Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Karla Rubilar Barahona
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Sergio Espejo Yaksic
- PERMISO
- DEBATE
- PERMISO
- Celso Morales Munoz
- PERMISO
- DEBATE
- MOCIÓN INADMISIBLE
- Cristina Girardi Lavin
- Gabriel Boric Font
- Pablo Lorenzini Basso
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- MOCIÓN INADMISIBLE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Clemira Pacheco Rivas
- Gustavo Hasbun Selume
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Ignacio Urrutia Bonilla
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Guillermo Ceroni Fuentes
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Lautaro Carmona Soto
- PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Sepulveda Orbenes
- PETICIÓN DE OFICIO : Marisol Turres Figueroa
- PETICIÓN DE OFICIO : Mario Venegas Cardenas
- I. ASISTENCIA
- LICENCIA MÉDICA
- Ramon Barros Montero
- Sergio Alfredo Gahona Salazar
- Manuel Monsalve Benavides
- LICENCIA MÉDICA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FILÓSOFO JORGE EDUARDO RIVERA CRUCHAGA
- HOMENAJE : Osvaldo Raul Andrade Lara
- V. ORDEN DEL DÍA
- EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE LEGISLACIÓN SOBRE INCENTIVO AL RETIRO EN FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES PARA PERCEPCIÓN DE INCENTIVO Y MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN A PLANTA DE PROFESIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11086-05)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Felipe De Mussy Hiriart
- INTERVENCIÓN : Yasna Provoste Campillay
- INTERVENCIÓN : Marcelo Schilling Rodriguez
- INTERVENCIÓN : Bernardo Jose Berger Fett
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Karol Aida Cariola Oliva
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- INTERVENCIÓN : Pepe Auth Stewart
- INTERVENCIÓN : Mario Venegas Cardenas
- INTERVENCIÓN : Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alejandro Santana Tirachini
- INTERVENCIÓN : Jose Manuel Edwards Silva
- INTERVENCIÓN : Fuad Chahin Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- INTERVENCIÓN : Lautaro Carmona Soto
- INTERVENCIÓN : Alberto Robles Pantoja
- INTERVENCIÓN : Jorge Sabag Villalobos
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Tucapel Jimenez Fuentes
- MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ADUANERA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 10165-05)
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Ernesto Silva Mendez
- EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE LEGISLACIÓN SOBRE INCENTIVO AL RETIRO EN FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES PARA PERCEPCIÓN DE INCENTIVO Y MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN A PLANTA DE PROFESIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11086-05)
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FILÓSOFO JORGE EDUARDO RIVERA CRUCHAGA
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE USO DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA PARA TRAMITACIÓN DE DICHOS INSTRUMENTOS
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Kenneth Giorgio Jackson Drago
- Vlado Mirosevic Verdugo
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Karla Rubilar Barahona
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Gabriel Boric Font
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Kenneth Giorgio Jackson Drago
- INTERVENCIÓN : Miguel Angel Alvarado Ramirez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- APLICACIÓN DE CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA POR DETENCIÓN DE DIPUTADO VENEZOLANO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Fuad Chahin Valenzuela
- Yasna Provoste Campillay
- Roberto Leon Ramirez
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Matias Walker Prieto
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Jose Perez Arriagada
- Juan Luis Castro Gonzalez
- Pepe Auth Stewart
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Vlado Mirosevic Verdugo
- INTERVENCIÓN : Rene Fernando Saffirio Espinoza
- INTERVENCIÓN : Daniel Ignacio Nunez Arancibia
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ENVÍO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Clemira Pacheco Rivas
- Sergio Aguilo Melo
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Karol Aida Cariola Oliva
- Daniella Valentina Cicardini Milla
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Lautaro Carmona Soto
- Maria Loreto Carvajal Ambiado
- Roberto Fortunato Poblete Zapata
- PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN
- INTERVENCIÓN : Ivan Aladino Fuentes Castillo
- INTERVENCIÓN : Maya Alejandra Fernandez Allende
- INTERVENCIÓN : Jaime Andres Bellolio Avaria
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IMPLEMENTACIÓN DE USO DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA PARA TRAMITACIÓN DE DICHOS INSTRUMENTOS
- VII. INCIDENTES
- APLICACIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR USO INDEBIDO DE SUBMARINO DE LA ARMADA (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
- INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO UNIFICADO DE DATOS Y PLAZO EN QUE OPERARÁ EN FORMA EFICIENTE (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Pilowsky Greene
- MEDIDAS PARA ENFRENTAR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Alberto Flores Garcia
- INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ENTREGADA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y PETICIÓN PARA NO SANCIONAR A SOSTENEDORES DE ESA REGIÓN (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Yasna Provoste Campillay
- CONVOCATORIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL PARA ENFRENTAR INCENDIOS FORESTALES (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : German Verdugo Soto
- ACCESO PEATONAL A PLAYA DE SECTOR DE HUELLELHUE, COMUNA DE VALDIVIA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Bernardo Jose Berger Fett
- INFORMACIÓN SOBRE OBRAS EN CALLES DE VILLA PRIMAVERA, LOCALIDAD DE GENERAL LÓPEZ, COMUNA DE VILCÚN (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Rathgeb Schifferli
- PREOCUPACIÓN POR FALTA DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPROMISO DE AUTORIDADES DE LA ONEMI Y LA CONAF ANTE INCENDIOS FORESTALES
- INTERVENCIÓN : Jorge Rathgeb Schifferli
- FELICITACIONES A BOMBEROS POR ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CUARTEL DE TERCERA COMPAÑÍA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, COMUNA DE PAREDONES (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Letelier Norambuena
- SOLIDARIDAD CON AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES
- INTERVENCIÓN : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- ENVÍO DE APOYO AÉREO PARA COMBATE DE INCENDIO EN COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN DIECIOCHO COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE ÑUBLE Y DE BIOBÍO (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE ACCIONES Y DERECHOS DE AGUA DE MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ÑUBLE (OFICIO)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Maria Loreto Carvajal Ambiado
- APLICACIÓN DIFERENCIADA DE RESOLUCIÓN EXENTA SOBRE NO RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (OFICIOS)
- INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi Lavin
- APLICACIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR USO INDEBIDO DE SUBMARINO DE LA ARMADA (OFICIO)
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Enrique Morano Cornejo
- Marcelo Omar Chavez Velasquez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Sergio Espejo Yaksic
- Ivan Aladino Fuentes Castillo
- Sergio Ojeda Uribe
- Jaime Pilowsky Greene
- Victor Marcelo Torres Jeldes
- Patricio Vallespin Lopez
- Yasna Provoste Campillay
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- Marcela Ximena Hernando Perez
- Miguel Angel Alvarado Ramirez
- Felipe Letelier Norambuena
- Vlado Mirosevic Verdugo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Osvaldo Raul Andrade Lara
- Claudio Eugenio Arriagada Macaya
- Lautaro Carmona Soto
- Marcos Espinosa Monardes
- Fidel Edgardo Espinoza Sandoval
- Manuel Monsalve Benavides
- Maya Alejandra Fernandez Allende
- Yasna Provoste Campillay
- Karla Rubilar Barahona
- Alejandra Sepulveda Orbenes
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- German Becker Alvear
- Bernardo Jose Berger Fett
- Cristian Monckeberg Bruner
- Leopoldo Perez Lahsen
- Jorge Rathgeb Schifferli
- Paulina Andrea Nunez Urrutia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nicolas Monckeberg Diaz
- Bernardo Jose Berger Fett
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- DEBATE
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
- Daniel Alexander Melo Contreras
- AUTOR DE INFORME DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 364ª
Sesión 129ª, en miércoles 25 de enero de 2017
(Ordinaria, de 10.35 a 14.19 horas)
Presidencia de los señores Andrade Lara, don Osvaldo; Espinosa Monardes, don Marcos, y Silber Romo, don Gabriel.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 10
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 13
III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 13
IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 13
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FILÓSOFO JORGE EDUARDO RIVERA CRUCHAGA ............................................................................................................................ 13
V.- ORDEN DE DÍA ................................................................................................................................... 15
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE LEGISLACIÓN SOBRE INCENTIVO AL RETIRO EN FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES PARA PERCEPCIÓN DE INCENTIVO Y MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN A PLANTA DE
PROFESIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11086-05) ....................... 15
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ADUANERA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
MIXTA. BOLETÍN Nº 10165-05) .................................................................................................. 46
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 53
IMPLEMENTACIÓN DE USO DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD Y ACTUALIZACIÓN DE
NORMATIVA PARA TRAMITACIÓN DE DICHOS INSTRUMENTOS .................................. 53
APLICACIÓN DE CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA POR DETENCIÓN DE
DIPUTADO VENEZOLANO .................................................................................................... 56
ENVÍO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER
PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA................... 60
VII.INCIDENTES
..................................................................................................................................... 65
APLICACIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PORUSO INDEBIDO DE SUBMARINO DE LA ARMADA (OFICIO) .............................................. 65
INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO UNIFICADO DE DATOS Y PLAZO EN QUE OPERARÁ EN FORMA EFICIENTE
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 66
MEDIDAS PARA ENFRENTAR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OFICIOS) ................ 67
INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ENTREGADA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y PETICIÓN PARA NO SANCIONAR A SOSTENEDORES DE ESA REGIÓN (OFICIOS)............................. 68
CONVOCATORIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL PARA ENFRENTARINCENDIOS FORESTALES (OFICIO) ....................................................................................... 69
Pág.
ACCESO PEATONAL A PLAYA DE SECTOR DE HUELLELHUE, COMUNA DEVALDIVIA (OFICIOS) ............................................................................................................... 70
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS EN CALLES DE VILLA PRIMAVERA, LOCALIDADDE GENERAL LÓPEZ, COMUNA DE VILCÚN (OFICIOS) ...................................................... 71
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPROMISO DE AUTORIDADES DE LA ONEMI Y LA CONAF ANTE INCENDIOS FORESTALES .......................................................................................................................... 71
FELICITACIONES A BOMBEROS POR ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CUARTEL DE TERCERA COMPAÑÍA DE SAN PEDRO DEALCÁNTARA, COMUNA DE PAREDONES (OFICIOS) ........................................................... 72
SOLIDARIDAD CON AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES .................................. 73
ENVÍO DE APOYO AÉREO PARA COMBATE DE INCENDIO EN COMUNA DE SANFABIÁN DE ALICO (OFICIOS) ................................................................................................. 73
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN DIECIOCHO COMUNASDE LAS PROVINCIAS DE ÑUBLE Y DE BIOBÍO (OFICIO)..................................................... 74
INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE ACCIONES Y DERECHOS DE AGUA DE MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ÑUBLE (OFICIO) ................................... 75
APLICACIÓN DIFERENCIADA DE RESOLUCIÓN EXENTA SOBRE NO RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA
(OFICIOS) .................................................................................................................................. 75
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................ 77
1.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9242-10) .............................. 77
2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9245-07) ........................................................................... 77
3.- INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE “MODERNIZA LA LEGISLACIÓN ADUANERA”, CON URGENCIA “SUMA”. (BOLETÍN N° 10165-05)............................... 89
4. INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES, PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO RECÍPROCO DE INFORMACIÓN CON OTROS PAÍSES.”. (BOLETÍN N° 9242-10) ............ 93
5.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “EXTIENDE LOS BENEFICIOS DE LA LEY N° 20.948 A LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ESTABLECE NORMAS ESPECIALES PARA EL INCENTIVO DE LA LEY N° 20.213 Y MODIFICA LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA PLANTA DE PROFESIONALES DE DICHO SERVICIO”. (BOLETÍN
N° 11086-05) .......................................................................................................................... 103
6.- INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE “FACILITA LA ENTREGA DE PROPINAS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.”. (BOLETÍN N° 10329-13) ................................................... 125
7.- INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE
“CREA UNA ASIGNACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE REDES ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL
QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 11015-11) ...................................................................................... 129
Pág.
8.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADOS EN MOCIÓN, QUE “MODIFICAN LA CARTA FUNDAMENTAL EN LO QUE RESPECTA A LA FECHA EN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DA CUENTA SOBRE EL ESTADO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO DE
LA NACIÓN”. (BOLETINES N°S 9741-07, 10728-07 Y 10951-07 REFUNDIDOS) ............................ 137
9.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, CHÁVEZ , CORNEJO , ESPEJO, FUENTES, OJEDA, PILOWSKY , TORRES Y VALLESPÍN , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PROVOSTE , QUE “MODIFICA LA LEY N° 17.322, PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EN CASO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES”. (BOLETÍN N° 11102-13) ............................... 146
10.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, LETELIER Y MIROSEVIC , QUE “MODIFICA LA LEY N° 16.744, QUE “ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL”. (BOLETÍN N° 11103-13) ............................................................................................. 149
11.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE; ARRIAGADA ; CARMONA ; ESPINOSA, DON MARCOS ; ESPINOZA , DON FIDEL , Y MONSALVE , Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS FERNÁNDEZ, PROVOSTE , RUBILAR Y SEPÚLVEDA , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA INCORPORAR EL CONTRATO ESPECIAL DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS”. (BOLETÍN N° 11104-13) ...................................................................................... 156
12.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS ; BECKER, BERGER ; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN ; PÉREZ , DON LEOPOLDO , Y RATHGEB , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ , DOÑA PAULINA , QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN MATERIA DE ABUSO DEL DERECHO”. (BOLETÍN N° 11105-07)........................ 159
13.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON
NICOLÁS, Y BERGER , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL, EN MATERIA DE EJERCICIO ABUSIVODE LOS DERECHOS”. (BOLETÍN N° 11108-07)............................................................................. 161
14.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR MELO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO (PARLATINO), EN LA XXXII ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTE ÚLTIMO Y EN EL SEMINARIO REGIONAL SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LOS PARLAMENTOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE SE LLEVARON A CABO DESDE EL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LA CIUDAD DE
PANAMÁ, PANAMÁ . .................................................................................................................. 169
IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.- Notas:
Del diputado señor Jackson
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 29 de enero de 2017, para dirigirse a Colombia.
De la diputada señora Rubilar
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 26 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión que se celebrará en esa fecha.
Del diputado señor Espejo
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 25 de enero de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
2.- Comunicación:
Del diputado señor Morales
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, justifica su inasistencia a la sesión celebrada el 23 de enero de 2017 por impedimento grave.
3.Oficios:
Del Presidente de la Cámara de Diputados por el cual procede a declarar inadmisible la moción de la diputada señora Girardi y de los diputados señores Boric , Lorenzini y Poblete ,
“Sobre cesión de concesiones y permisos de uso del espectro radioeléctrico”, por cuanto aborda una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 en relación con el N° 10 del artículo 63 de la Carta Fundamental, pues modifica normas sobre concesiones de bienes del Estado, a la vez que vulnera el N° 2° del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución, en tanto elimina una atribución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (01-2017).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que la diputada señora Pacheco y el diputado señor Hasbún
integrarán la delegación que participará en la XXIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Congreso NacionalParlamento Europeo, que se realizará los días 3 y 4 de mayo de 2017, en Bruselas, Bélgica (570).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Urrutia, don Ignacio
integrará la delegación que participará en la Reunión del Consejo de Administración de ParlAmericas, que se realizará entre los días 14 y 19 de marzo de 2017, en la ciudad de San José, Costa Rica (571).
Del secretario general de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Ceroni
integrará la delegación que concurrirá al 2° Encuentro Anual de la Red de Parlamento Abierto, que se realizará entre los días 14 y 19 de marzo de 2017, en la ciudad de San José, Costa Rica (572).
Respuestas a Oficios
Contraloría General de la República
Diputado Ward, Diputada Núñez doña Paulina , Diputado Coloma , Solicita disponer una investigación respecto de la efectividad de lo señalado en medios de prensa en cuanto existirían funcionarios públicos encargados de indagar la vida privada del ex-Presidente de la República don Sebastián Piñera Echenique (1843 al 2619).
Diputado Campos, Solicita disponer una investigación a la Municipalidad de Cobquecura, particularmente por las eventuales irregularidades que se habrían producido por el no pago de cotizaciones previsionales a sus funcionarios y otras materias relacionadas con sus remuneraciones, remitiendo a esta Corporación los resultados de dicho control (1927 al 2038).
Diputado Ward, Diputada Núñez doña Paulina , Diputado Coloma , Diputado Paulsen , Solicita su pronunciamiento respecto a la legalidad de la designación de la señora Helia Molina Milman , como ayudante de S.E. la Presidenta de la República, disponiendo si lo estima procedente, realizar los sumarios administrativos que correspondan e informando a esta Corporación sus resultados. (2194 al 2423).
Ministerio de Interior
Diputado Arriagada , Requiere información sobre la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para regularizar el comercio callejero y ambulante, permitiendo a quienes lo desarrollan ejercer su actividad en forma legal (104 al 25688).
Ministerio de Educación
Diputado Rathgeb , Efectividad de que, en su Ministerio, se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (180 al 25259).
Ministerio de Defensa Nacional
Diputado Farcas , Solicita informe de la existencia de un registro público de las armas que posee su institución, indicando el número de ellas que han sido reportadas como hurtadas, robadas o extraviadas. (2 al 25049).
Ministerio de Obras Públicas
Diputada Cicardini doña Daniella , Solicita que se sirva informar sobre la denuncia efectuada por comunidades del Valle del Huasco respecto a la contaminación del río Valeriano, afluente del río Huasco, ubicado en la Región de Atacama, producto de trabajos de exploración realizados por la Compañía Minera Nevada SPA en la ejecución del proyecto “El Encierro”, en los términos que señala. (121 al 24906).
Diputado Sandoval , Requiere información sobre la posibilidad de refaccionar el puente situado en el “Callejón Aguas Patagonia”, debido a que no se encuentra habilitado para el tránsito de vehículos de carga y pasajeros (32 al 24303).
Ministerio de Bienes Nacionales
Diputada Girardi doña Cristina , Se sirva informar a esta Cámara sobre el proceso de desafectación de la propiedad, inscrita a nombre de CEMA Chile, ubicada en calle Juan Chacón Corona N° 7208 , población Santa Victoria , de la comuna de Cerro Navia, a fin de destinarla a sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores respectiva por no cumplir con el propósito de su destinación. (25 al 24523).
Proyecto de Resolución 688, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir al Ministerio de Bienes Nacional y del Medio Ambiente la realización de un estudio y la ejecución de planes de conservación del estero El Culebrón, de la Región de Coquimbo. (26). 2482.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Diputada Núñez doña Paulina , Solicita que informe respecto a los tiempos que demoran en otorgarse las autorizaciones de jornada extraordinaria para el personal del sector público en la Región de Antofagasta, en relación con el promedio nacional, en los términos que señala. (363 al 24882).
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Diputado De Mussy, Se sirva recabar de la Municipalidad de Llanquihue un informe sobre las medidas de conservación, protección y fomento turístico que se han desarrollado en los humedales ubicados en su comuna, y en caso de no existir dichas medidas, disponga la aplicación de las sanciones que correspondan. (2167 al 1512).
Ministerio de Desarrollo Social
Diputado Urízar , Solicita que informe respecto a la posibilidad de otorgar un beneficio social o pensión a la señora Mónica Sanhueza Rojas , en los términos que señala. (178 al 25168).
Diputado Berger , Solicita información sobre el estado de tramitación y fecha definitiva de evacuación del informe sobre el proyecto de reposición de la subcomisaría de carabineros de Mariquina, que permitirá continuar con las siguientes etapas que consideran la asignación de recursos para su ejecución (60 al 25699).
Ministerio Medio Ambiente
Diputado Carmona , Requiere información relacionada con la calidad del agua proveniente del río Copiapó, cuya utilización estaría produciendo consecuencias negativas en los regadíos de los pequeños agricultores y en la salud de los habitantes de la localidad de San Fernando (167 al 24696).
Servicios
Diputado Monckeberg don Nicolás , Informe a esta Cámara sobre todas las licitaciones que este servicio ha declarado desiertas desde enero de 2014, especificando su objeto, las ofertas y causas de la declaración. Asimismo, indique todas las compras directas superiores a 10 millones de pesos efectuadas desde enero de 2014, individualizando al proveedor, los montos, fechas y productos de cada operación. (47 al 13606).
Varios
Diputado Espinoza don Fidel , Solicita informe de las medidas que se han adoptado en relación a la denuncia efectuada el año 2015, por la directora de la Escuela Francisco Cortes Ojeda de Carelmapu, señora Fabiola Pamela Haefner Velásquez , en contra de un docente de ese establecimiento por conductas impropias con alumnas menores de edad, cuyos antecedentes detallados se contienen en oficio adjunto del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, remitido a esta Corporación con fecha 19 de octubre de 2015. (46 al 25487).
Diputado Berger , Solicita información sobre el estado de tramitación y fecha definitiva de evacuación del informe sobre el proyecto de reposición de la subcomisaría de carabineros de Mariquina, que permitirá continuar con las siguientes etapas que consideran la asignación de recursos para su ejecución. (60 al 25698).
Municipalidades
Diputado Rathgeb , Informe sobre el aumento injustificado de contrataciones y traspasos a plantas municipales en último semestres de 2016, en los términos que indica. (100 al 25482).
Diputado Bellolio , Solicita informe respecto a la situación que afecta a las vecinas del sector de Los Tilos, comuna de Calera de Tango, relacionada con el pago del servicio de agua potable, en los términos que señala. (78 al 24120).
X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.
Diputado Carmona Solicita que se sirva informar respecto a la posibilidad de suministrar vehículos para el transporte de voluntarios a los sectores afectados por el aluvión ocurrido en la comuna de Alto del Carmen, provincia del Huasco, en los términos que señala. (26169 de 24/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado Carmona Solicita que sirva informar respecto a la posibilidad de suministrar vehículos para el transporte de voluntarios a los sectores afectados por el aluvión ocurrido en la comuna de Alto del Carmen, Provincia del Huasco, en los términos que señala. (26170 de 24/01/2017). A Ministerio de Interior.
Diputado García don René Manuel Reitera el oficio Nº 25.367, de fecha 15 de diciembre del año 2016. (26171 de 24/01/2017). A Ministerio de Obras Públicas.
Diputada Sepúlveda doña Alejandra Solicita que se sirva informar respecto a la posibilidad de otorgar algún tipo de ayuda a la señorita Darlanne González Pérez , quien ha sido diagnosticada con un cáncer papilar de tiroides, en los términos que señala. (26172 de 24/01/2017). A Ministerio de Salud.
Diputada Turres doña Marisol Solicita que se sirva informar respecto a los accidentes de tránsito ocurridos en la isla de Chiloé entre enero de 2010 y 2017, en los términos que señala. (26173 de 24/01/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputada Turres doña Marisol Solicita reiterar el oficio Nº 22.953, de fecha 7 de septiembre del 2016, en los términos que señala y solicitando volver a requerir de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado la confección de un nuevo informe, en los términos señalados en el Oficio original, y en el cuál se exprese, clara y detalladamente, la respuesta a cada uno de los asuntos que se solicitan en el mismo. (26174 de 24/01/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Venegas don MARIO Solicita que se sirva informar respecto del despido de la médico Jefe de la Sección de Medicina de Aviación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la señora Karina Flores Rojas , en los términos que señala. (26175de 24/01/2017). A servicios.
I.ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados:
NOMBRE
-Aguiló Melo, Sergio
-Álvarez Vera, Jenny
-Alvarado Ramírez Miguel Ángel
-Andrade Lara, Osvaldo
-Arriagada Macaya, Claudio
-Auth Stewart, Pepe
-Becker Alvear, Germán
-Bellolio Avaria, Jaime
-Berger Fett, Bernardo
-Boric Font, Gabriel
-Browne Urrejola, Pedro
-Campos Jara, Cristián
-Cariola Oliva, Karol
-Carmona Soto, Lautaro
-Carvajal Ambiado, Loreto
-Ceroni Fuentes, Guillermo
-Chahin Valenzuela, Fuad
-Chávez Velásquez, Marcelo
-Cicardini Milla, Daniella
-Coloma Álamos, Juan Antonio
-Cornejo González, Aldo
-De Mussy Hiriart, Felipe
-Edwards Silva, José Manuel
-Espinosa Monardes, Marcos
-Espinoza Sandoval, Fidel
-Farcas Guendelman, Daniel
-Farías Ponce, Ramón
-Fernández Allende, Maya
-Flores García, Iván
-Fuentes Castillo, Iván
-Fuenzalida Figueroa, Gonzalo
-García García, René Manuel
-Girardi Lavín, Cristina
-Godoy Ibáñez, Joaquín
-González Torres, Rodrigo
-Gutiérrez Gálvez, Hugo
-Hernández Hernández, Javier
-Hernando Pérez, Marcela
-Hoffmann Opazo, María José
-Jackson Drago, Giorgio
-Jaramillo Becker, Enrique
-Jarpa Wevar, Carlos
-Jiménez Fuentes, Tucapel
-Kast Rist, José Antonio
-Kast Sommerhoff, Felipe
-Kort Garriga, Issa
-Lavín León, Joaquín
-Lemus Aracena, Luis
-León Ramírez, Roberto
-Letelier Norambuena, Felipe
-Lorenzini Basso, Pablo
-Macaya Danús, Javier
-Melero Abaroa, Patricio
-Melo Contreras, Daniel
-Meza Moncada, Fernando
-Mirosevic Verdugo, Vlado
-Molina Oliva, Andrea
-Monckeberg Bruner, Cristián
-Monckeberg Díaz, Nicolás
-Morales Muñoz, Celso
-Morano Cornejo, Juan Enrique
-Nogueira Fernández, Claudia
-Norambuena Farías, Iván
-Núñez Arancibia, Daniel
-Núñez Lozano, Marco Antonio
-Núñez Urrutia, Paulina
-Ojeda Uribe, Sergio
-Ortiz Novoa, José Miguel
-Pascal Allende, Denise
-Paulsen Kehr, Diego
-Pérez Arriagada, José
-Pérez Lahsen, Leopoldo
-Pilowsky Greene, Jaime
-Poblete Zapata, Roberto
-Provoste Campillay, Yasna
-Rathgeb Schifferli, Jorge
-Rincón González, Ricardo
-Robles Pantoja, Alberto
-Rocafull López, Luis
-Rubilar Barahona, Karla
-Sabag Villalobos, Jorge
-Sabat Fernández, Marcela
-Saffirio Espinoza, René
-Saldívar Auger, Raúl
-Sandoval Plaza, David
-Santana Tirachini, Alejandro
-Schilling Rodríguez, Marcelo
-Sepúlveda Orbenes, Alejandra
-Silber Romo, Gabriel
-Silva Méndez, Ernesto
-Soto Ferrada, Leonardo
-Squella Ovalle, Arturo
-Tarud Daccarett, Jorge
-Teillier del Valle, Guillermo
-Torres Jeldes, Víctor
-Trisotti Martínez, Renzo
-Tuma Zedán, Joaquín
-Turres Figueroa, Marisol
-Ulloa Aguillón, Jorge
-Urízar Muñoz, Christian
-Urrutia Bonilla, Ignacio
-Vallejo Dowling, Camila
-Vallespín López, Patricio
-Van Rysselberghe Herrera, Enrique
-Venegas Cárdenas, Mario
-Verdugo Soto, Germán
-Walker Prieto, Matías
-Ward Edwards, Felipe
-Concurrió, además, la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano Puelma.
-No estuvieron presentes por encontrarse:
-Con licencia médica: Los diputados señores Ramón Barros Montero, Sergio Gahona Salazar y Manuel Monsalve Benavides.-
* PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. Evopoli: Evolución política. Amplitud.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.35 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor ANDRADE (Presidente).- El acta de la sesión 119ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 120ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor ANDRADE (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE FILÓSOFO JORGE EDUARDO RIVERA CRUCHAGA
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por petición del diputado Roberto Poblete , corresponde guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del destacado filósofo señor Jorge Eduardo Rivera Cruchaga .
-Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.
-o-
El señor ANDRADE (Presidente).-
Informo a sus señorías que se encuentran sesionando en forma simultánea con la Sala las siguientes comisiones: Comisión Especial Investigadora de los errores de conformación del padrón electoral en la elección del 2016, de 09.30 a 11.30 horas; Comisión Revisora de Cuentas, de 10.45 a 11.15 horas, y Comisión de Ética y Transparencia, de 11.30 a 12.30 horas.
Tiene la palabra el diputado señor Diego Paulsen .
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, también se debe informar que la Comisión Mixta que resolverá las discrepancias suscitadas entre la Cámara y el Senado durante la tramitación del proyecto de ley relativo a la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, sesionará de manera simultánea con la Sala desde las 11.00 hasta las 13.00 horas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, eso requiere el acuerdo de la Sala.
El señor PAULSEN.-
Señor Presidente, la Comisión Mixta está citada desde el Senado.
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Secretario dará las explicaciones al respecto.
El señor LANDEROS (Secretario).-
Como saben los señores diputados, en estos casos se aplica el Reglamento del Senado, que establece que no es posible que las comisiones mixtas funcionen solo con el acuerdo de la Sala del Senado o con el de la Sala de la Cámara de Diputados, ya que deben contar con el acuerdo previo de ambas corporaciones.
Oficiamos al Senado para que no se cite a sesión de Comisión Mixta que funcione simultáneamente con ninguna de las dos salas, razón por la cual se requiere de la unanimidad de Sala para modificar esa situación.
El Señor ANDRADE (Presidente).-
En consecuencia, solicito la unanimidad de la Sala para autorizar el funcionamiento de esa Comisión Mixta.
No hay acuerdo.
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, pido la palabra,
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, su señoría.
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, solicito que nuevamente recabe el acuerdo para que la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional respecto del proyecto de ley que regula la tenencia responsable de mascotas, sesione de manera paralela a la Sala, pues es necesario que dicha iniciativa sea despachada a la brevedad.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Vlado Mirosevic ?
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE LEGISLACIÓN SOBRE INCENTIVO AL RETIRO EN FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, ESTABLECIMIENTO DE NORMAS ESPECIALES PARA PERCEPCIÓN DE INCENTIVO Y MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO Y PROMOCIÓN A PLANTA DE PROFESIONALES (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 11086-05)
El Señor ANDRADE (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas especiales para el incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los requisitos de ingreso y promoción de la función de supervisión de la planta de profesionales de dicho servicio.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Rodrigo González y José Miguel Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
-Moción, sesión 124ª de la presente legislatura, en 17 de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Certificado de la Comisión de Educación, sesión 128ª de la presente legislatura, en 24ª de enero de 2017. Documentos de la Cuenta N° 8.
-Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En reemplazo del diputado Rodrigo González , rinde el informe de la Comisión de Educación el diputado señor Mario Venegas .
Tiene la palabra, señor diputado.
El señor VENEGAS (de pie).-
Señor Presidente, le correspondía rendir el informe de la Comisión de Educación al señor Rodrigo González , quien no ha podido asistir hoy a la sesión por razones de fuerza mayor, por lo que me han solicitado que lo rinda yo.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas especiales para el incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los requisitos de ingreso y promoción de la función de supervisión de la planta de profesionales de dicho servicio (boletín N° 11086-05).
La iniciativa legal tiene como propósito, en primer lugar, mejorar las condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios de la Junji que están en edad de pensionarse por vejez, permitiendo el potenciamiento del desarrollo de la carrera de los demás funcionarios de dicha institución.
En segundo lugar, permite, para los años 2016 y 2017, que las unidades educativas de la Junji que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia, puedan acceder a la asignación correspondiente al primer tramo.
Esto se explica porque se establecía en la norma que solo el 40 por ciento de los establecimientos podían acceder a ese bono, pero superaron con largueza la cantidad que quedó en esa categoría. Por eso, hay que resolver la situación para los años 2016 y 2017, con lo que se hace justicia a las funcionarias que hicieron un gran esfuerzo para conseguir metas muy sobresalientes en esta evaluación integral.
