Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS E INVERSIÓN DE RECURSOS.
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Ivan Mesias Lehu
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Luis Pareto Gonzalez
- Sergio Ojeda Uribe
- Rafael Arratia Valdebenito
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Adriana Munoz D'albora
- Edmundo Salas De La Fuente
- Victor Barrueto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS E INVERSIÓN DE RECURSOS.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Eduardo Diaz Del Rio
- Jaime Orpis Bouchon
- Luis Monge Sanchez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 30ª, en miércoles 11 de agosto de 1999
(Especial, de 19.08 a 21.38 horas)
Presidencia del señor Montes Cisternas, don Carlos
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III.Actas 7
IV.Cuenta 7
V.Objeto de la sesión.
Privatizaciones de empresas públicas e inversión de recursos 7
VI.Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los diputados señores Díaz, Orpis y Monge, que autoriza erigir un monumento en la comuna y ciudad de Temuco, en homenaje al señor Lorenzo Colipí (boletín Nº 2378-04) 39
2. Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que crea la Defensoría Penal Pública (boletín Nº 2365-07) 40
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Corte Suprema
-Del diputado señor Prokurica, situación procesal del señor Gonzalo Rodrigo Rojas Olivares.
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Joaquín Palma, investigación y sumario administrativo en la Municipalidad de La Serena.
-De los diputados señores Mesías, Ortiz, Velasco, Ascencio, Lorenzini y Tuma, situación de pago de asignación profesional a funcionarios del INP que obtuvieron diploma de técnico universitario en Administración de Empresas.
-Del diputado señor Navarro, investigación efectuada en la Seremi de Educación.
-De la Corporación, flexibilización del convenio entre Obras Públicas y Endesa.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (85)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Guido Guirardi y Patricio Walker.
-Asistieron, además, los ministros de Economía , Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Leiva; de Hacienda , señor Eduardo Aninat, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.08 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 22ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 23ª se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS E INVERSIÓN DE RECURSOS.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde tratar la oportunidad y conveniencia de las últimas privatizaciones de empresas públicas y el destino de los recursos obtenidos de ellas.
Se encuentran presentes en la Sala los ministros de Hacienda y de Economía con sus respectivos asesores, los señores Clark y Maldonado, de acuerdo con lo acordado en la reunión de Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , hace más de un mes y medio tomé la decisión de iniciar la recolección de firmas para solicitar esta sesión especial. Me motivaba entonces -y ahora- la íntima convicción de que la ciudadanía y los actores políticos de todos los sectores, especialmente quienes militamos en los partidos del conglomerado de Gobierno, sienten un profundo malestar por las últimas privatizaciones de empresas públicas llevadas a cabo por la Corfo a través del Sistema Administrador de Empresas , SAE.
La crisis del sector energético que aún vive el país puso en el tapete de la discusión pública la oportunidad y conveniencia de entregar la generación y distribución de servicios de utilidad pública a manos privadas.
En el caso de Aisén, región a la cual represento en esta Corporación, hemos debido “sufrir” la reciente enajenación de la empresa eléctrica de Aisén, Edelaysén, única empresa generadora y distribuidora de energía de la región, y es eminente la venta de la estratégica Sociedad de Transportes Marítimos de Chiloé y Aysén Ltda. , Transmarchilay.
En ambos procesos ha estado completamente ajena la consideración de la opinión de las comunidades afectadas, en un esquema de toma de decisiones gubernamentales que ha carecido de la consideración de la opinión de los ciudadanos directamente afectados por las iniciativas. Con ello se ha dejado de lado el principio participativo, tantas veces proclamado por el Ejecutivo.
Quiero detenerme muy brevemente en estos dos procesos privatizadores, que he observado muy de cerca por concernir a mi distrito. En el caso de Edelaysén, la empresa fue adjudicada por una filial del grupo Angelini , la que pagó la nada despreciable suma de 48 millones de dólares, más del ciento por ciento por sobre la estimación del valor de los activos de la firma. Ha sido un misterio la razón por la cual el adjudicatario ofreció tanto dinero por sobre la señal entregada por la propia firma estatal.
¿Fue un simple error de sus técnicos o ejecutivos, que trataron de asegurar la compra a como diera lugar? ¿O hay algún bien entregado por la Corfo, incluido en la licitación, cuyo valor es tan alto, si no en el presente tal vez en el futuro, que justificara tal desembolso?
Creemos que la respuesta puede estar en los derechos de aprovechamiento de las aguas de Aisén, una de las zonas con mayores recursos hidrobiológicos del país y que pueden tener importancia estratégica para el futuro desarrollo del sector energético nacional. En todo caso, es de amplio conocimiento que Endesa, desde la época en que era una entidad pública, solicitó concesiones de derechos de aprovechamiento de las aguas de múltiples ríos y lagos, los que ascenderían, según informaciones de la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Obras Públicas, a un ochenta por ciento de los recursos de la Undécima Región. Hoy, esas aguas tienen a su dueño sentado en Madrid y controlando remotamente los mercados de generación y distribución eléctrica y la empresa más importante de agua potable y alcantarillado del país. O sea, en pocos años pasamos del fenómeno de la privatización al de la extranjerización de nuestras empresas, para culminar con la guinda del pastel: la integración vertical de las empresas y los mercados. Justo aquello que siempre se quiso impedir.
Dijimos que por Edelaysén se pagaron ingentes recursos, los cuales ingresaron a las rentas generales de la Nación -al menos eso suponemos- y, en consecuencia, acá la primera pregunta a los señores Ministros presentes, por su intermedio, señor Presidente , es: ¿en qué se han gastado o se piensa gastar los millones de dólares que obtuvo la Corfo a través del Sistema Administrador de Empresas , SAE? En este punto debo dejar expresa constancia de la molestia de todos los habitantes de la región, por el hecho de que no se ha reinvertido en la región un solo peso fresco proveniente de la venta de una empresa que fue creada con el esfuerzo de cientos y miles de aiseninos, con sus derechos de aguas, que bien pueden considerarse un bien de clara identificación regional. Pues bien, la única empresa privatizada cuyo precio cedió en parte a favor de la región en que estaba asentada, es Esval, y ello, quizás porque autoridades regionales, aun a costa de perder su cargo, se la jugaron por la región y presionaron al Ejecutivo defendiendo las prerrogativas y fueros regionales, al solicitar la restitución de miles de pesos por concepto de aportes regionales no utilizados.
Un hecho que no puede dejarse de lado es el referido a la forma como los grandes grupos económicos recuperan sus cuantiosas inversiones. Estos conglomerados deben rendir cuenta permanentemente a sus accionistas, que, a su vez, son o pertenecen a otros conglomerados o fondos de inversión de los países del Hemisferio Norte. Entre las medidas más utilizadas, y Chile ya lo comprobó, está la reingeniería de sus procesos administrativos para racionalizar las plantas de personal. En vulgar romance: despidos de trabajadores. En Edelaysén -la empresa ejemplo que traemos a colación respecto de mi región- treinta y dos trabajadores fueron despedidos, de ciento catorce; en Endesa- Chile, una cantidad indeterminada, y en Esval, ya la nueva administración ha anunciado grandes pérdidas para legitimar despidos masivos en el corto plazo.
Otros mecanismos utilizados para recuperar con rapidez las inversiones son la especulación financiera y el alza de tarifas. En el caso de los servicios de utilidad pública sujetos a fijación tarifaria, el negocio es redondo, toda vez que por ley se aseguran mínimos de utilidad, disminuyendo a cero el riesgo de pérdida. Pero no se quedan ahí. Cuando las tarifas fijadas por la autoridad no les satisfacen, cuentan con verdaderos ejércitos de especialistas contables y eminentes juristas, dispuestos a demorar los procesos que benefician a los usuarios. Y queda también el recurso, archiconocido, del “lobby”, ojalá a cargo de algún personero de reconocido prestigio político, y cuanto más de izquierda sea, parece que es mejor.
El segundo caso sobre el cual quiero hacer luz es el de la empresa naviera Transmarchilay, la que actualmente cumple una función estratégica y de soberanía, palabra tan de moda últimamente: dar continuidad por rutas marítimas a la Carretera Panamericana, que muere en Puerto Montt.
Los habitantes de la Isla Grande de Chiloé, de la provincia de Palena y de toda la costa norte de Aisén -pienso en los asentamientos de Isla Melinka, los peñones de Toto y Gaviota; Puerto Raúl Marín Balmaceda , el Archipiélago de las Islas Huichas con Puerto Aguirre, Estero Copa , Caleta Andrade , Caleta Tortel y el propio Puerto Chacabuco- dependen del cabotaje de carga y del transporte de personas, que realizan un par de naves; gracias a su condición de ser parte de un ente estatal, existe plena garantía de su continuidad y seguridad futura.
Quiero tocar brevemente un asunto que dice relación con personas muy determinadas. Más aún, como siempre sucede en casos análogos, la disposición o las actuaciones de ciertos funcionarios, terminan ocasionando problemas políticos mayores. Me refiero, con todo respecto, a don Eduardo Arriagada , presidente del SAE , a quien desde hace varios meses le solicité antecedentes completos sobre la justificación de la privatización aludida, como también una serie de antecedentes estadísticos para evaluar el desempeño de la naviera. Salvo dos breves cartas, no he recibido aún los documentos solicitados y, lo que es peor, se ha incumplido un compromiso de palabra de asistir a Aisén y explicar, ante los usuarios de Transmarchilay, las razones y justificaciones de la decisión del Ejecutivo. Lo único que logré sobre el particular es una nota en que se me dice que el tema ha sido tratado con el intendente regional. Yo exijo en esta sala, de mi Gobierno, el máximo de consecuencia política. Si se ha hablado de promoción de la participación y responsabilidad en ella, hay que actuar en consecuencia; ¿o es que se le tiene miedo a la opinión de la gente, de los pobladores y de los comerciantes que son usuarios de una empresa pequeña como es Transmarchilay?
A partir de estos dos ejemplos de pequeñas empresas públicas -empresitas si se quiere-, quiero llegar al problema de fondo, cual es, a nuestro juicio, el rol del Estado en la economía nacional. No hay un consenso democrático real, toda vez que desde el inicio del proceso de transición democrática ha existido de parte de las fuerzas que lucharon por el restablecimiento de las libertades públicas, un temor, una suerte de gran complejo de asumir posiciones diferentes de las que han tomado algunos personeros o funcionarios que permanentemente han bregado por la mantención del actual modelo económico. Existe pavor en las filas concertacionistas de ser calificados de antimercadistas, de socialistas, o de involucionistas. Así, ha primado el pensamiento único por sobre la idea de establecer un esquema de economía de mercado morigerada por la preeminencia de intereses sociales superiores y por el resguardo de los actores más débiles de las relaciones mercantiles, esto es, ciudadanos individualmente considerados que, a diario, se vinculan con los grandes conglomerados empresariales o con el poder económico. La capacidad reguladora del Estado chileno por sobre el mercado y la economía deja mucho que desear, en especial por la actual composición de la cámara alta, que impide avances en la materia, y por el raquitismo de los organismos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas, sean las superintendencias de servicios, el Servicio Nacional del Consumidor o la Fiscalía Nacional Económica. Asimismo, no existen ni las normas ni los tribunales que permitan, por la vía jurisdiccional, combatir con eficacia los abusos de las grandes empresas.
Ejemplos sobran en estos días: telefónicas, carrier, empresas eléctricas, sanitarias.
Por falta de tiempo no me referiré a la Corfo y a lo que ella significó a partir de su creación, en 1939, en el desarrollo industrial, económico y productivo, en general, para Chile.
Sólo diré que su huella fue profunda y fecunda en el país; hasta el milagro exportador de la fruta lo impulsó la Corfo en sus comienzos.
En los últimos años, los ideólogos del mercado que están en el Gobierno, estimulados por los ideólogos que están fuera de él, han hecho vigorosos intentos por reducir al mínimo la intervención estatal en favor de los privados. Pero incluso ellos han sido incapaces de hacer más que una leve mella en las responsabilidades que las deficiencias de la libre empresa imponen a los gobiernos.
A modo de un planteamiento central y para finalizar esta intervención, tenemos a ministros presentes, a quienes con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, interpretando a la ciudadanía, les digo que ésta necesita de participación, ser escuchada no sólo cuando se le va a pedir el voto y no con verdades ya sancionadas entre cuatro paredes o sólo entre pequeños grupos de poder. Eso le resta apoyo ciudadano a las decisiones, a las cuales las rodea un halo poco transparente que es imprescindible y urgente despejar, ojalá en parte, en esta sesión.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, sin desmerecer y respetando las decisiones tomadas por el Parlamento en el período anterior, con mucha autoridad, puedo afirmar que no participé en la ley marco de las sanitarias.
He sostenido públicamente la inconveniencia de que el Gobierno privatizara la empresa Emos, que atiende a la Región Metropolitana.
¿Por qué lo he hecho?
Esta empresa -que se acaba de vender en 960 millones de dólares, y que luego enajenará un 10 por ciento de las acciones, con una rebaja del 10 por ciento del precio primitivamente pagado por la misma empresa compradora- atiende a sobre cinco millones de usuarios, el 90 por ciento de los cuales corresponde a los sectores populares más necesitados.
El Gobierno ha sostenido que esta venta era fundamental para el tratamiento de las aguas servidas. Los gobiernos pasan y la historia queda, y en un tiempo más, nos vamos a preguntar si lo que se dijo en esa oportunidad correspondía a la verdad o solamente al deseo de vender y acumular esa cantidad tan importante de millones de dólares que, en treinta días más, se entregarán al fisco para amortiguar el déficit fiscal.
