Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Ramon Barros Montero
- PERMISO
- DEBATE
- LICENCIA MÉDICA
- Felipe De Mussy Hiriart
- LICENCIA MÉDICA
- DEBATE
- PERMISO
- Pedro Pablo Browne Urrejola
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Cristina Girardi Lavin
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Raul Fernando Saldivar Auger
- PERMISO
- DEBATE
- VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Farid Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Farid Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO : Issa Farid Kort Garriga
- PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Kast Sommerhoff
- PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- PETICIÓN DE OFICIO : Tucapel Jimenez Fuentes
- PETICIÓN DE OFICIO
- Jenny Paola Alvarez Vera
- PETICIÓN DE OFICIO
- PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- PETICIÓN DE OFICIO : Marcelo Omar Chavez Velasquez
- PETICIÓN DE OFICIO : Aldo Cornejo Gonzalez
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Pilowsky Greene
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Ramon Farias Ponce
- PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Andres Bellolio Avaria
- PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- PETICIÓN DE OFICIO : Joaquin Jose Lavin Leon
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- I. ASISTENCIA
- LICENCIA MÉDICA
- Marisol Turres Figueroa
- PERMISO
- Ramon Barros Montero
- PERMISO
- Felipe De Mussy Hiriart
- LICENCIA MÉDICA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
- ELIMINACIÓN DE ENTREGA DE TABLAS IMPRESAS EN PAPEL
- INTERVENCIÓN : Ramon Farias Ponce
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
- INTEGRACIÓN
- German Becker Alvear
- Cristian Campos Jara
- Karol Aida Cariola Oliva
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Fuad Chahin Valenzuela
- Juan Antonio Coloma Alamos
- Maria Jose Hoffmann Opazo
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Denise Pascal Allende
- Jose Perez Arriagada
- Yasna Provoste Campillay
- Marcela Sabat Fernandez
- Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTEGRACIÓN
- V. ORDEN DEL DÍA
- REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (PROPOSICIONES DE LACOMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 6252‐09)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Denise Pascal Allende
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- INTERVENCIÓN : Clemira Pacheco Rivas
- INTERVENCIÓN : David Sandoval Plaza
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Jenny Paola Alvarez Vera
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Luis Lemus Aracena
- INTERVENCIÓN : Javier Hernandez Hernandez
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS DESTINACIONES DE INMUEBLES FISCALES A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Alejandro Nicanor Urrutia Soto
- INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- INTERVENCIÓN : Joaquin Tuma Zedan
- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES EN EXPLORACIÓN, PROCESAMIENTO, EXPLOTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE LITIO, Y DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE CORFO Y SOQUIMICH PARA LA EXPLOTACIÓN DE DICHO METAL
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Alejandra Sepulveda Orbenes
- REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (PROPOSICIONES DE LACOMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 6252‐09)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Denise Pascal Allende
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Clemira Pacheco Rivas
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- Sergio Aguilo Melo
- Lautaro Carmona Soto
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Tucapel Jimenez Fuentes
- Felipe Letelier Norambuena
- Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- Guillermo Leon Teillier Del Valle
- Karol Aida Cariola Oliva
- Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ramon Farias Ponce
- Javier Hernandez Hernandez
- Felipe Letelier Norambuena
- Fernando Meza Moncada
- Felipe Letelier Norambuena
- Leopoldo Perez Lahsen
- Mario Venegas Cardenas
- Jenny Paola Alvarez Vera
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Clemira Pacheco Rivas
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 117ª, en jueves 5 de enero de 2017
(Ordinaria, de 10.39 a 12.40 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 13
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 17
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 17
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 17
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN .............................................................................. 17
ELIMINACIÓN DE ENTREGA DE TABLAS IMPRESAS EN PAPEL ..................................... 20
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ............................................ 21
V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 22
REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (PROPOSICIONES DE LA
COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 6252‐09) ................................................................................... 22
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS DESTINACIONES DE INMUEBLES FISCALES A LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA............................................................. 34
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES EN EXPLORACIÓN, PROCESAMIENTO, EXPLOTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE LITIO, Y DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE CORFO Y SOQUIMICH PARA LA EXPLOTACIÓN DE DICHO
METAL..................................................................................................................................... 42
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 50
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10315-18) ............................ 50
2.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10234-06) ............................ 50
3.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 6252-09) (S) ..................................................................... 50
4.- CERTIFICADO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “DISCUSIÓN INMEDIATA”, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA PERMITIR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESCOLAR”. (BOLETÍN
N° 11029-04) ............................................................................................................................ 50
5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA CALIFICADA DE “DISCUSIÓN INMEDIATA”, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA PERMITIR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESCOLAR”. (BOLETÍN N° 11029-04) ............................................................................................................. 50
6.- INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR, NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “ESTABLECE COMO FERIADO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE CADA AÑO EN LA REGIÓN DE ATACAMA, CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL DÍA DEL MINERO”. (BOLETÍN N° 10852-06) ....................................................... 50
Pág.
7.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PASCAL, ÁLVAREZ, FERNÁNDEZ, HERNANDO, PACHECO Y SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR LAS REFERENCIAS AL TERRORISMO EN LAS NORMAS QUE INDICA”.
(BOLETÍN N° 11074-07) ............................................................................................................. 50
8.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GUTIÉRREZ, DON HUGO, AGUILÓ, CARMONA, ESPINOZA, DON FIDEL, JIMÉNEZ, LETELIER, NÚÑEZ, DON DANIEL, Y TEILLIER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL OBJETO DE SUPRIMIR LOS REQUISITOS EXCEPCIONALES PREVISTOS PARA LA APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA LIBERTAD DE LOS IMPUTADOS
POR DELITOS TERRORISTAS”. (BOLETÍN N° 11075-07) ................................................................. 50
9.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS, HERNÁNDEZ, LETELIER, MEZA, NORAMBUENA, PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARVAJAL Y PACHECO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE EXCEPTUAR A LAS MOTOS DE REPARTO DE LA PROHIBICIÓN DE
ESTACIONAMIENTO Y DETENCIÓN EN ACERAS Y PASOS DE PEATONES”. (BOLETÍN N° 11076-15) .... 51
10.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3035-16-INA. ............................................... 51
11.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3008-16-INA. ............................................... 51
12.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3141-16-INA. ............................................... 51
13.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2902-15-INA. ............................................... 51
14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2982-16-INA. ............................................... 51
15.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2907-15-INA. ............................................... 51
16.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2946-15-INA. ............................................... 51
17.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3091-16-INA. ............................................... 51
18.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3065-16-INA. ............................................... 51
19.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2988-16-INA. ............................................... 52
20.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2943-15-INA. ............................................... 52
21.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2907-15-INA. ............................................... 52
22.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 3218-16-INA. ............................................... 52
VII.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Comunicaciones:
Del diputado señor Barros
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a las sesiones comprendidas entre el 3 y el 5 de enero de 2017 por impedimento grave.
Del diputado señor De Mussy
quien informa que, de conformidad con el artículo 195 del Código del Trabajo, hará uso del permiso parental por un plazo de tres días, a contar del 3 de enero de 2017.
Del diputado señor Browne , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 5 de enero de 2017.
De la diputada señora Girardi
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 4 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
De la diputada señora Cicardini
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 4 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
De la diputada señora Vallejo
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 4 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada en esa fecha.
Del diputado señor Saldívar
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 5 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
-2. Notas:
3. Oficios:
De la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios por el cual solicita el acuerdo de la Sala para revisar la decisión adoptada por los Comités y ratificada por esta Corporación en sesión del martes 3 de enero, de modo que se le remita, por un tiempo acotado, el proyecto que “Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas”, dado que tiene directa relación con su cometido como instancia destinada a analizar los proyectos y temas vinculados con los pueblos originarios. boletín N° 10526-06.
De la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica la ley General de Servicios Sanitarios, en materia de estándares y medidas de construcción de redes de agua potable y alcantarillado en suelo salino”, actualmente radicado en la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, por tratarse de una iniciativa legal que da solución a una problemática que afecta a localidades de la Región de Arica y Parinacota. boletín N° 9548-14.
De la Comisión de la Familia y Adulto Mayor mediante el cual solicita el acuerdo de la Sala en orden a remitir, a la Comisión de Ciencias y Tecnología, el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Pasca , Álvarez , Cicardini , Fernández y Pacheco , y del diputado señor Lemus , que “Modifica la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de promover la transmisión de mensajes contra la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia masculina” (Boletín N°11014-18), por ser de su competencia.
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Farcas , Requiere información relacionada con las razones por las cuales se habría adoptado la decisión de suspender la entrega del denominado Bono de Riesgo a los funcionarios de Carabineros de Chile que se desempeñan en fuerzas operativas. (92847 al 22374).
Diputado Letelier , Solicita ordenar una investigación de las denuncias, efectuadas en medios de prensa, según las cuales existiría una colusión entre funcionarios de Carabineros de Chile y los talleres mecánicos a los cuales se les encarga la mantención de los vehículos institucionales. (92973 al 2660).
Diputada Hernando doña Marcela , Tenga a bien tomar en consideración los antecedentes adjuntos en relación con eventuales irregularidades realizadas por la empresa Sacyr en el “Proyecto de Normalización Hospital Barros Luco Trudeau” de la ciudad de Antofagasta, informando a esta Cámara sobre las medidas que adopte. (93582 al 21813).
Ministerio de Interior
Diputado Berger , Solicita que informe a esta Cámara su parecer acerca de la pertinencia de la aplicación de la propuesta, formulada en el proyecto de resolución N° 752, para la creación de una unidad de defensoría que represente a las víctimas de delitos en los procesos judiciales. (1016 al 25203).
Diputado Berger , Solicita que informe a esta Cámara su parecer acerca de la pertinencia de la aplicación de la propuesta, formulada en el proyecto de resolución N° 752, para la creación de una unidad de defensoría que represente a las víctimas de delitos en los procesos judiciales. (1094 al 25232).
Diputado Berger , Solicita que informe a esta Cámara su parecer acerca de la pertinencia de la aplicación de la propuesta, formulada en el proyecto de resolución N° 752, para la creación de una unidad de defensoría que represente a las víctimas de delitos en los procesos judiciales. (1684 al 25204).
Diputada Sepúlveda doña Alejandra , Solicita disponer el pronto traspaso de recursos a la Corporación Nacional Forestal y al Cuerpo de Bomberos de Chile, con el fin de que estas instituciones puedan reponer el material que han perdido en los últimos incendios forestales, indicando las medidas que en este sentido se adopten. (2143 al 25360).
Diputado Carmona , Requiere información relacionada con la calidad del agua proveniente del río Copiapó, cuya utilización estaría produciendo consecuencias negativas en los regadíos de los pequeños agricultores y en la salud de los habitantes de la localidad de San Fernando (2895 al 24696).
Diputado Campos, Solicita informar los criterios que se utilizarán para reubicar el puente mecano que se encuentra en la Provincia de Concepción y considerar la solicitud ciudadana que existiría para que se instale en la ruta que une las comunas de Hualqui y Santa Juana . (3412 al 24973).
Diputado Kast , Requiere información sobre el monto total de recursos económicos utilizados en viajes durante el año 2015, en pasajes aéreos nacionales e internacionales, pasajes terrestres, viáticos nacionales y viáticos para el extranjero. (4089 al 24478).
Diputado Rathgeb , Reitera el oficio Nº 22.683, de fecha 22 de agosto del año 2016. (4239 al 25541).
Ministerio de Educación
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (1076 al 24781).
Ministerio de Justicia
Diputado Aguiló , Requiere información relacionada con las condenas, lugar de reclusión y beneficios carcelarios de las personas señaladas en la solicitud adjunta. (8326 al 25291).
Diputado Kast , Requiere información relacionada con los internos del Penal Punta Peuco y su funcionamiento, así como los programas de reinserción social que ofrecería Gendarmería de Chile. (8327 al 22714).
Ministerio de Obras Públicas
Diputado Arriagada , Medidas adoptadas para mejorar los sistemas de fiscalización del estado de los puentes ferroviarios y carreteros del país y las acciones dispuestas para una efectiva y eficiente mantención de dichas estructuras y para perseguir responsabilidades administrativas y civiles en casos como los del puente Toltén . (2890 al 24431).
Diputado Farcas , Solicita informar los fundamentos en que se basó la concesionaria Costanera Norte, para establecer un nuevo pórtico en la salida Petersen, particularmente si existiría alguna relación entre el nuevo cobro y las inversiones efectuadas por dicha empresa para el desarrollo de obras complementarias. (2892 al 25118).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. (2893 al 24795).
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (2894 al 24753).
Ministerio de Agricultura
Diputado Hernández , Informe acerca de los planes y programas destinados a enfrentar los incendios forestales que eventualmente puedan generarse en la zona de la Región de Los Lagos. (291 al 24644).
Ministerio de Bienes Nacionales
Diputado Kast , Solicita informar el número de funcionarios que trabajan en su entidad, desagregado por sexo, tipo de vinculación jurídica y el monto de sus remuneraciones, al mes de mayo de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 (1111 al 24739).
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Diputado Campos, Acciones emprendidas para otorgar acceso a internet y telefonía móvil a las caletas Chome y Perone de la comuna de Hualpén. (11795 al 24400).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Rathgeb , Requiere información relacionada con las posibles medidas a adoptar para subsanar las eventuales irregularidades del Proyecto Abasto de Agua Potable para la comunidad Juan Nahuelpi de la comuna de Traiguén en la Región de La Araucanía. (4239 al 22683).
Diputado Monsalve , Para que, al tenor de la solicitud que se acompaña, informe a esta Cámara sobre el cambio en la directiva de la Comunidad Indígena Juante Nahuelpan, en atención a las supuestas irregularidades en el proceso de elecciones denunciadas por el señor Juan Rolando Huenchunao Catrilelbun , informando las medidas adoptadas a esta Corporación. (942 al 21862).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Alvarado , Solicita informar a esta Cámara sobre la autorización otorgada a una empresa minera para la ejecución de los proyectos de extracción de hierro denominados “La Cabra” y “Chaco” en el sector agrícola de la localidad de Potrerillos Alto de la comuna de Ovalle. (00189 al 24982).
Diputado Urrutia don Ignacio , Requiere información sobre la posibilidad de iniciar un proceso de fiscalización a la fábrica de ladrillos ubicada en la Villa San Sebastián de la comuna de Cauquenes, en la Región del Maule, ante un eventual incumplimiento de la normativa ambiental (2859 al 25070).
Servicios
Diputado Auth , Diputado Venegasdon Mario , Diputada Vallejo doña Camila , Diputado Gutiérrez don Hugo , Diputado Carmona , Diputado Robles , Diputada Girardi doña Cristina , Diputado Teillier , Diputado León , Diputado Monsalve , Diputado Chahin , Diputado Vallespín , Diputada Hernando doña Marcela , Diputada Provoste doña Yasna , Diputado Núñez , Diputada Cariola doña Karol , Diputada Fernández doña Maya , Diputado Jackson , Diputado Arriagada , Diputado Soto , Diputado Espejo, Diputado Chávez , Diputado Poblete , Solicitan información sobre las medidas a adoptar ante las eventuales infracciones que han cometido los canales de televisión abierta, específicamente Televisión Nacional de Chile, Mega , Chilevisión y Canal 13, por omitir en sus programaciones, información relacionada con la huelga nacional efectuada por los trabajadores de la empresa Homecenter Sodimac (1170 al 24934).
