Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Antonio Horvath Kiss
- Sergio Paez Verdugo
- Jorge Pizarro Soto
- Hosain Sabag Castillo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Carlos Olivares Zepeda
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. (Votación).
- DEBATE
- ASCENSO PÓSTUMO DEL SARGENTO PRIMERO DE CARABINEROS ERNESTO VENEGAS CUEVAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jorge Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jaime Rocha Manrique
- Haroldo Fossa Rojas
- Patricio Melero Abaroa
- Luis Pareto Gonzalez
- Felipe Letelier Norambuena
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- ANTECEDENTE
- REMISIÓN DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CONADI AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gustavo Alessandri Valdes
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Luis Monge Sanchez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Baldo Prokurica Prokurica
- Edmundo Salas De La Fuente
- Alejandro Navarro Brain
- Eugenio Tuma Zedan
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA.
- RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- SITUACIÓN DE TRABAJADORES PESQUEROS DE IQUIQUE POR FUSIÓN DE EMPRESAS DEL RUBRO. Oficio.
- ACCESO A CARRETERA PANAMERICANA NORTE EN QUILICURA. Oficio.
- REACTIVACIÓN LEGISLATIVA DE PROYECTO QUE CREA NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE AUMENTO DE TARIFAS EN TELEFONÍA RURAL. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Rocha Manrique
- Ivan Mesias Lehu
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Felipe Valenzuela Herrera
- Victor Perez Varela
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Lily Perez San Martin
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS DEL FONDART EN REGIONES. Oficio.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Rocha Manrique
- Ivan Mesias Lehu
- Osvaldo Palma Flores
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Felipe Valenzuela Herrera
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Lily Perez San Martin
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PROBLEMAS ORIGINADOS EN OBRA VIAL DE INTERSECCIÓN AMÉRICO VESPUCIO Y GRECIA. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE HONORARIOS EN MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA. Oficio.
- ADHESION
- Osvaldo Palma Flores
- Victor Perez Varela
- ADHESION
- RECTIFICACIÓN A INFORMACIÓN DE PRENSA SOBRE PROYECTO DE FLUORACIÓN DEL AGUA POTABLE.
- PRECISIONES SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PROGRAMAS HABITACIONALES EN 1999. Oficio.
- FLEXIBILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE CALIDAD DE CESANTES DE DEUDORES DEL BANCO DEL ESTADO DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- ADHESION
- MEDIDAS PARA REACTIVAR EL SECTOR RURAL. Oficio.
- PREOCUPACIÓN DE JÓVENES DE MAGALLANES POR VIOLENCIA DELICTUAL.
- X REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS, CELEBRADA EN ASUNCIÓN.
- REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR Y SOLIDARIDAD CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Oficios.
- ADHESION
- Miguel Hernandez Saffirio
- Jaime Mulet Martinez
- Felipe Valenzuela Herrera
- Felipe Letelier Norambuena
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- PASO SOBRE NIVEL EN SECTOR DE CARRETERA 5 SUR ENTRE LAS COMUNAS DE SAN CARLOS Y ÑIQUÉN. Oficio.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Felipe Valenzuela Herrera
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 38ª, en miércoles 8 de septiembre de 1999
(Ordinaria, de 10.43 a 13.46 horas)
Presidencia de los señores Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 10
III.Actas 10
IV.Cuenta 10
-o-
Permisos constitucionales 10
V.Orden del Día.
Modificación del artículo 29 del Código del Justicia Militar. Primer trámite constitucional 10
VI.Proyectos de acuerdo.
- Reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática. (Votación) 31
- Ascenso póstumo del sargento primero de Carabineros Ernesto Venegas Cuevas 31
- Remisión de informe de Comisión investigadora de la Conadi al Consejo de Defensa del Estado 32
- Constitución de Comisión investigadora 34
VII.Incidentes.
- Situación de trabajadores pesqueros de Iquique por fusión de empresas del rubro. Oficio 35
- Acceso a carretera panamericana norte en Quilicura. Oficio 35
- Reactivación legislativa de proyecto que crea nuevos juzgados de policía local. Oficios 36
- Antecedentes sobre aumento de tarifas en telefonía rural. Oficio 37
- Antecedentes sobre adjudicación de programas del Fondart en regiones. Oficio 38
- Antecedentes sobre construcción y problemas originados en obra vial de intersección Américo Vespucio y Grecia. Oficio 38
- Información sobre pago de honorarios en municipalidad de La Florida. Oficio 39
- Rectificación a información de prensa sobre proyecto de fluoración del agua potable 40
- Precisiones sobre disponibilidad presupuestaria para programas habitacionales en 1999. Oficio 41
Pág.
- Flexibilización del procedimiento de comprobación de calidad de cesantes de deudores del Banco del Estado de la Cuarta Región. Oficio 42
- Medidas para reactivar el sector rural. Oficio 43
- Preocupación de jóvenes de Magallanes por violencia delictual. 44
- X Reunión de la Comisión de Energía y Minas, celebrada en Asunción 45
- Reforma del sistema de justicia militar y solidaridad con estudiantes de la Universidad de Los Lagos. Oficios 46
- Paso sobre nivel en sector de carretera 5 Sur entre las comunas de San Carlos y Ñiquén. Oficio 47
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, con el objeto de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar (boletín Nº 2374-07) 48
- Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto de los siguientes proyectos:
2. Suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería (boletín Nº 2299-08) 48
3. Establece la ley orgánica del Ministerio Público (boletín Nº 2152-07) 49
- Oficios y antecedentes del honorable Senado mediante los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos:
4. Autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique y en la Isla de Chiloé, y crea el Museo y Archivo en la Región de Aisén en memoria del misionero de la obra Don Guanella, R.P. Antonio Ronchi (boletín Nº 2156-04)(S) 49
5. Autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coihaique, y crea el Museo y Archivo del explorador Augusto Grosse (boletín Nº 2157-04)(S) 53
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De las diputadas señoras Allende, doña Isabel, y Saa, doña María Antonieta, y de los diputados señores Sánchez y Olivares, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9, 11 y 13 de septiembre en curso, para dirigirse a Italia, México y Venezuela, respectivamente.
2. Oficios:
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Sánchez, estado del proceso de calificación de los exonerados de las FF.AA.
-Del diputado señor Reyes, construcción de retén de Carabineros en la localidad de Hueyusca, comuna de Purranque.
-Del diputado señor Recondo, nómina completa de proyectos aprobados en cada una de las municipalidades de la Décima Región.
-De la diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, fiscalización y regularización de situación originada en la Zona Franca de Iquique por la presencia de numerosos ciudadanos bolivianos.
-Del diputado señor Ávila, autorización entregada al director de la Casa de Moneda para uso sin restricción del vehículo fiscal a su cargo.
-Del diputado señor Vilches, asistencia técnica gratuita o de muy bajo costo para pobladores de villa Los Minerales, comuna de Copiapó.
-Del diputado señor Jiménez, soluciones a comunas de la Región Metropolitana debido a contaminación por la empresa Super Pollo.
-Del diputado señor Mora, restitución a comerciantes no videntes de permiso para ejercer el comercio ambulante.
Ministerio de Hacienda
-Del diputado señor Molina, condonación de deudas habitantes de Combarbalá.
-De la Corporación, beneficio de becas ofrecido por el Mineduc al personal no docente.
-De la Corporación, recursos para aumentar la cantidad y monto de los subsidios de cesantía.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Reyes, instalación de retén en la localidad de Hueyusca.
-Del diputado señor Navarro, situación contaminación Bahía de Concepción y comuna de Penco.
-Del diputado señor Bertolino, pronósticos del tiempo elaborados para los feriados de Semana Santa.
-De los diputados señores Osvaldo Palma y Rosauro Martínez, retén Las Toscas, comuna de Linares.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Ojeda, tala de árboles realizada ribera del río Rahue, provincia de Osorno.
Ministerio de Bienes Nacionales
-De los diputados señores Elgueta, Kuschel y Jaramillo, convenio celebrado entre el Gobierno Regional de la Décima Región y este Ministerio para realización de catastro de bienes fiscales en provincias de la Décima Región.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Ascencio, diversos proyectos en la Décima Región.
-Del diputado señor José García, pavimentación calles de la comuna de Temuco.
-De la diputada señora Lily Pérez y diputado señor Víctor Pérez, diversas materias relacionadas con contratación de abogados.
-De la Corporación, proposiciones relativas al informe evacuado por la Comisión Especial Investigadora con relación a los problemas suscitados a raíz de emanaciones de monóxido de carbono producidas por artefactos a gas al interior de las viviendas.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del diputado señor Longton, avances en modernización de la gestión pública.
Intendencia de la Décima Región
-De los diputados señores Ascencio, Ortiz, Tuma y Ojeda, incorporación del Programa de Reposición de Establecimientos a la Escuela Fátima, de Ancud.
Municipalidad de Hualqui
-Del diputado señor Navarro, aplicación de la ley Nº 19.583 en esa comuna.
Municipalidad de Pudahuel
-Del diputado señor Melero, autorización de locales comerciales dentro del predio Parque Laguna Carén.
Colegio Veterinario de Chile A.G.
-De la diputada señora Lily Pérez y diputados señores Juan Bustos, Pareto y Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, situación de dueños de mataderos en la Región Metropolitana.
Televisión Nacional de Chile
-De los diputados señores Velasco, Manuel Bustos, Felipe Letelier, Núñez, Jaramillo, Ascencio y Urrutia, transmisiones en la comuna de Casablanca.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (88)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Alejandro García-Huidobro y Jaime Naranjo.
-Asistieron, además, el ministro de Minería , señor Sergio Jiménez, y los senadores señores Antonio Horvath, Sergio Páez, Jorge Pizarro y Hosaín Sabag.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.43 horas.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor TUMA (Vicepresidente).- El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª se encuentra a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor TUMA (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por las diputadas señoras Allende , doña Isabel , y Saa , doña María Antonieta , y de los diputados Sánchez y Olivares , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política de la República, y en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, a fin de ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 9, 11 y 13 de septiembre en curso, para dirigirse a Italia, México y Venezuela, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, a fin de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Krauss..
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2374-07, sesión 25ª, en 4 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 5.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 34ª, en 31 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 14.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar sobre el proyecto de ley que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, con el objeto de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar. Es un proyecto iniciado en moción de los colegas Sergio Aguiló , Guillermo Ceroni , Sergio Elgueta , Enrique Jaramillo , Carlos Abel Jarpa , Carlos Montes , Adriana Muñoz , Fanny Pollarolo , Edgardo Riveros y Laura Soto .
El informe de la Comisión ha sido repartido a todos los colegas, por lo cual omitiré su lectura y me limitaré a sustentar los aspectos más relevantes de él.
Como se sabe, la normativa procesal orgánica respecto de la jurisdicción militar en tiempos de paz se encuentra establecida en el título II del Libro Primero del Código de Justicia Militar.
El artículo 13 de este Código establece que “En tiempos de paz, la jurisdicción militar será ejercida por los Juzgados Institucionales, los Fiscales, las Cortes Marciales y la Corte Suprema”.
Al efecto, el artículo 25 define a los Fiscales como los funcionarios encargados de la sustanciación de los procesos y formación de las causas de la jurisdicción militar, en primera instancia.
Y luego, el artículo 48 dispone que “Habrá una Corte Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, con asiento en Santiago, y una Corte Marcial de la Armada, con sede en Valparaíso.
“La primera estará integrada por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago , por los Auditores Generales de la Fuerza Aérea y de Carabineros y por un Coronel de Justicia del Ejército, en servicio activo, y la segunda por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por el Auditor General de la Armada y por un Oficial General en servicio activo de esta institución”.
Sin embargo, por dictación del decreto ley Nº 1.769, de 1977, se estableció, en el artículo 29 del Código, la existencia de los llamados fiscales ad hoc, que eran designados cuando las necesidades del servicio lo requerían, ya sea para tramitar una causa o para efectuar una diligencia determinada.
Durante el gobierno del Presidente Aylwin se planteó eliminar la institución de los fiscales ad hoc, en razón -se sostenía en la exposición de motivos del mensaje respectivo- que era necesario “modificar el Código de Justicia Militar con el objeto de establecer la eficacia jurídica del Derecho Militar devolviéndole su funcionalidad respecto de la naturaleza, estructura y misión que se asigna a las Fuerzas Armadas y de Orden en la Constitución Política”. “Se quiere dotar -decía la exposición de motivos- a la justicia militar de la independencia y autonomía que corresponden a un tribunal de justicia y restaurar la vigencia de las garantías constitucionales sobre igualdad ante la ley y la justicia”.
Se proponía, entre otras enmiendas, derogar el inciso segundo del artículo 29 del Código de Justicia Militar, que establecía las fiscalías ad hoc, por estimarse inconstitucional su existencia.
Consultada la Corte Suprema en esa ocasión, manifestó que, en concepto del Tribunal, teniendo presente que el conocimiento de los delitos de la competencia de los tribunales militares corresponde a los juzgados militares, navales y de aviación y no a los fiscales militares, navales y de aviación, que son jueces de sustanciación, no procedía aceptar esta modificación, desde el momento en que en las normas del Código de Justicia Militar no existe ni se ha considerado la designación de un ministro en visita extraordinaria para conocer de algún proceso de aquellos a que se refiere el artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales. A mayor abundamiento, agregó que había sido esta norma la que había posibilitado a la Corte para ordenar el nombramiento de fiscales ad hoc en aquellos casos en que se le había requerido el nombramiento de ministros en visita.
En consideración a la opinión de la Corte Suprema, se optó por sustituir este inciso para permitir a los tribunales superiores de justicia -el Senado hizo mención expresa de la Corte Suprema y de las Cortes Marciales- decretar visitas extraordinarias en los tribunales de la jurisdicción militar, con arreglo a los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, tal como lo pueden hacer en los tribunales del fuero ordinario.
Es precisamente esta normativa la que se pretende modificar con el proyecto en debate, con el objeto de darle mayor precisión.
El inciso 2º del artículo 51 del Código de Justicia Militar señala que “los Ministros de Corte de Apelaciones que deban integrar las Cortes Marciales -dos de la Corte de Apelaciones de Santiago en la Corte Marcial de Santiago, y dos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la Corte Naval- serán designados anualmente, por sorteo de entre sus miembros, el que se practicará por los Presidentes de los respectivos Tribunales, con asistencia del Secretario , dentro de la última semana del mes de enero de cada año”. En consecuencia, los ministros de cortes de apelaciones integran las cortes marciales durante el lapso de un año.
La normativa que preocupa fue incorporada a la orgánica de Justicia Militar por la ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991. En virtud de ella, es posible que la Corte Suprema o las cortes marciales puedan decretar visitas extraordinarias, en conformidad con las normas de los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales.
La experiencia ha demostrado que reducir la responsabilidad de las visitas extraordinarias al cabo de un año de integración de los ministros a las cortes marciales, genera dificultades, imperfecciones y complejidades en el tratamiento de procesos que precisamente por la circunstancia por la cual es requerida una visita extraordinaria, tienen una significación especial.
En cada ocasión que se produce un cambio entre el ministro que deja su cargo y el que lo sucede, se suscitan naturales y explicables retrasos, pues el nuevo ministro debe compenetrarse del contenido del proceso, estudiarlo y continuar las diligencias iniciadas o decretar otras nuevas. Esta dilación -lo señalan los autores de la moción- resulta innecesaria, irracional y única en el panorama procesal nacional, lo que causa, además, evidentes perjuicios a las partes del proceso, constituye un desgaste innecesario e irracional de la administración de justicia y vulnera principios rectores y orgánicos propios de los procedimientos judiciales nacionales, como los de la economía procesal, la radicación, la certeza jurídica y la inavocabilidad.
Por ese motivo, la moción plantea la idea de que el ministro de corte de apelaciones que hubiera sido designado para realizar la visita extraordinaria, continúe con la sustanciación del proceso como juez de primera instancia, aun cuando hubiera dejado de integrar la corte marcial respectiva. De esa manera, el esfuerzo realizado, las investigaciones llevadas a cabo y los indicios acumulados, no requerirán de un nuevo estudio y de una nueva dilación.