La decisión ya está tomada y, lamentablemente, hoy día la Región Metropolitana ha perdido. En realidad, siempre fui muy criticado, incluso por más de alguno de los ministros presentes, por mis planteamientos. Ya finiquitada esta operación por el Gobierno, nos preocupa saber -lo hemos preguntado en reiteradas oportunidades, y como diputado de Gobierno lamento tener que reiterarlo en esta Sala- qué sucederá con los recursos obtenidos por la privatización de Emos, Esval y el resto de las empresas sanitarias; adónde irán esos recursos; si es efectivo -que lo diga el ministro de Economía - que parte de ellos se destinarán a tapar hoyos de la Corfo. ¿Por qué no se ha dicho en qué se invertirán los aproximadamente 1.400 millones de dólares que se recibirán dentro de pocos días y los 26 millones de dólares que se recibirán por la privatización de las empresas portuarias? Reconocemos que se están haciendo esfuerzos, que hay preocupación del Gobierno; pero no se puede ser tan insensible cuando hay 700 mil cesantes. Por otro lado, ellos ven que llegan a las arcas fiscales más de 1.000 millones de dólares que no estaban consultados en el presupuesto de la nación, y que no se entrega parte de ellos a paliar la cesantía, en circunstancias que vemos en “El Mercurio” de ayer, que en algunas comunas de la Región Metropolitana ha aumentado la delincuencia, que se ha desplazado desde otros sectores para instalarse en los sectores populares, porque la cesantía ha llegado allí. Muchas veces he sido desmentido por las autoridades del INE, en circunstancias que el propio Gobierno reconoce que en algunas comunas la cesantía ha aumentado. Yo represento a la comuna de Estación Central, que tiene el 17 por ciento de desempleo, y más del 32 por ciento en el sector juvenil. Ellos podrían preguntarnos: ¿acaso no existe preocupación para que parte de esos mil cuatrocientos millones de dólares se destinen para combatir la cesantía?
Creo que aquí vamos a recibir una explicación técnica. La voy a respetar, porque siento gran afecto por el ministro de Hacienda ; sé que es un hombre competente, estudioso de las materias que le incumben. Sin embargo, también debe ponerse en el lugar de nosotros, que tenemos que recorrer nuestros distritos. Ayer, en la Comisión de Obras Públicas, distinguidos diputados de Oposición presentaron un proyecto de ley muy legítimo -será aprobado-, que defiende al consumidor, porque las empresas sanitarias y eléctricas pueden aplicar todos los cargos que quieran, pero el usuario no tiene resguardo alguno, porque en el marco regulatorio de las empresas sanitarias no se introdujeron disposiciones que defendieran mejor a los usuarios.
Para mí no resulta grato -por supuesto que no lo es- tener que referirme a estos temas. Les pregunto a los ministros del Trabajo y del Interior, y a los de Hacienda y de Economía, responsables de las finanzas públicas: ¿por qué no visitan en las mañanas las oficinas de ocupaciones de las municipalidades? Ayer pasé por dos de ellas y había largas colas de personas inscribiéndose para obtener una ocupación. Los remedios se deben aplicar cuando los enfermos están graves, no después de muertos.
Por lo tanto, aquí no se trata de pedir, sino de exigir que se adopten medidas urgentes. Nos vamos a quedar en la Sala para que el Ministro nos diga en qué se invertirán los millones de dólares, en qué ministerio y si es efectivo que se destinarán a tapar los hoyos de la Corfo. Que lo diga de una vez por todas: si corresponde a una opinión o información distorsionada o si realmente parte de esos recursos irán a la Corfo a cubrir deudas de algunas de sus empresas. Si es así, que especifique aquí cuáles son esas empresas.
Por eso, el país agradecería a las autoridades que tienen que tomar decisiones, que adopten urgentes medidas. No se puede pasar a la historia diciendo que se ha mantenido la inflación baja, cuando, al mismo tiempo, los municipios más pobres deben distribuir entre la gente paquetes con alimentos. Millones y millones de chilenos verían con agrado que el ministro de Hacienda les dijera que se destinarán recursos -de estos recursos que pertenecen a todos los chilenos- para paliar el azote de la cesantía que hoy día está experimentando el país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Eduardo Aninat.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , quiero abusar un poco de la paciencia y del tiempo de los señores parlamentarios para analizar el tema en cuestión: incorporación de capital privado al área de infraestructura, y a muchas empresas que eran del Estado, desde una perspectiva histórica, para conocer el contexto de las preguntas formuladas aquí y que en un régimen democrático son absolutamente necesarias y respetables.
En primer lugar, como decía el programa del Presidente Frei, el Gobierno ha estado empeñado en un proceso de incorporación de capital privado por diferentes vías, de acuerdo con la experiencia de modernización y de incorporación de capital para inversiones, lo que aparece reflejado en forma resumida en el cuadro que los señores diputados pueden ver.
En el caso de empresas como las sanitarias, se ha pensado que un esquema de incorporación de capital privado permite focalizar mejor los recursos fiscales, incorporar gestión privada al desarrollo de empresas claves para los usuarios, asegurar el desarrollo de nuevos proyectos y profundizar las alternativas para el sector financiero, de manera de darle continuidad. ¿Cuál es el resultado final? El que se muestra en la parte superior del cuadro: el fisco se concentra en los sectores donde el sector privado, por vocación, viabilidad, tradición o costumbre, no quiere ideologizar, no responde o no prioriza. Ése es, principalmente, el sector social.
Por lo tanto, detrás de la incorporación de capital privado a las empresas públicas no hay sólo o exclusivamente un énfasis de modernización y de avance de gestión, sino, principalmente, lo que aparece en el esquema superior: concentrar al fisco en otros sectores. Aquí se ha aludido al aspecto social.
Ahora bien, ¿cómo focalizar los recursos fiscales? En primer lugar, en la medida en que se va incorporando capital mixto o privado a algunas empresas públicas con los resguardos que establezca la ley y el marco regulatorio, podemos aumentar -como se ha pedido aquí- el espacio del gasto social. A futuro, el Estado deja de asumir la carga de algunas grandes inversiones en esos sectores, y se concentra, entonces, en la regulación y fiscalización que le son propias.
Asimismo, mediante esta forma de incorporación de gestión privada, el Estado puede incorporar nuevas tecnologías al sector de infraestructuras, sean concesiones, sanitarias u otras; aprovechar experiencias de consorcios internacionales no especializados y otros beneficios que, a veces, tiene regularmente una administración privada.
Ahora bien, el desarrollo de nuevos proyectos, las nuevas inversiones y la ampliación de las operaciones existentes tienen que ver, fundamentalmente, con lo que aparece en la transparencia a la izquierda: la ampliación de cobertura. Aquí hay un punto esencial, señores parlamentarios, porque este Gobierno no está interesado, por razones ideológicas o de otra naturaleza, en incorporar capital privado per se al sector de infraestructura, sino que lo hace principalmente para entregar un servicio que permita a los usuarios -que, como bien decían los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, normalmente pertenecen a sectores sociales vulnerables o de estratos socioeconómicos menores- disponer de esa mayor cobertura, y para asegurar que esa ampliación de cobertura se cumpla en un período largo.
También cabe mencionar brevemente la profundización en los instrumentos financieros. En la medida en que abramos estos sectores de infraestructura a usos no tradicionales, ampliaremos el margen que las propias AFP -que operan con el ahorro de los trabajadores- tienen para asegurar una rentabilidad más alta a largo plazo.
Si el fisco puede concentrarse en sectores con mayores beneficios sociales -respecto de la rentabilidad de los proyectos que acomete-, y en sectores sin acceso, por los privados, sea por financiamiento u otras razones, y, finalmente -lo que es más importante-, en las prioridades sociales, estaremos avanzando hacia el rol propiamente ineludible del Estado.
Quiero exponer las etapas de privatización que se han llevado a cabo históricamente, en algunos cuadros resumen, para que cuando evaluemos si ciertas privatizaciones han sido mal o bien llevadas, lo hagamos sobre la base de una comparación histórica lo más fidedigna posible. Las privatizaciones hechas las hemos dividido en tres períodos.
Terminado el período del gobierno de la Unidad Popular e iniciada la primera fase del gobierno del general Pinochet, se devolvieron aproximadamente 250 empresas por la vía de devolución gratuita con la condición de renuncia de acciones legales y con algunas condiciones, en algunos casos, de nuevas inversiones, pero con financiamiento subsidiado.
En un segundo grupo, respecto de 232 empresas, se operó mediante lo que llamaríamos un devolución onerosa. Primero, se ejercieron, en esos casos -no en los anteriores-, venta directa y, a veces, licitación. Siempre se dieron pagos entre cinco a siete años, con un año de gracia. Los pagos al contado fueron bajos o mínimos -entre 10 a 20 por ciento-, y siempre hubo crédito para adquirir las acciones a tasas del orden que aparecen mencionadas en el cuadro resumen.
Durante la segunda etapa -al final del período Büchi de las privatizaciones de Pinochet-, se hacen privatizaciones adicionales importantes en empresas claves. Aquí figura una lista de las empresas privatizadas en ese segundo período. Podemos ver que ellas recorren un amplio espectro de distintos sectores, desde Soquimich y líneas aéreas, hasta la Compañía de Teléfonos y la Compañía de Aceros del Pacífico, incluyendo el caso Endesa, discutido por distintas razones a través del tiempo.
Aquí tenemos el calendario de las privatizaciones y la secuencia con que se realizaron: algunas, en procesos parciales o más completos; otras, por etapas, en privatizaciones en paquete.
¿Cuál es el resumen de esa etapa del período 2, comprendida entre 1984 y 1988? En nuestra opinión, ciertamente polémica, pero clara: en la mayoría de los casos, las privatizaciones se efectuaron en procesos que no fueron competitivos, en el sentido de abiertos y bien informados. En algunos, fueron procesos discrecionales; en otros, los ejecutivos anteriores asumieron el control de esas empresas -el caso eléctrico- y no siempre -aquí hay casos de casos- se maximizó u optimizó el valor económico de las transacciones. Hubo muchas diferencias entre los paquetes accionarios licitados.
Por lo tanto, al evaluar las privatizaciones del período 1990-1999 -que llamamos, en sentido exacto, incorporación de capital privado en la Concertación-, tenemos que distinguir entre los dos casos que mencionaba al principio: infraestructura por concesiones, principalmente para carreteras, aeropuertos -ahora, futuro aeropuerto-, y el caso de las empresas, principalmente sanitarias y otras. En las concesiones de carreteras ha habido adjudicación y una etapa de concesiones, que es conocida, pero que recorre ampliamente -aquí sólo ilustro- un amplio espectro de la ruta 5 y de otras rutas interurbanas. Y esto ha sido hecho -punto importante por destacar- aprovechando una ley concreta, completa, bien diseñada, en el período del Presidente Aylwin, la cual da un marco para concesiones que se diseñan y se llama a licitación con extremo cuidado.
Luego tenemos las concesiones aeroportuarias. Hay ocho aeropuertos concesionados, de los cuales seis ya se han adjudicado, de manera que en ellos opera el sector privado; y los de Antofagasta y Punta Arenas se encuentran en proceso de evaluación o de licitación.
El tema de los aeropuertos también se inserta en la ley de concesiones, para apoyar ese sector, dinámico y veloz, en beneficio de los usuarios, tanto desde el punto de vista productivo como personal.
La ley de concesiones de obras públicas, que ha apoyado esa etapa del proceso, amarra el financiamiento de infraestructura clave para el país, es decir, tiene una orientación de protección en los términos y en la manera como eso se licita, y una regulación muy exacta del proceso respectivo. A veces, los señores parlamentarios aluden, en sus discursos, a la demora en la entrega de las licitaciones o las concesiones de carreteras aeroportuarias. Precisamente, esa demora se debe a que el proceso se ha hecho con cuidado para impedir el provocar licitaciones o concesiones que podríamos haber llamado apresuradas.
¿Cuánto se ha adjudicado por este camino? 3 mil 400 millones de dólares, de los cuales un 94 por ciento es en carreteras y 6 por ciento en aeropuertos. En este proceso -y aquí, con todo respeto, desmiento, por lo menos en ese sector o área, la intervención muy respetuosa, pero también incisiva del primer diputado que hizo uso de la palabra-, se establecieron, en el área de concesiones de caminos, viales principales, interurbanas y aeroportuarias, para cada una de esas concesiones, esquemas de reuniones de trabajo y de diseño con las comunidades involucradas. Esto es un mero resumen de más de 600 reuniones de trabajo, en las cuales no sólo se pidió la opinión, sino también se consideraron obras de apoyo: pasarelas, elementos de seguridad, de tránsito, de acceso, las que fueron consultadas y discutidas con las autoridades de comunidades regionales.
Obviamente -y esto lo voy a pasar rápidamente en aras del tiempo-, el proceso de adjudicación de infraestructuras, que comentábamos, tiene un plazo de adjudicación muy distinto del período de los años 1970-1980: un período de vencimiento de 11 a 24 meses, porque hay una exigencia concreta de la ley de concesiones, en cuanto a cómo se llama y se identifica el proyecto y cómo se adjudica el mismo.
El resultado final, mirado el proceso en forma pragmática y no ideológicamente, es que en las áreas que comento, si establecemos una proyección entre los déficit de infraestructura reseñados por el MOP o el Minvu, y las ofertas de acceso y de programas de concesiones ya licitadas, estaríamos cubriendo, aproximadamente, el ciento por ciento del déficit en aeropuertos; un porcentaje importante, pero no completo, en vías urbanas, y estaríamos completando una brecha estructural muy larga que venía de los ’60 en el área de carreteras.
Ese es el objetivo principalísimo de lo que se ha llamado incorporación de capital privado en el tema de concesiones de infraestructura caminera y aeroportuaria.
