa categoría a un artista que, aún en vida, ha sido capaz de marcar pauta en la historia y en la cultura nacional e internacional. Por ello, sería muy importante que en esta cuarta ocasión Nicanor Parra sea postulado con la anuencia de nuestros ministerios, ya que en tres ocasiones se ha intentado su postulación, pero no se le ha otorgado el premio. Espero que lo logremos en este año de reconocimiento a Violeta Parra.
Por ello, solicito que nuestra Corporación y nuestros ministros hagan las gestiones necesarias, con una agenda propia, en orden a obtener el respaldo a nivel nacional e internacional para que nuestro país tenga un nuevo Premio Nobel de Literatura.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 767.
En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
DECLARACIÓN DE LAGUNA SALADITA , DE PUNTA TEATINOS, COMO RESERVA NACIONAL Y SITIO RAMSAR
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 768.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 768, de los diputados Raúl Saldívar , Luis Rocafull , Christian Urízar y Enrique Jaramillo , cuya parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a los ministerios de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente para que:
1. Se realicen las investigaciones pertinentes que sean necesarias para conocer y promover la importancia ecológica del humedal Laguna Saladita de Punta Teatinos , ubicado en la Región de Coquimbo.
2. Sobre la base de los resultados de dichas investigaciones, se lleven a cabo programas de educación ambiental ciudadana, tanto dentro como fuera de los establecimientos educacionales, con el objeto de concientizar a la población sobre la importancia de conservar ese espacio.
3. Sobre la base de las mismas investigaciones, se elaboren los informes correspondientes por los organismos competentes de conformidad con la ley, para que se declare en definitiva la Laguna Saladita de Punta Teatinos como Reserva Nacional y sitio Ramsar , o se consagre la forma de protección específica que resulte más apropiada a la luz de los resultados de esas investigaciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar .
El señor SALDÍVAR.-
Señor Presidente, es de público y amplio conocimiento que los humedales cumplen un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad y en los ciclos del agua.
En la Región de Coquimbo existe un sistema de humedales que no está suficientemente protegido y que cumple un rol extraordinariamente sustantivo en la preservación de la biodiversidad y de algunas especies de aves en riesgo de extinción.
Por lo tanto, la conservación de ese humedal se hace necesaria y fundamental, toda vez que la Región de Coquimbo hace ingentes esfuerzos por contener el avance del desierto a través de la implementación de múltiples sistemas de ingeniería para riego, entre otras medidas.
El humedal Laguna Saladita , de Punta Teatinos, es vital y extraordinariamente importante. Por eso, pedimos al gobierno que disponga la realización de estudios que permitan ejercer un adecuado manejo del mismo. La idea es contar con información para conocer más sobre la materia, pues la que existe es sumamente limitada.
Solicito a la Sala que vote a favor este proyecto de resolución, como contribución a un mejor manejo del medio ambiente.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para impugnarlo, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 768. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló
-Se abstuvieron los diputados señores:
Chahin
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PAGO DE BECA PRODDAR Y OTROS BENEFICIOS A DEPORTISTAS (OFICIOS)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde, hasta por diez minutos y medio, al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .
El señor PILOWSKY.-
Señor Presidente, antes que todo, les deseo un feliz año a todos miembros de la Cámara de Diputados, especialmente a la Mesa directiva.
Solicito que se oficie al ministro del Deporte, con copia al director nacional del Instituto Nacional de Deportes, dada la siguiente situación.
Lamentablemente, en la Comisión de Deportes y Recreación hemos recibido reiteradas denuncias sobre problemas en el pago de beneficios obtenidos por diversos deportistas durante 2016.
En tal sentido, solicito al titular de la cartera que remita a la Cámara de Diputados el listado oficial del total de beneficiarios del Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento (beca Proddar) o de cualquier otro tipo de beneficio existente en la materia.
Asimismo, que nos informe sobre los problemas planteados por algunos deportistas a los medios de comunicación por pagos recibidos que no se condicen con lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley del Deporte, que otorga los referidos beneficios.
Por último, que tome cartas en el asunto y que, al menos, envíe a la Corporación los antecedentes requeridos.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE OPERACIÓN DE SISTEMA PARA CAPTACIÓN DE AGUA MARINA DE TERMOELÉCTRICA SANTA MARÍA, DE COLBÚN, CORONEL (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez .
El señor CHÁVEZ.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y al subsecretario de Pesca y Acuicultura para que nos envíen información relativa a la eficiencia y operación de los filtros del sistema para captación de agua de mar de la central termoeléctrica Santa María , de Colbún, comuna de Coronel.
Como a la fecha no he tenido acceso a algún reporte público respecto al funcionamiento de dicha central -podríamos presumir que la termoeléctrica no está exenta de problemas en su mantenimiento o de fallas en su funcionamiento-, haciendo uso de la facultad fiscalizadora que me concede la Constitución Política, pido que se envíe a la Cámara de Diputados lo siguiente:
1.- Un informe sobre el estado actual del sistema de captación de agua marina.
2.- Un informe acerca del monitoreo del sistema desde el inicio de su operación.
3.- Un informe respecto del mantenimiento del sistema desde la entrada en funcionamiento de la referida central.
4.- Un informe sobre la biomasa que ha ingresado al sistema desde la fecha de inicio de la operación de dicha central.
5.- Un informe respecto a la cantidad de biomasa existente en el vertedero y que ha traspasado el sistema desde su implementación.
6.- Eficiencia del sistema.
7.- Identificación y cantidad de especies succionadas por el sistema hasta la fecha. He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
PLAN PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN SECTORES ALTOS DE VALPARAÍSO (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Aldo Cornejo .
El señor CORNEJO.-
Señor Presidente, como es de público conocimiento, ayer se produjo un incendio de gran magnitud que afectó a los sectores altos de la comuna de Valparaíso, específicamente a la zona de Playa Ancha.
Cada vez que ocurre un incendio en nuestra ciudad, lo que desgraciadamente sucede con demasiada frecuencia, se instala el debate sobre si las personas afectadas por esos siniestros deben permanecer en el lugar que habitaban o deben ser erradicadas del lugar, y sobre si el Estado o el gobierno deben tomar alguna medida respecto de aquello.
Considero que esa es una discusión absolutamente inconducente; es desconocer la historia del desarrollo urbano de Valparaíso y su identidad, aquello que la hace a esta ciudad tan distinta del resto de las de nuestro país.
Ayer, el alcalde de Valparaíso -da lo mismo el partido político al que pertenezca planteó una propuesta que me parece interesante, por lo cual voy a respaldarla. Él manifestó la necesidad de que las autoridades competentes del gobierno central dispongan inmediatamente todos los recursos que se estimen necesarios, tanto humanos como económicos, para elaborar a la brevedad posible un plan maestro que proteja la parte alta de Valparaíso de los incendios, que –reitero ocurren con mucha frecuencia, y no tengamos que lamentar pronto la ocurrencia de un nuevo desastre, no solo para las viviendas, sino para las personas que las habitan, que son las que realmente importan.
La gente de Valparaíso, en especial la de la parte alta, es muy sencilla, modesta, y se viene instalando en esos sectores, con grandes esfuerzos, desde hace varias décadas. Por cierto, ellos tienen derecho a vivir tranquilos, sin fuego, sin incendios. Por esa razón, el gobierno central y el gobierno regional deben tomar las medidas para que las distintas organizaciones públicas con competencia en esta materia -las de Medio Ambiente, las de Obras Públicas, las de Vivienda, las de Agricultura, y servicios como la Onemi y Conaf, elaboren un plan de protección, en lo inmediato, para los sectores altos de Valparaíso.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se oficie al ministro del Interior a objeto de que disponga la creación de este grupo de trabajo, en coordinación, naturalmente, con la municipalidad de Valparaíso, para contar lo antes posible con ese plan maestro, pero no solo con su diseño, sino también con los recursos suficientes para su ejecución, porque no solo esta ciudad, sino muchas otras de la Quinta Región, como Villa Alemana , San Antonio , Santo Domingo y Casablanca, están pasando por una situación muy compleja a causa de los incendios forestales.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los parlamentarios que así lo solicitan a la Mesa.
REGULARIZACIÓN DE COMERCIO CALLEJERO (OFICIOS)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), al ministro de Economía y a los intendentes de cada región de nuestro país, al tenor de lo que expondré a continuación:
Varios de los alcaldes recientemente elegidos han propuesto declarar la guerra al comercio ambulante, con la finalidad de “erradicarlo” de las calles, dado que generaría externalidades negativas.
Parece un contrasentido que no obstante que el Estado hace grandes esfuerzos para capacitar a esas personas, a través de programas como el Más Capaz, carezca de procedimientos expeditos que permitan a esas personas regularizar su actividad productiva, de economía menor, cumpliendo las normas sanitarias y las de seguridad, ya que, como mal se ha sostenido, se asocia el comercio callejero con el aumento de la delincuencia, aunque no hay ninguna demostración científica seria que así lo compruebe.
Lo que más me preocupa, señor Presidente, es la forma en que son tratados los comerciantes callejeros: los detienen, los multan y les arrebatan sus bienes, que son el producto de una escuálida economía que apenas les permite sobrevivir.
Los oficios que solicito son, en consecuencia, para pedir a las autoridades de esos organismos que tomen medidas para que, más que erradicar el comercio ambulante, le permitan regularizar su actividad, otorgando a quienes viven de esa actividad los permisos respectivos para que ejercer su labor al amparo de la legalidad vigente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo solicitan a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR APROBACIÓN DE PROYECTO DE VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS EN COMUNA DE TILTIL, PROVINCIA DE CHACABUCO (OFICIOS)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .
El señor SILBER.-
Señor Presidente, a través de esta tribuna quiero manifestar la preocupación e indignación que tienen los habitantes del sector de Rungue, comuna de Tiltil, provincia de Chacabuco, a raíz de la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana del proyecto de la empresa Ciclo, que pretende instalar un vertedero de residuos sólidos peligrosos a pocos kilómetros del pueblo de Rungue, lo que, sin duda, preocupa y alarma a los vecinos de esa localidad en particular, y de Tiltil, en general.
Hay una fuerte sensación de malestar por el hecho de que con este proyecto se incumple el compromiso de la autoridad regional, el intendente, respecto de no seguir castigando a Tiltil, comuna que ha pasado a convertirse no solo en una de las más pobres del país, sino en el patio trasero de la Región Metropolitana, pues debe soportar una cantidad importante de rellenos sanitarios y de vertederos en sus alrededores. De esta forma, el intendente ha pegado un portazo en la cara a los vecinos, quienes están dispuestos a movilizarse y recurrir a la justicia para impedir esta situación.
Por lo tanto, solicito que se oficie al intendente de la Región Metropolitana y a todas las autoridades que participaron en esa comisión para que expliquen en su mérito los motivos de dicha resolución.
Además, solicito que se oficie a la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana para que cite a una sesión extraordinaria, a la que se convoque al alcalde, a los concejales, a los parlamentarios y a los vecinos, porque había un compromiso que no se respetó y sentimos que se rompió la palabra empeñada con la comuna de Tiltil.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE DESPIDOS EN MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ (OFICIO)
El señor SILBER.-
Señor Presidente, en la comuna de Maipú no todo es color de rosa.
La alternancia en el poder es parte de la democracia. Entendemos que se deben respetar los resultados electorales y a las nuevas autoridades que entran en funciones. Sin embargo, no corresponde que en esa municipalidad entre el 30 y el 31 de diciembre pasado se hayan producido cerca de quinientos despidos.
La ley es muy clara respecto de cuántos y cuáles son los cargos de confianza del alcalde, y no es el número que acabo de señalar. No puede ser que en pocos días, desde el 6 de diciembre, se haya evaluado la continuidad en sus funciones de cerca de quinientas personas.
Al respecto, hay dictámenes de la Contraloría General de la República que, a nuestro juicio, fueron violentados, como el del 24 de marzo de 2016, que establece la legítima confianza respecto de los funcionarios a honorarios o a contrata, como también respecto de su continuidad laboral.
Por lo tanto, pido que se oficie al contralor general de la República, con el objeto de que encomiende a un grupo de auditores analizar caso a caso, a fin de evaluar la pertinencia de esas decisiones, las que a nuestro juicio no se condicen con el Estado de derecho.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
REPOSICIÓN DE CUARTEL DE SUBCOMISARÍA DE CARABINEROS EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (OFICIOS)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Desarrollo Social y al director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, con copia al general director de Carabineros, al alcalde de San José de la Mariquina y al concejal Aliro Romero , de la misma comuna, en el siguiente tenor y sentido:
El proyecto de reposición del cuartel de la subcomisaría –extenencia de Carabineros de San José de la Mariquina es una necesidad de larga data en esa comuna de la Región de Los Ríos. Para avanzar en él ha sido necesaria la mancomunión de esfuerzos de varias instituciones: la municipalidad, representada por su alcalde, Rolando Mitre ; Carabineros de Chile, por cierto; el Ministerio de Obras Públicas, y el gobierno regional.
Este último, comprometió, durante 2016, la inversión de una cantidad superior a los 700 millones pesos, en los que se incluyó un aumento de presupuesto aprobado por el Core en octubre pasado, de 67 millones de pesos, que se destinarían al ítem de consultorías para la etapa de diseño y a la transferencia de la unidad técnica desde Carabineros a la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, a fin de dar celeridad a la entrega de los estudios.
Pues bien, el impacto y connotación de hechos delictivos ocurridos en la zona norte de la Región de Los Ríos hacen imprescindible poner el máximo celo en iniciativas de esta naturaleza, a fin de brindar acompañamiento a la vecindad en materia de seguridad pública.
Por lo planteado, solicito que se oficie al ministro de Desarrollo Social para que nos informe sobre el estado de tramitación del mencionado proyecto y la fecha definitiva en que se evacuarán los estudios respectivos, para continuar luego con las siguientes etapas, esto es, la asignación de recursos y la ejecución.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo solicitan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ORGANISMOS DEL ESTADO PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN VALPARAÍSO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, hace algunas semanas pedí que se oficiara a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), con la finalidad de que adoptaran medidas que permitieran evitar hechos como los que ocurrieron el pasado fin de semana en Valparaíso y que me informaran sobre dichas medidas, las cuales deberían aplicarse en todas las ciudades aledañas a sectores forestales.
Hasta el día de hoy no he tenido respuesta alguna a ese oficio, que pedí pensando en el país, especialmente en la Región de La Araucanía, a la cual represento.
