Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON HERNÁN OLAVE VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDO.
- HOMENAJE : Jose Francisco Encina Moriamez
- HOMENAJE : Roberto Delmastro Naso
- HOMENAJE : Exequiel Silva Ortiz
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON HERNÁN OLAVE VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDO.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ADQUISICIÓN DE LIBRO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO.
- INTEGRACIÓN
- Roberto Delmastro Naso
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Alberto Espina Otero
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Antonio Leal Labrin
- Dario Molina Sanhueza
- Juan Nunez Valenzuela
- Anibal Perez Lobos
- Victor Perez Varela
- Victor Reyes Alvarado
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTEGRACIÓN
- VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VII. ORDEN DEL DÍA
- CONVENIO ENTRE CHILE Y MÉXICO SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN Y EVASIÓN DE IMPUESTOS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- DEBATE
- SANCIONES A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Anibal Perez Lobos
- Alberto Espina Otero
- Francisco Bartolucci Johnston
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Juan Nunez Valenzuela
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- CESIÓN DE BIENES COMUNES DE LA REFORMA AGRARIA A SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- DEBATE
- OTORGAMIENTO DE TITULARIDAD EN EL CARGO A PROFESORES CONTRATADOS. Veto.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- DEBATE
- CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL.
- CONVENIO ENTRE CHILE Y MÉXICO SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN Y EVASIÓN DE IMPUESTOS. Tercer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 7ª, en miércoles 20 de octubre de 1999
(Ordinaria, de 10.43 a 15.06 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Hales Dib, don Patricio.
Presidencia accidental de la señora Saa Díaz, doña María Antonieta.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
V. Homenaje.
- Homenaje en memoria del ex diputado don Hernán Olave Verdugo, recientemente fallecido 11
-o-
- Integración de Comisión investigadora de adquisición de libro por la Corporación Nacional del Cobre, Codelco 15
VI. Acuerdos de los Comités 16
VII. Orden del Día.
- Convenio entre Chile y México sobre doble tributación y evasión de impuestos. Tercer trámite constitucional 16
- Sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta 17
- Cesión de bienes comunes de la reforma agraria a sostenedores de establecimientos educacionales. Segundo trámite constitucional 42
- Otorgamiento de titularidad en el cargo a profesores contratados. Veto 46
-o-
Campaña contra el maltrato infantil 63
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, para ser tratado en la actual legislatura extraordinaria de sesiones, que modifica la ley Nº 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial (boletín Nº 2416-03) 65
Pág.
2. Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa sobre cooperación en la lucha contra el terrorismo internacional, la actividad delictual internacional organizada y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustancias radiactivas (boletín Nº 2307-10) 91
3. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años (boletín Nº 1934-04) 91
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Sánchez, irregularidades en Carabineros de Chile.
-Del diputado señor Ávila, denuncias formuladas en relación al director de la Casa de Moneda de Chile.
-Del diputado señor Recondo, examen en el Servicio de Capacitación y Empleo de la Décima Región.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Bertolino, vehículos de propiedad fiscal, autorizaciones otorgadas en los dos últimos años para circular durante sábados, domingos y festivos sin el disco correspondiente y vehículos que mantienen contrato de arrendamiento.
-De los diputados señores Pablo Galilea, Vega, Bertolino y Ulloa, metodología para la distribución de los recursos para la absorción de la cesantía en la Undécima Región.
-Del diputado señor Huenchumilla, estado de avance, número de familias favorecidas, costo de obra y aporte de vecinos en proyecto de electrificación de la Comunidad Domuigal Torres, comuna Padre Las Casas.
-Del diputado señor José García, instalación de teléfonos públicos en los sectores de San Conrado y Los Notros, comuna de Cunco.
-De los diputados señores José Antonio Galilea y Huenchumilla, estado de proyecto de alcantarillado para localidad de Pillanlelbún, comuna de Lautaro.
-Del diputado señor Felipe Letelier, concepto de autonomía universitaria.
-De los diputados señores Alvarado, Pablo Galilea, Encina, Navarro, Urrutia, Jaramillo, Sánchez, Acuña, Alvarado y de la diputada señora Adriana Muñoz, diversas materias relacionadas con ese ministerio.
-De las diputadas señoras Laura Soto, Antonella Sciaraffia y de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Reyes, Navarro y García-Huidobro, diversas materias relacionadas con municipalidades.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De la diputada señora Marina Prochelle y diputados señores Aguiló, Sánchez y Ceroni, pequeñas empresas y política de empleo.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Huenchumilla, reposición de escuelas.
-De los diputados señores Ortiz, Mesías, Velasco, Ascencio, Lorenzini y Mulet, recursos extraordinarios para apoyar la construcción de la escuela Madre Paulina, de la comuna de Chiguayante.
-Del diputado señor Delmastro, apoyo económico para escuela especial Ann Sullivan, comuna de Valdivia.
Ministerio de Justicia
-Del diputado señor Ojeda, desaparición de menor.
-De la Corporación, proyecto de ley para pago de horas extraordinarias al personal de Gendarmería de Chile.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, cierre de retén de la localidad Mariposas, comuna de San Clemente.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Jarpa, declaración de zona de emergencia en las comunas de Ñuble.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del diputado señor Navarro, terreno fiscal denominado El Rápido, ubicado en Arica, Primera Región ; Parque Nacional Lauca.
-Del diputado señor Encina, dominio de predio en la localidad Las Sossas, Ovalle, Cuarta Región.
-De la diputada señora Lily Pérez y diputado señor Víctor Pérez, proceso en que esté interesado ese ministerio.
-Del diputado señor Núñez, venta de inmueble fiscal a Empresa Forestal Trillium S.A., de predio ubicado en la Duodécima Región.
-Del diputado señor Kuschel, Feria de Lenca, comuna de Puerto Montt; títulos de dominio saneados en comuna de Cochamó.
-Del diputado señor Soria, solicitud de terrenos presentada por Essat.
-De la diputada señora Laura Soto, bienes fiscales destinados a las Fuerzas Armadas.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-De los diputados señores Krauss, José García, Villouta, Urrutia, Pablo Galilea, Joaquín Palma, Kuschel y de las diputadas señoras Eliana Caraball y Marina Prochelle, diversas materias ya respondidas por la autoridad.
-Del diputado señor Juan Bustos, situación de la Corporación Mutual de ex funcionarios de los Ferrocarriles del Estado.
-Del diputado señor Kuschel, prórroga de beneficios del D.L. Nº 889 y D.F.L. Nº 15 para las provincias de Chiloé y Palena.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Álvarez, loteo El Ovejero, de la ciudad de Punta Arenas.
-De la diputada señora Lily Pérez, ejecución obras Población Héroes de Iquique, comuna de Maipú.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor José Pérez, recuperación del servicio de pasajeros de ferrocarriles de larga distancia.
-De los diputados señores Kuschel y Pablo Galilea, políticas de servicios y tarifas portuarias.
-De la diputada señora Laura Soto, fondos adicionales para el proyecto denominado IV Etapa de la avenida España.
-De los diputados señores Hales y Jaramillo, transporte público en la ciudad de Santiago, en especial en la comuna de Recoleta.
-De la diputada señora Lily Pérez y del diputado señor Víctor Pérez, eventual contratación de abogados externos y razones de ello.
-De la Corporación, modificación a la normativa vigente sobre transporte público de pasajeros.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-De las diputadas señoras María Angélica Cristi y Rosa González y del Comité parlamentario del Partido Renovación Nacional, intervención en reunión El Cairo.
-De los diputados señores José García, Osvaldo Palma, Fossa, Víctor Pérez, Tuma, García-Huidobro, Velasco y de las diputadas señoras Marina Prochelle y Lily Pérez, aplicación de medidas concretas para familias pobres de la Novena Región.
-Del diputado señor Fossa, inversión pública en las comunas de Arauco y Lota en 1998.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Ibáñez, opiniones relativas a habitantes de Valparaíso.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gustavo Alessandri e Iván Mesías.
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , señora Soledad Alvear; de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES ( Presidente ).- El acta de la sesión 1ª de la legislatura 341ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 2ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON HERNÁN OLAVE VERDUGO, RECIENTEMENTE FALLECIDO.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde rendir homenaje en memoria del ex diputado socialista por La Unión, señor Hernán Olave Verdugo, recientemente fallecido.
Se encuentran presentes en la tribuna de honor la señora Gabriela Pavez viuda de Olave, hijos, nietos, familiares y amigos.
Rinde homenaje por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara:
Hoy, en nombre del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical, rindo homenaje a don Hernán Olave Verdugo .
Una vez más, la Cámara de Diputados hace un alto en su jornada de trabajo para rendir un merecido homenaje a quien fuera uno de sus más destacados miembros en la década del 60, nuestro compañero Hernán Olave Verdugo .
Su fallecimiento no sólo ha enlutado a quienes compartimos sus mismas convicciones políticas y doctrinarias, sino también a todos quienes, por la zona del Calle Calle, tienen el mismo cariño entrañable que él le profesaba.
Perteneció a una generación de compatriotas que creyó poder realizar profundas transformaciones en nuestro país, a fin de superar las inequidades sociales que existían en esa época, en un ambiente de pleno respeto por las libertades básicas del ser humano.
Perteneció a aquella generación que quiso plasmar en Chile el sueño de una sociedad solidaria y plenamente democrática, ambición que fue abruptamente interrumpida por los hechos acaecidos en septiembre de 1973.
A temprana edad se trasladó de su natal Antofagasta a la capital, donde cursó sus estudios de preparatorias y humanidades, realizando estos últimos en el Liceo de Aplicación. Allí destacó especialmente en el plano deportivo, donde llegó a ser campeón escolar de boxeo.
Ya entonces, motivado por las diferencias sociales que violentaban sus principios éticos y morales, abrazó la causa de los más desposeídos, adhiriendo a los principios y postulados del Partido Socialista, en el cual militaría hasta sus últimos días.
Sin duda alguna, uno de los rasgos más sobresalientes de la vida de Hernán Olave dice relación con su íntima vinculación con los medios de difusión y muy especialmente con la radio, medio al cual ingresara a la temprana edad de 14 años. Las radios Cooperativa Vitalicia, Santa Lucía , Cervantes , Pacífico y Panamericana, entre otras, conocieron de su talento y dedicación.
Al arribar a su querida Valdivia continuó ligado al rubro de toda su vida, desempeñándose como locutor, actor de radioteatros y publicista. La historia radial de esta ciudad, sin duda, aparecerá marcada por el notable aporte que en ella realizara don Hernán Olave .
Fue uno de los responsables de la puesta en el aire de la radio Camilo Henríquez , desde donde se escribió una de las más importantes páginas de la radiodifusión valdiviana, como lo fue la narración del sismo de 1960 y del maremoto que lo sucedió. Esta experiencia, posteriormente, la plasmó en el libro “Horas de tragedia”, publicación que se convertiría en un gran éxito de ventas, agotándose la única edición publicada.
Años más tarde, en 1972, fundó la radio Austral, símbolo indiscutible del esfuerzo incansable de muchos en pos del desarrollo de la ciudad de Valdivia.
Su irrefrenable vocación de servicio público lo llevó a postular al Congreso Nacional, en 1965, en representación de nuestro partido por las comunas de Valdivia, La Unión y Río Bueno. Desde su escaño parlamentario impulsó múltiples iniciativas en beneficio de esa zona, procurando siempre el avance y progreso creciente de las comunas que conformaban la agrupación departamental que representaba.
Otro factor predominante de su accionar como diputado decía relación con su sincera preocupación por los sectores más desposeídos de nuestra sociedad, quienes constituyeron su principal motivación para enfrentar las diarias tareas que la labor parlamentaria requiere.
Por ello, desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de esta Corporación demostró un permanente interés por los problemas y dificultades que aquejaban a los trabajadores, lo que lo llevó a presentar una serie de mociones relativas a la estabilidad en el empleo y a los despidos colectivos.
En reconocimiento a su capacidad y entrega fue elegido Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados (1969-1973) y jefe de la brigada de diputados socialistas, cargos que desempeñó con particular brillo en los álgidos momentos que vivía nuestro país por aquellos años.
El esfuerzo y dedicación con que enfrentó cada uno de los desafíos que debió acometer en su trayectoria como diputado y periodista, fue retribuido por sus electores al reelegirlo con una abrumadora primera mayoría en los años 1969 y 1973, permitiendo que el Partido Socialista eligiera, por primera vez, dos diputados por la provincia de Valdivia. De esta forma se efectuó un expreso reconocimiento a quien entregara desinteresadamente la mayor parte de su vida al servicio público y a la causa de la libertad y de la justicia social.
En nombre de las bancadas de los Partidos Socialista, por la Democracia y Radical, hacemos llegar a su familia, a su esposa Gabriela , a sus hijos Hernán , Augusto , Oriana y Gabriela , y a sus nietos nuestras más sinceras condolencias por tan irreparable pérdida, así como también nuestros sentimientos de admiración y reconocimiento por quien fuera uno de nuestros más destacados militantes.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES ( Presidente ).-
En representación de Renovación Nacional, rinde homenaje el diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO (de pie).-
Señor Presidente , estimados colegas, señora Gabriela Pavez viuda de Olave, sus hijos Augusto Enrique , Oriana y Hernán Marcelo , y nietos Macarena y Danny ; amigos e invitados especiales, señoras y señores:
Los chilenos nos autodenominamos como un país ingrato y malagradecido, que no reconocemos los méritos de los demás y que nos cuesta hablar bien del prójimo. La Cámara de Diputados ha establecido la tradición de rendir un solemne homenaje a quienes fueron dignos miembros de ella, a fin de borrar la imagen del “pago de Chile”, y para decir a los deudos y amigos de un ex colega, que se aprecia y se reconoce su contribución por esta aula.
Don Hernán Olave Verdugo , insigne representante de nuestra querida provincia de Valdivia, en aquel entonces la 22ª Agrupación Departamental, que incluía las comunas de Valdivia, La Unión y Río Bueno, fue elegido por tres períodos consecutivos, en 1965, 1969 y 1973, siendo las últimas veces elegido con primera mayoría.
No lo conocí personalmente, sino del modo como se conoce a mucha gente en el sur, en especial en Valdivia, es decir, de vista y de saludo en la calle. Quizás por la diferencia de edad y de actividades no nos cruzamos en el camino. Pero sí puedo testimoniar sus obras por el paso de esta tierra y por nuestra Valdivia . Obras son amores, y eso es lo que deseo recordar en esta ocasión, en nombre de nuestra gente y de nuestra tierra.
Nació en Antofagasta. El 24 de septiembre recién pasado habría cumplido 70 años de edad. A los 21 años se unió en matrimonio con la señora Gabriela Pavez Mena y formaron una hermosa familia, constituida por sus hijos Augusto Enrique , director gerente de la radio Austral, de Valdivia; Gabriela , médica cirujana del Hospital Regional de nuestra ciudad; Oriana , agente de una financiera en la ciudad de Rancagua, y Hernán Marcelo , técnico en computación, que ejerce en esa misma ciudad.
De niño vivió en Santiago; terminó sus estudios secundarios en el Liceo de Aplicación, destacándose en el área humanista y acogiendo el boxeo como su deporte favorito. Alguna vez, comentó: “Más tarde cambié el boxeo por algo similar: la política”.
Sin embargo, la radiodifusión fue su pasión y a los 14 años inició lo que más tarde fue el centro de su actividad profesional, con programas infantiles en las radios Cooperativa Vitalicia, Santa Lucía , Cervantes , Pacífico, Panamericana y otras. También fue protagonista de radioteatros, que la mayoría de nosotros podemos recordar como una de las principales entretenciones de la época.
En 1946, a los 17 años, se avecindó en Valdivia, como locutor en las radios Baquedano y Cooperativa Vitalicia. Además, trabajó como actor de radioteatros, publicista y director de radio.
Más tarde, junto a los hermanos Einar y Germán Lindh , fundó las radios Turismo, en Puerto Varas, y Eleuterio Ramírez , en Osorno. En Valdivia, la radio Camilo Henríquez también fue obra suya, junto a sus amigos Rogelio Gómez , Harald Werkmeister y Jorge Lavandero . Esta emisora tuvo un papel muy importante como medio de información y comunicación para toda la ciudadanía durante los días posteriores al gran sismo de 1960.
Don Hernán estudió su secundaria con mención en comercio, y su vocación de comunicador lo llevó a ingresar al Colegio de Periodistas, en 1962.
Por aquella época escribió un libro testimonial e histórico para nuestra región, titulado “Horas de tragedia”, en el que plasmó en forma realista y dramática el cataclismo que significó el terremoto y maremoto de 1960, en Valdivia, y la posterior epopeya del desborde del lago Riñihue, que amenazó la vida y las sobrevivientes ruinas de la ciudad de Los Lagos, de Valdivia y de otras comunidades, a lo largo del río San Pedro.
Fue propietario de la radio Libertador y El Cobre, de Rancagua. En 1972, creó la radio Austral, de Valdivia, la que hasta hoy representa un emblema de la radiodifusión en nuestra ciudad. Esta radio siempre ha estado más disponible, en apoyo de los más necesitados y de todo aquel que requiere ayuda, en todos los aspectos de la vida y de las aspiraciones de la gente de Valdivia, sin distingo de ningún tipo.
Don Hernán , el político y el radiodifusor; el radiodifusor y el político.
A raíz de los acontecimientos de 1973, se radicó con su esposa en Santiago, regresando a Valdivia, no sin temor, en 1979. Por su prestigio y trayectoria como político adversario, que siempre ayudó a tanta gente y a organizaciones, sin mirar su color político, teniendo siempre a Valdivia al frente, fue respetado por las autoridades de la época.
Desde entonces, se retiró de la política, no obstante que en más de una oportunidad el Partido Socialista volvió a proponerlo como candidato a diputado por el actual distrito Nº 53. En ese contexto, el 19 de abril de 1999, el Partido Socialista lo distinguió por su trayectoria política.
El paso de don Hernán por la Cámara dejó muchas huellas. Participó en la mayoría de sus comisiones permanentes y en algunas especiales e investigadoras.
Diversas mociones suyas se materializaron en ley, la mayoría pensadas en el bienestar de la gente, como las relacionadas con Futrono, Lago Ranco , Corral , La Unión, Valdivia , Lanco , Máfil , la creación de la comuna Entrelagos y las relacionadas con la naciente Universidad Austral de Chile. También tuvo destacadas intervenciones en defensa de los trabajadores, del magisterio, de los periodistas, de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Bomberos. Otras, relacionadas con la inamovilidad laboral, fondo de pensiones, servicio de seguro social, educación pública, salud, etcétera. En fin, es largo detallar todos los aspectos en los que el diputado Olave participó en forma activa en esta Corporación. Su labor fue fructífera, variada y, sobre todo, honesta y desinteresada.
Por último, durante el período 1969-1973, llegó a ser Vicepresidente de la Cámara de Diputados y jefe de la bancada del Partido Socialista.
Señora Gabriela , Augusto , Oriana , Hernán , Macarena y Danny , familiares y amigos de don Hernán : Valdivia , allá en el sur, y Chile entero, aquí, agradecen y saludan a don Hernán por su aporte y contribución por hacer un Chile mejor, más justo y solidario y con mayor bienestar para todos los chilenos, y ruegan por su eterno descanso y felicidad por siempre.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
En nombre de la Democracia Cristiana, rinde homenaje el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA (de pie).-
Señor Presidente , estimados colegas, hoy la Cámara rinde homenaje a quien fuera uno de los más destacados diputados de la década del setenta.
Quiero saludar a su esposa, la señora Gabriela Pavez , y a sus hijos Hernán , Augusto , Oriana, quienes se encuentran en la tribuna, y Gabriela , que, en Valdivia, debe estar viendo por televisión el homenaje.
Hernán Olave Verdugo nació en Antofagasta en 1929. Fue un destacado hombre público y radiodifusor. A los diecisiete años llegó a Valdivia, tierra que lo acogió con sus dotes ya de hombre de radio. Allí trabajó como locutor, publicista y director de varias emisoras.
También creó innumerables radios, como la Eleuterio Ramírez, en Osorno; la Lindh, en Puerto Varas; la Camilo Henríquez , en Valdivia, que hizo historia en la radiodifusión chilena a raíz del relato de los hechos ocurridos en el terremoto de 1960, que posteriormente sirvieron de base para escribir su libro “Horas de tragedia”.
En 1962, fundó las radios El Libertador y El Cobre, en Rancagua, y en 1972 creó la radio Austral, de gran trayectoria, que ya cumplió veintisiete años y que siempre ha estado al servicio de la comunidad.
