Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- Maria Antonieta Saa Diaz
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Enrique Jaramillo Becker
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Guido Girardi Lavin
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- V. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE LA REPÚBLICA CHECA SOBRE TRABAJO REMUNERADO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- ACUERDO ENTRE CHILE Y PANAMÁ SOBRE EXENCIÓN DE VISA EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, CONSULARES, OFICIALES Y ESPECIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE CHILE Y PANAMÁ. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE LA REPÚBLICA CHECA SOBRE TRABAJO REMUNERADO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES POLICIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Zarko Luksic Sandoval
- Maria Isabel Allende Bussi
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- INDICACIÓN
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, SOBRE CREACIÓN DE UN SEGUDO FONDO DE PENSIONES EN LAS AFP. Informe de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES POLICIALES. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- AUTORIZACIÓN A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA PARA CREAR UN SERVICIO DE BIENESTAR.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Dario Molina Sanhueza
- Victor Perez Varela
- Adriana Munoz D'albora
- Edgardo Riveros Marin
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Lily Perez San Martin
- Mario Bertolino Rendic
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Dario Molina Sanhueza
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SALVAGUARDIAS PARA ACTIVIDAD LECHERA NACIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Osvaldo Palma Flores
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AUTORIZACIÓN A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA PARA CREAR UN SERVICIO DE BIENESTAR.
- VIII. INCIDENTES
- ALCANCES SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO MINISTRO DE BIENES NACIONALES. Oficio.
- ACTITUD DE DIPUTADO SANCIONADO POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TALCAHUANO. Oficio.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- Haroldo Fossa Rojas
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO ULLOA.
- INTERVENCIÓN : Edmundo Salas De La Fuente
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ARICA. Oficios.
- DÍA DEL DIRIGENTE VECINAL.
- AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN TALCA. Oficio.
- SUPRESIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO DE LOS JUZGADOS DEL CRIMEN EN REFORMA PROCESAL PENAL. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Velasco De La Cerda
- Homero Gutierrez Roman
- Eugenio Tuma Zedan
- ADHESION
- CAMBIO DE NOMBRE DE RETÉN LAS TOSCAS DE COMUNA DE LINARES. Oficio.
- ADHESION
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- NOVENO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS PARA DETENIDOS EN EL JUZGADO DE EL SALVADOR. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Ivan Moreira Barros
- Claudio Alvarado Andrade
- Pablo Longueira Montes
- Victor Perez Varela
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Jorge Ulloa Aguillon
- Manuel Rojas Molina
- Julio Dittborn Cordua
- Dario Paya Mira
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Zarko Luksic Sandoval
- Pablo Longueira Montes
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Patricio Melero Abaroa
- Eduardo Diaz Del Rio
- Victor Reyes Alvarado
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Laura Soto Gonzalez
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 26ª, en jueves 5 de agosto de 1999
(Ordinaria, de 10.46 a 14.27 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Presidencia accidental de la señora Saa Díaz, doña María Antonieta.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
Permiso constitucional 9
V.Fácil Despacho.
- Acuerdo entre los Gobiernos de Chile y de la República Checa sobre trabajo remunerado de familiares de funcionarios diplomáticos. Primer trámite constitucional 9
- Acuerdo entre Chile y Panamá sobre exención de visa en pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales. Primer trámite constitucional 10
- Convenio básico de cooperación científica y técnica entre Chile y Panamá. Primer trámite constitucional 11
VI.Orden del Día.
- Fortalecimiento de las funciones policiales. Primer trámite constitucional 12
- Modificación del decreto ley Nº 3.500, de 1980, sobre creación de un segundo fondo de pensiones en las AFP. Informe de la Comisión Mixta. 39
VII.Proyectos de acuerdo.
- Autorización a municipalidad de Providencia para crear un servicio de bienestar 41
- Salvaguardias para actividad lechera nacional 43
VIII.Incidentes.
- Alcances sobre designación de nuevo ministro de Bienes Nacionales. Oficio 45
- Actitud de diputado sancionado por infracciones a la ley de Tránsito. Oficios 47
- Pavimentación de calles en Talcahuano. Oficio 48
- Rechazo a expresiones vertidas por el diputado Ulloa 48
- Estudios para construcción de viviendas en Arica. Oficios 49
- Día del dirigente vecinal 49
- Aumento de recursos para programa de absorción de mano de obra en Talca. Oficio 50
Pág.
- Supresión del cargo de secretario de los juzgados del crimen en reforma procesal penal. Oficio 51
- Cambio de nombre de retén Las Toscas de comuna de Linares. Oficio 53
- Noveno encuentro nacional de educación rural. Oficio 53
- Construcción de dependencias para detenidos en el juzgado de El Salvador. Oficios 56
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público (boletín Nº 2152-07) 57
2. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que prorroga la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas (boletín Nº 2343-01) 85
3. Moción de los diputados señores Moreira, Alvarado, Longueira, Pérez, don Víctor; Van Rysselberghe, Ulloa, Rojas, Dittborn, Paya y Álvarez, que modifica la ley Nº 15.321, sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto supremo Nº 307, de 1978, del Ministerio de Justicia, con el objeto de redistribuir las multas (boletín Nº 2376-07) 85
4. Moción de los diputados señores Orpis, Luksic, Longueira, Rincón, Melero, Díaz, Reyes, y de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica; Sciaraffia, doña Antonella, y Soto, doña Laura, que modifica la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, estableciendo incompatibilidad entre el ejercicio de determinados cargos públicos y el hecho de ser consumidor de drogas (boletín Nº 2373-20) 86
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del diputado señor Girardi, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 de agosto en curso, para dirigirse a Estados Unidos de Norteamérica.
-De la jefa de la bancada del Partido por la Democracia, por la cual informa que la diputada señorita Saa, doña María Antonieta, y el diputado señor Jaramillo integrarán la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento en calidad de titulares.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Vega, auditoría general de la gestión administrativa de la Municipalidad de Cauquenes.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Núñez y Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano y Renovación Nacional, tramitación de informes técnicos de comisiones regionales del medio ambiente.
-De los diputados señores Mora, Eliana Caraball, Mulet, Ortiz y Ojeda, evaluación de operatividad de la ley Nº 19.567.
-Del diputado señor Mora y Comité Parlamentario del Partido Renovación Nacional, medidas que se adoptarán por hechos protagonizados por representantes de las comunidades mapuches.
-De los diputados señores Errázuriz y Rosauro Martínez, investigación acerca de 7.000 peruanos que laboran en la Región de Iquique.
-De los diputados señores Alvarado, Delmastro, Ibáñez, Rosauro Martínez, Velasco, Ascencio, Acuña, Ortiz, Lorenzini y Mulet, atención a damnificados de la Décima Región.
-Del diputado señor Andrés Palma, casino de juegos en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.
-De los diputados señores Velasco, Ortiz, Mora y Acuña, situación de cesantía que afecta a número importante de trabajadores en la comuna de San Antonio.
-Del diputado señor Sánchez, registros internos de Carabineros de las infracciones a la ley de tránsito cometidas por autoridades del país.
-Del diputado señor Rojas, proyecto sobre implante de alevines en la zona alta del río Loa.
-De los diputados señores Núñez, Rojas, Reyes, René García y Sánchez, política respecto de retenes de Carabineros en comunas rurales.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De los diputados señores Joaquín Palma y Patricio Walker, plan de reconversión comuna de Andacollo.
-Del diputado señor Kuschel, informe de cobertura urbana y rural de la Décima Región de Los Lagos.
-Del diputado señor Navarro, subsidio asignado a cada una de las comunas durante el año 1998; contrato de Essbio S.A. y la Empresa Arenas Biobío Ltda.
-De los diputados señores Alvarado, Vilches, Longton, Prokurica, Osvaldo Palma, Kuschel, Ibáñez y Díaz, prórroga de beneficio establecido en el D.L. Nº 889.
-De las diputadas señoras Antonella Sciaraffia y Laura Soto y Comités Parlamentarios de los Partidos Demócrata Cristiano y Renovación Nacional, sobre eliminación de bonificación de mano de obra.
-Del diputado señor Aníbal Pérez, aplicación de normativa que reemplaza el sistema de cargo fijo de agua potable por uno variable.
-De los diputados señores Urrutia, Mora, Ceroni, Gutiérrez, Mulet, Encina, Pedro Muñoz, Núñez, Ojeda, Velasco, Jiménez y Fossa, anuncio de medidas contempladas en la segunda fase del Plan Arica y Parinacota.
-De los diputados señores Urrutia, Delmastro, Ávila y Ortiz, segunda fase del Plan Arica.
-De la diputada señora Rosa González y de los diputados señores Urrutia, Delmastro, Ávila y Moreira, medidas contempladas en la segunda fase del Plan Arica y Parinacota.
-De la Corporación, modificación del Decreto Supremo Nº 453, de 1989.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Navarro, proyecto gasoducto del Pacífico.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Recondo, recursos destinados en 1999 al programa de pavimentación participativa.
-De los diputados señores Velasco, Ortiz, Mora y Acuña, programa de mejoramiento de barrios.
-Del diputado señor Kuschel, solución infraestructura sanitaria en Calbuco; estadística de inscritos en los diversos sistemas de postulación habitacional a enero del presente año.
-De las diputadas señoras Eliana Caraball, María Antonieta Saa, Isabel Allende, Antonella Sciaraffia, Lily Pérez, Marina Prochelle, Fanny Pollarolo, Adriana Muñoz y diputados señores Velasco, Gutiérrez, Villouta, Arratia, Felipe Letelier, Tuma, mejoramiento de condiciones de postulación de la mujer a programas de subsidio.
-De la Corporación, programas habitacionales.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del diputado señor Álvarez-Salamanca, plan técnico fundamental de encaminamiento.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (68)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Patricio Walker.
-Asistió, además, el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Germán Molina.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.46 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª se encuentra a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor MONTES (Presidente).-
El diputado señor Guido Girardi ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 6 de agosto en curso.
Si le parece a la Sala, se autorizará.
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE LA REPÚBLICA CHECA SOBRE TRABAJO REMUNERADO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS. Primer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para, primero, rendir los informes y discutir los tres proyectos de Fácil Despacho y luego votarlos en conjunto.
En primer lugar, corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Checa sobre trabajo remunerado de los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales intergubernamentales.
Diputado informante de la comisión de Relaciones Exteriores es el señor Ascencio.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2308-10, sesión 42ª, en 11 de marzo de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 20ª, en 15 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor MONTES (Presidente).-
En ausencia del diputado Gabriel Ascencio, tiene la palabra el diputado Salvador Urrutia para rendir el informe.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, informaré el proyecto en reemplazo del diputado señor Ascencio, ausente por razones de trabajo.
El convenio entre la República de Chile y la República Checa sobre trabajo remunerado de los familiares de los funcionarios de misiones diplomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales intergubernamentales, que se suscribió el 23 de septiembre de 1996, obedece al interés de que los familiares de diplomáticos -numerosos en ocasiones- puedan integrarse a actividades laborales y profesionales del país receptor, a fin de que se procuren una mejor calidad de vida y se favorezca la integración de ambas naciones.
Tratados de este tipo han sido suscritos con dieciocho países de América y Europa.
En resumen, los familiares beneficiados son, desde luego, la cónyuge o el cónyuge, los hijos solteros y los menores de veinticinco años que cursen estudios postsecundarios o superiores.
En general, no se establecen restricciones sobre el tipo de empleo que es posible desempeñar. Además, se aplicarán las normas laborales y podrán acceder a los beneficios del país receptor. Igual cosa ocurre en lo tributario y previsional.
El plazo para desempeñar trabajo remunerado vence el día en que termina la misión oficial del funcionario del cual son familiares.
Dado los obvios y claros beneficios que el tratado significa para la relación internacional de Chile, la Comisión lo aprobó por unanimidad y solicita a la Cámara hacer lo mismo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votará al final de la tabla de Fácil Despacho.
-Posteriormente, fue aprobado por unanimidad.
ACUERDO ENTRE CHILE Y PANAMÁ SOBRE EXENCIÓN DE VISA EN PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, CONSULARES, OFICIALES Y ESPECIALES. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá referente a la exención del requisito de visa de pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es la señora Isabel Allende.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2237-10, sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 13 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá, referente a la exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales, se suscribió en Santiago el 21 de octubre de 1997, y tiene el propósito fundamental -por lo demás así lo contemplan también otros Acuerdos- de facilitar el desplazamiento entre ambos países, la permanencia en sus respectivos territorios de las personas encargadas de cumplir funciones de interés para las relaciones bilaterales, para lo cual se exime el requisito de visa en sus pasaportes.
En el orden interno, este requisito es exigido por el decreto ley Nº 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile; de manera que las exenciones a su exigibilidad deben ser establecidas por normas de rango legal, como el que tendrán las disposiciones del acuerdo internacional en informe, una vez aprobado por el Congreso, promulgado como ley de la República y publicado en el Diario Oficial.
En los últimos años, esta honorable Cámara ha aprobado diversos tratados con características similares -todos ellos como el que en estos momentos se está informando con Panamá- y siempre contemplan los mismos compromisos.
Se dispone la recíproca suspensión del trámite de visa en pasaportes diplomáticos, consulares, oficiales y especiales, exigido como requisito para ingresar al territorio nacional por la legislación relativa a los extranjeros en el país.
También permite a los portadores de dichos pasaportes la permanencia en el país, en este caso por tres meses, con regresos múltiples y con la duración de la misión de quienes sean miembros de las respectivas misiones diplomáticas y consulares, sin liberar en ambos casos la observancia de las leyes y reglamentos en vigor relativos a la entrada, permanencia y salida de extranjeros.
El Estado receptor se reserva el derecho de permitir el ingreso discrecional de personas consideradas inconvenientes al país y, repito, no exime a los titulares de los pasaportes antes referidos de la observancia de las leyes y reglamentos en vigor relativos a la entrada, permanencia y salida de los respectivos países.
La Comisión compartió los propósitos que han llevado a los Gobiernos de Chile y de Panamá a celebrar este tratado internacional y por unanimidad decidió prestarle su aprobación, y propone a la honorable Cámara aprobar el artículo único en los términos formulados en el mensaje.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En debate el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votará al final de Fácil Despacho.
-Posteriormente, fue aprobado por unanimidad.
CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA ENTRE CHILE Y PANAMÁ. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Panamá.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Salvador Urrutia.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2235-10, sesión 32ª, en 8 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 17ª, en 13 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 5.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, este proyecto fue suscrito el 5 de junio de 1996 y apunta a fortalecer los vínculos entre Chile y Panamá. Este tipo de convenios han sido aprobados por esta honorable Cámara en 25 ocasiones con otros tantos países de América, Europa y Asia, porque apuntan a fortalecer un tema urgente en la globalización e inserción de los países en el comercio internacional.
Entre Chile y Panamá existe una larga y profunda interrelación en estos ámbitos, lo que se ha traducido en una cooperación científica y tecnológica muy intensa. Gran cantidad de estudiantes, profesionales y técnicos, tanto panameños como chilenos, han viajado al otro país para perfeccionar sus capacidades y traer esos conocimientos al país original.
En este tipo de cooperación han participado el Servicio Nacional de Turismo, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional, Directemar; el Ministerio de Planificación y Cooperación, la Dirección de Promoción de Exportaciones, Prochile , y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conycit.
Los programas y proyectos fijados en este convenio se ejecutarán sobre la base de la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de universidades, organismos de investigación científica y organizaciones no gubernamentales.
Se elaborarán programas bienales en consonancia con las prioridades de ambos países y las estrategias de desarrollo económico y social respectivas.
Se podrá solicitar el financiamiento por organismos internacionales, universales y regionales, de cooperación técnica, como también por instituciones de terceros países.
Las áreas de especial interés mutuo entre Panamá y Chile son el medio ambiente, los recursos naturales, la innovación tecnológica y productiva, la energía, la electrónica, la minería, la agricultura, la agroindustria, los transportes y comunicaciones, la vivienda y urbanismo y, en especial, el turismo, la salud, la previsión social, el comercio y las inversiones.
Dado el gran interés que tiene para nuestro país mantener y profundizar esta cooperación científica y técnica con Panamá, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobar el artículo único con algunas modificaciones formales menores recogidas en el texto sustitutivo que se reproduce en el informe de la Comisión.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará, por unanimidad.
Aprobado.
VI. ORDEN DEL DÍA
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES POLICIALES. Primer trámite constitucional.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
Diputado informante de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana es el señor Patricio Walker.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 1803-07, sesión 49ª, en 5 de marzo de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 23.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 23ª, en 3 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para informar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana viene en informar el proyecto, originado en una moción del diputado Alberto Espina, copatrocinada por la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Zarco Luksic, Gutenberg Martínez, Baldo Prokurica y Alfonso Vargas, y por el entonces diputado Andrés Allamand. Asimismo, esta moción contó con la adhesión de varios señores diputados.
Para el despacho de esta iniciativa, el Ejecutivo solicitó la urgencia, la que calificó de simple para todos sus trámites constitucionales.
Durante el análisis de este proyecto, la Comisión contó con la colaboración del subsecretario del Interior, don Guillermo Pickering; del subsecretario de Carabineros, don Luciano Fouillioux; del general subdirector de Carabineros , don Gustavo Lagos; del general de Carabineros , jefe de la V Zona Valparaíso, don Federico Schwerter, y de los asesores del subsecretario del Interior, señora María Vitalia Puga y don Jorge Vives.
La iniciativa fundamenta las modificaciones que propone en una serie de consideraciones de carácter general que las justifican, ya que, de acuerdo con las encuestas de opinión y con noticias que permanentemente se escuchan y ven, se aprecia un aumento considerable de la delincuencia, en especial respecto de algunos delitos, específicamente robo con violencia en las cosas y robo con violencia en las personas.
De acuerdo a estudios efectuados por la Fundación Paz Ciudadana, esto ha significado un aumento considerable en el producto interno bruto, como gasto, lo que es extraordinariamente elevado si se lo compara con países desarrollados.
Por tanto, se requiere adoptar medidas que puedan facilitar la acción policial, pudiendo enfocarse el problema desde distintos ángulos, como la inclusión de nuevas figuras penales o la mejora de los sistemas de rehabilitación, y mecanismos que faciliten y hagan más eficiente la realización de las funciones policiales.
En consecuencia, se resuelve suprimir una serie de normas e incorporar otras, de tal forma que Carabineros y la Policía de Investigaciones dediquen más tiempo a las tareas propiamente policiales y no distraigan personal en la realización de actuaciones de carácter administrativo y judicial.