En razón de lo expuesto, solicito oficiar nuevamente a dichas autoridades, para que me informen qué medidas se tomaron respecto de esta situación antes de la ocurrencia del incendio del fin de semana pasado en Valparaíso; si se pusieron en contacto con las autoridades municipales para establecer alguna línea de protección o cortafuego que evite catástrofes como la mencionada, dado que estos siniestros se repiten año tras año, y frente a ello, lamentablemente, las autoridades municipales tampoco han adoptado medidas de carácter preventivo.
Lamento que hoy haya testigos sufriendo a consecuencia de la ineficiencia de organismos del Estado a los que se había advertido sobre la situación que podía ocurrir, particularmente cuando hemos tenido una primavera lluviosa y tenemos un verano caluroso.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
RESPUESTA A CONSULTA SOBRE EVENTUAL HURTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL INSTALADA EN HIJUELA DE VECINO DE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO)
El señor RATHGEB.-
En segundo lugar, pido oficiar al actual intendente de la Región de La Araucanía, don José Miguel Hernández , a fin de que dé respuesta a la carta enviada por don Esteban Gerardo Trangulao Cuitiño al anterior intendente de la Región de La Araucanía, don Andrés Jouannet , en la cual señala que la empresa de telecomunicaciones Entel está hurtando energía eléctrica para el mantenimiento de una antena que está instalada en la hijuela de propiedad de don Manuel Tramolao .
Voy a entregar a la Secretaría copia del documento, que es bastante largo, que fue presentado en la Intendencia de la Región de La Araucanía en junio del año recién pasado. No obstante, hasta hoy no se ha dado respuesta a don Esteban Gerardo Trangulao Cuitiño respecto de la situación que denunció, la cual es evidentemente una irregularidad.
Por lo tanto, solicito dar respuesta a este ciudadano, para que tenga tranquilidad y certeza de lo que está ocurriendo. No por tratarse de una persona que pertenece a una comunidad indígena o al pueblo mapuche se va a dejar de dar respuesta a la situación que ha denunciado.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
FLEXIBILIZACIÓN DE NORMAS APLICADAS POR SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SOLICITAN SERVICIOS DE MOLIENDA (OFICIO)
El señor RATHGEB.-
En tercer lugar, en muchos lugares de la Región de La Araucanía, particularmente en las ciudades más pequeñas, existen molinos chancadores que prestan una serie de pequeños servicios, como molienda de manzanas.
Pues bien, el Servicio de Impuestos Internos ha indicado a los dueños de esos locales, que normalmente son pequeños empresarios, que todos los que soliciten la prestación de algún servicio deben tener una guía de despacho, lo que evidentemente es una complicación para personas que, por ejemplo, llevan cinco kilos de trigo tostado para hacer harina tostada para su alimentación o medio saco de manzanas para molerlas y obtener jugo.
Evidentemente, debemos dar facilidades a las personas que, por tener menos recursos, se encuentran impedidas de cumplir con esa obligación, las cuales están siendo discriminadas en la prestación de servicios que solicitan en esos locales.
Por lo tanto, pido oficiar director nacional del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que dé instrucciones para flexibilizar las normas para personas, pequeños empresarios o vecinos del sector que no cuentan con iniciación de actividades o con la documentación adecuada para trasladar unos pocos kilos de algún producto que necesitan moler para su alimentación o para mejorar sus condiciones de vida.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que están levantando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
ANTECEDENTES SOBRE PATENTE DEL MALL PLAZA EL TRÉBOL, DE TALCAHUANO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos .
El señor CAMPOS.-
Señor Presidente, las personas que concurren a trabajar, a realizar trámites y, por supuesto, a comprar en el mall Plaza El Trébol se han encontrado con la desagradable noticia de que se les ha empezado a cobrar por el uso de los estacionamientos.
En el Congreso Nacional hubo una lata discusión respecto de la iniciativa, hoy ley, que regula el cobro de servicios de estacionamiento, mediante la cual se trató de beneficiar a los usuarios.
El mall Plaza El Trébol, en conformidad con la ley, no solo gana cifras millonarias por los contratos que suscribe con las grandes tiendas y con los que quieren emprender, sino que tiene una extensión del giro principal, lo que le permitió realizar hoy el primer cobro del servicio de estacionamiento a quienes concurren a ese centro comercial.
Después de esta queja e introducción respecto de la mala ley que despachó el Congreso Nacional, pido oficiar al alcalde de Talcahuano, como lo hice el 10 de mayo pasado a la anterior administración del municipio -la cual no entregó ningún elemento al Congreso Nacional ni a este diputado-, para nos remita una carpeta con los antecedentes sobre el pago de patente que realizó el mall Plaza El Trébol o la empresa a la que ellos estén arrendando los estacionamientos que están funcionando con una patente provisoria.
Me imagino que se subsanaron todas las observaciones que realizó la Dirección de Obras Municipales para hacer la recepción definitiva de la importante obra que realizaron en ese centro comercial.
Reitero que me gustaría tener a la vista la patente con que están haciendo esos cobros, información que, lamentablemente, no remitió la anterior administración.
En consecuencia, pido oficiar en este sentido al alcalde de Talcahuano, señor Henry Campos , con copia de mi intervención a los ocho concejales de esa municipalidad.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo están indicando, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
RECURSOS PARA MANTENCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS DE EL ROSAL, VILLA EL ESTERO Y AGUAS NEGRAS, COMUNA DE CABRERO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, una situación que causa mucha preocupación a todos los vecinos vulnerables de la comuna de Cabrero es la limpieza de las fosas sépticas, que, debido a su costo, en la mayoría de los casos son construidas por las propias familias, pero no reciben la mantención adecuada.
Por lo expuesto, pido oficiar al ministro del Interior, al subsecretario del ramo y al gobernador de la provincia del Biobío, a fin de que, mientras no exista una solución definitiva, destinen recursos de emergencia para dar solución provisoria a setenta familias de la comuna de Cabrero, en particular de los sectores de El Rosal, Villa El Estero y Aguas Negras.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que así lo están indicando, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.
ANÁLISIS DE EVENTUAL PROBLEMA DE DISEÑO DE PASO PEATONAL DE AVENIDA SENADOR JAIME GUZMÁN , COMUNA DE RENCA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas .
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, en este nuevo año debemos lamentar un accidente que pudo haberse evitado, que involucró a dos niñas que cruzaban por un paso peatonal de la avenida Senador Jaime Guzmán con la calle Los Nardos, en la comuna de Renca.
Por lo tanto, pido oficiar al ministro de Transportes, al ministro de Obras Públicas, al intendente de la Región Metropolitana y a los encargados de las señalizaciones, quienes seguramente están a cargo de los seremis de las respectivas carteras.
Resulta inaceptable y no tiene explicación alguna que un bus del recorrido 107 del Transantiago haya dejado en estado de suma gravedad a las dos niñas que cruzaban por un paso peatonal, cuyo diseño, al parecer, tiene problemas estructurales.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Loreto Carvajal y de los diputados señores Cristián Campos , Felipe Letelier , Miguel Ángel Alvarado , Jaime Pilowsky y José Miguel Ortiz .
DESTRUCCIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS A ÁREAS VERDES E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES EN ZONA NORTE DE SANTIAGO (OFICIOS)
El señor FARCAS.-
Por otra parte, pido oficiar a la ministra de Educación, a la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y a la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con el objeto de que den una explicación acerca de la política de destrucción consistente y masiva de espacios destinados a áreas verdes e infraestructura deportiva, para construir jardines infantiles.
Todos compartimos la idea de cumplir la meta presidencial en materia de construcción de dichos establecimientos; pero me parece absurda y ridícula la campaña de la Junji, que no respeta los espacios verdes y deportivos de los vecinos.
El sector norte de Santiago tiene dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, en comparación con los nueve metros cuadrados por habitante que recomienda la OCDE.
En consecuencia, espero una explicación razonable de nuestras autoridades.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Loreto Carvajal y de los diputados señores Cristián Campos , Felipe Letelier , Miguel Ángel Alvarado , Jaime Pilowsky y José Miguel Ortiz , de lo que la Secretaria está tomando debida nota.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN JURÍDICA DE ADMINISTRACIÓN DETEATRO REGIONAL Y DE ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pido que se oficie al contralor general de la República y al intendente de la Sexta Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, con el objeto de que informen y entreguen antecedentes respecto de la situación jurídica bajo la cual se administran el teatro regional y el estadio El Teniente, ambos ubicados en la ciudad de Rancagua.
Pido que informen sobre las atribuciones de los actuales administradores, quiénes los fiscalizan y las responsabilidades que les asisten.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE MONTO Y DESTINO FIJADO EN FONDO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS TELECOMUNICACIONES A REGIÓN DE O’HIGGINS (OFICIOS)
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Andrés Gómez-Lobo , y al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Rodrigo Ramírez , con el objeto de que informen respecto del monto y el destino fijado en la Ley de Presupuestos de la Nación al Fondo de Desarrollo Regional para las Telecomunicaciones asignado a la Región del Libertador Bernardo O´Higgins .
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE CANTIDAD DE RECLUSOS DROGODEPENDIENTES (OFICIOS)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al director nacional de Gendarmería, con el objeto de que informen respecto del porcentaje o el número de reclusos drogodependientes.
Requerimos esa información para realizar un programa nacional de tratamiento contra las drogas, el que incluirá también a personas privadas de libertad.
La drogodependencia es una enfermedad crónica recidivante. Los usuarios de drogas, incluidos quienes están al interior de las cárceles, tienen derecho a acceder a la atención de salud, la cual debe incluir medidas de tratamiento por drogodependencia y reducción de daños.
En el marco de la discusión de las modificaciones a la ley Nº 20.000, se debe incluir la creación de centros de rehabilitación y de tratamiento para las personas que presentan adicciones, incluidas aquellas recluidas en cárceles.
Por eso, necesitamos saber qué porcentaje -idealmente el número exactode reclusos sufre drogodependencia, a fin de que reciban ayuda.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y de los señores diputados que alzan su mano.
INFORMACIÓN SOBRE RAZONES PARA NO EFECTUAR TRASLADO DE REOS DESDE PENAL PUNTA PEUCO A COLINA I (OFICIOS)
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra, por tres minutos y treinta segundos, el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo un feliz año 2017 a la Mesa, a los parlamentarios presentes y a los funcionarios, que hacen posible nuestro trabajo, como también a la ciudadanía que nos ve por el Canal de Televisión de la Corporación, en especial a los de la Región de Tarapacá.
El diario electrónico El Independiente de Tarapacá dio a conocer un oficio reservado, de fecha 21 de diciembre de 2015, enviado al subdirector operativo del penal Punta Peuco por el director de Gendarmería de la Región Metropolitana, en el que se detalla -leo lo que señala el diariotoda la logística del traslado e instalación de todos los reos de Punta Peuco a su nueva residencia de reclusión en el penal de Colina I.
En este oficio se especifican todos y cada uno de los detalles del traslado, por ejemplo, el personal de apoyo para el momento del traslado, la revisión de las instalaciones a la llegada de los internos y el empadronamiento con inventario de enseres. Se señala que para el traslado operativo se solicitaba la disponibilidad de vehículos, ambulancias y médicos, y para las acciones postraslado e instalación, comunicación a los familiares, chequeo de antecedentes administrativos y el envío de los respectivos oficios a las autoridades correspondientes, informándoles de las nuevas dependencias de los internos.
A raíz de estos antecedentes, solicito que se oficie al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al director nacional de Gendarmería, a fin de que nos informen por qué, pese a existir ese oficio del director regional de Gendarmería de Chile al subdirector operativo del penal Punta Peuco , en el sentido de que todo estaba listo para realizar el traslado, este aún no se ha realizado si ha transcurrido prácticamente un año. Esa es la pregunta que debemos formularnos, que también se hace la ciudadanía.
Hemos sido llevados a una discusión sobre beneficios para las personas privadas de libertad que se encuentran en ese penal, todas ellas criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad. Además, la ciudadanía exige que esas personas estén recluidas en un penal normal, común y corriente, al igual que miles de chilenos y chilenas a lo largo de todo nuestro país.
Aunque están listas todas las condiciones para su traslado al CCP Colina I, este aún no se realiza. La ciudadanía merece saber por qué todavía no se ha verificado dicho traslado. Las instalaciones están listas, en espera de que los criminales sigan cumpliendo las penas establecidas, en un debido proceso, por nuestro Poder Judicial.
En consecuencia, exijo que el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el director nacional de Gendarmería de Chile expliquen por qué aún no se adopta esta decisión política.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios por usted solicitados, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 13.52 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, ARRIAGADA, CAMPOS, CERONI, FARCAS, JARAMILLO, LETELIER Y RATHGEB, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS GIRARDI Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°20.584, QUE REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD, PARA ESTABLECER Y GARANTIZAR NUEVOS DERECHOS Y ASEGURAR NUEVAS PRESTACIONES MÍNIMAS DE SALUD, DE CARÁCTER UNIVERSAL”. (BOLETÍN N° 11060-11)
“¿Qué principios de justicia son los más apropiados para definir los derechos y libertades básicos, y para regular las desigualdades sociales y económicas en las perspectivas de los ciudadanos a lo largo de toda su vida? (Rawls, John, La justicia como equidad. Una reformulación. Barcelona, Paidós 2002 p. 2) .
I. VISTOS:
Lo dispuesto en los artículos 1°, 19, 63 y 65 de la Constitución Política de la República, más lo previsto en la ley N° 18.919 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
Además, de lo asegurado a todas las personas en el artículo 19º N°s 1°, 2°, 3° y 9º de nuestra carta fundamental.
II. CONSIDERANDO;
1.- Que, el momento ha llegado, el problema está claro, la salud en Chile arroja pobres estándares, no alcanza a quedar bien ni ante la Organización Mundial de la Salud ni ante la OCDE, pero que estamos haciendo mal, hemos visto y escuchado como se inyectan recursos en salud, como crecen las patologías o problemas de salud GES garantizadas, como se construirán nuevos hospitales, etc., pero la salud no mejora y este problema o infratamiento a la salud, que sufre Chile solo podrá acrecentarse en la medida que envejecemos. De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) , el proceso de envejecimiento poblacional se mantendría de forma sostenida, al menos por una década, duplicándose la población de adultos mayores al año 2025, quienes llegarían a superar los tres millones de personas. Los cambios en la morbilidad de la población, constituyen solo una de las consecuencias de este fenómeno, el cambio demográfico provocará cambios también en todas las áreas de la vida nacional, como por ejemplo en el sector salud, donde se requerirá de médicos especialistas en geriatría y otros profesionales, como enfermeras, traumatólogos, kinesiólogos, asistentes sociales y psicólogos. Otra arista que, hemos llamado el infratratamiento a la salud, son las respercusiones en el derecho, la escualida protección a la salud, aun cuando es una garantía constitucional, solo es una de caras del mal que está padeciendo la salud pública, podemos agregar su presupuesto, por ejemplo, no resiste más y la deuda hospitalaria crece y crece exponencialmente sin que sea posible hasta la fecha ponerle cotas.