La excelentísima Corte Suprema, a la que se requirió informe respecto de esta iniciativa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, remitió un informe del cual la Comisión no tomó conocimiento formal, toda vez que fue recibido con posterioridad a la fecha del despacho de la iniciativa. Dicho informe sostiene que la normativa “no se concilia con la estructura orgánica y las atribuciones de la Corte Marcial y de la Armada, provocando, además, un quiebre en la jerarquía que debe necesariamente existir entre un miembro de un Tribunal Superior de Justicia y este mismo”.
Sobre este particular, el informe de la Comisión no considera los aspectos reseñados, por lo que a título personal debo manifestar que las apreciaciones del alto Tribunal no se condicen con la realidad, la praxis jurídica y la práctica judicial. Los tribunales en tiempos de paz forman parte del Poder Judicial , están sometidos a la potestad directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, según establece el artículo 79 de la Constitución Política. Esa condición de tribunales especiales la reitera el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, razón por la cual las apreciaciones no afectan el sentido y objetivo de la iniciativa.
La moción en informe pretende la dictación de una normativa de aplicación general, esto es, que se aplique en todas las situaciones semejantes. Sin embargo, no es posible desentenderse de las razones específicas en virtud de las cuales ella se plantea, las que dicen relación con el tratamiento procesal de un acto de violencia innecesaria, de terrorismo de Estado, producido en junio de 1987: la llamada Operación Albania o matanza de Corpus Christi. Sobre el particular, me remito a reproducir una expresión vertida por un testigo de los hechos: “No se producen enfrentamientos, se verifican asesinatos”. Allí se vieron involucrados diez chilenos, cuyos nombres permanecen en el ámbito íntimo de sus respectivas familias. Sin embargo, la relevancia de lo que allí ocurrió aconseja mencionarlos, a fin de que queden registrados en la historia del establecimiento de la ley y en los anales de la historia parlamentaria: Ignacio Valenzuela , Patricio Acosta , Juan Waldemar Henríquez , Wilson Daniel Henríquez , Julio Arturo Guerra , Patricia Angélica Quiroz , Ester Angélica Cabrera , Elizabeth Escobar , Ricardo Cristián Silva , Manuel Eduardo Valencia , Ricardo Hernán Rivera y José Joaquín Valenzuela , son nombres que desde la eternidad reclaman justicia.
Sus familiares han encontrado un destello de esa justicia a través del mecanismo establecido en el artículo 29 del Código de Justicia Militar, pero, con justa razón, tienen aprensiones respecto de lo que podría ocurrir si un nuevo ministro -éste sería el tercero, toda vez que ya dos anteriores, los señores Hugo Dolmestch y Milton Juica , han tomado en sus manos el proceso- tuviera que tomar conocimiento del caso. Todo aconseja que, radicado el proceso y en conocimiento específico de un ministro de corte de apelaciones, integrante, en consecuencia, de la orgánica general del Poder Judicial , continúe abocado a su investigación.
Los autores de la moción invocan normativas constitucionales y disposiciones contenidas en pactos internacionales -espe-cíficamente, el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica-, las que deben ser consideradas al evaluar este tipo de situaciones. Por su parte, la Constitución Política señala expresamente que siempre corresponde al legislador establecer las garantías de un procedimiento. Precisamente invocando esas garantías se nos pide la dictación de la normativa respectiva.
Pero no sólo se trata de un requerimiento constitucional o de una apelación a nuestras conciencias personales; es también un llamado en función de lograr -a lo menos en este aspecto, vinculado con la creación de una pequeña hebra que logre reconstruir el tejido social de Chile- la implementación de las medidas tendientes a que lo que ha sido una solución relativamente satisfactoria, continúe proyectándose al futuro a fin de esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.
Más allá de nuestras vertientes políticas, por nuestro compromiso con el futuro de Chile y por nuestra responsabilidad para restañar las heridas del pasado, solicito a la Sala la aprobación, ojalá por unanimidad, del proyecto en comento.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Solicito el acuerdo de la Corporación a fin de que pueda ingresar a la Sala el subsecretario de Minería , señor César Díaz.
Acordado.
En discusión en general y en particular el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , el proyecto en debate agrega un peldaño más para despejar la situación en que se encuentra nuestra justicia militar.
Si se analizan los homicidios mencionados por el diputado informante, nos encontramos frente a un delito militar impropio que, según la legislación aplicable en todo el mundo, debe ser conocido por los tribunales ordinarios de justicia. En nuestro país, basta que los autores sean uniformados para que de inmediato intervenga la justicia militar.
Como bien lo ha dicho el diputado informante , la supresión de los fiscales ad hoc permitió crear la institución de las visitas extraordinarias, en que el ministro visitador actúa conforme a los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales. Al respecto, debo señalar que el proyecto se conforma plenamente a dichas normas y, además, al artículo 561 del mismo cuerpo legal, cuyo inciso segundo dispone que “Las facultades del ministro en visita en los casos a que se refiere el artículo anterior, serán las de un juez de primera instancia...”. Eso es justamente lo que dice el proyecto. En consecuencia, el ministro visitador elimina la intervención de los fiscales y de los juzgados militares, ambas instituciones previstas en los procedimientos de tiempo de paz en el Código de Justicia Militar, y asume las funciones de investigar, procesar, acusar, actuar en el plenario y, posteriormente, dictar el fallo de primera instancia. Además, si se recurre a los tribunales superiores, debe actuar como juez de primera instancia en el cumplimiento de lo sentenciado por el Poder Judicial . En consecuencia, el proyecto cumple perfectamente lo que establecen las normas sobre ministros en visita del Código Orgánico de Tribunales.
En el informe se menciona la opinión de la Corte Suprema, que señala: “No se concilia con la estructura orgánica y las atribuciones de la Corte Marcial y de la Armada, provocando, además, un quiebre en la jerarquía que debe necesariamente existir entre un miembro de un Tribunal Superior de Justicia y este mismo. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que en la forma como está redactado el artículo en comento, puede resultar que si la tramitación de un proceso experimenta una demora excesiva, el Ministro designado quedaría obligado en forma indefinida a su conocimiento, no obstante que haya dejado de pertenecer a la judicatura militar”. Esto no corresponde al proyecto en examen. El texto original tenía una redacción un poco diferente, pues no establecía la situación de ausencia, de licencia, de imposibilidad legal, o cualquier otro impedimento, en cuyo caso -dice ahora el proyecto-, “será reemplazado por la Corte Suprema o la Corte Marcial que hubiere decretado la visita”. De manera que las observaciones de la Corte Suprema, que rechazó el texto primitivo, quedan salvadas en el proyecto que sus Señorías tienen en su poder.
En el fondo, se trata de que un ministro en visita de corte de apelaciones tome el proceso y lo finalice en todo lo que corresponde a la primera instancia. De esta manera se evita que enormes procesos, en los cuales se han acumulado declaraciones, informaciones, documentos, peritajes, reconstitución de escena, careos, etcétera, y que a veces forman varios tomos, sean conocidos durante el período de un año y, si no alcanza a fallar, sea reemplazado o sustituido por otro ministro , elegido por sorteo, y así sucesivamente, de manera que tres, cuatro o seis ministros terminen el proceso. Se trata de evitar el reemplazo del juez instructor y fallador, con el objeto de que culmine la total tramitación del proceso.
Creemos que este pequeño avance en la transformación de la judicatura militar, que en la actualidad permanece intocada -en la reforma constitucional del ministerio público se dijo que a futuro la ley podría modificar todo lo relativo al Código de Justicia Militar-, será muy importante para los procesos que en estos momentos llevan a cabo los ministro visitadores.
Por ello, daremos nuestra aprobación al proyecto.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , con la discusión de este proyecto estamos cumpliendo un deber parlamentario fundamental, cual es asegurar el respeto a uno de los derechos fundamentales de las personas: el de la debida protección judicial.
Ello es especialmente importante cuando se persigue el esclarecimiento, la responsabilidad y sanción de crímenes atroces, como los que afectan la vida y la integridad física y síquica de las personas. En tal sentido, resulta indispensable solucionar el importante vacío que se produjo en la tramitación de la ley Nº 19.047, de febrero de l99l, una de las denominadas “leyes Cumplido”, que ya fue explicado con mucha claridad por el diputado informante .
Quiero destacar la importancia de dicha reforma que, en la práctica, ha permitido un avance extraordinario en la aplicación de la justicia. El proceso por crímenes brutales, ya mencionados, en la llamada operación Albania o matanza de Corpus Christi, que costó la vida de catorce jóvenes en l987, y en que todo apunta a que la responsabilidad le cabe a la Central Nacional de Inteligencia de la época, durante ocho años permaneció sin ningún avance en su esclarecimiento: ni investigación, ni identificación de responsables, ni procedimiento alguno. Todo ello, en el curso de un año y medio, ha cambiado radicalmente a partir de la incorporación del ministro Hugo Dolmestch en el año recién pasado y actualmente del ministro Milton Juica .
Sin embargo, como aquí se ha dicho, el hecho de que anualmente sea preciso designar un nuevo ministro en visita para la causa, representa perjuicios tan graves que, en la práctica, pueden hacer fracasar este proceso de justicia que avanza de manera tan importante. ¿Cómo llevar a cabo los procedimientos? ¿Cómo hacer avanzar la investigación con este problema que representa, sin duda, un grave vacío que hay que corregir?
El ministro pierde gran parte del tiempo útil del que dispone -doce meses- en interiorizarse del proceso. Ya lo han dicho los familiares de las víctimas de este caso tan dramático a que hacíamos mención; lo explicaron a la Comisión. El ministro Juica se ha demorado seis meses en estudiar los dieciocho tomos de la investigación realizada por el ministro Dolmestch . Cuando se ha desarrollado un dominio cabal del proceso, debe entregarlo a un nuevo juez, quien, naturalmente, ignora sus contenidos.
Hay que pensar, entonces: ¿cómo puede el juez distinguir las diligencias efectuadas de las pendientes? ¿Cómo puede evaluar cuáles diligencias fueron cabalmente cumplidas y tuvieron pleno éxito y las que no se efectuaron o que sólo alcanzaron parcialmente sus objetivos investigatorios? ¿Cómo puede hacerse convicción respecto de la verosimilitud de las declaraciones y actitudes de los testigos?
Debemos pensar también que -así como en el caso a que hacemos mención- cada vez que se decreta una visita extraordinaria, ella corresponde a procesos complejos que han producido alarma pública. Por eso, inevitablemente durarán un período prolongado de investigación, el cual trasciende el período tan acotado de un año.
Por lo mismo, el propósito de las “leyes Cumplido” -que tuvo por criterio rector la mejor protección de los derechos de las personas-, obviamente, ha quedado frustrado en esta parte, con este silencio o vacío de la ley que, necesariamente, debió haberse resuelto como lo estamos proponiendo en esta moción.
Por ello, subrayo que esta moción ha contado con el concurso y perfeccionamiento de casi todas las bancadas parlamentarias en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que lo aprobó en un tiempo récord, hecho que celebramos desde acá.
Es cierto que la causa de fondo de esta grave situación -como aquí se ha dicho-, es la excesivamente amplia competencia de la justicia militar en nuestro país, cuestión que debemos corregir, objetivo democrático al que no debemos renunciar.
Sin embargo, la gravedad e importancia de estos procesos judiciales en curso nos exige avanzar en una modificación tan obvia y tan precisa como la que propone esta moción.
Por ello, reitero nuestra complacencia por la voluntad política que han expresado las bancadas en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; porque es evidente que en este caso no sólo estamos garantizando un procedimiento más racional, sino que también nos anima un criterio de justicia ante una realidad concreta, toda vez que, en este caso, la obligada rotativa de jueces puede ser fatal para los fines de un procedimiento judicial tan relevante como el que se lleva a cabo respecto de la llamada “operación Albania”. Como aquí se ha dicho, este crimen es emblemático por la crueldad y ensañamiento demostrado por sus autores, por la juventud de las víctimas, porque no se reparó en sexos -se asesinó a dos mujeres jóvenes-; porque los actuales indicios probatorios que se allegan al proceso no sólo desmienten la versión oficial de un supuesto enfrentamiento, sino que estaría probado que varios de los 14 jóvenes asesinados -entre ellos las dos jóvenes-, fueron detenidos ilegalmente, con horas de anticipación, torturados, conducidos vendados hasta un inmueble donde fueron muertos fríamente. Produce horror sólo suponerlo; pero es la amarga realidad de la cual debemos hacernos cargo, realidad que se está probando en un proceso que, lamentablemente, se encuentra en una anómala situación legal, que debemos remediar.
Termino diciendo que estas víctimas que hemos recordado ya descansan en paz; pero hay víctimas sobrevivientes que no merecen una doble y triple victimización. Hay víctimas sobrevivientes constituidas por madres, padres, hermanas, hermanos y abuelos que merecen una respuesta racional y justa de la sociedad, y son ellos quienes han tomado la iniciativa de este proyecto. No les podemos devolver a sus hijos, nietos o hermanos; no podemos reconstruir la vida de estos jóvenes, pero sí hay algo que podemos hacer: darles, al menos, un proceso razonable para exigir sus derechos de víctimas. Ellos aspiran legítimamente a eso, y nosotros, en este Parlamento democrático, debemos, al menos, asegurarles, como a toda persona, el ejercicio de un derecho básico: el derecho a un proceso racional y justo.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa tiene dos enfoques: uno meramente técnico, procesal, que, analizado en su mérito, resulta bastante atendible, sin perjuicio de que la Corte Suprema nos llame la atención para que reflexionemos respecto del problema que esta modificación provocará en la estructura orgánica y en las atribuciones de la Corte Marcial y de la Armada, cómo provoca un quiebre en la jerarquía que debe necesariamente existir entre un miembro del tribunal superior de justicia y el tribunal mismo.
La Corte Suprema señala también que resulta inconveniente que cuando un proceso experimente una demora excesiva en su tramitación, el ministro quede obligado, en forma indefinida, a su conocimiento y, por tanto, radicado en ese tribunal durante largo tiempo, aunque incluso haya dejado de pertenecer a la judicatura militar.
Son consideraciones de orden técnico y procesal interesantes de la Corte Suprema y que deben hacernos meditar acerca del mérito del proyecto.
Sin embargo, en su concepción técnica y procesalista, aparece como un proyecto de mérito, y los señores diputados tendrán que medir ese mérito en relación con los inconvenientes que la Corte Suprema nos hace presentes, que también son importantes de considerar.
Sin embargo, tal como lo ha demostrado el debate entre nosotros, el proyecto tiene otro enfoque: el político. Se trata de hacer una reforma que permita avanzar en el objetivo de la justicia, en lo relativo a los derechos humanos.
Todos sabemos que en este momento se están haciendo importantes esfuerzos para alcanzar una fórmula de unidad nacional que nos permita avanzar precisamente en este tema de los derechos humanos y poder responder a las dos grandes cuestiones que se han llamado la verdad y la justicia.
Creo que un proyecto de esta naturaleza debe inscribirse necesariamente dentro de este esfuerzo general y de las políticas y determinaciones que se tomen para avanzar en el tema de la verdad y la justicia.
No me parece atendible tratar de avanzar unilateralmente, es decir, a través de reformar todo aquello que pueda saciar la intención de justicia de un sector de quienes participan en esta cuestión. Para ello, se reinterpreta la ley de amnistía en un sentido determinado, se reinterpretan las normas tradicionales de prescripción de la legislación penal y se realizan reformas, como ésta que se propone, para poder avanzar en los juicios.
En mi opinión, eso constituye una perspectiva unilateral que no está dentro del enfoque general del problema de la verdad y de la justicia. Considero que debemos avanzar con todo al mismo tiempo y no sólo en un sentido. El tema de la justicia es complejo, como quiera que, para ser justos, necesariamente hay que tratar cada caso en particular e inscribirlo en las circunstancias en que ocurrió. No es fácil ni es simple; no se trata sólo de decir “quiero hacer justicia”; es complejo hacer justicia, sobre todo en estas situaciones. También es un tema importante, en el que debemos avanzar; pero, además, tenemos que avanzar en la unidad nacional, en la reconciliación nacional; y todo esto, a mi juicio, es un tema común, que debe ser analizado y, en definitiva, resuelto en forma conjunta: verdad, justicia, reconciliación, unidad nacional, comprensión, verdad histórica; en fin, todo aquello que puede hacernos encontrar un camino común, de unidad; un camino que deje satisfecha a la gran mayoría o que, por lo menos, permita que el país entienda que se ha hecho una verdadera e importante acción para alcanzar el reencuentro y cerrar estos temas definitivamente.