La idea matriz del proyecto se orienta a facilitar la labor de Carabineros y de la Policía de Investigaciones para la realización de sus actividades de carácter estrictamente policial, mediante la supresión de funciones de tipo administrativo y la agilización de la atención que determinados servicios deben prestar a esas actividades.
Para tales efectos introduce diversas modificaciones al Código de Procedimiento Penal, al Código del Trabajo, a la ley de Menores, a la ley sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, a la ley sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, y a la ley orgánica del Servicio Médico Legal.
Desde el momento en que suprime determinadas funciones de los servicios policiales, de acuerdo con el artículo 62, inciso cuarto, número 2, de la Constitución Política, se requiere del patrocinio del Ejecutivo , el cual lo prestó de inmediato, en primer lugar, debido a la tarea que está realizando el Gobierno en cuanto a implementar un plan integral de seguridad ciudadana, que fuera anunciado y explicado por el subsecretario del Interior , don Guillermo Pickering . Además, es producto de un trabajo de racionalización que está efectuando el subsecretario de Carabineros, don Luciano Fouillioux , con el objeto de que Carabineros destine todos los recursos de que dispone a la labor propiamente policial, de lucha contra la delincuencia y no respecto de materias administrativas.
Señor Presidente , hay demasiado murmullo en la Sala, y el tema de la delincuencia está en primer orden, no porque lo señalen las encuestas, sino porque es de permanente preocupación de esta honorable Corporación.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Ruego a los señores diputados guardar silencio y poner atención al diputado informante del proyecto.
El señor LUKSIC.-
De acuerdo con lo señalado por el señor Fouillioux , actualmente, en materia de citaciones y notificaciones, Carabineros emplea aproximadamente trescientos hombres, insumiéndose en las citaciones 746.456 horas hombres con un costo de $ 1.434.000.000; y en las notificaciones, 233.112 horas hombres, con un costo de 446.642.000.
Por consiguiente, aquí hay un gasto excesivo tanto en cuanto al personal de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones como desde el punto de vista del gasto que significa la realización de tales tareas.
En seguida, me referiré a las normas que están sujetas a modificación o supresión.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Moreira, por un punto de Reglamento.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, como bien lo ha dicho el colega Luksic, el tema de la delincuencia es muy importante; no se trata de cosas de encuestas, sino de realidades.
A través de los Comités, se nos solicitó dar la unanimidad suficiente para adelantar su discusión, debido a la presencia del subsecretario del Interior . Sin embargo, me da la impresión de que no se ha explicado a la Sala las razones por las cuales las autoridades de Gobierno no están presentes cuando, incluso, el propio Gobierno pidió que se adelantara su debate para hoy.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , el ánimo de las autoridades de Gobierno era estar presentes en esta sesión. Sin embargo, no fue posible, puesto que hoy se firma un documento muy importante, con un posterior acto de las autoridades con los pueblos indígenas.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Los diputados no hemos sido invitados.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se invitó al Presidente de la Cámara de Diputados , en representación de la Corporación.
En consecuencia, es de esperar que el debate se desarrolle normalmente y que la explicación pueda satisfacer a los señores parlamentarios.
Continúa con la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
En primer lugar, se agrega un segundo inciso al artículo 264 del Código de Procedimiento Penal para establecer que si la persona que aprehende a un delincuente en delito flagrante es un agente de policía -de acuerdo con la norma legal vigente está obligado a prestar testimonio-, se tendrá como testimonio legalmente prestado las declaraciones contenidas en las comunicaciones o partes enviados al tribunal. Es lo que comúnmente se conoce como “ratificación de la denuncia” por Carabineros e Investigaciones.
En la actualidad, si el carabinero o el agente de policía no hace la ratificación -otras diligencias o funciones le impiden hacerlo-, los jueces, sin más trámite, dan por concluida la investigación y otorgan la libertad a la persona detenida por falta de méritos.
Por eso la modificación que introduce el proyecto resulta fundamental, al disponer que no es obligatoria dicha ratificación, bastando con el envío al tribunal de las comunicaciones o partes, con la firma del funcionario aprehensor, autorizada por su superior jerárquico. Esto ayudará mucho porque se trata de un problema frecuente. Cuando los diputados vamos a las poblaciones de nuestros distritos se nos señala que las denuncias no resultan viables porque quedan truncas en los tribunales. Por su parte, los funcionarios judiciales dicen que las denuncias no son ratificadas con posterioridad y, por lo tanto, no pueden continuar con la investigación y deben otorgar la libertad a las personas aprehendidas, aunque sean conocidos delincuentes. Con la modificación, bastaría la firma del aprehensor, autorizada por su superior jerárquico.
Otra modificación importante tiene por finalidad que los agentes de policía se dediquen exclusivamente a combatir la delincuencia y no a realizar las actividades administrativas a que se refiere el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal. Dicha norma dispone que los agentes de policía están obligados a practicar citaciones a testigos para que comparezcan ante los juzgados del crimen. El proyecto la suprime, a fin de que dichos agentes no cumplan esa función.
Es conveniente indicar que esta obligación era excepcional; pero, en la práctica, se convirtió en la regla general. La mayoría de las veces, ya sea por la confianza que merecen Carabineros y la Policía de Investigaciones como por su conocimiento de las ciudades, los tribunales les solicitan efectuar las citaciones.
La siguiente modificación se refiere a una materia diferente: dice relación con un ilícito que está íntimamente asociado al hurto y al robo. Me refiero al delito de receptación. ¿Qué pasa? El éxito de los robos y hurtos se produce en la medida en que, posteriormente, haya un buen vendedor de las cosas sustraídas. Si el ladrón se dedicara a juntarlas en su casa a modo de museo, en realidad, no existiría interés alguno por robar. Por lo tanto, esta actividad delictual está íntimamente ligada al delito que consiste en la reventa de cosas robadas o hurtadas.
Para tal efecto, se presentó una moción, aprobada por la Cámara y por el Senado, y que hoy es ley. Sin embargo, resulta muy difícil aplicar esa normativa, puesto que los revendedores se ubican -todo el mundo lo sabe- en los mercados persas y mercados abiertos.
La idea matriz de la modificación al artículo 266 se refiere a los requisitos para la concesión de la libertad a las personas detenidas en delito flagrante de poca entidad, es decir, los sancionados con pena de falta, inhabilitación o suspensión para cargos u oficios públicos y con privación de libertad entre 61 y 540 días, estableciendo una regla especial en caso de que el ilícito sea el ejercicio del comercio ilegal o clandestino, exigiendo, además de los requisitos actuales de tener domicilio conocido o rendir fianza, la obligación de acreditar la identidad con la cédula respectiva. En caso contrario, se mantendrá la privación de libertad y se pondrá al hechor a disposición del tribunal en la audiencia más próxima.
Los mercados ya mencionados, en los cuales muchas personas ejercen comercio ilegal y clandestino, son propicios para la reventa de los bienes sustraídos mediante robo o hurto. De ahí que en el caso de existir un delito flagrante en que se venden cosas que son producto de los delitos señalados, además de exigirse un domicilio conocido o rendir la fianza, se establece como obligación acreditar la identidad con la cédula respectiva.
Con el diputado Bustos quisimos separar claramente la comisión de un delito como la receptación, de la irregularidad o falta que hoy cometen muchos chilenos debido a la cesantía. Me refiero a los famosos “coleros”, que son los que se ponen a la cola en los mercados persas, en las ferias y en el comercio ambulante. Obviamente, hay que hacer una diferencia. Estos llamados “coleros” son personas que ejercen clandestinamente el comercio y, muchas veces, venden cosas usadas. Ellos, en virtud de las ordenanzas municipales, pueden ser sancionados con una multa.
Después de un amplio debate, se aprobó por unanimidad una indicación sustitutiva para expresar esta nueva disposición aparte, del siguiente tenor:
“Artículo 266 bis.- Tratándose de personas que ejerzan el comercio ilegal o clandestino y existiendo indicios de que se estaría cometiendo el delito de receptación, el funcionario policial les exigirá que acrediten sus identidades con las cédulas respectivas. Si no la presentaren, serán privadas de su libertad para ser puestas a disposición del tribunal competente en la audiencia más próxima”.
La idea no es que el funcionario policial, por una sospecha o porque le cayó mal, solicite la cédula de identidad de una persona, más que nada para hacerle una exigencia indebida a aquellos -reitero- que ejercen el comercio clandestino por necesidad económica, en especial hoy en que existen altas tasas de desempleo. Por ejemplo, en Pudahuel, donde la cesantía llega al 20 por ciento, debe haber dos mil que se dedican a este comercio clandestino.
Lo esencial de esta norma es que la palabra “indicios” implica antecedentes serios.
Posteriormente, se analizó una modificación ligada con delitos de mucha gravedad, como el aborto, robo, hurto o el tráfico ilícito de estupefacientes, cuyo objetivo es ampliar el plazo para efectuar la denuncia. En la actualidad, el artículo 85 dispone que en el plazo de 24 horas de conocida la comisión de un delito pesquisable de oficio, deben efectuar la denuncia las personas obligadas a hacerlo.
Los patrocinantes de la moción sugirieron que se ampliara este plazo a diez días para poder efectuar, sin previa orden judicial, las primeras diligencias o investigaciones tendientes a la comprobación del hecho policial. Se propone aumentar este plazo para que el juez, y también la policía, puedan avanzar en la investigación de manera tranquila, sin someterse a una serie de tareas puramente judiciales o de carácter administrativo. Sin embargo, dicho plazo topa con la garantía constitucional establecida en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, relacionada con el principio del debido proceso.
La Comisión consideró inconstitucional aumentar el plazo de 24 horas a diez días, ya que contradice el citado principio del debido proceso, que no sólo está establecido en nuestra Constitución, sino también en cartas internacionales ratificadas por nuestro país. Por consiguiente, resolvió rechazar este número por unanimidad.
Otro aspecto también importante y que dice relación con la idea matriz del proyecto y la de racionalizar las tareas de los agentes de policía, en especial de Carabineros, en cuanto a destinarlos, preferente y directamente, a combatir la delincuencia y no a actividades de carácter administrativo, es que se introducen modificaciones en el Código del Trabajo, en la ley de menores, en la ley sobre procedimiento en los juzgados de policía local, destinados a eliminar la posibilidad de que el juez imponga, en algunos casos, a Carabineros o a Investigaciones, o a ambos, tareas propias de funcionarios administrativos, como la primera notificación del demandado en juicios laborales, las notificaciones personales fuera del tribunal en los juicios de menores y la notificación de la demanda, denuncia o querella que se deduzcan ante los juzgados de policía local.
Las modificaciones se aprobaron en forma unánime.
También se plantean modificaciones a la ley de bebidas alcohólicas y vinagres, para establecer que los responsables de los establecimientos encargados de la práctica de exámenes científicos necesarios para la determinación del delito de manejo en estado de ebriedad deberán adoptar las medidas conducentes a la realización expedita de los análisis, para que los funcionarios policiales encargados de la custodia de los detenidos, empleen el menor tiempo posible en la realización de dicha diligencia.
Se aprobó por unanimidad la modificación a la ley de alcoholes.
En la misma idea, para que sea más rápida la práctica de exámenes médicos legales, se introducen modificaciones a la ley orgánica del Servicio Médico Legal, con el fin de que Carabineros y la Policía de Investigaciones, encargados de la custodia de los lesionados, empleen menos tiempo en dicha diligencia.
Éstas son las modificaciones de diversos preceptos, todos de reforma de ley ordinaria; por consiguiente, para su aprobación no requieren de un quórum especial. La idea principal está destinada a hacer más efectiva y eficiente la labor de los agentes policiales, en especial de Carabineros e Investigaciones, con el objeto de que las tareas administrativas o seudojudiciales sean realizadas por funcionarios ad hoc, con la suficiente investidura y capacidad, de manera de no restar a Carabineros de sus propias tareas policiales.
El proyecto no contiene disposiciones que sean de rango orgánico constitucional. Reitero que la gran mayoría de las disposiciones fueron aprobadas por unanimidad.
He dicho.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, por su intermedio, ¿podría hacerle una consulta al diputado informante?
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , quiero que el diputado informante precise más el alcance de “indicios”. En verdad, este término, como concepto, lo encuentro amplio y poco preciso. Este punto es fundamental, y hace referencia a una cuestión que es de la mayor importancia. Todos sabemos que hoy mucha gente se gana la vida, como opción, trabajando en lo que él mismo denominaba “coleros”, aunque no cuente con el permiso municipal. Esto lo vivimos todos en nuestras comunas. Es muy importante que el diputado precise todavía más el término “indicios”, porque puede ser bastante peligroso si no tiene una definición rigurosa.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Luksic para esclarecer la consulta de la señora diputada.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , no debería decirlo, porque soy informante; pero en vez de precisar más ese vocablo, sería mucho mejor utilizar la palabra “antecedentes” en la norma, y quedaría: “...existieren antecedentes de que se estaría cometiendo el delito de receptación”. “Antecedentes” tiene un sentido más estricto que “indicios”, sin entrar a consultar el Diccionario de la Real Academia Española.
También podríamos encontrar antecedentes directos, antecedentes que hagan sospechar. Estoy de acuerdo en que es necesario clarificarlo, y para tal efecto sería bueno presentar inmediatamente una indicación en la Sala.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, ¿podría aclarar a la diputada señora Isabel Allende al alcance del término “indicios”?
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , se permitió formular la consulta como una excepción, para los efectos de clarificar un punto; pero, de conformidad con la norma reglamentaria, corresponde entrar al debate. En la discusión general o particular, las señoras diputadas y señores diputados tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones.
Tiene la palabra el diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que los patrocinantes de esta iniciativa legal son diputados de distintas bancadas, a los que se ha sumado el trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, encabezada por el diputado señor Patricio Walker , quien no pudo hoy relatar el informe, pero que trabajó activamente en esta iniciativa, al igual como lo hicieron la diputada señora María Pía Guzmán , el diputado señor Elgueta y otros parlamentarios.
Los nombro porque en momentos en que se vive un período electoral, considero que es un acierto que temas de esta envergadura puedan ser abordados con una visión de Estado, para ir avanzando en la lucha contra la delincuencia.
En segundo lugar, quiero dejar testimonio de nuestro respaldo a la forma como el subsecretario Guillermo Pickering está llevando adelante los compromisos asumidos respecto del tema de la seguridad ciudadana.
En muchas oportunidades hemos sido muy críticos de la forma en que el Gobierno ha enfrentado este tema; pero nobleza obliga, y el subsecretario del Interior no sólo está cumpliendo los compromisos, sino que además está abocado a la tarea de ir avanzando a través de distintos procedimientos, distintos mecanismos, no sólo represivos, sino preventivos, de información, en la lucha para enfrentar la delincuencia.
El proyecto de ley tiene por finalidad un objetivo básico y preciso: facilitar la acción de la policía en las calles y hacerla más eficiente, para darle debida protección a la ciudadanía.
Recordemos que no hace muchos días, el propio Gobierno entregó un análisis de la situación de la delincuencia en el país y señaló que el aumento de la criminalidad en los casos de ciertos delitos es extraordinariamente alarmante y, obviamente, de gran preocupación.
Desde ya, el robo con violencia aumentó en un 40 por ciento a nivel nacional y en un 48 por ciento en la ciudad de Santiago. El robo con fuerza, en un 15 por ciento a nivel nacional y en un 17 por ciento en Santiago. De manera que los asaltos a manos armada, como habitualmente se conocen, ya sea por la vía de sustraer con violencia a una persona una especie o por la vía de agredirla físicamente, que es la diferencia entre el robo con violencia y el robo con fuerza en las cosas o intimidación en las personas, han aumentado considerablemente en el último tiempo, lo cual da aún mayor urgencia al despacho y tramitación de esta iniciativa.
Objetivo de la iniciativa.
Como lo ha dicho el diputado informante , su finalidad primera es liberar a Carabineros de tareas que no son propias de la función policial. Y la más significativa de ellas es la que se refiere a las notificaciones y citaciones judiciales que, con los años, la legislación fue entregándole para su ejecución. En realidad, distraen a un número muy importante de contingente policial en labores que son absolutamente distintas de aquellas para las cuales se creó la policía.
Quiero entregar algunos antecedentes que fueron aportados por el Subsecretario Pickering en la Comisión. Nos decía que con los informes de Carabineros, se llegaba a la conclusión de que por cada orden judicial que tiene que realizar se emplean 76 minutos por funcionario: 33 en la parte administrativa -o sea, un policía que tiene que mantenerse en su cuartel o ir a buscar una orden para ejecutarla- y 43 minutos en la parte operativa. Es decir, el policía que, para cumplir la orden, abandona su labor de prevención, tiene que ir al lugar de la notificación, buscar a la persona que se va a notificar, volver a su cuartel, llenar la resolución, escribirla a máquina y enviarla al tribunal de vuelta.
Se nos agregaba, además, que en 1999, Carabineros ha realizado 1.753.957 notificaciones judiciales, y que se tiene proyectado para el resto del año que esa cifra llegue a 1.941.404. Sigo el ejercicio que nos hizo el Subsecretario . Si ese total de órdenes judiciales se multiplica por los 76 minutos que toma un funcionario en cumplirla, se llega a la cifra de 147.546.704 minutos anuales que ese personal policial distrae de su función propiamente tal en esta labor administrativa.
Si esto se expresa en horas, Carabineros distrae en estas funciones administrativas 2.459.111 horas y, por lo tanto, se restan a la prevención en las calles.
Si la cifra se divide por 8 horas, que es el tiempo que trabaja la policía en los turnos correspondientes, llegamos a la conclusión de que se ocupan 388 días hombres en esta labor administrativa. Si eso lo dividimos por 261 días hábiles, a los cuales se les ha restado aquellos en que el personal policial hace uso de su descanso, de su feriado o, en definitiva, cumple órdenes de otra naturaleza, arroja un total, sólo en notificaciones judiciales, de 1.177 funcionarios de Carabineros que al día están distrayéndose en estas labores.
Si dividimos estos 1.177 funcionarios policiales por las 175 comisarías que existen en Chile -se tomó el padrón de las comisarías y no tenencias-, llegamos a la conclusión de que por cada unidad policial hay 6,7 carabineros, en promedio, que están dedicados a labores administrativas impuestas por la ley, como son las notificaciones judiciales, y no cumplen con su labor de prevención en las calles, para lo cual fue creada la policía, de acuerdo con el mandato legal establecido en su ley orgánica.