Diputado Rathgeb , Se sirva informar a esta Cámara sobre el presupuesto asignado para combatir incendios forestales en la zona sur del país, especialmente en la Región de La Araucanía y las medidas de contingencia dispuestas para enfrentarlos durante la estación del verano. (2142 al 25272)..
Varios
Diputado Jackson , Solicita informar acerca de determinados puntos relacionados al proceso de revalidación de títulos extranjeros en nuestro país, correspondientes a la carrera de Odontología, en los términos que señala. (1275 al 23311).
Municipalidades
Diputado Verdugo , Se sirva informar a esta Cámara sobre el Programa Abriendo Caminos, que brinda apoyo a las familias de personas que se encuentran privadas de libertad, en los términos que requiere. (1128 al 24028).
Diputado Verdugo , Se sirva informar a esta Cámara sobre el Programa Abriendo Caminos, que brinda apoyo a las familias de personas que se encuentran privadas de libertad, en los términos que requiere. (44 al 24114).
VIII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Kort Requiere que remita a esta Cámara el permiso sanitario otorgado al local de alimentos, ubicado en la Ruta 5 Sur, entre los kilómetros 87 y 88, de la comuna de Rancagua. (25673 de 03/01/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Kort Requiere información relacionada con la situación tributaria del local de alimentos, ubicado en la Ruta 5 Sur, entre los kilómetros 87 y 88, en la comuna de Rancagua. (25674 de 03/01/2017). A servicios.
Diputado Kort Solicita información relacionada con los permisos otorgados al local de alimentos, ubicado en la Ruta 5 Sur, entre los kilómetros 87 y 88, en la comuna de Rancagua. (25675 de 03/01/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Kast Solicita información relacionada con el cumplimiento de las bases, criterios y plazos establecidos para el concurso “100 murales” y para la encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud a través de la plataforma EVoting sobre temas valóricos (25676 de 03/01/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Gutiérrez don Hugo Requiere información sobre las medidas a adoptar ante los actos de violencia ejercidos en contra del señor David Chávez Chávez , por parte del cabo segundo Jorge González Lillo , así como el eventual allanamiento ilegal perpetrado por efectivos de carabineros en el domicilio del agredido, en la comuna de Pozo Almonte (25677 de 03/01/2017). A varios.
Diputado JiménezDiputada Álvarez doña Jenny Requieren información relacionada con la situación que afecta al alumno Horacio Blanco Pávez , quien ha perdido los beneficios económicos otorgados por la Beca Traspaso Valech del año 2014, en virtud de no haber cumplido con el avance académico mínimo, debido a un cuadro depresivo debidamente diagnosticado (25678 de 03/01/2017). A varios.
Diputada Girardi doña Cristina Solicita información relacionada con la existencia del D.S.293/2000 y las razones por las cuales nunca entró en vigencia y con la modificación introducida por el D.S.475/2000 al Reglamento Sanitario de los Alimentos D.S.977/1996, en la que se hacía mención expresa a los alimentos transgénicos (25679 de 03/01/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante de nuestro país, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal. (25681 de 04/01/2017). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal. (25682 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal. (25683 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal. (25684 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25685 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25686 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25687 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25688 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25689 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25690 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25691 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25692 de 04/01/2017). A intendente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
Diputado Arriagada Sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25693 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25694 de 04/01/2017). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25695 de 04/01/2017). A intendencias.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25696 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Arriagada Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante de nuestro país, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (25697 de 04/01/2017). A servicios.
Diputado Berger Solicita información sobre el estado de tramitación y fecha definitiva de evacuación del informe sobre el proyecto de reposición de la subcomisaría de carabineros de Mariquina, que permitirá continuar con las siguientes etapas que consideran la asignación de recursos para su ejecución. (25698 de 04/01/2017). A directora de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Berger Solicita información sobre el estado de tramitación y fecha definitiva de evacuación del informe sobre el proyecto de reposición de la subcomisaría de carabineros de Mariquina, que permitirá continuar con las siguientes etapas que consideran la asignación de recursos para su ejecución (25699 de 04/01/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
Diputado Chávez Solicita que informe sobre la eficiencia y operación del régimen de filtros del sistema de captación de agua de mar de la Central Térmoeléctrica Santa María de Colbún de la comuna de Coronel, en los términos que requiere en la intervención que en copia se acompaña (25700 de 04/01/2017). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Chávez Solicita que informe sobre la eficiencia y operación del régimen de filtros del sistema de captación de agua de mar de la Central Térmoeléctrica Santa María de Colbún de la comuna de Coronel, en los términos que requiere en la intervención que en copia se acompaña (25701 de 04/01/2017). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Diputado Cornejo Solicita información sobre la posibilidad de disponer, en forma inmediata, los recursos humanos y económicos para la elaboración de un Plan Maestro de Protección de la Parte Alta de Valparaíso, en coordinación con su municipio (25702 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Pilowsky Solicita información sobre el número total de deportistas que recibieron la Beca de Alto Rendimiento, conocida como Proddar y otros beneficios asociados a su actividad, durante 2016 y acerca de los problemas que ha generado su entrega. (25703 de 04/01/2017). A Ministerio del Deporte.
Diputado Rathgeb Reitera las peticiones formuladas en oficio N° 25.271, de 13 de diciembre de 2016, en los términos que requiere en la intervención que en copia se acompaña (25704 de 04/01/2017). A director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.
Diputado Rathgeb Requiere información sobre el estado de tramitación de la denuncia presentada por el señor Esteban Gerardo Trangulao Cuitiño , de la comunidad Ignacio Cheuquemilla , del sector El Lingue de la comuna de Purén, con fecha 22 de junio de 2015, relativa a un eventual hurto de energía eléctrica cometido por la empresa Entel (25705 de 04/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Rathgeb Reitera las peticiones formuladas en oficio N° 25.272, de 13 de diciembre e 2016, en los términos que requiere en la intervención que en copia se acompaña. (25706 de 04/01/2017). A director nacional de Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Diputado Rathgeb Solicita información sobre la posibilidad de flexibilizar la exigencia de guía de despacho para los pequeños empresario y vecinos que requieren de moliendas en pequeña escala. (25707 de 04/01/2017). A servicios.
Diputado FARÍAS Requiere información relacionada con el término de la relación laboral entre el Servicio Nacional de Menores y la señora Ximena Soto Morán (25721 de 04/01/2017). A directora del Servicio Nacional de Menores..
Diputado Rathgeb Solicita información sobre la fecha en que se efectuarán las reparaciones del puente Quillem , en la comuna de Perquenco (25722 de 04/01/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputado Bellolio Reitera el oficio Nº 24.120, de fecha 29 de septiembre de 2016, cuya copia se acompaña (25723 de 04/01/2017). A municipalidades.
Diputado Berger Requiere información los resultados arrojados por el sumario administrativo Nº 7402 del 30 de diciembre del año 2014 (25724 de 04/01/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Lavín Solicita información sobre la posibilidad de que se incluya a la comuna de Maipú, en el Plan de Retiro de Cables en Desuso. (25725 de 04/01/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Venegas don Mario Requiere información relacionada con los terrenos que esa Corporación habría comprado para la Comunidad Indígena José Luis Panchilla, de la comuna de Purén. (25726 de 04/01/2017). A Ministerio de Desarrollo Social.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Becker Alvear, Germán
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-Edwards Silva, José Manuel
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-Gahona Salazar, Sergio
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Monsalve Benavides, Manuel
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pacheco Rivas, Clemira
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Sandoval Plaza, David
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Urrutia Soto, Osvaldo
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña.
-Se contó con la asistencia, también, del director nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba Sanhueza.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con licencia médica: La diputada señora Marisol Turres Figueroa.
-Con impedimento grave: El diputado señor Ramón Barros Montero.
-Con permiso parental: El diputado señor Felipe De Mussy Hiriart.-
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).-
El acta de la sesión 108ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 109ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC .-
Señor Presidente, en el punto 8 de la Cuenta figura un oficio de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, mediante el cual solicita la unanimidad de la Sala para que se le envíe el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de estándares y medidas de construcción de redes de agua potable y alcantarillado en suelo salino, actualmente radicado en la Comisión de Vivienda, por tener aquella mayor pertinencia para analizar la iniciativa.
En mi condición de integrante de dicha comisión, solicito el respaldo de la Sala a esta solicitud.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Esta materia se tratará a continuación, señor diputado, cuando someta a consideración de la Sala la solicitud de la Comisión de Zonas Extremas.
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de estándares y medidas de construcción de redes de agua potable y alcantarillado en suelo salino (boletín N° 9548-14), actualmente radicado en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, por tratarse de una iniciativa legal que da solución a un problema que afecta a localidades de la Región de Arica y Parinacota.
Por lo tanto, la solicitud es para cambiar su tramitación.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, ¿es posible que el proyecto sea analizado durante dos semanas en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, que es especialista en el tema, y que después pase a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena, por estar relacionado con un territorio específico? De esa manera podemos salvar la dificultad, porque será estudiado por dos comisiones que entienden la situación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Familia y Adulto Mayor para remitir a la Comisión de Ciencias y Tecnología el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de promover la transmisión de mensajes en contra de la violencia de género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia masculina (boletín N° 11014-18), por ser de su competencia.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, si el proyecto es remitido a la Comisión de Ciencias y Tecnología, ¿significa que no volverá a la Comisión de Familia, a la cual había sido asignado inicialmente, o será estudiado en las dos comisiones?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, si la solicitud es que el proyecto sea remitido a la Comisión de Ciencias y Tecnología y que no vuelva a la Comisión de Familia, no hay acuerdo; por consiguiente, precisemos el punto.
Entiendo que la solicitud es que, una vez terminada la tramitación en la Comisión de Familia, el proyecto se remita a la Comisión de Ciencias y Tecnología, y que desde esa instancia se envíe a la Sala.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete .
El señor POBLETE.-
Señor Presidente, creo que por la naturaleza del proyecto debería ir a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, en vez de a la Comisión de Ciencias y Tecnología.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, nadie ha hecho esa solicitud. Permítanme un atrevimiento: ¿Habría unanimidad para adoptar en este caso un acuerdo similar al que aprobamos recién respecto del proyecto que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de estándares y medidas de construcción de redes de agua potable y alcantarillado en suelo salino? La idea es que el proyecto sea estudiado por dos semanas en la Comisión de Familia y después se remita a la Comisión de Ciencias y Tecnología.
No hay acuerdo.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, en el punto 7 de la Cuenta figura un oficio de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios por el cual solicita que se revise la decisión adoptada por los Comités, y ratificada por la Sala el martes 3 de enero, de modo que se le remita, por un tiempo acotado, el proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, dado que tiene directa relación con las materias de su competencia.
Si la Sala ya decidió, con votación incluida, no remitir ese proyecto a la mencionada comisión, quiero saber si se puede seguir presentando este tipo de solicitudes y obligarnos a tomar la misma decisión todas las semanas.
Entiendo que si la Corporación votó en contra un asunto sometido a su consideración, ya no hay vuelta atrás en el tema.
El señor ANDRADE (Presidente).-
La solicitud de revisión se puede presentar regularmente y la Sala deberá pronunciarse nuevamente al respecto en cada oportunidad que se le pida. Sin embargo, como ya se adoptó una decisión al respecto, esta solo podrá modificarse por acuerdo unánime de los parlamentarios.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, existe una comisión permanente con competencia para tratar este tipo de materias: la Derechos Humanos y Pueblos Originarios.
Desde esa perspectiva, considero que lo planteado por el diputado Ignacio Urrutia no tiene sentido, que debería accederse a la petición de la comisión mencionada y, en definitiva, remitírsele el proyecto en cuestión.
Espero que así lo acuerde la Sala.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para revisar la decisión adoptada por los Comités y ratificada por la Corporación en la sesión del martes 3 de enero, de modo que se le remita por un tiempo acotado el proyecto que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (boletín N° 10526-06), dado que tiene directa relación con su cometido como instancia destinada a analizar los proyectos y temas vinculados con los pueblos originarios.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Informo que sesionarán en forma simultánea con la Sala las siguientes comisiones: la Comisión de Deportes y Recreación, de 10.45 a 12.00 horas, y las comisiones especiales investigadoras unidas encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena y Dipreca y las pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería, de 10.45 a 12.30 horas.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías .
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, el diputado Ramón Barros está convaleciente, por lo que solicito enviarle, si no se ha hecho, un saludo de apoyo de toda la Corporación.
ELIMINACIÓN DE ENTREGA DE TABLAS IMPRESAS EN PAPEL
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente, deseo plantear un tema administrativo.
Todos los días de sesión aparece la tabla correspondiente en cada uno de nuestros pupitres electrónicos, pero además la recibimos impresa en papel.
Hemos hablado mucho de que debemos ahorrar dinero, pero se sigue repartiendo esa hoja de papel a los 120 diputados, en circunstancias de que, como dije, tenemos toda esa información en nuestros pupitres electrónicos.
Por lo tanto, en mi opinión, está de más la entrega de esa hoja.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para eliminar en el futuro la entrega de la tabla impresa en papel?
Acordado.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Hago presente a la Sala que el diputado señor Sergio Ojeda me ha señalado que se va a retirar de la sesión porque ha recibido noticias de que su hermano está en muy malas condiciones de salud.
En consecuencia, les pido que tengamos en consideración que, a pesar de que estuvo presente al inicio de la sesión, no se podrá quedar hasta el final y, por ende, tampoco podrá votar.
Estaremos pendientes del estado de salud del hermano del diputado señor Sergio Ojeda , que parece ser muy grave, e informaremos sobre cualquier novedad al respecto.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios con los siguientes diputados: Germán Becker , Cristián Campos , Karol Cariola , Juan Luis Castro , Fuad Chahin, Juan Antonio Coloma , María José Hoffmann , Vlado Mirosevic , Denise Pascal , José Pérez , Yasna Provoste , Marcela Sabat y Osvaldo Urrutia .
¿Habría acuerdo?
Varios señores DIPUTADOS.-
Sí.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Acordado.
V.ORDEN DEL DÍA
REGULACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (PROPOSICIONES DE LACOMISIÓN MIXTA. BOLETÍN N° 6252‐09)
El señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula los servicios sanitarios rurales.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes pasado, para la discusión del proyecto se otorgarán cinco minutos por bancada.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-
Señor Presidente, agradezco la presencia del ministro de Obras Públicas en la Sala, porque la voluntad política ha sido muy importante para avanzar en la tramitación del proyecto. Sin embargo, también sería muy importante que ingresara el director de Obras Hidráulicas, para contestar las consultas y resolver las dudas que podamos plantear.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el director nacional de Obras Hidráulicas?
Acordado.
En discusión las proposiciones de la Comisión Mixta.
Tiene la palabra, por un minuto y treinta segundos, el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo y felicito al ministro de Obras Públicas, porque este proyecto de ley tan importante está finalizando su etapa legislativa.
Los sistemas sanitarios rurales son trascendentes para quienes viven en el campo. El agua potable rural es un elemento fundamental, pero escaso para miles de chilenos.
Necesitamos una institucionalidad que permita contar con obras sanitarias en todos los sectores rurales.
En ese sentido, esta institucionalidad nos va a permitir acceder a más financiamiento, mayor flexibilidad y mejor regulación de tarifas.
Quiero saludar y felicitar a los presidentes y dirigentes de los comités de agua potable rural, quienes, ad honorem, sacan adelante a sus comunidades. Destaco el trabajo esforzado que realizan y la participación que han tenido durante la tramitación de esta iniciativa, en la que han contribuido desde las bases, con su experiencia, en la presentación de indicaciones al proyecto.
