Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jaime Naranjo Ortiz
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. Votación de los proyectos de la Tabla.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES
- V. FÁCIL DESPACHO
- MONUMENTOS EN MEMORIA DEL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- DEBATE
- MONUMENTOS EN MEMORIA DEL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
- VI . ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VII. ORDEN DEL DÍA
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- DEBATE
- LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Pia Guzman Mena
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Ignacio Walker Prieto
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Francisco Bartolucci Johnston
- INTEGRACIÓN
- FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS. Tercer trámite constitucional.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESARIOS PRIVADOS MEDIANTE AVAL DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN.
- INCENTIVOS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE POSTULEN A ZONAS EXTREMAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jaime Mulet Martinez
- Ivan Mesias Lehu
- Salvador Urrutia Cardenas
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- IX. INCIDENTES
- SIGNIFICADO PROGRAMÁTICO DE LA CANDIDATURA DEL SEÑOR JOAQUÍN LAVÍN , SEGÚN PERSONERO DE RENOVACIÓN NACIONAL.
- AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DEL AERÓDROMO “CARLOS HOTT SIEBERT”, DE CAÑAL BAJO, OSORNO. Oficios.
- CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE “EL COMENDADOR”, DE PROVIDENCIA, POR “ARQUITECTO SERGIO LARRAÍN GARCÍA-MORENO”. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Jaime Mulet Martinez
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Eduardo Diaz Del Rio
- Sergio Correa De La Cerda
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- SOLIDARIDAD CON TURQUÍA POR VÍCTIMAS DEL TERREMOTO. Oficios y notas de condolencias.
- VISITA DE DIPUTADOS A CÁRCEL MODELO DE VALPARAÍSO Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN CENTRO DE RECLUSIÓN SIMILAR EN SAN ANTONIO. Oficios.
- ALCANCES A FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA QUE DESAFORÓ A SENADOR ERRÁZURIZ.
- REDESTINACIÓN DE RECURSOS A ASFALTADO DE CAMINOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
- CRECIMIENTO INORGÁNICO E IRRACIONAL DE LAS CIUDADES. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- DESTINACIÓN DE FONDOS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LAS REGIONES NOVENA Y DÉCIMA. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE COMUNAS DEL DISTRITO 45. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Julio Dittborn Cordua
- Claudio Alvarado Andrade
- Adrian Alvarez Alvarez
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 32ª, en miércoles 18 de agosto de 1999
(Ordinaria, de 10.47 a 14.37 horas)
Presidencia del señor Montes Cisternas, don Carlos. Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel; Espina Otero, don Alberto, y de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
-o-
- Permisos constitucionales 9
- Autorización a Comisión de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala. Votación de los proyectos de la Tabla 9
V.Fácil Despacho.
Monumentos en memoria del cardenal Raúl Silva Henríquez. Segundo trámite constitucional 10
VI.Acuerdos de los Comités 21
VII.Orden del Día.
- Facilidades en pago de patentes a pequeños mineros. Tercer trámite constitucional 22
- Ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Tercer trámite constitucional 23
VIII.Proyectos de acuerdo.
- Medidas en favor de empresarios privados mediante aval de la Corporación de Fomento de la Producción 51
- Incentivos para profesionales de la salud que postulen a zonas extremas 52
IX.Incidentes.
- Significado programático de la candidatura del señor Joaquín Lavín, según personero de Renovación Nacional 54
- Ampliación y readecuación del aeródromo “Carlos Hott Siebert”, de Cañal Bajo, Osorno. Oficios 55
- Cambio de nombre de calle “El Comendador”, de Providencia, por “Arquitecto Sergio Larraín García-Moreno”. Oficios 56
- Solidaridad con Turquía por víctimas del terremoto. Oficios y notas de condolencias 57
Pág.
- Visita de diputados a cárcel modelo de Valparaíso y posibilidad de construir un centro de reclusión similar en San Antonio. Oficios 57
- Alcances a fallo de la corte de apelaciones de Rancagua que desaforó a senador Errázuriz 58
- Redestinación de recursos a asfaltado de caminos en la Décima Región. Oficio 60
- Crecimiento inorgánico e irracional de las ciudades. Oficios 61
- Destinación de fondos en favor de pequeños agricultores de las Regiones Novena y Décima. Oficios 63
- Antecedentes sobre problemas y necesidades de comunas del distrito 45. Oficios 64
X.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que crea bonificación a la mano de obra en las regiones de Magallanes y Aysén y en las provincias de Arica, Parinacota, Chiloé y Palena (boletín Nº 2281-03) 66
2. Moción de los diputados señores Ibáñez, Dittborn, Alvarado, Álvarez y de la diputada señora González, doña Rosa, que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de educación superior, permitiendo acceder a los títulos profesionales sobre la base de estudios de posgrado (boletín Nº 2380-04) 66
XI.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De los diputados señores Jarpa y Naranjo, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 18 y 19 de agosto en curso, para dirigirse a Brasil y Estados Unidos, respectivamente.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Bertolino, antecedentes legales o resoluciones que permiten la venta de alcohol en envases de “sachet”.
Ministerio de Hacienda
-De la Corporación, desigualdades entre los beneficiarios de la ley Nº 19.490, que estableció la asignación de desempeño.
Ministerio de Educación
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, construcción gimnasio techado.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los diputados señores Molina y Jaramillo, aclara situación de reconstrucción en la Cuarta Región.
-De los diputados señores Velasco, Ortiz, Mora y Acuña, diversos proyectos en la comuna de San Antonio.
-Del diputado señor Ibáñez, urbanización del sector Achupallas.
-Del diputado señor Huenchumilla, plan regulador localidad Pillanlelbún, comuna de Lautaro, Novena Región.
Municipalidad de Puente Alto
-Del diputado señor Errázuriz, proyectos de generación de empleo.
Director Ejecutivo de Chilevisión
-Del diputado señor Bertolino, pronósticos meteorológicos difundidos para los días de Semana Santa de 1999.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (100)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Patricio Walker.
-Asistieron, además, los Ministros de Justicia , señora Soledad Alvear; de la Secretaría General de Gobierno, señor Carlos Mladinic, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.47 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 24ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 25ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
-o-
PERMISOS CONSTITUCIONALES
El señor MONTES ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Jarpa y Naranjo para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 18 y del 19 de agosto en curso, respectivamente.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA. Votación de los proyectos de la Tabla.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, pido a su Señoría que solicite la autorización de la Sala para que la Comisión de Educación sesione simultáneamente con la Sala, porque debe tratar en forma urgente un proyecto relacionado con la música.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, la Sala debe pronunciarse hoy sobre el proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día, que fija la ley orgánica del Ministerio Público. Por lo tanto, es necesario que estén presentes todos los diputados, porque contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional. Por lo tanto, estaría dispuesto a dar el acuerdo, pero una vez aprobado el proyecto mencionado.
El señor MONTES (Presidente).-
Sugiero a la Sala votar el proyecto en cuestión al final del Orden del Día.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Fije una hora, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Se votaría a las 12.50 horas.
El señor PALMA (don Andrés).-
¿Incluido el proyecto de la tabla de Fácil Despacho?
El señor MONTES (Presidente).-
Sí, señor diputado.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Valenzuela?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
MONUMENTOS EN MEMORIA DEL CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. Segundo trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que autoriza la construcción de un monumento en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Velasco.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2322-04, sesión 1ª, en 1 de junio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 10.
Debido al carácter de homenaje que tuvo esta discusión, se inserta su primer informe:
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del Cardenal Arzobispo don Raúl Silva Henríquez. Boletín Nº 2322-04 (S)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los senadores señores Juan Hamilton Depassier, Manuel Antonio Matta Aragay, Rafael Moreno Rojas y Adolfo y Andrés Zaldívar Larraín.
En atención a la sencillez de la iniciativa, la Comisión acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el inciso segundo del artículo 211 del Reglamento de la Corporación.
Antecedentes
Don Raúl Silva Henríquez nació en la ciudad de Talca el 27 de septiembre de 1907, siendo hijo del agricultor don Ricardo Silva Silva y de doña Mercedes Henríquez Encina, ambos pertenecientes a antiguas y tradicionales familias de larga raigambre en la zona.
Efectuó sus estudios primarios en el Liceo Blanco Encalada de Talca, trasladándose posteriormente al Liceo Alemán de Santiago. Ingresó luego a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, recibiéndose de abogado en diciembre de 1929.
Su inquietud religiosa lo lleva a ingresar, recién recibido su título de abogado, en enero de 1930, al Noviciado de la Congregación Salesiana en Macul. Estudia filosofía en Chile y luego se doctora en teología y derecho canónico en el Estudiantado Internacional de Turín de la Congregación Salesiana. Finalmente, el 4 de julio de 1938 es ordenado sacerdote por el Cardenal Arzobispo de Turín.
Vuelto a Chile a fines de ese año, desempeña las cátedras de derecho canónico, teología moral e historia eclesiástica en el Teologado Salesiano de Santiago. En 1943 es nombrado Rector del Liceo Manuel Arriarán Barros y en 1948 Rector del Colegio Patrocinio San José, ambos de su Congregación. En esta época funda y organiza la Federación de Colegios Particulares Secundarios (Fide) y se desempeña como su Presidente Nacional. Funda la revista “Rumbos” y en 1950 es nombrado Director del Estudiantado Teológico Salesiano Internacional y prepara y dirige el primer Congreso de Religiosos de Santiago. En 1957 es designado Director de las Escuelas Profesionales de la Gratitud Nacional y del Liceo San Juan Bosco.
Luego organiza el Instituto Católico Chileno de Migraciones y la federación de las obras asistenciales y de caridad de la Iglesia (Caritas Chile), desempeñándose como su primer Director y Presidente Nacional , respectivamente. Más tarde es designado Vicepresidente y luego, en 1962, en Roma, Presidente mundial de Caritas Internacional.
Su gran preparación y su destacada y vasta labor lo llevan al solio obispal de Valparaíso, en virtud de designación hecha por el Papa Juan XXIII el 24 de octubre de 1959. El mismo Papa lo designa Arzobispo de Santiago el 25 de mayo de 1961 y le confiere el capelo cardenalicio el 19 de marzo de 1962.
Como Jefe de la Iglesia de Santiago , procede a organizar la Arquidiócesis en decanatos, zonas pastorales y vicarías especializadas y funda numerosas instituciones de formación religiosa, de promoción social, de defensa de la justicia y de los derechos humanos.
Participa en forma destacada en el Concilio Vaticano II y en los años 1962 y 1963 organiza la Gran Misión de Santiago. Convoca luego al Sínodo de la Iglesia metropolitana, reunión de la que surgen las líneas fundamentales que norman la labor de esta Iglesia.
Legado papal al Congreso Mariano de Santo Domingo en el año 1965, forma parte de las Sagradas Congregaciones para la Educación Católica y para el Culto Divino, integrando también la Comisión para la Reforma del Código de Derecho Canónico.
Su labor en defensa de los derechos humanos, le vale diversos reconocimientos internacionales como el del Congreso Judío Latinoamericano que le confiere el Premio Derechos Humanos 1971; más tarde, en 1978, recibe el premio Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en reconocimiento a su labor al frente de la Vicaría de la Solidaridad y, por esas mismas razones, la Fundación Bruno Kreysky le otorga igual premio en Viena, en 1979.
Desempeña en varios períodos la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Chile y es miembro del Comité Permanente. Asimismo, como Arzobispo de Santiago , ocupa el cargo de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Finalmente, obedeciendo el mandato del Papa Juan Pablo II, al cumplir los 75 años de edad, renuncia al Arzobispado de Santiago el 10 de junio de 1983, renuncia que, en todo caso, no le impidió continuar con su fructífera labor pastoral hasta mientras sus fuerzas se lo permitieron.
Falleció en Santiago el 9 de abril recién pasado.
Ideas matrices o fundamentales del proyecto.
La idea central del proyecto se orienta a rendir un homenaje a la persona que fue el Cardenal Arzobispo de Santiago don Raúl Silva Henríquez, en memoria de su destacada actuación al frente de la Iglesia Católica de Chile y de su incesante actividad social en beneficio de los derechos de todos.
Tal idea, la que es propia de ley de conformidad a lo establecido en el artículo 60 Nº 5 de la Constitución Política, el proyecto aprobado por el Senado la concreta por medio de seis artículos que, en síntesis, establecen lo siguiente:
Por el artículo 1º se autoriza erigir sendos monumentos en memoria del Cardenal Silva Henríquez en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca y Villa Alegre.
Por el artículo 2º se dispone que las obras se financiarán mediante colectas públicas, donaciones y otros aportes privados, debiendo efectuarse las colectas en las fechas que señale la comisión especial que se crea por el artículo 4º.
Por el artículo 3º se crea un fondo destinado a recibir las erogaciones señaladas en el artículo anterior.
Por el artículo 4º se crea una comisión especial integrada por nueve miembros que se desempeñarán ad honorem y a quien corresponderá la ejecución de los objetivos perseguidos por la ley.
Integran esta comisión los alcaldes de Santiago, Valparaíso, Talca y Villa Alegre, un representante de la Arquidiócesis de Santiago, otro de la Diócesis de Valparaíso y otro de la de Talca, más el Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.
Por el artículo 5º se señalan las funciones que corresponderán a la comisión, es decir, la determinación del lugar en que se ubicarán los monumentos; el llamado a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, la fijación de sus bases y su resolución; la administración del fondo formado con las erogaciones, y la apertura de una cuenta corriente especial para la gestión del fondo.
Por el artículo 6º se encomienda a la comisión determinar el destino de los posibles excedentes que pudieren generarse, luego de la construcción de los monumentos.
Discusión en general del proyecto.
Durante la discusión general del proyecto, la Comisión coincidió plenamente en la apreciación de los relevantes méritos que revistieron al agraciado y, sin mayor debate, procedió a aprobar la idea de legislar por unanimidad.
Discusión en particular del proyecto.
En la discusión pormenorizada del proyecto se llegó a los siguientes acuerdos:
Artículo 1º
Dispone levantar los monumentos en las cuatro ciudades que indica.
Ante la consulta formulada por el diputado señor Correa acerca de la razón para incluir la ciudad de Villa Alegre entre aquellas en que se autoriza erigir un monumento, se señaló que ello obedecía a una indicación del senador señor Matta, fundándose en la relación familiar que con esa ciudad tenía el señor Cardenal , la cual se había formado en torno a un molino instalado por uno de sus antepasados, destacado agricultor de la zona, y en la que él mismo había pasado sus primeros años.
Cerrado el debate, se aprobó el artículo en los mismos términos por unanimidad.
Artículo 2º
Señala la forma en que se financiarán las obras y la oportunidad en que se efectuarán las colectas públicas.
No se produjo debate y se lo aprobó en iguales términos por unanimidad.
Artículo 3º
Crea un fondo destinado a recibir las erogaciones para las obras.
Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.
Artículo 4º
Crea una comisión especial para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
No se produjo debate y se procedió a aprobarlo en iguales términos por unanimidad.
La Comisión acordó, también, proponer al diputado señor Gutiérrez para que integre en representación de la Cámara la comisión especial a que alude este artículo, considerando para ello que el parlamentario, además de ser integrante de la Comisión, es uno de los representantes de la zona en que se erigirán dos de los cuatro monumentos y en que celebrará sus reuniones la citada comisión especial.
Artículo 5º
Señala las funciones que deberá cumplir la comisión especial para el cumplimiento de sus objetivos.
Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.
Artículo 6º
Encarga a la comisión especial determinar el destino de los excedentes que puedan producirse luego de levantados los monumentos.
No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.
-o-
Constancia
Para los efectos de lo establecido en los números 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1º Que tanto el Senado como la Comisión determinaron que el proyecto no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o de quórum calificado.
2º Que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3º Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.
4º Que el proyecto se aprobó en los mismos términos propuestos por el Senado.
-o-
Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer el señor diputado informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos propuestos por el Senado, de conformidad al siguiente texto:
Proyecto de ley:
“Artículo 1º.- Autorízase erigir un monumento en la ciudad de Santiago, otro en la de Talca, otro en la de Valparaíso, y un cuarto en la de Villa Alegre, en memoria del Cardenal Arzobispo Emérito de Santiago Monseñor Raúl Silva Henríquez.
Artículo 2º.- La obra se financiará mediante erogaciones populares, obtenidas a través de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.
Las colectas públicas a que alude el inciso anterior se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que establece el artículo 4º, en coordinación con el Ministerio del Interior.
Artículo 3º.- Créase un fondo destinado a recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes señalados en el artículo precedente.
Artículo 4º.- Créase una comisión especial, integrada por nueve miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por:
a) Un senador y un diputado, elegidos por sus respectivas Cámaras;
b) El Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago ;
c) El Alcalde de la I. Municipalidad de Talca ;
d) El Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alegre ;
e) El Alcalde de la I. Municipalidad de Valparaíso ;
f) Un representante de la Arquidiócesis de Santiago;
g) Un representante de la Diócesis de Talca;
h) Un representante de la Diócesis de Valparaíso, e
i) El Vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.
La Comisión funcionará en la ciudad de Talca y su quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros.
Artículo 5º.- La comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas contempladas en el artículo 2º, así como realizar las gestiones pertinentes para su concreción;
b) Determinar la ubicación de los monumentos, en coordinación con las respectivas municipalidades y el Consejo de Monumentos Nacionales, y disponer y supervigilar su construcción, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales;
c) Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo;
d) Administrar el fondo creado por el artículo 3º, y
e) Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el referido fondo.
Artículo 6º.- Si una vez construidos los monumentos quedaren excedentes de las erogaciones recibidas, éstos serán destinados al fin que la comisión determine”.
-o-
Sala de la Comisión, a 13 de julio de 1999.
Se designó diputado informante al señor Sergio Velasco de la Cerda.
Aprobado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señores Felipe Valenzuela Herrera ( Presidente ), Nelson Ávila Contreras, Sergio Correa de la Cerda, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Homero Gutiérrez Román, Gonzalo Ibáñez Santa María, María Antonieta Saa Díaz, Jorge Ulloa Aguillón, Sergio Velasco de la Cerda y Edmundo Villouta Concha.
(Fdo.): Eugenio Foster Moreno, Secretario.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Hoy, en que se conmemora el fallecimiento del Padre Hurtado, ha sido instituido el Día de la Solidaridad. Por lo tanto, hemos querido celebrar este día mediante la aprobación de este proyecto, que autoriza la erección de monumentos en memoria del cardenal Raúl Silva Henríquez. Para tal efecto, se acordó conceder un tiempo de cinco minutos a un representante de cada bancada.
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ , doña Lily (de pie).-
Señor Presidente, honorable Cámara, voy a dar lectura a la intervención del doctor Osvaldo Palma Flores, diputado del distrito Nº 39, que comprende, entre otras comunas, a las de Linares y de Villa Alegre.
“Señor Presidente , los honorables senadores señores Manuel Antonio Matta , Juan Hamilton , Rafael Moreno , Adolfo Zaldívar y Andrés Zaldívar presentaron una moción para erigir monumentos en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Talca, en memoria del cardenal Raúl Silva Henríquez. En Talca, por el hecho de que sería la ciudad natal del ilustre prelado.
Sobre el particular, estimo necesario señalar que, con motivo del lamentable deceso del señor cardenal, Villa Alegre, a través de la prensa y la televisión nacional, dejó en claro que el origen familiar de monseñor Silva estaba en esa comuna, y más específicamente la localidad de Loncomilla, en donde su estirpe y ascendencia tiene cuatro generaciones de filiación genealógica, mientras que su nacimiento en Talca fue un hecho absolutamente circunstancial, como él mismo lo esboza en sus memorias.
En efecto, su tatarabuelo, don Feliciano Encinas de Tapia Andia , fue dueño de las extensas propiedades de Loncomilla, Trapiche y Huaraculén, desde la segunda mitad del siglo XVIII. Parte de estos bienes, fundamentalmente la hacienda de Huaraculén, habían pertenecido al abate Juan Ignacio Molina , célebre sabio y científico jesuita, también nacido en Villa Alegre.
Fallecido don Feliciano , aquellas tierras pasaron en parte a su hijo Francisco Encina Echeverría , bisabuelo del cardenal y visionario agricultor y empresario, quien construyó canales de regadío, mejoró los cultivos de la zona, y trajo, desde Estados Unidos, en 1852, el famoso molino de Loncomilla, el primero movido a cilindros que tuvo el país y que se instaló en las márgenes del río Loncomilla. Ello significó un gran desarrollo económico a la región y fue la base de la fundación de la comuna de Villa Alegre. Trigo y harina chilenos viajaban por el río Loncomilla al Maule y Constitución, y de ahí hasta lejanos lugares de América.
Don Francisco Encina Echeverría casó con doña Javiera Romero y Labra. Delfina , una de sus hijas, contrajo matrimonio con don Diego Henríquez Cienfuegos , y la hija de ambos, Mercedes Henríquez Encina , casó, a su vez, con don Ricardo Silva Silva , avecindado en Loncomilla. Ellos fueron los padres de la numerosa familia Silva Henríquez , entre ellos, el cardenal, quien nació circunstancialmente en Talca, por cuanto doña Mercedes Henríquez , días antes del nacimiento de su hijo Raúl, se trasladó a Talca y regresó a Loncomilla dos días después del alumbramiento. En esa localidad, el futuro prelado vivió y creció, desarrollando su vocación religiosa, hasta los doce años de edad.