El costo para Chile de la realización de labores administrativas -notificaciones- por Carabineros es de 5.801 millones de pesos anuales. Es decir, Carabineros no utiliza esa suma para la prevención, para actuar en las calles, sino para cumplir una labor administrativa que compete a otros organismos, a otras instituciones y a otras funciones que no son policiales propiamente tales.
Estas cifras son lo suficientemente elocuentes para demostrar que el proyecto está orientado en la dirección correcta y, entre otras, por qué ha despertado la unanimidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana y también el respaldo decidido del Gobierno, cosa que ya he destacado y valorado.
¿Qué hace entonces el proyecto?
En primer lugar, elimina de distintas disposiciones legales la obligación hoy asignada a Carabineros de hacer estas notificaciones, como todas las relacionadas con el trabajo. Nadie entiende por qué Carabineros se transformó en receptor judicial en la legislación chilena.
En segundo lugar, están las notificaciones de policía local, de los juzgados de menores y de tribunales del crimen, por regla general, salvo aquellas que signifiquen órdenes judiciales destinadas a la detención de una persona. Se eliminan todas esas funciones por no corresponder a Carabineros.
Por lo tanto, se liberan 1.177 funcionarios policiales que cumplen ese tipo de labores durante ocho horas diarias, quienes pasan a realizar su labor policiaca propiamente tal.
¿Quién hará esas notificaciones? Según se anunció en la Comisión, el Gobierno, paralelamente a la tramitación de este proyecto, enviará una iniciativa que permita, en forma objetiva, que esta función se efectúe ya sea por un sistema de correo privado, por un cuerpo especial de receptores, o mediante la entrega de recursos a los municipios para cumplirla de manera más expedita.
Entonces, hay un aspecto del proyecto que es necesario aclarar, en términos de que esa función la realizarán los organismos señalados y el Gobierno enviará la iniciativa de ley correspondiente.
En segundo lugar, aclarado el primer punto del proyecto, quisiera referirme a la norma de la ratificación de las denuncias, para entrar luego al tema que interesaba a la diputada Isabel Allende y que intentaré precisar.
La ratificación de las denuncias es otro factor que distrae a la policía de sus funciones en forma absolutamente indebida. Me explico. Cuando un funcionario policial es testigo de un hecho delictivo, o bien no siéndolo recibe la denuncia en un cuartel, se produce un trámite burocrático en Chile que es del todo distractivo para la función de la policía, cual es que ese funcionario debe concurrir al tribunal a ratificar que el parte que envió es verdadero. Cualquier persona que visite los tribunales se dará cuenta de que es habitual ver a funcionarios policiales esperando largas horas en los pasillos para que un actuario lo haga comparecer, ponga su nombre y escriba dos frases: “Comparece fulano de tal, cédula de identidad tanto, oficial de la policía o de Carabineros de Chile, quien ratifica el parte de fojas uno”. La cantidad de horas que funcionarios policiales distraen en ese trámite es absolutamente injustificada.
¿Qué hace este proyecto de ley? En primer lugar, señala que es necesario darle mayor seriedad a dicho trámite y, por lo tanto, exige que no sólo lo firme el funcionario que hizo la aprehensión, sino también su superior jerárquico.
En segundo lugar, elimina el trámite de la ratificación, pero siempre deja abierta la puerta para que el juez, si lo estima conveniente, pueda, en casos excepcionales, citar al funcionario policial, por ejemplo, para llevar adelante un careo o para que profundice aspectos de la prueba que está rindiendo. Por eso, se señala: “Si el juez estima estrictamente necesaria la comparecencia personal de ese funcionario policial, deberá adoptar las medidas para que sea atendido con preferencia a los demás citados y a primera hora de la audiencia respectiva”. Es decir, el juez siempre tiene la posibilidad de citar.
Otra modificación es terminar con la ratificación de las denuncias que, por lo demás, es una norma que el Congreso ya aprobó cuando se trató de los testigos.
En tercer lugar, también en la idea de hacer más eficaz la acción policial, establece que los directores o funcionarios de los centros asistenciales y del Instituto Médico Legal, en caso de que un funcionario policial acompañe a un detenido o a una víctima para un examen por lesiones o bien para tomar la alcoholemia, deberán atenderlo con preferencia para los efectos de liberarlo de esa función, a fin de que retorne a su lugar de trabajo, custodia policial o patrullaje de prevención. Ocurre que a veces pasan cinco o seis horas en que una pareja de carabineros se encuentra en un consultorio, en una policlínica, hospital o en el Instituto Médico Legal, en espera de una persona para que les haga este examen, desviando esa cantidad de horas de su función policial. De tal manera que el proyecto vuelve a agilizar la acción de la policía.
Finalmente, el artículo que señalaba la honorable diputada Isabel Allende busca fortalecer la acción policial en la captura de delincuentes que cometan el delito de receptación.
Este Congreso aprobó la ley -originada en moción de algunos parlamentarios- que sanciona a los reducidores de especies, y en el seguimiento de la misma que hizo la Comisión, nos dimos cuenta de que se estaba burlando su aplicación.
Si un sujeto es sorprendido en la calle vendiendo especies en forma clandestina o ilegal y la policía le pedía sus antecedentes, éste aseguraba que no tenía ninguna cédula de identidad, ningún carné. De acuerdo con las normas actuales del Código de Procedimiento Penal -vigente desde hace cincuenta años- el policía debe pedirle a esa persona acreditar su domicilio, pero daba un domicilio falso, no lo acreditaba. La policía llamaba a dicho domicilio, a lo que está obligada porque es una acción que sólo merece citación y no detención -es un delito que tiene una pena inferior a 541 días-, con el objeto de citarlo al juzgado de policía local. Una vez citado, el sujeto no aparecía nunca más, porque se escudaba en que no tenía ninguna cédula o carné de ninguna especie. La razón es muy simple: con eso evitaba que se revisaran sus antecedentes penales, porque, habitualmente, quienes practican la reducción de especies son personas que han sido procesas anteriormente o condenadas ya sea por robo o hurto.
En este momento, los legisladores buscamos cómo fortalecer el delito de reducción de especies, pero simultáneamente cómo impedimos que ese fortalecimiento no se transforme en detención arbitraria, pues podría prestarse para un abuso de la norma. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, establecer como única exigencia que la persona sorprendida con especies que hacen presumir -ya voy a entrar en la palabra “indicios”-, que está cometiendo el delito de receptación. Es decir, establecemos que ella tiene una venta ilegal en la calle -es un vendedor ambulante-, si muestra su carné de identidad en el mismo momento en que se encuentra, y lo más que puede hacer el policía es lo que hoy ocurre, es decir, llevárselo a la unidad, citarlo para un juzgado de policía local y dejarlo en libertad. Pero si carece de cédula de identidad -requisito número uno-, es posible que además existan indicios de que está cometiendo el delito de receptación. ¿Qué significa “indicios”?: “presunciones”, y éstas las define la ley. Para que las presunciones correspondan a un delito de receptación deben ser graves, precisas y concordantes.
Cuando el diputado informante señalaba que le parecía que la expresión debiera ser “antecedentes”, entiendo que con eso debilitaba la norma, porque los antecedentes no tienen ningún valor probatorio; en cambio, las presunciones implican un juicio claro, concreto, no de que está cometiendo cualquier delito, sino el de reducción de especies. O sea, no basta que el sujeto sea sorprendido en el comercio ilegal. Las circunstancias en que debe sorprenderse tienen que hacer llegar a la convicción de que efectivamente está cometiendo ese delito. Si llega a esa convicción, como lo hace respecto del que está cometiendo el delito de robo, debe poner a esa persona a disposición del tribunal, con cédula de identidad o sin ella.
Lo que hemos señalado, precisamente para darle seriedad a esos indicios -insisto en que la palabra “indicios” figura en el Código de Procedimiento Penal, no es inventada-, es que el policía debe detener a la persona y chequear su cédula de identidad. Si la tiene, queda citada al tribunal; si no la tiene y, además, existe la presunción de que está cometiendo el delito de receptación, debe ponerla a disposición del tribunal.
A mi juicio, esa norma tiene el justo equilibrio entre la garantía constitucional -las personas no pueden ser detenidas en forma arbitraria- y la necesidad de fortalecer la persecución del delito de receptación.
Creo que estamos frente a una iniciativa enriquecida en el trámite parlamentario, que espero podamos aprobar a la brevedad para fortalecer la acción policial en contra de la delincuencia.
He dicho.
La señora SAA, doña María Antonieta (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señora Presidenta, en verdad hay una cuestión muy objetiva respecto de la sociedad chilena, en el sentido de que se está afectando su seguridad. Al principio, la gente decía que era una cuestión más abultada, más subjetiva, pero los hechos han demostrado claramente que hoy ni siquiera en los lugares más cerrados, como los hogares, la gente se siente a salvo.
Creo que el esfuerzo que se está haciendo es entendible, bien recibido por la comunidad, pero tengo algunas aprensiones respecto de esta normativa. Sustraer a Carabineros de las labores que los distraen y dejarlos solamente en las de carácter estrictamente policial es muy positivo, pero me preocupa lo referente a las garantías. En este tema hay una debilidad. Por supuesto, la presunción está definida en el Código de Procedimiento Penal, pero quien la evalúa es el carabinero, lo que resulta preocupante.
Ayer me reuní con el alcalde de Valparaíso , ciudad que tiene un 19,1 por ciento de desocupación, según cifras oficiales, pero que en realidad debe ser superior y la tasa de desempleo juvenil todavía más. Entonces, la gente que vende en las calles siente que es perseguida por Carabineros y que la detención puede ser arbitraria. El alcalde está tratando de reducir las ventas callejeras, pero nos contaba en forma poética que se encontró con una joven muy bonita con ojos como la Sofía Loren , lo cual lo impresionó, que vendía en la calle, porque no tenía trabajo, la que, en forma muy combativa, le dijo que estaba en su derecho, que no estaba robando y que sólo deseaba llevar el pan a sus hijos y enviarlos al colegio; de manera que ningún apremio le impediría seguir allí, porque las calles eran de ellos. El alcalde estaba muy impresionado con este alegato y yo también quedé muy conmovida con el asunto.
Me parece preocupante que dejemos garantías muy fuertes para satisfacer un aspecto bastante discutible y debatible como es el derecho de propiedad. Creo que lo más importante es el derecho a la vida, al trabajo, ojalá digno, para que la gente pueda llevar el pan a sus hijos. Eso es lo menos que podemos hacer como legisladores.
Por lo tanto, si bien los alegatos desde el punto de vista jurídico son intachables, en los hechos no resultan así y pueden producirse situaciones que no deseamos, como las detenciones arbitrarias. Por eso, como tengo dudas, anuncio que votaré en contra de la modificación al artículo 266.
He dicho.
La señora SAA, doña María Antonieta (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, el proyecto en debate, que se trató en la Cámara hace muchos años, finalmente está de nuevo ante nosotros. La idea es reducir la cantidad de horas que el personal de Carabineros e Investigaciones utiliza en labores administrativas, con el fin de maximizar las de prevención y combate de la delincuencia. Por ende, no cabe duda de que la Corporación, en conjunto, debe apoyar la iniciativa. Yo, por cierto, lo haré. Creo muy útil evitar ciertas prácticas, en particular el proceso de notificaciones que existe en nuestro país, que no sólo le quita tiempo, sino gran cantidad de recursos humanos a dichas instituciones, evitándoles dedicarse a otras actividades.
Sin perjuicio de lo anterior, quiero hacer notar que, a veces, tratamos de abarcar mucho, lo que nos hace entrar en debates secundarios, que son muy lícitos, pero que debilitan el esfuerzo central. En el proyecto en estudio hay aspectos muy importantes; pero, a lo menos, dos situaciones que me inquietan y que apuntan a cómo evitar que este propósito de interés nacional, de hacer más eficaz el funcionamiento de Carabineros y de restarle labores administrativas, no atente contra los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando una persona es detenida en delito flagrante, me parece excelente como noción lo relativo a la notificación. Pero hay experiencias -a lo mejor muy marginales dentro de las múltiples actividades de Carabineros- de partes maliciosamente extendidos y de abusos en contra de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, hace poco en la comuna de Doñihue, localidad de Lo Miranda, un joven fue detenido y brutalmente golpeado por carabineros, acusado de participar en una riña. En efecto, se produjo una riña en esa localidad, participaron cuatro jóvenes que fueron detenidos, pero el otro venía saliendo de una iglesia evangélica; es decir, hubo un error.
Con esta práctica, mediante la cual el carabinero aprehensor no necesariamente tendrá que ir al tribunal, sino sólo firmar un parte con el visto bueno de su superior jerárquico -conozco muy pocos casos en los cuales éstos no ratifiquen lo que declaran los ministros de fe, o sea, sus subordinados-, se producen situaciones que a veces no son correctas. Por ende, a pesar de ser muy importante la iniciativa, debería ser complementada con otra, a fin de establecer una responsabilidad mayor de quienes firman un instrumento público, como un parte, que pueda contener falsedades. Me inquieta mucho esa situación, porque en la actualidad no existe una sanción efectiva a quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos -pueden ser casos marginales, muy pocos, uno en un millón-, pero con esta norma podría llegar a ser aún más complejo, porque no hay careo ni presencia del funcionario en el tribunal.
En segundo término -reitero que respaldo la idea matriz de esto, porque la considero tremendamente importante-, quiero plantear que no lleguemos a situaciones en que, por reducir las actividades administrativas, abramos flancos de arbitrariedad.
La situación de los vendedores ambulantes es un tema típico; no es de una comuna, de Santiago o de las ferias persas. Hay que abordarlo. No sé si la fórmula que aquí se propone es la más adecuada. No sé si lo mejor es incorporarlo en este debate, por cuanto contamina la idea matriz, que es eliminar a Carabineros de ciertas actividades administrativas.
Entiendo por qué el colega señor Espina pone un énfasis muy fuerte en este tema. Él lo ha seguido desde hace mucho tiempo y creo que con gran interés de todos. Pero tengo las mismas dudas en el sentido de que el esfuerzo que se quiere hacer aquí no puede prestarse a un mal uso en términos honestos, porque hay vendedores ambulantes o que están en las ferias persas realizando actividades lícitas y a veces son objeto de persecución innecesaria por parte de algún funcionario del Estado.
En el margen existente es donde surge mi duda sobre si debemos avanzar en esta materia, si debilita la idea matriz o si no nos vamos a entrampar en un debate que retrase este proceso.
En general, estoy absolutamente de acuerdo con las ideas matrices y con sacar a Carabineros de un proceso de notificaciones, pero en esos dos tópicos tengo mis dudas.
Respecto de las facilidades que se le deben dar en el cumplimiento de órdenes judiciales cuando hay delitos, faltas por ley de alcoholes o por lesiones, no sé si la forma como está redactado el texto es la más adecuada. Soy partidario de que se le den las facilidades necesarias sin que ello implique que ciertos casos de largas esperas de personas en un recinto hospitalario o en un consultorio sean pasados a llevar porque hay otra persona a la que se le debe constatar una lesión. No sé si el objetivo de que Carabineros no tenga que estar perdiendo ese tiempo en labores administrativas se pueda reemplazar de otra forma. Por ejemplo, que los directores de esos establecimientos asuman la responsabilidad de que a esas personas se les hagan los exámenes y que los informes sean entregados directamente a Carabineros o al tribunal, sin que ello implique que el funcionario de Carabineros deba estar presente. Hay otras formas de establecer la reducción del mal uso de ciertas horas por Carabineros, que la que aquí se ha propuesto.
Por último, me gustaría saber si en el debate que hubo en la Comisión respecto del proceso que se efectúa en hospitales y consultorios se exploraron otras alternativas. Estoy de acuerdo con que Carabineros no deba pasar horas ahí, pero no sé qué pasa con los derechos de los ciudadanos que concurren a esos establecimientos, a veces con urgencia, otras veces personas de la tercera edad, para no establecer una situación de conflicto al interior de la comunidad, cuando pueden ser los mismos funcionarios de los recintos los que tomen la responsabilidad de asegurar que a las personas en cuestión se les hagan los exámenes, sea alcoholemia o constatación de lesiones, sin que eso implique que Carabineros tenga que estar en esos recintos durante largas horas.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, estamos ante una moción de diputados de Renovación Nacional, pero, más allá de eso, fue hecha suya y patrocinada por el Ejecutivo.
Es importante considerar que cuando uno observa el sistema criminal en su conjunto debe asumir que en él hay tres actores básicos: la policía, la justicia y las cárceles, lo penitenciario.
En el informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sobre el cual dimos cuenta hace dos semanas en esta Sala, señalamos una cantidad de déficit de esos tres actores en relación con la efectividad del cumplimiento de sus labores. Hicimos una serie de proposiciones, entre las cuales están inmersas las que estamos analizando hoy.
Como otro antecedente, hay que considerar que en enero de este año, el ministro del Interior , en una ceremonia en La Moneda, dio a conocer un plan de modernización de Carabineros, con el que se busca la eliminación de todas las funciones que cumple la institución y que no tienen que ver directamente con la represión o con el control de los delitos. Se suponía que ese plan iba a terminar con un proyecto de ley que, según las palabras del Subsecretario Fouillioux en enero, iba a estar en nuestros escritorios en los primeros días de marzo para empezar a conocerlo. Han pasado cuatro meses desde que se debió enviar a la Cámara y aún no llega.
En ese entendido, esta moción parlamentaria, apoyada por el Ejecutivo , es muy importante, porque lo que hace es modificar algunos textos legales que darán mayor eficiencia a la Policía de Investigaciones de Chile y a Carabineros. Básicamente, el núcleo más importante de esta moción tiene que ver con liberar a Carabineros, y a Investigaciones en algunos casos, de ciertas órdenes judiciales, fundamentalmente las notificaciones y las citaciones judiciales.
Entonces, estamos frente a una moción que lo que hace es rescatar a Carabineros, al menos en parte -quizás la más importante-, de todas aquellas funciones que cumple en la actualidad y que lo apartan de la esencia de su deber operativo. Además, implica necesariamente entrar a la racionalidad administrativa y operativa de Carabineros. Dicha institución nos ha dicho esta semana que necesita 16 mil hombres más. Personalmente, sostengo que mientras Carabineros -en concordancia con los proyectos de ley que aprobemos- no realice esta racionalización administrativa y operativa, no sabremos efectivamente qué dotación requiere, porque no va a estar entregando el máximo de sus recursos humanos y materiales a un uso eficiente.
