Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA.
- INTEGRACIÓN
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Gustavo Alessandri Valdes
- Haroldo Fossa Rojas
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Pablo Letelier Morel
- Juan Nunez Valenzuela
- Jaime Orpis Bouchon
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Eugenio Tuma Zedan
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA.
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- PROBLEMAS DEL SECTOR PESQUERO POR VEDAS DEL JUREL Y LA MERLUZA. Proyectos de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- PROBLEMAS DEL SECTOR PESQUERO POR VEDAS DEL JUREL Y LA MERLUZA. Proyectos de acuerdo.
- PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Antonio Leal Labrin
- Jaime Mulet Martinez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Rosa Gonzalez Roman
- Exequiel Silva Ortiz
- Edgardo Riveros Marin
- Sergio Velasco De La Cerda
- Victor Barrueto
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Pablo Galilea Carrillo
- Rafael Arratia Valdebenito
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Velasco De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Salvador Urrutia Cardenas
- Fortunato Venegas
- AUTOR PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 13ª, en martes 11 de julio de 2000
(Especial, de 19.03 a 21.38 horas)
Presidencia del señor Jeame Barrueto, don Víctor.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- OBJETO DE LA SESIÓN
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
Integración de Comisión investigadora de concentración económica 9
V. Objeto de la sesión.
Problemas del sector pesquero por vedas del jurel y la merluza. Proyectos de acuerdo 9
VI. Documentos de la Cuenta.
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
1. Modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial (boletín Nº 2416-03) 43
2. Modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, la ley Nº 3.063 de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial (boletín Nº 2339-06) 43
3. Sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (boletín Nº 2439-20) 44
4. Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 2499-06) 44
5. Adecua la legislación que indica a los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, OMC, suscritos por Chile (boletín Nº 2421-03) 45
6. Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (boletín Nº 2429-05) 45
7. Seguro de cesantía (boletín Nº 2494-13) 46
8. Reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, general de Telecomunicaciones (boletín Nº 2436-15) 46
9. Modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones estableciendo la obligatoriedad de revisar el proyecto de cálculo estructural (boletín Nº 2470-14) 47
- Oficios del Senado, por los cuales comunica que acordó disponer el archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, de los siguientes proyectos:
10. Modifica el artículo 52 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado (boletín Nº 833-12) 47
Pág.
11. Regula los contratos de exportación de productos hortofrutícolas (boletín Nº 780-01); y agrega incisos al artículo 1709 del Código Civil, estableciendo formalidades en actos y contratos que señala (boletín Nº 1274-07) 48
12. Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana recaído en el proyecto que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 1803-07) 48
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-De los diputados señores Espina y Walker, don Patricio, por la cual hacen presente que el diputado señor Girardi firma también, en calidad de copatrocinante, el proyecto sobre documentos electrónicos (boletín Nº 2512-07).
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Huenchumilla, creación de juzgados de Policía Local.
-Del diputado señor Kuschel, auditoría a estados financieros del Servicio Agrícola y Ganadero.
-De los diputados señores Rojas, Valenzuela e integrantes del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, pago de derechos municipales correspondientes a edificación del Observatorio Cerro Paranal.
Ministerio Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Muñoz, don Pedro, proyecto de etileno en Región de Magallanes.
Ministerio de Salud
-Del diputado señor García-Huidobro, estudio del mercado de los agrotóxicos.
Consejo de Defensa del Estado
-De los diputados señores Letelier, don Felipe; Jaramillo y Sánchez, restitución de remuneraciones de juez de Policía Local de Casablanca.
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Corporación de Fomento de la Producción
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Empresa de Correos de Chile
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Instituto Nacional de Estadísticas
-De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
-Información financiera de los Fondos de Pensiones y las Sociedades Administradoras.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Pablo Letelier.
-Asistieron, además, el ministro de Economía , señor José De Gregorio, y el subsecretario de Pesca , señor Daniel Albarrán.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.03 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 8ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 9ª queda a disposición de los señores diputados y de las señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señores diputados, propongo a la Sala integrar la comisión especial investigadora encargada de analizar la concentración económica en Chile y la legislación aplicable, con los diputados señores Rodrigo Álvarez, Gabriel Ascencio, Gustavo Alessandri, Haroldo Fossa, José Antonio Galilea, Enrique Jaramillo, Juan Pablo Letelier, Juan Ramón Núñez, Jaime Orpis, José Miguel Ortiz, señora Antonella Sciaraffia y señor Eugenio Tuma.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
PROBLEMAS DEL SECTOR PESQUERO POR VEDAS DEL JUREL Y LA MERLUZA. Proyectos de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde analizar los problemas que enfrenta hoy el sector pesquero de nuestro país, especialmente por la aplicación de vedas como la del jurel y la merluza, que perjudican directamente a quienes tienen su fuente de trabajo en esta actividad.
En el tiempo previo de 15 minutos, que corresponde al Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , los parlamentarios que suscribimos la solicitud de esta sesión especial lo hicimos pensando en la situación de crisis que enfrenta, en distintas zonas de nuestro país, el sector pesquero, la cual se ha prolongado desde hace años por la sobreexplotación de muchos recursos, respecto de los cuales la autoridad ha ido tomando decisiones que pueden resultar muy pertinentes, pero que han tenido graves efectos sociales.
Particularmente en mi zona, dicha situación se ha hecho sentir con una orden de despido de 500 trabajadores que está próxima a concretarse. En ese sentido, el deseo de realizar esta sesión no se limita solamente al análisis de la pertinencia o no de decisiones que toma la autoridad, que pueden ser muy justificadas desde el punto de vista técnico y de la necesidad de proteger los recursos naturales, en especial el recurso pesquero, sino también al hecho de que existen muchas familias, en todas las zonas en donde se desarrolla la actividad pesquera, que han vivido largas décadas relacionadas con esta actividad. La crisis que ellas viven debe tener una respuesta de la autoridad.
Esta sesión, y por eso solicitamos también la presencia del ministro del Interior , no es sólo para mirar desde la perspectiva de la autoridad pesquera, sino también para analizar los efectos sociales y cómo la autoridad se hace cargo de ellos.
Como antecedente, cabe puntualizar que, por decreto supremo Nº 235, del Ministerio de Economía, del 10 de junio recién pasado, se establece la veda del jurel para la Primera y Segunda regiones, que regirá a partir de diciembre del 2000. Esta decisión de la autoridad tomó por sorpresa a las empresas y a los trabajadores, porque la percepción y la conclusión a la que se llegó es que ella no se consultó debidamente a la gente vinculada al sector pesquero en nuestras regiones.
Ésta es la primera vez que se aplica, en forma conjunta, una veda a dos regiones respecto de un mismo recurso. Se hizo notar a la autoridad que se ha comprobado que existe un fenómeno de asociación biológica entre los cardúmenes de jurel y anchoveta, sin que, concluyentemente, sea permitido considerar el primero como fauna acompañante del segundo. Esta medida excluyó la pesca de investigación, lo que difiere de la decisión que se tomó en la Octava Región, donde se autorizaron 600 mil toneladas en este rubro como una forma de no paralizar la faena.
Como consecuencia de la aplicación de esta veda, con fecha 12 de junio de 2000, Corpesca S.A. -que corresponde a la fusión de las tres empresas que existían en la zona, Igemar, Eperva y Coloso - inició un proceso de despido en virtud de la causal “necesida-des de la empresa”.
En una carta se sostiene que el despido se funda, precisamente, en que la empresa se ve afectada económicamente. Aquí, como siempre, el hilo se corta por lo más delgado: los trabajadores pagan las consecuencias de estas decisiones.
En septiembre de 1999 ya el sector pesquero de la región sufrió un tremendo embate con la fusión que dio origen a Corpesca -como expresé-. En esa ocasión, cientos de trabajadores se quedaron sin su fuente de trabajo, y, en verdad, salvo el derecho a la indemnización que les correspondía por ley, el Estado no se ha hecho cargo, concretamente, de los efectos sociales que, lamentablemente, provocó la decisión adoptada por la empresa por problemas del mercado.
Como consecuencia de lo anterior, los trabajadores han solicitado al subsecretario de Pesca autorizar la extracción de un mínimo de 200 mil toneladas de jurel en lo que resta del año 2000, en el marco de las capturas de investigación, y que, además, la pesca de anchoveta permita una cuota de fauna acompañante, que, en el caso del jurel, llega a un porcentaje del 30 por ciento medido en peso.
Sin embargo, el 1 de julio del año 2000 se autorizó, mediante decreto supremo Nº 252, de la Subsecretaría de Pesca, exceptuar de la veda la captura del jurel como fauna acompañante de la pesca dirigida a las especies anchoveta y sardina española, pero solamente de un 10 por ciento. Tanto los trabajadores de la pesca como las empresas, han insistido en que, por lo menos, eso debiera llegar al 30 por ciento.
Actualmente, los trabajadores del sector pesquero de la región se encuentran preocupados, porque existe el rumor -y por eso hemos pedido la sesión y agradecemos que a ella concurran las autoridades- de que se decretaría una veda de la anchoveta para la Primera Región a partir de julio del presente año, lo que agravaría la situación desmedrada, desde el punto de vista laboral, que hoy tienen.
¿Cuáles son las propuestas concretas a que queremos llegar en esta sesión, y para las cuales quiero pedir el apoyo de los colegas parlamentarios? En este caso -lo mismo pasó con el sector portuario-, hay decisiones de la autoridad que tienen efecto social, del cual nos tenemos que hacer cargo como país. En ese sentido, se ha solicitado implementar programas para la microempresa, programas de reconversión, posibilidades también de que puedan existir soluciones de carácter social, como, por ejemplo, para las deudas habitacionales, becas para los hijos que están estudiando; porque si esos centenares de trabajadores quedan sin su fuente de trabajo, las consecuencias serían muy graves.
Ese ha sido el sentido de esta sesión. Vamos a tener la oportunidad de analizar, con las distintas bancadas, los problemas generales del sector pesquero; pero aquí hay urgencia, por lo menos en la Primera Región : las cartas de despido están próximas a cumplir su fecha, que es el 14 de julio. Al respecto, queremos una respuesta de la autoridad ahora y que toda esa gente, que tiene su fuente de trabajo, no la pierda por decisiones de la autoridad, que pueden ser muy pertinentes, pero que tienen un efecto social muy preocupante.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra la diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , la materia que hoy nos convoca no es, en ningún caso, un tema menor, sino que, por el contrario, constituye un problema que debemos abordar con la mayor preocupación y con una visión de Estado, toda vez que Chile, por esencia, es un país marítimo y, desde antaño, nuestra historia ha estado ligada al mar y, en el futuro, nada indica que esa tendencia pueda cambiar.
Al respecto, desde un tiempo a la fecha, hemos visto con preocupación el problema que origina la veda del jurel, lo que ha ocasionado serios conflictos al Gobierno, a las pesqueras industriales y a los pescadores artesanales, ya sea entre éstos, o a ellos con la autoridad de Gobierno.
El punto central de la discusión tiene como fuente principal la escasez del recurso marino jurel y su consecuente veda. Claro está que, con los mismos fundamentos, podríamos estar hablando del recurso anchoveta y merluza, porque no escapan a esta realidad, ya que estas dos especies están pasando por la misma situación que el jurel. Por ello, creo conveniente atacar el problema en su globalidad y no para un caso específico, ya que, de otro modo, no me cabe duda de que en un tiempo no muy lejano, estaríamos analizando la escasez de estos recursos.
Durante 45 años, en el norte, no se ha impuesto veda al jurel, excepto el año 1985, después de una pesca normal de 715 mil toneladas en el año 1984, por lo cual la autoridad, debido a su volumen, dispuso una veda por 50 días. La pesca normal promedio de los últimos 20 años es de, aproximadamente, 250 mil toneladas.
Las razones por las cuales no debe existir veda, específicamente en la Primera y Segunda regiones, son, a mi juicio, en primer lugar, el hecho de que el stock de jurel en el norte no es significativo a nivel nacional y, en segundo término, la realidad de que es compartido sólo con Perú, independientemente del stock del sur de Chile.
El jurel, por su comprobada asociación biológica, es fauna acompañante de la anchoveta en, aproximadamente, 10 a 15 por ciento anual. Además, por su carácter depredador, en el norte, especialmente en el Perú, es una especie no deseable, y su captura se asocia casi accidentalmente con la de las otras especies.
Perú aplica sus vedas biológicas, excluyendo la zona sur del paralelo 16, con lo cual deja libre de veda las 130 millas limítrofes. Sin embargo, nuestras vedas, especialmente en Arica, provincia que represento, incluyen hasta el límite norte, dejando un espacio regalado a los vecinos, sin ningún provecho para nuestro país. De ahí surge la necesidad de coordinar las medidas de protección pesquera con el Perú, tal como lo dispone la ley de pesca en la letra a) de su artículo 3º.
El norte, a diferencia del sur, ha diseñado su estructura de flotas y plantas para sus especies objetivo, que son la anchoveta y la sardina. Como consecuencia de lo anterior, limita gravemente la operación de las flotas pesqueras al objetivo principal, que es la anchoveta; por lo tanto, obliga a paralizar la actividad industrial con el consecuente desempleo.
Por lo expuesto, recabo de mis honorables colegas se sirvan solicitar a la autoridad principal derogar la veda del jurel en la Primera y Segunda regiones; eliminar el concepto de talla mínima del recurso para un volumen total capturado similar al promedio del norte, es decir, 250 mil toneladas anuales, y sólo aplicar vedas técnicas para la anchoveta y la sardina en las etapas de reclutamiento y desove en forma oportuna y precisa.
Pescadores artesanales, industriales y empresariado y, por ende, la gente que necesita imperiosamente el empleo, agradecerán la buena disposición del Ejecutivo y de mis honorables colegas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, cuando la ley de pesca todavía no cumple 10 años, necesita una modernización, especialmente en lo que se refiere a la pesca artesanal.
Desde luego, hay un sector hoy muy potente, el acuícola, que, en verdad, hasta sería conveniente excluirlo de la ley de pesca. En él, entre otros, se encuentran el cultivo de algas y el poderoso cultivo salmonero, que pronto alcanzará los 1.000 millones de dólares por concepto de exportación.
En esta ley es necesario cambiar la definición de pescador artesanal, por cuanto no corresponde exactamente a ese concepto. De más está decir que no existe control ni fiscalización respecto del registro de pescadores artesanales.
Por otra parte, es imperioso cambiar el concepto de naves artesanales. Hoy, una embarcación de 50 toneladas de registro bruto no es comparable a la que existía en la década del 80 o en la época en que se dictó la ley. Cualquiera que recorre las caletas o puertos de nuestro país se da cuenta del tamaño real de las embarcaciones que utilizan los pescadores artesanales, las que se distinguen por su color amarillo y su modesto castillo. Éstas, junto con otras más modernas, son consideradas artesanales, a pesar de que no ofrecen ningún punto de comparación en cuanto a capacidad, estructura y seguridad.
Es inoficioso referirse a la representación de los pescadores artesanales, toda vez que apenas tienen un miembro en los consejos zonales y regionales de pesca, no obstante representar a una inmensa cantidad de personas, muchas de las cuales trabajan con su familia.
También es necesario que el Gobierno se preocupe de incrementar el fondo de la pesca artesanal, con el objeto de capacitar más gente en materia de comercialización, construir más puertos y modernizar las embarcaciones.
En mi región, el problema que nos aflige se relaciona con la merluza del sur o austral. En junio de este año, la captura del recurso alcanzó a 444 toneladas, las que fueron desembarcadas por la flota artesanal desde aguas interiores de la Décima Región. Según opinión de los pescadores artesanales, en julio esa cifra alcanzará a 25 toneladas, lo que significa menos de una tonelada diaria, cuota del todo insuficiente. Pero lo más grave es que pese a las promesas de nuestro Gobierno, no se ha podido establecer que las cuotas de captura de la merluza austral -que es exportada preferentemente a España, donde es muy apetecida y adquirida a precios muy altos-, se distribuyan en partes iguales entre la flota industrial y la artesanal. Eso sería justo y equitativo y corresponde a lo que piden los pescadores artesanales.