La Comisión Mixta flexibilizó las condiciones para llamar a licitación pública en las zonas en las cuales no existan interesados en prestar servicios, agregó nuevas exigencias en el trámite de solicitud de licencias y abrió a otros comités o cooperativas la posibilidad para competir en la postulación a licencias.
También valoro que se elimine la posibilidad de que los servicios sanitarios sean con fines de lucro. En esta materia, solo debe primar el interés superior de dotar de agua a los sectores que tanto la necesitan.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, quiero saludar al ministro de Obras Públicas y a los dirigentes de las asociaciones de agua potable rural de todo el país.
El proyecto de ley que nos ocupa comenzó su tramitación en 2008, durante el primer gobierno de la Presidenta de la República Michelle Bachelet . En esa ocasión, trabajé fuertemente con las organizaciones de Melipilla y Talagante, para ver cómo podíamos lograr mejoras en los sistemas de agua potable rural, que, en esencia, son totalmente comunitarios y cooperativos entre todos los vecinos que cuentan con los arranques correspondientes.
Abastecer a través de este sistema a un millón y medio de habitantes de zonas rurales concentradas demuestra que nuestro país cuenta con una ciudadanía capacitada, a la cual se le puede entregar la facultad de conformar cooperativas o comités de agua potable rural y participar en la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru).
Quiero felicitar a los dirigentes que participaron e hicieron valer su palabra, porque a través de este proyecto de ley se regularán los servicios sanitarios rurales, lo que va a ser un gran aporte para todos quienes viven en el campo.
Quienes representamos a zonas rurales sabemos que el modelo de los APR, con sus regulaciones y normativas, permitirá que las comunidades rurales que aún no cuentan con agua potable, tengan, en el tiempo más próximo posible, acceso a este servicio básico.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al ministro de Obras Públicas que todavía quedan zonas, por lo menos en mi distrito, en las que necesitamos comprar o destinar más litros de agua por segundo, para que los usuarios del sistema de agua potable rural puedan abastecer también a comunidades que no cuentan con ese vital elemento porque no tienen el caudal necesario.
Espero que mis colegas voten a favor las proposiciones de la Comisión Mixta al proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, siento una gran alegría al recordar que hace 54 años el Presidente Eduardo Frei Montalva creó los APR, con lo que comenzó a disminuir la mortalidad infantil en Chile.
Los gobiernos democráticos se han preocupado de que los campesinos chilenos tengan una vida tan digna como sus connacionales de las ciudades.
Valoro enormemente este proyecto porque, en este aspecto, faltaban los servicios sanitarios rurales.
Cuando cometimos el error de privatizar las empresas sanitarias, recorrimos el país para transmitir a los dirigentes de los sistemas de agua potable rural y de las cooperativas que no cayeran en manos de las empresas sanitarias privadas porque simplemente iban a ser devorados por ellas.
El proyecto de ley resulta fundamental para que los comités de agua potable rural puedan entregar los mismos servicios. Quienes somos diputados agraristas, rurales, hemos defendido la calidad de vida del mundo rural y que sus habitantes logren tener acceso al agua en las mejores condiciones posibles.
El anterior gobierno terminó con el subsidio rural; lo repusimos durante este gobierno, porque queremos que las personas del mundo rural no emigren a las ciudades y se conviertan en habitantes de verdaderos bolsones de miseria.
Soy uno de los que más se alegrará cuando se apruebe este proyecto, porque he trabajado durante toda una vida en esta materia.
Aprovecho la ocasión para agradecer a don Reinaldo Fuentealba , director nacional de Obras Hidraúlicas, quien siempre nos ha acompañado a lo largo de todo Chile a fin de impulsar la creación de sistemas de APR y de cooperativas.
Mi saludo a los dirigentes, que fueron fundamentales para que el proyecto llegara a feliz término en la Comisión Mixta. Agradezco de manera especial a los dirigentes de la Sexta Región, quienes fueron grandes “colegisladores” para lograr aprobar un proyecto de ley que lleve justicia al mundo rural, el cual no puede seguir esperando, pues necesita tanto o mejor calidad de vida que los habitantes de las ciudades.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez .
El señor PÉREZ (don Leopoldo).-
Señor Presidente, quienes me han precedido en el uso de la palabra han hablado de un día histórico y de una serie de buenas intenciones y augurios respecto del el proyecto.
Como integrante de la Comisión de Obras Públicas, y en reemplazo del diputado señor René Manuel García en la Comisión Mixta, debo señalar que el proyecto tuvo una tramitación fácil, al menos en la Comisión de Obras Públicas y por la votación que obtuvo en la Sala.
Quiero agradecer a los distintos comités de agua potable rural, representados por sus dirigentes, quienes participaron en cada una de las instancias parlamentarias.
Lo fundamental del proyecto es que regula una actividad que hoy día es creciente. Si bien a nivel nacional existe un déficit bastante grande respecto de la provisión del vital elemento en condiciones sanitarias de calidad para las familias del campo, también existe un déficit en la regulación, lo que impide dar tranquilidad a las respectivas familias en materia de aseguramiento del servicio de agua potable en el tiempo. Se requiere la provisión de agua potable y su tratamiento para que la actividad agrícola tenga un desarrollo sustentable y exista claridad sobre qué hacer con las aguas servidas en nuestras zonas rurales.
Lo planteo particularmente como diputado de la zona suroriente de la Región Metropolitana, en donde represento a dos comunas rurales, una de las cuales -por su intermedio, señor Presidente, se lo digo al ministro de Obras Públicas y al director de Obras Hidráulicas-, San José de Maipo , abastece el 60 por ciento del agua potable de la ciudad de Santiago, pero que tiene carencias y necesidades de agua en muchos sectores. Todavía no hemos solucionado problemas de falta de agua potable rural en localidades como El Volcán y otras. Este sector se encuentra a 35 o 40 kilómetros del centro de Santiago, de manera que debiéramos preocuparnos más de él.
Tal como señaló la diputada señora Denise Pascal , que representa un distrito bastante rural, existen 18 comunas rurales en la Región Metropolitana que todavía tienen déficit, de modo que falta mucho para cumplir el anhelo de muchos vecinos y vecinas de esas comunas rurales para que puedan acceder, por fin, a este bien tan necesario.
Agradezco al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga , por acoger una iniciativa de este parlamentario para regular, de una vez por todas, a las empresas sanitarias rurales con fines de lucro que, hasta la promulgación de este proyecto como ley -ojalá sea pronto-, se encuentran en la más absoluta desregulación y que cometen abusos impresionantes. Ejemplos de ello tenemos varios. Por ejemplo, en mi distrito está la empresa Aguas Pirque -lo digo claramente, como lo he hecho durante toda la discusión de este proyecto y otras, no solo en la Región Metropolitana, sino también en el resto de Chile, que cometen abusos increíbles.
El segundo valor más caro del agua en Chile se paga en la comuna de Pirque -para que lo sepa el señor ministro-, donde existe una desregulación total desde el punto de vista contractual, de la prestación de servicios, de las tarifas, etcétera.
Por lo tanto, este proyecto también subsanará ese vacío legal que no permitía que la Superintendencia de Servicios Sanitarios controlara estas empresas por estar ubicadas en zonas o áreas rurales, lo que me parece un absurdo.
Aunque soy diputado de oposición y de derecha, quiero agradecer al gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, por esta iniciativa de ley que sirve a todos los chilenos, ya que este tipo de problemas no tiene color político o religioso y, por lo tanto, todos debemos apoyarlo.
Para finalizar, quiero felicitar al ministro y a los dirigentes que están en las tribunas. Ojalá que la ley entre en vigencia pronto.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, muchos no entendían por qué cantamos el himno nacional hace unos días, después de aprobar este proyecto en la Sala de la Cámara de Diputados. La razón es muy sencilla: porque hay un sentimiento relacionado con la dignidad de las personas que viven en las zonas rurales. Además, entonamos nuestro himno porque este es uno de los proyectos más importantes que hemos aprobado en relación con el desarrollo rural en nuestro país, ya que posibilita efectivamente el desarrollo de los sectores rurales, porque sin agua no hay desarrollo.
Hace poco se conoció la información de la encuesta Casen. Ayer, con la subsecretaria de Evaluación Social, revisamos el registro social de hogares y comprobamos que existe una diferencia abismal entre los sectores rurales y urbanos. Hay 22 por ciento de mayor pobreza en las familias rurales en relación con las urbanas. Los múltiples avances sociales y económicos que ha tenido el país no se reflejan en los sectores rurales. Es como si el mundo rural hubiese estado estancado respecto del mundo urbano. Por eso este proyecto es tan importante.
No me gusta mucho felicitar a los ministros, pero es justo hacerlo en esta oportunidad.
¡Por Dios que hay diferencias entre el Transantiago y esta iniciativa!
(Aplausos en las tribunas)
Este proyecto refleja -una cuestión básica para quienes estamos en políticala sensibilidad de entender que no podemos tener agua, porque no hay llave y, además, porque no hay agua. Además, aunque existe el subsidio habitacional rural, no podemos construir porque no se dispone de agua. Para los pobladores urbanos, esto no tiene lógica, pero quienes conocemos los sectores rurales entendemos que esa es la realidad y que este proyecto supone un avance maravilloso, y por eso hoy esto es una fiesta para el mundo rural.
Además, quiero que el ministro sepa que el proyecto refleja un modelo que hay que replicar y cuidar: el modelo del mundo comunitario y cooperativo. Aunque a algunos no les gusta, el mundo cooperativo funciona, no solo relacionado con las cooperativas de agua potable, sino también con las cooperativas agrícolas, como, por ejemplo, Coopeumo , Convento Viejo y otras. ¡El mundo cooperativo sirve, funciona, es comunitario, tiene como centro a la persona y hay que replicarlo!
Esa es la diferencia entre un modelo neoliberal, que funciona en base al mercado, y un modelo cooperativo que es capaz de ser solidario. En el modelo cooperativo, las personas deciden las cosas en sus asambleas y, además, una vez al año, pueden revisar las cuentas y pueden discutir entre ellas sobre la situación del agua y con quienes prestan el servicio. Debemos replicar este modelo.
Este modelo se basa en que el Estado también se fortalezca. Por su intermedio, señor Presidente, pregunto al ministro de Obras Públicas qué pasa con la creación de la Subsecretaría de Servicios Sanitarios Rurales, que ahora le otorgará un papel protagónico al Estado.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco .
La señora PACHECO (doña Clemira).-
Señor Presidente, primero, quiero saludar a los dirigentes de cooperativas, de comités de agua potable rural y, de manera especial, a la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru). Todos ellos revelaron y contaron la realidad cruel que vivían, donde el elemento vital, el agua, no llegaba a todos para su consumo.
Sus vivencias fueron recogidas por la Presidenta Bachelet durante 2006 y 2007, quien presentó este proyecto el 10 diciembre de 2008. Han pasado casi nueve años de tramitación legislativa y nos enorgullece que en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet se pueda aprobar la iniciativa y se promulgue la ley correspondiente.
Permítame hacer un poco de historia.
Cuando se presenta el proyecto, solo 6 por ciento de los habitantes de localidades rurales contaba con cobertura de agua potable, pero hoy, al terminar su tramitación, es de aproximadamente 98 por ciento, con 300.000 arranques.
Este proyecto de ley permite regular y fortalecer las organizaciones de base, las cooperativas y los comités, que son los responsables de las decisiones comunitarias para la coordinación e implementación de los distintos programas rurales. ¡Este es un día histórico!
Por ello, felicito al ministro de Obras Públicas y agradezco al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval .
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro de Obras Públicas, quien hoy nos acompaña en la etapa de tramitación de un proyecto que, especialmente a quienes somos de regiones, nos alegra sobremanera.
Cabe mencionar que los comités de agua potable rural han sido un aporte sustantivo en el aumento de coberturas de ese elemento. Chile tiene altos niveles de cobertura en cuanto a suministro de agua potable.
Obviamente, ese es un tema que nos enorgullece al comparar nuestra situación con la de con muchos otros países. Los aportes efectuados por los APR han ido en pro de cubrir un espectro en un área un poco nebulosa, donde la dispersión poblacional, la poca cantidad de gente y los pocos prestadores terminaban provocando un desincentivo, incluso para el propio Estado, para desarrollar proyectos relacionados con la materia.
A través de programas, los municipios han construido sistemas de agua potable y de alcantarillado; sin embargo, para un mejor desempeño en el área se requiere de un marco institucional. Por eso, nos parece muy bien la dirección en la que este proyecto lo ha ido abordando.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios solo tenía facultades de fiscalización de sistemas de control de calidad de los servicios que prestaban las sanitarias, esencialmente en áreas concesionadas, es decir, en grandes ciudades y a los grandes prestadores, pero los comités de agua potable rural quedaban al margen de esa fiscalización.
En la Región de Aysén hay una enorme cantidad de prestadores de servicios de agua potable rural. Por lo tanto, existía la necesidad de asegurar que el Estado entregara un suministro seguro, en cantidad y en calidad suficiente, que es su legítima obligación. La institucionalidad anterior, su precariedad de desarrollo y el entusiasmo de los dirigentes hacían necesaria su regulación.
Este proyecto cubre esas necesidades y va en la dirección correcta. Por eso, mi bancada, desde ya, lo apoya absolutamente, porque creemos necesario establecer regulaciones y nivelar los mecanismos de abastecimiento rural con los de las áreas concesionadas.
Quiero agradecer el trabajo de los dirigentes de los comités de agua potable rural, especialmente los de mi región. Espero que este sea un salto importante para mejorar la institucionalidad vigente y un avance para cubrir los saldos de cobertura de agua potable pendientes.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, cederé parte del tiempo que se me ha asignado para esta intervención a la diputada señora Jenny Álvarez , del Partido Socialista.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero saludar al ministro presente e inmediatamente manifestar mi apoyo a esta iniciativa, que resguarda el agua potable en las zonas rurales.
Es necesario que este recurso se resguarde en regiones como la que yo represento, que comprende el desierto de Atacama, dado que la proporción de agua dulce que se destina a agua potable es de solo 8 por ciento, menos de 30 por ciento es asignado a la actividad minera y la diferencia se usa en la actividad agroindustrial. Para regular eso el Estado debe intervenir y fiscalizar que los derechos de agua adquiridos no se usen de manera abusiva en la actividad especulativa y tampoco se entreguen por sobre lo que corresponde.
Insisto: me preocupa que solo el 8 por ciento del recurso se entregue para ser utilizado para agua potable. Como se sabe, la extracción de agua en zonas rurales tiene un efecto potente, pues se succionan napas y corrientes de ríos.
Hay un argumento no menor que se ha utilizado en fundamentar el proyecto, que apunta al interés en coordinar eficazmente los organismos sociales, la Federación Nacional de Agua Potable Rural y el Ministerio de Obras Públicas. Todos validan y respaldan este proyecto y a nadie se le cayó el pelo porque el mismo tiene directa relación con la comunidad organizada.
Entonces, quiero convocar a que se multipliquen iniciativas como esta, porque esta apertura es fuente de sabiduría que propicia decisiones correctas. Hago un llamado a que se termine con los prejuicios respecto de los aportes que el mundo civil organizado pueda hacer a las decisiones de Estado.
Insisto en mi decisión de apoyar las proposiciones de la Comisión Mixta a este proyecto y, de la misma forma, reivindico la labor del Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el ministro presente.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez .
La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).-
Señor Presidente, por su intermedio agradezco al diputado Carmona por cederme parte de su tiempo.