Hernán Olave Verdugo fue, desde joven, un gran servidor público. En representación de su partido de siempre, el Socialista, fue elegido diputado en 1965, y reelecto en 1969 y en 1973, las dos últimas ocasiones con la primera mayoría. Fue Vicepresidente de la Cámara , jefe de bancada del Partido Socialista, miembro de las comisiones de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura, de Obras Públicas y de Economía.
Desde la radio y el Parlamento, siempre tuvo un solo propósito: luchar por sus ideales, por los trabajadores y por la tierra que lo recibió desde muy joven, su querida Valdivia .
Por eso, el pueblo lo premió reeligiéndolo en dos oportunidades, pues siempre estuvo al servicio de quienes más lo necesitaban. No escatimó esfuerzos por sacar adelante todos los proyectos que sirvieran a Valdivia y su gente. Algunas poblaciones, como las Menzel y Calafquén, se deben a su trabajo y esfuerzo.
Innumerables proyectos para mejorar la educación pública, sobre beneficios laborales y previsionales, para periodistas, marinos mercantes, locomoción colectiva, empleados municipales, etcétera; proyectos que impulsaron innumerables obras públicas en Valdivia.
Para sacarlos adelante, por Valdivia, buscó alianzas. No importaban las diferencias políticas, cuestión difícil de entender en una época de tanto conflicto y de tanta ideologización, algo que muchas veces lo llevó a ser cuestionado por sus propios compañeros de partido.
Hernán Olave Verdugo siempre estuvo dispuesto a servir. Desde la radio, la cual siempre puso al servicio de sus causas y de la comunidad, y desde el Parlamento, donde siguió el mismo predicamento.
Hernán Olave Verdugo vino desde el norte para clavarse en la memoria de Valdivia y en el corazón de los valdivianos, porque siempre dio el mejor de sus esfuerzos.
Señora Gabriela , Augusto , Hernán , Oriana , en nombre de ellos; en nombre de su ciudad, de aquella que tanto quiso, de aquellos que siempre lo recordarán como un gran hombre, un gran luchador, un gran valdiviano, rindo este homenaje.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES ( Presidente ).-
Así, la Cámara ha rendido homenaje al ex diputado señor Hernán Olave.
Agradezco a la señora Gabriela y a sus familiares por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
-o-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ADQUISICIÓN DE LIBRO POR LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE, CODELCO.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de señores diputados para constituir la Comisión investigadora encargada de analizar las razones de la adquisición del libro “Chile, una sociedad emergente” por parte de la Corporación Nacional del Cobre, Codelco:
Roberto Delmastro, Sergio Elgueta, Francisco Encina, Alberto Espina, Carlos Abel Jarpa, Tomás Jocelyn-Holt, Antonio Leal, Darío Molina, Juan Núñez, Aníbal Pérez, Víctor Pérez, Víctor Reyes y Carlos Vilches.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Esta Comisión se constituirá en cuatro horas más.
VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
Deseo informar a la Sala sobre los acuerdos adoptados por los Comités.
En primer lugar, se acordó incorporar a la tabla de la presente sesión las observaciones del Presidente de la República al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
Además, se acordó despachar el proyecto sobre enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria.
Asimismo, se acordó prorrogar el Orden del Día en lo que fuere necesario y suprimir la discusión y votación de los proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes.
También se acordó suspender la sesión de mañana, entendiendo que hay diputados que participan en comisiones de Presupuesto.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra sobre los acuerdos de los Comités.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , a fin de que no nos empiecen a juzgar por la supresión de la sesión del jueves, deseo dejar en claro que la sesión de mañana estaba destinada a dar cuenta del informe de la Comisión especial sobre la televisión chilena.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor diputado , quedó establecido por los Comités que esa materia se abordará el próximo 4 de noviembre. La misma Comisión solicitó, por unanimidad, que no se tratara mañana.
VII. ORDEN DEL DÍA
CONVENIO ENTRE CHILE Y MÉXICO SOBRE DOBLE TRIBUTACIÓN Y EVASIÓN DE IMPUESTOS. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y al patrimonio, y su protocolo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2302-10, sesión 6ª, en 19 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se votará al término del Orden del Día.
Acordado.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones propuestas por el Senado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
SANCIONES A PROCEDIMIENTOS DE COBRANZAS ILEGALES. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1990-03, sesión 4ª, en 14 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , si hubiera estado presente el ex diputado señor Luis Valentín Ferrada , con quien fuimos coautores de esta moción, sin duda, expresaría lo que voy a manifestar.
El proyecto tiene por objeto establecer una normativa que regule la cobranza extrajudicial, que hoy, por cierto, es mayoritaria, en contraposición de la judicial.
Para que quede claro, quiero agregar que hoy, con la morosidad que existe, más de un millón de personas están atrasadas en el pago de sus obligaciones mercantiles, consumos básicos, pagos de telefonía, agua potable, energía eléctrica, cuotas de colegio, universidades, tarjetas de crédito, créditos financieros, bancos, incluso créditos hipotecarios. En consecuencia, el universo que puede verse sometido a la cobranza extrajudicial es, más o menos, de un millón de personas.
La cobranza extrajudicial, que antes hacíamos los abogados a través de una carta a los deudores, hoy la llevan a cabo las denominadas empresas de cobranzas. Lamentablemente, basan su sistema en un procedimiento abusivo, engañoso, prepotente, usurero y que raya, a veces, en lo delictual. La experiencia la han vivido miles de deudores, que la han transmitido a diferentes parlamentarios.
El proyecto original, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara, establecía dos aspectos. Uno, sanciones pecuniarias para aquellos acreedores -empresas de cobranzas- que actuaran en forma indebida y mediante procedimientos al margen de la ley, y dos, a través de una indicación del diputado señor Tuma , porcentajes máximo y mínimo que podrían cobrar como gastos. Se entregaba a los juzgados de policía local el conocimiento de las infracciones que motivaron la actitud indebida de que se tratara.
¿Qué ocurrió en el Senado? Si bien es cierto que el proyecto fue mejorado en cuanto a exigir a los acreedores una información completa respecto a la forma en que se cobra en caso de que el deudor se atrase en el pago de sus obligaciones y en cuanto a establecer sanciones para los procedimientos abusivos, se dejó sin efecto una parte importantísima, que es, justamente, aquella que establece los porcentajes máximo y mínimo que podían cobrarse.
¿Qué adujo el Senado? Fue partidario de que el mercado regulara la competencia entre las empresas de cobranzas. Pero nada más alejado de la realidad. No hay competencia, ni menos mercado, porque los propios bancos, las financieras, las grandes firmas comerciales han creado sus propias empresas de cobranzas.
Es mentira que determinado banco llama a una licitación y externaliza el cobro de los créditos. Ellos mismos han creado las empresas de cobranza. Tengo un informe de la Superintendencia de Sociedades Anónimas en el cual figuran los bancos y las empresas de cobranzas. Son los mismos dueños. De ella se desprende que los Bancos Edwards y Santander, las financieras Conosur , Condell , Atlas , Corp Banca , Citibank, Falabella , La Polar, DIN, Johnson’s , han creado sus propias empresas de cobranza para perseguir créditos otorgados a los deudores.
No es verdad que el deudor puede elegir qué empresa le cobra o que los acreedores llaman a licitación para que les efectúen la cobranza. No es así; ellos han creado sus propias empresas de cobranza. Este aspecto, considerado tan importante en la Cámara de Diputados, lamentablemente fue rechazado por una mayoría de senadores de la Derecha, quienes, en forma increíble, lo votaron en contra, desconociendo el clamor ciudadano.
Cabe señalar que la Confederación Nacional de Deudores Habitacionales de Chile juntó más de 400 mil firmas en apoyo a este importante proyecto, que obedece a una inquietud generalizada de la población para terminar con los abusos que cometen las empresas de cobranza. Sin embargo, por esta mayoría en el Senado, se eliminó la parte que establecía los porcentajes máximo y mínimo que pueden aplicar las empresas de cobranza por concepto de gastos. Muchas empresas y bancos parten con un mínimo de cinco mil pesos, lo cual quiere decir que, en algunos casos, cobran casi el 50 por ciento del monto adeudado. Eso no es gasto de cobranza y tiene un nombre: usura encubierta, disfrazada. No es posible que una llamada telefónica, una visita, un fax, un aviso cuesten, como mínimo, 5 mil pesos.
La bancada del Partido por la Democracia votará en contra de las enmiendas del Senado, a fin de que en Comisión Mixta se pueda lograr un proyecto que responda a estas inquietudes y a los reclamos que los diputados reciben en sus respectivas regiones de parte de deudores que se quejan de que, día a día, son perseguidos por las referidas empresas de cobranza.
Por los motivos señalados, reitero que votaremos en contra de las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento y felicitaciones al diputado señor Aníbal Pérez y al ex parlamentario señor Luis Valentín Ferrada , autores de esta moción parlamentaria, porque tocaron un tema de extraordinaria sensibilidad social y respecto del cual se ha ido generando, en los últimos años, una verdadera escuela del abuso de poder.
El proyecto busca, como se expresa en sus ideas matrices, poner atajo a los reiterados abusos que se cometen por empresas que, so pretexto de recuperar créditos adeudados por consumidores, han montado verdaderas mafias -debemos usar la expresión que corresponde- para burlar la ley, aprovechándose intencionalmente de resquicios legales a fin de generar temor en las personas y llegar a extremos en que los cobros no sólo son usurarios, sino que, francamente, constituyen una verdadera expropiación de los bienes de los afectados.
El resquicio que se utiliza tiene varias instancias. La primera, hacer aparecer como cobranza judicial lo que no es tal; es decir, enviar una serie de cartas de amedrentamiento a una persona que mantiene una deuda determinada; la segunda, hacerlo en horas y en lugares que provoquen deshonra en el deudor y mediante procedimientos que implican una verdadera coacción desde el punto de vista físico y, a veces, desde el moral; la tercera, cobrar a las personas el monto del crédito adeudado y los intereses. Y aquí aparece el capítulo del cobro de la pieza oscura: los gastos de la cobranza.
Los gastos de cobranza no son ni el monto del crédito original, ni los intereses adeudados, ni las costas procesales, ni, a veces, las costas personales -las primeras son los gastos del juicio y, las segundas, los del abogado-, sino los que aparecen en el ítem “gastos”.
Todos hemos visto llegar hasta nuestras oficinas, en los distritos, a personas que, siguiendo un modelo de economía que los impulsa a salir a competir, han asumido los riesgos y, como sucede en todas partes, les ha ido mal, han perdido parte importante de sus patrimonios y, por lo tanto, se han endeudado para pagar sus deudas. Y aquí aparece el ítem “gastos”, de la pieza oscura; nunca se sabe qué es, nunca se sabe sobre qué se tributa; nunca se sabe quién lo recibe finalmente, y nunca se sabe cuál es la causa que lo origina, aunque la realidad indica, en definitiva, que es una manera encubierta de sacarles dinero a los deudores.
Por cierto, la persona que debe dinero tiene que pagarlo, y lo correcto es hacer esfuerzos por no deberlo; pero debemos ser coherentes con el modelo económico que estamos aplicando en el país, que aconseja a las personas que se arriesguen y apuesten a las reglas del mercado. Éste, por lo tanto, tiene capacidad de generar personas a las cuales un día les va bien y, al siguiente, mal, transformándose así en deudores. Ese fenómeno, propio de un mercado competitivo, no constituye pecado ni descrédito; es parte de las reglas del juego de una economía fluctuante con modelos en los cuales un día se puede tener, y el otro no, cosa que ocurre casi a diario en esta actividad.
No se puede transformar en parias a las personas que se han sometido a las reglas del juego, echándoles encima organizaciones que, a mi juicio, actúan al margen de la ley. Creo que los colegios profesionales -particularmente el Colegio de Abogados-, deberían tomar cartas en el asunto, porque muchas de aquéllas están infringiendo el cumplimiento de la ética profesional. Por supuesto, hay algunas que lo hacen dentro del margen legal. En definitiva, las personas se ven absolutamente acorraladas frente a este tipo de cobranzas.
Digamos las cosas como son: el Senado destruyó el proyecto. La Cámara Alta puede arreglar, perfeccionar o tener distintas visiones a su respecto, pero lo que no puede hacer es un proyecto distinto. Este texto del Senado no tiene nada que ver con el que despachó esta Corporación.
Para bien o para mal -a mi juicio, era factible perfeccionarlo-, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que, en el fondo, establecía una sanción con un tipo penal bastante abierto, aunque tal vez se podría haber acotado mejor. En él se establecía: “El que, en la cobranza extrajudicial de deudas provenientes de créditos de consumo como asimismo, de operaciones de crédito establecidos por la ley Nº 18.010, emplee presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos y los cobros indebidos que de ella se originen, será sancionado con multa que, según la gravedad de los hechos y antecedentes acompañados, irá desde un 25 a un 100 por ciento del capital adeudado, sin perjuicio de la obligación de restituir al deudor lo que se hubiere cobrado en exceso”.
Acto seguido establecía una presunción, arbitraria o no, según la cual el monto del gasto no podía ser superior “al 5% del capital adeudado o de la cuota vencida”, como una manera de regular este abuso en el cobro de los gastos. Alguien podrá preguntar por qué no un 4, un 8 u otro guarismo. No importa; pero debemos regularlo y no dejarlo entregado a esa cifra eterna que no se sabe qué es ni de dónde proviene la usura que se comete.
Es bueno aclarar que las empresas de cobranza no utilizan este procedimiento por la vía de los intereses, sino que, para evitar los intereses acumulados y no aparecer todos los meses cobrando intereses sobre intereses, inventan el ítem “gastos” en un intento por ocultarlos. Entonces, cuando después los organismos contralores les reparan que están cobrando un interés del 6 por ciento, contestan que sólo están aplicando el interés máximo convencional y, cuando le preguntan a qué se debe la diferencia, dicen que se trata de “gastos”.
Además, el proyecto aprobado por la Cámara establecía un límite en una disposición, a mi juicio mal redactada, que decía: “Cualquiera sea el monto de la deuda cobrada, el mínimo del gasto de cobranza permitido será el equivalente a 0,10 Unidad de Fomento”.
Nunca entendí por qué el proyecto decía “el mínimo”. Debió decir “el máximo”; porque, de lo contrario, se estaría dejando un piso para el evento de que no haya gasto. Sería ridículo cobrar el 0,10 por ciento de unidad de fomento a una persona que no ha incurrido en gastos.
En definitiva, teníamos un proyecto que apuntaba en esa dirección; era bueno, estaba bien orientado y enfrentaba bien un tema social, y, como toda norma legal, era susceptible de perfeccionamiento. Sin embargo, el Senado simplemente lo borró de un plumazo, al agregar al artículo 37 de la ley sobre protección del derecho del consumidor, normas supuestamente orientadas a darle más transparencia a la información que recibe el consumidor.
El artículo 37 establece:
“En toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la siguiente información:...”.
En consecuencia, el proveedor entregará al que adquiere un crédito, un catálogo de información. Por lo tanto, en adelante, cuando le cobren al deudor, además le van a pasar un texto, y le van a decir: “Éste es el procedimiento que se utilizará para cobrarle a usted”. Le van a indicar quién realizará dicho procedimiento y si tiene o no derecho a tercero, etcétera.
La modificación del Senado dice:
“Entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley sobre protección de los datos de carácter personal. Las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán afectar la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros, (...)”.
Esta disposición, completísima, se refiere a qué tiene que saber una persona cuando entre a una gran tienda: conocer el catálogo de derechos de cómo le van a cobrar por la adquisición de algún producto. Sin embargo, el proyecto no apunta a eso, sino a que no le cobren indebidamente. Esto consiste en que no haya cobros indebidos de los créditos que se tienen que pagar.
Nadie pretende que los créditos impagos queden en la impunidad; éstos se tienen que pagar. Pero el procedimiento no consiste en que haya más transparencia, puesto que está contenida en la ley, sino en que no se recurra a artificios abusivos y a procedimientos al margen de la ley para poder, no sólo obtener el capital y los intereses que ya se obtienen por la vía acumulativa, lo que ya constituye -si lo nombramos objetivamente- una especie de usura, sino, además, establecer gastos absolutamente inexistentes.
Pero el Senado, francamente -como se dice-, da el segundo plumazo cuando entra en el ámbito penal -y como me gusta esa materia, la estudié ayer-: decidió modificar el Código Penal, en las normas referidas a las amenazas. En efecto, en el artículo 296, que dice: “El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado: (...)” -y establece las diferentes penas-, el Senado ha sustituido su numeral 1º por el siguiente:
“1º. Con presidio menor en sus grados medio a máximo, si hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo ilegítimamente cualquiera otra condición y el culpable hubiere conseguido su propósito”.
Con las modificaciones introducidas por el Senado, el deudor queda desprotegido desde que adquiere el crédito. Es decir, se estaría permitiendo la comisión, contra una persona, de un acto de usura, de coacción, que le saquen la plata y que después tenga que contratar un abogado, ir a los tribunales para demandar y tratar de probar un delito penal en juicios que duran años.
Por las razones señaladas, Renovación Nacional rechazará categóricamente las modificaciones del Senado, a fin de que el proyecto sea analizado en Comisión Mixta. Este es un gran proyecto y es la oportunidad de defender a miles de chilenos que son víctimas de actos de usura y de abuso por oficinas de cobranza que actúan al margen de toda ética que debe tener el ejercicio de la profesión de abogado.
He dicho.
-o-
El señor MONTES ( Presidente ).-
Debo informar a los señores diputados que, en algunos minutos más, por acuerdo de los Comités, ingresará a la Sala un grupo de niños, como parte de la campaña contra el maltrato infantil.
Además, solicito el acuerdo para que los camarógrafos puedan sacar fotografías.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-o-
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente , coincido con lo que aquí se ha señalado respecto de las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado.
Si uno analiza las condiciones económicas dentro de las cuales se desenvuelve la contratación normal de créditos de consumo o de créditos con grandes centros comerciales en las actuales circunstancias, concluye que al momento de la contratación de un crédito de consumo o de un crédito por servicios en una casa comercial -estamos hablando de pequeños deudores-, no se produce igualdad respecto de las partes contratantes.
La virtud que, entre otras, tenía el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados respecto de la existencia de montos mínimos y máximos, no era sino reconocer esta desigualdad de los contratantes e imponer por sobre la voluntad de ellos normas legales que pudieran proteger al contratante más débil; en este caso, a quien solicita un crédito.
Con las modificaciones que introduce, el Senado parte de la base -equivocada en mi opinión- de que quienes contratan un crédito de consumo -deudor y acreedor-, se encuentran en igualdad de condiciones y, por lo tanto, en la práctica no será una protección real el hecho de que, al momento de contratar un determinado crédito, queden estipulados en el contrato o en alguna cláusula los sistemas de cálculo de qué se cobrará en el evento de que el deudor incurra en mora.
En consecuencia, no cabe duda de que, normalmente, en el mercado de los créditos de consumo y de casas comerciales, el banco, la casa comercial, terminará imponiendo al deudor, por esta desigualdad natural que se produce entre quienes contratan, determinadas condiciones que van a significar, en la práctica, que el deudor acepte lo que se le impone o termine no contratando el crédito o la compra en una determinada casa comercial.
De allí que las modificaciones introducidas por el Senado -reitero- no resolverán el problema que se genera hoy en orden a una cantidad de abusos diarios, permanentes, respecto no sólo de los montos que se cobran por estas empresas, sino también de los procedimientos que se utilizan.
Coincido con el diputado señor Espina en que aquí hay dos entes destinados también a procurar y a regular los abusos que se están cometiendo por algunos abogados que se prestan para su comisión: el Colegio de Abogados y los propios tribunales de justicia. Hay casos en que muchas de estas personas que trabajan para las empresas se hacen pasar por receptores judiciales, falsifican timbres, certificados, con lo cual ingresan incluso a los domicilios y se llevan algunos bienes muebles que han sido adquiridos en determinadas casas comerciales.
En consecuencia, si bien las modificaciones introducidas por el Senado pudieran estar bien inspiradas, no cumplen, dada la natural desigualdad entre quienes contratan créditos o compras en determinadas casas comerciales, con el objetivo que la Cámara tuvo a la vista al aprobar el proyecto: imponer por ley y sobre la voluntad de los contratantes y prefiriendo desde luego la parte más débil, las condiciones en las cuales se debe desenvolver este mercado y este sistema de contrataciones.
Por las razones expuestas, vamos a rechazar las modificaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , ya en la discusión en general tuvimos oportunidad de analizar este tema en forma extensa. En esa ocasión señalé, en lo personal y en nombre de mi Partido, la Unión Demócrata Independiente, el especial interés que teníamos en legislar sobre esta materia, a fin de poner término al abuso que cometen las empresas de cobranza contra los deudores, tanto en los procedimientos como en los gastos de cobranza.