Tampoco se ha controlado y fiscalizado, en especial en el golfo de Guafo, la penetración de naves industriales en aguas interiores. Esa situación nos ha puesto en jaque, por cuanto el satélite que controlaría ese tipo de naves no está operando en la zona. En consecuencia, aquí cabe exigir a la autoridad que fiscalice esas embarcaciones mediante el sistema satelital, tal como lo aprobó en su momento esta Corporación.
Por último, quiero señalar que los precios de exportación constituyen un verdadero robo para los pescadores artesanales. Mientras en España el kilogramo de merluza se vende prácticamente en 2 mil pesos, aquí se paga alrededor de 300 pesos. En este punto falta capacitación y organización para comercializar adecuadamente este producto de exportación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, intentaré ser lo más breve posible.
Como parlamentario de la Undécima Región de Aisén, me resulta particularmente importante hacer uso de la palabra en esta sesión. Mi región está constituida esencialmente por dos macrozonas geográficas, ecológicas y socioculturales: la zona interior de la Patagonia central -la Patagonia profunda, si se me permite la expresión- y el litoral de Aisén. La primera tiene su eje en la ciudad de Coihaique, capital regional, y la segunda en Puerto Aisén, que alguna vez también fue capital. La primera se vincula a los servicios públicos, la ganadería y algunas explotaciones mineras; la segunda, esto es el litoral, principalmente a la pesca de la merluza austral o del sur y, en menor medida, del congrio.
La razón por la cual se pesca merluza austral casi de manera única está determinada, como ya expresó el diputado señor Elgueta , por el alto valor de esta especie en el mercado español, donde ingresó como especie de reemplazo de la denominada merluza española, que, como consecuencia de la sobreexplotación, desapareció de las aguas territoriales hispanas.
A diferencia del jurel y de la merluza común o de tres aletas, se trata de una especie fina utilizada en la alta gastronomía y que, por ende, se vende entera. Su pesca debe ser más selectiva y se hacen envíos aéreos como pescado fresco o congelado reciente. De esta única especie con significación económica -recuérdese que existe marea roja que impide la extracción de moluscos y bivalvos- viven varias decenas de miles de personas en el litoral, quienes, además, hacen soberanía. La autoridad pesquera nacional, en ejercicio de los instrumentos de administración pesquera que le da la ley general de pesca y acuicultura, la ha declarado en régimen de plena explotación, sujeta a un sistema que considera un máximo de cuotas de extracción. Además, existe una cuota global que divide la extracción entre los sectores industrial y artesanal. Inexplicablemente -lo digo con mucha responsabilidad-, ha habido poca transparencia respecto de la asignación de esa cuota, la que beneficia en un 40 por ciento al sector artesanal y en un 60 por ciento al industrial. Además, existen cuotas por regiones -otro punto polémico-, toda vez que existe un esfuerzo pesquero -esto es, capacidad de captura e impacto sobre la pesquería- que es mayor en la Undécima Región que en la Décima Región, lo que ha generado conflictos entre los pescadores artesanales de ambas regiones, no obstante que el recurso merluza se encuentra en mayor abundancia en la Undécima Región.
Como consecuencia de la crisis provocada por la explotación del jurel, las empresas pesqueras ubicadas en la zona centro-sur del país, entre Coquimbo y Puerto Montt, han pretendido, mediante solicitudes efectuadas a la Subsecretaría de Pesca, obtener autorizaciones para pescar en las aguas del litoral de las regiones Undécima y Duodécima. Las especies por capturar son varias, todas distintas de la merluza austral, aunque, en la práctica, no hay manera de discriminar, atendidas las artes de pesca utilizadas, entre las que destaca el arrastre.
Sin ánimo de intervenir en asuntos sujetos al conocimiento de los tribunales de justicia, existen serios problemas en el manejo de los recursos, tema que es urgente analizar y clarificar.
Por otra parte y siempre en relación con esta importante pesquería, no puedo sino insistir ante las máximas autoridades del sector en la necesidad de que se haga efectivo el cumplimiento del compromiso asumido por el ex subsecretario de Pesca del gobierno anterior en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, de enviar a trámite legislativo un proyecto de ley -tal vez subsumido en una reforma global de la actual normativa pesquera- que regule la actividad de aprovechamiento de las denominadas aguas interiores, es decir, las ubicadas al sur de la coordenada 47º 28’ 6’’. Menciono este punto por cuanto ese compromiso no se ha concretado. Más aún, desde que asumió su cargo el actual subsecretario de Pesca , señor Daniel Albarrán , quien se encuentra en la Sala, le hemos hecho presente que es imprescindible acceder a una serie de demandas del sector artesanal que tienen por objeto, además de obtener mejores instrumentos de administración pesquera, regular el denominado esfuerzo pesquero e introducir equidad en sus relaciones con el sector industrial y sus congéneres de otras regiones. El tema de la equidad es muy importante. Aquí no pretendemos que un sector se coma al otro. Lamentablemente, la actual legislación no ayuda a ese propósito.
No puedo dejar de mencionar ciertas situaciones en las cuales, hasta la fecha, no hemos logrado respuestas claras y certeras de la autoridad. Una de ellas -lo mencionó el diputado señor Elgueta - es la relativa a los retrasos en que ha incurrido la autoridad respecto del establecimiento del sistema posicionador satelital, instrumento que impediría la acción abusiva de naves industriales que tratan de vulnerar sistemáticamente las normas sobre demarcación de las unidades de pesquería o, simplemente, las aguas al norte de mi zona, donde esas flotas intentan pescar en las 5 millas reservadas a la pesca artesanal.
Quien habla, al igual que las autoridades pesqueras, queremos hacer de la pesca una fuente de riquezas y no de miserias para nuestros compatriotas que se dedican a esta actividad económica. Pese al agotamiento de ciertas especies, aún contamos con recursos hidrobiológicos y con la posibilidad de permitir la recuperación de éstos y desarrollar otros. Es hora de orientar esfuerzos en pro de una legislación nueva que asuma los desafíos de gestión y resguardo medioambiental que los tiempos actuales nos imponen y que permita también un desarrollo económico con equidad para todos los actores involucrados.
Por lo expuesto, solicito a las máximas autoridades políticas del país priorizar la situación de la pesca artesanal como uno de los temas relevantes de la agenda pública y, en el caso de mi región -pequeña en población, pero enorme en extensión-, que Aisén no vaya quedando rezagada en cuanto a los avances en el perfeccionamiento de las normas que regulan la actividad pesquera.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , junto con otros diputados, en especial con la señorita Sciaraffia , hemos solicitado la celebración de esta sesión especial, a fin de exponer la grave situación que afecta a la pesquería del recurso jurel.
En ese contexto y por el breve tiempo de que dispongo, me referiré específicamente a la realidad pesquera que vive Atacama. En compañía de autoridades regionales y representantes del sector pesquero, sostuvimos en el mes de junio último una reunión con el subsecretario de Pesca , señor Albarrán, quien nos manifestó que se aplicaría una cuota de 0,32 por ciento del tonelaje autorizado a capturar, bajo condición de muestreo biológico, a las naves locales de las regiones de Atacama y Coquimbo. A nuestro juicio, ese criterio es injusto y arbitrario, porque, de acuerdo con los registros históricos de los últimos diez años, en Atacama se desembarcó un promedio de 63 mil toneladas de jurel, que representan el 4 por ciento a nivel nacional. Si se mantiene la fórmula propuesta, se producirá el colapso total de las empresas de la región, ya que la cifra asignada no permite la supervivencia de ellas, lo que agravaría los actuales niveles de cesantía y de pobreza que afligen a nuestros puertos.
Por otra parte, a nuestro entender, dicho criterio no sólo es discriminatorio con el sector pesquero de Atacama y Coquimbo, al que le corresponde el 4 por ciento de los desembarques y no el 0,32 a las naves locales, que es el resultado que se obtiene de incorporar naves que nunca desarrollaron faenas de pesca en la Tercera Región, pero que, sin embargo, mantienen licencias vigentes debido a que nuestra región quedó como zona abierta a la dictación de la ley de pesca, como un requerimiento constitucional y una concesión que se hizo en esa oportunidad.
Cabe señalar que el tema fue conversado durante los dos últimos gobiernos con los ministros de Economía de la época, señores Ominami y Landerretche , respectivamente, con quienes existía y existe, a mi juicio, el compromiso de respetar el porcentaje histórico para las naves locales. Por este motivo, la comunidad de Atacama, sus autoridades y todos quienes la representamos, rechazamos las medidas propuestas por el subsecretario de Pesca y no estamos dispuestos a aceptar que su industria pesquera desaparezca, producto de una fórmula matemática que no contempla la equidad entre los actores, la regionalización y se aparta radicalmente de las directrices que sobre la materia ha entregado el Presidente de la República.
Estamos dispuestos, por supuesto, a cuidar de las especies bajando el esfuerzo de pesca a nivel nacional, pero en igualdad de condiciones, y no que unos pocos concedamos lo poco que tenemos al resto de las regiones.
Este fue el planteamiento expuesto el viernes recién pasado al ministro del Interior y al subsecretario de Pesca , por una delegación integrada por autoridades regionales, parlamentarios de la zona y dirigentes pesqueros, comprometiéndose el ministro a entregar una solución adecuada en un plazo de cuatro días. Esperamos que esta dramática situación sea revertida en forma definitiva, a fin de no lamentar una crisis terminal, similar a la que existe hoy en el sector de la pequeña y mediana minería en Atacama, producto de políticas erradas, aplicadas por las autoridades de los últimos diez años.
Aceptar el criterio propuesto por la Subsecretaría de Pesca significa ponerle definitivamente una lápida a la Tercera Región como zona pesquera.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a veces lo urgente nos hace olvidar lo importante. En este momento, lo urgente es preocuparse de la situación de los pescadores de todo el país. En esa actividad hay un problema social candente. Para eso, existen facultades de las autoridades y medidas administrativas que pueden ser tomadas por los ministerios y por el Sernapesca.
Sin embargo, tales facultades se ven limitadas por un asunto de fondo: el cuidado del recurso. Hoy se encuentra amenazado el stock del jurel, de la merluza austral, de la anchoveta y de la sardina. El año pasado y el antepasado advertimos que si no hay jurel y se va sobre la anchoveta y la sardina sin los estudios correspondientes y con el impacto sobre el recurso al aumentar la captura de 260 mil a casi un millón de toneladas, se producirán consecuencias imprevisibles y nos encontraremos con un problema peor. Los pescadores artesanales se verán seriamente afectados, además, porque no tienen otra alternativa, pues si no hay anchoveta ni sardina no tendrán qué sacar, ya que no cuentan con las artes de pesca para renovarse, carecen de financiamiento, no son viables para la banca y no tienen acceso al crédito. Por lo tanto, en esta sesión debemos abocarnos tanto a lo urgente como a lo importante.
Se encuentran en la Sala el ministro y el subsecretario del ramo; por ello, el debate debe centrarse en lo urgente, porque hay medidas que adoptar -algunas ya se tomaron- y ver si se decretarán o no vedas. Todos los informes técnicos que nos han llegado señalan claramente que habrá veda de la anchoveta y que no existe otra posibilidad, pues el recurso presenta una tendencia descendente en su biomasa parental total y de reclutamiento, con niveles de mortalidad por pesca superiores a los recomendados para sustentar la pesquería en el largo plazo. Por lo tanto, esa será la recomendación, de acuerdo con el informe técnico Nº 25, sobre suspensión del acceso industrial y artesanal a la pesquería de la anchoveta en las regiones Primera y Segunda por los años 2000 y 2001. Es decir, los informes técnicos que están en poder de la autoridad, como el Nº 26, sobre la sardina española, reflejan lo mismo: importante afectación sobre la biomasa de estos recursos, lo que significará imponer veda. O sea, claramente, se hace exigible un régimen de administración que posibilite que el recurso no se agote y se mantengan ventanas de sobrevivencia -como las he llamado-, especialmente dirigidas a los trabajadores que tienen como única fuente de subsistencia la pesca.
Pero no por ello podemos dejar de lado el tema importante. Esto no es un asunto nuevo en la Cámara. En abril de l998 se formó una comisión investigadora conjunta, con las Comisiones de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en la cual trabajamos casi un año y escuchamos a todos los actores. El resultado respecto del jurel fue que existía un incremento pesquero sobredimensionado en 90 por ciento y de 523 por ciento en capacidad de bodega total instalada. Por lo tanto, la Comisión concluyó que había sobreexplotación del recurso.
Asimismo, en noviembre de l998 una comisión abordó el tema de la merluza austral. Viajamos, conversamos con todos los actores y llegamos a la conclusión de que existía sobreexplotación y sobreinversión en el sector, disminución de áreas de pesca, por concentración del esfuerzo pesquero; deterioro de la pesca artesanal, disminución de la captura por unidad de esfuerzo y disminución de la talla media de captura. Por lo tanto, se declara la mantención de acceso cerrado a la pesquería industrial y artesanal mientras no se verifique la recuperación del recurso. O sea, hace dos años se constató una dificultad seria del recurso, aparte de la situación de blanqueo de la merluza. Quienes estuvimos en los canales australes, comprobamos que una es la que se declara y otra la que se pesca. Como anécdota, puedo decir que ni siquiera tuvimos oportunidad de probarla, porque estaba escasa y no por efecto de la veda.
Además, entre el 31 de julio y el 1 de agosto de l997, la Cámara de Diputados realizó un seminario titulado “La ley general de pesca y acuicultura: un balance necesario”. Debatimos sobre desarrollo sustentable de las pesquerías; pesca artesanal: realidad, desafíos, perspectivas; acuicultura, pesca en alta mar, Chile más allá de la zona económica exclusiva, condiciones laborales.
En definitiva, no podemos desaprovechar la oportunidad de escuchar de nuestro gobierno lo relativo a las modificaciones a la legislación vigente, pues la crisis de la ley de pesca es total. En la Octava Región la mesa de diálogo pesquero sustituyó, en los hechos, al Consejo Nacional de Pesca, y allí se tomaron las decisiones.
Demando del Ejecutivo , de mi Gobierno, un nuevo proyecto de ley de pesca, amplio, y, desde ya, me declaro contrario a una iniciativa de parche, “flash”, corta, que sólo se aboque al problema inmediato.
Aquí hay un tema de fondo; si no lo enfrentamos ahora, la pesquería se concentrará y unas pocas empresas pesqueras que se van a comer a las más pequeñas. Hay interés del sector industrial de hacer una modificación profunda a la ley de pesca, que permita que sobrevivan todos. El mar es de todos los chilenos y debemos permitir que todos los que están en el sector puedan sobrevivir. Hoy los chicos se están muriendo producto de la voracidad de los grandes y de las medidas administrativas que no se tomaron, no en este Gobierno, sino hace mucho tiempo.
Por lo tanto, el tema de fondo es la modificación de la ley de pesca, y las explicaciones de por qué no se hace ahora y de por qué el año pasado salió del Senado la ley de cuotas individuales transferibles son parte del debate.
Me reservo el resto de los minutos que me quedan para intervenir con posterioridad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Melero por siete minutos.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, el problema que nos reúne hoy -me habría gustado que hubiera estado el ministro del Interior - no es sólo pesquero, sino técnico, social y político.
Estamos hablando de uno de los recursos productivos más importantes del país. Representa ingresos por más de 1.800 millones de dólares y da trabajo para mantener a más de 100 mil familias.
El problema es mucho más grave que lo ocurrido en el carbón o en otras actividades, que quizás han concitado mayor concurrencia y relevancia.
Es importante partir por señalar claramente que estamos hablando de especies distintas. El jurel es una especie pelágica altamente migratoria, vive muchos años, llega hasta las costas de Nueva Zelanda en el Pacífico sur y desde las Galápagos hasta los mares australes de Chile, a diferencia de una sardina o de una anchoveta, recursos pelágicos costeros que se desarrollan dentro de las cinco millas y que, obviamente, no tienen las características ni el ciclo de vida del jurel.
Eso hay que tenerlo presente, porque, sin lugar a dudas, el primer problema surge de un fenómeno oceanográfico y climático, como la corriente de “El Niño” y posteriormente, la de “La Niña”. El alza de la temperatura generó que en un momento dado las especies más adultas migraran hacia los océanos y las más juveniles se quedaran en las líneas costeras.