Por lo tanto, aquí hay una moción que apunta al fondo de esta racionalización administrativa y a conocer la realidad de Carabineros con respecto a qué dotación requerirá a futuro.
Antecedentes que hemos tenido en la Comisión de Seguridad Ciudadana y que es importante que todos conozcan.
En la actualidad existe una fuerza operativa de Carabineros, legal y financiada, de 34 mil hombres. El 25 por ciento, es decir, uno de cada cuatro carabineros, cumple funciones administrativas. Significa que hay 25 mil carabineros operativos y 9 mil en funciones administrativas.
El 79 por ciento del total de las órdenes judiciales que corresponden a estas funciones anexas, entre las que se cuentan las administrativas, que debieron cumplir Carabineros en 1998, eran notificaciones y citaciones judiciales. Aproximadamente el 46 por ciento de éstas corresponden a citaciones a los juzgados de policía local.
Las proyecciones que han hecho Carabineros y la subsecretaría del Interior indican que, de no aprobarse esta liberación de funciones, dicha policía deberá cumplir, en 1999, 1.941.404 citaciones y notificaciones.
De acuerdo con antecedentes entregados por el diputado señor Espina, estas 1.941.404 citaciones y notificaciones judiciales implican que este año habrá 1.177 carabineros cumpliendo diariamente labores de notificadores, a pesar de que están entrenados para realizar funciones operativas en la calle y de que esas citaciones y notificaciones judiciales las pueden repartir otros ministros de fe, como receptores o personas especialmente designadas al efecto por los tribunales.
Ahora, si se divide ese número de carabineros por las 175 comisarías existentes, veremos que en cada comisaría hay 6,7 carabineros que cumplen diariamente tareas de esa naturaleza.
Como se señalaba, el costo anual es de 5.801 millones de pesos.
Quiero entregar un antecedente, respecto del cual es necesario tomar conciencia. El presupuesto de Carabineros para 1999 es de 167 mil millones de pesos, pero sólo el 10 por ciento de él se destina a tareas operativas. En consecuencia, si las notificaciones y las citaciones ocasionan un gasto de 5.801 millones de pesos, quiere decir que, en esta tarea, que no corresponde esencialmente a Carabineros, se gasta -óiganme bien- un tercio del presupuesto operativo de esa institución.
Por lo tanto, es realmente urgente liberar a Carabineros de estas funciones.
¿Qué hace el proyecto al respecto? Me quiero concentrar en este tema, que, para mí, es fundamental, lo más importante del proyecto.
En el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal se señala que las notificaciones en los juicios criminales deberá hacerlas Carabineros y, excepcionalmente, cualquier ministro de fe o empleado del tribunal.
El proyecto excluye a Carabineros de esas notificaciones y transforma esta disposición excepcional y que nunca se ha cumplido, en norma general.
Por otro lado, en el caso del Código del Trabajo y de la ley de menores, la situación es inversa, ya que la regla general, según las leyes respectivas, es que los ministros de fe, los receptores y los asistentes sociales del tribunal sean quienes realicen estas notificaciones y que, excepcionalmente, lo haga Carabineros. El proyecto elimina a Carabineros de esta labor y deja la regla general.
En el caso de los juzgados de policía local, respecto de los cuales señalaba que les correspondía el 46 por ciento de estas 1.941.404 notificaciones y citaciones, la idea es excluir no sólo a Carabineros, sino también a Investigaciones, de la regla general, para que otro tipo de funcionarios realicen estas notificaciones, como los inspectores municipales, que en algunas comunas los tienen en los casos de infracciones a la ley de Tránsito.
En conclusión, los últimos antecedentes entregados por el Gobierno y las estadísticas señalan un alto crecimiento de la delincuencia, que podríamos focalizarla en robos con violencia o intimidación, básicamente en el Gran Santiago, al cual se pueden agregar la Octava y la Quinta regiones.
En definitiva, tenemos, cuantitativamente, delincuencia, agresiva y mortal en muchos casos, concentrada en un 90 por ciento en la Región Metropolitana, área del Gran Santiago ; Concepción, Talcahuano, Valparaíso y Viña del Mar. En esos lugares debemos tener más carabineros.
La idea del Gobierno es que, de aquí al 2001, haya 12 mil carabineros más realizando tareas operativas en la calle.
Permítanme decirles que esto es eficiente. Las estadísticas entregadas este sábado por el Gobierno nos indican que en este primer semestre, solamente con 2.200 carabineros más en la calle, se han realizado 6 mil detenciones más. De acuerdo con mis cálculos, esto implica que la eficiencia de Carabineros, con 2 mil carabineros más en la calle, aumentó en 20 por ciento. Por lo tanto, tienen razón nuestros vecinos cuando nos piden más carabineros que realicen tareas operativas en la calle, porque eso significa una efectiva protección para la población.
Por estas razones, llamo a aprobar esta moción, excepto la norma relacionada con el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, que fue eliminada por la Comisión. Tanto la liberación de las funciones anexas que realiza Carabineros -por ejemplo, las notificaciones y las citaciones-, como el hecho de que los carabineros pierdan el menor tiempo posible en trámites judiciales, colaborarán directamente en el plan de modernización de Carabineros. Esperamos que el Gobierno, al cual le formulo un llamado urgente, lo envíe rápidamente para empezar a eliminar de su quehacer otras funciones que no dicen relación directa con las tareas operativas de esa institución, como son el resguardo y supervigilancia de las artes marciales, la protección del bosque nativo, etcétera. Debemos eliminar veinticuatro funciones de este tipo; aquí sólo estamos suprimiendo una.
Es necesario tener en cuenta que no sacamos nada con aprobar y echar a andar la reforma procesal penal si no preparamos a Carabineros para que opere en las calles. Dicha reforma, que articulará todo el sistema criminal, sólo tendrá peso y efectividad en la medida en que cuente con un cuerpo policial operando en la calle.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, en primer lugar y como miembro de la Comisión especial de Seguridad Ciudadana, felicito al diputado señor Alberto Espina por su empeño en promover iniciativas que van a ir completando el cuadro de protección y de seguridad que necesita la ciudadanía. Ésta es, apenas, una de las partes que lo componen. Los miembros de la Comisión, pero especialmente el diputado señor Espina, han impulsado este tipo de iniciativas, las que nos han permitido realizar acciones más particularizadas y más concretas en relación con este tema.
En este sentido, quiero destacar y comentar un par de aspectos, con algunas observaciones.
El primero apunta a la supresión del artículo 195 del Código de Procedimiento Penal, que establece la obligación que pesa, en particular sobre Carabineros -aunque en realidad la excepción está centrada también en Investigaciones-, para hacerse cargo de las notificaciones y citaciones. Efectivamente, esto ha llegado al absurdo, ya que la facultad que existía para que, de manera excepcional, también Carabineros e Investigaciones cumplieran con esta función, pasó a transformarse en la regla general, y lo adecuado sería que existieran recursos para cumplir con lo establecido claramente en la norma, de manera que las citaciones puedan practicarse por otros ministros de fe, como los receptores judiciales para diligencias provenientes de los tribunales; los asistentes sociales, cuando se trata de juzgados de menores, y funcionarios municipales, en el caso de los juzgados de policía local.
Esto nos hace concluir que esas funciones de Carabineros se traspasarán a quienes correspondía como norma general; en el caso de los juzgados de policía local, a los funcionarios municipales; pero se necesitarán más de los ya menguados recursos de los municipios para que puedan cumplir con esa función. Si no, vamos a encomendarles una tarea, en circunstancias que no disponen de los recursos suficientes para cumplirla. De manera que, junto con valorar el proyecto en su verdadero sentido, hay que ajustarlo para que sea operativo y funcione.
El centro de la discusión no está en esto -es una digresión mía para llamar la atención-, sino en que Carabineros no puede perder el tiempo en funciones que no le competen y que debe cumplir con eficiencia, siempre que tengamos, en la apreciación de su quehacer, no la simple felicidad de la proporción dos es a tres o de uno es a tres, sobre la base de que salen dos mil carabineros más a la calle y se arrestan seis mil personas, sino una mirada integral respecto de la necesidad de oportunidades. En efecto, no solamente se han arrestado más personas porque hay más carabineros en la calle, sino porque lo más probable es que, en estos tiempos de cesantía, exista mayor comisión de delitos; la falta de oportunidades también aumenta el desempleo.
El general Lagos nos informaba -según mis notas- sobre las funciones de Carabineros, en una reunión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, celebrada en septiembre de 1998.
Nos decía que se destinaban 800 hombres a partidos de fútbol, tipo A, en Santiago, con un costo de 10 millones de pesos por partido; que en 1997 Carabineros realizó 1.347.000 citaciones y notificaciones; que su Planta legal está integrada por 36.777 carabineros, de los cuales 8 mil no están en funciones operativas. ¿Qué hacen? Según nos informó el general, 3.900 están distribuidos en la protección de médicos, religiosos, administradores de la justicia; 1.600, hacen clases y cumplen labores institucionales; 190, en intendencias; 1.600, estudian, y 950 están en labores administrativas.
Entonces, la relación por habitante ya no es de 37 mil carabineros para una cantidad de personas, sino de 26 mil, por cuanto 8 mil funcionarios están retirados de las funciones operativas. Si se agrega que funcionan en cuatro turnos, ello es peor.
¿Qué significa esto? Que si se retira a Carabineros de funciones como ésas, tendrá capacidad de operar; pero en las observaciones, públicas y privadas, que formulamos tanto en la Comisión Investigadora de Seguridad Ciudadana como en informaciones de prensa, cuando el Gobierno anunció a fines de 1998 y en enero de 1999 el nuevo plan de seguridad, que requería un desarrollo, decíamos, tanto al Gobierno como a Carabineros, que es necesario establecer claramente un modelo operativo de gestión. No basta aumentar la cantidad de personal destinado a las funciones operativas; necesitamos medición de resultados y proyectos de indicadores de gestión.
Nos ha llamado mucho la atención -el diputado señor Mora lo señaló muchas veces en la Comisión- la extraordinaria relación de resultado de las funciones de Investigaciones con su escasísima y reducida planta. Hay una relación hombre-resultado extraordinariamente eficiente.
Entonces, la dispersión de Carabineros en un conjunto de funciones; las dificultades de un modelo de gestión, con ausencia clara para nosotros, por lo menos, del nuevo modelo operativo, según el anuncio de 12 mil hombres a la calle, y la falta de un proyecto de indicadores de gestión, nos llevan a concluir claramente que se requieren indicadores de gestión para medir resultados, toda vez que se habla de “empresarizar”, de ser más eficiente, de tener controles que en otros ámbitos de la vida económica funcionan.
Con el Subsecretario señor Fouillioux hablamos, en primer lugar, sobre la necesidad de que se nos indicara claramente cuál va a ser el ordenamiento operacional para los nuevos recursos humanos. En segundo lugar, que esperábamos el envío de un proyecto de ley para la exclusión de otras funciones, traducido en una iniciativa concreta, con que el Gobierno y el Parlamento harán más eficiente la función de Carabineros. Además, en la medida en que no se creen condiciones que aumenten la delincuencia, se planteó ayudar sólo parcialmente, en el tema integral de la seguridad ciudadana, en materias como el sistema penitenciario, la policía, la velocidad de eficiencia de la justicia y las oportunidades para los ciudadanos.
Entre los documentos que entregó Carabineros -es otro de los temas en que ha insistido el diputado señor Espina para bien del país- está el listado de las llamadas “otras funciones”. Es impactante; tiene muchas páginas, con funciones absurdas que la ciudadanía ni siquiera se imagina.
De acuerdo con la ley Nº 16.744, se encarga de las denuncias por accidentes del trabajo. Siguen el control del tránsito en las actividades deportivas; los informes de factibilidad para autorizar las actividades deportivas que se efectúan en las calles, es decir, las carreras de maratón, las “pichangas” de fútbol, las actividades de clubes de barrio. Además, está la prevención y control de contrabandos de aduana, el control de los aeródromos, la conexión entre los cuarteles y las entidades bancarias -las alarmas; parece razonable-, el control de las artes marciales, las brigadas escolares de seguridad de tránsito, las cobranzas judiciales, el Congreso Nacional.
Nos parece hermosísima la ceremonia del cambio de guardia, con su banda instrumental; pero después podrían quedar tres o cuatro carabineros en el Congreso, y el resto dirigirse a desempeñar funciones operativas. Volverían al día siguiente al cambio de guardia para izar la bandera en la solemne ceremonia, con marcialidad, a los sones de la banda, el peso de la institución y la relación hermosa que queremos tener con Carabineros; pero el resto, ¡por favor, a realizar funciones operativas!
También está a cargo de la Defensa Civil, del control de drogas, de la emisión de contaminantes, del empadronamiento vecinal para otorgar certificados de residencia. ¿Por qué tiene que hacerlo Carabineros? Es innecesario. Además, está a cargo de la prevención de la violencia en los recintos deportivos, de la explotación forestal -algunos dicen que debería continuar en esa labor; otros, que debería haber una policía forestal-. Asimismo, está presente en Extranjería y Ferrocarriles; realiza el control de la fiebre aftosa, auxilia con la fuerza pública a Impuestos Internos, fiscaliza la asistencia a clases. De acuerdo con el decreto ley Nº 5.291, de 1929, Carabineros debe fiscalizar que los alumnos cumplan, y los padres supervisen, la asistencia a la enseñanza básica obligatoria. También realiza el control de la ley de Alcoholes y del Vinagre, de la ley de Caza, de la tenencia de armas, los mataderos, los menores. Así, suma y sigue. El tiempo reglamentario de mi intervención no me permite terminar con la enumeración de funciones absurdas que se han agregado a Carabineros.
Me causa preocupación el artículo 266, que señala: “Tratándose de personas que ejerzan el comercio ilegal o clandestino y si existieren indicios de que se estaría cometiendo el delito de receptación, el funcionario policial les exigirá que acrediten sus identidades con las cédulas respectivas. Si no las presentaren, serán privadas de libertad...”. Creo que la norma es extraordinariamente delicada y tiene que ser tratada con mucho cuidado. Éste es un país cuya gente, para sobrevivir, desarrolla una economía informal, sin patente. Es una realidad. Incluso, sabemos que nuestros municipios -esto, dicho por un parlamentario, resulta casi una irresponsabilidad- hacen la vista gorda en el cumplimiento pleno de la ley; porque dejarían a centenares y, a veces, a miles de personas, privadas de su libertad para ejercer ese comercio ambulante en las ferias; allá en El Roble, Lircay , Maruri, Zapadores , Recoleta , Independencia, Huechuraba ; en toda la periferia de Santiago. Los informales en los persas, los “coleros”, gente que no tiene patente, que no cumple, abundan en cada pueblo. Hoy, por la cesantía, esos “coleros” han aumentado. Se ven en los atardeceres de los sábados y durante los domingos en Huanaco, casi trescientos informales, además de los cerca de setecientos cincuenta y tantos puestos formales. ¿Su Señoría puede presuponer que se trata de puros ladrones y delincuentes? No es así. Ahí hay gente con hambre, que tiene necesidad de trabajo y busca una oportunidad. Si se aplicara este artículo al rigor de la letra, en la forma como está establecido aquí, Carabineros tendría que arrestar a todos los que se encuentran en esa condición, lo cual, por una parte, es impracticable, y tremendamente injusto, por otra. Además, ¿qué quiere decir “indicios”? Aquí no basta la definición del diccionario académico. Usted va a tener la interpretación del funcionario policial, quien se verá en dos situaciones: o no aplica el concepto de indicio y dice: “Mire, yo los vi y me pareció que están trabajando bien y no son ladrones, o, como no tienen patentes y venden artículos sin la factura para exhibirlos, tengo indicios de que son ladrones, y me los llevo a todos”. Sostengo que eso, en este país, no es posible de aplicar. Insisto en que aquí hay gente que, por tener hambre, trabaja en esa actividad.
La iniciativa del diputado Espina , en particular sobre el delito de receptación, es extraordinariamente importante y digna de seguir. Él lo ha planteado en varias oportunidades. Incluso, cuando en la Comisión de Seguridad le preguntamos al general Lagos si había registros, nos contestó que no. O sea, esta cuestión es extremadamente grave, porque se perpetra el robo, no se aprehende al ladrón, y la policía puede ser extremadamente forzada a destinar más funcionarios a trabajar en la calle; pero, si no tiene control sobre el delito de receptación o comercialización de las cosas robadas, el robo, simplemente, continuará, como, asimismo, la red comercial ilegal. Eso pasa con las radios, las herramientas y los electrodomésticos. No así con los vehículos, que, como tienen registro, se recuperan, según los antecedentes policiales, prácticamente, en el 90 por ciento.
Sería deseable que este proyecto de ley, en particular este artículo, terminara ayudando a ese control y no transformándose en una especie de persecución para nuestro pueblo, que, en momentos de cesantía, vive de lo que hasta aquí hemos descrito. Esto no puede ser para perseguir a persas, “coleros” ambulantes, informales; y ese objetivo no está en el espíritu de ninguno de los legisladores y miembros de la Comisión. Nunca, jamás, el diputado señor Espina, cuando impulsaba la discusión sobre el delito de receptación, ha planteado la idea de que se tratara de perseguir a esa gente; pero, a veces, cuando el entusiasmo nos lleva a perfeccionar la norma, puede dejar una redacción ambigua, sujeta a la interpretación del policía, y ello podría generar una situación injusta. No queremos que eso ocurra, porque nuestro objetivo persigue contar con policías más eficientes para que todos los chilenos estén más tranquilos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , por supuesto, también celebro la pertinencia y oportunidad del objetivo de esta moción. Sin duda, toda la Cámara comparte el espíritu tan simple de acotar la acción de los policías para hacer más efectiva y eficiente la protección que el Estado debe dar a la ciudadanía.
Han sido extraordinariamente impactantes los antecedentes entregados sobre lo absurdo de las actuales funciones no operativas que cumplen las policías. Obviamente, también es importante perfeccionar la coordinación, diálogo y entendimiento entre el Gobierno y el Congreso para conseguir la efectividad de lo que nos proponemos. Las cifras que nos entregaron tanto el diputado Espina como la diputada Pía Guzmán sobre la absurda cantidad de horas destinadas a funciones no operativas y su incidencia presupuestaria, por sí solas, son bastante reveladoras de los sólidos fundamentos de esta iniciativa. Es fundamental que el Gobierno reduzca esas 24 funciones, completamente ajenas a la función operativa de la policía en la calle.