Ahora bien, los beneficios no terminan ahí, porque si a ese proceso le agregamos una serie de pavimentos nuevos, rehabilitación de pavimentos existentes en términos de proyecciones que van por las regiones mismas, vemos también que tanto en la ruta 5 como en otras, hemos estado mejorando la infraestructura que se deja. O sea, hay un capital social que queda para el país, que permanece en el tiempo y que es mejor.
Con eso, de paso, entramos en la incorporación de capital privado-empresas. En los períodos presidenciales de Aylwin y Frei también se ha cubierto, de acuerdo con la ley y con capitales nuevos y frescos, una cantidad de empresas relativamente significativas.
He aquí, por lo tanto, un primer mentís. Se dice mucho por la prensa -no digo que lo señale la Cámara ni el Congreso- que el Gobierno de Frei ha estado detenido en este proceso y que el de Aylwin hizo poco en esta etapa.
Si uno mira las empresas concretas, observa que los dos gobiernos no han estado por andar cortando cintas, publicitando lo que se ha hecho en esta materia; pero la lista de empresas, que parte ya en 1991 y termina en 1998 y 1999, es relativamente ilustrativa y significativa.
En el caso de incorporación de capital privado a empresas, de acuerdo con los calendarios estimados, tenemos los esfuerzos de Essel y de Essbío y la incorporación o generación de una continuación de este proceso hacia el año 2000.
Ahora bien, ¿qué se ha hecho para llevar a cabo la incorporación parcial de capital privado a las empresas? En primer lugar, respetar el ciento por ciento -no el noventa por ciento- de la ley marco que este propio Congreso estableció antes de iniciar la participación de capital privado en sanitarias. Y esta ley marco establece regulaciones muy claras y resguardos muy claros en favor de los usuarios, tanto por el lado de las tarifas como de los usos. Mi colega Jorge Leiva se va a referir con algún detalle al tema de los resguardos tarifarios.
Pero en la incorporación misma, siempre han participado asesores externos al proceso, más allá de los equipos de Corfo, del SAE y del Ministerio de Economía. En ninguno de los procesos han faltado asesores especializados. Por lo tanto, si hubiere pecados -que no creo que los haya- estos han sido avalados, auditados, notificados y respaldados por empresas externas de primer nivel en la parte de asesoría técnica.
¿Qué se desea lograr aquí? Antes de la incorporación de capital privado, se ha perfeccionado el marco regulatorio; se ha estado apoyando, y este mismo Congreso lo sabe, el patrimonio o el ámbito de las entidades fiscalizadoras. Aquí hago un reconocimiento. Efectivamente, como se ha visto en el caso de la energía eléctrica, hay todavía una brecha que cumplir respecto de los poderes, el número y el ámbito de las facultades fiscalizadoras. Y tenemos que seguir avanzando.
Se han hecho -como en el caso de Colbún, empresa privatizada a precio récord durante el Gobierno del Presidente Frei- pactos de accionistas para resguardar los derechos de la Corfo en esta materia, y se ha requerido que se incorporen agentes privados que realmente sean operadores de primera clase y no gente que venga a aprender del negocio energético o sanitario, o de infraestructura en el proceso. Y lo último es lo clave: asegurar los requerimientos del perfil de inversiones requerido.
Ahora, en términos de incorporación de capital, estamos hablando de miles de millones de dólares para aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y el tratamiento de aguas servidas. Ése es el sentido de la incorporación de capital privado en las sanitarias. Y todo esto cumple un proceso formal, explícito, que demora entre 28 y 36 semanas.
Si se compara con los procesos de otros países latinoamericanos o con el mismo nuestro, pero mirado históricamente, aquí hay más tiempo y más cuidado en los detalles y en la manera como se ha procedido para llamar a estos procesos de licitación.
Veamos ahora los precios y las recaudaciones.
Por supuesto, aquí aún no están consideradas algunas de las incorporaciones de capital privado más recientes, porque son procesos que están en curso. Pero si hacemos una comparación relevante, para ser precisos respecto de nuestro país y miramos los montos recaudados en una muestra de 10 empresas de este período y una muestra de 10 ó 12 empresas del período anterior, del señor Pinochet -hemos extraído los datos de Rolf Lüders, Dominique Hachette y de otros personeros de la Corfo-, vemos que el total recaudado nominal, en dólares, es prácticamente el doble en el período reciente, casi 1.500 millones de dólares, respecto del otro período aludido, de 747 millones. O sea, si algo ha hecho la Concertación en un grupo significativo de empresas es recaudar, a lo menos, el doble del período pasado. Podrá decirse que esas comparaciones están sesgadas por el hecho de que hay que comparar con el precio de mercado, la utilidad o el excedente que generaba la empresa en cuestión.
En este segundo cuadro, hemos comparado la relación de precios-utilidad; es decir, cuántas veces en el precio privatizado cabe la utilidad o el excedente del período anterior, desde Entel hasta Laboratorio Chile, incluyendo Iansa, Endesa y otras, y cuál ha sido, en realidad, el precio relevante de estas privatizaciones, las recientes, respecto de la utilidad anual y tipo que tenía la empresa privatizada en cada caso. Y hemos visto que aquí también el indicador del número de veces de la utilidad que se paga por los privados que acceden a esto, multiplica en muchas veces el caso de las privatizaciones anteriores. O sea, en ambos períodos se privatiza un número significativo de empresas. En este caso, se hace con más tiempo y cuidado, con precios altos y con recaudación efectiva muy importante.
Ahora bien, en el caso de las empresas sanitarias, con la concreción del programa de inversiones, la cobertura en materia de tratamiento de aguas servidas -si esto continuara vigente y se sustentara de acuerdo con el programa descrito- alcanzaría a cubrir aproximadamente el 90 por ciento de la población con demanda y proyección hacia el 2010. Es decir, en un período que reconozco es largo, del ’99 al 2010, con el programa de inversiones que se exige y se requiere de estas empresas y con la incorporación de estos capitales, estaríamos llegando a cubrir una cifra que no tiene parangón, por lo menos en nuestra historia, y ciertamente en la de Latinoamérica.
Se ha dicho: “Bueno, y ¿qué pasa con el flujo de recursos -hablaré en forma general- en cuanto al uso de los mismos a través del presupuesto público?”.
En primer lugar, un tema constitucional o de declaración. Sin establecerse en la ley o en negociaciones formales, públicas e informadas, como se sabe, no es posible constitucionalmente afectar ingresos del fisco, generales o especiales, a destinos específicos. Ahí sólo menciono un requisito constitucional. Sin embargo, si observamos cómo ha sido la evolución del gasto social respecto de una línea, por supuesto cíclica, el proceso de incorporación de capital privado ha tenido una mayor aceleración en los últimos tres años, y muy baja al principio, entre el 91 y el 93 -parte casi a fines del 91-. Por lo menos, hay una asociación muy clara en que estos dos Gobiernos han incrementado sistemáticamente el nivel del gasto social, que yo llamaría más bien inversión social, casi en 11 mil o más millones de dólares, y, además, una asociación en la sustentación que con el mismo proceso de ingresos de estos recursos ha estado ocurriendo en el tiempo. Y si miramos esto más particularmente en un universo más restringido de gasto social -fondo social y subvenciones, fondo único de prestaciones familiares, subsidio único familiar, telefonía rural y otros- esa asociación de incremento fuerte, desde el 95 al 97, y de recursos de las privatizaciones en esa etapa, se sigue cumpliendo con fuerza.
Ahora bien, nosotros tenemos que debatir, y hago esta consideración explícita, todo el contexto de la recaudación ordinaria y extraordinaria de la incorporación de capital privado a las sanitarias y a otros sectores en cuanto a lo que es la ley de Presupuestos en curso y al proyecto de ley de Presupuestos que presentaremos al Congreso el 30 de septiembre. Hago ese alcance para indicar que aquí sólo daremos un ejemplo parcial de casos mencionados por algunos diputados, para ilustrar el tema parcial de uso de recursos de los mismos, y que una discusión más completa sólo se puede dar en el análisis del presupuesto total, el de este año y el del próximo.
Vamos viendo los tres casos terminados y definitivos -esperamos que así sea y estoy seguro de ello-: el caso de Esval, que es el inicial; Essal, el segundo, y Emos, el caso aquí aludido.
Si se dividen los ingresos brutos por venta de las empresas a estos sectores, Corfo recibe 199 millones de dólares por concepto de las tres empresas y el fisco, 726 millones de dólares, lo que da, en total, 925 millones de dólares. El caso de Emos -no quiero complicar las cuentas, pero daré esta ilustración- tiene también el alcance de que uno no puede tomar los 900 y tantos millones de dólares de incorporación del porcentaje del capital privado licitado, que reconozco fue un precio récord, mucho mayor del que esperaba el Gobierno -eso es así y nos felicitamos de que así sea-; pero, en este caso, hay 400 millones de dólares que los diputados saben que no ingresan al fisco, sino directamente, por una emisión de capital, en la empresa, para hacer obras en la Región Metropolitana y en localidades aledañas. O sea, no podemos contar los 926 millones, porque el efecto Corfo fisco es sólo de alrededor de 500 millones de dólares. Y ahí también hay parte de la respuesta. Casi la mitad de los ingresos que se capturan con la privatización del 40 por ciento de Emos, queda en la Región Metropolitana, para aumentar especialmente el tratamiento de aguas servidas, porque, digámoslo claramente, ha sido una excelente empresa. No hemos privatizado una empresa con pérdida, sino una que ha tenido utilidades. También eso desmiente algunas polémicas ideológicas. Muchas veces las empresas estatales funcionan muy bien y, a veces, mejor que las privadas; no tenemos complejos en decirlo, pero el hecho cierto es que Emos, con todos sus beneficios y ventajas, sólo cubría el 3 por ciento del tratamiento de aguas servidas que era necesario. Y vayamos a ver cómo se riega la horticultura en Maipú y en otros lugares aledaños a la Región Metropolitana, y a qué nos exponíamos en medio ambiente y en denuncias, lo cual más vale no detallar acá. En consecuencia, era necesario que parte importante de esos recursos se retuvieran y quedaran en Emos para cumplir esa inversión social de primera necesidad.
Ahora, hagamos el desglose. Hablo de la situación de 1999, porque es más exacta y la conocemos; obviamente tenemos la obligación de presentar esto finalizado, cuando traigamos el presupuesto, como lo anuncié. En el caso del fisco, en cuanto a los ingresos de los 726 millones de dólares del total de las tres empresas, hemos compensado una caída de ingresos tributarios de 768 millones de dólares anualizados, producto del ajuste y de las pérdidas de ingreso que ha sufrido el fisco y que hemos expuesto en dos ocasiones, dada la caída del crecimiento de este año a causa de la crisis asiática y de lo que nos sucede.
En el plan de marzo, del Presidente Frei, no en las medidas posteriores del 21 de junio, ni en aquellas que pudieren considerarse más adelante, hemos financiado un apoyo extraordinario a programas de empleo del orden de los 40 millones de dólares. Es decir, también ha habido un uso social en la dirección que aquí se ha pedido para el plan del 11 de marzo, del Presidente Frei, destinado a enfrentar la desocupación. Podemos debatir si ese plan fue chico, grande o mediano, pero aquí la discusión es si las platas se han usado en pagar deudas o para hacer otras cosas; si se han desviado de la inversión social o no.
Y finalmente, respecto de los recursos que se esperaba financiar con las ventas, de acuerdo con la ley de Presupuestos que ustedes votaron -es fácil consultarla-, y el uso de los mismos, le queda al fisco un faltante acotado del orden de los 81 millones de dólares por esas tres privatizaciones.
He dicho que ésta no es la película completa, porque tendríamos que mirar los ingresos y gastos de todo el presupuesto público.
Por otro lado, si hacemos la cuenta de Corfo, en ella la situación se produce al revés. En los ingresos por venta de acciones, según estimaba la Corfo, aprobado por ustedes en la ley de Presupuestos, teníamos 119 millones de dólares. Ese era el estimado que se esperaba de recursos directamente destinados a Corfo, producto de esas privatizaciones. Los ingresos efectivos, como dijo el diputado Pareto, son casi el doble: 199 millones de dólares. Por lo tanto, a la Corfo se le produce el excedente, que no tiene el fisco por otras razones, del orden de 80 millones de dólares en cifras redondas.
Pero aquí es donde tenemos un problema, y no digo ahora que no haya que hacer esfuerzo en lo social o seguir enfrentando el tema de desocupación, o tener un reforzamiento de gestión en los programas sociales. Eso no lo digo; probablemente lo comparto con el espíritu de la Sala; pero el problema es el siguiente, y no nos podemos engañar, desde el punto de vista patrimonial y del Estado. Si tomamos, por ejemplo, los 80 millones de dólares de excedentes en Corfo y los utilizamos en gasto corriente inmediato, estaríamos, por así decirlo, vendiendo los muebles para efectuar ese gasto. El problema radica en qué pasará cuando ese ciclo se revierta y no tengamos los muebles o el capital para disponer de ellos en otros períodos, sean de alza o de baja. Con esto quiero decir que -es un tema que hay que discutir en forma democrática-, de alguna manera, debería constituirse un fondo de apoyo a la Corfo, con el objeto de compensar los dividendos que dejará de percibir de esas empresas para siempre. En el caso de las tres empresas en cuestión, estamos hablando de un dividendo normalizado en torno a los 22 millones de dólares. Por lo tanto, en estricto rigor, alguien, en algún momento, en alguna parte, debiera destinar al 8 por ciento real un fondo patrimonial del orden de los 270 millones de dólares para acumular los dividendos que Corfo dejará de percibir, a pesar de obtener este muy buen ingreso extraordinario.