Finalmente, se perfeccionan los requisitos de ingreso para el grado de inicio de la planta de profesionales que ejerzan funciones de supervisión, permitiendo contar con un mayor número de profesionales que pueda postular para ejercer dichas funciones.
Fundamentos.
Según se expresa en el texto del mensaje, en el marco de la política de diálogo con las asociaciones de funcionarios del sector público, con fecha 13 de mayo de 2016 el gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el cual se comprometió a la modificación de la ley N° 20.213, que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia del personal de la mencionada institución.
Con fecha 16 de mayo de 2016, el gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con la mencionada asociación de funcionarios, mediante el cual se establece un plan de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Objetivos.
1. Extiende los beneficios de la ley N° 20.948.
En virtud de la aplicación de la ley mencionada, se establece a favor de los funcionarios de carrera y a contrata de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, una bonificación adicional para quienes perciban la bonificación por retiro del Título II de la ley N° 19.882, siempre que se encuentren afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980; que a la fecha de la postulación tuvieren veinte o más años de servicio, continuos o discontinuos, en las instituciones que conforman la administración central del Estado, y que cumplan los demás requisitos que se establecen.
Por aplicación del artículo 5 de la ley N° 20.948, se establece que el monto de la bonificación adicional de cargo fiscal será equivalente a 320 unidades tributarias mensuales para los estamentos de auxiliares y administrativos; de 404 unidades tributarias mensuales para el estamento de técnicos, y de 622 unidades tributarias mensuales para los estamentos de profesionales, directivos y fiscalizadores. Estos montos corresponden a jornadas de 44 horas semanales y a los funcionarios que cuenten con veinte o más años de servicio en las instituciones que señala dicha ley.
Para los funcionarios que tengan entre dieciocho años y menos de veinte años de servicios, los montos de la bonificación adicional serán los siguientes: 233 unidades tributarias mensuales para los estamentos de auxiliares y administrativos, 303 unidades tributarias mensuales para el estamento de técnicos y 466 unidades tributarias mensuales para los estamentos de profesionales, directivos y fiscalizadores.
Se establece que la bonificación adicional tendrá los siguientes cupos: para el año 2017, se fijan 385 cupos, y para el año 2018, un total de 500 cupos.
Los procedimientos para asignar dichos cupos se establecen en los artículos primero y segundo transitorios de la iniciativa. También quedarán afectos a esos cupos aquellos a quienes se les aplique el inciso final del artículo 7 y los artículos 8 de la ley N° 20.948 y cuarto transitorio del proyecto de ley.
A contar del 2019 y hasta el 31 de diciembre del 2024, dicha bonificación se otorgará sin tope de cupos anuales, tal como había sido la norma en los procesos anteriores para el caso de la Junji.
Además, se otorga un bono por antigüedad, de cargo fiscal, de 10 unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los cuarenta años, con tope de 100 unidades de fomento. Accederán a este bono los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que se desempeñen como auxiliares o administrativos, que perciban la bonificación adicional y que tengan cuarenta o más años de servicios en la administración central del Estado o en sus antecesores legales, según lo dispuesto en la ley N° 20.948, a la fecha de su postulación.
Del mismo modo, se otorga un bono por trabajo pesado, de cargo fiscal, de 10 unidades de fomento por cada año cotizado o que estuvieren certificados como trabajos pesados, con un máximo de 100 unidades de fomento. Accederán a este bono los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que, entre la fecha de publicación de la ley en proyecto y el 31 de diciembre del 2024, se acojan a la bonificación adicional y cumplan los demás requisitos que establece la ley N° 20.948.
Con el fin de ampliar las oportunidades de retiro del personal, el artículo 11 de la ley N° 20.948 establece dos períodos de postulación para acceder a la bonificación adicional, al bono por antigüedad y al bono por trabajo pesado, según si los funcionarios cumplen 65 o 66 años de edad. Mediante lo anterior se otorgarán mayores beneficios para quienes lo hagan en el primer período de comunicación de renuncia voluntaria, esto es, a los 65 años, para luego considerar beneficios decrecientes en el segundo período de comunicación de renuncia voluntaria, obteniendo 50 por ciento de los beneficios indicados en caso de postular en la segunda oportunidad.
Por último, si los funcionarios no hacen efectiva su renuncia en alguno de los dos períodos establecidos, se entiende que renuncian irrevocablemente a su derecho.
Los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que perciban los beneficios de este plan de retiro no podrán ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata, a honorarios o en los términos del Código del Trabajo, en ninguna de las instituciones que conforman la administración del Estado durante los cinco años siguientes al término de su relación laboral, a menos que previamente devuelvan la totalidad de los beneficios percibidos, debidamente reajustados por la variación del índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes del pago del beneficio respectivo y el mes anterior al de la restitución, más el interés corriente para operaciones reajustables.
Lo descrito es una norma y un principio que ha estado presente en proyectos de similares características que hemos aprobado. Por lo tanto, no se innova.
Asimismo, se establece que estos beneficios serán incompatibles con cualquier otro beneficio de naturaleza homologable, según una causal similar de otorgamiento, y cualquier otro beneficio por retiro que hubiere percibido el funcionario con anterioridad, tales como los de la ley N° 20.648. Con todo, este beneficio es compatible con la bonificación por retiro establecida en el Título II de la ley N° 19.882.
El número 5 del artículo 1 de la iniciativa establece que deberá dictarse un reglamento por parte del Ministerio de Educación, suscrito también por el ministro de Hacienda, que determinará las disposiciones necesarias para la postulación, plazos y procedimientos para el otorgamiento de los beneficios de la presente ley. Dicho reglamento determinará los procedimientos aplicables para la heredabilidad de los beneficios y las normas necesarias para la aplicación de la ley.
En otro orden de materias, se establecen normas especiales para el otorgamiento del incentivo de la ley N° 20.213 para los años 2016 y 2017, disponiendo que durante esos años el pago del incentivo anual al desempeño, establecido en el artículo trigésimo cuarto de la ley N° 19.882, a las unidades educativas que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia (Seicep) efectuado durante el 2015, será la asignación correspondiente al primer tramo, cualquiera que sea el orden de ubicación en los tramos decrecientes en los que se encuentre la unidad educativa conforme a los resultados comparativos del proceso de evaluación. De esta manera, hacemos justicia a todos los establecimientos que no habían recibido esta asignación.
Por último, se reemplazan los requisitos de ingreso y promoción del grado 15 de la planta de profesionales, función de supervisión, estableciendo que la experiencia profesional podrá ser, alternativamente, no inferior a cuatro años, o de a lo menos tres años en funciones de supervisión o en el área educacional, en establecimientos de educación parvularia.
Cabe destacar, a fin de que lo tengan presente a la hora de votar, que la comisión, tomando en especial consideración la conformidad de los presidentes de las asociaciones de funcionarios -Aprojunji y Ajunji , que estuvieron presentes en la comisión con el texto del mensaje, procedieron a aprobar el proyecto, en general y en particular, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.
Finalmente y respecto de las constancias reglamentarias, hago presente a la Sala que la iniciativa no contempla normas orgánicas constitucionales ni de quorum calificado y que el proyecto de ley aprobado por la comisión debió ser conocido por la Comisión de Hacienda.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Quiero ofrecer las disculpas de la Mesa a la diputada Yasna Provoste , pues estaba previsto que ella rindiera el informe de la Comisión de Educación; sin embargo, no nos percatamos de su presencia en la Sala, por lo que accedimos a que el diputado informante fuera el señor Mario Venegas .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que estaba en la Sala. Tanto es así que el diputado Mario Venegas casi me pegó un empujón para poder pasar.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, por su intermedio quiero saludar a la señora ministra de Educación y, en especial, a las profesionales que hacen posible el desarrollo y crecimiento de los niños que dependen de la Junji.
(Aplausos en las tribunas)
En nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas especiales para el incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los requisitos de ingreso y promoción de la función de supervisión de la planta de profesionales de dicho servicio.
Cabe recalcar, como un antecedente importante, que en el marco de la política de diálogo con las asociaciones de funcionarios del sector público, que comenzó el 13 de mayo de 2016, el gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, fruto del cual se comprometió a la modificación de la ley N° 20.213, que concede incentivo vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia del personal de la mencionada institución.
Posteriormente, el 16 de mayo de 2016, el gobierno suscribió un protocolo de acuerdo con la mencionada asociación de funcionarios, estableciendo un plan de incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias de la Junji.
¿Por qué lo señalo? Yo más que nadie creo en el diálogo y opino que más que nunca debemos escucharnos, para no llegar a extremos que no ayudan a nadie en el país.
En razón de que los aspectos técnicos del proyecto, así como su estructura y contenido fueron abordados por el diputado Mario Venegas , quien me precedió en el uso de la palabra, basaré este informe fundamentalmente en lo que me corresponde: los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto, al tenor del correspondiente informe financiero. Como hay mucha gente que está siguiendo esta sesión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, especialmente los funcionarios y las funcionarias de la Junji, el informe respectivo también se encuentra en la página web de la Comisión de Hacienda, junto con el cuadro que explicitaré.
Sin perjuicio de lo señalado, como su nombre lo indica, el principal propósito del proyecto de ley consiste en extender los beneficios de la ley N° 20.948, sobre incentivo al retiro, a los funcionarios y las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para mejorar las condiciones de egreso de la carrera de aquellos que están en edad de pensionarse por vejez y permitir además el potenciamiento del desarrollo de la carrera de los demás funcionarios y funcionarias de dicha institución. Como ustedes, funcionarios, son jóvenes, con esta iniciativa se les abren las puertas para el desarrollo profesional en la Junji.
Asimismo, el presente proyecto permite, para los años 2016 y 2017, que las unidades educativas de la Junji que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia puedan acceder a la asignación correspondiente al primer tramo.
Finalmente, la iniciativa legal perfecciona los requisitos de ingreso para el grado de inicio de la planta de profesionales que ejerzan funciones de supervisión, grado 15, lo que permitirá contar con un mayor número de profesionales que puedan postular a ejercer dichas funciones.
En cuanto al impacto en términos de costo fiscal de este proyecto, el informe financiero N° 150, de fecha 23 de diciembre de 2016, elaborado por la Dirección de Presupuestos, explica los mayores costos fiscales que se señalan a continuación:
1.- La aplicación de los artículos 1 al 15 y el artículo 18 de la ley N° 20.948, sobre incentivo al retiro a los funcionarios y las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, implica un mayor gasto fiscal asociado a la entrega de los siguientes beneficios: bonificación adicional, bono por antigüedad y bono por trabajo pesado.
Según explica el cuadro contenido en el informe financiero recién individualizado, se estima el siguiente costo fiscal para el período 2017-2024. Lo recalco, porque hace algunos años aprobamos una ley que beneficiaba a dichos funcionarios que no tenían incentivo al retiro. O sea, estamos haciendo nuestra labor como corresponde y mirando hacia adelante.
En 2017, el costo será de 9.984 millones de pesos; en 2018, de 11.753 millones de pesos; en 2019, de 11.391 millones de pesos; en 2020, de 3.637 millones de pesos; en 2021, de 3.954 millones de pesos; en 2022, de 4.759 millones de pesos; en 2023, de 4.157 millones de pesos, y en 2024, de 4.729 millones de pesos. Una vez más, nos estamos adelantando a los tiempos y legislando en este caso sobre incentivo al retiro hasta el 2024.
En la Comisión de Hacienda empezamos a analizar el número de personas que serían beneficiadas con este proyecto. En definitiva, los costos son muy claros hasta el 2024.
2.- El pago en el primer tramo del incentivo anual al desempeño a todas las unidades educativas que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia efectuado durante el 2015 implica para los pagos correspondientes a los años 2016 y 2017 -se los deben pagar con efecto retroactivo un mayor costo de 352 millones de pesos anuales.
3.- La realización del estudio del Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia por parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia tiene un mayor costo de 20 millones de pesos, por una sola vez.
4.- Por su parte, la modificación de los requisitos de ingreso y promoción de la Planta de Profesionales de la Junji, Función de Supervisión, grado 15, no implica mayor costo fiscal, porque está aprobado en la Ley de Presupuestos de la nación para la Junji.
5.- Finalmente, aclara que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de su vigencia se financiará con los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público de la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, es bueno clarificar que durante la discusión del proyecto estuvieron presentes en la comisión la subsecretaria de Educación Parvularia, señora María Isabel Díaz , quien representó a la ministra, la que en ese instante cumplía funciones en comisiones del Senado; el asesor de la Subdirección de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, señor Rodrigo Caravantes ; la abogada de la Dipres, señora Susan Ortega ; la presidenta nacional de Ajunji, señora Rebeca Cardemil ; el presidente nacional de Aprojunji, señor Bernabé Vilaxa , y el jefe de Gabinete de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junji, señor Leandro Rojas .
Finalmente, la Comisión de Hacienda, que reconoce el esfuerzo y la calidad de lo que esos funcionarios entregan al país, que escuchó a las personas, entidades y autoridades indicadas, puso en votación y aprobó todo el articulado por la unanimidad de los señores diputados presentes.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Felipe de Mussy .
El señor DE MUSSY.-
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención con un saludo a la señora ministra, a quien deseo mucho éxito en este año, ya que debe sacar adelante muchos proyectos importantes, y espero que ojalá sean muy consensuados, para el bien del país. Asimismo, saludo a los funcionarios y dirigentes de la Junji que nos acompañan en las tribunas.
Desde luego, quiero intervenir como diputado integrante de la Comisión de Hacienda, donde debemos velar por los recursos públicos.
Primero, este es un proyecto totalmente necesario y positivo. ¡Qué bueno que se haya aprobado de forma unánime! Son muchos los recursos involucrados. Es importante aclarar la información que todos deberíamos tener a la hora de aprobar este tipo de proyectos, ya que destinan muchos recursos del Estado, de todos los chilenos.
Al analizar el informe financiero se advierte que hay cupos máximos para acogerse a este beneficio en los próximos dos años. Luego, señala abiertamente que son los cupos necesarios para todos.
La lógica indica que no es bueno abordar siempre este tipo proyectos, pues generan poca eficiencia en el Congreso. Sin embargo, todos sabemos que, a final de cuentas, son necesarios y que, por lo tanto, serán aprobados. Lo importante es saber cuántos son los funcionarios que, a partir de dos años, podrán acogerse a este beneficio. Es muy distinto que sean diez, cien o mil.
Por eso, ayer, independientemente de la votación -así lo solicité-, pedimos al Ministerio de Hacienda, particularmente a la subsecretaría, que nos hiciera llegar un pequeño informe que detallara, por tramo de edad, la cantidad de funcionarios que actualmente están cumpliendo funciones. De una u otra manera, con eso los diputados que aprobamos diariamente proyectos de ley que irrogan gasto -se trata de recursos de todos los chilenos tendremos claro cuántos serán los funcionarios que se verán beneficiados no solo en los próximos dos años, sino más allá de ese plazo.
Reitero: es un proyecto necesario, pero creo que corresponde contar con esa información para tener certeza de los recursos entregados.
Segundo, mes a mes solucionamos situaciones similares. Esta vez fue el turno de algunos funcionarios del Ministerio de Educación, pero lo mismo ocurre con funcionarios de los ministerios de Hacienda o de Agricultura.
Tenemos un informe que señala que durante este año, hasta el mes de octubre, en la Comisión de Hacienda se han aprobado más de 600.000.000 de dólares en proyectos permanentes, lo que corresponde al 1 por ciento del presupuesto de la nación. De una u otra manera, eso nos tiene que ayudar a ver en qué gastamos los recursos. No puede ser que gran parte de ellos se destinen a solucionar los problemas que el Estado mantiene con sus funcionarios.
Reitero: no es que ello sea malo, pero de una u otra manera tenemos que buscar una solución a largo plazo. Los diputados debemos tener responsabilidad en ello.
No me cabe duda de que los funcionarios estarán de acuerdo conmigo en que hay dos problemas que afectan a los trabajadores del Estado. Primero, solo un porcentaje menor del sueldo que reciben es imponible, lo que muchas veces genera el problema que tenemos. Segundo, el único empleador de Chile que tiene cientos de miles de trabajadores a honorarios -algo que las empresas privadas no pueden hacer es el Estado.
Reitero: tenemos que solucionar ese tipo de situaciones para que no vuelvan a ocurrir en el futuro.
Soy un convencido de que el concepto de modernización del Estado, en el cual se tiene que seguir trabajando, es de la década pasada. De una vez por todas tenemos que empezar a hablar de eficiencia de Estado. Para ello, debemos solucionar los problemas de largo plazo y utilizar los recursos, ojalá, en inversión social y pública.
Reitero: debemos solucionar el problema que hoy aqueja a los funcionarios del Estado, aspecto a que apunta el proyecto; sin embargo, es necesario diseñar políticas públicas para que dentro de diez años no debamos legislar sobre materias como la que nos convoca.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo de forma muy especial a la ministra de Educación, quien se encuentra presente en la Sala. Asimismo, agradezco el apoyo permanente y el trabajo de los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) y de la Asociación de Administrativos Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji), ya que han sido un importante apoyo para sacar adelante esta y otras iniciativas.
Claramente, el proyecto de ley mejora las condiciones de egreso de los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que están en edad de jubilar por vejez, permitiendo potenciar el desarrollo de la carrera de los demás funcionarios de dicha institución.
El proyecto de ley no es un hecho aislado. Desde que soy parlamentaria, la Cámara ha aprobado más de 37 iniciativas legales en beneficio de funcionarios públicos. Hemos dado el visto bueno a iniciativas que aumentan la bonificación por la calidad de satisfacción al usuario para los trabajadores del Servicio de Registro Civil y establecen condiciones especiales y transitorias de retiro del personal del Servicio Nacional de Aduanas.
Asimismo, se han promulgado leyes que mejoran la situación funcionaria del personal del Servicio Médico Legal. También, dentro del marco de esas iniciativas, se han aprobado asignaciones especiales para los funcionarios de Gendarmería de Chile. De hecho, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en 2014, a través de un trabajo muy intenso de sus dirigentes, logró que el Parlamento lograra introducir modificaciones a su planta de personal. Se trata de una lista muy larga que da cuenta del compromiso del Parlamento por mejorar las condiciones laborales y remuneracionales de los trabajadores del sector público.
Sin embargo, existe una situación muy compleja, la que, de una vez por todas, el país debe enfrentar. Me refiero al sistema previsional, el que no da para más.
Establecer un incentivo al retiro para los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles es reconocer el fracaso del sistema de administradoras de fondos de pensiones. En el fondo, debemos concurrir con apoyos especiales para que las jubilaciones miserables que entregan las AFP dejen en mejores condiciones a los funcionarios públicos.
El proyecto de ley establece que aquellos trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que cumplan con 44 horas semanales y veinte años o más de servicio, tendrán acceso a una bonificación adicional, de cargo fiscal -complementaria a la que tienen los funcionarios públicos-, de 320 UTM, en el caso de los estamentos auxiliares o administrativos, lo que equivale a más de 14.000.000 de pesos; de 404 UTM en el caso del estamento técnico, esto es, alrededor de 18.000.000 de pesos, y de 622 UTM en el caso de los profesionales, directivos y fiscalizadores, que corresponde a más de 28.000.000 de pesos.
Además, establece que se entregará un bono por antigüedad, de cargo fiscal, que será de 10 UF por cada año de servicio por sobre los cuarenta años de servicio, lo que al día de hoy representa más de 263.000 pesos, con un tope de 100 UF, que equivale a más de 2.600.000 pesos.
Adicionalmente al bono por antigüedad, se establece un bono por trabajo pesado de 10 UF por cada año cotizado o que estuvieren certificados como trabajos pesados, el que al día de hoy representa más de 263.000 pesos, con un máximo de 100 UF, también de cargo fiscal.
Quiero señalar con mucha claridad, porque fue parte del debate durante la Comisión de Educación, que el proyecto de ley no innova, no cambia la edad de jubilación de las mujeres. Sin embargo, establece que los trabajadores podrán acceder al beneficio cuando cumplan la edad de jubilar -en el caso de las mujeres, a los sesenta años-, pudiendo extenderse hasta los sesenta y cinco años de edad.
Por último, si los funcionarios no hacen efectiva su renuncia en alguno de los dos períodos establecidos, se entiende que renuncian irrevocablemente a su derecho de recibir las bonificaciones que hemos mencionado.
El proyecto también busca reparar una situación muy injusta que personalmente denuncié el año pasado y que dice relación con el Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia. Durante 2015 muchos establecimientos lograron el máximo puntaje en el proceso de evaluación, pero no estaban los recursos para pagarles la asignación respectiva como correspondía. Por lo tanto, en una decisión arbitraria de la autoridad, y a pesar de que dichos jardines infantiles hicieron un tremendo esfuerzo con todo su equipo profesional y técnico por lograr mejores resultados y obtener el puntaje máximo en el mencionado proceso, les pagaron la asignación como si hubieran tenido resultados correspondientes a tramos decrecientes. Por ello, la iniciativa busca que para los años 2016 y 2017 las unidades educativas de la Junji que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia puedan acceder a la asignación correspondiente al primer tramo.
Reitero que si estamos discutiendo este proyecto de incentivo al retiro es por la capacidad de diálogo que ha existido entre las organizaciones de trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Ministerio de Educación, lo que ha permitido, a través de un espacio conjunto, llegar a acuerdos. Realmente nos habría encantado que esta iniciativa hubiese sido conocida antes por el Congreso Nacional, pues los acuerdos se alcanzaron en mayo del año pasado; recién ahora, en enero de 2017, estamos discutiendo el proyecto en primer trámite constitucional. Pero más vale tarde que nunca. Esperamos que el Senado lo apruebe con mucha celeridad, pues sabemos que a lo largo del país muchas trabajadoras y trabajadores están esperando que llegue este incentivo al retiro para no tener solo las pensiones miserables que entrega el sistema de AFP en nuestro país.
Por cierto, votaré a favor la iniciativa.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling .
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, los socialistas vamos a votar a favor el proyecto porque es bueno en sí mismo, como lo han destacado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Por si hubiera alguna duda acerca de su bondad, cabe señalar que cuenta con el apoyo de las asociaciones de trabajadoras de la Junji.
Hemos aprobado decenas de proyectos de ley que incentivan el retiro de los trabajadores de diversas instituciones de la administración pública. Deberíamos preguntarnos por qué existe esa necesidad. Se ha hecho referencia a que el retiro significa un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de la administración pública, y para explicarlo nos vamos a las ramas y decimos que el sector público tiene muchos trabajadores contratados a honorarios o que su sueldo imponible no es el mismo que recibe el trabajador en servicio activo. Todo ello puede ser cierto, pero tiene su origen en un problema mayor, cual es que en el mundo, sobre todo a partir de los años ochenta, ha predominado la idea de que el Estado debe estar cada vez más ausente de la vida de las sociedades y de que hay que tener estados chicos.
A los que sacan el pañuelo durante las sesiones y lloran porque se contrata mucha gente a honorarios o porque se pagan las cotizaciones sobre un sueldo imponible exiguo, les diría que cuando se debata un aumento de los impuestos para los sectores más ricos del país, en vez de lloriquear porque esos sectores van a perder plata, deberían apoyar con entusiasmo dicho aumento, a fin de que exista una mejor distribución de la riqueza y para que el Estado sea fuerte y pueda velar por el bienestar del total, el interés general y el bien común de la sociedad. Las lágrimas de cocodrilo siempre ayudan a confundir las cosas y no esclarecen nada. Por eso la gente piensa que todos son iguales, pues se miente descaradamente y no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se plantea y lo que se vota.
Este proyecto, además de ser bueno en sí mismo porque viene a paliar en parte la mala situación de los trabajadores al momento del retiro, también otorga beneficios vinculados al mejoramiento de la gestión en la Junji. Es una medida que debemos saludar pues redunda en prestigio para la institución, en beneficio para los niños a su cuidado y, en general, en una mejor sociedad, pues sus cimientos los ponen no solo las familias sino, sobre todo, los trabajadores de la Junji y de otras instituciones que se ocupan de nuestros niños más pequeños.
Tendrán derecho a postular al ciento por ciento de los beneficios todas y todos aquellos trabajadores que a la fecha de publicación de la ley tengan más de 65 años y postulen en la primera etapa. Esto es importante destacarlo, porque tratándose de una ley de incentivo al retiro, el proyecto establece que si cumplidos los requisitos no se hace uso del derecho, los beneficios decrecen.
Por las razones expuestas, vamos a apoyar con entusiasmo el proyecto de ley, y esperamos que el Senado lo tramite rápidamente, no con la lentitud que lo caracteriza.
He dicho.
-Aplausos
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación, presente en la Sala, y a las organizaciones de la Junji que nos acompañan en las tribunas.
Siempre he sido partidario de desplegar los mejores esfuerzos en torno a mejorar las condiciones en que se pensionan los funcionarios públicos. Este proyecto es un esfuerzo más en ese sentido, porque beneficia a los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en edad de pensionarse por vejez y, a la vez, como contrapartida, favorece el potenciamiento del desarrollo de la carrera de los demás trabajadores de esa institución.
También permite que para los años 2016 y 2017 las unidades educativas de la Junji que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia accedan a la asignación correspondiente al primer tramo. Asimismo, perfecciona los requisitos de ingreso a la planta de profesionales que ejerzan funciones de supervisión.
Por lo tanto, me parece propicio extender los beneficios de la ley N° 20.948 y establecer normas especiales para el incentivo dispuesto en la ley N° 20.213.
En definitiva, anuncio mi aprobación del proyecto de ley.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, por su intermedio le envío un saludo muy especial a la ministra Delpiano , encargada de la gran reforma chilena, la de la educación, dentro de la cual se inscribe el proyecto que estamos tratando, que, no me cabe duda, vamos a aprobar en forma unánime.
También me permito saludar a la gente de la Junji, mujeres y varones muy esforzados en el cumplimiento de sus labores y en la lucha por alcanzar mejores beneficios económicos. Al final del túnel, llega la luz.
Durante la presente legislatura hemos despachado otros proyectos similares, sobre bonificaciones de incentivo al retiro para otras áreas del quehacer del Estado, así que resulta de justicia entregar también ese beneficio a los trabajadores de la Junji, lo que se hace absolutamente necesario ante la situación de injusticia que vive el país en materia previsional.
Escuché decir al colega Marcelo Schilling que no debemos derramar lágrimas de cocodrilo, porque sabemos lo que tenemos que hacer: cambiar el sistema previsional que se nos impuso a la fuerza en 1980.
Las nuevas generaciones están sufriendo el impacto del mal momento que vivió nuestro país por tanto tiempo. Por ello, respaldo esta reforma jurídico-legislativa, que busca beneficiar, como ya expresé, a los trabajadores de una institución tan especial como la Junji.
Lo he expresado en otras oportunidades, porque en esta Sala hemos hablado de bonificaciones para distintas instituciones públicas: es enorme el gasto que este beneficio significa para las arcas fiscales.
Por ello, vuelvo sobre el punto: tales bonificaciones no serían necesarias si nuestro país contara con un buen sistema previsional. Lamentablemente, no es así, y muchos trabajadores se ven en la necesidad de esperar a que se aprueben beneficios de esta naturaleza para poder jubilar, sea porque en determinados momentos no se les cotizó como se debía, sea porque el volumen de sus ahorros previsionales no les alcanza y, en consecuencia, no están en condiciones de acogerse al merecido descanso, después de décadas de esforzado servicio.
Son muchos los funcionarios que deben continuar trabajando, no obstante tener ya la edad suficiente para jubilar, lo que obliga al Estado a implementar sistemas especiales de incentivo al retiro, a fin de que se produzca la necesaria renovación de personal en los servicios públicos.
Es curioso que en nuestra democracia recién ahora estemos tratando algo que debió haberse solucionado hace años. Muchos deben preguntarse por qué no lo hicimos antes. En ocasiones el responsable es el Congreso Nacional, dado que no siempre nos entendemos entre los legisladores y algunos optan por el camino de defender a los creadores, a quienes nos impusieron el sistema previsional que nos rige. Pero gracias al esfuerzo de nuestro gobierno, hemos logrado salirle al paso a esta situación y entregar esta posibilidad a los trabajadores de muchas instituciones del Estado.
Reitero una frase que me gusta mucho: estamos en un país donde podemos decirnos las cosas, donde podemos, de alguna forma, modificar el maltrato que se le dio a los trabajadores.
En esta ocasión, el proyecto contempla una bonificación adicional que varía de acuerdo al rango del funcionario, definido por la cantidad de años de servicio. Tal bonificación oscila entre 320 y 622 unidades tributarias mensuales. No voy a aburrirlos con el detalle de las cantidades, que ya fueron pormenorizadas por otros colegas. Las reseñó muy bien José Miguel Ortiz , el diputado informante de la Comisión de Hacienda, como es su costumbre, dado lo gran educador que es, como también lo hizo otro gran educador, el diputado informante de la comisión técnica, Mario Venegas , quien ha luchado mucho por la aprobación de este proyecto.
En todo caso, me parece muy adecuada la disposición que plantea que los cupos que queden vacantes después de aplicada esta futura ley se llenarán con personal contratado a honorarios. Es una innovación interesante. Estamos hablando de quienes tradicionalmente han sido considerados funcionarios de segunda en las instituciones públicas. Se dice que el culpable de su situación es el actual gobierno, pero no es así.
Más allá de esa situación, lo cierto es que para ellos habrá continuidad en el servicio y se mejorarán sus condiciones. Merecido beneficio para quienes llevan años prestando servicios en esa condición, preocupados de lo que pasará con ellos cada fin de año, preguntándose si seguirán trabajando allí o no. La previsión de Chile es así.
Como en otras ocasiones, aprobaré este proyecto, al igual que lo hice con otros que, comparados con este, no eran mejores, sino iguales.
Ciertamente, nos falta mucho camino por recorrer antes de contar con un buen sistema previsional, uno que sea verdaderamente justo. No me conformo con que los trabajadores reciban 250.000 o 260.000 pesos cuando se pensionan, aunque muchos de ellos me hayan dicho que eso ya es bueno.
Los chilenos somos tolerantes, está claro, pero tenemos derecho a decir lo que no nos parece bien, lo que no está bien.
En definitiva, como en otras ocasiones, voy a aprobar la iniciativa, pero tenemos que cambiar el discurso, debemos decir: “¡Basta ya a las AFP de este país, que tanto daño les hacen a nuestros trabajadores!”.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola .
La señorita CARIOLA (doña Karol) .-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a las trabajadoras y los trabajadores de Junji y, particularmente, a los afiliadas a Ajunji y a Aprojunji, cuyos representantes se encuentran en las tribunas.
Las saludo y también las felicito, porque hay algo que no se ha dicho, aunque no tiene que ver directamente con este proyecto: que esta discusión es muy relevante para las trabajadoras y los trabajadores de Junji, dado que hace algunos meses lo pasaron muy mal a propósito de situaciones muy complejas que tuvieron que vivir como consecuencia de la aplicación de descuentos que les hicieron por participar en el paro nacional. Afortunadamente, se logró revertir esa medida, gracias al trabajo y a la lucha que dieron sus dirigentes sindicales para frenar esa injusta determinación, dirigida solo a ese servicio.
Saludo muy especialmente a Rebeca Cardemil , presidenta de Ajunji, y a Bernabé Vilaxa , presidente de Aprojunji, quienes también nos acompañan en las tribunas.
Esta iniciativa busca eliminar las rigideces de la actual planta de personal, que dificultan las posibilidades de hacer los ajustes que requiere esta institución a los nuevos requerimientos e impiden que los cargos directivos sean reflejo de la gestión que están desarrollando los funcionarios y funcionarias de la institución.