Pero no sólo es un problema oceanográfico o climático, sino también de administración pesquera.
Hasta 1997 el sector pesquero tuvo un alto crecimiento. Llegó, como se ha dicho, a cifras tan importantes como 4.400.000 toneladas de jurel, por mencionar una de las especies. De ahí en adelante ha declinado y en la actualidad atraviesa una situación crítica. Las últimas cuotas que se están autorizando llegarían a un límite máximo de 1.200.000 toneladas. Algunos técnicos recomiendan no sobrepasar las 800.000.
En definitiva, tenemos menos recursos pesqueros que los que había hasta 1997. Sin embargo, existe una gran capacidad instalada de flota, de bodega y gente de mar preparada, tanto de tripulantes como de la que trabaja en plantas faenadoras en tierra, así como todas las familias involucradas en el comercio, que están siendo afectadas por esta situación.
¿Qué hacer? ¿Cómo enfocar, entonces, este problema de sobredimensión? Ya se dijo que hubo, sin duda, sobreexplotación; no una ilegalidad, porque nada de esto se ha generado al margen de la ley de pesca, sino por la forma en que se administró. Es importante consignar esto, porque a veces uno escucha discursos de defensa de los depredadores industriales, los que, sin ninguna sensibilidad, capturaron este recurso en forma excesiva. Si esto ocurrió fue porque, aun estando cerrado el acceso -lo que se produjo en 1991 con la aprobación de la ley de pesca y la declaración de estas especies en plena explotación-, se aumentó la capacidad de captura por la mayor capacidad que la flota autorizada podía tener y por el reemplazo de naves y nuevas autorizaciones que se fueron generando.
¿Qué hacer frente a este diagnóstico? Sin lugar a dudas, no podemos señalar como causa sólo a los fenómenos climáticos o problemas de administración, sino también a la actual legislación pesquera, que, a mi juicio, necesita una modificación.
Discrepo de algunos colegas respecto de la necesidad de abordar el fondo y después ir a lo urgente. Creo que necesariamente debemos hacernos cargo de lo urgente. Hay muchos miles de personas que están quedando cesantes. Si no buscamos una forma nueva, distinta de regular el acceso a estas pesquerías, tampoco podremos enfrentar esta situación en dos años, como se está planteando. Dudo que alcancemos a hacer una revisión de fondo de la legislación pesquera con la urgencia que requiere el tema.
¿Qué hay que hacer? El sistema de fijar una cuota de captura y que haya lo que se ha denominado una carrera olímpica es el peor escenario que podemos seguir manteniendo, porque otra vez serán favorecidos los más grandes, los que tienen las naves con más capacidad instalada y mayor capacidad de esfuerzo pesquero respecto de los más pequeños; y para qué hablar de los artesanales.
La carrera olímpica perpetúa el problema. La cuota global de captura y que todos vayan tras ella es un sistema que no puede seguir.
Es conveniente tomar la experiencia de otros países, como Islandia o Nueva Zelanda, por mencionar algunos, que frente a dificultades semejantes entraron a un sistema de cuotas individuales de captura o, como se ha propuesto hoy, cuotas individuales por armador.
No me quiero pronunciar sobre cómo distribuimos eso. Aquí está el eje del problema, que es complejo y difícil. Algunos dicen que si lo hacemos por armadores, reconociendo las pescas históricas y la capacidad de captura y de bodegaje en los últimos tres años, dejamos fuera a quienes han entrado más tarde o más temprano, o podemos favorecer sólo a un grupo de siete u ocho grandes empresas.
El equilibrio es fundamental en esa materia, es el punto de quiebre sobre cómo repartimos esta cuota global o alícuota, de acuerdo con la capacidad de captura que cada armador, empresa o nave pueda tener en su momento.
Ése es el tema de discusión y no el de la necesidad de ir a un cambio radical al que hoy hemos tenido, de la carrera olímpica a un sistema de cuotas individuales. ¿Cómo las asignamos? Será materia de discusión.
Con todo respeto, pido al Gobierno que envíe este proyecto de ley, señor ministro. Lo necesitamos ya. No esperemos el consenso extramuros de este Parlamento. Discutámoslo acá. Aquí veremos, de acuerdo con la propuesta que sólo el Ejecutivo tiene posibilidad de elaborar, qué nos gusta y qué nos disgusta. Serán las mayorías las que decidirán.
Si no avanzamos en esta materia, temo que el descontento social, el desempleo, las presiones políticas en vísperas de elecciones municipales, la incapacidad de muchos parlamentarios de desdoblarse para ver el bien común general y postergar el bien común individual de su zona, nos van a llevar al colapso por la depredación de este recurso pesquero tan importante para el país. Es hora de terminar con esto y de enviar el proyecto de ley.
Para ello deben cumplirse tres requisitos básicos: en primer lugar, contar con el acuerdo del Consejo Nacional de Pesca, organismo que nosotros creamos como instancia de proposición y de análisis al interior del sector. En segundo lugar, tiene que ser un proyecto que dé estabilidad futura a la actividad pesquera, que permita la creación de nuevos empleos y la reactivación del sector y, en tercer lugar, la iniciativa debe aprobarse con la debida celeridad para que el remedio llegue en forma oportuna a una actividad que espera hace más de dos años.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, la crisis pesquera recorre el país de norte a sur, dejando a su paso una secuela de cesantía. Ése es el punto que nos preocupa.
En este momento podemos preguntar: ¿Por qué hay crisis en la pesquería? ¿La hay realmente?
A simple vista, pareciera que sí, por cuanto todas las especies que se extraen del mar han ido disminuyendo en tamaño y cantidad.
¿Qué originó esta crisis? En 1974 capturábamos 400 mil toneladas y en el año 96 subimos indiscriminadamente a más allá de 6 millones de toneladas. Indudablemente, ha habido una mala administración del uso de este recurso natural renovable a través del tiempo.
El país ha sido privilegiado por la naturaleza. Cuenta con recursos en el mar y en el subsuelo; tiene aguas superficiales y subterráneas, nieve que cubre sus montañas, vertientes que nacen espontáneamente en la cordillera, viento suave o rebelde que limpia la atmósfera, bellos bosques naturales, el canto de los pájaros, etcétera, que no son propiedad de nadie en particular, sino de Chile y de su pueblo; pero, a través de nuestra historia, no hemos sabido administrar los recursos naturales que nos han caído del alto cielo.
Por consiguiente, estamos frente a una lamentable situación. Las grandes empresas e industriales del sector pesquero abusaron de este recurso que pertenecía a todos los chilenos. Hoy tenemos que someter la realidad de nuestros mares a un estudio muy profundo, no sólo por un organismo, sino que, ojalá, por dos o por tres, para saber efectivamente cuál es la real situación de nuestros recursos pesqueros a lo largo del país, con el objeto de tratar de proteger, en la medida de lo posible, a las empresas que generen más trabajo, especialmente a las pequeñas y medianas y al artesanado del sector pesquero. Esa debe ser nuestra preocupación central y, sin duda, del Gobierno.
Sin embargo, aquí tienen que asumir su cuota de responsabilidad los grandes industriales, quienes, a través de muchos años, no hicieron otra cosa que ganar grandes fortunas mediante la transformación de estos peces en harina de pescado para las necesidades internas y para los grandes negocios que se hicieron en el extranjero.
Hoy tenemos que proteger este recurso renovable -que pertenece a todos los chilenos- para que, a través del tiempo, genere trabajo, esperanza y tranquilidad a la gente que ha vivido de él por años.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra la honorable diputada señora María Victoria Ovalle por tres minutos.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, hoy tuvimos una sesión sumamente interesante en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. En ella se produjo un debate esclarecedor, en que se nos proporcionó mucha información. Quedó clarísimo algo que para mí es sumamente grave: nadie sabe cuál es la biomasa del jurel existente en la actualidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay jurel o no hay jurel? No hay información. Unos decían que había en exceso, que se había acabado la crisis, que era ficticia, cosa que considero que no es cierta. No hay nadie que pueda decir en este minuto que no estamos viviendo una crisis espantosa por la falta del recurso.
Otro punto de discusión es la talla del recurso. Hubo muchos en la Comisión que decían que esa especie ya era adulta, que la corriente de “El Niño” había pasado y que tenía una talla grande. Por información fidedigna que poseo, puedo señalar que en la actualidad alcanza una talla de 26 a 28 centímetros, que no es grande.
Ésta es la realidad. Tenemos que hablar con la verdad, no podemos engañarnos.
Coincido con todo lo que dijo el honorable diputado señor Melero ; pero tengo una opinión distinta respecto de algo en lo que todos coincidieron en la Comisión: cómo vamos a adjudicar estas cuotas individuales. Creo que ahí radica el problema.
Tengo la valentía moral de reconocer que durante el gobierno militar, aunque se hicieron muchas cosas buenas, se cometieron irregularidades. Por ejemplo, conceder permisos arbitrarios a cinco empresas, que hoy son los grandes industriales de la Octava Región, que tuvieron la zona cerrada para ellos en perjuicio de los pequeños y medianos empresarios, que son los que dan más trabajo en este sector.
Por lo tanto, considero que el Gobierno tiene una responsabilidad que no puede evadir. La Concertación siempre ha dicho que se cometían arbitrariedades. ¡Arréglenlas! No pueden conceder cuotas individuales basándose en permisos anteriores, que no estaban dentro de la ley de pesca, porque realmente es un beneficio ilegítimo para unos pocos.
Lamento no poder terminar de expresar mi opinión, porque se me acabó el tiempo. Solamente quiero decir que hubo unanimidad en la gente que opinó en la Comisión en que esto debía hacerse por bodega de barco y, además, por pesca histórica. Creo que sería una forma más equitativa de asignar esta cuota individual.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , en primer lugar, comparto las expresiones de varios de mis colegas y sus preocupaciones respecto de la pesca artesanal, tema sobre el cual no abundaré. Más bien me referiré a una cuestión muy puntual, que dice relación específicamente con la forma en que se va a regular la situación que hoy afecta a la pesquería, fundamentalmente a la del jurel.
No cabe la menor duda de que, por la sobredimensión de la flota y por sobreexplotación de los recursos, hoy existen problemas, los que se pretenden solucionar, como se ha señalado públicamente, mediante el control de la captura de las pesquerías en estos momentos de crisis. Señala un diario: “El sistema distribuirá la cuota global de captura, limitando autorizaciones de pesca industrial”. Es decir, habrá límites máximos de captura por armador.
Respecto a la captura del jurel, se dice que se ha autorizado la explotación de 630 mil toneladas del recurso, asignándose a las regiones Tercera y Cuarta, de acuerdo con la aplicación del coeficiente fijado por el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, sólo el 0,32 por ciento de ese total, en circunstancias que, tal como lo han señalado otros colegas, históricamente esas regiones han tenido un porcentaje de captura de alrededor del 4 por ciento.
¿Qué demando? Justicia, equidad y conciencia del problema que hoy día afecta al sector. Demando justicia para que a cada uno se le dé lo suyo. Esa debería ser también la voluntad del Gobierno y la forma de enfrentar el problema. No tendrían que existir pesquerías más favorecidas; ninguna región o pesquería debería perjudicar a otras, dada la aplicación del coeficiente que se pretende aplicar para el jurel.
Me quiero detener aquí en una cosa. En 1992, cuando se dictó la ley de pesca, había inscritas treinta naves aproximadamente en la pesquería de las regiones Tercera y Cuarta. Como el resto de las macrozonas pesqueras fueron cerradas en 1992 y quedó abierta la de esas regiones, se inscribieron muchas embarcaciones a partir de ese año, pero no para pescar en las aguas de esa macrozona, sino para tener una parte mayor de la cuota global en el país. De 30 pasamos a 126 naves que hoy están autorizadas para pescar en la segunda macrozona o en las regiones Tercera y Cuarta. Esas naves no pescan en esas regiones, sino en otros lugares del país, y mantienen sus patentes vigentes recurriendo a algún subterfugio o pescando un solo día en la macrozona.
¿Qué se pretende hacer hoy? Calcular el coeficiente sobre la base de las 126 naves que nunca han pescado en las regiones Tercera y Cuarta. Por cierto, aprovechan ese 4 por ciento histórico, pero lo llevan a otras industrias y no a las de esas regiones. Eso significa que las 130 mil, 1 millón doscientas mil, 2 millones o cien mil toneladas que representarían el 4 por ciento de desembarque histórico, no corresponden a la segunda macrozona, como tampoco corresponde entregarles a las regiones Tercera y Cuarta la posibilidad de pescar sólo el 0,32 por ciento. Lo que procede es que pesquen el 4 por ciento, como corresponde.
Partí diciendo que lo que demandaban las autoridades era justicia, porque hoy no cabe observar el problema y aplicar la norma, y decir que en las regiones Tercera y Cuarta hay 126 naves, en circunstancias que no existen, sino precisar cuántas han pescado históricamente. Además, hay que destacar el esfuerzo y la concesión que hicieron las regiones Tercera y Cuarta para la constitucionalidad de la ley de Pesca, que elaboró el Congreso en 1992 -especialmente los colegas de esas regiones-, para dejar la macrozona abierta, lo cual significó inflar la flota, aproximadamente de 30 a 126 unidades pesqueras. Eso, no cabe duda, hoy se transforma en una tremenda injusticia. Si se aceptara lo que ahora está proponiendo la autoridad, seríamos tremendamente injustos, de nuevo, porque la Tercera Región no puede pagar otra vez el costo, ya que lo hizo en 1992.
Termino estas palabras diciendo que en la Tercera Región estamos unidos con los artesanales para enfrentar este problema, cualquiera sea el procedimiento que se aplique. Demandamos justicia a fin de que se dé a cada uno lo suyo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el ministro de Economía , Minería y Energía, señor José De Gregorio.
El señor DE GREGORIO ( Ministro de Economía , Minería y Energía).-
Señor Presidente , quiero hacer algunas observaciones sobre los puntos que se han puesto en discusión y, posteriormente, me gustaría que el señor subsecretario de Pesca profundizara en algún tema específico.
Quiero sintetizar el problema de la crisis pesquera resumiendo algo que he escuchado y lo que han planteado parlamentarios de las regiones Primera, Segunda, Tercera, Octava, Décima y Undécima. Prácticamente en todas las intervenciones hemos escuchado una demanda regional por mayores autorizaciones de pesca.
Eso resume el problema pesquero, que, a nuestro juicio, es de protección de un recurso que debe ser capaz de generar riqueza y trabajo de manera sustentable. ¡Ese es nuestro rol! Nuestra función fundamental resultaría, tal vez, muy fácil cediendo a muchas de las presiones, pero al final creemos que nuestra responsabilidad es la sustentabilidad del recurso pesquero.
El problema llega a ser muy grave porque, incluso, he escuchado a un honorable diputado decir: “No aceptaremos las medidas administrativas de la Subsecretaría”. Eso, a nuestro juicio, refleja la gravedad de un problema que se percibe en muchas regiones; pero nosotros seguiremos tratando, con la mayor transparencia y con los instrumentos que tenemos, de proteger al máximo el recurso pesquero.
Las realidades son bastante diversas. Por eso no me quiero referir a ellas, pero sí señalar algunos problemas que deberíamos resolver.
En primer lugar, existe acuerdo con la legislación pesquera vigente. Aquí la discusión versa sobre si deberíamos elaborar una ley integral -sin duda, es lo que más nos interesa- que permita regular el sector para los próximos quince o veinte años; pero, como estamos viviendo una emergencia, necesitamos con premura un instrumental más moderno de administración pesquera, por lo cual estamos interesados -el señor subsecretario puede señalar después algunas líneas generales al respecto- en presentar un proyecto de ley transitorio que nos permita tener mejor instrumental para manejar la situación el próximo par de años, mientras preparamos y presentamos un proyecto más comprensivo y general para el sector.
En segundo lugar, otro aspecto muy importante, en el que hemos empeñado nuestro esfuerzo desde que comenzó el Gobierno del Presidente Lagos, cual es hacer esto en un clima de diálogo. Hemos establecido mesas de diálogo en muchas regiones para juntarnos con los actores, porque creemos que éste es un problema nacional y regional, que deberíamos abordar entre todos, lo que incluye, de manera importante, a los pescadores artesanales, a los trabajadores industriales y a quienes debemos dar alguna respuesta.