Sin embargo, el artículo 266 bis me ha provocado enorme inquietud. Comparto las otras modificaciones, pues apuntan en la línea correcta; pero, francamente, dicho artículo me merece dudas y quiero compartirlas con la Sala.
El hecho de que hayan aumentado la tasa del robo con violencia y la del hurto -que lamentablemente constatamos- no debe hacernos caer en situaciones complejas. Son dos elementos distintos. No confundamos una falta, como lo es el comercio ilegal o clandestino -que todos conocemos y presenciamos en nuestras comunas, que tiene base en nuestra economía informal y que permite la sobrevivencia de mucha gente sin formación ni acceso al mercado laboral-, con el delito de receptación tipificado en la actualidad. Entiendo el objetivo de ir evitando la ligazón que puede darse entre el robo, el hurto y los reducidores. No obstante, aunque el diputado señor Espina me explicaba, cuando le solicité más precisión, lo que se entiende por “indicio” como elemento de presunción, la verdad es que no me queda nada de claro cómo Carabineros va a ratificar dicha presunción. Y no sólo no me queda claro, sino que no puedo menos que traer a colación experiencias recientes al respecto.
La semana pasada tuve que dirigir una carta al gobernador de la provincia de Cordillera , dado que Carabineros, en la comuna de Puente Alto, arremetió con violencia, a la vista de todo el mundo, en dos oportunidades, contra discapacitados que ejercen el comercio ilegal o clandestino, quienes debieron concurrir después a servicios asistenciales. Si Carabineros ha actuado así -ha habido denuncias en tres casos seguidos-, la pregunta que me formulo es si puedo, tranquilamente, prescindir del criterio de presunción ante el hecho de que si alguien no porta su cédula de identidad será privado de libertad, puesto a disposición del máximo tribunal competente en una audiencia próxima, a sabiendas de que está recargado de ellas.
Creo, entonces, que aquí, claramente, se está incurriendo en un error, pues no es lo mismo un delito que una falta y se está poniendo énfasis en algo que no es necesariamente lo que se persigue. Estamos entregando una facultad excesiva a las fuerzas policiales, las que a veces no han demostrado rigurosidad en sus criterios.
Asimismo, me opongo porque estamos afectando no sólo algunas garantías de los ciudadanos, sino, además -todos conocemos la realidad existente desde hace bastante tiempo-, porque es un espacio que se usa donde terminan las ferias. Es cierto que cometen falta, pero en definitiva son fórmulas de la economía informal, las que permiten a la gente ganarse la vida con bastante decencia. En este caso, prefiero presumir la inocencia y no la culpabilidad.
En nuestras acciones políticas, cuando hemos recorrido las ferias, todos hemos tenido la oportunidad de alternar con esta gente, que lo único que piden es más permiso municipal que, por supuesto, no se les puede dar, pues están absolutamente sobrepasados. Pero hemos visto que trabajan con dignidad, transparencia y de manera abierta.
Reitero, prefiero presumir la inocencia y, por ende, manifiesto mi rechazo a este artículo. Es muy grave entregar esa facultad a Carabineros, la cual, a pesar de la definición entregada por el diputado Alberto Espina , en la realidad es excesiva y no da garantía alguna. Nuestra obligación, junto con perseguir la seguridad ciudadana, es garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ningún motivo quiero caer en esa transgresión y ésa es la razón de mi oposición.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Estamos a un par de minutos del término del Orden del Día y hay cinco diputados inscritos: los señores Waldo Mora, Patricio Cornejo, Enrique Krauss, Gustavo Alessandri y Gonzalo Ibáñez.
En el ánimo de despachar hoy el proyecto, propongo prorrogar en 15 minutos el Orden del Día a fin de que puedan hacer uso de la palabra hasta por tres minutos cada uno; dar un tratamiento expedito a la votación en general y en particular, tomando en cuenta la petición de la diputada señora Isabel Allende.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la prórroga del Orden del Día, pero creo que sería conveniente dejar la votación, en general y en particular, para la sesión del próximo martes.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder según la proposición de la Mesa, incluyendo, además, la posibilidad de votar el informe de la comisión mixta sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 3.500, a fin de crear un segundo fondo de pensiones en las AFP?
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, he escuchado con atención a todos mis colegas, en especial al diputado Alberto Espina, autor de la moción, quien nos entregó una argumentación convincente. En la parte pertinente, sostuvo que es indispensable sustraer a Carabineros de las tareas que no les son propias, en especial la de cumplir órdenes judiciales.
No obstante esta situación, tuve la oportunidad de leer en la mañana un discurso pronunciado hace sólo algunas horas por don Rodolfo Stange en el Senado. En una de sus partes sostiene: “Sin embargo, discrepo taxativamente del anuncio de que Carabineros no cumplirá más órdenes judiciales. Si se comete este desatino desde el punto de vista policial, la función preventiva, es decir, aquella de reunir antecedentes o informaciones, para distribuir adecuadamente el personal, se verá notoriamente disminuida por cuanto para cumplir actualmente las órdenes judiciales los funcionarios encargados recorren todo el ámbito de su sector, actúan “por presencia” y toman contacto o se imponen de necesidades o reclamos de los habitantes. Esta información valiosa contribuye a la planificación de los servicios”.
Más adelante agrega: “La disminución de funciones que hace meses se ha publicitado como una de las grandes medidas para recuperar personal uniformado y destinarlo a los servicios “en la calle” aún no se materializa y si resumimos la cantidad de carabineros que se emplean en órdenes judiciales, no pasan de quinientos en todo el país”.
Por último, se pregunta el senador Stange : “¿Quién va a cumplir con estas diligencias? ¿Se contratará a otro personal sin preparación suficiente y que recurrirá a Carabineros para que lo acompañe en sectores difíciles? ¿Por qué no se emplea ese dinero en contratar más personal para Carabineros?”
Pero esta situación, expuesta por el ex general director de Carabineros , no concuerda con lo que expresa el general subdirector de Carabineros, don Gustavo Lagos Robles , en la página 8 del informe, quien manifiesta “conformidad con la iniciativa toda vez que ella significaría una mayor disponibilidad de personal en labores propiamente policiales. Subrayó la importancia de facilitar la labor de Carabineros y otorgarles preferencia para las declaraciones que deben formular ante jueces, dado el gran ahorro de tiempo que ello significaría”.
Señor Presidente , sé que en esta oportunidad y en este lugar será imposible dilucidar esta situación. Por ello hago reserva del caso. Espero que en el Senado, en el trámite correspondiente, se clarifique cuál de los dos señores generales de Carabineros tiene la razón.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , comparto plenamente lo señalado sobre el proyecto en general, que tiende a mejorar la eficiencia en la función policial. Pero en el artículo 266, que consigna de manera clara que cuando se trata de personas que ejerzan el comercio ilegal o clandestino y si existieren indicios de que se estaría cometiendo el delito de receptación, es comprensible que algunos parlamentarios justifiquen la cesantía y la crisis económica como causa para que mucha gente tienda a buscar en el comercio ambulante una manera de salir de la grave situación que viven. Ello, indirectamente, soluciona al Gobierno el problema de la cesantía, porque no piden trabajo; sólo buscan su propia alternativa.
Sin embargo, el proyecto no es para eso, sino que apunta al establecimiento de una norma de carácter general y permanente para cuando el país esté en situación normal. Aquí el problema del comercio clandestino, del robo, de la venta en las ferias libres y en los persas es sistemático y permanente.
No sé cuántos parlamentarios o autoridades han sido víctimas de robos en sus casas o en sus automóviles. Es impresionante ver cómo se venden las partes y piezas de los vehículos. El año pasado fueron robados más de tres mil. Es cierto que algunos los recuperan igual como estaban, otros chocados o destruidos. Pero la mayoría son desarmados y vendidos por partes y piezas.
¿Cuántos reducidores de especies -que aquí llamamos la “receptación”- están metidos dentro del comercio clandestino o del ambulante? Es cuestión de recorrer la calle Diez de Julio, las ferias libres o los mercados persas.
El proyecto busca -lo que reclama la ciudadanía- la presencia policial en las calles. Al respecto, se dan palos porque bogas y palos porque no bogas. Por un lado, queremos que la función policial sea realmente eficaz, pero, por otro, hay preocupación por aspectos que no tienden a la eficiencia policial, sino a todo lo contrario.
Es cierto que existen los excesos policiales, pero también es cierto que existen los sumarios internos. Por eso, las críticas en este sentido inhiben la acción policial, y Carabineros, frente a ellas, cada día cumple menos sus funciones. Incluso, son despedidos.
Ayer, según los titulares, ¡tres carabineros, baleados!
De una vez por todas, tengamos confianza en el criterio policial. Es cuestión de ir a los mercados persas y a las ferias libres para encontrar una gran cantidad de artículos notoriamente usados, que corresponden a robos de partes y piezas. Además, es habitual que el delincuente no porte su cédula de identidad o alguna otra identificación para evadir la acción de la justicia.
En consecuencia, votaré a favor de esta modificación -y pido a los colegas que hagan lo mismo-, en el entendido de que la ley será de carácter permanente y no ocasional.
He dicho.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero sumarme a las felicitaciones al diputado Alberto Espina por su trabajo, que ha fructificado en un proyecto que constituye el paso inicial hacia la racionalización del uso de los escasos efectivos de que disponen las fuerzas policiales.
En la brevedad de mi tiempo, quiero insistir en lo que expuso mi colega Waldo Mora respecto del artículo 266 del Código de Procedimiento Penal y el comercio callejero ilegal; incluso, quiero ir más allá de la reducción de especies robadas, para decir algunas palabras sobre lo que significa para las ciudades donde se practica impunemente.
A mi juicio, detener a una persona que lo ejerce y dejarla en libertad sólo con la presentación de su cédula de identidad, es tremendamente liviano. Es cierto que detrás del comercio clandestino hay cesantía y gente desesperada que busca trabajo, pero proporcionalmente es poca.
Detrás del comercio callejero ilegal hay toda una red de producción, importación y distribución muy bien armada, pero que opera al margen de la ley en lo que se refiere a condiciones de calidad, a tributación, a contratos de trabajos y a otros requisitos legales.
Además, constituye una competencia desleal para el comercio establecido y, por lo tanto, una causa real de cesantía. No soluciona este problema, sino que lo agranda al convertirse en parasitario de una actividad legal.
Asimismo, constituye el inicio de la ruina de las ciudades que lo sufren. De lo contrario, basta recorrer Valparaíso y Viña del Mar, donde ha sobrepasado todo límite de tolerancia.
Por eso, lo menos que se puede pedir es el inciso final que se propone al artículo 266 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, no corresponde a Carabineros ni a Investigaciones de Chile la administración de los espacios públicos de las calles y las veredas, sino a las municipalidades, que son extraordinariamente ineficientes en el cumplimiento de su deber, por lo menos en las ciudades que acabo de mencionar.
Sin perjuicio de las personas que necesitan ayuda, detrás del comercio callejero hay un aprovechamiento indigno en varios sentidos y una actividad parasitaria del establecido.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, el proyecto va en el camino correcto y es extraordinariamente importante, pues pretende que se racionalicen las funciones de Carabineros, muchas de ellas sin mayor relevancia, en beneficio de la comunidad.
No obstante, estoy en desacuerdo con los artículos 3º y 4º. Este último establece que el responsable del establecimiento en que se hagan las alcoholemias y se controlen las lesiones, arbitrará todas las medidas necesarias para que los exámenes del caso se realicen en el menor tiempo posible.
Tal disposición, simplemente, significará que los funcionarios de Carabineros y de Investigaciones de Chile exigirán que los peritajes se hagan de inmediato y con rapidez, en perjuicio de las personas que estén a la espera de ser atendidas en los servicios de urgencia.
Por desgracia, en el Servicio Médico Legal, a lo largo del país, no existen los recursos ni las horas médicas indispensables para efectuar este tipo de exámenes. Durante décadas, ha estado tremendamente postergado. Sólo en los últimos años se le ha inyectado una cantidad importante de recursos para hacerlo más efectivo y eficiente.
Al Servicio Médico Legal le corresponde efectuar las alcoholemias y verificar las lesiones. Pero, por tal razón, se derivan al sistema hospitalario, con el recargo correspondiente, lo cual perjudica la atención general.
El rol del sistema hospitalario es otro. Por eso, no estoy de acuerdo con los artículos tercero y cuarto y, por lo tanto, los votaré en contra.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, esquemáticamente.
En primer lugar, manifiesto mi satisfacción por el inminente despacho del proyecto, que apunta hacia la racionalización de las funciones de Carabineros de Chile, que a lo largo de su existencia se han recargado, con lo que se ha desvirtuado el propósito que se tuvo en mente cuando se creó la institución, en 1927.
En segundo lugar, por el tenor de algunas intervenciones respecto del artículo 266 bis, no se persigue el comercio ilegal o clandestino. Éste, como dijo el diputado Gonzalo Ibáñez , responde a una situación de carácter puntual y traduce la denominada economía informal. De alguna manera, es la aspiración por solucionar, con relativa dignidad, los problemas de existencia de quienes carecen de un trabajo estable o de mayor significación.
A mi juicio, se pretende sancionar la existencia del delito de receptación -reduc-ción de especies-, para cuyos efectos se dispone que el comerciante ilegal acredite su identidad con el instrumento que corresponde en nuestro país: la cédula de identidad.
En 1924, en Chile se estableció el servicio de identificación personal obligatoria. Incluso, la técnica para ello se creó sobre la base de experiencias extranjeras, pero se nacionalizó, del alguna manera, por Juan Vucetich .
Desde que el Servicio de Registro Civil asumió tal responsabilidad, se ha avanzado hasta contar con un instrumento que no sea susceptible de adulteración o falsificación.
Hace poco, en el aniversario de ese servicio, su directora anunció que en los próximos meses se utilizará una nueva cédula, que garantiza su inviolabilidad y dispone de los elementos necesarios para que Carabineros e Investigaciones obtengan la información que requieran a través de sus sistemas computacionales.
En consecuencia, con la norma aludida se busca, simplemente, eliminar el delito de reducción de especies, del cual, en definitiva, también son víctimas los comerciantes ilegales o clandestinos. Es el reducidor, el “empresario” que trabaja con quienes cometen delitos de robo o de hurto, el que lucra a través de la situación que, lamentablemente, deben enfrentar los comerciantes ilegales o ambulantes.
Por último, señalo mi coincidencia plena con lo recientemente expresado por el diputado Patricio Cornejo , en el sentido de que la regulación de la atención en un establecimiento de emergencia debe ser de responsabilidad del director o de los médicos tratantes y no de los funcionarios policiales.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , olvidé traer la tarjeta para abrir el mecanismo de votación, de manera que le pido considerar mi voto a favor.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Así se hará, señor diputado .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
-Hablan varios señores diputados.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
También se considerarán los votos a favor de la diputada señora Isabel Allende y del diputado señor Enrique Krauss.
El señor GARCÍA (don René García).-
En definitiva, ¿cuántos votos, señor Presidente?
El señor LOYOLA (Secretario).-
Se agregarían tres votos: el de la diputada Isabel Allende y el de los diputados Iván Moreira y Enrique Krauss.
Un señor DIPUTADO .-
¿Es posible repetir la votación?
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Por haberse presentado indicación, vuelve a Comisión.
El señor ESPINA.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , me parece legítimo que haya distintos puntos de vista sobre el artículo en cuestión, pero pienso que si existe el ánimo en la Sala podría votarse la indicación para despachar el proyecto al Senado.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El procedimiento está establecido así en el Reglamento.
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , comparto lo dicho por el colega Espina. La indicación mejora la redacción, por lo que es conveniente votarla en esta sesión.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Si hubiera acuerdo para ponerla en votación de inmediato, pediría al señor Secretario que diera lectura.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , no sé a qué artículo específico se están refiriendo. Si vamos a adoptar el procedimiento de despachar hoy el proyecto, entiendo que el acuerdo que se toma en forma unánime es votar artículo por artículo y no sólo esta indicación.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Sólo se votará la indicación, señor diputado .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Entonces, su Señoría me obliga a no dar la unanimidad, porque no conozco el tenor de la indicación.
El colega Patricio Cornejo planteó que en un punto quiere votar en contra, pero como no hay indicación presentada, pido que se recabe el acuerdo unánime de la Sala para votar cada uno de los artículos. Entiendo que así resolvemos el problema reglamentario.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Si hay acuerdo, se votará artículo por artículo.
En votación en particular el número 1 del artículo 1º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Aprobado el artículo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En votación el Nº 2 del artículo 1º.
Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación del número anterior.
Aprobado.
Se ha presentado una indicación para el Nº 3. El señor Secretario le dará lectura.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
De los honorables diputados señores Hales y Luksic, diputada señora Allende, doña Isabel, y diputado señor Jarpa “En el artículo 266 eliminar, después de “comercio”, las expresiones “ilegal o clandestino”, y sustituir la palabra “indicios” por “presunciones reales y graves”.
El señor HALES.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HALES .-
Señor Presidente, reglamentariamente, ¿las indicaciones pueden ser explicadas o fundamentadas, o simplemente se leen? En todo caso, ¿cómo quedaría esta disposición?
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
El señor Secretario va a dar lectura al artículo con la indicación.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
El artículo 266 bis quedaría en los siguientes términos: “Tratándose de personas que ejerzan el comercio y si existieren presunciones reales y graves de que se estaría cometiendo el delito de receptación, el funcionario policial les exigirá que acrediten sus identidades con las cédulas respectivas. Si nos las presentaren, serán privadas de libertad para ser puestas a disposición del tribunal competente en la audiencia más próxima”.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En votación el artículo con la indicación. Si se rechaza, queda repuesto el artículo original.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Rechazada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Allende (
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En votación el artículo.
-Durante la votación:
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Pido la palabra, por un asunto de Reglamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente , no considero bueno el procedimiento que se está empleando en un proyecto de esta naturaleza, porque al rechazarse la indicación, el artículo quedaría de la siguiente forma: “tratándose de personas que ejercen el comercio ilegal o clandestino”, con lo cual sólo podrán ser objeto de alguna acción de carácter policial, por el hecho de existir presunciones o indicios...
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, eso es parte del debate de fondo. Si el artículo no le parece pertinente, puede rechazarlo.
En consecuencia, en votación el artículo, en su texto original.
-Durante la votación:
El señor PAYA.-
Pido la palabra, para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Estamos en votación, señor diputado.
El señor RIVEROS.-
Reglamento.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Después de la votación, señor diputado .
