Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jaime Gazmuri Mujica
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL FUNCIONARIO DON LUIS DUHALDE SOTOMAYOR.
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI.
OBJETO DE SESION
- RESERVA EN INFORMACION SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- RESERVA EN INFORMACION SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe de la Comisión Investigadora de la situación producida con ocasión del programa de autoconstrucción en la ciudad de Iquique.
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Rene Manuel Garcia Garcia
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Haroldo Fossa Rojas
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Rosa Gonzalez Roman
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Patricio Alejandro Hales Dib
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Lily Perez San Martin
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Fanny Pollarolo Villa
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Ricardo Rincon Gonzalez
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Manuel Rojas Molina
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Edmundo Salas De La Fuente
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Antonella Sciaraffia Estrada
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Exequiel Silva Ortiz
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Salvador Urrutia Cardenas
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- Felipe Valenzuela Herrera
- AUTOR DE INFORME DE COMISIÓN INVESTIGADORA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Laura Soto Gonzalez
- Maria Pia Guzman Mena
- Francisco Bartolucci Johnston
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Juan Antonio Coloma Correa
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Ignacio Walker Prieto
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Informe de la Comisión Investigadora de la situación producida con ocasión del programa de autoconstrucción en la ciudad de Iquique.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 6ª, en miércoles 21 de junio de 2000
(Especial, de 9.41 a 14.32 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- OBJETO DE LA SESIÓN
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
Minuto de silencio en memoria del funcionario don Luis Duhalde Sotomayor 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
V. Acuerdos de los Comités 9
VI. Objeto de la sesión.
Reserva en información sobre detenidos desaparecidos. Primer trámite constitucional 9
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia calificada de “simple”, que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (boletín Nº 1803-07) 61
2. Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos (boletín Nº 2520-07) 65
3. Informe de la Comisión Investigadora de la situación producida con ocasión del Programa de Autoconstrucción en la ciudad de Iquique 82
4. Moción de las diputadas señora Soto, doña Laura, y Guzmán, doña María Pía, y de los diputados señores Bartolucci, Bustos, Coloma, Elgueta y Walker, don Ignacio, que amplía edición de los Códigos oficiales (boletín Nº 2521-07) 116
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión de Salud, mediante el cual propone a la Sala de la Corporación el archivo de los proyectos, iniciados en moción, que a continuación se indican, por haberse legislado sobre dichas materias:
a) Modifica el artículo 98 del Código Sanitario, relativo a alimentos de uso médico (boletín Nº 2011-11).
b) Modifica el artículo 38 letra a) de la ley Nº 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en relación a los requisitos para acreditar experiencia laboral en el sector (boletín Nº 2099-11).
c) Modifica los artículos 123, 124, 125 y 127 del Código Sanitario, para establecer nuevas condiciones de venta y almacenamiento de los productos farmacéuticos (boletín Nº 2100-11).
d) Establece modificaciones a la legislación sobre expendio y producción de bebidas alcohólicas, alertando sobre los riesgos para la salud (boletín Nº 2418-11).
e) Modifica el Código Sanitario estableciendo como condición para autorizar un basural, la existencia de una distancia entre el relleno y los lugares afectados (boletín Nº 2498-11).
Contraloría General de la República
-Del diputado señor Seguel, fiscalización en la Municipalidad de San Miguel.
-Del diputado señor Correa, irregularidades en uso de recursos aportados por la Fundación Padres Trapenses San José de La Dehesa.
-Del diputado señor Urrutia, propuestas y licitaciones realizadas durante el año 1999 por la Municipalidad de General Lagos.
Ministerio Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del diputado señor Molina, perforaciones a la zona de reserva para la pesca artesanal en la Tercera y Cuarta Regiones.
-De los diputados señores Rocha, Ceroni, Navarro, Mulet, Felipe Letelier, Fossa, Vilches, Gutiérrez, Villouta, Reyes, Pareto y Diputada señora Caraball, procesamiento de harina durante veda de jurel bajo excepción de consumo humano.
Ministerio de Hacienda
-Nómina de mayo de decretos tramitados con cargo a las provisiones que se indican, y cumplimiento de los artículos 3º y 8º de la ley de Presupuestos año 2000.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del diputado señor Delmastro, transformación de Capredena en AFP y traspaso de la Dirección de Aeronáutica Civil al Ministerio de Transportes.
-De la Corporación, título de montaña o fronteras.
Ministerio de Obras Públicas
-De los diputados señores Navarro y Acuña, razones por las cuales se autorizó la entrega de seis mil litros por segundo al proyecto de celulosa Itata, Octava Región.
Ministerio de Agricultura
-Del diputado señor Pablo Galilea, programas de Indap para agricultores de la comuna de Lago Verde.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Rincón, funcionamiento de las prestaciones de servicios de asistencia técnica para los beneficiarios del subsidio rural.
-De los diputados señores Kuschel, Pablo Galilea, José García, Van Rysselberghe, Ulloa, Rojas y Sánchez, medidas adoptadas para evitar inundaciones en ciudades de la Región de Los Lagos.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-De la Corporación, normativa jurídica relativa al otorgamiento de licencias de conductor profesional.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (113)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Cristián Leay, Alejandro Navarro y Felipe Valenzuela.
-Asistieron, además, los ministros del Interior , señor José Miguel Insulza; de Defensa Nacional, señor Mario Fernández; de Justicia, señor José Antonio Gómez; de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. Concurrieron, también, los senadores señores Jaime Gazmuri y Adolfo Zaldívar.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 9.41 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).
- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL FUNCIONARIO DON LUIS DUHALDE SOTOMAYOR.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tengo el sentimiento de comunicar a la Corporación el sensible fallecimiento del destacado y recordado funcionario de la Cámara señor Luis Duhalde Sotomayor, quien perteneciera al escalafón técnico de la Redacción de Sesiones desde 1961, y fuera presidente de la Asociación de Funcionarios en el período 1998-1999.
Hacemos llegar a su señora, familiares y al personal de la Corporación nuestros sentimientos de pesar por tan irreparable pérdida.
Invito a los señores diputados y funcionarios a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.
-Los señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 1ª de la legislatura ordinaria se declara aprobada.
El acta de la sesión 2ª de la legislatura ordinaria queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario va a informar sobre los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, adoptaron los siguientes acuerdos:
La sesión citada para las 19.00 horas de hoy a fin de tratar el proyecto de ley del deporte se efectuará entre las 17.00 y las 19.30 horas. Dicha iniciativa se considerará hasta su total despacho.
Las Comisiones podrán sesionar hasta las 16.50 horas y la Comisión especial de bomberos podrá hacerlo de 18.00 a 19.00 horas.
VI. OBJETO DE SESION
RESERVA EN INFORMACION SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.
Diputada informante de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es la señora Laura Soto.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2520-07, sesión 5ª, en 20 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Informe de las Comisiones Unidas de Constitución y de Derechos Humanos. Documentos de la Cuenta Nº 2 de esta sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora diputada informante.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasan a informar sobre el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos. La iniciativa fue iniciada en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República y para su despacho se hizo presente la urgencia en el carácter de “discusión inmediata”.
Se deja constancia de que por acuerdo unánime de los Comités, adoptado en la sesión 5ª ordinaria, en martes 20 de junio de 2000, se acordó que el proyecto fuera enviado únicamente a la Comisión de Constitución, otorgándole como plazo para su despacho el día de hoy, con el propósito de verlo en la Sala, en sesión especial, a contar de las 9.30 horas.
Con posterioridad y en virtud de un nuevo acuerdo unánime de los Comités, adoptado en la misma sesión, se acordó que el proyecto fuera estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Cabe hacer presente asimismo que, por acuerdo de la Comisión, el inciso final del artículo único del proyecto tiene el carácter de norma orgánica constitucional, en cuanto establece que a la información a que se refiere esta ley no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, que regula los principios de probidad administrativa y de transparencia de la función pública y, respecto de este último, la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la administración del Estado y de los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.
Como se recordará, esta norma fue incorporada en la referida ley por el artículo 1º de la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, por sentencia de 19 de noviembre de 1999, que ella es propia de la citada ley orgánica constitucional.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración continua de los ministros del Interior , don José Miguel Insulza ; secretario general de la Presidencia , don Álvaro García ; secretario general de Gobierno , don Claudio Huepe , y de Justicia, don José Antonio Gómez ; de la abogada Pamela Pereira , miembro de la “Mesa de Diálogo”; de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras Viviana Díaz , presidenta; Mireya García , secretaria, y Carmen Vivanco , tesorera; de la presidenta del Partido Comunista de Chile , doña Gladys Marín , y de los miembros de la comisión política de esa entidad, señores Andrés Lagos y Manuel Hernández.
Idea matriz o fundamental del proyecto.
De acuerdo con lo expresado en el mensaje, la idea matriz o fundamental del proyecto es generar un mecanismo legal que viabilice el compromiso asumido por los representantes de las instituciones armadas y entidades religiosas y morales que concurrieron a la suscripción de la declaración de la “Mesa de Diálogo” sobre derechos humanos, con el objeto de obtener información útil y conducente para determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, para lo cual el Gobierno propone, tal como se le solicitara en la referida declaración, establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben esa información.
Dada la importancia de la materia, al final del informe se agrega la declaración de la “Mesa de Diálogo” sobre derechos humanos.
Para el Gobierno, esta iniciativa representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos, como lo fueran, en su oportunidad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo Nº 355, de Interior, de 9 de mayo de 1990, que dio origen al llamado “Informe Rettig”, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, cuyo objetivo fue la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de esa comisión. Su informe final lo emitió en diciembre de 1996.
Se recuerda que a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos desaparecidos, el establecimiento de sus responsables y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.
Se destacan, en primer lugar, las actuaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1990 durante el gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos cometidos en los últimos años, para lo cual se encomendaron cuatro tareas específicas: establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias; reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara la justicia, y recomendar las medidas legales y administrativas que, a su juicio, debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.
Pero la verdad es que, pese a los esfuerzos desplegados, esa Comisión no pudo reunir antecedentes que permitieran establecer la suerte o paradero de todas las víctimas, por lo cual subsiste este problema en una magnitud casi sin variaciones en relación con la época en que se dictó el decreto de su creación.
También es importante recalcar la labor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, bajo el Gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a la cual se le encomendaron diversas tareas, entre las cuales está la de promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas cuyos restos, no obstante existir el reconocimiento legal de su deceso, no han sido ubicados, recopilando, analizando y sistematizando toda información útil a este propósito.
Se destacan, por último, los beneficios reparatorios establecidos en la ley Nº 19.123, en favor de los parientes de las víctimas.
Consecuencia de todo lo anterior fue la “Mesa de Diálogo”, alrededor de la cual se reunieron, durante largo tiempo, abogados de los derechos humanos, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y personas vinculadas a la materia, quienes llegaron a acuerdos muy importantes que fueron entregados al Presidente de la República y que han derivado en su proposición de ley al Parlamento.
En el mensaje se consignan algunos párrafos destacados del discurso del Presidente de la República al respecto. Uno de los más importantes, dice: “Este documento se hace cargo de las tareas que están pendientes. Señala cómo hacer para que todos nosotros, la Patria toda, se comprometa para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestra historia. Y luego, cómo a partir de eso, damos cuenta de las tareas pendientes que, en lo esencial, tienen que ver con cómo abordamos de una forma ecuánime, adecuada, justa, la tarea de encontrar a los que todavía no están”.
El proyecto que ha enviado el Presidente de la República es muy acotado. Sólo propone un mecanismo para encontrar los detenidos desaparecidos y establecer, al final, en los tribunales de justicia, la verdad de lo que ocurrió. Claramente, no será una ley de punto final ni impedirá actuar a los tribunales, pues no entorpecerá su labor. Tampoco es una interpretación de la ley de amnistía.
El proyecto establece el deber de reserva, que pesa sobre ciertas personas y que les impide comunicar o dar información respecto del nombre y de los datos que sirvan para identificar a quienes le proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Las personas afectas a la reserva deberán cumplir dos requisitos: que gocen de ciertas calidades o cargos y que hayan sido determinadas reservadamente por los órganos o personas jurídicas referidas para recibir o recabar la información.
El deber de reserva es para toda la vida, es decir, lo conservarán, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, aun después que dejen de pertenecer a ellas.
El deber de reserva se refiere, única y exclusivamente, al nombre, a la individualización de la persona que entregue información útil y conducente, la que será proporcionada al Presidente de la República , quien, a su vez, la pondrá en manos de la Corte Suprema para que designe ministros en visita que se aboquen a esclarecer los hechos.
El proyecto es acotado en el tiempo, puesto que la ley regirá dentro del término de seis meses, de manera que, si entonces no se cumpliera el objetivo, será necesaria una nueva ley para prorrogar el plazo.
Se ha dicho que la reserva equivale, en cierta medida, al secreto profesional, es decir, el receptor no podrá entregar los datos de la persona que ha proporcionado información. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y de Orden llevarán un registro, con una especie de ministro de fe , de los requirentes o receptores de la información.
Después de un intenso debate en la Comisión, se clarificó, en particular por las intervenciones de la abogada Pamela Pereira y del ministro Insulza , que el proyecto no significa un punto final encubierto ni entorpecerá la labor de los tribunales, que expresamente deberán continuar su labor. Sólo establece un mecanismo útil para conseguir lo que se quiere.
Se expresó que las Fuerzas Armadas y de Orden adquirieron un compromiso. Por lo tanto, ellas serán las responsables de la información que se determine como útil y conducente.
Creo que he hecho entrega de los datos más relevantes del proyecto, pero si hubiera alguna duda estoy dispuesta a absolverla.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor GARCÍA ( Ministro secretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , tal como señalara la diputada informante , la iniciativa que hoy se somete a consideración de la honorable Cámara tiene un solo fin: obtener información útil y conducente a ubicar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Estamos respondiendo así a la solicitud hecha hace tan sólo una semana por la “Mesa de Diálogo”, tanto al Ejecutivo como al Parlamento, a fin de que se legisle con premura para establecer las condiciones que ellos estiman necesarias para identificar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
El proyecto se enmarca en un esfuerzo global por saldar una deuda histórica y aliviar la pesada carga moral, social y política que los detenidos desaparecidos han implicado para nuestro país. Resolver este problema, como recién se dio cuenta, ha sido un objetivo permanente de los gobiernos de la Concertación, que, desde el establecimiento de la Comisión Rettig, en 1990, hasta la fecha, han enviado una serie de proyectos y tomado iniciativas directas para encontrar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
De hecho, esta misma Cámara, en 1992, cuando aprobó la ley que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación, estimó que ubicar los cuerpos y establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos era un derecho inalienable. Creo que el proyecto aporta a la consecución de este derecho establecido por el Congreso.
Reconozco, sin embargo, que el esfuerzo realizado por la “Mesa de Diálogo” es inédito, primero, porque no constituye la opinión de una parte del Gobierno o de algún partido político, sino el compromiso de instituciones y personas directamente involucradas en los hechos que buscamos resolver.
Luego, porque establece una verdad compartida entre los distintos miembros de la “Mesa de Diálogo”, verdad que señaló que en la violación a los derechos humanos participaron agentes de organizaciones del Estado, como también reconoció la existencia de violencia política.
Es importante, además, porque establece el compromiso de todos aquellos que concurrieron, a que nunca más estos hechos vuelvan a ocurrir en nuestro país, a rechazar toda forma de violencia y a reconocer la democracia como la única forma de acceder al poder legítimo en nuestro país.
La “Mesa de Diálogo”, hace poco más de una semana, hizo una petición muy concreta y acotada tanto al Ejecutivo como al Parlamento: que legisláramos rápidamente para establecer la obligación de secreto para la fuente de información, útil y conducente a determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Como señalé, este es el único objetivo de este proyecto de ley.
La iniciativa dispone la obligación de mantener la reserva -el deber de reserva- sobre las fuentes de información; los sujetos amparados por este proyecto son miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de las instituciones religiosas y éticas, que establecerán un registro de las personas que pueden obtener información y que, a su vez, son objeto del deber de reserva de sus fuentes.
Cabe señalar que sólo es secreta la fuente de información, el nombre o los datos que permitan identificar a la persona que entregó información, pero no la información en sí misma.
La información debe reunir un requisito: que sea útil y conducente a determinar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, y se reserva la fuente, pero la información propiamente tal debe ser entregada al Presidente de la República , quien posteriormente la hará llegar a los tribunales de justicia. Se establece un período de seis meses para recabar y recibir la información, aunque se señala, como recién manifestó la diputada señora Soto, que el secreto es permanente.
Toda la información que se recoja será entregada al Presidente de la República , quien la pondrá a disposición de los tribunales para instruir los procesos respectivos. Estamos, por lo tanto, haciendo una nueva manifestación de confianza en los tribunales del país como la instancia capaz de establecer la verdad y hacer justicia de acuerdo con la legislación vigente.
Quiero remarcar una vez más que la futura ley de ninguna manera constituirá un punto final. No establece ninguna forma de impunidad ni modifica la responsabilidad que cabe a quienes participaron en los crímenes que aquí se establezcan. Tampoco impide actuar a los tribunales, que seguirán cumpliendo con su función según lo establece la ley.
Por último, no interpreta la ley de amnistía, es decir, los tribunales seguirán resolviendo cada caso de acuerdo a su manera de interpretar la ley. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es simple, pero a la vez crucial: obtener la verdad y aportarla a los tribunales para que instruyan las causas respectivas.
Al terminar mi intervención, felicito la dedicación y diligencia con que las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos de esta Corporación operaron ayer, concluyendo con una amplia aprobación al proyecto y, al mismo tiempo, solicitar su aprobación a esta Sala, ojalá unánime, pues no nos cabe duda alguna de que va a facilitar el camino de encuentro en el país, fortalecerá su unidad y ayudará, por la vía de ubicar el destino y paradero de los detenidos desaparecidos, a sanar las heridas aún abiertas por las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.
Estoy seguro de que el proyecto contará con una amplia aprobación de la honorable Cámara.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión en general y particular el proyecto.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, por casi más de diez años los chilenos hemos buscado fórmulas para terminar con el desencuentro que nos divide. Hay visiones distintas al respecto, posiciones encontradas, irreductibles y frontales que han perturbado durante muchos años nuestra convivencia.
Hay un pasado dramático donde los chilenos nos enfrentamos en dos bandos irreconciliables, situación que no quisiéramos repetir y, a veces, ni siquiera recordar. La incapacidad del diálogo, ese desencuentro entre los distintos actores políticos, la tolerancia cero en las ideas, la diversidad borrada absolutamente de la discusión nos lleva a esa profunda división, que termina con un 11 de septiembre, para todos una visión dantesca. Desde luego, en ese clima no hubo una solución distinta y la fuerza se hizo presente en dramáticos hechos que hasta hoy nos dividen, sin poder alcanzar un punto de encuentro. ¡Es un pasado que los chilenos queremos olvidar!
No es posible que un país avance y progrese si su alma, su pueblo, no ha encontrado la paz y la reconciliación. La tarea está pendiente desde hace diez años, aun cuando en el intertanto ha habido varios intentos fallidos. Hablo de los diez últimos años, porque a partir de ellos renace una nueva democracia.
Sin embargo, un grupo de hombres y mujeres, incluyendo a representantes de las Fuerzas Armadas, de las iglesias, de los distintos credos, abogados e historiadores, hicieron un esfuerzo patriótico por encontrar una solución y presentaron una propuesta para abrir un camino a la justicia y a esta verdad tan esperadas, la que deberá traducirse en una reconciliación y en el cierre de tantas heridas y diferencias. Hoy esa propuesta se debe materializar en un proyecto de ley que, de alguna manera, recoja la iniciativa que estos patriotas chilenos nos han puesto sobre la mesa.
La propuesta nació en el seno de una comisión auténticamente representativa de Chile -yo diría del país real-, donde estaban los distintos pensamientos y credos, personas relevantes, abogados y profesionales. Esa proposición fue ratificada por todas las fuerzas políticas nacionales a través de distintas declaraciones que en los últimos días ha dado a conocer la prensa, y sustentada por el Gobierno democráticamente elegido por todos los chilenos. Sentimos satisfacción porque la inmensa mayoría está representada en esa instancia, de la cual nos sentimos parte.
Desde luego, es imposible que el ciento por ciento de los afectados, directa o indirectamente, quede conforme o esté de acuerdo con esta solución; pero es la hora de la unidad nacional, de la generosidad, del gesto fraternal, del perdón y del propósito de jamás repetir un pasado tan dramático como el del año 73. Debemos crear un país más cálido, donde nadie se sienta discriminado, y, una vez despejado este gran obstáculo que hoy nos divide, profundizar nuestra democracia y acercarnos a ubicar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.
En los últimos meses, los tribunales de justicia han hecho una interpretación que ha creado diversas opiniones. Algunos hemos defendido su voluntad de hacer justicia; pero las interpretaciones también nos han dividido.
Debemos pensar en la razón que han tenido los tribunales para actuar en determinada forma. También debemos asumir nuestras propias responsabilidades, ya que no hemos creado los mecanismos ni las condiciones para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos. A través de esta interpretación, los tribunales han hecho un esfuerzo, y aun cuando muchos podemos no estar de acuerdo con ella, es un intento por despejar las dudas.
Tengo fundadas esperanzas de que en los próximos seis meses los tribunales actuarán en la línea correcta, que significa despejar y resolver definitivamente los cientos o miles de casos de personas desaparecidas y de juicios pendientes.
Sólo nos cabe ser dignos representantes de un país al que los miembros de una “Mesa de Diálogo” le ha señalado un camino, el cual hoy se traduce en un proyecto de ley que deberá ser puesto a disposición de Chile y de sus tribunales.
En 1973, la clase política fue incapaz de resolver el inexorable camino de la autodestrucción y hoy aparece exitosa esta instancia, curiosamente sin nuestra participación.
Estimados amigos diputados, en esa “Mesa de Diálogo” no hubo representantes de los partidos políticos. Es curiosa la historia, porque quienes pertenecemos a esa clase política fuimos los causantes del desastre del año 73, que afectó a todo el país. Hoy, los mismos afectados, los representantes del Chile real, son quienes nos dan una solución. Esto nos debe permitir reivindicar nuestra vocación de servicio público y de representantes del pueblo chileno en esta naciente democracia, porque no podemos defraudar nuevamente a Chile.
En esta instancia, rindo homenaje a todos los caídos de ambos bandos, sin excepción; a esos chilenos que, impulsados por sus ideales y valores, defendieron aquello que consideraron justo; a todos los integrantes de la “Mesa de Diálogo”, quienes, guiados por un hondo valor patrio, hicieron un esfuerzo por abrir un camino hacia la reconciliación y la paz social; a las Fuerzas Armadas, por su flexibilidad y alto compromiso con el país, y a los familiares de las víctimas, para que la templanza y la paz llegue a sus corazones.
Por primera vez tenemos una vía cierta hacia la reconciliación, el cierre de la transición y el reencuentro de los chilenos. Debemos asumir un imperativo ético con las generaciones jóvenes, dejando un país reconciliado, después de haber estado divididos durante tanto tiempo.