Estamos conscientes de que existe un exceso de capacidad; no somos ignorantes acerca del recurso, como se afirmaba. Existen investigaciones que nos permiten conocer con cierto grado de precisión la biomasa y, por lo tanto, la sustentabilidad del recurso.
Creemos que lo relevante -también lo señalaba un parlamentario de la Octava Región- es que éste no es sólo un problema de pesca y de cómo la vamos a administrar. En el sector existen temas más globales que deberíamos abordar con el instrumental general que tenemos en materia económica. Por eso el tema de capacitación y de apoyo, en particular a los pescadores artesanales, es de primerísima importancia.
Por ejemplo, hemos escuchado plantear problemas de comercialización de la merluza austral y de diferenciales de precio que, sin duda, a algunos parlamentarios les preocupa, ya que muchos pescadores, con justa razón, encuentran que la asignación no es equitativa. Hay problemas de comercialización y nosotros deberíamos proveer capacitación para mejorar esas condiciones.
Hay un problema de gestión que discutiremos mañana. En muchas actividades de la pequeña empresa, en general, existen serios problemas de gestión y nosotros, a través de Corfo, tenemos la posibilidad de apoyarla.
Ayer, con el Presidente de la República , inauguramos el inicio de obras de un muelle para pescadores artesanales en la Duodécima Región. Allí hay un tremendo potencial de asociatividad, de trabajo conjunto, de mejorar las condiciones de los pescadores artesanales y, sin duda, debemos hacer un esfuerzo para entregar capacitación y contribuir al mejoramiento de su actividad pro-ductiva.
Tenemos problemas -también en el sur- respecto de concesiones acuícolas. Estamos avanzando para destrabar muchas concesiones que están impidiendo el accionar en regiones que deben sufrir transformaciones dentro de la actividad pesquera.
Es esencial -y por eso debemos pensar en algún proyecto- incrementar el valor agregado. El problema de la carrera olímpica en el sur, así como el caso que recién se mencionaba respecto de la rapidez con que se pesca la merluza en el sur, lo cual afecta la comercialización, son áreas donde creemos posible avanzar para producir un mayor valor agregado. Sin embargo, para esto es importante contar con un nuevo instrumental para la administración pesquera, porque el que tenemos es insuficiente y no será capaz de solucionar un problema que, como país, debemos abordar con bastante decisión.
Solicito que se permita intervenir al señor subsecretario de Pesca para que formule algunas precisiones respecto de ciertos argumentos dados durante la discusión del proyecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor ALBARRÁN ( Subsecretario de Pesca ).-
Antes de dar respuesta a las principales consultas de los diputados referentes al jurel de las regiones Primera y Segunda, a los temas del 04, del jurel de la Tercera y Cuarta regiones, y al de la merluza, me gustaría hacer una pequeña presentación sobre las causas por las cuales nos encontramos hoy en la situación que todos los diputados han dado a conocer de una u otra manera.
La ley de pesca de 1991 está estructurada sobre la base de entender que el mar tiene recursos inagotables. Por eso entregó instrumentos de administración que, fundamentalmente, consistían en la declaración de zonas de veda, pero referidas al período de crecimiento de los peces o de su desove; nunca entendidas como medidas que pudieran tomarse cuando el recurso ya estaba casi colapsado.
Asimismo, entregó otros instrumentos de administración, como las artes de pesca o el tamaño mínimo; pero en ningún momento algún instrumento por el que pudiera entenderse que la ley fuera conservacionista; que los recursos son renovables si se extrae de ellos una cantidad importante pero compatible con su renovación.
La ley permitió que los distintos actores pesqueros pudieran aumentar fuertemente sus permisos de pesca e instrumentos, básicamente sus barcos y las artes de pesca. Desde 1991 hasta la fecha, el potencial de pesca del país se ha más que triplicado en términos de volumen de bodega de barcos. Pero cuando los barcos no sólo tienen tres veces más bodega, sino también instrumentos electrónicos para detectar la pesca, artes de pesca más eficientes y sus motores con mayor potencia, la pesca es más eficiente.
La autoridad ha observado cómo la flota pesquera crecía y crecía. Obviamente, en algún minuto esa expansión puede haberse visto con optimismo, cuando las cifras de captura subían, por ejemplo, de tres millones a cinco, ocho y ocho millones y fracción de toneladas extraídas del mar, de las cuales 4,4 millones de toneladas correspondieron, en 1995, al recurso jurel.
Finalmente, esta alta explotación, durante tanto tiempo, hizo que el recurso pesquero, renovable, y fundamentalmente el de jurel, anchoveta, sardina, merluza -común, cola, austral, de tres aletas- y algunos otros, disminuyera sus niveles de existencia hasta el punto de que la autoridad no tuvo otra opción para administrarlos que aplicar la veda, dejando a los distintos actores sin pescar y abriendo la pesquería en algún momento para volver a cerrarla después, en función de una cuota global o máxima de captura.
Con este mecanismo hemos llegado al 2000, donde el recurso pesquero es menos de la mitad del que se llegó a tener en algún momento “peak” de 1995.
El sistema pesquero vigente permite a cada uno de los actores, con sus permisos de pesca, extraer la máxima cantidad posible antes de que la autoridad fije la veda o establezca la cuota. Esa situación nos lleva a una carrera olímpica, en la cual las empresas con mayor capital o poder compran barcos y sistemas de detección más eficientes. En definitiva, vemos cómo han agotado la cuota autorizada en menor cantidad de tiempo, dejando a todos los activos industriales, fundamentalmente trabajadores, en una situación de temporalidad: trabajan un mes, dejan de hacerlo dos, vuelven a laborar un mes, interrumpen sus actividades durante tres meses y, a veces, pasan períodos bastante largos sin poder hacerlo, como consecuencia de que el recurso ha colapsado.
Repito las palabras del ministro cuando escucho las solicitudes de los señores diputados. Cada uno de ellos, con lógica y razón, plantean que su región quiere más cuota de pesca, entendiendo que esa demanda, sólo para una región, no será tan grave para el recurso; pero como todas las regiones desean aumentar la pesca, sin lugar a dudas, el efecto sobre el recurso es lapidario y tenemos absoluta certeza y seguridad de que no se renovará a la velocidad que los humanos queremos, sino sólo a la que tiene según las condiciones climáticas, del mar y de sus propias condiciones de crecimiento.
Los informes técnicos que posee hoy la Subsecretaría de Pesca, preparados tanto con el Instituto de Fomento Pesquero como con las universidades e institutos privados, muestran a Chile -así lo han reconocido auditorías de peritos internacionales contratados- en un nivel suficientemente bueno sobre el conocimiento de sus recursos; pero ello no significa que haya más, por lo cual hoy, lamentablemente, nos enfrentamos a tener que repartir escasez. Por más que queramos ser equitativos, justos, y dar a todos la mayor cantidad posible, no alcanza para todas las regiones. En la actualidad, existen serios problemas de escasez, industrias en proceso de cierre, de quiebra, de fusión, de absorción y, lo más grave, una cantidad de trabajadores que están pensando cómo enfrentarán el futuro, porque su fuente de trabajo se está terminando.
Coincido con algunos parlamentarios que entienden que éste no es sólo un problema pesquero, en que es posible reabsorber esta capacidad de pesca con trabajadores, profesionales, recursos financieros físicos y otros. Simplemente, debemos hacer un trabajo como país, como Estado, y, de alguna manera, reconvertir en otras parte de las actividades que realizan esos trabajadores, profesionales y técnicos. El Ministerio está trabajando en esa finalidad con el apoyo, fundamentalmente, de los distintos instrumentos de que se disponen, objetivo que esperamos poder llevar a la práctica en conjunto con los ordenamientos pesqueros que quisiéramos.
Antes de plantear el tema de fondo, quisiera tomarme unos minutos para responder algunas preguntas y dudas de los señores diputados.
Efectivamente, la autoridad fijó, en junio, la veda del jurel para las regiones Primera y Segunda. Los elementos que se tomaron en consideración para establecerla son los siguientes:
En primer lugar, el jurel de esas regiones es igual al que existe desde la Tercera a la Décima regiones. Su biomasa es una sola en todo el frente de Chile, incluso en el océano, hasta llegar a Nueva Zelanda, y las medidas que tomemos sobre ese pez en cualquier región, en justicia, deben ser tomadas para todas ellas si queremos realmente tener un tratamiento equitativo que no sea preferente para nadie.
En segundo lugar -como las respuestas que han estado dando los industriales del sector han sido de alguna manera caja de resonancia de terceros-, el jurel, con todos los antecedentes disponibles en la Subsecretaría, no es fauna acompañante de la sardina y de la anchoveta. Analizados más de 4 mil lances, tomados de las bitácoras de los barcos pesqueros del sector industrial, entre 1996 y 1998, en ninguno de ellos se pudo encontrar y demostrar que salía jurel cuando se pescaban sardinas y anchovetas.
A mayor abundamiento, la pesca de sardinas y de anchovetas de la industria pesquera de las regiones Primera y Segunda, de junio del presente año, alcanzó la misma cantidad de junio de 1999. Ese año no hubo veda de jurel, pero sí el 2000, lo cual, de alguna manera, apoya la tesis de que no son pescas que se encuentren unas con otras y, por lo tanto, correspondía, desde el punto de vista de la objetividad, cumplir con el mismo procedimiento aplicado al resto del país.
En tercer lugar, las informaciones técnicas acreditaron que el jurel de las regiones Primera y Segunda, a partir del 1 de marzo de este año, sería de 12 centímetros, lo cual significa que pesaría un tercio de otro de veintiséis centímetros. El daño que se hace al recurso es triple al sacar un jurel tan pequeño. Por lo tanto, estos elementos no podían ser dejados de lado ni considerarse como mérito para lo mismo.
Sin embargo, frente a la posición de las regiones Primera y Segunda, en el sentido de que el jurel podría tener algún tipo de combinación y mezcla con la sardina y anchoveta, se planteó y desarrolló una pesca de investigación, entre el 3 y 12 de julio, con las tres industrias que operan en la zona, la cual está próxima a terminar, lo que nos permitirá saber a ciencia cierta si existe realmente tal mezcla y tomar las medidas respecto de esta pesquería con los antecedentes científicos y técnicos obtenidos.
En cuanto al futuro establecimiento de una veda de anchoveta y sardina para las regiones Primera y Segunda, taxativamente sostengo que no hay estudio al respecto en relación con su biomasa. Lo que está pendiente es la veda anual, de aproximadamente 40 días, durante el período de desove, que se produce más o menos entre el 20 de julio y el 20 de septiembre, en la cual se toma en consideración el desarrollo de la sardina y anchoveta que se extraen en forma permanente a través de una investigación que se hace sobre el recurso. La industria está consciente de ello y acepta la situación.
En consecuencia, entiendo que el tema jurel de las regiones Primera y Segunda es de equidad, por cuanto no era posible tener a diez regiones bajo condiciones de escasez en aras de la renovación y sustentación del recurso y hacer la vista gorda respecto de lo que estaba ocurriendo en dos regiones, que cumplían efectivamente el mismo objetivo.
En cuanto a la merluza del sur, debo decir que este recurso está en plena explotación, que se fija una cuota global anual sobre el mismo, correspondiente a 24 mil toneladas, de las cuales -por razones técnicas, por la forma dónde vive el recurso, por la biomasa y cómo se entrega- un 60 por ciento de esta pesquería debe hacerse en aguas exteriores de las regiones Décima, Undécima y Duodécima, y un 40 por ciento, en aguas interiores. Por esta razón, las aguas exteriores están reservadas sólo para la operación de naves industriales, y las interiores, para el sector artesanal, que participa de este 40 por ciento.
Sin embargo, como en algún momento puede parecer que las cantidades son insuficientes, quiero decir que este 40 por ciento representa alrededor de 9.600 toneladas. Ese volumen, por la cantidad de pescadores artesanales existentes en las regiones Décima, Undécima y Duodécima, significa un día de pesca para cada uno de ellos en el mes; pero si por algún motivo fuera el ciento por ciento en aguas interiores, la pesca, en vez de efectuarse un día, correspondería a dos días y medio. Es decir, si la merluza del sur fuera pescada en un ciento por ciento por los pescadores artesanales, serían sólo dos días y medio de pesca en el mes.
El problema no es que haya una mala distribución, sino que faltan recursos; hay más pescadores artesanales, más buques industriales o más pescadores con barcos intermedios que los recursos de que disponemos. En consecuencia, debemos tomar medidas para administrar esa escasez de recursos, lo que debe ser acompañado con políticas económicas, sociales y de reconversión que permitan que este grupo de personas -empresarios, técnicos, profesionales, trabajadores de industrias y artesanales- puedan, de alguna manera, reestructurar su vida en función de posiciones futuras.
Por último, en el entendido de que hay escasez de recursos, exceso de esfuerzo o de actores que actúan en las pesquerías, estamos ciertos de que la situación requiere un ajuste y una modificación de fondo en la legislación pesquera. Por lo tanto, estamos trabajando intensamente para presentar un proyecto de ley, probablemente durante el curso del 2000, que lleve a una transformación y reconversión del sector, con la incorporación de sus trabajadores.
Sin embargo, también entendemos que un proyecto de esa envergadura requerirá un proceso legislativo que no alcanzará a estar terminado el 31 de diciembre de este año. Por ello, en forma paralela, proponemos un proyecto de emergencia -se aplicará en no más de dos o tres años, o por el tiempo necesario para que la legislación se logre reformular en su conjunto- a fin de que todos los actuales actores que participan en la pesca puedan seguir haciéndolo, pues no tenemos la intención de dar o quitar más derechos. Sólo deseamos restringirlos a la cantidad máxima que es posible extraer de los recursos disponibles, en función de los informes técnicos, con la aplicación de una política conservadora tendiente a lograr un recurso renovable.
Respecto de cómo establecer y fijar esta restricción de captura a los actuales actores, creemos que los instrumentos deben basarse en la pesca histórica que hayan obtenido durante el último tiempo y en los volúmenes de bodega fijados en las respectivas autorizaciones pesqueras.
El proyecto debería ser de corta duración, para permitir a la autoridad pesquera decidir, año a año, en qué cuota global técnica se puede distribuir el recurso.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, quiero empezar diciendo que no he escuchado a ningún colega referirse a un aumento en la cuota de pesca en las regiones. Lo que oí fue un planteamiento razonable sobre el desempleo y problemas permanentes con diversas consecuencias, entre ellas, una situación de desconfianza en torno de la información que se maneja. Quizás esto no sea de responsabilidad de este subsecretario ni del ministro ; pero hay datos y antecedentes que generan dudas razonables, más aún en una crisis largamente anunciada como ésta.
En relación con los estudios, tengo el informe final del Instituto de Investigación Pesquera de la Octava Región, en el cual se señala la existencia una biomasa total de 20 millones de toneladas en 1996, estudio realizado en enero de 1998. Otro estudio del Ministerio de Economía, de octubre de 1998, indica que en 1996 había 14 millones de toneladas. El mismo ministerio, en noviembre de 1999, manifiesta que hay 7 millones de toneladas en 1996, pero ese mismo año sostiene que hay 6 millones de toneladas. Debido a que todos estos estudios contienen cantidades distintas, consulto cuántas toneladas de jurel había en 1996. Todos estos antecedentes, de los cuales nos hacen partícipes y que también disponen los pescadores artesanales e industriales, generan dudas razonables.
Esto también se origina cuando la veda se utiliza como un mecanismo de administración pesquera permanente, a pesar de ser un instrumento de emergencia, de urgencia, que no debiera ser aplicado en forma permanente, situación de la que siempre hemos reclamado. En la Cámara, desde 1997, se vienen analizando las modificaciones de la ley de pesca.
El año pasado hubo varias sesiones al respecto, tanto en la Comisión de Recursos Naturales como en la de Agricultura, Silvicultura y Pesca, para analizar las modificaciones a la ley de pesca, porque no puede seguir utilizándose la veda como un mecanismo de administración pesquera permanente, que siempre tiene ciertos dejos de arbitrariedad.