El cardenal admiró siempre a sus antepasados de Loncomilla y Villa Alegre, a su esfuerzo creador y empuje incansable. “El padre de doña Delfina Encina -escribe el prelado en sus memorias, editadas en 1991-, don Francisco Encina Echeverría , tenía el temple de los colonos que no se arredraban ante las más escalofriantes obras...” “Durante toda mi infancia -continúa el cardenal- escuché como algo familiar el rumor crepitante del canal Encina , desde la inmensa casa y el molino -también construida por él-, donde viví la segunda década de este siglo”.
Más adelante, en sus recuerdos de la niñez villalegrina, el cardenal dice: “Las casas en que vivimos existen todavía cuando escribo estas líneas... El caserón de Villa Alegre -dice luego- se llenó de niños y de niñas”. Respecto de la década del 10, el ilustre príncipe de la Iglesia evocaría también las duras circunstancias de esos años, recordando las dificultosas medidas que había que tomar para salir cada mañana hacia las clases.
Las remembranzas del cardenal Silva son, sin embargo, más determinantes en relación con Villa Alegre y ellas aluden, incluso, al despertar de su vocación religiosa: “En aquellos años mi padre -escribe monseñor Silva- fue el verdadero centro de una formación religiosa que pronto se convertiría en vocación. Conservo en mi memoria cierta noche en el molino Loncomilla , adonde solía acompañarlo y quedarme con él, compartiendo un cuarto. Aquella vez, mientras nos acostábamos, me preguntó si ya había rezado. Tuve que decir que no”.
En las memorias del Cardenal que hemos citado esta mañana no hay referencia alguna a su niñez de Talca, ni siquiera a su nacimiento. Todas las evocaciones de su infancia están situadas en Villa Alegre y Loncomilla, localidades a las que retornaría siempre a lo largo de su vida y hasta que su avanzada edad se lo permitió. Para los vecinos de la comuna de Villa Alegre, era usual verlo pasear por sus calles, oficiar misa en la parroquia y departir con las diversas familias que allí vivían. Villa Alegre fue su lugar de descanso y su refugio, incluso en los años más difíciles de su ministerio sacerdotal.
Por todos estos antecedentes, ratificados por la propia pluma del cardenal Silva en sus “Memorias”, por obras del historiador y pariente don Franciso Antonio Encina Armanet y por los trabajos del miembro de la Academia Chilena de la Historia, profesor don Jaime González Colville, le dan a Villa Alegre superiores merecimientos para ser sede de un monumento en su recuerdo y homenaje.
Por eso, solicito formalmente, señor Presidente, y se suman a esta demanda el alcalde, el concejo y la comunidad entera de la comuna de Villa Alegre, Loncomilla, se tenga a bien incluir a la comuna de Villa Alegre como una de las ciudades en las que se erigirá un monumento al ilustre cardenal recientemente fallecido.
He dicho”.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara, me corresponde intervenir en representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, en relación con el proyecto de ley que autoriza erigir monumentos en distintas ciudades en homenaje al ex cardenal Raúl Silva Henríquez , y con motivo de ello, para referirnos al tema de la solidaridad.
Se ha instituido el 18 de agosto como el Día de la Solidaridad, y la Fundación Padre Hurtado nos ha invitado a leer en familia algunos trozos de un bello pasaje bíblico, en el cual se señala que cuando Jesús venga en su Gloria, nos dirá: “Tomad posesión del Reino, preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui peregrino y me hospedasteis; estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; encarcelado y me asististeis. Y entonces le responderán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te hospedamos; desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos en la cárcel o enfermo y te asistimos? Y el Rey les responderá: “En verdad os digo: cuanto hicisteis con alguno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.
En esta lectura queda graficada la importancia de una actitud solidaria. Sin embargo, se suele hablar de la solidaridad sólo en casos de excepción, ya sea cuando se celebra un día como hoy o cuando ocurre alguna catástrofe. Ello no es suficiente. Existe un contraste lamentable entre nuestra enorme potencialidad solidaria de amor y nuestra tendencia habitual al egoísmo.
En definitiva, la solidaridad no consiste en un acto aislado de generosidad hacia el prójimo, sino en una actitud de vida. Por lo tanto, la verdadera reflexión hoy en torno a este tema es saber descubrir en qué consiste la solidaridad como actitud de vida.
En general, nuestra vida, al igual que la mayoría de los chilenos, es una loca carrera sin sentido y sin destino por el poder, por el dinero, por el aparentar, que nos consume el tiempo completo, incluso el familiar, presionado por un ambiente cada vez más competitivo, ausente de muchos valores. Y no logramos advertir que la vida es muy corta; que el tiempo pasa a una velocidad vertiginosa y que no lo podemos detener. Y, en muchas ocasiones, en esta loca carrera, nos detenemos cuando ya es demasiado tarde; es decir, cuando es imposible luchar por aquellos sueños e ilusiones que alguna vez tuvimos.
Para tener una actitud solidaria es necesario partir de una premisa fundamental: reconocer que más allá de nuestra propia individualidad, vivimos en sociedad, somos parte de ella, y como individuos tenemos una responsabilidad social, que se traduce en cómo podemos hacer un aporte para que funcione mejor, sea más justa y más humana.
Existen corrientes de pensamiento, incluso actitudes humanas, que señalan que esta responsabilidad social se cumple si cada uno de nosotros hace bien su trabajo. Se trata de un buen punto de partida; sin embargo, claramente es una visión reduccionista insuficiente. Para demostrarlo sólo quiero plantear algunos ejemplos.
En la actualidad, más allá del énfasis o de las polémicas, existe un Estado que concentra su acción en los más necesitados. También, en general, un número muy significativo de chilenos paga sus impuestos; otro número importante de chilenos aporta a obras de beneficencia; otros, con mucho fervor, se dedican a su trabajo. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, me doy cuenta de que a escasos metros, existe de manera muy intensa el dolor, la injusticia y cientos de insuficiencias.
Por lo tanto, el primer llamado que nos hace la solidaridad es ir mucho más allá en nuestro trabajo de compromiso con el prójimo más desvalido.
En este punto, quiero detenerme algunos instantes. Hoy muchos sienten aliviada su conciencia y cumplida su labor solidaria cuando, mes a mes, a través de su tarjeta de crédito o entregando el vuelto en un supermercado, ayudan a instituciones de beneficencia. Es lo que llamaría “cultura de la beneficencia plástica”. Ciertamente, esos aportes son muy importantes y, en términos personales, estoy muy agradecido de ellos, porque permiten crear y financiar muchas obras de beneficencia. Sin embargo, en el Día de la Solidaridad quiero hacer un llamado para que esta cultura de la beneficencia plástica jamás reemplace el compromiso personal, la entrega personal. Además de nuestro dinero, esos cientos de miles de personas desvalidas nos necesitan a nosotros, necesitan nuestra comprensión, nuestro afecto, nuestras ideas; necesitan de nuestra capacidad, necesitan el buen consejo y la orientación. Y todos esos elementos, lamentablemente, no los otorga una tarjeta de crédito, porque ellos nacen del espíritu.
Tengo la certeza más absoluta de que no logramos dimensionar el bien que se puede hacer si con convicción tenemos una actitud solidaria. Es mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Para graficarlo mencionemos dos ejemplos, quizás extremos, pero válidos, que obedecen al mismo principio.
Hace 30 años el Padre Hurtado formó el Hogar de Cristo a partir de la nada. Hoy es la institución social más importante del país, que ayuda a cientos de miles de personas desvalidas.
En esa misma época, en Calcuta, la Madre Teresa forma, a partir de la nada, las Misioneras de la Caridad, cuyo único propósito era permitir que los más pobres pudieran morir con dignidad. Hoy esa obra se ha extendido por todos los continentes.
Guardando todas las proporciones ¿por qué cada uno de nosotros no asume ese llamado? ¿Acaso alguien nos ha negado esa posibilidad? Ciertamente que no. Al revés, creo que este llamado siempre ha estado presente. Lo que ocurre es que no hemos sabido escucharlo o habiéndolo escuchado hemos preferido optar por lo que nos otorga mayores seguridades o mayor reconocimiento social.
A través de la historia muchos han planteado la solidaridad mediante grandes revoluciones o luchas ideológicas. Tengo el más íntimo convencimiento de que la verdadera solidaridad forma parte de la revolución de las almas, que se concreta cuando, al despertar cada mañana, somos capaces de mirar a nuestro alrededor y de darnos cuenta de que aún existe mucho dolor, mucha injusticia, mucho sufrimiento, carencias de todo tipo, y comprometernos no con sacar adelante una ley o cumplir bien nuestras jornadas, sino con alguien real y concreto, que lo está padeciendo.
Si millones de chilenos asumimos este compromiso diariamente, son millones las personas a quienes habremos mitigado el dolor. En eso consiste la solidaridad y en eso consiste la revolución de las almas.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI (de pie).-
Señor Presidente , hoy despacharemos un proyecto en homenaje a uno de los personajes más brillantes del presente siglo en nuestra historia patria. Sin duda alguna, el cardenal Raúl Silva Henríquez merece estar presente en las calles, avenidas y plazas de nuestra nación, como un símbolo vivo de los valores que él representó, como un ejemplo de vida y de lo que debe ser la solidaridad, el amor; como un ejemplo de la valentía para defender la dignidad y la calidad de vida de los hombres de esta tierra.
El cardenal Silva , a quien hace tan poco rendimos homenaje en esta Sala, nos llamó siempre a vivir una vida que encarnara valores importantes; especialmente nos llamó a vivir una vida plena en solidaridad.
Pero se ha hablado mucho de lo que es la solidaridad, y no hay duda de que lo difícil es lograr que el mundo y que, en definitiva, los seres humanos la podamos encarnar en la práctica.
Muchas veces estimamos que la solidaridad es hacer algunos gestos pequeños de caridad, pero realmente no es sólo eso. Hay que valorar, no hay duda, y así nos ha enseñado el cardenal Raúl Silva Henríquez , los gestos de caridad. Pero la solidaridad implica algo más que eso: implica lograr un crecimiento con equidad; implica disminuir esas abismantes diferencias entre los que acceden en forma privilegiada a los recursos y los que obtienen tan poco.
La solidaridad en Chile debe implicar un esfuerzo claro de todos los sectores para lograr que estas diferencias disminuyan y, en definitiva, el país les dé reales oportunidades a todos.
Hoy nos afectan problemas urgentes, como la cesantía, y en estos momentos la solidaridad debe ser más clara y debe expresarse en un esfuerzo, por ejemplo, de los empresarios para no generar tanto desempleo, absorber mano de obra y darles a los trabajadores las posibilidades de tener una fuente de trabajo. La solidaridad tiene que manifestarse, por lo tanto, en algo muy concreto: dar posibilidades a todos.
El cardenal Silva Henríquez encarnó estos valores. Como nació en zonas campesinas, que representan al auténtico Chile, no hay duda de que él expresa el alma de nuestro país. Por eso, su ejemplo de vida es tan importante para nosotros, y nos ilumina para seguir su trayectoria.
El Partido por la Democracia considera que este homenaje póstumo es muy importante, porque su vida encarna los tiempos que ha vivido la nación, siendo ésa una de las razones por las que el país lo despidió en forma tan multitudinaria.
De allí que su presencia, representada en un monumento, sea tan necesaria, para que su presencia de hombre proyecte el camino que ha de guiarnos para lograr, en definitiva, construir una patria plenamente reconciliada, una patria que dé oportunidades a todos, una patria justa y realmente solidaria.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (de pie).-
Señor Presidente , quiero decir algunas palabras en este momento en que la Cámara trata un proyecto para erigir monumentos al memorable cardenal Raúl Silva Henríquez , en Santiago, Valparaíso y muy particularmente en la ciudad de Talca.
Don Raúl Silva Henríquez nació en Talca, fue auténtico talquino y, más que eso, gran maulino, un personaje que representó a lo largo de su vida lo mejor de nuestra esencia de chilenos. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y de estar con él en muchas circunstancias de su vida, impresionándonos siempre su calidad de chileno cabal, auténtico y, como él a veces decía, de huaso. Así lo hemos visto, incluso en algunas imágenes, vistiendo la vestimenta de nuestro tradicional personaje representativo del campo chileno.
Tal como se ha dicho, el cardenal Silva Henríquez trasciende su vida porque es un símbolo de chilenidad, de amor y de solidaridad.
Y en esto la región del Maule ha sido afortunada porque, junto al cardenal Silva Henríquez , ha tenido otros sacerdotes muy notables, entre ellos ese gran obispo que trazó una huella en el sacerdocio chileno, monseñor Manuel Larraín , quien no sólo es una figura nacional, sino también internacional. El cardenal Silva Henríquez siguió esa huella como lo hicieron otros y como lo hizo nuestro obispo emérito don Carlos González , también de la región del Maule.
Para nosotros es un orgullo y una satisfacción que Talca sea la tierra de nacimiento de esta personalidad tan representativa del ser chileno y de su espíritu religioso, por lo cual vamos a poner todo nuestro empeño y capacidades -creo que en esto estarán comprometidas todas las autoridades y el pueblo de Talca- en levantar un hermoso monumento a monseñor Silva Henríquez , que represente lo que hoy estamos exaltando: la solidaridad, el amor, la religiosidad de nuestro pueblo y también su espíritu más auténtico.
Por eso, en estas breves palabras, ya que desafortunadamente no pude traer un texto más elaborado, porque el acuerdo fue muy reciente, tenía que expresar estos pensamientos para representar la satisfacción del pueblo de Talca por esta iniciativa, el orgullo que sentimos porque el cardenal sea uno más de nuestra tierra talquina y el empeño que pondremos para que en esa ciudad tenga el más hermoso monumento que se pueda erigir para una personalidad como la suya.
Debemos reconocer y recordar que la historia de este pueblo, así como la de la humanidad, no se construye, equivocadamente, como piensan algunos, sólo a través de gestas heroicas, militares, de batallas o de gestos políticos. La historia verdadera y profunda la construyen los intelectuales, los hombres de profunda religiosidad, que se enraízan en el alma de un pueblo. Por eso, el cardenal Silva Henríquez no es sólo un religioso, sino también un hombre que representa, con mucha profundidad, nuestro espíritu y nuestra alma como ser nacional, razón por la cual lo consideramos una de aquellas personalidades que han contribuido efectivamente a trazar y a modelar el alma de nuestro país.
Por ello, nos alegra esta iniciativa, y tenga la seguridad esta Cámara de que nos empeñaremos, como he dicho, para que este homenaje que se rinde al cardenal Silva Henríquez -quien simboliza la amistad, la solidaridad y la hermandad entre los seres humanos- los talquinos lo llevemos a muy buen término por el amor y cariño que sentimos por el cardenal y por todo lo que representa para el alma del ser chileno.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO (de pie).-
Señor Presidente , para la bancada del Partido Socialista es de enorme trascendencia adherir hoy día a este proyecto de ley que autoriza erigir monumentos en Santiago, Talca y Valparaíso en memoria del cardenal Raúl Silva Henríquez , lo que hacemos con profunda satisfacción, porque consideramos que su figura trascendió más allá de la Iglesia.
Nosotros, también como cristianos y socialistas, nos sentimos plenamente identificados con el mensaje, accionar y ejemplo que nos entregó día a día el cardenal Silva Henríquez.
Por eso, de manera muy especial, nos llama la atención que justamente ahora, cuando celebramos el Día de la Solidaridad, conjuguemos en esta Sala la presencia de destacadas figuras de nuestra Iglesia: por una parte, la del padre Alberto Hurtado ; por otra, las grandes figuras morales y espirituales que tuvo nuestra Iglesia, porque, de alguna manera, son ejemplo vivo de lo que se llama ser constructores de la paz, porque ellos, en momentos muy particulares de la historia de nuestro país, fueron muy fieles no sólo al mensaje de Jesús, sino también a la doctrina social de la Iglesia, que entrega lineamientos muy claros y precisos sobre cómo llevar ese mensaje a todos los sectores de la sociedad.
El cardenal Silva Henríquez , tal vez por el momento muy particular de la historia de nuestro país que le correspondió vivir, fue uno de los constructores de la paz más eficaces que tuvimos, porque entendía muy claramente que ello significaba conjugar la libertad, la verdad y la justicia, y en cada etapa de la historia hizo carne y vida la defensa de tales principios.
Si bien su presencia en el arzobispado de Santiago se inició a principios de los sesenta, le correspondió vivir distintos procesos y transformaciones sociales de nuestro país. Siempre se destacó por actuar con delicadeza, con prudencia, diciendo la palabra certera en el instante preciso. Nunca tuvo miedo ni titubeó para decir las cosas por su nombre. Así lo hizo cuando soplaban aires de conservadurismo que pretendían retrasar los cambios sociales que se requerían; tampoco le tembló la voz ni tambaleó su mensaje cuando vio que algunos de esos cambios sociales no se estaban haciendo bien o llevando por el camino certero. Cuando vivimos el momento más amargo de nuestra historia, la época de la dictadura, la voz y el mensaje del cardenal sonaron mucho más fuerte todavía para salir en defensa de los desposeídos, perseguidos, encarcelados, exiliados, detenidos desaparecidos.
De manera que a los socialistas nos llena de orgullo concurrir con nuestros votos a la aprobación del proyecto en debate, porque creemos que la figura del cardenal, así como la de miles de otros altos personajes del país, requiere estar presente en nuestra sociedad. El ejemplo, el mensaje del cardenal Raúl Silva Henríquez no sólo servirá a las nuevas generaciones de sacerdotes, sino también a los dirigentes políticos, para que seamos fieles a sus enseñanzas.
Creo que la mejor forma de rendir un homenaje al cardenal es no sólo mediante la construcción de monumentos en su memoria en varias ciudades del país, sino también siendo fieles a su mensaje y, al igual que él, constructores de la paz, es decir, luchar por la libertad, la verdad y la justicia. Para quienes somos cristianos y creyentes, así como fue él, también debemos ser fieles al mensaje de Jesús y a la doctrina social de la Iglesia.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
El proyecto se votará al final del Orden del Día.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, deseo saber si se votará también la indicación del Ejecutivo.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Por el carácter de la indicación y por tratarse de un tema polémico, la iniciativa tendrá que volver a Comisión.
El señor VELASCO.-
A lo mejor, como es el Día de la Solidaridad, podríamos llegar a acuerdo en esta Sala e incluirla y votarla de inmediato.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Lo analizaremos en su momento, señor diputado. La indicación del Ejecutivo obliga al municipio de Santiago a financiar el monumento, asunto que requiere un debate mayor.
El señor VELASCO.-
Así es, señor Presidente , pero ese municipio está de acuerdo en hacer ese gasto.
En todo caso, dejo formulada la solicitud de tratar hoy la indicación.
El señor MONTES (Presidente).-
Muy bien.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación el proyecto de ley que autoriza la construcción de monumentos en las ciudades de Santiago, Talca y Valparaíso, en memoria del cardenal Raúl Silva Henríquez.
La iniciativa se votará sólo en general, porque hay indicaciones que, a juicio de la Mesa, son inconstitucionales, lo cual podría resolverse en Comisión.
Por un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, el diputado señor Manuel Bustos se encuentra en este minuto en la clínica. Me ha solicitado que consulte a su Señoría si se puede considerar su voto favorable en todas las votaciones que se efectuarán hoy en la mañana.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay acuerdo, señor diputado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto.
Volverá a Comisión, en razón de las indicaciones señaladas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
VI. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:
1º Despachar en la presente sesión, con un breve informe del honorable diputado señor Prokurica, sin debate y sobre tabla, el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que suspende por una vez para pequeños mineros o mineros artesanales la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
2º Despachar el proyecto que fija la ley orgánica del Ministerio Público, efectuando la votación al término del Orden del Día.
3º Despachar en la sesión ordinaria de mañana, destinando hasta una hora para ese efecto, el proyecto que modifica la ley Nº 12.927, sobre seguridad del Estado, con el fin de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los tribunales para requisar libros o textos en delitos contra la seguridad del Estado.
VII. ORDEN DEL DÍA
FACILIDADES EN PAGO DE PATENTES A PEQUEÑOS MINEROS. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
En el Orden del Día y en virtud de los acuerdos adoptados por los Comités, corresponde tratar, sin debate, las modificaciones del Senado al proyecto que suspende por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2299-08, sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 8.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , en primer lugar, agradezco la gestión de los distintos Comités y de la Mesa de la Cámara, que ha permitido poner en tabla y votar el proyecto, que suspende por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, dada la situación que está viviendo esta actividad.
La legislación actual establece que los propietarios de patentes mineras que están atrasados en sus pagos, deben pagar el doble de lo adeudado para poder rescatarlas del remate.
El Senado introdujo tres modificaciones al proyecto en estudio, algunas de ellas formales, que, en general, lo perfeccionan.
En primer lugar, reemplazó el artículo 1º por el siguiente:
“Los pequeños mineros o mineros artesanales, que sean deudores morosos de patentes anuales de concesiones mineras que debieron pagarse en los meses de marzo de l997, l998 y l999, podrán eliminarlas de la subasta hasta el momento del remate, pagando sólo el valor de lo adeudado, sin el recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, en la forma señalada en el artículo 3º de esta ley.