Entonces, hay un tema abierto que debemos discutir, analizar y evaluar en democracia: ¿queremos una Corfo más pequeña? Los recursos que mencioné equivalen al 10 ó 12 por ciento del patrimonio contable de la Corfo. ¿Aceptamos eso como sociedad? Si lo hacemos, no le pidamos simultáneamente que siga aumentando dos o tres veces las reprogramaciones, los apoyos mediante el Fosis, los apoyos a los deudores o los programas con los sectores productivos, directa o indirectamente. Es un tema por discutir y por evaluar.
Quiero terminar señalando que el esfuerzo del Estado no queda sólo en la asignación regional de recursos para aumentar la cobertura de agua potable y de servicios, en la gran faltante de aguas servidas y de alcantarillado. Además, debemos recordar que con el voto de los señores parlamentarios estamos embarcados en la reforma educacional; en la ley procesal penal, una de cuyas partes acaba de terminar bien en el Parlamento; en gastos sociales crecientes, que hemos ilustrado, amarrados por leyes permanentes; en inversiones que traen arrastre para los próximos años; en el programa especial del plan Frei del 21 de junio, y también debemos cautelar que el subsidio al consumo de agua potable en lo rural y urbano para los sectores vulnerables, tenga apoyo, se siga manteniendo. Para eso, el Estado no puede gastar todo su capital.
Con las tres empresas mencionadas, quería ilustrar el flujo de caja efectivo de l999 en la Corfo y en el fisco, precisamente para identificar las restricciones y las ventajas del proceso.
Además, entiendo que en estos días se ha reunido nuevamente la mesa negociadora de Esval y de Emos. En esos casos, los trabajadores de las empresas no quedaron al margen, como si estuvieran en cualquier empresa, sino que accedieron al diez por ciento del capital privatizado o socializado, adelantando sus indemnizaciones con créditos Corfo -nuevamente hay un rol de este organismo- y, además, recibieron en forma directa otros beneficios. O sea, han quedado como trabajadores dueños de acciones de las empresas privatizadas, dada la ley marco, y han recibido apoyo del Estado, a través de la Corfo y de otros, para adquirir esas acciones y obtener mejores condiciones económicas. Se podrá decir que no se hicieron en forma exhaustiva todas las consultas en cada región o sector, y habrá críticas valederas al respecto, pero lo que no se puede decir es que tales inversiones no son necesarias, no tienen un destino social y que los trabajadores no fueron beneficiados o consultados.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, hemos sido convocados a esta sesión para “tratar a fondo la oportunidad y conveniencia de las últimas privatizaciones de empresas públicas y el destino de los recursos obtenidos de ellas”.
Quiero celebrar que tenga lugar esta sesión especial, pues nos permite, entre otras cosas, un diálogo, un debate y, por qué no decirlo, una pedagogía de la que, tal vez, hemos carecido en todo este proceso.
Si uno mira la historia de América latina y de nuestro propio país, ésta nos señala que cuando las modernizaciones no se hacen con los tiempos y ritmos de la democracia y con la legitimidad que ella conlleva, desgraciadamente terminan efectuándose en dictadura. No es que exista un solo paradigma de la modernización -la Concertación así lo ha demostrado- o que éste sea un camino lineal o inexorable, pero lo cierto es que muchas veces legítimos intereses particulares, corporativos o concepciones ideológicas de diverso tipo se interponen en el camino de los cambios necesarios para un verdadero desarrollo económico.
En Chile, tuvimos dos grandes momentos en que logramos conciliar democratización y modernización. Me refiero a los gobiernos del Frente Popular, en los años 40, y de Eduardo Frei Montalva , en los años 60. Pero también existieron oleadas modernizadoras autoritarias, como las que tuvieron lugar bajo las dictaduras de Ibáñez, a fines de los años 20, y de Pinochet.
Diríase , por lo tanto, que los gobiernos de la Concertación son el tercer gran momento en el siglo XX en que hemos logrado conciliar democratización, partiendo por la recuperación de la democracia, y modernización. No ha sido, como sabemos, un proceso fácil. A diferencia de las dos oleadas anteriores democratizadoras y modernizadoras, esta última fase tiene lugar en un contexto muy distinto de lo que hemos conocido históricamente. Se desarrolla en el marco de una economía abierta, de mercado, de globalización y de un empresariado que goza de más autonomía, iniciativa y, por qué no decirlo, de mayor legitimidad social, si se lo compara, por ejemplo, con el empresariado más bien parasitario del pasado, que muchas veces se desarrolló sobre la base del favor del Estado. Hoy, el sector privado genera el 70 por ciento del producto -hace 30 años ese porcentaje lo generaba el Estado- y el 85 por ciento de los empleos.
A mi juicio, en este nuevo marco histórico y conceptual debe entenderse el proceso de modernización y de privatizaciones que han impulsado los dos gobiernos de la Concertación de los presidentes Aylwin y Frei, de la cual formo parte a mucha honra. En ese contexto, la filosofía del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha sido muy simple, pero muy profunda a la vez: concentrar los recursos públicos en política social, educación, salud, vivienda, justicia, capacitación, y liberar los fondos que en la actualidad se destinan a actividades productivas en empresas públicas. En algunos casos, hemos optado por la modernización de empresas, como ocurre, por ejemplo, con Codelco, que se ha convertido en un caso emblemático de cómo hacer eficiente una empresa pública en proceso de modernización y, en otros, por la “privatización”. Lo digo entre comillas, porque está mejor dicho como una incorporación del sector privado, ya sea en la propiedad, en la operación o en la gestión de dichas empresas. Todo ello, de acuerdo con el programa de la Concertación. En efecto, al incorporar capitales privados en infraestructura vial, a través de la ley de concesiones, o en ferrocarriles del Estado, el Gobierno del Presidente Aylwin se atuvo y no se desvió del programa de la Concertación de l989, sin perjuicio de la crítica que nos puedan merecer muchas de las ejecuciones de ese programa.
De igual forma, al incorporar capitales y gestión privada en la propiedad de empresas sanitarias, como Esval o Emos, o en la operación de los puertos, que siguen siendo de propiedad estatal, el Presidente Frei ha dado estricto cumplimiento al programa de la Concertación. Tal vez por ello la Cámara aprobó la ley sobre sanitarias con un solo voto en contra, y por inmensa mayoría, casi unánime, la ley de puertos.
¿Qué dice el programa de gobierno de la Concertación, que son las reglas del juego que hemos concordado y ofrecido al país? Que “hay que proveer de agua potable y alcantarillado a parte importante de la población rural y resolver el tema de las aguas servidas. Esto hace que sea necesario invertir 1.500 millones de dólares en estos rubros. Ésta es una tarea -añade nuestro programa- que no puede acometer sólo el sector público; se requiere también de la masiva concurrencia de inversión privada nacional y extranjera. Continúa señalando que “en materia de infraestructura productiva, el sector privado tendrá que asumir parte importante de las mayores inversiones que el sector requiere”.
Nuestro programa de gobierno contempla un plan de infraestructura de mediano plazo, que dice: “Incorporará el esfuerzo público y privado a nivel nacional y regional, especialmente en materia de infraestructura sanitaria y de puertos”. En materia de puertos, expresa: “Se buscará generar condiciones de competencia entre puertos”. Por ello, aprobamos una ley que puso fin a Emporchi y creó diez empresas autónomas estatales que ya operaban privadamente desde 1981; pero estamos innovando, pasando de un sistema multioperador privado a uno monooperador privado, porque, según las estimaciones, se requieren 400 millones de dólares para modernizar nuestros puertos, inversiones que tradicionalmente hizo el Estado. Agrega el programa: “Los actuales puertos estatales no serán privatizados -y no lo han sido ni lo serán-, pero se facilitará la inversión del sector privado en la ampliación y habilitación de los mismos. El Estado no hará inversiones en nuevos puertos y establecerá los mecanismos de coordinación con el sector privado que faciliten un desarrollo equilibrado y racional del sector”.
Por lo tanto, aquí no hay sorpresas en materia de empresas sanitarias o portuarias; estamos cumpliendo el programa de gobierno del Presidente Frei, el programa de la Concertación.
Sobre el tema más global de las empresas, dice: “Hemos logrado construir un amplio acuerdo en torno al rol fundamental de la empresa privada, los mercados competitivos y la apertura a la competencia externa”. Y agrega: “Una tarea fundamental del próximo gobierno será fortalecer y defender la libre competencia”.
Por lo tanto, lo que ha hecho el Presidente Frei, lo que hemos hecho como Parlamento al aprobar leyes relacionadas con las sanitarias o portuarias es cumplir estrictamente el programa de la Concertación.
Y añade lo siguiente, en relación con el tema general de las privatizaciones en este contexto más amplio de modernización: “El Estado podrá proceder a privatizar empresas públicas sólo si concurren las condiciones que se señalan a continuación:
“1º Cuando la empresa opere en el mercado competitivo o, en su defecto, exista capacidad para regular y supervisar adecuadamente el funcionamiento del respectivo mercado”.
Por eso, hemos dotado a las empresas sanitarias de un marco regulatorio adecuado, mediante una ley aprobada en el Parlamento, en forma transparente y de cara a la gente; lo mismo se hizo con las portuarias y recientemente también con las eléctricas, aunque su privatización no estuvo a cargo nuestro y se efectuó entre gallos y medianoche.
“2º Que no se produzca una excesiva concentración de poder en manos privadas”.
Por eso, tenemos trece empresas sanitarias, una por región, y diez empresas autónomas estatales en los puertos, para velar por ciertas condiciones de competencia y evitar la excesiva concentración.
“3º Que se garantiza un precio económicamente razonable y la transparencia del proceso de enajenación”.
El ministro de Hacienda ha demostrado, en forma clara y elocuente, el precio obtenido y la transparencia con que se actuó.
“4º Que se resguarden debidamente los intereses legítimos de los trabajadores y se les dé la opción de participar en la adquisición”. Plenamente cumplida. El 10 por ciento de la propiedad de Esval hoy día es de sus trabajadores.
“5º Que exista un uso alternativo para los fondos que se generen, que signifiquen una mayor rentabilidad social”.
Por eso, termino diciendo en relación con los usos de estos recursos:
1º Más de 1.100 millones de dólares han ingresado por las ventas de Emos y de Esval, tal como aquí se ha indicado.
En el caso de la Quinta Región, ¿qué hemos hecho? De los cerca de 140 millones de dólares en que se vendió el 40 por ciento de Esval, 40 millones se están invirtiendo en la región; cerca de 20 mil millones de pesos, en un plan especial acordado para tres años, y Esval está acometiendo una inversión histórica de 200 millones de dólares entre 1999 y 2003, es decir, 100 mil millones de pesos para invertir en agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas. La mitad de eso, 100 millones de dólares, irá al saneamiento del río Aconcagua, que hoy contamina las aguas, afecta la salud pública y los productos agrícolas de exportación.
Por eso, celebro que hayamos realizado esta sesión y quiero reiterar que sólo hemos cumplido fiel y estrictamente el programa de la Concertación y del Presidente Frei , por el que fue elegido en 1993 con un 57 por ciento de la votación.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente , a comienzos del gobierno del ex Presidente Aylwin , durante casi tres años, participamos en una comisión investigadora de las privatizaciones. Había muchas críticas y dudas. Me alegro de que hoy día los mismos diputados de la Concertación pidan transparencia, porque realmente no la ha habido.
En el gobierno militar, tenían dudas sólo los actuales diputados de la Concertación; ahora, todos tenemos dudas, los de Gobierno y los de Oposición. Quizás faltó diálogo, o pedagogía, como dijo el señor diputado.
El Ministro reconoció que la información que nos entrega incluso ahora es sesgada. Ha habido concesiones de obras públicas y se han alcanzado precios récord que, sin embargo, no están bien medidos, y voy a explicarlo.
En este momento, el tema que nos convoca realmente es la oportunidad y la conveniencia de las últimas privatizaciones de empresas públicas y el destino de los recursos obtenidos, porque, en el fondo, estamos pensando en la tremenda cesantía que soporta el país en este momento, porque, en realidad, con empleo, muchos problemas se resuelven solos.
El otro tema importante que me gustaría que escuchara el señor ministro es que ya no son privatizaciones con capitales chilenos, como se hizo siempre, sino que estamos hablando de extranjerización y, quizás, de españolización. Pero en este momento estamos hablando de extranjerización con cesantía.
El único remedio, la única consecuencia aparente o la única lección que recogió la Concertación de esos tres años de investigación de las privatizaciones fue crear este sistema de administración de empresas, SAE.
Pero, ¿de dónde nace el problema? A nuestro juicio, de un gasto fiscal que crece más que la producción, y éste sólo se puede financiar con una mayor proporción, retirada del gasto privado, que tiene que crecer menos; también se puede financiar con más endeudamiento, el que, al llegar los plazos, debe ser pagado, o con inflación. Pero todas las formas terminan, directa o indirectamente, en más cesantía.
Quiero explicar eso. No olvidemos la incidencia que en su momento tuvieron la crisis asiática -creo que aún está incidiendo-, la sequía, los apagones eléctricos, las huelgas, las movilizaciones, las paralizaciones, que también han hecho que produzcamos menos y seamos más pobres.
Un alto gasto fiscal produce un alza en la tasa de interés. Por ejemplo, si los impuestos fueran del 95 por ciento y no del 25 por ciento, obviamente quedaría el 5 por ciento de recursos en el sector privado, lo que haría que la tasa de interés fuera altísima y nadie tendría recursos para comprar dólares, por lo que el tipo de cambio sería bajo. Los impuestos no son del 95 por ciento, pero sí del 25 por ciento. Una alta tasa de interés, que termina siendo superior a la tasa de interés en el extranjero, restringe la actividad interna durante mucho tiempo. Esta tasa de interés, repito, tiene su origen en la alta tributación que estamos soportando.
El castigo es un fenómeno paulatino y no inmediato. Por eso las autoridades que suben los impuestos y aumentan el gasto público siguen alegres, como si no pasara nada durante un rato, pero después vienen las dificultades.