Es necesaria una modificación de la ley de pesca, y estoy de acuerdo con los colegas que han manifestado que se requiere una de carácter global, que involucre todos los problemas del sector pesquero y los intereses encontrados. Sin embargo, deben abordarse con urgencia los problemas de hoy, en lo que también estoy de acuerdo con el ministro.
Hay problemas que requieren con urgencia una solución. La gente de la Octava Región que está en las tribunas, que nos ha acompañado hoy en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, aboga, en definitiva, por la necesidad de mantener su trabajo.
Las fuentes de trabajo han disminuido a lo largo del país, como lo han manifestado en la Sala varios diputados, y eso amerita la urgencia de estudiar algunas modificaciones a la ley de pesca, en lo referente a los sistemas de administración pesquera, de modo de evitar, obviamente, la concentración, como ha ocurrido en el norte y en otras actividades económicas del país, y permitir que la actividad se sostenga con un cuidado razonable de los recursos y la protección de los pescadores artesanales.
Los problemas de las distintas regiones son misceláneos. Está el de las cinco millas, el de los posicionadores satelitales, cuya ley se despachó el año pasado, para evitar, entre otras cosas, el ingreso de determinadas naves a una zona que no les corresponde; el de la fiscalización adecuada, por la cual siempre reclaman tanto la Armada como el Servicio Nacional de Pesca. Es decir, la mayoría de ellos derivan de la no implementación de las respectivas normas.
Por último, la reconversión. La producción acuícola crece día a día, pero existe un gran freno en el otorgamiento de concesiones marinas, tanto en la Subsecretaría de Marina como en la de Pesca.
Estos son los problemas que deben abordarse con urgencia ante la necesidad de la gente que se dedica a la pesca como una actividad económica y una forma de vida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado, hasta por cinco minutos.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, a través de objetivos concretos, quiero referirme a la situación de la merluza austral, que genera una actividad económica productiva para un gran número de pescadores artesanales -más de tres mil-, distribuidos entre la Décima, Undécima y Duodécima regiones.
Dentro de las medidas de administración pesquera, no cabe duda de que debe redefinirse lo que dice relación con los pescadores artesanales. Si no se busca un punto de encuentro, es muy difícil que ellos puedan exponer sus puntos de vista a propósito de las grandes decisiones, fundamentalmente respecto de la distribución de las cuotas globales.
En los consejos zonales, por lo menos en la Décima Región, existe un representante de la pesca artesanal; pero existe porque la acuicultura le traspasa ese cupo. En los consejos nacionales, prácticamente, no hay representación de la pesca artesanal, aunque la Subsecretaría puede proponerla. Si en el consejo nacional no está presente, difícilmente puede haber equidad en la distribución de las cuotas.
Sin lugar a dudas, el porcentaje de variación de las cuotas de captura entre los industriales y los artesanales significa mucho para el pescador, desde el punto de vista de la mejoría de sus ingresos, cuando su posibilidad de trabajo en el mar está reducida, en la práctica, a un día o un día y medio.
Este problema puede solucionarse por la vía del reglamento o de la modificación de la ley de pesca. No sé, pero es conveniente tenerlo presente y abordarlo en su oportunidad.
El segundo punto dice relación con los registros de pesca. Cuando las especies están declaradas en plena explotación, los registros se encuentran cerrados, y cuando ello ocurre, se producen las listas de espera. Por lo menos en mi zona, muchos auténticos pescadores artesanales no quedaron inscritos, pero tienen necesidad de salir al mar para subsistir y pescan en la clandestinidad.
Por lo tanto, hay que regularizar la situación. Para eso, debe depurarse el registro. La gente que se inscribió en su oportunidad, por ejemplo, en los recursos bentónicos, cuando tiene posibilidad de ir a la merluza, se traspasa, aumenta el esfuerzo pesquero y perjudica a quienes realizan de por vida la pesca de este recurso.
También debe abordarse lo que tiene que ver con los estudios de la biomasa. Si bien se han realizado y existen los antecedentes técnicos y la información, hay detalles que se podrían tener en consideración si participara el pescador artesanal. Por ejemplo, en la zona me han dicho que es preferible efectuar los estudios de la biomasa en enero o febrero, pero no en septiembre, cuando la merluza viene saliendo del desove y las cantidades no son las reales, lo que incide en la distribución de las cuotas cuando llega la hora de tomar la decisión administrativa.
La fiscalización tampoco es un problema menor. Si se permite una sobreexplotación de la cuota, luego de un período de veda, se genera un traspaso de los industriales a los artesanales para blanquear la pesca, lo que hace que en un día se completen las toneladas y afecte significativamente el nivel de los precios. Eso se da en la realidad, no puede desconocerse y debe abordarse, porque, en caso contrario, se estaría contribuyendo a que disminuyera el bienestar social de la gente, ya que una baja reiterada y permanente en el precio del producto, sin duda, afecta su subsistencia.
Otro punto importante es el que dice relación con los permisos para la pesca de investigación, que, por lo general, es utilizada como una forma de autorizar cuotas adicionales, lo que afecta la estabilidad del recurso y lleva a que los pescadores, mes a mes, presionen para conseguir una cuota mayor, a fin de salvar la precaria situación económica.
Para culminar mi intervención, reitero la necesidad de revisar la representación de los pescadores artesanales en los consejos zonales de pesca -por el esfuerzo, por el número de pescadores, por la cantidad de familiares involucrados; cómo, no sé, pero hay que hacerlo-; depurar, de una vez por todas, los registros -hay que darles la oportunidad de inscribirse legalmente a los que trabajan en el mar, y a aquellos que recurren a él como una oportunidad, cuando les falla el trabajo en tierra, no permitírselo, porque el pescador, a la inversa, no tiene esa posibilidad-; examinar la época en que se realizan los estudios de la biomasa, y considerar los antecedentes en la pesca de investigación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del PPD, tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia, hasta por cuatro minutos.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, ha sido muy ilustrativo conocer los planteamientos de mis colegas diputados y también los que han expuesto el ministro de Economía y el subsecretario de Pesca.
Enfrentamos la crisis de una importante actividad, como es la pesca, y, naturalmente, es momento de adoptar medidas, como en toda crisis, que permitan mejorar la situación.
Es claro que se necesita una actividad pesquera sustentable y permanente en el largo plazo para que las especies marinas no se extingan, y los trabajadores tengan seguridad laboral, en el sentido de que no serán repentinamente despedidos como consecuencia de medidas administrativas.
Hay mucho que hacer en este campo. Naturalmente, debe reformularse o cambiarse la normativa vigente, para que tales objetivos puedan cumplirse.
Es innegable que el afán de explotación tipo “carrera olímpica”, como dijo el subsecretario, liquidará los productos marinos en Chile. Por eso, es primordial modificar la normativa para que se pesque una cantidad compatible con la permanencia del recurso pesquero. Para ello es necesario mejorar mucho el sistema de investigación y de determinación de cuáles especies se pueden explotar y en qué cantidad, y hacerlo de manera que resulte aceptable y convenza a los agentes que actúan en este campo. Hay tremendas dudas acerca de las razones que llevan a tomar medidas a la autoridad pesquera, pues ésta no ha tenido argumentos suficientes para convencer a dichos agentes. Siempre se piensa que fueron tomadas sobre la base de información incompleta, sin un sustento científico adecuado. Hay aquí una profunda falencia que debe ser subsanada para dar tranquilidad a los que actúan en esta actividad, desde los pescadores artesanales hasta las grandes empresas industriales.
También debemos tener en cuenta las distintas realidades regionales. Es imposible que la normativa dictada para la Octava Región se aplique en la misma forma en la Primera. Soy diputado por Arica y he podido ver con molestia la gran cantidad de pesca peruana que se realiza cerca de la frontera de la Concordia, en el límite marítimo. El Perú dictamina vedas a 120 millas marinas de la línea de la Concordia. Es decir, en Perú se prohíbe pescar diversas especies marinas a casi 200 kilómetros de Arica, y, así, quedan 200 kilómetros de mar peruano sin veda, a fin de que sea capturado el máximo de especies por las empresas pesqueras. Es una realidad regional absolutamente distinta de la del resto del país, lo cual obliga a la autoridad pesquera a considerar una normativa específica para una zona fronteriza, donde un país explota el recurso en forma desmedida, sin ningún tipo de control ni veda. Lo hace a propósito porque -repito-, dicta vedas a 200 kilómetros del norte de Arica y no en el mar cercano a la región.
Esa es una situación que la autoridad pesquera debe tener presente, aunque también ha de haber otras en el sur. Las distintas realidades regionales deben obligar a la autoridad pesquera a dictar normas administrativas de acuerdo con ellas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, la crisis general de la pesquería en nuestro país se puede atribuir a diversas causas, las cuales, a su vez, tienen interacción entre sí, provocando con ello efectos combinados.
Son las siguientes:
1º Sobreexplotación por tener un esfuerzo pesquero sobredimensionado, sin planes de manejo adecuados.
2º Inadecuada administración de la ley de pesca.
3º Fenómenos naturales, como la corriente de “El Niño” o de “La Niña”.
La crisis de la pesquería afecta a todos, sean éstos industriales, pescadores artesanales, comerciantes y, en general, a toda la economía del país. Sin embargo, no tengo dudas de que, finalmente, el más afectado es el pequeño pescador artesanal y el trabajador pesquero.
El manejo administrativo de las vedas ha sido el centro de las críticas en los últimos años y ha provocado muchas veces desconcierto, desconfianza y, en ocasiones, poca credibilidad acerca de las cifras que se dan, una y otra vez, respecto de los stocks, las tallas y los diversos recursos que se quieren regular. Incluso, se ha dicho que el manejo de las vedas ha sido una forma de presionar al Congreso para la pronta aprobación del proyecto modificatorio, que establece cuotas individuales intransferibles. Huelga decir que las críticas alcanzan también a la pesca de investigación que las autoridades han autorizado, porque se dice que éstas sólo favorecen a quienes apoyan la ley modificatoria, en desmedro de los detractores de la enmienda.
Se ha escrito y discutido en demasía sobre el tema de la pesquería y su manejo en Chile; sin embargo, aún parece no haber consenso sobre cómo se debe legislar en el futuro y sobre cómo deben protegerse los recursos pesqueros más importantes para las futuras generaciones.
En mi opinión, la discusión y alegatos, de uno y otro lado, han perdido de alguna forma el principio medular y principal que caracteriza a estos recursos. Sin duda, esta esencia encierra la solución definitiva del problema: considerar que se trata de recursos naturales y renovables.
¿Qué significa recurso natural renovable? Natural significa que existe sin la intervención del hombre, y renovable, que, sin mediar la intervención del hombre, se puede reproducir y mantener en el tiempo. Se diferencia del de la minería porque, en tal caso, el recurso se agota con su explotación y no tiene capacidad de autogenerarse. Si un recurso natural renovable se somete a un manejo sustentable, estamos frente a una riqueza inagotable.
Manejo significa que se puede intervenir para obtener un producto económico de beneficio para el hombre, y sustentable, que satisface las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras. Para ello debe ser ecológicamente amigable, viable y socialmente aceptable.
Solamente cumplidas estas tres condiciones, sin excepción, estaremos frente a una riqueza inagotable, y toda medida o decisión debe apuntar a esos tres conceptos.
Mientras no centremos nuestra discusión en el concepto de manejo sustentable, será como dar verdaderos palos de ciego en el tratamiento de los recursos pesqueros. Para ello se debe cuantificar y medir certeramente la población existente en cada caso y determinar su tasa de crecimiento, tal como se hace con la tasa de crecimiento de capital en el análisis económico. Sólo se puede extraer ese aumento de capital causado por el crecimiento vegetativo de la población, manteniendo el capital intacto. Si no se hace de esta forma, no se está frente a un modelo de desarrollo sustentable y, por lo tanto, no será una riqueza inagotable y permanente.
Cuotas individuales intransferibles, cuotas máximas de captura, control de cuotas globales o cualquier nombre que coloquemos al sistema de administración pesquera, no sirven de nada si no tienen en su génesis el concepto de manejo sustentable. Lo demás es pan para hoy y hambre para ma-ñana.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA.-
Señor Presidente , en realidad, en el análisis ya se ha dicho la mayoría de los elementos de juicio, de manera que sólo potenciaré algunos de ellos.
Existen problemas singulares que afectan a distintas regiones y sectores del país y, además, un problema global: la ley de pesca, dictada hace ocho años, se ha tornado anticuada e inoperante.
Dentro de los distintos temas que existen en cada región, haré referencia a los que dicen relación con la Sexta.
Existe gran preocupación por la desigualdad de trato que se da a lo largo del país a los pescadores artesanales. En la Sexta Región, por ejemplo, no tenemos las cinco millas y, al igual que en la Séptima Región, somos tratados como excepción. Los pescadores industriales penetran hasta las dos millas y, muchas veces, por falta de fiscalización, incluso llegan a topar las arenas de la costa.
Junto con ello existe discriminación respecto de la Sexta y de la Novena regiones, porque los tribunales encargados de sancionar las infracciones que se cometen en ellas no son sus propios tribunales, sino los de las regiones de donde proceden las naves transgresoras. Es así como los tribunales de San Antonio, Quinta Región, de donde provienen tales barcos industriales, no han hecho efectiva ninguna multa durante los últimos tres años, lo que significa un trato desigual para nuestros pescadores artesanales.
Asimismo, vemos con gran preocupación que aún no se implementa el sistema del posicionador satelital, lo que debió haber ocurrido hace más de un año. Las razones técnicas que se han aducido no me convencen. La autoridad nos ha dicho que, probablemente, será instalado el próximo 1 de agosto. Bienvenido sea, quiera Dios que llegue luego. Lo que queremos es que su aplicación sea rápida, eficiente y estricta. Y para que sea eficiente, no es necesario sólo que se instale, sino que, además, la autoridad tenga facultades para aplicar en forma efectiva las sanciones. Digo esto porque cuando a un barco se le aplica una multa de uno o dos millones de pesos, como la empresa sabe que está capturando en forma ilegal 100 ó 150 toneladas en una sola pasada, a veces le conviene, lógicamente, pagar la multa y continuar transgrediendo la norma. De manera que es necesario que las multas aplicadas resulten verdaderamente onerosas.
Pero todos estos casos puntuales que vemos hoy día, en el fondo, se encuadran dentro de un marco general. El problema radica en que la cantidad de peces no es suficiente debido a una sobreexplotación. Por una falla en la ley dictada en 1992 -hay que reconocer que fue un error nuestro- la capacidad de bodega de los barcos industriales está sobrepasada en un gran porcentaje. Resulta que cuando dictamos la ley calculamos cierta velocidad de pesca de los barcos industriales, pero, con la nueva tecnología, éstos han doblado, triplicado y cuadruplicado esa velocidad. Por eso se produce la carrera de que nos hablaban el ministro y el subsecretario. ¿Y quiénes son los perjudicados? Aquellos que no tienen tecnología, es decir, los pescadores artesanales. ¿Y quiénes son los beneficiados? Las grandes empresas que pueden correr más rápidamente y capturar, en un par de días, todos los recursos existentes en determinado sector.
Por lo tanto, hoy es absolutamente necesaria una rápida modificación de la ley de pesca, porque son los pescadores artesanales, que representan el 50 por ciento de todos los pescadores de Chile -el otro 50 por ciento corresponde a los trabajadores de las grandes empresas- los que están sufriendo las consecuencias. Por eso, pido a nuestras autoridades que analicen el problema con una visión económica, pero también con una visión social. Los pescadores industriales tienen mecanismos para defenderse, pero no así los pescadores artesanales.
El diputado señor Melero decía -quiero tomar sus palabras porque las considero delicadas- que debían reunirse tres requisitos, el primero de los cuales era que el Consejo Nacional de Pesca debía tener la tuición y dar el visto bueno de los acuerdos adoptados en esta materia. Esto es gravísimo, porque si hay algo que está fallando es, precisamente, que en dicho consejo hay un solo representante de los pescadores artesanales, tal como ocurre en los consejos zonales. ¿Vamos a permitir que el zorro cuide a las gallinas? Estimo que es un grave error; en este caso, hay que tener una visión económica y social del problema, para lo cual necesitamos una nueva ley de pesca.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, en esta sesión cada diputado expone la situación que vive su región por la crisis del recurso pesquero, a fin de que las empresas pesqueras, tanto industriales como artesanales, puedan sobrevivir.