“Los pequeños mineros o mineros artesanales, que hayan sido deudores morosos de la patente de amparo de su concesión minera, correspondiente a los períodos señalados en el inciso precedente, y que la hayan eliminado de la subasta durante los años l997, l998 ó l999, pagando el recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del citado Código, tendrán derecho a que lo pagado a título de sanción se impute al pago de futuras patentes mineras. Dicho beneficio podrá solicitarse de la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo del año 2000”.
Este inciso segundo lo único que hace, en la práctica, es terminar con lo que los parlamentarios disponemos en las leyes: condonar las deudas o premiar a quienes no han pagado, pero sin establecer beneficio alguno para los que cumplen a tiempo con sus obligaciones.
En segundo lugar, en el inciso primero del artículo 3º ha intercalado, entre las expresiones “El valor de lo adeudado por” y “patentes mineras”, la palabra “las”, y ha agregado una coma (,) a continuación de la palabra “sucesivas”.
Además, ha sustituido sus incisos segundo y tercero para señalar que la falta de pago oportuno de tres cuotas sucesivas o el no pago de cinco cualesquiera de ellas durante el plazo señalado, hará exigible el saldo. Luego, se hace referencia a lo que debe hacer el Tesorero General de la República.
Por último, agrega un inciso final, nuevo, al artículo 3º, del siguiente tenor:
“Los beneficios mencionados en el artículo 1º y la consiguiente eliminación de las concesiones mineras de las nóminas del remate, tendrán vigencia a partir de la firma del convenio respectivo, el cual quedará sujeto a la condición de verificarse el pago indicado en el inciso anterior”.
Es cuanto puedo informar.
Solicito a los señores diputados aprobar el proyecto por unanimidad, debido a la necesidad que tiene de él la actividad minera.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
De conformidad con los acuerdos de Comités, no habrá debate sobre el proyecto y se votará al final del Orden del Día.
-Posteriormente, la sala se pronunció sobre este asunto en los siguientes términos:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que suspende, por una vez, para pequeños mineros o mineros artesanales, la aplicación del inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del Senado al proyecto de ley orgánica constitucional del Ministerio Público.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aldo Cornejo.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2152-07, sesión 26ª, en 5 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 31ª, en 17 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 15.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar a ella el señor Rafael Blanco, asesor de la señora ministra de Justicia.
Acordado.
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar, en tercer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley orgánica constitucional del Ministerio Público.
Como se recordará, esta Sala acordó que la Comisión de Constitución se abocara al estudio del informe remitido por el Senado. En ese sentido, hizo un análisis de todas la modificaciones del Senado y recomienda a la Sala, con un breve fundamento, el rechazo de alrededor de once de los artículos propuestos. De modo que me limitaré exclusivamente a indicar las normas que la Comisión, por unanimidad, recomienda rechazar; y el resto del articulado, respecto del cual no existe discrepancia entre ambas Cámaras, se encuentra a disposición de los señores diputados en sus respectivos pupitres.
Dado que es un proyecto largamente debatido en la Corporación, me remitiré a las normas que, en opinión de la Comisión, debieran ser rechazadas y, por tanto, resueltas en una comisión mixta.
En primer lugar, el artículo 15, referido a la designación del fiscal nacional.
Aquí, las principales diferencias entre el criterio de la Comisión y el propuesto por el Senado radican, primero, en que la cámara alta elimina la audiencia pública para los efectos de que la Corte Suprema pudiera recibir, entrevistar o interrogar a quienes postularan al cargo de fiscal nacional y deja entregada a la misma la forma de regular esa audiencia.
En segundo lugar, incorpora en esta norma el hecho de que cada persona que postule al cargo de fiscal nacional lo haga por intermedio de una minuta o, como lo llamamos en la Comisión, una suerte de programa de lo que haría en el evento de ser designada en el cargo. La Comisión estima preferible que la Corte Suprema haga la tramitación de designación en audiencia pública.
Por otra parte, nos ha parecido inconveniente que cada postulante tenga la obligación de hacer una presentación de su programa para el evento de ser designado fiscal nacional, porque podría dar pie a un debate público sobre las propuestas y a que éstas pudieran adquirir mayor relevancia que las condiciones, calidades e idoneidad personal del postulante.
Por estas razones, la Comisión de Constitución ha preferido insistir en su criterio, es decir, mantener la audiencia pública, porque hacerlo con minutas o propuestas podría afectar la transparencia del proceso de designación de una autoridad tan importante como será el fiscal nacional.
De modo que recomienda el rechazo de esta norma y, por tanto, su tratamiento en comisión mixta.
En tercer lugar, en el artículo 16, que se refiere al fiscal nacional, la observación más importante de la Comisión es que la enmienda más relevante que hace el Senado a esta norma consiste en que, para el evento de que el fiscal nacional quiera presentar su dimisión, ésta debe ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, tener motivos fundados y, además, contar con el acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Senado; o sea, se exige el mismo quórum que para su nombramiento.
A la Comisión de Constitución le ha parecido poco conveniente ese quórum tan alto, porque ese mecanismo puede contribuir -involuntariamente, por cierto- a que frente a alguna actuación en el ámbito de su competencia que pudiere no constituir, por ejemplo, una causal de remoción, el Fiscal, ante un conjunto de críticas, perfectamente podría dimitir y el Senado no alcanzar el quórum de los dos tercios para aprobar su renuncia, y eso estimarse como un respaldo al trabajo del Fiscal en un tema muy puntual. Creo que incorporar esta norma en la ley orgánica constitucional del Ministerio Público podría contribuir a que la dimisión del Fiscal sea utilizada para generar respaldos políticos coyunturales frente a una actuación dentro de su competencia.
Por esa razón, la incorporación de esta norma nos parece poco adecuada, dado que una de las principales preocupaciones en la tramitación del proyecto ha sido no sólo asegurar la autonomía en la actuación del Fiscal respecto del poder político, sino también evitar interferencias político-partidarias en el trabajo que desarrolle.
Por lo tanto, la Comisión recomienda a la Sala el rechazo de esa modificación y, por tanto, su tratamiento en comisión mixta.
En cuarto lugar, el artículo 17 del Senado, que corresponde al 11 de la Cámara, introduce, en un conjunto de letras, cambios de carácter formal. En su momento, la Cámara aprobó que el Fiscal tendría atribuciones en diversos ámbitos para fijar políticas; por ejemplo, en cuanto a investigación, en materia criminal, etcétera. El Senado ha preferido sustituir la facultad de fijar políticas por la de establecer criterios de actuación de la Fiscalía. La Comisión quiere insistir en que el Fiscal tenga atribuciones para fijar políticas, en especial en el ámbito de su competencia.
Sobre el particular, el Senado ha eliminado algunas proposiciones de la Cámara, como la letra f), que faculta al fiscal nacional para sugerir al Presidente de la República , a través del Ministerio correspondiente y escuchando al Consejo General, políticas públicas en materias penales, de persecución de los delitos, de protección a víctimas y a testigos, etcétera. El Senado ha estimado que el fiscal nacional no debe tener esta facultad, porque, hipotéticamente, sus sugerencias podrían entrar en colisión con políticas que el Estado, el Poder Ejecutivo o el Parlamento pudieran determinar.
El criterio de la Comisión ha sido insistir en esta facultad. A nosotros nos parece conveniente que la principal autoridad que tendremos en materia de persecución de delitos tenga la facultad de sugerir al Ejecutivo la adopción de determinadas políticas que puedan contribuir al buen desenvolvimiento de sus funciones.
Por esta razón, hemos decidido rechazar este artículo, con el objeto de que sea enviado a comisión mixta.
En el artículo 13, que en el texto del Senado ha pasado a ser 20, la Cámara de Diputados estableció una gerencia nacional y describió un conjunto de unidades, como la División de evaluación, control de la gestión y desarrollo; la División de contraloría interna, la División de recursos humanos, la División de administración y finanzas, la División de informática, la División de atención a las víctimas y testigos.
Por su parte, el Senado más bien enunció en este artículo 20, que sugerimos rechazar, el mínimo de unidades administrativas que deben existir en la Fiscalía Nacional.
La Comisión de Constitución estima que ésa no es la forma apropiada de regular esta materia, por cuanto la disposición del Senado no cumple con el mandato constitucional de fijar en la ley la organización de la Fiscalía Nacional, es decir, la estructura básica del Ministerio Público que le permita funcionar en forma expedita.
En otras palabras, de acuerdo con nuestra opinión y conforme al texto constitucional, estas entidades que forman parte de la estructura del Ministerio Público debieran estar señaladas taxativamente en su ley orgánica, en lugar de dejar entregada la creación de estos organismos al criterio del fiscal, con posterioridad a la vigencia de la ley.
Por esta razón, recomendamos rechazar la modificación del Senado.
El artículo 27 tiene directa relación con lo que acabo de señalar. En efecto, el Senado, siguiendo el criterio anterior, optó por eliminarlo, en circunstancias que se refiere básicamente a la unidad de atención de víctimas y testigos. No obstante, la opinión de la Cámara es que debemos rechazar el criterio del Senado, no sólo por la relevancia que le otorgamos a esta unidad en el tratamiento de las víctimas, sino también para que exista cierta coherencia con la norma a que me he referido. En nuestra opinión, ella forma parte de la estructura del Ministerio Público, por lo que debiera regularse con precisión en su ley orgánica.
Por esta razón, más bien de coherencia, la Cámara sugiere su rechazo, para que sea tratada en comisión mixta.
Del mismo modo, las modificaciones del artículo 29, referentes al nombramiento de los fiscales regionales, están vinculadas directamente al tratamiento que el Senado le ha dado al nombramiento del fiscal nacional; es decir, a las facultades que se le entregan a la Corte Suprema, el tema de las audiencias, etcétera.
Por nuestra parte, como hemos observado el procedimiento que el Senado adoptó para designar al fiscal nacional, nos parece que también debiera existir coherencia entre el nombramiento de éste y el de los fiscales regionales.
En consecuencia, para guardar armonía en el texto del Ministerio Público, la Cámara también sugiere rechazar las modificaciones a los artículos 29 y 30.
El artículo 34 del Senado se refiere a las unidades de que dispondrían las fiscalías regionales para la ejecución de sus tareas. Siendo coherente con las modificaciones que le introdujo al proyecto, la cámara alta no precisa las unidades que debiera tener la Fiscalía. Nosotros insistimos en nuestro criterio de que ésta es una materia que, por mandato constitucional, debe quedar señalada expresamente en la ley.
Por esta razón, también recomendamos el rechazo de la modificación.
El artículo 52 establece un procedimiento para el evento de que el inculpado de una infracción fuera un fiscal regional.
Al respecto, nos parece que el texto del Senado no es lo suficientemente claro desde el punto de vista de las apelaciones, de modo que preferimos que esta disposición pase a comisión mixta, a fin de darle una redacción clara, que impida interpretaciones equívocas a futuro.
En el artículo 53, el criterio de la Cámara fue prohibir a los fiscales emitir opiniones respecto de los asuntos de que están conociendo, mientras que el del Senado ha sido regular armónicamente todo lo que se refiere a opiniones o informaciones en el Código Procesal Penal, razón por la cual lo ha suprimido. Sin embargo, a nuestro juicio, esta materia debiera quedar incorporada en la ley orgánica del Ministerio Público y no en el Código procesal penal.
Por último, el artículo 4º transitorio.
La Cámara de Diputados estimó necesario incorporar una norma que sujetara la vigencia de la ley orgánica del Ministerio Público a la existencia de la Defensoría Pública. Como nos parece que el Ministerio Público y la Defensoría Pública forman un sistema, estimamos inconveniente que exista el primero sin la segunda. El Senado no lo ha estimado así, por lo que ha eliminado este artículo.
La Comisión, por unanimidad, ha estimado conveniente insistir en que la ley orgánica del Ministerio Público debe entrar en vigencia cuando exista una adecuada organización de la Defensoría Pública, con el objeto de garantizar de la mejor forma posible los derechos de los inculpados.
Eso es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Debo hacer presente que el texto del informe que se nos entregó es bastante completo y preciso.
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, mi posición y la de mi partido es votar favorablemente gran parte del articulado de este proyecto de ley, porque fue perfeccionado en el Senado. Además, sabemos que las modificaciones fueron el resultado de algunos acuerdos que allí se lograron con el Ministerio de Justicia, con distintos partidos políticos e, incluso, con la Corte Suprema. Sin embargo, quiero fundamentar nuestro rechazo, excepcional, a ciertas modificaciones. En concreto, al artículo 15 -10 de la Cámara-, que se refiere a la forma de designación del fiscal nacional.
Según el procedimiento aprobado por la Cámara de Diputados, el fiscal nacional será designado por el Presidente de la República , a propuesta en una quina de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado, previo concurso público de antecedentes. Agregó que los postulantes que reuniesen los requisitos legales serían recibidos, en una audiencia pública citada especialmente al efecto, por el pleno de la Corte Suprema, en la que se conocería la nómina de los candidatos y sus antecedentes, y los ministros de la Corte Suprema podrían preguntar a los candidatos acerca de los antecedentes presentados.
El Senado consideró que la audiencia pública podría ser peligrosa o no estar de acuerdo con nuestra tradición. Por lo tanto, estableció que la Corte Suprema podrá disponer la forma en la cual el pleno oirá a todos los postulantes en la audiencia en que deberán conocerse los antecedentes de los postulantes a fiscal nacional; es decir, podrá decidir si lo hará en forma pública o privada. Pero para darle cierto carácter público, agrega, en el inciso segundo, que los postulantes a fiscal nacional deberán presentar, además de sus antecedentes, una minuta “que contenga los criterios que estimen relevantes para el adecuado cumplimiento de las funciones que la ley entrega al fiscal nacional y, en especial, sus propuestas sobre las políticas de actuación del Ministerio Público en la investigación de los hechos punibles...”.
En definitiva, además del concurso público, el Senado está solicitando que los postulantes a fiscal nacional presenten una especie de programa de gobierno para los próximos diez años, el cual debe ser difundido en forma pública, obviamente a través de los medios de comunicación; pero, con posterioridad, cuando el Pleno conozca de estos antecedentes, la Corte Suprema decide si la audiencia se hace en forma pública o privada. Conociendo su tradición, sabemos que será reservada.
El Senado propone que los postulantes presenten su programa de gobierno y que se discuta a través de los medios de comunicación; pero también que se cierre la discusión al momento en que decida la Corte Suprema.
En definitiva, estamos en el peor de los mundos, porque la lógica indica que si queremos un procedimiento público, se haga en el órgano llamado a decidir; en este caso, el Pleno de la Corte Suprema.
Por eso llamo a rechazar el artículo 15 para ver la posibilidad, en comisión mixta, de restablecer las audiencias públicas y, obviamente, de dejar fuera las minutas con programas de gobierno de los postulantes a fiscal nacional. Me parece un contrasentido oponerse a las audiencias públicas, en circunstancias que el Pleno los oirá en forma reservada.
Llamo a rechazar también el artículo 16, por ciertos problemas para definir si el cargo de fiscal nacional será o no renunciable y, en caso de aceptarse que lo sea, sí cabe que el Senado ratifique esta renuncia o, más bien, que declare por los dos tercios de sus miembros que los motivos son justificados.
También cabe rechazar el artículo 20, porque hay un asomo de inconstitucionalidad, ya que la Constitución Política, en su artículo 80 B., señala que las atribuciones de la Fiscalía Nacional deben estar claramente señaladas en la ley orgánica constitucional, mientras que el artículo 20 del Senado pareciera, por su redacción, delegar esta función en el fiscal nacional.
Concordamos con la plena flexibilidad que requerirá este órgano para adecuarse a las regiones y a las diversas realidades que estará sirviendo; pero eso no significa dar todas las atribuciones a la Fiscalía Nacional para organizar el Ministerio Público, funciones que deben estar contempladas en la ley orgánica constitucional.
El artículo 53 fue suprimido por el Senado y aprobado por la Cámara en los siguientes términos: “Sin perjuicio del derecho a informar, antes de formular la acusación, los fiscales se abstendrán de adelantar opinión respecto de los asuntos de que esté conociendo el Ministerio Público”.
Desde que se discutió el Código de Procedimiento Penal y, posteriormente, la ley orgánica del Ministerio Público, he rechazado la prohibición de emitir opiniones, básicamente porque el gran cambio de la reforma procesal penal es la publicidad de sus actos. Por ello, la investigación y también las actuaciones de este órgano deben ser públicas, salvo aquellas que se declaren reservadas y que están contempladas en el Código de Procedimiento Penal. En todo caso, la regla general es la publicidad.
Por otro lado, nos hemos manifestado partidarios de las libertades de información y de expresión, cuya línea divisoria en una investigación informal -no ritual, pública- entre una información de hecho y una opinión -que se deslice o no- del Fiscal, es, en verdad, muy sinuosa y muy débil.
Por lo tanto, me parece que establecer, por un lado, la posibilidad de informar de los hechos que se están investigando por el Fiscal; pero, por otro, prohibir que emita opiniones, puede significar, al final, que se prohíba todo: informar sobre los hechos y también emitir opiniones. A la larga, eso me parece absolutamente inconsecuente con la reforma procesal penal y, además, con el contexto cultural y jurídico del sistema democrático que deseamos establecer. Pensamos que necesariamente todo aquello que pueda ser publicable debe estar entregado al conocimiento de la opinión pública, y tenemos claro que uno de los puntos básicos de esta reforma es la Defensoría Pública. Por lo tanto, si el fiscal nacional señala ciertos hechos o emite alguna opinión, al Defensor Público le corresponderá rebatirlo; pero lo peor es establecer una norma que, al final, no se cumpla, ya sea porque se cierra la información a todo evento, por la lógica de los hechos, o simplemente, porque, de todas maneras, emitirá opiniones.
Voy a rechazar también los artículos 1º y 3º del Senado. Dado que sustento una opinión contraria a la de nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo hago en forma testimonial, porque creo que, tal como los aprobó la Cámara de Diputados, tenían mucho más que ver con la naturaleza jurídica del órgano que estamos creando.
La Fiscalía del Ministerio Público es un órgano acusador que debe investigar los hechos punibles y la responsabilidad de quienes participaron en ellos; pero no le corresponde investigar la inocencia de los responsables, tal como señala el artículo 1º de este proyecto de ley orgánica constitucional. Reconozco que está así en el texto constitucional; pero me parece que el criterio de establecer la inocencia en la ley orgánica, como la despachó la Cámara de Diputados, era exigir un principio de objetividad, es decir, que cuando emergieran hechos que exculparan de responsabilidad o la atenuaran, el Fiscal debía tenerla en consideración al momento de acusar. Distinto es que, al definir este órgano, el artículo 1º establezca que al Fiscal le corresponde investigar también los hechos que establezcan la inocencia del inculpado.
Por eso, en forma menos testimonial -y agradezco a los diputados que compartan mis observaciones- voy a rechazar los artículos 1º y 3º del Senado.
He dicho.
-o-
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Quiero saludar, a título personal y en nombre de varios señores parlamentarios, ex alumnos de colegios jesuitas a través del país, a los estudiantes del séptimo año básico del Colegio San Ignacio, de Santiago, que visitan el edificio del Poder Legislativo, encabezados por su profesora jefa, señora Marcia Cabaña.
(Aplausos).
-o-
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , en primer lugar, disiento de la opinión de la diputada señora Pía Guzmán , en cuanto a rechazar los artículos 1º y 3º del Senado.
Ella misma me evita un argumento de texto al reconocer que esos artículos cumplen con la Constitución Política, pues no hacen sino reproducir lo que está consagrado en la Carta Fundamental. En consecuencia, me evito una argumentación que ya se me ha concedido al aceptar que esos preceptos provienen de la Constitución Política.
Además, en esta misma materia quiero señalar que, cuando aparece un hecho que exculpa o conlleva hacia la inocencia del imputado, ello no significa que el ministerio público no tenga que investigar si concurre o no esa causal; igualmente debe elaborar una tesis, recoger antecedentes, analizarlos, procesarlos y después determinar si efectivamente se transforma o no en una causal que exime de responsabilidad al imputado.
Pongo el siguiente ejemplo: si aparece la prescripción o hay una ley de amnistía, o verdaderamente el imputado está en un lugar muy distinto de donde ocurrieron los hechos, no hay duda de que el fiscal, el ministerio público, de buenas a primeras no lo puede creer y tiene, necesariamente, que investigar esos hechos para concluir que existe exención de responsabilidad.
En segundo lugar, voy a reforzar los argumentos que se han dado en cuanto al rechazo de la inexistencia de audiencia pública. En eso coincido con la diputada señora Pía Guzmán. Creo que el criterio de la Cámara era mucho más claro en orden a exigir antecedentes en este concurso público; que los señores ministros de la Corte Suprema les preguntaran a los postulantes acerca de sus valores éticos y democráticos. No es lo mismo decidir que este alto cargo lo ocupe una persona con prejuicios étnicos determinados o valores trastrocados respecto de lo que debe ser la seguridad ciudadana o la convivencia en una sociedad cristiano-occidental.