Sabemos y estamos conscientes de que habrá personas que no estarán conformes. ¡Las entendemos! ¡Estamos con ellas! Pero también ellos tendrán que comprender que este país debe encontrar una paz que ha sido tan mezquina, una paz que significará entregar un legado a las generaciones jóvenes. Hoy, Chile mira muy fijamente a este grupo de diputados y diputadas y de senadores y senadoras que están a la espera de que el proyecto se despache a la brevedad.
Por todas las víctimas, por todas las personas caídas, por todos quienes han hecho un esfuerzo por buscar un camino hacia la paz y la reconciliación, Renovación Nacional dará su aprobación al proyecto.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, no cabe duda que durante el último año los chilenos hemos vivido una de las experiencias políticas más impactantes e interesantes de la historia, que se tradujo en la más estrecha elección presidencial, en la cual los historiadores tendrán abundante espacio para sacar conclusiones de cómo un país se divide casi por mitades, pero dentro de un clima de armonía. Hubo dos grandes lecciones que calaron profundo en quienes, de una u otra forma, participamos en esa campaña.
La primera dice relación con la distancia que existía entre lo que para los políticos eran los problemas más importantes y lo que para las personas, los ciudadanos, los electores, constituía lo prioritario. Este encuentro y compromiso marcó profundamente la elección y el debate que tuvo lugar a fines del año pasado y a principios de éste: las personas pidieron que nos preocupáramos de los problemas reales.
La segunda gran lección de esa campaña fue la urgencia angustiosa de la misma sociedad por instar a quienes teníamos responsabilidades públicas a avanzar hacia la paz social. Pocas veces se habló más de la paz social y se la apellidó como en esa elección. Se la definió como mirar hacia adelante, siendo capaces de superar las diferencias del pasado. Esa paz social también marcó a fuego parte importante de esa campaña histórica, de la cual los chilenos fuimos protagonistas.
No es menor el hecho de que, entre la primera y la segunda vuelta, todos los candidatos reconocieran que habían escuchado a la gente y que, precisamente, ese acto involucraba el compromiso de enfocar los esfuerzos que se hicieran a futuro en la perspectiva de avanzar en la solución de los problemas reales y cotidianos de la gente, que tanto impactan, y también el compromiso profundo y duradero en pos del objetivo de lograr la paz social en Chile. Esas fueron las grandes lecciones y compromisos de la elección que, de alguna manera, la ciudadanía pidió a quienes tenemos la responsabilidad de orientar nuestras acciones futuras a partir de esos acontecimientos.
En esta ocasión, siento que estamos frente a un momento histórico, en el cual la voz de la gente nos está pidiendo a los actores políticos que tenemos responsabilidades parlamentarias, que generemos espacios para que esa paz social sea posible. Además, cuando ella se consiga -soy de aquellos optimistas que creen que la lograremos-, también posibilitaremos una mayor preocupación por los problemas reales, dentro de las prioridades tanto del Gobierno como de la Oposición.
Pero sabemos que no es fácil alcanzar la paz social y que han sido muchos los esfuerzos desplegados en tal sentido. A mi entender, recién nos estamos poniendo de acuerdo sobre los elementos o requisitos básicos que la proyectan hacia el futuro. Por lo menos, desde mi perspectiva, la paz social contiene tres elementos que debemos abordar con decisión, como una forma de demostrar que hemos escuchado a la gente y hemos sido capaces de superar el pasado.
En primer lugar, debemos facilitar la solución de los problemas de derechos humanos, desplegando todos los esfuerzos posibles para ubicar los cuerpos o averiguar el destino de los detenidos desaparecidos. Es un esfuerzo común del cual nadie puede sustraerse; tenemos que avanzar para generar la legislación o el clima social que lo posibilite, porque no habrá paz social si no facilitamos la solución de los problemas de derechos humanos en la perspectiva de encontrar los cuerpos o conocer el destino de los detenidos desaparecidos.
Pero la paz social tiene otros elementos que la complementan. No cabe duda que también es necesario establecer certeza jurídica en la aplicación de las normas sustantivas y de procedimiento que rigen los procesos pendientes sobre derechos humanos y que afectan a miembros de las Fuerzas Armadas. Tengo la impresión de que también es un elemento importante, porque la incerteza, para estos efectos, debilita el contenido de la paz que -así lo percibo- todos los chilenos estamos buscando.
Por último -aunque de manera menos significativa, pero también quiero abordarlo-, se requiere el máximo consenso normativo posible en el tema constitucional. Obviamente, en la medida en que seamos capaces de hacer esfuerzos por ponernos de acuerdo en todo lo que sea posible -hay elementos que nos distinguen y continuarán distinguiéndonos, porque tenemos una concepción distinta sobre lo que debe ser un modelo constitucional-, también estaremos apuntando a alcanzar la paz social. Entonces, desde mi punto de vista, al preocuparnos de lograr esa meta no sólo estamos escuchando a la gente, sino que abordando uno de los temas más significativos al facilitar la solución de los problemas de derechos humanos.
Ahora, ¿por qué lo hacemos desde una perspectiva legal? A mi entender, primero, porque, hasta ahora, los procedimientos no han resultado eficaces, materia que considero que debemos colocar sobre la mesa. La labor realizada o el camino seguido en ese sentido no ha sido suficiente para dar con el paradero o el destino de los detenidos desaparecidos. Y eso nos importa a todos, porque no es patrimonio de algunos o una materia que sea insensible para otros, ya que somos parte de un mismo país y, de alguna manera, los problemas que se arrastran por tanto tiempo nos afectan a todos.
Pero también entramos a legislar sobre derechos humanos porque existió una instancia que bien vale la pena valorar: la “Mesa de Diálogo”, la cual no habría nacido si no existiera este tema pendiente. A mi entender, en ella se ha realizado un gran esfuerzo por encontrar visiones sobre la historia de Chile. En esa instancia participaron representantes de las Fuerzas Armadas, de Gobierno, abogados de derechos humanos, personalidades del ámbito religioso y cultural que, en conjunto, hicieron un esfuerzo por llegar a un diagnóstico común respecto de nuestra historia, a fin de encontrar la forma de contribuir a mejorar muchos de los temas que han ido quedando como sedimento.
Por lo tanto, valoramos el trabajo de la “Mesa de Diálogo” como un primer gran esfuerzo por abordar con seriedad, desde una perspectiva de futuro, un problema que arrastramos desde hace casi tres décadas. Asimismo, valoramos el esfuerzo desplegado por sus integrantes, quienes, dejando atrás sus legítimas y arraigadas visiones del pasado, fueron capaces de reflexionar y pensar en el futuro. Valoramos la disposición de superar, mediante el diálogo, posiciones que antes parecían irreconciliables.
A quienes formamos parte de esta bancada nos resulta, en verdad, gratificante comprobar que por muy profundas y dolorosas que sean las diferencias, con tolerancia y franqueza, es posible construir espacios de confianza para superarlas. El país entero ha sido testigo de cómo quienes en un comienzo no eran capaces de estrecharse las manos, han terminado por hacerlo; de cómo quienes durante muchos años no cruzaron una mirada, han concluido en una declaración conjunta que reflexiona sobre un pasado que nos divide, pero que nos debe unir a futuro. Desde esa visión, entiendo que ésta no es una iniciativa que agote un tema, sino que genera un gran paso -un primer paso- para que continúen los esfuerzos en esta perspectiva compleja, difícil y exigente -pero apasionante- que implica la construcción de la paz social.
¿Cuál es el propósito del proyecto en discusión? En primer lugar -el ministro lo señaló-, desde una visión estricta, no corresponde a una proposición de Gobierno, sino que recoge la experiencia de un grupo vinculado a la “Mesa de Diálogo”; nace de una instancia que fue capaz de lograr el compromiso contraído por personas, entidades y organismos representativos, anotando las fallas del pasado, porque es cierto que en otro momento hubo iniciativas legales que fallaron, en la perspectiva de buscar un resultado positivo hacia el fu-turo.
Este proyecto se basa en un documento que explicita una verdad compartida, concepto que no siempre había estado presente en esta Sala, que reconoce -ha sido un gesto importante- violaciones a los derechos humanos. Asimismo reconoce -también es importante- la existencia de la violencia política antes y después de 1973, elemento clave en la situación producida. Una de las conclusiones de la Mesa se refiere a que Chile sufrió una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar, lo que, obviamente, genera un espacio en el cual nadie puede eludir su responsabilidad. No se puede apuntar con el dedo a determinadas personas ni éstas pueden aceptarlo. Eso es parte de la verdad compartida que -así lo pienso- ha galvanizado a la sociedad chilena y la ha hecho encontrar un espacio tremendamente significativo para avanzar.
La iniciativa establece un camino acotado, configura un escenario viable para dar un paso hacia adelante, a fin de establecer el paradero de los detenidos desaparecidos, pero, sobre todo, da pie para un acercamiento a la paz social en Chile y genera la necesidad de crear un clima -para mí es la palabra clave- en el cual los elementos pendientes sean resueltos.
Respecto del contenido del proyecto propiamente tal, pienso que es simple. Sin embargo, a veces, las cosas se complican y lo que parece simple debe ser desmenuzado para entender la exacta dimensión de lo que se busca. La idea del proyecto es establecer por seis meses el secreto profesional para quienes proporcionen o confíen información sobre el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. En el fondo, se trata de que las personas queden amparadas por el secreto y, por lo tanto, liberadas de revelar la fuente de la información. Eso es lo que nos pide a los parlamentarios, la “Mesa de Diálogo”, y lo que demanda la búsqueda de la paz social: que seamos capaces de comprometernos en esta tarea. Se sanciona, por lo tanto, a quien rompa el secreto, y se faculta a las personas para que se abstengan de declarar como testigos en juicios criminales, para que no obstruyan la acción de la justicia, lo que ocurriría de no existir esta norma. Es decir, se da un espacio particular, acotado, de seis meses, para que determinadas personas, de sólida formación, representativas de organismos muy arraigados dentro de la historia de Chile, reciban información, para que, a su vez, compaginándola, la entreguen al término o antes de estos seis meses, de manera secreta, al Presidente de la República , a fin de que, de este modo, se avance en el encuentro de los restos de los detenidos desaparecidos o en saber qué pasó exactamente con ellos.
Esa es la idea central, matriz, del proyecto. Eso es lo que la “Mesa de Diálogo” y el país, a mi entender, nos pide y está exigiendo.
Por eso, la bancada de la UDI ha estudiado el proyecto con especial interés -durante los días de la semana pasada en que ha terminado la labor de la “Mesa de Diálogo”-, con el objeto de saber cuál debe ser nuestro deber. Y no ha habido vacilación alguna ni duda en cuanto a entender que nos corresponde aceptar con entusiasmo esta propuesta que la “Mesa de Diálogo” nos plantea, porque está inserta en la paz social que nosotros estamos comprometidos a conseguir. La iniciativa propone una legislación concreta y precisa para ayudar a resolver uno de los problemas más exigentes que hoy se nos impone. Por eso debemos estar presentes, sobre todo porque se trata de empujar para llegar a buen término respecto de otros elementos que exigen el compromiso total del país con la paz social.
Nosotros, en verdad, pensamos que ha llegado la hora de confiar en que los acuerdos alcanzados nos permitirán cerrar la transición. Los acuerdos en sí mismos no valen por su contenido.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado, le resta un minuto para cumplir su tiempo.
El señor COLOMA.-
Los acuerdos que se logran dependen mucho más del espíritu con que se viven, se proyectan y se asumen.
En verdad, más allá de lo que podamos votar o no, lo relevante es entender que éste es un paso muy decisivo para alcanzar el objetivo que nos hemos trazado.
Ha llegado la hora de respaldar esta iniciativa, de mirar hacia delante y de no seguir avanzando con la vista puesta en el espejo retrovisor. Como dice el poeta: “Ha llegado, quizás, la hora de cerrar puertas para abrir nuevas ventanas”. De algún modo, eso simboliza el esfuerzo en que coincidimos muchos de los parlamentarios que aquí estamos presentes, de distintas bancadas y de diferentes historias, y también, por cierto, con una fórmula diversa de analizar el pasado, pero asimismo, conscientes de que lo que nos ha dividido no puede seguir proyectándose hacia delante.
En nombre de la UDI, sentimos que hemos contribuido a dar este primer paso para cerrar el pasado; pero que quede claro que de los que nos encontramos aquí y del clima que vive el país, a partir de hoy, dependerá si seremos capaces de dar los pasos siguientes, para que, efectivamente, se cierre esa puerta y se abran nuevas ventanas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, supuestos familiares de presuntos desaparecidos...
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Ruego a los asistentes a las tribunas que no realicen manifestaciones porque está prohibido hacerlo. No es problema que estén presentes, pero por Reglamento se debe respetar el funcionamiento de la Cámara para se puedan expresar los parlamentarios.
(Manifestaciones en las tribunas).
Ruego a los asistentes a las tribunas que, por favor, guarden silencio, porque si no, en cumplimiento del Reglamento de la Cámara, me veré obligado a suspender la sesión.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente , en nombre de la bancada socialista, ruego a su Señoría que no haga desalojar las tribunas y que escuchemos las manifestaciones que legítimamente realicen los familiares de los detenidos desaparecidos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
No es posible, señor diputado. Por Reglamento no se puede aceptar. Eso usted lo sabe.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, estamos haciendo uso de la palabra. Sé cuánto derecho tienen quienes están en las tribunas a manifestarse en este lugar, que se supone es el centro de la soberanía de nuestro país.
Durante muchos años se nos habló de “supuestos familiares”, de “presuntos desaparecidos”. ¡Cuántas semanas, meses, años, amigos y compañeros nuestros fueron a golpear las puertas de los tribunales, a recorrer los desiertos, a buscar en los patios de los cementerios a supuestos familiares de presuntos desaparecidos!
Hoy, nos honran con su presencia en las tribunas chilenos que han luchado toda una vida por la verdad y la justicia.
(Manifestaciones en las tribunas).
Nunca habrá una palabra de un socialista en contradicción con gente que nos provoca tanta admiración y respeto.
Hoy, todo el país y los medios de comunicación concentran la atención en el crimen horroroso de la detención y desaparición de compatriotas nuestros. ¿Quién duda hoy acerca de la existencia de este inmenso crimen cometido durante la dictadura militar? ¡Cuánta distancia moral, jurídica y política nos separa de aquella época en que se hablaba de supuestos familiares y de presuntos desaparecidos, a la vez que se afirmaba que marxistas habían huido al extranjero, y que extremistas se habían exterminado entre ellos! Cierta prensa titulaba en ese entonces: “En Argentina, extremistas se exterminan como ratas”. Repito: ¡Cuánta distancia moral y política nos separa de aquella época!
Lo que explica la conciencia generalizada de la sociedad chilena acerca de este drama no es otra cosa que la lucha tenaz e inclaudicable de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, de los organismos de derechos humanos y de tantos chilenos y chilenas que iniciaron su resistencia el mismo día del cruento golpe militar de 1973. Primero, fue una lucha tímidamente acompañada; luego, progresivamente engrosada por miles de compatriotas en Chile y en el exilio y, por cierto, por muchas conciencias dignas y democráticas del mundo entero.
Esto fue, y no otra cosa, lo que permitió que, a pesar de la ley de autoamnistía, existieran jueces en Chile dispuestos a investigar, incluso a declarar reos a los responsables de estos crímenes.
Esta lucha fue la que ayudó a los dirigentes y autoridades democráticas a tomar la decisión de constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación y, por cierto, a la materialización de su vigoroso informe.
Esta lucha y las nobles luchas convergentes en otros lugares del planeta, permitieron hacer avanzar el derecho internacional humanitario, una de cuyas aplicaciones más notables en los últimos tiempos fue la detención de Augusto Pinochet en Londres. Ello ocurrió gracias a que la lucha del pueblo de Chile, de sus agrupaciones, ha convergido con la lucha de otros pueblos y de otras consignas dignas y democráticas de España y de Inglaterra, en este caso.
Hoy estamos aquí discutiendo un proyecto de ley que colabore a encontrar a nuestros detenidos desaparecidos. Porque ha existido esta lucha, el país no discute hoy, colega Coloma , sobre problemas ficticios. El diputado Coloma ha descubierto que el país, en las últimas elecciones, se concentró en los problemas reales. Habría dos suertes de problemas en nuestra patria: los reales y los no reales. Resulta que ahora todo Chile discute sobre un problema no real. Pero lo discute porque ha existido una lucha; porque el más real de los problemas es la barbarie cometida durante 17 años de dictadura militar.
Los socialistas hemos sido parte de esta historia; lo decimos sin ninguna estridencia y sin ninguna exageración. Un número muy importante de los detenidos desaparecidos eran militantes de nuestro partido. Un número importante de los detenidos desaparecidos eran amigos, compañeros y familiares nuestros. Nos aproximamos a este tema desde estas circunstancias, y no lo podemos hacer de otra manera.
La “Mesa de Diálogo” ha propuesto al Presidente de la República el proyecto de ley que hoy debatimos. Lo ha hecho suscribiendo un documento que hace reflexiones fundamentales en torno de la historia de Chile de los últimos 30 años. Con razón se dice allí que, respecto de los hechos que culminaron con el golpe de Estado, existen legítimamente distintas opiniones entre los chilenos. Desde luego, participaremos en ese debate y lo haremos desde una premisa fundamental ya consignada en el informe Rettig. Ninguno de los errores cometidos en el pasado puede justificar el horror del golpe militar, ni mucho menos las atrocidades cometidas inmediatamente después del mismo.
Lo haremos preguntándonos cuánto marcó a nuestra generación ese crimen brutal con que nació la década del 70; ese crimen atroz con que despertamos en ese decenio de los 70: el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider Chereau.
Pero hoy parece haber un consenso básico. Se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado; en especial parece haber un consenso por superar la tragedia de los detenidos desaparecidos. Valoramos enormemente el gesto del Presidente de la República de encabezar los esfuerzos para enfrentar esta tarea, y lo acompañaremos en ella.
Sin embargo, queremos expresar que compartimos buena parte de las preocupaciones y aprensiones expresadas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en su declaración y en su ponencia de ayer en el seno de las Comisiones Unidas sobre este proyecto de ley. Por ello, queremos señalar solemnemente que nuestro voto favorable se funda en los siguientes entendidos:
En primer lugar, para los socialistas chilenos, desde siempre, la paz social que tanto anhela Chile sólo puede alcanzarse con el establecimiento pleno de la verdad y la aplicación total de la justicia. Esa es nuestra premisa y nadie ni nada nos apartará un centímetro de ella.
Estamos frente a crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles e inamnistiables. Desde esta perspectiva, hemos analizado el proyecto de ley. No hay en esta iniciativa ninguna disposición, directa ni indirecta, que limite la acción de los tribunales para hacer justicia adicional a la limitación tremenda que hoy tienen y que se llama ley de amnistía. En este proyecto de ley no hay ni una interpretación de la ley de amnistía que inhiba la acción de los tribunales, ni mucho menos hay un punto final.
Por lo mismo, seguiremos recurriendo a los tribunales hasta que los objetivos de verdad y justicia sean plenamente satisfechos. Más aún, mañana, 24 horas después de que el Partido Socialista participe en este debate en el Congreso Nacional, concurriremos a los tribunales de justicia a presentar una nueva querella contra Augusto Pinochet ; esta vez, por el crimen del ex intendente de Talca, compañero Germán Castro. Consta en el proceso que su ejecución fue ordenada telefónicamente por el propio Augusto Pinochet. Y lo haremos con el patrocinio del abogado Hugo Gutiérrez y del colega y abogado Juan Bustos.
Pero si queremos avanzar en el propósito de la justicia, es necesario remover dos obstáculos: la ley de autoamnistía y la competencia exorbitante de los tribunales militares.
Respecto de lo primero, un grupo de diputados de la Concertación ya en 1991 y un grupo de senadores en 1992, presentamos, en ambas Corporaciones, proyectos de ley para anular los efectos de la amnistía. Estando el proyecto en el Senado -de acuerdo con la Constitución-, pediremos a nuestros senadores que se coloque en Tabla y que se discuta, se debata y se vote en el Congreso Nacional. De una vez por todas, los parlamentarios tienen que decir cuál es su opinión definitiva sobre la ley de autoamnistía.
Respecto de lo segundo, pediremos formalmente al Gobierno que envíe un proyecto de ley que restituya la jurisdicción de los tribunales civiles y restrinja la competencia de la justicia militar en coherencia con los principios básicos de un Estado de derecho democrático.
En segundo lugar, concurrimos a este esfuerzo señalando que nos asisten, al igual que a muchos chilenos, profundas dudas acerca de la afirmación de que las Fuerzas Armadas no tienen información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y de que dicha información se encontraría dispersa o fragmentada.
A nuestros familiares, amigos y compañeros, se los llevaron detenidos agentes del Estado, civiles y militares. Los organismos de seguridad estaban al mando de altos oficiales, generales y coroneles. Estos organismos eran altamente jerarquizados. ¿Cómo podría, entonces, estar fragmentada y dispersa la información sobre la acción que ellos realizaron?
Tenemos en nuestro poder un listado -una vez concluida mi intervención, la bancada del Partido Socialista hará entrega formal del documento a la Mesa de la Corporación en la persona de su Presidente - con los nombres de 98 integrantes de los ex servicios de seguridad; entre ellos, oficiales y civiles pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la Dina y la CNI señalados como inculpados en todos los procesos que se han seguido en nuestros tribunales por la violación sistemática de los derechos humanos y la desaparición forzada de personas. En este listado se encuentran los nombres de las personas que saben la verdad y lo ocurrido con nuestros detenidos desaparecidos. Por cierto que esta información obra en poder de los actuales mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Está en sus manos entregar, al cabo de seis meses, toda la información que durante tanto tiempo Chile ha buscado sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Los socialistas concurrimos a este esfuerzo en el entendido de que nadie ni nada puede interpretarlo como una señal, inducción, ni mucho menos presión, a la Corte Suprema en el proceso por desafuero de Augusto Pinochet. Por el contrario, la plena autonomía de los tribunales constituye para nosotros una condición inexcusable para la aplicación de la justicia.
Como señalé al comienzo de mi intervención, lo que Chile ha logrado conquistar en materia de libertad y democracia, lo que hemos conseguido, por poco que fuere, en justicia, ha sido producto de la lucha, de la brega y el esfuerzo de muchos chilenos y chilenas; entre ellos y en primer lugar, de quienes pertenecen a agrupaciones de víctimas de la represión.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha señalado en su declaración lo siguiente: “Es una condición sine qua non que la verdad y la justicia vayan unidas indisolublemente. La sanción penal representa el necesario mecanismo por el cual el Estado democrático hace justicia, revaloriza el derecho a la vida, reafirma el Estado de derecho y fortalece la conciencia nacional en los valores de derechos humanos”. En esta importante sesión, esa declaración la hacemos enteramente nuestra. Si nos guiamos por este principio rector, podremos estar ciertos de contribuir a hacer realidad el propósito que formuló el Presidente de la República de que en Chile nunca más se asesinará ni se hará desaparecer opositores; de que nunca más agentes del Estado ejercerán, de modo sistemático, torturas y asesinatos. En ese Chile del “nunca más” queremos vivir nosotros, nuestros hijos y nietos y las generaciones por venir.