Al subir las tasas de interés, las empresas medianas y pequeñas también se resienten, como las dedicadas al comercio, a la industria, a los servicios, al transporte. El efecto intermedio y final es más desempleo.
Hoy las autoridades de la Concertación abren los ojos, pero de a poquito, mientras el daño no deja de crecer y seguirá creciendo.
Las altas tasas de interés, al igual que los vasos comunicantes -como expliqué al comienzo-, junto con la alta tributación, producen una baja en el tipo de cambio, en el valor del precio del dólar, porque empiezan a entrar al país muchos más dólares.
¿Con qué capital se está privatizando? Con capital extranjero. Desde marzo de 1997, la deuda externa de Chile subió de 26.700 millones de dólares a más de 35 mil millones de dólares en estos días. Un bajo precio del dólar castiga las exportaciones, que, como se ha dicho, junto con el ahorro son el corazón de nuestro crecimiento económico. Un bajo precio del dólar, por supuesto, justifica que los extranjeros paguen más dólares, que, por lo demás, los consiguen a una tasa inferior en el extranjero, porque nosotros tenemos una tasa de interés artificialmente superior, con un tipo de cambio enormemente más bajo, por lo que ha aumentado, repito, nuestra deuda externa.
Pero el ahorro interno no sube, porque si tenemos una tasa de interés alta sería muy interesante ahorrar; pero nadie lo hace y el ahorro está estancado en un cierto nivel, porque si bien han aumentando las tasas de interés, se han generado tantos impuestos al ahorro que no hay ninguna posibilidad de ahorrar.
Sólo las grandes empresas pueden endeudarse en el extranjero; las pequeñas y medianas tienen que hacerlo en Chile, donde, repito, es caro. Las pequeñas y medianas empresas venden los muebles para comer y vivir; no los vende el Gobierno, como dijo el señor Ministro , y no está dispuesto a hacerlo. El ajuste se hace al sector privado, es decir, al que entrega más del 80 por ciento de las fuentes laborales.
Por esas razones, están llegando grandes consorcios extranjeros a comprar empresas chilenas; incluso, como puente barato para entrar en otros países de América, desplazando a nuestros empresarios y empresas, que habían abierto esos caminos, porque esas otras empresas no tienen nuestra torpe política económica. Si quieren comprar empresas argentinas, les resulta más barato hacerlo a través de Chile, porque allá, desde la perspectiva de los argentinos, la tasa de interés y el valor del dólar es más razonable.
El candidato de la Concertación, Ricardo Lagos , dijo hace unas semanas que los extranjeros confiaban más en Chile que los propios chilenos y, por eso, ellos estaban invirtiendo más. Ahora vemos que varias de estas empresas de extranjeros en Chile han despedido trabajadores en forma masiva, sólo después de algunas semanas de comprar la parte mayoritaria.
La agricultura, que en mi zona atiende al 40 por ciento de la población, se ve muy afectada por esta mala política fiscal, que, al subir tanto los impuestos, deja a la gente con menos plata en los bolsillos y más cesante, pero, también, un precio del dólar más bajo que el real, lo que facilita el ingreso a Chile de productos a precios muy bajos, como carnes, leche y sus derivados, que además vienen subsidiados desde sus países de origen antes de beneficiarse con el tipo de cambio bajo que les otorgamos.
En los dos últimos años, el presidente del Banco Central ha advertido que el gasto fiscal estaba en el límite. Este año, 1998-1999, el límite se encogió y aquí estamos llorando sobre la leche derramada. ¿Cuál era el límite que le preocupaba al señor presidente del Banco Central?
La solución que proponemos es evidente: que el Gobierno realice un gasto fiscal menor que el actual, aumentar el ahorro público y el privado, bajar los impuestos en general, sobre todo los que afectan al ahorro. Esto hará bajar las tasas de interés, subirá la actividad económica y el precio del dólar, bajará la deuda externa, se tonificarán las compras de todo tipo de artículos y servicios, aumentará la demanda interna y, lo más importante, volverá a aumentar el empleo.
El gasto fiscal chileno no sólo es demasiado alto, sino también demasiado malo. El Gobierno tiene tres veces más recursos que hace diez años, pero, a la vez, dos veces más problemas y tres veces más cesantía.
La otra solución es empezar a gastar bien. Por ello, tengo confianza en que comprendamos la necesidad del cambio en una democracia de alternancia en el gobierno de Chile.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila, hasta por tres minutos.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, con ese lenguaje aséptico que emplea, nuestro ministro de Hacienda ha permitido que en esta Sala pase casi inadvertido un aspecto de las privatizaciones que, éticamente, estamos obligados a resaltar.
En el cuadro que nos ha mostrado, se aprecia con toda nitidez cómo vendieron las empresas públicas aquellos que parecen ostentar el símbolo de la eficiencia, los paradigmáticos de los buenos negocios y de la asertividad económica. Simultáneamente, también queda de manifiesto cómo vendimos los estatistas, los ineficientes, aquellos que siempre han andado a la zaga de los acontecimientos económicos. Las cifras son dramáticamente elocuentes. Citaré sólo un ejemplo de cada lado.
¿Cómo se vendió parte de la Endesa en el gobierno de Pinochet? Igual a tres veces su utilidad; es decir, como quien vende un saco de papas en un comercio minorista.
¿Cómo se vendió Colbún en los gobiernos de la Concertación? Igual a cuarenta y siete veces su utilidad.
En consecuencia, aquí queda perfectamente de manifiesto la diferencia entre lo que es un proceso transparente y aquel que simplemente cumplió la finalidad de compensar económicamente, con cargo al patrimonio público, a quienes sirvieron de sustento a la asonada militar del 11 de septiembre de 1973; éste es el pago que se les dio a esos sectores. Y de ahí emerge el gran líder empresarial de los nuevos tiempos, que hizo su reaparición en el último acto del señor Lavín. Me refiero al señor Yuraszeck.
Hoy, nuevamente descubre su rostro aquel que se benefició de este proceso oculto para los ojos de la opinión pública, con absoluta falta de transparencia y que ha significado un detrimento brutal del patrimonio público.
Las cifras que hoy hemos visto constituyen el mejor indicador de lo que ha sido, desde el punto de vista ético, el proceso de privatización en un gobierno y en otro, de signo completamente distinto, en cuanto a la legitimidad democrática.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , no hay ninguna duda de que en estos momentos el desempleo es el tema principal. En todo caso, fuimos convocados, como ya se recordó, para tratar a fondo la oportunidad y conveniencia de las últimas privatizaciones de las empresas públicas y el destino de los recursos obtenidos de ellas.
Si estamos reunidos en esta sesión y nos interesa saber sobre esos recursos es porque todos tenemos claridad y conciencia de que estamos pasando por una de las crisis más serias que, desgraciadamente, está afectando a los hogares más modestos, a los trabajadores más vulnerables.
Esa es la razón por la cual el Ministro Aninat ha captado perfectamente bien el ánimo de la Sala. No es que -se lo digo directamente al diputado señor Kuschel - tengamos dudas de la transparencia. No. Tenemos inquietud por saber cómo podemos ayudar de la manera más efectiva, más rápida y con mayor urgencia a superar la situación de emergencia que viven más de 600 mil trabajadores.
Quiero decirle que, a diferencia de lo que ocurría en la dictadura, hoy tenemos un Congreso con la posibilidad de discutir, interrogar a los ministros sobre cómo se licita, hacia dónde van los fondos; nebulosas que tuvimos durante muchos años; por lo demás, hasta hoy estamos impedidos de investigar lo que ocurrió desde 1990 hacia atrás, especialmente en materias económicas, en las privatizaciones, en las empresas eléctricas y en muchas otras, como aquí se ha recordado.
Por lo tanto, el tema fundamental -y no nos vamos a distraer de la verdadera preocupación que todos tenemos- es qué hacer frente a una situación tan seria como la que está afectando al país. Ese es el ánimo que, mayoritariamente, tenemos en la Sala.
No está de más señalar que muchos de nosotros -y pienso que el Gobierno también lo comparte, pero queremos enfatizarlo más- sentimos que es necesario reforzar los programas de generación de empleo -a través de los PMB o PMU- por parte del sector público. Para ello creemos indispensable añadir recursos y ampliar las medidas que señaló el Presidente el 21 de junio. Queremos, por lo menos, llegar a cien mil empleos, aunque sea necesario un pequeño déficit fiscal. Esa es, por lo menos, la posición de algunos de nosotros, porque consideramos que detrás de cada desempleado hay una familia y gente que está sufriendo.
Por eso también queremos que se adelanten al máximo obras como las que pueden realizar los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo.
¿Qué nos preocupa, al mismo tiempo? Que muchas veces el Estado no tiene el ritmo o la eficiencia que debería, aunque es cierto que hay trabas burocráticas y ritmos institucionales mayores de lo deseable para que haya efectividad en las medidas.
Por ejemplo -es bueno decirlo en la Sala-, todos hemos estado conscientes de que un buen anuncio, como la posibilidad de congelar por seis meses el pago de los dividendos, prácticamente no tiene efectividad si se exigen finiquitos, que la mayoría de los trabajadores no pueden entregar para acceder a ese beneficio.
Es cierto que esa medida era necesaria, pero si el Estado no es capaz de romper con las trabas burocráticas, de dejar atrás una cantidad de requisitos, no tiene sentido, porque en la práctica no se podrá concretar. Espero que el señor Ministro nos traiga una buena noticia -veo que muestra un papel-, porque ya es hora de que los trabajadores puedan acogerse a ese beneficio.
Es evidente que también necesitamos -y el ministro lo sabe bien- apoyo efectivo a la pequeña y mediana empresa, particularmente porque dan empleo.
Es cierto que necesitamos mayor coordinación y una actuación conjunta entre Corfo y el Banco del Estado. Es efectivo que, en este momento, del total de recursos de Corfo, sólo se han colocado 12,5 millones de dólares en 81 empresas, lo que quiere decir que no estamos llegando a un número significativo de pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, podemos estar poniendo en peligro una de las áreas que entrega mayor empleo. Por lo tanto, algo hay que hacer para reparar aquello, porque no nos satisface que 12 millones de dólares se coloquen en 81 empresas. Eso quiere decir que no estamos llegando a ese sector como quisiéramos, y que debemos mejorar la focalización.
A lo mejor, hace falta crear comités de empleos a nivel regional para comprobar, una vez más, en terreno, cuándo tenemos trabas burocráticas y cuándo los proyectos de inversión o las obras públicas sufren impedimentos o retrasos. Incluso, si se debe construir una escuela, hay que hacer un estudio de impacto ambiental y otros, que impiden actuar con la urgencia que requiere la situación actual del país y de los trabajadores.
Por eso queremos simplificar y extender el mecanismo de las deudas habitacionales Serviu del Banco del Estado.
También es importante ampliar la red social de solidaridad, indispensable para la situación que vivimos, la que no negamos, enfrentamos y que queremos comprometernos a revertirla efectivamente, porque nadie duda de que nuestro afán tiene que ser la recuperación, la reactivación. Pero, en esta etapa, debemos generar esos cien mil empleos, por lo menos, que es una respuesta muy parcial, apenas un paliativo para lo que está ocurriendo.
Esto también nos lleva a un tema más de fondo. ¿Qué sucede con nuestra economía que, a lo mejor, el próximo año, más reactivada, va a tener una tasa de crecimiento importante, pero que no genera los empleos que necesitamos en este momento?
Por último, en lo que llamo extender la red social de solidaridad, debemos preocuparnos de la salud, de la educación y de los subsidios básicos. Por ejemplo, la prestación de salud está funcionando, ha habido una respuesta inmediata; espero que continúe así, o se fortalezca aún más. Sin lugar a dudas, debe permitirse el acceso a la salud a todas las familias de cesantes.
Asimismo, deberíamos tener cuidado con el cobro en la educación, como sucede con el financiamiento compartido, y con los subsidios sociales que se entregan a nivel municipal que, claramente, hay que fortalecerlos para los sectores más vulnerables.
En resumen, creo que hacemos bien en pedir al Gobierno que sigamos con una actitud de emergencia para acelerar las respuestas y decir, de cara al país, que estamos preocupados y que queremos hacer algo por los sectores más desposeídos.
He dicho.
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Perdón, señor Presidente , ¿podría hacer una aclaración pequeña?
El señor MONTES ( Presidente ).-
Pequeña, sí, señor ministro.
Tiene la palabra.
El señor ANINAT (Ministro de Hacienda).-
Pequeña en palabras, pero grande en contenido.
Efectivamente, la diputada Isabel Allende, del Partido Socialista, así como anteayer las bancadas Social Demócrata, de la Democracia Cristiana, del PPD, etcétera, y usted, señor Presidente , hace una hora en su oficina, me hicieron alusión al tema de los requisitos para reprogramar las deudas Serviu, que normalmente corresponden a trabajadores que están sufriendo, en forma transitoria pero duramente, un problema de desempleo que el Gobierno ha reconocido como importante.
Hoy, en la mañana, ya ha salido del Ministerio de Hacienda -tiene incluso la visación y firma del ministro de Vivienda - la modificación del respectivo decreto supremo para que esos trabajadores puedan acceder al beneficio de reprogramación de su deuda Serviu, cuando estén cesantes, simplemente mediante una declaración jurada, eliminándose, entonces, el requisito engorroso que había entrabado la masificación del beneficio.
Quisiera aclarar esto porque es una conquista social importante que aquí muchos habían solicitado.
El señor MONTES (Presidente).-
Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente , nuestra posición de rechazo a las privatizaciones de algunas empresas del Estado, sobre todo aquellas que constituyen monopolios naturales, como el caso del agua, es bien conocida. Siempre hemos pensado que la modernización del Estado no debe pasar necesariamente por la privatización del patrimonio de todos los chilenos. No obstante ello, la hemos apoyado.