En consecuencia, a través de este criterio, la Cámara estaba exigiendo dos cosas:
En primer lugar, idoneidad del fiscal nacional y, en segundo término, que tuviera esa concepción ética y democrática de nuestra sociedad y que se moviera dentro del marco de esos valores. Sin embargo, el Senado propone una especie de programa de gobierno como si aquí estuviéramos en una elección, donde se fuera a conseguir votos, y resulta que ese programa o minuta también puede ser elaborado por una institución académica, una organización no gubernamental y, a lo mejor, ni siquiera depende del conocimiento, de la calidad ética del postulante, sino de terceras personas.
Por otra parte, al aceptar esta minuta o propuesta de política de actuación del ministerio público, postulada por el Senado, la pregunta que surge es quién va a juzgar, a sancionar, si el Fiscal, durante los diez años que va a durar, no cumple con su propuesta, no la lleva a cabo. ¿Lo va a remover la Corte Suprema por esa situación? Por lo tanto, nos parece absolutamente equivocado el criterio del Senado y por eso voy a rechazar el artículo 15.
Respecto de la gran discusión que se suscitó acerca de si el Fiscal debía emitir o no opinión adelantada, discrepo de lo que ha manifestado la diputada Pía Guzmán. Estamos viendo que en el mundo entero hay asociaciones de fiscales con distintas orientaciones, con diferentes valores y, por consiguiente, se trenzan en disputas axiológicas. Aún más, se pueden trenzar en disputas jurídicas y, si ellas se llevan a los medios de comunicación, la opinión pública percibiría que el ministerio público no es un órgano adecuado para actuar con absoluta independencia, objetividad e imparcialidad. Apreciará que en la arena de los medios de comunicación se debatirán poco menos que los juicios criminales, se anticiparán opiniones jurídicas, lo cual, en mi opinión, sería un desastre. Diferente es que los medios de comunicación puedan informar acerca del proceso que se está llevando a cabo en el ministerio público. Ellos sabrán dónde obtienen la fuente de su información, y ese derecho, acá, no se conculca.
En consecuencia, nos parece que los fiscales, antes de la acusación, no pueden debatir en público ni anticipar opiniones sobre los casos que están llevando. Aún más, sostenemos que esta prohibición debe estar en la ley orgánica del ministerio público, porque -haciendo una comparación- el Código Orgánico de Tribunales prohíbe a los jueces adelantar opiniones. Lo mismo debe suceder respecto de los fiscales, en cuanto a que esta prohibición se establezca en su ley orgánica y no en el Código Procesal Penal -como parece señalarlo el Senado- para colocarlos a nivel de la policía. Creo que la policía tiene un papel distinto, es colaboradora, un órgano auxiliar del ministerio público y, por lo tanto, su tratamiento legal tiene que ser diferente. Además, la ley orgánica constitucional, por su jerarquía, tiene mayor rango que la ley común.
Por último, quiero abordar el tema de la renuncia del fiscal nacional. Al revés de lo que sucedió en la Cámara, en que no hubo disposición alguna sobre el punto, el Senado estableció la institución de la renuncia, aun cuando no la dispone la Carta Fundamental, puesto que el fiscal nacional expira en sus funciones por muerte, por cumplimiento del plazo o por destitución dispuesta por la Corte Suprema. Aquí, el Senado compara la situación del fiscal nacional con la del Presidente de la República , conforme al artículo 49, número 7), de la Constitución, en circunstancias que el artículo 80, letra G., de la misma, no prevé tal situación. Por eso, nos parece inconstitucional establecer, al margen de la Carta Fundamental, una causal de expiración no preceptuada y, más aún, en la forma que la plantea el Senado, haciéndola equivalente a la renuncia presentada por el Presidente de la República.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de la palabra, en representación de la UDI, el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, al cual estamos abocados para despacharlo a la brevedad, es uno de los más importantes que hemos analizado, pues dice relación con el nuevo sistema de Código de Procedimiento Penal que se implantará en Chile.
Simplemente, señalaré dos líneas argumentales.
En primer lugar, reconocer el trabajo que el Senado ha realizado al respecto. Creo que ha actuado con la misma abnegación que la Cámara de Diputados. Creo que, en general, aquí se vio que, cuando hay problemas de país de por medio, hay capacidad de reflexión común y de elaborar documentos bien pensados; existe una conceptualización adecuada en su trasfondo y, obviamente, esperamos que sean especialmente útiles cuando el sistema funcione. Ojalá se contribuya a que sean eficientes y se logre que haya un acceso a una justicia más eficaz y más rápida para todos los chilenos.
Nunca debemos perder de vista lo que hay detrás de estos proyectos. Son parte de una reforma procesal penal clave para que funcione en forma más eficiente la justicia. Es el sentido con el cual, nosotros, como bancada, con el diputado Bartolucci, queremos enfrentar el tema.
Repito que lo primero es reconocer que, en general, hubo un trabajo adecuado de parte del Senado, el cual se compatibilizó, en casi todo, en forma muy exitosa, con el que efectuamos en la Cámara de Diputados. Aun cuando no hay grandes modificaciones -porque si vamos a la esencia de lo que constituye el proyecto de Ministerio Público entenderemos que hay quinientos o seiscientos temas alrededor o en la periferia-, no es menos cierto que en algunos de ellos hay discrepancias legítimas, que no obedecen en todo caso a problemas de principios, sino a temas de prudencia.
Creo que eso ayudará mucho a llegar a acuerdo en la comisión mixta, en caso de rechazarse algunas de las modificaciones del Senado, como parece ser la tónica. Debemos comprender que aquí no estamos sujetos a esas fijaciones que a veces se sitúan en el campo legislativo o político cuando hay principios envueltos, lo que dificultaría llegar a acuerdos. No hay principios envueltos, sino criterios de prudencia, de oportunidad, que son discutibles, pero que facilitan mucho el lograr acuerdos como, no me cabe duda, los habrá a la brevedad.
De las más de diez modificaciones que la Cámara propone rechazar, quiero referirme a las cuatro más sobresalientes. La primera está relacionada con el artículo 15, respecto de la audiencia pública. Pensamos que ésta constituía un avance para la adecuada transparencia de los antecedentes presentados por cada uno de los candidatos. Más aún, a que los miembros de la Corte Suprema puedan dirigir públicamente consultas a las personas interesadas.
A mi juicio, esta innovación apunta en el sentido correcto y no debiera generar dificultades mayores, en la medida en que sea aplicada con buena fe y criterio de ordenamiento institucional, como es el deseo de la inmensa mayoría de las personas involucradas en este proceso.
Ahora, éste es un tema opinable. El Senado busca una fórmula distinta, para lo cual tiene su argumento. Insisto en que es mucho mejor la audiencia pública, la que completa el cuadro de transparencia buscado en el ámbito judicial. Pero es un tema discutible, que habrá que evaluar, aun cuando le doy importancia especial en el sentido de que resulte tal como lo planteó nuestra Corporación.
La segunda, punto que no ha sido asumido por otros parlamentarios, tiene atingencia con la supresión de la unidad de atención de víctimas y testigos, establecida en el artículo 27. Lo digo, porque me tocó ser parte de esa discusión. Al respecto, si hay algo en lo que podemos innovar, mejorar en el campo de la justicia, es la comprensión del ciudadano común de que ésta no es una zona oscura, de iniciados, sino que es un espacio para pedir lo que le corresponde a cada cual. Es obvio que hay una diferencia, una distancia sideral entre el que tiene conocimientos jurídicos, para quien el tema judicial es una práctica común, y el que sólo en forma muy esporádica recurre al sistema como involucrado dentro de un proceso.
Por eso el tema no es menor. El hecho de que haya una unidad de atención especial en este campo, apunta a facilitar la vida, la comprensión de los problemas a las personas involucradas en el tema procesal penal, el que no será nada de fácil, sobre todo después de la primera etapa. De ahí que asigno especial importancia a este punto, porque tiene que ver con las medidas de transparencia que los parlamentarios debemos buscar cuando las instituciones funcionen en plenitud.
La tercera, se refiere al artículo 53, tema que ya fue discutido y lo seguirá siendo, en cuanto a las limitaciones que se le colocan al fiscal.
Dicho artículo consigna: “Sin perjuicio del derecho a informar, antes de formular la acusación, los fiscales se abstendrán de adelantar opinión respecto de los asuntos de que esté conociendo el Ministerio Público”. Este concepto fue derogado por el Senado.
Al respecto, me atrevo a decir que de todos, aquí se presenta el problema más de fondo, porque tiene que ver con el funcionamiento y la naturaleza de la institución. Es muy complejo que un fiscal que representa al Ministerio Público, una institución del Estado, con un tremendo poder, se sienta facultado para entregar una opinión antes de formular la acusación respecto de los asuntos que esté conociendo. Eso, conforme con el mundo moderno, en particular con los medios de comunicación, puede implicar mucho más que una opinión: puede ser una condena o una absolución.
En este punto, parlamentarios de distintos sectores hemos coincidido en que hay que ser muy cuidadosos, ya que dentro del proceso penal hay principios delicados, que pueden afectar la honorabilidad o la credibilidad de las personas, de una víctima o de un eventual acusado, que después será muy difícil, por la vía de la resolución, limpiar o desmanchar.
Por ello, asigno una importancia fundamental al artículo 53. No cabe duda de que es un tipo de fiscal distinto de aquel que se siente facultado a algo. En derecho público y por la práctica moderna, se sentirá casi incentivado a opinar respecto de temas propios y delicados.
Por último, el artículo 4º transitorio, que supedita la entrada en vigencia de esta futura ley a la aplicación de la ley de Defensoría Penal Pública.
El tema es relevante, pues no cabe duda de que con el Ministerio Público estamos creando un ente importante, con mucho poder, que puede apabullar a una eventual víctima, la cual también tiene derecho a contar, por lo menos, con la opción de una defensa adecuada, que estamos tratando de definir a través de la defensoría.
En la medida en que logremos armonizar bien lo que se puede hacer en la primera etapa, es obvio que en el régimen pleno de funcionamiento debe haber una defensoría pública funcionando y, como contrapartida, en marcha, un Ministerio Público poderoso.
De ahí que junto con considerar que el trabajo de ambas cámaras ha sido interesante y de aprobar, virtualmente, todo lo del Senado, nos sumamos a la posición de los parlamentarios que hemos hecho presente el rechazo de once modificaciones. En particular, creo importante destacar las que dicen relación con los artículos 15, 27, 53 y 4º transitorio.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra, en representación del Partido por la Democracia, el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar nuestra satisfacción por el avance que ha tenido el proceso de reforma al procedimiento penal, gracias al trabajo de su principal impulsora, la señora ministra con su equipo asesor, y del Congreso. Creo que hemos avanzado en forma sustantiva en este proyecto de ley, uno de los más importantes del actual período presidencial.
En cuanto a la iniciativa, quiero expresar que comparto cada uno de los criterios y conceptos de la Comisión de Constitución de la Cámara para rechazar parte de las enmiendas introducidas por el Senado. Sin embargo, en esta oportunidad, deseo explicitar con mayor precisión y fundamento nuestro rechazo al artículo 4º transitorio.
Esta disposición señala las fechas en que entrará en vigencia la normativa de esta ley que, como bien se sabe, irá en forma gradual y escalonada en el tiempo y en diferentes regiones del país. En una primera instancia, la Cámara había acordado que los plazos o fechas en los cuales entrarían en vigencia las normas que autorizan al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y proteger a las víctimas y los testigos, quedarían en suspenso hasta la publicación de la ley de Defensoría Penal Pública.
¿Por qué se intenta reponer esta norma? Por algo muy simple, pero, al mismo tiempo, muy contundente. El derecho a la defensa aparece en este nuevo sistema penal de enjuiciamiento como una de las garantías básicas que asisten al individuo, al ciudadano, frente al importante poder estatal que ha asignado el nuevo sistema al Ministerio Público. Y esta garantía está incorporada en la Carta Fundamental. Además, existen varias normas en el nuevo Código procesal penal que establecen, como requisito de validez de diversas actuaciones, la presencia de esta Defensoría Penal Pública.
En consecuencia, la inviolabilidad del derecho a la defensa es la garantía fundamental, que torna operativas todas las demás, y que asiste a toda persona desde que se le atribuye participación en un hecho punible por o ante alguna autoridad de persecución penal.
En tal sentido, no puede existir ni la más mínima limitación temporal a ese derecho y, por cierto, debe ser garantizado en la forma más amplia posible.
De nada serviría tener un sistema procesal penal, la consagración del derecho a ser oído, la presunción de inocencia, incluso la intervención en la causa, si no hay un pie de igualdad que garantice ese derecho.
Durante la tramitación del proyecto, se ha repetido con insistencia que uno de los principios rectores que inspira la reforma penal es, precisamente, el debido proceso, que exige la plena igualdad de instrumentos entre el inculpado, por una parte, y el que tiene a su cargo el sostenimiento de la acción penal, por la otra.
Tal principio explica que frente al Ministerio Público, como órgano que representa a la sociedad y a la víctima, dotado de enormes capacidades, como se ha dicho, tanto financieras como humanas, es necesario levantar, por la otra parte, una defensa con igual capacidad para respetar los intereses y los derechos de los inculpados.
De ahí que debemos reconocer que nuestra realidad procesal indica que ni las actuales corporaciones de asistencia judicial ni los abogados de turno están en condiciones de cumplir, ni siquiera medianamente, con el principio rector del sistema procesal penal de que debe existir plena igualdad de condiciones entre la sociedad y la víctima, por un lado, y el inculpado, por el otro. Desde este punto de vista, consideramos que debe mantenerse la normativa de la Cámara.
Por este motivo, la bancada del PPD, obviamente, votará a favor del acuerdo de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señor Presidente, es muy satisfactorio estar al final del debate del proyecto que fija la ley orgánica del Ministerio Público, sobre todo porque ha habido un alto consenso, tanto en el Senado como en la Cámara, ya que de ochenta y ocho artículos, sólo en diez se han objetado las modificaciones, respecto de las cuales el Comité Socialista va apoyar el acuerdo alcanzado en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sin embargo, quiero puntualizar algunos aspectos sobre la materia.
Es cierto lo que dijo la diputada señora Pía Guzmán , en el sentido de que los artículos 1º y 2º que propone el Senado se apartan de la función del fiscal, ya que exigen que investigue tanto las inculpaciones como las pruebas que acrediten la inocencia, en circunstancias que esa tarea es totalmente contradictoria y va en contra de un buen procedimiento, como ocurre hoy cuando el juez, por una parte, debe investigar y acusar y, por otra, juzgar y condenar.
De manera que es cierto, repito, lo que dijo la diputada señora Pía Guzmán , pues eso va más allá del principio de objetividad en que se funda el Ministerio Público, principio que sólo significa que no debe ocultar una prueba de inocencia.
Lamentablemente, en esto la propia Constitución obliga, porque señala la doble función del Ministerio Público, lo que nos lleva a que en el futuro se le introduzca una modificación para que se especifique que la tarea del fiscal es la de investigación y, por lo tanto, de preparación de la acusación, pero no la de acreditación de la inocencia.
Por lo tanto, en la Comisión no se rechazaron los artículos 1º y 2º que propone el Senado, porque, sin duda, son una consecuencia de la Constitución.
Otro punto que vale la pena destacar se refiere al artículo 53, que establece la prohibición de opinar por parte del fiscal antes de la acusación. Con toda razón, en la Comisión se rechazó la proposición del Senado de suprimirlo. De otra manera, se quebraría una larga tradición en nuestro país y en Latinoamérica: el asunto controvertido se ventila en el juicio, en el proceso mismo, no a través de los periódicos y de otros medios de comunicación. Por el contrario, si se permite que el fiscal opine, es evidente que el proceso se llevará a los periódicos, con lo cual se distorsionará el juicio.
El lugar para que el fiscal exprese su opinión es el juicio oral, que tiene la publicidad correspondiente. Hay que diferenciar entre la prohibición de opinar y el acceso a la información, cosas totalmente diferentes.
La proposición que impugnamos no prohíbe informar, pero permite que el fiscal se convierta en un gran articulista o en un gran vocero dentro de los medios de comunicación y, en consecuencia, el proceso no se lleve en el juicio, sino a través de los diarios, lo cual perjudicaría a la justicia.
Por eso, estimamos que debe mantenerse el artículo 53, y esa es la opinión mayoritaria de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
También es importante el punto referente al artículo 16, en el cual el Senado introdujo la posibilidad de la dimisión del fiscal.
El fiscal nacional es uno de los más altos cargos que se ha creado en el siglo, desde el punto de vista legislativo. Es un ente autónomo, de enorme poder, y parece absurdo que a una persona con grandes posibilidades se le permitiera renunciar y, con ello, se produjera todo un juego que necesariamente desembocaría en el ámbito político, tanto por presiones para que renunciara cuanto porque él mismo dimitiera con el objeto de obtener un mayor respaldo dentro de su función, con lo cual se abriría un debate que no corresponde.
De ahí que pensemos que el cargo del fiscal nacional debe ser irrenunciable, más allá de todas las inhabilidades sobrevinientes que le pudieran ocurrir y que están contempladas en el proyecto.
En consecuencia, a nuestro juicio, no corresponde la modificación del Senado al respecto, que, además, exigiría los dos tercios de los miembros en ejercicio para la renuncia del fiscal, es decir, un requisito bastante exigente.
Otro punto muy importante, respecto del cual también discrepamos con el Senado, se refiere a la publicidad y transparencia que debe tener el acto de elección del fiscal nacional. Para lograr la transparencia, la Cámara propuso la audiencia pública, con el objeto de que todos puedan conocer claramente los antecedentes de los postulantes al cargo, y la posibilidad de que los ministros de la Corte Suprema formulen las preguntas que correspondan respecto de tales antecedentes. Pero no es posible que se plantee la presentación de una minuta que contenga los criterios que estimen relevantes para el adecuado cumplimiento de las funciones que la ley entrega al fiscal nacional, porque, por una parte, provocaría un debate innecesario y, por otra, distorsionaría la función y el papel que éste tiene. Además, aparece inconstitucional, porque la Constitución sólo habla de antecedentes, en tanto que la cámara alta se refiere a antecedentes y una minuta. Por lo tanto, la proposición del Senado sería contraria a nuestra Carta Fundamental.
Por último, es también muy relevante -no me voy a referir extensamente al punto, porque lo hizo con mucha claridad el diputado Aníbal Pérez - el artículo 4º transitorio, que sujeta la entrada de la gestión del Ministerio Público a la vigencia de la Defensoría Pública.
El mayor defecto que ha tenido el sistema acusatorio tradicional ha sido, justamente, la defensoría pública. En el último tiempo, en todas partes, el Derecho comparado ha tratado, como consecuencia de los tratados internacionales sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, de configurar junto al Ministerio Público esta otra institución con la misma fuerza, dignidad y categoría. Por eso, estimamos que esta reforma no puede ponerse en aplicación si no existen ambas instituciones, el Ministerio Público y la Defensoría Pública.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , quiero referirme a algunas de las normas que provocarán la designación de la comisión mixta, como consecuencia de las diferencias habidas entre la Cámara de Diputados y el Senado.
En primer lugar, el diputado Juan Bustos fue bastante claro al referirse a los artículos 1º y 2º de la ley orgánica en estudio. Efectivamente, es del parecer de la diputada señora Pía Guzmán y del diputado señor Juan Bustos suprimir la frase relativa a la imputación y a los que acreditan la inocencia del imputado. El diputado Juan Bustos reiteró que es absolutamente contraria a lo que establece nuestra Carta Fundamental, largamente debatida tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y durante el Congreso Pleno que le dio su aprobación final.
Quisiera ser en esto bastante claro y preciso. Durante el siglo XIX estuvimos sujetos a constituciones que los tratadistas han denominado de carácter programático, cuyas normas tenían por principal función establecer principios y criterios generales, pero carecían de un efecto que hoy es propio de las constituciones de un Estado de derecho consolidado: que la norma sea vinculante.
Es así como el artículo 6º de la actual Constitución de la República establece el principio de la supremacía constitucional, lo cual significa que todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico deben supeditarse a la norma fundamental, la Constitución, y crea mecanismos de carácter jurídico para corregir su infracción. De allí el origen de instituciones tan fundamentales en nuestro Estado de derecho, como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que conoce del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
En esto quiero ser extraordinariamente categórico. Como diputados, nuestra principal tarea al momento de legislar debe ser cumplir la norma constitucional. De allí que me parezca un tanto inoficioso y que no va al meollo del asunto el que se diga que debería mantenerse un artículo que contraría la norma constitucional. En ese aspecto, creo que lo más conveniente es proceder a la reforma de la Constitución propiamente tal.
En segundo término, se ha realizado una gran discusión en virtud de cierta transparencia y publicidad en la designación de autoridades, concretamente de las que participan dentro del Poder Judicial. De allí que muchos diputados hayan representado, con mucha fuerza, la necesidad de crear la figura de la audiencia pública.
Soy absoluto defensor de la transparencia y de la publicidad, pero cabe recalcar que la audiencia pública no es una institución propia de nuestra tradición jurídica. Y si realmente fuéramos serios, deberíamos incorporar esta figura de la audiencia pública, de partida, en la designación de los ministros de la Corte Suprema y del contralor general de la República.