En efecto, algunos parlamentarios han planteado una racionalización de las cuotas, que es diferente de lo que señalaba el ministro , en cuanto a que no estamos pidiendo aumento de cuotas, porque entendemos que la crisis sólo permite autorizar una muestra biológica para que las empresas pesqueras puedan seguir operando.
Así las cosas, por su intermedio, quiero preguntarles al ministro o al subsecretario de Pesca cuáles serían las soluciones para la Tercera y Cuarta regiones, puesto que la ley de 1991, publicada en 1992, dejó a esas regiones libres de explotación, lo que significó ceder un derecho. Otras regiones adujeron antecedentes de pesca histórica sobre la base de una empresa que ha pasado por períodos florecientes, procedimiento que fue reconocido en la referida ley. Sé que para nosotros ello es algo difícil, porque nuestra capacidad de captura histórica ha sido sólo el 4 por ciento a nivel nacional, lo que no pesa en ese contexto.
Por eso, solicito al ministro o al subsecretario que nos señalen cuáles son las medidas que se adoptarán frente a este problema. Hay 126 naves que tienen autorización para pescar en la Tercera y Cuarta regiones, pero sólo 22 pertenecen a empresas locales de esa macrozona. Queremos que este hecho sea reconocido, de manera que ese 4 por ciento de cuota de captura histórica sea autorizado para las naves locales, aplicando así con equidad las medidas y lo que exige la legislación vigente.
Entendemos que se elaborará aceleradamente una ley transitoria, porque se trata de resolver un problema también transitorio. El subsecretario ha explicado con bastante exactitud cuál es nuestro problema y lo que significa la veda del jurel, al no tener realmente la posibilidad de aumentar las cuotas para hacer más floreciente la industria pesquera; pero le he formulado dos consultas al ministro y me gustaría que, por su intermedio, me las contestara.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
El diputado señor Vilches formuló dos consultas al ministro y al subsecretario, quienes me indican que las responderán todas más adelante.
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente , quiero señalar en este brevísimo tiempo que estamos frente a una crisis de los recursos marinos renovables.
Considero que esto debe servir de lección para enfrentar el problema de la depredación de los recursos y la necesidad de que exista una política de mayor sustentabilidad respecto de los recursos renovables y no renovables de nuestro país.
Me adscribo a las opiniones entregadas por los parlamentarios de la Tercera Región. Hemos formado un frente conjunto con ellos, con los pescadores artesanales y con las empresas para defender el derecho histórico de la Tercera y Cuarta regiones respecto del tema del jurel. Me parece absolutamente improcedente que de 630 mil toneladas de jurel, a la Tercera y Cuarta regiones se les haya asignado el 0,32 por ciento; es decir, 4 mil toneladas, en circunstancias que su promedio de captura histórico ha sido de 63 mil toneladas. Quiero pedir al ministro y al subsecretario que comprendan que la situación que vive la Región de Atacama es muy difícil: tenemos un tema minero no resuelto, el precio del cobre aún permanece depreciado, Vallenar se ha transformado en la ciudad del país con más alto desempleo, se coloca en riesgo la ocupación de mil trabajadores de la industria pesquera de la Región de Atacama y, ahora, tenemos una crisis que afecta a los pescadores artesanales.
Por lo tanto, vamos a presentar un proyecto de acuerdo -el diputado señor Prokurica está trabajando en él, y les pedimos a todos los colegas que lo respalden- relacionado con la Tercera y Cuarta regiones, porque con ello estamos defendiendo un derecho legítimo: respetar el tonelaje histórico que ha tenido nuestra región en materia del recurso jurel.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Agradezco a su Señoría por limitarse exactamente a su tiempo.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, efectivamente el sector pesquero enfrenta hoy una crítica situación. En el caso de Aisén, que represento en esta Corporación, la merluza es el principal recurso, pero las cuotas asignadas son absolutamente insuficientes, debido a que los recursos son escasos.
Permítanme analizar algunas cifras. A la región de Aisén se le asignan 300 toneladas de merluza y como mínimo, hay 1.500 pescadores artesanales, lo cual significa que la extracción mensual alcanza a alrededor de 200 kilos por cada uno. Si se les paga 600 pesos por kilo, su ingreso bruto asciende a 120 mil pesos. Si a esa suma le descontamos los gastos en carnada, combustible, mezcla, comida, etcétera, le quedan 80 mil pesos. Pero eso no es todo. Como el pescador no puede salir solo -no le dan zarpe-, debe hacerlo acompañado de otra persona, por lo que ese ingreso hay que dividirlo por dos. Ustedes comprenderán que con 40 mil pesos mensuales la gente no puede vivir. Aquí los números hablan por sí solos. Por esa razón, se han desencadenado los conflictos que el país conoció hace algunos meses. En consecuencia, hay que hacer cumplir la ley de pesca, regular y actualizar el registro de pescadores artesanales, que hoy no opera, y racionalizar el esfuerzo pesquero. No es posible que la actividad artesanal sea un colchón que absorba la cesantía. Hay que transformar la pesca artesanal en una actividad económica y dejar de manipularla políticamente.
Por otro lado, el tratamiento que el Gobierno da al proyecto que modifica la ley de pesca está muy focalizado a solucionar la crisis del jurel, lo que me parece bien; pero presiona a otras pesquerías. Se pretende resolver el problema político; sin embargo, quedará pendiente un análisis serio y global de todas las pesquerías.
Además, quiero referirme a la ausencia absoluta de medidas de manejo del recurso merluza de cola, el cual está siendo depredado a razón de 200 mil toneladas al año e involucra a especies bajo la talla mínima.
La Subsecretaría de Pesca tiene la obligación de preservar los recursos con la implementación de medidas de manejo que impidan la captura de especies juveniles. Esta especie tiene un alto valor económico si se destina al consumo humano. Sin embargo, por la ausencia de regulación está siendo depredada para elaborar harina de pescado.
Por último, quiero exigir el cumplimiento de la ley de pesca en relación con la implementación de los posicionadores satelitales que deberían estar operando desde el 1 de abril de 1999 -más de un año-, y a la fecha aún no funcionan, lo cual, sin duda, ha agudizado el conflicto por la falta de fiscalización entre el sector artesanal y el industrial.
En resumen, además de efectuar las modificaciones legales para preservar los recursos y desarrollar el sector, deben tomarse las medidas administrativas para hacer cumplir la ley de pesca, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por un minuto y medio, el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , ¿qué pasa con nosotros y los 5 mil kilómetros de costa que tenemos, cuando otros países, con una décima parte, regulan, planifican y programan su pesca?
Pregunto, señor ministro y señor subsecretario -aunque ustedes están recién llegados, son hombres de Estado-, ¿cuáles son los mecanismos de fiscalización? ¿Con qué equipos cuenta la Marina, la Subsecretaría y otros organismos para vigilar y evitar la depredación? Somos extremadamente privilegiados, pero también extremadamente irresponsables en la actividad pesquera. Lo que me lleva a pensar, con pena y como ya dije, qué pasa con nuestros 5 mil kilómetros de costa.
Me preocupa derechamente, señor ministro , qué pasa con las cinco millas para pesca artesanal. ¡Cuántas veces han sido violadas! ¿Por qué los grandes pescadores no se van fuera de las 200 millas, y así les garantizamos a los pobres, a los más chicos, el sustento de su familia?
En este país tenemos que empezar a hablar con mucha más fuerza y claridad. A veces nos cansamos de estudios y análisis, porque el pescado más grande se sigue comiendo al más chico. Esto fue así ayer, lo es hoy, y, si no le ponemos el cascabel al gato, será también mañana.
No sirve de nada que sigamos hablando de leyes y leyes. Uno escucha a colegas que, con excelente información, señalan que en más de una década ni siquiera se ha pagado una multa, no de los pescadores artesanales, sino de los grandes empresarios, a quienes, a mi juicio, lo único que les ha interesado no es si preservamos nuestros recursos marítimos, sino pescar más y más.
Hoy, por situaciones climatológicas como la corriente de “El Niño” y de “La Niña”, en los últimos años, muchos cardúmenes se han ido de las costas chilenas. Por ello, no es posible que los grandes empresarios, que pueden pescar mar adentro, que pueden incursionar fuera de las 200 millas, estén atentando contra la pesca artesanal.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, obviamente en dos minutos no es posible hacer una reflexión más técnica.
De la conversación con distintos diputados, me permitiré hacer tres comentarios. Fue en mi región donde partieron varios de los problemas sociales, que aparecieron en las noticias, derivados de cierto grado de inquietud ciudadana que llevó, incluso, a la toma de un camino.
Como está presente el ministro de Economía , aprovecho la oportunidad para decir que acá existe un problema real y social muy grave, que afecta en mi región a más de dos mil personas, y que deben adoptarse medidas mucho más urgentes. No se trata sólo de reflexionar cómo deben ser las modificaciones a la ley, sino que debe darse una respuesta mucho más rápida y eficiente, porque esta realidad es similar a la planteada por el diputado señor Pablo Galilea para Aisén. Hay gente que está con enormes problemas económicos, que se encuentra en una situación absolutamente crítica y con la imposibilidad de llevar el dinero suficiente a su casa para alimentar a su familia.
En primer lugar, se requieren adoptar medidas mucho más urgentes que decir que se va a replantear y estudiar la ley.
En segundo lugar, se da una excusa que ya no pueden aceptar las pescadores artesanales, que se van a realizar los estudios. Los pescadores de Puerto Natales y de Última Esperanza me mostraron cuatro cartas en las que se les comunicaba -en los últimos cuatro años y medio- que ya se harían los estudios. Por lo tanto, eso ya no puede ser respuesta; debe acelerarse ese trámite. ¿Por qué no se hicieron cuando prometieron efectuarlos?
En tercer lugar, aumentar al máximo la vigilancia y el control por medio de los posicionadores satelitales, porque los márgenes para la pesca industrial y artesanal han sido excedidos y tenemos problema serios de ocupación de zonas que deberían estar reservadas para uno u otro sector.
Lamentablemente, no tengo tiempo para hablar de los aspectos más técnicos. Sólo reitero que estamos ante un problema social y económico muy relevante para nuestra región. Con el diputado señor Pedro Muñoz , de Magallanes, en muchas ocasiones, hemos estado en reuniones analizando este gravísimo problema social.
En cuarto lugar, que se acelere la realización de los estudios, si no se han efectuado, porque a los pescadores se les ha contestado, en demasiadas oportunidades, que éste es un problema que debe estudiarse en cuanto a la biomasa.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, hasta dos minutos y medio, el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en dos minutos y medio es poco lo que se puede plantear. Voy a aprovecharlos para saludar a muchos amigos que se encuentran en las tribunas, particularmente de la Octava Región, que, con el debido respeto de las otras regiones, es una de las más golpeadas por la crisis pesquera.
En este tiempo y aprovechando la presencia de los señores ministro y subsecretario, señalo que todos concordamos en que hay que modificar, a la brevedad, la ley de pesca, que no resiste más.
Y quiero tomar sus palabras, diciendo que es probable que haya que enfocar una situación de emergencia para dos o tres años, pero con una visión de futuro casi definitiva.
No puedo entender cómo es posible que más de dos años hayamos vivido en permanente incertidumbre por las vedas, que han originado, en definitiva, una mayor crisis. ¿Por qué? Porque ya nadie las cree, especialmente nuestros pescadores y, particularmente, los artesanales.
En los pocos segundos que me quedan, quiero referirme a la presión de la Unión Europea por los puertos chilenos, para aceptar alguna flota extranjera, particularmente la española. Al respecto, el 16 de junio en el diario “El Sur”, de la Octava Región, Fernando Zegers , especialista en derecho del mar, escribió: “La pugna que nos enfrenta con la Unión Europea por la albacora o pez espada es de la máxima importancia, puesto que está en juego nada menos que la soberanía chilena en la zona económica exclusiva y con ello el futuro de la actividad pesquera nacional”. Naturalmente, esto después se explica in extenso.
Señor Presidente, por su intermedio, hago un llamado urgente a nuestra autoridad, al señor ministro, para que, de una vez por todas, enfrentemos la modificación de la ley de pesca.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, sin duda lo que uno espera después de este y de tantos otros debates sobre la materia es una moderna política pesquera que, en definitiva, ponga a Chile frente al mar.
Quiero decir que la crisis de credibilidad en materia de investigación científica es tremenda. De 5 a 11 millones de stock de jurel es el ámbito en que se mueven hoy los informes científicos. Cuando el error es del ciento por ciento, claramente hay una crisis de credibilidad. Menos del 0,4 por ciento se gasta en investigación pesquera. De los 2.500 millones de dólares, nada se invierte. Vivimos de la caridad japonesa. Nadie gasta plata en investigar. El Ifop concursa igual que el sector privado. Así no es posible hacer investigación. Aquí hay que crear condiciones de investigación confiables para todos y prevenir el ajuste.
Cientos de trabajadores van a salir a la calle en los próximos días en la Octava Región, cuando la cuota del jurel llegue a 55 mil toneladas y se cumpla lo anunciado por la Asipes, porque la flota se va a ajustar en un 40 por ciento. Así lo han dicho ellos, al diario financiero, y los principales órganos del sector empresarial.
Claramente hay que reaccionar. Hemos conversado con el Sence, hemos trabajado con el Ministerio del Trabajo, pero creo que estamos atrasados. Hay que prevenir para hacer reinserción laboral, para abocarse al tema de fondo, que es la modernización del sector pesquero, con mantenimiento de los puestos de trabajo.
Termino diciendo que si no hay un debate profundo en esta anunciada “ley corta”, como se le ha dado en llamar; si no se aborda el cobro de multas -el 93 por ciento no se paga- porque el Sernap no cuenta con suficientes abogados; si no se aborda la persecución de los artesanales, no vamos a tener sino una ley de parche y, por lo tanto, habremos gastado el tiempo en discusiones sin un resultado concreto.
Espero que los elementos que el conjunto de los parlamentarios han aportado sean considerados en la próxima discusión de la iniciativa que enviará el Ejecutivo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente, un resumen de todas las excelentes intervenciones de cada uno de los parlamentarios que representamos provincias donde la pesca artesanal, industrial y de mediana altura es una fuente de trabajo importante, debe señalar en forma categórica y precisa que la iniciativa de Antonella Sciaraffia, de pedir esta sesión especial, es para hacer un llamado de atención al señor ministro de Economía y al señor subsecretario de Pesca , a fin de que envíen ahora, a la brevedad posible, una reforma a fondo de la ley. No iniciativas coyunturales o parches, sino una que dé una señal clara al sector de pescadores artesanales, industriales y de mediana altura.
Quiero señalar sólo dos o tres aspectos por la falta de tiempo. El colega Arratia ha manifestado las dificultades que existen en la Quinta y Sexta regiones. Hay un caos realmente gravísimo, donde los pescadores artesanales, para defender el derecho que establece la ley de la reserva de las 5 millas, su fuente laboral, han tenido violentos encontrones, a balazo limpio. Ojalá no ocurra, pero cualquier día puede haber una víctima.
Agradezco, y lo digo públicamente, la voluntad del ministro y del subsecretario para asistir a una reunión muy significativa para tratar lo que estoy explicando, lo que sucedió y ha seguido aconteciendo tanto en la Quinta como en la Sexta regiones respecto de estos encontrones producidos para defender el recurso de este sector.
Se discutió y se dialogó sobre el grave problema que afecta al sector que, hoy por hoy, está generando una cesantía atroz, especialmente en el puerto de San Antonio. Allí existían más de 12 empresas pesqueras productoras de harina de pescado y hoy, desgraciadamente, son unos cementerios.
Desde ese punto de vista, señor ministro , no es posible que el diputado señor Exequiel Silva nos entregue informes diametralmente opuestos, que nacen en la Subsecretaría de Pesca, del Ministerio de Economía. Lamentablemente, esas cifras crean un ambiente -como recién señalaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra- de poca credibilidad.
Ha habido sobreexplotación y depredación. Las corrientes de “El Niño” y de “La Niña” también causaron estragos muy duros en el sector. Más encima se pensaba en cuotas individuales transferibles y hoy se piensa en cuotas para armadores.