A mi juicio, un proyecto como éste, que está en el mismo sentido de otras interpretaciones o proyectos judiciales, significa avanzar unilateralmente en esta materia. No digo que no se deba avanzar en el tema de hacer la justicia; pero no me parece apropiado avanzar sólo en ese camino, en esa perspectiva, sin que resolvamos al mismo tiempo los demás temas: la verdad, la unidad, la reconciliación, la verdad verdadera, la verdad histórica, la verdad completa de lo ocurrido en Chile; y, en definitiva, en esa verdad histórica, completa, en ese reencuentro, en esa unidad, en ese encontrar la verdad, la justicia, es decir, en un contexto global, completo, podamos superar la situación en la cual nos encontramos y que durante tantos años parece dividirnos y que, a veces, incluso adquiere caracteres dramáticos.
Por lo tanto, reconociendo el mérito procesal del proyecto, y a pesar de los antecedentes que nos entrega la Corte Suprema que nos hacen reflexionar sobre esta materia y entendiendo el sentido de la justicia, voy a abstenerme, porque quiero dejar la señal de que el tema justicia debe ser abordado dentro de un contexto mucho más amplio, tal como lo he señalado, respecto del cual no sólo se debe avanzar en esa dirección que, a mi juicio, no resulta suficientemente justa, si no buscamos todos los elementos y construimos una fórmula que nos permita superar en definitiva toda esta situación.
Reitero, avanzar sólo en este plano, en el de la justicia, en el del castigo, incluso, tal vez para algunos, en el de la venganza, no es para mí el único camino. Quisiera que esto fuera parte de un contexto mucho más amplio, en el cual sí pudiéramos superar la situación que nos ha dividido permanentemente y que siempre nos plantea conflictos en nuestra sociedad y entre nosotros.
Por esa razón me abstuve en la Comisión y por eso mismo voy a mantener mi abstención en esta sesión, porque, como señalé entonces, considero que este proyecto debió estar dentro de un plano mucho más global.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , luego del informe, bastante acabado, que nos entregó el diputado señor Krauss como informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y de algunas de las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, me ha resultado interesante escuchar al diputado señor Bartolucci . La verdad es que luego de su intervención siento el viejo dilema de “ser o no ser”. Curiosa reacción y filosofía de este diputado . Digo curiosa, porque entiendo que él tiene una preocupación por que hagamos una reforma global de la justicia. Creo que estamos todos de acuerdo con ello, porque si hay algo de lo que ha carecido este país a partir de la recuperación de la democracia, es precisamente de justicia. Así, no podríamos estar más de acuerdo si somos críticos a lo que es y ha sido la justicia hasta ahora en nuestro país. No obstante, me resulta singular la justificación que da para abstenerse: que no es una reforma absoluta o total. Por eso digo que su posición es un poco como el dilema de “ser o no ser”.
En lo personal, me quedo con este proyecto; dentro de su simplicidad, creo que es un avance, porque, lamentablemente, todos sabemos que hay una excesiva competencia de la justicia militar. Queremos un cambio mucho más de fondo y más radical al respecto. No lo logramos con este proyecto; pero, como aquí se ha señalado con bastante claridad, por lo menos da racionalidad y potencialidad a esa justicia. No deseamos que se esté cambiando de ministro en ministro al cabo de un año de su nombramiento, dados todos los inconvenientes procesales y los retrasos que se ocasionan cuando estos ministros civiles, en las cortes marciales, tienen que traspasar las causas que mantienen como ministros en visita. Obviamente, ello no sólo provoca retrasos, sino que constituye, como se ha dicho, un desgaste irracional de la propia administración de justicia. Uno se pregunta, ¿dónde queda la igualdad de todas las personas a la protección y al ejercicio de sus derechos?
Hoy se ha recordado cómo tuvieron que transcurrir ocho años antes de que hubiera el más mínimo avance. Sólo cuando este caso llegó a manos del ministro Dolmestch se produjeron los avances que durante años y años solicitaron los familiares de estos jóvenes asesinados; porque ésa es la realidad cruda; así fue. Ellos no murieron en enfrentamientos, sino que, de acuerdo con nuestras informaciones, podemos aseverar con fundamentos que fueron asesinados. Hoy es posible conocer esta realidad sólo por la presencia del ministro Dolmestch en esta investigación.
Por lo tanto, corresponde preguntarnos: ¿tenemos que seguir avanzando en esa línea para evitar de cualquier manera esta irracionalidad que significa estar cambiando cada año a los ministros en visita en la jurisdicción militar? ¿Dónde quedó en esos años la palabra justicia? ¿Dónde estuvo la respuesta a realizar alguna investigación de estos hechos, que es lo mínimo que pueden exigir los familiares? Por eso me sorprende la manera de reflexionar del diputado señor Bartolucci , aunque, desde luego, respeto su decisión.
Se puede argumentar que hoy estamos dando sólo un paso para llegar a la justicia; pero la evolución del derecho internacional siempre ha sido gradual, va paso a paso. Por eso ayer conocimos el pacto civil de los derechos y hoy estamos discutiendo la creación de la Corte Internacional Penal. Espero que este país tenga la capacidad de aprobarla, con lo que habremos dado un gran paso, como humanidad, para crear los instrumentos y las herramientas adecuados para que no haya impunidad respecto de los crímenes más graves.
En resumen, aquí estamos dando un paso concreto, específico y racional, destinado a eliminar la irracionalidad que obstruye y que transforma en imposible algo que es esencial de la vida democrática: la justicia.
Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que no sólo vamos a dar mayor eficacia a las labores de los tribunales, ya que la naturaleza y complejidad de estos casos que se investigan hace prácticamente imposible compenetrarse en ellos en un tiempo mínimo, sino también que en nuestra legislación no existen plazos -como éste de un año-, para que los ministros en visita puedan investigar. El caso de la justicia militar es el único en nuestra legislación, y esta modificación contribuye, a mi juicio, a homogeneizar la situación jurídica de la justicia militar con el resto de los tribunales de justicia.
Aquellos que se han preocupado -es un argumento que se esgrime- de la dependencia funcionaria del ministro en visita, por si continúa la investigación o de quién va a depender, deben tener muy en claro que dicho ministro seguirá en la Superintendencia de la Corte Marcial para los efectos de la investigación que lleva a cabo.
Pero, aquí, lo importante -por eso la bancada del Partido Socialista va a apoyar esta moción y se felicita de ella- es buscar, de manera clara, procesal, el camino para facilitar la justicia y avanzar en verdad. Por lo demás, el país lo sabe: la única manera de hablar verdaderamente de reconciliación es siendo capaces de avanzar en justicia. Y la palabra justicia es un derecho elemental; forma parte de los pilares básicos de la democracia; no tiene que ver con venganza; es, simplemente, eso: el más elemental de los derechos que las personas pueden y deben exigir, y que un país que se precia de ser democrático, debe garantizar.
Por eso, acogemos este proyecto; lo consideramos un avance. No comprende la totalidad de lo que quisiéramos reformar; pero qué duda cabe de que es importante, y los hechos lo han demostrado. Todos sabemos que estamos hablando de la “operación Albania” y de los años en que estuvo en la más absoluta impunidad, sin que se avanzara verdaderamente. Y todos sabemos hoy de la buena intención del ministro Milton Juica y de la dificultad que significa empaparse de 18 volúmenes. Por eso, nos felicitamos de la presentación de esta iniciativa y la apoyamos calurosamente.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , votaré favorablemente esta iniciativa legal, porque me parece que va en la orientación correcta de lo que debe ser el enfoque hacia el futuro de los temas sobre justicia militar -al que me voy a referir- como de la investigación respecto de delitos que merecen la más enérgica condena, como el caso de la “operación Albania”.
En primer lugar, creo que este proyecto plantea una cuestión de fondo: la competencia de los tribunales militares en una sociedad democrática. En Chile, no hay duda de que la competencia de dichos tribunales excede con creces lo razonable y lo correcto para el buen funcionamiento de una democracia. Una cosa es que el conocimiento de un delito militar, cometido por militares, corresponda a la justicia militar. A ello hay que sumar el hecho de que nos enfrentemos a un delito militar cometido por civiles. Ya, en la doctrina, es discutible; pero también pudiera ser razonable que su conocimiento correspondiera a los tribunales militares. Pero no tiene justificación alguna el hecho de que delitos comunes en que participen miembros de las fuerzas armadas sean de conocimiento de los tribunales militares; porque, simplemente, la extensión de la norma de competencia de los tribunales militares desborda todo sentido de racionalidad. Es lo que ocurre en el país.
Creo que en algún momento el Congreso debe legislar con responsabilidad y seriedad para corregir la existencia de una justicia militar que extiende sus redes a ámbitos que son absolutamente irracionales y que exceden el marco de cualquier democracia normal.
A ello se suma una agravante -y voy a explicar por qué se han producido cambios en la justicia militar-: los procesos que quedan en sus manos, con esa competencia extendida, nunca llegan a solución. Por lo tanto, en la opinión pública, con justa razón, hay una profunda desconfianza en una justicia militar que excede sus atribuciones, pero que, además, lo que investiga siempre queda en nada. Basta darse cuenta de que, cuando hay un proceso en la justicia militar que pasa a manos de un juez civil, misteriosamente, lo que no se aclaraba en quince años, se aclara en un año.
Entonces, hay un doble mal. El primero, una competencia excesiva de los tribunales militares; pero, el segundo, que siendo excesiva, si fuera eficiente en el análisis de los procesos, uno podría decir que se está haciendo justicia; pero, además de ser excesiva, no es eficiente, y la sensación de que encubre actos que realmente debieran aclararse con mucha anticipación, hace que la sociedad tenga una profunda desconfianza de lo que la justicia militar investiga. Lo que estoy diciendo lo menciona el informe del Instituto Libertad y Desarrollo como una de las causas que, entre otras cosas, llevó a incorporar en el artículo 29 del Código de Justicia Militar la disposición que permite decretar visitas extraordinarias que recaen en jueces civiles. ¿Por qué? Porque la gente entiende que un ministro civil será garantía de que la investigación progrese, puesto que en manos de la justicia militar no progresaría. Ésa es la verdad y hay que decirla por su nombre, porque es el tema de fondo que estamos viendo aquí.
Hecha esta aclaración de una cuestión de principios, ¿cuál es, en definitiva, la realidad procesal? A lo menos, soy partidario -y presumo que mi bancada lo es también, porque así lo expresó cuando el tema fue tocado en la Comisión de Constitución- de revisar la justicia militar sin ningún ánimo de revancha -menos proviniendo de nosotros-, de limitarla más allá de sus atribuciones; simplemente, de cumplir con nuestro rol de perfeccionar la democracia con prudencia, con responsabilidad.
En segundo lugar, es necesario que la justicia militar vuelva a recuperar la confianza que la opinión pública debe tener en ella. Es un hecho objetivo, doloroso, lamentable, que la opinión pública -y la mayoría de los propios abogados que litigan ante ella- sabe que hay una cuestión que resulta de todo punto de vista dañina para el buen funcionamiento de los tribunales, cual es -reitero- la sensación de que procesos de la justicia militar nunca se aclaran, pero que al pasar a manos de jueces civiles sí son aclarados.
Con esto no hago ningún juicio o reproche individual sobre algún juez militar. Probablemente, hay muchos de ellos muy honrados y buenos; pero la regla general es la que acabo de señalar.
En tercer lugar, ¿cuál es la situación procesal hoy? Que una vez dictada la ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991, se crearon los llamados fiscales de turno, cuya función es reemplazar a los fiscales ad hoc, y su objetivo es llevar adelante, por ejemplo, ciertas investigaciones que se deban realizar en lugares distintos de aquéllos donde funcionan regularmente los tribunales militares.
Después viene la categoría de los ministros en visita extraordinaria, los cuales se dividen en ministros en visita extraordinaria para la jurisdicción común, y para la jurisdicción militar.
Para la jurisdicción común, es decir, para delitos comunes, el artículo 560 del Código Orgánico de Tribunales preceptúa que la visita extraordinaria procede cuando se tratare de la investigación de hechos o delitos que puedan afectar a las relaciones internacionales y que sean de competencia de la justicia chilena; de crímenes que susciten alarma pública y que por su gravedad requieran pronta represión, y cuando se trate de investigar hechos que afecten a la conducta de los jueces en el ejercicio de sus funciones.
En relación con los ministros en visita de la jurisdicción militar, creados por la ley Nº 19.047, que acabo de indicar, en el inciso final del artículo 29 se establece que “la Corte Suprema y las cortes marciales podrán decretar visitas extraordinarias en los tribunales de la justicia militar con arreglo a los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales”.
¿Qué ocurre en la práctica? La Corte Suprema designa un ministro civil para que haga esta visita “extraordinaria” y le asigna un año como tiempo de participación dentro de la Corte Marcial. La diputada Pía Guzmán va a extenderse en ese punto, puesto que lo estuvo analizando. En definitiva, un ministro que lleva adelante una causa de enorme envergadura, al cabo del año debe entregarla a otro juez; y estas causas que se prolongan ya por 15 ó 16 años hacen absolutamente imposible que un juez, por diligente que sea, efectúe una investigación con éxito cuando existen varios volúmenes de antecedentes y no alcanza a entender o comprender todo el contexto de la causa cuando debe delegarla a otro juez. Eso, lógicamente, perjudica la administración de justicia. Obviamente, es un camino que, al final de cuentas, determina que la administración de justicia se retarde. Por ello, tienen toda la razón los familiares de los caídos en la “operación Albania ” -fueron a vernos a la Comisión de Constitución- cuando nos dicen: “Ustedes comprenderán que queremos que estos hechos se aclaren, y el ministro no acaba de terminar de leer los expedientes, de despachar una serie de citaciones, cuando al poco tiempo tiene que dejar la causa y entregársela a un nuevo ministro , quien deberá hacer el mismo estudio”. Eso no es administrar justicia correctamente.
Por lo tanto, si bien la solución que aquí se emplea puede perfeccionarse, llevarse adelante de una manera distinta, la voy a votar favorablemente, porque me parece que apunta en la dirección correcta, de permitir que se administre bien la justicia.
La solución de fondo es que estas causas nunca deberían estar en manos de la justicia militar. No entiendo qué hace respecto de un delito común, cometido por agentes de la CNI, que no pasan de ser simples delincuentes como cualquier otra persona que comete un delito. Mientras esa realidad no sea modificada, debemos tolerar que esos procesos se lleven adelante y se investiguen con la mayor facilidad para que se descubra la verdad. De manera que votaré favorablemente la iniciativa. Pienso que gran parte de mi bancada también lo hará, porque es correcta la orientación que se está siguiendo.
Por último, la “operación Albania ”. El informe señala que el 11 de junio de 1987 -¡14 años después del pronunciamiento militar!- fueron asesinados impunemente por la CNI un grupo de extremistas, de terroristas, de personas de Izquierda. Ése es un hecho aberrante, sin explicación.
Para quienes defendemos la ley de amnistía, una cosa es que los hechos ocurran hasta 1978, cuando comienza su vigencia, es decir, durante los primeros cuatro años del pronunciamiento militar, y otra distinta que 15 años después se asesine y se masacre a un grupo de personas sin juicio previo. Eso es aberrante y esa causa debe investigarse a fondo. Además, la sociedad legitimó y aceptó que todos esos hechos deben esclarecerse a fondo. Y en el buen sentido de la palabra, no puede hablarse de “contextualizar” hechos con hechos, porque en esa época el país estaba funcionando basado en la Constitución de 1980, orientado hacia el cambio de una plena democracia, que se produciría en 1989. Estamos hablando de dos años antes de las elecciones presidencial y parlamentaria que dan inicio a la democracia.
De manera que no sólo quiero expresar mi condena más enérgica respecto de este hecho, sino nuestra disposición para que se aclaren pronta y absolutamente las responsabilidades. Hago un llamado a la justicia en ese sentido. Aquí hay causas que llevan más de 12 ó 13 años, con personas sometidas a proceso. Y no puede señalarse que hacer justicia sobre un asesinato horroroso, que se cometió dos años antes de que Chile tuviera plena democracia nuevamente, es una cuestión que enturbie la reconciliación. Por lo tanto, todo lo que significa ayudar a aclarar esos hechos, a que los responsables asuman sus responsabilidades y a que se haga justicia en este tipo de procesos, es lo que ayudará a que en Chile haya más democracia. El ocultamiento, postergación o dilación de hechos de esa naturaleza, lo único que generan son legítimos rencores y odiosidades.