He dicho.
-Aplausos.
-Autorizado por el Presidente de la Mesa , se incluye el siguiente documento:
“Nómina de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y de Servicios de Seguridad, sometidos a proceso o condenados en procesos por violaciones a los derechos humanos:
Arellano Stark , Sergio, general de Ejército; Forestier Haensgen, Carlos, general de Ejército vicecomandante; Ramírez Rurange, Hernán , general de Ejército; Contreras Sepúlveda , Manuel , general de Ejército; Álvarez Scoglia, Ramsés, general de Ejército; Pinto Pérez, Víctor, brigadier general de Ejército; Salas Wenzel, Hugo, general de Ejército; Iturriaga Neumann, Raúl, general de Ejército; Gordón Rubio, Humberto, general de Ejército; Arredondo González, Sergio, coronel de Ejército; Espinoza Bravo, Pedro, coronel de Ejército; Morén Brito, Marcelo, coronel de Ejército; Díaz Araneda , Patricio , coronel de Ejército; Ceballos Jones, Edgar, coronel de Fuerza Aérea; Cáceres Jorquera , Ramón , oficial Fuerza Aérea; Cardemil Valenzuela, Hugo, coronel de Ejército; Herrera Jiménez , Carlos , coronel de Ejército; Bauer Donoso, Kranz, teniente coronel Ejército; Guzmán Olivares , Pedro, teniente coronel Ejército; Quiroz Ruiz, Iván, teniente coronel Carabineros; Ferrer Lima, Francisco, mayor de Ejército; Cifuentes Martínez, Iván, comandante de Ejército; Corbalán Castilla, Álvaro, mayor de Ejército; Pérez Martínez, Rodrigo, mayor de Ejército; Quiroz Luis, Iván , comandante Carabineros; Sanhueza Ross, Luis, teniente de Ejército; Vargas Bories, Jorge, teniente de Ejército; Hernández Oyarzo, Miguel, capitán de Carabineros; Schmied Zanzi, Roberto, brigadier Ejército; Silva Valdés , Arturo, capitán de Ejército; Sanhueza Ross, Arturo, capitán de Ejército; Díaz Anderson, Héctor , capitán de Carabineros; Fernández Dittus, Pedro, capitán de Ejército; González Betancourt, Guillermo, coronel de Carabineros; Zamora Rodríguez, Patricio, capitán de Carabineros; Muñoz Gamboa, Manuel , mayor de Carabineros; Michea Muñoz, Julio, coronel de Carabineros; Valdés Cid, Fernando, teniente de Carabineros; Rojas, Daniel , ex auditor del Ejército; Acuña Riquelme, Mario, ex fiscal militar; Bello, Franklin , teniente Fuerza Aérea; Descalzi, Raúl, teniente de Ejército; Lira Aravena, Héctor. suboficial Carabineros; Pino Moreno, Luis, suboficial Carabineros; Morales Acevedo, Manuel, Carabineros y C.N.I.; Acuña Luengo , César Luis, suboficial de Ejército; Neira Donoso, Enrique , suboficial de Ejército; Valdovinos Morales, René , suboficial de Ejército; Burgos Díaz, Fernando , suboficial de Ejército; Muñoz Orellana , Víctor, Ejército; Vásquez Villegas, Hernán, suboficial Ejército; Pastenes, Juan , carabinero UAT; Barra, Antonio, ex agente (UAT) CNI; Mass, Gonzalo, ex detective; Vargas Bories, Jorge , civil Ejército, CNI, teniente; Cabrera, Armando, suboficial de Ejército; Campos Collao, Domingo, carabinero; Ponce Orellana, Mario, carabinero; Salazar Herrera, Eduardo, civil; Fuentes Castro Juan, sargento 2º Carabineros; Salazar Fuentes , Claudio, cabo de Carabineros; Sáez Mardones, Alejandro, cabo 1º de Carabineros; Huaiquimilla Coñoepán, Juan, suboficial de Carabineros; Jofré Herrera, Luis , cabo de Carabineros; Herrera Soto , Heriberto, carabinero; Riquelme Canales, Carlos, carabinero; Muñoz Koller, Claudio, carabinero; González Rivera, Juan, carabinero; Torres Zurita, Juan, Ejército; Aguirre Álvarez, Miguel, suboficial de Ejército; Cerda, José, funcionario Gendarmería ; Zapata Reyes, Barclay, suboficial de Ejército; Hidalgo, Luis Humberto, suboficial de Ejército; Toledo Pérez, Diógenes, suboficial de Ejército; Contreras Donaire, Manuel, suboficial de Ejército; Letelier Verdugo, Miguel , suboficial de Ejército; Calderón Luna, Humberto, agente de CNI; Ancavil Hernández, Galvarino, civil; Hernández Franco, Nelson, agente de CNI; Olivares Silva , Julio, civil; Galleguillos Vásquez, Misael , dirigente sindical; Lillo Gutiérrez, Raúl, dirigente sindical; Orrego Salas, Valericio, dirigente sindical; Ramírez Romero, José , agente de CNI; González López, Raúl, agente de CNI; Lobórquez Maturana, Ricardo , agente de CNI; Martínez López, Antonio , agente de CNI; Machuca Fuenzalida, Juan, agente de CNI; Marincovic Palma, Jaime, agente de CNI; Rosas Fernández , Claudio, agente de CNI; Varela Martínez, Juan Carlos, agente de CNI; Osvaldo Romo, civil; Estay Reino, Miguel, civil; Solís Díaz, Juan M., carabinero; Pantoja Hernández, Jerónimo, teniente coronel Dina; Wenderoth Pozo, Rolf, mayor Dina; Fernández Larios, Armando, capitán Dina; Laureani Maturan, Fernando, mayor Dina; Lawrence Meires, Ricardo , mayor Dina”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, ayer expresé en la Comisión que se abocó a la materia que nos ocupa, que la situación de los detenidos desaparecidos era un secreto y que a nosotros, dentro de nuestros valores cristianos, nos mueve a cierta crisis hablar de secretos. Un pasaje del Evangelio de San Lucas señala: “Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas”.
Aquí tenemos un secreto: el secreto de los detenidos desaparecidos. ¿Dónde están? A la manera de la homeopatía, afirmamos que ese secreto se puede romper con otro. Ése es el fondo del proyecto de ley.
Desde muy antiguo y en la historia reciente, distintos proyectos de ley han intentado establecer el secreto profesional respecto de testigos y declarantes. Así, en las leyes antiterrorista, de drogas y de arrepentimiento eficaz, existen incentivos para aquellos testigos y declarantes que, bajo sigilo, digan la verdad.
En la teología católica, el sacramento de la penitencia consta de cuatro fases: la confesión -secreta para quien la recibe; no puede revelarla; incluso eso está en la ley respectiva-; el acto de contrición perfecta, esto es, aquella disposición a no volver a repetir determinadas conductas; la sanción y, por último, el perdón. Ése es el camino que la teología católica nos enseña y el que nuestra historia contemporánea debe recorrer.
Cuando en esta Cámara rendí homenaje al ex Presidente Salvador Allende , pregunté qué hicimos los cristianos para evitar que se desencadenara el 11 de septiembre.
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio. Al efectuar manifestaciones se impide el normal funcionamiento de la sesión.
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
¿Qué hicimos para que los chilenos no nos entendiéramos? Si bien es cierto que nuestra generación y su clase política perdió la democracia por los desaciertos que cometió, no es menos efectivo que la recuperamos al ganar el plebiscito y, posteriormente, al triunfar la Concertación en las elecciones presidenciales.
Ahora nos enfrentamos a un proyecto que intenta curar un secreto con otro. Así como mencioné algunas iniciativas vinculadas con el secreto profesional, quiero recordar que la propia Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos entregó, en su momento, un proyecto de ley interpretativo del decreto ley Nº 2.191, de 1978, cuyo artículo 9º señalaba que “a los que proporcionaren antecedentes fidedignos y efectivos -hoy se habla de datos útiles y efectivos-, comprobados por el juez acerca del paradero de la víctima, de la circunstancia de la desaparición o muerte de ella,...” y se otorgaba una serie de beneficios de rebaja de pena, llegando, incluso, a la absolución de los encubridores.
En cambio, el proyecto en estudio sólo se limita a la entrega al superior de datos útiles y conducentes para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, manteniendo la reserva y la identidad del informante o de los antecedentes para hacerlo. En caso de violarse la reserva sobre la identidad, se aplican las penas establecidas para el secreto profesional, se trate de un funcionario público o de un particular. En estricta verdad, no hay secreto profesional, sino más bien la aplicación de penas a las personas que violen tal secreto. Luego, el proyecto no toca ningún aspecto judicial ni interfiere en los juicios que se desarrollan en los tribunales, conforme a las leyes generales vigentes. Tampoco podría hacerlo, porque existe el mandato constitucional del artículo 73 de nuestra Carta Fundamental, según el cual los tribunales son los únicos llamados a establecer la verdad en el proceso, la justicia y la condena, si les fuere aplicable a los responsables.
(Manifestaciones en las tribunas).
No es cierto, como ha dicho alguien, que los tribunales actúan conforme al gobierno de turno. La historia ha desmentido esa afirmación. Los jueces han actuado y actúan conforme al entorno imperante, a su individual concepción cultural y a las leyes de turno. Se ha reconocido públicamente por todos los sectores, y también en la propia Comisión, que el papel que corresponde a los tribunales de justicia es establecer quiénes fueron los responsables, los delitos y las penas, si fueren aplicables.
Sí es cierto que durante la dictadura la Corte Suprema compartió las ideas autoritarias y actuó, como lo dijo en su respuesta a la Comisión Rettig, conforme a las condiciones del momento, como son las leyes especiales y ad hoc que se dictaron, entre ellas, la de amnistía. Hoy existe un Poder Judicial distinto, abierto, democrático, que interpreta y aplica las leyes conforme a su conciencia, sin autocensura de ninguna especie. Todos reconocemos este cambio y avance, respetamos al Poder Judicial y acataremos sus fallos, aunque nos disgusten. Esa es nuestra primera y gran confianza. A los tribunales corresponderá apreciar pruebas e interpretar el decreto ley Nº 2.191, de amnistía, de l978. Ese decreto ley existe, aunque no nos guste y el Parlamento no haya intentado su fenecimiento. En este punto, los criterios expresados por los tribunales han sido, por ejemplo, que dicha ley es inaplicable desde el punto de vista constitucional, pues se aplica a delitos. En cambio ahora, a raíz de fallos recientes de la Corte Suprema, se sigue la “doctrina Aylwin” , en el sentido de que, primero, hay que individualizar a los autores, cómplices y encubridores, porque en su letra la ley se aplica a esas personas. Además, en los tribunales se analizan todos los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, entre ellos, los convenios de Ginebra. En consecuencia, nuestra confianza está en el Poder Judicial.
En segundo lugar, a raíz de los acuerdos alcanzados en la “Mesa de Diálogo”, este Parlamento les entrega a las Fuerzas Armadas y Carabineros, en un acto supremo de fe, de confianza tan grande como el privilegio que les dio el pueblo al poner en sus manos las armas en medio de una sociedad desarmada, con la única garantía del honor y la palabra de dichas instituciones...
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , sé que hay dudas al respecto; pero ésa es la confianza que ha puesto el Presidente de la República y que el Parlamento colocará en manos de las personas que señala el proyecto en debate.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, no resulta fácil referirse a un tema que ha provocado tanto dolor y sufrimiento, como el que hoy nos ocupa: la violación sistemática de los derechos humanos durante muchos años.
En estos últimos diez años, los gobiernos de la Concertación -con los Presidentes señores Aylwin, Frei, y hoy Ricardo Lagos- han hecho ingentes esfuerzos por avanzar en esta materia y dar respuesta a los familiares de los detenidos desaparecidos, quienes, en algunos casos desde hace 26 años, están buscando el lugar donde fueron tirados los restos de sus familiares. Lo peor es que luego esos sitios se removieron, porque se temía que fueran descubiertos y provocaran un escándalo nacional.
Diversas instancias han querido avanzar en la búsqueda de acuerdos para cerrar las heridas del pasado. Muchas de ellas no han tenido éxito, y hemos llegado a una “Mesa de Diálogo”, integrada por personas de alto nivel; por instituciones respetables, de carácter ético-religioso; por abogados de prestigio, la cual, con altibajos, trabajó durante largos meses y fue desahuciada por muchos hace sólo un par de semanas; pero ha logrado un acuerdo que permite avanzar con la esperanza cierta de encontrar el paradero de miles de detenidos desaparecidos.
Existe el compromiso de las Fuerzas Armadas y de Orden de trabajar afanosamente en esta materia y entregar la información que tengan o que puedan recopilar. Por cierto, hay quienes no comparten el acuerdo alcanzado en la “Mesa de Diálogo”, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ayer escuchamos con detención y cuya posición entendemos y comprendemos, por el dolor que han llevado durante tantos años. Su posición es muy legítima y respetable.
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ruego guardar silencio a las personas que se encuentran en tribunas.
El señor PÉREZ (don José ).-
Pero lo que importa al país es cerrar las heridas del pasado,...
(Manifestaciones en las tribunas).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
El Reglamento obliga al Presidente de la Cámara a desalojar las tribunas en caso de manifestaciones, ya que impiden el desarrollo normal de la sesión; o sea, un hecho de facto no permite su continuación.
(Manifestaciones en las tribunas).
Por eso, les solicito...
(Manifestaciones en las tribunas).
Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Quiero expresar a quienes están en las tribunas que tienen derecho a permanecer en ellas y a escuchar las sesiones de la Cámara, pero sobre la base del respeto del trabajo que realizan los señores diputados.
El Reglamento me obliga a suspender la sesión en caso de manifestaciones, porque, como ustedes comprenderán, los parlamentarios no pueden trabajar bajo una presión de este tipo.
(Manifestaciones en las tribunas).
Hemos tenido el máximo de paciencia y comprensión, pero de continuar las manifestaciones, me veré obligado a desalojar las tribunas.
(Manifestaciones en las tribunas).
¡Ordeno desalojar las tribunas!
Se suspende la sesión por diez minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Se suspende por 15 minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Puede continuar el diputado José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente, decía que hay un compromiso solemne de las instituciones armadas y de Carabineros de Chile para trabajar afanosamente con el fin de entregar la información del paradero de los detenidos desaparecidos.
El cierre de la transición es, ha sido y seguirá siendo una preocupación del país. Mucho hemos hablado al respecto y será posible alcanzarlo o no en la medida en que esas instituciones comprometidas con entregar la información, la reciban en forma abundante, como todos esperamos.
Se requieren gestos para lograr ese objetivo, y ellos deben partir de aquí, del propio Parlamento. Debe haber más respeto entre los distintos sectores que lo conforman, por los gobiernos de turno. Hay gestos grandiosos de algunos hombres que fueron gobernantes. Un presidente, que dejó de serlo hace algunos años, pidió perdón a Chile por los pecados o errores que hubiera cometido. Hay que crear un clima de acercamiento, de entendimiento, para que todos podamos, con sentido de unidad, grandeza, generosidad y fraternidad, abocarnos a las grandes tareas nacionales y a los problemas que preocupan a Chile y a su pueblo a fin de avanzar en su solución.
De ahí la gran importancia de algunos gestos, como el perdón, que se le debe pedir a mucha gente. Es bueno que algunas personas lo soliciten si todavía no lo han hecho, porque así serán más hombres y más respetables.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , el Gobierno nos ha propuesto un proyecto de ley que tiene como antecedente el acuerdo de la “Mesa de Diálogo”, de cuyo propósito y sentido participa plenamente la bancada de la UDI.
Se trata de hacer un esfuerzo más -porque éste no es el primero- para poder dar respuesta a los familiares de las personas que fallecieron y encontrar sus restos. Digo que no es el primer intento, porque quienes estamos en la Cámara desde el comienzo de la vuelta a la democracia, hemos sido testigos de que ha fracasado más de un proyecto de ley o una gestión política tendiente crear mecanismos útiles y efectivos para avanzar en ese sentido. Dicho propósito, en el que está comprometido todo el país, también es compartido por nuestra bancada, razón por la cual concurrirá a la aprobación de este proyecto.
El deseo de encontrar los restos de las personas fallecidas y dar respuesta a sus familiares, se inscribe -como muy bien lo expresaba el diputado señor Juan Antonio Coloma - dentro de problemas reales que enfrenta el país, cual es recuperar la paz social, lograr un reencuentro entre los chilenos, dejar atrás aspectos del pasado y mirar el futuro todos juntos, como nación, a fin de construir un mejor destino para todos nuestros compatriotas.
Por eso hemos planteado como objetivo general, pero al mismo tiempo básico dentro de lo que debe hacerse en el presente período, alcanzar la paz social. Como explicaba el diputado señor Coloma , no sólo importa este objetivo, sino también otros, entre los cuales destacaba los juicios pendientes en materia de derechos humanos, la situación constitucional y avanzar en otros temas señalados como fundamentales para cerrar este capítulo y lograr ese gran objetivo, considerado necesario por la UDI, que es alcanzar la paz social.
Para dar cumplimiento al propósito de encontrar los restos de las personas fallecidas y dar respuesta a sus familiares, se nos propone un esfuerzo más: otorgar las facilidades necesarias para que las Fuerzas Armadas hagan el máximo esfuerzo posible para obtener información útil que permita encontrar los restos de las personas, o establecer su destino y entregar esta información al Presidente de la República , a fin de que, luego, esos antecedentes sean puestos en manos de los tribunales de justicia.
Tal vez, esto sea lo más básico: el esfuerzo que las Fuerzas Armadas se comprometen a realizar para obtener información útil. No dudamos de que ellas sabrán establecer las fórmulas y encontrar los caminos que conduzcan, en definitiva, a lograr esa información, la que, con posterioridad, será remitida al Presidente de la República. Este es un compromiso que han contraído las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Por su parte, la “Mesa de Diálogo” ha aceptado que esas instituciones no cuentan en la actualidad con esa información, pero que están dispuestas a esforzarse para conseguirla.
En ese esquema, para que se pueda llevar a cabo dicha labor, se requiere este proyecto de ley que establece el secreto profesional, en los términos explicados por la señora presidenta de la Comisión de Constitución. Entendemos que es así, y porque también queremos ser parte de este gran esfuerzo, aprobaremos la iniciativa, pues, tal como está estructurada la norma jurídica, se requiere establecer ese secreto, más aún si las Fuerzas Armadas, la “Mesa de Diálogo” y el Presidente de la República lo estiman indispensable para el cumplimiento de dicho objetivo. Tenemos interés en que prospere este esfuerzo y para ello, reitero, confiamos en las Fuerzas Armadas y en la fórmula que aplicarán para materializar este intento.
Sin embargo, deseo consignar dos reflexiones al respecto. La primera se refiere al origen; la segunda, a lo que suceda en el futuro. En cuanto al origen, nunca podremos analizar ni conversar el tema sin asumir lo que la “Mesa de Diálogo” ha establecido como antecedente histórico, cual es la espiral de violencia provocada por los actores de la vida política desde la década de los 60 hasta el 11 de septiembre de 1973. Asimismo, que los hechos que nos preocupan se incluyen dentro del método de acción política, ya que después del 11 de septiembre hubo quienes pretendieron, a través de ese sistema, ser la oposición al gobierno de la época mediante la adopción de la violencia como método de acción política. Sólo así podremos entender cabalmente por qué hoy estamos abocados a este problema y a la aprobación de este proyecto de ley.
En cuanto a la reflexión sobre el futuro, es indispensable, para que este proyecto tenga éxito, la actitud que hacia adelante asuman los tribunales de justicia en la recta aplicación de las normas legales vigentes. Sólo con su estricta y correcta aplicación será posible que fluya la información y que se logre el objetivo perseguido: saber qué sucedió y cuál es el destino de las personas que fallecieron.
En ese entendido, y para colaborar con la paz social y con el objetivo loable que compartimos, contribuiremos con nuestro voto favorable. Esperamos que en los próximos seis meses ojalá hayamos avanzado sustantivamente en el tema que hoy día nos preocupa.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, después de haber observado lo que ocurrió en las tribunas de la Corporación, ¿qué duda cabe que ésta es la más grande herida y el más dramático de los problemas pendientes que tiene la sociedad chilena? Precisamente, esa situación no ha dejado avanzar al país al tranco que corresponde a los tiempos, para beneficio de todos sus habitantes.
Sin duda, durante los últimos diez años algo se ha avanzado en esta materia. La creación y el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que presidió Raúl Rettig , permitieron una visión global de la verdad acerca de las violaciones ocurridas durante el gobierno militar. Luego, la labor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación también permitió un avance.
Asimismo, se ha avanzado en procesos judiciales no cubiertos por la ley de amnistía -el caso Letelier- y, particularmente, en la interpretación por parte de los tribunales de justicia en el sentido de no aplicar la amnistía en tanto no se agote la investigación, lo cual ha permitido averiguar y buscar la verdad y la justicia en otros casos.
La iniciativa de crear la “Mesa de Diálogo”, a la que concurrieron representantes de instituciones directamente relacionadas con problemas pendientes en materia de derechos humanos y personas ligadas a entidades morales y religiosas, al ámbito del pensamiento y la cultura, revela la intención de buscar algo más: restablecer el diálogo y la confianza en la comunidad nacional y la voluntad férrea de construir una verdad compartida respecto de lo que sucedió en Chile hace poco más de un cuarto de siglo y demostrar la madurez de un país que avanza hacia una democracia real.
Esta instancia, en un principio -digá-moslo claramente-, fue vista con desconfianza por muchos que no creían que obtendría resultados, sobre todo por tratarse de personas que hace un par de años eran irreconciliables. Por eso, no puede menos que dejarnos satisfechos lo que se avanzó en la “Mesa de Diálogo”.
Pero, como dijeron algunos diputados, además ha surgido una severa autocrítica al mundo político. En diez años no pudo lograrse un acuerdo, y se obtuvo en una instancia en que, justamente, no estuvieron los partidos políticos. Debemos recogerla en beneficio del avance de nuestro país.
Lograr el reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden acerca de la violación de los derechos humanos por agentes del Estado durante su gobierno y, además, el reconocimiento del mundo civil y político del fracaso que tuvimos antes del golpe militar, son dos actos de tremendo valor ciudadano y signos inequívocos de reconciliación entre los chilenos.
Decir nunca más a la violación a los derechos humanos y a la irresponsabilidad política, es un gesto de un tremendo valor moral y, sin duda, un símbolo de cómo deben hacerse las cosas en democracia.
Todo ello más allá de la apreciación que pueda tener cada uno de nosotros sobre los hechos históricos ocurridos en 1973. Por cierto, los diputados de este sector nunca vamos a concordar con la posición de los diputados de enfrente respecto de la apreciación y origen del 11 de septiembre de 1973, y es bueno que así sea, porque ello da cuenta de la diversidad de pensamiento en nuestro país.
Sin embargo, en la declaración de la “Mesa de Diálogo”, aparte de los reconocimientos explícitos, todos los firmantes expresan su voluntad férrea de realizar un esfuerzo serio para encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos.