Recuerdo que en el marco de la discusión de esta iniciativa, se dijo que las educadoras de la Junji están encasilladas entre el grado 18 y el 15, y que solo las directoras pueden llegar al grado 14. Eso es algo que podemos modificar a través de este proyecto, pues permitirá que los grados oscilen entre el 18 y el 5, con lo cual mejorará claramente la situación de los técnicos, medida que considero de absoluta justicia.
Nos parece necesario desarrollar este debate con miras a dinamizar la planta funcionaria de la Junji, aumentar la escala funcionaria y mejorar los sueldos del personal.
Esos son los objetivos concretos. Sin embargo, quiero recoger un elemento mencionado en el debate, que tiene que ver con el rol que juega el Estado en relación con la contratación de las plantas funcionarias de sus respectivos servicios.
Al respecto, es un tremendo avance mejorar las condiciones laborales de los trabajadores por la vía de bonificaciones, que son absolutamente justas. Valoramos el protocolo de acuerdo que dio vida al proyecto de ley, destinado, como dije, a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a través del incentivo vinculado al Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia. También valoro el protocolo de acuerdo suscrito por el gobierno con las asociaciones involucradas, que establece el plan de incentivo al retiro.
Sin embargo, es necesario señalar que las mejoras salariales a través de bonos nos ponen un desafío mayor, que dice relación con el mejoramiento real de la base de sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Estado.
Se trata de algo que tenemos que evaluar y perfeccionar mirando al futuro, porque todos sabemos que el hecho de que las bonificaciones no sean imponibles, significa que, al momento de jubilar, la trabajadora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no va a tener una pensión acorde con el sueldo que tuvo durante el desarrollo de su vida profesional, lo que es claramente una lógica de precarización que está vinculada al régimen de contrata y a honorarios del Estado chileno.
No nos cansaremos de decir que el proyecto es un desafío, que lo valoramos y que lo apoyaremos como bancada, porque es la consecuencia de un acuerdo y del diálogo, pero es conveniente señalar la necesidad de hacer mejoras y transformaciones mucho más estructurales y profundas.
No deja de ser significativo que la iniciativa entregue una bonificación vinculada al Sistema de Evaluación Integral de la Calidad de la Educación Parvularia, además de la bonificación adicional a la que hice referencia, con sus respectivos requisitos.
Al respecto, me parece importante destacar que, a pesar de que se establece una bonificación adicional para los funcionarios que tienen más de veinte años de servicio en las instituciones, no se deja afuera a quienes tienen entre 18 y menos de veinte años de servicio, a quienes se otorga una bonificación que va desde las 233 unidades tributarias mensuales para los auxiliares y administrativos, hasta las 466 UTM para los profesionales, directivos y fiscalizadores.
También es importante destacar que se fijaron 385 cupos para optar a la bonificación adicional en 2017 y 500 cupos para 2018; pero la bonificación se otorgará sin tope de cupos anuales desde 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, elemento que es importante valorar.
Asimismo, en el proyecto se establece un bono por antigüedad y otro por trabajo pesado, que mejoran las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la Junji. En su mayoría, se trata de mujeres jefas de hogar y de mucho esfuerzo, ya que no solo cumplen su rol profesional, sino también una labor humana y social muy relevante para el desarrollo de nuestro país.
¡La educación parvularia en nuestro país es necesaria! No obstante, la educación inicial siempre ha sido el vagón de cola de los proyectos de transformación educacional en nuestro país, lo que no puede seguir de la misma forma.
Por lo tanto, es relevante dar la importancia que tienen el mejoramiento de la calidad de la educación y las condiciones laborales de las trabajadoras de Junji, porque implican mejorar las condiciones de educación de los niños y niñas que se forman en los jardines infantiles del Estado chileno.
Sin duda, es un muy buen proyecto, a pesar de cada uno de los elementos que planteé respecto de los desafíos que tiene el país para mejorar, en términos estructurales y reales, las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
Por lo tanto, la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana apoyará el proyecto.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palara el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que la mejor herramienta de nuestra sociedad para lograr una mayor equidad es la educación de calidad e igualitaria, materia en que el Estado de Chile tiene una deuda, de la cual también somos responsables.
La educación parvularia es la más importante, porque se inicia el aprendizaje cuando nuestros infantes están con mayor permeabilidad; sin embargo, como señaló la diputada Cariola , ha sido el vagón de cola en lugar de ser la locomotora. Los hechos así lo avalan, pues la primera reforma constitucional, realizada en 1999, solo señalaba que el Estado promoverá la educación prebásica. No hablaba ni siquiera de una obligación, lo que solo se hizo el 2005.
Esta es la mejor demostración de la falta de visión y de la poca preocupación por fortalecer la educación prebásica, que para mí es fundamental, así como el trabajo que realizan los funcionarios y las funcionarias de las distintas instituciones que dicen relación con la educación parvularia.
Lamentablemente, nuestros infantes no pueden hacer la “revolución de los pañales”, ya que, de lo contrario, estaríamos muy preocupados de la educación parvularia.
Considero que el proyecto es muy bueno, dado que es un paso muy importante para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y de las funcionarias de la Junji, porque entendemos que lo más importante en una institución es el recurso humano, es decir, las personas.
Con la aprobación de un incentivo al retiro, demostramos nuestra preocupación por el importante trabajo que realizan los funcionarios y las funcionarias de la Junji en favor de la educación de nuestros niños, beneficio que tiene un horizonte hasta el 2024, lo que debemos valorar. Además, mediante el proyecto se entrega un incremento a los técnicos y profesiones cuando hacen bien su trabajo.
Esta es la forma en que debemos trabajar y preocuparnos de las personas que están laborando diariamente por la educación de nuestros párvulos.
Por otro lado, quiero reiterar que cuando vivimos en un ambiente de mucha tensión, esta es la mejor forma de demostrar que se puede avanzar a través del diálogo. El gobierno firmó un compromiso el 13 de mayo de 2016, gracias al cual hoy, después de un trabajo que se realizó entre el Ejecutivo, el Parlamento y los representantes de los trabajadores, estamos próximos a aprobar un importante proyecto de ley que va a beneficiar a los trabajadores de la Junji, y que demuestra el rol fundamental que asigna nuestro país a la preocupación por la educación de nuestros párvulos.
Por todos estos motivos, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Radical Social Demócrata.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Informo a la Sala que hay 12 diputados inscritos para intervenir. Como se trata de un proyecto que no ha sido calificado con urgencia, los tiempos de cada intervención varían entre diez y quince minutos. De ser así, es probable que no alcancemos a votar la iniciativa.
Por lo tanto, sugiero circunscribir las intervenciones a un tiempo máximo de cinco minutos cada una, para poder votar hoy el proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, antes de intervenir en el proyecto en discusión, pido que recabe el asentimiento de la Sala para votar sin discusión el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que moderniza la legislación aduanera, aprobado por unanimidad, que figura en segundo lugar de la tabla.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo para votar sin discusión el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que moderniza la legislación aduanera?
No hay acuerdo.
¿Habría acuerdo para despachar el día de hoy el proyecto en cuestión? No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra y a las trabajadoras y dirigentes de la Junji.
Los integrantes de la Comisión de Educación que han participado en el debate han hecho referencia a los principales aspectos técnicos del proyecto. Como miembro de la Comisión de Hacienda, plantearé brevemente las inquietudes que realicé ayer en la comisión.
En primer lugar, consulté sobre las razones por las cuales se procedió a modificar los requisitos de ingreso de los supervisores o supervisoras grado 15.
En segundo lugar, los motivos por los cuales era necesario hacer un estudio del proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia, al que el gobierno se compromete este año.
En tercer lugar, consulté cuál es el sentido del cambio en el modo como se paga el bono de incentivo individual al desempeño, contenido en la ley Nº 19.882.
Por último, pedí que se aclarara por qué el proyecto de ley establece cupos específicos para los años 2017 y 2018, y deja abierto, sin definición de cupo, los años 2019 y siguientes, hasta el 2024, a pesar de que el informe financiero contempla presupuesto en régimen de cerca de 4.000 millones de pesos, después de que en los primeros años los costos fiscales ascienden entre 9.000 y 11.000 millones de pesos al año.
Al respecto, debo señalar que todas las dudas planteadas fueron debidamente aclaradas.
En cuanto a la modificación de los requisitos de ingreso de los supervisores grado 15, se explicó que se quería flexibilizar los requisitos para hacer más fácil la oportunidad de incorporar nuevas disciplinas, adecuándose a la realidad que se estaba enfrentando.
Por otro lado, respecto de la necesidad del estudio de evaluación integral y de la evaluación individual del desempeño, se nos indicó que la forma en que esta se estaba desarrollando hoy ponía a demasiadas personas en una categoría de nivel máximo, lo que hacía necesaria su revisión.
Profundizamos en esta inquietud con la gente de la Dirección de Presupuestos, quienes nos hicieron presente que la norma autoriza por dos años un mecanismo de pago diferente, condicionado a los resultados de este estudio.
Respecto de este punto quiero plantear a la señora ministra, por intermedio del señor Presidente, la importancia de que tan pronto se tengan los resultados de ese estudio, sean presentados a la comunidad y al Congreso Nacional, ojalá tanto en la Comisión de Educación como en la de Hacienda, de manera tal de poder conocer los alcances que tiene esto.
En relación con los cupos, la Dirección de Presupuestos fue muy franca al decir que la negociación con los trabajadores no puso una limitación de cupos totales. Lo que hizo fue que dadas las restricciones presupuestarias -porque este gobierno no tiene más plata debido a todo lo que ha gastado-, tuvo que poner limitaciones de cupos para los años 2017 y 2018.
Reitero que las dudas que planteé fueron respondidas de manera adecuada. Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. Sin embargo, quiero hacer un planteamiento final. A la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse sobre proyectos que han pasado por las comisiones de Educación, de Salud y otras cuando se trata de establecer incentivos al retiro de los funcionarios. En ese sentido, han sido muchísimos los proyectos que se han estado viendo en el último tiempo.
Por lo tanto, es indispensable que el gobierno tome la iniciativa de revisar las materias de modernización del Estado, de realidad del trabajo de los funcionarios del sector público, de su jubilación futura, de la forma en que son contratados y cómo evolucionan a lo largo de su carrera funcionaria.
El estar tratando proyectos de este tipo refleja que tenemos una carencia en la forma como trabaja el Estado las políticas de recursos humanos a largo plazo.
Invito al gobierno, en este año que le queda, a atreverse a iniciar un camino permanente en este ámbito, y no solo poner parche tras parche, lo que alivia la situación de los trabajadores, pero no sirve como estructura permanente del Estado.
La verdad sea dicha, la modernización del Estado y los cambios de recursos humanos se dan porque hay crisis, y aquí hay una crisis permanente que tiene que ver con la calidad del empleo público y con la forma en que las personas progresan en su trabajo y se jubilan. Eso debe hacernos reflexionar.
Invito al Ejecutivo a que tome la iniciativa y proponga cambios. En este proyecto de ley, cuenta con nuestro apoyo.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth .
El señor AUTH.-
Señor Presidente, ayer presidí de manera accidental la sesión de la Comisión de Hacienda en que aprobó esta iniciativa, en un trámite fast track, instancia en la cual se contó con la presencia de los dos gremios que participaron en este acuerdo.
Como es habitual, la Comisión de Hacienda y la Cámara de Diputados tienen una disposición distinta cuando los proyectos vienen precedidos del diálogo y del acuerdo, en comparación a cuando vienen precedidos de la diferencia y el conflicto.
En ese sentido, el incentivo al retiro y las modificaciones a la normativa que ello implica, vienen precedidos de un buen acuerdo entre los dos gremios representantes del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la Junji y el gobierno de Chile.
El incentivo al retiro es muy significativo. Su importancia estriba en sus ocho años de duración, que permitirán al trabajador y trabajadora planificar su retiro, y en mantener claramente el derecho de las mujeres a jubilar a partir de los sesenta años de edad, y de hacer uso de este derecho hasta los sesenta y cinco años, lo cual es un privilegio bienvenido en un contexto de discriminación. Además, es compatible con el bono poslaboral.
Asimismo, se hace cargo del bono por antigüedad y el bono por trabajo pesado. Eso es muy importante, porque un trabajador o una trabajadora que ha dedicado su vida a los niños en el sector público, finalmente tiene una retribución mínimamente digna, que es el mérito de este proyecto.
Felicito al Ministerio de Hacienda por haber incluido en esta iniciativa una innovación que hicimos en la Comisión de Hacienda en un proyecto de incentivo al retiro precedente, que desacopla el momento en que la persona jubila del momento en que se beneficia del incentivo al retiro, porque puede ocurrir que, si hay 385 cupos, una trabajadora que quiere o necesita jubilar quede ubicada en el puesto 386. Para gozar del beneficio, esa persona debía esperar hasta el año siguiente para jubilar. En cambio, con la innovación que hicimos, al desacoplar el incentivo al retiro de la jubilación, esa mujer tendrá derecho a jubilar cuando cumpla los sesenta años de edad, si lo desea, aun cuando deba esperar el siguiente año para recibir el incentivo al retiro, porque no había cupos.
De esa manera estamos verdaderamente ante un incentivo al retiro, porque, en la eventualidad de que no hubiera cupos suficientes, corríamos el riesgo de tener que obligar a esa persona a seguir trabajando, a la espera de que hubiera cupos disponibles para acceder al beneficio.
Insisto en que esa fue una innovación muy importante que elaboramos a propósito de otro proyecto y que felizmente la Dipres incluyó en esta iniciativa. Espero que también la incluya en el conjunto de proyectos de ley de incentivo al retiro que vengan.
En segundo lugar, como señaló el diputado Ernesto Silva , existe el compromiso de realizar un estudio del proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia, el cual deberá ser enviado a las comisiones de Educación y de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional durante el segundo semestre de 2017. Se corregirá una injusticia, porque no todas las unidades educativas que eran evaluadas con la nota máxima podían gozar del incentivo al desempeño que representa esa evaluación, porque si obtenían la nota máxima más unidades educativas que el porcentaje establecido en la ley, se debía discriminar a cuáles se iba a aplicar el incentivo.
Por lo tanto, se incluyó un artículo transitorio para que todas aquellas unidades educativas que obtengan la nota máxima en la evaluación puedan beneficiarse del incentivo, lo que es de toda justicia. Naturalmente, dependiendo de la evaluación de ese instrumento y de sus modificaciones, esa disposición tendrá que ser ratificada nuevamente el próximo año para que continúe rigiendo.
Por último, se flexibilizan los requisitos de ingreso al grado de inicio de la planta de profesionales que ejerzan funciones de supervisión.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, me tocó presidir accidentalmente la sesión de la Comisión de Educación en que tratamos este proyecto y quiero destacar tres aspectos que me parecen sustantivos y extraordinariamente destacables.
Primero, este proyecto es el resultado de un acuerdo entre el gobierno y la asociación de funcionarios más importante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como es Ajunji. Por lo tanto, felicito a sus dirigentes.
(Aplausos)
Quienes hemos trabajado por años en la Comisión de Educación sabemos de la seriedad y del compromiso que han tenido las históricas dirigentes de esa asociación para defender los intereses de sus afiliados. Por eso, nos alegramos.
Además, hemos tenido un diálogo constructivo que ha obtenido resultados muy favorables, porque este proyecto es extraordinariamente beneficioso en cuanto a los montos de la bonificación y la diferenciación por estratos técnicos, administrativos, auxiliares y profesionales, Segundo, el proyecto reconoce particularidades especiales, como en el caso del bono de 10 unidades de fomento por cada año de servicio por sobre los cuarenta años, con tope de 100 unidades de fomento, cuestión que debiéramos establecer como principio. Se sienta un precedente que se tendrá en cuenta en el futuro, de la misma forma que se sentó el precedente de la heredabilidad, en el sentido de que, si por alguna razón fallece el beneficiario directo, el beneficio quedará como herencia para la familia. Este precedente se ha instalado hace poco en los proyectos de ley de esta naturaleza.
Tercero, al igual que el diputado señor Auth , quiero destacar que se hace justicia en un tema que nos venía penando y que había causado ruido, cual es que no todas las unidades educativas que habían quedado en el primer tramo de la evaluación integral de la calidad de los servicios lograban el pago por ese concepto, porque había un tope del 40 por ciento en el primer tramo, lo que claramente es injusto. Eso aconteció en 2015 y en 2016. Sin embargo, esa injusticia será reparada con un artículo transitorio.
Si la gente se esfuerza para alcanzar altos estándares de calidad en el servicio, es de toda justicia que se le recompense, porque eso ayuda al clima organizacional interno y refuerza la idea de que sigan trabajando para brindar el mejor servicio educativo que merecen los niños y las niñas de nuestro país. Por lo tanto, destaco la sensibilidad del gobierno al incorporar esa disposición transitoria y resolver esta situación.
Cuarto, me parece destacable que se tenga una consideración especial con las funcionarias. Probablemente, esto pasó desapercibido para muchos, pero las funcionarias tienen un tratamiento especial en este proyecto de ley, que puede ser considerado un precedente. Si bien nuestro ordenamiento jurídico dice que pueden jubilar a partir de los sesenta años de edad, por imperio de este proyecto de ley, podrán jubilar hasta los sesenta y cinco años, manteniendo incólume el ciento por ciento de los beneficios. Ese es un aspecto que destaco, por la desmedrada situación de las mujeres que muestran los estudios respecto de sus cotizaciones previsionales, por el hecho de ser madres. Por eso se estableció el bono maternal en la reforma previsional. Hay una gran diferencia y, por eso, este es un tema muy importante que se debe destacar.
En relación con el bono por trabajo pesado, cabe destacar que la tarea de las profesionales, educadoras y asistentes de párvulos es extraordinariamente compleja y dura, más ahora que les hemos extendido la jornada para que puedan ofrecer atención por más tiempo.
Este es un gran proyecto y, por lo tanto, invito a los colegas a que lo votemos a favor, porque las asociaciones están plenamente de acuerdo con él.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, quiero sumarme íntegramente a las palabras del colega Mario Venegas , con quien he compartido varios años en la Comisión de Educación, en que hemos trabajando en todos los proyectos de ley de la reforma educacional.
La señora ministra de Educación que está presente y también quien la antecedió en el cargo, el ministro Eyzaguirre , son testigos de que desde el primer día en que comenzamos a trabajar en los proyectos de reforma educacional dijimos que no podía haber reforma si esta no iba de la mano con todos los segmentos de trabajadores que forman parte de la educación de nuestro país.
De esa manera hemos avanzado muy fuertemente en estos años en el trabajo con los asistentes de la educación y con las manipuladoras de alimentos que, valga la redundancia, alimentan a los niños y las niñas de la educación preescolar del sistema educativo.
Hoy también lo hacemos con este proyecto de ley, en el que han participado dos grandes organizaciones de trabajadores de la educación parvularia en Chile, como son Ajunji y Aprojunji , cuyos dirigentes, como se ha dicho con mucha fuerza, han sido claves en la consecución de este importante objetivo.
Por lo tanto, pido un aplauso para ellos, por el gran trabajo que han realizado a lo largo de todo Chile,…
(Aplausos)
…el cual ha ido de la mano con el rol de la ministra de Educación, de la subsecretaria y de sus asesores en coordinación con el mundo dirigencial, para llegar a un proyecto de ley como este, que como han señalado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, dignifica una labor tremendamente importante, pues mejora las condiciones de egreso de la administración pública de personas que han cumplido un rol fundamental, protegiendo, cuidando y educando a miles de niños y niñas en nuestro país. Esto, como lo he dicho reiteradamente en las últimas semanas, ha ido de la mano con otro elemento fundamental: las condiciones de trabajo de las trabajadoras de la educación parvularia. En efecto, hay muchos proyectos que han mejorado la infraestructura de los centros de educación de menores a lo largo de Chile.
No voy a detallar -ya lo hicieron la diputada Karol Cariola y otrocada una de las características del proyecto, pero sí voy a señalar, con mucha firmeza, que como bancada del Partido Socialista compartimos la idea matriz de la iniciativa, cual es mejorar las condiciones de egreso de las funcionarias y funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en edad de pensionarse por vejez, permitiendo el funcionamiento y desarrollo de la carrera funcionaria en dicha institución. Se trata de una meta, de un propósito largamente soñado, por el cual lucharon con mucha fuerza los dirigentes que hoy nos acompañan en las tribunas.
El proyecto –insisto va a generar un incentivo al retiro, lo que va a permitir mejorar las condiciones ante el modelo de un país que, como dijo el diputado Enrique Jaramillo , está ceñido por un sistema de jubilación absolutamente injusto y desproporcionado en relación con los sacrificios de miles de trabajadores y trabajadoras que después de toda una vida de esfuerzo terminarán jubilando en pésimas condiciones.
Esta iniciativa no soluciona el problema en su integridad, pero sí representa un avance importante, que hoy destacamos.
Además, quiero agradecer a la ministra de Educación por la excelente disposición que ha tenido el ministerio que dirige a fin de avanzar en estas materias.
Una vez más, al terminar mis palabras, quiero felicitar el rol fundamental que en este tipo de materias juegan los dirigentes, las cabezas visibles de las organizaciones. Estos logros no serían posibles si no estuviera presente el rol que desempeñan. Por eso, quiero destacar -muchas veces, otros se llevan las flores el rol fundamental que juegan los dirigentes en las negociaciones. Muchas de ellas dan pie a la elaboración de proyectos de ley tan importantes como el que debatimos. Espero que los colegas lo apoyen en forma unánime.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Alejandro Santana .
El señor SANTANA.-
Señor Presidente, los trabajadores son parte importante en la idea de avanzar en mejorar la educación en nuestro país.
Es sabido que no hemos compartido la visión del gobierno respecto de algunos elementos contenidos en los proyectos relacionados con la reforma educacional, pero sí creemos que hay que compartir aquellas propuestas que se consolidaron como consecuencia del trabajo de los y las dirigentes de la Ajunji, a través del protocolo de acuerdo que se firmó el 16 de mayo de 2016, y que, iniciado este año, se concretó en un proyecto que incentiva que las trabajadoras de la Junji puedan acceder a un retiro más digno. Eso, como se ha dicho, se traduce en tres elementos: bonificación adicional, bono por antigüedad y bono por trabajo pesado.
Compartimos la idea de que el problema es estructural y que hay que atacarlo desde su origen, con carreras funcionarias definidas, con un horizonte en el que el mérito, el esfuerzo y la capacitación vayan de la mano.
Es importante, también, lo que se ha señalado en cuanto a los esfuerzos que se han hecho para mejorar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos, personas que, en algún momento, fueron olvidadas y que son parte importante en la estructura de la educación de un país.
También es relevante avanzar -no tengo dudas de que la señora ministra lo tiene considerado en relación con los trabajadores que prestan labores en los jardines infantiles VTF. Mientras no exista una propuesta integral, una propuesta de futuro, una propuesta que, como dije, se tome desde el inicio de las funciones laborales de cada una de las funcionarias de la Junji, esta medida les va a ayudar.
Me sumo a la valoración y al cumplimiento del gobierno en relación con este protocolo de acuerdo, y al esfuerzo que han hecho las dirigentes en esta materia.
Me sumo a la gran mayoría que se ha pronunciado por apoyar la propuesta; sin embargo, no debemos creer que esta es la solución definitiva. Es un avance, pero la solución definitiva pasa por la construcción de políticas públicas que den garantías a estudiantes, apoderados, familias y trabajadores para tener más y mejor educación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Rojo Edwards .
El señor EDWARDS.-
Señor Presidente, al igual que en la Comisión de Educación, aprobaré con mucho entusiasmo el proyecto, porque resulta necesario. No me cabe duda de que el apoyo va a ser transversal y, ojalá, unánime.
Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer dos comentarios a la señora ministra. Llama la atención que se entreguen 385 cupos en 2017 y 500 cupos en 2018, utilizando la argumentación de que no existen recursos para ampliar aún más ese beneficio. Sin embargo, existe liberación de cupos para 2019. Así las cosas, no entiendo cuál es la racionalidad en relación con esta materia si sabe de antemano que no existe holgura fiscal ni financiera para el próximo gobierno. Lo digo porque es este el que finalmente entregará la gran mayoría de los cupos. Por lo demás, así lo señala el informe financiero.
En la Comisión de Educación pedimos claridad sobre las cifras -estaba la subsecretaria-, a fin de tener la convicción de que son reales. No se entregó esa información, pero entiendo que existe la voluntad de hacerlo.
Advierto algo de irresponsabilidad en el gobierno en relación con esta materia. Hoy acuerda la entrega de cupos ilimitados, pero no señala que es el próximo gobierno el que deberá gestionarlos. Con ello a la gente se le está contando el cuento del tío Ahora bien, deberíamos garantizar este mismo nivel de retiro a quienes pertenecen a otros sistemas de educación parvularia. No entiendo por qué el gobierno se olvida de ellos de manera sistemática. Es como si no existieran. Ellos también son personas y requieren de una buena jubilación. A mi juicio, nuevamente se discrimina a las parvularias de los jardines no Junji, que también tienen apoyo del Estado. De una vez por todas debemos entender que la jubilación es un problema de todos, no solamente de algunos.
Por último, debemos atacar el problema no desde el punto de vista de estos proyectos de incentivo al retiro. Debería considerarse la remuneración y todas las bonificaciones que reciben las trabajadoras de la Junji para efectos de la jubilación. De lo contrario, no estarán ahorrando lo que corresponde para tener una mejor jubilación. Se trata de un problema de Estado -no de este gobierno-, pues se establecen sueldos base muy bajos y se otorgan bonos, que son bienvenidos, pero que no se consideran para el cálculo de la jubilación de los trabajadores.
Ese es el aspecto que debemos considerar para atacar el problema. No deberíamos tener que discutir permanentemente proyectos de incentivo al retiro para paliar la ausencia de derechos que los trabajadores deberían tener desde mucho antes, sobre todo quienes se desempeñan en organismos del Estado o en organismos público-privados financiados por el Estado.
Independientemente de las observaciones expuestas, que también he hecho en otros proyectos similares, anuncio que apoyaremos entusiastamente esta iniciativa.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin .
El señor CHAHIN.-
Señor Presidente, este proyecto permite, para los años 2016 y 2017, que las unidades educativas de la Junji que hayan obtenido el puntaje máximo en el proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia accedan a la asignación correspondiente al primer tramo. Ello no estaba garantizado para todas esas unidades, por lo que esta medida constituye un acto de justicia.
La iniciativa perfecciona los requisitos de ingreso para el grado de inicio de la planta de profesionales que ejerzan funciones de supervisión, permitiendo contar con un mayor número de profesionales que puedan postular a ejercer dichas funciones.
Por último, el proyecto establece un incentivo al retiro, muy similar al que existe para los funcionarios públicos en virtud de un acuerdo alcanzado por la ANEF.
El padre Hurtado decía que la injusticia genera más males que los que puede reparar la caridad. Este proyecto no es propiamente caridad; lo que hace es tratar de resolver un problema que es mucho más estructural y que es cierto que se agrava en los funcionarios públicos, en general, porque la mayoría de ellos cotiza por menos de lo que gana. Ello provoca un perjuicio previsional e impide generar mejores pensiones a muchos funcionarios públicos, entre ellos las trabajadoras de la Junji.
Ahora, ese no es todo el problema. Como decía la diputada Yasna Provoste , el problema es que tenemos un sistema previsional que, tal como está, es un verdadero crimen social. Por ello en el Congreso Nacional permanentemente estamos aprobando proyectos de incentivo al retiro para los funcionarios municipales, para los de los servicios de Salud, para los de la Junji, para los profesores y asistentes de la educación, etcétera. Estamos llenos de proyectos de incentivo al retiro. Pero con esos proyectos lo que hacemos es parchar un sistema que no aguanta más parches ni soporta más arreglos. No podemos seguir morigerando los efectos de un sistema injusto de capitalización individual.
Por ello, me parece que lo que está haciendo el gobierno debería acelerarse. Ojalá que en marzo se presente un proyecto de ley que corrija la injusticia del sistema de pensiones, que es insostenible. No podemos decir a las personas que trabajan toda una vida y que cotizan, que cuando jubilen volverán a ser pobres. ¡Personas que salieron de la pobreza gracias a su trabajo, volverán a ser pobres! ¡Personas conocerán la pobreza por primera vez cuando envejezcan! Nos parece una injusticia social enorme que debemos corregir.
Vamos a concurrir con nuestro voto favorable al proyecto, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda. Ello se justifica más todavía porque la iniciativa beneficia a personas que trabajan y entregan su tiempo, su energía, su amor y su cariño a los más vulnerables, a los niños de la más tierna infancia, a nuestros hijos. Son trabajadores que cuidan, estimulan, educan, motivan a nuestros niños. Esa labor, además de fundamental, es bella, pero muy desgastante. ¡Y qué complejo es que personas que han dedicado una vida entera a los niños y que están en la edad de descansar, no puedan hacerlo porque su jubilación no les alcanzará para vivir! Esas personas esperan con ansias que aprobemos un proyecto como este.
Esta iniciativa es fruto del diálogo y del acuerdo. Nunca las partes obtienen todo lo que quieren en los acuerdos; no obstante, me parece que estamos ante un buen proyecto, fruto de un buen acuerdo, y lo vamos a respaldar con entusiasmo. Sin perjuicio de ello, no debemos perder el foco respecto de lo esencial, de lo principal y de lo urgente, cual es hacer un cambio estructural y definitivo al actual sistema de pensiones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a los representantes de Ajunji y Aprojunji presentes en las tribunas, quienes siempre han acompañado la tramitación de estos proyectos de ley, que son apoyados por los parlamentarios de manera casi unánime. En efecto, ayer, cuando discutimos el presente proyecto en la Comisión de Educación, fue aprobado por unanimidad.
La primera infancia debe ser prioritaria, pero, lamentablemente, por distintas cuestiones políticas termina no siéndolo. Algunos diputados han utilizado la discusión de este proyecto para hablar de las AFP y de otras cuestiones. Obviamente, podemos hacer un punto al respecto.
Si los diputados de la Nueva Mayoría dicen que deben entregarse muchos beneficios para la primera infancia, ¿por qué privilegian un programa que invierte el doble en educación superior que en educación inicial? Si lo justo es poner el foco en la educación inicial, hagámoslo de una vez. Dejémonos de palabras y pasemos a las acciones concretas: elaboremos una política de primera infancia que implique mayores oportunidades para todos nuestros niños y niñas; una política que incorpore al Sename, a Chile Crece Contigo; una política que incorpore, por supuesto, la construcción de más salas cuna y jardines infantiles, pero sin que ello implique preocuparse solo de lo que está fuera, como ha sido la obsesión de este gobierno, de los fierros y los ladrillos, es decir, de la cáscara de la educación. Lo importante en educación es lo que ocurre al interior de la sala de clases. ¿Qué debe haber al interior de la sala de clases? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la calidad de un jardín infantil o de una sala cuna? Nos referimos a la labor que desarrollan sus profesionales y sus técnicos, a la relación de estos con los niños y a la forma de educar, que por cierto es muy distinta a la forma “escolarizante” que comienza desde el prekínder.
¿Por qué no es obligatorio enviar a los niños a salas cuna o a jardines infantiles? Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo es obligatorio porque no existe una sola “fórmula” para educar en esa etapa y, por lo mismo, podrían cometerse graves errores. Se sabe que los primeros años de vida son los más sensibles para el aprendizaje posterior, y equivocarse en ellos en materia educativa supone equivocarse por mucho tiempo.
La evidencia chilena muestra que las cohortes, las generaciones que accedieron a salas cuna o jardines infantiles y que entraron antes de 2008 a la educación formal tuvieron ciertas ventajas sobre aquellos estudiantes que ingresaron después, pero que no habían podido acceder a dicha educación temprana.
Pero desde 2008 la situación empezó a cambiar, porque antes habíamos elaborado una política que ampliaba mucho la cobertura, pero no se preocupaba de algo muy relevante: el coeficiente técnico, esto es, la cantidad de técnicos por educadora y las condiciones de esos técnicos y educadoras.