Aquí no estamos hablando de la ley de amnistía, sino de hechos ocurridos dos años antes de que en este país todos los ciudadanos eligiéramos Presidente de la República y, con posterioridad, un nuevo Congreso. De manera que no hay justificación alguna respecto de esos hechos.
El proyecto está bien orientado y todo lo que significa ayudar para que estas causas sean aclaradas y se determinen las responsabilidades, es un favor y un beneficio al buen funcionamiento de la democracia en Chile. Las democracias se construyen cuando sus instituciones operan. En este caso no hay razón alguna para que la administración de justicia en Chile no opere en forma adecuada. Por esa razón, votaré favorablemente el proyecto en debate.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , sin duda es reconfortante escuchar las distintas opiniones de los señores diputados que me han antecedido, las que a lo mejor generarán la aprobación del proyecto en forma casi unánime. Sin embargo, resulta preocupante la intervención del diputado señor Bartolucci . Creo que es un profundo error que se abstenga en la votación. Esperamos que lo reconsidere en el transcurso de la sesión.
Aquí hay una cosa clara. De pronto parece que en el país estamos bastante confundidos respecto de a quién corresponde el papel de hacer justicia. Este rol corresponde sólo a los tribunales de justicia; a ninguna otra instancia. De pronto, con los esfuerzos para lograr una reconciliación, parece que perdemos de vista eso que es tan esencial en una democracia.
Desde ese punto de vista, el proyecto es muy positivo, porque va en el sentido correcto. Con las diversas modificaciones que debemos hacer, en particular al Código de Justicia Militar, debemos lograr eliminar los obstáculos que los tribunales enfrentan para hacer justicia y darles los instrumentos necesarios para que esa justicia se produzca en forma efectiva.
Sin duda, en el Código de Justicia Militar hay un obstáculo para hacer justicia. La situación de que los ministros en visita integrantes de las cortes marciales duren sólo un año, ha hecho que los procesos que llevan pasen después a otro ministro , lo que atenta contra la administración de justicia. Lo comprobamos en el caso de la “operación Albania”, un hecho terrible, lamentable, un asesinato masivo, que está siendo investigado por un segundo ministro . Y se corre el riesgo de que pase a un tercero, todo lo cual atenta contra la eficacia y rapidez necesaria con que deben hacerse las investigaciones para el logro de la justicia. A quién le cabe duda de que procesos tan importantes como éste, deban ser estudiados de nuevo por cada ministro , lo que toma mucho tiempo, dificultando el avance del proceso.
La fundamentación de la moción es clara. Desde ese punto de vista, se han dado las argumentaciones para apoyarla. Es una moción que va en la línea de lo que señala la Constitución en el Nº 3º de su artículo 19, el cual en uno de sus incisos dice que corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. Es una modificación que está de acuerdo con todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos y pactos internacionales de derechos civiles y políticos. A mi juicio, debemos aprobarla porque su fundamento tiene una inspiración absolutamente atendible. Y no sólo tendremos que aprobar esta reforma al Código de Justicia Militar, sino que otras más, a fin de ir quitando los obstáculos que impiden hacer una justicia plena. En definitiva, debemos lograr que el Código de Justicia Militar trate sólo los delitos propiamente militares y cometidos por militares.
Por estas razones y por las enunciadas por los distintos parlamentarios, el PPD apoyará este proyecto de ley.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, el objetivo de la moción en estudio ha sido difundido con amplitud por los colegas que me precedieron. En definitiva, se trata de disponer que cuando una corte marcial designa a uno de sus miembros como ministro en visita extraordinaria para conocer de algunos casos, se permita que continúe tramitando el expediente, aunque se haya cumplido el año durante el cual debe dejar el cargo en la Corte Marcial. Su fundamento, según quienes presentaron la moción, son los graves inconvenientes y perjuicios procesales que se suscitan en la tramitación de estas causas judiciales.
Es cierto que cuando un proceso ya tiene 18 tomos, cuando las personas víctimas de delitos y los involucrados en la investigación son tantos, obviamente resulta muy complejo estar cambiando, año tras año, al ministro .
En principio, no me gusta legislar para casos especiales. Soy de la idea -y la mantengo- de que la ley tiene que tener una vigencia general para todos los casos que se susciten en el orden jurídico del país.
Como segunda premisa, antes de entrar al fondo del tema, debo señalar que el Código de Justicia Militar debe ser revisado para introducirle modificaciones profundas, no solamente para acotar los tipos penales que él trata y sanciona -aquellos que se denominan delitos militares propios-, sino que también para modificar los procedimientos que se aplican en tiempos de paz.
Ya hemos visto cómo estamos parchando el Código de Justicia Militar. El año pasado fue aprobado todo un cambio respecto de la integración del auditor general del Ejército, iniciativa que en este momento se encuentra en el Senado. Ahora estamos viendo un parche en materias relacionadas con los ministros en visita extraordinaria, que decreta su artículo 29, los que, además, tienen muchos problemas en cuanto al procedimiento ordinario de la justicia militar. Sabemos que es un procedimiento distinto al de los tribunales ordinarios, del foro común, porque tiene fiscal, tiene ministerio público y tiene un juez sentenciador.
¿Qué es lo que hace el ministro en visita extraordinaria? Se ha entendido que sustituye todo el proceso especial militar por uno igual al ordinario.
Pero, en definitiva, aquí hay un problema de fondo con estos propios ministros en visita extraordinaria en relación con el procedimiento en tiempos de paz.
¡Alerta! Aquí no estamos legislando bien, sino que estamos simplemente poniendo un parche más al Código de Justicia Militar. Preferiría, y me encantaría, tanto del ministerio de Justicia como de los órganos que corresponda, el ministerio de Defensa, que pudiéramos avanzar en una modificación completa al Código de Justicia Militar. Mi impresión es que hay, como se dice hoy, agua en la piscina para hacerlo.
Sin perjuicio de estas aprensiones, como legisladora tengo que obedecer el mandato constitucional. La segunda parte del inciso quinto del número 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental me señala que “Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.
Y la verdad es que en estos casos de los ministros en visitas extraordinarias que ven asuntos propios de la justicia militar, no se está cumpliendo el mandato constitucional. Y a mí me corresponde, como legisladora, resguardar siempre esas garantías.
Por lo tanto, voy a aprobar la modificación, porque es la única manera, en este tipo de casos, de llegar a una solución rápida, pero también porque es la única forma de realizar un procedimiento justo y racional.
No es justo ni es racional que un proceso que lleva un ministro en visita, por llegar a su fin el período de un año en que está designado en la Corte Marcial, deba pasar a un nuevo ministro.
Y no es racional, porque no hay ninguna norma legal que obligue a cambiar, dentro del año, al ministro en visita. El artículo 562 del Código Orgánico de Tribunales dispone que “las cortes señalarán el tiempo de duración de la visita extraordinaria y podrán prorrogarlo o restringirlo, así como conferir a otro de los ministros el encargo de continuarla, siempre que así lo estimaren conveniente”.
En la práctica, queda a criterio de la propia corte designar, definir el término del tiempo en el cual el ministro en visita va a hacer uso de esta facultad de llevar adelante un proceso penal militar.
La Corte Suprema no ha hecho uso de esta facultad e, incluso, opina en contra, porque argumenta que la proposición, de alguna forma, rompe con la jerarquía. Yo entiendo a la Corte, porque la norma, más que quebrar el tema de la jerarquía, rompe un orden al interior del Poder Judicial , en el sentido de ir radicando a los ministros en diferentes salas. En ese caso, es más cómodo cambiar al ministro .
Pero la verdad es que no estamos aquí frente a la comodidad de los ministros o del Poder Judicial, sino frente a un mandato constitucional. Y si la Corte Suprema, pudiendo cambiar el plazo y mantener a estos ministros en visitas extraordinarias conociendo de las causas, no lo ha hecho, nos corresponde a nosotros, como legisladores, asumir esa tarea y, por lo tanto, determinar, como lo hace el proyecto, que estos ministros de corte de apelaciones que sean designados en visita extraordinaria continúen desarrollando esa labor hasta que concluya la primera instancia. Hay que aclarar que tiene que ser sólo en primera instancia, aunque hayan dejado de integrar la corte marcial.
Además, con la indicación formulada, que era obvia, en orden a que en caso de ausencia o imposibilidad legal u otro impedimento del ministro , la Corte Suprema lo reemplazará, se cumple fielmente con el mandato constitucional de que, como legisladores, debemos dar siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, de alguna manera, asumiendo las últimas expresiones de la colega María Pía Guzmán , la verdad es que la situación que da origen a los problemas que se tratan de solucionar, corresponden a estas dificultades de carácter técnico a que hacía alusión el colega Bartolucci , adicionadas con algunas consideraciones políticas bastante preocupantes.
El artículo 29 del Código de Justicia Militar, como se ha dicho, faculta, en su inciso tercero, a la Corte Suprema y a las Cortes Marciales para “decretar visitas extraordinarias en los tribunales de la jurisdicción militar, con arreglo a los artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales”.
¿Qué es lo que ha ocurrido? La Corte Suprema ha hecho uso de esta facultad a requerimiento de personas interesadas o de integrantes del propio Poder Judicial , que yo conozca, en dos ocasiones. En el caso de la posible obstrucción a la justicia por parte del ex general director de Carabineros , señor Rodolfo Stange , y en el caso del homicidio de las personas a que se ha hecho referencia por la llamada “operación Albania” o “matanza de Corpus Christi”. En ambas oportunidades, la Corte Suprema no designó a los ministros, pudiendo hacerlo, sino que le encomendó la designación específica a la Corte Marcial y, obviamente, ésta tiene que designar a uno de sus integrantes. Si lo hubiese hecho la Corte Suprema, en uso de sus facultades, cuestión que le era perfectamente posible, porque no hay disposición legal en contrario, habría podido designar a cualquier ministro de su subordinación y le habría podido señalar el tiempo de duración de la visita extraordinaria y la podría prorrogar o restringir. De manera que las dificultades que se suscitan, como señaló la diputada señora Pía Guzmán , se originan en el hecho de que la Corte Suprema no ha hecho uso de estas facultades, en mérito de lo cual, en razón de las dificultades objetivas existentes, el Poder Legislativo, en cumplimiento de su obligación, debe dictar la norma pertinente que rectifique la situación que perjudica a las partes y el ánimo de justicia.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sin duda, este proyecto, de real importancia, ha sido situado correctamente en una perspectiva democrática y se enmarca dentro de nuestro sistema judicial, toda vez que es una realidad que los tribunales militares tienen una competencia excesiva, que ha sido obtenida en un marco en que no existía el imperio del sistema democrático. Por tanto, es labor nuestra, como legisladores, ir produciendo un perfeccionamiento de esas normas, con el objeto de situarlas en una perspectiva de fortalecimiento de la justicia. Es algo que debemos tener como punto de referencia permanente en el estudio de normas como aquellas respecto de las cuales hoy estamos por pronunciarnos.
¿Por qué digo esto? Porque en el estudio del proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y en el informe que de allí emana, se jerarquizan dos principios esenciales que están presentes en el proyecto: el de la igualdad de todas las personas en la protección y en el ejercicio de sus derechos, y el de la garantía de un procedimiento y de una investigación racionales y justos. Esto siempre debe estar en la médula de la legislación procesal; de no ocurrir así, estaremos afectando los derechos sustantivos de las personas.
Deseo marcar de manera especial el hecho de que, al legislar en la forma en que lo hacemos hoy, estamos logrando una correspondencia efectiva, un avance, en el ámbito del derecho internacional, particularmente en el derecho internacional de los derechos humanos.
En el informe de la Comisión se establece la consonancia de lo que estamos haciendo hoy con lo señalado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969.
Hay un aspecto esencial en el cual debemos poner nuestra atención. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, particularmente su protocolo facultativo, y la Convención Americana de Derechos Humanos habilitan a las personas, individualmente consideradas, para llegar con sus reclamaciones a un órgano internacional. En el primer caso, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, en el segundo, a la Comisión Americana de Derechos Humanos.
Para que una persona pueda llegar con su reclamación a dichas instancias debe haber agotado las vías jurídicas internas que le ofrece su propio Estado. Pero no es sólo facultad del Estado hacer valer ante la instancia internacional, que antes de conocer de una determinada reclamación se agotaren las vías jurídicas que ofrece el propio Estado, sino que conlleva su obligación de proveer en su propio ordenamiento interno las instancias judiciales y los plazos adecuados que aseguren una verdadera justicia, de forma que se puedan reparar los hechos de los cuales se reclama.
Cuando vemos lo que ha ocurrido en la judicatura del ámbito militar, nos damos cuenta de que uno de los grandes problemas es la prolongación de los hechos, de tal manera excesiva, que podríamos estar en presencia de una verdadera denegación de justicia, establecida como una de las causas que excepcionan la obligación de agotar las vías jurídicas internas que el Estado posee. De modo que si queremos una correspondencia entre el ámbito interno y el ámbito internacional, debemos dar los pasos necesarios para hacer que nuestro sistema judicial, entre otras cosas, pueda juzgar las situaciones que se le presentan con la rapidez debida. Conspira contra este objetivo el que año a año nuevos jueces deban ir conociendo, prácticamente desde el comienzo, los juicios que se presentan a su conocimiento.
La idea, que constituye la idea matriz del proyecto, es que el juez que conozca de esta situación pueda seguir con ella, a fin de no perder lo avanzado, lo cual ayuda a que nuestro proceso judicial sea más rápido y efectivo.
Una última cosa. En el tema de la judicatura militar hay muchos aspectos pendientes. Concuerdo con la idea de que no debiéramos seguir parchando, sino hacer el esfuerzo por lograr una reforma orgánica de este ámbito de la judicatura.
Por ejemplo, en el marco de la libertad de información y de opinión, aún quedan en el Código de Justicia Militar situaciones pendientes, de las cuales pretende hacerse cargo la ley de prensa, como la sedición impropia, tipo que ha permitido que tribunales de justicia militar hayan juzgado a civiles, entre ellos periodistas, por una situación que debió caer dentro del ámbito de la justicia civil ordinaria.
Ese tipo de situaciones están presentes en nuestro actual sistema legal y, aprovechando esta discusión sobre un aspecto específico de aquel ámbito, quisiera que reflexionáramos acerca de la necesidad de producir una reforma más orgánica en el campo de la justicia militar.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, resulta sumamente satisfactorio que, desde diferentes posiciones políticas, haya unanimidad con relación a la situación aberrante que constituye nuestro Código de Justicia Militar, desde el punto de vista de un Estado de Derecho. En efecto, no existe legislación en el mundo occidental en que el Código de Justicia Militar contemple las formas que tiene el nuestro, las cuales no sólo implican facultades excesivas, sino, además, un privilegio discriminatorio, porque la sola circunstancia, de carácter personal, de que un militar o un miembro de las Fuerzas Armadas en general esté envuelto en los sucesos implica dejar el hecho entregado a la justicia militar. Es evidente que este privilegio irritante atenta contra el principio de igualdad, por cuanto discrimina con relación al resto de la sociedad y, por lo tanto, contradice sustancialmente no sólo los pactos internacionales suscritos por Chile, sino también el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. En definitiva, este privilegio, que vuelve a la antigua tradición, superada ya a fines del siglo XVIII, implica, con el Estado moderno de los fueros personales, que los militares se conviertan en juez y parte. Eso explica la larga duración de procesos en los cuales figuran víctimas civiles y en los cuales hay militares acusados o imputados por violaciones graves a los derechos humanos. La razón fundamental es que son juez y parte en relación con sus propios hechos. Además, a menudo ocurre que un fiscal, con el grado de coronel o capitán, tiene que investigar actos de un general, es decir, de un superior.
En consecuencia, estamos frente a una situación extraordinariamente aberrante, que surge de un privilegio discriminatorio establecido en nuestro Código de Justicia Militar, por la existencia de fueros personales que desde hace mucho tiempo fueron abandonados en los Estados de Derecho, producto de la Revolución Francesa.
Por eso, solicito al Ejecutivo enviar a la brevedad posible al Congreso Nacional un proyecto de reforma total al Código de Justicia Militar, no sólo en lo que se refiere a la competencia de los tribunales militares -reducida sólo a hechos propiamente militares-, sino para que el procedimiento se ajuste a las nuevas formas creadas en el Código de Procedimiento Penal, es decir, que sea un sistema acusatorio real, racional; no híbrido y extraño como el actualmente vigente. Por lo tanto, se trata de una reforma integral, ya que abarca tanto lo sustancial como lo procedimental.