Me parece grave legislar respecto de una institución, estableciendo una serie de mecanismos, como esta figura de audiencia pública, que no va en sintonía ni es armónica ni sistemática con la designación de otras autoridades que también requieren de tanta transparencia y publicidad, como los ministros de la Corte Suprema y el contralor general de la República. De allí que esté de acuerdo con la proposición del Senado de eliminarla, dejando sólo a discreción de la Corte Suprema que resuelva, en definitiva, si es o no pertinente.
Sí, estoy de acuerdo con el rechazo de nuestra comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la presentación, por parte de los candidatos a fiscal nacional, de una minuta que contenga los criterios que estimen relevantes. Eso es tremendamente peligroso, es abrir las puertas a la politiquería, a la demagogia, en la designación de una autoridad que requiere de un gran apoyo y consenso de los órganos del Estado.
Es la primera institución -y espero que no sea la única, y que también los miembros del Tribunal Constitucional sean designados con la participación de los órganos del Estado- en cuya generación participan los tres clásicos poderes del Estado de Montesquieu. Por ello, la aceptación de esta minuta va a originar una suerte de ofertones de los candidatos al cargo de fiscal nacional, los van a conocer los medios de publicidad, se van a generar debates, etcétera. Está bien que exista transparencia, pero no traslademos instituciones propias de la cultura anglosajona -donde el sherif, el juez del condado y otras instituciones se eligen por votación popular a través de una gran publicidad- a una tradición jurídica que está buscando una mayor consolidación en la publicidad y transparencia, pero que puede resultar discriminatorio respecto de otras autoridades. Por eso, apoyo la eliminación de esta minuta.
Algunos señores diputados han hecho mención al artículo 4º transitorio. La reforma procesal penal comprende una serie de instituciones que intervienen en un complejo engranaje, muy sofisticado, donde todas sus partes deben actuar en armonía y con vigor. Hemos creado y consagrado constitucionalmente la figura del Ministerio Público. Hoy votamos su ley orgánica, que desarrolla la norma constitucional; posteriormente, entrará en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, que contempla una serie de instituciones que constituyen la vida, la sangre de este todo orgánico; luego, votaremos el Código Orgánico de Tribunales, que es su estructura.
Sin embargo, esta reforma al proceso penal requiere de una defensoría pública vigorosa -no como hoy operan las corporaciones de asistencia judicial-, para que el Estado cumpla la tarea que le asigna la Constitución, en relación con la defensa jurídica de los chilenos. Más aún en este proceso penal, donde vamos a encontrar a un actor con un gran poder, el Ministerio Público, consagrado constitucionalmente, con aporte y apoyo financiero y una enorme cantidad de recursos humanos, que van a trabajar en las investigaciones. Reitero, el defensor público es una institución de la esencia del nuevo proceso penal.
Por lo tanto, se debe mantener la norma de la Cámara de Diputados, que condiciona la entrada en vigencia y su gradualidad a la existencia de una ley que crea el defensor público. De otra forma -me voy a permitir una licencia, señor Presidente -, vamos a estar en presencia de un partido de tenis, con un solo jugador o con un jugador de gran slam y otro que simplemente no participa en esos campeonatos. De ahí la importancia de que se legisle en forma urgente sobre la creación del defensor público.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, gran parte de las materias que han sido objeto de controversia con el Senado ya han sido analizadas. Por lo tanto, y para la historia fidedigna de la ley, haré una referencia general sobre algunas de ellas.
En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo realizado por el Ministerio de Justicia, en la persona de la señora ministra, y en particular, de su equipo de asesores, señores Rafael Blanco y Cristián Riego , quienes, en dos o tres años, han efectuado un trabajo anónimo, con gran eficiencia y -yo diría-, con una capacidad profesional sobresaliente. Pienso que es bueno destacar eso, para que quede en los anales de la Cámara de Diputados.
Entrando en materia, quiero expresar que no comparto el criterio que se ha esbozado, en el sentido de que en conformidad con los artículos 1º y 2º del proyecto de ley que crea el Ministerio Público, éste sólo debería cumplir el rol de acusador.
En la legislatura anterior, cuando se inició el estudio del proyecto, quedó muy claro que la finalidad del Ministerio Público era investigar. Lo que se separaba de la gestión del actual proceso penal era la investigación del juzgamiento.
La investigación que lleva adelante el Ministerio Público tiene dos fases: investigar para determinar quién va a ser acusado de un delito y quién en definitiva es inocente respecto de un hecho ilícito.
De manera que la precisión que hace el Senado en orden a que el Ministerio Público debe contribuir a establecer tanto la participación punible como los hechos que determinen la inocencia del imputado, es un equilibrio justo, es una institución idónea que debe operar en ambas direcciones. Ésa es la labor de un ente investigador, lo cual se resguarda adecuadamente con la modificación del Senado. Es decir, los fiscales no sólo van a estar a cargo de definir quiénes son responsables de un delito, sino simultáneamente tienen que analizar y estudiar los antecedentes para que a personas inocentes no se les imputen hechos delictuales respecto de los cuales no han tenido ninguna participación.
En segundo lugar -más allá de las normas cuyo rechazo aquí se ha anunciado-, pediré el rechazo del artículo 8º del Senado, inciso tercero -artículo 4º de la Cámara de Diputados-, por una cuestión de redacción.
El texto de la Cámara de Diputados establece: “El Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso a los fiscales por parte de cualquier interesado, con pleno respeto a sus derechos y dignidad personal”.
El Senado reproduce eso mismo, en la siguiente forma: “El Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso de cualquier interesado a este organismo”.
Pienso que es necesario concordar una mejor redacción, porque si hay algo importante en un organismo que va a tener tanto poder, como es el Ministerio Público, es establecer que las personas tengan un acceso adecuado a la información, con respeto y con dignidad.
Si bien la redacción de la Cámara de Diputados pudo haber parecido en algún momento excesiva, la del Senado me parece, a la inversa, extraordinariamente restrictiva. Todos sabemos que, por regla general, estos organismos públicos, debido a una sobresaturación de trabajo, muchas veces tienden a descuidar la atención de las personas que recurren para los efectos de saber objetivamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, en qué situación procesal se pueden encontrar. Pienso que ahí hay una señal de defensa, de dignidad, de respeto a las personas que están sometidas a un proceso, y me parece que la redacción podría adecuarse.
Por tal razón, considero conveniente que la citada disposición sea afinada por la comisión mixta, en la orientación que he señalado.
Por otro lado, en cuanto al mecanismo de designación del fiscal nacional, contemplado en el artículo 15, aquí se han dado opiniones muy claras, y me sumo a ellas. Este debe ser un proceso transparente, porque se está designando a la autoridad que tendrá más poder en Chile -incluso, no puede ser acusado constitucionalmente-; es quien va a manejar la institución que investiga en los juicios penales. En consecuencia, reitero, su designación tiene que ser con una transparencia, con un conocimiento y con una información que no deje dudas en cuanto a que dicha decisión fue correctamente adoptada.
Uno de sus aspectos fundamentales es la posibilidad de que se sepa que esa persona puede ser objeto no sólo de audiencias, sino de interpelación de los miembros de la Corte Suprema, que pueda contestar las consultas respecto de su criterio sobre determinadas materias, lo que servirá para ilustrar posteriormente al Senado, el cual va a resolver de la quina que le presente la Corte Suprema.
Por lo tanto, en esa materia no tengo duda de que es necesario insistir en el criterio de la Cámara, a fin de buscar una mayor transparencia y participación en la nominación de la persona que ocupará el cargo señalado.
En cuanto a la renuncia del fiscal nacional, me parece que las normas del Senado constituyen un profundo error. Está bien que la renuncia al cargo, por las razones que sean, tenga que ser calificada; pero establecer que el Senado tiene que aprobar su renuncia por los dos tercios, implica que estamos creando un zar y no un funcionario público al servicio de la justicia. Considero un exceso la norma del Senado y es necesario formar conciencia sobre la necesidad de modificarla, de manera que el día de mañana el fiscal pueda renunciar dentro de ciertos marcos de rigurosidad, pero no al extremo de incorporar una especie de camisa de fuerza.
Respecto del artículo 17 -11 de la Cámara-, también voy a pedir votación separada en el siguiente sentido.
El artículo aprobado por la Cámara señalaba que corresponde al fiscal nacional, entre otras materias, sugerir al Presidente de la República , a través del Ministerio correspondiente, escuchando previamente al Consejo General, las políticas públicas para el mejoramiento del sistema penal. Esta atribución fue eliminada por el Senado, utilizando como argumento que se incorpora en la cuenta anual que debe hacer el fiscal nacional.
En realidad, eso no es suficiente, porque puede ocurrir que en algún momento el fiscal nacional desee hacerle presente al Presidente de la República la necesidad de modificar una disposición legal, sin que para ello tenga que esperar un año. Considero absurdo esperar tanto tiempo para llevar a cabo una modificación legal. Si me equivoco o no he logrado entenderlo, le pido a la señora ministra de Justicia o a su asesor que me indique si el punto está considerado en otra norma en los términos que he señalado. Lo que nos interesa es que, si el fiscal nacional estima que en un momento determinado es necesario efectuar una modificación legal, ello se haga de inmediato, sin tener que esperar un año, como lo establece la disposición pertinente.
También tengo una duda respecto del artículo 12, que pasa a ser 18 y 19. La disposición aprobada por la Cámara establece que el fiscal nacional asumirá directamente, de oficio o a petición de parte interesada, la persecución penal. El Senado modificó esta norma, estableciendo que el fiscal nacional podrá ejercer dicha acción cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario; pero cuando se trate de hechos que lo hagan necesario por su gravedad o la complejidad de su investigación o la necesidad de operar en varias regiones hagan necesaria la conducción a nivel nacional, dicha facultad se delega en el fiscal regional.
Considero que es un error, porque el fiscal nacional podría asumir perfectamente en ambas hipótesis, no sólo en el evento de que se trate de una persona que tenga una alta investidura, sino también cuando se trate de un hecho grave o complejo. Si leemos los artículos 18 y 19 consultados por el Senado nos daremos cuenta de que difieren: mientras el 18 establece que el fiscal nacional sólo podrá actuar cuando la investidura de las personas involucradas como imputadas o víctimas lo hiciere necesario, el 19 señala que podrá disponer que lo haga un fiscal regional, cuando se trate de casos que por su gravedad o por la complejidad de su investigación lo ameritaren. No sé por qué se pone esa limitación al fiscal nacional, cuando lo lógico sería que pueda actuar en ambas hipótesis. Por eso, pido que esa norma también sea revisada.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Le resta un minuto.
El señor ESPINA.-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Me referiré brevemente al artículo 14, que pasa a ser 21. En este caso, entiendo que la modificación del Senado es correcta, pero no comparto que se elimine la opción del fiscal nacional, de entregar información al Parlamento. Me parece legítimo que, en un momento determinado, el fiscal nacional acuda a la Cámara a entregar la información pertinente, entre otras cosas, porque la función de ésta es legislar. Se trata de un intercambio, y debe quedar establecido por ley que una vez al año concurra a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación a dar cuenta de los hechos que ha conocido; que se le pueda consultar. Eso permitirá una mejor sintonía entre el funcionamiento de la Fiscalía Nacional y la Cámara de Diputados.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor ESPINA.-
Lamento no poder hacer otras observaciones que, en todo caso, no eran muchas.
Para terminar, y si su Señoría me lo permite, sólo quiero referirme al artículo 53, relacionado con el derecho a informar, que fue suprimido por el Senado. También voy a objetar esa modificación, pero por distintas razones. Pienso que esa norma debe mantenerse porque garantiza un sistema transparente e información a la opinión pública.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado señor Bartolucci , a la señora Laura Soto y al señor José Pérez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, agradezco a su Señoría y a los colegas presentes en la Sala, el tiempo que se me ha concedido.
El diputado señor Juan Antonio Coloma ya planteó la posición de nuestro partido, en cuanto que, en términos generales, vamos a aprobar las modificaciones del Senado y en algunas normas estaremos de acuerdo que sean estudiadas por la comisión mixta. Yo me referiré fundamentalmente a cinco puntos, porque el colega ya analizó los restantes.
Respecto del artículo 1º, el Senado incluyó una frase relativa a que el Ministerio Público también deberá investigar los hechos “que acrediten la inocencia del imputado”. Así lo establece la Constitución Política y, por lo tanto, así debe mantenerse. Además, nos parece que debe corresponder a una actitud que adopte el fiscal nacional en su investigación. Desde luego, él no va a defender al inocente en la audiencia pública, pero durante la investigación, obviamente tiene que tomar en consideración todo aquello que pueda acreditar la inocencia del imputado; que el delito pueda estar extinguido, prescrito, atenuado, etcétera. El fiscal nacional no puede saltarse eso en su investigación. Otra cosa es la audiencia pública.
En segundo lugar, el artículo 15 del proyecto aprobado por el Senado -10 de la Cámara-, se refiere a la designación del fiscal nacional, a la presentación de una minuta y a la eliminación de la audiencia pública. Se trata de un tema complejo y, desde luego, discutible. Por lo tanto, es conveniente que vaya a comisión mixta, para adoptar un criterio definitivo al respecto.
Asimismo, tengo muchas aprensiones respecto de la minuta que incluye la disposición del Senado. Evidentemente, se trata de una minuta elaborada sobre la base de criterios jurídicos, no obstante que lo que pide la Constitución Política es un concurso de antecedentes. Por lo tanto, incorporar una minuta de esa naturaleza para decidir quién será el fiscal nacional, va más allá de lo establecido por la Constitución. Además, entrar a un concurso de criterios jurídicos entre quienes postulan al cargo puede complicar la toma de una decisión al respecto; por algo el constituyente sólo estableció el concurso de antecedentes.
Lo relativo a la audiencia pública también es muy discutible y, por lo tanto, sería conveniente resolverlo en la comisión mixta.
Lo relacionado con la renuncia del fiscal nacional a que se refiere el artículo 16 propuesto por el Senado, también es una materia discutible que sería conveniente resolver en la comisión mixta. La renuncia del fiscal nacional, como la plantea el Senado, resulta muy engorrosa. Desde otra perspectiva, dicha renuncia también puede convertirse -como se ha dicho- en un arma de presión para el Presidente de la República. En algún momento, aquél podría tener el mismo criterio del Senado que es, en definitiva, el que debería pronunciarse sobre la renuncia, lo que, incluso, podría generar una controversia sobre importantes temas de criterio jurídico entre el Presidente de la República y el Senado, estando de por medio el fiscal nacional.
Es una situación compleja que vale la pena revisar y analizar en la comisión mixta, para ver hasta dónde queremos llegar en esta materia. Por lo tanto, es conveniente rechazar este artículo 16 para que vaya a comisión mixta.
En lo que dice relación con el artículo 53 -suprimido por el Senado-, tal como ya lo manifestaron distintos parlamentarios, también soy partidario de mantenerlo, porque prohíbe al fiscal nacional adelantar opinión respecto de los asuntos que esté conociendo el Ministerio Público. Obviamente, no debe opinar durante la investigación, porque ello nada aporta a la investigación y sólo contribuye a dar connotación pública al juicio y a su lucimiento personal. Incluso, se ha dicho que si se extralimitara, podría ser contestado por la defensoría pública.
El señor ESPINA ( Presidente accidental ).-
¿Me permite, señor diputado ? Ha terminado su tiempo.
El señor BARTOLUCCI.-
Entonces, tendríamos una discusión pública entre el fiscal nacional y el defensor público mientras se está verificando la investigación. No hay nada más inconveniente que permitir que se emitan opiniones durante la investigación.
Por último, considero que hay que mantener el artículo 83 del Senado y que no debe ir a comisión mixta. Como se trata de un tema importante, quiero referirme en dos palabras a él.
Este artículo se refiere a la asociación de los fiscales; permite su asociación, pero sólo para participar en actividades gremiales; no pueden asociarse en torno a criterios jurídicos, que después deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones, porque estarían presionados por esa asociación.
Por lo tanto, el artículo 83 ha quedado muy bien redactado en esos términos.
He dicho.
El señor ESPINA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda a la Sala la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado, salvo algunas que nos parece importante rechazar, para que vayan a comisión mixta, respecto de estas divergencias; por lo demás, existen conversaciones avanzadas para resolverlas. De esas modificaciones, mencionaré brevemente las siguientes:
Se sugiere el rechazo del artículo 15, propuesto por el Senado, por cuanto los requisitos allí establecidos para el nombramiento del fiscal nacional, en el sentido de que éste se haga no sólo sobre la base de los antecedentes, lo que es lógico, sino también de una minuta que contenga los criterios que se estimen relevantes para el adecuado cumplimiento de sus funciones, es objetable. Y las propuestas sobre las políticas de actuación del Ministerio Público, a nuestro juicio, exceden lo que debería ser el examen de antecedentes que realiza la Corte Suprema en relación con los candidatos.
En definitiva, somos de la opinión de que, más que los programas, propuestas o criterios que, eventualmente, presenten los candidatos, debe atenderse básicamente a la idoneidad del candidato. Así, por ejemplo, se puede dar el caso de un programa muy bien presentado, incluso, que haya sido encargado al postulante, y no ser éste la persona más idónea para llevarlo a la práctica.
Por lo tanto, creemos que hay que simplificar este procedimiento, sin perjuicio de reconocer que la Corte Suprema disponga cómo escuchará a los postulantes, garantizando, por cierto, condiciones de transparencia, equidad e igualdad de condiciones.
Por otra parte, para nosotros reviste mucha importancia el artículo 4º transitorio. La Cámara de Diputados proponía: “En todo caso, los plazos anteriores estarán sujetos a la entrada en vigencia de la ley de Defensoría Pública”. El Senado, a nuestro juicio, optó, equivocadamente, por eliminar este requisito. ¿Por qué es tan importante? Para graficarlo de alguna manera, imaginemos una mesa de cuatro patas: el Código de Procedimiento Penal, la ley orgánica del Ministerio Público, que estamos debatiendo; las reformas al Código Orgánico de Tribunales, que crea los jueces orales en lo penal, y la Defensoría Pública. Es decir, a nuestro entender, resulta fundamental que en la plena marcha de esta reforma judicial, cuya fecha tope es el año 2003, esté rigiendo, al menos, en esa fecha, la ley sobre Defensoría Penal Pública; de lo contrario, los inculpados quedarían en la absoluta indefensión, y sería un error absolutamente desproporcionado el rol del Ministerio Público, con 620 fiscales y 3.000 funcionarios, en relación con la Defensoría Pública, que aparecería bastante más disminuida. Por lo tanto, creemos que se debe rechazar la supresión del artículo 4º transitorio propuesto por el Senado.
Asimismo, resulta de particular interés -por lo menos para este diputado y también para la opinión mayoritaria de la Comisión- rechazar la modificación del Senado que suprime el artículo 53 de la Cámara, que dice: “Sin perjuicio del derecho a informar -al que se refería el artículo anterior-, antes de formular la acusación, los fiscales se abstendrán de adelantar opinión respecto de los asuntos de que esté conociendo el Ministerio Público”.
El fundamento de esta norma es muy sencillo, pero muy importante. El meollo de toda esta reforma consiste en que los fiscales del Ministerio Público, son los llamados a investigar, y son los jueces, especialmente de los tribunales orales en lo penal, los llamados a fallar. No podemos permitir que los fiscales den opinión, en forma anticipada, sobre los temas de que estén conociendo. La función básica del fiscal es investigar, no opinar, lo cual se puede prestar no sólo para un uso, sino para un abuso de los fiscales, en especial en una cultura audiovisual -como la que tenemos-, con el impacto de la televisión, que se alimenta de imágenes, y fiscales que, eventualmente, pueden buscar mayor protagonismo.
Por eso, solicito que la Cámara rechace, al menos, esos tres artículos de fondo, y otros siete que la Comisión, según consta en el informe, también propone rechazar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto, hasta por cinco minutos.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , quiero reiterar el rechazo al artículo 4º transitorio, norma que fue bastante debatida en la Comisión, que dice relación con el fondo del asunto, ya que le vamos a dar mucho poder a un fiscal que puede, prácticamente, tener cualquier atribución en la investigación, lo cual es muy serio porque puede producir un desbalance con las personas imputadas, inculpadas o puestas en tela de juicio, que serán, precisamente, las más pobres del país, las más vulnerables, porque quienes tienen medios económicos siempre podrán recurrir a un abogado.
Por eso, es absolutamente indispensable que se rechace la modificación del Senado, porque, de lo contrario, nos encontraremos con este tremendo poder del fiscal y con una defensoría minusválida, que borrará toda nuestra cultura penal, que es muy humanista, muy pro reo.
También es muy importante que el fiscal no tenga la facultad de opinar, porque sería peligroso, como lo hemos debatido en otras ocasiones, un fiscal a quien le guste la notoriedad, la publicidad -y los tiempos actuales se prestan para ello-, ya que puede destruir la honra y exponer la vida de una persona. El fiscal sólo debe dedicarse a informar respecto de su investigación y no a opinar ni anticipar juicio, ni dejar en la memoria indeleble de la gente que fulanito o fulanita de tal es culpable.