El único proyecto de la reforma a la educación en que hemos logrado acuerdo fue el referido a la carrera docente. Pero ese proyecto falló en dos aspectos: primero, pateó hacia delante a los colegios particulares subvencionados, que es donde está la mayor cantidad de docentes y de estudiantes; segundo, también pateó hacia delante a la educación parvularia, porque se decía que no podía medirse la calidad en ese nivel. Sabemos que no es así y que existe un proceso de evaluación integral de la calidad de la educación parvularia. Pero ocurre una cuestión que nadie entiende: de acuerdo con la ley, el 40 por ciento de las unidades educativas que hayan obtenido los mejores resultados en el proceso de evaluación deben ubicarse en el tramo 1, que implica recibir ciertas compensaciones. Sin embargo, nos dicen que los instrumentos de evaluación arrojan que existe más de 40 por ciento de unidades con buenos resultados.
En consecuencia, de manera aleatoria, a establecimientos que por su resultado quedaron ubicados en el tramo 1, tienen que ponerlos en el tramo 2 o en el tramo 3.
¿Quién pudo diseñar en forma absoluta un instrumento que necesariamente debía ser relativo? O sea, ¡era una cuestión obvia! De ahí que se proponga la compensación que establece el artículo 2 del proyecto, que es de lo más básico.
Entiendo que algunos quieren meter su discurso ideológico en este debate, como lo que se plantea respecto del sistema de AFP, pero lo que se debe buscar en este caso es otra cosa: invertir más donde siempre debimos hacerlo. La calidad de la educación pasa por sus funcionarios, pasa por sus docentes, pasa por sus técnicos, pasa por todos aquellos que están al interior del proceso educativo, y eso es especialmente importante en el nivel parvulario. ¡Si no estamos dispuestos a invertir ahí los recursos que se necesitan, entonces dejémonos de decir que queremos una mejor educación parvularia para el país!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, destaco la presencia en las tribunas de las dirigentes y socias del gremio vinculado a los jardines infantiles. Ellos son la clave para entender por qué estamos llegando a esta conclusión positiva.
En efecto, son precisamente las organizaciones y sus liderazgos los que han permitido construir esta propuesta, que, en mi opinión, constituye un mecanismo de reparación básica, pero justa, del daño a los derechos previsionales de las trabajadoras de jardines infantiles.
Si esta es una reparación justa, entonces, ¿qué es lo no justo que se está reparando? Porque, ¿habría que reparar algo si estas trabajadoras recibieran una buena jubilación? ¿Por qué habría que reparar derechos previsionales si el sistema que se inventó fuera respetuoso de la dignidad de las trabajadoras y de los trabajadores? ¡Eso es lo que está en juego!
Un parlamentario acaba de decir que no debemos hacer relaciones ideológicas a base de este problema, pero lo cierto es que esa es la manifestación más básica de la ideología del que quiere descalificar a otro por la vía de hacerse barrista de…
Lo que debe comprender ese diputado es que esto tiene un origen; que el sistema que impera, el modelo neoliberal, es el que precariza las relaciones laborales, ya que apuesta por que haya plantas pequeñas y, por lo tanto, por que la carrera funcionaria sea casi pura poesía.
Ese sistema permite este tipo de abusos, que incluso llegan al Estado, donde la seguridad de los trabajadores o el salario digno son cuestiones suntuarias.
Lo que reclamaba el diputado tiene que vincularlo con la frase de un liderazgo de la derecha que pretende ponerse de nuevo de moda, aquel que señaló que la educación es una mercancía.
Por lo tanto, la preocupación de esos liderazgos no es expresión de lo que ocurre al interior de las aulas. ¡No! Es la preocupación por las aulas de los ricos y la despreocupación por las aulas de quienes han sido siempre postergados y sostienen la vergüenza de la desigualdad en nuestro país. Ese es el medio en el que deberá operar este planteamiento del gobierno, que lleva adelante la ministra Delpiano y que encabeza la Presidenta Bachelet . Esa es la verdad.
Discutamos los problemas tal cual son. Lo dijo bien otro parlamentario cuando expresó que aquí hay temas estructurales y que podemos llevarnos toda la vida tratando de resolver problemas mediante incentivos. Bueno, entonces introduzcamos reformas estructurales donde podamos, porque, en caso contrario, el no cambio lo terminan pagando las trabajadoras y los trabajadores, y eso no solo no es justo, sino que es inmoral.
Creo que esa es una decisión que está acumulando argumentos concretos en su favor, incluso de legislación, porque está claro que no podemos seguir sosteniendo un sistema previsional, el de las AFP, que hizo crisis, colapsó. De una vez por todas, hay que cambiarlo.
También es tiempo de decir con fuerza que las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a vivir en una sociedad en la que se apliquen normas civilizadas para la convivencia y en la que se respete su dignidad.
Ellos no vienen a buscar un incentivo al retiro a cambio de aire; es un derecho que les pertenece por lo que entregan en forma de trabajo al Estado, a la formación, cumpliendo una función clave entre las claves, como es la formativa, que todos hemos convenido que es el instrumento que, finalmente, permite abordar con seriedad la lucha contra la desigualdad y lograr una sociedad más justa e integrada.
Todos los reconocimientos a las labores que cumplen el Congreso Nacional y el Ejecutivo son más o menos obvios; entonces, mis reconocimientos son para las trabajadoras, los trabajadores y sus dirigentes, quienes han sacado adelante esta exigencia de reparación básica.
Obviamente, el apoyo de una fuerza como la nuestra siempre será a favor de los trabajadores.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señores diputados, nos quedan siete minutos para terminar el Orden del Día y aún hay cinco parlamentarios inscritos para intervenir.
Entiendo que la voluntad de la Sala y, por cierto, de la Mesa, es que despachemos hoy este proyecto.
En consecuencia, sugiero suspender Proyectos de Acuerdo y de Resolución e Incidentes, a fin de concentrarnos en este proyecto.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, si me permite, probablemente podemos resolverlo de otra forma.
Propongo pedir la aquiescencia de los diputados inscritos para que sus discursos se inserten y, de ese modo, votar hoy el proyecto.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Hay cinco parlamentarios inscritos. Si ellos tienen la disposición para insertar sus discursos, podríamos cerrar de inmediato el debate, pero tendrían que expresarlo formalmente.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, estamos hablando del proyecto Junji .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Sí, señor diputado; estamos hablando del proyecto Junji , a eso me refiero.
El señor SAFFIRIO.-
Lo que estoy proponiendo es solicitar a los diputados que inserten sus discursos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Lo entendí, diputado Saffirio .
Estoy consultando a los diputados Rincón, Sabag , Letelier , Jiménez y Robles si tienen disposición para insertar sus discursos.
¿Hay disposición de los parlamentarios para eso?
El señor LETELIER.-
Disminuyamos el tiempo de las intervenciones a dos minutos, señor Presidente.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Si hay acuerdo, podríamos acortar las intervenciones a dos minutos, pero igual tendríamos que suspender Proyectos de Acuerdo y de Resolución e Incidentes.
¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.
En ese caso, continuaremos el debate del proyecto. Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, voy a intervenir por tan solo dos minutos. A mi juicio, la Junji debe ser la principal institución pública del país…
(Aplausos)
Es más importante que cualquier otra institución por una sola gran razón: porque el futuro de las personas y, en consecuencia, el futuro del país se juega en sus primeros seis años de vida. De eso depende en buena parte el desarrollo nacional, no de lo que suceda en otra etapa etaria.
Por ello, considero que quienes se encargan de nuestros niños y niñas en esa etapa de su formación deben ser parte del principal servicio público del país, el cual, a su vez, debe contar con los profesionales mejor pagados, con los funcionarios de mejor calidad y con las herramientas que necesita, que le deben ser provistas por el Estado, para ayudar a que Chile se convierta efectivamente, y en forma equitativa, en un país desarrollado.
Si a un niño vulnerable no le entregan el cariño que reciben de las tías de la Junji, las condiciones de apoyo con que cuentan en esos jardines infantiles ni la posibilidad de realizar actividades que mejoren sus capacidades cerebrales, no podemos decir que nuestro país otorga una educación de calidad y, consecuentemente, este no puede optar al desarrollo.
Por lo expuesto, la bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor este proyecto. Creemos que para Chile lo más importante es la educación parvularia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación y valoro los esfuerzos que ha hecho para que el incentivo al retiro que hoy beneficia a los funcionarios de la Junji, llegue a todos los trabajadores del sector público.
También valoro que el proyecto de ley permita contabilizar hasta diez años servidos a honorarios en jornada completa de 44 horas semanales, realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2015, porque siempre los trabajadores a honorarios habían sido considerados de segunda categoría.
Como ha dicho muy bien el diputado señor Alberto Robles , apreciamos que nos estemos preocupando de la educación temprana, porque los primeros seis años de vida de todo niño son fundamentales y marcan su nivel educacional.
También valoro el otorgamiento de los bonos por antigüedad y por trabajo pesado, que esperamos se extiendan algún día a las manipuladoras de alimentos, quienes realizan un trabajo muy sacrificado, razón por la que también lo merecen.
Como dijo el diputado Bellolio , debemos dedicar más tiempo y recursos a la educación temprana, porque ahí se juega el futuro de Chile.
Finalmente, valoro que hoy estemos haciendo justicia a las trabajadoras y los trabajadores de los jardines infantiles de nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la señora ministra, quien está muy preocupada por el tema.
El objetivo del proyecto tiene que ver con los beneficios de la ley Nº 20.948. Esta es la gran oportunidad para que este mal patrón que se llama Estado de Chile demuestre objetivamente que realiza cambios a favor de sus trabajadores. ¡No es posible que el Estado chileno sea el que más infringe las normas laborales!
Recuerdo que cuando la Presidenta Bachelet inauguró muchos jardines infantiles y salas cuna en su primer gobierno, dijo que había que abonar, regar y cuidar la planta desde pequeña. ¡Y qué mejor que el trabajo que ha venido haciendo la Junji en estos años!
Señor Presidente, a veces los niños reciben en la Junji más cariño y cuidados que los que obtienen en su propia casa; pero no son motivo de nuestra preocupación porque no votan.
Esta es la gran oportunidad para decir: “Sí, hemos avanzado. Hemos hecho mucho”. Pero también hay que entender que falta mucho por hacer. Y nuestro norte son los niños, ya que si están bien formados, bien educados, con cariño y con afecto, tendremos mejores chilenos mañana.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra de Educación y a las funcionarias y dirigentes que se encuentran en las tribunas, pues hacen una gran labor.
Señor Presidente, votaremos con mucho entusiasmo el proyecto por todo lo que significa, por la bonificación adicional, por el bonos de antigüedad, por el perfeccionamiento del ingreso, en fin.
Sin embargo, no puedo dejar pasar los dichos de un colega que afirmó que no metiéramos la ideología en esta materia. Creo que la ideología no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, ya que el problema de fondo es el mal sistema de pensiones. Nosotros aprobamos estos proyectos con mucho gusto y satisfacción, ya que favorecen a estas funcionarias; pero si en Chile existiese un sistema digno de pensiones, no tendríamos que estar aprobando estos bonos de incentivo al retiro.
Siempre he pedido conocer el número de leyes que hemos aprobado en este sentido, el que debe representar una cantidad impresionante de dinero, lo que es, en definitiva, una forma de subvencionar a las AFP. Seguimos poniendo recursos del Estado para subvencionar lo que ellos prometieron y que no están entregando a las chilenas y a los chilenos.
Ojalá -en esto me hago eco de las palabras del diputado Chahinen marzo recibamos en el Congreso Nacional el proyecto de ley que modifica nuestro sistema de pensiones.
Este asunto es transversal; por eso dije que no es una cuestión ideológica, ya que todos los chilenos somos perjudicados por el sistema de pensiones. Actualmente, la pensión promedio es de 180.000 pesos, o sea, está por debajo del sueldo mínimo, y los funcionarios públicos han sido los más afectados por este sistema.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas especiales para el incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los requisitos de ingreso y promoción de la función de supervisión de la planta de profesionales de dicho servicio.
Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas trata materias propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.
Despachado el proyecto al Senado.
Solicito la venia de la Sala para otorgar la palabra a la señora ministra de Educación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la ministra de Educación, señora Adriana Delpiano .
La señora DELPIANO, doña Adriana (ministra de Educación).-
Señor Presidente, por su intermedio saludo a todos los parlamentarios y parlamentarias y, en especial, a todas las dirigentes y funcionarias de la Junji presentes en la tribuna.
Sin duda, este proyecto de ley es un paso muy importante en el contexto de las condiciones laborales que se están creando para el sector docente, dentro del marco de la reforma educativa.
Junto con agradecer este respaldo y el apoyo transversal de todos los parlamentarios y parlamentarias, debo señalar un aspecto que me parece muy importante: por el Parlamento han pasado un conjunto de proyectos de ley inspirados en el mismo objetivo de mejorar, de garantizar, de alguna manera, que los funcionarios pasen a retiro en mejores condiciones y que se abran espacios dentro de las instituciones para que otros funcionarios puedan desarrollar sus carreras y acceder a cargos de mayor responsabilidad.
Sabemos que estos contenidos constituyen solo una mejora parcial y que aún está pendiente la gran reforma al sistema de pensiones; pero quiero decirles que también hemos aprobado modificaciones estructurales. De hecho, considero que incorporar a todas las educadoras de párvulos a la carrera docente es parte de las medidas estructurales. Además, este semestre vamos a enviar el proyecto de estatuto de asistentes de la educación, en cumplimiento de un compromiso del gobierno.
Para terminar, solo me queda refrendar que hemos hecho un trabajo sostenido con los gremios, con las personas que se pueden ver afectadas por las distintas medidas que estamos adoptando, para hacer una reforma con las personas y no en contra de ellas.
Ese fue un principio básico que nos propusimos cumplir, y lo estamos consumando en estos beneficios para los profesores, asistentes de la educación, educadoras de párvulos, y lo hemos hecho con los gremios de la Junji, de los jardines VTF, etcétera.
Quería explicitar que esta no es una medida aislada, sino que se inserta es la lógica de desarrollar una reforma con los propios actores, al menor costo posible y con la mayor posibilidad de desarrollo efectivo en el tiempo.
Gracias, señoras y señores parlamentarios. Creo que así, trabajando juntos, podemos enfrentar, con una política de Estado, muchas de las situaciones que tienen que ver con la educación nacional.
He dicho.
-Aplausos.
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ADUANERA (PROPOSICIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA. BOLETÍN Nº 10165-05)
El señor ANDRADE (Presidente).-
Honorable Sala, quedan algunos minutos para que termine el Orden del Día. Hay cuatro diputados inscritos para intervenir sobre el proyecto que viene a continuación, el que podríamos discutir si prorrogamos esta parte de la sesión por diez minutos.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día en diez minutos?
Acordado.
Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la legislación aduanera.
Antecedentes:
-Proposición de la Comisión Mixta. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, usted dijo que cuatro diputados van a intervenir sobre este proyecto.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Los que están inscritos.
El señor JACKSON.-
Entonces, ¿no vamos a discutir otro proyecto?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, solo el proyecto de Aduanas, no hay más.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, ese no fue el acuerdo que recabó.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, propuse que prorrogáramos el Orden del Día por diez minutos para tratar el segundo proyecto.
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, no se refirió al segundo proyecto. ¡Pido que se revise el acta!
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, ¿para qué iba a pedir la prórroga del Orden del Día?
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, no dimos la unanimidad para esto sistemáticamente. Las muchas veces que la pidieron, señalamos que no estamos de acuerdo con dar la unanimidad para tramitar ahora el otro proyecto.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, solicité la unanimidad para los efectos de tramitar el proyecto de Aduanas sin discusión. Como no hubo unanimidad, dijimos que íbamos a seguir adelante con el primer proyecto, referido a los beneficios en favor de las funcionarias de la Junji.
En su momento, como vislumbramos que teníamos dificultades con el tiempo, acortamos las intervenciones a cinco minutos. Luego, como seguían los problemas de tiempo, acortamos las intervención a dos minutos e, incluso, solicitamos que los parlamentarios inscritos insertaran sus discursos. Entonces, bajamos las intervenciones a dos minutos, y terminamos la discusión de ese proyecto.
Quedan cinco minutos del Orden del Día. Para los efectos de tratar el segundo proyecto, propusimos extender el Orden del Día por diez minutos, con el objeto de que puedan intervenir sobre este proyecto los cuatro parlamentarios inscritos. Entiendo que hubo acuerdo al respecto. Si no es así, pido que me corrijan.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, si se establece extender el Orden del Día en diez minutos para que hablen cuatro diputados, se está restringiendo unilateralmente el tiempo de debate de diez a cinco minutos, pero no hay acuerdo sobre eso.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Como se trata de un informe de Comisión Mixta, el tiempo de debate está restringido por Reglamento a tres intervenciones.
El señor SAFFIRIO.-
Sí, señor Presidente, pero no en tiempo.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Diez minutos.
El señor SAFFIRIO.-
¿Intervenciones de diez minutos cada una?
El señor ANDRADE (Presidente).-
Sí, claro.
El señor SAFFIRIO.-
Perfecto.
El señor ANDRADE (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, pero si eso ya fue acordado.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, era solo para aclarar la situación. Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
EL señor COLOMA .-
Señor Presidente, usted acaba de pedir el acuerdo unánime para proceder de esa manera, el cual se dio.
En consecuencia, corresponde que se cumpla el acuerdo.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, en eso estamos.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, pero parte del acuerdo era restringir las intervenciones de los señores diputados a cuatro minutos para poder votar el proyecto de Aduanas.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, estamos en eso. Tenemos tiempo para tres intervenciones de diez minutos cada una. En todo caso, no hay para qué ocupar los diez minutos.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, como integrante de la Comisión Mixta, debo señalar que las diferencias que se produjeron entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley que moderniza la legislación aduanera nos llevaron a esa instancia reglamentaria.
El Senado planteó diez modificaciones a los artículos 6 y 10 aprobados por la Cámara. En la Comisión de Hacienda y en la Sala aprobamos las enmiendas del Senado para los artículos 1 y 10, pero la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados decidió, por mayoría, rechazar la enmiendas recaídas en el inciso primero del artículo 92 bis, contenido en el número 8 del artículo 1° del proyecto.
La Comisión Mixta aprobó una indicación del Ejecutivo que reemplaza parte del texto del inciso primero del citado artículo 92 bis.
La modificación al texto es extensa por lo que no la leeré, pero recomiendo su aprobación por unanimidad, pues fue el único punto en que se produjo discrepancia entre ambas ramas del Congreso Nacional.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, primero haré una referencia al contexto del proyecto de ley que estamos debatiendo.
Sin ser experto en legislación aduanera ni en derecho tributario, entiendo que la esencia de esa legislación es proteger los intereses fiscales en los procedimientos de importación de mercancía de distinta naturaleza. Para ello, la ley otorga un conjunto de facultades que permiten accionar sobre un tema de suyo complejo. Al respecto, debo reconocer que si algo se me hizo difícil de aprender durante mi etapa de formación universitaria fue el derecho tributario.
Lo digo para situarnos en el contexto de la iniciativa de ley que discutimos, que apunta a proteger los intereses fiscales en los procesos de importación de mercancías.
Ahora bien, cuando discutimos en la Cámara el artículo 92 bis, establecimos lo siguiente: “Si en las destinaciones aduaneras resultaren mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes que los cobrados, el Servicio -se refiere al Servicio Nacional de Aduanas podrá formular cargos dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de la legalización de la declaración. ¡Tres años! Estamos hablando de tres años contados desde la fecha de la legalización de la declaración, y cinco años para accionar en aquellos casos en que se determine que hubo dolo o uso de documentación falsa en el proceso de importación.
La Comisión Mixta mantuvo la norma, pero redujo de tres a dos años el plazo de que el servicio dispone para formular cargos por mayores derechos, impuestos, tasas o gravámenes.
Por un lado, tenemos una ley en proyecto que busca proteger los intereses fiscales en los procesos de importación, y, por otro, una norma que restringe en 33,33 por ciento el plazo con que cuenta el fisco para formular cargos por mayores impuestos, por ejemplo, cuando han sido liquidados erróneamente.
¡Es curioso! ¡A lo menos es curioso! Si alguien me dice que esto no es fruto de lobby, no sé de qué puede ser, pues no entendería jamás que el interés del Estado o del fisco pudiese amarrarse de manos frente a un importador respecto del cual se ha liquidado erróneamente un impuesto, un gravamen o una tasa.
¡Entonces, cuidado! ¡No seamos ingenuos! Hemos enfrentado situaciones muy complejas en el Servicio de Impuestos Internos y en las facultades de la Fiscalía Nacional Económica, como para incorporar un instrumento que introducirá una enorme incógnita en la legislación aduanera.
Hace algún tiempo presentamos una indicación durante la tramitación de otra iniciativa, relacionada con las facultades del fiscal nacional económico, la que fue votada en contra. En ese momento sostuvimos que tanto el fiscal nacional económico como el Ministerio Publico debían tener la facultad de querellarse. Por eso presentamos dicha indicación.
Los escándalos que se produjeron después, precisamente en la Fiscalía Nacional Económica, son consecuencia de que solo el fiscal nacional económico tiene la facultad para accionar en esas materias. Los escándalos que se han producido en el Servicio de Impuestos Internos, producto de que tiene la exclusividad de la acción penal, y no el Ministerio Público, tienen el mismo origen
Ahora, en la legislación aduanera restringiremos los plazos con que cuenta el fisco para accionar. ¡Por favor! ¡Nuestro rol es defender los intereses del conjunto de los chilenos, no de un pequeño grupo de empresarios importadores! ¡Ese es el sentido de la ley! ¡Ese es el espíritu de la ley!
Pero no es solo eso. El plazo de dos años que se establece para accionar producto de la liquidación de mayores impuestos, tasas o gravámenes no solo dice relación con eso, sino también con que el servicio deberá resolver en ese mismo período si el contribuyente cometió dolo o hizo uso de instrumentos maliciosamente falsos en el proceso de importación.
¡No me digan que, de manera razonable, se puede sostener que el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con la tecnología, el personal humano o la infraestructura suficiente para fiscalizar y determinar si hubo dolo o uso de documentación falsa, y determinarlo por sí y ante sí solo el director nacional de dicho servicio! ¡No creo que sea razonable!
Invito a mis colegas a resolver este punto pensando en las responsabilidades que tenemos como defensores del patrimonio fiscal, no pensando en los intereses de los importadores.
Aquí no se afectará ni en tiempo ni en forma el proceso de importación, pues el propio artículo 92 bis salva la situación de aquellos procesos sujetos a regímenes arancelarios establecidos en convenios o tratados internacionales. En esos casos rigen los plazos establecidos en esos convenios o tratados.
Tampoco se afectará lo que dice relación con aquellos bienes que, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 18.634, tienen la condición especial de ser bienes de capital.
No se trata de poner obstáculos, sino de ser realistas con una legislación que permita que el espíritu de la ley se cumpla y que los intereses fiscales se defiendan.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva .
El señor SILVA.-
Señor Presidente, coincido con el diputado Enrique Jaramillo , quien realizó una buena síntesis de la discusión que tuvo lugar en la Comisión Mixta.
Con el mayor de los respetos, considero que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se equivoca en tres puntos, los cuales explicaré.
En primer lugar, el Servicio Nacional de Aduanas facilita y desarrolla el comercio -lo que es muy bueno-, cumpliendo el rol de fiscalizar y de asegurar que este se ejecute de forma adecuada. Considero que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra partió de una premisa que no es correcta. Aquí estamos revisando la ordenanza general de aduanas.
En segundo lugar, el diputado comete un error de hecho, ya que dice que la Comisión Mixta bajó el plazo de prescripción de investigación de tres a dos años. Está equivocado, porque el Senado introdujo esa modificación, y nosotros la votamos y aprobamos en esta Sala la semana pasada.
El tercer error es que señaló que la ley disminuirá los plazos para formular cargos. Aclaro que la ley establecía el plazo de un año, que ahora se aumentó a dos años.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra planteó rechazar la propuesta de la Comisión Mixta; no obstante, con todos los argumentos que he dado, debería cambiar su postura.
Los objetivos del comercio y de la fiscalización son distintos.
Reitero: la modificación a la que se refiere el diputado no la realizó la Comisión Mixta, sino el Senado, y luego se aprobó en la Cámara, salvo el pequeño detalle de disminuir los plazos de prescripción de investigación de tres a dos años. La ley original no establecía un plazo de tres años para formular cargos, sino de un año, y ahora se aumentó a dos años.
En consecuencia, las inquietudes de dicho colega están recogidas en la ley en proyecto. De hecho, tanto es así, que el diputado Jaramillo se lo iba a explicar al diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
Lo único que se envió a la Comisión Mixta -lo discutimos con el señor Secretario, porque no se pudo dividir la votación fue una duda de interpretación respecto de cómo se aplicaba el plazo en el caso de convenios internacionales, en el sentido de si era para todos los aspectos del convenio internacional y para cualquier tipo de fiscalización o solo para los aspectos de verificación de origen.
Por lo tanto, lo que se discutió en la comisión mixta no tiene que ver con lo que ha planteado el señor diputado, que es un debate legítimo pero que ya se resolvió, se votó y se aprobó en esta Sala.
Lo que se ha hecho en esta ocasión solo es especificar, respecto del artículo 92 bis, cuál es el alcance de la aplicación del plazo de vigencia de los tratados respecto de la guarda de documentos e incorporar una frase, que está subrayada en el informe de la comisión mixta, que dice lo siguiente: “salvo tratándose de cargos que resulten de la verificación de origen para la aplicación de regímenes arancelarios preferenciales contemplados en convenios o tratados internacionales, en cuyo caso los cargos podrán formularse hasta por el plazo que los distintos acuerdos o convenios consideren para la conservación de los documentos que sirven de base al origen preferencial de las mercancías.”.
Eso precisó la norma y solucionó la duda, pero en la comisión mixta no se hizo modificación alguna en relación con lo que los señores diputados votaron favorablemente la semana pasada, que fue ampliar el plazo de un año a dos respecto de la ley vigente y disminuirlo de tres años a dos respecto de lo que se había planteado en la Cámara de Diputados frente a la votación en el Senado.
Tal como he dicho, dado que en este punto no se pudo separar la votación respecto del texto, se incorporaron los dos años, plazo que fue votado favorablemente en cuatro artículos adicionales.
Por todas esas razones expuestas y porque hubo un buen acuerdo de trabajo con el Ejecutivo, con los parlamentarios de la Nueva Mayoría y los de las distintas bancadas, sugiero a esta Sala tener a bien aprobar esta proposición de la Comisión Mixta, que me parece una buena solución a la inquietud que existía.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que moderniza la legislación aduanera.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Cornejo González, Aldo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; Girardi Lavín, Cristina ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kast Sommerhoff, Felipe ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Santana Tirachini, Alejandro ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Jackson Drago, Giorgio ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Saffirio Espinoza, René .
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Flores García, Iván ; Lorenzini Basso, Pablo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Vallejo Dowling , Camila .
El señor ANDRADE (Presidente).-
Despachado el proyecto.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE USO DE LICENCIAS OBLIGATORIAS DE PATENTES FARMACÉUTICAS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA PARA TRAMITACIÓN DE DICHOS INSTRUMENTOS
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde tratar el primer proyecto de resolución, a cuya parte dispositiva dará lectura el señor Prosecretario .
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 798, suscrito por los diputados Giorgio Jackson , Vlado Mirosevic , Miguel Ángel Alvarado , Karla Rubilar , Juan Luis Castro , Gabriel Boric y Víctor Torres , que en su parte dispositiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar, por intermedio de su excelencia la Presidenta de la República:
1.- Al Ministerio de Salud:
a) Que incorpore y utilice de oficio el mecanismo de las licencias obligatorias que contempla el artículo 51, numeral 2), de la ley de propiedad industrial, en especial por razones de salud pública y uso de gobierno no comercial, para facilitar su adquisición a precios competitivos tanto por parte de los servicios públicos como por los servicios de salud privados y la población que lo requiera, y en definitiva garantizar su acceso.
b) Que elabore directrices administrativas, circulares y protocolos o procedimientos dentro del sector salud para la selección y priorización de los productos o procedimientos referidos a medicamentos sujetos a patentes que deban ser considerados para efectos de requerimientos de licencias obligatorias atendiendo a razones de salud pública y usos de gobierno no comerciales.
2.- Al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:
a) Que revise y actualice la reglamentación del referido artículo 51 de la ley de propiedad industrial N° 19.039 para efectos de desarrollar y complementar lo establecido en el referido precepto legal, otorgando un mayor grado de fluidez y certeza jurídica para su aplicación por los órganos competentes y los particulares.
b) Que elabore y publique directrices administrativas para el otorgamiento de dichas licencias que sean consistentes con el objetivo de protección del derecho de la salud y la vida, incluyendo parámetros y otros criterios para efectos de la determinación de la remuneración y otras condiciones para el otorgamiento de las referidas licencias.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, el sistema de propiedad industrial y el derecho de patentes se basa en otorgar privilegios o monopolios temporales a los inventores para que usen y gocen de los productos que generan, como un incentivo a la divulgación y reproducción de las innovaciones, siempre que se cumpla con ciertos requisitos para asegurar la protección del bien común. Está basado en el principio utilitarista de que es conveniente proteger un espacio monopólico -que es algo no deseado, pero que en este caso sí sería deseado para fomentar la innovación, siempre y cuando este privilegio siga siendo útil para la sociedad.
Lamentablemente, el efecto que esto ha tenido en el precio de los medicamentos, según lo estableció el Panel de Alto Nivel del Secretario General de Las Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos en 2016, es que los monopolios en patentes pueden tener un impacto negativo en la accesibilidad a los medicamentos de la población, debido a la inelasticidad de estos medicamentos, que hacían que los precios fueran excesivamente altos, como consecuencia de lo cual podía morir mucha gente por no tener acceso a un producto cuyo costo puede ser bastante bajo, pero cuyo precio monopólico de venta es extremadamente alto.
Por eso se establecieron ciertos límites al uso de este derecho de patente, y uno de estos límites es la posibilidad de establecer licencias obligatorias, que consisten, básicamente, en la autorización de un uso no exclusivo por parte de más productores, para conseguir un precio accesible y competitivo para la población, pero también compensando económicamente al dueño de la patente por esa afectación.
Asimismo, la declaración Declaración de Doha de 2001, respecto a temas de la Organización Mundial de Comercio y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, estableció que estos convenios internacionales no pueden ni deben impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública. Los Estados deben promover el acceso a los medicamentos para todos. Por lo tanto, se establecieron medidas de flexibilidad. De hecho, el numeral 5, letra b), establece que –cito “Cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias.”.
Así lo han establecido muchos países con crisis sanitarias o con distintos problemas de acceso de la población a los medicamentos, pues han establecido licencias, no solo respecto de los medicamentos, sino también en aspectos de tecnología e innovación, para resguardar el bien común.
Por ejemplo, Malasia , Tailandia , Indonesia , Brasil , Ecuador , el mismo Estados Unidos y otros países han aplicado licencias obligatorias paras distintos aspectos de la innovación, con lo que han abarcado temas muy importantes y han logrado resultados bastante impresionantes en materia de reducción de precios.
Pensemos en el Efavirenz, medicamento que se utiliza en el tratamiento del VIH/SIDA, cuyo precio disminuyó en 73 por ciento tras aplicar la licencia obligatoria. Otro caso es el Sorafenib, fármaco utilizado en las terapias contra el cáncer, cuyo precio en India pasó de 3.630.000 pesos chilenos a 115.000 pesos, lo que significó una reducción de 97 por ciento.
Estas son las excepciones que los países pueden y deben utilizar para resguardar la salud pública, la salud de su población, amparados en herramientas legales absolutamente vigentes en los tratados internacionales.