Quiero saludar al ministro Alberto Undurraga , al director de la Dirección de Obras Hidráulicas, don Reinaldo Fuentealba , quien ha hecho un enorme trabajo; a los dirigentes que están en las tribunas, quienes han trabajado en este tema durante muchos años; a Gloria Alvarado y a su directiva; a Juanita Beltrán , quien nos ayudó en Chiloé, donde hemos trabajado intensamente en esta materia junto con la Asociación Gremial Provincial de APR de Chiloé.
Se ha hablado bastante acerca de este proyecto de tan larga tramitación y trabajo por parte de las organizaciones de APR. La iniciativa propende a regular los servicios sanitarios rurales y a capacitar a los dirigentes y los operadores de los comités de APR. Además, estipula que los servicios sanitarios rurales no deben perseguir fines de lucro y protege a las APR frente al crecimiento de las empresas sanitarias, entre otros beneficios.
Chiloé , lugar donde llueve mucho y donde, supuestamente, el agua abunda, también tiene crisis hídrica. Desde allí queremos valorar todo el esfuerzo que se está haciendo a través de este proyecto.
La iniciativa va a acortar todos los procesos y los tiempos para dar agua potable a los ciudadanos de nuestro país y cubrirá una necesidad básica, principalmente en la zona que represento, donde se ha gastado una cantidad enorme de dinero en camiones aljibe, el que debería haberse destinado a proyectos como este, que benefician realmente a la comunidad.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar al ministro y al encargado de la Dirección General de Aguas.
Este es un proyecto que estudiamos con enorme cuidado durante mucho tiempo en la comisión y que ha sido largamente esperado por las organizaciones de los comités de agua potable rural de nuestro país. Para dar cuenta de la magnitud de esta iniciativa, quiero aportar algunos datos.
El programa de Agua Potable Rural se inició en marzo de 1964. Hoy existen cerca de 1.700 comités, que representan a más de 1.600.000 personas. Lo que pretende el proyecto, respecto del cual hoy conocemos los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta, es precisamente generar una institucionalidad y adecuar la normativa existente para que dichos comités se desarrollen de mejor manera y brinden un mejor servicio a las personas que dependen de ellos.
Represento a la Región de La Araucanía, donde el tema es importantísimo. Conocemos en los hechos los problemas que se enfrentan para resolver todo lo relativo a aquellas inversiones que desde 1994 realiza el sector público a través del MOP.
Por ello, pido a la Sala que apruebe el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga ; al director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba , y a los dirigentes de las asociaciones de APR presentes en las tribunas.
En 2008 comenzó un proceso muy largo, que no había podido ser culminado debido a una serie de acciones y a la falta de acuerdos. Sin embargo, hoy, con la aprobación de la presente iniciativa, ese proceso se cierra y se sella algo muy relevante, para lo cual se contó con la participación y acompañamiento de los dirigentes de las asociaciones de APR: una nueva institucionalidad para avanzar en lo que todos los chilenos y chilenas de los sectores rurales estaban esperando, esto es contar con una regulación clara que permita que exista mayor control en los sistemas de APR. Por ello, quiero destacar la labor de los dirigentes en la elaboración de esta iniciativa, pues con ella no solo se garantizará el buen servicio, sino que se abrirá el espectro de acción que tendrán los comités de APR. Por su intermedio, señor Presidente, reitero mi reconocimiento a los dirigentes. Muchos de ellos se encuentran en las tribunas y representan al gran número de comités de APR que existe a nivel nacional.
El proyecto beneficiará a alrededor de 1.700.000 compatriotas que hoy esperan acceder al vital elemento para el desarrollo de sus pequeños campos o de sus parcelas, y que integran alrededor de 1.800 sistemas de agua potable rural.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirles a los estimados dirigentes presentes en las tribunas que en ustedes reconozco el sacrificio, el trabajo arduo y el acompañamiento que han hecho posible que hoy cerremos este proyecto. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de Agricultura les digo que sin agua no hay progreso, sin agua no hay desarrollo, sin calidad de vida y sin dignidad rural no es posible que podamos avanzar en un Chile más justo y más solidario.
Reitero mi reconocimiento a ustedes, a todos los dirigentes de las asociaciones de APR, a todos los usufructuarios de ese sistema, y principalmente a nuestro gobierno, que aportó la voluntad, el trabajo técnico y la decisión firme para que tengamos una institucionalidad que los beneficiará, fiscalizará y organizará a todos ustedes, que tanto se lo merecen.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga , a quien felicito por la permanente preocupación que ha tenido con los dirigentes de las asociaciones de APR a nivel nacional, y al director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba .
Es importante e indispensable que nuestra gente en el mundo rural cuente con agua, con luz, con caminos y con subsidio habitacional rural, que también ha sido una materia que ha costado mucho sacar adelante. Pero el agua es fundamental. Basta considerar los miles de camiones aljibe que llevan agua a los sectores rurales, la que no siempre está en muy buenas condiciones. El agua potable rural es algo elemental.
Por su intermedio, señor Presidente, saludo a los dirigentes de asociaciones de APR presentes en las tribunas. Quiero destacar su trabajo, sus deseos, sus anhelos, sus esperanzas y el derecho humano que tienen de acceder a agua potable en condiciones sanas, de modo de evitar tomar aguas contaminadas.
Pero en esta materia debemos avanzar con más rapidez. No es posible que desde que se construye un pozo de APR hasta que se instalan las cañerías que llegan a los domicilios pasen diez o más años. Este proceso debe avanzar con mayor rapidez. Por ello, como se trata de una emergencia, podríamos recurrir a los recursos otorgados por el 2 por ciento constitucional.
Por otra parte, hago un llamado a los gobiernos regionales a que cumplan con el compromiso que asumieron de entregar recursos para colaborar con la instalación de sistemas de APR. Hace dos años que lo ofrecieron; sin embargo, aún hay miles de millones de pesos que no se han entregado. Me parece que eso es una falta de respeto hacia los habitantes del campo. Ellos tienen el legítimo derecho a reclamar que se cumpla con ese deber.
(Aplausos)
Por su intermedio, señor Presidente, solicito al ministro Alberto Undurraga que sigamos trabajando juntos e insistiendo en que se requieren más recursos. Estamos ante una emergencia nacional y hay que asistirla como corresponde, esto es no solo con anhelos, deseos, esperanzas y buenas intenciones, sino con claridad, en terreno, haciendo las cosas que corresponden, con la velocidad que el caso amerita y evitando recurrir a empresas contratistas que muchas veces se quedan con más del ciento por ciento del costo de la obra de instalación de un sistema de APR. Basta ver lo que hizo Hosain Sabag : sistemas de APR que costaban 200 millones de pesos los implementaba con menos de la mitad de ese valor. ¡Eso hay que imitar! Debemos llevar a los habitantes de nuestro campo la solución que requieren: agua potable rural que puedan beber sin contaminarse; no como actualmente ocurre con aquella que consumen a través de camiones aljibe o de las napas freáticas que están contaminadas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
El tiempo restante de la bancada del Partido Radical ha sido cedido a la bancada del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado Luis Lemus .
El señor LEMUS.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga ; al director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba , impulsor de este gran proyecto y, en especial, a los dirigentes de los comités de APR que se encuentran en las tribunas y que desde 2006 esperan esta iniciativa, cuya tramitación por fin se ha cumplido.
Lo primero que entregará este proyecto es una institucionalidad clara y precisa sobre los sistemas de agua potable rural. Ello elevará su categoría; es decir, estaremos en presencia de un servicio sanitario rural, que tendrá toda la transparencia que debe poseer un servicio de esa naturaleza y que mantendrá una característica muy importante: ser comunitario. Los sistemas de agua potable rural funcionan con los vecinos y con la voluntad de mucha gente que se ha juntado en nuestro país para que los sectores rurales pudiesen tener agua potable.
¿Cuánto lucharon muchas localidades cuando las políticas eran un poco débiles en este sentido? Si bien desde 1994 a la fecha se han multiplicado las localidades que tienen sistemas de agua potable, aún son muchas las que no cuentan con este recurso.
Por fin el Estado se hará cargo del tratamiento y disposición de las aguas servidas en conjunto con el servicio de agua potable rural. Para ello deberá desarrollar políticas, porque actualmente todo el tratamiento de aguas servidas y el alcantarillado en los sectores rurales están en tierra de nadie. Por fin -reiterose establecerá una institucionalidad clara respecto del servicio sanitario rural, desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Subdirección de Servicios Sanitarios que se crea.
Estamos ante un buen proyecto y un gran acierto de la Presidenta Michelle Bachelet . Felicito al ministro y a todos los dirigentes que hoy se encuentran en las tribunas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Javier Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga , y al director Nacional de Obras Hidráulicas, señor Reinaldo Fuentealba .
En verdad, hay que reconocer el esfuerzo que en esta materia ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en todo el país.
Como señaló el diputado David Sandoval , nuestra bancada votará favorablemente este nuevo marco institucional, porque dará tranquilidad a todas las organizaciones de APR, las cuales serán reconocidas. De hecho, su formación es reconocida fundamentalmente a través de esta iniciativa legal, que dota de una estructura institucional, a través del Estado, cual es la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales.
Lo anterior constituye un gran avance, porque ordena todo el esfuerzo que han hecho durante muchos años todos los dirigentes de las organizaciones de agua potable rural (APR), un programa muy apreciado en las localidades donde presta el servicio de abastecimiento del recurso, pues beneficia a una importante cantidad de chilenos. Por tanto, es esencial hacer prevalecer aquello y asegurar cada vez más la calidad del elemento que se entrega: el agua.
El mundo rural se encuentra muy asociado a la cultura campesina, al desarrollo agrícola. Todos quienes provenimos de él sabemos que la agricultura en general es agua y tierra. Sin embargo, mediante el presente proyecto se está asegurando la calidad del recurso hídrico al ser humano, ya no solo a la tierra y a quien la cultiva. Es evidente que esto que se da en las ciudades se debe traspasar al sector rural.
Señor Presidente, antes de que se me termine el tiempo, por su intermedio quiero señalar algo al ministro de Obras Públicas.
Ministro, necesitamos más plata…
-Aplausos.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Corresponde someter a votación el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula los servicios sanitarios rurales.
Hago presente a la Sala que se necesita un mínimo de 67 votos a favor para reunir el quorum necesario.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
-Asistentes a las tribunas y diputados entonan el himno nacional.
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LAS DESTINACIONES DE INMUEBLES FISCALES A LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora del cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
De conformidad con los acuerdos de Comités adoptados el martes 31 de marzo de 2015, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate de una hora, distribuida proporcionalmente entre las bancadas.
Diputado informante de la comisión investigadora es el señor Joaquín Tuma .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de cumplimiento del objeto de destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Fuerzas armadas, de orden y Seguridad, sesión 96ª de la presente legislatura, en 15 de noviembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor TUMA (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara:
Cumplo con informar acerca del cometido de la Comisión Especial Investigadora del cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.
Antecedentes generales y competencia de la comisión investigadora al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación
El mandato de la comisión se originó en una solicitud presentada por 58 diputadas y diputados, en conformidad con los artículos 52, N° 1, letra c), de la Carta Fundamental; 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 313 del Reglamento de la Corporación, la cual fue aprobada por unanimidad en sesión de Sala celebrada el 11 de mayo de 2016.
En la referida petición, de fecha 10 de mayo de 2016, los parlamentarios exponen diversos argumentos para fundamentar su solicitud de creación de la comisión investigadora.
En primer lugar, se refieren al dictamen N° 031912, de 29 de abril de 2016, de la Contraloría General de la República, que establece la obligación del Ministerio de Bienes Nacionales de fiscalizar el cumplimiento del objeto de las destinaciones de los bienes fiscales y de ponerles término cuando ellos no son utilizados por el beneficiario.
Sobre el particular, se menciona la destinación de un bien fiscal al Comando de Ingenieros del Ejército de Chile, a través del decreto exento N° 132, de 1993, siendo aplicable en la especie la norma contenida en el inciso final del artículo 56 del decreto ley N° 1939, según el cual el servicio a cuyo favor se hace una destinación tiene el deber de emplear exclusivamente el bien de que se trate para el objeto que se solicitó, y si por cualquier motivo dejare de utilizarse para dicho fin, debe ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales para que lo administre.
En relación con lo expuesto precedentemente, el Comando de Ingenieros del Ejército inició en enero de 2016 el proceso de licitación de un bien raíz fiscal localizado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía.
El decreto exento N° 132, de 23 de julio de 1993, del Ministerio de Bienes Nacionales, al cual se hizo referencia, destinó la propiedad en cuestión al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, para el funcionamiento del Batallón de Transporte N° 4, de Victoria.
Es importante destacar que dicho decreto estableció: “Si el servicio beneficiario no utilizare el inmueble en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término inmediato a la presente destinación.”.
Ahora bien, los procesos de enajenación de bienes fiscales en muchas ocasiones colisionan con las necesidades y requerimientos de las comunidades, de otros organismos públicos o con proyectos de inversión pública, toda vez que gran parte de los terrenos del Estado se encuentran en áreas urbanas que presentan condiciones adecuadas para el emplazamiento de infraestructura pública.
Los antecedentes someramente expuestos motivaron a un grupo de diputadas y diputados a proponer la creación de esta comisión especial investigadora, cuyo mandato fue fiscalizar el cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las distintas ramas de la defensa nacional y a las instituciones relacionadas con el orden público y la seguridad pública interior para establecer si la administración de dichos bienes se ajusta a los objetivos de su destinación, conocer los procesos de enajenación que las referidas instituciones han efectuado de los bienes fiscales y establecer si dichas ventas se han ajustado a la legislación vigente, en particular a los criterios establecidos por la Contraloría General de la República.
La Sala otorgó a la comisión un plazo de 90 días para cumplir su cometido, el cual fue prorrogado por otros 15, en la sesión de 5 de octubre de 2016, y a contar del día 8 del mismo mes, por lo cual su mandato expiró el 27 de octubre.
La relación del trabajo desarrollado por la comisión investigadora en el cumplimiento de su cometido, incluyendo las exposiciones efectuadas por los invitados, se describen detalladamente en el respectivo informe.
Conclusión y proposiciones aprobadas por la comisión
Se deja constancia de que la conclusión y las proposiciones de la comisión fueron aprobadas por asentimiento unánime de los miembros que participaron en la votación y su texto es el siguiente:
Conclusión
El Ejército no incurrió en ilegalidades o vicios en el procedimiento de licitación, en enero de 2016, del predio ubicado en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía. La controversia suscitada por esa enajenación en particular dice relación exclusivamente con diferencias en la interpretación administrativa de la ley por un cambio de criterio por parte de la Contraloría General de la República. Por ende, le compete al órgano contralor pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida, y no le corresponde a la comisión investigadora atribuir responsabilidades políticas o administrativas a algún órgano del Estado.
Proposiciones
1) La comisión investigadora estima que es necesario que el Ministerio de Bienes Nacionales fortalezca su capacidad fiscalizadora para verificar en tiempo y forma el cumplimiento del objeto para el cual se destinan bienes fiscales.
2) En relación con lo expuesto precedentemente, si bien es atendible que por la cantidad de inmuebles fiscales destinados a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública (alrededor de 5.000) resulte muy difícil ejercer una fiscalización caso por caso del cumplimiento del objeto para el cual fueron destinados, es evidente que una fiscalización aleatoria o de tipo muestral, como es la que se realiza actualmente, según se expuso en la comisión, es insuficiente y no permite dar cabal cumplimiento al mandato expresado en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939.