Esa declaración es de extraordinario valor, porque por ese acto las Fuerzas Armadas y de Orden asumen como propia la problemática de los detenidos desaparecidos y se comprometen a ser partes de su solución. La responsabilidad, entonces, recaerá sobre ellas, porque son las que saben dónde están -no nosotros-, y eso es muy importante.
Para lograr este objetivo, al menos en su mayor parte, la “Mesa de Diálogo” solicitó al Presidente de la República el envío al Parlamento de un proyecto de ley que facilite la recopilación de la información acerca de los desaparecidos.
El proyecto remitido por el Ejecutivo con “discusión inmediata”, simplemente propone establecer que quienes reciban de las Fuerzas Armadas y de Orden y de instituciones religiosas y éticas, información confidencial acerca del destino de los detenidos desaparecidos, tendrán la obligación del deber de reserva, algo similar a lo que se conoce como secreto profesional.
No debe confundirse esta iniciativa legal, como han dicho algunos, con una ley de punto final. Muy por el contrario, el proyecto pretende facilitar la entrega de información acerca de los detenidos desaparecidos y en ningún caso modifica la responsabilidad penal de los que hayan participado en la comisión de crímenes en su contra.
Por ello, también resulta falaz la afirmación de que se afectaría el actuar de los tribunales de justicia o de que se estaría reinterpretando la ley de amnistía de 1978. La recolección de información en caso alguno entorpecerá o imposibilitará la acción de los tribunales. Muy por el contrario, toda la información que se obtenga será puesta en manos de los jueces para ayudar al esclarecimiento de las causas que ellos tramitan en la actualidad.
En relación con el proyecto, debo decir que pretende establecer una especie de secreto profesional para aquellas personas que sean designadas por las Fuerzas Armadas o de Orden e instituciones religiosas como receptoras de información que puedan entregar personas que cuenten con antecedentes y que permitan la ubicación de detenidos desaparecidos. De esta manera, los receptores quedarán liberados de revelar la fuente de su información, pero -lo que es muy importante- deberán proporcionar la información misma. Además, si revelan la identidad del informante, quedarán expuestos a las penas asignadas para quien viola el secreto profesional.
La información que se obtenga será entregada al Presidente de la República a fin de que éste la ponga a disposición de los tribunales de justicia para la instrucción de los respectivos procesos.
El proyecto, fundamentalmente, está inspirado en la buena fe de las personas e instituciones que constituyeron la “Mesa de Diálogo”, buena fe que debe hacerse extensiva a nosotros. Por lo tanto, su discusión debe basarse en la buena fe, de manera de arribar a una conclusión que permita cerrar esta herida en la sociedad chilena.
Desde ese punto de vista, los diputados del Partido por la Democracia, pensando en el bien del país y en que es necesario cerrar una herida que afecta al alma nacional, aprobaremos este importante proyecto de ley.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Pía Guzmán, en el tiempo de Renovación Nacional.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, la verdad es que no es un gran proyecto el que se debate. Estoy cierta de que muchos de los diputados aquí presentes hubieran querido introducirle enmiendas o avanzar más en determinadas materias. Unos desearían avanzar en la derogación de la ley de amnistía, como se planteó ayer a los señores ministros; otros, por el contrario, querríamos dar certidumbre a una determinada interpretación de ese cuerpo legal. Sin embargo, hoy, unos y otros, sin abandonar nuestras posturas originales, estamos unidos en un proyecto común: dar una respuesta que moralmente debemos a un grupo de personas cuyos familiares fueron detenidos y posteriormente desaparecieron. Ahora nos une un imperativo ético y la común aceptación de un pasado doloroso, difícil de asumir para nosotros, pero que está ahí, situación que no puede seguir pendiente.
Ayer en la noche releía pasajes de un lúcido libro de Ricardo Capponi , denominado “Chile, un duelo pendiente”. Quiero, desde una mirada diferente, como señala el autor -quien sostiene el razonamiento moral de las mujeres-, situar el problema que hoy tratamos de ayudar a resolver.
Efectivamente, después de diez años de democracia tenemos un duelo pendiente. La primera frase del documento emanado de la “Mesa de Diálogo” reconoce que ésta fue convocada por el Gobierno, porque hoy, después de tanto tiempo, subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta el avance de un país unido hacia el futuro. Con posterioridad, el documento de la “Mesa de Diálogo” nos urge a que con grandeza moral concordemos medidas efectivas para lograr ubicar los restos de los detenidos desaparecidos o que se establezca, en todo caso, su destino.
Dar respuesta a los derechos inalienables de los familiares a recuperar los restos mortales de sus hijos, maridos, hermanos y esposos también tiene un segundo objetivo implícito: lograr, en forma concreta, que el país tome conciencia de que las violaciones de los derechos humanos es algo que no debe repetirse.
Son hechos que nos repugnan, que siempre deben violentar la conciencia moral de la sociedad completa. Ayer nos desunieron, nos enfrentaron en trincheras inamovibles de incomprensión y desconfianza; ahora los derechos humanos son patrimonio de los parlamentarios presentes en esta Sala y de todos los chilenos que representamos.
Después de este saludo, los derechos humanos no son sólo un patrimonio, a mi juicio, equivocadamente, de nuestros colegas de enfrente. Hoy, como siempre debió ser y será en el futuro, son un patrimonio moral de toda la sociedad chilena, de los abogados de derechos humanos y de las Fuerzas Armadas, de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los familiares de los militares y carabineros caídos en actos terroristas. Los derechos humanos son patrimonio de la sociedad civil y de los políticos y, en fin, de la Izquierda y de la Derecha, si es que aún caben esas calificaciones.
Nuestro primer esfuerzo de unidad es votar hoy en esta Sala un proyecto aparentemente simple. ¿Por qué es tan importante? Porque permitirá a las Fuerzas Armadas desplegar un esfuerzo de recopilación, análisis y sistematización de la información que sus miembros, en retiro o activos, puedan proporcionar sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
Es relevante este proyecto porque en el corto plazo de seis meses deberá entregarse el resultado de esos esfuerzos al Presidente de la República , quien, a su vez, los hará llegar a los tribunales de justicia, los cuales contarán, entonces, con la información requerida para decretar las diligencias que permitan la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causa de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente. El mandato de la “Mesa de Diálogo” deberá quedar como parte de la historia de esta iniciativa de ley y como fuente auténtica de interpretación para los tribunales de justicia.
Este proyecto de ley obliga a todos a entregar la información que posean, en términos de que quien la oculte incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica. Incluso más, se mantendrá en reserva la identidad del que proporcionó la información y la de quien la recopiló, a fin de permitir que la misma fluya con confianza.
Muchos más de los que se piensa pueden entregar información. En primer lugar, existe información pública y notoria en el informe Rettig, aparte de la que poseen los propios abogados de derechos humanos y los familiares de los detenidos desaparecidos. Por lo menos dos ramas de las Fuerzas Armadas -la Fuerza Aérea de Chile y Carabineros-, han recurrido a esos familiares para que los orienten en el cumplimiento de sus compromisos. Además, está la información que se entregó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el año recién pasado y la que las propias Fuerzas Armadas deben reconstituir.
Ayer algunos escépticos decían que no creían que la información fluyera, por cuanto no existían los incentivos adecuados para que fuera entregada. Soy optimista, primero, porque creo que la actitud con que se enfrentan las tareas difíciles conduce a su éxito o fracaso. Aquí hoy debemos seguir el ejemplo de la “Mesa de Diálogo” y propiciar un ethos social y político de optimismo y confianza, con el objeto de que logremos dar respuesta moral y real a los familiares de los detenidos desaparecidos, y crear, como sociedad, las condiciones para que esto nunca más vuelva a suceder.
Segundo, soy optimista porque ayer la abogada Pamela Pereira sostuvo en las Comisiones Unidas que la fórmula de secreto, propuesta por la “Mesa de Diálogo”, funcionaría porque las Fuerzas Armadas habían comprometido su palabra. Y le creí.
Esta es una diferencia gigantesca con cualquier otro proyecto que se haya estudiado en esta Sala con anterioridad. Aquí existe un compromiso cuyo aval son el honor y el patriotismo de las Fuerzas Armadas. Estos conceptos no son palabras vanas o simple marketing. El cumplimiento de la palabra empeñada, el honor militar y su entrega patriótica por el bien de Chile forman parte del alma de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de su esencia como organización llamada a defender la patria.
Las Fuerzas Armadas chilenas, sin honor y sin patriotismo, simplemente no tienen razón de existir. Por ello, en el documento de la “Mesa de Diálogo”, aprobado con la presencia de los Comandantes en Jefe, quienes asumieron el compromiso personal de entregar información al Presidente de la República en el plazo de seis meses, radican las razones del optimismo de Pamela Pereira. Yo le creo y me sumo a esa esperanza.
Por último, represento una postura de Renovación Nacional que no es nueva. El reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos se encuentra en nuestro origen como partido. Debo recordar a Ricardo Rivadeneira , nuestro primer Presidente , quien fue la persona de nuestro sector que reconoció inicialmente y en forma pública estos hechos, actitud que, debo confesar, motivó mi identificación con Renovación Nacional y la razón de mi militancia temprana en dicha colectividad política.
Hoy soy una orgullosa representante de mi partido, y siento que con la aprobación de este proyecto todos los diputados de Renovación Nacional estamos contribuyendo al cumplimiento de uno de nuestros valores fundacionales.
Para terminar, recomiendo a mis colegas la lectura del libro de Ricardo Capponi : “Chile, un duelo pendiente”. El contenido de sus páginas nos permitirá encontrar las razones más profundas en la psiquis personal, individual y social, que justifican el esfuerzo compartido de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos y entregarlos a sus familiares.
Sólo quiero leer un párrafo del mismo que realmente me motivó:
“Durante los últimos treinta años nuestro país ha estado viviendo un delicado conflicto social. Estamos en medio de un difícil proceso de duelo social. El desenlace de éste va a depender de nuestra capacidad para manejar la agresión destructiva, que nos puede conducir a crecer después de esta dolorosa experiencia o agregar otros fantasmas que nos persigan en el curso de la historia por venir”.
Hoy veo que se alejan esos fantasmas, y la aprobación de este proyecto nos permitirá crecer y dejar atrás un pasado doloroso que nos divide.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, quisiera destacar el origen y el fundamento del proyecto.
A diferencia de otras iniciativas, todas muy meritorias, el proyecto no es el resultado de una proposición del Ejecutivo , sino que emana del esfuerzo, espejo de nuestra sociedad, de una mesa de diálogo integra-da por actores que fueron enemigos, por organizaciones espirituales y religiosas y por personas que representan a los ciudadanos. Es decir, en esta mesa de diálogo estaban todos quienes debían estar; no sobraba nadie. En este sentido, debo hacer un público reconocimiento al ex ministro de Defensa, don Edmundo Pérez Yoma, quien materializó la idea, y al ex Presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien la alentó y aceptó.
El objetivo principal del proyecto es sanar en parte la herida -porque quizás nunca será sanada totalmente- de un drama nacional, en cuanto a dar con el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
En este sentido el proyecto es un avance, quizás menor para algunos; pero no me cabe la menor duda de que para los familiares de detenidos desaparecidos será un alivio saber qué pasó con sus deudos, llorarlos y, si es posible, darles religiosa sepultura.
El proyecto puede tener un inconveniente si no se explica bien su espíritu y sentido, ya que puede generar expectativas que desborden su contenido.
Debemos ser claros en señalar que esta iniciativa no elimina la ley de amnistía, no es garante en cuanto a que habrá más justicia; no genera impunidad -como creen algunos- ni es una ley de punto final, y no es un obstáculo a la justicia. Su objetivo es modesto: simplemente, generar mecanismos para alcanzar mayores cuotas de verdad frente a una herida lacerante, destinados a dar alivio a los familiares de detenidos desaparecidos. La verdad absoluta tampoco se va a lograr, quizás nunca; la justicia no es función del Poder Ejecutivo , que presentó el proyecto, ni del Parlamento, que legisla sobre su contenido. Serán los tribunales de justicia los que, con los antecedentes que emanen de la información, seguirán investigando hasta dar con la verdad indubitada en cada caso. Ellos son los que administran justicia, y este proyecto no será un obstáculo en el cumplimiento de su cometido. Sin embargo, es preciso dar otros pasos, aun cuando éste es de gran significado.
Hay que valorar que en la mesa de diálogo, donde había representantes de las Fuerzas Armadas, se haya acordado rechazar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar, así como, también, la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.
No me cabe la menor duda de que el reconocimiento de condena a las graves violaciones de derechos humanos hecho por las Fuerzas Armadas es un paso determinante. Vendrán otros pasos. Conocida la verdad, se puede dar el segundo paso: el perdón. El perdón es un acto de la voluntad, capaz de superar los sentimientos más legítimos para lograr la paz interior de cada uno y la paz social tan urgentemente necesaria. Sin embargo, habrá perdón -o al menos un intento sincero y serio- en la medida en que la víctima tenga conocimiento de lo que ocurrió; en eso el proyecto puede ayudar mucho.
Como representantes de los partidos políticos, nosotros también debemos pedir perdón, porque generamos la crisis de la democracia, toleramos la violencia política y sembramos la división de los chilenos; también deben pedir perdón los miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que cometieron violaciones a los derechos humanos. Quizás, ése es el paso que el país espera. Pienso que todos debemos pedir perdón. Sin embargo, éste es un avance que, sin duda, nos abre a la esperanza de vivir en un Chile más reconciliado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI .-
Señor Presidente, honorable Cámara, han pasado muchos años -quizás demasiados- sin que hayamos sido capaces de resolver, como sociedad, las heridas inferidas por las brutales violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. Nuestro país aún permanece dividido. Esta división no es sólo consecuencia de tales heridas, sino de que no hemos esclarecido la verdad sobre lo ocurrido ni hemos logrado justicia.
En el último tiempo, hemos mirado con esperanza el accionar de los tribunales. Ha renacido la confianza en que, a través de ellos, podremos lograr la verdad y la justicia, necesarias para la verdadera reconciliación de nuestro país.
La gran mayoría de los chilenos siente que para alcanzar una real reconciliación, para construir una sociedad futura basada en valores permanentes, para afianzar la necesidad de respetar los derechos de las personas, es necesario saber la verdad de lo ocurrido y obtener justicia.
Hoy estamos ante un proyecto de ley relacionado con la necesidad de lograr la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Sin embargo, para dar nuestra aprobación es necesario fijar nuestra posición respecto de él.
Este proyecto de ley -no podemos negarlo- contribuye a la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos y apunta a obtener información sobre su paradero y destino. Es cierto que se establece el secreto para proteger a quienes entreguen información, pero también lo es que este mecanismo no va contra la ética ni contra la justicia que anhelamos, por cuanto no impide que ella actúe. No genera impunidad ni exime a quienes están protegidos por el secreto de las teóricas responsabilidades legales que los tribunales puedan determinar en su contra, en virtud de los mecanismos habituales. No es una ley de punto final, ya que no paraliza ninguna investigación ni cierra el camino a las investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos. No inhibe la acción de los tribunales, porque pueden seguir actuando, y aunque reciban antecedentes por esta vía secreta sobre la suerte de los detenidos desaparecidos, ello no les impide continuar investigando e, incluso, establecer responsabilidades penales. No interpreta ni modifica la ley de amnistía, la cual se aplicará según el criterio de cada tribunal o juez al momento de decidir sobre el respectivo proceso penal. Contribuye a la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos y a la paz social. Si consideramos todo esto, ¿cómo podríamos oponernos a esta iniciativa? Por supuesto, habríamos preferido que la mesa de diálogo hubiera dado un paso más allá, pero éste es el resultado y no cabe duda de que es positivo.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile han contraído un gran compromiso frente al país: obtener la información necesaria a fin de determinar la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos. Es un compromiso de honor, y dichas instituciones aceptaron ese papel en la mesa de diálogo. Hoy, los representantes del pueblo confiamos en su palabra y les entregamos esa responsabilidad con la fuerza y el imperio de la ley. Este hecho tiene tremenda significación para la convivencia en nuestro país, y anhelamos fervientemente que la responsabilidad adquirida y otorgada tenga un término positivo: la ubicación de los detenidos desaparecidos y, de esa forma, llegar al momento en que, tal como lo hicieron la abogada Pamela Pereira y el general Juan Carlos Salgado , civiles y uniformados nos estrechemos las manos, iniciando así una nueva etapa en nuestro país.
Para lograr una real reconciliación, el papel de los tribunales de justicia es irreemplazable. Ninguna mesa de diálogo puede satisfacer la necesidad de verdad y justicia, lo cual en un estado de derecho sólo se logra adecuadamente mediante los procesos llevados a cabo, con garantías para todos, por el Poder Judicial , que es independiente. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra tarea, hacemos un aporte; pero es ese Poder del Estado el que debe completar la más fundamental de las tareas.
Ayer escuchábamos que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos había iniciado su dura y noble tarea en medio de la soledad y que hoy se encontraba nuevamente sola. No lo creo así. En los últimos años, el país ha sentido su dolor y su búsqueda como propios.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? Ha excedido el tiempo de su Comité.
El señor CERONI .-
Termino, señor Presidente.
Ellos representan nuestra alma nacional herida, y hoy día legislamos pensando en ellos.
Damos nuestra aprobación a este proyecto, en el entendido de que puede contribuir a cicatrizar esa herida que es de ellos y nuestra, a conocer la verdad y a lograr la justicia, para así enfrentar el futuro en paz.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité Radical, tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, honorable Cámara, la presencia de los familiares de los detenidos desaparecidos en la comisión que estudió este proyecto, nos transportó con fuerza a la dura época en que la crueldad y el terror se ensañaban con buena parte de la sociedad chilena.
Los muertos de entonces eran presuntos desaparecidos, los verdaderos culpables no eran identificados, y nuestros tribunales fabricaban, con su obsecuencia o pasividad, estadísticas sencillamente vergonzosas. De miles de recursos de amparo presentados, los acogidos se contaban con los dedos de la mano.
Hoy, nuestro país es distinto. La democracia ha vuelto y compartimos la consecución del bien común quienes apoyaban ese régimen y quienes lo combatimos. Parece ser un sino insoslayable que el ser humano, gregario por naturaleza, tiende a juntarse. Hoy día, los presuntos muertos son reales, existen a pesar de estar bajo tierra, traspasados sus cuerpos o sus huesos por las balas. Ya nadie tiene la temeridad irresponsable de negar que fueron padres, hijos o abuelos, ni nadie es capaz de decir -como se lo escuché a un colega- que era probable que estuvieran fuera del país integrando una nueva familia. Hoy día eso no es posible sin sentirse reo de mendacidad.
Pero la sociedad exige saber de ellos, dónde están y quién los mató. Para responder esas interrogantes se constituyó una mesa de diálogo que nos ha entregado un informe, que sirvió de base para elaborar el proyecto en estudio. Pero ¿constituye esto una solución al drama que viven los familiares de los detenidos desaparecidos? Definitivamente, no. Más aún, no creo que pueda concebirse proyecto de ley alguno, con la más nutrida e importante presencia de los más destacados personeros del país, que pueda dar respuesta a esta interrogante.
Por eso, comprendo los temores y las desconfianzas de los familiares, que son quienes me preocupan. En este instante, estoy pensando en Mercedes Sánchez y en Ester Araneda , o recordando a Jorge Barudy o Luz Sobrino, quienes, desde el golpe militar, en Concepción y en toda la región, fueron el alma de esa lucha tan desigual y que, desde la Vicaría o la Comisión de Derechos Humanos, entregaron cada minuto para apoyar a los perseguidos o para saber de sus familiares desaparecidos. A ellos quiero decirles que aun cuando podríamos suponer pobres resultados, hoy comenzamos una etapa diferente, en un clima distinto, mirándonos las caras y reconociendo que todos, de alguna manera, contribuimos a montar el pavoroso tinglado de la gran tragedia de Chile. Quiero decirles que no hay ley de punto final; que, de insinuarse, no la aceptaríamos, y que confiamos en que los tribunales, que no son los de ayer, harán lo que corresponde.
Por eso, votaré que sí, y comparto la opinión de que es necesario despachar este proyecto en forma urgente. Abramos esta nueva ventana y pronto, cuando podemos decir -parafraseando al poeta- que aún nos queda sol debajo de las venas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, el acuerdo de la mesa de diálogo representa una oportunidad para que los chilenos construyamos una verdadera reconciliación como nación, dejando atrás las divisiones y enfrentamientos del pasado y asumiendo plenamente el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la democracia, signos universales del siglo XXI.
Pero todo ello será posible si las Fuerzas Armadas cumplen con el compromiso contraído de investigar y encontrar los restos de los detenidos desaparecidos, y si todos los sectores e instituciones confirmamos nuestro apego a los valores que inspiran el acuerdo: el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron durante el régimen militar; la firme decisión de que nunca más en Chile se asesinará o se hará desaparecer a opositores políticos y de que la violencia no será jamás utilizada por nadie como instrumento de la política; la reafirmación del respeto colectivo a los principios y a las normas del estado de derecho democrático. Esto me parece un hecho ético de la mayor relevancia.
El acuerdo de la mesa de diálogo crea una comprensión mutua de las diversas interpretaciones que tenemos de los últimos treinta años de la historia de nuestra patria y de los dolores profundos que han cruzado y cruzan aún el alma de los chilenos.
Para todos es vital vivir en un país donde no haya enemigos internos; donde podamos convivir en la diversidad cultural y en el pluralismo; donde podamos construir un país para todos y legar a nuestros hijos una nación sin odios ni rencores. El país crece y se humaniza si instalamos la verdad como el lenguaje común de nuestra convivencia civilizada.
Se refuerza el estado de derecho si con autonomía, independencia, transparencia y dignidad, cada poder ejerce sus prerrogativas establecidas en una Constitución en que todos nos sintamos representados y si hacemos de este el terreno donde podemos colocar nuestras propuestas, visiones y proyectos de sociedad, nuestros acuerdos y diferencias, nuestra colaboración y competencia, respetando recíprocamente el único árbitro con legitimidad para decidir: la ciudadanía y la libre decisión de la soberanía popular.
Ello acontecerá en la medida en que las Fuerzas Armadas comprendan cabalmente que en una democracia el monopolio de las armas conlleva la subordinación al poder constituido, el desalojo de cualquier deliberación política y la convicción de que le pertenecen no a una parte del país, sino al país entero, y de que este debe sentirse orgulloso de ellas como condición de una política de seguridad nacional basada en la confianza, en el consenso y en el apoyo de todos los chilenos.
El acuerdo de la mesa de diálogo no es un punto final ni una vuelta de página; por el contrario, él reafirma el rol insustituible e irreemplazable de los tribunales de justicia. Son ellos los que deben continuar con las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos y los que deben establecer la verdad, las responsabilidades judiciales individuales y la aplicación de la ley vigente.
Personalmente, confío en que la Corte Suprema confirmará el desafuero del general Pinochet, resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, pues este me parece un deber ético y jurídico que los tribunales tienen ante la memoria histórica de los chilenos y ante la comunidad internacional y, sobre todo, es un imperativo para reforzar el principio básico de la justicia, de que nadie está por sobre la ley.