Lamentablemente, Chile no ha utilizado estos mecanismos para proteger a su población en temas que sentimos que son sumamente importantes, como los ligados al cáncer, a las enfermedades raras o a la hepatitis C, sobre todo porque nuestro país ha hecho esfuerzos importantes en esta materia, como las Garantías Explicitas en Salud, conocido como GES, o la “ley Ricarte Soto ”, que aprobamos hace poco tiempo.
Además, si los precios son monopólicos, no importa cuántos recursos entreguemos al fisco, porque siempre va ser muy difícil lograr que esos fondos que entregamos con mucho esfuerzo beneficien a un porcentaje mayor de la población y, por lo tanto, a su salud.
Otro ejemplo importante es el caso del Sofosbuvir, medicamento usado en el tratamiento de la hepatitis C, cuyo precio en farmacia puede alcanzar los 6 millones de pesos, pero que en India, por aplicación de una licencia obligatoria, tiene un precio que no supera los 300 dólares, es decir, 200.000 pesos chilenos.
En consecuencia, pensamos que es un deber del Estado utilizar todos los mecanismos disponibles para resguardar el bienestar y salud de la población, y por eso pedimos a los parlamentarios y parlamentarias hacer un esfuerzo y empujar tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para que establezcan los procedimientos que nos permitan usar esta herramienta legal que los tratados internacionales nos entregan, y asegurar con ello que un porcentaje importante de nuestra población no termine muriendo por no tener la posibilidad de acceder a estos medicamentos cuyo costo está principalmente determinado por el carácter monopólico del productor y no por su costo real.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Ángel Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, el ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) consagra un principio de flexibilidad en estos temas, y la medicina en el mundo hoy es cada vez más personalizada y humanizada.
Por lo tanto, llamamos a apoyar firmemente este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 798. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Se abstuvieron los diputados señores:
Bellolio
El señor ANDRADE (Presidente).-
Se dejará constancia en el acta del voto a favor de los diputados
APLICACIÓN DE CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA POR DETENCIÓN DE DIPUTADO VENEZOLANO
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 801, de los diputados Fuad Chahin , Yasna Provoste , Roberto León , Ricardo Rincón , Matías Walker , Osvaldo Andrade , Aldo Cornejo , José Pérez, Juan Luis Castro y Pepe Auth , que en su parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a la Presidenta de la República que por medio del embajador Juan Aníbal Barría , representante permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, invoque ante el Secretario General de ese organismo la aplicación de los mecanismos previstos en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, citados en la petición, de modo que la Presidenta de la República, por medio del embajador Cristián Barros Melet , representante permanente de Chile ante la ONU, pida al Secretario General de dicha organización, señor António Guterres “un aumento de la diplomacia en pro de la paz” -tarea que ha definido como una de sus prioridadespara prevenir y resolver los conflictos que socavan la democracia en Venezuela, y, en particular, para lograr la liberación del diputado que fuera detenido, irrespetando el fuero parlamentario.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Roberto León .
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, la suscripción de este proyecto de resolución -su señoría fue uno de los patrocinantes tuvo su origen en una reunión sostenida hace quince días con un grupo de parlamentarios venezolanos, quienes nos plantearon la urgencia de generar solidaridad internacional en relación con la situación que se vive en su país.
La situación es francamente crítica.
Nuestros colegas venezolanos nos decían que quieren el entendimiento y la paz, pero que, lamentablemente, eso no se ha logrado con el gobierno del Presidente Maduro.
Desde el momento en que la oposición venezolana alcanzó los dos tercios de los escaños del parlamento comenzaron a generarse una serie de cambios extraordinarios. De hecho, el Presidente Maduro ha llegado a creer que puede legislar a través de los dictámenes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es más, cuando tuvo que rendir cuenta a la nación, como lo hacen todos los presidentes en los países democráticos, no lo hizo ante el parlamento, sino ante ese organismo.
Los diputados venezolanos nos señalaron que se encuentran discutiendo una iniciativa que puede afectar al gobierno del Presidente Maduro; sin embargo, los medios de comunicación oficialistas -pasa todos los días han dado cuenta al país de que la Sala Constitucional se ha reunido para emitir una resolución en contra de lo que aún no está aprobado. ¡Sí, señor Presidente, de lo que aún no está aprobado!
Quienes integramos este Congreso Nacional -pluralista, diverso, democrático no podemos cerrar los ojos frente a lo que está pasando con nuestros colegas venezolanos.
Nosotros, en particular los parlamentarios de gobierno, supimos del apoyo internacional durante la dictadura. Fue muy importante el apoyo internacional para quienes éramos opositores. ¿Hoy qué tenemos que hacer? Sin duda, responder, y por respeto a nuestro Parlamento, ser capaces de solidarizar con el Congreso venezolano.
Por eso, señor Presidente, ojalá reunamos una mayoría muy amplia para aprobar este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ESPINOSA, don Marcos (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, solo quiero recordar que en los peores momentos de la dictadura de Pinochet el pueblo venezolano solidarizó con el pueblo chileno.
Me parece que en un momento de crisis total en que se encuentra Venezuela, también tenemos que solidarizar con ese país, por las limitaciones a las libertades y las violaciones al Estado de derecho.
Por lo tanto, anuncio que votaré a favor el proyecto de resolución, como siempre lo he hecho en este tipo de casos, por cuanto me parece que la situación merece el repudio que corresponde.
El caso requiere que este Congreso democrático se pronuncie sobre la materia, y no dejarlo pendiente.
Repito: debemos recordar la solidaridad que el pueblo venezolano mostró hacia nosotros en momentos difíciles de la dictadura de Pinochet.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, solo quiero hacer una salvedad.
En materia de diplomacia parlamentaria internacional debemos ser muy cuidadosos con el uso del lenguaje y con las normas que citamos.
En el proyecto de resolución se señala lo siguiente, entre otras cosas:
“Los diputados que suscriben, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 52, número 1), inciso primero, letra a) de la Constitución Política de la República,”.
Quiero hacer presente que esa norma establece que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados fiscalizar los actos del gobierno. Debo recordar, con todo el respeto que me merecen mis distinguidos colegas, que esa norma se refiere al gobierno de Chile, y aquí lo que pretendemos hacer es un acto de fiscalización en relación con decisiones adoptadas por el gobierno de Venezuela.
Estoy dispuesto a votar favorablemente el proyecto, pero creo que, por dignidad, no podemos incorporar una norma como la citada en este proyecto de resolución. Si hay disposición para corregir el texto, creo que es posible aprobarlo.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, sé lo que pasa en Venezuela. La situación del gobierno venezolano genera mucha polémica. La Cámara ha entregado una serie de juicios y opiniones negativas hacia las acciones del gobierno venezolano.
Pido a los colegas que lean bien el proyecto de resolución, porque aquí se nos llama no a enjuiciar el proceso político venezolano, sino a solidarizar con un diputado suplente de la Asamblea Nacional, que, uno supone, fue víctima de un acto arbitrario o de medidas de represión injustificadas.
Como antes de votar una materia me informo, pido a los colegas que también lo hagan y lean el diario El País, de España, no el diario El Siglo. Que yo sepa, ese diario español no es vocero de la izquierda latinoamericana ni del mundo. El diario El País, de España, señala que ese diputado suplente fue detenido cerca de la frontera con Colombia, en una carretera, en un auto, portando un fusil de asalto, explosivos y documentos.
¿Qué tiene que ver la inmunidad parlamentaria con portar un fusil de asalto? ¿Qué tiene que ver la defensa de la democracia con portar un fusil de asalto? ¿Quién me lo puede decir?
¿Portaba esa arma para defenderse de la delincuencia? ¿Me van a decir que tenía que defender su seguridad personal?
Entonces, frente a eso, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, porque hacer un llamado, en la práctica, a desconocer que en Venezuela hay un orden institucional e invocar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, francamente me parece insólito.
Me parece que antes de votar este proyecto de resolución, lo mínimo que debemos hacer es conocer todos los hechos con mucho más rigor. No quiero decir que cada acto del gobierno venezolano sea correcto o que este no haya cometido errores o incluso medidas represivas. Esa materia está abierta a la discusión. Pero en este caso particular, creo que el pronunciamiento que se está solicitando es un grave error. En su intervención a favor del proyecto, el diputado León se refirió a los problemas políticos de Venezuela, pero no aludió al caso concreto. Este proyecto de resolución tiene por objeto solidarizar con un diputado que fue detenido portando un fusil de asalto, explosivos y documentos en una carretera en Venezuela, cercana a la frontera con Colombia, y eso no ha sido desmentido por nadie.
He dicho.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 801. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Cariola
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez
ENVÍO DE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS DE DICTACIÓN DE NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El señor ANDRADE (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 802.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 802, de los diputados Iván Fuentes , Clemira Pacheco , Sergio Aguiló , Marcela Hernando , Karol Cariola , Daniella Cicardini , Maya Fernández , Lautaro Carmona , Loreto Carvajal y Roberto Poblete , que en su parte dispositiva señala lo siguiente:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar y solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío de un mensaje presidencial que contenga el proyecto de reforma constitucional al Capítulo XV de la Constitución vigente, en el sentido de establecer los nuevos procedimientos que permitan la dictación de una nueva Constitución.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Iván Fuentes .
El señor FUENTES.-
Señor Presidente, el proyecto de resolución tiene por objeto que se haga una apertura distinta en nuestra Carta Fundamental.
El Capítulo XV tiene trabas que, como muchas otras en nuestra Constitución, no nos permiten caminar. Es una pared gruesa que no deja pasar nuestra democracia, una pared gruesa que debemos romper con este mismo instrumento que es la democracia. Queremos que nuestros hermanos chilenos puedan decidir por una Constitución y hacerla de manera distinta.
Es una Constitución impuesta, nacida en un mal momento de nuestra patria, pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que queremos es que se haga una reforma que tenga voluntad ciudadana, que tenga sintonía nacional. Queremos una Constitución que nos permita caminar distinto y hacer las cosas que no hemos podido hacer hasta ahora. Por lo tanto, invitamos a todos nuestros colegas a apoyar este proyecto de resolución.
Valoramos lo que ha hecho la Presidenta de la República a través de las consultas realizadas y los cabildos ciudadanos. No obstante, lo que plantemos en este proyecto de resolución es un gran paso, pues consiste en evitar el quórum requerido de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicios a que se refiere el Capítulo XV para reformar la Constitución. Estamos hablando de que 79 diputados tendrían que votar a favor. Hay que derribar esas trabas. Sucede lo mismo en el Senado: de los 38 senadores en ejercicio, 25 tendrían que votar a favor para lograr el quórum requerido.
Esos obstáculos no nos permiten caminar bien. Queremos caminar mejor; queremos una mejor democracia. Por lo mismo, invitamos a los diputados a apoyar este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Maya Fernández .
La señora FERNÁNDEZ (doña Maya).-
Señor Presidente, este es un proyecto de resolución en el que concurren las firmas de adhesión de muchas diputadas y diputados.
Queremos avanzar en el proceso de elaboración de una nueva Constitución para que haya más democracia y mayor participación. Por eso solicitamos el envío del proyecto respectivo. Entiendo que la Presidenta ya lo anunció. No obstante, el presente proyecto de resolución no hace más que reforzar que queremos seguir avanzando en el cronograma que se había planteado: la modificación del Capítulo XV, porque queremos una nueva Constitución y que se establezcan los mecanismos para su dictación. Somos muchos los que estamos por la asamblea constituyente; otros están por otros mecanismos, pero estos deben quedar establecidos.
Esta es la razón por la cual hemos presentado este proyecto de resolución.
He dicho.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, quiero leer una frase que sé que a algunos de las bancadas de enfrente los puede incomodar. Dice así: “Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia. Nuestra Constitución no es más un dique en la vida nacional. La vida nacional puede fluir ahora como un río por este cauce institucional. (...) hoy despunta la primavera”. Ricardo Lagos Escobar , 2005.
(Aplausos)
Señor Presidente, quiero preguntar qué nos pasó en diez años que “nos fuimos a la cresta”. Despuntaba la primavera y la Constitución no era más un problema institucional. Sin embargo, hoy todo radica en el problema de la Constitución.
Señor Presidente, todos los artículos de la Constitución han sido modificados desde el año 91 a la fecha.
¿Qué es lo nuevo de la nueva Constitución que algunos aquí dicen que quieren tener?
¿Por qué no quieren modificarla en el Congreso Nacional? Si tienen tan buenas ideas, ¿cuáles son ellas? ¡Conozcámoslas!
Participé en tres encuentros locales autoconvocados. Fue una buena experiencia. En uno de ellos era mayoría, y en otros dos era minoría. Existe una correlación de ideas y de propuestas que están muy bien.
Pero a esa nueva Constitución, ¿qué es lo que la haría nueva? ¿Que tenga la firma de otra persona? Pues bien, tiene la de Ricardo Lagos, y la de Michelle Bachelet, que estaba sentada en primera fila mientras aplaudía a rabiar.
¿Qué es lo que la hace nueva? ¿Por qué se supone que simplemente por el hecho de aprobarla nuestros problemas van a ser solucionados? ¿Cuál es el camino que a ustedes les gustaría seguir? ¿El camino institucional de qué países latinoamericanos que han cambiado su constitución es el de su preferencia? ¿El de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, de Venezuela? ¡Díganme cuál!
Ahora, como ustedes bien saben, una declaración en una Constitución no implica que ella esté dotada de contenido. La Constitución de Venezuela parece fantástica, pero en ese país se acabó la democracia ¿O alguien puede decir que allá la vida fluye como un río por un cauce institucional y despunta la primavera? Es obvio que no.
Por lo tanto, ¡dejémonos de populismos! Si queremos cambiar la Constitución, ¡dígannos exactamente en qué! ¡En qué! ¿Cuáles son esos aspectos que la harán nueva? ¿O estaban esperando que terminara la recopilación por parte de La Moneda de los encuentros locales para saber ahora qué es lo que piensan? ¡Nunca han tenido una propuesta en materia constitucional para que nos digan “estas son las cosas que queremos”!
De hecho, nosotros como Chile Vamos, y fui partícipe de eso, tenemos una propuesta de reforma constitucional amplia, que, por ejemplo, entrega muchos más poderes a las regiones, para que no sea...
(Habla el diputado Marcelo Schilling) Diputado Schilling , sé que no le gusta que otras personas hablen distinto de usted; pero todavía me queda un minuto y cuarenta y siete segundos, y voy a ocupar todo ese tiempo, ¿sabe por qué? Porque en una democracia uno puede tener opiniones distintas; en una democracia uno puede tener opciones distintas, y la opción que nosotros tenemos es modificar nuestra Constitución a través de actos concretos.
Ustedes están muy convencidos de que hay que cambiarla. ¡Presenten con su gobierno una reforma constitucional, discutámosla en el Congreso Nacional, y veamos de cara al país cuáles son los problemas que ella nos soluciona! ¡Y dígannos de una vez por todas! ¡Dejen de esconder cuál es el modelo de progreso que les gusta!
No sé por qué hay algunos que se sienten avergonzados de los últimos treinta años de Chile. Yo me siento profundamente orgulloso de esos años.
Es cierto que la modernización de Chile ha traído problemas, entre ellos segregación, desigualdad y otros. Pero lo que quieren hacer algunos de ustedes es ocupar como excusa esos problemas de la modernización de Chile para echarla abajo.
¡Qué mejor fórmula que la tesis de la retroexcavadora! Los chilenos rechazan profundamente esa tesis; sin embargo, hay algunos que quieren profundizarla. Están equivocados, los chilenos quieren cambios, pero no cambios que vayan en contra de ellos; no cambios que impliquen que el esfuerzo que ellos han hecho durante treinta años, algunos pocos los van a derrumbar.
Los chilenos no sienten vergüenza de que sus hijos hayan ido a escuelas subvencionadas o a universidades privadas; se sienten orgullosos de eso. Lo que no quieren es que les hagan trampa; no quieren abusos. Eso es lo que no quieren. ¡Ni los abusos del Estado ni de los privados!
Pero no ocupen como excusa los problemas de la modernización de Chile para simplemente decir que hay que apretarle el botón de reset al país, partir desde cero y que algunos supuestos inteligentes van a escribir la Constitución desde el Capítulo V.
¡Dígannos la verdad, dígannos qué es lo que quieren! ¡No es necesario cambiar la Constitución para hacerlo! ¡Discutámoslo hoy, ahora, ya!
He dicho.
-Aplausos.
El señor ANDRADE (Presidente).-
Señor diputado, dado que ocupó todo el tiempo destinado a impugnar el proyecto de resolución, no puedo ofrecer la palabra para esos efectos. Le aclaro que el diputados Schilling, más que interrumpirlo, lo que quería era comunicarle que existe un proyecto sobre nueva Constitución Política presentado en la Cámara de Diputados.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos:
El señor ANDRADE (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de resolución N° 802. En votación.
El señor ANDRADE (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Ramírez ,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Becker
-Se abstuvieron los diputados señores:
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
VII.INCIDENTES
APLICACIÓN DE DICTAMEN DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR USO INDEBIDO DE SUBMARINO DE LA ARMADA (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Partido Comunista e Izquierda Ciudadana.
Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, he recibido una copia del dictamen de la Contraloría General de la República recaído en una investigación por transporte de bebidas alcohólicas en el submarino Simpson , de la Armada de Chile, causa que se inició por una denuncia que realicé el año pasado.
La Contraloría dictaminó, de manera categórica, que ese tipo de actividades, por cierto graves, están prohibidas, que no es posible transportar bebidas alcohólicas en una embarcación destinada a la defensa del territorio nacional.
Creo que lo resuelto por la Contraloría en cuanto a considerar que estas son faltas graves a la disciplina que deben ser objeto de un sumario administrativo, debe orientar en el sentido de que, de una vez por todas, los bienes que se entregan a las Fuerzas Armadas no deben destinarse al disfrute personal o individual de quienes integran esas instituciones, y que no exime de responsabilidad el que se argumente, en este caso por parte de la Armada, que esas bebidas estaban destinadas al consumo personal y que fueron pagadas por el mismo personal, pues se trata de embarcaciones destinadas a otro fin, son bienes que nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas.
En consecuencia, es fundamental y relevante que el ministro de Defensa tome conocimiento de estos antecedentes, porque el dictamen de la Contraloría señala expresamente que no se puede consumir bebidas alcohólicas en ninguno de los bienes destinados por el Estado para la defensa del territorio.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Defensa, con el objeto de que tome los resguardos necesarios para que el sumario y las medidas disciplinarias sean aplicados como corresponde, con el fin de que nunca más tengamos conocimiento del traslado de bebidas alcohólicas de un puerto a otro a través de vehículos entregados para la defensa de la patria.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Le solicito que nos entregue copia del dictamen de la Contraloría para adjuntarlo al oficio que enviaremos al ministro de Defensa, al cual adjuntaremos copia de su intervención, con la adhesión de todos los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE RETRASO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO UNIFICADO DE DATOS Y PLAZO EN QUE OPERARÁ EN FORMA EFICIENTE (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky .
El señor PILOWSKY.-
Señor Presidente, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos señala que ante la pregunta de cuáles son los tres problemas a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo para solucionarlos, el 52 por ciento respondió que a la delincuencia, a los asaltos y a los robos, porcentaje superior al señalado para los temas de educación, salud, corrupción o sueldos.
Por otro lado, cuando se consultó qué nota le pondrían al gobierno por su gestión en delincuencia, la respuesta fue 2,3, en una escala de 1 a 7.
A pesar de esos datos, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha tenido especial interés en la agenda de seguridad pública, mientras que en el Congreso Nacional hemos aprobado y fortalecido las distintas iniciativas que ha enviado.
El Banco Unificado de Datos, que fue uno de los puntos discutidos en la agenda corta antidelincuencia impulsada por el Ejecutivo, constituye una importante política pública en materia de prevención, control y sanción de delitos.
Esa herramienta tecnológica está compuesta por la información de las siguientes instituciones públicas: policías, Fiscalía , Gendarmería , Servicio Nacional de Menores, Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación, y Subsecretaría de Prevención del Delito, y permitirá a las policías, a los jueces y a los fiscales acceder en línea a 260 millones de datos, lo que permitirá detectar, por ejemplo, si alguien tiene órdenes de detención pendientes o quebrantamientos de condena.
Se trata de un importante avance en la prevención del delito, que tiene como principal sello el compromiso de la coordinación interministerial e interinstitucional de los organismos públicos que tienen competencia en materias de seguridad ciudadana.
Señor Presidente, el ministro del Interior firmó en abril de 2016 el decreto de traslado de licencia desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al Ministerio Público, lo que hace posible la implementación del banco. En esa oportunidad se señaló que no queda ningún otro paso para que el Banco Unificado de Datos esté listo para ser operado.
A más de nueve meses de dicho anuncio, algunos fiscales han señalado que el proceso de implementación ha sido complejo, lo que redunda en que no esté completamente operativo.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro del Interior y Seguridad Pública y al fiscal nacional, a fin de que informen lo siguiente:
1. Aspectos técnicos que han retrasado la implementación del Banco Unificado de Datos y las soluciones que se han introducido al detectar dichos elementos.
2. Plazo estimado en que el Banco Unificado de Datos operará con utilidad y eficiencia para la persecución penal por parte de la Fiscalía Nacional.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Flores .
El señor FLORES.-
Señor Presidente, envío desde esta tribuna un gran abrazo a los bomberos, a los brigadistas de Conaf y a los pobladores que combaten los incendios en muchos puntos del país.
Lo que está pasando es demasiado grave, demasiado grande. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos y disponer de todos los medios para colaborar en la extinción de los incendios.
También es indispensable que deslindemos responsabilidades públicas y privadas.
Por lo tanto, señor Presidente, solicitamos que se cree una comisión investigadora para cumplir con nuestro rol fiscalizador, para aclarar las cosas y para deslindar responsabilidades. La creación de dicha comisión se ha solicitado a partir de marzo o abril, cuando la temporada de incendios finalice, porque ahora hay que concentrar todos los esfuerzos en combatirlos.
Estamos muy preocupados por el futuro, ya que el cambio climático, tal como lo venimos advirtiendo en la Comisión de Agricultura, es un acontecimiento planetario que llegó para quedarse y que genera condiciones propicias para que se provoquen incendios voraces, como fuertes vientos, altas temperaturas y sequías prolongadas después de inviernos lluviosos en los que el material vegetativo crece y se transforma en un polvorín, además de los desastres oceánicos que ya hemos visto, como las marejadas, las varazones, la marea roja, la muerte de los salmones y una serie de otros fenómenos.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros del Interior, de Hacienda y de Agricultura, al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y al intendente de la Región de Los Ríos, con el objeto de que tomen conocimiento de la pronta puesta en marcha de dicha comisión investigadora, que espero genere conciencia y los recursos para que en la próxima temporada estemos mejor preparados para prevenir, mitigar y combatir los incendios.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano.
INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ENTREGADA A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA Y PETICIÓN PARA NO SANCIONAR A SOSTENEDORES DE ESA REGIÓN (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, haré presente y reiteraré algo que ya señalamos junto a la diputada Girardi en la Comisión de Educación.
A través del presidente regional del Colegio de Profesores, señor Francisco Martínez , y del presidente comunal del Colegio de Profesores, señor Carlos Rodríguez , conocimos la semana pasada un decreto emanado por el Ministerio de Educación con fecha 28 de diciembre, que señala que un conjunto de establecimientos educacionales no recibirán los recursos de la subvención escolar preferencial del año 2017.
Señor Presidente, en el caso de la Región de Atacama esto provoca una situación muy compleja, porque en dicho decreto se manifiesta que la medida se implementará debido a recursos no rendidos en 2012, 2013, 2014 y 2015.
Por lo tanto, nos surge la preocupación desde dos ámbitos: primero, porque son recursos dispuestos por el Estado para la educación de los niños más pobres del país, y segundo, porque la legislación establece un conjunto de responsabilidades para el Ministerio de Educación y para la Superintendencia de Educación.
En primer lugar, la legislación establece para el Ministerio de Educación la obligación de supervigilancia y de supervisión técnico-pedagógica respecto del comportamiento y del mejoramiento de los aprendizajes en los establecimientos en que se entregan esos recursos.
En segundo lugar, obliga a la Superintendencia de Educación a solicitar los informes y a controlar los recursos que el Estado entrega a los distintos sostenedores.
Por lo tanto, si en 2012 no se rindieron esos recursos, me llama poderosamente la atención que de todas maneras se hayan entregado en 2013; y si en 2013 tampoco se rindió, se entregara igual en 2014.
En el caso de la comuna de Copiapó, en 2014 las comunidades educativas se movilizaron reclamando que estos recursos no se entregaban en cada uno de los establecimientos educacionales. Esa situación dio origen a una comisión investigadora, y solo ahora se da a conocer esta resolución del Ministerio de Educación. Así, en 2017, en Copiapó quince de los veintitrés colegios no van a recibir los recursos de la subvención escolar preferencial; en Freirina, dos de los cinco establecimientos educacionales no la recibirán; en Chañaral, tres de los cinco están en esa situación, y en Caldera, uno de los cuatro existentes tampoco la recibirá.
Somos los primeros en señalar que las medidas se deben cumplir, pero nos llama mucho la atención la inacción que hubo entre 2012 y 2015.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la ministra de Educación y al superintendente de Educación, con el fin de que remitan todos los antecedentes de la Región de Atacama respecto de cuál fue la información que la ley establece que se debe entregar a las comunidades educativas sobre los recursos que esos establecimientos recibieron por concepto de subvención escolar preferencial; que indiquen todas las supervisiones técnico-pedagógicas que hicieron a los establecimientos educacionales en cuanto a los resultados de mejoramiento educativo; que establezcan todas las sanciones que aplicaron a esos sostenedores al no rendir oportunamente, y que nos den a conocer todas las medidas que adoptaron para que esos sostenedores pudiesen rendir los recursos de la subvención escolar preferencial.
Además, considero que debería tomarse en consideración, respecto de la entrega de esta subvención, que las comunas de Caldera, Chañaral y Copiapó tienen nuevos alcaldes o alcaldesas, a los cuales no se les debería castigar por la gestión de sus antecesores.
En consecuencia, solicito que se aclare la información y no se castigue a los niños más pobres dejando sin la subvención escolar preferencial a los establecimientos en que estudian.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa.
CONVOCATORIA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL PARA ENFRENTAR INCENDIOS FORESTALES (OFICIO)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, que ha solicitado además el tiempo adicional de cinco minutos al que tiene derecho toda bancada una vez cada tres semanas, tiene la palabra el diputado Germán Verdugo .
El señor VERDUGO.-
Señor Presidente, todo el país está consciente de la gravísima situación que estamos viviendo como consecuencia de los incendios que afectan a diferentes regiones. La extrema gravedad de los hechos ha llevado a su excelencia la Presidenta de la República a decretar estado de catástrofe.
Hace unos minutos me llamó por teléfono una concejala de la comuna de Empedrado, quien estalló en llanto cuando me comentó que el pueblo está en serio riesgo, debido a que el incendio está absolutamente descontrolado desde ayer.
De acuerdo a un reporte actualizado, las llamas han consumido alrededor de 80.000 hectáreas en la Región del Maule, afectando principalmente a las comunas de Hualañé, Vichuquén , Licantén , Empedrado , San Javier , Maule y Pencahue .
Desde mi punto de vista, la situación puede afectar gravemente la seguridad nacional. Por lo tanto, solicito que se oficie a su excelencia la Presidenta de la República para que, de acuerdo a las facultades contempladas en el artículo 107 de la Constitución Política de la República, convoque al Consejo de Seguridad Nacional, integrado, entre otros, por los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Frente a la gravísima situación que se vive, se requiere escuchar más opiniones para abordar de mejor manera esta catástrofe, que, reitero, puede afectar gravemente la seguridad nacional.
Todavía no sabemos cómo se iniciaron los incendios ni tampoco las gravísimas consecuencias que pueden tener.
La Presidenta de la República dijo en Empedrado que entiende que hay dolor, rabia y espanto. Pero estos sentimientos no son exclusivos de la gente que vive en los lugares afectados por los incendios, sino que son compartidos por todos los chilenos.
Por lo tanto, respetuosamente pido a la Presidenta que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, para los efectos de escuchar más opiniones que sirvan para abordar de mejor manera la gravísima situación por la que está atravesando nuestro país.
Desde esta Sala no vemos el humo ni las llamas, ni tampoco el trabajo que realizan bomberos, voluntarios, brigadistas y particulares, que están tratando de defender su propiedad, su trabajo, su vida, su futuro.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa.
ACCESO PEATONAL A PLAYA DE SECTOR DE HUELLELHUE, COMUNA DE VALDIVIA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, solicito que se oficie a la gobernadora provincial de Valdivia y al seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos, y que se envíe copia de esta intervención al alcalde de Valdivia, a los concejales Francisco Eguiluz y Leandro Kunstmann , al presidente de la junta de vecinos de Huellelhue, al capitán de Puerto de Valdivia y al intendente de la Región de Los Ríos, en relación con la materia que paso a exponer.
El objetivo de esta intervención es para que las autoridades mencionadas informen por qué a la fecha no se han ejecutoriado las disposiciones contenidas en la resolución exenta N° 1.661, de 3 de octubre de 2016, mediante la cual se fija un acceso peatonal a la playa en el sector de Huellelhue, para que la comunidad acceda al río Callecalle, en la comuna y provincia de Valdivia, en coherencia con las garantías que deben existir de libre acceso a playas, lagos y ríos de Chile.
Esta es una demanda que hace justamente un año hicieron los vecinos de Huellelhue, a través de este parlamentario. La gobernación revisó los antecedentes y determinó una serie de acciones a emprender por distintos servicios públicos, entre las que puedo mencionar la colocación de señal ética de acceso, que debía ser instalada y supervigilada por la Seremi de Bienes Nacionales, y, lo más relevante, es que en caso de no cumplirse con la disposición de abrir el acceso, la gobernación debía ejercer las facultades previstas en la ley N° 19.175, que incluye el inicio de acciones judiciales por incumplimiento.
A la fecha, los vecinos siguen privados del acceso al río, a vista y paciencia de las autoridades, porque no se han cumplido las respectivas condiciones, de acuerdo con la resolución emanada de la autoridad.
Por lo anterior, solicito a la gobernadora tomar cartas en el asunto e informar claramente las acciones que se adoptarán en lo inmediato para velar por que tanto sus disposiciones como las garantías de libre acceso se cumplan en esa localidad de la región.
Además, solicito que al oficio se adjunte copia de la resolución exenta N° 1661.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE OBRAS EN CALLES DE VILLA PRIMAVERA, LOCALIDAD DE GENERAL LÓPEZ, COMUNA DE VILCÚN (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, he recibido reclamos e información de vecinos de la villa Primavera, localidad de General López, de la comuna de Vilcún, quienes denuncian que en el lugar se han realizado obras que no cuentan con los permisos correspondientes. Se están interviniendo las calles sin permiso y sin notificación a los vecinos y se han realizado algunas acciones que van en claro perjuicio del entorno, particularmente del ambiente -en el lugar está ubicado un colegio-, porque se pretende construir una planta para el tratamiento de aguas servidas, lo que obviamente afectará las actividades educativas.
En ese sentido, solicito que se oficie al director del Serviu de la Región de la Araucanía, a fin de que se constituya en el lugar y elabore un informe respecto de la intervención de calles sin la autorización correspondiente y sin la debida notificación a los vecinos.
Asimismo, pido que se oficie al superintendente de Educación y al director regional de La Araucanía, a fin de que me indiquen si existen autorizaciones tendientes a intervenir el entorno o el mismo colegio para realizar las obras para la conducción y el tratamiento de aguas servidas.