Con esta iniciativa estamos en presencia de una mínima corrección dentro del procedimiento, con el objeto de provocar racionalidad e igualdad en determinados casos. No se trata de legislar para un caso particular, sino para un determinado caso particular en el cual existe una sensación de injusticia respecto de los tribunales militares y sus resoluciones.
Nadie -así lo ha demostrado la discusión en esta Sala- ha podido desconocer la aberración que se produjo en el llamado caso Albania, donde fueron asesinados y masacrados muchos jóvenes, lo que se quiso justificar señalando que se había producido un enfrentamiento.
Ese hecho tan aberrante, tan palmario en cuanto a las evidencias -a pesar de ello, desde 1987 aparecía encubierto por la justicia militar-, ha provocado esta corrección, que servirá no sólo para el caso Albania, sino para cualquier hecho similar.
Por eso, esta corrección es muy importante aun cuando sea mínima y aun cuando incida en determinados casos, porque introduce racionalidad y justicia en relación a hechos de la misma naturaleza.
La moción propone modificar el artículo 29 del Código de Justicia Militar para que el ministro en visita no sea transitorio, sino permanente, como ocurre en todo tribunal. Un tribunal no puede ser transitorio; eso afecta la administración de justicia. Esta moción corrige esa imperfección.
En consecuencia, el proyecto contempla dos aspectos: introduce una modificación sustancial al Código de Justicia Militar en cuanto a que sea un miembro de la justicia ordinaria el encargado de sustanciar esos procesos y, además, establece que los tribunales no pueden ser transitorios, sino permanentes.
De ahí que resulta extraño lo señalado por el diputado señor Bartolucci , en el sentido de la verdad histórica. Son los tribunales los que en los procesos sobre violaciones a los derechos humanos -los delitos más graves que se pueden cometer-, deben determinar la verdad histórica; salvo que el señor diputado pretenda, con las palabras verdad histórica, justificar esos hechos delictivos. Supongo, porque conozco su talante democrático, que no tratará de justificar los crímenes más graves que se pueden dar en una sociedad, como son las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, a mi juicio, es sólo un error procesal: no tener claro dónde se determina la verdad histórica respecto de un delito. Ella se establece en los tribunales de justicia, y es allí donde se debe evitar la impunidad.
La importancia de esta moción radica en que estamos en presencia de uno de los crímenes más graves cometidos en Chile, como muy bien lo señalaba el diputado señor Espina, ya que después de catorce años del golpe militar se produce una masacre, un asesinato vil, alevoso y sádico en contra de un grupo de personas. A pesar de que ello es manifiesto y de que nadie en Chile lo puede ignorar, sólo hoy se ha podido dictar auto de procesamiento; eso porque el proceso estaba en manos de la justicia militar.
Eso es lo que hay que solucionar a través de una reforma total al Código de Justicia Militar.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
De acuerdo con el Reglamento, un Comité ha solicitado el cierre del debate.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , ¿me puede informar cuántas personas están inscritas?
El señor TUMA (Vicepresidente).-
La diputada señora Laura Soto y los diputados señores Ascencio y Jarpa.
En votación la solicitud de cierre del debate formulada por el Comité de la UDI.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Rechazada la petición.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , en realidad, el mayor reproche que se hace se refiere a la forma como se aplica la justicia militar en nuestro país.
Hay una gran mayoría que ha ratificado esta crítica, y diversos tratadistas también están contestes en que en el mundo democrático y en tiempos de paz, la justicia militar no debería existir, no sólo por su desmesura o porque el fuero arrastra, sino porque existen críticas muy de fondo que hacen válido aquel dicho de que cuando la justicia es insuficiente, la soberanía no es más que una organización de bandoleros. Eso es lo que ha ocurrido. Por lo menos a mí me correspondió conocer situaciones muy aberrantes relacionadas con la falta de justicia. Recuerdo un caso emblemático: la muerte de Carlos Godoy Echegoyen, en una comisaría, como consecuencia de las torturas de que fue objeto. Fue detenido junto con otros jóvenes, se les acusó de terroristas y fueron procesados como tales; sin embargo, cuando el caso fue conocido por un ministro civil de la corte de apelaciones, absolvió a todos los jóvenes. Con esto queda claramente demostrado que la justicia debe ser administrada por tribunales civiles.
Hemos conversado el tema con el Ejecutivo y hemos sido majaderos al plantearle que es absolutamente indispensable limitar la competencia de la justicia militar a los delitos exclusivamente militares. La ministra de Justicia nos ha expresado que realizó un completo estudio al respecto y que está esperando las instrucciones del Presidente de la República en tal sentido. Creo que, efectivamente, como dijo la diputada señora Pía Guzmán , falta analizar, de una vez por todas, a fondo este tema.
Decía que se reprocha no sólo la desmesura, sino la falta de independencia, que ya fue explicada. Como en el ámbito militar existe una jerarquía, los fiscales no tienen autonomía. En los procesos militares las víctimas no pueden querellarse. Por lo tanto, de partida, existe injusticia respecto de sus derechos. En cuanto a los encausados, sólo se admite el recurso de amparo, con lo cual el debido proceso se convierte en sal y agua.
Por ello, es absolutamente indispensable insistir con mucha fuerza -como lo dijo el diputado señor Juan Bustos - en la necesidad de que el Gobierno envíe el proyecto que limita la competencia de la justicia militar sólo a su ámbito.
Se trata de enmendar, aunque en una mínima parte, el artículo 29 del Código de Justicia Militar. Eso, al menos, nos satisface desde el punto de vista espiritual y legislativo, y nos hace pensar que estamos en el camino correcto. No puede ser que cuando la Corte Suprema, a veces, nombra un ministro en visita para que conozca delitos militares, designe al integrante de la corte marcial, caso en el cual dicha corte tiene el plazo de un año, lo que -como dicen muy bien los autores de la moción- resulta una burla para la justicia. Un ministro que tiene a la vista 18 tomos no puede saber cuáles son las diligencias útiles, cuáles son “paja molida”, qué trámite hay que saltarse, cuáles dicen relación con el verdadero fin de búsqueda de justicia. De manera que, aunque sea en una mínima parte, al menos nosotros deberíamos ir por el camino correcto. Es cierto que no es bueno legislar con nombre, para una causa determinada; pero esta situación aberrante nos ha abierto los ojos para convencernos de que es necesario hacer un esfuerzo en ese sentido.
Por eso, el Partido por la Democracia hará mucha fuerza para que esta moción sea aprobada ojalá en forma unánime e insistirá ante el Gobierno para que envíe un proyecto que reduzca la competencia de la justicia militar a su ámbito, es decir, al netamente disciplinario.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día.
Los diputados que están inscritos a continuación podrán hacer uso de la palabra en la próxima sesión, cuando continuemos con la discusión del proyecto.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, esta semana ya hemos celebrado dos sesiones y no hemos votado ningún proyecto.
Por lo tanto, propongo que los diputados que deseen intervenir soliciten la inserción de sus discursos, de manera que podamos votar, por lo menos, un proyecto de ley. No veo por qué debemos continuar debatiendo sin votar. Además, no he escuchado a ningún diputado argumentar en contra del proyecto, con la excepción del diputado señor Bartolucci , quien expresó sus aprensiones y anunció que se abstendría.
De manera que sería perfectamente posible llamar a los señores diputados y votar esta iniciativa legal. Ésa es mi petición concreta.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , como llegó a su término el tiempo del Orden del Día, sólo se podría acceder a su petición por acuerdo unánime de la Sala.
Lo que podríamos hacer sería acordar que los dos diputados inscritos inserten sus discursos. Y con eso ponemos término al debate y dejamos para la próxima sesión la votación del proyecto.
El señor MASFERRER .-
¿Por qué no votamos hoy, señor Presidente?
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay acuerdo para acoger esa petición, señor diputado .
El señor ESPINA.-
Pero su Señoría no ha consultado a la Sala.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
¿Habría acuerdo unánime para acoger la petición del diputado señor Alberto Espina?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hay acuerdo.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA. (Votación).
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se vota por última vez el proyecto de acuerdo Nº 296.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo no se ha discutido.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En la sesión anterior, se ofreció la palabra y se realizó la votación, pero no hubo quórum.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa,0 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
ASCENSO PÓSTUMO DEL SARGENTO PRIMERO DE CARABINEROS ERNESTO VENEGAS CUEVAS.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 297, de los diputados señores Ulloa, Van Rysselberghe, Ortiz, Jarpa, Rocha, Fossa, Melero, Pareto y Felipe Letelier.
“Considerando:
1. Que en días pasados hemos debido lamentar una terrible tragedia en la ruta que une Arauco y Curanilahue, VIII Región.
2. Que en esa tragedia tuvo una notable y valiente participación el sargento primero de Carabineros señor Ernesto Venegas Cuevas de dotación de la Primera Comisaría de Arauco , quien falleció a causa de la misma.
3. Que mediante su acción el sargento Venegas salvó a dos jóvenes estudiantes de 16 años, al bloquear con su cuerpo el impacto de un camión que estaba fuera de control en la ruta antes mencionada.
4. Que como lo han expresado todos quienes conocían al carabinero fallecido, se trataba de un funcionario ejemplar que no sólo destacó durante los más de 24 años que sirvió en la institución, sino además, formó una familia llena de valores y sólidos principios.
5. Que el trágico deceso del funcionario policial deja a su cónyuge e hijos en una delicada situación económica.
La honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar al Presidente de la República , que en virtud de sus atribuciones, ascienda al sargento primero señor Ernesto Venegas Cuevas al grado de suboficial mayor. Lo anterior constituye un necesario y justo reconocimiento a quien con su heroica acción salvó la vida de dos jóvenes compatriotas”.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, pido que el proyecto sea aprobado por unanimidad.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En primer lugar, debo ofrecer la palabra.
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, tal como tuve oportunidad de señalar en una ocasión anterior, la actitud del sargento primero Ernesto Venegas Cuevas , de dotación de la Primera Comisaría de Arauco , fue una nueva expresión del espíritu de sacrificio que caracteriza a la mayoría de los integrantes de Carabineros de Chile.
Por ello, este proyecto de acuerdo tiende a respaldar lo que se está implementando a nivel interno en la institución, en el sentido de que, en conformidad con el inciso segundo del artículo 29 de la ley orgánica constitucional de Carabineros, el general director disponga el ascenso extraordinario de este meritorio funcionario, como reconocimiento póstumo a la acción que llevó a cabo.
Sería importante y recalcaría el espíritu con que la Cámara aprecia este tipo de acciones por parte de la institución policial, que este proyecto fuese aprobado por unanimidad, como lo señaló el diputado señor Riveros .
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en la misma línea de lo que acaba de decir el diputado señor Enrique Krauss , y en nombre de uno de los autores del proyecto, el diputado señor Ulloa , que se encuentra ausente, quiero agregar algunas características que destacaron al sargento Venegas en su vida profesional, a quien tuve la oportunidad de conocer durante muchos años.
El sargento Venegas, al momento de su muerte, se desempeñaba como jefe de la comisión civil de la zona de Arauco, y era considerado como el profesional de mejor nivel, con la más alta estadística de detenciones. Además, se destacó por acciones de valentía extraordinaria, como quedó demostrado en su actuación individual frente al asalto de un local comercial en la localidad de Carampangue.
Estas dos características permanentes, hacían del sargento Venegas un funcionario extraordinariamente confiable, sano y bueno.
En nombre de los colegas patrocinantes de este proyecto de acuerdo y en el mío, pido que se apruebe por unanimidad este reconocimiento post mórtem que se merece el querido sargento Venegas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si les parece a los señores diputados, se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
REMISIÓN DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CONADI AL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 299, de los diputados señores Alessandri, Ortiz, Monge, señora María Antonieta Saa, señores Prokurica, Salas, Navarro y Tuma.
“Considerando la situación crítica en que moral y económicamente ha quedado Conadi, al tenor de los antecedentes conocidos y explicitados por la Comisión Investigadora de dicha institución, la Cámara de Diputados acuerda:
A) Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República que proceda a reforzar las acciones de reorganización de la Conadi para conformarla en un organismo técnico, donde prevalezca la calidad moral y la eficiencia profesional entre sus funcionarios.
b) Que exija el esclarecimiento de las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, enviando los antecedentes a los tribunales de justicia”.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo, que es obvio y sencillo, no es sino el epílogo de la sesión realizada en días pasados, en que se conoció el informe de la Comisión investigadora de la Conadi.
Como exposición de motivos del proyecto, se dice “Considerando la situación crítica en que, moral y económicamente, ha quedado la Conadi al tenor de los antecedentes conocidos y explicitados por la Comisión investigadora de dicha institución, la Cámara de Diputados acuerda:”.
Este proyecto lo firman diputados de la totalidad de los partidos políticos representados en este hemiciclo. Por tanto, sólo nos resta rogarles a los señores diputados que voten en consecuencia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No hubo quórum.
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Nuevamente no hubo quórum.
Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se reanuda la sesión.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
No se reunió el quórum requerido, por lo cual se votará por última vez el día de mañana.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Una consulta. ¿Hay diputados con permiso constitucional?
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Perdón, señores diputados. De acuerdo al tablero electrónico, hay quórum: 33 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Debo dar una explicación. En la votación del proyecto de acuerdo Nº 299 hubo sólo 33 votos a favor, 3 en contra y una abstención, o sea, se reunieron 37 votos, y el quórum requerido, considerando que hay dos señores diputados con permiso constitucional, es de 39 votos. Por lo tanto, queda sin efecto su aprobación y se votará de nuevo mañana.
Se entregó copia de la votación al diputado señor Víctor Pérez, quien planteó el tema.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , cuando se votó el proyecto de acuerdo, yo sólo consulté cuántos diputados había con permiso constitucional. La Mesa es la que resuelve darlo por aprobado.
De acuerdo con el Reglamento, ¿tiene atribuciones la Mesa para declarar, por sí y ante sí, no aprobado un proyecto que fue votado y aprobado? Ésa es mi consulta.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El problema radica en que hubo un error. La primera vez señalé que el proyecto estaba rechazado, pero, al parecer, el asunto no estaba claro, pues se produjo un error de hecho, por cuanto, en lugar de proclamar que había 3 votos en contra, se dijo que eran 6.
Como hubo una equivocación y aquí están los ministros de fe y los documentos oficiales, el proyecto nuevamente debe ser sometido a votación mañana, por no haberse reunido el quórum.
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , entonces, se desprende que lo señalado por usted al término de la votación era lo acertado cuando dijo que se rechazaba el proyecto.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Sí. Por no haberse reunido el quórum, queda pendiente la votación.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , como Comité de Renovación Nacional, pedimos que se constituya la Comisión investigadora de Emeres, cuya creación fue acordada por la Sala, la cual designó a sus integrantes hace ya más de un mes, pero no sabemos las razones por las que no se convoca.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Su Señoría carece de la información actualizada.
El 2 de septiembre del presente año se dio a conocer la nómina de sus integrantes, a quienes se les citó para constituirla.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , la diputada Lily Pérez y quien habla, que formamos parte de la misma, no hemos sido citados a su constitución; y si fuese así, pido que se levante acta de una situación anormal, pues no fuimos notificados.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
La Mesa está tomando debida nota de sus observaciones, pero su Señoría, al igual que yo, sabe que se trata de una materia administrativa. No obstante, se deja claro que la nómina de los integrantes de dicha comisión se dio a conocer el 2 de septiembre.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , es efectivo que se indicaron los nombres de sus componentes, pero la comisión no se ha constituido. Para que ello ocurra, el Presidente de la Cámara de Diputados debe disponerlo.
Por otra parte, entiendo que su Señoría está subrogando hace mucho tiempo, y pareciera que deberíamos elegir un Tercer Vicepresidente , pero este asunto es distinto.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , no haré comentarios sobre sus apreciaciones.
VII. INCIDENTES
SITUACIÓN DE TRABAJADORES PESQUEROS DE IQUIQUE POR FUSIÓN DE EMPRESAS DEL RUBRO. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra la señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , quiero dar a conocer en esta honorable Cámara la situación que afecta a los trabajadores del sector pesquero de la provincia de Iquique, debido a la fusión que se está haciendo de las empresas pesqueras más importantes. Ya se ha dicho que un diez por ciento de los trabajadores no serán recontratados por esa fusión que asumirá la explotación pesquera, lo que representa, por lo menos, 150 personas que en los próximos meses quedarían sin trabajo en nuestra ciudad.