2.- Que, hace pocos días hemos sabido, gracias a un medio de comunicación social que se ha verificado un alza del 131% en los últimos siete años en las compras de servicios o prestaciones de salud a prestadores de salud privados que realiza el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) , los Servicios de Salud y CENABAST, y esta alza no es aislada, muy por el contrario es un fenómeno progresivo que viene desarrollándose desde largo tiempo atrás. En efecto, una suma de $ 92.527 millones pagó Fonasa por camas y otros insumos en el año 2008, en el año 2015 pagó $ 213.829 millones por compras en prestaciones de salud que incluyen cupos de camas críticas a clínicas, terapias de diálisis a centros privados y diversos tratamientos, exámenes y cirugías a sociedades médicas, entre otros. Y si se piensa en medicamentos y las labores de CENABAST (Central Nacional de Abastecimiento) el incremento en los precios de los medicamentos o fármacos, que este servicio debe adquirir, también existen alza de precios y faltas a la libre competencia como la colusión, debidamente denunciadas ante el Tribunal de la Libre Competencia, así en el periodo que va desde el año 2008 hasta el año 2015 los precios en compras de medicamentos subió un 150%, al pasar de $ 190.184 millones en 2008 a $ 475.490 en 2015, según los datos de proporcionados por Fonasa, estas cifras inciden fuertemente en la deuda hospitalaria, ya que solo la perpetúan y aumentan.
Luego, revisando las listas de espera, otro de los males de persiste en el infratratamiento a la salud, hemos constatado que exise un millón y medio de personas que están a la espera de una consulta médica y 300 mil personas que aguardan por una cirugía, según cifras del presente año. Las listas de espera en el Sistema de Salud Público son el rostro más visible de una prolongada crisis que ningún gobierno ha podido resolver, agudizado por la creciente falta de especialistas y no sólo por falta de formación, influye también la atracción que ejerce el sector privado que opera sin contrapeso, desencadenando una verdadera fuga de especialistas desde los hospitales hacia las clínicas.
3.- Que, al hablar de “derecho” nos referimos a una manera de exigir el cumplimiento de una obligación connatural e inalienable para con nuestra especie por parte del estado, siendo el destinatario de la obligación el Estado y las personas, sean pacientes o usuarios, el sujeto activo; esta relación en materia de salud o en derecho sanitario determina que todas las personas cuentan a su favor con la garantía constitucional de la protección al derecho a la salud, es decir, constituye un derecho humano fundamental de segunda generación o de naturaleza prestacional.
4.- Que, nuestra garantía constitucional prescrita en el Art 19 Nº 9 de nuestra Carta Fundamental que, asegura a todas las personas el derecho constitucional a la protección de la salud y por tanto el derecho de todos los ciudadanos a recibir una asistencia sanitaria adecuada dista mucho de la realidad, según pudimos ver. Las bases de este derecho (a la protección de la salud) son la igual dignidad y derechos de las personas y el deber del Estado de servir a la persona humana; este derecho está ligado a otros derechos esenciales, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica y a la calidad de vida (considerada en sus aspectos físicos, psicológicos y sociales) . Esta norma impone al Estado la obligación de resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, así como el deber de coordinar y controlar la ejecución las acciones relacionadas con la salud; luego consagra el derecho a elegir el sistema de salud, sea este público o privado, en el marco del estado subsidiario y de una política neoliberal. Entones, hemos visto como dicha norma de rango constitucional ordena a los poderes públicos proteger el libre e igualitario acceso a las acciones relacionadas con la salud, junto con garantizar la ejecución de las acciones de salud y la existencia de diversos mecanismos de atención de la salud de la población. Por ello, el derecho a la protección de la salud involucra conductas activas de parte del Estado y en subsidio de los particulares, tendientes a garantizar la ejecución de las acciones de salud.
5.- En relación directa con la garantía constitucional de la protección del derecho a la salud, nuestra carta fundamental prescribe, asegurando a todas las personas, en su artículo 19º N°s 1°, 2° y 3°, además que: “Elderecho a la vida y a la integridad física y síquica de lapersona”, “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados (…) Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”; “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (…) ”; respectivamente. Cabe señalar que, el Estado de Chile ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que instituye el derecho a la salud, el cual se encuentra vigente y su contenido es imperativo para Chile, según prevé el artículo 5° de nuestra Constitución Política, otro tanto ocurre con la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Por tanto, el precepto relativo al derecho a la salud contenido en dicho pacto es obligatorio para Chile; en este sentido el PIDESC, establece en su artículo 12° que “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”, además obliga a los estados miembros a promover y proteger con “todos los recursos a su alcance y al más alto nivel posible” los derechos que el mismo pacto consagra, de los cuales destacamos el derecho a la salud, comprendiendo, en términos del pacto, la salud física y la mental.
No podemos dejar de mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, constituyendo un derecho esencial de toda persona
6.- Que, estas obligaciones no se agotan en el sólo texto constitucional, sino que éstas sólo constituyen el contenido mínimo del derecho y es la ley, por su jerarquía, es la llamada a desarrollar y completar su contenido; como ocurre con la ley N° 19.966 que, establece un Régimen de Garantías de Salud o la Ley N° 18.469 que, regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, previendo ciertas prestaciones de salud necesarias para mejorar la salud de la población; otra muestra de la labor de desarrollo de la norma constitucional es la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, la cual pretende brindar un marco jurídico para prevenir la obesidad en la población y la Ley N° 20.584 que Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con las Acciones Vinculadas a su Atención en Salud.
7.- Que, antes de la reforma sanitaria AUGE, hoy Garantías Explícitas de Salud (GES) , de la Ley N° 19.966, las normas otrora vigentes que reglamentaban el derecho a la protección de la salud garantizaban la entrega de prestaciones mínimas exclusivamente para salvaguardar la vida de las personas y al igual que la preceptiva actual, se quedaron sin especificar que esta garantía debía comenzar desde el nacimiento o bien señalar su ámbito de aplicación a ciertas prestaciones de salud mínimas, ni en qué situación, ni menos que tendrían carácter universal en su aplicación. En efecto, esto ocurrió con la Ley N° 18.469 que regulaba el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y la ley Nº 19.650, que prohibió la condición de entregar dinero, cheques u otros instrumentos financieros para recibir una atención médica de urgencia. El siguiente paso lógico del procedimiento legislativo es propender a la equidad o a la aplicación de criterios de justicia para avanzar en materia de acceso universal a las prestaciones de salud, sin eliminar aquellos derechos mínimos de las personas, garantizándoles su acceso universal a la salud; en este aspecto la preceptiva actual debe ser mejorada.
8.- Así la ley Nº 20.584 no debió dejar de avanzar, siendo siempre perfectible en lo que su espíritu respecta, considerando un retroceso que no estableciera y garantizara como mínimas ciertas prestaciones de salud. No obstante, debemos reconocer que en algunos aspectos ha sido positiva, ya que fortaleció la legislación previa, unificando criterios en casos de enfermedades terminales, reconoció el derecho a la participación ciudadana en la definición de políticas de salud, establece un marco legal para la tutela ética en los servicios asistenciales y la eliminación del “cheque en garantía” o “en blanco”. Además este cuerpo legal recogió el mandato de diversos pactos, convenios y declaraciones internacionales dictadas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) , tales como: La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) , la Declaración de los Derechos del Niño (1959) , la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) , Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y Convención sobre los Derechos del Niño (1989) .
8.- Que, en este punto es pertinente señalar que el Estado de Chile ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que instituye el derecho a la salud, el cual se encuentra vigente y su contenido es imperativo para Chile, según prevé el artículo 5° de nuestra Constitución Política, otro tanto ocurre con la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Por tanto, el precepto relativo al derecho a la salud contenido en dicho pacto es imperativo en Chile; en este sentido el PIDESC, establece en su artículo 12° que “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”, además obliga a los estados miembros a promover y proteger con “todos los recursos a su alcance y al más alto nivel posible” los derechos que el mismo pacto consagra, de los cuales destacamos el derecho a la salud, comprendiendo, en términos del pacto, la salud física y la mental.
No podemos dejar de mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, constituyendo un derecho esencial de toda persona
9.- Que, visto el marco legal analizado, podemos concluir que la ley ha desarrollado el contenido de la norma constitucional contenida en el artículo 19 N° 9 sobre protección a la salud, la cual cuenta en la actualidad con un contenido más o menos concreto, faltando derechos garantizados mínimos, proporcionado por la leyes analizadas, asegurando a todas las personas residentes en el territorio nacional “independiente de su edad, sexo, educación, etnia, preferencias sexuales o ingreso”, el acceso universal a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar las situaciones de enfermedad, garantizando la cobertura que la cobertura de patologías sea universal sin aplicar criterios economicos para seleccionar a los pacientes que se beneficiaran.
10.- Pero ¿cómo garantizar la igualdad estructural de oportunidades para el ejercicio real del derecho a la salud en Chile hoy?; más aún hoy, en que una medida positiva de la salud pública es la prevención de las enfermedades, de la mano con la asignación y repartición equitativas de los escasos recursos sanitarios en comparación con una creciente o exponencial demanda por salud de la población, donde factores como el aumento en la proyección de la vida sólo viene a reafirmar la necesidad de prevenir. En efecto, la detección temprana de enfermedades es un objetivo médico a nivel global, incluso requerido en el discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, de septiembre del 2011, cuando el Secretario General del organismo, Ban Ki-moon, subrayó que algunas enfermedades graves y de alta mortalidad pueden prevenirse y la falta de prevención constituye una amenaza para el desarrollo. La salud pública chilena está afectada por los mismos males, haciendo crecer la menesterosidad de nuestro sistema sanitario para ofrecer soluciones a las personas con programas y políticas preventivas; el 30% de las muertes relacionadas con cáncer se pueden evitar, según señaló la doctora Laura Itriago, oncóloga de Clínica Las Condes, en una entrevista para un medio de comunicación social; en circunstancias de existir recursos para detectar algunas enfermedades con mayor tasa de mortalidad como lo son los canceres de próstata y de mama.
Una respuesta para la pregunta que nos hemos planteado, consiste en sostener que una de las formas de garantizar el igual acceso a las prestaciones de salud y de manera universal, dado una misma condición de salud o un estado sanitario idéntico, es a través del establecimiento de métodos claros para la determinación de contenidos mínimos en la ley e idealmente en una ley marco de amplias competencias en esta materia, más allá de este umbral que hemos llamado “establecer y garantizar derechos a prestaciones de salud mínimas” y concretar el ya analizado mandato constitucional sobre el derecho a la protección de salud en que los derechos sociales generan para el Estado obligaciones de hacer. Estas obligaciones de hacer, reitero son: la obligación de resguardar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, la protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo, así como el deber de coordinar y controlar la ejecución de dichas acciones relacionadas con la salud.
11.- En este contexto es verdaderamente una conducta que ataca la ética de la profesión médica y del derecho sanitario que nuestra carta magna consagra, limitar, demorar o impedir, la gestión de un profesional capacitado en detectar tempranamente ciertas enfermedades, previniendo las mismas, aplicando las prestaciones de salud adecuadas tendientes a la recuperación del estado de salud, de aliviar a un individuo sufriente o con dolor crónico, de respetar la autonomía de la voluntad de los pacientes o usuarios informados y de contar con la dotación de profesionales de salud, sean profesionales funcionarios o no para atender de una manera integral y holística a los pacientes con una planificación en la obtención de su alta médica. Sobre el dolor crónico de los pacientes o usuarios en aquellos casos cuando no existe un tratamiento destinado a erradicar la causa del dolor y a través de ella el dolor en sí y cuando éste no cumple ninguna finalidad fisiológica, es injustificable que el equipo de salud no dispongan de los medios reconocidos mundialmente para eliminar o atenuar el dolor y todos los efectos que este causa.
13.- Finalmente, los criterios de racionamiento sanitarios utilizados por cada una de las Guías Clínicas en Salud (GES) y su propuesta intrínseca de un racionamiento de los recursos sanitarios (reconociendo que son escasos) a raíz de un análisis económico o de costo beneficios, han creado mayores injusticas en materia de salud; ya sea siguiendo criterios como el tipo de prestador, público o privado; de las características de los pacientes, como su nivel socio económico, su género, el rango etario, su condición de salud general, etc.; es decir que, en general no se fundan en principios de equidad, responsabilidad y eficiencia propios del mandato constitucional del art. 19 N° 9 de nuestra magna que prescribe la garantía universal de la protección del derecho de la salud; este es el yerro que con este ley quiero salvar, ya que los criterios propios de la economía aplicados a la salud han disminuido considerablemente el número de pacientes que podrían ser atendidas recibiendo las prestaciones de salud. En efecto, se ha recurrido a criterios de exclusión o limitación en el acceso relacionados con la edad del paciente o su lugar de residencia, posibilidad de mejora o rehabilitación, son estos criterios de exclusión los que vulneran el principio de igualdad y la garantía de acceso universal.
III. IDEAS MATRICES.
Centrarnos en los mecanismos para establecer prestaciones de salud en carácter de mínimos garantizadas. Por lo antedicho, el derecho a la protección de la salud ha de comprender las medidas preventivas de enfermedades desde el momento del nacimiento y por toda la vida de las personas; buscamos con ello entregar soluciones plausibles a los problemas de adjudicación de recursos escasos en derecho sanitario, garantizando un cierto estándar mínimo para los ciudadanos; estándar que debe, evidentemente, incluir un mínimo sanitario, que cubra las necesidades básicas de los ciudadanos, garantizando a todas las personas los medios adecuados de uso universal, es decir, un “mínimo social” suficiente para hacer realidad el ejercicio de las libertades y derechos, a partir del establecimiento de prestaciones sanitarias mínimas.
Alcance de las Normas del presente proyecto de ley: Estas normas se han de aplicar en virtud del ejercicio de la potestad reglamentaria, que podrá velar para su aplicación, garantizando el Estado un mínimo de prestaciones de salud a las que tendrá derecho desde que se nazca y a lo largo de la vida. Pudiendo al efecto el Ministerio de Salud, por la vía reglamentaria ampliar el espectro del programa nacional de detección temprana, prevención y atención universal a los pacientes afectados por enfermedades o patologías GES o bien cubiertas por el AUGE.