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 16 votos. No hubo abstenciones.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Allende (
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
En votación el artículo 2º.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
En votación el artículo 3º.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
En votación el artículo 4º.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Despachado el proyecto.
Tiene la palabra el diputado don Juan Pablo Letelier, por un asunto de Reglamento.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , entiendo su apuro y lo respaldo; sin embargo, quiero dejar constancia de mi posición.
Yo quería votar la norma relacionada con los recintos de salud; incluso, pedí que por lo menos la Mesa consignara el voto. Ésa fue la razón por la que solicité que se votara artículo por artículo, y como lo hizo con mucha rapidez, el señor Presidente no miró hacia este lado de la Sala.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado don Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio) .-
Señor Presidente , en mi intervención fundamenté mi voto en contra. Por lo tanto, no puede pedir la unanimidad, cuando he expresado mi rechazo expresamente.
El señor RIVEROS.-
Otro tanto ocurrió en mi caso, señor Presidente .
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Va a quedar constancia de su voto en contra en ese artículo, señor diputado.
El señor MORA.-
Y del mío.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Yo he planteado un punto de Reglamento, señor Presidente .
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
¿Habría acuerdo para efectuar nuevamente la votación?
No hay acuerdo.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , la forma de votar este proyecto fue acordada unánimemente. En ningún momento su Señoría ha puesto en votación el artículo 2º, ya que estaba hablando del numeral 4 del artículo 1º.
Como el artículo 2º incluye una serie de numerales, yo estaba esperando que se pusiera en votación, precisamente, a fin de que quedara constancia de nuestras opiniones. Se entiende el sentimiento que existe; sin embargo, dado que hemos tenido la voluntad de despachar este asunto hoy, deben someterse a votación aquellos temas donde es necesario establecer las diferencias de criterios.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , cuando puse en votación esta materia, expresé que se estaba votando el artículo, y ningún señor parlamentario hizo observación alguna.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , usted dijo artículo 1º, numeral 4; nunca se refirió al otro artículo.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, el proyecto ya ha sido despachado.
Tiene la palabra el diputado don Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Es sobre la misma materia.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El proyecto ya ha sido despachado.
El artículo 2º fue puesto en votación.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pida al ministro de fe que lo certifique.
MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 3.500, DE 1980, SOBRE CREACIÓN DE UN SEGUDO FONDO DE PENSIONES EN LAS AFP. Informe de la Comisión Mixta.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En votación el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea un segundo fondo de pensiones en el sistema del decreto ley Nº 3.500.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2162-13, sesión 25ª, en 4 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos, por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Los Comités acordaron ver hoy un proyecto de acuerdo, relativo a aportes en financiamiento del Cuerpo de Bomberos de Chile.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente, ésta es la segunda sesión consecutiva en que, por la vía de la unanimidad de la Sala, se antepone el despacho de determinado proyecto de acuerdo por sobre los demás.
A mi juicio, éste es un pésimo procedimiento, ya que algunos diputados llevamos semanas esperando la discusión de los proyectos de acuerdo que hemos presentado. Sé que todos son urgentes, pero si existe un procedimiento para su tratamiento, pido que se respete.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, está en su derecho de no dar el acuerdo que se ha solicitado con lo cual no se podría tratar hoy el proyecto que le interesa.
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz por un punto de Reglamento.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, tengo en mi poder tres proyectos de acuerdo. En consecuencia, solicite la unanimidad para que se vea aquél cuya discusión inmediata se ha planteado con lo cual se salva el problema, porque así queda tiempo para ver los otros tres.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Nuevamente, solicito la unanimidad de la Sala para votar el proyecto de acuerdo, sin discusión, relacionado con aportes para el financiamiento del Cuerpo de Bomberos.
¿Habría acuerdo?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, considero que la forma en que se ha dirigido el debate en esta sesión amerita una censura. Por lo tanto, censuro a la Mesa y pido que se vote cuando corresponda.
Después de una amplia discusión yo manifesté mi oposición al primer proyecto del Orden del Día. Por su parte, el diputado Juan Pablo Letelier intervino en el mismo sentido. Sin embargo, su Señoría no puso en votación el articulado, y lo tramitó en forma muy rápida.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, de acuerdo con el Reglamento, la censura debe ser planteada por un Comité.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para que el señor Prosecretario dé lectura al proyecto de acuerdo relativo a Bomberos.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Salas.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, el tratamiento del proyecto de acuerdo sobre Bomberos fue acordado por los Comités.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Así es, señor diputado .
El señor SALAS.-
Por lo tanto, no corresponde que pida la unanimidad; los acuerdos de Comités no se discuten en la Sala. De manera que, simplemente, debe votarse el proyecto de acuerdo.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, se trata de una solicitud de los Comités.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, hay un diputado -se lo digo con todo respeto- que planteó una censura a su Señoría.
Por lo tanto, quiero pedirle -no pretendo ser majadero- que dirija las sesiones con más orden. No es una coincidencia que durante las últimas sesiones presididas por usted haya habido problemas. Le pido que exista mayor normalidad en las sesiones y que no ocurra lo que está sucediendo ahora, porque el espectáculo que estamos dando es verdaderamente vergonzoso.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, el espectáculo lo dan los parlamentarios que no mantienen el orden.
Tiene la palabra el diputado señor Salas.
El señor SALAS .-
Señor Presidente, la bancada democratacristiana apoya la censura planteada por el diputado Patricio Cornejo .
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Muy bien; la censura será tramitada reglamentariamente.
AUTORIZACIÓN A MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA PARA CREAR UN SERVICIO DE BIENESTAR.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 278, de los señores Molina, Víctor Pérez, señora Adriana Muñoz, señores Riveros, Jiménez, señora Lily Pérez y señor Bertolino:
“Considerando:
a) Que una de las formas de asociación más frecuentes en las municipalidades con el objeto de propender al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de sus funcionarios son los servicios de bienestar.
b) Que la creación de dichas secciones de bienestar son autorizadas por una ley y debido a que su financiamiento requiere aporte de presupuesto municipal y a que se establecen beneficios al personal en servicio o en retiro de las municipalidades, se trata además de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
c) Que es una aspiración de los funcionarios de la municipalidad de Providencia contar con una sección de bienestar para su personal en servicio activo y jubilados con el objeto de propender al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de éstos, creando un fondo de solidaridad para casos de extrema urgencia, estableciendo ayudas especiales de escolaridad, fallecimientos de familiares y matrimonios, otorgando asignaciones prenatales, instalando colonias veraniegas e implementando premios de estímulo por desempeño en el trabajo y por cumplimiento de años de servicio.
La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Presidente de la República haga uso de la facultad que en forma exclusiva le confiere la Constitución Política de la República (artículos 60 Nº 10 y 13 y artículo 62 inciso tercero y cuarto) y envíe un Mensaje al Congreso Nacional autorizando a la municipalidad de Providencia para organizar un servicio de bienestar para su personal en servicio activo y jubilados en los términos antes indicados”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Darío Molina.
El señor MOLINA .-
Señor Presidente, los parlamentarios que suscribimos este proyecto de acuerdo hemos recogido una inquietud planteada por los funcionarios y las autoridades de la Municipalidad de Providencia, en orden a solicitar al Presidente de la República haga uso de las facultades que le confiere en forma exclusiva la Constitución y envíe un proyecto de ley que autorice a dicha municipalidad para la creación de un departamento de bienestar, contribuyendo de esa forma a mejorar las relaciones laborales y a resolver los problemas y las distintas emergencias que les corresponde afrontar a los funcionarios que, no obstante su larga trayectoria en el trabajo municipal, carecen muchas veces de los medios para solucionarlos. No hay recursos para ayudarlos a pagar la escolaridad de sus hijos y, muchas veces, los gastos por el deceso de un funcionario debe financiarse con colectas.
En conversaciones con otros parlamentarios y con representantes de la asociación de municipalidades, detectamos que a excepción de Santiago, ninguna municipalidad del país cuenta con un Departamento de Bienestar, el cual fue creado por ley en la década del 60, durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, de quien fuera la iniciativa.
Desgraciadamente, no hemos logrado reunir las firmas necesarias para modificar este proyecto de acuerdo para solicitar al Presidente de la República envíe un proyecto que permita a todos los municipios del país crear Departamentos de Bienestar.
Creemos que la aprobación de este proyecto de acuerdo constituye un paso importante para que los miles de funcionarios municipales del país puedan resolver en mejor forma sus problemas.
Debido a que este proyecto de acuerdo se refiere específicamente a la Municipalidad de Providencia, considero conveniente solicitar, ojalá por la unanimidad de esta Sala, que esta autorización comprenda todas las municipalidades del país.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily) .-
Señor Presidente, como bien dijo el diputado Molina, se trata de una sentida aspiración de la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch, que durante largos años han esperado que se concrete la creación de un departamento de bienestar en cada municipalidad. Como bien dijo el colega, en la actualidad sólo lo tiene la Municipalidad de Santiago, y sería muy conveniente que el Presidente de la República enviara un proyecto con un ítem de gastos superior al que manejan los municipios en la actualidad.
Para resumir, no se trata de un gasto muy oneroso dentro de todos los ítem de los diversos municipios. Insisto en que es una aspiración muy sentida, porque cuando fallece un funcionario municipal, se deben hacer colectas para comprar la urna y financiar el funeral. Consideramos muy conveniente que el Gobierno envíe un proyecto que beneficie a estas personas que han entregado tantos años de su vida al servicio público a través de los municipios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
-o-
El señor ULLOA.-
Pido la palabra.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, ¿sería posible que recabara nuevamente la unanimidad de la Sala para votar, sin discusión, al final del tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, el relativo a Bomberos de Chile, que requiere apoyo presupuestario en forma urgente?
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
No.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
No hay acuerdo.
SALVAGUARDIAS PARA ACTIVIDAD LECHERA NACIONAL.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 279, de los señores Álvarez-Salamanca, José Antonio Galilea y Osvaldo Palma:
“Considerando:
Que la sequía que afecta a gran parte del país ha provocado una grave crisis económica a los agricultores nacionales, lo que se refleja tanto en la baja producción como en la disminución de las exportaciones.
Que, a fin de descomprimir el excedente de producción lechera de este año, siete empresas argentinas decidieron enfrentar sus propias dificultades internas exportando a nuestro país leche UHT.
Que, el citado excedente del país trasandino será de unos 600 millones de litros, los cuales ingresan a Chile con un arancel que, según expertos, es privilegiado, afectando a un rubro muy sensible.
Que, el mecanismo de protección denominado salvaguardias es de enorme utilidad para nuestra agricultura, aceptado por la Organización Mundial de Comercio y que lo tienen en sus legislaciones muchos países con libre mercado.
Que, la salvaguardia permite frente a un aumento de las importaciones que cause grave daño a algún sector de la economía que sufre, como en este caso, la competencia desleal con productos subsidiados a precios mentirosos, aplicar sobretasas arancelarias.
Que, parlamentarios de zonas agrícolas hemos demandado del Gobierno contar con este tipo de instrumentos, lo que evitaría, en parte, los graves problemas que actualmente sufre el agro.
Que, las salvaguardias, la Comisión de Distorsiones, los mecanismos antidumping y otros que ayuden a darle transparencia al mercado son esenciales en una política de libre mercado.
Proyecto de acuerdo:
La honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar al Ministerio de Agricultura iniciar los estudios que permitan la aplicación de la ley Nº 19.612, sobre Salvaguardias, a fin de evitar que la producción de leche nacional continúe afectándose o se agrave la actual situación, por la competencia desleal de que es víctima”.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , la actividad lechera nacional está siendo afectada por una grave crisis, probablemente una de las peores de los últimos años, como que miles de productores medianos y pequeños han debido abandonar el rubro. Sólo en los meses transcurridos de este año, han perdido más de 14 mil millones de pesos.
Las principales causas de esta situación son, por un lado, la falta de transparencia en los mercados internos del producto y, principalmente, las distorsiones que se producen en los mercados externos debido a los subsidios otorgados a la actividad agrícola en Estados Unidos y en la Unión Europea.
Hace algún tiempo, el Congreso despachó el proyecto de ley conocido como de salvaguardias, aprobado por amplia mayoría, por el cual se faculta a la comisión de distorsiones para investigar, de oficio, cuando disponga de los antecedentes que lo justifiquen y, por cierto, también para aplicar las salvaguardias cuando exista amenaza de producir grave daño a la producción nacional.
Es un hecho público que la Argentina se apresta a enviar a nuestro país más de 600 millones de litros, que son sus excedentes, lo cual implica la amenaza de grave daño a la producción nacional.
En segundo lugar, respecto de la actuación de oficio de la comisión de distorsiones, la ley señala que se debe investigar cuando se tienen los antecedentes.
Hace algunos días salió publicada en los diarios nacionales una investigación, conocida como “Subsidio y Mecanismo de Apoyo a la Agricultura de Estados Unidos”, informe preparado en 1998, en forma conjunta con la consultora The Trade Partnership, de Washington, por la oficina agrícola de la embajada de Chile en el país del norte. Ese estudio, dado a conocer por el agregado agrícola de Chile en Washington, mostró que los subsidios totales para este año, mediante distintos programas de asistencia, llegarían a 97 mil millones de dólares, lo que significa un aumento del 21,2 por ciento, si se le compara con los 80 mil millones de dólares de 1998.
¿Qué más antecedente que ése, de un organismo del Estado, de la embajada chilena en Estados Unidos, necesita la comisión de distorsiones para iniciar, de oficio, una investigación, evitando que los agricultores o los productores de leche deban actuar como verdaderos detectives reuniendo la información necesaria para poder recurrir a dicha comisión?
Además, este proyecto de acuerdo plantea que el Ministerio de Agricultura, en estas situaciones, tenga un rol más activo. Dispone de la información de que acabo de dar lectura, y debería hacerla llegar a los productores que hoy están realizando una investigación para recurrir a la comisión de distorsiones, y no tener un rol pasivo.
El Ministerio de Agricultura no es el ministerio de agricultura del mundo que actúa como árbitro en estos problemas; es el Ministerio de Agricultura de Chile. Por lo tanto, su principal función y responsabilidad debe ser proteger los intereses de la agricultura chilena.
Por esta razón, pedimos a la honorable Cámara la aprobación del proyecto, para que, en definitiva, el Ministerio de Agricultura se involucre en la presentación que, ante la comisión de distorsiones, están haciendo los agricultores afectados, y se resuelva la dictación de salvaguardias para proteger la actividad nacional y las fuentes de trabajo del sur de Chile.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo hasta por un minuto.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente, muy breve. En realidad, la Cámara aprobó, no hace muchos días, la ley de salvaguardias, que justamente permite aplicarlas en oportunidades como las que vivimos hoy en que los productores de leche están sufriendo una grave amenaza a su producción. Independientemente de lo argumentado muy bien por el diputado señor José Antonio Galilea , en cuanto a la inmensa cantidad de subsidios que reciben los productores en los países desarrollados, hoy estamos viviendo una crisis internacional que ha provocado una caída importante de los precios a nivel internacional. Justamente, cuando se produce esa caída de los precios, que debería ser aparentemente transitoria, surge la amenaza de grave daño a los mercados nacionales, por la posible gran importación de este producto a los precios -muy bajos- en que ha caído en el mundo a consecuencia de la crisis.
El ejercicio la ley de salvaguardias es justamente para esto, y solicitamos que el Gobierno tenga el rol activo que propone el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
No hubo quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor TUMA ( Vicepresidente ).-
Nuevamente no hubo quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Nuevamente no hubo quórum.
Queda pendiente la votación del proyecto para la próxima sesión.
VIII. INCIDENTES
ALCANCES SOBRE DESIGNACIÓN DE NUEVO MINISTRO DE BIENES NACIONALES. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en el día de ayer, junto con el diputado señor Manuel Rojas, y hoy, con el diputado señor Claudio Alvarado, hemos hecho denuncias a través de los medios de comunicación. En sesiones anteriores solicitamos el envío de los oficios pertinentes para que el Presidente de la República y la Contraloría General de la República contesten en un plazo de 30 días, de acuerdo con el Reglamento.
Las respuestas han dejado mucho que desear. Hemos denunciado que nos parece increíble que el Presidente de la República no tenga los antecedentes necesarios para nombrar un ministro, por una cuestión que nos llama mucho la atención.
Se habla mucho de transparencia. Un Ministro de Bienes Nacionales sale sin sumario por incurrir en “prácticas habituales”; renuncia al cargo, y se nombra ministro a un funcionario público con un sumario en la Contraloría General de la República, por irregularidades en procedimientos, con fraude al Fisco en Antofagasta, que el país conoce, donde hay muchos involucrados en proceso judicial y muchos declarados reos. La responsabilidad del ahora designado ministro de Bienes Nacionales, señor Vergara, proviene de cuando él era subsecretario de la Cartera. Tiene alguna responsabilidad administrativa, que la Contraloría está investigando.
Llama mucho la atención que el nominado ministro de Bienes Nacionales, que todavía no ha jurado, haya dicho hoy a los medios de comunicación que no está sujeto a ningún sumario, en circunstancias que la Contraloría Regional de Antofagasta está llevando uno adelante por irregularidades en procedimientos, con fraude al Fisco. Le formularon cargos y el Ministro Vergara contestó en forma ambigua, sin sustento, según se desprende del informe, y la vista del fiscal propuso destitución, a través de un sumario, del designado ministro de Bienes Nacionales. Hace dos meses que esta sanción debía resolverse en el Departamento de Auditoría de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, el Ministro está faltando a la verdad.
El otro punto importante que el diputado señor Alvarado, junto a nosotros, ha denunciado en el día de hoy, se refiere a que no es apropiado tener como ministro de Bienes Nacionales a un personero que, teniendo como misión continuar con la regularización de títulos de dominio en la zona sur austral, tiempo atrás, en su condición de presidente de la Fundación Lahuén , entidad destinada a la preservación del medio ambiente, haya sido beneficiado con, a lo menos, 60 mil dólares, provenientes de organizaciones vinculadas al cuestionado norteamericano Douglas Tompkins, quien, sin duda, ha sido un personaje que ha tenido serios conflictos con los colonos de la provincia de Palena, por superposición de terrenos, y con el Gobierno.
Considerando que del acuerdo suscrito entre el gobierno chileno y el norteamericano se establecieron puntos relativos a límites en la adquisición de tierras y condiciones para regularizar la propiedad de colonos, es altamente inconveniente que el encargado actual de velar por intereses de nuestra gente posea vínculos tan directos, en materia de financiamiento, con entidades ligadas al magnate norteamericano.