Desde luego, concuerdo con las distintas intervenciones que en ese sentido se han dado. Es nuestro especial interés legislar bien en esta materia para poner fin definitivamente a este chantaje, a este abuso, a esta extorsión, indebidos, que las empresas de cobranza realizan contra los deudores tanto en el cobro que les hacen como en el procedimiento que utilizan.
Aprobado este proyecto por la Cámara, fue enviado al Senado, el cual nos lo cambió.
En consecuencia, es interesante tener presente que ése fue el criterio -diría- de la totalidad de los miembros del Senado: elaborar un proyecto distinto, que introduce esta materia en la ley Nº 19.496, ley del consumidor. La decisión fue adoptada por su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, ratificada por la Sala, y concordaron en ella todos los sectores políticos.
En realidad, dicho criterio resulta muy interesante y no deberíamos rechazarlo como tal; incluir esta materia bien legislada en la ley del consumidor no es una mala idea. El problema radica en que el Senado cambió dos de nuestros criterios fundamentales. En primer lugar, el relativo a una declaración de orden genérico, en cuanto a que toda presión, amenaza o arbitrio ilegal que se originara en la cobranza judicial era un delito que se sancionaba con una multa determinada. Asimismo, señalábamos que los cobros indebidos también debían ser sancionados, que no podía existir un cobro superior al 5 por ciento del capital adeudado, etcétera. Este aspecto también fue excluido por el Senado.
Respecto del primer punto, relativo a la declaración genérica, a fin de evitar toda presión, amenaza o arbitrio ilegítimo, el Senado prefirió aplicar un criterio que yo llamaría casuístico: determinar qué conductas de cobranza se entienden como ilegítimas. En primer lugar, el Senado señala que el proveedor deberá informar sobre los procedimientos de cobranza extrajudicial y, luego, que la cobranza se efectuará en determinados horarios que no afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor, y realizarse durante los días y horas que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.
Según nuestra perspectiva -personal y como partido-, esta casuística del Senado, sin ser mala, es restrictiva y, por lo tanto, deberíamos volver al criterio genérico. Por eso, se presentó una interesante indicación que, junto con mantener la casuística, consideraba ilegítima toda presión, amenaza o arbitrio utilizados en los procedimientos de cobranza extrajudicial. Es decir, junto con mantener la casuística del Senado, se agregaba una frase genérica que abarcaba todo lo que no estaba incluido en ella. Por desgracia, la indicación fue rechazada por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, pertenecientes a todos los sectores políticos, y posteriormente no fue renovada en la Sala.
Por eso, considero que debemos rechazar las modificaciones e insistir en nuestro criterio genérico, porque considero que es mucho más adecuado que el criterio restrictivo de la casuística utilizada por el Senado; o bien mantener los dos, como lo hacía la indicación formulada en la Comisión de Constitución del Senado: mantener su casuística, pero agregando la siguiente frase: “y toda otra presión, amenaza o arbitrio ilegítimo que se utilice en los procedimientos de cobranza extrajudicial”.
El segundo punto importante radica en fijar un monto máximo para los gastos de cobranza abusivos, que constituyen otra de las situaciones arbitrarias y tremendamente ilógicas ejercidas en contra de los deudores. Como partido político, estamos de acuerdo en establecer un monto máximo para la cobranza judicial. Así como en otras materias, también en este caso es posible determinar qué gastos deben incluirse en una cobranza judicial. Como aquí se ha señalado, están las costas procesales, las costas personales, los intereses convencionales, los intereses moratorios. Es decir, hay una serie de factores que influyen en el cobro final; pero también debe establecerse el monto que se le cobrará al deudor, además de los intereses y del capital, por los llamados gastos de cobranza. Creo que el Estado debe intervenir en esta materia y establecer un cobro máximo.
Esta idea estaba considerada en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BARTOLUCCI.-
En efecto, colega Aníbal Pérez, fue rechazada por el Senado. Pero considero muy injusto -le pido que no repita la frase, porque no debemos politizar esta materia- que el colega haya manifestado que fueron los senadores de la Derecha...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor BARTOLUCCI .-
La voy a leer, colega; no es necesario que me interrumpa. Aquí tengo la votación verificada en el Senado: se empató a 16 votos. Pero, ¿sabe quién se abstuvo y no hubo manera de que cambiara su votación? El senador señor Andrés Zaldívar , de la Democracia Cristiana. Si después del empate a 16 votos, el senador Zaldívar -el senador Jorge Pizarro le consultó en forma reiterada si deseaba cambiar su abstención, pero jamás lo hizo- hubiera rectificado su votación, la norma se habría aprobado por 17 votos a favor y 16 en contra. Fue el Presidente del Senado , don Andrés Zaldívar , quien no dio su voto para que la norma fuera aprobada. Pero no importa; no le hago cargo alguno a don Andrés ; habrá tenido sus razones, y las respeto; por alguna razón prefirió abstenerse y no dar su voto favorable.
Entonces, discutámoslo en Comisión Mixta, estimado colega Aníbal Pérez ; pero digamos la verdad completa sobre lo que sucedió en el Senado, y no responsabili-cemos a un sector político. Si esto lo hacemos, ¿sabe que sucederá? Terminaremos dividiéndonos innecesariamente en un tema en el cual todos debemos estar juntos.
Lo importante es que, por unanimidad, rechacemos las modificaciones del Senado, a fin de darle la señal de que la Cámara insiste en sus dos criterios fundamentales: que se establezca un criterio genérico, en cuanto a que no se ejerza presión, amenaza o arbitrio ilegítimos en contra del deudor y que se determinen los gastos de cobranza que se aplicarán. Para lograrlo debemos rechazar, sin dividirnos políticamente y sin incurrir en jugarretas de ningún tipo, las modificaciones del Senado, a fin de ir a Comisión Mixta e insistir allí en nuestro predicamento.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente , quiero recordar que la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados fue unánime. En cambio, en el Senado 16 senadores lo rechazaron -por distintas razones-, los que, coincidentemente, son de Derecha; uno se abstuvo, no sabemos por qué, y como hay que decir la verdad, dos senadores de Derecha votaron a favor, los señores Horvath y Cantero .
Debemos reconocer que había un artículo contradictorio que, por suerte -y lo valoramos-, los diputados de Derecha votaron favorablemente, ya que los senadores lo hicieron en forma distinta.
Como bien lo han dicho algunos señores diputados, estamos frente a un verdadero drama que viven muchas personas modestas, provocado por las organizaciones de cobranza. La de gente es presionada, amedrentada y diariamente recibe amenazas por no haber pagado sus deudas; hay patrones que reciben llamados de dichas cobradoras, lo que, normalmente, genera el despido del trabajador. Hay casos dramáticos, en que personal de las casas de cobranza se hacen pasar por funcionarios judiciales, hecho que debería denunciarse a la justicia.
El problema de fondo es que nos encontramos con un sector absolutamente desregulado, y sus actuaciones constituyen una especie de institucionalización de una forma de la usura. Hablamos de un negocio de alrededor de 50 mil millones de pesos anuales, el cual requiere una regulación, a fin de que no persistan los cobros desmedidos.
De una vez por todas queremos terminar con el drama de muchas familias modestas y de clase media del país, las que también padecen estos abusos porque se atrasan en sus pagos. No hablamos de la morosidad permanente, cuando se deja de pagar algún crédito o compromiso financiero, caso en el cual actúa la justicia, para lo cual hay toda una regulación; estamos hablando del tremendo negocio que significa para las empresas que no se pague una cuenta en su oportunidad, sino que unos días después. Este negocio es abusivo; por ello es importante señalar quiénes votaron en contra en el Senado.
Los diputados socialistas rechazaremos la propuesta del Senado, para que el proyecto vaya a Comisión Mixta y allí tratar de restablecer el texto original aprobado por la Cámara -el único que da seguridad de que podremos proteger a las personas que por distintas razones no pudieron pagar a tiempo ni cumplir con sus compromisos financieros en el debido momento-, pues así le estaremos haciendo un gran favor al país y a miles de familias que son presionadas por estos señores que, sin sujeción a regla ni regulación alguna, abusan cotidiana y diariamente de las personas.
Por lo tanto, invito a todos los señores diputados a rechazar el texto del Senado, para que esta iniciativa sea estudiada por la Comisión Mixta y aprobemos un proyecto que realmente sirva a la gente.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , sin duda, el proyecto original contenía múltiples beneficios.
Hoy la economía permite que millones de chilenos accedan a bienes y servicios que antes les estaban vedados, y para ello se endeudan.
Sin embargo, en nuestras oficinas -y pondré un ejemplo específico-, tomamos conocimiento de los muchos abusos en que incurren verdaderas mafias de colegas abogados y de quienes no lo son, con aquellas personas que no han podido pagar una cuota y están morosas; hacen, como se dice, leña del árbol caído, porque un deudor no ha podido cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, una financiera otorgó a una persona un crédito por 3 millones 600 mil pesos, y con 1 millón 400 mil pesos que tenía se compró un auto. Se atrasó doce días en pagar la novena cuota y se le cobraba casi el doble de su valor para evitar todas las sanciones que se le aplicaban. Estas mafias no sólo incluyen a los cobradores, sino también a empleados de algunas reparticiones que se prestan para esto, incluso funcionarios policiales, a veces martilleros u otros, que de acuerdo con la legislación vigente son coadyuvantes de la administración de justicia, los cuales hacen tan enormes las cobranzas, que hay muchas dudas de si quienes cobran no generan las condiciones necesarias para que no puedan pagar, a fin de quedarse posteriormente con sus bienes.
Por lo tanto, este proyecto es absolutamente necesario y anuncio el rechazo de la bancada de Renovación Nacional a las modificaciones del Senado, porque desvirtúan los beneficios que contenía originalmente, para evitar los abusos y las prácticas ilegales en las cobranzas, como elevados intereses y otros gastos que se agregan a las cuentas de los deudores, generándose un cuadro del cual es imposible salir. Como dije anteriormente, parece que hay mafias y grupos inescrupulosos a los que más les conviene, repito, que la persona no pague para posteriormente quedarse con sus bienes. Esto les ocurre a miles de personas a lo largo del país y, por ello, es necesario que esta Cámara haga algo al respecto.
En consecuencia, votaremos en contra de las modificaciones del Senado y trataremos de mejorar el proyecto en la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , en primer lugar quiero felicitar a los autores de esta moción y, enseguida, efectuar algunas consideraciones generales.
Regular las cobranzas constituirá un gran aporte para la familia chilena. Todos los días llegan personas a mi oficina distrital -se trata de una zona popular- a exponer sus grandes problemas familiares, en un estado de angustia horroroso. Muchas de ellas, por el hecho de no poder pagar las cuotas de un préstamo o compras efectuadas en casas comerciales debido a que se encuentran cesantes, se ven envueltas en situaciones de hostigamiento que desequilibran a las familias, angustian a las personas y dan pie a grandes dramas y tragedias.
Uno de los procedimientos que utilizan las casas comerciales es exigir al comprador que certifique su domicilio con boletas de consumo de luz, agua, gas, etcétera, las que posteriormente sirven de aval a la deuda. Muchas veces, personas que viven como allegadas o los hijos de una familia, efectúan compras exhibiendo estas boletas, y como luego no pueden pagar sus compras, llegan los cobradores a llevarse artefactos que ni siquiera pertenecen al deudor. He visto muchos casos de mujeres que han debido entregar los bienes que tanto les ha costado adquirir, porque uno de sus hijos ha efectuado compras que luego no ha podido pagar.
Hay procedimientos realmente aberrantes, indignos de una sociedad civilizada. Ayer, se acercó a una de mis oficinas un señor muy angustiado que me expuso que había pedido un préstamo a Credichile por un monto de 1 millón 200 mil pesos. Debido a problemas laborales, tuvo dificultades para pagarlo y en la actualidad su deuda asciende a 4 millones de pesos, y en el lapso de dos meses, las cuotas originales subieron de 40 mil pesos a 80 mil pesos. Aquí estamos frente a una situación de deterioro y abuso de las más mínimas reglas de la decencia. La situación que viven miles de familias chilenas es dramática, similar a las relatadas en las novelas realistas.
El proyecto de ley en debate, junto con otros, como el aprobado ayer relativo al Fonasa o la normativa promulgada hace algunos años que regulaba las administradoras de fondos de terceros -otra sinvergüenzura, pues esas organizaciones no contaban con ninguna ley que las regulara, lo que daba pie para que cometieran grandes abusos-, avanzan en el establecimiento de un respeto mínimo hacia las personas, indispensable en toda sociedad civilizada.
Por otra parte, se han creado grupos informales e ilegales -los he visto en mi distrito-, especies de tramitadores de créditos. Ellos tienen contactos con oficinas de créditos, a través de los cuales la gente consigue préstamos para pagar sus deudas, lo que produce una cadena que no termina nunca.
Por lo anterior, me parece muy importante rechazar las modificaciones propuestas por el Senado, para tener claridad respecto de los gastos a la hora de contraer una deuda y castigar los procedimientos ilegales de cobranza, que llevan a la gente a vivir tragedias cotidianas y crisis de angustia que destruyen su vida familiar.
A pesar de que el proyecto es perfectible, es necesario consignar que éste representa una iniciativa concreta de mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ya que la situación a que hemos hecho referencia afecta a una mayoría de nuestra sociedad. Por eso, como PPD, hemos respaldado todas las gestiones efectuadas por el diputado Aníbal Pérez , como asimismo, la indicación de nuestro colega, diputado Eugenio Tuma . Además, anuncio que pediremos al Gobierno que califique la urgencia del proyecto, de modo que lo más pronto posible demos una respuesta adecuada a los problemas de la gente.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , esta mañana hemos escuchado muchos elogios al proyecto en debate; sin embargo, quien habla quiere efectuarle una crítica: lo considero exageradamente respetuoso. En mi opinión, el hecho de falsificar timbres, papeles con sello o providencias emitidas por un juez, o inventar empresas para efectuar los trámites a que se ha hecho referencia, constituye una estafa, aun cuando el proyecto no lo dice. Por eso, es necesario reconocer que éste constituye un avance.
Es absolutamente inaceptable que estas empresas -o mafias, como aquí han sido llamadas con mucha razón- cobren cantidades de dinero, en ocasiones bastante elevadas, por hacer nada. Esa es la realidad. Esta situación la denuncié hace algún tiempo en Incidentes, pues fui víctima de una situación parecida por haberme atrasado un par de días en pagar una cuenta en Sodimac. En esa oportunidad, la empresa Cyser , dedicada a efectuar cobranzas, agregó a mi cuenta una cantidad exagerada -casi el 20 por ciento de la deuda que debía pagar en esa oportunidad- por el hecho -repito- de haberme atrasado dos días en el pago de una deuda. Debo hacer presente que en esa oportunidad no se realizó por la empresa Cyser ninguna gestión de cobranza. Este es un tema que preocupa a muchos hogares del país, y la Cámara hace muy bien en abordarlo esta mañana.
Quiero hacer un recuerdo y un reconocimiento a quien es el verdadero autor de una moción que presentaré con mi nombre, y que tiene ver con la ley de defensa del consumidor. La persona que me envió esta iniciativa desde su lugar de trabajo, ubicado en Chile Chico, es el ex diputado señor Mario Devaud . Él me ha pedido que represente su inquietud, la que será traducida en una moción que presentaré oportunamente y la que espero cuente con el apoyo del mayor número de colegas.
¿En qué consiste este proyecto? En muchos lugares del país, los jueces de policía local, que son los magistrados que deben conocer de las infracciones a la ley de defensa del consumidor, no son abogados, y estas materias son de alta complejidad. Quizá no involucran mucho dinero, pero su análisis y juzgamiento tienen un cierto grado de complejidad que exigen que sean conocidas por un letrado, es decir, por un abogado.
En consecuencia, considero importante el planteamiento efectuado por el ex diputado señor Devaud , por cuanto abriríamos la posibilidad de que los tribunales ponderen con mayor justicia estos hechos que, en ocasiones, revisten mucha gravedad y afectan a un gran número de familias de este país.
Señor Presidente , con su venia le concedo una interrupción al diputado señor José Pérez .
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , agradezco el tiempo que me concede el colega señor Rocha para intervenir en esta materia, que considero de enorme importancia.
La iniciativa, que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales, beneficia a los sectores de menores recursos, pues los que tienen cuenta corriente se entienden con los bancos, los cuales aplican un interés conocido a los préstamos.
A veces, la gente cae en manos de empresas inescrupulosas, que se aprovechan de los deudores: los extorsionan, los dejan en una situación tan complicada que, incluso, les hacen perder sus viviendas. Las distintas bancadas hemos planteado que el proyecto debe ir a Comisión Mixta para ser reestudiado, a fin de evitar que se siga con tales prácticas. Es necesario establecer drásticas sanciones para las empresas que se aprovechan de la gente que pasa por una situación de insolvencia. Así como el Serviu ha renegociado las deudas, bien pudieron haberlo hecho las entidades financieras u otras, atendida la situación económica que afecta al país. Sin embargo, no han tenido consideración alguna con los deudores -que son sus clientes habituales y los que les permiten subsistir como empresas- y no son pocos los que han perdido todo lo que tenían.
Me sumo a lo dicho por la mayoría de los diputados, en el sentido de que el proyecto debe ir a Comisión Mixta para terminar con el abuso que afecta a grandes mayorías.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , me alegro de que en un espacio de tiempo tan reducido la Cámara de Diputados aborde dos temas de gran interés para la ciudadanía, como la eliminación del cheque en garantía y el que pretende terminar con los abusos en las cobranzas. Eso permite que las personas nos crean, porque siempre piensan que la Cámara se preocupa de los grandes problemas nacionales y no de los que afectan a la gente. Por eso, me alegro de que estemos abocados al estudio de esta iniciativa.
Sin embargo, me sumo a las quejas de diversos oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que no resultan lógicas las modificaciones del Senado. El texto de la Cámara establecía en forma genérica sanciones para quien emplee presiones, amenazas o arbitrios ilegítimos y cobros indebidos originados de cobranzas extrajudiciales.
Me pregunto por qué el Senado pretende tipificar las conductas que constituyen abusos en los cobros, si los Códigos Civil y Penal establecen sanciones para quienes, sin perjuicio de cometer infracción respecto de los delitos señalados y tipificados, atenten contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. En toda legislación debe haber una normativa genérica. Si hacemos una enumeración de las conductas de cobranza que constituyen delito, siempre habrá acreedores que inventen otras fórmulas para burlar a los deudores.
Recuerdo que cuando recién asumí como diputado , hace unos seis años, unas personas de Puente Alto y La Pintana llegaron a mi despacho con órdenes de cobranza. Las acompañé a la calle Arturo Prat Nº 60, y sin decir que era parlamentario pregunté a cuánto ascendía la deuda. Resulta que en seis meses el monto original se había multiplicado por cuatro. Luego de identificarme, consulté cómo se desglosaba y a cuánto ascendían los honorarios de abogados. Me dijeron que éstos eran muy bajos y que el resto correspondía a gastos generales, o sea, luz, agua, teléfono, sueldos de empleados, todo lo cual se imputaba al cobro de la deuda.
Se hace mucho hincapié en los abusos en que incurren las casas comerciales y los privados, pero quiero referirme a los que comete la empresa Inverca, contratada por el Serviu para cobrar los dividendos de los deudores. Ocurre que en el contrato entre Inverca y el Ministerio de Vivienda -los deudores habitacionales que nos están viendo a través de la televisión me encontrarán razón- se establece que la empresa tiene derecho a una pequeña comisión por cada dividendo que paga el deudor; pero, si éste no paga, tiene derecho al diez por ciento del valor del remate de la vivienda o del que se la adjudique el Serviu. Resultado: a Inverca le conviene mucho más que el deudor no pague y se le remate la vivienda, que la comisión que recibe por cada dividendo.
Sin perjuicio de que insistiremos en el planteamiento de la Cámara de Diputados, es necesario también que el Ministerio de Vivienda modifique el contrato con Inverca, pues nos encontraremos con una situación establecida con anterioridad a la publicación de la ley, ya que el referido contrato tiene casi tres años, y si Dios así lo quiere y aprobamos el proyecto, la ley será publicada en dos o tres meses. Pero ¿quién le responde a los deudores habitacionales?