Por esa razón, hago un llamado de atención, en el sentido de que ya estamos sufriendo un fuerte aumento de la cesantía en Iquique, la cual ha subido seis puntos en los últimos tres meses. Con la nueva fusión de las empresas pesqueras, sin duda la cesantía se acrecentará mucho más.
Por esa razón, pido la intervención del ministro del Trabajo , a quien solicito que se le oficie, con el objeto de que vea de qué manera el Gobierno puede paliar la situación social a la que se verán enfrentados estos trabajadores.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
ACCESO A CARRETERA PANAMERICANA NORTE EN QUILICURA. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, la comuna de Quilicura está emplazada en el área norponiente de la Región Metropolitana. Durante los últimos años, ha triplicado su población debido a la gran construcción de viviendas y edificios llevada a cabo por el Serviu y por empresas privadas.
Lamentablemente, muchas veces las nuevas villas y poblaciones -un ejemplo de ello son los conjuntos habitacionales Valle de La Luna y San Enrique, de responsabilidad del Serviu, o las edificaciones de constructoras privadas en la zona de Los Cántaros- no han ido acompañadas del suficiente equipamiento y de servicios. Sí es destacable que la municipalidad, a través de distintos programas públicos y proyectos presentados a diversas instancias, haya logrado aumentar la cantidad de servicios dirigidos a la comunidad, como la construcción del consultorio y el estadio, emplazados en el sector de San Luis, y la implementación de diversas bibliotecas, escuelas, etcétera. Sin embargo, ello es insuficiente debido al aumento explosivo de la población de Quilicura.
Uno de sus problemas más dramáticos se vincula con el hecho de que no cuenta con un acceso expedito para que sus habitantes se trasladen al centro de la Región Metropolitana . A pesar de que la comuna tiene un cordón industrial, muchas personas deben trasladarse hacia ese sector, por cuanto allí se emplazan diversos centros que prestan servicios, colegios y lugares de trabajo. Insisto, el acceso hacia esa zona es extraordinariamente limitado y se justificaba cuando la comuna contaba con una población de 30 mil o 40 mil habitantes, la cual, como ya expresé, se ha triplicado. Por tal motivo, la municipalidad y las autoridades han solicitado al ministerio de Obras Públicas que colabore para hacer más expedito el acceso a esa zona, concretamente vía carretera Panamericana norte-sur, de modo de agilizar el desplazamiento de los quilicuranos a los distintos puntos de la Región Metropolitana. He recibido información de que existe un convenio entre ese ministerio y la municipalidad, pero ha pasado el tiempo y dicho compromiso no se ha materializado.
Por lo anterior, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas a fin de que informe sobre cuándo se ejecutarán las obras de acceso a la carretera Panamericana norte, el tiempo que demorará su realización y si el convenio mencionado se cumplirá en los términos en que fue suscrito.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio pedido por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los señores diputados que así lo han solicitado.
REACTIVACIÓN LEGISLATIVA DE PROYECTO QUE CREA NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó, con fecha 18 de junio de 1996, un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo , mediante el cual se crean 24 juzgados de policía local en las comunas que se señalan.
Posteriormente, el proyecto pasó a la Comisión de Hacienda para su estudio. En esa instancia, y a raíz de que algunos señores diputados formularon indicaciones para agregar otros juzgados, la tramitación de la iniciativa quedó paralizada. Desde esa fecha, nadie sabe nada respecto de la creación de esos juzgados y tampoco se conoce la suerte que correrá el respectivo proyecto.
Contar con esos juzgados es, por supuesto, urgente. El aumento de causas por el incremento de la población y las múltiples leyes que le han dado nuevas competencias han abultado sobremanera la carga de trabajo de los existentes; pese a ello, su dotación de funcionarios y capacidad física se ha mantenido. ¿Qué ha ocurrido con ellos? ¿Por qué se detuvo la tramitación del proyecto si el ministerio de Hacienda y el artículo 54 del proyecto señalan que el mayor gasto que implica la aplicación de esta ley será con cargo al presupuesto de las respectivas municipalidades, pues se trata de juzgados de policía local que se financian solos? Sólo falta la ley y ésta debe aprobarse lo más rápido posible.
El Gobierno, en su oportunidad, recogió la inquietud ciudadana de crear esos juzgados y por ello envió el proyecto respectivo a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿dónde radica la dificultad? ¿Existe algún problema de constitucionalidad o dudas en cuanto a la facultad presidencial para crear estos juzgados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la Constitución Política?
Dicha disposición señala que las municipalidades “podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita”. Ello obedece a una modificación que se introdujo en la Constitución en virtud del artículo único, Nº 3º, de la ley Nº 19.526, de 17 de noviembre de 1917. Atendido lo anterior, es menester continuar la tramitación del proyecto en comento, de modo de ser consecuentes con la idea de legislar sobre esta materia y materializar la creación de estos juzgados.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro del Interior a fin de que la subsecretaría de Desarrollo Regional informe sobre esta situación y, asimismo, a los ministros de Justicia y de Hacienda, con el objeto de que resuelvan las consultas que se le han formulado en cuanto a la prosecución del estudio de este proyecto de ley.
Por último, solicito que se oficie al Contralor General de la República , en mi nombre y en el del diputado señor Elgueta , a fin de que resuelva si la competencia para crear estos juzgados radica en las municipalidades o se trata de una facultad exclusiva del Presidente de la República .
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando a cada uno copia de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que lo indican.
ANTECEDENTES SOBRE AUMENTO DE TARIFAS EN TELEFONÍA RURAL. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , en todos los sectores rurales del país hubo muestras de alegría cuando se conoció la determinación de nuestro Gobierno de implementar, a través del ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, un sistema de telefonía rural. Este sistema, a pesar de algunas dificultades y demoras en su funcionamiento, ha beneficiado a muchas personas que viven en sectores alejados que por ello no tenían posibilidad de comunicarse con sus familiares y amigos, o recurrir a terceros en caso de emergencia.
El sistema estaba funcionando bastante bien, pero el domingo apareció un aviso en el diario “El Austral” de Temuco, en el cual la CTR, Comunicación y Telefonía Rural, informa que a contar del 1 de agosto de l999 las llamadas locales hacia teléfonos rurales tienen un costo adicional por cargo de acceso rural. Estos valores se identificarán y cobrarán por medio de la cuenta mensual.
Ésa es una parte del problema, pero resulta que el valor que se cobrará por cargo de acceso a teléfono rural, en horario normal, llega a 74,59 pesos por minutos, o sea, 90 pesos con el impuesto, y en el horario reducido, a 37,29 pesos por minuto, suma que con el impuesto se eleva a casi 45 pesos.
Como son valores muy altos, solicito se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de que nos informe si la citada empresa está autorizada -la publicación aparece con atraso- para cobrar desde el 1 de agosto dichos valores, pues según la información que obra en mi poder no ha sido facultada para ello.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Felipe Letelier , Jaime Rocha , Iván Mesías , Osvaldo Palma, René Manuel García , Felipe Valenzuela , Víctor Pérez, José Miguel Ortiz y de la diputada señora Lily Pérez .
ANTECEDENTES SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS DEL FONDART EN REGIONES. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, también deseo referirme a la situación suscitada con el programa Fondart en la Novena Región.
Hubo una serie de reclamos, porque en la distribución de los proyectos correspondió un 84 por ciento a la provincia de Cautín y sólo un 16 por ciento a la de Malleco. Así como hemos reclamado en forma insistente para que la Región Metropolitana no se lleve todos los fondos o subsidios, también en las regiones debe haber una distribución equitativa entre las provincias.
Además, se ha reclamado porque habría proyectos presentados por interpósitas personas, que involucrarían a funcionarios de la Secretaría Ministerial .
Por ello, solicito se oficie al ministro de Educación , con el objeto de que nos informe sobre el particular, si se efectuó el sumario administrativo y cuál fue su resultado; que se estudie la posibilidad de modificar el sistema de adjudicación de proyectos, a fin de entregarlos en forma proporcional a cada una de las provincias de la región, si cumplen los requisitos mínimos, y que haya mayor difusión y claridad, incluso, sobre los integrantes de las comisiones que resuelven, porque ésa es también una de las dudas que se han planteado en la Novena Región respecto de los programas del Fondart.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo , Felipe Letelier , Jaime Rocha , Iván Mesías , Osvaldo Palma, René Manuel García , Felipe Valenzuela, José Miguel Ortiz y de la diputada señora Lily Pérez .
ANTECEDENTES SOBRE CONSTRUCCIÓN Y PROBLEMAS ORIGINADOS EN OBRA VIAL DE INTERSECCIÓN AMÉRICO VESPUCIO Y GRECIA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente , quiero referirme a la grave situación que afectó a las avenidas Grecia y Américo Vespucio, donde se produjeron grandes inundaciones a causa de las últimas lluvias. Más de 2.500 millones de pesos costó la construcción del paso sobre nivel en ese sector, obra que duró dos años, con enormes inconvenientes para los vecinos y los más de diez mil vehículos que por ahí transitan. Sin embargo, la primera lluvia produjo una inundación mayor que las que ocurrían antes de la construcción de las obras, afectando al sector de El Valle hasta avenida Grecia con Américo Vespucio.
Resulta increíble que, a pesar de un proyecto de tal costo y modernidad, nuevamente veamos los triciclos que atraviesan a los peatones de una vereda a otra, que las calzadas estén inhabilitadas para el paso vehicular, y las veredas, para el uso de los peatones. La pasarela que se construyó sobre la vía también quedó inaccesible a los peatones, pues sus bases se inundaron completamente. Lo más grave e increíble es que los vehículos pequeños no han podido subir hacia la vía elevada, porque también se anegaron las bases. Es decir, una obra de tan alto costo ha demostrado ser totalmente ineficiente ante las lluvias de esta temporada.
Cuando se llamó a propuesta, existían dos proyectos alternativos: uno, una vía elevada, cuya costo ascendía a 2.500 millones de pesos, y otro, una vía subterránea, por 1.600 millones de pesos. Se evaluó cuál producía menor daño o menor anegamiento, condiciones que cumplía la vía subterránea; sin embargo, se consideró la construcción de la vía elevada, de mayor costo, la cual no sólo ha sufrido las inundaciones, sino que ha significado deterioro visual, destrucción de áreas verdes y, como decía, múltiples problemas durante el tiempo que demoró su construcción.
La obra se inició en el período en que el señor Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas . Se advirtió sobre el peligro de anegamiento y los inconvenientes que causaría una vía elevada. La respuesta del ministerio parece increíble: hoy día dice que las obras no están terminadas y que por eso se ha inundado el sector. ¿Cómo puede entregarse una obra de esa envergadura que no esté concluida? Y debajo de la infraestructura -valga la redundancia- de esta obra hay un sifón de dos metros de diámetro, que termina en un sifón ciego; no está conectado al colector de aguas lluvia. Es decir, se hizo un colector y se lo deja ciego, a sabiendas de que es una zona expuesta a inundación.
Aquí cabe una clara responsabilidad de las autoridades del ministerio de Obras Públicas, tanto del ex ministro , señor Lagos, como del actual, señor Jaime Tohá , ya que ambos fueron advertidos.
Por ello, solicito que se oficie al actual ministro de Obras Públicas , para que se me informe sobre lo siguiente: ¿por qué se determinó construir el paso sobre nivel y no bajo nivel, a pesar de la gran diferencia de costo? ¿Qué acciones se van a realizar para terminar la obra, para conectar el sifón al colector de aguas lluvia y en qué plazo? ¿Ahora o nunca? ¿Quién es el responsable de un proyecto de tal costo y envergadura y cuya demora en su construcción pueda causar tanto inconveniente a la primera lluvia, afectando así a tantas personas que transitan por el sector? ¿Qué empresa se adjudicó la obra y qué garantía da esa empresa de solucionar el problema que planteo? Quiero saber si la empresa constructora va a pagar una garantía por este deterioro en una obra ya terminada o si es el ministerio de Obras Públicas el que asumirá la responsabilidad.
En resumen, ¿qué, cuándo y cómo se va a hacer para resolver el problema y quién justifica una inundación de esta envergadura causada por una obra de tal costo?
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría. Además, se adjuntará el texto de su intervención.
INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE HONORARIOS EN MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, me preocupa sobremanera ver qué está pasando con el pago de honorarios en nuestro país. Por ello, junto al diputado señor Víctor Pérez , ayer en la mañana tuvimos una reunión con el señor Contralor General de la República para verificar efectivamente si los honorarios se están ajustando no sólo a derecho, sino, además, a las metas preconcebidas por los contratantes.
En virtud de ello, hace varios meses solicité a la Contraloría General de la República que me informara sobre el listado de honorarios pagados por la municipalidad de La Florida, comuna que represento en el Parlamento. La respuesta me llegó en estos días y, para mi sorpresa, verifiqué que el municipio de La Florida está gastando un millón de dólares al año desde 1997 sólo por concepto de honorarios, lo cual me parece una cifra tremendamente alta.
Fui concejala durante cuatro años en dicho municipio y jamás ese ítem se acercó siquiera a una cifra similar.
En virtud de ello, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que me informe sobre las profesiones de las personas señaladas, porque he podido constatar que varios de los nombres no sólo se repiten, sino que ellas hacen distintas cosas. Por ejemplo, una persona un día dicta una clase sobre hábitat; al otro, sobre becas para los jóvenes; posteriormente, diseña camarotes. Entonces, hay cosas que me llaman profundamente la atención con respecto a la profesión de las personas consignadas en este informe.
Quisiera saber también si los objetivos propuestos por la municipalidad han sido cumplidos por estas personas contratadas a honorarios y, por último, si estas contrataciones se ajustan a derecho.
No es un tema menor, toda vez que los vecinos de la municipalidad de La Florida están viendo permanentemente que los servicios del municipio no guardan relación con este incremento tan oneroso de un millón de dólares al año solamente por concepto de pago de honorarios.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría a la Contraloría General de la República y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Osvaldo Palma y Víctor Pérez .
RECTIFICACIÓN A INFORMACIÓN DE PRENSA SOBRE PROYECTO DE FLUORACIÓN DEL AGUA POTABLE.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente , en “El Mercurio” de Valparaíso de ayer, aparece en un titular: “Cámara aprobó norma que prohíbe fluoración del agua”.
Por haber participado en la elaboración de ese proyecto, y en mi calidad de diputado informante del mismo, afirmo que lo aprobado por la Cámara es exactamente lo contrario.
Dicha información crea en la gente una opinión absolutamente errada, porque dicho proyecto regula la cantidad de flúor existente en el agua potable en una parte por millón, que es la internacionalmente aceptada, en la seguridad de que ese elemento químico es absolutamente beneficioso para la salud oral de la población, para prevenir, retardar y evitar la formación de caries, una de las patologías más frecuentes en el mundo. Tan importante es esta medida de salud pública, que, en esa área, es considerada la más importante del siglo; y en el relevante concepto de que los recursos públicos alcanzan sólo para tratar el 10 por ciento de las personas afectadas por esta patología, la prevención mediante la fluoración del agua empieza a ser la más importante medida en la disminución de esta enfermedad.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero que se oficie al diario para aclarar esta información, pues deja a la población en la creencia de que esto no es beneficioso, sino, al contrario, perjudicial, en circunstancias que la normativa aprobada es una medida importante contra una patología que ocasiona grandes pérdidas en la población.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Señor diputado, de acuerdo con las normas de este Poder del Estado, no podemos oficiar a una empresa privada.
Su Señoría dejó establecida la verdad de un trámite legislativo y puede enviar directamente una copia de su intervención a “El Mercurio” de Valparaíso clarificando la situación, en la seguridad de que le respalden tanto el acta de la sesión de hoy, como el boletín respectivo, que se publicará en unos días.
PRECISIONES SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PROGRAMAS HABITACIONALES EN 1999. Oficio.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , en diversos medios de comunicación, hoy hemos visto cómo el señor ministro de Vivienda anuncia diversos planes, generando la sensación de que el programa habitacional para 1999 es un éxito. De hecho, en el diario oficialista, “La Nación”, se transcribe parte de la intervención del ministro de Vivienda . Dice textualmente: “...haciendo un balance de su gestión, el titular de Vivienda indicó que los 3 mil 700 nuevos subsidios permiten totalizar 17 mil viviendas PET en todo el país, a lo que se suman 22 mil subsidios del programa unificado y 11 mil rurales, así como la construcción de 22 mil viviendas por parte de los Serviu”.