Surge, entonces, razonable y legítimamente, la duda ante conflictos en las negociaciones: si éstos serían resueltos a favor de los aislados e indefensos colonos de Palena, o bien se zanjarían a favor de uno de los más importantes mecenas del Ministro en sus proyectos ecológicos, llevados adelante a través de la Fundación Lahuén.
Para tranquilidad de los colonos de la zona sur austral y trasparencia en las negociaciones o acuerdos Tompkins-Gobierno, hacemos un nuevo llamado al Presidente de la República para no formalizar el nombramiento de don Sergio Vergara en el Ministerio de Bienes Nacionales, por los vínculos, en materia financiera, que lo han unido con quien ha tenido en el país, en los últimos años, permanentes situaciones de conflicto por dominios de tierras con modestos pobladores de nuestro territorio sur austral.
Algo está pasando en el Ministerio de Bienes Nacionales; algo huele mal. Ayer, Antofagasta; hoy, el tema del señor Tompkins, y ayer, en Punta Arenas, funcionarios del Ministerio estaban denunciando el mal uso de los bienes, vehículos y fondos fiscales.
Señor Presidente, solicito que se oficie al señor Contralor General de la República para que informe sobre el sumario que la Contraloría Regional de Antofagasta lleva adelante y donde está vinculado el Ministro de Bienes Nacionales, el señor Sergio Vergara; se envíe el texto del sumario, la vista del fiscal y todos los antecedentes relacionados sobre el tema.
Mal puede decir el señor ministro de Bienes Nacionales, que todavía no jura, que él no tiene ningún sumario.
Solicito que se envíe este oficio en nombre de la bancada de la UDI.
Señor Presidente, quiero señalar, como dije al principio de mi intervención, que un ministro sin sumario, por prácticas habituales, tuvo que renunciar; pero, con todos estos antecedentes, que llaman la atención, que siembran la duda, el Presidente de la República, muy mal informado, nombra a una persona ministro de Estado. ¿Cómo es posible que este ministro, ayer subsecretario, cuando asumió ese cargo, no le haya informado al Presidente de la República de sus vínculos con el norteamericano Tompkins, quien ha tenido todos los problemas de tierra que el país conoce?
Que el país juzgue; son los años de agotamiento de la Concertación. La transparencia es la que hoy está puesta en duda en los funcionarios públicos.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, en nombre de las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional.
ACTITUD DE DIPUTADO SANCIONADO POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRÁNSITO. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, deseo señalar la tremenda inquietud que está generando entre los señores diputados la profusa información de prensa acerca de una verdadera persecución que el diputado señor Felipe Letelier -quien lamentablemente no se encuentra presente- está haciendo en contra de un juez de policía local por haberlo sancionado.
La sanción exclusivamente obedece al hecho de que se le cursaron infracciones, como seguramente a todos nos ha ocurrido en la vida, por exceso de velocidad.
Parece vergonzoso que estemos utilizando nuestro cargo, nuestro fuero, para perseguir a un funcionario que lo único que hace es cumplir con su deber. La actitud de nuestro colega seguramente no refleja el sentimiento de ningún parlamentario más que el del propio afectado, el diputado señor Felipe Letelier . Sinceramente -creo representar a algunos de mis colegas- nos avergonzamos de esta situación. No es posible que por la vía de la prensa se esté acusando y haciendo imputaciones exclusivamente sobre la base de amenazas, por alguien que se siente perjudicado porque, al igual que al resto de los chilenos, se le cursan una, dos o tres infracciones, con la agravante de que, además, no entregó los documentos, como debemos hacerlo cada uno de los ciudadanos de este país cuando cometemos una falta.
Quiero concordar con las expresiones del Presidente de la Corporación. El diputado señor Montes ha señalado que no le gusta lo que está ocurriendo y cree que no es el momento oportuno para mezclar las cosas. El Presidente de la Cámara, en la práctica, ha sido muy prudente para señalar una situación que, a todas luces, repito, es vergonzosa y que, desde luego, no redunda para nada en la credibilidad de esta Corporación y de quienes la componemos.
Desde esa perspectiva, solicito oficiar al señor general Director de Carabineros, para hacerle presente esta apreciación, dejando claramente sentado que no corresponde al sentimiento de la Corporación lo que está ocurriendo, y que la prensa de hoy publica profusamente.
También quiero que se envíe oficio, con copia de mi intervención, a la señora ministra de Justicia , con el objeto de que intervenga en esta materia y pueda regularizar una situación que no nos deja satisfechos, porque es evidente que existe un ánimo persecutorio que no conduce a ninguna parte. Si hemos transgredido la ley de Tránsito, debemos pagar la multa y sufrir las consecuencias correspondientes. No es posible seguir en esta situación, que deshonra al Parlamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Vilches.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TALCAHUANO. Oficio.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en otro orden de cosas, solicito que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que nos señale con claridad si existe o no disposición y responsabilidad a fin de que en Talcahuano se pavimente una cantidad de calles que, siendo de importancia real, hoy continúan sin pavimento. Entre ellas, hay una respecto de la cual todas las autoridades comunales están interesadas en que se pavimente. Me refiero a la prolongación de la avenida “ Gómez Carreño ”, en Talcahuano, calle de acceso, de servicio importante y vital, que lamentablemente aún tiene tres cuadras sin pavimentar.
En consecuencia, solicito al ministro de Vivienda que intervenga para solucionar el problema.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Rosauro Martínez, Haroldo Fossa, Carlos Vilches, Osvaldo Palma, Kuschel y Ortiz.
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RECHAZO A EXPRESIONES VERTIDAS POR EL DIPUTADO ULLOA.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Edmundo Salas.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, la bancada del Partido Demócrata Cristiano, acogiendo las explicaciones de la Mesa, ha acordado retirar la censura en su contra presentada por el doctor Patricio Cornejo. Por ello, solicito que se tome nota en ese sentido.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Señor diputado, en nombre de la Mesa, agradezco a su Señoría el retiro de la censura.
El señor SALAS.-
En segundo lugar, quiero rechazar las expresiones de mi querido colega y amigo el diputado Ulloa.
Considero que no es correcto que, frente a un problema personal de un diputado, como es el caso del colega Felipe Letelier, se use este hemiciclo para criticar a una persona que no está presente. Eso no corresponde al “fair play” que la Cámara mantuvo hasta hoy, el cual pareciera que se está perdiendo.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, lo primero que debo plantear es que las declaraciones y expresiones del diputado Ulloa no se condicen con la necesaria convivencia y defensa del Congreso, la que incluye también a los parlamentarios en situaciones como ésta, en la cual todos aceptamos que un juez aplique sanciones a los diputados que incurren en faltas, como lo hicimos saber en su oportunidad; pero también debemos respetar el derecho de todo ciudadano o parlamentario a defenderse y tomar las iniciativas que estime convenientes, dentro de la ley, para alegar su mejor derecho.
En este sentido, recuerdo una frase muy apropiada de nuestro ex colega Valentín Ferrada, quien decía: “A buen pagador no le duelen prendas”. Es decir, si el juez de Casablanca es un hombre honesto e impecable, como lo creemos, no debe haber ningún problema en investigarlo, por cuanto la investigación demostrará esa condición. No debemos, de antemano, partir de la base de que necesita ser defendido para probar su calidad humana.
ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ARICA. Oficios.
El señor URRUTIA.-
Por otra parte, deseo que se envíen dos oficios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En primer lugar, para que, dados los graves problemas ocurridos en varias poblaciones del Camino a las Pesqueras, en Arica, se realice un estudio completo de los suelos del sector para precisar su calidad y definir los requisitos técnicos apropiados, por cuanto se proyecta construir allí alrededor de 6 mil viviendas. Entonces, es de enorme importancia prevenir a tiempo posibles daños futuros, definiendo exactamente cómo es el suelo y la calidad y condiciones que requieren las construcciones que se hagan.
Asimismo, pido que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que se efectúe una investigación sobre la calidad y corrección técnica de las redes de agua potable y de alcantarillado del sector del Camino a las Pesqueras, enfatizando si las actualmente instaladas cumplen con los requisitos que requiere un terreno de alta salinidad, el cual sufre graves alteraciones en sus condiciones físicas cuando se producen inundaciones por ruptura de cualquier tipo de tubería o de matriz, lo que genera daños secundarios en las casas.
Por lo tanto, es importantísimo que las redes sean revisadas y que se definan los parámetros técnicos sobre qué calidad y condiciones deben tener las que se instalen en las construcciones de ese sector. Para tales efectos, solicito acompañar el texto de mi intervención.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, acompañando el texto de su intervención.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
DÍA DEL DIRIGENTE VECINAL.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado don Víctor Reyes.
El señor REYES.-
Señor Presidente, el próximo sábado 7 de agosto, se conmemora en todo el país el Día del Dirigente Vecinal, de conformidad con lo dispuesto en el decreto supremo Nº 1.527, de 1998, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de agosto del mismo año.
En los considerandos del referido decreto se consigna que el establecimiento del Día del Dirigente Vecinal se justifica y fundamenta en la necesidad de otorgar reconocimiento público a miles de hombres y mujeres que a lo largo y ancho de Chile han asumido en forma voluntaria la difícil tarea de organizar a la comunidad, de representarla a través de organizaciones territoriales o funcionales, y de trabajar incesante y sacrificadamente por los intereses y aspiraciones de sus representados, de sus comunas, de sus localidades.
Se trata, que duda cabe, de una actividad que exige sacrificio, generosidad, renunciamiento, para cuyo desempeño se requiere una profunda vocación de servicio, ya que muchas veces son más las críticas que los aplausos, la indiferencia que el apoyo, la suspicacia que la confianza en los elementos que acompañan la gestión y el trabajo de los dirigentes vecinales. Afortunadamente, en cada rincón de la patria contamos con dirigentes sociales de excepción, a los cuales debemos permanente reconocimiento y gratitud, por lo que es muy importante y significativo que el Gobierno haya instituido oficialmente el Día del Dirigente Vecinal.
Para los democratacristianos esta celebración adquiere especial relevancia, no sólo por el contacto y el trabajo habitual que realizamos con la comunidad organizada y sus dirigentes, sino porque fue en el gobierno de uno de los nuestros, el del Presidente Frei Montalva, que se dictó la primera ley de juntas de vecinos, la Nº 16.880, que se convirtió en el instrumento que permitió a miles y miles de pobladores de nuestro país formar sus propias organizaciones, agruparse en ellas, capacitarse y dar un paso gigantesco por sus derechos y por el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.
Por ello, señor Presidente, y con motivo de celebrarse el próximo sábado 7 de agosto el Día del Dirigente Vecinal, permítame enviar en mi nombre y en el de la bancada de la Democracia Cristiana un muy afectuoso saludo a todos los dirigentes vecinales del país, sumándonos así al público y permanente homenaje y reconocimiento que con mucha justicia se merecen.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los saludos expresados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores José Miguel Ortiz, Homero Gutiérrez y de quien preside.
AUMENTO DE RECURSOS PARA PROGRAMA DE ABSORCIÓN DE MANO DE OBRA EN TALCA. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, quiero referirme al gravísimo problema que está enfrentando la provincia de Talca debido a la cesantía. Por desgracia, figura entre las nueve provincias con tasas de desempleo superiores a 12 por ciento y todos los pronósticos indican que dicho porcentaje continuará aumentando en los próximos meses en niveles muy superiores al promedio nacional. De manera que se trata de un problema muy complicado.
Ya se han producido situaciones preocupantes, respecto de las cuales es necesario adoptar algunas medidas. Se han efectuado manifestaciones de protesta, en algunas poblaciones se están instalando ollas comunes, los cesantes circulan por la ciudad, se ha incrementado el comercio callejero, todo ello por la desesperación de la gente por obtener algún recurso. O sea, la situación social es grave y todo indica que las nueve provincias aumentarán de manera bastante fuerte su nivel de cesantía.
En la comuna de Talca hemos analizado las medidas de reactivación anunciadas por el Presidente de la República. En verdad, ellas no tendrán impacto alguno en esa zona y creo que lo mismo ocurrirá en las otras provincias afectadas. Por ejemplo, la reactivación de la construcción por medio de la rebaja de tributos en el pago de los dividendos no tendrá impacto, porque eso funciona para un promedio de sueldos relativamente elevados y no existe tampoco un stock de viviendas disponibles para vender y así reactivar la construcción. En fin, ninguna de las medidas anunciadas por el Presidente de la República tendrá impacto allí.
Por otra parte, los fondos disponibles para absorción de mano de obra han sido muy escasos. Con ellos se han ocupado no más de 400 personas de un universo de 10 mil cesantes en la comuna. Estas cifras demuestran que hay una enorme preocupación, y más que ello, desesperación.
Solicito se oficie al ministro del Interior, quien tiene anunciado un viaje a nuestra provincia, a fin de que se destine una cantidad de recursos muy superior a la actual para absorción de mano de obra. Hay poblaciones enteras en situación de cesantía, y la gente está acudiendo a cualquier posibilidad para superarla. Con los fondos que se están destinando a las municipalidades no es posible solucionar el problema; se requiere el doble, el triple, o más. De manera que el Gobierno debe hacer un esfuerzo muy considerable en esta materia.
Estoy convencido de que el Estado no puede resolver solo todos estos problemas sociales y es necesario que la empresa privada también ponga su cuota. Es preocupante constatar que en este año se ha duplicado el número de despidos en las empresas privadas, en las compañías financieras, en el transporte público, en la agricultura, en fin, que afecta a las personas mayores de 50 ó 55 años de edad.
Por lo anterior, solicito que en mi oficio se plantee la necesidad de que el Gobierno duplique, por lo menos, los recursos entregados para absorción de mano de obra; que se incentive a la empresa privada a recuperar empleos y que, a través del Ministerio del Trabajo, se haga un llamado a los empresarios para evitar los despidos, que producen dramas muy graves en las familias.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.
SUPRESIÓN DEL CARGO DE SECRETARIO DE LOS JUZGADOS DEL CRIMEN EN REFORMA PROCESAL PENAL. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, uno de los grandes logros del presente año de éste, que es mi Gobierno, será la reforma procesal penal, llevada a cabo por la Ministra de Justicia, señora María Soledad Alvear.
Seguramente, la ley entrará pronto en vigencia; pero hay una situación que, como parlamentario, me preocupa. En la reforma procesal penal se suprime el cargo de secretario titular de los juzgados del crimen, tanto de garantía como de los tribunales orales. En ella no se incluye una destinación para dichos funcionarios, los que deberán postular a los cargos que no sean ocupados por los actuales jueces del crimen, en abierta competencia con los postulantes egresados de la Academia Judicial y de fuera de ella.
Además, no se contempla una destinación para los mencionados profesionales ni una preferencia para optar a los cargos de juez de garantía o juez de tribunal oral, aspiración justa y legítima de todo secretario o secretaria. No hay una consideración a la antigüedad del funcionario en el cargo, a la carrera ni a la experiencia acumulada. Sencillamente, se suprimen los artículos 3º, 7º, 9º y siguientes del actual Código Orgánico de Tribunales, ignorando que los mencionados cargos son servidos por abogados. Éstos, por mandato legal, están inhabilitados para ejercer libremente la profesión, tienen especialización en materia criminal y se encuentran alejados por mucho tiempo del ejercicio libre de la profesión.
El actual cargo de secretario del crimen es una función que va mucho más allá de la mera descripción y enunciación de labores que hace el cuerpo legal en vigencia. En efecto, un secretario o una secretaria titular debe ser abogado para poder ejercer dicho cargo. Para ser secretario de asiento de corte es menester, además, haber sido juez de comuna y de capital de provincia con antigüedad en el cargo.
Una de las más importantes funciones del secretario del tribunal es ser juez subrogante legal en caso de inasistencia o ausencia del juez titular, inhabilidad de éste o implicancia del mismo, ya sea dentro del tribunal en que es titular, como en aquellos en que, por efecto de la subrogancia legal, le corresponda. Es así como es frecuente ver a un secretario titular de un tribunal subrogando o supliendo a un juez de un juzgado del crimen, cuando se desempeña como titular en otro juzgado distinto del suyo.
Además, un secretario o una secretaria titular del juzgado del crimen actúa como juez cuando está en ese cargo, y así sucede en los procesos en que se ha casado por el tribunal de alzada una sentencia dictada por el juez titular en los procesos en que éste se encuentre inhabilitado por alguna de las causales establecidas en el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales en vigencia, o implicado por alguna de las razones que consigna el artículo 195 del mismo cuerpo legal.
De la misma manera, puede actuar como juez subrogante o no inhabilitado en un tribunal del crimen de la misma jurisdicción y competencia, o distinta del juzgado de origen, manteniendo sus funciones como secretario titular en el tribunal en que ejerce sus funciones por las razones antedichas.
Asimismo y por su muy buena formación jurídica, es frecuente que los llamen a ejercer el cargo de relator en las cortes de apelaciones, función que desempeñan por el tiempo que éstas estimen conveniente.
Esta reseña demuestra que los secretarios o las secretarias no son meros funcionarios administrativos que se limitan a ejercer las funciones que describen los artículos 379 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, sino que son profesionales abogados plenamente habilitados para ejercer el cargo de juez en propiedad y que tienen condiciones, experiencia y capacidad para desempeñarlo, ya que, de otro modo, no habrían sido nombrados secretarios.
Por ello, solicito que se oficie a la ministra de Justicia -porque este proyecto está en el Senado de la República y, en este caso, debe tener el apoyo del Ejecutivo- para sugerirle la convertibilidad inmediata de los cargos de secretarias y secretarios de asiento de corte de séptima categoría, que equivalen a juez de simple comuna, al de jueces de garantía, con opción a postular a juez en lo penal.
Lo que estamos solicitando no resulta tan ilógico, toda vez que, por el solo ministerio de la ley, tribunales de comunas completas han sido convertidos en juzgados de asiento de corte, alterando muchas veces el escalafón judicial, sus remuneraciones y categorías, pero en función de dar la mejor justicia. Un solo ejemplo: la convertibilidad de los tribunales de la comuna de Talcahuano en juzgados de asiento de corte.
Los actuales secretarios de crimen son 75; la cantidad de juzgados de garantía por crearse, 347, y se crean 378 jueces en lo penal.