Por tanto, debe avanzarse hacia un mecanismo de fiscalización más exhaustivo.
3) Por otra parte, y para facilitar la fiscalización del cumplimiento del objetivo al que son destinados los inmuebles fiscales a las instituciones de la defensa nacional y de la seguridad y el orden públicos, sería conveniente que en el respectivo decreto de destinación se indicara de la forma más precisa posible el fin que se asigna a cada inmueble.
4) Respecto al denominado patrimonio de afectación fiscal (PAF), regulado en la ley 18.712 y formado por los bienes y recursos que se asignan a los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas, llama la atención que, no obstante ser administrado como un patrimonio propio, el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene injerencia alguna en la declaración de los bienes que integran el PAF. Tampoco consta la enajenación de esos bienes en sus registros.
Por lo expuesto, se estima recomendable modificar la citada ley, a fin de que las instituciones de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad deban informar al mencionado ministerio cada vez que un bien inmueble entregado en destinación sea declarado PAF o enajenado, por tratarse de un inmueble fiscal.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
En discusión el informe. Tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, para comenzar mi intervención deseo reiterar la principal conclusión a la que arribó esta comisión investigadora, de la que fui integrante. Dicha conclusión, que fue aprobada por la unanimidad de sus integrantes, señala que el Ejercito de Chile no incurrió en ilegalidades o vicios en el procedimiento licitatorio, sino que la controversia suscitada por el caso de los inmuebles ubicados en la comuna de Victoria se refiere exclusivamente a diferencias en la interpretación administrativa de la ley, por un cambio de criterio en la Contraloría General de la República.
Por lo anterior, la comisión considera que corresponde al organismo contralor pronunciarse sobre el fondo de la cuestión debatida y que a la propia comisión investigadora no le compete atribuir responsabilidades políticas o administrativas en ese caso.
Es importante recalcar lo anterior, debido a que en una investigación seria, en la que fueron recibidas, entre otras autoridades, el contralor general de la República, el ministro de Bienes Nacionales y el comandante en jefe del Ejército, se entregó una gran cantidad de antecedentes que permitieron concluir inequívocamente lo anterior.
Sin embargo, debemos lamentar la tergiversación que la prensa y ciertas personas han hecho sobre esta investigación, en un afán de poner nuevamente en tela de juicio al Ejército de Chile, sin fundamento alguno.
En efecto, algunos han sostenido que el Ejército es prácticamente una inmobiliaria que se dedica a lucrar indebidamente con la venta de inmuebles y que a través de una antojadiza declaración de bienes como patrimonio de afectación fiscal, se ha intentado actuar al margen de la ley.
Esas aseveraciones son absolutamente falsas, carecen de fundamento jurídico y tienen la clara intención de continuar enlodando a la institución.
Por lo anterior, estimo necesario hacer algunas precisiones y aclaraciones sobre el régimen jurídico de los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas:
Los bienes fiscales se someten a un régimen jurídico de derecho privado. No obstante, les resultan aplicables estatutos de derecho público, dentro de los cuales el decreto ley N° 1939, de 1977, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, es el estatuto general que rige la materia.
Por su parte, los bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas se encuentran sometidos al régimen general aplicable a los bienes fiscales; no obstante, existen distintos estatutos especiales que establecen normas sobre su adquisición, enajenación y administración.
Así, las Fuerzas Armadas se encuentran sujetas, en primer lugar, al mecanismo de destinación regido por el decreto ley N° 1939, ya mencionado. Adicionalmente, les son aplicables las normas de la ley N° 18.712, que aprueba el nuevo estatuto de los servicios de bienestar social de las Fuerzas Armadas, el cual establece los patrimonios de afectación fiscal, llamados PAF. Para conceptualizar esta institución, diremos que los PAF no configuran un patrimonio propio de estos organismos, sino que deben entenderse en el sentido de que aunque los bienes que lo componen sean de dominio del fisco, han sido configurados por el legislador con rasgos que, en el conjunto y en el detalle, les otorgan una fisonomía propia y diversa de aquel que por aplicación de las reglas generales le corresponde administrar al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a lo preceptuado en el artículo 1° del decreto ley N° 1939, ya citado.
Por otra parte, la declaración de los PAF se realiza por el solo ministerio de la ley y se materializa en un acto administrativo que solo tiene el carácter de declarativo, por lo cual no existe una varita mágica de las autoridades castrenses que tenga la virtud de dar ese carácter a algunos bienes, tal como burdamente algunos han intentado sostener.
El tercer régimen aplicable a los bienes inmuebles de estas instituciones se encuentra en el decreto ley N° 1113, de 1975, que fija las normas para la adquisición de bienes raíces por las Fuerzas Armadas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de ese cuerpo legal, los funcionarios que indica la norma tendrán la representación del fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos.
Con ocasión del pronunciamiento de la Contraloría General de la República en el dictamen N° 31.912, de 29 de abril del año pasado, solicitado por el senador señor Tuma , se resolvió que el Ejército, en aplicación del decreto N° 1113, no contaba con facultades de administración de inmuebles, sino que le resultaba aplicable el estatuto general del decreto ley N° 1939, y la potestad se mantiene radicada en el Ministerio de Bienes Nacionales.
Sin perjuicio de lo anterior, corresponde destacar que fue el propio gobierno, al evacuar su informe concerniente al referido dictamen, el que señaló expresamente que al Ministerio de Bienes Nacionales no le correspondía pronunciarse sobre la impugnada licitación del Ejército, en atención a que el respectivo predio había sido adquirido en virtud del decreto ley N° 1113, por lo cual la institución castrense es el órgano competente para administrar dicho inmueble.
Adicionalmente, es imperativo expresar que la Contraloría tomó razón de las bases de licitación respectivas, sin efectuar reparo alguno en esa oportunidad.
En esta línea, la compraventa original de los referidos predios por parte del Ejército se efectuó mientras se encontraba plenamente vigente el decreto ley N° 1113. A mayor abundamiento, en la propia escritura pública de compraventa se hace expresa referencia a este cuerpo normativo especial y a la sujeción a sus disposiciones.
No obstante, con posterioridad a la referida compraventa el Ministerio de Bienes Nacionales dictó el decreto exento N° 132, de 1993, el cual dispuso la destinación del referido inmueble a un fin determinado. Sin perjuicio de lo expuesto, el carácter constitutivo o declarativo de este acto administrativo deberá ser determinado por la Contraloría General de la República.
Con todo, es importante señalar que la argumentación jurídica del Ejército encuentra fundamento en jurisprudencia administrativa de la propia Contraloría General de la República.
En consecuencia, por las consideraciones expresadas, anuncio que votaré a favor el informe, que es el resultado de un trabajo serio de la comisión, que escuchó a todos los actores involucrados y resolvió conforme a los contundentes antecedentes entregados por las instituciones involucradas que concurrieron invitadas a sus sesiones.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, también vamos respaldar las conclusiones de la comisión investigadora; sin embargo, considero importante señalar algunas cosas.
Si bien las instituciones armadas tienen definido su patrimonio y la forma como se va estructurando a través de los aportes fiscales, se requieren algunas modernizaciones, en especial respecto a los llamados PAF, pues paulatinamente hemos ido presenciado transformaciones de esa realidad.
En la Región Metropolitana, por ejemplo, hoy nos encontramos con un territorio altamente militarizado a causa de las transformaciones ocurridas en los últimos años. Por de pronto, la antigua industria armamentista del Ejército, Famae , que estaba en medio de la comuna de San Miguel, salió de esa comuna y desocupó los terrenos; pero estos continúan en manos Ejército, no obstante que a miles de familias que buscan vivir en ese sector de la ciudad se les dice que no hay terrenos para construir sus viviendas y que deben buscar alternativas en otros sectores.
Del mismo modo, en la zona norte de Santiago, la Fuerza Aérea es propietaria de miles de hectáreas, entre ellas las que ocupan el regimiento de artillería antiaérea y el aeródromo de Peldehue.
En este recuento también debemos incluir los terrenos del Ejército en San Bernardo y los del regimiento de alta montaña en Puente Alto -exbatallón de ferrocarrileros-, sin contar las instalaciones de las escuelas matrices.
Ya tuvimos una transformación en el Patrimonio de Afectación Fiscal, pero no me voy a referir a la especulación negativa que se ha dado respecto de esos cambios.
El regimiento Tacna , por ejemplo, era un antiguo destacamento ubicado en las calles Copiapó con Santa Rosa . Hoy es una institución inmobiliaria con edificios. Alguien deberá dar las razones de ese cambio y la explicación de cómo se ajusta a derecho.
La Fuerza Aérea ocupa un emplazamiento de cientos de hectáreas en la comuna de El Bosque, situación que se repite en otras tantas comunas de Santiago.
La modernización de las Fuerzas Armadas, que la ha llevado a prescindir de terrenos de muchas hectáreas emplazados en medio de las ciudades, ciertamente conlleva la promoción de un cambio para generar instituciones modernas y eficientes en la gestión de sus patrimonios.
En consecuencia, los terrenos que el país ha entregado a las Fuerzas Armadas, los cuales son patrimonio de todos los chilenos, pero que debe administrar el Ministerio de Bienes Nacionales, deben ser utilizados sin atisbos de mal uso.
En tal sentido, la lectura de las conclusiones de la investigación y las exposiciones de las distintas personas que asistieron a las sesiones de la comisión investigadora, me llevan a reafirmar la necesidad de actualizar las normas que rigen al Ministerio de Bienes Nacionales y dotarlo de nuevas atribuciones, para que preserve el patrimonio de todos los chilenos por sobre los intereses de particulares o de instituciones, por muy respetables que sean.
Por lo tanto, mi conclusión final es que debemos promover proyectos de ley que fortalezcan al Ministerio de Bienes Nacionales, para que nunca más tengamos que decir a un poblador que no hay dónde construir una población, en circunstancias de que extensos terrenos que se encuentran en manos de los militares no tienen un destino útil.
Anuncio que votaré favorablemente el informe.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, durante la discusión realizada en la comisión investigadora, recibimos información de situaciones que desconocíamos. Gracias a ello, hoy los chilenos podrán enterarse de hechos que estaban en las sombras.
Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública cuentan con 7.649 propiedades, de las cuales 2.474 pertenecen al Ejército de Chile, 1.409, a la Armada de Chile; 1.140, a la Fuerza Aérea de Chile; 2.345, a Carabineros de Chile, y 281, a la Policía de Investigaciones de Chile.
La verdad es que no teníamos esa información.
Además, los diputados nos enteramos de algo que también desconocíamos, esto es, del significado de la sigla PAF: Patrimonio de Afectación Fiscal. Las Fuerzas Armadas tienen 2.440 propiedades destinadas fundamentalmente a sus servicios de bienestar.
Debo señalar que la comisión investigadora se creó a iniciativa del senador Eugenio Tuma , en momentos que se trataba de paralizar la licitación por cuenta del Comando de Ingenieros del Ejército de un terreno fiscal localizado en la comuna de Victoria, identificado como lote D-1, con una superficie de 58.000 metros cuadrados, aproximadamente, por un monto que ascendía a 30.524,51 UF, según la información publicada en El Austral, Diario de La Araucanía, en su edición del lunes 19 de enero de 2016.
La referida propiedad fiscal fue adquirida en representación del fisco por don Hernando Hormazábal Díaz , comandante del Comando de Ingenieros del Ejército, a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales S.A., perteneciente al Estado de Chile, operación efectuada, curiosamente, el 9 de marzo de 1990, un día antes de terminar el gobierno militar.
Cabe señalar que mediante el decreto exento N° 132, del 23 de julio de 1993, el Ministerio de Bienes Nacionales destinó esa propiedad al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, para el funcionamiento del Batallón de Transporte N° 4 de Victoria, junto con otros lotes.
Posteriormente, a través del decreto exento N° 209, del 19 de febrero de 1998, se modifica el decreto N° 132, excluyéndose parte del lote D, permaneciendo vigente solamente la destinación correspondiente al lote D-l, objeto de la licitación convocada por el Comando de Ingenieros del Ejército.
El referido decreto N° 132 establece: “Si el servicio beneficiario no utilizare el inmueble en los fines señalados o si lo cediere, a cualquier título, se pondrá término inmediato a la presente destinación”, cláusula reiterada en el decreto exento N° 209, del 19 de febrero de 1998, precisando que la autoridad encargada de informar sobre el cumplimiento del uso efectivo del bien es la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de Temuco.
En definitiva, ese terreno no se usó para el destino señalado, pues el Batallón N° 4 desapareció, no existe en Victoria.
Posteriormente, la Contraloría se pronunció al respecto, dando cuenta de una situación controvertida sobre el destino de ese bien raíz, que la comisión investigadora no alcanzó a tratar, pues se acabó el tiempo que le había otorgado el mandato de la Sala. Al respecto, determinó que el Ministerio de Bienes Nacionales debía informar sobre el destino del inmueble.
Sumado a lo anterior, la Contraloría General de la República emitió un nuevo pronunciamiento, que yo llamaría “doctrina Bermúdez ”, que representa un cambio sustantivo en el manejo de los bienes fiscales por parte de la Fuerzas Armadas.
Por lo tanto, debo señalar que, lamentablemente, la comisión investigadora no tuvo conocimiento del nuevo pronunciamiento como para haber solicitado mayor información.
Concuerdo plenamente con el diputado Arriagada en que debemos discutir una modificación a la ley respectiva, ya que esos bienes pertenecen al Estado de Chile, no a las Fuerzas Armadas, las que solo los administran.
Por consiguiente, hay sombras sobre la venta de muchos PAF, ya que el Estado de Chile desconoce el destino de esos dineros. Hemos visto que muchos regimientos han desaparecido del centro de las ciudades, como el regimiento Coraceros , de Viña del Mar, cuyas propiedades se vendieron en un valor muy significativo, pero se desconoce el nombre de los corredores que participaron en la operación, el monto de las comisiones, en fin. No hay información a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales, a pesar de que es la institución que debe conocer sobre esa situación.
Por lo tanto, llamo a que reiniciemos la discusión en un período relativamente corto sobre el tratamiento que debe darse a las ventas de las propiedades fiscales, incluso al PAF, para saber qué va a ocurrir cuando las Fuerzas Armadas decidan vender esas 2.440 propiedades.
Es necesario que exista transparencia respecto de esas operaciones y se debe saber dónde están los dineros de esas ventas, que corresponden a sumas muy abultadas, pues se trata de terrenos ubicados en el centro de las ciudades.
Por eso, lamento que el mandato de la comisión haya expirado sin que se hubiese aplicado la nueva doctrina adoptada por el contralor general de la República, señor Jorge Bermúdez , a quien hago un reconocimiento, porque cambió absolutamente la normativa que existía al respecto.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora del cumplimiento del objeto de las destinaciones de inmuebles fiscales efectuadas por el Ministerio de Bienes Nacionales a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan , Joaquín ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES EN EXPLORACIÓN, PROCESAMIENTO, EXPLOTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE LITIO, Y DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE CORFO Y SOQUIMICH PARA LA EXPLOTACIÓN DE DICHO METAL
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la participación de toda empresa u organismo público en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte del litio, así como de las características del contrato suscrito entre Corfo y SQM para la explotación de dicho metal.