Frente a la privatización de Emos, dijimos que nos alegrábamos por el resultado de la licitación, que superó las expectativas y donde quedó de manifiesto la seriedad y transparencia, lo que no ocurrió en el pasado.
También insinuamos que los recursos obtenidos podrían destinarse a la construcción de viviendas sociales y becas estudiantiles. Hoy queremos ser más específicos y abogar por que esos dineros se inyecten en las municipalidades para que éstas, a su vez, los focalicen en acciones sociales.
En este momento, la principal obra social es atenuar el desempleo. Lo primero es lograr que nuestro pueblo no siga sufriendo. Si privatizar es el verbo que se conjuga tan alegremente en estos tiempos, debemos, por lo menos, dejar claramente establecido que la educación y la salud no están en venta; que el Estado no puede ni debe renunciar a esas obligaciones fundamentales en una sociedad como la nuestra. Por el contrario, sería deseable que parte de los recursos que genere la venta del resto de los bienes del Estado se destine, con racionalidad y eficiencia, a ampliar y fortalecer ambas actividades, empezando por remunerar, con justicia, a los profesores, médicos y funcionarios. Los sueldos que ellos ganan, que no han sido últimamente mejorados, son irrisorios. Hay que asegurar un financiamiento adecuado para la educación y la salud, y si ello se logra a través de más privatizaciones, éstas serían menos dolorosas y traumáticas para nosotros, los radicales socialdemócratas.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, han sido variados los temas que se han abordado en torno a este debate y, al menos, quisiera referirme a algunos de ellos.
No voy a entrar en la polémica histórica, porque no nos conduce a nada. Sólo me remitiré a lo señalado por el diputado Ignacio Walker cuando se debatió la modificación del régimen jurídico de las empresas sanitarias, el 10 de junio de 1997. Dijo, básicamente, que aun cuando sea discutible cómo se efectuaron las privatizaciones en la década anterior -afirmación que, por cierto, no comparto-, “debe reconocerse que producto de las ingentes inversiones hechas, existe una legitimidad en los resultados, que es uno de los propósitos señalados por el propio Ministro ”.
Otro tema que se ha planteado es la oportunidad de las privatizaciones, la cual, afortunadamente, ha sido la mejor. Eso ha quedado aclarado en las cifras que ha entregado el señor Ministro. En verdad, como consecuencia de la crisis asiática, el Fisco ha tenido menores ingresos, y gracias a las privatizaciones ha podido superar el déficit fiscal. Por lo tanto, aquí hay que tener claro que -como muchos chilenos lo están viendo a través de las pantallas de televisión- las privatizaciones no van a aumentar el gasto fiscal ni resolverán problemas sociales, sino que, simplemente, dejarán sin efecto el déficit fiscal. Es decir, los dineros ya están gastados y no hay cantidades adicionales. Las cifras las ha entregado hoy el Ministerio de Hacienda.
A partir de ese punto, quiero formular una reflexión mucho más de fondo, porque, independientemente de las etapas históricas en que se realizaron las privatizaciones, y con el objeto, a lo mejor, de corregir ese proceso en el futuro -porque no todo es criticar-, las plantearía de otra manera, en términos de que la gente vea, en sentido real, cómo será beneficiada, a fin de que, en definitiva, cuenten con la legitimidad social que hoy no tienen, al margen de cuándo ellas se hayan hecho.
Para ser más concreto, me encantaría que las futuras privatizaciones se ligaran a estamentos determinados del país, y que si en cualquiera de ellos se estableciera que hay déficit o crisis, por ejemplo, en el de los profesores o en el de los jubilados, ellos sepan que, si se privatiza tal o cual empresa, sus remuneraciones o pensiones se incrementarán en cierto porcentaje. Mientras no hagamos una ligazón efectiva y real entre las privatizaciones y los sectores sociales manifiestamente deficitarios, ellas jamás tendrán legitimidad social, independiente de que se las quiera llamar inversión privada o privatizaciones, o se trate de cambiar de apellido, porque da lo mismo. Reitero que contarán con legitimidad social cuando ese profesor o jubilado sepa que, con el producto del patrimonio fiscal que se ha vendido, se verá directamente beneficiado.
Pero aquí -insisto- hemos solucionado un déficit fiscal; los dineros ya se fueron, y eso ha sido relevante. Por lo tanto, esas curvas de gasto social que se han tratado de ligar, la gente las ve poco, las asocia poco y creo que en el futuro, para que tengan legitimidad, hay que asociarlas a sectores específicos, claramente deficitarios y postergados por décadas en este país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, treinta y ocho minutos ocupó el señor ministro de Hacienda para darnos un informe respecto de las privatizaciones. Pregunto cuántos minutos se necesitan para entregarle una respuesta a los 600 mil trabajadores que en nuestro país, desgraciadamente, hoy se encuentran cesantes.
Si el trabajador quiere tener participación, no tiene más que un camino: unirse a su compañero de trabajo. Es evidente que el asalariado necesita del sindicato. Si desea tener una participación más justa en la vida de la tierra, dada por el Creador para todos los hombres; si quiere completar su libertad política con su libertad económica; si piensa asumir la parte de responsabilidad que le incumbe en la dirección del trabajo, en la reforma de las estructuras económicas de su país y del mundo, no tiene otro camino que unirse a sus compañeros de trabajo.
Lamentablemente, la reforma de las estructuras económicas de nuestro país tienen olor, color y sabor a países extranjeros. Las empresas estatales, como Esval, Emos, las eléctricas y Emporchi , han sido, son y seguirán siendo eficientes en las manos de Chile y de sus trabajadores. No creo que los inversionistas privados se fijen en otro tipo de empresas, como ferrocarriles, por ejemplo.
Soy diputado por la Quinta Región , represento en la Cámara a la ciudad-puerto de San Antonio, el primer terminal portuario del país. Un colega se refirió a las privatizaciones y modernizaciones que se están realizando en ese sector. Una ley despachada por el Congreso aprobó la modernización de Emporchi, mediante la cual se crearon diez sociedades portuarias independientes. Por desgracia, el próximo 19 se abrirán las propuestas, con lo cual Chile perderá otro patrimonio estratégico y vital para las exportaciones, base de la economía nacional.
La demanda de indemnización de los trabajadores marítimos portuarios al cambiar las reglas del juego es muy justa, porque quedarán cesantes. A ellos habría que agregar los 11 mil trabajadores de la comuna de San Antonio y los más de 600 mil existentes en el país.
Pregunto: ¿En qué se gastarán los 26 millones de dólares mencionados en su intervención por el diputado don Luis Pareto , preocupación que comparto? ¿En cubrir el déficit de la Corfo, como se ha señalado? ¿En pagar la justa demanda de los trabajadores portuarios, que suman alrededor de 5 mil y que han debido llegar a huelgas, a “puertazos”, a paralización de las ciudades puerto de Valparaíso, San Antonio y otras para reclamar respecto de las necesidades de trabajo? Los parlamentarios nos preguntamos hacia dónde irán esos recursos, en particular los de un patrimonio que costó demasiado reconstruir en ambos puertos de la Quinta Región.
Lamentablemente, la gente no ve la danza de millones de dólares. Daré un ejemplo. La concesión de la Autopista del Sol, en la cual el 90 por ciento de la construcción se realizó en el gobierno del Presidente Aylwin, hoy significa un peaje más caro para el usuario, para quienes venimos de San Antonio.
Sin duda, el cargo de ministro de Hacienda es complejo, sobre todo en épocas de crisis; pero le suplico entregar recursos para que los municipios puedan continuar contratando trabajadores cesantes.
En la vida hay dos tipos de soñadores: los que sueñan de noche y despiertan para darse cuenta que todo sigue igual, y otros que sueñan de día y luchan toda una vida para hacer realidad sus sueños. Éstos son los cesantes de mi país.
He dicho.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, honorable Sala y señores ministros de Hacienda y de Economía:
Siento que la discusión central nos lleva a dos temas principales: a las privatizaciones o participación de capital privado en empresas públicas, como lo manifestó el Ministro en su exposición, y al uso de los recursos provenientes de las privatizaciones o de la participación de capitales en las empresas públicas.
En cuanto a las privatizaciones, quiero señalar que hoy en muchas intervenciones de mis colegas, ha existido una fuerte motivación ideológica. Las privatizaciones son malas, porque se quiere un Estado más grande, más poderoso y una menor participación del sector privado. Digo esto sin dejar de reconocer que éstas y la participación de capital privado en el sector público están incorporadas en el programa de gobierno de la Concertación, el cual es sustentado por sus parlamentarios y al que llamaron a adherir, cuando solicitaban los votos para su respectivo abanderado presidencial.
Creo que, en este caso, no debe borrarse con el codo lo que se ha escrito con la mano; no debe renegarse de lo que sus Señorías plantearon al país hace cinco años con motivo de una elección presidencial; no debe renegarse de las políticas públicas impulsadas por el Presidente de la República , vuestro abanderado presidencial, y por sus ministros de Estado.
Me sorprende mucho la desconfianza de los diputados de la Concertación por las políticas públicas de su Gobierno. Una cosa es no compartir determinados criterios o aspectos de ellas, y otra muy distinta es estar en contra de materias contenidas en el programa de Gobierno y de las políticas que el Primer Mandatario ha explicado al país, sobre las cuales, me imagino, habrá conversado con sus Señorías.
Entonces, terminemos con el doble discurso. Si los gobiernos de la Concertación han llevado a cabo privatizaciones, han incorporado capital privado, asúmanlo ante el país, con sus ventajas y desventajas. Y no tratemos de ser parlamentarios de Oposición cuando las políticas del Gobierno no son convenientes a los intereses electorales. Eso es -discúlpenme- oportunismo, demagogia y engañar a la ciudadanía que confía en nosotros. Lo justo y razonable es asumir, en plenitud, las cosas positivas y las negativas que conllevan las políticas públicas aplicadas por el gobierno de turno.
El ministro de Hacienda , en su exposición en la Sala, ha sido clarísimo en manifestar las ventajas de las privatizaciones, en señalar que el país requiere concentrar sus esfuerzos y recursos en las materias sociales, y que para ello es necesario que el Estado vaya entregando a los particulares todas las acciones que éstos puedan desarrollar. Por eso contamos con una ley de concesiones -como decía el diputado señor Ignacio Walker -, aprobada casi unánimemente por el Congreso Nacional; por eso disponemos de marcos regulatorios para efectuar las privatizaciones, leyes también aprobadas por la casi unanimidad del Parlamento.
Si permitimos actuar a los privados en esas áreas, si los dejamos hacer las inversiones que el país requiere en materia de carreteras, en tratamiento de aguas servidas, sería mayor la cantidad de recursos que se destinaría a las familias más pobres, a través de la educación, del mejoramiento del acceso a la salud, del fortalecimiento de los subsidios monetarios, como bien lo pidió la diputada señora Isabel Allende.
Pero seamos consecuentes. Si se quiere que el Estado se preocupe de lo social y focalice su acción en los más débiles y necesitados, dejemos al sector privado las inversiones que por tradición ha hecho él, porque así se generará un doble beneficio: se harán las obras de infraestructura que el país necesita y estarán a disposición de todos, del crecimiento económico y social, y se liberará, al mismo tiempo, una cantidad de recursos para focalizarlos en los aspectos sociales que nos preocupan.
En segundo lugar, ha estado en el debate de esta noche la forma en que se han utilizado los recursos provenientes de las privatizaciones, y al respecto las cifras que ha mostrado el señor Ministro nos han producido una profunda desazón, porque los recursos destinados a mejorar la educación, la salud, la calidad y cantidad de viviendas construidas para las familias más modestas, han debido suplir el déficit fiscal que se ha producido por los menores ingresos tributarios de este año.
Sin embargo, cuando nosotros dijimos, durante la discusión de cada proyecto de presupuestos, que había que tener cuidado y no podía gastarse todo lo que el país recibía como consecuencia del crecimiento económico, de inmediato se nos señaló como traidores a las clases más desposeídas, como personas que no queríamos el progreso social. Se nos pidió que indicáramos si el recorte presupuestario lo preferíamos en salud, en educación o en vivienda, en circunstancias que lo único que hacíamos, de buena fe, inspirados patrióticamente, era advertir que así como hay momentos de buenos ingresos tributarios, de vacas gordas, también los hay de vacas flacas, como los que nos ha correspondido vivir una parte del año pasado y gran parte del actual.
Por eso, el resultado de las privatizaciones no se ve y la gente, como dijo el diputado señor Orpis , no siente que haya un beneficio directo. La frase que usó el ministro de Hacienda refleja la situación: “Hemos debido vender los muebles para mantener el gasto público”. Pero, cuando se empiezan a vender los bienes de la casa para mantener un gasto, inevitablemente uno se hace más pobre.
Habría preferido que los recursos de las privatizaciones hubiesen significado una mayor inversión en capital humano, y estoy seguro de que el ministro de Hacienda también habría querido lo mismo. Lamentablemente, la crisis económica ha obligado a utilizar los recursos de las privatizaciones en cubrir el déficit fiscal.
Por lo tanto, espero que haya crecimiento económico, para generar los empleos que el país necesita, y desarrollo social, única forma de que las futuras privatizaciones sean percibidas por todos los ciudadanos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a algunas paradojas que he advertido durante el debate.
La primera deriva del hecho de que esta sesión especial para debatir la oportunidad del proceso de privatización y el destino de los recursos que ellas generan ha sido pedida por parlamentarios de la Concertación, es decir, por quienes, básicamente, tienen la responsabilidad de administrar el proceso.
La segunda paradoja se da por la discusión de los efectos que produce una ley aprobada, en la práctica, por la unanimidad del Congreso.