Como puede verse, no se altera la lógica del escalafón judicial. Se debe tener también presente que, por el solo ministerio de la reforma procesal, jueces de comuna que tienen igual categoría que los actuales secretarias o secretarios de juzgados del crimen, serán convertidos en jueces de garantía, y que sus secretarios tendrán derecho a opción. Es decir, se ha privilegiado a un sector de igual grado, manteniéndolos en el cargo, lo que avala esta solicitud que estoy haciendo a la ministra de Justicia. Creo que ella, con su permanente disposición y gran función como Ministra, va a aceptarla; porque esta convertibilidad inmediata a jueces de control o garantía da tranquilidad a 75 personas muy bien formadas en el país y, fuera de eso, se está aprovechando su capacidad y experiencia.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría y se adjuntará el texto de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Velasco, Gutierrez y quien preside.
CAMBIO DE NOMBRE DE RETÉN LAS TOSCAS DE COMUNA DE LINARES. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en la provincia y comuna de Linares se creó el retén de Carabineros Las Toscas hace bastantes años, ubicado en la localidad homónima.
Las necesidades de mejor servicio obligaron a trasladar dicho retén al pueblo de Palmilla, en la misma comuna, a varios kilómetros del lugar original.
Ello ha ocasionado muchos problemas, pues quienes no conocen el cambio, al buscar el retén, equivocan el rumbo, dirigiéndose al lugar geográfico del nombre anterior, donde no existe repartición policial alguna. A consecuencia de esto, se han suscitado dificultades con accidentes, solicitudes de ambulancias -con pérdida de tiempo valioso para la recuperación de enfermos-, llamadas a Bomberos y a Carabineros.
Por ello, haciéndome eco del clamor de los funcionarios policiales, de salud, de bomberos y de la comunidad toda, pido oficiar al general Director de Carabineros, señor Manuel Ugarte, a fin de solicitarle el cambio de nombre del actual retén Las Toscas por retén Palmillas, ubicado en el pueblo homónimo de la provincia de Linares, y solucionar así todos los problemas ocasionados por esta confusión de denominación y ubicación física de este destacamento policial, cuyo nuevo edificio inauguramos recientemente en Palmilla.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Rosauro Martínez.
NOVENO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL. Oficio.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente, el pasado 17 de junio concluyó el Noveno Encuentro Nacional de Educación Rural, celebrado en la comuna de Pica, Primera Región, distante a 1.350 kilómetros de Santiago y a más de 1.400 desde este lugar. Y aludo a la distancia, señor Presidente, para ilustrar con ello el esfuerzo de más de 300 profesores rurales de todo el país por concurrir a este Encuentro Nacional desarrollado durante una semana, precisamente durante su período de descanso.
¡Cómo no sentirse orgulloso y comprometido con los maestros que, haciendo grandes sacrificios, incluidos los económicos, llegaron a tan lejano lugar para trabajar una temática aglutinante: “El estado de la educación rural chilena frente al desafío del tercer milenio”! ¡Qué temática más pertinente! ¡Qué muestra más elocuente de compromiso con su labor profesional y vocación por la educación! ¡Qué manifestación más clara de descentralización, cuando la generalidad habría preferido hacerlo en Santiago!
Este ejemplo que nos han dado los profesores rurales no lo podemos dejar de destacar, porque creo que nos hace bien a todos, particularmente al país, el cual debe realizar esfuerzos concretos para fortalecer y desarrollar la educación que se entrega en las diferentes comunas rurales del país, dado su fuerte impacto en la calidad de vida del conjunto de compatriotas que vive en el sector, aquejado de múltiples problemas y dificultades, con índices de pobreza mayores que en el mundo urbano y con crecientes niveles de desigualdad, que si no se tratan a tiempo pueden traer funestas consecuencias para el conjunto de la sociedad.
Al respecto, un estudio de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la Unesco, expresa: “Esto contrasta con la situación de una juventud rural e indígena que limitada a alcanzar sólo una educación primaria, en su actual desplazamiento a las ciudades se convierten en inempleables. A su desarraigo se suman las escasas posibilidades de empleo, reducidas éstas a ocupaciones marginales”.
Los profesores, conscientes de esta problemática, están haciendo esfuerzos concretos para mostrar al país lo que es la educación rural, en particular este año, que es el año de la educación rural, gracias a una iniciativa surgida en esta Cámara y que, por lo mismo, nos compromete a colaborar, de modo tal que sea finalmente la sociedad chilena la que comprenda la necesidad de llegar a una política de Estado para este sector, que mire más allá de un gobierno y sea producto del consenso de todos los agentes involucrados. Sólo de esa manera podremos avanzar en la creación de mayores oportunidades para l.200.000 personas que hoy, digámoslo con franqueza, se sienten desamparadas.
Con esto no quiero que se piense que estoy desconociendo las actividades realizadas o negando los avances producidos. Nada más alejado de mis propósitos; porque en estas materias, que no son de grupo o de ideologías políticas, sino de país, hay que ser tremendamente riguroso y objetivo para, a partir de lo positivo, hacer las correcciones que se requieran.
En ese contexto se enmarcan las conclusiones del Noveno Encuentro Nacional, pues para quien tuvo la oportunidad de estar allí y compartir con los educadores, era evidente la comunidad de propósitos por aportar a la construcción de una educación que responda a las expectativas que de ella se espera.
Las conclusiones fueron de orden técnico-pedagógico, perfeccionamiento, asistencial y legal.
En el plano técnico-pedagógico concordaron:
Primero, destacar la función de los microcentros, que son agrupaciones de profesores de diferentes escuelas, como lugares donde se mejora la práctica pedagógica y se ayuda a recuperar la deteriorada autoestima del profesor rural.
Segundo, llamar la atención del Ministerio de Educación en cuanto a que los textos del Mece rural para el trabajo con los niños no han sido cambiados ni revisados desde hace varios años, lo que dificulta el trabajo pedagógico propiamente tal, porque son las herramientas fundamentales que tienen los alumnos para aprender. Piensen, honorables colegas, que me estoy refiriendo principalmente a las escuelas uni, bi y tridocentes, con cursos combinados, donde el profesor es un guía del trabajo del alumno; de allí la importancia de tener textos actualizados y en condiciones.
Tercero, consecuente con la mayor autonomía pedagógica y la realidad del sector, se requiere la implementación de un sistema de medición de la calidad de la educación contextualizado al medio y no uno, como el Simce actual, igual para todo el país.
En el plano del perfeccionamiento concluyeron:
Primero, clarificar definitivamente el tema de la pertinencia en el reconocimiento de los cursos de perfeccionamiento, en atención a la disparidad que se está observando en la aplicación del criterio de su realización, el que, en mi opinión, debe fijarlo, dada la naturaleza de los mismos, el Ministerio y no las municipalidades.
Segundo, incorporar un sistema de pasantías rurales dentro del país, con el objeto de intercambiar experiencias, metodologías y técnicas pedagógicas, aprovechando así el bagaje del profesor rural.
En el plano asistencial, ampliar el programa de raciones alimenticias para incluir las once para niños que están en escuelas con jornada completa, básicamente porque en un gran porcentaje los alumnos deben recorrer varios kilómetros para llegar a sus hogares.
Y en el plano legislativo:
Primero, establecer en la ley Nº 19.070, estatuto de los profesionales de la educación, una asignación de ruralidad permanente, que hoy no existe, pues sólo se contempla la asignación de desempeño difícil, que, por su naturaleza, no es un factor que discrimine positivamente a los establecimientos rurales.
Segundo, ampliar la asignación de experiencia docente, establecida en el artículo 48 de la ley Nº 19.070, en cinco bienios, pues, en la práctica, el profesor es un profesional que, por el sistema de jubilación vigente, alcanza en un alto porcentaje los cuarenta años de servicios, y la ley le reconoce solamente treinta, es decir, quince bienios, lo que se traduce, por ejemplo, en un grave perjuicio económico al momento de jubilar. Para qué vamos a comentar ese tema, cuando todos conocemos la situación dramática de los maestros jubilados.
Tercero, modificar el artículo 49 de la citada ley, que regula la asignación de perfeccionamiento, en el sentido de extender el actual porcentaje máximo -que es del 40 por ciento de la remuneración básica mínima nacional-, en atención a que en la realidad los profesores, a raíz de sus esfuerzos y anhelos de perfeccionamiento, pueden obtener ese porcentaje cuando se encuentran en la mitad de su carrera profesional, lo que no se condice con el objetivo de dicha asignación, que es, como la propia ley lo señala, “incentivar la superación técnico-profesional del educador” y, por cierto, tampoco con el actual proceso de reforma educacional ni con la constante evolución del conocimiento, que requiere de profesionales, en este caso educadores, en permanente aprendizaje.
Cuarto, eliminar la figura del “profesor encargado”, que en la legislación vigente no existe, pero que se da en la práctica, principalmente en las escuelas uni, bi y tridocentes, con la agravante de que ese profesor no sólo tiene responsabilidad pedagógica, sino también administrativa y de gestión, de manera que lo más adecuado es darle la categoría de docente directivo.
Señor Presidente, dada la importancia de las materias en comento y la plena legitimidad y pertinencia de las mismas, solicito que se oficie al ministro de Educación para hacerle llegar las conclusiones de este Noveno Encuentro Nacional, tener a bien disponer su estudio y, así, generar las iniciativas legislativas correspondientes.
Concluyo manifestando mi compromiso de colaborar al éxito de toda iniciativa orientada al mejoramiento cualitativo de la educación y al bienestar de los profesores, en particular de los que laboran en el sector rural, no sólo por representar en esta Cámara una comunidad con esas características, sino porque tengo la íntima convicción de que ello le hace bien a Chile y a sus jóvenes generaciones.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados presentes y de quien habla.
CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS PARA DETENIDOS EN EL JUZGADO DE EL SALVADOR. Oficios.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, solicito oficiar al vicepresidente de la Corporación del Cobre de Chile, Codelco-Chile; a la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear, y al director de Gendarmería, señor Hugo Espinoza, sobre una situación que se vive en El Salvador.
En esta localidad minera se entregan en comodato todas las instalaciones en que están allí funcionando los distintos servicios. En este caso, en las dependencias del juzgado de El Salvador se atiende a los detenidos de la cárcel de Chañaral o que han sido detenidos en otras comisarías. Esto hace necesario que el traslado de los detenidos que están en proceso y necesitan ser interrogados en el juzgado de El Salvador se realice en un vehículo de Gendarmería desde Chañaral a El Salvador.
Lo grave es que en este juzgado no hay calabozos ni dependencias donde los detenidos puedan estar transitoriamente. Incluso, no hay servicios higiénicos. Por lo tanto, se trata de una situación insostenible para estas personas. Estimo que debemos preocuparnos de tener un grado de humanidad en este caso, por lo que solicitamos que se construyan, a la brevedad, en este juzgado de El Salvador, instalaciones adecuadas, con servicios higiénicos, para estos hombres y mujeres que son llevados detenidos a dicho juzgado.
He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados presentes.
Por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las l4.27 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Moreira, Alvarado, Longueira, Víctor Pérez, Van Rysselberghe, Ulloa, Rojas, Dittborn, Paya y Álvarez.
Organización y atribuciones de los juzgados de policía local cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el decreto supremo Nº 307, de 1978, del Ministerio de Justicia, con el objeto de redistribuir las multas. (boletín Nº 2376-07)
“Considerando:
1. Que las estadísticas indican que los accidentes del Tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte de chilenos, con más de dos mil fallecimientos al año.
2. Que además estos accidentes dejan a miles de personas lesionadas física y psíquicamente, provocando millones de pesos en pérdidas, tanto en bienes públicos como privados.
3. Que las multas cursadas por infracciones de la ley de Tránsito no tienen ningún efecto preventivo en la materia y por el contrario pese al aumento sostenido de las multas cursadas el número de accidentes ha ido también en constante aumento.
4. Que la ley Nº 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local establece que los dineros provenientes de multas que impongan estos Juzgados serán de beneficio municipal.
5. Que en la práctica son escasos los recursos provenientes de estas multas que las municipalidades destinan a educar a la ciudadanía en materias de tránsito, a efectuar mejoras en infraestructura y en general a las labores de prevención de este tipo de accidentes.
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Agrégase al artículo 55 de la ley Nº 15.231 sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, cuyo objeto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto Supremo Nº 307 del Ministerio de Justicia, el siguiente inciso segundo:
“Luego de deducido el porcentaje indicado en el inciso anterior, y sólo respecto de aquella parte de los recursos originados en multas por infracciones a la ley de Tránsito, las municipalidades deberán destinar la totalidad de estos fondos a la realización de actividades y ejecución de obras e infraestructura destinadas a la prevención de accidentes del tránsito”.
Moción de los diputados señores Orpis, Luksic, Longueira, Rincón, Melero, Díaz, Reyes y de las diputadas señoras María Angélica Cristi, Antonella Sciaraffia y Laura Soto.
Modifica la ley Nº 19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, estableciendo incompatibilidad entre el ejercicio de determinados cargos públicos y el hecho de ser consumidor de drogas. (boletín Nº 2373-20)
“1. Que se encuentra próximo a ser aprobado por el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Probidad Administrativa de los órganos del Estado.
2. Que si bien el proyecto pretende fortalecer los poderes del Estado, estableciendo un conjunto de normas tendientes a velar por la existencia de una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega leal y honesta al desempeño del cargo, no contempla normativa alguna que establezca inhabilidad de ingreso o permanencia en la Administración del Estado, en el Poder Judicial o en el Congreso Nacional, respecto de personas a quienes se les compruebe el hecho de ser consumidores de droga o substancias prohibidas por la ley Nº 19.366.
3. Que la corrupción es uno de los mecanismos más utilizados por las organizaciones criminales para debilitar la acción del Estado.
4. Que una forma básica de corrupción es el consumo. El funcionario, o quien detenta un cargo público, que consuma droga, no sólo pasa a depender de ella en términos fisiológicos que lo lleven a tener una salud incompatible con el servicio, sino además puede ser inducido a cooperar con las organizaciones criminales para crear barreras de protección y, por lo tanto, impunidad en los distintos ámbitos.
5. Ya en Chile de manera cada vez más recurrente se está dando este fenómeno en distintos poderes del Estado y las instituciones llamadas a combatirlo. Caso de drogas en el Congreso Nacional; en forma más reciente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso; o funcionarios de la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile dados de baja por consumo de droga.
6. Que ante estas evidencias el Estado debe protegerse. El no hacerlo puede representar un fuerte debilitamiento y pérdida de legitimidad en la lucha contra el narcotráfico.
7. Que en casos de detección de consumo el empleador debe ofrecer al trabajador una oportunidad de rehabilitarse, salvo que se trate de determinados cargos que por su naturaleza exige una separación inmediata. Ej.: Presidente de la República, ministros de Estado, diputados, senadores, miembros de los tribunales superiores de justicia, jueces, generales, almirantes.
8. Que los miembros de la Comisión de Droga creada por la Cámara de Diputados con el objeto de analizar los efectos de aplicación y eficacia de los instrumentos legales que proporciona la ley Nº 19.366 recomienda el establecimiento de esta inhabilidad.
9. Que el Poder Ejecutivo inicialmente acordó incorporarlo en el veto al proyecto sobre probidad administrativa. Sin embargo, al enviar este cuerpo legal señala que es partidario de incluirlo en la ley de droga.
10. Que es necesario velar para que en el ejercicio de las funciones de las personas que laboran en las instituciones indicadas no exista ningún tipo de dependencia ni vinculación que afecte el adecuado y probo desempeño.
PROYECTO DE LEY
Artículo único: Modifícase la ley Nº 19.366 en los siguientes términos:
a) Agrégase el art. 21 bis a la ley Nº 19.366; Ley de Drogas.
“No podrá ingresar o desempeñar funciones en la Administración del Estado: las municipalidades, en las entidades de derecho privado en que el Estado o sus instituciones tengan aportes o participen mayoritarios o igualitarios, en el Poder Judicial o en el Congreso Nacional, la persona a quien le fuera comprobado, en la forma dispuesta en este artículo, el hecho de ser consumidor de drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas a que hace mención el art. 1 de esta ley.
El funcionario de las entidades o servicios antes indicados, al cual se le comprobare la calidad de consumidor de alguna de las sustancias estupefacientes o sicotrópicas prohibidas por la ley, quedará suspendido de sus funciones por tiempo indefinido, sin goce de remuneración.
Sin perjuicio de lo anterior, el empleador deberá ofrecerle alternativas de rehabilitación y obligarse a reincorporarlo a sus labores una vez acreditada ésta mediante certificado del Servicio de Salud correspondiente o de los organismos acreditados ante éste. En caso de detectarse nuevamente consumo en el funcionario reincorporado, se configurará una causal de cesación en el cargo.
No obstante lo señalado en el inciso anterior, si se comprobare la calidad de consumidor del Presidente de la República , ministros de Estado , magistrados de los tribunales superiores de justicia, jueces, diputados, senadores, contralor general de la República , generales y almirantes, Director General de Investigaciones , cesarán en sus cargos de inmediato.
En los casos indicados en el inciso 3 de este artículo y cuando fuere procedente, el empleador deberá efectuar las denuncias que corresponda a los tribunales de justicia por las infracciones cometidas a las disposiciones de esta ley, a fin de que se apliquen las sanciones correspondientes, se determine si el funcionario es o no dependiente de substancias estupefacientes o sicotrópicas, la gravedad de la dependencia y el tratamiento que deberá seguir el afectado para su tratamiento de rehabilitación.
Quienes postulen a algún cargo de los indicados en el inciso primero, deberán ser sometidos a un examen de detección de consumo como requisito previo a la admisibilidad y en forma aleatoria los mencionados organismos deberán efectuar tal examen una vez al año o ante una sospecha razonable a todo su personal como requisito para su permanencia.
Los exámenes a que se hace referencia en este artículo serán efectuados por el Servicio de Salud correspondiente o por laboratorios que deberán suscribir convenios con los mencionados servicios. Estos exámenes deberán ser capaces de detectar consumo en un período de al menos seis meses contados hacia atrás desde la fecha de su realización.
La negativa o resistencia del funcionario a realizarse alguno de los exámenes indicados en los incisos precedentes, constituirá, para los efectos de este artículo, presunción legal de consumo de alguna de las substancias estupefacientes o sicotrópicas prohibidas por la ley”.
b) Reemplázase en el art. 21 la expresión “El funcionario público” por la frase “La autoridad o funcionario de alguna de las entidades o servicios de la Administración del Estado, poder judicial, Congreso Nacional.
c) Reemplázase en el Nº 5 del art. 23 la expresión “Funcionario Público” por la frase “funcionarios de la Administración del Estado, poder judicial o del Congreso Nacional”.