POR TODO LO ANTERIOR, es que los Diputados firmantes vienen en proponer a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.584 QUE REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN DE SALUD, A FIN DE ESTABLECER Y GARANTIZAR DERECHOS A PRESTACIONES DE SALUD MÍNIMAS
Artículo Único: Modifíquese la Ley N ° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, en el siguiente sentido:
1°.- Agréguese al inciso primero, del artículo nº 1, de la ley que se reforma, Nº 20.584, a continuación de la expresión “atención de salud” y del punto, que pasaría a ser punto seguido; la siguiente expresión:
“A fin de mejorar la protección de la dignidad, los derechos humanos y en especial la protección al derecho a la salud de todos los pacientes en general, los adultos mayores, las personas con discapacidad psíquica o intelectual, los plenamente capaces y los niños y niñas y adolescentes”.
2º.- Agréguese al artículo 1° de la ley que se reforma, a continuación del inciso segundo, seguidamente de la expresión “atenciones de salud” y del punto que pasa a ser punto a parte; un nuevo inciso tercero del tenor que sigue:
Principios básicos de esta ley.
1. La dignidad de la persona humana, los derechos humanos y el derecho a la protección de la salud orientarán toda la actividad encaminada a obtener y ejecutar las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, así como para la utilización, archivo, custodia y transmisión de la información y documentación de la ficha clínica y del alta médica.
2. Se reconoce el derecho de todos los pacientes o usuarios a no ser sometidos a tratos crueles o inhumanos o recibir un infratratamiento según los recursos actuales del prestador o del equipo médico, en el contexto de una atención médica o en la recepción de las prestaciones de salud en el ámbito público y privado de la salud. Es una negligencia tratar cruel e inhumanamente a un paciente cualquiera sea su condición y/o minoría, así como no permitir el acceso a los medicamentos esenciales para el alivio o manejo del dolor; salvo la manifestación de voluntad negativa de los pacientes o usuarios del artículo 14 de esta ley.
3. Toda actuación en el ámbito de las acciones en atención de salud requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento debe obtenerse después de que el paciente reciba la información establecida en el párrafo sexto del título primero de esta ley y se prestará en la forma allí prescrita.
4. Todos los pacientes o usuarios tienen derecho a decidir libremente, después de recibir la información referida en el numeral anterior, entre las opciones de prestaciones de salud u opciones clínicas disponibles o a negarse a recibir tratamiento, oralmente o por escrito, según los artículo 14, 15 y 16 de esta ley y se será adosado a su ficha clínica y al alta médica, en su caso.
5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de informar a los prestadores de salud o al equipo de salud que los atiendan los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera honesta y verdadera, así como el deber de colaborar en la obtención de esta información.
6. Todos los pacientes o usuarios de las prestaciones de salud, tienen derecho a ser creídos y reconocidas sus manifestaciones y vivencias de enfermedad y dolor por parte de los prestadores e instituciones y los miembros de los equipos médicos que los atiendan.
7. Se reconoce que el dolor es una experiencia personal y que tiene una gran variabilidad de respuestas o manifestaciones, según la persona o paciente y las distintas situaciones que causan dolor.
8. Se reconoce a todos los pacientes o usuarios que podrán contar con el derecho mínimo garantizado a recibir una atención integral, interdisciplinaria u holística, humanizada, así como los tratamientos o intervenciones con base en la mejor evidencia científica según los avances en salud mental, lo menor restrictiva posible de las libertades individuales que esos avances científicos aconsejen y con las sesiones prolongados por los periodos que aseguren su rehabilitación, sanamiento o cura o una mejora en sus calidades de vida en comparación al inicio de los terapias dichas.
9. Todo prestador institucional, los miembros de los equipos de salud que atiendan a los pacientes o usuarios y las personas que elaboren o tenga acceso a la información y la documentación de la ficha clínica, están obligados a la correcta prestación o aplicación de sus técnicas o arte, al cumplimiento de los deberes de información, de documentación y actualización de la ficha clínica, al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por los pacientes y usuarios y a guardar la reserva prescrita en la ley.
3°.- Agréguese el siguiente artículo 5° Bis, a continuación del artículo 5° de la ley que se modifica, del tenor que sigue:
Artículo 5° bis.- En su atención de salud, el Estado podrá garantizar y proveerá a lo menos el derecho de los pacientes o usuarios a ciertas prestaciones de salud mínimas garantizadas:
a) El derecho a ser atendidos por profesionales sanitarios, sean profesionales funcionarios o no, que tengan la debida formación y experiencia en la evaluación y tratamiento del dolor o ser derivados al profesional adecuado.
b) El derecho a una evaluación y tratamientos o prestaciones de salud adecuadas al dolor que sufra el paciente o usuario.
c) El derecho a que se registren periódicamente en su ficha clínica los resultados de las evaluaciones de los pacientes o usuarios, para actualizar el tratamiento y a los miembros de los equipos de salud que los atiendan, así como obtener el alivio eficaz y permanente del dolor o enfermedad que los afecte.
d) Todo niño recién nacido podrá contar con el derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesitare, para lo cual podrá contar con la realización de los estudios o exámenes que permitan la detección de la sordera al nacer, conforme al avance de la ciencia y la tecnología para la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del primer año de vida.
e) Todo paciente o usuario adulto mayor, podrá contar con la garantía de que el equipo de salud que lo atienda concretará los mayores esfuerzos para crear una relación de confianza, que permita determinar, entre otras circunstancias: Una evaluación y tratamiento médico por los daños producidos por el posible abuso y/o abandono; intentar establecer o mantener una relación terapéutica con la familia del paciente y propender a que el equipo de salud que lo atienda sea multidisciplinario de tratantes de las profesiones médica, servicio social, salud mental y legal, cada vez que sea posible.
f) Todo paciente o usuario podrá contar con la garantía de efectuarse a partir de los 40 años de edad los exámenes de mama, las mujeres y de próstata los hombres, una vez al año; en el sistema de problemas de salud GES.
4°.- Agréguese al final del inciso primero del artículo 6° de la ley de referencia, a continuación de la expresión “clínica” y del punto aparte, que por esta reforma pasa a ser punto seguido; la expresión que sigue:
Se reconoce el rol fundamental de los pacientes o usuarios y sus familiares y cercanos a la hora de ayudar al equipo de salud a establecer los padecimientos, dolencias o enfermedades que los estén afectado, en la aplicación de los tratamientos y en el cumplimiento de sus objetivos al recibir el alta médica.
5°.- Agréguese al final del inciso primero del artículo 11° de la ley de referencia, una nueva letra e) a continuación de la letra d) de dicha norma, la expresión que sigue:
e) Educación sobre las alternativas existentes para un tratamiento adecuado de su enfermedad o dolencia y del dolor que esté padeciendo, las familias o personas cercanas también tienen derecho a recibir esta educación.
6°.- Agréguese al final del inciso segundo del artículo 12° de la ley de referencia, unos nuevos incisos tercero y cuarto, a continuación de la expresión “19.628” y del punto a parte, del tenor que sigue:
La ficha clínica incluirá a lo menos los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente o usuario a lo largo del proceso de aplicación de las prestaciones médicas, aquellos datos que permiten adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Además contendrá el Informe de alta médica, cuando el paciente o usuario reciba el alta.
El informe de alta médica es el documento emitido por el médico responsable del equipo de salud al finalizar cada proceso te atención o de prestación de salud de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, las prestaciones de salud o tratamientos prestados, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.
7º Modificación al artículo 10º de la ley en estudio:
Sustitúyase íntegramente el actual inciso segundo del artículo 10º de la ley en estudio por un nuevo inciso segundo, que se señalara a continuación y además agrégase un nuevo inciso tercero, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente.
“El titular del derecho a la información es el paciente, además serán informados, los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil en el orden y preferencia allí descritas, el apoderado o representante legal que se haya designado y otras personas relacionadas con el paciente por razones de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Cuando la condición del paciente, a criterio del médico tratante y de otros dos profesionales de la salud técnicamente calificados, según el cuadro clínico respectivo, que sirvan en el mismo recinto hospitalario, no le permitan recibir la información directamente o carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico o se encuentre con alteración de conciencia, la información a que se refiere el inciso primero será dada a los parientes y personas en la forma aquí prescrita. Una vez que el paciente haya recuperado la conciencia y la capacidad de comprender, el médico tratante u otro profesional tratante deberá entregarle la información referido en el inciso anterior.
En caso de pacientes con discapacidad de origen auditivo y/o visual el médico tratante deberá proporcionar la información referida en el inciso primero directamente a estos pacientes por vía de mecanismos de comunicación diversa a la oral, como el lenguaje de señas, por medio de la escritura, lectura de braille u otros mecanismos actuales de comunicaciones con estas personas y del mismo modo prescrito en el inciso precedente a los parientes y personas ya referidos; en caso de pacientes con discapacidad de origen mental el médico tratante formará su convicción acerca de la condición de la persona para recibir directamente la referida información, consultando a otros dos profesionales de la salud técnicamente calificados, según el cuadro clínico respectivo, que sirvan en el mismo recinto hospitalario, a fin de comunicar la información referida a la brevedad o al siguiente turno a más tardar a estos pacientes o sólo a los parientes y personas ya referidos.
8º.- Modificación al artículo 16 de la ley en estudio.
Agréguese en el inciso primero del art.16 de la ley en estudio, a continuación de la expresión “su vida”y antes de la coma, la siguiente frase: “o de los métodos extraordinarios de tratamiento”
Para agregar a continuación de la expresión “el rechazo”, la expresión “o suspensión”
9º.- Modificación al artículo 17º de la ley en estudio:
Elimínense del inciso primero del artículo 17º de la ley en estudio, a continuación de la frase “tenga dudas”, la expresión “acerca de la competencia de la persona” y luego de la frase “decisión manifestada por”, sustitúyase la expresión “ésta” por la siguiente expresión “el paciente”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES AUTH, ALVARADO, CASTRO, CHÁVEZ, FARCAS, LORENZINI; NÚÑEZ, DON DANIEL; POBLETE, ROCAFULL Y SOTO, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.496, QUE ESTABLECE NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, EN MATERIA DE SANCIONES Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRACCIONES A LA LEY, Y EN LAS REGLAS APLICABLES A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES". (BOLETÍN N° 11061-03)
“Honorable Cámara:
La Ley 19.496 de 1997, o “Ley del Consumidor” desde su entrada en vigor ha sido reformada en diversas ocasiones siendo los cambios más relevantes a nuestro juicio aquellos introducidos por la ley 19.955 del año 2004 que modificó los artículos que regulan el procedimiento aplicable a los juicios para el resguardo de los derechos individuales y que incluyó por primera vez un sistema para defender el interés colectivo o difuso de miles de consumidores no agrupados, que en el anterior sistema estaban condenados a observar impávidos como se cometían infracciones por parte de las empresas sin que existiese un justo resarcimiento ya que los costos de demandar eran muy altos en relación al beneficio obtenido.
Sin embargo, la Ley recién cumple 20 años y a pesar de las mejoras introducidas en diversas reformas con el correr del tiempo sigue evidenciado falencias que impiden que los principios y objetivos que inspiran su tramitación se vean realizados completamente. Este objetivo se trata principalmente de disminuir la asimetría de poder que existe entre los grandes proveedores y el consumidor final o tal como señaló el mensaje del presidente Patricio Aylwin del año 1991, “cautelar en forma especial los intereses de los grupos o sectores no organizados, entre los que se cuentan los consumidores (…) de modo de impedir eventuales abusos que se deriven de la carencia de un ordenamiento jurídico adecuado”
Pues bien, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se despachó un mensaje para modificar la Ley del Consumidor y que tiene por objetivo principal transformar el rol del SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) órgano estatal encargado de la velar por la protección de los consumidores, dotándolo de diversos mecanismos de control, de fiscalización y resolutivos, junto con aumentar su planta de personal y entregarle nuevas competencias que lo convertirán en un órgano de importante trascendencia en nuestro ordenamiento legal.
Este cambio está en camino de transformarse en el perfeccionamiento más radical e importante desde la entrada en vigencia de la Ley el año 97 y esperamos que permita a las personas resolver de manera más expedita y fácil los conflictos que se susciten en las relaciones jurídicas de consumo y por lo tanto nos haga más fácil el a veces duro camino para defender los derechos de las personas que se enfrentan ante empresas que a diferencia de ellos, cuentan con la debida asesoría legal y los medios económicos para poder solventar un proceso.
No obstante, junto con los temas procedimentales y administrativos también se discuten en el proyecto del ejecutivo aspectos de fondo que implican un mejoramiento y perfección en el catálogo de derechos para los consumidores. Estos cambios de fondo tienen la particularidad de desatar un consenso transversal en las diferentes bancadas parlamentarias, en efecto, previamente habían sido presentado proyectos que recogían tales ideas, por ejemplo sobre el aumento el plazo de prescripción, el aumento de las multas o la determinación sobre que fallos serán inapelables
Por esa razón, a pesar de lo positivo de las iniciativas contenidas en el proyecto se está evidenciando un problema conceptual que tiene su presentación y es que creemos que es efectivo que la modificación del rol del SERNAC es positiva, el catálogo de derechos que tiene un consumidor en el actual sistema no tiene por qué estar sujeto a la discusión sobre las competencias y facultades de un organismo público.
Estos temas que dicen relación con el catálogo de derechos y deberes que tiene un consumidor final es lo que se ha denominado en el transcurso de la discusión como los aspectos sustantivos del proyecto y nosotros creemos que por ser de una naturaleza distinta la discusión sobre estos temas puede correr en un carril paralelo, más expedito, pues los consumidores no pueden seguir esperando que el perfeccionamiento del sistema de derechos y obligaciones esté condicionado al aumento de las facultades del SERNAC.
De esa forma lo que hemos querido realizar por medio de este proyecto es una recopilación de diversos temas de fondo que nos parecen relevantes de ser incorporados al sistema de manera que cuando avance la discusión procedimental sobre el rol del Estado en la defensa de las personas, las herramientas de las que dispongamos para aplicar tales facultades serán mayores, así como será mayor el haz de derechos con el que cuenta el consumidor, haciendo el acceso a la justicia mucho más eficiente pues nada obtenemos si mejora la institución y mejora el procedimiento pero no entregamos más derechos a las personas.
Por lo tanto lo que proponemos discutir en el proyecto son los siguientes aspectos:
1.-Aumentar las multas que pueden ser aplicadas a las empresas y graduarlas dependiendo de su importancia social.
Nos parece adecuado aumentar el monto de las Multas y a su vez le entregar una mayor discrecionalidad al sentenciador, señalando que deberá definir en base a ciertos criterios como la relevancia social, la cantidad de personas afectadas así como perjuicio ocasionado.