Votaré a favor de este proyecto de ley, que establece el secreto para los informantes. Eso no es ni puede ser entendido como impunidad o inmunidad para nadie, porque el proyecto manda una señal importante para quebrar la lealtad de quienes saben dónde están los desaparecidos durante el régimen militar.
Al terminar, espero que se creen las condiciones de consenso para avanzar en las reformas institucionales, para que no haya nada a cambio de la necesidad de que tengamos una Constitución que nos interprete a todos.
Expreso mi comprensión hacia aquellos familiares de las víctimas o hacia cualquier chileno que siente que su dolor no está representado en este acuerdo. Quiero compartir prevenciones y riesgos. Es un paso difícil para todos; pero puede ser, como hemos dicho, una gran oportunidad para cerrar nuestras heridas, para encontrar a nuestros desaparecidos, para que haya más y no menos justicia, para construir una nueva esperanza y un nuevo camino para todos.
Espero que encontremos a Víctor Díaz , a Carlos Lorca , a Magindo Castillo, a Ricardo García , a Benito Tapia , y a los miles de amigos desaparecidos, porque de este modo todos nosotros seremos más libres y más dignos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, en primer lugar, debo expresar que tenemos un profundo respeto hacia las víctimas de violaciones de los derechos humanos y hacia los familiares de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos.
Con este respeto, nos acercamos y nos pronunciamos sobre una iniciativa como la que hoy conocemos, que busca, como lo señala el propio mensaje, “configurar un camino viable para dar un paso más para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos”.
Esta iniciativa fija una responsabilidad a través del propio compromiso asumido, responsabilidad que la fija para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Asumir este compromiso es de vital importancia para construir, en nuestro país, un proceso de mayor confianza. Es una obligación y una oportunidad, y eso estuvo presente cuando decidimos votar favorablemente el proyecto en debate.
Además, al votar a favor de este proyecto, tenemos presente la participación, en la mesa de diálogo, de personas que nos dan plena confianza moral, por su testimonio, por su vida, por su compromiso con los derechos humanos. Pero la mesa de diálogo aporta otros aspectos, como es el garantizar que el país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
En el documento de acuerdo de la mesa de diálogo se agrega que se hace indispensable desterrar y rechazar de manera categórica cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas. Otro aspecto, unido al señalado, es el rechazo y condena, y la voluntad de que nunca más en Chile se repitan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Cuando se señala tal compromiso, no se puede dejar de ubicar el contexto en que se producen las violaciones y se fija su objetivo. El contexto y el objetivo tenidos en cuenta por los agentes del Estado al violar los derechos fundamentales de las personas, no eran otros que infundir el miedo y el terror entre los disidentes.
Reitero, los agentes del Estado, al ejecutar estos propósitos, actuaron abusando de su posición de poder incontrarrestado y cubiertos por un manto de impunidad, como si nunca tuvieran que responder por nada y ante nadie.
Esto constituye un aporte significativo de la mesa de diálogo: el compromiso solemne de que nunca más en Chile ocurra una situación semejante. También seamos claros y enfáticos, como lo señala el mensaje. Es importante separar los acuerdos de la mesa de diálogo y, en particular, el proyecto que hoy conocemos, del accionar de la justicia, que, como se ha manifestado reiteradamente, no puede ser afectado ni entorpecido en su actuar, como tampoco pueden modificarse la responsabilidad procesal y el papel de quienes hubieren participado en crímenes o delitos violatorios de los derechos fundamentales.
Este compromiso solemne también obliga a asumir actitudes en el futuro a quienes somos actores en este hemiciclo. Espero que no tengamos más actitudes contrarias a la aprobación de la Corte Penal Internacional; que no tengamos más parlamentarios que se abstengan o que voten en contra del Convenio interamericano sobre desaparición forzada de personas. Aquí el compromiso es para todos, porque se trata de crear confianza para que en Chile exista, para siempre, la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona.
Muchas gracias.
-El Presidente, señor Jeame Barrueto, hace notar la presencia en tribunas de un grupo de damas de la tercera de edad de Talca, invitadas por el diputado Homero Gutiérrez.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, este proyecto, que establece la obligación del secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de personas detenidas desaparecidas y fallecidas, sin ninguna duda es un camino, una fórmula para que la paz social sea una realidad en Chile y no sólo frases.
Este es un tema producto de una consecuencia. La existencia de personas detenidas desaparecidas o personas muertas cuyos cadáveres no aparecen, aun cuando no tiene justificación, sí tiene explicaciones. Parte de ellas están en las reflexiones de la “Mesa de Diálogo” que, para ser justos, debemos reconocer que fue propiciada, y aparece públicamente planteado hace ya largo tiempo atrás, no por civiles -y ese es el valor que tiene-, sino que por las Fuerzas Armadas, a través de la persona del Comandante en Jefe de la Armada , cuando llamó a crear una comisión de hombres buenos. Este es el origen de la “Mesa de Diálogo”, y es bueno recordarlo. Las propias Fuerzas Armadas, con la invitación que nos hicieron a formar esta comisión de hombres buenos, no hacen más que reafirmar la firme voluntad y convicción de querer sanar y cicatrizar heridas producidas hace más de un cuarto de siglo, que afectan profundamente el alma de la sociedad chilena.
Pero decía que aunque no va a tener jamás justificación la desaparición o la muerte de personas cuyos cadáveres no aparecen, sin duda tiene explicación. Y está en las conclusiones de la “Mesa de Diálogo”. Por primera vez se reconoce la existencia de graves fracciones, de graves divisiones impulsadas por un idealismo dogmático que atravesó a nuestra sociedad, que lamentablemente tuvo una certeza de aplicación en partidos políticos que hoy y antaño tuvieron representación nacional.
En ese sentido, cuando la “Mesa de Diálogo” dice en sus conclusiones que a partir de la década de los ’60 comienza una espiral de violencia que los actores, no sólo políticos de entonces, sino que también los sociales, provocaron o no supieron evitar, por primera vez se está señalando con todas sus letras que es inaceptable que haya habido partidos políticos que tuvieron gran convicción democrática y la perdieron, como fue el caso del Partido Socialista en 1967, al asumir la vía violenta para acceder al poder.
Nunca más deben volver a ocurrir estas situaciones. Y comparto el “nunca más”, porque aquí lo importante no es sólo atacar los efectos de un problema que, en definitiva, nos afectó a todos y no sólo a los familiares de víctimas cuyos cadáveres hasta el día de hoy no aparecen. Toda la sociedad chilena quedó sin practicar la democracia por varios años y no porque a las Fuerzas Armadas se les ocurriera.
Al hablar de democracia, seamos razonables y digamos la verdad completa. Se realizó un proceso democrático con la participación de todos y siguiendo la trayectoria que la propia Constitución y las leyes habían establecido. Aquí se dice que la democracia se ganó, pero la verdad es ésta: fue un planteamiento del propio gobierno militar, que se cumplió según la trayectoria fijada por él, que significó, incluso, un plebiscito -fijado con 8 años de antelación- y una elección realizada un año después. De manera que el acceso a un modelo democrático fue conquista del país y no sólo de un sector.
Recién señalaba que lo importante es no sólo atacar los efectos de un problema, sino que el fondo. En ese sentido, comparto absoluta y plenamente las expresiones del informe de la “Mesa de Diálogo”, cuando señala que el país necesita hacer lo humanamente posible para que en nuestra patria nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas.
En la práctica, el uso de la fuerza en un sistema democrático está regulado. Esa regulación debe ser aceptada y asumida por todos los actores, particularmente por los políticos. Finalmente, desde esa perspectiva queremos invitar a que nunca más exista violencia política en el país y nos sometamos a las normas que mandan, prohíben o permiten, que son dictadas conforme a lo prescrito por la Constitución. En tanto las respetemos, nuestro país tendrá un modelo democrático. Si no es así, sin ninguna duda la democracia siempre estará en peligro.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, tras 12 años de realizado el plebiscito de 1988 y 10 de reinstalada la democracia en Chile, uno tiene derecho a preguntarse por qué el tema de los derechos humanos sigue apareciendo en primera plana y por qué sigue siendo noticia y, por lo tanto, una de las preocupaciones más importantes del país y de la comunidad internacional.
¿Existe una suerte de fijación de la comunidad internacional con los derechos humanos en Chile? ¿Será acaso que en nuestra sociedad hay una suerte de afán masoquista por refocilarse con un tema que ha tenido un efecto traumático en nuestra historia reciente? ¿Será acaso nuestra incapacidad política para asumir el futuro y quedar como fijos en el pasado?
Nada de eso. Si en nuestro país, tras 12 años del plebiscito y 10 de la reinstalación de la democracia, el tema de los derechos humanos continúa siendo fundamental es porque afortunadamente, existe una conciencia ética y jurídica, base de esta democracia que intentamos perfeccionar. Mucho de eso tiene que ver con las luchas impulsadas por los organismos de derechos humanos, el tesón de los familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, la acción de las iglesias y la de tantas personas e instituciones con especial autoridad moral para enfrentar este tema.
Me parece justo resaltar que en el meollo de esa conciencia ética y jurídica, que marca con fuego al país, se encuentra lo que sembró la Iglesia Católica durante los 17 años de la dictadura militar. ¡Cómo no recordar la acción del Cardenal Raúl Silva Henríquez , el “último padre de la patria”, quien, desde muy temprano, vislumbró lo que venía en materia de dignidad de las personas! ¡Cómo no recordar el aporte de la Vicaría de la Solidaridad, organismo que ha permitido reconstituir y preservar -todo el mundo sabe cuán importante es mantener la memoria histórica de los pueblos- parte de la historia de nuestro país! Eso que sembró durante tanto tiempo la Iglesia Católica, el Cardenal Silva y la Vicaría, que sufrieron tantas incomprensiones, permeó a quienes hoy formamos la Concertación y al país en general. Para Chile es positivo, importante y sano decir que, transcurrido este tiempo, hay una conciencia ética y jurídica que reclama más en materia de derechos humanos, de verdad, de justicia y de preservación de la memoria histórica, tratando de dotar de dignidad el proceso democrático, más allá de todas sus imperfecciones.
Desde una perspectiva comparativa, es decir, de transiciones a la democracia de regímenes autoritarios de Derecha o Izquierda, tal vez no encontremos un caso como el chileno, donde se haya hecho tanto, aunque siempre insuficiente, en materia de derechos humanos. Se trata de un país en de que, luego de haber vuelto a la democracia, tiene a Manuel Contreras y a Pedro Espinoza en la cárcel por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier ; se trata de un país en que cerca de 70 uniformados, en servicio activo o en retiro, están siendo sometidos a proceso por crímenes atroces -no se trata de que desfilen o no uniformados frente a los tribunales de justicia, sino de investigar y sancionar delitos, de que exista igualdad ante la ley, de que se respeten las normas del estado democrático de derecho-; se trata de un país cuyos tribunales investigan casos no cubiertos y muy posteriores a la ley de amnistía de 1978, como el crimen de Tucapel Jiménez, la “Operación Albania”, los degollados; se trata de un país que, en virtud de la doctrina del Presidente Aylwin , una voz ética y jurídica que marcó al país durante esta década -cuya primera resolución fue constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación de la que emanó el informe Rettig, el que en su momento fue desechado por el Ejército y la Armada, pero que sembró la verdad histórica y moral no oficial-, sostiene que la aplicación de la ley de amnistía no impide investigar los hechos; se trata de un país que fue capaz de aprobar leyes relativas a exonerados políticos y retorno de exiliados, etcétera. Comparativamente, habría que decir que en el caso chileno, el tema de los derechos humanos lo hemos tomado en serio.
Finalizo mi intervención señalando que el paso que hoy damos es uno más en esa misma dirección. Todo es poco e insuficiente frente al drama que vivió Chile, pero estos hechos nos hablan de un proceso cualitativamente superior en este contexto. Todo ello, junto al proyecto de ley que establece el deber de reserva, producto de un hecho histórico como fue el acuerdo a que arribó la mesa de diálogo, el que se simbolizó en el apretón de manos entre el general Salgado y la abogada Pamela Pereira , da cuenta de un país donde uno puede sentirse orgulloso de vivir.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Por la Democracia tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, ninguno de quienes asistimos ayer a la Comisión que se abocó al estudio del tema que nos convoca, quedó indiferente frente a la intervención de los familiares de los detenidos desaparecidos. Aunque sosegada y modesta, pero no exenta de fuerza moral para pedir justicia y verdad, ella nos conmovió a todos.
Ese dolor inevitablemente nos retrotrae al pasado. No nos engañemos: no hay fuerza moral ni persona ni entidad capaz de enjugar las lágrimas de quienes están sufriendo. Es una verdad triste y dolorosa y sabemos que el país arrastra ese problema. Como dijo el Presidente , este es un tema de la Patria toda. Debemos decirnos entre todos, cara a cara, que no les vamos a enjugar las lágrimas ni tampoco a consolar. Sin embargo, como dijo el diputado señor Ignacio Walker , estamos dando pasos directos e indirectos para sanar esta herida profunda que dividió tanto a los chilenos, drama que todavía nos acosa y persigue.
Hoy vivimos un clima distinto. Los familiares fueron acompañados por fuerzas morales, por la Iglesia, por monseñor Silva Henríquez , quien, como él mismo dijo en alguna ocasión, fue la voz de los sin voz. Recuerdo con emoción aquella tarde en que el Presidente Aylwin , en nombre de toda la sociedad, pidió perdón por los hechos que ocurrieron en nuestro país.
Quizá hemos avanzado a paso lento, pero la mesa de diálogo -al principio de su gestión, muchos de nosotros tuvimos suspicacias y sospechas frente a su constitución; incluso se la dio por fenecida- ha dado sus frutos. Esos resultados se reflejaron en la respuesta que entregó la abogada Pamela Pereira cuando la Comisión le preguntó si durante los próximos seis meses se arribaría a una verdad, si habría una compilación de información útil y conducente a fin de que los tribunales de justicia efectivamente investiguen, lleguen a la verdad y administren justicia. La profesional respondió que para ella era impensable que no hubiera frutos al término de los seis meses. Si bien se trata de un avance pequeño, ello nos debe conformar. Sin embargo, con esto no mitigaremos el dolor de quienes sufren. Los familiares de los detenidos desaparecidos tienen el derecho de reclamar aquí y ante cualquier corte internacional, pero, pese a todo, seguimos avanzando.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , debo señalar que entregaré una posición absolutamente diferente de la que he escuchado esta mañana en la Corporación. Se trata fundamentalmente de una posición personal, que no representa la posición oficial del Partido Demócrata Cristiano.
Pero necesito decir por qué me parece que no deberíamos tener que decidir sobre el proyecto que nos ocupa. En verdad, se debe reconocer el gran esfuerzo de juntar en una mesa a personas que piensan distinto, que tienen distintas opiniones y visiones de la vida, que jugaron roles distintos. También se puede valorar el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que se hace en dicho documento, bastante relativo, pero reconocimiento al fin y al cabo. Asimismo, es muy trascendente el compromiso de “nunca más violaciones a los derechos humanos en Chile”. Pero hay algunas cosas que no decimos, que callamos o inventamos miles de cuentos para decirlas y pareciera que estamos de acuerdo, en circunstancias que no lo estamos. Ese es nuestro país.
Al final, en forma forzada, se trata de convencernos de algunas ideas que, en el acuerdo de la mesa de diálogo, creo que son incorrectas. Es incorrecto y presuntuoso tratar de explicar, en cinco líneas, lo que pasó en este país en las décadas del 60, 70, 80 y 90.
No sólo eso. Lo tremendo del asunto es cómo se enfrentan las cosas. Se dice que fue particularmente serio que algunos hayan propiciado la violencia como método de acción política. ¿A quiénes se refieren? ¿Por qué no lo dicen derechamente? ¿Por qué aquellos que se sienten objeto de esas afirmaciones no responden a ellas? Se dice que este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre. Un hecho. ¿Un choque de micros? ¿Un temporal? Ese hecho fue un golpe militar, que significó que militares -¡militares!-, en contra de la opinión del pueblo, derrocaran a un gobierno democrático. Eso es lo que aparece calificado como un hecho en ese documento.
Luego, se habla de las graves violaciones a los derechos humanos y homologamos la situación con la reacción legítima de un pueblo en contra de la dictadura. Dejamos que esto ocurra y nos convencemos de lo importante que es, para avanzar en el reencuentro, decirnos mentiras entre nosotros. ¡Qué bueno! ¡Sigamos diciendo mentiras y construyamos este país de mentiras!
¿Cómo se puede decir que los integrantes de la mesa acogen la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con información? ¡Por Dios! Hemos pasado 26 años pidiéndoles que entreguen parte de la información, pues son los únicos que pueden tenerla. ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? Ellos pueden decirlo.
Buena parte de la verdad aparece en el Informe Rettig. Ahí se supo cómo sucedió, casi quiénes fueron, los nombres de cuántos y cómo, en qué lugar, en qué cuartel militar, qué militares, qué civiles adscritos al poder militar participaron, en fin, ahí figuran.
La mesa de diálogo tenía por objeto encontrar a los detenidos desaparecidos. ¿En qué terminó? En el envío de un proyecto al Congreso, por si ahora, aquellos que tienen la información, la entregan. Incluso, se les otorga un plazo de seis meses. ¡Por Dios, si estuvieron nueve meses conversando en la mesa de diálogo y no fueron capaces de entregar un solo dato! Y nosotros tenemos que creerles. Honestamente, no creo. ¿Por qué tengo que creer? Pinochet se comprometió hace mucho tiempo a decir dónde estaban los detenidos desaparecidos; Sergio Díez , actual senador, fue a Naciones Unidas a mentir acerca de los detenidos desaparecidos; Sergio Fernández , hoy senador, se comprometió a entregar respuestas. ¿Dónde están esas respuestas? En ninguna parte.
Tengo la impresión de que más que un gran acuerdo en la mesa de diálogo, hubo un gran fracaso, y no sólo porque no participaron organizaciones como la de Detenidos Desaparecidos. Me pueden decir que no quisieron hacerlo, pero todo el esfuerzo del Estado debió centrarse y tomarse el tiempo suficiente para incorporarlas, porque agrupan a las personas por las cuales queremos legislar y trabajar.
¿Cuál es la paradoja en este tema? Estamos aceptando que instituciones que violaron sistemática y masivamente los derechos humanos se beneficien de su propio dolo. Personas que secuestraron, que asesinaron, que escondieron los restos, aprovechándose de que los tienen escondidos y no quieren decirnos dónde están, negocian una situación favorable para ellas. Eso es aprovecharse de su propio dolo. ¿Cuál era su deber? Entregar los cuerpos de los detenidos desaparecidos en la instancia de la mesa de diálogo.
Es muy importante la señal que demos. Aquí se está entregando una señal incorrecta al Poder Judicial , pues se le está diciendo que mantener los juicios abiertos por violación a los derechos humanos es contradictorio con el espíritu de reconciliación. ¡Falso! La Concertación debe ser más fuerte en este sentido. Aplicar la legislación vigente significa remitirse no sólo a la ley de amnistía, a la prescripción o a la cosa juzgada, sino que también aplicar los tratados internacionales, en los que debemos fortalecernos quienes creemos en la democracia y en los derechos humanos. Los tribunales deben saber que pueden seguir trabajando con la convención contra la tortura, los genocidios, con los convenios de Ginebra y con los pactos internacionales que nos obligan en esta materia.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha concluido su tiempo.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Le cedo mi tiempo.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Puede continuar su Señoría en los tres minutos que le corresponden al diputado señor Andrés Palma.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, además es muy relevante saber cuál es la interpretación correcta, porque apenas se firmó el acuerdo de la mesa de diálogo se dieron diferentes interpretaciones.
El diputado señor Cardemil dijo “por fin se reconoce la validez de la ley de amnistía”; el general Paredes, en retiro, expresó “por fin se termina el desfile de militares ante los tribunales”; otro señaló “por fin llegó el cierre de la transición”.
Para quienes votarán a favor del proyecto resulta muy importante saber que el mensaje a los tribunales es distinto, que esto no debe favorecer a Pinochet, sino que, por el contrario, con la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos o con los datos que se puedan obtener al respecto, como Congreso tenemos la obligación de seguir luchando para que los tribunales determinen no sólo el delito, sino la identidad de los responsables.
¡La paz, amigos míos, no se construye sobre injusticias! ¡La paz no se construye sobre acuerdos forzados! ¡La única posibilidad de reencontrarnos es con actitudes verdaderas! Yo quiero al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea y a Carabineros reconociendo, como instituciones, lo que hicieron y pidiendo perdón a la sociedad por ello. Esa es la única manera de reencontrarnos. Otra forma significará seguir diciendo mentiras; una sociedad injusta, donde hay un espíritu de impunidad que, al final, no conviene a nadie. Por ello, no sueñen con otra forma.
Por eso, seguiré del lado de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -creo en ella-, honestamente, porque tengo la convicción de que, en definitiva, todavía no hemos llegado a la madurez suficiente para entender en toda su magnitud el tema de los derechos humanos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente, para muchos de nosotros este es un trance doloroso. Asistimos a un debate en que, cualquiera sea la conclusión, deja un sabor amargo.
Hoy, nuestras discusiones han estado coronadas por patéticas escenas que hemos presenciado en las tribunas. Allí estaban los familiares de los detenidos desaparecidos, con sus fotos prendidas al pecho, reclamando lo más justo y legítimo a que puede aspirar cualquier ser humano.
Para mí, ese cuadro deja nítidamente establecido algo que es preciso tener en cuenta: mientras haya cadáveres insepultos, habrá almas errantes que golpeen nuestras conciencias. No es posible resolver este drama. Vivimos íntimamente esa colisión terrible entre las razones de Estado y los sentimientos individuales.
Sinceramente, no sé qué es más egoísta: si negar justicia plena como la merecen los familiares de detenidos desaparecidos o impedir a la sociedad chilena liberarse de las cadenas que la atan al pasado. Esa es la enorme disyuntiva que enfrenta este Congreso Nacional.
Sería fácil dejar fluir los sentimientos más recónditos, más profundos, más sinceros y adherir con pasión a una causa justa y legítima; pero, al mismo tiempo, tenemos que tener claro que a la inmensa mayoría de los chilenos le estamos negando la posibilidad de transitar por las “amplias alamedas” que se invocaron un aciago 11 de septiembre.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, quiero concluir diciendo que, en lo personal, lejos estoy de liberarme de una preocupación y dejarla fuera. Con lo que hoy vamos a resolver, traslado al seno de mi conciencia un drama colectivo que vivirá conmigo el resto de mis días.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, pertenezco a esa generación mayoritaria que conforma el 67 por ciento de la población de nuestro país, la que, a la fecha en que ocurrieron los hechos mencionados, tenía menos de 14 años o no había nacido. Es decir, al momento en que se produjeron los acontecimientos del 11 de septiembre, tenía siete años; cuando se consumó el drama de los detenidos desaparecidos, tenía nueve años de edad; como dice la “Mesa de Diálogo”, cuando algunos incentivaron o defendieron la violencia como instrumento político, y el Partido Socialista asume la violencia en un congreso en Chillán, tenía un año.