Nosotros queremos una señal clara, señor ministro , queremos un proyecto definitivo; queremos legislar en beneficio de nuestros pescadores artesanales; queremos que se elimine la facultad de los consejos zonales para que la Subsecretaría otorgue permisos y autorizaciones para la penetración en las 5 millas, que son las reservas únicas que estableció la ley de pesca.
Para nosotros es una preocupación de país y, además, para los diputados que representamos los sectores de pescadores artesanales, una doble preocupación, porque hoy su situación económica se ve afectada en forma muy grave.
Quiero decir que los pescadores artesanales constituyen un sector de gente buena, amable, trabajadora, pero corren riesgos muy grandes y sus familias viven situaciones muy difíciles cuando sus hijos desaparecen en el mar.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, quiero concluir mi participación en esta sesión tan especial agradeciendo a los parlamentarios que suscribieron la solicitud de esta sesión. Muchos de ellos no tienen sector pesquero dentro de sus distritos, pero entienden que este es un tema de país, y que hay muchos trabajadores que están viendo amenazadas sus fuentes de subsistencia familiar.
Aquí se ha señalado que en esta materia se debe pensar con un sentido de país y no ver las realidades locales. Pero no se puede quedar indiferente cuando hay cientos de familias de la zona que uno representa con una carta que amenaza su fuente de trabajo, y hay que usar los instrumentos que otorga la Cámara de Diputados para tratar de defender los legítimos intereses de esas familias y llamar la atención del Gobierno para que se haga cargo de los efectos de las decisiones administrativas, que pueden ser muy pertinentes, que pueden estar relacionadas con el futuro del recurso pesquero y de los recursos naturales y del desarrollo sustentable de la pesca; pero, sin embargo, no pueden estar indiferentes frente al impacto que significa en las familias de muchos de estos trabajadores que hoy pueden quedar sin sustento.
Hemos solicitado que el Ministerio del Interior -por lo demás, así ha quedado consignado en el proyecto de acuerdo que presentamos, el que esperamos cuente con el apoyo de todos los diputados presentes- intervenga en el problema, y que más allá de considerarlo un tema sectorial de pesca, analice todas las connotaciones sociales que de él se desprenden, busque la manera de paliar sus efectos, asegure la educación de los hijos de los trabajadores pesqueros, garantice el hecho de que puedan afrontar sus deudas habitacionales y encuentre un mecanismo, a fin de que puedan jubilar en forma anticipada. El Gobierno de Chile debe hacerse cargo de los efectos sociales que este problema provoca en los trabajadores.
He dicho
-Aplausos.
PROYECTOS DE ACUERDO
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se han presentado cuatro proyectos de acuerdo, los que serán votados a continuación.
El señor Secretario dará lectura al primero.
El señor LOYOLA (Secretario).-Proyecto de acuerdo Nº 438, de los diputados señores Prokurica, Vilches, Leal y Mulet
“Considerando que:
1. La especie jurel ha sido fuertemente afectada con una sobreexplotación.
2. Que es indispensable hacer una limitación al esfuerzo de pesca nacional para cuidar la especie. Sin embargo, este esfuerzo debe hacerse por partes iguales y no en desmedro de algunas regiones.
3. Considerando que la limitación en el esfuerzo de pesca nacional producirá serios problemas de cesantía.
4. La cuota histórica asignada a la macrozona III y IV asciende al 4% de la pesca a nivel nacional, la que, sin embargo, es repartida entre 126 naves, de las cuales sólo 22 pescan realmente en esta macrozona; el resto mantiene licencias vigentes sin pescar en la zona.
En virtud de lo anteriormente expuesto es que venimos en solicitar se oficie al señor ministro de Economía , a fin de que arbitre las medidas pertinentes que tengan por objeto modificar el actual criterio que asigna el 0,32% a las naves locales, asignando el 4% a éstas que son las que realmente pescan en la zona, evitando con esto el colapso total de las empresas pesqueras de la III y IV regiones”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 439, de las diputadas señorita Sciaraffia y señora Rosa González, y de los diputados señores Silva, Riveros, Velasco y Jeame Barrueto.
“Proyecto de acuerdo:
Que, si bien no existe consenso entre los especialistas respecto de las causas, es un hecho indiscutible que el sector pesquero está viviendo una de sus mayores y más graves crisis.
Que eso ha significado que gran cantidad de trabajadores vinculados al sector han perdido su fuente laboral o están gravemente amenazados de perder la fuente de subsistencia familiar.
Que más allá de la pertinencia o no de las medidas decretadas por la autoridad para proteger nuestros recursos pesqueros, existen efectos sociales de los cuales el Gobierno de Chile necesariamente debe hacerse cargo.
Por tanto, se acuerda:
Que el Gobierno, por medio del Ministerio del Interior, estudie, proponga e implemente medidas de carácter social que permitan a los trabajadores del sector pesquero enfrentar los impactos que generan en sus fuentes de trabajo las disposiciones administrativas de la autoridad pesquera.
Que dentro de estas medidas puedan considerarse programas para enfrentar deudas de carácter habitacional, becas de estudio para los hijos de los trabajadores, análisis de la situación previsional, entre otros.
Que se disponga la creación de una mesa de diálogo para el sector, que permita consensuar las decisiones de la autoridad, para que éstas obedezcan a la realidad de las distintas regiones del país, y que reúna a todos los actores involucrados en el tema.
Que, en base a los acuerdos de esta mesa, se envíe a la brevedad posible el nuevo proyecto de ley de pesca que permita mantener un desarrollo sustentable para esta actividad”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-Proyecto de acuerdo Nº 440, de la diputada señora Rosa González, y de los diputados señores Sánchez, Pablo Galilea, Arratia, Navarro y Velasco
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara y considerando la necesaria supervivencia de todos los actores que participan de las distintas pesquerías, vinculados a la pesca especialmente de la anchoveta, jurel y merluza A, es decir, trabajadores de todo orden, tripulantes, pescadores artesanales e industriales ante la escasez de recursos e inminente crisis generada por la reducción abrupta del personal por la implantación de vedas en otros casos, todo lo cual genera una situación de incertidumbre y pobreza en un sector que debe ser de riqueza y no de pobreza.
1. Establecimiento de una comisión nacional multidisciplinaria de investigación, de carácter permanente a los principales recursos pesqueros.
Desarrollar convenios de cooperación y apoyo científico con nuestro país, los que hasta ahora no existen, constituyendo una comisión a la que claramente podrían integrarse las universidades más representativas del país, Universidad del Norte, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción y Universidad Austral, por nombrar algunas.
2. Modernización laboral del sector y reinserción laboral.
Se propone la conformación de una comisión multisectorial, compuesta por los Ministerios del Trabajo y de Economía, considerando al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y la Subsecretaría de Pesca, respectivamente. En este espacio deberían estar representados también los trabajadores patrones de pesca, pescadores artesanales y trabajadores de empresas productoras de harina y de consumo humano y, por supuesto, los empresarios e industriales.
El objetivo central de esta comisión también durante el lapso de 60 días, es decir durante los meses de julio y agosto, elaborar un plan o una propuesta para la reinserción, dentro del mismo sector, de los trabajadores que salgan del sistema producto del ajuste, de tal manera de tener el diseño al momento crítico más probable dentro del ajuste.
3. Comisión intersectorial para generar bases generales de modificación de la ley de pesca.
Debe implementarse una comisión de alcance nacional, que con participación de todos los actores del sector pesquero y acuícola nacional, proponga la línea base de una nueva ley de pesca o al menos dé reformas sustanciales y estructurales a la existente. Estas propuestas debieran estar pensadas en el mediano y largo plazo, lo que no significa dejar de lado o no considerar las iniciativas que surjan para hacer frente a la realidad del sector sólo en el corto plazo, las que deben ser evaluadas en su momento, en su contexto y de acuerdo a su eficacia”.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Recuerdo a las señoras diputadas y señores diputados que si no se reúne el quórum de votación, fracasa la sesión.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 441, de los diputados señores Jarpa, Jaramillo, Letelier, don Felipe; Urrutia y Venegas.
“Considerando:
1) La grave crisis de la actividad pesquera, manifestada en disminución alarmante de la biomasa marina, con riesgo de la sustentabilidad y existencia de las especies explotadas, con cesantía e inseguridad creciente de los trabajadores pesqueros.
2) Que la aplicación de vedas sorpresivas, sin aviso ni información anticipada inobjetable sobre las razones y variables que generan la aplicación de tan drásticas medidas, genera costos sociales y económicos evitables.
3) La necesidad de tomar medidas que aseguren la sustentabilidad de la actividad pesquera.
Esta Cámara acuerda:
Solicitar al Supremo Gobierno la modificación urgente de la normativa pesquera actual para adecuarla al objetivo básico de asegurar una actividad pesquera sustentable, en que no se ponga en riesgo la existencia de las especies marinas y se proteja la situación de los trabajadores pesqueros, en que todos los agentes involucrados en la pesca tengan información suficiente e inobjetable sobre la realidad de su sector”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votó por la negativa el diputado señor
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Por último, se presentó un proyecto de acuerdo que no corresponde tratar en esta sesión, por tratarse de una modificación reglamentaria que requiere trámite de proyecto del ley, pues propone un cambio en las Comisiones.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial. (Boletín Nº 2416-03).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Decreto Ley Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial. (Boletín Nº 2339-06).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. (Boletín Nº 2439-20).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. (Boletín Nº 2499-06).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscritos por Chile. (Boletín Nº 2421-03).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. (Boletín Nº 2429-05).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece un seguro de cesantía. (Boletín Nº 2494-13).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que reemplaza el Título IV de la ley Nº 18.168, de 1982, ley General de Telecomunicaciones. (Boletín Nº 2436-15).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones estableciendo la obligatoriedad de revisar el proyecto de cálculo estructural. (Boletín Nº 2470-14).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
10. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 21 de junio de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 20 del mes en curso, a proposición de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, ha acordado disponer el archivo del proyecto de ley que modifica el artículo 52 del decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, previo acuerdo de esa honorable Cámara. (Boletín Nº 833-12).
La proposición de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales la ha formulado en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 36 del Reglamento del Senado, por haber transcurrido más de dos años sin que se haya pronunciado sobre la iniciativa.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
11. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 5 de julio de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión de 4 del mes en curso, a proposición de la Comisión de Economía, ha acordado disponer el archivo, previo acuerdo de esa honorable Cámara, de los siguientes proyectos de ley:
1. El que regula los contratos de exportación de productos hortofrutícolas. (Boletín Nº 780-01), y
2. El que agrega incisos al artículo 1709 del Código Civil, estableciendo formalidades en actos y contratos que señala. (Boletín Nº 1274-07).
La proposición de la Comisión de Economía la ha formulado en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 36 del Reglamento del Senado, por haber transcurrido más de dos años sin que se haya pronunciado sobre la iniciativa.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
12. Informe de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana recaído en el proyecto de ley que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. (boletín Nº 1803-07-1)
“Honorable Cámara:
La Comisión Especial de Seguridad Ciudadana viene en informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley de la referencia, originado en una moción del diputado señor Alberto Espina Otero , copatrocinada por los diputados señora María Angélica Cristi Marfil y señores Zarko Luksic Sandoval , Gutenberg Martínez Ocamica , Baldo Prokurica Prokurica y Alfonso Vargas Lynch y por el ex diputado señor Andrés Allamand Zabala.
Cabe hacer presente que la iniciativa cuenta, asimismo, con el patrocinio de S.E. el Presidente de la República.
La decisión de remitir este proyecto en informe a esta Comisión, fue adoptada por la Corporación en su sesión 8ª, de 22 de junio recién pasado, para los efectos previstos en el artículo 119 del Reglamento.
De conformidad a lo establecido en la disposición reglamentaria citada, corresponde a la Comisión pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, de estimarlo conveniente, recomendará aprobar o desechar las enmiendas propuestas.
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes presentes en la mayoría de los casos y por mayoría de votos en los otros, acordó recomendar la aprobación de la totalidad de las modificaciones introducidas por el Senado, toda vez que complementan y expresan en forma más completa las ideas que inspiraron la iniciativa original.
ALCANCES DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL SENADO
El Senado introdujo las siguientes modificaciones al texto propuesto por la Cámara, todas las que, como ya se ha dicho, fueron aprobadas por la Comisión:
Artículo 1º
El texto de la Cámara modificaba los artículos 195, 264 y 266 bis del Código de Procedimiento Penal. El Senado, en cambio, substituyó íntegramente esta disposición modificando los artículos 83, 90, 91, 195, 196 y 260 bis del Código mencionado.
a) El número 1 del artículo 1º del texto propuesto por el Senado, agrega un nuevo inciso tercero al artículo 83 del Código de Procedimiento Penal.
Esta disposición, ubicada en el Título II del Libro II, que trata de las diversas maneras de iniciar el proceso por crímenes o simples delitos pesquisables de oficio, señala que todo el que tenga conocimiento de un hecho punible puede denunciarlo, indicando que están obligados a recibir la denuncia no sólo el tribunal a quien corresponda el conocimiento de la causa, sino también cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en materia criminal y los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
El nuevo inciso tercero que agrega el Senado tiene por objeto establecer que no será necesario citar a presencia judicial a los mencionados funcionarios policiales, a declarar acerca del hecho de haber recibido la denuncia y del contenido expresado en ella por el denunciante.
La Comisión teniendo presente que esta nueva disposición propende a evitar el trámite burocrático de citar a los funcionarios policiales a ratificar el contenido de los partes, trámite redundante si se tiene en cuenta que estos últimos tienen el carácter de instrumentos públicos, y, además, teniendo en consideración que en el caso de existir alguna contradicción entre el señalado contenido y las declaraciones posteriores del inculpado, la nueva disposición en nada se opone a que se pueda citar a dichos funcionarios, procedió a aprobarla por unanimidad.
b) El número 2 del artículo 1º del texto propuesto por el Senado, agrega un nuevo inciso al artículo 90 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 90 establece que la denuncia verbal deberá extenderse en un acta en presencia del denunciante quien deberá firmarla por sí o por un tercero a ruego suyo si no pudiere hacerlo; si dicha denuncia fuere hecha por escrito deberá contener la firma del denunciante o de un apoderado especial o un tercero a su ruego en el caso de impedimento.
El nuevo inciso que el Senado propone agregar a esta norma, exige que el acta de la denuncia contenga una descripción detallada del hecho punible y del lugar en que ocurrió, la individualización más completa de las personas o cosas objeto del delito, los presuntos culpables y los testigos y, en general, todos los datos que puedan servir para la identificación de los responsables y la determinación de los hechos. Igualmente, deberá dejar constancia de la información proporcionada a los testigos acerca del derecho a reserva de su identidad y de cuáles de éstos hicieron uso de tal reserva.
La Comisión estimó de especial relevancia la constancia de haberse informado a los testigos acerca del derecho a reserva de la identidad que les asiste y aunque los términos de la proposición analizada pudieran parecer un tanto reiterativos de las disposiciones contenidas en los artículos 82 y 89 de este mismo Código, consideró que, en realidad, se trata de un complemento necesario que guarda plena concordancia con el nuevo inciso agregado al artículo 83, analizado en la letra anterior, por cuanto, en la actualidad, la necesidad de citar a los funcionarios deriva, precisamente, de lo incompletas de las menciones contenidas en las actas de denuncias.
Se aprobó la disposición por unanimidad.
c) El número 3 del artículo 1º propuesto por el Senado, agrega un nuevo inciso al artículo 91 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 91 dispone que una vez recibida la denuncia, el juez deberá proceder, sin más trámite, a la comprobación del hecho denunciado, salvo que la denuncia sea manifiestamente falsa o recaiga sobre un hecho que no constituya delito.
El nuevo inciso propuesto por el Senado, dispone que la comprobación inmediata del hecho denunciado deberá llevarse a cabo aunque la denuncia se hubiere formulado ante la policía u otro tribunal, agregando que el denunciante no deberá concurrir a ratificar su denuncia, pudiendo ser citado si el juez, mediante resolución fundada, así lo determina.
La Comisión se mostró plenamente de acuerdo con la disposición, especialmente porque no hace necesaria la ratificación del denunciante, mecanismo que, en la práctica, constituye un desincentivo para denunciar, toda vez que resulta habitual que al concurrir el denunciante a ratificar, sufra presiones por parte del denunciado o sus allegados con los cuales suele encontrarse en el recinto de los tribunales.