Por otro lado, quiero felicitar al señor ministro de Hacienda por su exposición respecto del proceso de privatización. Deberá comprender que estos diputados no pueden estar conceptualmente más de acuerdo con ella, y tan de acuerdo que me pareció que fue preparada en la fundación Libertad y Desarrollo, pero me he dado cuenta de que eso no es posible.
Debo reconocer, además, que el señor Ministro tiene mucha suerte, porque, según las cifras que ha entregado, el proceso de privatización le ha permitido cubrir, prácticamente, el total del déficit fiscal y mostrar un presupuesto público financiado, como se planteó el año pasado. No voy a discutir las razones de la importante caída que refleja, porque se ha hecho en otras oportunidades; pero creo que hay una responsabilidad en el manejo de la crisis.
El punto es que algunos diputados querían conocer el destino de los recursos de las privatizaciones, pero el debate se agotó a pocos minutos del inicio de la sesión, porque, según vimos, no se dispone de un peso que provenga de ellas. La totalidad se gastó o usó para financiar el déficit fiscal que el propio Ministro mostró.
Por lo tanto, debe decirse que hay cero peso para abordar los problemas que legítimamente se han planteado, derivados de la cesantía y de la crisis económica que afectan a la gente.
Sin embargo, esta crítica no debe utilizarse para frenar el proceso de privatizaciones. Por el contrario, debe continuar, aun cuando es cierto lo que planteó el diputado señor Orpis , en el sentido que requiere legitimación social.
Lamentablemente, el hecho de que el déficit fiscal se haya cubierto con las privatizaciones hace perder legitimidad social al proceso, de varios sectores. Algunos desconfían de la forma en que el Estado administrará los recursos provenientes de la privatización; otros creen firmemente que el Estado debe seguir administrando esas empresas, porque confían más en él.
Creemos que la legitimidad social debe llegar por la vía de cómo la gente percibe que la privatización genera un beneficio real para las personas. En ese sentido, la UDI propuso una idea de capitalismo popular para los trabajadores de las empresas sanitarias. Tal vez, podríamos empezar a debatir la forma de entregar mayor legitimidad a los procesos de futuras privatizaciones. El capitalismo popular para los trabajadores es uno; pero también podría ser capitalismo popular para los profesores, los jubilados o los pensionados, de tal forma que la opinión pública sienta que las privatizaciones conllevan un beneficio directo para las personas. Estoy de acuerdo en que la legitimidad social permitirá que la sociedad, en su conjunto, acepte el proceso de privatización como un mecanismo modernizador para la sociedad y el Estado.
Para concluir, reitero la paradoja de esta sesión, y que, conceptualmente, estamos de acuerdo con la exposición del ministro de Hacienda, aunque lamentamos que las privatizaciones hechas en este último tiempo hayan arrojado cero peso adicional para enfrentar los problemas que hoy afligen a la sociedad chilena.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, tengo varias observaciones que hacer.
lº El Ministro Aninat señaló que se habían destinado 600 sesiones para discutir el tema de las concesiones; pero yo me refería fundamentalmente a la falta de participación en el Sistema Administrador de Empresas , SAE, Corfo.
2º Cuando intervinieron los diputados Recondo -doble colega, porque también es médico veterinario- y José García Ruminot , daban la impresión de estar hablando como diputados oficialistas. No hay ninguna paradoja en ello, sino, simplemente, entender cómo funciona el sistema democrático. La lealtad y la incondicionalidad deben ser analizadas y concebidas dentro de un adecuado contexto. También debemos entender la democracia y, dentro de ella, ser capaces de tener autocrítica y no ser incondicionales, porque ello significa ser poco leal incluso con su propio gobierno. Es importante aclarar ese punto.
3º Debe tenerse presente que la diferencia entre la valoración de las empresas como unidad de negocio, en lo cual resulta imprescindible el estudio de los flujos futuros de la actividad directa de las mismas -costo de inversiones de operación, rentabilidad- y la evaluación de los negocios laterales de la actividad y la valoración sólo de la infraestructura, representa el valor contable.
Si el problema se analiza desde ese punto de vista, se entenderá por qué Emos, por ejemplo, respecto de la cual se habló de un precio razonable de 420 millones de dólares, finalmente se adjudicó en 960 millones. No es que haya sido un negocio extraordinario, sino que, realmente, la empresa valía mucho más que 420 millones de dólares. Y así con Edelaysén, Esval , etcétera.
4º Las últimas privatizaciones han provocado, además del problema de crisis, cesantía en las empresas privatizadas; entre ellas, Edelaysén, única empresa eléctrica en Chile, de integración vertical, lo cual no es un tema menor. No se sabe a cuántos trabajadores ha despedido Endesa. Por su parte, la nueva administración de Esval ha anunciado despidos masivos por problemas económicos.
5º A raíz del tema de las privatizaciones, varios parlamentarios -entre ellos el diputado Waldo Mora- hemos presentado un proyecto de acuerdo para pedir al Presidente de la República que se sirva garantizar que las futuras privatizaciones considerarán un adecuado resguardo para los trabajadores que, eventualmente, pueden ser despedidos. Imagino que será leído y votado en la Sala. Espero contar con el apoyo de todos los diputados, por lo ético que significa.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, estamos de acuerdo con la economía de mercado y con un Estado que no sea esencialmente propietario. Sin embargo, deseo marcar algunas diferencias.
En primer lugar, para nosotros, las privatizaciones no constituyen un dogma, por cuanto se coloca por delante el interés del país. La privatización de las sanitarias corresponde a la necesidad de tratar las aguas servidas y de verificar si el país tiene 3 mil millones de dólares para enfrentar esa tarea.
En segundo lugar, decimos no a la privatización de Endesa sin regulación.
En tercer lugar, no a la privatización de Endesa sin que los usuarios aparezcan en el sistema.
En cuarto lugar, es necesario garantizar los derechos de los trabajadores para que no se repita lo que está ocurriendo ahora. La Endesa y la CTC han despedido a miles de trabajadores cuando nos encontramos en una situación de grave crisis económica y de subida del índice de desocupación en nuestro país.
En quinto y último lugar, los recursos deben ser colocados esencialmente en la perspectiva de una economía sana para capitalizar y construir una economía con mayor valor agregado, investigar más sobre los usos del cobre y potenciar la educación en nuestro país. Una privatización debe realizarse en la perspectiva de hacer crecer la economía nacional para evitar que se vuelvan a vivir los problemas derivados de la crisis asiática o de la baja internacional del precio del cobre. Nuestra inserción económica internacional aún es débil, porque no tiene gran valor agregado desde el punto de vista de su concurrencia en ese mercado.
Destaco estos factores porque son los que diferencian la política concertacionista, que propone un conjunto de medidas al país, y la realizada en el pasado, que estuvo carente de usuarios, de regulación, de transparencia en los procesos de licitación, algo muy importante para garantizar los intereses del país y de los trabajadores.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por siete minutos, el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , en primer lugar, felicito al ministro de Hacienda por su hombría y valentía al venir con frecuencia a dar la cara en la Cámara de Diputados, muchas veces en nombre de otros servidores públicos que nos habría gustado ver -como en esta sesión- sentados aquí tratando de explicar muchas situaciones que tratamos de dilucidar.
Tengo entendido que se encuentra presente un ejecutivo máximo de la Corfo; pero no están ni el presidente del Sistema Administrador de Empresas , SAE, que también estaba citado, ni el de la Emos. Son ejemplos que hacen resaltar la valentía con que el ministro de Hacienda da la cara frente a muchos temas en los cuales ni siquiera tiene responsabilidad.
En cuanto al tema que nos convoca, tengo la libertad absoluta de espíritu para fijar mi posición a este respecto, porque no estuve en el Parlamento anterior, que aprobó la ley que permitió la privatización que hoy se está llevando a cabo.
Hemos dicho y sostenido, junto a otros parlamentarios, que con la privatización de Emos se expone a la población no sólo a los vaivenes del mercado, sino también a la voracidad de los grandes intereses corporativistas. Nadie duda de que el objetivo principal de los privados que han ingresado al área del agua potable en la Región Metropolitana -en Emos y en las otras empresas sanitarias-, es maximizar sus ganancias. Mucho tememos que se puedan repetir las negativas experiencias sufridas con las empresas eléctricas en períodos de escasez de nuestros recursos hídricos.
Esta es una de las mayores operaciones privatizadoras emprendidas por nuestro Gobierno, respecto de la cual creemos que no guarda relación con el acuerdo de privatizar sólo aquellas empresas de la administración estatal que arrojaban cifras negativas.
Dentro de la administración del Estado, Emos demostró ser una empresa de alta eficiencia, pues obtuvo cuantiosas utilidades en beneficio fiscal. Si se trata de una decisión económica, creemos que es mala; si se trata de una decisión política, estimamos que se está atropellando la voluntad concertacionista de llevar adelante sólo aquellas privatizaciones que convinieren a los intereses del Estado y el bien público.
Quiero corregir la afirmación de un diputado de Oposición , en cuanto a que tendríamos dudas respecto del proceso de privatización. No tenemos dudas, sino que estamos absolutamente en desacuerdo con que se haya llevado adelante, porque no responde a determinado criterio, y eso sí que nos deja serias dudas.
El señor ministro de Hacienda ha expuesto una situación que nos parece grave y que puede relacionarse también con el proceso que se está llevando adelante, en cuanto a que el Estado ha dejado de percibir 700 millones de dólares en tributos, lo cual no es una situación menor.
¿Qué más hay debajo de esto que iremos descubriendo respecto del tratamiento de materias análogas y no directamente, como es el hecho de que el Estado deje de recibir dicha cantidad de divisas?
Hay una situación que no me quedó clara en la exposición del señor Ministro -se lo digo con todo respeto-: la destinación de 450 millones de dólares o se dejen en caja -no entendí esa parte- para el tratamiento de las aguas servidas. Entiendo que se está incorporando capital privado, precisamente, para cubrir esa necesidad. Entonces, ¿por qué se dejan esos 450 millones de dólares en caja?
Me asaltan dudas cuando recordamos lo que ha pasado con Esval. Por eso, me gustaría que el señor Ministro me aclarara ese punto.
Parlamentarios de la zona han señalado que, en el proceso de privatización, Enersis , empresa que se adjudicó Esval , ha hecho uso de una cláusula de ajuste, aduciendo que como estaba mal calculado el valor de la empresa, había que descontar 20 millones de dólares o rebajarlos del precio de adjudicación.
También me causa dudas que, respecto de Esval, pese a las imperfecciones, se haya procedido de manera distinta. Están quedando 40 millones de dólares, que corresponden, aproximadamente, a un 30 por ciento de los recursos obtenidos a través de la privatización de Esval, para ser distribuidos e invertidos en dos o tres años en la región -no sé cuál es el período exacto-.
En cuanto a Emos, es absolutamente incierto lo que puede pasar con los recursos obtenidos por su privatización, en cuanto a la cantidad que se ocupará efectivamente en la región y la que se destinará al sector social. Yo reclamo mayor sensibilidad social.
Con el diputado señor Lorenzini y otros parlamentarios -con quienes estamos preparando la incursión legal frente a este tema-, creemos, en virtud de estos antecedentes y otros de los cuales hemos tomado conocimiento -sobre todo cuando se trata de un proceso en el que hay claros indicios de que las normas legales que se dictaron para evitar la concentración económica están siendo burladas, y todo se está haciendo sin la adecuada fiscalización de las autoridades del sector- que aquí hay una flagrante violación de la normativa sancionada, en la cual se hizo fe, para evitar que muy pocos controlen los servicios públicos esenciales para la población.
Esto no tiene justificación alguna, porque si analizamos los antecedentes, nos encontramos con que, en Chile, Endesa-España controla completamente la empresa Enersis , hoy propietaria de Esval; además, es propietaria de más del 80 por ciento de las acciones de Chilectra.
Si observamos la influencia de Endesa-España, concluiremos, a la luz de la más simple de las lógicas, que es incuestionable su injerencia en Aguas Barcelona, la cual, con la empresa Suez Lyonnaise Des Eaux , se adjudicaron efectivamente la empresa Emos. Además, el principal personero de Aguas Barcelona ha afirmado públicamente ser director de la CTC.
Precisamente, se dictó la ley Nº 19.549, para prohibir que operaran en el sector sanitario las personas o grupos de personas en acuerdo de actuación conjunta, sean controladoras o tengan influencia decisiva en la administración de empresas concesionarias de servicios públicos que sean monopolios naturales de distribución eléctrica o de telefonía local, norma que hoy se está transgrediendo. Aquí hay transgresión de la ley, lo que invalida esta privatización, por lo cual llegaremos hasta las últimas consecuencias en este objetivo, antes de que sea tarde y, por lo menos, para dejar constancia de que estamos velando no sólo por la transparencia, sino por un servicio público que, a nuestro juicio, es esencial para velar por el desarrollo equitativo y por la salud de las personas, porque Emos tiene un carácter social.
Me gustaría saber cuál va a ser el criterio de la empresa privada a la hora de desarrollar los proyectos de agua potable rural y de actuar como unidad técnica frente a esos proyectos, y cuál será el criterio de los nuevos propietarios de Emos a la hora de llevar a la venta las acciones, que, obviamente, se desvalorizarán al ser vendidas a los trabajadores o al público en general.
Son dudas que nos llevan a tomar decisiones como la que he señalado y a hacer presentes aquí nuestras dudas frente al país, a la ciudadanía, al Gobierno y a esta Cámara, que no sólo tiene el deber, sino el compromiso ético de fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, creo que el fondo de la convocatoria se ha ido diluyendo. Por lo tanto, no soy una excepción.
Sobre la situación económica se dicen muchas cosas: algunas infundadamente; otras, intencionadamente pesimistas. Será difícil ponernos de acuerdo.