Debemos insistir en el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner término a estos abusos. Les voy a decir cómo debo actuar en La Pintana y Puente Alto con los deudores apremiados por los acreedores, que la mayoría de las veces viven como allegados. Les pido que hablen con sus suegros o con sus padres, dependiendo de quien sea el dueño de la casa, para que se pongan de acuerdo con un amigo y efectúen en la notaría una compraventa de todos los bienes muebles de la casa, de manera que cuando el acreedor los embargue, el propietario, que no es el deudor, acredite mediante escritura que él es el dueño de tales bienes y no el deudor, y así puede oponer una tercería. No se trata de fomentar el no pago de las deudas, pero, por desgracia, muchas veces las casas comerciales abusan de los deudores exigiéndoles más de lo que pueden pagar. La gente no es sinvergüenza, sino que no puede comprometerse a pagar más. ¿Qué sentido tiene que un acreedor exija una cuota dos o tres veces superior a la que el deudor puede abonar? ¿Qué es más importante para el acreedor? ¿Qué le paguen, aunque sea a largo plazo, o apremiar al deudor, que no puede dormir en las noches, para cobrarle una cantidad que no está en situación de afrontar? Estos procedimientos les causan un daño sicológico al deudor y a su familia. Lo veo en la gente de La Pintana y Puente Alto. Se trata de personas de escasos recursos, que todos los días llegan a mi oficina pidiendo ayuda, porque quieren pagar pero no pueden solventar lo que les están cobrando, y me están llegando cartas con timbres, firmas y documentos.
Me sumo a lo que decía el diputado señor Rocha , porque aquí, además, hay otros delitos, como colocar un timbre inexistente y que no corresponde a un tribunal, con el fin de atemorizar al deudor.
Por eso, voy a insistir en el proyecto aprobado por la Cámara, y espero que los señores senadores -que no son parlamentarios de un distrito electoral, sino de una circunscripción senatorial y, por lo tanto, su contacto con la ciudadanía es muchísimo más débil que el nuestro, porque somos nosotros los que estamos en las juntas de vecinos, en los pasajes, en las calles, en las villas y en las poblaciones- entiendan nuestra argumentación y en la Comisión Mixta aprueben el proyecto que despachó esta Corporación.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , quiero recordar que cuando llegamos a este Parlamento, en 1990, todavía vivíamos las dramáticas consecuencias de la crisis de los años 1982 y 1983.
En el transcurso de estos diez años se han presentado distintos proyectos para abordar materias de fondo. Esta iniciativa pretende remediar, mediante la tipificación de una infracción, las presiones, amenazas, arbitrios ilegítimos y cobros indebidos.
En una labor legislativa de largo aliento, deberíamos modificar el sistema de pago por consignación establecido en el Código Civil, para evitar estas oficinas de cobranza y poder dirigirse directamente a un notario, al juez o a una institución bancaria, a fin de pagar la deuda sin estos cobros abusivos.
Deberíamos reformar el Código de Procedimiento Civil para permitir que en el juicio ejecutivo se aumente la inembargabilidad, especialmente de la propiedad familiar. Hace poco, a raíz de un proyecto de ley presentado por el diputado que habla y que hoy es ley de la República, se modificó dicho Código y se aumentó hasta en 50 unidades tributarias la inembargabilidad de los bienes que guarnecen la vivienda del deudor, pero muy pocos deudores invocan esa disposición. Hay que ir a la inembargabilidad de la propiedad familiar, como existe en la mayoría de los países de América latina.
También es necesario modificar la ley de bancos para que el deudor no esté expuesto al verdadero fusilamiento que existe en esa ley. Si un deudor hipotecario se atrasa en el pago, como les ocurre a miles de chilenos, sólo tiene tres excepciones que oponer: la del pago, la prescripción y el hecho de que el abogado que lo ejecute se equivoque de deudor. O sea, ninguna de ellas sirve.
Por otro lado, a causa de la situación económica, la deuda crece enormemente, sobre todo cuando en el pasado existió una inflación alta. En esos casos, muchas veces el valor de la deuda, aun cuando se haya pagado más de la mitad, triplica o cuadruplica el valor de la vivienda que se compró. En consecuencia, el deudor no termina nunca de pagar.
Si se modificara la ley de bancos para permitir que el juez pudiera regular conmutativamente este equilibrio de las prestaciones, no cabe duda de que muchos de estos problemas estarían resueltos. Pero eso requiere un cambio mucho más de fondo de la legislación vigente, distinta de la que hoy estamos examinando.
En este proyecto tan simple que aprobó la Cámara de Diputados, el Senado, en estos verdaderos contratos de adhesión -así son los de consumo-, señaló una serie de modalidades y procedimientos para que el deudor, leyendo esos contratos y su letra chica, pudiera conocer de qué forma le iban a cobrar o a rematar la casa. Esto contrasta completamente con la tesis de la Cámara de Diputados, en el sentido de que se estableciera una infracción, se fijara una tasa permitida para la cobranza que excediera el capital adeudado. Con eso, por lo menos, todo el mundo sabrá que en este tipo de cobranza esos excesos no pueden existir.
También comparto lo que decía el diputado señor Rocha , en cuanto a dar competencia en otra ley a los juzgados de policía local, que en la actualidad conocen 39 leyes distintas, y donde menos de un tercio de sus jueces son abogados, y la mayoría la constituyen los alcaldes de las respectivas comunas. En consecuencia, como esos jueces no son independientes, porque pueden ejercer la profesión, trabajan dos días a la semana y deben conocer miles de materias, entonces es imposible que puedan realizar cálculos complejos relativos a la cobranza y a la liquidación de estos créditos, por cuanto se necesita tiempo, estudio y reflexión para saber en definitiva cuál es la determinación.
Por eso, no es bueno amontonar la competencia residual de todas las leyes que dictamos en los jueces de policía local. En lugar de que la gente tenga satisfacción por la decisión de ese tribunal, no habrá adecuada justicia.
En el fondo, hay dos cosas. En primer lugar, desconocimiento de la ley. En la actualidad, existe la inembargabilidad hasta 50 unidades tributarias de todos los bienes muebles que guarnecen el hogar del deudor. En segundo lugar, existe la imposibilidad de acceder a la justicia, porque hay que contratar abogados. Este es uno de los grandes problemas. En consecuencia, cualquiera alegación que se haga en contra de esto necesitará el servicio de un letrado.
Al respecto, el proyecto, que consideramos fácil de usar, se podrá entrampar y será problemático enfrentarse a estas cadenas, a estas mafias, como aquí se ha dicho, porque es muy difícil regular las actividades de los buitres, de aquellos que quieren apoderarse de los despojos que quedan de las deudas impagas.
La introducción por el Senado de toda esta farragosa cláusula en los contratos de adhesión es absolutamente inconveniente, porque nadie la leerá, pues la gente que va a comprar un producto no perderá una hora para saber qué dice ese contrato y ver si las cláusulas están insertas; incluso, tendría que estar acompañada de un letrado para determinar si la pueden perjudicar o favorecer.
Prefiero que se rechace el criterio del Senado. Aunque el proyecto de la Cámara no va al fondo, es mucho más sencillo y eficiente, dentro de lo que se ha podido hacer en estos diez años para favorecer no a los deudores, sino a la justicia, con el objeto de restablecer el verdadero equilibrio entre dos personas que están en diferentes situaciones; porque lo que hizo el Senado es simplemente aplicar el viejo principio de la autonomía de la voluntad, que hoy día no sirve para mantener esta armonía que he señalado. Queremos que exista verdadera justicia, a fin de que el deudor pague sin recargos innecesarios ni amenazas, y que no ocurra lo que sucedía hace décadas, cuando una caravana con campanas y tarros iba a “meter boche” a la casa del deudor, con el objeto de que sintiera vergüenza, o cuando se publicaban listas en las vitrinas, lo que todavía se hace, que señalaban que tales personas estaban en mora. Incluso esto sucede respecto de los gastos comunes de los condominios.
En el proyecto de la Cámara, por lo menos existe la esperanza de que se apliquen normas justas, sencillas y eficientes. Aún más, está la posibilidad de perfeccionarlas y modificarlas para tener una legislación más adecuada sobre esta materia.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , este proyecto de ley viene a sumarse a otras iniciativas que han sido aprobadas por esta honorable Sala, las cuales satisfacen un sentido anhelo y una gran demanda ciudadana.
Este proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Aníbal Pérez y Valentín Ferrada , que reponía un artículo que no fue aprobado en la ley del consumidor porque no se dejó constancia de los quórum respectivos, tuvo por finalidad la penalización y sanción del apremio ilegítimo, cuestión que fue bien resuelta por la Comisión respectiva y por la Sala de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, después fue modificado por el Senado de un modo que no resuelve ni protege efectivamente a los deudores cuando son apremiados en forma ilegítima.
En la discusión en general y en particular del proyecto en esta Corporación, me pareció conveniente formular una indicación, que fue patrocinada por diputados de las distintas bancadas, a fin de poner un límite a los montos de los gastos de cobranzas, los que en ningún caso podrían sobrepasar el techo del 5 por ciento de la cuota en mora.
Esta indicación no se basaba en una decisión arbitraria o personal, sino en información que he recogido en las propias entidades acreedoras. Aquí tengo una circular del Bhif que señala las condiciones de las cobranzas externas, la cual establece que por mora entre 15 y 60 días, se cobrará 2,75 por ciento; entre 61 y 90 días, 3,5 por ciento; entre 91 y 120 días, 4,25 por ciento, y sobre 120 días, 5 por ciento. Esto es lo que confiesan las empresas acreedoras como límite para las comisiones o gastos de cobranza.
Por lo tanto, el proyecto no contradice lo que las propias empresas de cobranza o acreedores señalan como razonable para financiar las gestiones de cobranza; pero nos hemos dado cuenta de que, en general, en el país hay gran inquietud porque no se respeta este 5 por ciento confesado por los bancos. En segundo lugar, muchas de estas empresas de cobranza son parte de la misma firma acreedora, con lo cual están burlando la ley que establece un límite a los intereses.
El artículo 2º de la ley Nº 18.010 señala que en las operaciones de crédito constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital. Sin duda, estos gastos van a manos de las instituciones acreedoras, que crean empresas de cobranza con el propósito de burlar esta legislación, lo que les permite cobrar intereses usureros y hacer un negocio más pingüe del que están realizando sólo con el crédito que otorgan.
No olvidemos que estas empresas captan recursos al 0,5 por ciento y los prestan al 2 por ciento. Es decir, es el único negocio que multiplica por cuatro sus costos reales. Pero eso no les basta, porque ahora han inventado estas empresas de cobranzas para disfrazar el delito de usura que están cometiendo en contra de los deudores morosos. Nuestra actual legislación no impide que sigan abusando de las personas, por lo cual continuarán cobrándoles por ese concepto cantidades que no tienen ningún límite ni techo.
Quiero relatar el caso de una mujer que durante veinte años tuvo una situación laboral permanente, por lo cual pidió un crédito a una financiera, la que, en función del ingreso de la solicitante, le fijó 24 cuotas mensuales de 22 mil pesos cada una. Después de haber pagado puntualmente 20 cuotas, quedó sin ingresos debido a que cerró el establecimiento donde trabajaba. Esto la hizo caer en mora. Pues bien, la acreedora, además de las cuatro cuotas más intereses penales, todo lo cual sumaba 130 mil pesos, le cobró 36 mil pesos sólo por concepto de cobranza, lo que bordea el 40 por ciento del valor de la cuota en mora.
Esta mujer no tuvo ninguna posibilidad de negociar o de buscar algún arreglo, ya que prácticamente la obligaron a firmar no sólo el reconocimiento de la deuda de capital, más los intereses penales, con la firma acreedora, sino que el reconocimiento de la deuda con un tercero, que es la empresa de cobranza.
Con este proyecto de ley, en caso de rechazarse las modificaciones introducidas por el Senado, estamos protegiendo los derechos de los ciudadanos y permitiendo que exista una relación equilibrada entre los acreedores y los deudores.
¿Cuál fue el argumento del presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, señor Larraín , senador de la UDI, para votar en contra de esta indicación? Que la Cámara de Diputados y el Senado no podían fijar tarifas por ley a actividades que deben regirse por las reglas del mercado. Me parece que es un buen argumento cuando se trata de la compra de un bien, pero aquí se trata de una cobranza que tiene carácter monopólico.
Señor Presidente , el Congreso Nacional ha aprobado legislaciones que permiten al Estado regular las tarifas de los servicios básicos, porque hay un solo prestador. No existe competencia en el mercado, transparencia suficiente ni la posibilidad de que el deudor elija a la empresa de cobranza más barata o más conveniente que le prestará el servicio. Aquí no están prestando servicio ni tampoco tiene posibilidades de elegir.
Por esa razón, la obligación de los legisladores es proteger a los deudores y establecer una relación de equilibrio a través de un sistema de calificación. Pero como no es posible fijarlo porque sería complicado, lo razonable es establecer un porcentaje límite a los gastos de cobranza, monto que puede ser discutible.
Por ello, he presentado una indicación para colocar un monto máximo -que han completado las propias empresas acreedoras- de modo que el proyecto tiene absoluta legitimidad para ser compartido entre acreedores y deudores, y no veo ninguna razón para que los dieciséis senadores de la Derecha hayan votado en contra.
Me causa extrañeza que, siendo un proyecto de gran demanda ciudadana y aprobado por todos los diputados de la Derecha, en el Senado lo rechazaran. Siguen la estrategia de aprobarlo y hacer creer a la opinión pública que sus diputados están con la demanda ciudadana, sabiendo que en el Senado va a ser rechazado.
Creo que las bancadas de diputados de la Derecha tienen que hacer el esfuerzo de convencer a sus senadores para que aprueben el proyecto, que es de gran demanda ciudadana.
Por esa razón, vamos a rechazar las modificaciones del Senado para que concluyan en la Comisión Mixta y así satisfacer la demanda y el anhelo de la ciudadanía.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , tal vez parezca monótono el debate a quienes lo siguen a través del canal de televisión y a algunos que hemos permanecido en la Sala, porque todos estamos de acuerdo con el proyecto en discusión.
Sin embargo, quiero hacer un llamado a los colegas de la Cámara de Diputados, más allá de que en el Senado, la Derecha o la Izquierda o el senador Zaldívar , hayan votado en contra o se hayan abstenido, porque, sin lugar a dudas, acá tenemos responsabilidades individuales como parlamentarios y podemos votar en conciencia quienes militamos en un partido de Derecha.
Esa es mi posición para votar en contra todo lo que venga del Senado y permitir que los proyectos ingresen a Comisión Mixta para que allí se debata lo que queremos solucionar realmente respecto de los problemas que afectan a la gente.
Hace poco tiempo presenté un proyecto de acuerdo en el que solicitaba al ministro de Vivienda y Urbanismo que intercediera en la cobranza ilegal, fuera de todo contexto, en relación con los subsidios habitacionales que se estaban otorgando en mi distrito de Antofagasta, específicamente en las operaciones con la empresa Inverca, empresa privada de cobranzas, como también acaecía en todo el país.
Comparto con el diputado señor Tuma que las cobranzas legítimas deben tener un costo, y un 5 por ciento es factible, de acuerdo con lo que planteamos en el proyecto, porque hay intención de los deudores y acreedores respecto de esta materia.
También es importante que en el futuro enfrentemos otros problemas que están surgiendo a raíz de los préstamos o tentaciones que sufre la comunidad -y todos-, específicamente, cuando se piden requisitos para optar al famoso dinero plástico: las tarjetas de crédito. Muchas veces se ofrece a la gente un crédito desmedido sin que tenga capacidad para pagarlo, pero la tentación es muy fuerte para saciar un problema social y se “encalilla”.
Quiero sumarme a todo lo expresado por diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, porque ciertamente es un problema real de la comunidad en la actual contingencia, especialmente para los sectores de escasos recursos.
Quiero compartir en esta oportunidad lo que decía el diputado señor Espina. Cuando la Cámara de Diputados transfiere un proyecto al Senado tenemos la esperanza de que allí se hagan modificaciones y, a lo mejor, sea perfeccionado; pero en esta oportunidad, sin lugar a dudas, se ha destruido lo que queremos como diputados.
Por ello anuncio mi voto en contra de las modificaciones del Senado para que el problema sea resuelto por la Comisión Mixta, en la cual esperamos hacer prevalecer lo que la Cámara de Diputados quiere, que es solucionar realmente los problemas de toda la comunidad.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , quiero anunciar mi voto en contra de las proposiciones o modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en debate, que es tan simple y que esa Corporación prácticamente ha despedazado, sin ninguna razón o fundamentación. La actitud del Senado indirectamente desconoce las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Es increíble que sus modificaciones no estén de acuerdo con la idea original, con la causa o motivo de la presentación del proyecto a la Cámara de Diputados.
Se trata sencillamente de definir, en forma clara y precisa, lo que debe entenderse por cobro indebido en una operación comercial, entre capital e intereses y, además, establecer medidas punitivas y sanciones severas por estos cobros abusivos, con el objeto de impedirlos.
Nada de ello hay en las modificaciones del Senado. Las presunciones de cobros indebidos, las sanciones respecto de estas expresiones, las amenazas o arbitrios ilegítimos no están contemplados y sólo han sido reemplazados por otras sanciones más restringidas y específicas, que no tendrían relación alguna con el proyecto.
Resulta extraño que nuevamente el Senado esté actuando de esta manera, desconociendo el verdadero motivo que se ha tenido para legislar, que no es otro que el de terminar con todos los abusos y vejámenes que sufren los particulares o deudores por los procedimientos oprobiosos que se emplean en materia de las deudas en cobranza.
Resulta extraño que nuevamente estemos en presencia de una discusión donde la dignidad, los valores y virtudes de la persona humana estén en juego y sean sobrepasados por otras situaciones o circunstancias de menor valor o trascendencia.
Ya lo habíamos visto cuando discutimos el proyecto sobre restricción del consumo de tabaco, en que la salud y la vida se relegaban a otros lugares, priorizándose los intereses económicos, el afán de lucro o la libertad de empresa o actividad económica.
Lo vimos también cuando días atrás se discutió en el Congreso el problema de los cheques en garantía y la supresión del 2 por ciento adicional de las instituciones de previsión, donde se hicieron valer otros intereses, inferiores, por sobre aquellos que son verdaderamente trascendentes, como la vida y la salud. Asimismo, se puso en contraposición el problema de los elementos fundamentales que dignifican a la persona humana, cuando se discutió el proyecto de ley sobre el boletín comercial o datos personales.
Es decir, el Congreso, de manera bastante forzada, está sacando adelante proyectos que de repente se empantanan porque existen dificultades para aprobarlos, precisamente, porque entran en juego otros elementos ajenos que no tienen ninguna relación con sus verdaderas ideas matrices o fundamentales.
Hay que terminar con las cobranzas abusivas y regularlas, porque, de otra manera, estamos posibilitando el atropello a las personas, a las familias y, fundamentalmente, como siempre ocurre, quienes sufren son los más humildes, los pobres, la gente que por diferentes circunstancias a veces no puede pagar sus deudas, se atrasa en dos o tres cuotas y, después, debe entrar en este tortuoso y triste camino de responder a las oficinas de cobranza.
Hay que terminar con estas presiones, con estas amenazas o arbitrios ilegítimos, con los juicios simulados, con estos verdaderos procedimientos al margen de los tribunales de justicia que se realizan en las empresas de cobranza, los cuales son absolutamente ilegales. Hay que terminar con los procedimientos oprobiosos para que de esa forma podamos cautelar los verdaderos intereses de la gente y su dignidad.
Por desgracia, da la impresión de que hoy ya no existe usura, que hay vía libre para cobrar o hacer cumplir las obligaciones sin ningún límite de dinero. Ello se ha debido a que, hace años, las leyes del Código Civil fueron modificadas y se terminó con el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses. Repito que hoy no hay límite para cobrar; hay vía libre en las empresas, en los grandes consorcios, en los grandes grupos económicos para realizar las cobranzas de la manera que estimen conveniente.
Por esas circunstancias, me opongo a las modificaciones del Senado. En verdad, no responden a la inquietud que tuvo el grupo de diputados que presentaron el proyecto de ley y no reparan los abusos que existen en nuestro país. A veces, por desgracia, las iniciativas más útiles, más simples, se dificultan, empantanan y se entorpece su tramitación. Este proyecto otorga protección verdadera a los ciudadanos, puesto que termina con la lacra que significan en Chile las cobranzas abusivas o excesivas.
Por eso me pronuncio en contra de las modificaciones del Senado.
He dicho.
La señora SAA , doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señora Presidenta , quiero sumarme también a las opiniones que se han vertido en esta Sala -creo que son unánimes- en el sentido de no aprobar las modificaciones del Senado, puesto que cambian radicalmente la moción que aprobáramos en la Cámara y son medidas que, en la práctica, serían inoperantes.