Finalmente, pido oficiar al seremi de Salud de La Araucanía, a fin de que me informe respecto de la situación de salubridad y de la posibilidad de instalación de mayores viviendas, ya que también se necesita una mejor calidad en salud, acorde a los tiempos que estamos viviendo.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los colegas parlamentarios que así lo indican a la Mesa.
PREOCUPACIÓN POR FALTA DE COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y COMPROMISO DE AUTORIDADES DE LA ONEMI Y LA CONAF ANTE INCENDIOS FORESTALES
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, en segundo lugar, solo quiero dejar constancia y hacer un “téngase presente”, porque no voy a reiterar los muchos oficios que he enviado a la Onemi para que me informen sobre los planes que pretenden realizar -o que deberían haber realizado-, como también a la Conaf y a la Dirección de Vialidad de la Región de La Araucanía, que no han tenido respuesta.
Lamentablemente, los hechos me han dado la razón, ya que no existe coordinación, planificación ni compromiso por parte de las autoridades de aquellos servicios y direcciones. En ese sentido, les he señalado que no existen planes, acciones, coordinación y trabajo para evitar los incendios que hoy destruyen gran parte del país, particularmente en las regiones de O'Higgins y del Maule, pero que eventualmente pueden generarse en el resto del país en los meses de verano que quedan.
Cabe señalar que en muchos oficios hice presente esta situación, que reiteraré por escrito, porque mencionar verbalmente la cantidad de oficios que necesito reiterar sería interminable.
He dicho.
FELICITACIONES A BOMBEROS POR ACTUACIÓN ANTE INCENDIOS Y SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CUARTEL DE TERCERA COMPAÑÍA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, COMUNA DE PAREDONES (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier .
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, el fin de semana recorrí la parte más afectada por los incendios que asolaron a la Sexta Región, especialmente la comuna de Paredones, donde estos se iniciaron. El alcalde “gritaba”, desde hace cuatro días, que se estaban produciendo incendios, pero no fue escuchado.
Al quinto día me hice presente, luego de ver que el alcalde pedía auxilio por televisión. Con mucho apoyo, hicimos un recorrido por los lugares afectados. Por tal razón, quiero agradecer a los jóvenes del voluntariado de Rengo, quienes recolectaron agua y otros enseres, a objeto de ir en ayuda de Pumanque y, especialmente, de Paredones y Lolol, porque nos enteramos de que había mucha ayuda para Pumanque, pero no para Paredones y Lolol .
Visité el sector de San Pedro de Alcántara y el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos -haré llegar las fotos correspondientes-, que solo consistía en cuatro palos y veinte fono las, donde guardan el carro bomba. Es decir, la infraestructura de ese cuartel es la nada misma.
En esos cuatro días en que no llegaba el apoyo para atacar los incendios y ayudar a la comunidad, esos bomberos y los vecinos trataban de detener el fuego en los pastizales con unas ramas. Ahí se quemó gran parte de Paredones y de Lolol.
Por lo tanto, en primer lugar, pido oficiar a don Miguel Reyes , presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, a fin de hacerle llegar mis felicitaciones y agradecimiento a cada uno de los bomberos que estuvieron en esta cruzada tan difícil, que cumplieron un papel determinante en la extinción de los incendios.
Además, le solicito que tenga a bien poner la mirada en San Pedro de Alcántara, comuna de Paredones, y que intervenga para instalar un cuartel modelo, esos que se arman en poco tiempo, porque es muy necesario que la Tercera Compañía de Bomberos cuente con mejor implementación. El encargado me decía: “Diputado, ¿cómo vamos a motivar a la gente? Mire cómo estamos: no tenemos nada. Necesitamos un cuartel de bomberos más adecuado. ¿Se imagina como pasaremos el invierno si no tenemos ni murallas?”. ¡Efectivamente, eran cuatro palos!
Pido al señor Miguel Reyes que ponga atención a la Tercera Compañía de Bomberos, de San Pedro de Alcántara, comuna de Paredones, porque se lo agradecería esta Corporación y, especialmente, los vecinos de esa localidad y de la comuna.
A partir de estas experiencias, se hace muy necesario tener dotaciones de bomberos bien aprovisionadas.
Hago un reconocimiento total a bomberos, y así debe expresarse en el oficio que solicito enviar.
Además, pido que se envíe copia del oficio al señor alcalde y al concejo de la comuna de Paredones, porque cuando uno es testigo presencial de esos hechos, ve que ninguno se quedó de brazos cruzados: niños, mujeres y ancianos, es decir, todo el mundo enfrentó una emergencia monstruosa.
Gracias a los brigadistas de la Conaf, a los bomberos y a todos quienes realizaron grandes esfuerzos para enfrentar una situación tan dolorosa y amarga como lo fue el tremendo incendio que afectó a la comuna de Paredones, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
SOLIDARIDAD CON AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal .
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, no puedo más que solidarizar, como lo hemos hecho todos los diputados, con los afectados por la tremenda tragedia que hoy resiente nuestro país.
Sin duda, la acción de la Conaf, de la Onemi, de las Fuerzas Armadas y, en particular, de Bomberos, merece una especial atención.
Por ello, como parlamentaria de la futura Región de Ñuble y, también, del Biobío, quiero reconocer la labor de dichas instituciones y solidarizar con los afectados, por todo lo que está pasando con nuestros vecinos. Me refiero a las pérdidas materiales y patrimoniales.
Asimismo, quiero destacar la colaboración de los vecinos de los sectores rurales para hacer frente a esta catástrofe, la cual ha arrasado con casi 140.000 o 150.000 hectáreas.
ENVÍO DE APOYO AÉREO PARA COMBATE DE INCENDIO EN COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO (OFICIOS)
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito atención especial para una de las comunas que represento y que ha sido víctima de estos voraces incendios. Me refiero a la comuna de San Fabián de Alico, la cual se ubica en la cordillera de nuestra futura Región de Ñuble y en la que hoy se han consumido más de 30 hectáreas de bosque nativo.
Gran parte del territorio de San Fabián de Alico se encuentra inserto en la reserva de la biosfera Nevados de Chillán y no cuenta con recursos aéreos. Hoy recibí el llamado de su alcalde y hemos tratado de realizar gestiones con la Conaf, Bomberos y las demás instituciones que hoy están abordando la emergencia para que envíen medios aéreos, pues solo están trabajando con brigadas terrestres.
Los bomberos de las distintas comunas de Ñuble están colaborando para combatir el incendio, como también lo han hecho en las comunas de Bulnes, de Pemuco, y, en particular, en la comuna de Florida.
Quiero solicitar que se envíen oficios a los comandantes de los cuarteles de Bomberos de toda la provincia y, en particular, un oficio con carácter de urgente a las autoridades de las distintas instituciones, en particular, al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, para que envíen la ayuda aérea por la que estamos reclamando hace más de dos días. Entendemos la emergencia, pero si existe la posibilidad, sería importante enviar, dentro de la dotación que hoy existe, ayuda aérea.
Sabemos que hay disponibles alrededor de 32 o 33 aeronaves de la Conaf, Onemi y Fuerza Aérea. Pido que se ponga atención para proveer de este tipo de ayuda a una comuna en la que el fuego, hasta ayer, casi alcanzaba el centro de acopio más grande de agua potable. Si ello ocurre implicará dejar sin suministro de agua a casi 20.000 familias.
Lo expuesto nos parece urgente y es aquello que fundamenta mi solicitud.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA EN DIECIOCHO COMUNAS DE LAS PROVINCIAS DE ÑUBLE Y DE BIOBÍO (OFICIO)
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
En tercer lugar, quiero solicitar que se oficie, ojalá con carácter de urgente, al intendente de la Región del Biobío para que dé curso a la presentación para declarar 18 comunas como zonas de emergencia agrícola, entre ellas San Fabián de Alico y otras de las provincias de Ñuble y del Biobío.
Espero que el ministro del Interior o quien disponga de esa facultad lo determine prontamente, porque en conversaciones que hemos sostenido con el director del Indap ha quedado claro que no hay forraje para los animales y que aquellos que se han salvado se encuentran en pésimas condiciones, pues carecen de agua y alimentación.
Por lo tanto, necesitamos que prontamente se dé curso a la petición.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio por usted solicitado, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa.
INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE ACCIONES Y DERECHOS DE AGUA DE MIEMBROS DE JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO ÑUBLE (OFICIO)
La señora CARVAJAL (doña Loreto).-
Por último, quiero solicitar que se oficie al director general de Aguas para que remita información sobre las acciones y derechos de agua de los integrantes de la junta de vigilancia del río Ñuble.
Es importante conocer dichos antecedentes que solicitaron algunos vecinos y de los cuales hasta ahora no se ha tenido respuesta pormenorizada.
Por ello, solicito que la Dirección General de Aguas envíe la información correspondiente, en particular el número de acciones que poseen o tienen inscritas cada uno de los integrantes de la junta de vigilancia del río Ñuble.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio por usted solicitado, con la adhesión de la diputada Cristina Girardi .
APLICACIÓN DIFERENCIADA DE RESOLUCIÓN EXENTA SOBRE NO RENOVACIÓN DE CONVENIOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EXCELENCIA EDUCATIVA (OFICIOS)
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, al igual que la diputada Yasna Provoste , quiero solicitar que se remita un oficio a la ministra de Educación y al superintendente de Educación respecto de la resolución exenta N° 6283, de 18 de diciembre del 2016, que dispone la no renovación de los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa suscritos por los sostenedores de los establecimientos educacionales que se indican, referido a quienes no han cumplido con las rendiciones o han malgastado los recursos de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Solo quiero recordar que la Subvención Escolar Preferencial va dirigida a los niños más vulnerables de nuestro país y que tiene por objeto mejorar la calidad de la educación que reciben.
Efectivamente, hace tiempo que muchos sostenedores están haciendo mal uso y abuso de dichos recursos y que no han gastando la subvención en aquello en que debieran y que se relaciona con la mejoría de la calidad de la educación de los niños más vulnerables de Chile. Y esta situación claramente lo ha permitido la institucionalidad.
Por eso, en primer lugar, quiero reconocer que es muy bueno que la mencionada resolución exenta establezca que no se renueven más los convenios a aquellos que vienen haciéndolo mal desde hace mucho; sin embargo, hay situaciones que considero que es importante aclarar.
Por lo menos respecto de algunas comunas, entre ellas, Cerro Navia , he denunciado de manera sistemática el mal uso de los recursos de la SEP y otros dineros al Ministerio y a la Superintendencia de Educación. Es más, he solicitado intervención y que se nombre a un administrador provisional, pero la negativa ha sido permanente.
La ley SEP establece que los sostenedores deben realizar una evaluación anual, independientemente de que los convenios duren cuatro años. Y claramente la Superintendencia no ha hecho el trabajo, pues no ha verificado anualmente qué pasa con esos recursos. Tras cuatro años constata que se gastan mal los recursos, pero continúa entregando la subvención.
Asumieron nuevos alcaldes que hoy deben hacerse cargo de la mala gestión de sus antecesores y, también, de la falta de fiscalización de la Superintendencia de Educación en esta materia.
Por ello, quiero pedir que se revise el tema y que para aquellos alcaldes que lo vienen haciendo mal hace tiempo corra la sanción de suspensión y no renovación de los convenios, pero que para los alcaldes que recién asumieron el cargo, considerando la responsabilidad que tiene la Superintendencia de Educación de no haber fiscalizado correctamente el uso de la subvención, se aplique un tratamiento distinto.
Los alcaldes nuevos no tienen por qué pagar el costo de otros que lo hicieron pésimo, que se robaron el dinero y, además, de una institucionalidad que permitió que ello ocurriera, a pesar de la institución responsable tiene la obligación de revisar el particular.
He dicho.
El señor SILBER (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MORANO, CHÁVEZ , CORNEJO , ESPEJO, FUENTES, OJEDA, PILOWSKY , TORRES Y VALLESPÍN , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA PROVOSTE , QUE “MODIFICA LA LEY N° 17.322, PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES EN CASO DE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES”. (BOLETÍN N° 11102-13)
“Atendiendo la gravedad que significa para un trabajador enterarse, a veces, al final de su vida laboral, que tiene periodos de lagunas en su fondo de capitalización individual, ya que uno o más de sus empleadores no pagaron las cotizaciones previsionales y además los empleadores se adueñaron de su dinero, lo que por cierto afectará directamente su ya magra pensión, hemos revisado la legislación y propondremos mecanismos más efectivos que permitan primero recuperar los valores y luego sancionar ya sea a empleadores que se apropian indebidamente del dinero de las cotizaciones previsionales, como de las entidades previsionales encargadas de recibir dichos pagos y que negligentemente o sin el debido celo retrasan la cobranza judicial, de los mismos.
El tema previsional está regulado en el Decreto Ley N° 3.500 de 1980, el que establece un nuevo Sistema de Pensiones, y la Ley N° 17.322 que establece normas para la cobranza judicial, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. Ambas normas establecen la obligación que tiene el empleador de descontar las cotizaciones previsionales al trabajador y enterarlas a las instituciones previsionales, en los 10 primeros días del mes siguiente a aquél en que se devengaron las remuneraciones, salvo que se utilice el pago electrónico donde el plazo se extiende hasta el día 13 de cada mes, aún si es sábado, domingo o festivo.
Asimismo la ley señala que si un empleador no paga las cotizaciones en la forma señalada en el párrafo anterior, está obligado a declararlas y estamos ante una Declaración y No Pago, (DNP) o se genera la Declaración y No Pago Automática (DNPA), si no se justifica la extinción de la obligación por término de la relación laboral o por licencia médica.
Igualmente, respecto al cobro de las cotizaciones a aquellos empleadores que no enteran los fondos dentro de plazo convenido, la Ley Nº 17.322, establece la obligación legal a las instituciones previsionales, de ejercer las acciones para el cobro de las respectivas cotizaciones adeudadas, sus reajustes e intereses.
Para ello el Director Nacional o Gerente General de la respectiva institución, según sea el caso, deberá determinar los montos adeudados y no enterados por los empleadores, determinar los aportes legales que hayan de descontarse de las remuneraciones y aplicar las multas en que incurran los empleadores por concepto de infracción a la ley. La resolución a que se refiere la norma tendrá mérito ejecutivo y se procederá conforme a lo señalado en el Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren compatibles con ellas.
Según se ha citado, la norma señala el procedimiento pero no establece plazo para dictar la respectiva resolución, estamos ante un caso en que la obligación tiene un plazo indefinido para ser cumplida, generando un vacío legal en la materia. Con todo, la Superintendencia de Pensiones mediante Circular Nº 1504, de 2008, ha establecido un plazo para que el Gerente General de la AFP respectiva dicte tal resolución, sin embargo dicho plazo varía según el antecedente en que se funden las respectivas resoluciones por lo que no resulta vinculante para las administradoras de fondos de pensiones, cuestión que retarda la cobranza judicial.
Para intentar hacer más efectiva la cobranza, la ley N° 17.322 establece una sanción para las AFP que no realicen efectivamente la cobranza de las cotizaciones previsionales descontadas y no enteradas en el plazo estipulado señalando un plazo para que estas entablen las acciones de cobro, de tal manera que si cumplido el plazo, no se presenta la cobranza judicial y verificándose los demás requisitos se configuraría “la negligencia de la AFPs”
El juez que constate y califique en forma incidental, durante un proceso, la negligencia, deberá mediante resolución fundada, establecer que la institución de previsión o seguridad social actuó en forma no diligente en el cobro de las cotizaciones previsionales y que dicha situación ha originado el obvio perjuicio previsional al trabajador, ordenará a que entere en el fondo respectivo, el monto total de la deuda que se dejó de cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor.
Por regla general la mayoría de las sanciones que contempla la ley son de naturaleza civil. No obstante, la ley también ha dispuesto la posibilidad de imponer incluso apremios físicos para el empleador que, requerido de pago no entera las cotizaciones previsionales dentro de plazo y se presume que ya no tiene intención de materializar el pago, porque ha hecho apropiación para sí de los dineros proveniente de las cotizaciones previsionales de los trabajadores en perjuicio de sus fondos y de mismo sistema previsional, cosa que hasta hoy no ha sido aplicada y los llamados a proteger a los trabajadores y al sistema previsional, quedan impunes cuando estos hechos son sancionados en sede penal al empleador.
El delito de apropiación indebida de cotización previsional por el empleador, aparece tipificado en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la dictación del Decreto Ley N°3.500, cuyo artículo 19 hace referencia a la cotizaciones deducidas de las remuneraciones para integrar a la correspondiente cuenta de capitalización individual y ahorro de cada trabajador, artículo que en su estructura y naturaleza se repite en el actual artículo 13 de la Ley N° 17.322.
El artículo 19 del Decreto Ley N° 3.500, sobre la materia, señala entre otras cosas que; Sin perjuicio de lo establecido en artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derecho habientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.
En el mismo orden de idea el artículo 467 del Código Penal señala que: “El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio, será penado:
1º. Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales.
Observación: Para caer en esta causal, las remuneraciones que originan la deuda debieran exceder $ 18.436.400, ya que representan el 10% del total, es decir si consideramos la información del INE, para el último año en que los ocupados en el país recibieron un ingreso promedio (medio) mensual de $505.477, debieran estar durante tres años impagas las imposiciones del trabajador.
2º. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de cuarenta unidades tributarias mensuales.
3º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de cuatro unidades tributarias mensuales.
Observación: En este caso lo impago debe ser hasta $ 1.843.640, que al compararlo con el Ingreso Mínimo serían más de 7 meses impagos, con estos valores no debe sorprender las inexistencias de estas condenas.
Si el valor de la cosa defraudada excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales. Para esta causal la apropiación debiera exceder los 180 millones de pesos, y el tiempo que debiera transcurrir supera los 30 años.
Esto hace letra muerta la potencial protección de los derechos previsionales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, al fijar valores de apropiación fuera de una escala racional para un trabajador o un grupo pequeño de ellos.
Con todo lo anteriormente analizado y por el sistema de sanciones establecidas, debemos señalar que, existen empleadores que habitualmente incumplen la normativa legal vigente en perjuicio de los trabajadores al descontar los respectivos montos de las remuneraciones y no enterarlas en las respectivas entidades previsionales, ya que por el tipo de sanción resulta incluso un buen negocio para capitalizar.
La Superintendencia de Pensiones publicó la primera versión del Informe sobre deuda previsional en el año 2012, fundado en la función fiscalizadora de la Inspección del Trabajo, señalando que la deuda previsional nacional a esa fecha era de $ 1.072.929 millones equivalente a 1.4% del total recaudado en un año.
Asimismo el informe reveló que el número de afiliados que tienen al menos una cotización impaga es de 1.830.027, mientras que los empleadores involucrados son 215.834, con una deuda promedio por empleador de $ 4.788.879.
Realidad que no cambiará, si no se modifica la legislación, debido a que la misma norma establece procedimientos ineficientes para judicializar la cobranza, primero al no establecer plazo legal para dictar la respectiva resolución, y segundo que para aplicar la respectiva sanción el tribunal mediante resolución fundada configurará la negligencia de las AFPs, lo que sólo se traduce en una sanción civil, obligando a la AFP enterar en el fondo respectivo del trabajador, el monto total de la deuda que se dejó de cobrar, con los reajustes e intereses asociados a ella, sin perjuicio de la facultad de la institución de previsión o seguridad social de repetir en contra del empleador deudor, situación que sólo pasará si el trabajador toma conocimiento del hecho cosa que podría suceder cuando quiera iniciar el trámite de jubilación ya al final de sus días de trabajador, generando un perjuicio grave que debe soportar el sistema que también se ve defraudado.
Además proponemos la siguiente sanción para en lo próximo modificar el Código Penal.
1º. Con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de quince unidades tributarias mensuales.
2º. Con presidio menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, si excediere de cuatro unidades tributarias mensuales y no pasare de quince unidades tributarias mensuales.
3º. Con presidio menor en su grado mínimo y multa de cinco unidades tributarias mensuales, si excediere de una unidad tributaria mensual y no pasare de tres unidades tributarias mensuales.
Si el valor de la cosa defraudada excediere de cien unidades tributarias mensuales, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales por trabajador.
PROYECTO DE LEY
Agréguese un nuevo inciso segundo al artículo 13 de la Ley N° 17.322
Nuevo inciso segundo:
De la misma manera, se aplicarán dichas sanciones a los (directores, gerentes)de las administradoras de pensiones que hayan actuado negligentemente en el cobro de las cotizaciones previsionales. Dicha negligencia deberá constar en una resolución fundada por el juez del tribunal de cobranza judicial.
Quedando:
“Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 de la Ley N° 17.322, se aplicarán las penas del artículo 467 del Código Penal al que en perjuicio del trabajador o de sus derechohabientes se apropiare o distrajere el dinero proveniente de las cotizaciones que se hubiere descontado de la remuneración del trabajador.
De la misma manera, se aplicarán dichas sanciones a los (directores, gerentes)de las administradoras de pensiones que hayan actuado negligentemente en el cobro de las cotizaciones previsionales. Dicha negligencia deberá constar en una resolución fundada por el juez del tribunal de cobranza judicial.”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS SEPÚLVEDA Y HERNANDO, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ALVARADO, LETELIER Y MIROSEVIC , QUE “MODIFICA LA LEY N° 16.744, QUE “ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL”. (BOLETÍN N° 11103-13)
I. FUNDAMENTOS
Considerando:
1. Que la Ley 16.744 contiene una discriminación arbitraria, y posiblemente inconstitucional, que implica que no se les pueda dar el mismo trato a obreros que a empleados, en lo que se refiere al otorgamiento de las prestaciones que contiene este seguro social.
Esta distinción odiosa se produce por cuanto la Ley 16.744 es un cuerpo legal de larga data, publicada en el Diario Oficial el año 1968, y que ha sufrido muy pocas modificaciones parciales, y ninguna orgánica, no obstante los cambios que ha experimentado nuestra sociedad en lo que a riesgos del trabajo se trata.
Sobre el particular, el problema se entrelaza con otros cuerpos legales que hacen referencia a la materia, que se han dictado con posterioridad a la Ley 16.744, pero que no modificaron la parte pertinente que implica la discriminación señalada.
En efecto, el inciso que se pretende modificar prescribe que “Respecto de los afiliados en el Servicio de Seguro Social, el seguro será administrado por éste, correspondiendo al Servicio Nacional de Salud otorgarles las prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad temporal, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienda la presente ley”.
En forma contraria, el artículo 10 señala que “respecto de los afiliados en otras Cajas de Previsión, administrará este seguro el respectivo organismo previsional en que estén afiliados”, y el artículo 11 que prescribe “El seguro podrá ser administrado, también, por las Mutualidades de Empleadores, que no persigan fines de lucro, respecto de los trabajadores dependientes de los miembros adheridos a ellas”. Como se puede observar, no hay una referencia en estos casos al Servicio Nacional de Salud, como sí se hace en el inciso primero del artículo 9, quedando a discreción del Organismo Administrador del Seguro determinar cómo otorga las prestaciones médicas, y demás beneficios de la Ley 16.744.
2. Que el problema se circunscribe al hecho que el artículo 9 mencionado impide que respecto de los afiliados al ex Servicio de Seguro Social, se puedan otorgar las prestaciones requeridas en otro órgano que no sea el Servicio Nacional de Salud, cuestión que sí se puede respecto de los afiliados a cualquier otra Caja (artículo 10), o respecto de los afiliados a una Mutualidad de Empleadores (artículo 11). Allí radica la discriminación arbitraria, puesto que no se encuentran más fundamentos para sostener esto que la mera circunstancia que el legislador no ha actualizado la normativa en la materia para permitir la misma flexibilidad a los afiliados al ex Servicio de Seguro Social.
3. Que asimismo, la distinción hace referencia a obreros y empleados, pues justamente los principales cotizantes del ex Servicio de Seguro Social eran los primeros, mientras que los segundos eran cotizantes de las otras Cajas.
Como antecedente, cabe hacer presente que “la ley N° 4.054 estableció un Seguro Obrero Obligatorio de Enfermedad, Invalidez y Vejez, obra del doctor Exequiel Gonzalez Cortés . Su texto definitivo lo constituyó el decreto ley N° 689, de 17 de octubre de 1925. Esta ley estableció un seguro social obligatorio para la protección de las referidas contingencias en beneficio de todos los obreros, incluidos los campesinos y servidores domésticos. Disponía un financiamiento tripartito, con imposiciones del patrón, del obrero y del Estado. El contenido de esta ley estuvo inspirado en los seguros de Bismarck y fue la primera ley en nuestro país que estableció un seguro social obligatorio y con carácter general”1. Esta ley fue modificada posteriormente por la ley N° 10.383.
Con posterioridad, el Decreto con Fuerza de Ley número 163/1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fijó el texto de la ley n° 10.383, de 8 de agosto de 1952, refundido con el de sus modificaciones, inclusive las contenidas en la ley n° 16.840, de 24 de mayo de 1968. Dicho cuerpo legal regula al Servicio de Seguro Social, haciéndolo obligatorio para “todos los obreros que ganen un salario” (artículo 2).
Asimismo, el Código del Trabajo de la época (DFL 178 / 1931) define a los obreros como “toda persona que, sin estar comprendida en los números anteriores, trabaje por cuenta ajena en un oficio u obra de mano o preste un servicio material determinado” (artículo 2, numeral 3°). Por el contrario, el empleado era “toda persona en cuyo trabajo predomine el esfuerzo intelectual sobre el físico” (numeral 2 del mismo artículo). En resumen, el obrero era aquella persona en quien predominaba el esfuerzo físico sobre el intelectual, a contrario sensu de lo que prescribe el numeral 2 anteriormente copiado.
La dictadura militar derogó esta distinción por medio del Decreto Ley 2.200 dictado en el año 1978, el cual sólo definía a los trabajadores, entendiendo por tales a “toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo” (artículo 3, letra b)). Asimismo, en su artículo 167 señalaba que “Las demás disposiciones del Código del Trabajo, como asimismo las de la ley N° 7.295 y sus modificaciones que estuvieran vigentes a la fecha de entrar en vigor la presente ley, se aplicarán a los trabajadores sin distinción de especie alguna, sea que en el texto legal se aluda a empleado o a obrero” (el subrayado es propio).
Estas normas pasaron sin mayores modificaciones al Código del Trabajo vigente en nuestro país, que define al trabajador como “toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo”.
4. Que por su parte, el Servicio Nacional de Salud también fue creado por la mencionada ley 10.383, cuyo objeto según lo dispuesto en su original artículo 62 era “la protección de la salud por medio de acciones sanitarias y de asistencia social y atenciones médicas preventivas y curativas”.
El año 1979, y por medio de la dictación del decreto ley número 2763, se crearon los Servicios de Salud. Se estableció que dichos organismos, “coordinadamente tendrán a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas” (artículo 16). El mismo artículo señala que “Los Servicios serán los continuadores legales del Servicio Nacional de Salud del Servicio Médico Nacional de Empleados dentro de sus respectivos territorios, con los mismos derechos y obligaciones que a éstos corresponden, para los efectos de cumplir las funciones que les competen”.
De esta forma, y siguiendo una línea similar a la eliminación de la distinción entre obreros y empleados, el legislador de la época derogó al Servicio Nacional de Salud, pero no hizo modificación alguna a la ley número 16.744.
5. Que como se puede ver, la ley número 16.744 ha permanecido casi intacta a estos cambios estructurales que ha sufrido el ordenamiento jurídico chileno, y si bien, en términos generales, ha podido seguir operando en la práctica, existen aún desajustes derivados de estas modificaciones legales, de los cuales no se ha hecho cargo el legislador.
En este caso, la modificación propuesta en este proyecto, apunta justamente a actualizar la normativa, y concretamente el inciso primero del artículo 9, que se refiere a dos órganos que hoy en día no existen, a la sazón, el Servicio de Seguro Social, y el Servicio Nacional de Salud.
La existencia de esta norma impide que los obreros afiliados al Instituto de Seguridad Laboral se les pueda dar el mismo trato que existe respecto de los empleados, por sólo un vestigio de una antigua legislación, situación que debe remediarse por el trámite de esta moción.
6. Que, en consecuencia, el problema práctico que se produce es que, respecto de los obreros afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, éste sólo puede otorgar las prestaciones médicas y los subsidios de incapacidad temporal a través del ex Servicio Nacional de Salud, impidiendo que pueda hacerlo respecto del resto de la red de prestadores que tiene a su disposición, dependiendo del siniestro que se produzca. Esto sí lo puede hacer respecto del resto de los afiliados (empleados).
7. Que en la misma línea, se debe hacer referencia a la condición de los obreros, según la definición ya esbozada. En tales términos se refirió el Director del Instituto de Seguridad Laboral, don Jacobb Sandoval , en su exposición ante la Comisión Investigadora encargada de conocer y analizar los actos ejecutados por la superintendencia de seguridad social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las Mutualidades, instancia creada por la Cámara de Diputados, en adelante, Comisión Investigadora de Mutualidades.
El Director indicó que “Se podría esperar razonablemente que, siendo los obreros calificados con el tipo de trabajo en el que están, sean los sectores laboralmente más vulnerables y, por lo tanto, con mayores niveles de tasa de accidentabilidad en términos comparativos”[2].
En efecto, es de público conocimiento que la actividad física está expuesta a una serie de riesgos profesionales más evidentes y ciertos que los desarrollados por un trabajador que emplea mayoritariamente su intelecto.
Asimismo, el hecho que el obrero sea exclusivamente tratado en la Red Pública de Salud trae aparejados numerosos inconvenientes desde el punto de vista de la oportunidad y pertinencia de la atención recibida. Son conocidos los múltiples problemas respecto a las listas de espera en el sector público, como también en relación a la falta de especialistas, situación que se agudiza cuando se trata de la medicina ocupacional. Estas circunstancias nos llevan a tener a un obrero que no es oportunamente atendido, y que cuando lo es, no se tiene un enfoque integral de protección de la salud de ese trabajador, ni la prevención de riesgos futuros.
Si nos acercamos a las cifras, cerca de 873.275 trabajadores se encuentran protegidos por el Instituto de Seguridad Laboral, respecto de los cuales, en su mayoría trabajan en pequeñas empresas o en el servicio unipersonal doméstico (trabajadoras y trabajadores de casa particular).
Aún no se tiene información fidedigna de cuántos de estos trabajadores son obreros puesto que esta situación se debe analizar caso a caso. Asimismo, la misma discriminación que se tiene respecto de los obreros hace que terminen en la Red Pública de Salud, en donde son conocidos los problemas para detectar afecciones de origen laboral, y por ende, es difícil contar con estadísticas fidedignas. No obstante, se pueden tener algunos datos aproximados de la siguiente tabla:
Como se puede observar un elevado número de trabajadores están en el sector de la agricultura, de la construcción, y de los hogares privados con servicio doméstico, actividades cuyos trabajadores pueden calificarse en gran medida como obreros. De esta manera, la pertinencia de la modificación no es menor y puede tener un impacto importante en aquellos trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral.
8. Que existe un amplio consenso político y social para efectuar la modificación que se pretende. En efecto, en las propuestas de la Comisión Investigadora de Mutualidades, incluidas en su Informe, que fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes a dicha sesión (103), se incluyó expresamente la necesidad de eliminar la distinción entre obreros y empleados, por cuanto “La legislación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ha dejado incólume este vestigio de una regulación que ya fue eliminada de nuestro ordenamiento jurídico laboral”.[5]
Asimismo, el Gobierno en su Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo contempla dentro de sus compromisos normativos el de “Promover asimismo, la modernización de la ley Nº 16.744 en materias tales como la eliminación de diferenciación entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad Laboral y la normativa sobre gobiernos corporativos de las Mutualidades de Empleadores”.[6]
9.Que la situación socioeconómica desmejorada en que están los obreros respecto del resto de los trabajadores, como también, las consecuencias en su salud respecto de los riesgos profesionales, hacen necesario que el proyecto sea conocido por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. Ello por cuanto, la discapacidad en gran medida es una consecuencia del hecho de ser víctima de un accidente del trabajo y/o enfermedades profesionales, que es un tema que preponderantemente trata esta Comisión. Asimismo, la eliminación de esta discriminación trae consigo una mejora en la calidad de vida de los obreros, fomentando el desarrollo social de sus familias, al tener trabajadores que reciban una atención oportuna, digna e integral. Finalmente, la debida atención que se pueda proporcionar a los obreros a través de esta modificación no sólo permite planificar al futuro (al tener estadísticas más uniformes al interior del Instituto de Seguridad Laboral), sino que también mejorar las condiciones de salud en que se desempeñan uno de los sectores más desplazados de la fuerza de trabajo, y que están en riesgo, o están en la línea de la pobreza.