Hoy, en la exposición del señor Ministro hemos podido ver el potencial que tenemos; no reconocerlo, en realidad, es lamentable; no querer ver que los Gobiernos de la Concertación son creíbles y han cambiado el país. Chile tiene una economía saneada. Tenemos las puertas abiertas al crédito internacional, aunque aquí se ha sostenido que hay 34 mil millones de dólares de deuda externa; pero lo que no se ha dicho es que dentro de dicha cifra, del crédito fiscal ocupado por el Gobierno, sólo 5 mil millones son del Estado de Chile. Los 29 mil millones de dólares restantes pertenecen al sector privado, y, curiosamente, no tienen el aval del Gobierno de Chile. ¿Y por qué Chile participa en ello? Porque ha ganado prestigio. De ahí que los privados podamos endeudarnos en tan alta suma.
Esto es demostrativo de la enorme responsabilidad con que se han manejado nuestras autoridades económicas. La economía de Chile es buena. Pero es justa la crítica. Estamos pasando un momento muy difícil. Sabemos de nuestras debilidades internas. Estamos conscientes de la tremenda cesantía, y de que los que están sufriendo sus consecuencias son los que tienen menos. ¡Pero se dice que el Gobierno tiene la culpa de todo! Eso es lo que está fuera de la convocatoria de la sesión de hoy. Aquí no se ha dicho que la gran mayoría de los economistas, incluso extranjeros, ha manifestado que, en no más allá de tres meses, se lograría la reactivación, porque ven con muy buenos ojos la aplicación de las medidas diseñadas.
Por tanto, lo que queremos para resolver esta cesantía son medidas urgentes -estoy con los parlamentarios que han solicitado medidas urgentes-, las que ya comienzan a tomarse. Hoy, con curiosa simpatía, he recibido una carta del ministro de Economía , quien me comunica que, debido a la petición que hicimos parlamentarios de la Décima Región de Los Lagos, donde está la empresa sanitaria Essal , se aplicarán 12 millones de dólares que, en el fondo, comenzarían a ser parte importante de la utilidad de dicha empresa: Osorno , quinientas cincuenta y siete conexiones de alcantarillado; Puerto Montt, cuatrocientas once; Lanco , veinticinco; San Pablo , doscientas setenta, etcétera. Pronto tendremos la oportunidad de verlo.
Se habla de la urgencia, y creo que será aplicada, porque nuestro gran ministro de Hacienda ha logrado una gran diferencia: que los 34 mil millones de dólares de deuda externa que teníamos, hoy no sean del Estado; a la inversa, hace un poco más de una década, 20 mil millones correspondían al Estado chileno, y 20 mil millones al sector privado. ¡Cómo ha cambiado la historia de nuestra economía!
Termino diciendo que es justo lo que aquí se ha manifestado; pero seamos consecuentes; seamos serios y estemos ahí -dirían los jóvenes- con la realidad de nuestro país; tengamos la paciencia necesaria, que tal vez no tiene la gente que hoy está sufriendo muchas privaciones. Pero sé que las medidas tomadas reactivan nuestra economía, y la paciencia que hoy no tienen algunos debe ser asumida por el resto de los chilenos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Economía, señor Jorge Leiva.
El señor LEIVA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , durante esta sesión se ha tocado una diversidad de temas, pero sólo me referiré a la materia para la cual fuimos convocados: “tratar a fondo la oportunidad y conveniencia de las últimas privatizaciones de empresas públicas y el destino de los recursos obtenidos de ellas”.
Al respecto, la exposición del ministro de Hacienda me ahorra entrar en muchísimos detalles. Sólo quiero insistir en un par de puntos planteados, que tienen que ver muy directamente con los procesos llevados a cabo, en particular con las privatizaciones de Esval y Emos, respecto de las cuales, de acuerdo con lo manifestado por el diputado señor Jiménez, existirían algunos problemas pendientes.
Quiero afirmar muy responsablemente que el señor diputado está equivocado. Un planteamiento de la empresa que compró Esval respecto de la valoración de los activos no ha sido aceptado por la Corfo. Sobre la participación de Endesa-España en Aguas Barcelona, existen cinco informes en derecho que han demostrado que Endesa-España no posee el control de Agbar ni ejerce influencia decisiva en su administración, y que esa empresa no poseerá más del 10 por ciento del capital con derecho a voto de Emos, ni tendrá poder de votación suficiente para elegir más de un director en esta última. Son las condiciones que habrían permitido que la participación de Aguas Barcelona en la propiedad de Emos quedara fuera de la ley. Pero, dentro de la diligencia y transparencia con que se han llevado a cabo todas estas privatizaciones, se trata de puntos que han sido aclarados en el momento apropiado. Ésa es la característica de todas estas privatizaciones.
Para terminar y no alargar esta intervención final sobre los puntos específicos para los cuales fuimos convocados, sólo quiero agregar que el programa de Gobierno del Presidente Frei planteó la incorporación de capital privado a las empresas del Estado, estableciéndose ciertas condiciones para garantizar la mantención del interés público, tanto en la operación de esas empresas como en el fin que tienen en cuanto a los servicios públicos. Esas condiciones fueron, fundamentalmente, que hubiera gran transparencia en el proceso de venta de acciones y que existiera un marco regulatorio adecuado que asegurara la calidad del servicio, programas de desarrollo para dar cobertura a la población en los distintos aspectos que corresponden a los servicios sanitarios y que fortaleciera la capacidad fiscalizadora de la Superintendencia.
Finalmente, es importante resguardar el legítimo derecho de los trabajadores. Es así como, en todas las nuevas privatizaciones, se ha llegado a acuerdos con las organizaciones sindicales pertinentes.
De manera que hay criterios claros que el Gobierno está decidido a mantener y que los ha mantenido en alto nivel, lo que ha quedado demostrado con los resultados dados a conocer por el Ministro de Hacienda.
Por eso, al terminar esta sesión, queremos reafirmar que el Gobierno mantiene y seguirá manteniendo la política contemplada en el programa del Presidente Frei. Creemos que la evaluación de lo realizado hasta ahora sólo confirma que estos criterios estaban bien planteados y que han sido bien mantenidos.
Muchas gracias.
El señor MONTES ( Presidente ).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , en mi intervención formulé dos o tres preguntas que considero que no fueron respondidas por el Ministro de Economía en su intervención. Por lo tanto, pido que las conteste.
El señor MONTES ( Presidente ).
- Su Señoría pidió la palabra para plantear un punto de Reglamento y ése no lo es. Por lo demás, el Ministro tiene libertad para responder o no.
El señor Secretario dará lectura a un proyecto de acuerdo que se ha presentado.
PROYECTOS DE ACUERDO
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
El proyecto de acuerdo está suscrito, en calidad de autores, por los honorables diputados señores Sánchez, Jiménez, Mora, Velasco, Gutiérrez, Pareto, Ojeda, Arratia, Jarpa y señora Adriana Muñoz, y en calidad de adherentes, por los señores Salas y Jeame Barrueto.
“Considerando:
“1º El primer compromiso del Gobierno democrático debe ser con la justicia social, cuya búsqueda debe inspirar todas nuestras acciones en el ámbito público.
“2º Un gobierno democrático tiene la obligación de crear las condiciones para un trato justo y equitativo de las empresas y grandes conglomerados económicos hacia quienes, por motivo de enajenaciones de activos públicos, pasan a ser sus trabajadores.
“3º Que las privatizaciones han generado situaciones de despidos masivos de trabajadores porque no se tomaron las medidas adecuadas para asegurar la estabilidad en el empleo de los funcionarios, dándose pie a procesos de reingeniería y racionalización de las plantas laborales.
“Por lo tanto,
“Solicitamos se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva ordenar con suma urgencia una revisión de la agenda de privatizaciones de empresas públicas y entregue instrucciones para que en las bases de licitación se establezcan normas protectoras de la estabilidad en el empleo de los trabajadores”.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONTES (Presidente).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MONTES (Presidente).-
En votación.
El señor MONTES (Presidente).-
No hay quórum para aprobar el proyecto de acuerdo.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 21.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Díaz , Orpis y Monge.
Autoriza erigir un monumento en la comuna y ciudad de Temuco, en homenaje al señor Lorenzo Colipí. (boletín Nº 2378-04).
“Considerando:
1. Que los monumentos se erigen para rendir un homenaje a personas que han prestado servicios especiales a la Patria o que con sus acciones en situaciones difíciles han contribuido a su engrandecimiento.
2. Que don Lorenzo Colipí fue un héroe militar chileno que participó en la guerra contra la Confederación Perú-boliviana.
3. Que en esa guerra y bajo las órdenes del General Manuel Bulnes realizó acciones heroicas, particularmente en las batallas de Buin y Llaclla , donde salvó en un acto heroico al ejército chileno del ataque enemigo.
4. Que esas acciones, que permitieron a muchos soldados chilenos salvar sus vidas, le hicieron merecedor, entre otras, de la Condecoración dedicada a los “Once del Puente de Llaclla y al mismo tiempo ser ascendido al grado de Capitán.
5. Que a lo anterior debe agregarse, como una prueba más del valioso aporte del pueblo mapuche a la conformación de nuestra nacionalidad, que don Lorenzo Colipí fue hijo de un gran cacique chileno, don Juan Colipí , el que se distinguió por su valor y fidelidad al Gobierno de la República, lo que le valió la denominación del “ Primer Lanza de Arauco ”.
6. Que resulta necesario destacar la calidad de héroe nacional y patriotismo de don Lorenzo Colipí, como una forma de preservar en nuestras generaciones futuras el recuerdo de importantes hechos de nuestra historia, que en este caso particular demuestran de paso la gran influencia del pueblo mapuche en el origen de nuestra nación.
“PROYECTO DE LEY:
Artículo 1: Autorízase erigir un monumento en la Plaza de Armas de Temuco, comuna y ciudad de Temuco, IX Región, en memoria y homenaje al soldado chileno y mapuche don Lorenzo Colipí.
Artículo 2: El monumento cuya erección se autoriza, se financiará por medio de erogación popular, obtenida fundamentalmente mediante la realización de colectas públicas, en la forma, lugares y fechas que determine la Comisión Especial que se indica en el artículo siguiente.
Las erogaciones populares y demás fondos que se reciban con este fin, de entidades públicas o privadas, conformarán un fondo administrado por la Comisión Especial.
Artículo 3: Créase una Comisión Especial de 16 miembros ad honorem, constituida por las siguientes personas:
a) Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales dependiente del Ministerio de Educación, quien la presidirá y convocará a sus sesiones de trabajo.
b) Los parlamentarios, senadores y diputados, elegidos en la región en que se ubicará el monumento.
c) El alcalde de la comuna de Temuco.
Artículo 4: La Comisión Especial antes indicada, deberá constituirse dentro de los 30 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.
Artículo 5: La Comisión Especial tendrá las siguientes funciones:
a) Determinar la fecha, forma y lugares en que se efectuarán las colectas públicas, realizar todos los trámites necesarios para que éstas se efectúen y en general definir las distintas alternativas a emplear para obtener recursos.
b) Administrar el fondo creado en virtud de esta ley.
c) Determinar la forma en que se escogerá el proyecto artístico en base al cual se efectuará el monumento.
d) Determinar el sitio preciso dentro de la comuna en que éste se erigirá.
Artículo 6: Si después de concluido el monumento y producto de los diversos aportes y erogaciones obtenidos, hubiere excedentes, éstos serán destinados a la realización de otros reconocimientos a Lorenzo Colipí en otras comunas de la Región de la Araucanía”.
2. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 0979
Santiago , 6 de agosto de 1999.
Esa honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 2424, de 13 de julio último, y de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema para su informe copia del proyecto de ley -iniciado en mensaje- que crea la Defensoría Penal Pública.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 3 de agosto en curso, presidido por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Jordán , Faúndez , Álvarez García , Carrasco , Garrido , Navas , Libedinsky , Ortiz , Tapia , Gálvez , Chaigneau, Rodriguez , Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Yurac y Espejo, estimo conveniente informar dicho proyecto de ley, en las materias que corresponden, en los siguientes términos:
A) El artículo 43 prescribe que el Consejo Nacional de la Defensa Penal Pública estará integrado, entre otros, por un miembro en ejercicio del Escalafón Primero de Primera Categoría del Poder Judicial y un miembro en ejercicio del Escalafón Primario de Segunda Categoría del Poder Judicial, elegidos por el Pleno de la Corte Suprema.
Esta Corte Suprema estima inconveniente dicha disposición, porque las labores que desempeñará dicho Consejo no son de carácter jurisdiccional propiamente tal, sino que son más bien de orden administrativo y, además, porque no es conveniente distraer a un miembro del Poder Judicial de sus labores propias. Por la misma razón, correspondería eliminar las disposiciones contenidas en las letras c) y d) del artículo 51.
B) El artículo 60 señala que el imputado tendrá derecho a solicitar en cualquier momento al Defensor Regional el cambio de la institución o abogado licitante o con convenio vigente que se le haya asignado para que asuma su defensa en la etapa de instrucción. Asimismo, en el inciso 2º se dispone que puede solicitar el cambio de la institución o abogado solicitado o con convenio que se le haya asignado para el juicio oral, cambio que se hará efectivo en la etapa de recursos.
Sin embargo, como dicho derecho podría ejercerse en forma abusiva, lo que podría provocar en definitiva una dilación excesiva del proceso, esta Corte estima que no es conveniente que el imputado pueda solicitarlo en cualquier momento y, por lo mismo, correspondería fijar un límite y, además, determinar el número de veces en que puede hacer uso de dicho derecho.
Es todo cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen.
Saluda atentamente a V.S.,
(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ , Presidente ; CARLOS MENESES PIZARRO , Secretario ”.
AL SEÑOR PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAÍSO”.