Por lo menos, la supresión de este artículo atenta contra los principios que rigen nuestra cultura penal.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Por último, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, honorable Cámara, el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público constituye un hecho sumamente importante y es uno de los instrumentos, en el marco del conjunto de las reformas del sistema procesal penal, que ha promovido exitosamente el Gobierno del Presidente Frei, con el objetivo de conciliar tales procedimientos con los principios de imparcialidad, eficacia jurídica, transparencia y debido proceso.
Cabe hacer presente que nuestro sistema de enjuiciamiento criminal vigente data del siglo pasado y descansa sobre un conjunto de principios recogidos de la antigua legislación castellana, de inspiración marcadamente inquisitiva. Se trata de un sistema escrito y secreto, escasamente flexible, y con una particularidad: las facultades de investigar, acusar y juzgar se concentran en un mismo órgano: el juez. Este último rasgo es, quizás, el más cuestionable de cara a la necesaria imparcialidad que debe ofrecer cualquier procedimiento judicial penal en una estado de derecho democrático, registrando nuestra historia jurídica reiterados intentos tendientes a corregir este más que centenario defecto.
Afortunadamente, gracias al encomiable trabajo desarrollado por el Gobierno y, en particular, a la dedicación de la señora ministra de Justicia , con el concurso de ambas ramas del Congreso, el Poder Judicial , Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, podemos dar inicio al siglo XXI con un nuevo sistema que garantice adecuadamente los principios de inmediación, de imparcialidad, de contradictoriedad y de publicidad a través del establecimiento de un juicio oral público ante jueces de derecho, cuya tarea será solamente emitir sus fallos.
Un órgano distinto al ministerio público será el encargado de investigar y acusar, teniendo como contraparte a la defensoría personal pública.
Ya dimos un primer paso en la configuración del nuevo sistema para aprobar la reforma constitucional del Ministerio Público, a través de la ley Nº 19.519, de septiembre de 1997. Hoy avanzamos con este proyecto de ley orgánica, que desarrolla y complementa la reforma introducida en la Constitución, aprobando una normativa cuyos aspectos más sobresalientes son los siguientes:
1º Naturaleza y funciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público aparece en el contexto de la Constitución como un organismo autónomo, jerarquizado, independiente de los demás poderes públicos en el ejercicio de sus atribuciones.
Su tarea principal consiste en dirigir en forma exclusiva la investigación de hechos que revistan los caracteres de delitos y, en su caso, ejercer y llevar adelante la acción penal pública en representación de la sociedad.
Asimismo, le compete la promoción y resguardo de los derechos de las víctimas. Como contrapartida, el impugnado gozará de los servicios de la defensoría penal pública, consagrando el necesario equilibrio de garantía de igualdad en el marco del proceso.
2º Organización del Ministerio Público.
El Ministerio Público estará conformado por el fiscal nacional, un consejo asesor del fiscal nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos.
El fiscal nacional es el jefe superior del organismo y será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de cinco personas que propondrá la Corte Suprema. Dicho nombramiento deberá ser ratificado por los dos tercios de los senadores en ejercicio.
De esta forma, la persona que resulte elegida gozará del respaldo y legitimidad necesarios para desempeñar tan altas funciones.
El fiscal nacional contará con un consejo asesor que tendrá atribuciones consultivas respecto del funcionamiento, de criterios y de actuaciones del Ministerio Público.
Con miras a descentralizar el quehacer del organismo existirán fiscales regionales, quienes ejercerán las funciones del Ministerio Público en el territorio jurisdiccional de su región por sí y a través de los fiscales adjuntos de su dependencia.
Cabe hacer presente que, además de los nuevos jueces de garantía, de los jueces de juicio oral y de los demás comprendidos en proyectos de reforma al sistema penal, el Ministerio Público tendrá 642 fiscales y 2.975 funcionarios especializados. Si consideramos que hoy existen 642 fiscales y sólo 244 jueces del crimen en primera instancia, es posible apreciar el significativo avance que representará esta reforma.
Todos estamos conscientes de que la seguridad ciudadana, con el aumento de la delincuencia, es una de las principales preocupaciones de la comunidad.
Por ello, tengo la certeza de que el paso que estamos dando hacia la configuración del nuevo sistema dará plena satisfacción a las expectativas, hasta ahora no resueltas, de una justicia más ágil, eficiente, equitativa y al alcance de toda la gente, especialmente de los sectores más necesitados.
La bancada radical votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
Tiene la palabra la ministra de Justicia , señora Soledad Alvear.
La señora ALVEAR, doña Soledad ( Ministra de Justicia ).-
Señor Presidente , luego de producida la discusión del proyecto de ley de Ministerio Público, aprobado en el Senado y tanto en Comisión como en la Sala de la Cámara de Diputados, creemos que los 11 artículos sugeridos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara para que sean revisados en comisión mixta recogen las inquietudes planteadas por las diputadas y diputados que han hecho uso de la palabra.
En esa perspectiva, a nosotros nos parece suficiente, a fin de aclarar las dudas surgidas, que tan sólo esos preceptos vayan a comisión mixta, a objeto de dirimir las diferencias que existen entre ambas cámaras.
Quiero tan sólo contestar algunas otras inquietudes adicionales que se han planteado esta mañana.
La primera dice relación con el artículo 1º. Debo recordar que el precepto aludido recoge el texto constitucional, de manera tal que no vemos la necesidad de que vaya a comisión mixta.
Lo mismo sucede en relación con el artículo 3º permanente, por cuanto el texto que el Senado ha aprobado recoge, a nuestro juicio en forma adecuada, el principio de la objetividad, y así fue considerado por la mayoría de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia,
Tampoco consideramos necesario que el inciso tercero del artículo 8º vaya a comisión mixta. La norma dispone que el Ministerio Público adoptará las medidas administrativas tendientes a asegurar el adecuado acceso de cualquier interesado a este organismo.
Se estimó por un honorable señor diputado que no era suficiente el texto redactado por el Senado en torno de la forma en que se atendería idóneamente a las personas que fuesen al Ministerio Público.
Sobre el particular, dos comentarios. Primero, se espera del Ministerio Público que cuente con fiscales operativos para realizar su trabajo de investigación, y segundo, para recoger en forma adecuada el criterio que la honorable Cámara pueda tener en relación con la forma de atender al público, cabe recordar que la comisión de Constitución sugiere a esta Sala que el artículo 27 del texto del proyecto sea llevado a comisión mixta, esto es, lo relativo a la unidad de atención de víctimas y testigos, de manera que estas proposiciones pueden ser perfectamente recogidas ahí, lo que hace innecesario que la norma vaya a comisión mixta.
Respecto a los artículos 18 y 19, que se sugiere agregar al listado de los 11, tampoco nos parece preciso adoptar ese procedimiento. En efecto, estos artículos se refieren a aquellos casos excepcionalísimos en que el fiscal nacional, atendida la investidura de las personas, asuma la responsabilidad de la investigación de esos hechos delictivos. Se advirtió en la Sala esta mañana la conveniencia de que aquellos hechos que hayan ocasionado alarma pública, por la complejidad o por los hechos cometidos en distintas regiones, fuesen también de conocimiento del fiscal nacional.
El artículo 19 recoge adecuadamente la inquietud de que sea un fiscal especial quien tenga conocimiento de ese tipo de delitos. En el caso planteado, habrá un fiscal regional que se hará cargo de la investigación de los delitos.
Por último, en relación al artículo 21, que se sugiere llevar a comisión mixta, nos parece importante explicar que la cuenta que el fiscal va a tener que realizar en forma anual es, como su nombre lo indica, pública.
Desde luego, las comisiones especializadas tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, podrán conocer de esa cuenta pública, así como también cualquier persona que se interese por la misma.
Desde esa perspectiva, nos parece suficiente que exista esa cuenta pública para conocer los temas que el fiscal nacional estime pertinente difundir a la opinión pública. Por lo demás, en forma adicional, existe la posibilidad de que en el futuro la Cámara y el Senado, a su vez, inviten al fiscal nacional cuando se trate alguna iniciativa legal en que su opinión sea necesaria para una adecuada evaluación de los parlamentarios.
Por eso, aunque existe diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Diputados, nos parece que acotarlos a los 11 artículos que esta Comisión especializada sugiere llevar comisión mixta, son suficientes para dirimir las dificultades surgidas.
Gracias, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).-
Muchas gracias, señora ministra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento de la Sala para insertar los discursos de los diputados Urrutia, Jiménez y Sánchez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-Los discursos, cuyo texto se acordó insertar, son los siguientes:
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, honorable Cámara, el proyecto que nos ocupa, tal como lo han señalado los colegas que me precedieron en el uso de la palabra, es una parte fundamental del profundo proceso de reforma a la justicia criminal chilena y, por ende, su discusión debe centrarse en los intereses permanentes del país y de la sociedad, que debemos salvaguardar como representantes populares.
Este tercer trámite constitucional nos enfrenta a una enorme cantidad de modificaciones del Senado que, tal como lo ha expresado el diputado informante , en general han sido bien recibidas y valoradas por nuestra Comisión técnica de Constitución, Legislación y Justicia. No quiero detenerme en cada uno de los 11 artículos, respecto de los cuales la Comisión recomienda su voto negativo, con el objeto de consensuar nuevos contenidos o incluso sólo nuevas redacciones en la comisión mixta a la cual se dará lugar. He escogido tres normas que me parecen delicadas y respecto de las cuales es necesario fortalecer el criterio sostenido en el informe que tenemos a la vista.
Específicamente, me referiré a las normas sobre conformación de la quina que la Corte Suprema debe someter a consideración del Senado para el nombramiento del fiscal nacional, a la organización y atribuciones del Ministerio Público y a la calendarización del proceso de implementación práctica de la reforma.
Sobre el primer punto -nombramiento del fiscal nacional, coincidimos en lo central con el criterio de la Comisión de defender el texto aprobado en el primer trámite constitucional y que refuerza la transparencia del concurso de antecedentes, mediante una audiencia pública con los candidatos que se presenten a la conformación de la quina en el Tribunal Supremo. Creemos que la modificación del Senado puede dar pie a las entrevistas “personales” con los ministros, cuestión que es de suyo complicada, y que da pie a situaciones irregulares de tráfico ilegítimo de influencias. Hay un detalle que salta a la vista y que creo, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley debe quedar meridianamente claro, y es el hecho de que cuando los concursantes que postulen a incluirse en la quina, presentan una minuta escrita sobre lo que estiman debiera ser la política o la manera de cumplir la función de la prosecución penal, no se podría considerar que el postulante sienta las bases de una política general de prosecución criminal, pues ella está incorporada en la política criminal general del Estado, cuyo diseño es propio del nivel político gubernativo, Ministerio de Justicia, y de los otros organismos públicos involucrados, policía y, sobre todo, los altos tribunales de justicia y, por supuesto, del Consejo General del Ministerio Público. En esta parte, se nota la falta en nuestra institucionalidad de al menos un gran Consejo de la Magistratura, como los existentes en España o Italia, que sí son espacios técnicos, pero también democráticos y plurales, para determinar asuntos tan importantes para una sociedad moderna.
Otras normas que nos llaman la atención son las referidas a la organización y atribuciones del fiscal nacional. Me parece inconveniente que los aspectos orgánicos, a juicio del Senado, queden en manos del fiscal y que éste, en un marco de hiperflexibilidad, pueda “terminar de organizar su servicio”. Esto, por una parte y como lo consigna el informe, tiene visos de inconstitucionalidad y, por otra parte, puede crear espacios para la arbitrariedad o para la inestabilidad de los órganos y los funcionarios a su cargo. En lo relativo a las atribuciones, resulta complicado que estando ya en un tercer trámite no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuáles deben ser éstas. En todo caso, antes de aprobar el texto senatorial, es preferible recurrir a la comisión mixta para consensuar un nuevo texto.
Finalmente, está el tema de la calendarización del proceso de implementación de la reforma. Al respecto quiero, más que afirmar, preguntar, por su intermedio, señor Presidente , a la señora ministra, sobre la efectividad de la noticia que dio cuenta de un retardo general de la reforma, en parte por problemas de financiamiento de la misma. Asimismo, quiero hacer presente mi convicción de que cualquier cosa que hagamos no será suficiente si no se dota a la Defensoría Pública de las herramientas y recursos humanos y materiales para un buen desempeño. Este organismo es el contrapeso natural del Ministerio Fiscal y, por ende, para un adecuado equilibrio de poderes no pueden quedar en planos de importancia distintos. Hasta ahora, la defensoría pública en manos de las Corporaciones de Asistencia Judicial son los hermanos pobres del sistema, sumidas en un franciscano estado de pobreza material, lo que obliga a que en lugares apartados de la Patagonia, mi región, los jueces, ante la falta de abogados que puedan ejercer el turno de defensoría y fruto de la distancia con Coihaique o Puerto Aisén, que es donde funcionan los consultorios -y pongan atención los letrados-, incluso contestan ellos mismos las acusaciones fiscales que realizan en los procesos penales que sustancian y le piden a algún abogado que ande de paso por la zona que firmen los escritos. Como verán esto tiene una gravedad enorme y si no se dota a la Defensoría Pública de mecanismos idóneos para cubrir las zonas aisladas del país, situaciones como éstas seguirán dándose en el tiempo.
Finalmente, anuncio, en general, mi voto negativo a las disposiciones acordadas rechazar por nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , sin duda que el rol del fiscal nacional y de los fiscales regionales es muy importante para la buena función del Ministerio Público, y por ello comparto el criterio de la Comisión respecto de las modificaciones del Senado.
También debemos preocuparnos de la base de la fiscalía; las cabezas son importantes, pero también los pies, los que hacen el trabajo en terreno, los que toman contacto día a día con la ciudadanía: me refiero a los fiscales adjuntos, que serán los que tendrán la fundamental labor de ser la primera línea, la cara en terreno del trabajo del Ministerio Público, mucho más importante para el ciudadano común, el poblador, la madre y esposa que denuncia, que sólo tendrán contacto y hablarán con ellos.
Hay una situación que perjudicará, en el largo plazo, la función de los fiscales adjuntos, y es que se rigidiza e inmoviliza el cargo al no fijar un período de duración del mismo; normando sólo que a los 75 años de edad un fiscal termina su contrato, lo que significa que un joven abogado de 30 años gana un concurso de fiscal adjunto en, verbigracia, Aisén y sigue ahí 45 años, sin posibilidades de carrera funcionaria, sin que su buen desempeño y los estudios y cursos que haga en ese período sean valorados en un ascenso o un cambio de lugar de trabajo; esto provocará anquilosamiento y rutinización burocrática en los fiscales adjuntos y no se podrá, salvo recursos excepcionales, reemplazar a los funcionarios deficientes.
Se hace necesario, entonces, incentivar el buen desempeño y la capacitación a través de un sistema que permita progresar a los fiscales adjuntos, y eso pasa por llamar a concurso todos los cargos periódicamente, para que los malos funcionarios sean reemplazados y los buenos puedan cambiar de lugar si lo desean, pudiendo permanecer en igual cargo si así lo quieren, utilizando una lista de excelencia que permita elegir cargos en orden decreciente de puntaje de concurso.
Por eso propongo llamar a concurso cada 10 años todos los cargos de fiscal adjunto.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
A continuación, votaremos el proyecto de ley orgánica constitucional del Ministerio Público.
La Mesa propone votar todos los artículos, excepto los que la Comisión propuso rechazar. Son los siguientes: 15, 16, 17, 20, 27, 29, 30, 34, 52, 53, y 4º transitorio, en la enumeración del Senado. Además, los artículos 1º y 3º, que la diputada señora Pía Guzmán propone que sean votados; el inciso tercero del artículo 8º, y los artículos 18, 19 y 21, para los cuales solicita votación el diputado señor Espina.
En votación el resto de los artículos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa, ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor MONTES ( Presidente ).-
La Comisión recomienda rechazar los artículos 15, 16, 17, 20, 27, 29, 30, 34, 52, 53 y 4º transitorio del Senado.
La señora PÉREZ ( doña Lily).-
Señor Presidente , sugiero votar por separado el artículo 53.
El señor MONTES (Presidente).-
Muy bien.
En votación los artículos mencionados, excepto el 53.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 89 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación la modificación al artículo 53, que la Comisión propone rechazar.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos; por la negativa, 69 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación los artículos 1º y 3º, que la diputada Pía Guzmán ha solicitado votar negativamente para que se analicen en comisión mixta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación la propuesta del diputado Espina de rechazar la modificación del Senado al artículo 8º, inciso tercero.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-}
Rechazado por no haber obtenido el quórum que se requería.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor MONTES ( Presidente ).-
En votación los artículos 18, 19 y 21, que el diputado Espina propone que se rechacen para analizarlos en comisión mixta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 16 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas las modificaciones del Senado a dichos artículos.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor MONTES ( Presidente ).-La Mesa propone integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas en relación con el proyecto de ley orgánica constitucional del Ministerio Público, con la diputada señora Pía Guzmán y los diputados señores Aldo Cornejo, Ignacio Walker, Juan Bustos y Francisco Bartolucci ¿Habría acuerdo? Acordado.
-o-
El señor MONTES (Presidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, solicito la unanimidad de la Sala para tratar el proyecto que traslada los feriados para el día lunes.
El señor MONTES ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el señor Prokurica?
No hay acuerdo.
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESARIOS PRIVADOS MEDIANTE AVAL DE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 286, relacionado con medidas en favor de empresarios privados mediante el aval de la Corporación de Fomento de la Producción.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Rechazado por falta de quórum.
INCENTIVOS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD QUE POSTULEN A ZONAS EXTREMAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 287, de los señores Mulet, Mesías, Urrutia, Jaramillo y Velasco.
“Considerando:
1. La extrema carencia de médicos en la atención primaria, en la atención secundaria y terciaria en las regiones, especialmente las extremas, y en general, en las comunas rurales de todo el país.
2. El hecho de que faltan incentivos para que postulen médicos a los cargos en consultorios de atención primaria en todo el país.
3. El hecho de que los médicos especialistas se concentren en la Región Metropolitana y los grandes centros urbanos del centro del país.
Esta Cámara acuerda:
Encomendar a la Comisión de Salud de esta Cámara realizar un estudio de la situación y proponer la creación de incentivos que ayuden a la postulación de médicos generales de zona, médicos contratados en consultorios municipales y médicos especialistas, a cargos radicados en las zonas extremas y, en general, en todas las áreas en que haya carencia de profesionales de atención primaria y secundaria.
En esta tarea también debe estudiarse y proponerse solución a la escasez de los otros profesionales de la salud en las zonas citadas”.
El señor LONGTON.-
Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , deseo saber cuántas veces pueden aprobarse las mismas materias, porque ayer lo hicimos con un proyecto exactamente igual, patrocinado por otros señores diputados. Incluso, hay una iniciativa legal relacionada con el tema. Entonces, solicito dejar sin efecto este proyecto, para evitar redundancias y que cada diputado presente propuestas sobre lo mismo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Al leer los proyectos, tuve la misma impresión que su Señoría. Sin embargo, no tengo facultades para realizar lo que solicita.
Cederé la palabra para apoyarlo o impugnarlo, pues alguna diferencia debe haber entre ambos.
Para apoyarlo, tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señora Presidenta, es evidente que puede haber proyectos de acuerdo similares, pero retirarlos implicaría limitar la capacidad creativa de cada uno de los parlamentarios en materias significativas para sus distritos.
La extrema carencia de médicos en la atención primaria, secundaria y terciaria de salud en las regiones, en especial en las extremas y en las comunas rurales, es un hecho claro y palpable, pues faltan incentivos para que esos profesionales postulen a dichos cargos, motivo por el cual los pacientes están sufriendo las consecuencias.
Por eso, a través de nuestra propuesta solicitamos encomendar a la Comisión de Salud de la Cámara realizar un estudio de la situación.
Solicito a los señores diputados apoyar este proyecto, con el fin de sensibilizar a las autoridades del Ministerio de Salud para que adopten las medidas del caso y otorguen la atención de salud que nuestro pueblo requiere.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta , el diputado señor Longton está equivocado, pues el proyecto que se votó ayer no obtuvo quórum porque se refería sólo a cuatro regiones. En esa ocasión, algunos diputados propusimos refundirlo con el objeto de agregar a todas las comunas y regiones que tuvieran el mismo problema de falta de médicos en atención primaria y secundaria.
Como no hubo acuerdo con los colegas que patrocinaron dicho proyecto de acuerdo, se presentó éste, que incluye a todas las comunas y regiones donde haya falta de médicos generales de zona y, además, se amplía a médicos especialistas y a otros profesionales de la salud.
Por lo tanto, es un proyecto más amplio y diferente al que se refirió el colega señor Longton.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
El señor VELASCO.-
Como nadie lo impugna, que se apruebe por unanimidad, señora Presidenta.
El señor LONGTON.-
Reitero que el proyecto es idéntico al que aprobamos ayer y no voy a votar dos veces lo mismo.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 12 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
No hay quórum. Se llamará a los señores diputados por cinco minutos para votar.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
No hay quórum. Este proyecto de acuerdo se votará en la próxima sesión.
IX. INCIDENTES
SIGNIFICADO PROGRAMÁTICO DE LA CANDIDATURA DEL SEÑOR JOAQUÍN LAVÍN , SEGÚN PERSONERO DE RENOVACIÓN NACIONAL.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señora Presidenta, en dos días más se inicia el mes del Ejército.