10. Que los diputados que suscriben el presente proyecto manifiestan que los fundamentos jurídicos y de fondo de esta iniciativa permiten concluir de manera inequívoca que es urgente darle trámite a la modificación propuesta puesto que se dirige a mejorar la situación de seguridad en el trabajo de un grupo de trabajadores que históricamente ha sido desplazado. A mayor abundamiento, el consenso político y social que existe para proceder a su pronta tramitación resulta un antecedente adicional para que se convierta pronto en ley de la República.
Pese a lo anterior, y entendiendo que la modificación propuesta es urgente, no puede desconocerse el hecho que fue la propia Comisión Investigadora de Mutualidades que detectó una serie de otras materias que requieren una pronta atención, y en su caso de modificaciones legislativas sustantivas, puesto que “el espíritu que se tuvo en vistas al momento de promulgarse esta ley, dictada hace casi medio siglo, está siendo desvirtuado. Las dificultades, omisiones y errores de comisión u omisión en la aplicación de este cuerpo legal por parte de todos los actores se vislumbran en la cantidad de propuestas de esta Comisión destinadas a modificar el sistema, lo que permite considerar que la estructura del seguro merece una seria revisión”.[7]
II. IDEA MATRIZ
El presente proyecto busca actualizar la normativa de la Ley 16.744 en materia de administración del seguro de dicho cuerpo legal, modificando las referencias a órganos cuyas leyes se encuentran derogadas e indicando a los órganos que actualmente se encuentran vigentes. Ello permitirá eliminar la discriminación arbitraria de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia entre obreros y empleados.
III. DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE QUE SE VERÍAN AFECTADAS POR EL PROYECTO
El proyecto modifica el artículo 9 de la ley n° 16.744, particularmente su inciso primero, eliminando las referencias al ex Servicio de Seguro Social (hoy extinto) e indicando en tal caso al Instituto de Seguridad Laboral. Asimismo, se elimina la referencia al ex Servicio Nacional de Salud (también extinto), señalando que debe ser la entidad que determine la ley. Dichas modificaciones persiguen la unidad del ordenamiento jurídico respecto a los órganos actualmente vigentes a que se refiere la ley número 16.744.
POR TANTO:
Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo Único.- Introdúzcase la siguiente modificación a la ley número 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales:
1. Modifíquese el artículo 9 en el siguiente sentido:
a) Sustitúyase su inciso primero por el siguiente:
“Respecto de los afiliados en el Instituto de Seguridad Laboral, el seguro será administrado por éste, correspondiendo a la entidad que determine la ley otorgarles las prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad temporal, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienda la presente ley”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE; ARRIAGADA ; CARMONA ; ESPINOSA, DON MARCOS ; ESPINOZA , DON FIDEL , Y MONSALVE , Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS FERNÁNDEZ, PROVOSTE , RUBILAR Y SEPÚLVEDA , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, PARA INCORPORAR EL CONTRATO ESPECIAL DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS”. (BOLETÍN N° 11104-13)
ANTECEDENTES.
La labor de las manipuladoras de alimentos es uno de los soportes estructurales de nuestro sistema educacional.
En efecto, se trata de un contingente de trabajadoras que día a día preparan y sirven las raciones alimenticias de los estudiantes que cursan su educación básica y media en establecimientos adscritos a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB .
Sin embargo, esta labor se desarrolla en medio de un conjunto de dificultades y complejidades que hacen difícil la vida y labores de nuestras trabajadoras, y normalmente redunda ello en un perjuicio en sus condiciones laborales y de remuneraciones.
Primer Problema: Se trata de trabajadoras contratadas por empresas que postulan y son adjudicatarias de concesiones para la elaboración y servicio de los alimentos en los establecimientos educacionales. Ello implica que no tienen la libertad de todo trabajador para negociar su remuneración, puesto que ella se ve fijada, en definitiva, por el monto de la licitación y el ítem remuneración al que es aceptado por la JUNAEB. Adicionalmente la ponderación que el órgano público hace del nivel de remuneraciones de cada postulante, no incide sustancialmente en la aceptación o rechazo de la empresa.
Segundo Problema: Dado que las empresas prestan sus servicios en dependencias de los propios establecimientos educacionales, muchas veces estos no son aptos para tal labor, presentando deficiencias en las condiciones de higiene y seguridad en las que prestan servicios las trabajadoras.
Adicionalmente este punto redunda en las remuneraciones variables de las trabajadoras, ya que las multas y sanciones que la empresa debe pagar, muchas veces se traducen en reducciones de las remuneraciones de las trabajadoras o bien se ven mermadas las gratificaciones a través de su imputación a las utilidades de la empresa.
Tercer Problema: Muchas veces, la cohabitación con el profesorado y personal administrativo del respectivo Colegio, redunda en que las trabajadoras deben prestar ciertos servicios de alimentación de manera informal a dicho personal, lo cual no forma parte del objeto ni de las funciones para las que cada trabajadora celebró su contrato de trabajo.
Estas y otras consideraciones ameritan a juicio de los autores de este proyecto de ley, incorporar un capítulo especial que regule la relación laboral de las manipuladoras de alimentos, permitiendo con ello concordar las características especiales de este servicio, con el respeto a los derechos laborales de quienes prestan servicios bajo esta modalidad.
Contenidos del Proyecto.
1. En primer término, se crea el contrato Especial de Trabajadores y Trabajadoras Manipuladoras de Alimentos, estableciendo el sustantivo ordenador de esta actividad como “Manipuladoras” de alimentos, sea que se trate de un trabajador varón o mujer.
2. En segundo lugar, se clarifica la función de la trabajadora durante los meses en que no hay clases en los colegios, caso en el que pudiendo desempeñar otras funciones no deja de tratarse de una Manipuladora de Alimentos.
3. Se prohíbe, mediante este estatuto, la prestación de servicios adicionales a los profesores y personal administrativo de los colegios en que ellas se desempeñan.
4. Se ratifica la jornada de trabajo de 45 horas semanales, pero en cuanto a la interrupción diaria para colación se permite que las partes pueda acordar que ella se produzca después de la jornada laboral, cuando la entrega de las raciones se vea gravemente afectada por la interrupción de la jornada.
5. En cuanto a la remuneración de las trabajadoras, se establece un piso mínimo de 1 y ¼ Ingresos Mínimos Mensuales como sueldo base, dejando al acuerdo de las partes la entrega de gratificaciones legales, permitiendo que la trabajadora tenga certezas suficientes sobre su remuneración y sobre los emolumentos que le corresponden.
6. Se establecen expresamente las obligaciones del empleador en materia de higiene y seguridad en el empleo.
7.Finalmente, la norma hoy contenida en el artículo 75 bis del Código del Trabajo se traslada al cuerpo de este estatuto, a fin de dar integralidad a la presente regulación.
Conforme lo expuesto, tenemos la honra de someter a vuestro conocimiento el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo 1°.- Incorpórase el siguiente Capítulo IX al Título II del Libro I del Código del Trabajo: “Capítulo IX
Contrato Especial de Trabajadoras y Trabajadores Manipuladores de AlimentosArtículo 152 Quáter.- A las normas del presente capítulo se sujetarán los contratos de trabajo de las Manipuladoras de Alimentos que laboran en empresas que en forma exclusiva, o como parte de sus actividades, entregan y sirven raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, a través de los programas administrados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.En todas aquellas materias no reguladas por el presente capítulo, serán aplicables las normas generales de este Código.
Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por Manipuladora de Alimentos toda trabadora o trabajador que fabrica, prepara y/o sirve alimentos en establecimientos educacionales adscritos a los programas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Igualmente se regirán por las normas de este capítulo los contratos de trabajo de las manipuladoras de alimentos que presten tales servicios en dichos establecimientos educacionales, bajo el régimen de subcontratación.
Los contratos de trabajo de quienes desempeñen labores diferentes o anexas a las descritas en el inciso segundo, se regirán por las reglas generales de este Código.
Artículo 152 Quáter A.- Las funciones que las manipuladoras de alimentos deben cumplir durante los períodos en los que no se entregan colaciones en los establecimientos educacionales, como el período de vacaciones escolares, en su caso, deberán ser consignadas en el respectivo contrato de trabajo, no alterándose por ello la naturaleza especial de este contrato de trabajo ni la aplicación de las normas del presente capítulo. La trabajadora tendrá derecho a feriado anual conforme las reglas generales.
Artículo 152 Quáter B.- No serán exigible a las manipuladoras de alimentos la prestación de servicios de alimentación o servicio al personal del establecimiento educacional en que desarrollen su labor.
Artículo 152 Quáter C.- la jornada ordinaria semanal de las manipuladoras de alimentos no podrá exceder de 45 horas; la jornada diaria deberá dividirse en dos partes interrumpiéndose por a lo menos media hora para la colación de la trabajadora. Solamente con acuerdo de ésta, la colación podrá ser trasladada al final de la jornada, y solamente cuando el servicio de alimentación no sea posible de interrumpirse sin grave retraso del mismo.
Artículo 152 Quáter D.- EL empleador tendrá la obligación de contar con infraestructura, equipamiento y utensilios de trabajo en buenas condiciones que permitan el correcto desarrollo de las funciones de la manipuladora y no coloquen en riesgo su integridad física. Especialmente, deberá proveer ropa de trabajo y de protección personal en buenas condiciones.
Cuando los utensilios o maquinarias involucraren el uso de energía eléctrica, gas o se tratare de maquinarias de corte o molido, el empleador deberá proveer la capacitación correspondiente para su adecuado uso, debiendo mantenerse un registro de ella en la empresa.
Artículo 152 Quáter E.- La regla dispuesta en el artículo 75 será igualmente aplicable por los meses de diciembre, enero y febrero a los trabajadores que se hayan desempeñado a lo menos durante seis meses en forma continua como manipuladores de alimentos para empresas que presten los servicios de alimentación en establecimientos de educación parvularia, escolar y preescolar de conformidad con la ley N° 19.886, y cuyos contratos de trabajo se encontraren vigentes al mes de noviembre.
Asimismo, si el contrato de los trabajadores señalados en el inciso anterior terminare por aplicación de la causal contenida en el inciso primero del artículo 161, el trabajador tendrá derecho, además de la indemnización por años de servicio respectiva, a las remuneraciones correspondientes a la totalidad del plazo que va entre la fecha de terminación y el día anterior al mes de inicio del siguiente año escolar, siempre que el contrato hubiere estado vigente a lo menos por seis meses en forma continua dentro del respectivo año escolar.”.
Artículo 2°.- Suprímese el artículo 75 bis del Código del Trabajo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La presente ley comenzará a regir a contar de primer día del tercer mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
Artículo Segundo.- La norma contenida en el inciso primero del artículo 152 Quáter D, será aplicable a todos los nuevos contratos de trabajo de Manipuladoras de Alimentos que se celebren con posterioridad a la vigencia de la presente ley.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS ; BECKER, BERGER ; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN ; PÉREZ , DON LEOPOLDO , Y RATHGEB , Y DE LA DIPUTADA SEÑORA NÚÑEZ , DOÑA PAULINA , QUE “MODIFICA LA CARTA FUNDAMENTAL EN MATERIA DE ABUSO DEL DERECHO”. (BOLETÍN N° 11105-07)
I. ANTECEDENTES
Ha sido considerado un avance en las Constituciones Políticas más modernas, la inclusión dentro de su articulado, de una norma que proscriba el uso abusivo de los derechos. Sólo a modo ejemplar podemos citar la Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea, específicamente su artículo 54 que preceptúa: “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta”.
Pudiera pretenderse que la teoría del abuso de los derechos, sólo tuviere aplicación en el ámbito del derecho privado, lo cierto es que hoy nadie niega su incorporación al mundo del derecho público. Basta recordar al respecto que en los Estudios sobre reformas al Código Civil y Código de Comercio (tercera parte) el profesor Alvaro Ortúzar se refirió al tema de “El abuso del derecho ante la Constitución” (Editorial Jurídica de Chile, 2003), quien sobre el particular señala “Y ¿qué es el abuso del derecho sino establecer la manera cómo éste puede ejercerse y los límites de ese ejercicio? Entonces, planteamos la afirmación de fondo que inspira todo este trabajo: el ordenamiento jurídico reprime o sanciona a quien de manera arbitraria, caprichosa o injusta ejercita su derecho, causando con ello amenaza, perturbación o privación en el derecho de otro. Esa es la afirmación fundamental, y como ustedes pueden ver, la manera de plantearla es más amplia que la del Derecho Civil, donde la institución se mira desde el punto de vista del ejercicio desviado de un derecho realizado con el fin de causar daño a otro. Acá lo planteamos como el ejercicio excesivo o injusto, caprichoso o arbitrario de un derecho, que priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio del derecho de otro. Al plantearlo de esta forma lo hago con un objetivo preciso: utilizar los mismos términos con que la Constitución se refiere al recurso de protección” (p. 25).
El profesor ORTÚZAR , basa su trabajo en los siguientes principios (pp. 39 ss.):
(a)“El abuso del derecho es una institución jurídica cuya aplicación supera el campo del Derecho Civil, siendo posible encontrar su razonamiento, caracterización y sanción en prácticamente todas las ramas del derecho.
(b)El rechazo del ordenamiento jurídico a toda actuación, sea de particulares o de la autoridad, que importe un ejercicio abusivo o desviado del derecho que le sirve de título, constituye un principio general.
(c)A partir de la vigencia de la Constitución de 1980 y particularmente gracias a los instrumentos judiciales concretos establecidos en éste (recurso de protección, entre otros), el rechazo al abuso del derecho es recogido por el constituyente como un principio constitucional aplicable por igual a administradores y administrados.
(d)El abuso del derecho, desde la promulgación de la Constitución de 1980, reconoce una caracterización más amplia que la de los antiguos criterios puramente civiles, pues no es exigible para estar frente a esta figura, la existencia del ejercicio indebido de un derecho con ánimo de causar daño a otro, sino puede bastar con dicho ejercicio sea realice arbitraria o caprichosamente y como consecuencia de ello resulte privado, perturbado o amenazado el derecho de terceros.
(e)Pensamos que el ordenamiento jurídico debe ser respetado no sólo en el caso específico a que se refiere la norma en particular sino en su integridad. Podrá existir abuso del derecho no sólo cuando se exceda o violente la norma, sino también cuando el titular de un derecho lo realiza o ejercita vulnerando el espíritu o fines generales del ordenamiento jurídico”.
Incluso para el ejercicio de las libertades, resulta razonable aplicar como limitante el abuso del derecho, pues como señala FERNÁNDEZ SESSAREGO frente a la libertad general, existe el deber genérico de no lesionar un interés ajeno y frente a las manifestaciones concretas de la misma o se aplica ese principio general que prohíbe el ejercicio abusivo o un dispositivo especial acogido por el ordenamiento. Sólo pensemos en este sentido, con lo que pasa con el legítimo derecho a manifestarse y las complicaciones que a comerciantes y público en general generan esas manifestaciones o marchas: entorpecimiento del libre tránsito, problemas de seguridad y hasta de salud. Otro tanto con las movilizaciones estudiantiles que en “tomas” impiden el trabajo de académicos y administrativos y el ejercicio del derecho a la educación de aquellos que no quieren plegarse a estas actividades. Por último, no podemos dejar fuera de este análisis la injusta situación que vive una persona que es dueña de un predio, el cual ha sido afectado de expropiación y luego de más de 20 años y cuando se sabe que el proyecto finalmente no se llevará a efecto, aún se encuentra bajo esa condición: a un menor valor, nadie quiere adquirirlo y hasta hay algunos que se aprovechan de la situación ara ofrecer un precio vil por el mismo.
Es cierto que en nuestra Constitución Política de la República, existe una norma que prescribe el respeto a los derechos, pero con una clara connotación de limitación hacia el Estado: Artículo 5º inciso 2º: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Como se puede apreciar, se trata de una norma que pone limitaciones al ejercicio de la soberanía, la que de acuerdo al mismo precepto reside esencialmente en la Nación, pero no se refiere al ámbito del ejercicio de los derechos propiamente tal. Por lo demás, aquí estamos hablando de limitaciones a los derechos, pero no de aquella situación que se produce cuando un derecho es ejercido correctamente, pero desviando su finalidad o con el sólo ánimo de perjudicar a otro.
En esta misma línea el profesor ORTÚZAR hacía referencia a una serie de situaciones en las cuales se podía producir un abuso del derecho a la luz de las disposiciones constitucionales y siguiendo su elenco, nos damos cuenta que la utilización de la institución en comento (pp. 133 ss.). Por eso es que precisamente el tema del abuso del poder en la autoridad fue de aquellos que más discusiones y atención tomó en el proceso constituyente que resultó en nuestra actual Carta Fudamental. Pero no existe una norma que sirva de sustento al sistema en particular, sino que las prevenciones a que puede dar lugar el abuso del derecho se encuentran fragmentariamente contenidas en artículos dispersos, muchos de ellos que ya se refieren a la gran solución que se encontró a este tema, por lo menos, en lo que dice relación a ciertos derechos fundamentales: el recurso de protección.
Nuevamente ha tenido que ser la jurisprudencia, auxiliada por la doctrina, la llamada a llenar el vacío y el problema que ello representa es que queda más bien entregado al criterio del juez de turno que a una normativa objetiva y que necesariamente ha de seguirse.
Es precisamente por ello, que salta a la luz la necesidad de incorporar al texto constitucional una disposición que se refiera expresamente a la proscripción al abuso del derecho, a fin de entregar una solución objetiva y real a los casos de abuso tanto del gobernante como de los gobernados.
II. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único: Agréguese el siguiente inciso final al artículo 5º de la Constitución Política de la República: “Todos los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes, deben ejercerse conforme a su finalidad y suponen la responsabilidad civil y penal que trae aparejado su propio ejercicio”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS , Y BERGER , QUE “MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL, EN MATERIA DE EJERCICIO ABUSIVO DE LOS DERECHOS”. (BOLETÍN N° 11108-07)
I. ANTECEDENTES
No es ignorado por nuestra doctrina y jurisprudencia que la figura del abuso del derecho se ha indo incorporando a las justificaciones y considerandos de numerosas sentencias y referidas a temas tan variados como la responsabilidad contractual y extracontractual, la ejecución de los contratos y otros. De hecho positivamente, ya ha sido reconocido tanto a nivel de la legislación laboral como tributaria y, en este último caso, precisamente como uno de los elementos sustantivos de la última gran reforma que se aprobó hace pocos años.
Sin embargo, existe una nebulosa en cuanto a su aplicación, pues dado que no tiene un reconocimiento general y tampoco en texto expreso en nuestra legislación común, especialmente el Código Civil, mucho de lo que se resuelve por los tribunales, queda más bien entregado al buen entendimiento y criterio de los jueces que, por ser subjetivos, impide encontrar una línea de desarrollo clara en torno a la institución jurídica en comento. Estos mismos desafíos ya han sido asumidos por el derecho comparado y sólo como una muestra de ello podemos anotar los siguientes casos:
a) En el Código Civil argentino, después de la reforma de 1968, se incluyó en su artículo 1071, la siguiente disposición: “El ejercicio regular de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraria los fines que aquella tuvo en mira de reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. El actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, vigente desde el año 2015 también incorpora una norma referida al abuso del derecho: “Artículo 10.-Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización”.
b) El Código Civil peruano de 1984 en su Título Preliminarartículo II, dispone: “La ley no ampara el abuso del derecho. El interesado puede exigir la adopción de medidas necesarias para evitar o suprimir el abuso y, en su caso, la indemnización que corresponda”. Por su parte el artículo 924 del mismo cuerpo legal señala que “Aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusó en el ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados”.
c) En Paraguay nos encontramos con una situación parecida, pues el artículo 272 del Código Civil de 1987, dispone: “Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sea cuando lo ejerza con intención de dañar, aunque sea sin ventaja propia, o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos. La presente disposición no se aplica a los derechos que por su naturaleza o en virtud de la ley pueden ejercerse discrecionalmente”.
d) El Código Civil Brasileño de 2002, en su artículo 187 señala: “También comete acto ilícito el titular de un derecho que en su ejercicio excede manifiestamente los límites impuestos por su fin económico o social, por la buena fe y por las buenas costumbres”.
e) El Código Civil Suizo de las Obligaciones de 1907, en el artículo 2 señala “El abuso manifiesto del derecho no está protegido por la ley”.
f) El Código Civil griego de 1941, en su artículo 281 indica: “El ejercicio de un derecho está prohibido si sobrepasa manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o las buenas costumbres, o con el fin social o económico de dicho derecho”.
Es fácil darse cuenta a través del elenco previamente reseñado de disposiciones legales, que la figura del abuso del derecho ha tenido reconocimiento positivo a lo largo del tiempo y de diferentes ordenamiento jurídicos. Este fenómeno se debe, en gran parte, a que la institución misma del abuso del derecho, tal como denuncia un autor, “…ha sido estudiado desde diversos puntos de vista, confirmándose a través de ellos que tanto su concepto como su formulación teórica es dificultosa, al punto que no existe hasta hoy consenso en torno a sus elementos constitutivos.” (TERRAZAS PONCE, Juan David , Abuso del derecho: definiciones en torno a su origen, en Estudios de Derecho Privado. Libro homenaje al jurista René AbeliukManasevich , Editorial Jurídica de Chile, 2011, pp. 279) . Y a propósito de ello, basta con consignar que su configuración moderna, sólo fue enunciada JOSSERAND en 1905 a través de su libro L’abus des droits. No nos referiremos ahora a la polémica suscitada en torno a esta teoría y la recepción que, en su momento, tuvo por parte de la doctrina, especialmente porque la misma ha sido superada por los hechos y prueba de ello es la consagración positiva que en los varios ordenamiento jurídicos ya consignados ha tenido la institución. Si resulta importante señalar, en todo caso, que JOSSERAND formuló la teoría en base a la verdadera discrecionalidad y hasta arbitrariedad que observó en el ejercicio de los derechos, idea heredada de las visiones iusfilosóficas propias de la Revolución Francesa (sobre este particular, es importante lectura el libro El espíritu de los derechos y su relatividad, de LOUIS JOSSERAND, México , 1946) .
Incluso la misma expresión “abuso del derecho” ha sido criticada por PLANIOL, ROTONDI y entre nosotros por RODRÍGUEZ GREZ ( RODRÍGUEZ GREZ , Pablo , El abuso del derecho y el abuso circunstancial, Editorial Jurídica de Chile, 1997) , pues se sostiene que no es posible abusar de un derecho, ya que el mismo sólo puede ser ejercido bajo las condicionantes y limitaciones que dispone la ley. Fuera de estos límites, ya no se está “ejerciendo el derecho”, sino que se está haciendo un ejercicio de hecho de una facultad que no se tiene y no está reconocida por el ordenamiento jurídico.
Más allá de esta disquisiciones de carácter doctrinario y hasta semántico lo cierto es que nuestra propia jurisprudencia, ya ha tomado partido en torno al concepto de abuso del derecho. Es así como la Corte de Apelaciones de Santiago ha declarado que “Cualquiera sea el ámbito de la doctrina sobre el abuso del derecho, dolo, culpa o negligencia, irracionalidad en su ejercicio, falta de interés o necesidad legítimas, intención del agente de perjudicar o con desvío de los fines de la institución para los que fue concebida o incluso aplicado a procedimientos judiciales, es evidente que, de parte del agente causante del mal, debe existir un ánimo manifiesto de perjudicar o una evidente falta de interés o necesidad de lo que promueva o un actuar motivado por el afán de causar perjuicio a su contraparte o cocontratante. Esta intención de perjudicar no sólo debe manifestarse como es lógico cuando se actúa en la órbita de la responsabilidad extracontractual, sino también para el caso en que el acto se ejecuta excediendo el interés jurídicamente protegido… En relación al abuso del derecho, se ha dicho que en Chile no se avanza nada desde el punto de vista jurisprudencial, de acuerdo con las actuales doctrinas sobre la materia, restringiendo su aplicación a lo que ha dicho Alessandri en cuanto a someter el principio a las normas que rigen la responsabilidad delictual y cuasidelictual civil, ese abuso no es sino una especie de acto ilícito. Sin embargo, el profesor Pablo Rodríguez Grez , en sus trabajos sobre “De la relatividad jurídica” y “La obligación como deber de conducta típica”, critica esta aplicación restringida y avanza a su extensión sosteniendo: «aplicando estos conceptos a la materia que nos ocupa, digamos que quien ejerce su derecho (nacido de un contrato) dolosa o culpablemente, vale decir con miras a obtener un provecho que no le corresponde causando un daño, o con descuido, negligencia o falta de la debida atención, rompe el equilibrio de las prestaciones equivalentes por un hecho posterior al contrato que lo obligará a reparar el perjuicio causado. Paralelamente quien ejerce el derecho más allá a la realización del interés jurídicamente reconocido y protegido por la norma positiva, también romperá inevitablemente la interrelación de las prestaciones, haciendo que una de ellas sea más gravosa que la otra y contraviniendo la conmutatividad original». Por último, como señala el profesor don Fernando FueyoLaneri en su libro Instituciones de Derecho Civil Moderno (Editorial Jurídica de Chile) , pág. 295, hace una conclusión expresando que «El ejercicio abusivo de los derechos es un verdadero pluritema, como pocos. Se integran o pueden integrarse en él: el fraude a la ley, la teoría de la causa, la buena fe, la moral, las buenas costumbres, el orden público, el ejercicio antisocial del derecho, la interpretación e integración de la ley, la equidad y otros temas de innegable importancia en el derecho moderno»” (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°1330-1990, considerando 2° y 4°) .
El fallo reproducido parcialmente en el párrafo anterior, hace referencia al desarrollo que en la doctrina nacional ha tenido el tema, pero para efectos de sistematizar adecuadamente dicha evolución y tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico falta una norma expresa sobre el particular (en nuestro ordenamiento jurídico sólo existen normas dispersas que se encuentran inspiradas en la figura del abuso del derecho y que recurrentemente son citadas a propósito de ello: artículo 945 del Código Civil (derogado) y que pasó al artículo 56 del Código de Aguas; artículos197; 328; 2110 ; 2111 y 2112 del Código Civil; artículo 280 del Código de Procedimiento Civil; artículo 100 del Código de Comercio; artículo 75 de la Ley General de Bancos; artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas; artículo 48 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria) , la teoría del abuso del derecho ha sido marcado por hitos relevantes, todos los cuales comienzan con lo razonado por ALESSANDRI ( ALESSANDRI RODRÍGUEZ , Arturo , De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, 2ª edición, Editorial Ediar-Conosur , Santiago de Chile, 1983, pp. 261 ss.) , en términos de que este debe considerarse como una especie de ilícito civil: hay abuso del derecho cuando aquel se ejerce dolosa o culpablemente, es decir con intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios. Indudablemente, mucho de nuestra jurisprudencia y gran parte de la doctrina, se encuentran inspirados en esta idea matriz, lo que se ve refrendado en la medida que se verifica que la mayoría de las sentencias y trabajos referidos al abuso del derecho, se enmarcan en el contexto de la responsabilidad extracontractual. En la misma línea, LÓPEZ SANTA MARÍA (LÓPEZ SANTA MARÍA , Jorge , Los contratos. Parte general. Tomo I, 2ª edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago , 1998, pp. 305 ss.) , opina que el abuso del derecho no es una figura autónoma, sino una manifestación concreta de la responsabilidad civil extracontractual y siguiendo el camino, Barros ( BARROS BOURIE , Enrique , Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago , 2006, pp. 646 ss.) también lo considera un ilícito civil: en general, en la regulación de la responsabilidad civil el ejercicio de un derecho opera como una causal de justificación que permite eliminar el juicio de ilicitud de la conducta. Pero esto cesa si el derecho no es ejercido de forma regular; por lo mismo cuando el ejercicio del derecho es abusivo, también será culpable o doloso, de manera que por la sola aplicación de las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual resulta obligado a indemnizar quien en ejercicio abusivo de su derecho daña a otro.
FUEYO ( FUEYO LANERI , Fernando , Instituciones de Derecho Civil Moderno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago , 1990, pp. 275 ss.) , marca el punto de arranque de una visión distinta del abuso del derecho, pues cree que se trata de un principio general de derecho, toda vez que el ejercicio abusivo de los derechos puede darse respecto de cualquier derecho subjetivo, sin limitaciones, por lo que resulta recomendable que esta materia fuera tratada en la parte general o Título Preliminar del Código.
Finalmente, RODRÍGUEZ GREZ ( RODRÍGUEZ GREZ , Pablo , De la responsabilidad extracontractual, pp. 79 ss.) , discrepa de todo lo hasta aquí señalado, pues cree que lo que nosotros conocemos como “abuso del derecho”, es una figura distinta que resulta de la desviación o extensión excesiva del interés jurídicamente protegido en el derecho subjetivo. El que “abusa del derecho” extiende el interés más allá de los límites propios o lo desvía hacia una dirección contraria a la ley.
Como se ve, en general podríamos afirmar que estas son las dos tendencias que resumen la situación en nuestro país: entender el abuso del derecho como un tipo de ilícito civil (mayoritaria) ; o bien, como un principio general de derecho (minoritaria) . Las diferencias son sustanciales, pero basta señalar que si optamos por la primera tesis, el resultado más importante de ello es que la sanción relacionada con nuestro objeto de estudio será siempre la indemnización de perjuicios. Por el contrario, si optamos por darle una configuración más amplia, las posibilidades de reparación para la víctima son mucho mayores, pues ya no sólo sería la indemnización sino también podría optarse por paralizar el acto abusivo u otras medidas similares.
Sin embargo y más allá de estas discusiones netamente doctrinarias y carácter más bien técnico, lo importante es destacar cuál sería la importancia práctica de contar con una disposición específica que tratara el tema del abuso del derecho. Y aquí nos parece imprescindible seguir a ORDOQUI CASTILLA (Abuso de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana , Bogotá , 2010) en el sentido de que para algunos autores el abuso del derecho sólo rige en el ámbito expresamente previsto por la norma, lo que parece ilógico si se piensa que en realidad su proscripción (la del abuso del derecho) es transversal a toda el ordenamiento jurídico: así por ejemplo en materia contractual, se presenta como un abuso de poder, tal como se manifiesta en el caso de la rescisión de los contratos o la revocación de un mandato; en el ámbito comercial (competencia desleal) ; laboral (despido abusivo o huelga abusiva) ; procesal (ejercicio abusivo de la acción o del derecho a impugnar las resoluciones judiciales), etc.
De esta forma, y tal como señala nuestro autor, en el ámbito estrictamente contractual, el abuso puede darse en la información recopilada para las tratativas previas, estableciendo condiciones poco equilibradas o poco transparentes. Adicionalmente, pueden darse situaciones abusivas en la ejecución o interpretación de un contrato, como ocurre con el arrendador que aprovechándose de la norma que le permite verificar el estado de la cosa arrendada, finalmente entorpece al arrendatario en el uso efectivo de la cosa, hasta el punto de transformarse en una situación intolerable y por esa vía, poner fin al contrato que estaba siendo cumplido íntegramente por este.