Diputado informante de la comisión investigadora es el señor Alberto Robles .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora de actuación de entidades estatales en exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de Litio y en contrato suscrito entre Corfo y Soquimich para la explotación de dicho metal, sesión 109ª de la presente legislatura, en 14 de diciembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 9.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ROBLES (de pie).-
Señor Presidente, como recordarán, en marzo de 2016 esta Corporación aprobó la creación de una comisión especial investigadora para reunir los antecedentes y concluir hechos políticamente relevantes sobre la participación de toda empresa u organismo público en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte del litio, así como de las características del contrato suscrito entre Corfo y Soquimich para la explotación de dicho metal en el salar de Atacama.
En cumplimiento de este mandato, la comisión celebró cerca de veinte sesiones durante nueve meses, que nos mostraron la realidad del litio en nuestro país, caracterizada por: 1) la entrega de este vital elemento a un consorcio chileno, Soquimich , cuya actuación está plagada de irregularidades e ilegalidades en la explotación, comercialización y en el cumplimiento de los contratos celebrados con Corfo; 2) la ausencia de estudios e investigación nacional sobre este metal, sus reservas, explotación y fines comerciales; 3) la escasa y por momentos nula fiscalización de su exportación y comercialización por parte de los agentes del Estado, llámese Corfo , Servicio de Impuestos Internos, Dirección General de Aguas, Ministerio del Medio Ambiente, Comisión Chilena de Energía Nuclear, etcétera, y 4) en general, la investigación nos deja una sensación de inconsciencia o de abulia de gran parte del Estado en la protección de nuestra riqueza, que no es eterna ni renovable.
La comisión valora la colaboración prestada por todos quienes comparecieron a ella, lo que nos permitió obtener una detallada relación de la industria, del papel que ha desarrollado el Estado y sus órganos, y del quehacer judicial que hoy enfrenta la relación contractual de Corfo con Soquimich.
Conocimos por parte de nuestros invitados acerca de las limitaciones en el desafío que demanda la investigación de la industria del litio y la necesidad de que el Estado asuma el rol que le corresponde; de los problemas de competencia, coordinación y recursos de los organismos públicos encargados de la fiscalización de la industria.
Así también, conocimos, cuando visitamos el salar de Atacama, de la inquietud de los pueblos atacameños, que defienden con tesón su hábitat y reclaman que los salares son sistemas frágiles, en los que convive una biodiversidad de flora y fauna muy importante, que tienen una relación de gran valor ancestral para las comunidades indígenas.
La comisión incorporó las visiones de todos los agentes del Estado y, por cierto, también de los representantes de las empresas explotadoras del litio. En esas audiencias la información entregada por los comparecientes y la documentación que se hizo llegar a la comisión nos permiten arribar a las siguientes conclusiones.
En honor al tiempo no haré referencia a todo el proceso, porque está detallado en las más de trescientas páginas del informe.
Conclusiones
1. La explotación del litio en el salar de Atacama se encuentra hoy en manos exclusivas y excluyentes de solo dos grandes consorcios privados: SQM Salar S.A. y la Sociedad Rockwood Litio Limitada.
La sociedad denominada SQM Salar S.A. se encuentra autorizada para explotar un total de 180.100 toneladas de litio desde el salar de Atacama hasta el año 2027. Ha sido demandada por Corfo en un juicio arbitral para poner término al contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras y del convenio para el proyecto del salar de Atacama, por las graves irregularidades e incumplimientos en los que ha incurrido dicha empresa.
Por su parte, la Sociedad Rockwood Litio, de propiedad de la sociedad Albemarle , y en virtud de un nuevo convenio suscrito recientemente con Corfo, de fecha 9 de noviembre de
2016, esto es, en el curso de la labor investigativa de esta comisión y sin haber sido informada de las condiciones específicas de esa negociación, ha sido autorizada para extraer litio desde las salmueras del salar de Atacama por un total de 540.240 toneladas hasta el 1 de enero de 2044.
2. En marzo de 2016, la Comisión Nacional del Litio realizó un diagnóstico en el que constató la falta de conocimiento y de control de los salares por parte del Estado. Los salares son ecosistemas complejos y frágiles, que requieren protección, conservación y manejo sustentable, por lo que la primera propuesta de la comisión fue desarrollar más que una política del litio, una política que llamó de “gobernanza de los salares”. Asimismo, la comisión creada por la Presidenta de la República acordó mantener el carácter estratégico del litio y su condición de no concesible.
Con el cúmulo de antecedentes recopilados y que se detallan pormenorizadamente en el informe que se encuentra a disposición de todas las señoras diputadas y los señores diputados, nuestra comisión formuló propuestas para cada uno de los capítulos que a continuación se exponen:
Propuestas
A. Sobre el régimen legal del litio y su explotación en las pertenencias mineras OMA y otras concesiones de propiedad del Estado-Corfo.
Tratándose de las concesiones mineras de los años 1979 y 1984, arrendadas por Corfo a SQM, se hace necesario esclarecer si la manifestación de esas concesiones mineras se llevó a cabo después del 1 de enero de 1979, caso en el cual los contratos de arrendamiento y del proyecto del salar de Atacama, suscritos con Soquimich, serían absolutamente nulos al tener por objeto una sustancia, el litio, que no se encontraría autorizada por ley.
De otro lado y tratándose de aquellas pertenencias entregadas por SQM Salar S.A. a Corfo durante el año 2012, urge encarecidamente determinar si de ellas se han extraído salmueras para la producción del litio desde el salar, caso en el cual la extracción de litio estaría fuera del marco de la ley y de los contratos.
Por lo anterior, la comisión propone que se requiera a Corfo, a Sernageomín y a la Dirección Nacional de Aguas, a fin de que en el marco de sus competencias, informen a esta Cámara sobre las situaciones expuestas en relación con esas pertenencias, debiendo adoptar las acciones que correspondan conforme al mérito de sus conclusiones.
B. Sobre el control de los contratos suscritos por Corfo con SQM S.A., SQMK S.A. y SQM Salar S.A.
Ha quedado suficientemente demostrado en nuestra investigación que durante un período que va desde 1986 hasta 2013, Corfo no dio fiel ni oportuno cumplimiento a las normas legales que gobiernan su funcionamiento en relación con los contratos suscritos con SQM.
Durante ese período y por mucho que los derechos y acciones que emanan de los contratos tengan una naturaleza privada, por disposición de los cuerpos legales que reglan la existencia y funcionamiento de la Corfo, esos derechos y acciones se encuentran en definitiva e indefectiblemente enderezados al cumplimiento de una finalidad pública y de interés general, sin que sea posible, ética y legalmente, dejar de ejercerlos.
Por lo anterior, y para dejar debida constancia de la historia de la acción fiscalizadora de nuestra Cámara, proponemos la formulación de un enérgico reproche a la responsabilidad que le asistió a las administraciones pasadas de Corfo en las actuaciones u omisiones acontecidas en ese período y que reflejan una indiferencia, apatía, indolencia y abandono injustificado y, por lo menos, claramente negligente, en la protección de los intereses del país en esta materia, que puede corresponder a responsabilidad administrativa, civil y, eventualmente, penal de sus agentes, pero claramente a responsabilidad política.
C. Sobre la extracción y venta de salmueras desde el salar de Atacama por SQM y la posición del Ministerio del Medio Ambiente.
La comisión ha concluido que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 226, de 2006, de la Corema de Antofagasta, en la que se amparó el señor ministro del Medio Ambiente para sostener la licitud de la extracción de salmueras desde el salar de Atacama para su posterior venta bajo el rotulo de “salmuera enriquecida de litio” por parte de SQM, no goza de la densidad jurídica y técnica suficiente para ser tenida, incluso ambientalmente, como título habilitante que sirva de autorización para la exportación de salmueras. Lo anterior se debe a que en esa resolución se omitió toda referencia a las facultades legales de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y a las condiciones fijadas por la ley y por los acuerdos de ese organismo para la extracción del litio en el salar de Atacama.
Por lo anterior, proponemos requerir al Ministerio del Medio Ambiente para que coordine la actuación del Servicio de Evaluación Ambiental conjuntamente con la Superintendencia del Medio Ambiente, con la debida participación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear o consulta a dicha instancia, a fin de verificar el procedimiento realizado.
De igual modo, proponemos a la Corporación, en tanto no se dé debido cumplimiento a la proposición anterior, que se exhorte encarecidamente al señor ministro del Medio Ambiente a suspender sus juicios sobre la interpretación que deba darse de la RCA antes citada, interpretación que, por lo demás, resulta ajena a la competencia ministerial.
D.- Sobre el control de la CChEN en la explotación y comercialización del litio en el salar de Atacama Esta comisión ha concluido que la Comisión Nacional de Energía Nuclear tiene, por ley, una competencia ampliada para abocarse al control y fiscalización de todas las actividades relativas al litio, desde su forma de extracción, producción, comercialización y hasta su destino final, incluyendo la protección de las reservas que se encuentran en el salar y del propio salar de Atacama.
Por lo anterior, proponemos que se reproche enérgicamente a la Comisión Chilena de Energía Nuclear por no haber ejercido hasta el año 2014, inclusive, las potestades públicas que le han sido asignadas por la ley para el control y fiscalización de las actividades relativas a la explotación y comercialización del litio, con el consiguiente perjuicio que ello ha significado al interés nacional y al patrimonio del Estado, por lo cual las autoridades que han dirigido esa institución hasta esta fecha son responsables políticos de su actuar negligente y omisión culposa.
E.- Sobre el déficit de coordinación en el control y fiscalización de la explotación y comercialización del litio por parte de los órganos del Estado
Esta comisión ha concluido que durante el curso del año 1986 hasta, al menos, el 2014, se infligió, por parte de los organismos del Estado con competencia en la explotación y comercialización del litio, especialmente, por la Corporación de Fomento de la Producción, por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, por la Dirección General de Aguas y por el Servicio Nacional de Aduanas, una abierta fractura al principio de coordinación y unidad de acción que forma parte integrante y orienta la actuación de la administración del Estado, con el consiguiente daño que esa desinteligencia y descoordinación ha producido a los intereses del país en relación con la protección del salar de Atacama y de las reservas de litio.
Por lo anterior, a fin de guardar debido registro histórico de la fiscalización de esta Cámara, se hace ineludible proponer a las señoras diputadas y señores diputados que se formule un enérgico reproche a esos organismos por la manifiesta descoordinación, falta de colaboración y de acción entre ellos por casi 28 años, lo que facilitó el actuar de SQM Salar S.A. y sus antecesoras legales en estas actividades.
F.- Sobre la exportación de salmueras del salar de Atacama
Respecto a las exportaciones que ha venido haciendo SQM Salar S.A. de salmueras naturales desde el salar de Atacama, por las razones que se contienen en el informe que se encuentra a vuestra disposición, hemos concluido que se trata de una actividad que no se encuentra autorizada por la CChEN y, por lo mismo, es absolutamente ilegal.
Por lo anterior, proponemos que se requiera, de manera urgente, al Consejo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que revise las actividades de exportación de las salmueras a la luz de las disposiciones de su Acuerdo N° 1576, de 1995, debiendo conferirle a sus disposiciones, por vía de la interpretación de su propio Acuerdo, el actual sentido y alcance que deben poseer al transcurso de más de 20 años de su dictación y en consideración a la modificación sustancial que experimentó el proyecto que se reguló con dicho acuerdo.
Por otra parte, nuestra comisión propone que el convenio firmado entre Rockwood y la Corfo sea evaluado y revisado por la CChEN, con la mirada que su director planteó en la comisión, la cual, a nuestro juicio, es totalmente distinta a como se ha actuado en ese sentido.
G.- Consideración general a los contratos con SQM para la explotación del litio, su incumplimiento y los procesos arbitrales en curso. La comisión sostiene que el llamado Convenio para el Proyecto del Salar de Atacama, suscrito en 1986 y del que hoy es parte SQM, reconoce en su origen la voluntad del Estado de Chile en el interés público de procurar el fomento de la producción e industria nacional sobre determinadas sustancias, incluyendo el litio, para lo cual invitó a empresas privadas a participar y asociarse a él con esa finalidad, poniendo a disposición de esos objetivos los recursos del Estado, esto es, de todos los chilenos.
Por lo anterior, concluimos que el proyecto para la explotación del salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile, quien, a través de Corfo, invitó a una empresa privada, con quien finalmente se asoció, en 1986.
Ahora, y ante la constatación de los serios, graves y reiteradas infracciones a los contratos por parte de SQM, concluimos que la Corfo ha cumplido bien el mandato asignado por la ley al demandar el término definitivo de dichos contratos y la restitución de los bienes del Estado, en tanto que esas graves y reiteradas infracciones han puesto en serio riesgo los objetivos superiores del Estado de Chile y han provocado un daño significativo a la Corfo y, por ende, a todos los chilenos y chilenas.
Además, sostenemos que no es posible, bajo ninguna circunstancia, mantener la vigencia de esos contratos, ya que en ellos ha fallado una condición esencial que se relaciona con las calidades éticas y el estándar de rectitud del gobierno corporativo de la empresa a quien se encargó su ejecución. En efecto, SQM ha desviado, por años, millones de dólares que se encontraban destinados naturalmente a los objetivos de ese proyecto a finalidades reñidas con la moral y la ley.
Conforme a lo anterior, la comisión propone que esta Cámara entregue su más decidido apoyo y respaldo a la posición sostenida por la Corfo y su Consejo en orden a:
a) No conciliar o avenir de modo alguno su actual conflicto judicial, y
b) Perseguir el término de los contratos que actualmente la vinculan con el grupo de empresas SQM a través de la correspondiente sentencia definitiva que se dicte por el juez o los tribunales superiores de justicia.
H.- Sobre la nueva Política Nacional del Litio y el rol de Codelco y Enami en las futuras explotaciones del litio.
Sobre esta materia, la comisión ha concluido en la necesidad de proponer a los diputados y diputadas reforzar, con un decidido apoyo de esta Corporación, las medidas impulsadas por el gobierno de la Presidenta Bachelet para:
a) Afianzar una institucionalidad intergubernamental sobre la exploración y explotación del litio y la gobernanza de los salares a través del comité que se ha creado al efecto;
b) Impulsar la prospección de nuevas iniciativas productivas y de valor agregado bajo el control del Estado a través de Enami o Codelco o sus filiales y en asociación con Corfo y el sector privado, en relación con la explotación de los salares y del litio.
Además, hemos concluido y proponemos a diputadas y diputados que se refuercen, mediante una declaración inequívoca de esta Corporación, las proposiciones contenidas en el informe final de la Comisión Nacional del Litio, que todos tienen en sus pupitres. En el informe final, esta comisión propuso una serie de medidas muy importantes a tener en cuenta por esta Cámara y, por cierto, por todas las instituciones del gobierno.
Por otro lado, en relación con la posibilidad de que Enami pueda incorporarse a la explotación de litio, planteamos y proponemos:
a) Que Enami, en concordancia con su normativa legal, proceda a estudiar fórmulas de financiamiento para explotar litio en las pertenencias que posee y, de ser necesario, incorpore alianzas con el sector privado.
b) Abrir un poder de compra de litio a pequeños mineros que poseen pertenencias en distintos distritos mineros, obviamente, con las autorizaciones pertinentes de los servicios involucrados.
Además, en relación con Codelco, creemos que debe avanzarse en el estudio de factibilidad para constituir un modelo de negocios que tenga por finalidad el aprovechamiento de los salares que tiene la empresa en el país. Para ello, es necesario:
A) Requerir del Ministerio de Minería un pronunciamiento sobre la coordinación que deberá tener la Comisión Nacional del Cobre en ejercicio de las potestades que le han sido asignadas por la ley N° 19.317, en relación con las proposiciones de Codelco sobre disposición de sus pertenencias mineras y modelo de negocios y las recomendaciones que al efecto debe pronunciar el Comité Corfo de Innovación y Desarrollo de la Minería no Metálica y Gobernanza de los Salares.