Esta es la realidad para la inmensa mayoría de los chilenos, integrada por cerca del 67 por ciento. Es una generación que cada vez tiene mayor relevancia y un rol más importante en la vida política nacional. Acá tenemos diputados que forman parte de esa generación, como Patricio Walker, Antonella Sciaraffia, Eduardo Díaz, Darío Molina, etcétera. Es una generación a la que, sin duda alguna, este debate -lo digo con toda sinceridad- le resulta difícil y, muchas veces, desconcertante, sobre todo porque también engloba a diputados compañeros, amigos, espero, que han sufrido este tipo de problemas. Pero, al mismo tiempo, es ineludible por el futuro y el porvenir de Chile, para que pueda desatarse, como recién lo señaló el honorable diputado Nelson Ávila, de las cadenas del pasado.
Por eso, en mi intervención no analizaré, como pudiera estar tentado profesionalmente a hacerlo, los aspectos jurídicos, sino que trataré de dejar en claro, como generación, las tres preguntas que nos formulamos los que teníamos 14 años o quienes no habían nacido cuando ocurrieron estos tres graves hechos: el uso de la violencia política, el 11 de septiembre de 1973 y el drama tremendo de los detenidos desaparecidos.
¿Qué podemos decirles, como señaló la diputada Laura Soto , a los familiares de detenidos desaparecidos? Personalmente, creo que tengo muy poco que manifestarles, porque el drama y el dolor que han sufrido no sólo es incomprensible para mí, sino que inimaginable. Tampoco puedo expresarles nada a los familiares de militares y policías sobre aquellas personas que fueron víctimas, han fallecido y se encuentran olvidadas. Para ellos tenemos, al menos desde nuestra perspectiva personal, una oración.
Sin embargo, a pesar de que no soy capaz de decirles nada para consolar ese dolor, sí reivindico un derecho de mi generación, y creo que de todos los presentes, de hablar por la verdadera gran víctima de todos estos hechos, que es el alma, el futuro y el porvenir de Chile. En nombre de esa generación, la mía, sí tenemos el derecho y el deber de preguntarnos qué hacer para acabar con este problema y, de una vez por todas, para poder mirar el futuro.
¿Qué hacer? Ante este primer proyecto, podríamos debatir muchísimo: si será bueno, útil, exitoso, si se harán las interpretaciones jurídicas que señaló el honorable diputado señor Gabriel Ascencio , que no comparto, o si se plantearán otras. Pero, al menos, es un primer paso. Eso fue lo que hizo la “Mesa de Diálogo”: dio un primer paso para que distintos sectores se reconocieran, miraran, llegaran a firmar un acuerdo y se dieran un apretón de manos.
Por eso, vamos a votar favorablemente y daremos todo nuestro apoyo a la iniciativa. Y eso lo anunciamos desde el primer momento, porque creemos que este tipo de proyectos sirve para que nunca más vuelvan a ocurrir eventos como los que hemos lamentado, y para que personas como yo, que al 11 de septiembre de 1973 teníamos 6 ó 7 años y que aún recordamos el odio que había en nuestras calles, no tengamos que transmitirlo o traspasarlo a las generaciones del futuro.
Por lo tanto, vamos a aprobar la iniciativa, porque reivindicamos nuestro derecho, como bancada, para hablar en nombre de la gran víctima, que defendió la violencia como un hecho político, o de quienes sufrieron problemas tan tremendos como la situación de los detenidos desaparecidos. Porque hablamos en nombre de Chile, nuestra bancada, y espero que todas las demás, concurrirá con su voto favorable a la aprobación de este proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, es indudable que el tema de los detenidos desaparecidos sigue pendiente, ya que, pese a todos los esfuerzos realizados, no ha sido posible esclarecer esta materia. Esto provoca en la sociedad chilena, sobre todo en los familiares de los detenidos desaparecidos, un gran dolor y un sentimiento de insatisfacción y de rebeldía por la incapacidad de los organismos del Estado por solucionarlo, y por la falta de voluntad de parte de los victimarios de aceptar y enfrentar esta cruda realidad.
Ha sido difícil lograr un acercamiento entre las distintas posiciones, porque no se ha resuelto este problema. Siempre habrá un dejo de desconfianza que impedirá el reencuentro que todos los chilenos deseamos, y el tema de los detenidos desaparecidos es un asunto que nos separa.
Por ello, valoro el gran esfuerzo realizado por la “Mesa de Diálogo”, que ha posibilitado sentarse a la mesa, darse la mano y mirarse a la cara a personas que representan grupos o entidades prácticamente irreconciliables. Todas las instancias son válidas cuando se dan estos pasos. Grande es en su significación, aunque no será lo último que deba hacerse, pero contribuye a avanzar en esta materia.
Señor Presidente , valoro el reconocimiento que hacen las Fuerzas Armadas en el acuerdo final respecto de las violaciones de los derechos humanos en que incurrieron agentes del Estado durante el gobierno militar, así como es grande y muy honesto el reconocimiento que se hace de la existencia de los detenidos desaparecidos, que muchas veces fue negada, ignorada o rechazada enérgicamente, a veces con ironía. Entonces, todo esto ha hecho concluir que los hechos son graves y que nunca más deben violarse los derechos humanos en el país.
El acuerdo suscrito es claro, como también lo es el objetivo del proyecto: establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena. No se habla de las circunstancias de dicha desaparición o muerte, es decir, pura y simplemente, de ubicar los cuerpos y, como dice el proyecto, establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Esto me hace fuerza, porque me lleva a considerar que el proyecto no legisla, ni expresa ni tácitamente, en materia de amnistía o de exención de responsabilidad criminal, nada que pueda llevar a la impunidad, sino que sencillamente trata de resolver la tragedia no resuelta de los detenidos desaparecidos, como lo señala el acuerdo. Como él mismo lo indica, es imperativo y urgente contribuir a superar el problema que requiere de parte de todos, de un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para este fin.
Me deja tranquilo esta conclusión, como también me da fuerza que hayan integrado la “Mesa de Diálogo” tanto Pamela Pereira como Héctor Salazar , abogados brillantes en la defensa de los derechos humanos, sobre todo Pamela, cuyo padre integra la larga lista de detenidos desaparecidos.
Seguiremos hablando de verdad y de justicia para llegar al perdón y a la reconciliación definitiva, y no separaremos estas palabras creyendo que ello seguirá dándose en grandes instancias en el futuro. Así se ha venido haciendo, como ya lo demostró el trabajo realizado por la Comisión Rettig, gracias a cuyas conclusiones se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que logró determinar la calidad de los detenidos desaparecidos.
La Comisión Rettig fue un gran paso, sobre todo porque generó e impulsó una cultura de respeto de los derechos humanos. El acuerdo de la “Mesa de Diálogo” también puede serlo: sólo se trata de ubicar a los desaparecidos. Las circunstancias de su muerte las determinarán los tribunales de justicia, función distinta de la nuestra. Nos asiste la convicción de que el proyecto no es una ley de punto final, no implica algún elemento que afecte o entorpezca la labor judicial, no impide actuar a los tribunales, no constituye tampoco interpretación a la ley de amnistía ni la elimina. Nada dice el proyecto al respecto ni de él se deduce nada que no sea la fórmula única y exclusiva de ubicar a los desaparecidos.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, lamento comunicarle que su tiempo ha concluido.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , creo que de un pasado que nos dividió, llegaremos, felizmente y debido a grandes esfuerzos, a un futuro que nos unirá definitivamente.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente , en junio de 1999 el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, bajo la presidencia del actual diputado Enrique Krauss, aprobó, por unanimidad, que la Democracia Cristiana era partidaria de alimentar un gran diálogo nacional que contemplara y comprometiera claramente la búsqueda de la verdad y el respeto por la justicia, además de crear un ánimo de reconciliación, a partir de gestos de arrepentimiento de los responsables y de la garantía de que los hechos no se repetirán, señalando que estábamos disponibles para plegarnos a ese acuerdo en el marco jurídico de la legislación vigente en el país.
Hago este recuerdo porque lo que hoy conocemos como el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” se ajusta, en rigor, al que adoptó el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana en junio de 1999.
También quiero recordar que cuando el entonces Presidente Aylwin envió al Congreso Nacional el proyecto conocido como “Ley Aylwin”, en agosto de 1993, el mensaje señalaba que “saber qué pasó y dónde están los cuerpos de las personas que hayan muerto es una gran inquietud y un objetivo que comparte la mayoría del país, como un factor que necesariamente contribuya a la reconciliación nacional”. Asimismo, decía el ex Presidente Aylwin : “Deseamos que se haga justicia dentro de la legalidad de nuestro estado de derecho”.
Similares palabras repetía el Presidente Frei Ruiz-Tagle , en agosto de 1995, cuando envió al Congreso Nacional un proyecto que también intentó resolver el problema que hoy nos ocupa.
En esa perspectiva, el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” constituye un avance muy importante para resolver uno de los problemas más dolorosos que el país enfrenta. Naturalmente, no es una interpretación correcta y rigurosa decir que este acuerdo pone término a los problemas que el país tiene y que probablemente tendrá por muchos años, en materia de derechos humanos. Simplemente, lo que hoy le toca conocer a la Cámara de Diputados es concordante con todo lo que hemos venido sosteniendo en estos diez años: entregar un instrumento jurídico, una herramienta legal que sea funcional al objetivo que mencionaba tanto el proyecto del ex Presidente Aylwin como el del ex Presidente Frei Ruiz Tagle , cual es encontrar los restos -los cuerpos- de los detenidos desaparecidos. No ha cuestionado ni cuestiona, ni es casualidad -si los colegas lo leen con atención- que en el acuerdo no hay mención expresa al tema de la verdad y al de la justicia, porque, si así lo hiciera, todos lo votaríamos en contra. Sin lugar a dudas, todos en el país -y quienes integraron la “Mesa de Diálogo” no constituyen la excepción- entendemos que tanto la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en el país como la aplicación de las sanciones que conforme a la legislación vigente pueden aplicarse en un Estado de derecho -así lo dice reiteradamente el acuerdo-, es tarea exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia. Eso no está en cuestión. Por el contrario, lo que estamos haciendo aquí -lo reitero para no confundirnos ni hacer interpretaciones que no correspondan al texto- es permitir, a través de un instrumento jurídico y de un acto de confianza en las Fuerzas Armadas, solucionar en parte uno de los problemas más angustiantes de la sociedad chilena.
Entonces, no es cierto que el proyecto nos haga renunciar a la verdad y a la justicia, porque ése no es el espíritu ni la letra del acuerdo de la “Mesa de Diálogo” ni tampoco del texto de la iniciativa legal que se somete a nuestra consideración.
Para los efectos de entendernos, a través de un ejemplo práctico quiero señalar cuál es el espíritu del proyecto que nos ocupa. Habría que decir que, una vez aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente de la República , si un funcionario de cualquiera institución armada mañana declara que ha participado en un homicidio y sabe dónde están los cuerpos, esa declaración tendrá que hacerla ante quien la institución determine, probablemente un oficial. Ese oficial, dentro del plazo que establezca la ley, tiene tres deberes inmediatos:
En primer lugar, calificar la utilidad de la información de acuerdo al proyecto de ley.
En segundo lugar, si la considera útil para el objetivo del proyecto, no puede revelar quién se la dio.
En tercer lugar, tiene el deber de traspasar dicha información a quien corresponda.
Ese oficial no está obligado a declarar sobre el nombre y los datos que permitan individualizar al informante, pero tiene el compromiso legal de entregar toda la información que se le proporcione.
Para no engañarnos, lo secreto no es la información, sino la individualización del informante. Y si ese oficial, o la persona que sea, se negare a declarar o a informar sobre un asunto distinto de la identidad del informante, estaría cometiendo el delito de obstrucción a la justicia. Y quien haya dicho que participó o cometió un determinado delito, seguirá siendo responsable de él. El privilegio del secreto del nombre es sólo para él, no para sus cómplices, encubridores u otros autores, y sólo en relación con el oficial que recibió la información.
Entonces, ¿dónde está la limitación que este proyecto, presuntivamente, estaría estableciendo al accionar de los tribunales de justicia en la búsqueda de la verdad y en la sanción que corresponda -si procede-, de acuerdo con la normativa vigente? Para ser rigurosos, sólo estamos -y excúsenme la expresión- haciendo una apuesta de buena fe, leal, a que las Fuerzas Armadas entregarán la información que permita superar un problema que el país no ha sido capaz de resolver en la última década. En consecuencia, no cabe otra actitud que no sea respaldar no sólo el acuerdo de la “Mesa de Diálogo”, sino también la acción y la conducción que en este proceso le ha correspondido -y le corresponderá en el futuro- al Presidente de la República , don Ricardo Lagos.
En los tiempos que vive el país, los temas de la verdad y de la justicia no son patrimonio de la “Mesa de Diálogo”, ni siquiera del Parlamento. La demanda por verdad y justicia, pero también por encontrar a los detenidos desaparecidos, es del país en su conjunto. La riqueza de los acuerdos de los miembros de la “Mesa de Diálogo” es que han sido capaces, desde posiciones distintas, de interpretar un profundo anhelo de la sociedad chilena, que quiere sanar esta herida, mirar hacia el futuro, recuperar la confianza y, sobre todo, entender que nadie quiere repetir los errores que cometimos en el pasado ni estar tampoco disponibles para soportar o tolerar los horrores que también vivimos en ese pasado.
Por estas razones, los diputados de la Democracia Cristiana vamos a respaldar, en el contexto de lo que he señalado, este proyecto de ley. Dios mediante, que se despache, promulgue y produzca los efectos que la inmensa mayoría del país desea.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, durante 17 años no logramos la democracia, a pesar de que desde los años 80 el Comité de los 24 hizo presente diversos hechos ocurridos en el país. Luego, transcurrieron otros diez años, a pesar de lo cual aún no consagramos el principio básico de la democracia, que es la soberanía popular, ni tampoco logramos reformar nuestra Constitución con ese objeto; pero sí ahora se ha producido un hecho relevante, porque una “Mesa de Diálogo”, con actores institucionales, de las Fuerzas Armadas; abogados protagonistas de la lucha por los derechos humanos, representantes de la Iglesia y personeros de la sociedad civil, ha llegado a consensos importantes. Decir que el país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas es algo cuya importancia no radica en que lo dijeran unos u otros, sino, en conjunto, sectores distintos que hasta ahora no lo habían expresado.
También es significativo declarar, en conjunto, que la defensa del Estado de derecho y, en particular, el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.
Lo trascendente de la “Mesa de Diálogo” es que estas afirmaciones las hayan planteado en conjunto, ante todo el país, actores de tan diferente procedencia e historia, que en el pasado no reconocieron el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos como piedra fundamental de convivencia de un país.
El transcurso de la humanidad ha sido difícil. Hoy llegamos a este momento -diría litúrgico- con un acuerdo muy concreto frente a un punto que a todos nos parece fundamental y que nos duele, cual es saber las circunstancias del desaparecimiento de miles de chilenos.
Hoy ha hablado la razón. Sé que los corazones nos duelen porque todavía tenemos desconfianza y pensamos que esto detendrá el accionar de la justicia, pero tenemos que seguir luchando por la justicia, por cuanto este acuerdo en nada afecta su labor. Lo importante es que hemos dado un paso litúrgico, de acuerdo, y hemos consagrado, en una “Mesa de Diálogo” que nos representa a todos, uno de los pasos fundamentales para seguir avanzando en nuestro camino.
Hoy no me importa si todavía el corazón no acompaña a la razón. Llegará el momento, a lo mejor en generaciones jóvenes, en que tendremos corazones abiertos, sin que haya - ojalá Dios lo quiera- desconfianzas.
Quiero agregar que uno aspiraría, de corazón, a que alguien dijera: “Perdón, nunca más”.
He dicho.
-o-
El Presidente, señor Jeame Barrueto, da la bienvenida a la delegación de la Comisión de Turismo de la Legislatura Argentina, presente en las tribunas, integrada por los parlamentarios Alejandro Balián, Marcelo Luis Dragán, Fernanda Ferrero, María Isabel García de Caño y Guillermo Corfield.
El señor JEAME BARRUETO.-
Tiene la palabra el diputado señor Paya para plantear un punto de Reglamento.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, ¿a qué hora se votará el proyecto?
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , quedan cinco señores diputados por intervenir. Si hacen uso de todo su tiempo, el proyecto podría ser votado alrededor de las 14.15 horas. En caso contrario, podríamos votar antes.
El señor PAYA.-
¿Se podría fijar las 14.15 como hora límite de votación?
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , no puedo restringir los tiempos asignados a los distintos Comités.
El señor PAYA.-
Señor Presidente, estoy pensando en el evento inverso: en el caso de que terminaran antes las intervenciones. Porque es un proyecto bastante importante y muchos diputados desean participar en su votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Debemos respetar los tiempos -eso no se puede modificar-, porque el proyecto debe ir al Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez para plantear un asunto reglamentario.
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente, es para pedir que recabe la autorización de la Sala a fin de insertar los discursos y documentos de quienes no alcancemos a intervenir en esta ocasión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente , parece que hay un error involuntario, aunque inaceptable, en la Cuenta. El proyecto que figura en su Nº 5 fue estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Además, no aparece el nombre de su presidente.
Ruego a su Señoría hacer la salvedad del caso.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Se procederá como ha sido solicitado.
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, solicito consignar mi nombre, pues no aparece en el informe entregado.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario me informa que ya fueron corregidos los errores del original.
Tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, en los discursos se han aducido distintos argumentos. Sólo quiero formular una reflexión respecto de este tema tan sensible.
En primer lugar, a diferencia de mi colega Rodrigo Álvarez, jefe de bancada de la UDI, viví el período del gobierno militar. Tenía alrededor de 18 años, y nadie podrá dudar de mi lealtad y adhesión a lo que siempre he sostenido: inocencia en muchas situaciones, en especial en la del general Pinochet. Pero con esa misma valentía, también es justo reconocer que dos diputados de un mismo partido nos formamos en generaciones diferentes. Los años han pasado, y esta democracia nos ha hecho madurar a todos. Nos ha llevado a entender que de enemigos -lo fuimos en el pasado-, ahora somos adversarios. Respetamos las distintas posiciones, a pesar de que muchas veces nos cuesta, quizás porque fuimos formados en disciplinas diferentes.
Pero lo más importante es la generosidad que hoy vemos acá. Yo era escéptico sobre la “Mesa de Diálogo”, no creía que pudiese tener algún grado de éxito; era de los que sostenía que el Gobierno sólo trataba de ganar tiempo. Pero hoy reconozco que ella ha cumplido un objetivo importante: buscar futuro junto al Congreso, y no sólo mirar el futuro, porque éste se construye y cuesta avanzar. Por eso, aunque pueda diferir de lo planteado por la Concertación, reconozco su mérito y acción, pues sé que a unos y a otros se nos hace difícil votar afirmativamente el proyecto. Sin embargo, enfrentamos una disyuntiva: quedarnos en el pasado o avanzar hacia el futuro. Somos protagonistas de la historia y me molesta que sea cambiada. Hoy no podemos pensar respecto de qué justicia estamos hablando: de la de ellos o de la de nosotros. Las nuevas generaciones, tal vez con más prudencia y objetividad, juzgarán esta etapa de nuestra historia. Pero lo importante es tener la capacidad de avanzar.
Votaré favorablemente el proyecto, porque no quiero más odio. Una autoridad religiosa mundial remeció a la humanidad cuando, en un momento determinado, desde este terruño llamado Chile, dijo que “el amor es más fuerte”; pero también existe el odio. Acá hemos visto a un grupo de personas que no quieren avanzar. Es fácil el discurso electoral y manosear los derechos humanos, pues da dividendos políticos; pero qué difícil es avanzar. A pesar de ello, la generosidad de los que piensan distinto de nosotros, hoy nos permite dar un paso adelante juntos.
Por eso, como parlamentario y como ser humano, mi mensaje es que, en esta oportunidad, no dejemos que el odio nos gane.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, el proyecto no me gusta. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no han dado los pasos necesarios para restablecer la confianza; aún no reconocen la verdad establecida en el “Informe Rettig”. Todavía no puedo confiar en su actitud. Pero puede ser que con este proyecto encontremos el paradero y destino de las personas que, estando detenidas por el gobierno de la época, fueron hechas desaparecer. Ante esa posibilidad, tomo el riesgo.
En el proyecto no hay nada que obstruya el avance de la justicia, principio del que nace la paz social. Es posible que ayude a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; a los civiles adscritos a los organismos de seguridad; a los políticos que participaron en el gobierno, en especial a los que firmaron o dieron órdenes; a los empresarios agrícolas que buscaron a los líderes campesinos para detenerlos; a los ciudadanos que acusaron a quienes consideraban sus enemigos, a que reconozcan su responsabilidad personal y asuman el gesto patriótico que se ha pedido.
¡Pero hemos sido engañados tantas veces! Si en esta propuesta se oculta un punto final, asumiré mi responsabilidad política. Sé que, una vez más, corro el riesgo de ser engañado. La actitud del Ejecutivo será decisiva para que ello no ocurra. Espero que el Gobierno que contribuí a elegir, detenga ese engaño, si se intenta.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señor Presidente, en esta ocasión daré las razones por las cuales Renovación Nacional respaldará los acuerdos de la “Mesa de Diálogo” y se autoimpondrá la obligación, la característica, el signo de garante civil en lo que, modestamente, nos corresponde como partido de Oposición y en una tarea que es de toda la sociedad chilena: de cumplimiento, de concreción y de progreso de estos importantes acuerdos.
Asimismo, plantearé cómo Renovación Nacional, desde 1987, buscó caminos, que ahora está encontrando, que nos llevaran a la paz social en una sola línea de coherencia.
También me propongo señalar, porque ésta es una cámara política, que se está ante el surgimiento de un nuevo y auspicioso escenario político en nuestro país. Por ello, indicaré el rol de Renovación Nacional y de la Alianza por Chile en él y la significación, por ende, del acuerdo.
Me propongo, si queda tiempo, referirme a cómo, cuando concluya la transición política, deberá avanzarse para cerrar las otras transiciones, económica y social, que aún aguardan.
Repito: Renovación Nacional y la Alianza por Chile respaldan los acuerdos de la “mesa de diálogo”.
Por algún motivo, por alguna característica, tal vez por deformación profesional, como abogados y dirigentes políticos, creemos, a veces con demasiada fuerza, que las transiciones -el cambio de un estado a otro, el cambio de un régimen autoritario a uno democrático- son, simplemente, cuestión de leyes, de decretos, de normas. Pero buscando, tanteando, se nos ha afirmado -y esto lo veo muy bien recogido ahora- que las transiciones, más que cambios de leyes o sistemas, son cambios de espíritu, de clima, de ambiente y de disposición espiritual de la ciudadanía para generar un consenso, un ethos, como muy bien dijo la diputada señora María Pía Guzmán ; un ethos de determinadas características que transite a otro ethos, a otras formas, a otra disposición para solucionar los problemas o aproximarse a su solución.