2.- Aumentar el plazos que tiene el consumidor para presentar las acciones.
Los plazos para ejercer las acciones que la ley entrega hoy son excesivamente exiguos, en efecto, el plazo de seis meses establecido en el actual artículo 26º resulta insuficiente no solo para las demandas individuales sino por sobre todo para las demandas colectivas donde está en juego el interés de muchas personas y en ese sentido proponemos la modificación de la frase seis meses por dos años para el caso de demandas individuales y cuatro años para demandas colectivas.
3.-Aumentar la cantidad de fallos Inapelables:
Las actuales 10 UTM de los fallos inapelables que establece la Ley son una cifra que sólo se aproxima a los costos que tendría hacerse asesorar por un abogado conforme al valor del mercado y por ello constituye un desincentivo al consumidor para que éste persevere en el procedimiento. Por lo tanto consideramos razonable una cifra de al menos 25 UTM tal como se encuentra propuesto en el proyecto comentado.
4.-Endurecer el control y las sanciones a la publicidad engañosa
Consideramos que se debe facultar al tribunal para determinar la suspensión de las emisiones publicitarias si se determina por el juez que caen en la publicidad engañosa y cuando la gravedad de los hechos lo amerite consideramos que incluso pueda ordenar medidas destinadas a disminuir eventuales perjuicios de personas que pudiesen verse afectadas así como ordenar que se realice a costa del infractor publicidad destinada a corregir la información engañosa entregada.
5.- Sancionar la Reincidencia
Proponemos que cuando el tribunal en su sentencia declare que la infracción ha producido un riesgo elevado para los consumidores, podrá aumentar en el 25% la multa determinada en la sentencia.
6.- Se elimina la inhabilidad para ser testigo para el propio consumidor afectado.
Esta inhabilidad impedía en muchos casos al consumidor poder acreditar la infracción y debemos por lo tanto reconocer la asimetría existente durante el proceso. De hecho en muchos casos de demanda colectiva costaba encontrar testigos ya que todos los afectados eran los miles de clientes de una compañía que no podían declarar en juicio por que serían tachados lo cual es absurdo si consideramos que precisamente el objetivo de tener una regulación especial en materia de consumo es reconocer que existe una asimetría entre las partes y por lo tanto las normas de derecho común relativas a las tachas no pueden ser aplicables.
7.- Invertir la carga de la prueba en beneficio del consumidor.
En virtud de la misma asimetría señalada precedentemente se propone que el juez competente pueda distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria para cada parte del litigio.
8.- Permitir como medida precautoria el cese del cobro de lo adeudado.
Se propone incorporar una medida precautoria excepcional por la cual una vez decretada la admisibilidad de una demanda, el cobro que realiza la empresa proveedora en aquella materia que sea objeto del juicio, podrá ser suspendido por el juez hasta la sentencia definitiva, es decir, podrá evitarse que los consumidores tengan que pagar las deudas que mantienen en disputa mientras no se resuelva sobre la culpabilidad del proveedor en una infracción a la ley del consumidor.
9.- Aspectos Positivos Para la Institucionalidad de las ADCs
En el marco de la discusión del proyecto de ley se evidenciaron también algunos aspectos relativos a las Asociaciones de Consumidores que nos parecen positivos de rescatar pues estos organismos han demostrado ser importantes agentes en el sistema de protección a los consumidores y por lo mismo nos parece relevante que su institucionalidad pueda ser perfeccionada a fin que en futuro tengan asegurado un rol que les permita seguir contribuyendo a la defensa de las personas.
•a.- Que pasan a ser instituciones de interés público reguladas por la Ley 20.500 en lugar del especial marco actual, en la cual son asimiladas a las asociaciones gremiales.
•b.-Los remanentes no transferidos ni reclamados provenientes de soluciones alcanzadas a través de mediaciones o por juicios colectivos pasaran al fondo concursable, ya que hoy, son muchos los remanentes que quedan porque los consumidores no se acercan a cobrarlos lo cual permite que la empresa infractora disminuya los costos de las indemnizaciones que legalmente debe pagar lo cual no parece justo, ya que si se tienen esos excedentes estos deberían ser invertido en aquello que puede contribuir a mejorar el sistema.
•c.- Que puedan ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y mercantiles para cumplir sus objetivos, y destinar los frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus actividades propias así como realizar cualquier otra actividad destinada a proteger, informar y educar a los consumidores.
•d.- Por último permitir que los representantes legales, socios y directores puedan recibir remuneración cuando cumplan funciones destinadas a cumplir con los objetivos de la asociación de consumidores.
Todos estos aspectos nos parecen especialmente relevantes y por esa razón es que venimos en proponer a esta H. Cámara el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores
1.- Reemplázase en el inciso segundo del artículo 23, la frase “cien a trescientas” por “100 a 3.000”.
2.- Modificase el artículo 24 en el siguiente sentido:
a) En el inciso primero, reemplázase el guarismo “50” por “300”.
b) En el inciso segundo, reemplázanse los guarismos “750” y “1.000” por “1.500” y “3.000”, respectivamente.
c) Reemplázase el inciso final por los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:
“Para la aplicación de las multas señaladas en esta ley, así como de las medidas que se adopten para prevenir y, o corregir la infracción cometida el tribunal deberán considerar especialmente la cuantía de lo disputado, los parámetros objetivos que definan el deber de profesionalidad del proveedor, el grado de asimetría de información existente entre el infractor y la víctima, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, la gravedad del daño causado, la cantidad de infracciones cometidas por parte del proveedor, el riesgo a que quedó expuesta la víctima o la comunidad, la calidad de reincidente del infractor, su situación económica, su pertenencia a alguna de las categorías a las que se refiere el inciso segundo del Artículo Segundo de la ley N°20.416. Asimismo, se podrá excepcionalmente autorizar el pago parcializado de la multa, hasta en seis cuotas, cuando el infractor acredite por medios fehacientes la imposibili--ldad económica para proveer a dicho pago de una sola vez.
Adicionalmente, tratándose de infracciones que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, el tribunal graduará las multas de acuerdo al número de consumidores afectados, pudiendo aplicar una multa por cada uno de ellos, tomando en consideración la naturaleza de la infracción. Las multas que se impusieren podrán alcanzar como máximo el 30% de las ventas obtenidas por el infractor durante el período en que la infracción se haya prolongado o el doble del beneficio económico obtenido como resultado de la infracción.
3.- Modificase el artículo 26 en el siguiente sentido:
a) En el inciso primero, reemplázanse las palabras “seis meses” por la expresión “dos años”.
b) En el inciso primero, reemplázase la frase “se haya incurrido en” por “haya cesado”.
c) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “Con todo, las acciones civiles prescribirán conforme a las normas establecidas en el Código Civil o leyes especiales.”
4.- Modifíquese el artículo 50 G de la siguiente forma:
Reemplazase el guarismo 10 por el guarismo 25.
5.- Reemplazase el artículo 31 por el siguiente:
“Artículo 31.- En las denuncias que se formulen por publicidad falsa, el tribunal competente, de oficio o previa solicitud del Servicio o del particular afectado, podrá disponer la suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten. Podrá, asimismo, exigir al anunciante que, a su propia costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades, dentro del plazo fatal de diez días hábiles.
Previo a que el tribunal competente, actuando de oficio o a petición de parte interesada o del Servicio, aplique la suspensión de una publicidad por ser denunciada esta como falsa, tendrá el denunciado la oportunidad para hacer valer sus alegaciones en una audiencia citada para tal efecto, dentro de tercero día.
En caso de que el denunciado no concurra a dicha audiencia y el tribunal acogiere la denuncia, la resolución que así lo determine será inapelable y se notificará por el estado diario. Si el tribunal la acogiere habiendo concurrido el denunciado a la audiencia, la resolución que así lo determine será apelable en el solo efecto devolutivo y se notificará de la misma forma.”
6.- Modifícase el artículo 53 C en el siguiente sentido:
a) Agrégase en el literal c) , a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “En aquellos casos de reincidencia conforme al inciso tercero del artículo 24, y cuando el tribunal en su sentencia declare que la infracción ha producido un riesgo elevado para los consumidores, podrá aumentar en el 25% la indemnización determinada en la sentencia.”.
b) Agrégase el siguiente inciso final:
“Los recursos que se dedujeren en contra de la sentencia definitiva gozarán de preferencia para su vista y fallo.
7.- Agregase los siguientes incisos finales al artículo 50 C
“En el procedimiento señalado previamente no será admisible la reconvención del proveedor demandado y las excepciones que se hayan opuesto se tramitarán conjuntamente y se fallarán en la sentencia definitiva.
En la audiencia señalada previamente el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes en el litigio, lo que comunicará a ellas para que asuman las consecuencias que les pueda generar la ausencia o insuficiencia de material probatorio que hayan debido aportar o el no rendir la prueba correspondiente de que dispongan en su poder. Para efectos de rendir la prueba ordenada conforme a este inciso, el juez citará a una nueva audiencia con ese único fin, la que deberá ser citada a la brevedad posible”
8.- Agréguese el siguiente numeral 10 al artículo 51:
“10.-El tribunal por resolución fundada podrá decretar como medida precautoria que mientras dure el procedimiento se interrumpa el cobro de las deudas que los consumidores tengan con la parte demandada, en aquellos casos en que estas deudas o su monto fuesen objeto de disputa”
9.- Reemplázase el artículo 6º de la siguiente manera que a continuación se propone:
“Las asociaciones de consumidores serán organizaciones de interés público regidas por la Ley 20.500 y por lo dispuesto en esta Ley.”
10.- Modifícase el artículo 8° en el siguiente sentido:
a) Reemplázase en el encabezado, la frase “solo podrán ejercer las siguientes funciones” por “podrán realizar las siguientes actividades”.
b) Agrégase el siguiente literal g)
“g) Ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y mercantiles para cumplir sus objetivos, y destinar los frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus actividades propias;”.
c) Agrégase el siguiente literal f) :
“h) Realizar cualquier otra actividad destinada a proteger, informar y educar a los consumidores.
11.- Modifícase el artículo 9° en el siguiente sentido:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Repartir excedentes, utilidades o beneficios pecuniarios de sus actividades entre sus miembros fundadores, directores, socios, personas relacionadas con los anteriores de conformidad con el artículo 100 de la ley N°18.045, o trabajadores, sin perjuicio de las gratificaciones legales que le correspondan. Los ingresos que obtengan con sus actividades servirán exclusivamente para su financiamiento, desarrollo institucional, investigación, estudios o para el apoyo de sus objetivos;
Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la remuneración de sus trabajadores y de la facultad del directorio para fijar una retribución su representante legal, a sus miembros fundadores, socios o personas relacionados con los anteriores de conformidad con el artículo 100 de la Ley 18045 por los servicios que prestaren a la asociación. Asimismo, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a ser reembolsadas de los gastos autorizados por el directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de sus funciones. “.
b) Intercálase la siguiente letra e) , nueva, pasando la actual letra e) a ser letra f) :
“e) Constituirse u operar con la principal finalidad de redistribuir sus fondos a sus miembros fundadores, directores, socios o personas relacionadas con los anteriores en los términos del artículo 100 de la ley N°18.045.”.
12.- Modificase el artículo 54 agregando el siguiente literal H)
H) En el caso de saldos por indemnizaciones que no hubiesen sido cobrados por los consumidores en el transcurso de un año desde que se hicieron exigibles, estos se destinaran al Fondo Concursable al que se refiere el artículo 11 bis.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y CARVAJAL, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, ARRIAGADA, FLORES, HASBÚN, JARPA, MEZA, RINCÓN Y ROBLES, QUE “MODIFICA LA LEY N°18.700, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS, PARA ESTABLECER LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y LA ADICCIÓN A LAS DROGAS, SEGÚN PROCEDIMIENTO QUE DETERMINA”. (BOLETÍN N° 11062-06)
“Considerando
El consumo de alcohol y drogas ha ido en constante aumento dentro de los distintos sectores de la población chilena. Dicho consumo es especialmente problemático, en la población laboral activa, ya que acarrea los problemas asociados al alcohol al mundo laboral. Sin perjuicio de esto, el Código del Trabajo no hace ninguna referencia directa al consumo de alcohol o drogas durante la jornada laboral, ni tampoco establece un mecanismo de control al respecto.
“Cabe señalar que ni el consumo de alcohol dentro de la empresa ni la prestación de servicios bajo su influencia han sido considerados como causa de término del contrato de trabajo. De esta manera, careciendo la Dirección del Trabajo de competencia para calificar si determinados hechos configuran una causal de término de contrato, como asimismo, para establecer la causal de término de la relación laboral que debería invocarse cuando concurren determinadas circunstancias, corresponde al empleador estimar si tal conducta importa o no una falta que amerite el despido del trabajador. Con todo, el legislador obliga al empleador que pone término a un contrato de trabajo a invocar una o más de las causales que se especifican en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo y notificarla por escrito al trabajador, con copia a la Inspección del Trabajo, con las formalidades y dentro de los plazos que se establecen en el artículo 162 del referido Código. No obstante lo anterior, si el trabajador considera indebido, improcedente o injustificado el despido tiene derecho a reclamar a los Tribunales de Justicia para que un juez así lo declare.” [1]
Sin embargo, desde 1994, el SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) realiza cada 2 años un estudio sobre la población general y escolar sobre el consumo de drogas y alcohol.
Así y todo el consumo de drogas en nuestro país resulta ser una situación más que preocupante, tal como lo señalan estudios realizados por el SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) perteneciente al Ministerio del Interior, que dan como resultados que a lo menos el 27% de la población que trabaja activamente consume habitualmente drogas, mientras que un 13% de ella, que si bien declara no consumir drogas o sustancias alucinógenas en general, manifiesta estar dispuesta a “probarlas”. Esta situación demuestra que subsiste un “germen” o motivación en cierta parte de la población por querer consumir estas sustancias, restándole toda seriedad a las consecuencias que de ellas se derivan.
A nivel mundial, se calcula que en 2012 entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3,5% al 7,0% de la población de entre 15 y 64 años de edad, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita, principalmente sustancias del grupo de la cannabis, los opióides (en términos generales, medicamentos que alivian el dolor) , la cocaína o los estimulantes de tipo anfetamínico.
En nuestro país la discusión jurídica sobre el uso de estas sustancias y la forma de regular el mismo, data desde el año 1968, año en que Chile ratifica “La Convención de Única de Estupefacientes del año 1961”, plasmando ello en la Ley 20.000 del año 2005, la cual recoge los principales postulado de dicha declaración, así como también un catálogo de sustancias químicas controladas.