Señor Presidente , ésta es una información absolutamente errónea, que no tiene ninguna base ni sustento en la realidad.
Quiero recordar que en el programa ordinario del ministerio de Vivienda se establecen, para el año 1999, ll.500 viviendas PET. Si a esa cantidad se le suma el programa especial de viviendas PET, podría dar la cifra de 17 mil viviendas de que habla el ministro del ramo; pero ese personero esconde que el programa ordinario del PET sólo tiene financiamiento para el 21 por ciento del total durante 1999, es decir, sólo se van a conceder 2.415 subsidios PET ordinarios, por darle un nombre, durante 1999. Por lo tanto, a este programa especial de viviendas sólo hay que sumarle 2.415 viviendas y no ll.500, porque estas últimas jamás se van a construir durante 1999.
El ministro habla también de los 22 mil subsidios del programa unificado.
Seguramente todos los diputados recibieron en sus oficinas la publicación del diario “La Nación” del 31 de agosto, donde aparecen los beneficiados por estos 22 mil subsidios. En esa misma información se plantea que estos subsidios sólo podrán ser aplicados a partir del 1 de octubre del presente año.
Por lo tanto, no hay duda, y así lo establecen las programaciones financieras, de que durante 1999 sólo se aplicará el 3 por ciento de esos 22 mil subsidios.
Estas dos cifras -2.415 subsidios del programa ordinario PET y el 3 por ciento del programa del subsidio general unificado-, demuestran que es falsa la información que entrega el ministro de Vivienda a la opinión pública en los medios de comunicación respecto del cumplimiento de los programas habitacionales, por lo que me parece fundamental determinar con claridad las cifras en esta Cámara.
Por tanto, solicito oficiar al ministro de Vivienda para que nos informe sobre cuál es la disponibilidad presupuestaria para los distintos programas habitacionales; o sea, que nos diga cuál es la disponibilidad presupuestaria para el subsidio general unificado durante 1999; para el financiamiento de viviendas básicas de este año; para el programa de viviendas PET, programa especial de trabajadores, del presente año, y para los subsidios básicos privados del programa 1999.
Cuando esta Cámara reciba los datos de las disponibilidades presupuestarias, se dará perfectamente cuenta de que lo que sostiene el ministro de Vivienda en los medios de comunicación es totalmente distinto de la realidad de los programas habitacionales.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, al que se adjuntará copia del texto de su intervención, con la adhesión de los señores parlamentarios de cuyos nombres la Mesa está tomando debida nota.
FLEXIBILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE CALIDAD DE CESANTES DE DEUDORES DEL BANCO DEL ESTADO DE LA CUARTA REGIÓN. Oficio.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Molina.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente, quiero manifestar en esta oportunidad mi complacencia por la respuesta que he recibido hoy de parte del ministro de Hacienda a un oficio que le enviamos con fecha 14 de junio, en el que solicitamos que el Banco del Estado condonara un porcentaje importante de las deudas contraídas con esa institución por los habitantes de todas las comunas de la Cuarta Región, en especial de la comuna de Combarbalá, que fueron damnificados por el terremoto del 14 de diciembre de 1997.
En efecto, el Banco del Estado, a través del ministerio de Hacienda, nos señala que, de acuerdo con la ley orgánica que lo rige, no puede realizar donaciones ni condonaciones; pero que en atención a esta solicitud, con fecha 13 de julio ha resuelto reprogramar los créditos otorgados con ocasión del sismo de 1997, que afectó a la Cuarta Región, a los deudores que se encuentran cesantes.
Esta importante noticia, que me adelanto a agradecer a los ejecutivos del Banco y, por supuesto, al ministro de Hacienda , permitirá entregar un alivio a muchos cesantes que hoy se encuentran angustiados no sólo por esa situación -que, además, afecta su vida familiar-, sino también por ser deudores del Banco del Estado por los créditos otorgados en esa oportunidad.
Sin embargo, consideramos importante, asimismo, solicitar que los ejecutivos del Banco o su Comité Ejecutivo revisen el procedimiento para probar la calidad de cesantes, con el objeto de establecer un sistema similar al empleado para los deudores Serviu, a fin de que muchas personas que tienen una vida laboral irregular, que no tienen contratos o que no han tenido finiquitos debido a que han sido trabajadores independientes, puedan presentar una declaración jurada para estos efectos.
Para comprobar la calidad de cesante, el banco exige el finiquito otorgado por el último empleador o un certificado de la caja de compensación respectiva, mediante fotocopia de liquidación del subsidio de cesantía.
Es importante pedir al Banco del Estado que flexibilice aún más el procedimiento para comprobar la calidad de cesante, mediante una declaración jurada notarial, debido a que en la Cuarta Región existe una gran cantidad de hombres y de mujeres que desempeñan labores en forma temporal o irregular, como los temporeros y los crianceros, quienes no tendrán la posibilidad de comprobar su calidad de cesantes debido a la naturaleza del trabajo que realizan.
Por lo tanto, solicito que esta petición se formalice con el envío de un oficio al ministro de Hacienda, quien, a su vez, la formularía a los ejecutivos del Banco del Estado de Chile.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Kuschel .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
MEDIDAS PARA REACTIVAR EL SECTOR RURAL. Oficio.
El señor ACUÑA (Presidente en ejercicio).-
En el turno del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, muchos sectores pueden constatar los avances que se han logrado en las líneas gruesas de la reactivación económica del país. En efecto, la asignación global de recursos, la coordinación que lleva a cabo el Comité interministerial, presidido por el señor Felipe Sandoval ; las actividades que desarrollan las municipalidades, muestran sus primeros frutos. Bienvenidos sean.
Pero estos frutos sólo los ven los vecinos de la ciudad; son beneficios urbanos. Los empresarios de la construcción han hecho buenas ventas de casas y departamentos que se hallaban sin comprador desde hace más de un año. Los bancos también ganan con ese movimiento. Los grandes “malls” y supermercados han visto incrementadas sus ventas. De todo esto algo les cae a los trabajadores cesantes. Sin embargo, paralelamente a estas medidas hay algo que aún la autoridad no ha podido trasladar a la realidad: ayuda efectiva con proyectos específicos, con recursos, medios técnicos, asesorías, equipos, etcétera, para activar el sector rural.
Allí vive o malvive una significativa parte de trabajadores chilenos; no sólo sin trabajo, sino en condiciones dramáticamente menesterosas: malas viviendas, los que las poseen; falta de atención de salud; educación prácticamente mínima; carencias para la alimentación básica; desintegración familiar por el éxodo en busca de trabajo hacia el centro y norte del país; emigración forzada a la ciudad. Es la triste imagen que presenta el mundo campesino, ese abandonado sector de nuestros compatriotas.
En la región de Los Lagos, en el distrito Nº 54, que represento, se cuenta con más del 60 por ciento de población rural, y allí también se encuentra la extrema pobreza rural. Pocos miran hacia ellos. Si vemos los proyectos municipales, el volumen mayor de recursos está destinado -como decía- al mundo urbano, por lo que, con ese comportamiento, quienes los elaboraron son los grandes responsables de la dramática situación en que viven esos millones de chilenos; porque no es casual que por las actuales medidas de reactivación, los proyectos vayan solamente al sector urbano. Es una especie de tradición nuestra preocuparnos sólo de la ciudad. Y estamos provocando con esto el éxodo del campo a la urbe, situación tan contraria a la política del Gobierno.
Hace pocos días di a conocer al ministro de Hacienda y a otras autoridades de Gobierno mis aprensiones por la ninguna preocupación por el sector rural en el gran proyecto reactivador. El ministro Aninat me manifestó su concordancia con la preocupación de este diputado ; pero los vicios del centralismo siguen complotando contra las mejores intenciones de las autoridades. Amén de la insensibilidad de muchos funcionarios, estas políticas, diseñadas por disposición del propio Presidente de la República , con la participación activa de ministros, parlamentarios, municipios y especialistas, no llegan al sector rural. Allí no ha llegado nada, y es hora de que, de una vez por todas, ese sector sea reconocido como parte integrante de la chilenidad.
Solicito que se oficie, en forma urgente, a los intendentes, por medio del ministro del Interior, a fin de plantearles la preocupación de algunos legisladores sobre la falta de proyectos hacia el sector rural. Hoy la bancada rural ha hecho suya esta petición. No puede estar al margen de los beneficios del Gobierno el 30 por ciento de los chilenos.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Se enviará, en su nombre, el oficio solicitado por su Señoría.
PREOCUPACIÓN DE JÓVENES DE MAGALLANES POR VIOLENCIA DELICTUAL.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, gracias al Partido por la Democracia por los minutos que me ha cedido.
Los jóvenes siempre han sido un sector social que ha impulsado y llevado adelante ideas y causas innovadoras, transformando su vitalidad y entusiasmo en motor de cambio de actitudes y percepciones sociales.
Por ello, resulta particularmente dolorosa su creciente antipatía respecto de la política y de temas de interés público, y, por el contrario, sumamente alentador cuando ellos se motivan para manifestar su inquietud por algunas materias. Así ocurrió, por ejemplo, en su momento, con la protección del medio ambiente, frente a las pruebas nucleares francesas en Mururoa, y también, más recientemente, en las protestas de los estudiantes universitarios por un mayor aporte y compromiso estatal con dichos planteles.
El lunes 30 de agosto, estudiantes magallánicos han dejado atrás esta apatía y coparon las calles de Punta Arenas para expresar su preocupación por el aumento de la violencia y delincuencia en Magallanes, cuyas víctimas han sido precisamente menores de edad, alumnos de establecimientos educacionales. Miles de jóvenes se expresaron así reclamando mayor vigilancia policial y toma de conciencia cívica para enfrentar la delincuencia. Lo hicieron con su estilo propio: levantando consignas y reclamando de todas las autoridades, tanto nacionales como regionales, mayor preocupación y celeridad para enfrentar esta amenaza que se cierne, cada día con mayor ocurrencia, sobre la vida de los ciudadanos.
La lejanía de Magallanes dificulta que la comunidad nacional tome conocimiento de tan significativa expresión, por lo que, a través de esta tribuna, comparto con ustedes el hecho de que fue muy gratificante asistir a esta manifestación y advertir la inquietud de los jóvenes, su solidaridad con sus compañeros víctimas de tales delitos, como también su empeño y decidido esfuerzo en ser escuchados por las autoridades.
El reclamo de los jóvenes magallánicos es en todo legítimo, justo y oportuno, toda vez que dicha situación -que para mi región era una preocupación secundaria, frente a la situación económica y laboral-, pasa a convertirse, quizás motivada precisamente en tales condicionantes, en una prioridad, tornándose en una amenaza latente, que se instala en la comunidad y causa, particularmente en los jóvenes, el miedo y el temor.
Tales manifestaciones de inseguridad, normalmente, están determinadas por la ocurrencia de algunos hechos, su espectacularidad y divulgación, sin depender sólo de las experiencias directas y concretas de la población sobre situaciones violentas.
Pues bien, el creciente aumento en Magallanes, durante el primer semestre, de delitos tales como hurto, robo con violencia y violaciones han suscitado gran preocupación, que los jóvenes han percibido y recogido.
El miedo es una emoción que, instalada como una percepción aceptada de lo que es la realidad, tiene enorme fuerza cultural. La sensación de inseguridad cunde y termina por abandonar los espacios públicos a la delincuencia. Ello no debe ocurrir en Magallanes.
Por ello, estamos a tiempo para que la autoridad use, de manera enérgica, sus instrumentos para crear estados de seguridad y confianza que sean interpretados positivamente por la población y percibidos por los delincuentes como una señal de alerta.
Por ello, la principal responsabilidad en materia de seguridad ciudadana corresponde al Estado, el cual, además de poner énfasis especial en el fortalecimiento y desarrollo profesional de la actuación de la policía y en un adecuado funcionamiento de la justicia, debe crear y fomentar la confianza como elemento central de sus políticas, aprovechando el interés y la receptividad ciudadana y juvenil frente al tema.
La comunidad tiene también un rol fundamental. La experiencia indica que comunidad organizada, voluntad política y eficacia policial deben caminar de la mano, identificando los objetivos y unificando la acción.
Termino señalando que nuestros jóvenes magallánicos han dado un gran paso. Las autoridades nacionales y regionales debemos recoger este clamor estudiantil. Por mi parte, redoblaré mis esfuerzos, desde el Congreso Nacional, para impulsar y apoyar iniciativas como la enmienda de las normas sobre libertad provisional y, fundamentalmente, un nuevo estatuto penal para los menores, que ponga fin al discernimiento y aplique sanciones diferenciadas y orientadas a la rehabilitación de los jóvenes infractores. Ellas permitirán avanzar en el logro de la seguridad que reclaman la población y, particularmente, los jóvenes magallánicos.
He dicho.
X REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS, CELEBRADA EN ASUNCIÓN.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente, el diputado señor Ascencio me ha solicitado un minuto y medio de mi tiempo y con el mayor agrado he accedido a otorgárselo una vez finalizada mi intervención.
Europa se ha fortalecido en la medida en que se ha constituido como comunidad. Los países se han agrupado, han creado un mercado común, y todo su avance se ha generado gracias al establecimiento de normas comunes. Tanto es así, que hasta ha creado, recientemente, una moneda común y, luego, ha nacido como referente, opositor o complementario, del gran país del norte de nuestra América.
América Latina pretende hacer lo mismo y, con el mismo patrón, ha desarrollado un Parlamento Latinoamericano que se preocupa, actualmente, mediante el trabajo de sus comisiones, de crear un mecanismo legislativo que oriente hacia una legislación común.
Eso tratamos de hacer en la X Reunión de la Comisión de Energía y Minas que se realizó durante los días domingo, lunes y martes de la semana pasada en la ciudad de Asunción.
Tengo en mi poder tres importantes documentos que se analizaron en ese evento.
Uno dice relación con las orientaciones de la legislación minera latinoamericana a fines del siglo XX. Es un documento de 19 páginas, escrito por el profesor chileno Eduardo Cordero , especialista y magíster en Derecho de Minería, que fue a ese encuentro gracias al financiamiento de una institución fiscal del país. El material es de gran importancia, porque es el principio de un estudio de Derecho Comparado sobre minería, que se tratará de introducir en el contexto latinoamericano.
Asimismo, se estudió una ponencia presentada por la Organización Latinoamericana de Energía, Olae , que analizaba la integración energética regional. En dos palabras, este documento de diez páginas señala la importancia de unir no sólo la legislación, sino también los criterios para el mejor uso de esos elementos.
No quiero entrar al fondo de los temas, porque los entregaré a la comisión respectiva para que los analice y difunda, a fin de que tratemos de imitar a la Europa unificada, que nos lleva un buen trecho de camino adelantado.
He dicho.
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR Y SOLIDARIDAD CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , agradezco al Partido Socialista el tiempo que me ha cedido, que ocuparé en referirme a la necesaria reforma del sistema de justicia militar mediante un proyecto de ley que pretende radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar, tema que hoy tratamos en el Orden del Día.
De alguna forma se fue formando consenso en la necesidad de reformar, de manera integral, el sistema de justicia militar que nos rige. Con seguridad, en los próximos días también deberemos estudiar otra moción importante para destrabar la gran cantidad de obstáculos que enfrenta la justicia chilena, por la cual se establece que jueces civiles puedan investigar en recintos militares o policiales.
Es necesaria una reforma integral. Y la gran mayoría de los diputados hoy coincidía en que se cometen demasiados abusos e irregularidades en la aplicación de la justicia que hacen nuestros jueces militares. Algunos señores diputados decían que por delitos perpetrados por personas civiles se cae en la aberración de que sean juzgados por tribunales militares, a lo cual queremos dar término.
Yo también deseo entregar un nuevo antecedente. Hoy, 8 de septiembre, en la página 11 del diario “La Tercera”, en una foto impresionante, aparece, en tenida de combate, en traje de campaña, con uniforme verde oliva, un juez militar que dicta justicia sobre civiles. Se trata del capitán José Manuel Baquedano , quien tiene presos a dirigentes de la Universidad de Los Lagos, de Osorno, en la Décima Región. Fueron detenidos mediante un proceso iniciado de oficio. Nadie se lo pidió. Él, simplemente, inició el proceso. Además, los detuvo por “instigadores” -son dirigentes estudiantiles- y los acusó de instigar a maltrato de obra a Carabineros, lo que se habría producido durante una manifestación por demandas estudiantiles en la ciudad de Osorno.