B) Consultar a la Contraloría General de la República si las iniciativas de inversión que se puedan disponer con recursos públicos, especialmente a través de la Corfo y de Codelco, para ensayar modelos que importen valor agregado a la explotación del litio, se encuentran sujetas a un sistema de control por dicha entidad, el cual importe responsabilidades administrativas o pecuniarias a sus agentes en caso de error o fracaso en los objetivos de la inversión.
C) Exhortar al Ministerio de Minería para suspender toda decisión sobre futuros contratos especiales de explotación del litio (CEOL) que pretendan adoptar empresas privadas en el área de influencia de Codelco o la Enami.
Finalmente, en el contexto de una política definida por el Ejecutivo para apoyar y promover acciones públicas en favor de las comunidades indígenas involucradas con las áreas de explotación del salar de Atacama y a la luz del convenio internacional N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país, la comisión propone recomendar encarecidamente a la Corfo y a las demás instituciones del país que atiendan los planteamientos de las comunidades indígenas presentados a la comisión.
Respecto del nuevo contrato con Rockwood y el acuerdo con la CChEN, la comisión ha concluido que la autorización de nuevas cuotas de producción y venta de litio, y la ampliación de plazos otorgados por la CChEN, constituyen actos claramente inoportunos y precipitados que, a nuestro juicio, no apuntan a la finalidad determinada por la Presidenta de la República a través de la comisión del litio, y la proposición de la presente comisión especial investigadora.
Por lo tanto, proponemos a la Cámara de Diputados que se formule un enérgico reproche a la Corfo por la inoportuna y precipitada celebración del convenio con Rockwood Litio Ltda., y que se requiera al presidente de la CChEN un informe que explique las razones del cambio tan radical que refleja el acuerdo del consejo de la institución N° 2206, de 21 de noviembre del 2016, en relación con la posición sostenida por dicho personero ante la comisión investigadora sobre la misma materia, en julio de 2016.
Por último, sobre la situación de los trabajadores del grupo de empresas Soquimich , la comisión no logró obtener mayores antecedentes para esclarecer las posiciones encontradas y contradictorias de dos organizaciones sindicales de Soquimich respecto del cumplimiento de las normas laborales de protección a los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales por parte de dicha empresa.
Por ello, se propone que la Corporación declare y refuerce la necesidad del cumplimiento irrestricto de todas las leyes y convenciones internacionales que imponen el deber a los organismos del Estado de Chile de garantizar el fiel y cabal respeto de todos y cada uno de los derechos y obligaciones que le asisten a los trabajadores en sus relaciones laborales, y que se requiera a la Dirección Nacional del Trabajo que, en ejercicio de sus facultades legales, proceda a practicar una auditoría de las relaciones laborales sostenidas por Soquimich Salar, sus filiales o coligadas relacionadas con la explotación del litio en el Salar de Atacama, entre 2011 y 2016.
Señor Presidente, la comisión intentó que la votación fuera unánime; sin embargo, pequeñas dificultades y diferencias generaron que el informe fuera aprobado por mayoría.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, por su intermedio quiero agradecer el informe que se expuso a la Sala. Considero que se trata de una propuesta muy importante en relación con lo que significa el litio para el país.
Por ello, quiero solicitar que asistan a la discusión del informe los ministros involucrados en los problemas expuestos. Dada la temática que estamos analizando, no es posible que los ministros no estén presentes para que respondan los planteamientos efectuados en la comisión investigadora.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
De conformidad con los acuerdos de los Comités, se destinará, a los menos, una hora al debate del informe evacuado por la comisión investigadora.
Por lo tanto, proponemos que la discusión sobre el particular se lleve a cabo la próxima sesión y concurran los ministros a los que aludió la diputada Alejandra Sepúlveda , dada la importancia que reviste la materia para la Cámara de Diputados.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, pido que se cite a los ministros.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la diputada Alejandra Sepúlveda .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.40 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PASCAL, ÁLVAREZ, FERNÁNDEZ, HERNANDO, PACHECO Y SEPÚLVEDA, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN EL SENTIDO DE SUPRIMIR LAS REFERENCIAS AL TERRORISMO EN LAS NORMAS QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 11074-07)
“1. Fundamentos. El artículo noveno de la Constitución contiene preceptos de difícil justificación, dudosa eficacia práctica, redundantes, y virtualmente generadores de vulneraciones a compromisos internacionales.
La opción por incorporar una especial regulación del fenómeno terrorista en la Constitución de 1980 debe ser examinada críticamente bajo los parámetros de la teoría constitucional contemporánea y de los sistemas constitucionales comparados, con especial referencia a las constituciones de aquellos Estados que actualmente enfrentan o que en el pasado han debido enfrentar el terrorismo. En este sentido, es ilustrativo el caso de los Estados Unidos, país en el cual no se ha considerado una enmienda constitucional para incluir una regulación del terrorismo, ni siquiera después del 11 de septiembre de 2001. Adicionalmente, tampoco los países que han experimentado de cerca el así llamado “narco-terrorismo” —tales como México o Colombia— o aquellos que han sufrido atentados planificados desde el exterior —como el Reino Unido o la Argentina— conocen cláusulas constitucionales relativas al terrorismo.
Pero también es importante tener en cuenta el caso alemán, puesto que si bien el artículo 18 de la Ley Fundamental admite reacciones en contra del ejercicio abusivo de derechos fundamentales —en la lógica de evitar la conocida “paradoja de la tolerancia”—, la potestad para adoptar las medidas correspondientes no es atribuida al Poder Judicial sino al Tribunal Constitucional Federal. Esta decisión orgánica tiene importantes consecuencias políticas e institucionales, pues fue ese mismo órgano el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 inciso 3 de la Ley de Seguridad Aérea que permitía derribar aviones presuntamente secuestrados por terroristas. [1]
Finalmente, cabe diferenciar otro grupo de ordenamientos de interés desde el punto de vista de la relación entre terrorismo y constitución, que incluye a España y a Francia. El primero de estos países, cuyo territorio ha sido escenario de cruentos episodios de terrorismo interno y externo —baste recordar los múltiples atentados de ETA y el de Atocha—, ha optado por contemplar normas referidas a tal forma de criminalidad con carácter meramente competencial, y no definitorio ni retórico. En efecto, el artículo 55.2 de la Constitución española dispone: “Una Ley Orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 3 pueden ser suspendidos, para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de estas facultades reconocidas en dicha Ley Orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”. Asimismo, puede constatarse que en la citada norma se prevé —con rango asimismo constitucional— la responsabilidad penal de quienes ejerzan de manera irracional las potestades que confiera la legislación en la persecución de la criminalidad terrorista.
La fórmula francesa, por su parte, es tributaria de una significativa tradición democrática- republicana, al disponer en los tres primeros incisos delartículo 16 de la Constitución que:
“Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamientoregular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consultaoficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras y el ConsejoConstitucional.
Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.
Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a lospoderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir sumisión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.”
Esta formulación, que no emplea el rótulo “terrorismo” y que ha sido diseñada para afrontar situaciones de crisis institucional, no se refiere a eventos que causen alarma o conmoción social, y deposita la facultad soberana de decisión respecto de medidas extraordinarias en los órganos con legitimación democrática. En tal medida, se trata de un modelo que no confiere potestades exorbitantes por vía constitucional (ni admite aquello por vía legal) a entidades sometidas a presiones políticas o fácticas.
En síntesis, de la experiencia comparada —especialmente la proveniente de Estados cuya tradiciones constitucionales han influido en el ordenamiento chileno, y que se han visto en la necesidad de enfrentar severos episodios de terrorismo— se desprende que la determinación del estatus jurídico y en general la regulación del terrorismo no suele ser una materia constitucional.
Por otra parte, no se avizoran buenos argumentos desde la teoría constitucional para incluir al terrorismo en la carta. El inciso 1º del artículo 9º de la Constitución dispone: “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos”. Esta declaración resulta sumamente difícil de compatibilizar con una definición elemental del constitucionalismo comparado, consistente en la consideración de que, primariamente al menos, es el Estado quien resulta correlativamente obligado por el reconocimiento de los derechos fundamentales reconocidos a toda persona, que técnicamente tienden a ser identificados como “derechos humanos” cuando ese reconocimiento adquiere rango propiamente internacional.
La estructura de la norma en comento, no obedece ni a la de una regla, ni a la de un principio susceptible de ser aplicado, sin más, para dirimir conflictos jurídicos que se ventilen ante el Poder Judicial o ante la magistratura constitucional. Empero, esta declaración (de evidente intencionalidad simbólico–cultural) es al mismo tiempo fuente de potenciales dificultades en el sistema jurídico nacional. En efecto, dado el estado actual de la doctrina y práctica constitucional chilenas, la afirmación de que los derechos humanos, constitucionales o fundamentales puedan ser objeto de afectación o violación por parte de los particulares tiene algún asidero. La configuración que los derechos fundamentales tienen en el derecho positivo nacional harían posible lo anterior. Razón por lo cual la declaración del inciso primero del artículo noveno resulta sobreabundante. Pero además impacta negativamente en la protección de los derechos fundamentales. Primero, porque, dentro de un texto constitucional que emplea indistintamente las expresiones ‘derechos humanos’, ‘constitucionales’ y ‘fundamentales’, pareciera ser (siguiendo el léxico propuesto por el derecho internacional) que la voz “derechos humanos” implicaría una alusión al sistema internacional de protección de los derechos públicos subjetivos, y en cuyo esquema son titulares de tales facultades las personas y sujetos pasivos de aquellos Estados. Luego, dado el estado actual de la dogmática constitucional chilena resultaría plausible una interpretación que –partiendo de esa base— demande que los bienes jurídicos que se protejan mediante los ilícitos de terrorismo correspondan únicamente a derechos reconocidos en tratados de derechos humanos vigentes en Chile y respecto de actos cometidos por el único obligado por tal sistema: el Estado.
Si bien el art. 9º de la Constitución desempeña una función primariamente simbólica o declarativa, en el sentido recién criticado, su inciso 2º establece sanciones accesorias, en la forma de inhabilidades de cierta índole, para quienes resulten condenados por conductas que la ley califique como terroristas. Nada justifica que este régimen de inhabilidades se encuentre constitucionalmente definido, puesto que se trata de definiciones con carácter punitivo que, en tanto tales, tendrían que quedar expresados en el nivel legal, conjuntamente con la tipificación de las formas de comportamiento cuya realización imputable puede conllevar su imposición.
Finalmente, y en relación con inciso final del mismo artículo 9º , que fija el carácter de los delitos terroristas como delito comunes, y no políticos, cabe concluir que se trata de una definición a todas luces superflua en atención al desarrollo que al respecto cabe reconocer en el derecho internacional, así como en el horizonte comparado.
En efecto, de la revisión de las cartas fundamentales de diversos Estados democráticos se concluye que la regla general consiste —abrumadoramente— en la ausencia de toda norma similar a la contenida en el inciso final del artículo noveno de la Constitución chilena. Esto es naturalmente consistente con la tendencia del constitucionalismo occidental a no contemplar referencias al terrorismo en las constituciones. Pero por otra parte, los tratados internacionales suscritos por Chile proveen de razones adicionales para concluir la inconveniencia de conservar en el texto constitucional estas dos normas. Así, la Convención Americana contra el Terrorismo establece, en su artículo 11, una cláusula de “despolitización del terrorismo”, que resuelve el problema con mayor contundencia y desde una perspectiva integral,que por tratarse de una norma con carácter autoejecutable, constituye derecho vigente para el Estado de Chile. El referido artículo expresa:
“Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 [2] se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos”.
Por lo demás, y dado el actual estado de la regulación de la pena de muerte en Chile, el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vuelve ineficaz la restricción de la facultad de otorgar indultos particulares en el caso de delitos de terrorismo, que autoriza sólo la conmutación de la pena de muerte por presidio perpetuo. Elmencionado artículo 4° estatuye que: “En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.
Por lo anterior, no encontrándose establecida la pena de muerte por la regulación de los delitos de terrorismo actualmente vigente, carece de sentido disciplinar constitucionalmente un indulto particular conmutativo en los términos previstos por el art. 9º de la Constitución.
En el Capítulo II de la Constitución, referido a ‘Nacionalidad y Ciudadanía’, se alude y confiere consecuencias jurídicas al terrorismo en dos disposiciones. A propósito de las causales de suspensión del derecho de sufragio, se expresa que esto ocurre: “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”. Y con ocasión de la pérdida de la calidad de ciudadano, se indica que ello acontecerá: “por condena a pena aflictiva (…) por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva”.
Más allá de la proposición según la cual la regulación del terrorismo no tiene cabida en los textos constitucionales de las democracias avanzadas, las disposiciones constitucionales recién mencionadas resultan adicionalmente injustificadas, por las siguientes razones. En lo relativo a la suspensión del derecho de sufragio por el hecho de hallarse la persona acusada por delito que la ley califique como conducta terrorista, es notoria una violación de lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, especialmente en su artículo 8, inciso 2º, que consigna el derecho a la presunción de inocencia en los siguientes términos: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
El tenor de este precepto es claro, exigiendo—tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana— que ninguna persona sea condenada o tratada como tal, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad [3]. Y es notorio que la suspensión del derecho de sufragio —el derecho de participación política más significativo— constituye una consecuencia a todas luces desproporcionada para el afectado. Si bien ello excede el marco del ámbito de cuestiones de las cuales está convocada a ocuparse esta comisión, no es posible dejar de constatar que la misma objeción es válida, en general, frente a la suspensión —también constitucionalmente prevista— de este derecho para cualquier persona acusada por un delito que merezca pena aflictiva. [4]
La situación es aún más preocupante tratándose de la privación de la calidad de ciudadano, prevista por el art. 17 Nº 3 de la Constitución, para toda persona que resultase condenada por un delito terrorista, y que ciertamente también vale para la norma del Nº 2 del mismo artículo, que determina la pérdida de ciudadanía de toda persona a la cual se haya impuesto una pena aflictiva. La Convención Americana sobre Derechos Humanos admite restricciones o regulaciones justificadas al ejercicio de los derechos aseguradas por ella, esto es, condiciones o gravámenes que no impidan absolutamente el disfrute de las facultades asociadas a cada derecho. Así se desprende de su artículo 30, que estatuye que sólo resultan admisibles las restricciones (no privaciones) al ejercicio de derechos autorizadas por “esta Convención”. Empero, la pérdida de la calidad de ciudadano importa una supresión absoluta de la posibilidad de ejercer las facultades incluidas en ella, un despojo de raíz de un atributo que es considerado por la Convención como un derecho humano, en conformidad con lo dispuesto por su artículo 23:
“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.
Respecto de estos derechos, la convención solamente admite —en el inciso 2º del artículo ya citado— su reglamentación, no así su privación, ni siquiera temporal. Y bajo ningún respecto se puede establecer una sinonimia entre los conceptos de regulación, restricción y privación. Menos aún bajo el amparo de los principios pro homine o favor libertatis, criterios basales de la interpretación del sistema internacional de derechos humanos.
Finalmente, cabe hacer presente que en contextos en que se encuentran presentes normas sustantivas similares a las ya citadas orientadas a proteger los derechos políticos pero a nivel constitucional, órganos de control de constitucionalidad de las leyes (o equivalentes) se han pronunciado declarando la contravención que de las disposiciones constitucionales implica la existencia de leyes que privan de los derechos políticos a sujetos condenados. Tal es el caso, entre otros, de Israel, de Sudáfrica [5] y de Canadá [6]. En el ámbito supranacional, así se ha pronunciado también la Corte Europea de Derechos Humanos.