Sin duda, estamos ante un problema muy serio que reviste la máxima importancia social. Concuerdo con lo que han dicho los colegas. Afecta a miles de deudores y familias. Los vemos en nuestro distrito; es problema casi diario. Hoy, con familias sobreendeudadas de manera casi normal -diría- y en crisis económica es un drama social.
La moción, elaborada por el diputado Aníbal Pérez y por el ex colega Luis Ferrada , y enriquecida con iniciativas como las que nos explicó el diputado Tuma , sin duda, es muy valiosa y, a mi juicio, más allá de algunas apreciaciones que se han vertido acá, en lo fundamental, logra su objetivo de regular las acciones de las empresas de cobranza, que actualmente están totalmente desreguladas y abusan con amenazas ilegales, anuncios de embargo y acoso a los deudores en su hogar y en el trabajo. Por eso, a través de tipificar y sancionar estos ilícitos, como también de colocar tope a los gastos, se logra el objetivo.
Sin embargo -como han dicho otros colegas y que yo también comparto-, es importante reflexionar por qué el Senado llega a una solución tan mala, puesto que, realmente, desnaturaliza la moción y dicta normas que serían absolutamente inoperantes. Todos sabemos perfectamente que esas famosas cláusulas de los contratos nadie las lee; serían simples cláusulas de estilo, formales. Por otra parte -lo más grave de todo-, es absurdo que se elimine toda norma que ponga atajo a los excesos de gastos, porque ése es el problema fundamental. Los deudores, debido a los gastos, terminan pagando por sobre la deuda originaria.
Además, también aparece muy inadecuado el hecho de que el abuso se convierta en delito de amenaza, tipificado en el Código Penal, por cuanto exigiría el cumplimiento de requisitos muy estrictos, como contratar abogados, etcétera.
Uno piensa cómo es posible que senadores, reconociendo el abuso, el problema, el drama social, lo rechacen y den soluciones que no son tales. Ellos deben darse cuenta de eso. Y, como aquí ha dicho más de algún colega, no lo hacen porque les guste la conducta absurda, porque sean irracionales; naturalmente que no. Creo que este caso -por eso he querido intervenir-, de nuevo, es como el del cheque en garantía de ayer, que nos vuelve a colocar frente a los razonamientos ideológicos y sobreideologizados. Cómo es posible que el principio de la libertad empresarial, que se eleva a una categoría de sacrosanta, esté por sobre la justicia social, por sobre el problema social de la familia. Los senadores debieran revisar su actitud o postura. Me alegro mucho de que no la tenga ninguno de sus colegas de partido y les hago un llamado: les pido que se lo planteen a ellos por cuanto esta esquizofrenia, como la llamaba ayer, se da nuevamente en este tema y es muy importante que no se repita en la Comisión Mixta. Indiscutiblemente, los senadores que establecieron estas modificaciones, desnaturalizando y votando realmente a la basura una moción tan importante, deben cambiar su voto, con lo cual volveremos a la moción original y a dar satisfacción a tanta gente modesta y angustiada que la necesita.
He dicho.
-o-
La señora SAA, doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Señoras diputadas y señores diputados, en nombre de todos ustedes quiero saludar a la agrupación de agricultores de Las Cabras, que están presentes en nuestra tribuna.
(Aplausos).
-o-
La señora SAA , doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señora Presidenta, respecto de este proyecto de ley, iniciado en moción, que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales, hemos escuchado opiniones que apuntan al rechazo de las modificaciones del honorable Senado, porque lo enmarcan en un cuadro imposible de que funcione en forma adecuada.
Como se ha dicho aquí, el sistema de cobranzas por deudas de distinto tipo, comerciales o hipotecarias, ha provocado un problema que angustia a la familia chilena. Incluso, instituciones estatales, como el Banco del Estado de Chile, cuentan con servicios externos de cobranza. En los últimos años, se han constatado pagos por cobranzas hipotecarias históricas, los que han llegado hasta 2,5 veces el valor de la vivienda, manteniéndose igual la deuda primitiva.
Hemos conocido casos de personas de edad avanzada o de deudores que han quedado sin trabajo y que, enfrentados a cobranzas judiciales, han perdido sus viviendas o están ante el riesgo de perderlas.
Si a esto agregamos que las personas que han servido de aval pueden ser ejecutadas y sus bienes, embargados y rematados, el problema es aún peor. En la creencia popular, mucha gente tenía entendido que ser aval no implicaba pagar la deuda. Pero ahora esto se materializa en cobranzas que terminan en el embargo y remate de bienes. Sabemos de algunos deudores que han perdido todo lo que tenían por deudas muy pequeñas.
El problema se agrava por el hecho de que las empresas de cobranza aplican al capital adeudado gastos de cobranza, honorarios de abogados, incluso gastos de oficina y de personal en montos tales que se llega a cifras finales prohibitivas, casi imposibles de pagar, al punto que ni siquiera las personas que muestran la voluntad de ponerse al día en las cuotas han podido cumplir. Por eso la limitación que estableció la Cámara, de un porcentaje del capital adeudado o de la cuota vencida, se acerca, sin ser la solución ideal, a lo que deberían cobrar por sus servicios estos sistemas de cobranza, que, por lo anteriormente dicho, se han desprestigiado mucho. En vez de ser un servicio, en este momento constituyen una coacción inaceptable para los deudores.
Esta situación nos ha motivado a intervenir en este debate para reclamar por la forma en que se apremia a los deudores, con procedimientos fuera de cualquier esquema normal. Nos interesa el proyecto tal como fue aprobado en la Cámara.
Por ello, votaré en contra de las modificaciones.
He dicho.
La señora SAA, doña Antonieta (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones con motivo de este proyecto de ley, en tercer trámite constitucional.
Algunos creen que el crecimiento económico permite la satisfacción de las personas, y como los ingresos de los chilenos han crecido en los últimos diez años en un ciento por ciento, podría pensarse que la mayoría de los habitantes de este país están más contentos. Sin embargo, se observa un aumento de las patologías en salud mental, que se traduce en la infelicidad de las personas.
Entre los problemas más serios que afectan a la población, tenemos la seguridad ciudadana, la salud, el desempleo; pero uno de los más serios es el pago de las deudas. Para bien o para mal, vivimos en una sociedad de consumo -en algunos aspectos, de consumismo-, lo que se refleja en la cantidad de 1 millón 400 mil familias con deudas con financieras o bancos.
Muchas veces los compromisos no se contraen por consumo, sino para enfrentar enfermedades. Lo vimos ayer al tratar la ?ley Fonasa?.
Esta situación hace que haya más de cinco millones de personas endeudadas, de las que alrededor del 16 ó 18 por ciento, un millón de personas, no ha podido pagar por diferentes causas.
Si comparamos la actual situación con la exhibida en un informe de 1995, vemos que la clase media se encuentra endeudada tres veces sobre sus ingresos mensuales, con compromisos cuyo pago requiere entre 16 y 28 meses, y la mayoría tendría que destinar el 40 por ciento de sus ingresos al pago de sus deudas.
En la trilogía empleo, ingreso y consumo, estos años hemos visto una gran inseguridad en el empleo, por la alta cesantía y por la gente que desea ingresar al mundo del trabajo. Esto se traduce en que el 85 por ciento de las personas endeudadas se sienten inseguras; un tercio, totalmente protegidas, y la mitad, sin recursos que le permitan pagar sus deudas.
El proyecto en estudio, iniciado en moción del ex diputado Luis Valentín Ferrada y de los colegas Tuma y Encina , fue aprobado, en primer trámite constitucional, en 1997. Es decir, permaneció más de dos años en el Senado, y hoy ha vuelto a la Cámara totalmente cercenado en sus objetivos. Su propósito era defender al millón de personas que son perjudicadas por las cobranzas ilegales, en las que se recurre a los antiguos métodos del “far west” para amedrentar a los deudores. Es decir, su finalidad era sancionar a quienes recurren a procedimientos ilegítimos en las cobranzas. Además, debe restablecerse el límite de costos que establecía el proyecto de la Cámara.
Por estas razones, al igual que muchos colegas, votaré negativamente las modificaciones del Senado, pues atentan contra el verdadero objetivo del proyecto: defender a los deudores.
He dicho.
-o-
La señora SAA, doña María Antonieta (Presidenta accidental).-
Saludo a las integrantes del centro de madres San Esteban, de La Florida, que se encuentran en las tribunas.
-o-
La señora SAA , doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , desde luego, el Senado ha equivocado el camino, pues el objetivo de la moción del ex colega Luis Valentín Ferrada y de los diputados Tuma y Aníbal Pérez , entre otros que también la patrocinamos, era proteger a los deudores de exacciones o expoliaciones provocadas por sistemas de cobranzas abusivos y arbitrarios.
El Senado, en definitiva, le ha dado más transparencia al sistema, pero no evita el crimen. Sólo regula cómo se le va a indicar a la víctima la forma en que actuará el criminal. Por lo tanto, ha cometido un grave error, por lo cual debe retomarse el sentido original de la moción: regular de manera tal que se eviten el abuso y el daño que se hacen a los deudores que, por razones involuntarias -cesantía, fracaso en los negocios, crisis asiática; en fin, problemas ajenos que han provocado el quiebre económico de muchos chilenos-, han dejado de pagar.
Los acreedores, las grandes empresas que venden productos electrodomésticos y de consumo, en general, que viven de los compradores, que obtienen grandes ganancias, que crecen y progresan gracias a ellos, en vez de ayudarlos, pretenden masacrarlos, ejecutarlos, embargarlos mediante procedimientos abusivos.
La relación tan asimétrica a favor de los vendedores debe ser cambiada por una de equilibrio, y la fijación del 5 por ciento de la deuda total como límite de la cobranza, es una medida racional, al igual que la obligación de informar sobre las sentencias y los acuerdos al Servicio Nacional del Consumidor, para crear un banco de datos que permita informar acerca de las empresas que se burlan y aprovechan de los consumidores.
Por lo tanto, rechazo el planteamiento del Senado y propongo que se envíe a Comisión Mixta el proyecto, con el objeto de que se retome el objetivo inicial y básico de la moción: evitar los abusos a que hoy son sometidos los deudores en Chile.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , se sabe que el ánimo de la Sala es rechazar las modificaciones del Senado. Por eso, sólo quiero precisar que se ha construido un completo acuerdo para evitar la sinvergüenzura -tan sencillo como eso- de empresas que se han hecho millonarias gracias a los problemas de la gente que no puede pagar, tanto del sector privado como público.
Para los deudores habitacionales, el nombre de Inverca, en realidad, produce escalofríos. Básicamente, se ha constituido en el verdadero verdugo de los chilenos más pobres, problema que se agudiza cuando no hay trabajo, y va a terminar un Gobierno que, en la práctica, entregará el país con casi un quince por ciento de cesantía.
Además, el propio Banco del Estado, por un préstamo a un pequeño empresario cuyo pago demoró un día -el vencimiento era un viernes y lo cubrió el lunes-, le cobró 6.500 pesos adicionales. Esto se llama “frescura”, y contra ella la Cámara política está en contra.
Por estas razones, nosotros rechazaremos las modificaciones del Senado, ya que significan mantener, de una u otra forma, un sistema pernicioso e injusto, particularmente para los más pobres.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , hay dos formas de abortar un proyecto. Una es rechazándolo de plano. Otra, desnaturalizándolo mediante indicaciones que alteren sustancialmente su sentido y resten eficacia a la norma. El Senado ha escogido este último recurso, desde luego muy sibilino, para oponerse a uno que responde a un verdadero clamor popular.
Millones de modestos ciudadanos chilenos son objeto de una persecución infame por parte de empresas que, aprovechando los vacíos legales, han constituido, como se ha dicho, verdaderas mafias al servicio de grandes intereses. En particular, estos últimos corresponden al sector del gran comercio, que se ha repartido el país entero, sometiendo, en muchos casos, a la miseria y al hambre a pequeños comerciantes de provincia.
El cheque en garantía, ayer; las empresas que efectúan cobros ilegales, hoy, son muestras patéticas del “capitalismo salvaje” de que hablaba el Papa y al cual condenó en tan duros términos.
Vamos muy lentos en legislar para la debida protección de los derechos ciudadanos. Los chilenos, fundamentalmente los más modestos, están hoy a merced del juego brutal de intereses que en las cúpulas empresariales se lleva a cabo.
Las financieras, las isapres, las aefepes -todos intereses que están siendo manejados por grupos muy definidos del espectro económico del país-, se han convertido en un azote para la inmensa mayoría de los chilenos, quienes no tienen una legislación adecuada para defender sus más elementales derechos.
Lo que comentamos en la mañana y que atañe a las empresas de cobros ilegales, también se da en el ámbito estrictamente judicial. Cuando prospera una demanda, las grandes empresas comerciales cuentan con funcionarios judiciales que atienden al instante sus requerimientos y, además, con el auxilio de la fuerza pública, irrumpen en las casas de modestos chilenos, violentando puertas y ventanas, para hacer el debido chequeo de sus escasos bienes, muchas veces acumulados a lo largo de toda una vida de esfuerzo.
¿Quiénes son y con qué derecho esa gente, en nombre de la ley, irrumpe en la intimidad de los hogares de personas modestas para expropiar sus bienes? Hay una explicación: por desgracia, los derechos que verdaderamente hoy se defienden con eficacia en Chile son los de los grupos económicos más poderosos del país; pero cuando una persona modesta intenta cautelar un derecho por la vía judicial, pasarán años sin que logre su propósito. Y si el día de mañana requiere el concurso de la fuerza pública, es muy probable que ésta nunca esté a su disposición. Ése es el drama de la inmensa mayoría de los chilenos en una sociedad que ha privilegiado por sobre todas las cosas el lucro, el éxito y, en definitiva, el hedonismo más perverso, el cual ha distorsionado por completo los valores en que debe sustentarse una sociedad mínimamente sana.
Creo que debemos aprovechar este “veranito de San Juan” que parece vivir la Derecha en Chile. Próximos ya a una elección presidencial, como una especie de elemento mágico, la sensibilidad de los representantes de la Derecha se ha puesto a flor de piel. Ayer aportaron sus votos para eliminar el cheque en garantía; hoy también nos dan la unanimidad para vencer este inmenso obstáculo a la más elemental justicia ciudadana. Quizás mañana sería útil presentarles iniciativas que apuntaran hacia un perfeccionamiento de nuestra democracia para que la gente de menores recursos pueda, en la democracia de mañana, defender los derechos que hoy le son negados.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , es patético escuchar lo que ha manifestado el diputado señor Ávila .
Soy de Derecha, y no tengo que dar explicaciones a nadie por mi sensibilidad social. Tampoco debo explicar a nadie mi pasado, porque lo tengo limpio. Ni la moral, ni la ética, ni los derechos humanos, ni la honestidad, ni la sensibilidad social son patrimonio de un sector político ni monopolio de la Concertación. Todos los sectores políticos tienen personas correctas, humanas, sensibles; de manera que hacer festín en la Cámara de Diputados, con un discurso político, sobre un tema que aqueja a tantos millones de chilenos, es pura demagogia y nada de seriedad.
Estamos hablando sobre algo que afecta definitivamente a las personas. Pero éstas son afectadas no sólo por las empresas de cobranza que muchas veces se constituyen en verdaderos usureros para coaccionar a las personas, sino también por otras, como Inverca, empresa privada de cobranzas que mencionó el diputado señor Ulloa , la cual cobra las deudas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
¿Cuántas veces me ha tocado ir a reclamar al Serviu Metropolitano porque esta empresa, que presta servicios al Estado, trata de la manera más humillante a la gente que vive en la villa Santa Teresa , de La Florida, que resultó afectada por el aluvión? No digamos, entonces, que sólo las empresas de cobranza están dirigidas por los poderosos. Estarán dirigidas por los poderosos de turno, que no siempre corresponden a los poderosos políticos.
No debemos ser demagógicos, sino objetivos y realistas. Este no es un proyecto político respecto del cual un grupo de la Concertación vino a exponer un tema; porque, además del diputado señor Aníbal Pérez , del PPD, lo patrocinó también el ex diputado señor Luis Valentín Ferrada , miembro de nuestro partido político. Por lo tanto, no hagamos festín ni alarde político para que la gente, a través de la televisión, se entere de que sólo algunos tuvieron esa sensibilidad social.
Dimos nuestra unanimidad a la iniciativa no gracias “al veranito de San Juan”, sino porque estimamos de madurez política aceptar que ya es hora de que en nuestro país la gente sea valorizada por lo que es y no por lo que tiene. Eso, en este cambio de milenio, constituye una tremenda lección para los que somos de Derecha, para los que son de Izquierda y para los que son de Centro.
Esto no es patrimonio de un sector político; es patrimonio de la gente, y nosotros representamos a la gente de nuestros distritos. ¿O acaso los diputados del Partido por la Democracia sólo representan a la gente de Izquierda?
Termino diciendo, al margen de todo lo que se ha expresado, que se deben establecer sanciones mucho más altas para los “palos blancos”, para aquellos que tienen acceso a información privilegiada y, cuando saben que va a salir a remate una casa, un departamento, una parcela o cualquier bien, llaman por teléfono para avisar su participación, ponen un “palo blanco”, éste lo compra a precio de huevo y se quedan con un montón de propiedades. Tenemos que hincarle el diente a este problema y aumentar las penas para sancionar esta verdadera red de tráfico de influencia.
En Chile hay mafias que se aprovechan de la ignorancia de las personas sobre las cobranzas judiciales, quienes no saben qué hacer cuando golpean sus puertas y les dicen que son empleados de una empresa de cobranzas. Finalmente, los hacen pasar cuando les muestran una credencial. La gente en Chile es respetuosa de las credenciales; confía en las autoridades y, por esa razón, siempre trata de pagar sus deudas. No se trata de personas que hayan cometido un delito, sino de quienes quieren tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, lo cual han buscado a través del crédito.
Por lo tanto, hay que hacer menos gárgaras con la democracia, dejar de hablar del patrimonio de algunos sectores políticos y votar hoy este proyecto, a fin de demostrar al país que, una vez más, en este Congreso, la gente es sensata y, al margen de lo que apruebe el Senado y de lo que señalen algunos senadores, incluso de mi propio sector político, está muy claro que ya es bueno terminar con este abuso.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , en estos casi diez años que me ha correspondido representar a mi distrito, de repente siento una pena muy grande, porque aquí cada uno trata de tener un patrimonio que no es de nadie, y en las sesiones se descalifican unos con otros en función de lo que significan el “marketing” y los medios de comunicación.
En ese aspecto tengo otro concepto del servicio público y otra forma de hacer política.
No pensaba intervenir en este debate; pero luego de escuchar la discusión durante la mañana, me siento obligado a hacerlo.
Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta, porque estamos primeramente quienes creemos en otros conceptos de la vida. Es cierto que todos los seres humanos tenemos debilidades, fortalezas, cometemos errores y tratamos de cumplir con nuestro deber de parlamentarios.
A mi juicio, ¿cuál es la verdad de este proyecto?
Esta es una iniciativa del ex diputado señor Luis Valentín Ferrada y del diputado señor Aníbal Pérez . Pero cuando empiezan las descalificaciones recíprocas, la opinión pública no entiende nada; porque con la Constitución del 80 se le quitaron muchas atribuciones a este Parlamento; entre otras, prácticamente limitar su facultad de presentar mociones. Incluso, tuve conocimiento de que un par de abogados de Concepción le entregó al honorable colega Pérez antecedentes reales y fidedignos de una realidad cruel que vivía una serie de personas de la Octava Región.
En consecuencia, tengo el convencimiento de que los autores de esta iniciativa actuaron con seriedad, trataron de solucionar un problema que, en promedio, afecta a no menos de ochocientos mil chilenos y se dieron cuenta de que había que presentar un proyecto que significara una solución efectiva y real del problema de las cobranzas extrajudiciales, a fin de evitar el uso de resquicios legales para cometer usura, principalmente con la gente más necesitada.
Voy a retomar el fondo de este proyecto a través de la siguiente pregunta: ¿Qué importa en este instante?
Se está planteando un mínimo y un máximo en todo lo que significan las deudas vencidas; se está tratando de solucionar el tema de todo lo que son los créditos de consumo, como las operaciones de créditos, establecidas por la ley Nº 18.010, dictada antes de que funcionara este Congreso. Ahora se está tratando de modificar esta normativa. Sin embargo, ¿cuál es la realidad?