Todos los integrantes de la mesa de diálogo nos han dado una lección de humildad, de trabajo serio, riguroso; de desprendimiento, de capacidad de salir de los propios dramas, de las propias y legítimas formas de entender nuestro pasado y, en función de él, nuestro futuro, para construir, entre todos, un cauce, un camino que mire hacia el mañana.
Es importante recoger la lección que nos han dado todos los integrantes de la “mesa de diálogo”, que representan a sectores que han sufrido mucho, que han estado confrontados por varios años y que han sido capaces de sentarse a conversar, de llegar a consensos y de firmar acuerdos importantes y definitivos para el futuro.
En la Cámara siempre se plantean cosas negativas; pero quiero mencionar un signo positivo para Chile, que deriva de lo que ha pasado en estos días y que debemos recoger. Siempre hemos estado en este ánimo.
Hace muy poco, cuando me correspondió, por mandato de las bases, de los militantes, asumir la presidencia de Renovación Nacional, la mesa que represento envió una carta a todos los presidentes de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Es importante traer a colación algunas cosas que se dicen en ella. Expresábamos, por ejemplo, que conocer los hechos de la historia de los últimos treinta y cinco años, que nos competen, que nos atormentan, y situarlos en una perspectiva honrada, es un imperativo ético.
Parte importante de la sociedad ha juzgado a unos actores como terroristas y criminales, y a otros, como criminales y torturadores; pero hay seres humanos involucrados en ambos lados, cuya memoria ha sido execrada. Sus familiares cargan con estos estigmas, en tanto que la sociedad, como conjunto, ha permanecido pasiva, sin asumirlos o negando los hechos o postergando la reflexión.
Pero, en la vida misma, a veces en posiciones estereotipadas, hay una enorme extensión entre ambos juicios de condenación, que dice de historias, de formación, de convicción, de ideales, de enconos, de debilidades, de pasiones, de odiosidades, de errores, de ignorancias y de incomprensiones de dilatada data.
Decíamos -lo reafirmamos hoy y nos comprometemos como partido a hacerlo y decirlo claro y fuerte- que los hechos hay que asumirlos. Asumirlos significa reconocer el drama en todos sus contornos. Los intentos de que las cosas se diluyan, como se ha dicho, han sido y serán fallidos. La realidad se nos presentará siempre por delante. Asumirla significa no pensar que este problema, que este drama que vivió Chile, fue sólo una pugna sangrienta entre extremistas y torturadores. Significa, en cambio, pensar que fracasamos como sociedad; que todos -me incluyo- no hicimos lo suficiente para entendernos; que provocamos y seguimos ciega y apasionadamente los errores; que nos deshumanizamos; que de verdad no fue nuestra primera y verdadera preocupación la enorme cantidad de pobres que aún subsisten; que fuimos tras el poder con soberbia y resentimiento, como únicos poseedores de la verdad, y que ahora, evidenciando deseos vengativos y soslayando la historia, corremos -espero que no sea así- el severo riesgo de continuar por ese camino, sin escarmentar.
Pensamos que todos están contestes en que es imperativo construir los caminos que generen la confianza, aquella que nunca se tuvo -digámoslo con claridad- en los últimos sesenta años de nuestra historia. Pero, para ello, hay que tender los puentes, renunciar a nuestros dolores y salir de nuestras “legitimidades”.
Las historias son legítimas y debemos respetarlas. No puedo dejar de decir, en este momento importante y para mí en cierto modo emocionante, que también fui actor del pasado. Como todos saben, me desempeñé como subsecretario del Interior entre 1984 y 1988, es decir, durante una época lejana de la situación tremenda y dramática de los detenidos desaparecidos que vivió el país.
Lo digo con absoluta tranquilidad de conciencia: no conozco más que lo que he leído en la prensa o lo que he escuchado de mis colegas sobre los hechos acaecidos entonces. Sin embargo, obviamente por la posición en que estaba, pude haberme interesado más, haber averiguado más. Quizás en algún grado mayor o menor; pero como todo el resto de la sociedad, de alguna manera, también me siento con un pecado de omisión, con una falla que creo que comparte, en cierto modo, toda la sociedad chilena, en el sentido de no haberse interesado más en un drama evidente, y creo que es bueno decirlo. Esto es salirse de las legitimidades.
Quiero hacer dos reconocimientos de entidades y personas que salieron de sus legitimidades. El primero, a las Fuerzas Armadas y de Orden. Cuando firmaron el acuerdo de la “mesa de diálogo”, se comprometieron a investigar y a reconstruir el pasado. Lo hicieron en respuesta a su honor, a su sentido de la nacionalidad y porque están ciertas y seguras de que este es un nuevo servicio que le deben prestar a Chile, así como honestamente creyeron que se lo prestaban cuando el país estaba en destrucción durante 1973. Con este nuevo aporte se salen de sus legitimidades.
El segundo reconocimiento es a los abogados de los derechos humanos, en especial a Pamela Pereira , una mujer que no conocía, pero que me impresionó ayer por su sencillez, por su lucidez, por su capacidad de salirse de la jaula estrecha del resentimiento a que quizás tenía derecho. Nos ha remecido y nos ha dejado mirando hacia adelante; nos ha sacado del estancamiento espiritual en que este país estaba al no resolver su problema del pasado. Eso es concretar el pensamiento de Renovación Nacional, porque es harto distinto escribir que hacer. Creo que estas personas y estas instituciones han dado un ejemplo, y por eso vamos a aprobar el proyecto.
En segundo lugar, me siento orgulloso de ser presidente de un partido como Renovación Nacional, que ha tenido una sola línea en materia de derechos humanos. Renovación Nacional siempre ha buscado y encontrado caminos para la paz social; siempre ha buscado caminos para el cierre de la transición, y no ha sido por falta de votos nuestros que esos caminos no se hayan encontrado antes, desde su fundación, en 1987. Renovación Nacional así lo expresaba en 27 de noviembre de 1990 en su respuesta a la consulta formulada a los partidos políticos por la Comisión Verdad y Reconciliación.
Mucho se habla de la Comisión Rettig. Nosotros participamos activamente en ella. Decíamos -y lo mantenemos- que Renovación Nacional ha tenido una profunda y permanente preocupación por el daño material y moral sufrido por las muchísimas víctimas de la violencia subversiva y de los excesos represivos durante las últimas décadas; que Renovación Nacional tenía, tiene y tendrá siempre una concepción política centrada en la persona humana, por lo que ha mantenido, a lo largo de su corta trayectoria, una preocupación permanente y preferencial por la plena vigencia de los derechos humanos.
Desde su fundación, en 1987, propuso el término del exilio, y me correspondió, como subsecretario del Interior , dictar todos los decretos que terminaron con esa situación, por lo cual doy gracias a Dios. Condenó con energía los principales atentados contra los derechos de las personas; manifestó su categórico rechazo a todo delito terrorista; exigió una acción efectiva de los tribunales de justicia, y respaldó, como también me correspondió gestionar, el otorgamiento de facilidades a todos los organismos internacionales de derechos humanos, como la Cruz Roja y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Participamos en la Comisión Rettig, apoyamos el proyecto Aylwin y el proyecto Frei -a través de nuestro Senador Miguel Otero le dimos nombre a esa fórmula: Figueroa , Ministro del Interior de la época , Otero -; apoyamos a la Comisión Verdad y Reconciliación, y participamos en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y en la “Mesa de Diálogo”. Con todo, cuando la vimos empantanada, nos movimos políticamente para acortarle los plazos. Veíamos que había problemas y queríamos que se produjera una solución. Teníamos listo un proyecto de ley para presentarlo al Congreso Nacional, que significaba nuestra solución ideal a los temas de los derechos humanos. No lo presentamos por patriotismo, por no crear nuevos frentes, por esperar que con la legitimidad social que había en la “Mesa de Diálogo” se consensuara una solución que fuera en la línea nuestra, a fin de apoyarla en el Congreso, como lo estamos haciendo ahora.
Es importante decir estas cosas, de las cuales legítimamente los diputados presentes y los senadores que recibirán el proyecto en el Senado, así como la directiva de Renovación Nacional y el Presidente que habla, tienen motivos legítimos para sentirse orgullosos.
Abordo el tercer punto. No nos engañemos; adaptémonos, salgamos del anquilosamiento; movilicemos nuestro espíritu. Esto no es menor, no es una leyecita ni un acuerdito. Con este paso se está abriendo el país a la creación de un nuevo escenario político, distinto del que había hasta la suscripción del acuerdo de la “Mesa de Diálogo”.
Digamos las cosas claras. Este acuerdo y este proyecto revisten gran significación. El acuerdo tiene tres elementos centrales y distintos: una declaración histórica muy equilibrada, que da cuenta de que la historia de Chile es muy compleja y de que hay legitimidades respetables, y que no tenemos que decir sólo una parte de la verdad, sino toda ella. Ese elemento histórico de la “Mesa de Diálogo” es central para entender la historia pasada y construir juntos, con un sentido de comunidad, la historia que vendrá; y este proyecto de ley es una figura jurídica para que aparezcan tanto los cuerpos como los datos, y para que los tribunales puedan cumplir con su deber.
La ley es quizás la menos importante de los tres elementos con que cuenta la “Mesa de Diálogo”, pero tiene, sobre todo, un gran peso como acuerdo político. Aquí, las Fuerzas Armadas, que fueron contendientes; los abogados de los derechos humanos, que fueron contendores, y el resto del país, han dicho que debemos seguir mirando hacia adelante y no hacia atrás, y se ha abierto un camino ancho, grande, por donde va la mayoría.
Cuando se construye un camino ancho y grande, siempre queda gente al margen, a un lado o a otro; pero no podemos dejar de caminar oyendo esas voces por respetables que sean. Hoy escuchamos en esta Sala expresiones de duda; está bien, pues la duda es siempre un signo de inteligencia; pero hemos escuchado también palabras agresivas, duras, que no están en el ambiente que creó este acuerdo. Esas voces se van a ir quedando aisladas, porque Chile está mirando hacia adelante y no hacia atrás.
Pienso que éste es el primer fruto de la última elección presidencial y que por eso se está generando el nuevo escenario. En la última elección presidencial hubo prácticamente un empate; pero un empate positivo, de gente que quería reconciliación, paz social, cierre de la transición, mirar hacia adelante. De alguna manera, el acuerdo de la “Mesa de Diálogo” recoge ese empate positivo para Chile, ya que está abriendo puertas a la creación de un nuevo escenario político. No nos equivoquemos con la significación de este acuerdo.
Como partido político, como Renovación Nacional y como Alianza, vamos a ser coherentes con lo que hemos dicho: tratar de que esto funcione y de ser sus garantes civiles. Además, anuncio que avanzaremos seriamente en todas las materias constitucionales que tantas veces hemos planteado y que por diversos motivos nunca se han concretado.
Vamos a presentar en el Senado, luego, en la línea de cerrar la transición -en esta semana casi con seguridad-, las reformas constitucionales que siempre ha planteado Renovación Nacional, lo que significa poner al país definitivamente en la línea de la democracia y del desarrollo, dos grandes palancas que nos permitirán construir juntos el camino del futuro. Seremos extraordinariamente coherentes en impulsar, en afirmar este nuevo escenario político que se nos abre y que apoyamos con entusiasmo. Tal vez, caminando en esta etapa cerremos la transición política.
Esta es una transición propia del siglo XX, porque estamos resolviendo un problema de esa época. Este es el último consenso que falta para saldar nuestras cuentas con el pasado y empezar a mirar hacia adelante. Por supuesto, debemos cerrar esta transición política y lo haremos; pero -repito- estamos solucionando problemas del siglo pasado.
Cerrando esta transición política -reitero que ayudaremos a hacerlo- nos quedan las otras grandes transiciones. Por ello, quiero invitar a todos, al Gobierno, al cual le quedan seis años para gobernar, y a la Oposición, a que seamos constructivos, leales y firmes en nuestro rol.
Las transiciones propias del siglo XXI, las económicas y las sociales -a las que nos vamos a abocar- son las necesarias para avanzar definitivamente y luego de muchas promesas, desde la pobreza hacia la auténtica igualdad de oportunidades.
Las transiciones pendientes son las necesarias para traspasar los umbrales del subdesarrollo e incorporarnos en propiedad al nuevo orden mundial; para no contentarse con rendimientos económicos modestos y generar el dinamismo necesario para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los chilenos integrados al desarrollo; para terminar con las discriminaciones laborales que afectan a la mujer e incorporarla plenamente al esfuerzo productivo; para transformar una política internacional tímida y concesiva, en una que aumente el papel protagónico de Chile en el concierto internacional; para rescatar a importantes sectores de la juventud, hoy amenazados por la droga y la tentación del delito, ofreciéndoles expectativas concretas de trabajo y esperanzas; para avanzar desde una educación de contenidos obsoletos hacia una realmente sintonizada con el mundo del trabajo; para evitar que el desarrollo económico siga destruyendo el medio ambiente y proyecte una nueva concepción de progreso económico limpio; para modernizar el Estado; para dejar atrás la actual inseguridad ciudadana y garantizar a toda la población, especialmente a los más pobres, una vida segura y libre de amenazas; para avanzar de un país exageradamente centralista a uno que se caracterice por la progresiva descentralización; para avanzar de una política habitacional -cuyas deficiencias han quedado en evidencia con los últimos temporales-, marcada por el deterioro y por soluciones habitacionales insatisfactorias, hacia una que se caracterice por viviendas dignas para las familias; por último, transición pendiente es la necesaria para recuperar una clase media, antes pujante y desde hace años declinante, para transformarla nuevamente en la columna vertebral de la estructura social del país, volcándola no hacia el Estado, sino hacia la pequeña y mediana empresa, constituyéndola en el canal más expedito para una constante y ascendente movilidad social.
Apoyamos los acuerdos de la “mesa de diálogo” y nos preocuparemos de que se concreten. Nos sentimos orgullosos de la actividad desarrollada por el partido, antes, hoy y mañana, en la obtención de la paz social que el país tanto anhela. Sin embargo, debemos reconocer que estamos en un nuevo escenario, pero estamos dispuestos a entrar en él para crear las condiciones de democracia y desarrollo que Chile necesita, en un leal juego entre Gobierno y Oposición.
Por último, no debemos olvidar que, una vez cerrada la transición política, propia del siglo XX, debemos llevar a cabo la gran transición social y económica, que encamine al país por una senda de grandeza, de paz social e integración de todos al esfuerzo común.
He dicho.
-Aplausos.
El señor LETELIER (don Felipe). -
Con justicia.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, la Cámara de Diputados se prestigia por la forma en que ha llevado el debate de este proyecto, que versa sobre un tema que nos ha ocupado durante tanto tiempo y que nos preocupa profundamente. Aquí se han expresado aspectos éticos, jurídicos y procedimentales, y valoro el aporte hecho por colegas de las diferentes bancadas en ese sentido.
La Democracia Cristiana también ha hecho su aporte, también ha dado su opinión. Sin embargo, es preciso que entiendan que para nosotros es muy difícil construir la ecuación entre lo pragmático y lo valórico. Las expresiones de algunos colegas reflejan la esencia de la Democracia Cristiana. Además, le hace bien al país y a esta Corporación, sincerarse en aspectos de tanta importancia y profundidad.
El origen del proyecto es diferente a una iniciativa común. Emana de una instancia convocada para un objeto, para un efecto final, último: hacer esfuerzos para reconciliar a nuestra sociedad; emana de una “mesa de diálogo” integrada por diferentes actores, quienes muchas veces no se pudieron poner de acuerdo. Por ello valoramos este proyecto y estaremos absolutamente disponibles para apoyar los acuerdos de la “mesa de diálogo”.
Frente a palabras críticas y a expresiones de desconfianza, una sola frase: tenemos una nueva oportunidad que debemos aprovechar. Valoramos los esfuerzos hechos durante los gobiernos de la Concertación para resolver el tema de los detenidos desaparecidos y el atropello a los derechos humanos. Al respecto, una palabra de reconocimiento a los gobiernos de los ex Presidentes Aylwin y Frei ; de la misma forma, valoramos el esfuerzo y el empuje del gobierno del Presidente Lagos, y muy especialmente de su persona, para ayudar a construir la ecuación necesaria entre la razón y la pasión, y el testimonio de Pamela Pereira así lo ha demostrado.
Confiamos en que el proyecto contribuya al objetivo final de construir una nueva ecuación de equilibrio entre la verdad y la justicia, tan necesarias para la reconciliación nacional y para mirar con visión de futuro lo que este país requiere para lograr una sociedad más justa y un país donde nos sintamos satisfechos de ser chilenos.
Los diputados de la Democracia Cristiana apoyamos en forma irrestricta los acuerdos de la “mesa de diálogo” y valoramos el gran aporte que camaradas nuestros, insertos en esa instancia, expresaron y concretaron.
En consecuencia, la Democracia Cristiana votará favorablemente el proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor ministro del Interior , señor José Miguel Insulza.
El señor INSULZA ( Ministro del Interior ).-
Señor Presidente, valoro y respeto el debate que ha tenido lugar esta mañana. Me parece positiva la franqueza y profundidad con que un gran número de diputadas y diputados han planteado sus puntos de vista sobre el proyecto y respecto del documento y los resultados de la “mesa de diálogo”. Por lo tanto, restringiré mis observaciones a sólo dos o tres puntos que me parecen fundamentales.
Más allá de los comentarios sobre el resultado de la “mesa de diálogo”, debo recordar que no es el objeto del proyecto del Gobierno aprobar el documento de la “Mesa de Diálogo”, lo que, sin duda, conduciría a un debate mucho más extenso sobre un conjunto de otros temas.
Antes de referirme a alguno de los puntos acordados por la “mesa de diálogo”, quiero decir que el objetivo de este proyecto es cumplir con una obligación -alguien podría decir que es una obligación de Estado; yo diría, que de nación- ratificada por el Congreso Nacional hace ya más de ocho años, en 1992, cuando con posterioridad al informe de la Comisión Rettig y durante la tramitación del proyecto de ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, junto con una serie de normas orgánicas relacionadas con ella y con una serie de disposiciones específicas relativas a la reparación a las víctimas, el Poder Legislativo estimó necesario hacer sólo una declaración de principios, señalando en su artículo 6º lo siguiente: “Se declara que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena”. Fue un compromiso solemne asumido por el Congreso Nacional en nombre de la nación.
La pregunta que nos hemos formulado durante todos estos años es si efectivamente se ha hecho todo lo posible para cumplir con esa declaración. Es evidente que el persistente drama de los detenidos desaparecidos durante todos estos años demuestra que, más allá de esfuerzos individuales o colectivos llevados a cabo, no hemos estado a la altura de esa declaración. Ése fue el sentido del esfuerzo emprendido por la “mesa de diálogo” y ésa es, ciertamente, nuestra tarea más urgente.
Pues bien, el contenido del proyecto se refiere a esa materia. Se ha hecho una serie de alcances y objeciones a la iniciativa, pero nadie ha encontrado, al leer el mensaje o el texto del proyecto, una sola frase o palabra que valide afirmaciones sobre impunidad, orientación a los tribunales de justicia, punto final u otras cosas que se han afirmado con mucha liviandad durante los días previos a este debate. Por lo general, cuando se critica un proyecto de ley, se hace sobre la base de algo que dice su texto o el respectivo mensaje, de alguna intención explícita o implícita. Aquí, no he escuchado decir a nadie que determinado párrafo del proyecto contiene alguna frase que valide un punto final, que se meta con los tribunales de justicia o que constituya una interpretación de la ley de amnistía. Esta iniciativa sólo tiene por objeto otorgar reserva a las personas que entreguen información útil y conducente para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos, noble fin consagrado por el Congreso Nacional en 1992 y validado por la “mesa de diálogo”.
En dicha mesa se contrajo un compromiso solemne que, más allá de confianzas o desconfianzas, me interesa rescatar, porque no se asumen compromisos solemnes ante el país sin tener que enfrentar luego las consecuencias de ello. Quienes los asumen no son los mismos que eran antes de contraerlos; asumen ante el país la obligación de cumplir ese objetivo de Estado, y nosotros esperamos que se cumpla.
Pero, además, validan ese compromiso solemne -por eso debo decir que, tal vez, lo único que me duele en este debate es que se pretenda señalar que estar a favor de este proyecto es estar a favor o en contra de los detenidos desaparecidos- personas a las cuales nosotros no sólo hemos respetado, sino que hemos admirado durante todos estos años. ¿Por qué hace pocos meses el país condecoró a don Jaime Castillo Velasco? ¿Alguien ha olvidado cuando Sergio Valech no quiso entregar una información secreta, a riesgo de convertirse en el primer obispo preso en nuestro país? ¿Hemos olvidado que José Zalaquett fue el primer secretario ejecutivo del Comité pro paz? ¿Hemos olvidado lo que hicieron Roberto Garretón, Héctor Salazar y Pamela Pereira? ¿Acaso ellos no constituyen un testimonio válido para afirmar este compromiso?
Entonces, quienes no confían en unos deben confiar en los otros, porque son los nuestros quienes han llevado adelante este proceso, hecho que respetamos. Dentro de seis meses veremos el resultado de este proyecto de ley, y lo evaluaremos. Pero, transcurrido ese plazo, el país no será el mismo, porque habremos avanzado en la verdad y en la justicia. Por cierto, muchos tendrán cosas que decir al respecto y habrá discusión; pero lo importante es que hoy el Congreso Nacional no se reste -ojalá no se restara a ello ningún parlamentario- al compromiso asumido en 1992.
Muchas gracias, señor Presidente.
-Aplausos.
-En conformidad con un acuerdo anterior, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala:
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente, hoy nos reunimos para debatir y pronunciarnos acerca de un proyecto de ley destinado a facilitar la información que permita dar con el paradero de las personas, o de sus restos, que desaparecieron, especialmente en los primeros años del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden por obra, puede presumirse, de miembros de esas instituciones o de otros funcionarios de gobierno.
Este proyecto constituye la respuesta que damos los poderes públicos al acuerdo alcanzado por la denominada “Mesa de Diálogo” en la que participaron miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden junto con abogados que han intervenido en los juicios relativos a esos hechos y representantes de otras instituciones religiosas y de bien público.
Ha sido importante que los representantes de nuestras instituciones castrenses y de orden hayan reconocido que tanto el desaparecimiento como la muerte cierta que afectaron a esas víctimas fueron injustos y que no debieron haber ocurrido. El acuerdo incluye, asimismo, el reconocimiento -primero desde un punto de vista oficial- de que la acción del 11 de septiembre de 1973 no fue un producto exótico en nuestra vida institucional, sino que fue precedido por el quiebre de las instituciones democráticas, por el aumento creciente de la violencia y por la consagración que de ésta hicieron algunos grupos y partidos como medio legítimo para alcanzar el poder.
En esta ocasión, séame permitido rendir un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de señalar que, sin dudas, ellas harán lo mejor que puedan para cumplir con los compromisos que contrajeron en ese acuerdo. Responderán así a su tradición de servicio a la Patria, como lo hicieron ese 11 de septiembre cuando asumieron el gobierno del país tras las reiteradas peticiones de que fueron objeto por los más distintos sectores de nuestra patria, culminando con la petición que les fuera formulada desde esta corporación en agosto de 1973.