El caso de Israel es emblemático. La cuestión se discutió en 1996 a propósito del caso de Yigal Amir, condenado por el homicidio de Isaac Rabin, ex Primer Ministro de dicho país. Dentro de los argumentos de la sentencia se plantea que la supresión de los derechos asociados a la ciudadanía del condenado no sólo lo afecta a él, sino que a la democracia del país. Pero la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Hirst vs. Reino Unido (2005) es aún más contundente. Dicha magistratura sostuvo que la suspensión del derecho al sufragio “va en contra de la rehabilitación del delincuente como un miembro de la comunidad que cumple con la ley y socava la autoridad de la ley derivada de una legislatura votada por la comunidad para acceder al poder”. En este caso, la Corte europea no pudo encontrar un “vínculo racional” entre la suspensión del derecho al sufragio y la ideas de prevención general o sanción ejemplar.
En los párrafos anteriores se ha emitido un juicio crítico respecto de la peculiar decisión del constituyente chileno de contemplar normas sustantivas sobre terrorismo en la carta fundamental. Ello es válido también respecto de las normas que disciplinan preceptos instrumentales o procesales sobre la materia. En este ámbito, la Constitución vigentepresenta dos focos de conflicto, a saber: el establecimiento de una norma que faculta al juez para ampliar el plazo de detención cuando se investiguen conductas que la ley califica como terroristas, en el art. 19 N° 7, letra c); y la existencia de un precepto que requiere un estándar más alto para la revocación de resoluciones que decretan prisión preventiva en casos similares, en el art. 19 N° 7, letra e).
La primera de las disposiciones mencionadas genera problemas de dos tipos. En primer lugar, la norma genera suspicacias desde el punto de vista del derecho internacional, pues tal como lo consigna la Declaración de 2013 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson: “El Relator Especial escuchó alegaciones individuales de imputados Mapuche que decían haber sido torturados o de otros modos maltratados durante estos períodos extendidos de detención, en un esfuerzo por forzarlos a firmar una confesión(…) el Relator Especial observa que la intención de los períodos breves de detención es impedir la tortura y el maltrato de los imputados durante su interrogatorio”.
Por otra parte, la disposición plantea tensiones notorias de cara al sistema interamericano de protección de derechos humanos, específicamente en relación con el ya citado artículo 8° inciso segundo, que consagra el derecho a la presunción de inocencia. Pues una atribución al juez competente para conocer de la detención del sujeto afectado la facultad de ampliar el plazo de su privación de libertad, hasta por 10 días —plazo que supera en cinco días el plazo previsto por la regla general de extensión de esta medida— equivale a un permiso amplio de restricción del derecho fundamental a la libertad personal en base a meras intuiciones o simples sospechas, que más bien pareciera estar orientado al aseguramiento de la persona del sospechoso, necesidades investigativas o, incluso comunicativas preventivo-generales, todas las cuales pugnan de manera frontal con el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
Por su parte, el artículo art. 19 N° 7 letra e) dispone que: “La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9°, será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de laautoridad que la ley contemple”.
Esta disposición motiva objeciones jurídicas similares a las mencionadas respecto de la disposición antes analizada. En efecto, considerando la presencia en el ordenamiento jurídico nacional de delitos de igual o mayor magnitud, no se divisa razón para vincular semejante régimen de excepción a esta clase de ilícitos. Pues la libertad individual durante el desarrollo de la investigación y el proceso penal es la regla general según la Constitución vigente, y si se decretan medidas cautelares personales ellas deben ser resueltas teniendo en consideración las razones y fundamentos concretos que así lo aconsejan. De otro lado, la exigencia de unanimidad para la adopción de una resolución favorable al apelante, así como el requisito del carácter de miembros titulares de los integrantes del tribunal que conozca conociendo de la apelación de resolución que se pronuncie sobre la libertad un imputado por delitos terroristas, no resulta susceptible de ser suficientemente fundamentada. Lo anterior supone, además, una contravención a lo dispuesto por el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a los Estados a respetar el derecho a la igualdad ante la ley y prohíbe las discriminaciones arbitrarias en todos los niveles de los ordenamientos jurídicos internos.
En este contexto, la presente moción hace suyos los planteamientos de la Comisión de expertos de la regulación jurídica de actos terroristas que específicamente se hace cargo de la problemática constitucional [1]. La existencia de esta clase de normas, son una contradicción con el ámbito de regulación de una Carta fundamental democrática, así las cosas, recientemente -en sede legislativa- se han excluido del catálogo de derechos fundamentales tal como se desprende del artículo 9, numeral 6 del proyecto de reforma constitucional que sustituye la totalidad de los capítulos de la Constitución de 1980 (Boletín 10.193-07) de la que son autores los Diputados, Andrade, Ceroni y Schilling, que en materia de derechos fundamentales, estos se incorporan en el nuevo capítulo primero atendido la preeminencia en la nueva estructura jurídica del Estado, en el entendido que los países latinoamericanos partiendo del Estado liberal de derecho, han desarrollado el constitucionalismo social, donde los derechos individuales, se complementan con los derechos basados en el valor de la igualdad, precisamente el ambito de afectación de reglas que modelan una relación de amigo enemigo como en las normas que se propone abrogar.
En virtud de las consideraciones expuestas venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.- Modifiquese la Constitución Política en el siguiente sentido:
1) Deróguese el artículo noveno de la Constitución Política de la República.
2) Deróguese el numeral 2 del artículo 16 de la Constitución Política de la República.
3) Deróguense los numerales 2 y 3 e inciso final del artículo 17 de la Constitución Política de la República.
4) Suprímase la frase “y hasta por diez días, en el caso que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas”, contenida en la parte final del último inciso del literal c) del artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República.
5) Deróguese el inciso segundo del literal e) del artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GUTIÉRREZ, DON HUGO; AGUILÓ, CARMONA; ESPINOZA, DON FIDEL; JIMÉNEZ, LETELIER; NÚÑEZ, DON DANIEL, Y TEILLIER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARIOLA Y VALLEJO, QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL CON EL OBJETO DE SUPRIMIR LOS REQUISITOS EXCEPCIONALES PREVISTOS PARA LA APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA LIBERTAD DE LOS IMPUTADOS POR DELITOS TERRORISTAS”. (BOLETÍN N° 11075-07)
“Actualmente, la Constitución Política prevé normas especiales respecto de las delitos calificados como terroristas. En particular, algunas normas de carácter procesal pugnan con el principio de presunción de inocencia y el de igualdad ante la ley. Tal es el caso de la regulación constitucional sobre el otorgamiento de la libertad para las personas imputadas por delitos calificados de terroristas y respecto de las cuales pese la medida cautelar de prisión preventiva.
Para abordar esta materia debemos recordarque la norma general contenida en el inciso primero dela letra e) del numeral 7º del artículo 19 dispone que:
“e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.”
El inciso segundo de la misma letra contiene la norma de excepción respecto de los delitos terroristas, al añadir dos requisitos copulativos para el conocimiento de la apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad de los imputados por estos delitos. Dispone, en primer término, que la apelación“será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares” y que, en segundo lugar,la resolución que apruebe o conceda la libertad requiere la unanimidad del tribunal.
Una primera consideración que cabe formular es que esta norma de excepción contradice severamente el principio de presunción de inocencia que emana de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, al restringirse las posibilidades de otorgamiento de la libertada los imputados mientras dura el proceso penal y no se acredite su responsabilidad por sentencia firme. En efecto, la exigencia de que los integrantes del tribunal sean titulares y que, además, se requiera la unanimidad para conceder la libertad, representan obstáculos prácticamente insalvables que se traducen en el imputado es tratado como culpable antes de obtenerse un pronunciamiento definitivo por el órgano jurisdiccional.
En este sentido el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado, a propósito de la situación procesal de la Machi Francisca Linconao, al afirmar que el “proceso penal en un Estado de Derecho debe tener siempre presente tres principios capitales, que son: (i) la prisión preventiva tiene el carácter de medida de último recurso; (ii) quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales, y; (iii) toda persona imputada de un delito debe ser considerada y tratada como inocente, mientras no se dicte una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada que establezca lo contrario.”Precisamente en el caso referido por el INDH se demuestra que los requisitos constitucionales impiden de un modo absoluto el ejercicio del derecho a la libertad personal. En cuatro ocasiones la Corte de Apelaciones de Temuco ha decretado la prisión preventiva. En la última oportunidad la mayoría de la Sala estuvo por reemplazar la medida cautelar por otra de menor intensidad como el arresto domiciliario, sin embargo el voto de uno de sus integrantes significó la aplicación de la prisión preventiva.
Creemos el trato más gravoso para unos imputados respecto de otros establecido en la Constitución vulnera abiertamente la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, por lo que es necesario reformarla para adecuarla a estos principios y lograr una efectiva tutela de los derechos humanos de todas las personas, en especial el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.Asimismo, la imposición de tales exigencias adicionales no encuentra justificación e impacta en el derecho a la libertad personal en su esencia, haciéndolo ilusorio por la vía de alterar las reglas procesales otorgando una facultadde veto a un integrante del tribunal superior que exprese una posición jurídica de minoría.
Es por ello que el presente proyecto de Reforma Constitucional suprime los requisitos excepcionales previstos para la resolución de las apelaciones que se pronuncien sobre la libertad de las personas imputadas por delitos calificados como terroristas, sometiéndola a las reglas generales.
Por tanto: Los Diputados y Diputadas abajo firmantes venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Modifíquesela Constitución Política de la República en el siguiente sentido:
Para reemplazar, en el artículo 19 Nº 7 letra e) inciso segundo, la frase “integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad” por el texto: “de acuerdo a las normas generales establecidas en la ley”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARÍAS, HERNÁNDEZ, LETELIER, MEZA, NORAMBUENA; PÉREZ, DON LEOPOLDO, Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS ÁLVAREZ, CARVAJAL Y PACHECO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.290, DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE EXCEPTUAR A LAS MOTOS DE REPARTO DE LA PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y DETENCIÓN EN ACERAS Y PASOS DE PEATONES”. (BOLETÍN N° 11076-15)
I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS
Actualmente, es un hecho cierto y conocido que en los últimos años el parque de motocicletas ha ido en constante aumento y así como se ha ido incrementando el número de motocicletas en la vía pública, ha aumentado el número de motociclistas que hacen uso de sus motos para realizar labores remuneradas, comoreparto de documentos, encomiendas, entrega de alimentos a domicilio, o bienes muebles en general; entendiendo comofundamento la agilidad y eficiencia queconlleva el uso de motocicletas, ya que tienen una importante ventaja en relación al uso de automóviles para dicho propósito.
Desde esa perspectiva, los repartidores en motocicleta se ven enfrentados a diversos obstáculos, no sólo en el ámbito laboral por falta de capacitación, entrega de indumentaria adecuada, o incluso extensas jornadas de trabajo, sino que tienen que lidiar con una prohibición establecida por ley, que nos afecta a todos los ciudadanos.
La actividad de reparto considera ciertas funciones propias de dicha labor,que no se adecuan a la normativa de tránsito vigente.
Específicamente, nos referimos al hecho de hacer entrega del encargo en el lugar de destino, para lo cual los repartidores muchas veces ven imposibilitada la tarea por el hecho de no encontrar un estacionamiento habilitado para motocicletas, los cuales son de por sí, escasos.
Igualmente, resulta relevante tener en consideración que el servicio de reparto a domicilio, favorece a aquellos que por distintas razones requieren de una entrega pronta y accesible, toda vez que pudiese beneficiar a personas con problemas de discapacidad o movilidad (entrega de medicamentos, alimentos, bienes de primera necesidad, etc.), atendida su proximidad, además de abaratar costos de traslados o estacionamientos para el consumidor final.
II.- IDEA MATRIZ
Debido a ello, los repartidores deben, necesariamente, dejar sus motocicletas estacionadas en las aceras para cumplir con la labor de reparto, lo cual implica una transgresión a lo prescrito en el Art. 159 número 2 de la Ley 18.290, “Se prohíben las siguientes detenciones y estacionamientos:
2.- En aceras, pasos de peatones o lugares destinados exclusivamente al tránsito de los mismos”
Esta prohibición legal, contrasta con la imperiosa necesidad de los repartidores de realizar, en forma diligente, su trabajo ya que se ven imposibilitados de dejar su motocicleta estacionada en un lugar exclusivo para motos o autos. En este último caso, debiendo pagar altas tasas por concepto de estacionamiento,lo que constituye un perjuicio para la labor del repartidor, donde gran parte de sus ingresos los constituyen las propinas que obtienen.
Por lo tanto, los repartidores se ven expuestos a multas por infracciones del tránsito por estacionar en lugar “no habilitado”, lo que conlleva obviamente el pago de altas multas, lo cual merma en gran medida sus ingresos y provocando, a su vez, un sentimiento de inseguridad laboral porque no se tiene la certeza de si dejar la motocicleta en un determinado lugar, que por cierto está prohibido por ley, le significará una infracción, teniendo presente que en muchos casossus hojas de vida de conductor constituyen parteesencial de su elemento de trabajo.
En la legislación comparada podríamos señalar dos países que contemplan la posibilidad de estacionamiento para motos en las aceras: España es uno de ellos, en donde el artículo 40 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y seguridad vial, señala: “Queda prohibido para en los siguientes casos, letra e) Sobre las acera, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. No obstante, los municipios, a través de las ordenanzas municipales, podrán regular la parada y estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las aceras y paseos, siempre que no perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, atendiendo a las necesidades de aquellos que pueden llevar algún objeto voluminosos y, especialmente, las que aquellas personas que tengan alguna discapacidad”.
Por otro lado, en Argentina, se logró regular expresamente la detención de motos de reparto, bajo las siguientes condiciones. En su Ley de Tránsito, en el acápite 7.1.21 Estacionamiento de Motocicletas y Ciclomotores. “Son de aplicación a las motocicletas y ciclomotores las mismas normas que para todos los automovilistas, excepto donde existan sectores demarcados especialmente para esos vehículos, en los que sólo se podrá estacionar en ellos. En el caso de los ciclomotores que se utilicen para la actividad de entrega a domicilio de mercaderías o cosas, pueden acceder por la acera hasta el lugar de destino con el motor detenido y por el tiempo estrictamente necesario”.
Por todo lo antes expuesto, es relevante revisar nuestra legislación del tránsito de modo de amparar y proteger una forma de trabajo que se ha establecido de manera habitual en los últimos años, y que sirve de sustento para aquellos que utilizan una motocicleta como su fuente de trabajo.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modificase el artículo 159 N° 2, de la Ley 18.290 del Tránsito, en el siguiente sentido:
“Se prohíben las siguientes detenciones y estacionamientos:
2.- En las aceras, pasos de peatones, o lugares destinados exclusivamente al paso de los mismos.
Exceptúense de la prohibición anterior los vehículos motorizados de dos o tres ruedas, con motor fijo o agregado, como motocicletas, motonetas, bicimotos y otros similares, que sean utilizados en trabajos de reparto a domicilio, mensajería, entrega de documentos y/o bienes muebles, que por razones estrictamente laborales deban estacionar el vehículo en la acera, debiendo ingresar al lugar de destino con el motor detenido, sólo por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el encargo y siempre que no entorpezcan el libre paso peatonal atendiendo especialmente las necesidades de aquellas personas que tengan alguna discapacidad.”