Evidentemente, esto tiene un límite y tal como sostienen algunos autores ( López Mesa , Tratado de la responsabilidad civil, Buenos Aires , 2004, p. 280) “…el abuso del derecho en el ámbito contractual no puede ser invocado para revertir malos negocios sino contra el aprovechamiento o la ventaja obtenida en forma inmoral o maliciosa”.
Para los efectos de determinar los requisitos que se deben reunir para que estemos frente al abuso del derecho, seguiremos la opinión de RODRÍGUEZ GREZ (El abuso del derecho y el abuso circunstancial, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 82 ss.) . Así, entendemos que se requiere:
a) Existencia de un derecho subjetivo. El único autorizado para «abusar» es el titular de un derecho subjetivo. Pero cualquier acto ejecutivo al margen de un derecho subjetivo no da lugar a un «abuso», sino a una transgresión del ordenamiento normativo, a una ilegalidad. El «acto abusivo» estará siempre ligado al ejercicio de un derecho subjetivo debidamente caracterizado.
b) Existencia de una «pretensión» o de una «prestación» fundada en el ejercicio de un derecho subjetivo. El acto abusivo supone formular una pretensión –reclamar una conducta ajenasobre la base de poner en movimiento un derecho subjetivo cuya titularidad se invoca, reclamando el poder coercitivo del Estado. “Si este derecho no existe, la situación escapa del abuso, puesto que sólo puede abusarse de aquello que se tiene, jamás de aquello de lo cual se carece”.
c) La pretensión o prestación que se reclama no corresponde a la satisfacción jurídicamente protegida o bien lo excede y sobrepasa. La exigencia que plantea el titular del derecho subjetivo o el provecho que recibe no cae dentro de los límites previstos por el derecho objetivo. Es decir, la conducta que se reclama no generará la prestación que se halla prevista en la norma.
d) Que no se trate de aquellos casos en que el interés protegido está dimensionado en la norma misma. O se haya excluido el equilibrio original por voluntad de las partes que intervienen en la relación jurídica.
e) Finalmente, debe entenderse que la satisfacción de la pretensión o el contenido de la prestación, en a forma en que ella está planteada, causará un daño patrimonial al obligado. El abuso es un acto calificado por e resultado y la teoría en que se sustenta está apoyada en un principio fundamental de responsabilidad.
Para el autor citado, “El concepto de abuso del derecho que, entonces, reservado para el caso de que el agente haga valer una pretensión al margen de los intereses jurídicamente protegidos o excediendo dichos intereses. Si el titular del derecho se encuadra en el interés protegido, pero lo ejerce con la intención de provocar daño al sujeto pasivo, o negligentemente, no «abusa», porque abusar supone un exceso que, en este caso, no puede estar referido más que al interés asegurado y amparado en la norma que regula la relación jurídica” (p. 16) .
Por ello conviene diferenciar el abuso del derecho de otras figuras afines, lo que permite dimensionar adecuadamente la pertinencia de regularlo positivamente. Otra vez recurriremos a RODRÍGUEZ GREZ para explicar esta situación:
1. En cuanto al abuso circunstancial. Se trata de hacer valer los intereses jurídicamente protegidos en un escenario fáctico distinto de aquel en que el derecho subjetivo se constituyó, de modo que el beneficio que se obtiene es sustancialmente superior o inferior al que habría correspondido en la misma hipótesis originalmente. Esta situación se produce si se ha adquirido un predio, por ejemplo, el que luego se devalúa y, para revertir la operación, se intenta una acción de nulidad que conlleva la restitución del inmueble y del pago del precio.
La ley contempla excepcionalmente algunos casos de abuso circunstancial, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la lesión enorme: para evitar que se de la situación antes descrita se dispone que el comprador, pronunciada la sentencia de rescisión, podrá a su arbitrio consentir en ella, o completar el justo precio con deducción de una décima parte y el vendedor, en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la rescisión o restituir el exceso del precio recibido.
“Presupuesto importante de esta teoría es formular un distingo que tiene plena y cabal acogida en los hechos: al ejercer un derecho subjetivo se desencadena una primera fase, que denominaremos «invocativa» o «pretensiva», ya que ella se caracteriza porque quien reclama la satisfacción del interés amparado por el derecho subjetivo fija, por sí mismo, los límites de éste. En ella, por lo tanto, predomina la voluntad de quien invoca el derecho al amparo de la pretensión. Será en definitiva, tarea del juez establecer si el interés reclamado corresponde al titular, lo cual equivale a decidir si el derecho que se reclamó existe o no existe. Reconocido el derecho sobreviene una segunda fase, que denominaremos «prestacional» (aludimos con ello a la «prestación») , en la cual se dimensiona o delimita el contenido del interés susceptible de satisfacerse en nombre del derecho subjetivo. El concepto de «abuso del derecho» se da en la primera fase o fase «invocativa» (es en ella cuando el sujeto manifiesta su pretensión y fija los límites de los intereses que persigue satisfacer) . Es en esta fase, también, cuando se puede exceder el interés jurídicamente protegido o desviársele. El «abuso circunstancial» se da en a segunda fase, esto es, cuando el derecho subjetivo se ha ejercido y reconocido y procede determinar la «prestación». El abuso resulta del hecho de que el contenido de ella (la prestación) sobrepasa el interés que sirvió para poner en movimiento el derecho subjetivo. El abuso circunstancial es muchísimo más perverso que el abuso del derecho, porque, al menos en parte, está impregnado de legitimidad, lo cual explica que no se advirtiera con facilidad su consumación o que, incluso, se tienda a pensar en su legitimidad…” (p. 92 y 93) .
2. En cuanto al abuso de posición. Esta situación se presenta cuando los sujetos ligados a una relación jurídica subjetiva cambian los «roles» que a cada uno correspondían al momento de gestarse la mencionada relación. En nuestro ordenamiento jurídico existen varias normar que se refieren al particular como por ejemplo el artículo 423 del Código Civil, que tiene por objeto compensar la situación de menoscabo en que queda el pupilo frente a un guardador que, aprovechándose de su situación, obra dolosa y culpablemente en perjuicio de su representado. Otro tanto ocurre en el caso del artículo 662 del Código Civil.
Donde más claramente se ve esta situación es a propósito del artículo 85 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores.
Cómo puede constarse la legislación común y la más específica regulan el abuso de posición. Pero no se ha propuesto una teoría general de esta conducta.
El abuso de posición supone el quebrantamiento del equilibrio original, es decir, el que existía al momento en que se generó la relación jurídica.
3. En cuanto al abuso de contratación. Este tipo de abuso se confunde con el fraude a la ley, el que se caracteriza por realizar una serie de convenciones, cada una de ellas lícita y regulares, pero cuyos efectos combinados eluden el espíritu de la ley.
Para que se presente la figura del fraude a la ley, es necesario que este conjunto de actos no pueda ser impugnado por otra vía. De hecho entre sus requisitos se cita que “…la solución que se pretende por la vía de reprimir el fraude a la ley no sea posible por otro procedimiento que ofrezca el ordenamiento jurídico; no se puede hablar de fraude a la ley cuando el acto admite impugnación por cualquier otro procedimiento. Por lo mismo es que se ha calificado al fraude a la ley como un remedio in extremis”.
“Ambos, es indudable que tienen en común una desviación o exceso que se intenta lograr en relación con límites impuestos por el ordenamiento jurídico. En ello parece existir consenso entre los autores. La intencionalidad también es un elemento que concurre en ambos institutos, aunque los rasgos del contenido de esa intencionalidad sean matizadamente diferentes en cada caso. Bien merece agregarse, sin embargo, que en uno y otro caso concurren –o es el presupuesto condicionante la interpretación e integración de la norma de un modo amplio y flexible en el ejercicio abusivo de los derechos para fijar exactamente los efectos que han de darse a la ley defraudada y a la ley de cobertura. Una vez más, el problema se traslada, en última instancia, a la interpretación e integración del derecho”.
Mucha se ha referido sobre si el fraude a la ley es una especie dentro del género del abuso del derecho o bien si se trata de dos figuras distintas. Sobre este particular RODRÍGUEZ sostiene que “También se ha querido ver una confusión entre la teoría del abuso y al del fraude a la ley, cuando se ordena por el legislador la remisión de actos cumplidos legalmente, pero realizados con la intención de defraudar a sus acreedores. Capitant, a propósito de la acción pauliana, dice que el deudor que hace una donación o simula un acto para defraudar a sus acreedores, no abusa de su derecho; él comete un acto fraudulento y todo acto fraudulento es ilícito. De todas maneras no se encuentra una distinción clara entre estas dos instituciones a través de los autores que las han estudiado; así, hay quienes dicen que el abuso del derecho consiste, sobre todo, en lesionar intereses privados, mientras que el fraude a la ley perjudica el interés social; no obstante, según hemos visto más arriba, la teoría del abuso participa de ambos intereses, los cuales se han de tener presentes para calificar el acto abusivo; otros autores mantienen que el abuso del derecho es el género de los actos ilícitos, y e fraude a la ley una especie de este género, que se caracteriza por las desviaciones empleadas, pues una vía directa y menos disimulada, posición que impone, en primer término, dilucidar si el acto abusivo es, naturalmente, acto ilícito, y después, que es muy discutible la diferenciación” ( LINO RODRÍGUEZARIAS BUSTAMANTE , El abuso del derecho, Ediciones Jurídicas Europa-América , Buenos Aires , 2ª edición, 1971, pp. 134-5) .
De acuerdo a la opinión de RODRÍGUEZ GREZ (p. 107) , “…el fraude a la ley es efectivamente la elaboración de un artificio mediante la celebración o ejecución de dos o más actos jurídicos, independientemente legítimos o irreprochables, pero cuyo resultado apunta a un fin prohibido y sancionado en la ley. No se trata sólo de sustraerse de una obligación, sino más precisamente satisfacer un interés jurídico que las normas no han reconocido. Es, por lo tanto, una especie dentro del concepto de abuso del derecho, porque la construcción del artificio supone el ejercicio torcido o excesivo del derecho a contratar libremente y sin más restricciones que aquellas consagradas en el derecho subjetivo. En el abuso del derecho, genéricamente considerado, la desviación del ejercicio de la facultad amparada en la ley se realiza directamente, extendiendo el interés a un campo que está fuera de los límites establecidos en la norma jurídica. De lo dicho se sigue que para que estemos en presencia de un caso de fraude a la ley es necesario que se ejecute una combinación de actos jurídicos, relacionados entre sí, cuyos efectos desbordan los intereses jurídicos tutelados, burlándose, de este modo, la prohibición legal”.
Puestas así las cosas, resulta fácil comprender la importancia de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una norma que permita la sanción, en el ámbito que se requiera, del abuso del derecho, tal como ya se ha hecho en el derecho comparado.
Desde las, perspectiva recién anotada y tal como también ocurre en el derecho comparado, lo más propicio es introducir una norma en el Código Civil para que la misma pueda ser utilizada transversalmente, tal como ocurre por ejemplo, con la relativa a la buena fe.
Con dicha norma lo que se busca es, en definitiva el ejercicio lícito de los derechos consagrados en nuestra legislación, de tal manera que los mismos no puedan ser desviados de los fines para los cuales fueron creados y se respete tanto el texto como el espíritu de la legislación, más allá de la época y del derecho o facultad que se quiera poner en ejercicio. En lo concreto, ello podrá resolver temas tan arduos como la aplicación de la teoría de la imprevisión, el abuso en el ejercicio de las facultades derivadas del derecho de propiedad, en la contratación, en los temas derivados de la responsabilidad contractual y extracontractual, el ejercicio abusivo de la acción y tantos otros que, transversalmente, se encuentran presentes en nuestro ordenamiento jurídico. Con ello, ponemos a tono de las legislaciones más avanzadas, por lo menos en este tema, nuestro propio ordenamiento, al punto de pretender lograr una situación semejante a la que hoy está presente en el sistema español a propósito del artículo 7.2 del Código Civil, que reza: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de la medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso”. A partir de la incorporación de esta norma, los tribunales de justicia españoles ya no tuvieron que hacer una alambicada exposición de fundamentos para fallar en justicia respecto de la abundante casuística solucionable a través de esta institución (como referencia general Ver, Cuadrado Pérez , Carlos , La moderna configuración de la doctrina del abuso del derecho, Thomson Reuters Aranzadi , Madrid , 2014) .
II. PROYECTO DE LEY
Artículo Único: “Incorpórese el siguiente artículo 5º Bis al Código Civil “La ley prohibe el ejercicio abusivo de los derechos, entendiéndose por tal aquel que es contrario a las finalidades del ordenamiento jurídico, las buenas costumbres, la moral y la buena fe. El juez se encuentra dotado de las facultades necesarioas para arbitrar todas las medidas necearias a fin de evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho y fijar una indemnización, cuando ello correspondiere”.
Informe de Participación del Diputado Daniel Melo en la XXV Reunión de la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), en la XXXI I La Asamblea Ordinaria y en el Seminario Regional ODS para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá, entre el 1 y 3 de Diciembre de 2016.
Honorable Cámara:
El Diputado que suscribe viene a informar sobre el cometido realizado durante su participación en la XXV Reunión de la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la XXXII Asamblea Ordinaria y el Seminario Regional ODS para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, entre el 1 y 3 de Diciembre de 2016.
La delegación Chilena estuvo conformada por la Diputada Hernando y los Diputados Kort, Campos, Auth, Rincón y Becker. El Diputado que suscribe asistió a la Comisión de Educación del Parlamento Latinoamericano.
El objetivo general de este encuentro se enfoca en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de America Latina y El Caribe, “Alcanzando los ODS reduciendo la desigualdad en y entre los países. El Rol de los Parlamentos” que contó con la presentación general sobre el tema a cargo de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Asistieron representantes de los Parlamentos de: Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Martín, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y República Dominicana.
El jueves 1 de diciembre se realiza la Sesión de Apertura con intervenciones de la Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO y el señor Saber Chowdhury, Presidente de UIP y se lleva a cabo la Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y comunicaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
Seminario Regional sobre los objetivos de Desarrollo Sostenible:
Primera Sesión
El Rol De Los Parlamentos En El Logro De Los ODS.
Presentación:
• Diputado Rolando González, Secretario General Alterno PARLATINO.
• Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva CEPAL.
La sesión presentó los ODS y sus objetivos e informó a los participantes sobre su implementación en la región y en el mundo. Se presentó especial atención en maneras para que los parlamentos nacionales tomen acción sobre los ODS y supervisor su aplicación.
Segunda Sesión
Gobernanza y Asociaciones para Alcanzar los ODS
Moderador: Sr. Saber Chowdhury, Presidente UIP.
Participantes:
• Harley Mitchell, Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua.
• Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de R.R.E.E y Organismos Internacionales, México.
Esta sesión introdujo el ODS 16, que pone en relieve la importancia de las instituciones eficaces, la gobernanza, la inclusión, la participación, los derechos y la seguridad con el fin de lograr un desarrollo sostenible. También se discutió la manera de mejorar la participación ciudadana en las ODS y establecimiento de asociaciones eficaces para fortalecer aún más las contribuciones parlamentarias a la aplicación de los objetivos.
Tercera Sesión
Sin dejar a nadie atrás: el Impacto de las Desigualdades en el Desarrollo Sostenible,
Moderador: Diputado Enrique Jackson, Representante Parlatino.
Participantes:
• César Núñez, Director Equipo Apoyo Regional ONUSIDA para América Latina.
• Representantes organización Sociedad Civil de Panamá.
El compromiso de “no dejar a nadie atrás” es una característica clave de los ODS. La idea de que “no debería cumplirse ningún objetivo a menos que se cumpla para todos” se dirige a través del ODS 10 y que afecte a todos los demás objetivos. Esta sesión presentó maneras en que las desigualdades sociales y económicas impactan en la consecución de los ODS en la región.
Cuarta Sesión
La Desigualdad de Género como un factor crítico para el Desarrollo Sostenible.
Moderador: Diputada Lorena Peña Mendoza, Vicepresidenta por el Salvador ante el PARLATINO.
Participantes:
• Luiza Carvalho, Directora Regional ONUMUJERES para las Américas y El Caribe.
• Senadora Gabriela Cuevas Barron, de la Comisión Relatora Permanente de la UIP sobre Desarrollo Sostenible, Finanzas y Comercio.
En América Latina y el Caribe, como en muchas otras regiones, las disparidades basadas en el género ponen a las mujeres en desventaja, impiden su desarrollo y el de sus sociedades. Se Discutió sobre las oportunidades que presentan el ODS para lograr un mejor equilibrio de género en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible y determinar el impacto de género de las políticas de desarrollo sostenible.
Lanzamiento Regional del KIT de Herramientas de Autoevaluación para Parlamentos de los ODS.
Intervienen:
• Saber Chowdhury, Presidente UIP
• Fernando Hiraldo, Representado PNUD.
El kit de herramientas de la UIP está diseñado para ayudar a los parlamentarios para evaluar qué tan “adecuados para el propósito” están en ayudar a implementar los ODS en el contexto de cada país. Es relevante para todos los parlamentos y se puede utilizar para identificar los medios y procesos disponibles para ellos, así como los vacíos institucionales que deben ser llenados para apoyar la implementación de los ODS.
Quinta Sesión
La promoción de la equidad de ingresos a través de un cambio político: Los pasos clave para los parlamentos.
Interviene:
• Augusto López Claros, Director de Indicadores Globales y Análisis del World Bank Group.
El fuerte crecimiento económico de la región contribuyó a una reducción sin precedentes de la pobreza y un aumento de la prosperidad para todos los niveles de la sociedad. A medida que la economía desacelera, sin embargo, es fundamental que los países se basen en los logros obtenidos y sigan dando pasos hacia la prosperidad compartida. La sesión discutió los pasos clave a tomar por los parlamentos, para allanar el camino para el cierre de la brecha de ingresos entre y a través de los países.
Sexta Sesión
Resumen del Seminario, Próximos Pasos y Cierre
Intervienen:
• Saber Chowdhury, Presidente UIP
• Senadora Blanca Alcalá, Presidente PARLATINO.
Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicaciones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño:
En el encuentro se abordaron los siguientes temas en agenda:
• Informe del equipo nombrado para elaborar una propuesta sobre el diálogo continental en educación.
• Avances en la iniciativa de educación para la cultura de la paz, a cargo del Diputado Miguel Charbonet, Primer Vicepresidente de la Comisión.
• Presentación de la asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración- AUALCPI.
• Decisiones sobre la agenda y otras materias relacionadas con el siguiente encuentro de la Comisión entre los días 22 y 23 de Junio de 2017, que se llevará a cabo en el marco del XVIII Encuentro Internacional Virtual Educa, que tendrá lugar en la Ciudad de Bogotá entre el 19 y 23 de Junio de 2017.
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El presidente de la Comisión solicitó que se nombre un relator de la reunión, siendo Designado para el efecto el Diputado Gastón Gagliardo.
Una vez constatado el quórum se puso a consideración y se aprobó el siguiente Orden del Día:
Punto 1.- Informe del Equipo nombrado para elaborar una propuesta sobre el diálogo continental en educación.
Punto 2.- Avances en la iniciativa de educación para la cultura de la paz.
Punto 3.- Presentación de Virtual Educa.
Punto 4.- Informe sobre nuevas iniciativas.
Punto 5.- Intervención de otros invitados especiales.
Punto 6.- Varios.
Los principales asuntos tratados fueron los siguientes:
Sobre el Punto 1.- Informe del Equipo nombrado para elaborar una propuesta sobre el diálogo continental en educación.
Hizo la presentación el Presidente de la Confederación de Educadores Americanos, CEA, Prof. Fernando Rodal MacLean, quién reiteró las propuestas que se han venido discutiendo y de las cuales se enviaron previamente los documentos, principalmente en el sentido de:
“Se propone para su primera edición, un encuentro al que convoquen como organizadores: La comisión de Educación del Parlatino y la Confederación de Educadores Americanos, invitando a participar a interlocutores de alta relevancia de alta relevancia del área educativa como la UNESCO y demás organizaciones, que la Comisión creada a tales efectos decida invitar, para que luego se sumen formalmente, en la medida de sus posibilidades.
-Se sugiere la realización del primer encuentro en la Habana, Cuba, en ocasión de PEDAGOGÍA 2017, en la primera semana de febrero, aprovechando el marco institucional y la presencia de autoridades gubernamentales, legislativas y académico-sindicales.
-La CEA participaría y cooperaría con la presencia de los miembros del Comité Ejecutivo y asesores académicos, al tiempo que facilitaría a través de sus Organizaciones Miembros, la presencia de expertos en la temática de referencia, así como la de la Presidencia de la Comisión de Educación del PARLATINO y su Asesoría Técnica.
Hicieron uso de la palabra el señor Fernando Rodal quien manifiesta que se realice un diálogo para el año 2017, para el evento de nombre Dialogo Continental por la Educación, “El Clima en el Aula” y manifiesta que participarán una gran cantidad de educadores, ministros y ha tenido contacto con el Sindicato de Maestros en la Habana, Cuba; y les interesa mucho la participación de la Comisión de Educación del Parlatino.
No se pudo conversar con el Diputado Charbonet debido a que él se encuentra en los actos fúnebres en la Habana del fallecimiento del Comandante Fidel Castro.
Varios parlamentarios hicieron uso de la palabra de ellos Víctor Manuel Cruz de Guatemala, Mario García de Uruguay, Enzo Malan de Uruguay, Luis Manuel Hernández de México, todos estuvieron de acuerdo en un ambiente muy amistoso.
Finalmente, la Comisión acordó seguir adelante con la iniciativa.
Sobre el Punto 2.- Avances en la iniciativa de Educación para la Cultura de la Paz.
Debido al fallecimiento del Comandante Fidel Castro Ruz, los parlamentarios cubanos que concurrirían a la reunión entre ellos el Primer Vicepresidente de la misma, Dip. Miguel Enrique Charbonet, tuvieron que cancelar a última hora su viaje, por encontrarse participando en los actos fúnebres.
Por ese motivo no se pudo desarrollar este punto del Orden del Día.
El Presidente de la Comisión recordó que en la reunión anterior, realizada en La Habana, Cuba, 17 y 18 de junio de 2016, la Comisión aprobó una propuesta sobre el tema. Informó que el Dip. Charbonet ha entrado en contacto con la Directora de la Oficina Regional de Cultura de la UNESCO para América Latina y el Caribe (sede en La Habana), quién ofreció apoyo para el desarrollo de la iniciativa de cuyo avance se irá dando información a los miembros de la Comisión.
Informó también que el titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, Dr. Roberto Beltrán Zambrano, también ofreció apoyo a la iniciativa.
Finalmente, la Comisión acordó seguir adelante con la iniciativa.
Sobre el Punto 3.- Presentación Virtual Educa.
Hizo la presentación el Dr. José María Antón, Secretario General Virtual Educa, quien hizo un recuento de las actividades que ese organismo viene realizando, muchas de las cuales en asociación con esta comisión. Se refirió a las tareas que se están llevando a cabo para dinamizar la Iniciativa Multilateral de Educación para el Desarrollo Humano (IMEDH), conjuntamente con el Presidente de la Comisión. Y finalmente invitó a la Comisión que se reúna, como lo ha venido haciendo, en el marco de los encuentros Internacionales de Virtual Educa de los cuales el de 2017 tendrá lugar en Bogotá, Colombia, en el mes de junio y el de 2018 en Salvador, Bahía, Brasil para el cual propuso que se realice una conferencia interparlamentaria, como ya se hizo en República Dominicana en el 2010 y en Panamá en el 202, a la cual concurrirán, además de los miembros de la Comisión, los Presidentes de las Comisiones de Educación o de las que tengan a cargo el tema, de los parlamentos nacionales miembros del PARLATINO, a quienes se les sufragarán los gastos de viaje.
El objetivo de la conferencia interparlamentaria sería establecer un marco de referencia innovador para la educación como eje central de las sociedades del siglo XXI.
A estos efectos, el Dr. Antón ofreció apoyar al PARLATINO para la organización de la Conferencia Interparlamentaria, financiando la participación de una persona calificada.
El Presidente Luis Eduardo Quiros hizo uso de la palabra y consultó a los asistentes si estaban de acuerdo en que realizara la reunión en Bogotá, Colombia y todos los presentes unánimemente le apoyaron.
Finalmente, la Comisión aprobó las propuestas de dinamizar la IMEDH y de realizar las primeras del año, en el 2017 en Bogotá, Colombia y la del 2018 en Salvador de Bahía, Brasil según lo propuesto.
Sobre el punto 4.- Informe sobre nuevas iniciativas.
Hizo la presentación el Presidente de la Comisión, para informar que se están desarrollando intensas actividades para enriquecer y ampliar las alianzas estratégicas de la Comisión con diferentes organismos, entre ellos la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI) la Universidad internacional de la Rioja, y otros organismos.
La Comisión decidió que el Presidente continúe con estas importantes gestiones y le ofreció su apoyo al respecto.
Sobre el Punto 5.- Intervención de otros invitados especiales.
No hubo invitados especiales.
Sobre el Punto 6.- Varios.
Se reiteraron las decisiones tomadas en el punto 3 del Orden del Día respecto de las próximas reuniones de la Comisión y se solicitó al Presidente Quiros que en el curso de las próximas semanas ponga en conocimiento de los miembros una propuesta de agenda para la reunión de Bogotá.
Siendo las 5:30 pm se dio por concluida la reunión de la Comisión, en fe de lo cual se suscribe la presente acta.
Firman el documento su Presidente, Dip. Luis Eduardo Quiros y el Relator de la reunión, sr. Gastón Gagliardo.
El viernes 2 de diciembre se inaugura la XXXII Asamblea General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con la participación de 200 parlamentarios de la región, cuyo propósito está dirigido a promover la equidad de ingresos, a través de cambios políticos, y perspectivas sobre políticas de droga y seguridad.
La sesión inaugural estuvo presidida por la Senadora Blanca Alcalá (México) en la Sede Permanente del Foro Regional en Ciudad de Panamá.
La Asamblea aprobó cinco proyectos de ley modelo, una resolución y una declaración de carácter social para incentivar la agricultura familiar, la seguridad minera, regulación del trabajo asalariado del hogar, transporte aéreo y fortalecimiento de la democracia, protección de los derechos humanos y combate a la desigualdad.
También se aprobó proyecto de Ley modelo para la promoción y liderazgo de las mujeres indígenas, cuyo propósito apunta a impulsar el desarrollo de las capacidades de liderazgo y participación, de las mujeres en política. La senadora Alcalá informó que el año 2017 tendrá prioridad para el PARLATINO la agenda de migración y seguridad ciudadana, que afecta a la mayoría de los países miembros.
Resolución de la XXXII Asamblea General.
Primero: Reafirmar que para el Parlamento Latinoamericano y Caribeño el fortalecimiento de la democracia y la protección del desarrollo humano, el combate a la pobreza y desigualdad, así como la promoción del desarrollo sostenible, son principios centrales e inalterables del organismo y que exigen irrestricta observancia para guiar los esfuerzos futuros de integración cooperación general;
Segundo: Ratificar que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño participa de una estrategia de promoción activa de los valores del fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos, la protección de la movilidad de la movilidad humana en un entorno que no criminalice la migración, del respeto a la diversidad cultural y de la importancia de la cooperación internacional, como elementos clave para estrechar las relaciones entre pueblos y naciones y para evitar posiciones extremistas, xenofóbicas y discriminatorias, atentadas por el impulso del pragmatismo ideológico que explota la indiferencia, ignorancia y rencor social, el cual se creía desterrado hace mucho tiempo de las democracias contemporáneas;
Tercero: Manifestar que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño coincide con los planteamientos y respalda la Declaración Política de Quito. Mitad del Mundo emitida en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en la ciudad de Quito, el 27 de enero 2016;
Cuarto: Organizar debates sobre la temática de esta resolución y promover una hoja de ruta para adoptar estos temas como prioridades en el trabajo del organismo de cara a su XXXII Asamblea General y especialmente el del fortalecimiento institucional de los Parlamentos y Congresos de la región como aportación para promover la calidad democrática, el estado de derecho y política económicas y sociales tendientes a reducir la desigualdad;
Quinto: Exhortar a los Parlamentos y Congresos Miembros a promover un debate informado y responsable sobre las políticas públicas en materia de drogas en la región, a fin de identificar su impacto en la sociedad y evaluar los efectos que distintos modelos producen en torno a la desigualdad económica, así como reflexionar sobre las consecuencias que, para América Latina y el Caribe, tendrán los usos medicinales y recreativos aprobados en diferentes regiones de los Estados Unidos así como en otros países latinoamericanos.
Sexto: Promover que, en el contexto del Convenio Marco de Colaboración vigente entre el Parlamento Latinoamericano y Caribeño y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así en el marco del Memorando de Entendimiento entre el parlamento Latinoamericano y Caribeño y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, (OEA) así como con los aliados estratégicos del PARLATINO, se organice un foro sobre Gobernanza y la calidad de la Democracia en América Latina y el Caribe y su impacto en el combate a la desigualdad en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
Séptimo: Reafirmar que los equilibrios para alcanzar la paz global depende en mucho de la responsabilidad y pertinencia de los liderazgos mundiales, América Latina y el Caribe constituyen una región de paz sustentada en la vocación pacífica de los pueblos que la integran, por lo que el Parlamento Latinoamericano expresa su preocupación por los discursos vociferantes e impertinentes que pretenden imponerse contra la voluntad general de privilegiar la solución pacífica de controversias.
Octavo: Lamentar la pérdida irreparable para el pueblo cubano de su líder histórico de la Revolución Fidel Castro, cuya memoria y legado político será siempre un motivo de reflexión y referente inevitable.
Noveno: Refrendar que la lucha en contra del hambre constituye una de las mejores estrategias en contra de la desigualdad social, pues quien padece hambre en algún momento de su vida, podría no desarrollar de manera integral sus capacidades intelectuales y físicas y, por ello, refrendar la condición de desventaja en que lo ha colocado la pobreza. Hacemos nuestra la propuesta del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe.
Décimo: Refrendar nuestra solidaridad con el pueblo de Haití en su esfuerzo por resarcir los daños ocasionados por el paso del huracán Matthew y apoyar en la superación de los problemas que han ocasionado el sufrimiento de la población, así como en el fortalecimiento de las Instituciones Democráticas para enfrentar tales problemas.
Décimo Primero: El calentamiento del Planeta indudablemente ha tenido graves consecuencias, entre ellas el cambio climático y la escasez del agua, y a su vez el cambio climático es el causante de drásticas modificaciones en la atmosfera, ocasionando modificaciones violentas del aire, provocando así huracanes, inundaciones, sequías y otras manifestaciones naturales.
Estos desastres naturales, en los últimos meses, están provocando pérdidas de vida, desapariciones, damnificados y daños graves en la infraestructura de varios países de América Central, entre ellos Panamá, Costa Rica, Nicaragua y terremoto en el Salvador.
Décimo Segundo: Rechazar de manera tajante todo pronunciamiento en favor de algún tipo de supremacía racial por tratarse de discursos fundado en la ignorancia y el prejuicio, y porque menoscaban y limitan los derechos de igualdad, promueven la violencia y afectan los valores de cooperación, solidaridad y confianza entre personas, comunidades, pueblos y naciones.
Décimo Tercero: Identificar la igualdad entre hombres y mujeres como un elemento clave del desarrollo económico, político y social en las naciones de América Latina y el Caribe. En el Parlamento Latinoamericano y Caribeño se tiene la convicción de que se debe avanzar en abatir las grandes diferencias entre hombres y mujeres bajo esquemas de derechos sustantivos y efectivos que garanticen mismas oportunidades de justicia, remuneración, educación salud, reconocimiento y trabajo en el hogar, bajo una condición de iguales derechos en cualquier espacio de la vida pública y privada.
Dado en la Ciudad de Panamá, Panamá a 3 de diciembre de 2016.
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