Se aprobó la proposición por unanimidad.
d) El número 4 del artículo 1º propuesto por el Senado, reemplaza el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 195, ubicado en la primera parte del Título III del Libro II, que trata de las declaraciones de testigos como medio de prueba para la comprobación del hecho punible, se refiere a la forma en que debe practicarse la citación de los testigos para que concurran al tribunal, señalando que ella deberá efectuarse por un agente de policía o también por cualquier ministro de fe o empleado del tribunal comisionado para ello.
La norma de reemplazo que propone el Senado dispone que la citación se notificará por carta certificada, dejándose constancia en el expediente de la fecha de entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de ésta y el número de comprobante emitido por ella, el que deberá adherirse al expediente.
Esta notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha de entrega, pero si la carta fuere devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, deberá adherirse igualmente al expediente.
No obstante lo anterior, en casos excepcionales y en virtud de resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por cédula.
La Comisión debatió largamente esta norma por cuanto se tuvo dudas acerca de los efectos que pudiera tener respecto del inculpado de delitos de menor entidad que sólo merecen citación para comparecer ante los tribunales, la que se libra bajo apercibimiento de arresto, en razón de que el artículo 248 para los efectos de llevar a cabo la citación de estas personas, se remite a los artículos 194, 195 y 196. Se estimó que el hecho de no recibir estas personas la carta, cualquiera fuera la razón, podría significar para ellos una detención.
Finalmente, la Comisión estimó que tal situación quedaba resguardada por la disposición contenida en el inciso primero del nuevo artículo 196 que propone el Senado, por cuanto esta norma establece que si la persona citada o notificada no comparece, deberá citársela o notificársela nuevamente, esta vez, por cédula y previo decreto judicial. Es decir, tratándose de las personas a que se refiere el artículo 248 su no comparecencia luego de la primera citación, no tendría otro efecto que el de volver a ser citadas, pero esta vez por cédula.
La aclaración anterior no fue obstáculo para que se considerara poco acertada la redacción dada a la norma, especialmente por el uso del sustantivo “notificación” y las formas del verbo “notificar” que emplea este artículo y también el nuevo 196, los que inducen a cierta confusión por cuanto notificar implica tomar conocimiento de algo, sentido que no en todos los casos previstos en estos artículos encaja con la idea que los inspira.
En todo caso, la Comisión concordó con el sentido de la nueva disposición, toda vez que se enmarca dentro de las finalidades perseguidas por el proyecto, en el sentido de liberar a los funcionarios policiales de la realización de prácticas de carácter administrativo, a la vez que agiliza los procedimientos mediante la implementación de un sistema de citación por medio de cartas certificadas, razón por la que procedió a aprobar la disposición en los mismos términos, por mayoría de votos.
e) El número 5 del artículo 1º propuesto por el Senado, reemplaza el artículo 196 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 196 dispone que la citación personal del testigo se efectuará en cualquier lugar en que sea habido. Si éste, a pesar de encontrarse en el lugar del juicio, no pudiere ser ubicado para los efectos de ser citado, luego de habérselo buscado en su casa, será citado por cédula, previo decreto judicial.
El nuevo texto propuesto por el Senado, señala que el testigo que no compareciere a la citación, practicada o notificada en la forma señalada por el artículo 195, ya analizado, deberá serlo nuevamente por cédula, previo decreto judicial. Esta nueva citación o notificación deberá efectuarse por cualquier ministro de fe o empleado del tribunal comisionado para ello y, sólo excepcionalmente, mediante resolución fundada, por un agente de policía. La persona que la practique deberá certificar el día y hora en que la ejecutó la diligencia o el inconveniente que haya impedido su realización, de lo que se dejará testimonio en el expediente.
La Comisión trató esta disposición conjuntamente con la que substituyó el artículo 195, por tratarse de disposiciones de carácter complementario y, por lo mismo, invocando las mismas razones que tuvo para aprobar la primera, procedió, igualmente, a aprobar ésta en los mismos términos, por mayoría de votos.
6. El número 6 del artículo 1º propuesto por el Senado, modifica el artículo 248 del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 248, ubicado en el párrafo 1º del Título IV del Título II, que se refiere a la citación de las personas que se presumen responsables de un hecho punible de menor entidad, es decir, los sancionados con pena de falta, inhabilitación para cargos u oficios públicos o profesiones titulares o penas privativas de libertad de no más de 540 días, previene que dicha citación a comparecer deberá practicarse en los términos señalados en los artículos 194, 195 y 196, conteniendo el apercibimiento de que si esa persona no comparece, se librará en su contra orden de detención o prisión, según sea el caso.
El Senado propuso modificar este artículo, agregando después de la cifra “194” las expresiones “inciso tercero”.
La modificación no tiene otro alcance que permitir que en estos casos, los inculpados citados a declarar o a comparecer a los demás actos del juicio, puedan también ser notificados en forma verbal en caso de urgencia, sin necesidad de esperar la expedición por escrito de la correspondiente orden de citación.
La Comisión consideró complementaria esta disposición de las dos anteriores, procediendo, en consecuencia, a aprobarla, en los mismos términos, por mayoría de votos.
7. El número 7 del artículo 1º propuesto por el Senado substituye el artículo 260 bis del Código de Procedimiento Penal.
El artículo 260 bis, ubicado en el párrafo 2º del Título IV del Libro II, que se refiere a la detención de las personas que se presumen responsables de un hecho punible, dispone que la policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados tales como la existencia de un indicio de que ha cometido o intenta cometer un crimen o simple delito o que se dispone a cometerlo o de que puede suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen o simple delito. La identificación deberá realizarse en el lugar en que la persona se encuentre, debiendo dársele todas las facilidades para ello, lo que podrá hacer por cualquier medio. Solamente en caso de negativa a identificarse o de existir imposibilidad de hacerlo, podrá conducirse a tal persona a la unidad policial más cercana.
El texto de reemplazo propuesto por el Senado amplía la facultad de la policía para solicitar la identificación de cualquier persona, no sólo en el caso de que existan indicios de que ha cometido o intenta cometer un delito o simple delito, sino que también faltas o de que puede entregar información para la indagación de además de crímenes o simples delitos, de faltas. Asimismo, precisa los medios por los cuales puede acreditarse la identidad, remitiéndose a los documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, tales como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Para encontrar y exhibir tales documentos, deberá darse al afectado las facilidades necesarias.
En caso de negativa o, a pesar de haber recibido las facilidades del caso, no pudiere la persona identificarse, se la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación.
La norma precisa los efectos de esto último, señalando que si se trata de negativa, deberá citársela a presencia judicial para los efectos de responder por la falta de ocultamiento de identificación, pero si se tratare sólo de imposibilidad o impedimento, se le darán facilidades para que pueda hacerlo por otros medios distintos a los mencionados o, para que si así tampoco fuere posible, autorice por escrito la captación de fotografías y de huellas digitales, las que sólo podrán utilizarse para fines de identificación. En este último caso el afectado quedará de inmediato en libertad.
Los dos últimos incisos de esta nueva norma, señalan que en el caso de haberse trasladado a la persona a una unidad policial, el funcionario que practique el traslado deberá informarla de su derecho a comunicar a su familia o a las personas que indique, el hecho de permanecer en el cuartel policial, no pudiendo ser ingresado a celdas o calabozos o mantenido en contacto con personas detenidas.
La facultad para requerir la identificación deberá efectuarse en la forma más expedita posible, no pudiendo el conjunto de los trámites demorar más de cuatro horas.
El texto en análisis suscitó un prolongado debate en que, por una parte, se estimó que la norma sería contraria a las ideas matrices del proyecto por cuanto obligaría a contar con funcionarios para la captación de las fotografías y correspondientes huellas digitales, lo que sería contrario al propósito de liberar personal de la realización de funciones administrativas; lo excesivamente amplia de la facultad concedida a las policías para solicitar identificarse a las personas, toda vez que la inclusión de las faltas entre las acciones punibles que podrían dar lugar a la solicitud de identificación, equivaldría prácticamente a revivir la detención por sospecha; la necesidad de incluir entre los documentos identificatorios, en el caso de los menores de edad, el carné de estudiante; la verdadera identidad que existiría entre la exigencia de la fotografía y toma de huellas dactilares con el de un prontuario, como por la otra, que podría la disposición conllevar un vicio de constitucionalidad en razón de la exigencia que, en los hechos, se estaría estableciendo en cuanto llevar siempre consigo la cédula de identidad.
La Comisión, finalmente, estimó:
-que la nueva disposición es complementaria de la normativa vigente y no se aparta por tanto de las ideas matrices del proyecto, toda vez que sin otorgar nuevas facultades, permite una mejor regulación de la prerrogativa policial que se establece para el control de la identidad de las personas;
-que de modo alguno puede considerarse que su aprobación signifique revivir la detención por sospecha por cuanto esta última contempla una serie de elementos puramente subjetivos, lindantes con la arbitrariedad (uso de disfraces, transitar a horas muy avanzadas, etc);
-que el carné de estudiante ha perdido en la actualidad su condición de documento público y, por ende, valor probatorio, además de no contener las impresiones digitales;
-que la inclusión de las faltas entre los ilícitos que permiten la solicitud de identificación, obedece a una necesidad de seguridad ciudadana, toda vez que el hurto de sumas o valores de hasta veinticinco mil pesos, aproximadamente, se sanciona hoy día solamente como falta;
-que no hay vicio de constitucionalidad toda vez que la garantía constitucional del derecho a la libertad personal, admite en cuanto a su privación o restricción, las limitantes que pueda imponer la ley.
Por todas estas razones, procedió a aprobar la disposición en los mismos términos, por mayoría de votos.
Artículo 2º
El texto propuesto por la Cámara modifica el Código del Trabajo, la ley de Menores y la ley sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
El Senado substituyó íntegramente este artículo para modificar, en cambio, los artículos 8º y 9º de la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.
a) El número 1 del texto propuesto por el Senado substituye el inciso primero del artículo 8º de esta ley.
El inciso mencionado se refiere a la forma en que deberá notificarse el requerimiento de pago al obligado a una pensión alimenticia, disponiendo que deberá efectuarse personalmente, pero que si no fuere habido, aun cuando no se hallare en el lugar del juicio, será notificado por cédula de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio.
El texto propuesto por el Senado dispone que el requerimiento se notificará personalmente o por cédula, la que deberá contener copia íntegra de la resolución y los demás antecedentes necesarios para su debida comprensión. Agrega que tal notificación deberá efectuarse por un receptor visitador del tribunal, por los asistentes sociales del juzgado, por receptores judiciales y, excepcionalmente, mediante resolución fundada, por funcionarios policiales. De no ser habido el ejecutado, se procederá conforme lo dispone el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se encuentre en el lugar del juicio
La modificación no tiene más alcances que el de permitir que la notificación se practique no sólo personalmente, sino que también por cédula, la que deberá contener las menciones señaladas. Asimismo, deja abierta la posibilidad de que pueda practicarse por un funcionario policial, pero sólo en forma excepcional y en virtud de resolución fundada.
Se aprobó, sin debate, por unanimidad.
b) El número 2 del texto propuesto por el Senado introduce dos modificaciones al artículo 9º, disposición que establece la necesidad de notificar las resoluciones judiciales que ordenan el pago de una pensión alimenticia, a la persona que paga su sueldo al alimentante a fin de que practique la retención correspondiente y proceda a efectuar los pagos señalados al alimentario o a quien lo represente. La notificación debe efectuarse por cédula de conformidad al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe contener copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia.
La primera de estas modificaciones, suprime la referencia al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, y la segunda agrega un inciso para disponer que dichas notificaciones deberán practicarse por carta certificada, dejándose constancia de ello en el expediente, de la fecha de la entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de ésta, el número del comprobante que hubiere emitido el cual deberá adherirse al expediente. La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha señalada.
La modificación se limita a substituir la notificación por cédula efectuada conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, por la realizada mediante carta certificada y a indicar cuándo debe entenderse practicada la notificación, aplicando una regla similar a la establecida para el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal por este mismo proyecto.
Se aprobó la disposición sin debate, por unanimidad.
Artículo 3º
En virtud de este artículo, se agrega un inciso tercero al artículo 122 de la ley Nº 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres.
El texto propuesto por la Cámara dispone que el responsable del establecimiento en que se practique una alcoholemia, deberá adoptar las medidas necesarias para que el examen se efectúe en forma expedita, permitiendo que los funcionarios policiales a cargo de los detenidos sometidos a examen, empleen el menor tiempo posible en su custodia.
La propuesta del Senado conserva la misma idea anterior, pero la precisa ante la necesidad de referir la práctica de tales exámenes sólo a aquellas personas que se encontraren detenidas bajo custodia policial, ello debido a que el inciso segundo a que hace referencia el texto propuesto por la Cámara, contempla también la realización de exámenes voluntarios.
Se aprobó, sin debate, por unanimidad.
Artículo 4º
Esta disposición agrega un inciso segundo al artículo 17 del decreto con fuerza de ley Nº 196, de 1980, sobre Ley Orgánica del Servicio Médico Legal.
El texto propuesto por la Cámara señala que en caso de accidentes del tránsito, la persona responsable del establecimiento en que deban practicarse los exámenes destinados a determinar las lesiones sufridas por una persona, adoptará las medidas necesarias para que éstos se efectúen en forma expedita, de tal manera de permitir a los funcionarios policiales emplear el menor tiempo posible en la custodia de los lesionados que requieran tales exámenes.
La proposición del Senado cambia la redacción de la norma a fin de hacerla comprensiva de los exámenes que deban practicarse a personas que se encuentren detenidas bajo la custodia de funcionarios policiales, pero que han experimentado lesiones o requieren de curaciones que no hagan necesaria la hospitalización, provenientes de cualquier causa y no sólo de accidentes de tránsito.
Se aprobó la modificación, sin debate, por unanimidad.
Artículo 5º
El Senado agregó un nuevo artículo para modificar la letra e) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.
El artículo 3º mencionado señala el procedimiento a que deberán ceñirse los conflictos que se originen en la comisión de actos de violencia intrafamiliar y su letra e) se refiere a la primera notificación que deba practicarse de acuerdo a dicho procedimiento. En lo que interesa a este informe, establece que tales notificaciones podrán ser hechas por un funcionario del tribunal, por un receptor, por un notario público, por un oficial del Registro Civil o por carta certificada, según lo determine el tribunal.
La proposición del Senado dispone que las notificaciones podrán ser hechas por un funcionario del tribunal en calidad de ministro de fe ad hoc, por un receptor judicial, por un notario público o un oficial del Registro Civil en aquellos lugares en que no exista receptor judicial, o por carta certificada, según lo resuelva el tribunal.
La modificación no tiene otros alcances que el de hacer aplicable en esta materia la disposición contenida en el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, norma de carácter supletorio y común a todo procedimiento. En consecuencia, sólo a falta de un receptor judicial, podrá encargarse de practicar estas notificaciones un oficial del Registro Civil o un notario público.
Se aprobó sin debate, por unanimidad.
Artículo 6º
El Senado agregó este artículo para efectuar la imputación presupuestaria destinada a financiar el mayor gasto que pudiere irrogar la iniciativa.
Se aprobó sin debate, por unanimidad.
CONSTANCIA
La Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1º Que ninguna de las proposiciones del Senado tiene rango de ley orgánica constitucional o que deba aprobarse con quórum calificado, y
2º Que el nuevo artículo 6º propuesto por el Senado es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
-o-
Sala de la Comisión, a 4 de julio de 2000.
Se designó diputado informante al señor Zarko Luksic Sandoval.
Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señores Zarko Luksic Sandoval ( Presidente ), Juan Bustos Ramírez , Maximiano Errázuriz Eguiguren, Alberto Espina Otero , señora María Pía Guzmán Mena y señores José Pérez Arriagada y Patricio Walker Prieto.
En reemplazo del diputado señor Edmundo Salas de la Fuente asistió el diputado señor Sergio Elgueta Barrientos.
Asistió, asimismo, a la sesión el diputado señor Juan Pablo Letelier Morel.
(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario ?.