En el Senado votaron en contra de esta moción dieciséis senadores -todos de la Derecha-, y un senador -lo lamento-, el Presidente del Senado , que es de mi Partido, se abstuvo. Esa es la realidad. Eso es lo que tiene que saber el país, y cada uno debe asumir su responsabilidad. Es cierto y estoy convencido de que la inmensa mayoría de esta Cámara va a votar en contra de las modificaciones del Senado. ¡Demostrémoslo! Esa es la mejor forma de ser consecuente, de mirar hacia adelante sin descalificaciones y de no crear situaciones de distinta naturaleza. No proceder así implica, en el fondo, matar esta institución que tanto queremos.
Por eso, votaremos en contra de todas las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
La votación de este proyecto se efectuará al final del Orden del Día.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece sanciones a procedimientos de cobranzas ilegales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la negativa, 80 votos. No hubo votos por la afirmativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazadas las modificaciones propuestas por el Senado.
Propongo integrar la Comisión Mixta, encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación de este proyecto, con los diputados señores Aníbal Pérez, Alberto Espina, Francisco Bartolucci, Aldo Cornejo y Juan Ramón Núñez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
CESIÓN DE BIENES COMUNES DE LA REFORMA AGRARIA A SOSTENEDORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Segundo trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria.
Diputado informante de la Comisión de Agricultura , Silvicultura y Pesca es el señor José Antonio Galilea.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2189-01, sesión 28ª, en 18 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Agricultura, sesión 1ª, en 5 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 24.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Agricultura, informo este proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 2º de la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria.
El artículo 1º de la mencionada ley consigna normas especiales de procedimiento para la enajenación de los bienes comunes de predios provenientes de la reforma agraria.
El artículo 2º declara indivisibles aquellos retazos de terreno de los bienes comunes inmuebles destinados en forma permanente a actividades asistenciales, deportivas, recreativas, religiosas, y permite su cesión, a título gratuito, a personas jurídicas sin fines de lucro, siempre que se mantenga su destino de origen.
El artículo 4º de la ley Nº 19.532, que creó el régimen de jornada escolar completa diurna, dispone el otorgamiento, a sostenedores de establecimientos educacionales, de un aporte suplementario destinado a la construcción de nuevos establecimientos, a la adquisición o arriendo de inmuebles construidos, a la habilitación, adecuación y ampliación de locales existentes, o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o el arriendo de terrenos.
La idea matriz de esta iniciativa es permitir la cesión, a título gratuito, de retazos de terrenos pertenecientes a bienes comunes derivados del proceso de reforma agraria, a sostenedores de establecimientos educacionales rurales, con el fin de dar cumplimiento a los propósitos de la ley Nº 19.532, con la limitación de que dichos sostenedores deberán cumplir con la obligación de mantener esa afectación.
Dado que no me voy a referir en esta oportunidad a los fundamentos del proyecto, sólo he explicitado las ideas matrices, y entraré de inmediato a lo que fue la tramitación de esta iniciativa en el Senado.
Durante su estudio, el Ejecutivo hizo presente que, por razones de técnica legislativa, resultaba más apropiado modificar el inciso tercero de la letra a) del artículo 1º de la ley Nº 19.386, ya que esta norma contiene la regla general en materia de donaciones de bienes comunes o de retazos de los mismos.
El Ejecutivo sostiene que el artículo 2º que se propone modificar, se refiere sustancialmente a la prohibición de subdividir los retazos de bienes comunes destinados permanentemente a actividades asistenciales, deportivas, recreativas, religiosas, sociales o comunitarias.
Precisamente, el inciso segundo de dicha norma legal se refiere a las donaciones de estos retazos de bienes comunes y a la prohibición de que cambien su destino, por lo que dicha facultad de donar se refiere sólo a los inmuebles que actualmente tienen algunos de los destinos señalados, entre los que no están los educacionales.
En consecuencia, con el objeto de hacer compatible la modificación propuesta con la regla general que establece la ley, el Ejecutivo propone:
-Modificar el inciso tercero de la letra a) del artículo 1º de la ley Nº 19.386, agregando, a continuación de la expresión “sin fines de lucro.”, en punto seguido, la siguiente frase: “Igualmente, podrán ser cedidos a título gratuito a sostenedores de establecimientos educacionales rurales, con el objeto de dar cumplimiento a los fines establecidos en la ley Nº 19.532 y con la obligación de mantener ese destino”.
-Sustituir el inciso segundo del artículo 2º de la ley señalada, por el siguiente: “Estos inmuebles podrán ser cedidos a título gratuito a los organismos, entidades o personas señaladas en el inciso tercero de la letra a) del artículo 1º de esta ley, con la obligación de mantener su destino de origen”.
Esta proposición del Ejecutivo fue rechazada por la Comisión de Agricultura del Senado, por las siguientes consideraciones:
-Porque de la historia fidedigna del establecimiento de la ley Nº 19.386 se desprende la intención del legislador de interpretar en sentido amplio los conceptos contenidos en el artículo 2º, lo que consta en el informe evacuado por la Comisión de Agricultura del Senado, al señalar que el término “asistenciales” debe ser interpretado en “sentido lato, entendiendo comprendidas en él, por ejemplo, actividades relacionadas con la educación, la salud o la asistencia jurídica”.
-Porque el inciso segundo del artículo 2º se refiere a “cesiones a título gratuito” y no a “donaciones”, a que hace referencia el artículo 1º en su letra a), que constituyen instituciones jurídicamente distintas. En efecto, el Código Civil define la donación entre vivos como “un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”.
-Por su parte, en el contexto de la norma, la cesión a título gratuito debe entenderse como un contrato de comodato o préstamo de uso, el que, según la definición legal, constituye “un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso”.
-Por último, de entenderse que se trata de una donación, se estaría vulnerando el artículo 62, Nº 1, de la Constitución Política de la República, que señala como normas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República las que propongan “Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y modificar su forma, proporcionalidad o progresión”. Esta vulneración se produciría, puesto que el artículo 4º de la ley Nº 19.386 señala que las enajenaciones de bienes comunes a título gratuito estarán exentas del trámite de insinuación y de los impuestos que graven tales actos.
En consecuencia, la Comisión de Agricultura del Senado aprobó el proyecto en los términos propuestos por su autor, el senador señor Rafael Moreno , con algunas modificaciones más bien formales.
La iniciativa propuesta por el Senado consta de un artículo único, mediante el cual agrega, en punto seguido, en el inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 19.386, una oración para permitir la cesión, a título gratuito, de bienes comunes provenientes del proceso de reforma agraria a sostenedores de establecimientos educacionales rurales, con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos impuestos por la ley Nº 19.532 -como ya lo dije, fue la que extendió la jornada escolar diurna-, con la obligación de mantener su destino original.
Quiero dejar constancia de que el proyecto fue aprobado por la unanimidad de la Comisión de Agricultura, y contó con la asistencia de su autor, el senador señor Moreno ; que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión, que no contiene normas de ley orgánica Constitucional o de quórum calificado y que ninguna de sus disposiciones son de competencia de la Comisión de Hacienda.
Por las razones expuestas, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recomienda a la Sala aprobar este proyecto de ley, a fin de terminar la tramitación de una iniciativa que, en su momento, la Cámara y el Senado conocieron, que excluyó de la finalidad del proceso de reforma agraria los fines educacionales, y dar solución a un problema detectado en numerosos sectores y zonas del país.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
El señor NARANJO.-
Pido la palabra.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , haciendo un poco de historia, recordemos que la ley Nº 19.386 establece normas para la enajenación de los bienes comunes provenientes del proceso de reforma agraria, y que parlamentarios de la Concertación presentamos, hace algunos años, diversas iniciativas tendientes a clarificar dicha situación.
Sin duda, esta modificación al artículo 2º mejora en forma significativa la ley, puesto que abre la posibilidad de que estos bienes también puedan ser transferidos a establecimientos educacionales de los sectores rurales.
Por lo tanto, por compartirla plenamente, anunciamos nuestro respaldo a esta iniciativa.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ .-
Señor Presidente , sólo para anunciar que apoyaremos esta iniciativa, porque, en el fondo, involucra el tema educacional, al permitir que los terrenos que eran bienes comunes provenientes de la reforma agraria sean cedidos a los sostenedores de las escuelas instaladas en ellos, a fin de que se acojan a los beneficios que otorga la ley de jornada escolar completa.
De manera que se trata de un proyecto muy positivo que beneficia el desarrollo educacional en los sectores rurales, ya que permite que las escuelas obtengan recursos, se implementen y sean mejores.
En realidad, existía un vacío en la ley Nº 19.386, que establece normas para la enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria. Por esa razón, espero que la Sala lo apruebe en forma mayoritaria.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , sólo para anunciar que nuestra bancada votará favorablemente este proyecto, que resuelve en forma muy adecuada el destino de los bienes comunes que no estaban desarrollando una función social, Ahora, con la modificación, cumplirán dicha función, especialmente en lo educacional.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, sólo para anunciar que adhiero a este proyecto.
Represento a una provincia en la cual el 40 por ciento de la población vive en los sectores rurales, en los cuales la reforma agraria hizo muchos pequeños propietarios. Esta iniciativa, que regula la posibilidad de ceder terrenos a los sostenedores de establecimientos educacionales rurales, es muy positiva para el proceso educativo de los escolares que viven en los sectores rurales de la provincia de Ñuble.
Por lo tanto, anuncio el voto favorable de la bancada radical-socialdemócrata.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación en general el proyecto de ley que establece normas sobre enajenación de bienes comunes provenientes de la reforma agraria.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general.
No habiendo indicaciones, se daría por aprobado en particular con la misma votación.
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
OTORGAMIENTO DE TITULARIDAD EN EL CARGO A PROFESORES CONTRATADOS. Veto.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde ocuparse de las observaciones de su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a los profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
Diputada informante de la Comisión de Educación , Cultura, Deportes y Recreación es la señora María Rozas.
Antecedentes:
-Veto, boletín Nº 1934-04, sesión 5ª, en 15 de octubre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María) .-
Señor Presidente , de acuerdo con la técnica parlamentaria, tendría que ser diputado informante de la comisión el autor de la iniciativa, el señor Valenzuela , pero él y la comisión determinaron que fuera yo la informante, y espero hacerlo lo mejor posible.
Hace siete años se dictó en Chile la ley Nº 19.070, Estatuto Docente, que regula la estabilidad laboral de los profesores. Dentro de él se estableció la situación de los profesores a contrata, dándoles facultades a los alcaldes para que, al contratar eventualmente profesores en situaciones de emergencia, el 10 por ciento de ellos tuviera acceso a la movilidad.
Paralelamente a esta ley, el Código del Trabajo fue reformado en 1993 para que los contratos de trabajo a plazo fijo después de más de dos prórrogas pasaran a tener la calidad de indefinidos.
En la aplicación del Estatuto Docente se fue dando esta figura de trabajador de plazo fijo, o sea, lo que en el magisterio denominamos profesores a contrata, fórmula de contratar frente a eventualidades. Sin embargo, tal situación se ha convertido en una práctica que, en la mayoría de los casos, alcanza a más de cuatro años de antigüedad de “profesor” en esta supuesta eventualidad. Los profesores en dicha situación alcanzan a más de doce mil, número que supera el 28 por ciento del profesorado municipal.
Este hecho ha implicado inestabilidad e inseguridad para quienes deberán ser el sustento de la gran transformación del futuro del país: la reforma educacional.
Hace exactamente un año logramos, como parte de la solución del conflicto entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación, que el Gobierno -reconociendo este problema y que no tenía posibilidades de concordar con el tema a fondo-, no interviniera en la legislación y solución de ese problema. Fue así como en el proyecto presentado por el diputado señor Valenzuela , con el apoyo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se incluyó la eliminación de esa discriminación. En septiembre, el Colegio de Profesores celebraba que este proyecto se convirtiera en ley.
Pero hoy nos encontramos con el veto, que contraviene los acuerdos logrados en la negociación con el Colegio de Profesores.
Estamos conscientes de que los alcaldes, en forma transversal, se oponen a esta ley, porque por una vez tendrán que integrar a la planta docente a quienes hoy estaban como temporeros de la educación, cuya situación dependía del vaivén de las autoridades de turno. Los profesores municipales son los únicos trabajadores del país que ejercen sus funciones a plazo fijo de por vida, sin acceder a la estabilidad laboral y a los beneficios que les da la ley Nº 19.070, Estatuto Docente.
Los argumentos planteados en el veto no son válidos; no tienen asidero jurídico ni constitucional. Como ya fue demostrada la constitucionalidad de la ley, menos aún se pueden aceptar los reparos que contiene el veto, que pretende reducir este beneficio a su mínima expresión.
Justo cuando en estos días estamos hablando de la protección de la salud de la gente, se quiere dejar fuera de este beneficio a quienes tienen problemas de salud. Así, un profesor que se ha desempeñado 4, 5 ó 9 años en el cargo tendría que pasar por un examen médico para optar a este beneficio.
Como profesora, ex dirigenta nacional del Colegio de Profesores y hoy como parlamentaria, no puedo aceptar que las palabras comprometidas, en este caso del Mineduc, no se cumplan. El acuerdo era no intervenir en el proceso legislativo. Este veto es un retroceso para el magisterio.
Por ello, la Comisión de Educación, en forma unánime -9 votos- rechazó el veto a la ley que da estabilidad al profesorado y termina con la discriminación de quienes, con esfuerzo y constancia, contribuyen al desarrollo del país.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Educación, solicitamos rechazar el veto presidencial y satisfacer una sentida aspiración del magisterio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Hasta este momento, se encuentran doce diputados inscritos. Sugiero que les concedamos a cada uno de ellos hasta cinco minutos por intervención.
¿Habría acuerdo para proceder de esta manera?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , nos encontramos ante un veto que constituye un error conceptual, jurídico, de hecho, contractual, humano, político y de decisión administrativa.
Error conceptual porque el veto, que contempla cuatro materias, establece primero que no podrán acceder al beneficio los profesionales de la educación que no cumplan con los requisitos de ser profesores titulados. Es un error -pareciera que, incluso, no estuvo presente el Ejecutivo - porque el artículo 2º del DFL Nº 1, de Educación, de 1996, señala quiénes son profesores titulados. Obviamente, esto siempre ha estado referido al concepto de profesor titulado que figura en el artículo 2º del Estatuto Docente, a los normalistas, a aquellos profesores que han estado desempeñándose durante un largo período y que han sido habilitados a trabajar como tales, porque en las zonas rurales no hay profesores disponibles, o lo que ocurre en la educación técnico-profesional, en la que no se encuentran profesores titulados en determinadas especialidades, porque ellas no se imparten. De manera que es inexplicable el artículo segundo del veto.
En seguida, el artículo 3º, nuevo, se refiere a que este beneficio no puede concederse a profesores que desarrollan labores esporádicas. Ese es otro error jurídico, porque el artículo 25 del Estatuto Docente define quiénes son profesores titulares y a contrata, considerando entre estos últimos a aquellos que desempeñan una función esporádica.
Nos hemos referido a una laguna legal; no estamos entregando titularidad a profesores que se desempeñan esporádicamente, ya que nadie puede estar trabajando en esta forma por más de tres o cuatro años. Aquí ha habido negligencia del empleador, pues no ha llamado a concurso. Tratamos de arreglar por ley un piso mínimo que tienen los trabajadores del sector particular, no así los profesores.
Votaremos unánimemente en contra del veto, porque también en el artículo 3º se pide a los profesores que acrediten tener salud compatible para desempeñar el cargo, en circunstancias de que esta exigencia sólo se pide cuando se ingresa al servicio o cuando es causal del término del contrato. No se justifica. Incluso, se pide haber sido bien calificado, en circunstancias que el Ejecutivo sabe que no se ha calificado a ningún profesor en Chile, porque la disposición legal nunca se ha cumplido; luego, es un error de hecho.
Además, hay un error conceptual porque se ha dicho que fue un requisito -en un documento suscrito en la Cámara- para poner término a una huelga, no interferir en la materia.
Es un error humano porque el veto se presentó el día anterior al del Profesor. Menos mal que los profesores no lo supieron en esa oportunidad, porque si no, lo habrían sentido como un portazo o un bofetazo.
Obviamente es un error político. No debe olvidarse que son 25 ó 30 mil profesores los que están en esa condición.
Por último, es un error de decisión. En honor a la verdad, quiero decir -porque aquí debemos decirlo todo- que el veto tiene fecha 4 de octubre de 1999 y fue presentado el 14 de octubre, a las 19.30 horas, el último día del plazo.
Conversé con el ministro por teléfono y quedó de pensarlo, lo cual ocurrió a las 20 horas, en circunstancias de que, como consta en el documento, el veto se había presentado, repito, a las 19.30 horas. Creo que fue una decisión equivocada pero que, al rechazar el veto, enmendaremos unánimemente en la Cámara.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor INSULZA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , intervendré sólo sobre un punto, que no fue planteado ni por la diputada informante ni por el diputado Valenzuela. Tal vez otro parlamentario quiera referirse a él, y me parece sustancial tenerlo en cuenta.
A nuestro juicio, hay dos decisiones que son complejas.
En primer lugar, sobre el contenido del veto mismo y lo que han dicho la Comisión y el diputado Valenzuela, sobre lo cual no me explayaré, porque, desgraciadamente, el acuerdo de ustedes de votar hoy el proyecto no permitió la presencia del ministro de Educación y, por consiguiente, prefiero no improvisar sobre el veto, pues sería impropio de mi parte y carezco de toda la información del caso.
En segundo lugar, en cambio, hay otro aspecto que sí compete al ministerio a mi cargo y que se consignó en un oficio de fecha 6 de octubre de 1999 que yo suscribí y envié al Presidente de la Cámara de Diputados. En él el Ejecutivo sostiene, una vez más, que este proyecto no procede desde el punto de vista constitucional, por cuanto surgió como fruto de una iniciativa parlamentaria, en circunstancias que es atribución exclusiva del Presidente de la República . Esa fue la opinión original del Presidente de la Cámara y entiendo que la rechazó la Comisión respectiva. La razón es muy simple, no quiero leer el texto de nuestro oficio; simplemente le pido al señor Presidente que se incorpore en la versión de esta sesión. En él señalamos que, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para: “4º. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas...”.
En segundo lugar, expresamos que el cambio de la naturaleza jurídica de la relación contractual entre los profesionales de la educación y las municipalidades, pasando de docentes contratados a titulares, constituye un beneficio económicamente cuantificable y relevante y, por lo tanto, está cubierto por el artículo 62, números 3 y 4, de la Constitución Política del Estado. Por consiguiente, no es materia de iniciativa parlamentaria otorgar el carácter de titular a docentes que no lo son; ello constituye la creación de un empleo municipal.
Sin embargo, en el mismo oficio señalo -lo citaré textualmente-: “Comunicamos a esa honorable Corporación la intención del Ejecutivo de formular observaciones al proyecto de ley, de conformidad al artículo 70 de la Carta Fundamental, con lo que se busca sanear el vicio antes detallado”. Es decir, el Ejecutivo , al margen del contenido del veto mismo, busca, en su propia interpretación, sanear el vicio. La otra alternativa sería no formular observaciones y concurrir al Tribunal Constitucional, cuestión que no hemos querido hacer por la sencilla razón de que compartimos, en lo esencial, el proyecto de ley presentado por los señores parlamentarios y no queremos causar un perjuicio al profesorado.
Por lo tanto, el Ejecutivo ha dicho que en lugar de recurrir al Tribunal Constitucional, dado que está convencido de que la iniciativa es inconstitucional, veta el proyecto para sanear el vicio que lo afecta.
Todo lo que pedí o sugerí fue que este hecho se consignara o, al menos, fuera examinado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. No hecho esto, no me queda sino registrar la opinión del Ejecutivo , pedir que sea incorporada en el acta y, por cierto, el Presidente de la República tomará respecto de la iniciativa aprobada, las decisiones que estime conveniente.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo para incorporar en el acta el texto del oficio enviado por el Ejecutivo?
Acordado.
-El texto cuya inserción se acordó es el siguiente:
“Ord. (Gab. Min.) Nº 938.
Ant.: Of. Nº 2553, de 14.09.99 de la honorable Cámara de Diputados.
Mat.: Proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a los profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años (Boletín Nº 1934-04).
Santiago, 6 de octubre de 1999.
De: José Miguel Insulza Salinas,
Ministro Secretario General de la Presidencia
A: Carlos Montes Cisternas,
Presidente de la honorable Cámara de Diputados
1. S.E. el Presidente de la República ha recibido el oficio del antecedente, mediante el cual la honorable Cámara de Diputados comunica la aprobación por parte del honorable Congreso Nacional, del proyecto de ley que concede, por única vez, la calidad de titulares de la dotación docente dependiente de un mismo municipio o de una misma Corporación Educacional Municipal, a los profesionales de la educación parvularia, básica o media, que a la fecha de la ley, se encontrasen incorporados en dicha dotación en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como tales en la misma, durante, a lo menos, 3 años continuos o 4 discontinuos, por un mínimo de 20 horas cronológicas de trabajo semanal.