Lamentablemente, cuando en nuestro país se habla del Ejército, especialmente cuando lo hacen en su nombre militares en retiro, en realidad no se refieren al Ejército, sino a la Derecha, que tiene tanta identidad con la obra del General Pinochet. Pero en estos días, en que se va a iniciar el mes del Ejército, el señor Miguel Luis Amunátegui, vicepresidente del más numeroso partido de la Derecha, ha hecho circular un interesante documento sobre la candidatura de la Derecha, la candidatura de la UDI, apoyada por Renovación Nacional, y su relación con el Ejército, con la Derecha y con los grandes objetivos nacionales.
Hasta ahora, la candidatura de Lavín ha sido la de las grandes “ofertas”. Ya hemos vivido la liquidación de invierno. Se anuncia pronto la liquidación de primavera, y después vendrá la de verano.
El señor Amunátegui ha dicho que, en realidad, es una candidatura sin contenido, cuyo objetivo es hegemonizar la Derecha, mediante la presencia y vinculación con los militares y volver a poner al país en un orden que todos conocimos. A él le llama la atención que la candidatura de Lavín no hable de la justicia. A mí me llama la atención que tampoco mencione la libertad.
Hubo un tiempo en que había Derecha democrática en nuestro Chile, y ciertamente no luchaba por la justicia, pero por lo menos creía luchar por la libertad. La candidatura de Lavín, obviamente, no lucha por la justicia; tampoco por la libertad. ¿Por qué lucha la candidatura de Lavín? Por hacer que un grupo de poder, que lo controló todo en este país, vuelva a controlarlo todo.
No es la candidatura de la justicia ni la de la libertad; tampoco es la de la Derecha; es la de la UDI con un propósito partidista muy identificado, como lo dice el señor Amunátegui.
Tiene razón el vicepresidente de Renovación Nacional al calificar la campaña de Lavín como marcadamente pragmática y demagógica, y sostener que está vagamente inspirada en la justicia social. Probablemente, las afirmaciones del señor Amunátegui no pasarán a la historia de las ciencias sociales como un gran descubrimiento; pero sí debemos reconocer el sano intento de realizar una autocrítica. Es bueno que, alguna vez, se haga en sectores de Derecha.
El señor Amunátegui sólo constata que no puede realizarse una campaña presidencial con un pragmatismo de telepredicador, y que la justicia social necesita una coherencia con la acción política que ni el candidato de la UDI ni la UDI pueden mostrar en este caso.
La política, para ser de veras, no debe estar constituida en una aspiración personal, ni menos en una ambición sólo partidista, como en el caso de que hablamos, por noble que sea el cargo de Presidente de la República y por nobles que sean los partidos. Ha de ser una forma de acción en común, un proyecto común. Eso no lo tiene la candidatura de Lavín. No hay un proyecto de Chile en su candidatura, ni en sus disfraces, ni en sus ofertones.
La política no es cuestión de “marketing”, aunque los millones que se gasten en una campaña como la de la “candidatura Nerd”, como dicen los compañeros de colegio de mis hijos, así lo hagan aparecer.
Una política que no ilusione, que no suscite adhesión verdadera, no sirve al país; no ha servido nunca y probablemente no servirá mañana.
Cuando en una campaña electoral las palabras son vanas, cuando se puede decir y ofrecer cualquier cosa, en realidad, se rebaja el valor de ellas para ocultar los verdaderos propósitos, los que han quedado en evidencia en el documento del señor Amunátegui : el señor Lavín ha convertido esta campaña en un vano trámite de ocultamiento de las fuerzas y de las intenciones políticas que lo sostienen.
Hoy nadie quiere que lo llamen de Derecha; ni siquiera Lavín quiere que lo asocien a Pinochet y su obra, porque aún pesa la fama que éste tiene. Hace bien el candidato de la Derecha, de la UDI, de la dictadura, el candidato de Pinochet, en querer ocultarlo.
Lo que ha dicho el señor Amunátegui es una gran verdad en política: los charlatanes siempre han engañado a los simples; pero, evidentemente, eso no alcanza para ganar la elección presidencial y, por eso, ¡gracias a Dios!, la próxima elección presidencial no la ganará el candidato de la Derecha, de la UDI, el señor Lavín , sino el candidato del pueblo: don Ricardo Lagos.
He dicho.
AMPLIACIÓN Y READECUACIÓN DEL AERÓDROMO “CARLOS HOTT SIEBERT”, DE CAÑAL BAJO, OSORNO. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta, me voy a referir a un tema local, relacionado con el aeródromo “ Carlos Hott Siebert ”, de Cañal Bajo, en Osorno, el cual deberá adecuarse con el objeto de satisfacer las nuevas necesidades de la aeronavegación, ya que las líneas aéreas han anunciado, dentro de sus programas de modernización, la utilización de aviones Air Bus 219 y 220.
La pista de dicho aeródromo tiene 1.700 metros de largo por 45 de ancho y soporta una carga de 56 mil kilos; pero estos aviones necesitan una pista de aproximadamente 2.100 metros de largo y que soporte una carga de 68 mil kilos.
Lo anterior ha creado verdadera inquietud y preocupación en las expectativas del transporte aéreo. Por ello, la comunidad de la provincia y sus autoridades se han movilizado con el objeto de que los ministerios realicen las ampliaciones y modificaciones correspondientes.
Debido a un clima bastante crudo y al gran flujo de pasajeros, también se hacen necesarias ciertas implementaciones, como una manga para pasajeros y una correa portaequipajes.
El flujo de pasajeros ha subido notablemente. En 1990 había un movimiento de 10.331 pasajeros, el que ascendió a 77.784 pasajeros en diciembre de 1998.
Existen las condiciones físicas para alargar y ensanchar la pista, por lo que no hay inconveniente alguno para realizar estas adecuaciones y arreglos que resultan necesarios para soportar a estos nuevos aviones de gran tonelaje.
Por ello y anticipándonos a estas nuevas necesidades, solicito oficiar al Ministerio de Obras Públicas y al de Transportes con el objeto de que se adelanten para este año los fondos necesarios para el estudio de ingeniería correspondiente, destinado a evaluar la necesidad de ampliar y adecuar el aeródromo para este nuevo tráfico aéreo.
Además, solicito oficiar al Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de que la Dirección General de Aeronáutica Civil proceda, en conjunto con las autoridades competentes, a concretar los proyectos de ampliación de este aeródromo y a entregar los implementos que he señalado, destinados a dar comodidad y beneficio a sus usuarios, que están aumentando día a día, porque el aeródromo se ha transformado en un centro de operación de salida y de llegada de pasajeros. No olvidemos que Osorno forma parte del tráfico internacional, ya que tenemos cerca el paso Puyehue, y existen proyectos o programas para construir una doble vía.
Por lo anterior, no podemos quedarnos atrás; de lo contrario, este aeródromo no tendrá en el futuro las condiciones y la capacidad para satisfacer este tráfico aéreo, que cada vez es más eficiente y moderno.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE “EL COMENDADOR”, DE PROVIDENCIA, POR “ARQUITECTO SERGIO LARRAÍN GARCÍA-MORENO”. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Le concedo una interrupción a la diputada señora Eliana Caraball.
La señora MUÑOZ, doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball, por la vía de la interrupción.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Agradezco la deferencia del diputado señor Velasco y a usted, señora Presidenta , por darme esta oportunidad.
Hace poco tiempo, falleció en Santiago uno de los hombres más relevantes y gravitantes del mundo de la arquitectura y de la cultura del país: don Sergio Larraín García-Moreno , Premio Nacional de Arquitectura , ex embajador y ex decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile; fundador, junto a Nemesio Antúnez , Mario Valdivieso y otros grandes artistas, de la Escuela de Arte de la misma facultad; creador del Museo Precolombino, al que donó su gran colección de valiosísimos objetos de ese período de la historia, y que es considerada internacionalmente como una de las más completas en la materia.
Por el escasísimo tiempo de que dispongo, no pretendo hacer con esta intervención el merecido homenaje que, sin duda, amerita recibir don Sergio Larraín. Solamente quiero hacer llegar, por su intermedio, señora Presidenta , al concejo, presidido por el alcalde , don Alberto Labbé , de la municipalidad de Providencia, la solicitud de cambio de nombre de la calle “El Comendador” de esa comuna por el de “Arquitecto Sergio Larraín García-Moreno”, ya que en ella están ubicadas las Escuelas de Arquitectura y de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de que en dicha calle vivió los últimos cuarenta años de su vida don Sergio Larraín y su familia, desde donde ejerció su benéfica acción sobre nuestra cultura y plasmó su gran aporte a la arquitectura chilena.
Reitero, solicito oficiar al alcalde de la ilustre municipalidad de Providencia y al concejo, con el objeto de que consideren el cambio de nombre que estoy planteando.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Velasco , Mulet , señora María Victoria Ovalle , señores García-Huidobro , Díaz , Correa , Vilches y Navarro.
SOLIDARIDAD CON TURQUÍA POR VÍCTIMAS DEL TERREMOTO. Oficios y notas de condolencias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señora Presidenta, por la escasez de tiempo, voy a empezar solicitando que se oficie al señor Presidente de la República de Turquía , al señor Presidente de la Cámara de Diputados de esa nación, al señor embajador de la República de Turquía en Chile y al señor embajador de Chile en Turquía, con el objeto de expresarles nuestros sentimientos de solidaridad y pésame por las víctimas del terremoto acaecido en el día de ayer en dicho país.
Chile sufre constantemente terremotos y siniestros, y siempre ha recibido la solidaridad mundial, especialmente en el último, ocurrido el 3 de marzo de 1985, que causó una serie de daños considerables a nuestra nación.
Lamentablemente, Turquía está sufriendo una situación dramática. Hemos sabido, por la prensa, que el terremoto causó más de 3.500 muertos y más de 10 mil heridos, al margen de los daños materiales. El mundo está impactado con este fenómeno de la naturaleza.
También solicito oficiar al ministro de Defensa Nacional , para hacer presente mi reconocimiento al señor comandante en jefe de la Armada , dado que el buque escuela “Esmeralda”, que va a recalar en ese puerto, ha cambiado el motivo de su visita a Turquía. Es así como hoy la tripulación de esa nave se ha sumado a la noble tarea de colaborar y entregar la ayuda necesaria a los hermanos que están sufriendo, víctimas de ese terremoto.
El hecho es muy sensible, y los chilenos debemos tomar conciencia, porque muchas veces olvidamos el drama de sufrir fenómenos telúricos.
Lo realizado por el comandante de la “Esmeralda” -nuestro buque escuela- es realmente meritorio, después de los hechos desgraciados acaecidos en Malta.
Por eso, el cambio de objetivo de la visita a la República de Turquía y la colaboración solidaria del pueblo chileno con el pueblo turco, ensalzan y ennoblecen la actividad de los marinos chilenos.
En este contexto, me parece extraordinariamente importante que, como Parlamento, seamos capaces de entregar al Parlamento turco nuestra solidaridad, la que, para nosotros, es tremendamente significativa, porque -reitero- Chile ha recibido en muchas oportunidades la solidaridad internacional.
VISITA DE DIPUTADOS A CÁRCEL MODELO DE VALPARAÍSO Y POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN CENTRO DE RECLUSIÓN SIMILAR EN SAN ANTONIO. Oficios.
El señor VELASCO.-
Señora Presidenta, quiero referirme a un hecho que ha vivido el comité o grupo de parlamentarios por el Jubileo.
Hoy, en representación del Congreso Nacional, hemos visitado en la cárcel pública de Valparaíso a un grupo de, aproximadamente, 70 jóvenes detenidos de menos de 17 años, para llevarles un aliciente, una colaboración o una actitud positiva.
El hecho de que un grupo de parlamentarios estemos trabajando y hagamos carne lo que dice el Evangelio en términos de ir en ayuda de nuestro hermano, no solamente es significativo, sino que, además, hace resaltar la acción de solidaridad en este día, en que se recuerda la vida y obra del Padre Alberto Hurtado.
Ello hace posible que los parlamentarios no sólo nos dediquemos en forma impersonal a legislar en la Cámara, sino también a detenernos un instante para contribuir a la alegría de esos jóvenes que, por haber cometido algún delito en contra de la sociedad, están pagando penas de reclusión.
Por ello pido que se oficie a la ministra de Justicia y al Director Nacional de Prisiones , felicitándolos por la construcción de la cárcel modelo y el trato digno que se da a los menores en la Cárcel de Valparaíso.
Aprovecho de solicitar a la señora ministra que estudie la posibilidad de construir en la ciudad puerto de San Antonio un centro de reclusión similar, donde la gente pueda permanecer dignamente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ALCANCES A FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA QUE DESAFORÓ A SENADOR ERRÁZURIZ.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señora Presidenta , ayer, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que preside el ministro Víctor Montiglio -el mismo que en reciente fallo contradictorio expresó que Endesa era dueña de todas las aguas de los afluentes del río Rapel hasta el “divortio aquarium”, revirtiendo así su opinión en sentencia anterior-, ha resuelto, por dos votos contra uno, procesar a mis hijos y a mi esposo, el senador Francisco Javier Errázuriz , por habernos defendido de quienes invadieron en helicóptero nuestra propiedad familiar y nos agredieron, pues fue el señor Fernández quien comenzó a insultar y a golpear a uno de mis hijos ante su requerimiento de no sacar fotografías.
Se consuma así un claro atropello a la justicia, a nuestra integridad familiar y a nuestra condición de parlamentarios.
Esa empresa eléctrica ya había logrado impedir que mi esposo legislara como Presidente de la Comisión de Economía del Senado durante el estudio de la modificación de la Ley Eléctrica y del Código de Aguas. Ahora irrumpe en nuestra intimidad, sólo porque mis hijos y mi esposo defendieron a su madre -esta diputada - al interior de nuestro predio y de nuestro domicilio.
Los incidentes por todos ustedes conocidos sucedieron el viernes 21 de agosto, y cuál no sería mi sorpresa al ver que el abogado Fernández aparece sólo el lunes, internándose en una clínica de la Mutual, montando un “show” para la prensa, radio y televisión, y acusando de que lo habían pateado en el suelo, quebrado huesos, costillas y dentadura.
¡Qué impotencia ante tanta falsedad y mentira! Me sentí cazada en una trampa.
Después de aproximadamente tres meses, pidieron el desafuero del senador. La Corte Suprema lo desaforó en fallo dividido por 11 votos contra 5, no yendo al fondo del tema, sino que sólo ordena al juez investigar para dilucidar tan falsas y mentirosas imputaciones.
Todos los exámenes demostraron, en Investigaciones, la completa falsedad de los cargos. Nunca sangró, nunca se cayó al suelo, nunca nadie lo pateó; no existían huesos ni costillas quebrados. Presencié los hechos y doy fe de aquello. Sólo se encontró una saltadura de borde en un diente inferior, cuya data o fecha de ocurrencia no es posible precisar.
Después, el representante agitador de Endesa, cambiando su versión, acusó a mi esposo de que, al interponerse para protegerme, lo había golpeado, propinándole un golpe de puño en la boca y quebrándole los dientes.
Todos los informes periciales de profesionales notables, como don Luis Chiocca -que ha aparecido últimamente en la televisión-, odontólogo forense, director del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, y el doctor José Beletti , profesor destacado, también de esa casa de estudios superiores, demostraron que las acusaciones eran falsas y técnicamente imposibles.
Nunca un golpe de puño quiebra un diente; sólo lo suelta o lo bota. Nunca un golpe de puño puede producir una saltadura de borde en un diente inferior, sin dañar el diente superior que lo protege. Nunca un golpe de puño puede afectar los dientes, sin antes reventar los labios, que protegen la dentadura.
Por lo tanto, todas las acusaciones de Endesa eran falsas. Se había usado una antigua saltadura dental para ocuparla de excusa y pedir el desafuero de un senador e impedirle representar al pueblo que lo eligió con la primera mayoría.
Recordemos que hace un año, al suceder los hechos, nadie hablaba de cambios en la Ley Eléctrica, ni existían los apagones, ni Chile se había quedado a oscuras.
Francisco Javier , que había estudiado el tema con la aplicación que lo caracteriza, ya advertía los riesgos que pendían sobre el país. Endesa resolvió eliminar el riesgo.
José Antonio Guzmán, ex presidente de Endesa, mandó cartas a los senadores. Son pruebas irrefutables de lo que afirmo y testifican estos hechos.
Por eso no vacilaron en provocar situaciones inéditas y causar disturbios.
¡Estábamos en nuestra propiedad, en nuestra casa!
El juez nos había asegurado que no había pericia judicial alguna, porque el perito ni siquiera había leído el expediente y no tenía la orden judicial en su poder. También así se probó en el proceso.
El abogado de Endesa y cinco personas contratadas por la empresa eléctrica nos sorprendieron, irrumpiendo en la propiedad privada, transgrediendo lo acordado por el juez con el perito, pues éste recibió un contundente cheque para subirse al helicóptero. ¡Él mismo lo confesó!
Ahora, una Sala de la Corte de Rancagua ordena procesar a mi familia. Si esto le ocurre a un matrimonio de parlamentarios y a sus hijos, ¿qué se puede esperar de la gente más pobre, que no tiene cómo defenderse? El desafuero sólo tuvo por fundamento, según la Corte Suprema, investigar los hechos. Todos colaboramos y declaramos, como lo hice yo misma, renunciando a mi propio fuero y a mi derecho a declarar por oficio. Pero, enfrentar a mi familia, procesándola, ¡eso no! Una saltadura dental, de borde, antigua, que fue sacada a relucir como excusa para desaforar a un senador, y ahora para procesarlo a él y a sus hijos, ¡no es aceptable! Todos los informes médicos, de odontólogos y periciales, sin excepción, señalan que no hay quebradura alguna ni de dientes ni de huesos. El propio perito del Servicio Médico Legal ha declarado que se negó a firmar el documento que le fue exigido por dicho organismo dependiente del Ministerio de Justicia para incriminar a mi esposo, senador, dada su falsedad y porque ni siquiera había examinado a la persona respecto de la cual se pedía ese diagnóstico. Incluso, envió cartas a la prensa, denunciando lo ocurrido; pero nadie se las publicó. Dio conferencias de prensa a las que asistieron todos los medios; pero nada salió. ¿Por qué razón? No me lo explico.
En cuanto a la acusación de secuestro, tanto el juez de Pichilemu, de primera instancia, como la segunda sala de la corte, por unanimidad, fallaron a favor del senador, no siendo ni siquiera considerada en este último fallo, a pesar de la insistencia de la Endesa, por ser absolutamente infundada, falsa y absurda. Sin embargo, dos ministros consideran que mis dos hijos y su padre deben ser procesados por lesiones menos graves, situación que espero se revierta a la brevedad, confirmando lo fallado por el juez de primera instancia y por el ministro del voto de minoría.
El juez de primera instancia, después de una larga y acuciosa investigación, ya había rechazado la petición de la compañía eléctrica que pedía someter a proceso a mi familia. Lo hizo porque de la investigación no emanaba prueba alguna de que ameritara tal requerimiento. Menos aún después de la reconstitución de escena, donde las contradicciones quedaron en evidencia.
Fernández, el representante de esta gran empresa, Endesa , al ver que si seguía afirmando que los campesinos le habían pegado, no podría acreditar que fue el senador quien le había roto el diente, afirmó en esa oportunidad, cambiando nuevamente su versión, que el senador le habría pegado cuando estaba arriba del helicóptero, amarrado por cinco cinturones de seguridad, y no se podía defender, cosa que ninguna otra persona dijo haber visto ni confirmado. Atrás, sentado en el helicóptero, estaba uno de los técnicos de la Endesa, quien dijo que, por su posición, le era imposible ver si le habían pegado un puñete o no a Fernández. El juez procedió, entonces, a sentarse en el lugar y pudo comprobar que se veía todo y, por lo tanto, que Fernández mentía y que el otro prefería decir que nada había visto. ¿Cómo puede considerárseles culpables, entonces? ¡Menos aún que fuera mi familia la causante, si había sido un sinnúmero de personas las supuestas agresoras, según acusaba la empresa eléctrica! ¡Pónganse de acuerdo!
Todos los peritos llamados a declarar, sin excepción, señalaron que no existía fractura dental, lo que la corte también desconoce. Todos los peritos expresaron que no era posible la existencia de una lesión dental provocada por un golpe de puño en la boca sin haber dañado los labios, lo que la corte desconoce. El único odontólogo, presentado por la Endesa como testigo, dice no haber revisado nunca al supuestamente lesionado.
El laboratorio de criminalística de Carabineros, requerido por el juez, no podrá sino confirmar que nunca existió fractura dental, que no existen lesiones de ninguna especie y que la saltadura de borde que acusaba el abogado de la Endesa, pudo y debió ser de antigua data, como lo señala el voto minoritario de la sentencia, dado que no mostraba daño alguno en las partes blandas que protegen la boca.
Pero lo más insólito, a mi juicio, es que al no poderse acreditar y demostrar quién fue el causante de la posible lesión, con una liviandad abismante se somete a proceso a tres personas: al senador y a mis dos hijos. O sea, ¿los tres le trizaron el borde de un diente al señor Fernández ? Realmente, no puedo creerlo. Situaciones como la descrita avergüenzan a Chile y explican el desprestigio que sufre la justicia ante la visión general del país y de todos los chilenos.