¡Eso es un abuso! ¡Ésta es la forma como estas personas aplican la justicia militar, lo que nos lleva a la necesidad de reformar el actual sistema!
Por lo expuesto, pido enviar oficio al rector de la Universidad de Los Lagos para transmitir nuestra solidaridad a su Centro de Alumnos y dirigentes estudiantiles, y a la ministra de Justicia y al ministro Secretario General de la Presidencia, a fin de que en forma urgente envíen un proyecto de reforma integral a nuestro sistema de justicia militar, que ponga término a estos jueces militares en traje de campaña.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Miguel Hernández , Jaime Mulet , Felipe Valenzuela , Felipe Letelier , José Miguel Ortiz y de quien habla.
PASO SOBRE NIVEL EN SECTOR DE CARRETERA 5 SUR ENTRE LAS COMUNAS DE SAN CARLOS Y ÑIQUÉN. Oficio.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
En el resto del tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , agradezco al diputado señor Valenzuela el tiempo que me ha cedido, que me permitirá oficiar al ministro de Obras Públicas para que en la Ruta 5, en los sectores de Buli-Estación, Buli-Caserío y de La Virgen, de San Carlos, y Virhuín, de la comuna de Ñiquén, se hagan los estudios pertinentes para construir un paso sobre el nivel de la carretera, por cuanto la zona es muy poblada y hay mucho tránsito, sobre todo de agricultores y de campesinos que necesitan trasladar sus productos a San Carlos o a otras localidades del país.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente en ejercicio).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Valenzuela y de quien habla.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 13.46 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señoras Adriana Muñoz , Fanny Pollarolo y Laura Soto , y señores Aguiló, Guillermo Ceroni , Sergio Elgueta , Enrique Jaramillo , Carlos Jarpa , Carlos Montes y Edgardo Riveros que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, con el objeto de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los Ministros en Visita Extraordinaria de la jurisdicción militar. (Boletín Nº 2374-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 2.510, de fecha 18 de agosto de 1999, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que suspende por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. (Boletín Nº 2299-08).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En respuesta a su oficio Nº 2.526, de fecha 2 de septiembre de 1999, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Boletín Nº 2152-07).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio del Senado mediante el cual autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique y en la isla de Chiloé, y crea el museo y archivo en la región de Aisén en memoria del misionero de la obra don Guanella , R.P. Antonio Ronchi . (boletín Nº 2156-04)(S)
Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Puerto Cisnes, otro en la de Coihaique y un tercero en la de Castro, en memoria del misionero sacerdote Antonio Ronchi Berra .
Artículo 2º.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4º, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por diez miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un senador y un diputado, designados por sus respectivas Cámaras;
b) Los alcaldes de las I. Municipalidades de Puerto Cisnes, Coihaique y Castro ;
c) Un representante de los Obispados de Ancud y Aisén;
d) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales;
e) Un representante de la Obra don Guanella , y
f) Un representante de la familia del sacerdote Antonio Ronchi Berra .
La comisión elegirá a su presidente . El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. En caso de empate dirimirá el presidente.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación de los monumentos, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º.- Facúltase a la comisión especial para celebrar convenios con entidades públicas o privadas con el objeto de constituir un archivo y museo para la custodia y administración de aquellos bienes de interés cultural o histórico que habiendo pertenecido al sacerdote Antonio Ronchi Berra , sean donados al efecto por sus sucesores.
Artículo 7º.- Si una vez construidos los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin señalado en el artículo precedente.
Artículo 8º.- Los monumentos deberán erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubieren ejecutado las obras, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión establezca.”.
-o-
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
Moción del honorable senador señor Horvath , con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique y en la Isla de Chiloé, y crea el Museo y Archivo en la Región de Aisén en memoria del Misionero de la Obra Don Guanella, R.P. Antonio Ronchi . (boletín Nº 2156-04)
“Considerando:
1. La trascendente labor y testimonio de vida en beneficio de los pobladores de Chiloé y de la Región de Aisén, y en especial de los más necesitados, desde 1961 hasta 1997, por parte del Misionero de la Obra Don Guanella, R.P. Antonio Ronchi Berra .
2. Los distintos proyectos y obras desarrolladas a iniciativa del P. Antonio Ronchi en conjunto con la comunidad, entre las cuales se puede reseñar:
-Escuela internado en Isla Toto, del Grupo Gala.
-Escuela de Puerto Gaviota.
-Laboratorio de marea roja en Grupo Gala.
-Estaciones de Televisión y/o Radio Madre de la Divina Providencia en: Melinka , Isla Desertores , Chiloé, Raúl Marín Balmaceda , La Junta, Puerto Cisnes, Amengual , Puerto Aisén, Puerto Aguirre, Lago Verde, Isla Toto , Coihaique, Balmaceda , El Blanco, Tapera , Puerto Ingeniero Ibáñez , Bahía Murta , Guadal , Chile Chico, Cochrane, Tortel , Villa O’Higgins.
-Centros de Producción, Talleres Artesanales y de Capacitación en Tapera, Puerto Cisnes, Tortel , Puerto Yungay, Isla Toto, Puerto Ingeniero Ibáñez , Chulín , Talcán , Autení, Nallahué, Chuit ( Grupo Desertores) , Apiao , Alao , Chaulinec.
-Capillas e iglesias en Amengual, Puerto Cisnes, Melimoyu , Puerto Yungay, Tortel , Villa O’Higgins, Bahía Murta , Isla Toto, Puerto Gaviota, Teco (Isla Talcan), Tapera y Lago Verde.
-Embarcaciones en Puerto Cisnes, Lago General Carrera, Villa O?Higgins.
-Gimnasios en Toto, Murta , Gaviota, Alao , Apiao .
-Microcentrales hidroeléctricas en Amengual, Puerto Yungay, Tortel y Las Juntas.
-Proyectos de desarrollo comunitario con captación de fondos y ayudas desde los más variados sectores y nunca entregándolos sin comprometer un esfuerzo personal y comunitario de los beneficiados.
3. Su claro testimonio de pobreza y de acción apostólica y social en bien de todos los necesitados.
4. Su apertura religiosa sin hacer distingos ni discriminación de ningtún tipo más que hacer el bien captando y proyectando el desarrollo desde las mismas personas.
5. Su sacrificio personal, llevándolo a un deterioro de salud que finalmente se hizo irreversible, en beneficio de las personas más necesitadas y de las comunidades más aisladas.
6. Sus datos biográficos:
Nacido el 3 de febrero de 1930 en Cinisello, Bálsamo , Milán de Italia . Hijo de Pierino Ronchi y de Agnese Berra, llega a contar con 13 hermanos. Estudia en la Escuela Normal. A los 18 años entra por vocación clara y definida al Seminario de la Obra Don Guanella . Esta obra envía misioneros a Chile por gestión ante el Papa del Beato Padre Alberto Hurtado, a fin de que pudiesen hacerse cargo de la enseñanza y formación de los niños abandonados. En 1961 viaja a Chile, tocándole residir en Santiago, Rancagua , Puerto Cisnes y Ancud. Imbuido de las necesidades de los aislados y necesitados habitantes de la Patagonia Chilena, pronto adquiere el carácter de misionero, no teniendo un lugar fijo de residencia. Donde hay una necesidad y un poblador, no importa el medio de transporte, de a pie, caballo, lancha o avión, se las arregla para llegar. De este modo inicia una gran labor evangelizadora y social, bautizando, casando y preocupándose de todos los pobladores de la Zona Austral, sin distingos de ninguna especie.
Emprende un efectivo sistema de permuta de víveres por trabajo. Es así como hace sendas, construye lanchas, llega con radio y televisión satelital a todos los poblados, hace escuelas en Toto y Gaviota, instala sofisticados laboratorios y conserveras, está siempre junto al más necesitado. Sus múltiples esfuerzos y su constante ir y venir en busca de ayuda financiera para sus proyectos, deterioraron a tal punto su salud, que su gran corazón no resistió y se detuvo el 17 de diciembre de 1997, falleciendo a la edad de 67 años. Sin que él lo pidiera, el año 1993 le fue concedida la nacionalidad chilena por gracia, mediante la ley Nº 19.266.
7. La gran cantidad de equipos, material didáctico, cartas documentos, elementos litúrgicos, películas, fotografías, dispositivas, la historia de los distintos proyectos.
La gran cantidad de documentos y testimonios de su actividad ecuménica y evanglizadora.
La necesidad de ordenar y estudiar estos documentos para el beneficio de la comunidad nacional e internacional.
8. El Nº 5 del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile, es que vengo en presentar la siguiente:
Moción de ley
“Erige monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique y en la Isla de Chiloé, y crea museo y archivo en la región de Aisén en honor al misionero sacerdote Antonio Ronchi”
Artículo 1º
Autorízase erigir tres monumentos, uno en la ciudad de Puerto Cisnes, otro en la ciudad de Coihaique, otro en la Isla de Chiloé y un Museo y Archivo Regional de sus trabajos en la XI Región de Aisén, en memoria del misionero, sacerdote Antonio Ronchi .
Artículo 2º
Las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes.
Artículo 3º
Las colectas públicas que señala el artículo anterior se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que establece el artículo 5º de la presente ley.
Artículo 4º
Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo 2º.
Artículo 5º
Créase una Comisión Especial integrada por 12 miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Dos senadores y dos diputados designados por sus respectivas Cámaras.
b) Un representante de la familia del padre Antonio Ronchi Berra .
c) El alcalde de la ciudad de Puerto Cisnes.
d) El alcalde de la ciudad de Coihaique.
e) Un representante del Obispado de Ancud .
f) Un representante del Obispado de Aisén.
g) El alcalde de la ciudad de Castro.
h) Un representante de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación.
i) Un representante de la Obra Don Guanella .
Se requerirá de la mayoría de sus miembros para sesionar y adoptar acuerdos. Entre los miembros de la Comisión elegirán un Presidente por unanimidad y éste tendrá voto dirimente en caso de empate.
Artículo 6º
La Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectúen las colectas públicas señaladas en el artículo 2º y realizar las gestiones para los objetivos que señala el artículo 1º.
b) Establecer los sitios en que se ubicarán los monumentos.
c) Establecer el sitio y lugar en que se establecerá el Museo y Archivo.
d) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, elaborar las bases y resolverlo.
e) Administrar el fondo creado por el artículo 4º.
f) Establecer la administración y futuro desarrollo del Museo y Archivo.
g) Abrir una cuenta corriente especial para este Fondo.
Artículo 7º
La Comisión decidirá el destino del excedente de los fondos recaudados.
(Fdo.): ANTONIO HORVATH KISS, Senador”.
5. Oficio del Senado mediante el cual autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coihaique, y crea el museo y archivo del explorador Augusto Grosse . (boletín Nº 2157-04)(S)
Con motivo de la Moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Puerto Aisén y otro en la de Coihaique, en memoria del explorador Augusto Grosse Ickler .
Artículo 2º.- Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4º, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por ocho miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un senador y un diputado, designados por sus respectivas Cámaras;
b) Los alcaldes de las I. Municipalidades de Coihaique y Puerto Aisén;
c) Un representante del Ministerio de Obras Públicas;
d) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales;
e) Un representante de la Embajada de Alemania, y
f) Un representante de la familia del explorador Augusto Grosse Ickler .
La comisión elegirá a su presidente . El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. En caso de empate dirimirá el presidente.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación de los monumentos, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º.- Facúltase a la comisión especial para celebrar convenios con entidades públicas o privadas con el objeto de constituir un archivo y museo para la custodia y administración de aquellos bienes de interés cultural o histórico que habiendo pertenecido al explorador Augusto Grosse Ickler , sean donados al efecto por sus sucesores.
Artículo 7º.- Si una vez construidos los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin señalado en el artículo precedente.
Artículo 8º.- Los monumentos deberán erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubieren ejecutado las obras, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión establezca.”.
-o-
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
Moción de los honorables senadores señores Horvath y Stange , con la que inician un proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Aisén y Coihaique, y crea el Museo y Archivo del Explorador Augusto Grosse. (boletín Nº 2157-04)
“Considerando:
1. La trascendente labor desarrollada en beneficio de Chile por don Augusto Grosse Ickler , mediante sus exploraciones y apoyo a la colonización de la Patagonia chilena, por la elaboración de un completo archivo de Obras Públicas en un largo período en el país y por su difusión en el extranjero.
2. Su testimonio de vida, caracterizado por un espíritu de trabajo ejemplar, auteridad y capacidad de transmitir entusiasmo y amor por el territorio nacional.
3. Sus datos biográficos:
Nacido el 22 de marzo de 1902 en Bochum, Westfalia de la República de Alemania . Estudió Agronomía en Hersfeld. Se instala en Chile en 1931 y a partir de 1932 inicia un largo proceso de exploraciones para futuros caminos y la colonización en Aisén, para lo cual es contratado en el Ministerio de Obras Públicas; en 1935 junto a Otto Uebel , Ernesto Ludwig , a los que se suma un poco más tarde Walter Hopperdietzel , fundan Puerto Puyuhuapi. Publica tres libros “Visión de Aisén” (dos ediciones, 1955 y 1974), “Visión histórica y colonización de la Patagonia Occidental” (1984), y “Expediciones en la Patagonia” (1990). Dicta numerosas conferencias con películas y diapositivas acerca de la Patagonia en Chile y Europa, desarrolla un extenso archivo de fotografías y películas del país, y en especial de Obras Públicas entre 1935 y 1992. Recibe condecoraciones de los gobiernos de Chile y Alemania. Las fotografías, por su alto valor artístico, se encuentran en numerosas oficinas públicas y colecciones privadas. Fallece después de su fructífera y ejemplar vida el 16 de enero de 1998.
4. La conveniencia de dar acceso público a sus documentos, fotografías, películas y material de trabajo por su valor histórico, artístico, técnico y científico.
5. La necesidad de perpetuar y rendir honor a su memoria, así como dar ejemplo a las generaciones venideras que no tuvieron la posibilidad de conocerlo, y
6. El Nº 5 del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Chile, es que vengo en presentar la siguiente:
Moción de ley
“Erige monumentos en la ciudad de Puerto Aisén y Coihaique, y crea museo y archivo del explorador Augusto Grosse”
Artículo 1º
Autorízase erigir dos monumentos, uno en la ciudad de Puerto Aisén y otro en la ciudad de Coihaique, en memoria del explorador Augusto Grosse Ickler , y un Museo y Archivo Regional de sus trabajos en Coihaique.
Artículo 2º
Las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes.
Artículo 3º
Las colectas públicas que señala el artículo anterior se efectuarán en las fechas que determine la Comisión Especial que establece el artículo 5º de la presente ley.
Artículo 4º
Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo 2º.
Artículo 5º
Créase una Comisión Especial integrada por 10 miembros ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Dos senadores y dos diputados designados por sus respectivas Cámaras.
b) Un representante de la familia de don Augusto Grosse .
c) El alcalde de la ciudad de Puerto Aisén.
d) El alcalde de la ciudad de Coihaique.
e) Un representante de la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Educación.
f) Un representante del Ministerio de Obras Públicas.
g) Un representante de la Embajada Alemana en Chile.
Se requerirá de la mayoría de sus miembros para sesionar y adoptar acuerdos. Entre los miembros de la Comisión elegirán un Presidente por unanimidad y éste tendrá voto dirimente en caso de empate.
Artículo 6º
La Comisión a que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y forma en que se efectúen las colectas públicas señaladas en el artículo 2º y realizar las gestiones para los objetivos que señala el artículo 1º.
b) Establecer los sitios en que se ubicarán los monumentos.
c) Establecer el sitio y lugar en que se establecerá el Museo y Archivo.
d) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, elaborar las bases y resolverlo.
e) Administrar el fondo creado por el artículo 4º.
f) Establecer la administración y futuro desarrollo del Museo y Archivo.
g) Abrir una cuenta corriente especial para este Fondo.
(Fdo.): ANTONIO HORVATH KISS, Senador; RODOLFO STANGE OELCKERS , Senador?.