El referido proyecto fue iniciado por moción de los honorables diputados señores Valenzuela, don Felipe; Gutiérrez, Montes, Prokurica, Rocha, Ulloa, el ex diputado Viera-Gallo y la diputada Saa.
2. El Gobierno, concordando con el señor Presidente de la honorable Cámara de Diputados quien, por oficio Nº 0996, de 30 de octubre de 1996 estimó que la moción referida es inadmisible, por referirse a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , estima que se trata de una moción inconstitucional.
En efecto, el artículo 62 Nº 4 de la Constitución Política de la República, establece que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para “4º. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la administración pública y demás organismos y entidades anteriormente señalados, como asimismo fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes”.
A su vez, el Nº 3 del artículo 62 se refiere al Estado y a “las entidades semifiscales, autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades”.
3. De acuerdo a lo señalado, es posible desprender que la Constitución establece como una materia de iniciativa presidencial exclusiva, la fijación de beneficios al personal de la Administración Pública, e incluso, al municipal. La Carta Fundamental no define el término “beneficios”, pero dada la amplitud de los términos, se debe entender referido a cualquier tipo de beneficio económico, sea directo o indirecto.
No cabe duda, pues, que el cambio de naturaleza jurídica de la relación contractual entre los profesionales de la educación y las respectivas municipalidades o corporaciones educacionales, pasando de docentes “contratados” a “titulares”, constituye un beneficio económicamente cuantificable y relevante, sea porque adquieren un derecho a estabilidad funcionaria que no tenían anteriormente, sea porque esta modificación de su status les permite el acceso a nuevas posibilidades de desarrollo, de las que antes no gozaban.
4. Adicionalmente, y sobre la base del argumento antes mencionado, esta moción debiera haber sido de iniciativa presidencial porque tiene relación directa con la “administración financiera o presupuestaria del Estado”. En efecto, la mantención en el establecimiento educacional de los docentes a los que el proyecto de ley se refiere, conlleva la necesidad para la municipalidad o corporación de educación correspondiente, de pagar las remuneraciones, beneficios, asignaciones u otras retribuciones a que dichos docentes tendrán derecho, afectándose los fondos del Estado y las estimaciones presupuestarias del Fisco.
5. Finalmente, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cabe hacer presente que la ley Nº 19.526, modificó la Carta Fundamental suprimiendo del artículo 62 Nº 2, la alusión a los municipios y, paralelamente, facultó a las municipalidades para crear o suprimir empleos y para establecer la estructura orgánica de la municipalidad. En este contexto, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para crear, suprimir y determinar las funciones y atribuciones para nuevos servicios públicos o empleos rentados municipales quedará suprimida, porque ello se transforma en una materia de decisión municipal en el ejercicio de su autonomía. Sin embargo, la mencionada atribución municipal sólo será operativa una vez que sea dictada la ley orgánica constitucional que regule la materia, siendo ésta, también, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República .
6. Conforme a lo expuesto, no cabe duda en este caso concreto, que la atribución de otorgar el carácter de “titulares” a docentes que no lo son, representa una “creación” de un empleo municipal no existente antes, con todos los beneficios y cargas que ello implica, materia que no es de iniciativa parlamentaria.
Por lo anteriormente referido, comunicamos a esa honorable Corporación, la intención del Ejecutivo de formular observaciones al proyecto de ley, de conformidad al artículo 70 de la Carta Fundamental, con lo que se busca sanear el vicio antes detallado.
Saluda atentamente a usted”.
(Fdo.): José Miguel Insulza Salinas, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Aclaro al señor ministro que la decisión sobre la admisibilidad del proyecto fue resuelta en una discusión de la Sala y no tendría sentido repetir ese debate.
El señor INSULZA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Quiero expresarme bien.
Aquí existe la posibilidad de que alguien recurra de inconstitucionalidad, o de que se plantee un recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema.
En ese caso, podremos sostener que el recurso no es procedente por cuanto, a nuestro juicio, como lo digo en mi oficio, el veto sanea el proyecto. Sobre ese punto pedí un pronunciamiento, porque no quiero que después se manifieste que hay un precedente en cuanto a que el Ejecutivo no recurrió al Tribunal Constitucional en una situación similar. Al respecto podría decirse que se está permitiendo que en el Legislativo se inicien mociones que vulneran la Constitución.
Creo que debe haber un criterio claro sobre esto. Y a la pregunta de si el veto del Ejecutivo se considera iniciativa de ley y sanea el proyecto, nuestra respuesta es afirmativa. Esa es nuestra opinión, y queremos conocer la del Congreso Nacional sobre este tema, porque, de lo contrario, tendríamos que pedírselo al Tribunal Constitucional, y no queremos hacerlo. Es tan simple como eso.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señor ministro , no corresponde en este trámite pronunciarse sobre la materia porque la Cámara ya lo hizo. Por lo tanto, seguiremos con el debate.
Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , sólo para señalar al señor ministro que esta Corporación al igual que el Senado, es soberana en sus decisiones. En consecuencia, del mismo modo como encontramos muy respetable la posición del Ejecutivo , discrepamos de ella. El sentir de la Corporación es distinto, pero como uno de los autores del proyecto, quiero señalar que la idea nació precisamente en el debate de la última modificación de la ley Nº 19.070. Fue recogida por el diputado Valenzuela y por quien habla y planteada al ministro de Educación en ese minuto. Es un proyecto que fue presentado hace mucho tiempo y el Gobierno nunca se manifestó de manera clara y concreta frente al tema. Incluso en una discusión, y figura en los registros de la Comisión de Educación, el planteamiento del subsecretario fue: “Bueno, si ustedes van a hacer esto, entonces desarmen la ley Nº 19.070”. Yo le dije: “Hagamos entonces una discusión real frente a este tema, pero no tratemos de sacar las castañas con la mano del gato”.
Como ya lo señalé, este proyecto de ley nació en la discusión de la modificación de la ley Nº 19.070, cuando el diputado Homero Gutiérrez sostuvo algo que todos comenzamos a comprobar que era verdad: ningún municipio estaba cumpliendo con los llamados a concurso. Ésa es la razón por la cual esta iniciativa llegó a trámite legislativo, porque llegamos a la convicción de que se estaba saltando la ley y que la instancia correspondiente -el ministerio- no estaba haciendo nada por resolver esta situación. Entonces nace la idea de diseñar este proyecto que llevó a toda la Comisión, en forma entusiasta, a patrocinarlo, tramitarlo y sacarlo adelante.
A nuestro juicio, el veto, en forma equivocada, agrega disposiciones que, en la práctica, no resuelven el tema que el artículo único quiere solucionar. ¡Y es uno solo! ¿Por qué razón tenemos profesionales de la educación que llevan tres o cuatro años cumpliendo funciones con contrato a plazo fijo, en circunstancias que el Código del Trabajo señala que si a un trabajador se le extiende su contrato en más de dos oportunidades, éste se entiende prorrogado en forma indefinida? ¡Ésa es la razón y el argumento central de por qué hemos hecho este proyecto, del que me siento muy orgulloso! En la práctica, el Ejecutivo tuvo tiempo de corregir el problema relativo a que las municipalidades no llamaban a concurso, y ahora, a último momento, nos entregan un veto que, a nuestro juicio, es equivocado y no refleja lo que efectivamente pretende solucionar el proyecto. Incluso, el solo hecho de introducir el artículo tercero, nuevo, significa que el Gobierno no entendió lo que se pretende hacer, a pesar -reitero- de que la idea del proyecto surgió en una discusión en la que estuvo presente el ministro de Educación , en momentos en que el diputado señor Homero Gutiérrez se refirió a esta materia ante el ministro , y quien habla señaló que ella debía plasmarse en una ley.
Por esa razón estamos en disposición de rechazar el veto del Ejecutivo, el que podrá esgrimir los argumentos que estime necesarios y recurrir a las instancias que considere pertinentes, como el Tribunal Constitucional, para defender su postura. Sin embargo -reitero- el sentido del proyecto es corregir una injusticia que a todas luces se ve y se palpa.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Quiero recordar que las intervenciones tienen un límite de cinco minutos. Los diputados inscritos y que aún no hacen uso de la palabra son los señores José Miguel Ortiz, Sergio Velasco, Homero Gutiérrez, Baldo Prokurica, Rosauro Martínez, Maximiano Errázuriz, Sergio Correa, María Antonieta Saa, Isabel Allende y Carlos Abel Jarpa.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , comenzaré mi intervención con una afirmación: votaré en contra del veto del Ejecutivo. Sin embargo, también quiero ser claro en cuanto a que hay situaciones que se están desvirtuando.
En primer lugar, felicito al ministro , señor José Miguel Insulza, por su franqueza, porque su oficio va por un camino real y efectivo. Cuando el colega señor Felipe Valenzuela redactaba el proyecto, su Señoría me pidió participar como uno de sus coautores. En esa ocasión planteé que tenía serias dudas respecto de la constitucionalidad de la iniciativa y que era necesario buscar una salida. ¿Por qué expreso esto? Porque el veto del Ejecutivo nos dará la posibilidad de sanear el proyecto a través de esa consignación. Es posible que el trámite demore un par de semanas más, pero el beneficio será inmenso para los miles de profesores que durante tres años han estado prestando servicios a contrata o durante cuatro años en forma discontinua.
Quiero recordar que cuando comenzamos a discutir el Estatuto Docente, escuchamos la monserga de que se trataba de un instrumento indecente; sin embargo, los mismos que expresaron eso, ahora deben reconocer que constituyó un cuerpo legal eficiente para el momento que se vivía.
También se dijo que se iban a despedir del sistema municipalizado no menos de 15 mil o 20 mil profesores. ¿Qué planteamos los diputados -hay varios de ellos presentes en la Sala- que participamos en educación? Que eso no se iba a hacer y que, por el contrario, se buscaría una salida de reconocimiento al maestro y a la persona, como corresponde a un funcionario que lo ha entregado todo. ¿Cuál fue el resultado? Primero, la promulgación de la ley Nº 19.200, que cambió sustancialmente la forma de jubilar de los profesores, y segundo, a través del Estatuto Docente y de sus modificaciones sucesivas, logramos que más de 5 mil profesores que habían ejercido sus funciones en las aulas por más de 30 años, jubilaran en forma digna y como corresponde. Muchos de ellos se encontraban con su salud deteriorada, pero se alejaron del magisterio percibiendo la última renta y una indemnización equivalente a 15 ó 16 sueldos. ¿Por qué planteo esto? Porque hemos hecho cosas concretas. ¡Los dos gobiernos de la Concertación han dignificado al magisterio!
Vamos a rechazar el veto aditivo, pero apelando a la valentía de mi Gobierno, sanearemos el proyecto, porque no cabe la menor duda de que aquí hay un tema cruzado: los municipios del país no solicitaron hacerse cargo del tema educación, pues ello se verificó con mucha antelación. Además, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para aumentar el presupuesto de Educación, todavía persisten problemas de financiamiento.
Quiero entregar un mensaje a los profesores, en especial a los dirigentes del Cole-
gio de Profesores: sean claros y explícitos en la información. Esta Cámara va a rechazar el veto, pero el Ejecutivo ha tenido la entereza de dar a conocer una situación que perfectamente puede plantearse ante el Tribunal Constitucional. Por lo demás, cualquier ciudadano chileno puede hacer una presentación ante la Corte Suprema.
Al rechazar el veto, estamos limpiando el proyecto, dando una solución definitiva y buscando el camino para que los profesores ostenten la calidad de titulares de la dotación docente a la que pertenezcan.
Voy a votar en contra del veto aditivo porque es lo mejor para esos miles de profesores que esperan una solución, pero reconociendo la transparencia y la claridad del Gobierno al plantear las cosas como corresponde. Fuimos contrarios a la Constitución de 1980; sin embargo, ella fue aprobada y debido a eso debemos acceder a este tipo de soluciones. Y no se trata de una materia que nos sea ajena: en esto ha sido vital la presencia de diputados y senadores, quienes constituimos este Poder del Estado.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente , antes de referirme al proyecto en debate, quiero recordar a los colegas presentes que a las 15 horas se llevará efecto la asamblea general de la Mutual de Diputados. Se trata de la reunión anual que establece el estatuto y es preciso contar con el quórum necesario para abrir la sesión.
En su origen, el proyecto en debate tenía por objeto regularizar, por única vez, la situación laboral de los profesionales de la educación que a la fecha de promulgación de la iniciativa como ley, se encuentren incorporados a una dotación docente en calidad de contratados y que se hayan desempeñado como tales por más de tres años, otorgándoles la calidad de titulares. Ésa es la idea matriz del proyecto.
¿Qué ha hecho el Ejecutivo ? Lo vetó, estableciendo una serie de condicionamientos, requisitos y exigencias que, en la práctica, harán imposible que el proyecto se transforme en realidad para esos profesionales de la educación.
Esto me recuerda el proyecto que otorgaba beneficios a los exonerados políticos, los que estaban muy esperanzados con dicha iniciativa, que aprobamos por unanimidad. Sin embargo, las exigencias y requisitos para acceder a los beneficios de la ley eran de tal naturaleza que, en la práctica, de los 76 mil millones de pesos, 74 mil millones volvían a fondos generales de la Nación, porque no se podían utilizar.
Ahora los profesores a contrata, que llevan más de tres años en el cargo, albergan la gran esperanza de obtener la calidad de titulares. Sin embargo, el Ejecutivo estableció exigencias y requisitos que, en apariencia, les dicen a los profesionales de la educación que podrán ser titulares si llevan más de tres años en el cargo, pero en la medida en que, adicionalmente, cuenten con tales y tales requisitos. En otras palabras, casi ninguno podrá obtener el beneficio. Si hasta los diputados de Gobierno van a votar en contra del veto, y así se pronunciaron todos los integrantes de la Comisión de Educación, entonces me pregunto: ¿Es éste el Gobierno de la Concertación que quiere continuar con el poder a partir del 12 de diciembre? Creo que el gremio de los profesores merece respeto. Los que no tienen la calidad de profesores titulares y llevan más de tres años contratados, tienen el legítimo derecho a ser reconocidos como titulares.
Deseo destacar la iniciativa de los diputados señores Felipe Valenzuela , del Partido Socialista, y Jorge Ulloa , de la Unión Demócrata Independiente, porque tendía a satisfacer una anhelada esperanza de los profesores; pero, tal como está redactado el veto del Ejecutivo , esa esperanza se transforma en frustración. Por eso, descarto la responsabilidad de la Cámara de Diputados frente al proyecto y se la atribuyo en su totalidad al gobierno del Presidente Frei, al gobierno de la Concertación, al gobierno del cual don Ricardo Lagos fue ministro de Educación y de Obras Públicas , al gobierno que quiere continuar dirigiendo el país durante los próximos años, a partir del 11 de marzo del año 2000.
Por eso, nos opondremos al veto y quiero que los profesores a contrata sepan que todos los parlamentarios estamos en contra del mismo. El gobierno de la Concertación lo ha enviado, pero esperamos que sea rechazado y que el Presidente de la República lo reconsidere en aras de la dignidad de dichos profesionales.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro Secretario General de la Presidencia.
El señor INSULZA ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , sólo para señalar que me parecen inaceptables, como tantas otras veces, las palabras del diputado señor Errázuriz. Su referencia a los exonerados políticos, a los cuales él exoneró a partir del 11 de septiembre de l973, la considero una desvergüenza, y quiero que en la versión de esta sesión quede registrado así.
El señor ACUÑA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , también quería recordar al diputado señor Errázuriz lo que sucedía antes. Los gobiernos de la Concertación son los que han dado dignidad a los maestros, a través del Estatuto Docente, al que muchos de los parlamentarios de Derecha se opusieron.
El diputado señor Ortiz enumeró una serie de acciones importantes en Educación. Yo, cuando fui alcaldesa de Conchalí el año 90, tuve que hacerme cargo de la educación, la cual se encontraba con su alma destrozada en mi comuna y, sobre todo, de los atropellos y daños al magisterio, ocasionados en los años anteriores. Me alegro de que la gente cambie. Cuando veo que algunos se transforman en defensores de los derechos de los trabajadores y recuerdo el pasado, lo que viví en l990, valoro el cambio. Pero hacer aspavientos de una actitud sin reconocer lo que se hizo en el pasado, no tiene mucho valor. Si asumieran que hicieron pedazos la educación y el alma del magisterio, les encontraría alguna razón.
El proyecto, patrocinado por mi colega Felipe Valenzuela , recoge una aspiración de los profesores y una justa reivindicación, que corrige algunas de las carencias en el proceso de dignificación de la profesión docente que iniciaron los gobiernos de la Concertación. En ese sentido, es justo, claro, y reconoce los derechos laborales fundamentales en un sector que necesita estabilidad para ejercer una labor tan noble y delicada, sobre todo en el importante proceso de reforma que estamos llevando a cabo.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado entendieron esta necesidad de dignificación y aprobaron el proyecto, que me parece importante y justo. Por eso, rechazaremos el veto.
Quiero hacer un reconocimiento al ministro señor Insulza , que ha planteado el pensamiento del Ejecutivo en cuanto a la constitucionalidad del proyecto, pero también criticar de frente y en forma muy noble al Ministerio de Educación, pues mientras tramitamos el proyecto tuvo oportunidad de hacer sus planteamientos, de hacer un trabajo conjunto con el Parlamento para corregir la injusticia que se pretende subsanar. Sin embargo, no lo hizo, no usó su calidad de colegislador, razón por la cual el veto dice cosas que se pudieron señalar con anterioridad. Por ejemplo, el artículo 3º es bastante justo, relevante, y pudo haber significado una contribución muy importante de dicha Secretaría de Estado. Hay otros proyectos en los cuales ese Ministerio tampoco recoge, contesta, ni da claridad a las inquietudes que se plantean. El Congreso está corrigiendo una situación importante, y así también debe entenderlo la Asociación de Municipios, a la que vimos actuar de manera muy corporativa y reivindicativa, más desde el plano de los empleadores que del reconocimiento de los derechos laborales de los profesores. Aquí también hay una deficiencia de gestión de los municipios, que debe ser reconocida por dicha Asociación.
Por las razones expuestas, mi bancada rechazará el veto. Creo que la Sala también lo hará por unanimidad, al igual como lo hicimos en la Comisión de Educación.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , con respecto a las observaciones formuladas por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, dirigidas a la Corporación con fecha 14 de octubre, quiero hacer las siguientes reflexiones:
En primer lugar, llama la atención que el Presidente haya esperado el último momento para vetar el proyecto, que soluciona un problema que afecta a los profesores a contrata; es decir, cuando está por vencer el plazo legal -los treinta días con que cuenta-, en el último momento remite sus observaciones, en circunstancias que tuvo tiempo suficiente para hacerlas presentes en el debate habido tanto en la Cámara como en el Senado.
El proyecto, como aquí muy bien se ha dicho, pretende solucionar una discriminación odiosa entre profesores de planta titulares, de acuerdo con el Estatuto Docente, y aquellos que llevan años ejerciendo el cargo, por abuso de una situación de excepción, que se ha transformado en algo permanente.
También llama la atención la línea de argumentación del Presidente en su veto, quien, en la exposición de motivos que adjuntó al veto, precisa que el cambio de la naturaleza jurídica de estos profesionales de la educación, que pasan de docentes contratados a titulares, constituye un beneficio económicamente cuantificable y que, por tanto, la moción debería ser de iniciativa presidencial.
A juicio de la Comisión, hay un lamentable error de parte del Ejecutivo, porque no se están creando nuevos cargos, toda vez que éstos ya existían, y sólo se pretende corregir la situación desmedrada en que se encuentran los profesores, lo que les impide contraer deudas, por cuanto viven una situación de permanente inseguridad, derivada de su inestabilidad laboral.
Por eso, lamentamos la oportunidad del veto y, al mismo tiempo, reiteramos que la finalidad del proyecto es corregir la injusticia permanente que afecta a los profesores a contrata, quienes, de mantenerse bajo esa condición jurídica y no obtener la titularidad del cargo, se verán muy perjudicados.
He dicho.
La señora SAA , doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE ( doña Isabel).-
Señora Presidenta , quiero sumarme a las voces que se han expresado esta tarde en la Cámara.
Es extraordinariamente importante que coincidamos unánimemente en que esta moción, presentada por el diputado señor Felipe Valenzuela y a la cual adhirieron muchos otros colegas, venía a solucionar una situación injusta, que se estaba prolongando. En consecuencia, hay que empezar por felicitar a nuestros colegas que tuvieron la iniciativa y la capacidad de recoger esa demanda, que constituye un anhelo de los profesores.