He dicho.
REDESTINACIÓN DE RECURSOS A ASFALTADO DE CAMINOS EN LA DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Le resta un minuto al Comité de Renovación Nacional.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Se lo cedemos a la UDI.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, en épocas de plena crisis agrícola, como la que se vive hoy en nuestros campos, debemos aunar todos los esfuerzos y recursos posibles para materializar aquellas obras que en algo puedan contribuir al desarrollo de las zonas rurales.
En mi distrito, zona costera de la Araucanía, uno de los principales problemas que enfrenta el hombre de campo y el pueblo mapuche es la precariedad de los caminos, lo cual, hasta ahora, es una de las principales barreras para la comercialización de sus productos, el acceso a la salud y a la educación.
La carretera de la costa es un importante avance en esta materia, pero, lamentablemente, su trazado no ha podido cubrir todos los pueblos, razón por la cual el aislamiento sigue siendo una de las característica de la zona.
Específicamente, creo que es de vital importancia asfaltar, a la brevedad posible, el camino de Tranapuente a Moncul, en una extensión de 12 kilómetros, y el de Puerto Peral a Trovolhue, en una extensión de 11 kilómetros. Ambos son la continuación de los trabajos que se están realizando desde Carahue hasta Tranapuente y que permitirán que dichas localidades queden entrelazadas con un camino de penetración hacia los dos centros poblados rurales más importantes de la comuna de Carahue, donde habita una alta concentración de mapuches. El asfaltado de dichos caminos permitirá que permanezcan operacionales todo el año y no sólo durante algunos meses, como ocurre con los caminos ripiados o, simplemente, de tierra. Con ello se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo para un sector eminentemente agrícola, forestal y con un inmenso potencial turístico.
El costo aproximado de las dos obras asciende a los 3 mil millones de pesos y se beneficiaría directamente a más de diez mil personas que, al poseer una ruta permanentemente expedita, tendrían la posibilidad de acceder a centros de comercialización, consultorios y escuelas.
En tiempos de crisis el dinero escasea y parece muy difícil que el Ministerio de Obras Públicas disponga en forma inmediata de recursos del orden de 3 mil millones de pesos. Sin embargo, la solución la están planteando los mismos campesinos, quienes me han pedido que, a través de la honorable Cámara, solicite al Ministerio de Obras Públicas la redestinación de los fondos asignados a la repavimentación de la ruta Imperial-Carahue, en una extensión de 19 kilómetros, que ascienden a 3 mil millones de pesos, pues la comunidad considera prioritario el asfaltado de los dos caminos señalados.
Por lo anterior, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas a fin de que los recursos asignados -repito- para repavimentar la ruta de Imperial a Carahue sean redestinados para asfaltar los caminos de Tranapuente a Moncul, en una extensión de 12 kilómetros, y de Puerto Peral a Trovolhue, en una extensión de 11 kilómetros. Con ello haremos un importante favor a nuestros campesinos, que están pasando un año muy complicado debido a la sequía y a lo mal que está la agricultura, y, en especial, nuestro pueblo mapuche chileno, cuyos problemas todos conocemos a raíz de los conflictos que se han suscitado en el último tiempo.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CRECIMIENTO INORGÁNICO E IRRACIONAL DE LAS CIUDADES. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, puede hacer uso de la palabra el diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señora Presidenta, ayer, con el incendio ocurrido en Maipú, quedó de manifiesto la irracionalidad a que se ha llegado en Santiago. Esto es lo que sucede cuando una ciudad crece en forma desorganizada y anárquica y en la cual las definiciones del uso del suelo son tomadas de manera inadecuada, con lo que se agravan sus problemas diarios.
Esto pasa en Chile con el progreso. Al contrario de lo que uno quisiera, en vez de mejorar la calidad de vida, ésta se va echando a perder. Por lo tanto, este tipo de problema lo tendrá muy pronto Concepción, ya comienza a notarse en Valparaíso, en general en la Quinta Región, y en algunas ciudades del norte.
Ayer aconteció lo que el ciudadano pudo ver por televisión. En medio de sectores de uso habitacional, existen bodegas con elementos peligrosos que pueden afectar en cualquier momento la vida de las personas. Esta planificación desordenada, durante esta emergencia, nos permitió observar escenas en las que los ciudadanos arrancaban con sus refrigeradores, muebles, niños y cosas, sin conocer el destino del área que, curiosamente, en los planos reguladores está destinada a la habitación y residencia.
Esto pasa en todas partes de Chile. La anarquía, desde el punto de vista del cumplimiento municipal, es extrema. Existen muy pocas municipalidades en las que un ciudadano duerme en un lugar resguardado, porque no se ha permitido la localización de algo que le genera peligro. Al revés, si revisamos la situación de cualquier municipio de Chile, a medida que avanza la modernidad, observaremos que para tener más fuentes de trabajo, para que haya más progreso, es probable que, como le sucede a la gente de Mirador Viejo, en la comuna de Independencia, se instale una extraordinaria industria exportadora, a espaldas de su casa, Maderama , que otorga una gran fuente de trabajo, de riqueza y una nube venenosa de aserrín sobre la totalidad del territorio que la rodea.
Si recorre de nuevo el resto del barrio, se encontrará con dos o tres fábricas de papas fritas, que inundan con una nube de aceite alrededor de media manzana, por un lado, y media, por el otro, la ropa, cortinas, muebles, dormitorios de la gente, día y noche, porque la densidad del aire que expele es imposible de hacerla retirar por cualquiera de los vecinos.
Esto va sucediendo en todas partes. Si revisamos las disposiciones legales, queda claro que el rol de la administración y de la gestión municipal en estos aspectos radica en el Departamento de Aseo y Ornato. ¡El país ha cambiado mucho como para que la función municipal esté restringida estrictamente a este aspecto!
Por eso, debemos esforzarnos por ordenar la ciudad de mejor manera. No es posible que alguien pueda dormir sabiendo que a las espaldas del dormitorio donde descansa haya instalada una industria de ruido molesto, una desabolladuría, una bodega de elementos combustibles, como quedó en evidencia ayer. Así, en vez de vivir mejor y más seguro en las ciudades, cada día es peor.
Es necesario contar con una política actualizada y renovada, explícita, de asentamientos humanos, referida al ordenamiento territorial integrado. Pero, en ese sentido, incluso la Corporación Nacional del Medio Ambiente, con claridad, dice que se percibe una insuficiencia en la generación y diseño de una política urbana, que oriente de manera integrada para proteger a los ciudadanos en sus asentamientos humanos.
El propio Gobierno ha dicho: “El crecimiento urbano es poco funcional, ineficiente e inorgánico y ha puesto en peligro las bases naturales de la existencia humana”.
Para concluir, termino enfatizando que esta situación será un problema creciente en nuestras ciudades. El incendio de ayer en Maipú es una advertencia dramática del futuro venidero de la ciudad de Santiago, en la que, curiosamente, en contradicción con sus comienzos, época en la que se podría esperar que hubiesen ocurrido los mayores descuidos, al contrario, existió el mayor cuidado. El conquistador traía una ley escrita por Carlos V, mediante la cual se reglamentaba el uso del suelo: “Al otro lado del río del Santiago del Nuevo Extremo, usted ubicará el manicomio, el leprosario, los conventos, el cementerio y hasta el comercio hortícola”. Ahora, después de transcurridos quinientos años, en vez de continuar en ese mismo sentido, se fue generando la ciudad en la línea del desorden.
Por eso, a cualquier ciudadano que nos escuche, le digo que debe saber que el día menos pensado, en medio de este desorden, se puede encontrar con la sorpresa de que estará al lado de alguna actividad que ponga en riesgo su vida. En mi opinión, es menester llevar a cabo una modificación de tal magnitud, que es imposible resolverla con una intervención.
Pido oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al intendente regional y a la Corporación Nacional del Medio Ambiente a fin de que nos respondan acerca de los resguardos que se han tomado en el nuevo proyecto de ley de urbanismo y construcción, que ha ingresado al Congreso para precaver las localizaciones irracionales en la totalidad de las ciudades de Chile.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo y Alejandro Navarro.
DESTINACIÓN DE FONDOS EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LAS REGIONES NOVENA Y DÉCIMA. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, quienes trabajamos en el sector económico, podemos dar fe de los grandes esfuerzos hechos por las autoridades de Gobierno encargadas de ese sector y que continúan en desarrollo a fin de que los proyectos reactivadores tengan un inmediato y positivo resultado. De ello, no cabe duda alguna. Asimismo, entendemos que la situación que enfrenta Chile no es la de una crisis de fácil solución, pues no depende en forma exclusiva de nosotros, sino de factores externos. Sin embargo, estos esfuerzos reactivadores parecen desvirtuarse cuando vemos -así se lo he hecho saber al ministro de Hacienda - que gran parte del Chile más pobre, esto es el mundo rural, no está considerado dentro de la acción reactivadora de nuestra economía.
Entre las regiones Novena y Décima existe un importante número de pequeños agricultores que están viviendo los mayores dramas. Aquí se presenta una situación técnica que agudiza aún más el problema. Al no haber fondos en el Ministerio de Agricultura y en el presupuesto del Instituto de Desarrollo Agropecuario, pues los dineros están siendo ocupados en programas que apuntan a la mejoría del producto, lo cual no es otra cosa que ponerse al día en la tecnología, se ha dejado de lado lo tradicional. Hoy no hay dineros para iniciar las siembras de este año. Es decir, no pueden hacer nada para salir del pozo de pobreza en que se encuentran. No pueden dar ni un paso adelante para iniciar su pequeña recuperación, aunque no les dé ganancia -lo que sería pedir demasiado en este momento-, sino tener para su propia alimentación y la de su familia. La decepción es mayúscula.
Por las razones expuestas, solicito enviar oficio a los ministros de Hacienda y de Agricultura , a los organismos pertinentes y a los comités de reactivación del empleo, para que consideren, con suma urgencia, la incorporación del mundo agrícola en la asignación de fondos para las siembras normales y tradicionales, pues en este momento se carece de fondos para ello.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE PROBLEMAS Y NECESIDADES DE COMUNAS DEL DISTRITO 45. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, quiero plantear una situación que se arrastra por largo tiempo y que perjudica seriamente a la comuna de Penco, aledaña a la de Concepción.
Lo que sucede allí es como si alguien, todos los días, botara la basura o vaciara las aguas servidas en el patio de su vecino.
Las villas Universitaria y Concepción son antiguas en Concepción. En ellas, viven personas honestas, de trabajo, muchas vinculadas a la universidad local; conozco a varias. La mayoría compró los terrenos, se instaló y pagó sus casas. Sin embargo, les afecta un problema que deriva de la evacuación de las aguas servidas y de lluvias que van a dar al río Andalién, que desemboca frente a la playa de Penco.
Ahí se invirtieron más de l.600 millones de pesos en un colector submarino para disminuir la contaminación, pero sectores de la otra comuna siguen evacuando sus aguas servidas al río Andalién, el que las deriva a las playas de Penco.
Por eso, solicito que se oficie al alcalde de Concepción , a fin de que informe si se va a hacer algo al respecto y si hay un proyecto en estudio para remediar la situación, y al alcalde de Penco , para que diga si se ha considerado algún tipo de acción legal en contra de ese municipio o algún acuerdo económico con él para enfrentarla, dado que el problema es insostenible y, sin duda, debe ser resuelto.
En segundo lugar, pido que se oficie a la empresa sanitaria del Biobío, Essbío , para que informe sobre la valoración que se tiene del fundo del valle Nonguén.
Según tengo entendido, son terrenos forestales, con mucho bosque nativo, pero la propiedad ha disminuido de cerca de 3.200 hectáreas a 1.700 o menos. No conozco la cifra exacta.
Solicito que se informe en detalle respecto de las ventas que ha realizado Essbío , con especificación del comprador y del monto de la transacción, además del avalúo actual del predio y la forma en que se ha incorporado al precio de venta total de la empresa en vías de ser licitada.
Además, deseo saber si hay prohibición de ingresar a ese fundo, porque diversas organizaciones han solicitado autorización para recorrerlo, pero ha sido denegada.
Por mi parte, solicitaré autorización y espero que la concedan, pues la propiedad pertenece a la Corfo, que es su mandante, su dueño, y, por lo tanto, Essbío no debiera impedir el acceso al fundo.
Es más, la autorización se ha solicitado para preservar la belleza escénica y la gran biodiversidad que allí existe.
En tercer lugar, quiero que la gobernación de Arauco y los organismos pertinentes, básicamente la subsecretaría de Marina y el Sernap, informen respecto de las concesiones solicitadas en los lagos Lleulleu y Lanalhue para la acuicultura.
Me interesa el listado de las solicitudes, de comunidades mapuches o de particulares, para la explotación turística y productiva; la fecha en que se presentaron y su estado de tramitación, hayan sido aprobadas o rechazadas o estén en tramitación.
Sobre todo, quiero que se detallen las solicitudes de las comunidades mapuches aledañas al lago Lleulleu y su tratamiento, dentro de la información general, a la luz del decreto presidencial que declaró área de desarrollo indígena a Arauco, pues creo que habrá sorpresas respecto de las posibilidades reales que tienen los mapuches para acceder a la explotación de esos recursos naturales.
En cuarto lugar, quiero que se oficie al ministro de Minería , a fin de que informe en detalle respecto de las pertenencias mineras solicitadas en el área de desarrollo indígena del Alto Biobío, que incluye casi toda la provincia de Arauco, los lagos Lleulleu y Lanalhue.
En definitiva, que informe si existen solicitudes de pertenencias mineras sobre territorio indígena, avalado por la ley indígena. La Conadi tiene esta información y es fácil obtenerla.
Por lo tanto, pido que el oficio también se envíe a la Conadi, ya que es de sumo interés saber el tipo y alcance de las solicitudes que ha recibido.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana ( Presidenta accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.37 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones de Magallanes y Aysén y en las provincias de Arica, Parinacota, Chiloé y Palena. (Boletín Nº 2281-03).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Moción de los diputados señores Ibáñez , Dittborn , Alvarado , Álvarez y de la diputada señora Rosa González
Modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de educación superior, permitiendo acceder a los títulos profesionales, sobre la base de estudios de posgrado. (boletín Nº 2380-04)
Una de las mayores falencias que presenta la Educación Superior en Chile consiste en el escaso número de programas de posgrado que ella ofrece y el muy escaso número de alumnos que en ellos cursan estudios conducentes a los grados académicos de Magíster o de Doctor. Así, en 1997, según cifras del Ministerio de Educación, cursaban en Chile este tipo de programas sólo 4.242 alumnos cuando en los programas regulares de pregrado o licenciaturas universitarias cursaban estudios cerca de 280.000 alumnos. Esta última cifra sube a cerca de 415.000 si sumamos también los alumnos que siguen carreras técnicas en Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica. Es decir, apenas un 1% de los alumnos que cursan estudios de educación superior lo hacen en programas de posgrado.
A ojos desaprensivos, este hecho puede parecer irrelevante. La verdad es todo lo contrario. La diferencia abismante que hemos consignado es de la mayor gravedad, porque demuestra cómo nuestros jóvenes se sienten satisfechos con la formación recibida en sus carreras de licenciaturas sin aspirar nunca más a ningún ulterior perfeccionamiento. Esta sensación está incentivada y, aun, provocada, por el hecho de que esas licenciaturas están concebidas como el único momento en nuestra patria en que las personas recibirán formación superior. De ahí su sobresaturación de materias; su carácter marcadamente profesional; sus rigurosísimas exigencias, etc...
Esa satisfacción, con todo, descansa sobre un error de graves consecuencias. En el hecho, nuestra educación superior está en una trampa. Por una parte, ofrece formación profesional cuando los jóvenes no están del todo capacitados para recibirla y ni siquiera reconocen su vocación; la ofrece, sin embargo, imponiendo las condiciones de exigencia que son propias a esas disciplinas, pero no adecuadas a la madurez y a la preparación promedios de nuestros educandos en esta etapa de su vida. De ello resulta una gran dificultad para acceder a esos estudios y, asimismo, una alta mortalidad académica, con todos los problemas que son fáciles de suponer para los educandos y sus familias. También es fácil advertir cómo por esta vía se provoca un despilfarro de recursos que no es menor.
Por otra parte, cuando la persona está apta para recibir una adecuada formación profesional y un perfeccionamiento a lo que ha sido su formación de pregrado, ella no lo quiere recibir, porque supone haber estudiado todo en la etapa anterior. Queda así con una formación mal digerida y sin horizonte de perfeccionamiento ulterior. En síntesis “El pregrado se mantiene sobredimensionado en las duraciones de las mallas curriculares, sobrecargado de una proliferación de contenidos y asignaturas, y contando cada vez con menos elementos académicos, a pesar del agregado de la licenciatura. El posgrado, en la mayoría de los casos, tiende a ser una mera repetición del currículo de pregrado, sin que, verdaderamente, haya un cambio cualitativo que impida que se siga haciendo más de lo mismo” ( Luis Eduardo González , Ministerio de Educación, Santiago 1997 ).
Es indispensable quebrar este círculo vicioso que mantiene alejada a nuestra educación superior de todas las tendencias de modernización y, nuestros jóvenes de las indispensables etapas posteriores de perfeccionamiento y diferenciación.
Una de las razones de por qué las cosas suceden así en Chile radica en la disposición del art. 52 de la LOC de Educación que ata la consecución de los más importantes títulos profesionales a la obtención del grado de licenciado en determinadas áreas de estudio. Mucho cambiaría la situación que hemos descrito con anterioridad si algunos de esos títulos profesionales, a lo menos, pudieran ser obtenidos sobre la base de estudios de posgrado conducentes al grado de magíster en las respectivas disciplinas. De hecho, hay disciplinas donde claramente es mejor hacerlo así, como son los casos de Administración de Empresas, Pedagogía y Periodismo. En el primer caso, no hay Escuela de Administración que no disponga ahora de programas de posgrado -los muy conocidos MBA (Master on Business Administration)- cuya demanda crece día a día y que permite que profesionales de muy distinto origen puedan acceder a los estudios de esta disciplina y así continuar con singular éxito sus carreras profesionales.
En el caso de las Pedagogías se dan circunstancias muy especiales. Hoy, esa habilitación profesional se da mezclada con programas de conocimientos en las áreas de las disciplinas básicas de Humanidades y de Ciencias: Filosofía, Historia, Literatura, Matemáticas, Física, Química, etc. Es decir, la Pedagogía se impone como opción profesional a quien probablemente sólo quiera dotarse de conocimientos y, por ende, de formación cultural en esas áreas. De ahí que mucha gente rehúya esos estudios por no querer ser profesor de educación media, tanto porque no se siente inclinado a la opción profesional que significa ser profesor como por los escasos atractivos que, en nuestro país, ofrece esa profesión. Sin embargo, es muy posible que gente que ya ha hecho estudios universitarios y especialmente de las áreas básicas ya señaladas, se dé cuenta después de que dispone de esa vocación y se anime a seguirla a pesar de la debilidad de sus atractivos.
En el caso de Periodismo, creemos que es perfectamente compatible con las exigencias de formación profesional en esta área el hecho de disponer de una licenciatura previa en algún campo de estudios distinto al de las ciencias de la comunicación. Aún más, creemos que abriría un horizonte de insospechadas proyecciones este tipo de formación para periodistas, pues une un conocimiento profundo en un área de estudios determinada con los que son propios del ejercicio de la profesión de que ahora hablamos.
En general, permitir la accesión a los títulos profesionales sobre la base de estudios de posgrado no es una novedad en el mundo universitario actual. Son muchas y muy importantes las universidades a lo largo y ancho del mundo que así tienen organizada su educación superior y con gran éxito. Creo que, en nuestro caso, corresponde avanzar en este camino que, sin duda, abrirá para nuestros profesionales espacios de perfeccionamiento que ellos requieren con urgencia. A la vez, abrirá posibilidades de cambios profesionales hasta ahora casi imposibles. Quienquiera reconvertirse profesionalmente, debe, en el actual estado de cosas, reiniciar una nueva vida académica como si tuviera dieciocho años.
Por estos motivos, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley:
“Modifícase el art. 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Educación, en sentido de agregar un inciso final del siguiente tenor:
Con todo, los títulos profesionales de Ingeniero Comercial, de Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-humanísticas y de Periodista, podrán ser otorgados a quienes hubieren cursado y aprobado en las disciplinas de Administración de Empresas, de Pedagogía y de Ciencias de la Comunicación, respectivamente, programas conducentes a la obtención del grado académico de magíster, según lo definido en el art. 31 inc. 11 de esta ley”.
No queremos entrar en esta oportunidad a establecer contenidos mínimos que deban incluir los mencionados programas de magíster ni, menos aun, espacios de tiempo en los que ellos deban ser impartidos. Creemos mucho más factible y más seguro permitir que corresponda a cada centro universitario establecer esos contenidos y ese tiempo y a la comunidad demandante de los servicios de estos profesionales el señalar con sus opciones cuáles deben ser tanto los unos como el otro. Así, por lo demás, se asegura la variedad y la creatividad que debe caracterizar a estos programas”.