A nivel de empresas privadas la mayor pesquisa de drogas en el trabajo se encuentra en la industria minera. Un ejemplo de ello es que entre el año 2012 y 2013 la empresa Altamira Consultores realizo cerca de 10.000 evaluaciones, en la ciudad de Copiapó, en la pesquisa de drogas de abuso, en personas entre 19 y 65 años que se desempeñan en sectores el minero, agrícola, comercio, transportes, industria y servicios. Arrojando los siguientes resultados:
Servicio Público
Se desprende de lo anterior que existe la necesidad que nuestros gobernantes y dirigentes políticos más importantes se encuentren en condiciones de salud aptas para el fiel y correcto desempeño de sus funciones. Así las cosas, y bajo esta premisa un aspecto plenamente concordante con la transparencia que los ciudadanos reclaman a nuestras autoridades políticas, es que estas se encuentren en un estado óptimo que les permita cumplir su función en forma eficiente.
Es así que la presente moción promueve la idea que ante cualquier anomalía que afecte a quienes desempeñan cargos de elección popular en relación al consumo de alcohol y drogas y que impida el desarrollo normal del cargo, sea debidamente conocida por la ciudadanía.
Esta regulación debe permitir métodos de control de drogas no invasivos. Que, por un lado, no descuiden la eficacia del control y, por otro, no menoscaben al trabajador o a las autoridades en su dignidad.
Como una medida en concreto se pretende someter a un control médico continuo, que permita la detección del consumo de sustancias como alcohol y drogas por parte de trabajadores cuyos puestos de trabajo tenga bajo su responsabilidad la vida o integridad de otros y también de nuestras autoridades. Así, consecuentemente podemos garantizar que ellos y ellas posean las aptitudes necesarias para desempeñar su cargo, promoviendo a su vez que los cargos de elección popular sean dignos ejemplos de esmero y dedicación al servicio público con los más altos estándares éticos.
Ha habido numerosas iniciativas previas cuyo objetivo es identificar a los funcionarios públicos que realizan consumo habitual de drogas ilegales y también legales, como el alcohol o estupefacientes. Por otro lado, la legislación laboral vigente permite a los empleadores privados hacer controles aleatorios, aunque no existe un reglamento respecto de ello, de la misma manera la ley de transito establece una declaración jurada del postulante a carnet de conducir, en la que se afirme que no consume drogas ilícitas. El mismo certificado debe ser presentado ante el SERVEL por los candidatos a cualquier cargo de elección popular.
A juicio de quienes suscriben este proyecto de ley, lo ,anterior es inequitativo, por lo que debería existir un mecanismo universal para asegurar que los ciudadanos cuyo desempeño bajo la influencia de las drogas ilícitas pueda poner en riesgo a otros, directa o indirectamente, con consecuencias físicas, sociales o legales, deba someterse a un procedimiento universal y regulado, y en caso de comprobarse esta condición de riesgo, necesariamente existan canales de derivación a tratamiento y facilidades por parte del empleador respecto del cumplimiento de estos programas de intervención.
PROYECTO DE LEY
Artículo Único: Agréguese el siguiente Título, con sus Párrafos y Artículos correspondientes, a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700 Sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
“Título XIV DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL CONSUMO DE DROGAS Y EL EJERCICIO DEL CARGO DE AUTORIDAD DE REPRESENTACIÓN POPULAR.
Párrafo 1°
Disposiciones Generales
Artículo 223: El consumo de sustancias, y de drogas estupefacientes o sicotrópicas, que causen dependencia física o psicológica de autoridades de representación popular será incompatible con el ejercicio del cargo.
Artículo 224: La información referente al uso, dependencia o abuso de cualquier sustancia examinada por parte de alguna de las autoridades, deberá ponerse en público conocimiento del TRICEL, y/o de la autoridad correspondiente, para ejecutar la medida dispuesta en el artículo 228.
La utilización de información descrita en el inciso anterior, deberá siempre consistir en el nombre de la autoridad, cargo que ostenta y la dependencia, uso o abuso detectado calificándolo de leve, moderado, grave o muy grave. En ningún caso dicha información podrá extenderse a otros aspectos o a cualquier información personal o sensible de la autoridad en ejercicio.
Párrafo 2°
Del Examen Obligatorio
Artículo 225: Las autoridades de representación popular como Presidente de la República, Senadores, Diputados, Consejeros Regionales, Alcalde, y demás autoridades contenidas en las Leyes N° 19.175, N° 18.695, o demás leyes especiales, deberán someterse a un examen obligatorio de dependencia a sustancias y de drogas estupefacientes o sicotrópicas a que alude el artículo siguiente.
Artículo 226: Las autoridades señaladas en el artículo precedente, deberán someterse a un examen obligatorio de drogas estupefacientes o sicotrópicas, que tendrá las siguientes características:
1) Se realizará una vez antes de asumir el cargo, y luego, en marzo de cada año mientras dure en el ejercicio de sus funciones.
2) El método de ejecución del examen responderá al procedimiento estándar que llevan a cabo las instituciones de salud pública para la realización de exámenes de drogas.
3) El resultado del examen deberá indicar si es que existe o no dependencia al consumo de drogas señaladas en el numeral siguiente, y el nivel de adicción a las mismas.
4) Se considerarán sustancias a examinar aquellas que pertenezcan a la lista 1 del Régimen General del Convenio Internacional de los estupefacientes sometidos a fiscalización internacional;
5) Toda documentación que entregue información sobre el proceso que se lleva a cabo se encontrará íntegramente redactada en idioma español;
6) El examen en cuestión, en todos sus aspectos, será idóneo, necesario, y proporcional a los fines de la presente ley.
Artículo 227: Las personas que ocupen cargos de jefatura, de dirección, o cargos de exclusiva confianza de las autoridades a las que alude el artículo anterior, deberán someterse también el examen señalado en dicho artículo.
Párrafo 3
De La Inhabilidad Sobreviniente
Artículo 228: Aquellas autoridades de elección popular que presenten adicción a las sustancias señaladas en el numeral 2° del artículo 226 sin justificación médica por obedecer al tratamiento de alguna enfermedad, perderán su cargo en virtud de una inhabilidad sobreviniente.”
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MIROSEVIC, ALVARADO, ARRIAGADA Y SOTO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°211, DE 1973, QUE FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, CON EL OBJETO DE EXTENDER LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PERSECUTORIAS DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBRE COMPETENCIA”. (BOLETÍN N° 11063-07)
Considerando:
1.- La Fiscalía Nacional Económica es el órgano encargado de representar el interés general de la colectividad en materia económica. A ella se le ha encomendado la función de investigar la conductas que tiendan a impedir, eliminar, restringir o entorpecer la competencia, y cuando lo estime pertinente, someter el resultado de sus investigaciones al conocimiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a fin de que este, adopte las medidas o sanciones adecuadas para evitar, reparar los efectos anticompetitivos de las conductas o hechos investigados.
2.- El ejercicio de la acción destinada a perseguir las conductas atentatorias contra la libre competencia dependen, por una parte, de la investigación llevada a cabo por parte de la FNE (la cual en el caso de colusiones supone estudios especializados de econometría) y, por otra parte, del plazo de prescripción de la acción persecutoria.
2.- En el año 2009, mediante la Ley 20.361 los poderes colegisladores tomaron la decisión de aumentar los plazos de prescripción. El régimen anterior establecía un plazo de sólo 2 años. En aquella oportunidad el entonces Fiscal Nacional Económico solicitó el aumento del plazo de la prescripción con el fin de adecuarlo a las reglas generales [1].
3.- El régimen vigente dispone que la prescripción de la acción para perseguir las conductas atentatorias contra la libre competencia prescriben, por regla general, en el plazo de 3 años y en el plazo de 5 años si la conducta es constitutiva de colusión (Art. 20 inciso tercero y cuarto DFL Nº1 del Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 211 de 1973)
4.- El debido resguardo de la libre competencia requiere de un diseño normativo e institucional adecuado. En este sentido, debe existir una correspondencia entre los recursos materiales y humanos con que cuenta la FNE para poder cumplir con todas las funciones que la ley le atribuye y el plazo de prescripción
En este orden de ideas, es preciso tener en cuenta que la FNE debe cumplir con múltiples e importantes funciones, las cuales dependen de una adecuada dotación de recursos materiales y humanos para ser ejercidas debidamente. Sólo a modo de ejemplo, es posible señalar que la FNE no solamente se encuentra en la necesidad de monitorear el mercado nacional, sino que también los mercados internacionales ya que estos pueden tener incidencia directa en el primero. Esto es así por cuanto en un mundo globalizado donde son muy pocas las empresas que tiene presencia exclusiva en un solo país, es altamente probable que si una empresa está infringiendo la ley en un país, también la esté infringiendo en otros países en donde participa en los mismos mercados. [2]
Al respecto, resulta pertinente señalar que la FNE, con ocasión de la publicación de la Ley 20.945, la cual le atribuye una serie de nuevas potestades, ha planteado la necesidad de revisar los recursos con los que cuenta para poder ejercer eficazmente las funciones que la ley le encomienda. [3]
5.- El costo de la omisión del ejercicio de la acción destinada a sancionar las conductas atentatorias contra la libre competencia tiene consecuencias que se extienden más allá del ámbito económico. En efecto, debido a que la FNE tiene el monopolio de la acción penal la omisión del ejercicio oportuno de la facultad persecutoria puede hacer devenir en inefectiva incluso la persecución en el ámbito penal.
6.- Así dadas las cosas, el plazo de prescripción de 5 años para la persecución de acuerdos colusorios resulta demasiado breve como para que la FNE (con los recursos materiales y humanos actualmente disponibles) puede ejercer adecuadamente la acción persecutoria.
7.- El fortalecimiento de la dotación de la FNE es una materia de ley que se encuentra reservada a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, los parlamentarios se encuentran habilitados para colaborar por la vía de presentar proyectos de leyes destinados a modificar el plazo de prescripción.
Es en mérito de lo anterior, que los Diputados firmantes venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo primero: En el inciso tercero del artículo 20 del DFL Nº1 del Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 211 de 1973, sustitúyanse la palabra “tres” por “cinco”
Artículo cinco: En el inciso cuarto del artículo 20 del DFL Nº1 del Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 211 de 1973, sustitúyanse la palabra “cinco” por “diez”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, CARMONA Y CORNEJO, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°211, DE 1973, QUE “FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, EN MATERIA DE PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO DE COLUSIÓN”. (BOLETÍN N° 11064-07)
Idea matriz del proyecto
Eliminar la restricción que se impone para la persecución penal del delito de colusión, en orden a exigir querella del Fiscal Nacional Económico como requisito de procesabilidad para la persecución del delito de colusión.
Antecedentes generales
Recientemente el Congreso Nacional aprobó la ley N°20.945 que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia.
Dicha iniciativa consagró una serie de innovaciones, entre las que se cuentan las siguientes:
En materia de colusión, se aumenta el monto máximo de las multas [1]; se prohíbe al sancionado contratar a cualquier título con órganos de la Administración del Estado; se fortalece la delación compensada [2]; se elimina la exigencia de que el acuerdo o la práctica concertada confieran poder de mercado para sancionar ilícitos de colusión y ajuste del tipo infraccional de colusión a las hipótesis de los denominados “carteles duros” y se criminaliza nuevamente la colusión. Sobre esto último cabe recordar que Ley de Defensa de la Libre Competencia contempló desde el año 1959 al año 2003 la sanción de presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) respecto de quienes atentaran en contra de la libre competencia. “Esta sanción nunca se aplicó producto de la ausencia de una cabal conciencia acerca de la gravedad de estos ilícitos, así como de la falta de una institucionalidad adecuada para hacer frente a casos de alta complejidad y, finalmente, fue derogada en el año 2003 por la ley N° 19.911.” [3]
También la referida ley contiene una serie de modificaciones en materia de control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración; incluye un régimen específico de control de operaciones de concentración en la Ley de Defensa de la Libre Competencia; define qué operaciones están sujetas al control de operaciones de concentración e incorpora un sistema claro de notificación de ellas, entre otras modificaciones.
Asimismo, se otorga una nueva facultad de la Fiscalía Nacional Económica para realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados.
Por último, también se incorporan sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica.
Breve repaso a la historia de la ley N°20.945.
Las principales modificaciones introducidas en el Senado, en el segundo trámite constitucional al proyecto decían relación básicamente con con las participaciones cruzadas entre competidores, la designación del Presidente del TDLC, el aumento del tope máximo de las multas por infracciones anticompetitivas cuando no es posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, el aumento de multas por dilatar la entrega de información solicitada por la FNE, la determinación de umbrales de ventas a los que está sujeto el deber de notificar a la FNE las operaciones de concentración y la criminalización de la colusión.
Respecto de la criminalización de la colusión, el Senado mantuvo los principios aprobados por la Cámara de Diputados de cárcel efectiva de a lo menos un año, para autores del delito de colusión, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, protección de la delación compensada, por considerarla indispensable para desbaratar una eventual colusión, y dejó a la Fiscalía Nacional Económica como el órgano encargado de ejercer la acción penal a través de una querella.
Además se perfeccionaron las siguientes disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados:
a) Se amplió el tipo penal en hipótesis de colusión en licitaciones “públicas” a licitaciones convocadas por órganos públicos y no sólo de la Administración del Estado, y se incluyó a los acuerdos que afecten licitaciones convocadas por empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
b) Se aumentó la pena de inhabilitación de “hasta 5 años” a “7 años y 1 día a 10 años”.
c) Para dotar de mayor certeza a la delación compensada, se condicionó el ejercicio de la acción penal a una sentencia condenatoria firme del TDLC.
d) Los beneficios de exención de responsabilidad penal (primer delator) y de reducción de la pena en un grado (segundo delator) los conferirá el TDLC.
e) En la colusión que involucre a sólo dos competidores, únicamente el primer delator no tendrá pena de cárcel efectiva.
f) Se establece el deber explícito de los delatores de colaborar en el proceso penal.
Sin embargo, más allá de lo recién expuesto, el Ministerio Público hizo presente su discrepancia respecto de la propuesta contenida en el proyecto, en orden a consagrar que “Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 [4] sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que podrá interponerla una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella. Para estos efectos, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 166 del Código Procesal Penal.”
Vale decir, la ley N°20.945 exige para la apertura de un proceso criminal los siguientes requisitos:
a) Sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y
b) Querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que se podrá interponer una vez que la existencia del acuerdo de colusión haya sido establecida por la citada sentencia definitiva.
Esta moción pretende recoger la opinión esgrimida por el Ministerio Público sobre esta materia.
Argumentos y propuestas efectuadas por el Ministerio Público respecto de restricción impuesta para perseguir el delito de colusión.