Por eso, es necesario regularizar, por esta única vez, la situación laboral de todos los profesionales de la educación que, a la fecha, están trabajando hace más de tres años a contrata.
Es fundamental que logremos la aprobación del proyecto para terminar con la situación de incertidumbre que laboralmente afecta a más de 15 mil maestros.
Además, quiero sumarme a las voces que se han levantado para apoyar la posición de los maestros y rechazar el veto.
Al mismo tiempo, por responsabilidad, deseo señalar, con mucha claridad, que es lamentable la actitud demagógica de algunos colegas de Oposición que han pedido reiteradamente que no politicemos las discusiones, como ocurrió ayer, cuando tratamos el tema del Fonasa, la falta de solidaridad de los planes de las isapres o pretender ver la salud sólo desde el punto de vista de la oferta y demanda del mercado. Curiosamente, el diputado de mi distrito, señor Errázuriz , señaló que debe tenerse bien claro que la Concertación pretende continuar con su labor. Esperamos que así sea y que ganemos la próxima elección presidencial.
Es lamentable el intento del colega Errázuriz en orden a hacer asociaciones francamente pedestres. Pero, más que eso, como la demagogia llega a esos extremos, quiero reconocer la actitud del ministro señor Insulza en un doble plano. Uno muy derecho y claro: ha dicho que no puede aceptar las palabras del diputado señor Errázuriz , por cuanto él fue uno de los que apoyó a un gobierno que se dedicó a exonerar a los funcionarios. Es lamentable que este parlamentario no sea capaz de darse cuenta de que una de las injusticias y vergüenzas nacionales es, precisamente, que mucha gente haya salido de sus trabajos única y exclusivamente porque tenía determinadas opiniones o militancias políticas. Para vergüenza nuestra, arrastraremos por mucho tiempo el drama que significó haber cortado las carreras profesionales o laborales de muchas personas sólo por esas razones. Por lo tanto, mal podría vanagloriarse el diputado Errázuriz y todos aquellos que, en determinado momento, apoyaron en este país la medida de que se exonerara a la gente.
El hecho de que todos estemos de acuerdo en rechazar el veto para conseguir que la moción se convierta en ley, a fin de lograr el beneficio que se pretende, no significa que no reconozcamos los avances que en su momento pudo haber significado el Estatuto Docente. Más aún, el rechazo de las observaciones del Ejecutivo no quiere decir que ignoremos que ha sido justamente en los gobiernos de la Concertación donde hemos procurado dar espacio, dignidad y solución a los problemas de los maestros. Esto no evidencia que hayamos logrado superar todos los retrocesos que ha experimentado el gremio, el Colegio de Profesores, en su situación económica. Con dificultades y marchas hemos logrado, poco a poco, arreglar su condición financiera.
Quiero destacar que la bancada socialista se sumará, como lo expresó el diputado Felipe Valenzuela , al rechazo del veto aditivo del Ejecutivo , como una manera de lograr que esta moción se convierta en una ley que beneficie a todos los profesores, que están esperando su aprobación para que termine así su incertidumbre laboral.
He dicho.
La señora SAA , doña María Antonieta ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco .
El señor VELASCO .-
Señora Presidenta , entiendo el rol del Ejecutivo , porque arreglar el problema constitucional es una preocupación de parte de su Excelencia el Presidente de la República para dar curso a esta moción parlamentaria que, como muy bien se ha señalado, viene a solucionar un problema extremadamente grave para más de 15 mil profesores.
Sin duda, el tema constitucional es lo que más preocupa al ministro señor Insulza , dadas las posibilidades de que los alcaldes recurran al Tribunal Constitucional respecto de esta materia. Si decidieran hacerlo, ellos deberán tomar la responsabilidad política de dar una solución digna a cada uno de los profesores que, hoy por hoy, están sufriendo una serie de dificultades.
En la Cámara se habló sobre la constitucionalidad, y es facultad de esta Corporación declarar admisible la iniciativa, como lo manifestó el Presidente de la Corporación .
En más de 120 mil profesores existe inquietud por los colegas que han sufrido la situación de no obtener la titularidad después de haber ejercido sus cargos no solamente tres años seguidos o cuatro discontinuos, sino luego de muchos años.
Hay preocupación e intranquilidad en los más de 15 mil profesores a contrata que, a lo largo y ancho del país, no han tenido solución en sus contratos.
El Estatuto Docente establece la necesidad de llamar todos los años a concursos públicos para llenar estos cargos. Desgraciadamente, los alcaldes no cumplen con la ley, en términos de hacer efectivo el artículo pertinente que los obliga a llamar a concurso las horas que correspondan.
Por eso, la llegada de este veto, prácticamente en el día del profesor, causó un malestar muy profundo en quienes estaban esperanzados, y siguen esperanzados, en que el Presidente de la República promulgue la ley a la brevedad, que es lo que pretendemos
quienes trabajamos permanentemente en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación.
Por qué no decirlo, felicitaciones a quienes presentaron esta moción que da respuesta a lo que los profesores están pidiendo a esta Cámara, cual es dar una solución al problema que inquieta a sus familias y a ellos.
Los argumentos entregados por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra y el informe de la colega María Rozas , entregado en representación de la Comisión de Educación, han sido bastante seguros, precisos y concretos.
Sin duda, podemos discrepar respecto del veto aditivo del Ejecutivo, pero debo decir con mucha pena que su articulado reduce en forma drástica la posibilidad de que los profesores puedan acceder a este beneficio que se concede por una sola vez para sanear su situación. En Chile no queremos profesores de segunda y tercera categoría, ya que todos tienen derecho a la seguridad en su trabajo en cada uno de los municipios.
Por eso, en el caso específico del diputado que habla y de mis colegas de la bancada democratacristiana, nos vamos a oponer a este veto, porque consideramos que tenemos que dar una respuesta ahora al profesorado y no mañana.
En ese sentido, reitero la necesidad de que su Excelencia el Presidente de la República, dentro de sus atribuciones, promulgue a la brevedad la ley que requiere el país y los profesores, con el objeto de decir de una vez por todas a los alcaldes y a la Asociación Chilena de Municipalidades que no se sigan oponiendo a esta demanda de los profesores de Chile.
He dicho.
El señor HALES ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , en realidad, cuesta comprender las razones que ha tenido su Excelencia el Presidente de la República para vetar este proyecto que concede, por única vez y de manera excepcional, la calidad de titulares de la dotación docente respectiva a los profesores a contrata. Y expreso esto por dos razones: una de forma y otra de fondo.
La de forma es que en el acucioso y detallado análisis que se hizo de este proyecto en la Comisión de Educación, lo que consta a todos sus miembros, se escucharon los planteamientos del Colegio de Profesores y de la Asociación Chilena de Municipalidades, así como al ministro de Educación . La verdad es que durante esta larga tramitación de tres años, nunca se hizo una observación o una indicación al proyecto. Más aún, tampoco se señaló la preocupación por la constitucionalidad de la iniciativa. Esta situación nos llevó a aprobar por unanimidad el proyecto, que es realmente positivo, cuyo autor fue el diputado señor Felipe Valenzuela y patrocinado por los diputados señores Baldo Prokurica , de Renovación Nacional; Jorge Ulloa , de la Unión Demócrata Independiente, y varios otros colegas.
Existió consenso en que su aprobación no sólo era una cuestión de justicia, sino que la existencia de profesores en tal condición respondía a una necesidad real de las municipalidades, destinada a dar cumplimiento a las horas de clases establecidas en los propios planes de estudio de cada uno de esos establecimientos educacionales.
Lo anterior permite cuestionar el fondo de las observaciones del Presidente de la República, contenidas tanto en el veto como en el oficio conductor del mismo.
Quiero destacar que el estatuto docente permite la contratación del 20 por ciento de los profesores en la condición de contrata, por lo que el 80 por ciento corresponde a profesores titulares.
Por su parte, la ley define como docentes a contrata a quienes desempeñan labores transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo de los titulares, lo que no sucede en este caso, por cuanto si estas personas desempeñan esas labores por tres años o más y en forma continuada, no es posible hablar de una función transitoria o experimental, ni mucho menos de reemplazo de titulares, porque, salvo que sea un caso de salud grave, los docentes no pueden ausentarse de sus labores.
En el país existen 15 mil o más profesores a contrata. ¿Por qué razón? Porque existe una relación matrícula-número de cursos; o sea, hay una necesidad. También se requiere de una determinada cantidad de horas-profesor para que se den estos casos, porque si no es así, existe un problema de gestión atribuible no a los profesores, sino a los municipios, que se habrían excedido en ese 20 por ciento establecido en la ley para favorecer o dar cupo a un cuoteo político, que, espero, no sea la mayor cantidad. Esa debe haber sido una de las razones por las que no fueron acogidos los argumentos planteados por la Asociación Chilena de Municipalidades en la Comisión de Educación. Por eso también han acudido al veto presidencial para impedir que estos profesores puedan pasar definitivamente a la planta docente.
Finalmente, quiero señalar que también es importante dejar establecido que este proyecto no implica una carga económica adicional a los municipios ni constituye un beneficio económicamente cuantificable, como lo señaló el ministro , porque son recursos humanos que se están pagando en forma permanente desde hace por lo menos tres años.
Por lo expuesto, no se comprenden las observaciones del Presidente de la República ni en la forma ni en el fondo, ni tampoco hay fundamento técnico alguno que justifique la decisión adoptada. Sólo se podrían
entender si quienes han sido los más fuertes opositores de este proyecto han recurrido en última instancia al Presidente de la República al no tener éxito con sus argumentos y razonamientos.
Invito a todos los parlamentarios a rechazar este veto, para permitir que esta iniciativa sea una realidad a la brevedad.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , quiero recordar que cuando hubo una exoneración masiva de maestros en 1987, justificada por la baja de la unidad de subvención escolar, en la provincia de Ñuble, que entendió que la educación es tarea de todos, constituimos un comando de defensa de la educación para, por lo menos como una respuesta social, adherirnos al drama que vivían miles de profesores exonerados en ese año, cuando el mayor temor que tenían los profesores era que llegara el cartero con el sobre azul.
Como representante del Partido Radical Social Demócrata, que consideramos que la educación permite el desarrollo y el crecimiento integral de la persona, que es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y que un representante nuestro, el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda , tenía como lema “Gobernar es educar”, entendemos que el maestro juega un papel muy importante en el proceso educativo, por no decir insustituible, junto con los familiares del escolar, y su labor es de mayor participación en los sectores de menores ingresos que, precisamente, atiende el sistema municipalizado.
Reconozco los esfuerzos realizados por los gobiernos de la Concertación a través de diferentes programas de mejoramiento de la calidad de la educación, como el de las 900 escuelas, dirigido a los establecimientos rurales que tenían más bajo rendimiento cuando don Ricardo Lagos Escobar era ministro de Educación . También valoro los esfuerzos del Presidente Frei para aumentar significativamente el presupuesto del Ministerio de Educación.
El proyecto, que hace justicia a más de doce mil maestros -como lo ha dicho la diputada informante señora María Rozas -, que constituyen el 28 por ciento de los actuales profesores que participan en el sistema municipalizado, me parece de la mayor justicia y necesario para darles mayor estabilidad a los que tienen un papel tan importante en la educación.
Deseo felicitar al ministro Secretario General de la Presidencia , don José Miguel Insulza , por el tratamiento dado a esta iniciativa, y también al diputado señor Felipe Valenzuela y a todos los integrantes de la Comisión de Educación, patrocinantes de esta moción que hace justicia a los maestros.
Asimismo, adhiero a lo expresado por los diputados señores Ortiz , señora María Antonieta Saa y señora Isabel Allende y, en consecuencia, anuncio que mi voto y el de la bancada del Partido Radical Social Demócrata serán contrarios al veto del Gobierno.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , cuando el diputado señor Valenzuela me invitó a firmar el proyecto, junto con otros parlamentarios, y cuando conversé con muchos docentes y dirigentes de mi región y del resto del país, existía gran esperanza en más de quince mil profesores que llevan largo tiempo a contrata y que no podían acceder al legítimo derecho de la titularidad del cargo.
Esas esperanzas se han visto frustradas por el veto del Presidente de la República, que, a mi juicio, y como lo dice el fax del Colegio de Profesores -en el que se nos pide que lo rechacemos- perjudica gravemente a los profesores a contrata.
En realidad, con el proyecto hemos pretendido arreglar por ley una negligencia de empleadores alcaldes que mantienen eternamente a contrata a maestros que, como seres humanos, no sólo no tienen la estabilidad laboral tan necesaria para aportar al proceso educacional, sino que ni siquiera pueden contraer compromisos o adquirir una casa propia.
¿Qué trato estamos dando a nuestros profesores? ¿Qué podemos pedir a cambio para estos quince mil maestros, si los estamos manteniendo en una inestabilidad absoluta y permanente?
Por último -y lamento que el ministro señor Insulza se haya ido-, efectivamente fue impugnada la constitucionalidad del proyecto por la Mesa de la época, pero, reglamentariamente y de acuerdo con la ley, la Sala de la Cámara resolvió que era constitucional y admisible. Lo mismo ocurrió en el Senado en todos sus trámites, y el senador Díez , conocido constitucionalista, también lo sostuvo.
Si todos admitimos que el problema existe, que hay quince mil profesores que tienen inestabilidad en su trabajo y que es interesante, bueno, importante y legítimo incorporarlos a la titularidad de sus cargos ¿qué razón, entonces, tiene el veto? ¿Qué motivo tiene frustrarles esa oportu-nidad? No puedo entender que no sea la misma de otros casos en que las ideas de los parlamentarios no valen, pero sí pue-den funcionar cuando son ideas del Gobierno.
A mi juicio, mediante el veto, aún más durante los tres años de tramitación del proyecto, el Gobierno debió haber corregido la supuesta inconstitucionalidad, que no admitimos que existe, para terminar así con el padecimiento de miles de profesores de todo el país. Todos los argumentos de inconstitucionalidad no son sino una excusa para no darles un derecho legítimo a nuestros profesores de Chile.
Por eso vamos a rechazar el veto del Presidente de la República.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , el proyecto que otorga la titularidad a los profesores a contrata se debe única y exclusivamente al incumplimiento de la ley por parte de las municipalidades, concretamente, de los alcaldes.
La ley Nº 19.070, Estatuto Docente, establece que se debe llamar a concurso para llenar los cargos vacantes de profesores en cada uno de los establecimientos municipales. Eso no se hace. Los señores alcaldes burlan la ley, no la acatan, no la cumplen, no llaman a concurso, no respetan tampoco el 20 por ciento de margen que otorga el Estatuto Docente para tener profesores a contrata, porque quienquiera que haga un examen en cualquier colegio, liceo o escuela básica del país se va a encontrar con que es mucho más de ese porcentaje. Ahora se ha mencionado que son 15.600 los profesores a contrata, que llevan no sólo un año, sino cuatro, cinco o seis con todos los inconvenientes que acarrea a cada uno de los docentes.
¿Por qué se hace eso? Algo se ha dicho aquí. Porque así los municipios tienen la posibilidad de manejar a su arbitrio un mayor número de personal.
Vamos a rechazar el veto porque no nos convencen las razones de inconstitucionalidad que han sido bastante revisadas por la Comisión y la Sala.
El ministro señor Insulza , en su respuesta al Presidente de la Cámara , señala que la ley Nº 19.526 modificó la Constitución Política, suprimiendo el número 2 del artículo 62 en la alusión a los municipios y facultó a las municipalidades para crear o suprimir empleos y para establecer la estructura orgánica de las municipalidades.
De tal manera que hay muchos aspectos que observar en el tema, pero, en principio, vamos a rechazar el veto porque es contrario a los intereses, no de un grupo pequeño de profesores, sino de una gran masa de ellos.
En el tiempo que me queda, concedo una interrupción al diputado señor Elgueta y también al diputado señor Urrutia si es posible.
El señor MONTES (Presidente).-
Puede usar de la interrupción el diputado señor Elgueta, por un minuto y medio.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , con el veto del Presidente de la República estamos frente a un proyecto perfectamente constitucional, puesto que, de haber una supuesta inconstitucionalidad, él tenía otra vía para señalarla: requerir al Tribunal Constitucional. Al escoger otro camino está renunciando a dicho requerimiento y actuando sobre un proyecto perfectamente legítimo. Aún más, cualquiera que fuese el contenido del veto, no hay duda que esa conducta del Presidente está ratificando el hecho de que estamos en presencia de un proyecto de ley perfectamente legítimo y, en consecuencia, si algún mérito tiene el veto es precisamente bendecir este proyecto, aun cuando votemos en contra de su contenido.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el veto del Presidente de la República al proyecto de ley que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 1 voto; por la negativa, 79 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazado.
-Votó por la afirmativa el diputado señor
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-o-
El señor MONTES ( Presidente ).-
Informo a los señores jefes de Comités que queda sin efecto la reunión que estaba convocada para las 17.30 horas de hoy.
-o-
CAMPAÑA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL.
-Ingresa a la Sala una delegación de niños, acompañados por la ministra de Justicia y autoridades de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Damos la bienvenida a la ministra de Justicia , a las tías de la Junji y a todos los niños que nos visitan esta mañana.
Este acto es más simbólico que los que acostumbramos a efectuar. Nos sentimos contentos y honrados de recibir en este hemiciclo a este grupo de niños que hoy nos vienen a plantear un problema muy grave que ocurre en nuestra sociedad: el maltrato infantil.
Un pueblo debe asumir sus problemas y su historia. Hoy, Chile ocupa el tercer lugar en el mundo, después de Alemania y Japón, entre los países que tienen hechos relacionados con el maltrato infantil. Se dice que, de cada tres niños, dos han sido maltratados.
Agradecemos a la señora ministra de Justicia , a la directora de la Junji y a todos los asistentes a este acto, porque la educación es un tema que debe comprometer a todos los parlamentarios en la búsqueda de fórmulas de convivencia y educación que aseguren que los niños tengan otra formación, de manera que esta situación no se siga produciendo en Chile.
Tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , honorables diputados y diputadas, agradezco la posibilidad de habernos permitido esta irrupción tan alegre a la sesión de hoy, lo que hacemos en el marco de una campaña que estamos realizando este mes para invitar a la sociedad a tener un buen trato con nuestros niños.
Por tercer año consecutivo efectuamos esta campaña, y nuestro lema, según pueden apreciar, es hacer visibles a los niños: “Soy un niño. ¿Me ves? Tengo un mundo que mostrar”. “Soy una niña. ¿Me escuchas? Tengo un mundo que decir ¡Escúchame!”
En los últimos días los medios de comunicación nos han mostrado imágenes horrorosas. Por ello, nosotros, como adultos, debemos comprometernos con estos niños y con todos los niños de nuestro país, a fin de generar una cultura de buen trato hacia ellos.
Hemos legislado y avanzado mucho. En efecto, tenemos una ley de violencia intrafamiliar, una normativa relacionada con el maltrato infantil. En el curso de este mes, entran a regir las nuevas disposiciones sobre filiación y adopción. Sin embargo, hay otras iniciativas que están en la Cámara de Diputados, como el proyecto de ley que crea los tribunales de familia, el que regula las subvenciones del Sename, y en el Senado se encuentra el proyecto que regula el derecho de visita del padre o de la madre que no vive con sus hijos.
Quiero invitar a los señores diputados -que han trabajado permanentemente en los avances señalados- a que en cada uno de sus distritos promuevan los derechos de los niños y, al mismo tiempo, colaboren en generar espacios para que los niños tengan efectivamente lugares donde jugar, áreas verdes para compartir con sus padres y donde siempre sean acogidos.
Muchas gracias por su apoyo y comprensión.
(Aplausos).
La señora REVECO, doña Ofelia ( Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles ).-
En nombre de los párvulos, quiero agradecer todo el apoyo brindado en el tema de los niños menores de seis años.
Aquí hay una muestra de lo que ha significado la reforma constitucional que incorporó la educación parvularia. El tema de los niños los ha convocado, al igual que a nosotras, que nos hemos dedicado a esta labor en la que nos sentimos muy apoyadas por ustedes, y les pedimos que lo sigan haciendo, porque trabajar con los niños en la educación no es sólo para que no sean maltratados, sino bien tratados, lo que implica un cambio en la familia para que sus integrantes aprendan cómo tratarlos, sin un disciplinamiento que signifique castigo.
Muchas gracias.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Señores diputados y asistentes a tribunas, brindemos un muy caluroso aplauso a estos niños que vienen a hacer esta campaña contra el maltrato infantil.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 15.06 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.