La ley N°20.945 volvió a criminalizar el delito de colusión, asociando a ese ilícito una pena que partirá desde el presidio menor en su grado máximo (tres años y un día) a presidio mayor en su grado mínimo (diez años) .
Pese a ello, en la ley se establecieron reglas que, de acuerdo a lo que se afirma en el oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, N°343, de 8 de junio de 2016, dirigido a la Presidenta de la Comisión de Economía de la Cámara, “relativizan la posibilidad de imponer una sanción penal a los responsables del diseño o implementación de un acuerdo colusorio, al condicionar la apertura de un proceso penal a una decisión de la autoridad administrativa.”
“....La mencionada determinación, entonces, queda entregada al completo arbitrio de la autoridad en materia de libre competencia, sin que se establezcan reglas o criterios legales que entreguen algún tipo de orientación al Fiscal Nacional Económico o que hagan forzosa la iniciación de un proceso penal, al menos en los casos más graves de colusión. La única restricción para la amplia discrecionalidad que se establece respecto del ejercicio de la querella criminal, se encuentra en el inciso segundo de la mencionada norma (que pasó a ser tercero) , inciso que exige la emisión de una resolución fundada en los casos en que el Fiscal Nacional Económico decida no ejercer tal facultad. [5]
“El mecanismo descrito importa la consagración de un régimen excepcionalísimo en el derecho administrativo chileno, que será aplicable sólo en el contexto de un de un ilícito de tipo socio económico de tanta gravedad como lo es el delito de colusión, en el que no sólo se restringe la libre competencia, perturbando el buen funcionamiento de los mercados, sino que de manera simultánea se afecta a la comunidad en general.”
Más adelante se agrega que esta doble exigencia a la que antes se aludió “…restringe fuertemente la posibilidad de aplicación de las penas consagradas en el artículo 61 (62) ”.
La exigencia de presentación de una querella por parte del Fiscal Nacional Económico “altera de manera más llamativa la reglas del Derecho Público chileno, al entregar la determinación de la aplicabilidad o inaplicabilidad de una norma legal a la decisión discrecional de una autoridad administrativa. [6] “
Por último se señala en el referido oficio que “…es claro que, en los hechos, se le está entregando a la autoridad administrativa la función de realizar una valoración respecto de la existencia de un hecho que reviste caracteres de delito. Ello se confirma por la circunstancia que el Fiscal Nacional Económico deberá fundamentar su decisión de no presentar querella por hechos que, habiendo sido establecidos ante el Tribunal de la Libre Competencia, han servido de fundamento a una sentencia condenatoria en el ámbito administrativo sancionatorio.”
Por su parte, en el oficio N°316, de mayo del año en curso, el Ministerio Público señalaba que “La mencionada determinación (iniciar la investigación penal del delito de colusión) , entonces, queda entregada al completo arbitrio de la autoridad en materia de libre de competencia, sin que se establezcan reglas o criterios legales que entreguen algún tipo de orientación al Fiscal Nacional Económico o que hagan forzosa la iniciación del proceso penal, al menos, en los casos más graves de colusión. La única restricción para la amplia discrecionalidad que se establece respecto del ejercicio de la querella criminal, se encuentra en el inciso segundo de la mencionada norma, inciso que exige la emisión de una resolución fundada en los casos en que el Fiscal Nacional Económico decida no ejercer tal facultad.
El mecanismo descrito importa la consagración de un régimen excepcionalísimo en el de derecho administrativo chileno, que será aplicable sólo en el contexto de un ilícito de tipo socio-económico de tanta gravedad como lo es el delito de colusión, en el que no solo se restringe la libre competencia, perturbando el buen funcionamiento de los mercados, sino que de manera simultánea se afecta a la comunidad en general. En fin, no puede discutirse en este punto, que la consagración a nivel penal de esta conducta revela la preocupación por el bienestar económico del país y la sociedad, sin embargo, la entrega de la facultad de iniciar el proceso penal a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, se presenta como una contradicción a esa señal potente que se ha buscado.”
Anteriormente, por oficio N°433, de 6 de julio de 2015, el entonces Fiscal Nacional, señor Sabas Chahuán, en oficio dirigido a la Comisión de Economía de esta Corporación, sostenía que “De prosperar, la norma propuesta importaría una grave deformación del sistema penal. Como veremos a continuación, cada uno de los incisos que contiene la presente disposición, van minando, progresivamente, los principios básicos sobre los que se construye nuestro sistema penal. De hecho, no es posible observar una norma similar a éste en el ordenamiento jurídico-penal comparado. Al mismo tiempo, varios indicios plantean serios problemas de constitucionalidad.
En primer lugar, la norma altera el régimen normal de las acciones penales, instituyendo una acción penal previa instancia particular, fuera de las razones que históricamente han justificado dicha institución. Y es que como señalan Horvitz y López, el establecimiento de delitos de acción penal mixta importa “de alguna manera, una declaración del Estado acerca de la existencia de delitos en que el compromiso del interés público es menor y, por lo tanto, la persecución pasa a depender de un acto voluntario del ofendido”.
En el mismo sentido, cabe invocar lo consignado por el profesor trasandino Alberto Binder, respecto del régimen de acción penal previa instancia particular. Para este autor, en la mencionada categoría:
“…se reconoce a la víctima la facultad no sólo de poner en marcha el proceso sino de condicionar mediante su voluntad inicial la acción posterior del Estado. De esta manera, si la víctima no autoriza la persecución penal, el Ministerio Público no puede hacerlo por sí mismo. Este tipo de acción se reserva para delitos en los que, si bien por su gravedad existe un interés estatal en la persecución de oficio, igualmente hay una preeminencia de afectación de bienes individuales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Derecho penal que protege la libertad sexual”
La posición de los referidos autores se ve reflejada en nuestro sistema procesal penal. Es así como el artículo 54 del CPP define los delitos a los delitos de previa instancia particular como aquellos en los cuales “no podrá procederse de oficio, sin que al menos, el ofendido por el delito hubiere denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía”. Asimismo, dicha norma contempla dentro del catálogo de delitos de acción penal previa instancia particular solamente ciertos tipos de lesiones (las de menor gravedad) ; la violación de domicilio; la violación del deber de secreto que recae sobre abogados y empleados públicos respecto de la información que posean sobre particulares; las amenazas; los delitos contra la propiedad industrial; la comunicación de secretos de fábrica y los otros que las leyes le otorgue tal calidad como es el caso de los delitos sexuales contemplados entre los artículos 361 y 366 quáter del Código Penal. Como se puede apreciar, en todos estos delitos se protegen bienes jurídicos de carácter individual y es posible reconocer un alto grado de discrecionalidad a la víctima que los ha sufrido, debido a que los hechos que la afectaron mantienen una estrechísima vinculación con su intimidad, libertad o patrimonio.
Pues bien, ¿es éste el caso del delito de colusión?; ¿puede afirmarse seriamente que el delito de colusión protege un bien jurídico de carácter individual?; ¿puede atribuirse a la Fiscalía Nacional Económica el carácter de titular de ese supuesto bien jurídico individual, y en dicha medida, asignársele el carácter de “ofendido por el delito” o “víctima”?.
La respuesta a todas estas preguntas es trivialmente negativa: Un delito de colusión no es un delito que protege meramente intereses individuales sino eminentemente colectivos; por otra parte, si bien la F.N.E. constituye una agencia estatal de innegable importancia para nuestro país, sin duda alguna, no puede ser calificada como propietaria del bien jurídico afectado por la formación de los carteles. ¿Por qué razón otorgarle, entonces, este inusual trato al delito de colusión?
Incluso en el caso de los delitos tributarios se podrían esgrimir razones para justificar la inclusión de dichos ilícitos en el catálogo de delitos de acción de previa instancia particular. Y es que, lo afectado en esos casos es el patrimonio fiscal, y tal como lo señala inciso 2° del artículo 162 del Código Tributario, la representación o defensa del Fisco le corresponde al SII, organismo que, de acuerdo a la misma norma, podrá ejercer los derechos establecidos en beneficio de la víctima de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal. Pero, aún en el caso de los delitos tributarios, existen enormes cuestionamientos que, como es de público conocimiento, han motivado la presentación de sendos proyectos de ley que pretenden cambiar este régimen especial de inicio del procedimiento penal - .
En suma, para el delito de colusión, no existen razones que permitan fundamentar un tratamiento procesal especialísimo que restrinja la persecución de este ilícito, al asignarle la calidad de delito de acción previa instancia particular.”
Más aún, la propia Corte Suprema, en el oficio N°52-2015 de fecha 28 de abril de 2015 señaló que “sin perjuicio que la criminalización del delito de colusión integra una política del orden público económico, no aparece clara la razón por la que las investigaciones de los hechos para configurar este ilícito sólo deban iniciarse por querella de la Fiscalía Nacional Económica, sustrayendo de este cometido al Ministerio Público que tiene asignada en general la exclusividad en la investigación de los delitos. (Artículo 83 de la Constitución Política de la República y 1° de la Ley N° 19.640) ”.
Tales argumentos fueron desestimados por el Ejecutivo y por la mayoría del Congreso Nacional.
A quienes suscribimos la presente moción nos asiste la convicción de la necesidad de fortalecer la persecución penal del delito de colusión. Al parecer, esta deleznable práctica ha sido utilizada de manera más frecuente a la esperada.
Hace poco más de un año, un representante de uno de los grupos empresariales más importantes del país, a raíz de un caso de colusión señalaba que “Quiero pedirles perdón no solamente a los empresarios sino a la opinión pública, y, en especial a los consumidores y a mis colaboradores por estos hechos repudiables. Solo me queda comprometerme a trabajar porque algo así nunca más vuelva a suceder en nuestro compañía”.
Hoy la ciudadanía se entera con estupor que ese mismo conglomerado económico había incurrido en esa misma acción en otro rubro.
A nuestro entender, en delitos de esta entidad es necesario mantener la acción penal pública sin limitaciones o restricciones de ninguna naturaleza.
En materia de legitimación activa para deducir querellas criminales por un hecho, la regla general es que solo puede ejercer la acción penal la víctima, excepto determinados delitos en los que, por verse comprometido el interés de la sociedad toda tras el bien protegido por el tipo penal, se admite que la acción penal sea de titularidad pública. Así ocurre por ejemplo en los delitos contra la probidad, porque el bien jurídico comprometido afecta a la sociedad toda.
En el delito de colusión no solo se afecta al mercado, sino que también, al elevar artificialmente los precios, existe un daño patrimonial a determinadas personas, a las que se les cobro precios artificialmente elevados. Asimismo, como consecuencia de la misma conducta, los perjudicados pueden ser aquellos competidores que a través de dichas conductas fueron expulsados del mercado. Por tanto, la víctima o el ente afectado no solo es el mercado, sino que personas precisas y determinadas, sean consumidores o la competencia de los coludidos. Con la presente iniciativa se pretende que al menos el Ministerio Público pueda iniciar de oficio la investigación, sin sujetarse a la voluntad de un ente administrativo, como la Fiscalía Nacional Económica. Para un futuro debate quedará entonces el resolver si se otorga o no acción penal pública para perseguir este tipo de delito que tanto repudio genera en la ciudadanía.
Además cabe hacer presente que al conducir la Fiscalía Nacional Económica la investigación de manera exclusiva, sin que el Ministerio Público pueda acceder a ella, no es de extrañar que cuando se alleguen los antecedentes al ente persecutor penal, la conducta investigada ya se encuentre prescrita.
Por ello, creemos necesario recoger la propuesta efectuada en su oportunidad por el Ministerio Público, con modificaciones menores que no alteran el fondo, la que se basa en los siguientes fundamentos:
“1) La acción penal pública respeta el principio constitucional establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de la República al entregar la investigación del delito de colusión al único ente autorizado para estos efectos como es el Ministerio Público. Al mismo tiempo, la mantención de este principio permite garantizar de mejor manera la vigencia del principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.”
“3) El establecimiento de una suspensión condicional del procedimiento permitirá que el Ministerio Público lleve a juicio oral sólo a aquellos carteles duros que inciden con mayor impacto en los mercados y en la vida económica de los ciudadanos. Dicha determinación quedará entregada al Ministerio Público y los Tribunales de Garantía, competentes en lo penal y se deberán imponer condiciones obligatorias destinadas a reparar el daño causado y mejorar los controles de las empresas involucradas de manera que se puedan evitar nuevas infracciones a la libre competencia.” [7]
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase el decreto ley Nº211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
1.- Incorpórase en el artículo 62 los siguientes incisos quinto y sexto:
“Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, el Ministerio Público podrá aplicar la suspensión condicional del procedimiento, cuando la pena que pudiere imponerse al imputado no excediere de presidio menor en su grado máximo y el acuerdo ilícito no hubiere afectado gravemente a los mercados.
Para estos efectos, el fiscal del Ministerio Público deberá contemplar como condición necesaria, al menos, aquella dispuesta en la letra e) del artículo 238 del Código Procesal Penal [8]. Al mismo tiempo, podrá contemplarse en dicho acuerdo la obligación de implementar programas de cumplimiento de las normas de libre competencia, los que deberán ser visados por la Fiscalía Nacional Económica y otras medidas que tiendan a evitar riesgos futuros de un comportamiento empresarial que no se ajuste a las normas que protegen la libre competencia. También podrán imponerse otras medidas tendientes a reparar el daño sufrido por los consumidores.”.
2.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 64 por el siguiente:
“Las investigaciones de los hechos señalados en el inciso primero del artículo 62 solo se podrán iniciar de oficio por el Ministerio Público o por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, sin que sea admisible denuncia o cualquier otra querella.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LEMUS Y ESPINOSA, DON MARCOS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CICARDINI, QUE “MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N°2, DE 1996, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EXIGIR LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y PLANES DE INCLUSIÓN EN LA REGULACIÓN RELATIVA A LA SUBVENCIÓN DEL ESTADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES". (BOLETÍN N° 11065-04)
ANTECEDENTES:
1.- En nuestro país existe una cantidad importante de niños, niñas y adolecentes con necesidades especiales. Haciendo una estimación de estos, tomando como referencia a un método de cálculo internacional, la cifra se estima en base al 10% de la población, lo que arroja un promedio aproximado de 330.000 niños con estas necesidades.
En el sistema educativo chileno, respecto a los alumnos que participan de la educación especial y de proyectos de integración, existen matriculados un poco más de 50.000 estudiantes. Los datos de la matrícula señalan que en la educación especial hay un total de 46.049 estudiantes y en proyectos de integración sólo 5.500 alumnos. [1]
2.-Ante los datos expuestos, y considerando la notable cifra de niños/as y adolescentes con necesidades especiales, surge la urgencia de generar alguna medida que los respalde y apoye en su desarrollo educativo, sin dejar de reconocer en este punto, los grandes avances que la Ley ha efectuado en materia de inclusión a partir de lo establecido en la ley 20.845,”de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”.
La mencionada ley señala en términos generales, que no se le puede negar la matricula a ningún estudiante sea cual sea su condición, cuestión que hace poner énfasis en la pregunta referida a si están preparados los establecimientos educacionales, actualmente, para recibir un estudiante con capacidades diferentes. Tal preparación, debiese considerar no tan solo un ámbito estructural o de infraestructura, sino también aspectos que permitan lograr el desarrollo social y espiritual del estudiante, sobre todo, con especial foco en el medio social en el cual el alumno se desenvuelve.
3.- En el ámbito internacional, existen varios ejemplos de países que ya han adoptado medidas para superar las dificultades que presentan aquellos alumnos que tienen algún tipo de necesidad especial, sea por discapacidad física, psicomotora o psicológica.
a) Por ejemplo en México, para lograr una educación inclusiva, se instauraron programas dirigidos a alumnos cuya situación socioeconómica era más vulnerable, con el fin que estos pudieran acceder a la educación. Asimismo, han integrado otros programas como: escuela siempre abierta y crea tu espacio, con los cuales se les da la oportunidad a los alumnos para desarrollar su área social, liderazgo y participación en la comunidad.
b) Colombia es un país que también ha ampliado la cobertura de la educación para que esta no sea un privilegio sino más bien un derecho, dando énfasis a los alumnos con necesidades especiales y asignando los recursos económicos, humanos y materiales para llevar a cabo las adecuaciones organizativas, curriculares y de acceso para que su proceso educacional sea óptimo.
c) En España, la educación inclusiva se centra en tareas centrales que implican: la mejora del aprendizaje, la formación y la participación de los estudiantes, a través de la eliminación o reducción de las barreras en el proceso educativo, planteando que la educación inclusiva es el derecho de toda persona a la educación en igualdad de oportunidades y participación. Lo cual implica que en la escuela ordinaria el proceso educativo ha de atender a la diversidad física, social o cultural, la no discriminación ante esa diversidad, y un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto a la participación real de todos sus integrantes.
4.- En nuestro país, con la legislación actual en materia de educación inclusiva, específicamente lo establecido en Ley 20.845, “de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado”, se ha producido un avance pero no totalmente suficiente.
Si bien no se le puede negar la matricula a ningún estudiante sea cual sea su condición, se deja a disposición del establecimiento educacional las medidas para apoyar a sus alumnos con capacidades diferentes, sin que exista una acreditación previa de los programas inclusivos que se ofrecen por tales establecimientos educacionales y, que resultan fundamentales para respaldar en los diversos ámbitos a estos alumnos.
Lo anterior, evidencia una nueva necesidad de regulación. Siendo la inclusión educativa un desafío país, y después de un análisis de la actual ley 20.845, de inclusión, es posible visualizar que ésta se centra más bien en la integración del alumno, y no en una real inclusión. Sin perjuicio de ello, el punto más relevante, es que actualmente no hay medidas que otorguen certezas en orden a que la generación de planes educacionales sean aptos para la inclusión de cada alumno, y adecuados a cada necesidad especial que ellos presenten.
5.- Cabe tener presente que el modelo de trabajo inclusivo implica un trabajo más amplio que tan sólo la integración de estudiantes al aula regular. La inclusión educativa implica una mirada de la educación desde un enfoque participativo y de educación de calidad para todos y todas. La inclusión busca superar barreras de diversa índole que tengan algunos sectores de la sociedad y que tengan que ver con exclusión y desigualdad. [2] Adicionalmente, no sólo se centra en necesidades educativas especiales sino también en las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa, sin discriminar. [3] Por ello, implica procesos de transformación en las lógicas escolares a la hora de ingresar estudiantes con características distintas.
6.- El artículo 6° letra f) bis, de la Ley 20.845, “de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado” se establece cuáles son los requisitos para obtener la subvención estatal por parte de los establecimiento educacionales, señalando: “Que se establezcan programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico que afecte su proceso de aprendizaje, así como planes de apoyo a la inclusión, con el objetivo de fomentar una buena convivencia escolar, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 20.248”.
A partir de lo señalado por la Ley, se hace evidente que esta solo se encuentra enfocada en el apoyo a alumnos con bajo rendimiento escolar, aunque ellos no necesariamente tienen alguna discapacidad. La Ley, en consecuencia, no hace referencia alguna a todo aquel alumno que presente alguna necesidad especial distinta al bajo rendimiento, sean estas auditivas, motoras, visuales, trastornos en la capacidad de relación y comunicación, trastornos específicos del lenguaje o, dificultades en el aprendizaje (dislexia, disgrafía, discalculia, etc.) .
7.- Por todo lo expuesto anteriormente, es que el objetivo del presente proyecto es, en términos generales, que se acrediten previamente los programas educacionales especiales de apoyo a todos aquellos estudiantes que presenta algún tipo de problema en aprendizaje sea cual sea el motivo del mismo.
En virtud de todos los antecedentes mencionados es que venimos a proponer el siguiente proyecto de Ley:
PROYECTO DE LEY
Reemplácese el artículo 6° letra f) bis del DFL N° 2, del año 1998 (numeral incorporado a dicho DFL por la Ley 20.845) , por el siguiente:
Artículo 6º f) bis.- “Que acrediten programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten algún tipo de problema de aprendizaje, sea ligado a una enfermedad o una condición física, intelectual o emocional que afecte su proceso de aprendizaje. Asimismo se acrediten planes de inclusión, en los que se considere fundamentalmente la capacitación del entorno social y, adecuación del entorno físico en el cual se desarrolla o desarrollara el alumno o alumna, con el objetivo de fomentar una buena convivencia escolar, sin perjuicio de lo establecido en la ley Nº 20.248”
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO, CARVAJAL, GIRARDI, PACHECO Y SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, BERGER, FLORES, MELO Y PÉREZ, DON LEOPOLDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.300, SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE, PARA EXTENDER LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAÑADO, A LOS DAÑOS CAUSADOS POR FALTA DE SERVICIO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN”. (BOLETÍN N° 11066-12)
I. PREÁMBULO
La República de Chile se caracteriza por ser un país de carácter extractivo minero y productor de materias primas, actividad que ha conseguido posicionarla en la economía mundial debido a estas características. Sin embargo, de la mano del progreso económico para el sector primario, correlativamente podemos encontrar distintas problemáticas respecto del medio ambiente y la actividad industrial, energética y minera. Bajo esta misma línea, no es menor mencionar, que acorde a estudios realizados por SERNAGEOMIN [1] el año 2015 se pudo constatar que, existían alrededor de 651 depósitos de relave minero a nivel nacional, estando 94 de ellos en situación de abandono y 38 de los cuales ni siquiera se cuenta con información para saber de su situación actual, lo que resulta en 132 depósitos mineros de los que nadie se responsabiliza y que podrían causar un eventual daño tanto a la población como el medio ambiente.
Bajo este último punto, podemos encontrar varias situaciones en el contexto nacional, en las que se ha llegado incluso a responsabilizar al estado por falta de servicio debido a lainobservancia de la peligrosidad que los depósitos de residuos en abandono significan a la población. Este es el caso de la sentencia de la Corte Suprema del 30 de Octubre de 2014 [“], Fernández Farfán Claudio y otros con Servicio de Salud de Arica, en este fallo se determinó como responsable a la administración por el daño provocado por la colocación de una cantidad importante de residuos minerales tóxicos (lo cual fue reconocido por el servicio de salud) en la cercanía de una población y se procedió a la correspondiente indemnización de perjuicios por dicho daño.
También sobre este tópico, se puede mencionar el informe elaborado por una asesoría externa a la Diputada Marcela Hernando en Noviembre del 2016, respecto del traslado de cenizas en la localidad de Tocopilla. En dicho sector, debido al catastrófico temporal que tuvo lugar en agosto del 2015, se evidenció un grave desplazamiento de toneladas de ceniza residual proveniente de la termoeléctrica que utilizaba este sector a pocos metros del borde costero que, con la lluvia caída tras el sistema frontal, provocó la bajada de las quebradas hasta el sector de Punta Paragua, ocasionando que los desechos que allí se encontraban fueran a terminar al océano. El daño que pudo ocasionar este hecho aún está siendo investigado [1].
Claramente, luego de analizar estos casos, se puede evidenciar la importancia que tiene la vigilancia de los depósitos de residuos y desechos que se tiene a nivel nacional, y esto no solo con motivo de determinar la responsabilidad por los daños causados a la población y su correspondiente indemnización, sino que el daño ambiental evitable que provoca esta falta de observancia la cual puede llegar a ser incluso irreparable, por lo que es labor de la administración de acuerdo a los principios que la rigen y su labor social, el hacerse cargo de estas situaciones.
En el ámbito jurídico, y respecto del primer ejemplo se puede ver que la vía para generar responsabilidad sobre la ocurrencia de estos hechos, es haciendo efectiva la responsabilidad de la administración vía artículo 440 inciso primero de su correspondiente ley orgánica, [2] la cual versa:
“Artículo 44.- Los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio.”
Sin embargo, a pesar de que el fallo de la Corte Suprema es un precedente jurisprudencial respecto de esta materia, aún esto se torna insuficiente. Esto debido a que, si bien se logra generar la responsabilidad necesaria para indemnizar a las víctimas directas del daño, la ejecución de la administración solo queda en esto, indemnización, lo que no necesariamente conlleva a que el daño ambiental sea efectivamente reparado, lo que sigue siendo un peligro para la sociedad en su conjunto.
Es por este motivo, que resulta necesario legislar en pos del mantenimiento del medio ambiente y su ecosistema, para que situaciones como las expuestas anteriormente no vuelvan a suceder.
II. PROYECTO DE LEY
Artículo 1°: Modifíquese el artículo 53 de la Ley 19.300 agregándose un tercer inciso que exprese:
“La acción de reparación también será procedente para la reparación del daño ambiental en contra de los órganos de la administración que por falta de servicio ocasionaren acorde a la responsabilidad establecida en el artículo 44 de su ley orgánica”.
INFORME DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS Y WARD SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL XVLIII PERIODO ORDINARIO DE SEÑORES DEL PARLAMENTARIO ANDINO, LLEVADO A CABO DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DE 2016 EN CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA.
Valparaíso, Diciembre 2016
Informe Misión Oficial
Señor
Osvaldo Andrade Lara
Presidente Cámara de Diputados
PRESENTE
Estimado señor Presidente:
Junto con saludarlo, por medio de la presente venimos a informar, en conformidad con el artículo 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto del viaje en misión oficial en Bogotá, República de Colombia entre de los días 29 de noviembre y 2 de diciembre del 2016.
El Parlamento Andino, es aquella instancia por medio de la cual se realizan trabajos que fortalecen la gestión parlamentaria, el desarrollo normativo en cada uno de los países miembros y la integración de legislaciones en diversas materias como por ejemplo la educación, energía, medio ambiente, seguridad ciudadano, entre otros.
A dichas instancias fuimos mandatados por la Honorable Cámara de Diputados de Chile, con el objeto de participar en la creación del marco normativo para la gestión de riesgos de desastres naturales, en la calidad de representantes para exponer sobre nuestra experiencia y visión de esta materia.
El objeto principal del encuentro al cual fuimos convocados era impulsar la articulación de un marco normativo para la protección de la población frente a los posibles desastres naturales, es decir, trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas, estrategias y leyes que propicien acciones para la migración del riesgo en la población, tomando en consideración las experiencias internacionales como referente para la creación del marco normativo.
Dentro de los objetivos específicos del encuentro, es posible, destacar los siguientes:
1.- Fundar los principios para la creación de un marco normativo que prevenga a la población de los riesgos en los desastres naturales que se pueden desarrollar en la Región Andina, considerando eventuales estrategias que pueden ser consideradas por cada uno de los países.
2.- Definir una orientación básica para la creación de un marco legislativo en materia de riesgos en desastres naturales, estableciendo planes de migración y acciones frente a eventuales amenazas en la Región Andina.
3.- Promover la participación de diversos actores de la población instancias de formación, intercambio de experiencias frente a eventuales situaciones de riesgo en desastres naturales, con el fin de que se puedan establecer las prioridades de una comunidad y las acciones que deben realizar.
4.-Cooperar en la creación de políticas públicas y planes de acción que permitan reducir la vulnerabilidad en cado de amenaza de riesgo naturales a los grupos sociales desprotegidos.
5.- Asistir en el diseño de estrategias para la prevención de desastres naturales, por medio de la implementación del sistema de alerta temprana y de la correcta utilización de los suelos, por medio del incentivo del desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de la investigación.
El viaje cumplió su objetivo, logrando desarrollarse exitosamente, en las fechas propuestas y las actividades las pasamos a detallar:
Martes 29 de Noviembre:
-Sesión de las comisiones permanentes
-Sesión de la Comisión especial de la mujer y equidad de género
-Debate del proyecto del Marco Normativo Andino para la gestión de riesgos de desastres-
-Sesión solemne
(Lamentablemente durante este día no pudimos asistir a las sesiones de comisiones realizadas en la mañana, ya que nos encontrábamos viajando al Parlamento Andino, integrándonos a las sesiones de la tarde).
Miércoles 30 de Noviembre:
-Debate del proyecto de Marco Normativo Andino sobre salud en la Región Andina.
-Debate y aprobación del Marco Normativo Andino de medidas de salvaguarda a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.
-Presentación de los informes de las comisiones permanentes.
-Debate y aprobación de los proyectos instrumentos de pronunciamientos publicados en la Gaceta Oficial.
Jueves 01 de Diciembre:
-Regreso de las delegaciones.
Por último, es posible destacar las siguientes intervenciones:
-Intervenimos en la discusión de la resolución en orden de integrar las legislaciones de los países miembros del Parlamento Andino, en materia de prevención y reacción a los desastres naturales, destacando la mejora en forma y fondo.
-Dentro de los puntos que tuvo acogida, fue dejar sin efecto un artículo que señalaba que era necesario considerar para disminución de riesgos de desastres naturales, el hecho del control de la población, y en nuestra postura fue señalar que este punto no tenía relación con las ideas matrices, por lo cual debía ser rechazado.
-Mencionamos en la discusión a la experiencia vivida en nuestro país, destacando el rol de la ONEMI frente a los desastres naturales, señalando sus diversas modificaciones, con el fin de seguir disminuyendo los riesgos en desastres naturales.
Se despiden atentamente,
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