Ese paso constituyó un duro sacrificio para nuestros uniformados que, hasta el final, hicieron lo posible para evitarlo y para mantenerse al margen de la vida política de nuestra patria. Les fue imposible, en definitiva, mantener su prescindencia y debieron asumir la carga del gobierno en la certeza de que, si no lo hacían, el país se encaminaba a la ruina total. Salieron, pues, a la calle, decenas de miles de soldados fuertemente armados a hacer la guerra, adquiriendo cada uno de ellos, por ese solo hecho, un poder absolutamente desmesurado en tiempos normales. Que, en estas circunstancias, se hayan producido excesos y abusos de poder; que haya habido quienes se tomaron venganzas por hechos anteriores, o saldaron viejas cuentas, no puede llamar la atención de nadie. Las cifras que conocemos de las víctimas de estos abusos es, sin duda, alta, pero si las comparamos con las que se han producido en otros países sometidos a traumas semejantes, ellas demuestran cuán grande fue el esfuerzo de las autoridades militares de la época para disminuir esos excesos. Desde luego, son cifras de víctimas infinitamente menores a aquellas que, en otros países, provocaron los regímenes socialistas y marxistas que se hacían del poder.
No tengo la menor duda de que de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no brotará motivo alguno que permita augurar que se repitan los hechos cuyas dolorosas consecuencias hoy lamentamos y tratamos de mitigar. No podemos decir lo mismo de muchos de los grupos civiles que actúan en política nacional, incluso de algunos representados en este Parlamento. De poco y nada sirve cantar loas a la democracia y a los derechos humanos si, paralelamente, se dejan, como antaño lo hicieron esos sectores cuando fueron poder, sin solución los más acuciantes problemas reales que afectan a los habitantes del país, si se empobrece sistemáticamente y se debilita a la nación hasta el punto de conducirla a una situación de agonía, sólo por las exigencias de un determinado modelo ideológico de organización social. Este es el contexto que hemos de evitar si, de verdad, queremos evitar la repetición de experiencias traumáticas.
Al interior de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden se debe estar desarrollando hoy un profundo proceso de reflexión y mucho temo que sólo ese honor al cual hacía mención y una profunda tradición de servicio a la patria justifican todavía a los ojos de sus miembros actuales el paso que sus mayores dieron el 11 de septiembre de 1973. Cuando ninguna recompensa material pagó el tremendo esfuerzo que sus miembros tuvieron que hacer para gobernar el país junto con mantener la operatividad profesional de las instituciones armadas; cuando de ninguna autoridad brota el menor agradecimiento en respuesta a ese esfuerzo llevado adelante por la inmensa mayoría de los uniformados y cuando, por el contrario, sólo brotan juicios despectivos y de condena por los excesos provocados por una ínfima minoría de entre ellos, debe ser muy grande la tentación de afirmar que, para la próxima, dejarán que los civiles nos despedacemos hasta el final.
Hoy, nuestros uniformados no piden gratitud y, sin embargo, reconocen y asumen como propias, las faltas de unos pocos de entre sus filas. Una nueva lección que a nosotros, políticos civiles que nos creemos impecables e infalibles, nos debe hacer meditar muy profundamente. En resumen, una lección de humildad y de grandeza y una nueva deuda del país para con sus Fuerzas Armadas y de Orden.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Por lo tanto, corresponde votar el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos.
Informo a los señores diputados que este proyecto requiere quórum de ley orgánica constitucional; es decir, se necesitan 67 votos para su aprobación.
En votación el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Como se ha producido una falla en el sistema electrónico de votación, se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
Un señor DIPUTADO.-
Solicito copia de la votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, estamos consultando si disponemos de la votación individual de los parlamentarios, si no, tendríamos que repetir la votación. Nos van a confirmar inmediatamente.
Por problemas en el sistema electrónico, se va a repetir la votación.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto. Se deja constancia de que se ha contado con el quórum requerido.
Como no ha sido objeto de indicaciones, se da por aprobado en particular con la misma votación.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.32 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 20 de junio de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, con las siguientes modificaciones:
Artículo 1º
Lo ha reemplazado por el que sigue:
“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Penal:
1. Intercálase, en el artículo 83, el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto, a ser incisos cuarto y quinto, respectivamente:
“No será necesario citar a dichos funcionarios policiales, a declarar acerca del hecho de haber recibido la denuncia y del contenido expresado en ella por el denunciante.”.
2. Agrégase al artículo 90 el siguiente inciso, nuevo:
“El acta de la denuncia describirá detalladamente el hecho punible y el lugar en que se cometió; individualizará de la forma más completa a la persona o cosa que ha sido objeto del delito, los presuntos culpables y los testigos, y, en general, contendrá los mayores datos que puedan servir para determinar el hecho punible, la persona del o de los responsables y las circunstancias que puedan influir en su calificación y penalidad. Dejará constancia, asimismo, de la información proporcionada a los testigos sobre el derecho a requerir reserva de su identidad y de aquéllos que lo hayan ejercido, de conformidad a los incisos segundo y tercero del artículo 189.”. [1]
3. Agrégase al artículo 91 el siguiente inciso, nuevo:
“La comprobación inmediata del hecho denunciado a que se refiere el inciso anterior se llevará a cabo aunque la denuncia hubiere sido formulada ante la policía u otro tribunal. El denunciante no deberá concurrir a ratificar su denuncia, y sólo podrá ser citado a declarar cuando el juez por resolución fundada lo determine.”.
4. Reemplázase el artículo 195 por el siguiente:
“Artículo 195.- La citación se notificará por carta certificada, dejándose testimonio en el expediente de la fecha de entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de dicha oficina y el número del comprobante emitido por ella, el cual se adherirá al expediente a continuación del testimonio.
La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha recién aludida. Si la carta certificada fuera devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, se adherirá al expediente.
Con todo, en casos excepcionales y por resolución fundada el juez podrá ordenar que la notificación se practique por cédula, en los términos que contempla el inciso segundo del artículo 196.”.
5. Reemplázase el artículo 196 por el siguiente:
“Artículo 196.- El testigo que no compareciere a la citación, notificada en la forma prevista en los incisos primero y segundo del artículo 195, será nuevamente notificado, esta vez por cédula, previo decreto judicial.
La notificación la efectuará cualquier ministro de fe o empleado del tribunal comisionado para ello, y, excepcionalmente y por resolución fundada, un agente de la policía. El encargado de practicar la diligencia certificará el día y hora en que hubiera ejecutado la orden recibida o el inconveniente que haya impedido darle cumplimiento, de lo cual pondrá el secretario testimonio en autos.”.
6. Agrégase en el artículo 248, a continuación de la cifra “194” y la coma que le sigue, la siguiente expresión: “inciso tercero,”.
7. Sustitúyese el artículo 260 bis por el siguiente:
“Artículo 260 bis.- La policía podrá solicitar la identificación de cualquier persona, en casos fundados, tales como la existencia de un indicio de que ella hubiere cometido o intentando cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiere a cometerlo, o de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El funcionario deberá darle facilidades para encontrar y exhibir estos instrumentos.
En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le ha sido posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación. Tratándose del caso de negativa, deberá ser citado ante la autoridad correspondiente para responder por la falta establecida en el artículo 496 Nº 5 del Código Penal. Si no ha podido acreditar su identidad, se le darán en ese lugar facilidades para procurar una identificación satisfactoria por otros medios distintos de los ya mencionados. Si esto último no resultare posible, se ofrecerá a la persona ponerla en libertad de inmediato si autorizare por escrito que se le tomen fotografías y huellas digitales, las que sólo podrán ser utilizadas para fines de identificación.
En cualquier caso que hubiere sido necesario conducir a la persona a la unidad policial, el funcionario que practique el traslado deberá informarle verbalmente de su derecho a que se comunique a su familia o a la persona que indique, de su permanencia en el cuartel policial. El afectado no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, ni mantenido en contacto con personas detenidas.
La facultad policial de requerir la identificación de una persona deberá ejercerse del modo más expedito posible, no pudiendo prolongarse el conjunto de los trámites establecidos en este artículo por más de cuatro horas.”.”.
Artículo 2º
Lo ha sustituido por el siguiente:
“Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias:
1. Reemplázase el inciso primero del artículo 8º por el siguiente:
“Artículo 8º.- El requerimiento de pago se notificará al ejecutado personalmente o por cédula, la que contendrá copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia. La notificación se efectuará por un receptor-visitador del mismo tribunal, por los asistentes sociales agregados o pertenecientes al Juzgado , por receptores de Juzgados de Letras, o, excepcionalmente y por resolución fundada, por funcionarios policiales, en el domicilio del ejecutado. Si éste no fuere habido, se procederá en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando no se hallare en el lugar del juicio.”.
2. Modifícase el artículo 9º en el siguiente sentido:
a) Elimínase en el inciso primero la frase “en la forma establecida en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil”, y
b) Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo:
“La notificación de las resoluciones a que se refiere el inciso primero se efectuará por carta certificada, dejándose testimonio en el expediente de que la persona fue notificada por este medio, de la fecha de entrega de la carta a la oficina de correos, la individualización de dicha oficina y el número del comprobante emitido por ella, el cual se adherirá al expediente a continuación del testimonio. La notificación se entenderá practicada al quinto día hábil siguiente a la fecha recién aludida. Si la carta certificada fuera devuelta por la oficina de correos por no haberse podido entregar al destinatario, se adherirá al expediente.”.”.
Artículo 3º
Lo ha reemplazado por el siguiente:
“Artículo 3º.- Intercálase en el artículo 122 de la ley Nº 17.105, sobre alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser cuarto, quinto y sexto, respectivamente:
“Requerida la práctica de estos exámenes a detenidos que se encuentren bajo la custodia de funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, el responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que los exámenes se efectúen en forma expedita y en el menor tiempo posible.”.”.
Artículo 4º
Ha sustituido el inciso segundo que se agrega por el siguiente:
“En caso de que deban someterse a exámenes, o curaciones que no hagan necesaria la hospitalización, personas que se encuentren detenidas bajo la custodia de funcionarios de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, el responsable del establecimiento arbitrará todas las medidas necesarias para que los exámenes o curaciones se efectúen en forma expedita y en el menor tiempo posible.”.
-o-
Ha agregado los siguientes artículos 5º y 6º, nuevos:
“Artículo 5º.- Sustitúyese en la letra e) del artículo 3º de la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, la oración “Las notificaciones podrán ser hechas por un funcionario del tribunal, receptor, notario público, oficial de Registro Civil o por carta certificada, según lo determine el tribunal.”, por la siguiente: “Las notificaciones podrán ser hechas por un funcionario del tribunal como ministro de fe ad hoc, por un receptor, por un notario público u oficial del Registro Civil en aquellos lugares en que no exista receptor judicial, o por carta certificada, según lo determine el tribunal.”.
Artículo 6º.- El mayor gasto que pudiere irrogar la iniciativa durante el año 2000, será financiado con cargo a los respectivos presupuestos institucionales. Si no fueren suficientes, mediante transferencias del ítem 50-01-03-25-34.104 de la Partida del Tesoro Público.”.”.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2486, de 5 de agosto de 1999.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, Secretario del Senado”.
2. Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto de ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos. (boletín Nº 2520-07)
“Honorable Cámara:
Vuestras Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, pasan a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , para cuyo despacho se ha hecho presente la urgencia en el carácter de “discusión inmediata”.1
Ha de hacerse constar que, por acuerdo unánime de los Comités parlamentarios, adoptado en sesión 5ª ordinaria, en martes 20 de junio de 2000, se acordó que el proyecto fuera enviado únicamente a esta Comisión, otorgándole como plazo para su despacho el día de hoy, con el propósito de verlo en Sala, en sesión especial, el día miércoles 21 del presente, a contar de las 9.30 horas.
Con posterioridad y en virtud de un nuevo acuerdo unánime de los Comités parlamentarios, adoptado en la misma sesión, se acordó que el proyecto fuera estudiado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Ha de hacerse constar, asimismo, que por acuerdo de la Comisión, el inciso final del artículo único del proyecto, tiene el carácter de norma orgánica constitucional, en cuanto establece que a la información a que se refiere esta ley no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que regula los principios de probidad administrativa y de transparencia de la función pública y, respecto de este último, la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y de los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.
Como se recordará, esta norma fue incorporada en la referida ley por el artículo 1º de la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, por sentencia de 19 de noviembre de 1999, que ella es propia de la citada ley orgánica constitucional.
Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los ministros del Interior , don José Miguel Insulza Salinas ; Secretario General de la Presidencia , don Álvaro García Hurtado ; Secretario General de Gobierno , don Claudio Huepe García , y de Justicia, don José Antonio Gómez Urrutia ; de la abogada Pamela Pereira , miembro de la Mesa de Diálogo; de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señoras Viviana Díaz ( Presidenta ), Mireya García (Secretaria) y Carmen Vivanco (Tesorera); de la Presidenta del Partido Comunista de Chile , doña Gladys Marín Millie , y de los miembros de la Comisión Política de esa entidad, señores Andrés Lagos y Manuel Hernández.
I. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.
De acuerdo con lo expresado en el mensaje, la idea matriz o fundamental del proyecto es generar un mecanismo legal que viabilice el compromiso asumido por los representantes de las instituciones armadas y entidades religiosas y morales que concurrieron a la suscripción de la Declaración de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, para lo cual el Gobierno propone, tal como se le solicitara en la referida Declaración, establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben esa información.
La declaración anterior, atendida su importancia, figura anexa al final de este informe.
II. ANTECEDENTES GENERALES.
Para el Gobierno, esta iniciativa representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos, como lo fueran, en su oportunidad, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo Nº 355, de Interior, de 9 de mayo de 1990, que produjo el llamado “Informe Rettig”, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, cuyo objetivo fue la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de esa Comisión, que emitiera su informe final de diciembre de 1996.
Se recuerda que a partir de la restauración democrática, los esfuerzos de la Concertación y sus Gobiernos estuvieron dedicados con preferencia a la solución de la causa de los detenidos desaparecidos, el establecimiento de sus responsables y la averiguación urgente del paradero de los cuerpos.
Se destacan, en primer lugar, las actuaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en el año 1990 bajo el gobierno de don Patricio Aylwin Azócar, con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, para lo cual se le encomendaron cuatro tareas específicas:
-Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias.
-Reunir información que permitiera individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero.
-Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que estimara la justicia, y
-Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos.
De las recomendaciones de su informe, que se ha tenido a la vista, en el mensaje se destacan dos, por su atingencia con el proyecto de ley en comento:
a. Colaboración en la búsqueda de las víctimas.
Esa Comisión, pese al esfuerzo desplegado, no pudo reunir antecedentes que permitieran establecer la suerte o paradero de todas las víctimas, subsistiendo este problema en una magnitud casi sin variaciones en relación con la época en que se dictó el decreto de su creación, en atención a los numerosos casos de personas detenidas desaparecidas, o de aquellas que, no obstante haberse reconocido oficialmente su fallecimiento, aún permanecen ocultos sus restos mortales.
En opinión de dicha Comisión, “el Estado no puede abandonar la tarea de tratar de determinar el paradero de las víctimas o facilitar la búsqueda de los familiares, por ser una de las más elementales exigencias que se le formularon, anhelo compartido por amplios sectores del país, y cuya falta de solución haría persistir una grave dificultad para la convivencia y la reconciliación en Chile”.
“Debería ser, por lo tanto, función de la Fundación que se propone, persistir en esta búsqueda; para ello debe dotársela de facultades para hacerse parte en las investigaciones judiciales que se realicen con este fin, tener acceso al sumario por el solo ministerio de la ley, y estar investida, en general, de las atribuciones que faciliten su labor”.
b. Recopilación de antecedentes y calificación de los mismos.
Como al término de su trabajo, aún se continuaban recibiendo antecedentes de situaciones de violaciones a los derechos humanos, la Comisión señaló que “existe un número significativo de casos en los cuales no fue posible a esta Comisión formarse convicción respecto de la condición de víctimas de las personas cuya muerte o desaparición nos fue dada a conocer”.
“Existe, por tanto, en esta materia una tarea inconclusa que hace necesario que una instancia estatal la continúe desarrollando, a fin de efectuar una calificación respecto de la condición de víctima de estas personas una vez que se presenten los antecedentes que por falta de tiempo no lograron reunirse”.
A continuación, se destaca en el mensaje la labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación, creada por la ley Nº 19.123, de 1992, bajo el gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, continuadora de la labor desplegada desde 1990 por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
De conformidad con la ley que le dio origen, a la Corporación se le encomendaron diversas tareas, entre otras, las siguientes:
a. Promover y coadyuvar a las acciones que tendieran a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados, recopilando, analizando y sistematizando toda información útil a este propósito.
b. Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de víctima de la violencia política del afectado o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes.
c. Promover la reparación del daño moral de las víctimas y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios legales.
d. Formular proposiciones para la “consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos en el país”.
En ejercicio de sus funciones, la Comisión desarrolló diversos proyectos e iniciativas de investigación, en distintos aspectos del régimen institucional y normativo, para perfeccionar el ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección de los derechos humanos en aquellos aspectos en que se apreciaron deficiencias.
Se destacan, por último, los beneficios reparatorios establecidos en la ley Nº 19.123, en favor de los parientes de las víctimas, que son de dos tipos: una pensión de reparación mensual y beneficios educacionales.
En efecto, ciertos parientes de las víctimas como cónyuge, padre o madre de la víctima, hijos e hijas de la misma tienen derecho a recibir una pensión vitalicia, que se reajusta anualmente. Asimismo, los beneficiarios de esta pensión tienen derecho a que el Estado entere a su costa la cotización del 7% para salud, a ser atendidos en forma gratuita en los establecimientos dependientes o adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud y a gozar de cualquier otro beneficio previsional, cuyo pago alcanzó a la suma de 35 mil millones de pesos.
III. LA PROPUESTA DE LA MESA DE DIÁLOGO.
1. La relevancia de esta propuesta.
Avanzar hacia soluciones en materia de derechos humanos no ha sido un trámite breve.
Se han formulado, como se recuerda en el mensaje, otras proposiciones con anterioridad, que se han visto frustradas por diversas razones. Se mencionan, al efecto, los proyectos del Presidente Aylwin (bol. 1057-07), enviado en agosto de 1993, que autorizaba la designación de ministros de Cortes de Apelaciones reemplazantes y disponía nombramientos de ministros en Visita para conocer de los procesos que indica, y del Presidente Frei (bol. 1681-07-S), enviado en agosto de 1995, que fijaba normas para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad en torno al destino de los detenidos desaparecidos y otros casos sobre derechos humanos, ambos archivados.
Fruto de las experiencias anteriores, la propuesta que emana de la Mesa de Diálogo presenta diferencias sustantivas respecto de las iniciadas durante los dos Gobiernos anteriores.
En primer término, ella no responde a la visión o planteamiento de un gobierno, sino que emana de una instancia que ha sido capaz de concitar el compromiso de instituciones, entidades y personas directamente involucradas en los temas pendientes sobre derechos humanos. Esta es una proposición de Estado, que emana de la voluntad de restablecer el diálogo y la confianza dentro de nuestra comunidad nacional.
En segundo lugar, como se habló con la verdad, se arribó a la conclusión de que hay hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. La Mesa de Diálogo se refirió a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar, así como a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.
Por ello, esta propuesta, a diferencia de todas las anteriores, parte de la base de una verdad compartida.
En tercer lugar, esta iniciativa tiene un propósito muy acotado, que busca configurar un camino viable para dar un paso más para establecer el paradero o destino de los detenidos desaparecidos.
2. El contenido de la propuesta de la Mesa de Diálogo.
La Mesa de Diálogo -como contenidos principales de un compromiso para ser asumido por el país entero- propuso que “con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos,...se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante”, “con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información” sobre su paradero.
Con tal propósito, establece compromisos para distintos órganos y personas.
-A las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, el compromiso solemne -asumido en la propia Declaración- de desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que propone, los máximos esfuerzos posibles para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtenga, será entregada al Presidente de la República.
Las personas pertenecientes a dichas instituciones, que reciban o recaben esta información, “estarán amparados por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente”.
-A las instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, el compromiso de colaborar en esta tarea y de promover mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentarán las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados también al Presidente de la República.
-Al Poder Ejecutivo, para que en el más breve plazo posible, proponga al Congreso Nacional las modificaciones legales necesarias; que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos, y que solicite a la Excma. Corte Suprema la designación de los ministros en visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.
-Al Congreso Nacional, para que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.
-A la Corte Suprema de Justicia, para que designe ministros en visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República , sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.
Asimismo, para que instruya a los ministros en visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.
-Al Presidente de la República , como máxima autoridad de la Nación para que, “una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses”.
Cabe señalar, por último, que la Mesa de Diálogo declaró que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.
3. El discurso del Presidente de la República.
Se consignan en el mensaje algunos párrafos destacados del discurso del Presidente de la República , al dar a conocer al país, el pasado 13 de junio, el contenido del acuerdo de la Mesa de Diálogo, los que se consignan en la medida que permiten precisar mejor su sentido y alcance y resolver algunas de las interrogantes que los señores diputados presentes en el debate formularan durante la discusión, de todo lo cual hay constancia en actas.
En esa ocasión, el Primer Mandatario señaló que “este documento se hace cargo de las tareas que están pendientes. Señala cómo hacer para que todos nosotros, la Patria toda, se comprometa para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos en nuestra historia. Y luego, cómo a partir de eso, damos cuenta de las tareas pendientes que, en lo esencial, tienen que ver con cómo abordamos de una forma ecuánime, adecuada, justa, la tarea de encontrar a los que todavía no están”.
Al evaluar el contenido del Acuerdo, precisó que “La Mesa de Diálogo establece un camino para dar con los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Encontrarlos es un deber de los 15 millones de chilenos que tenemos que tener la misma altura de miras que tuvo la Mesa de Diálogo”.
Respecto de la entrega de información, afirmó que: “Ustedes dicen allí, y con razón, que ocultar información es, además de inmoral e ilegal, antipatriótico. Tienen razón. Chile no se detiene. La institucionalidad seguirá funcionando...” y que “No me cabe duda de que vamos a avanzar y vamos a encontrar aquellos desaparecidos. No me cabe duda que llegado el momento se podrá establecer la data precisa de su muerte y no me cabe duda que cuando ello ocurra el Poder Judicial hará lo que corresponde conforme a derecho”.
Respecto a los escenarios futuros expresó que “el Poder Judicial seguirá tramitando las causas, el Congreso Nacional seguirá buscando acuerdo para la reforma de la Constitución y el país seguirá caminando hacia una mejor convivencia de paz y progreso para todos. Confío en que lo vamos a lograr hacer. Confío en que estas herramientas darán su fruto en el plazo que hemos planteado y estaremos en condiciones de decir, en consecuencia, que hemos cerrado una página de nuestra historia, no en lo profundo de nuestros corazones, porque ahí cada uno de los chilenos y chilenas tendrá que ser capaz de reconciliarse con el futuro”.
Con el mismo fin de precisar el sentido y alcance del proyecto en informe, el mensaje es enfático en señalar que:
-No es una ley de punto final.
-No impide actuar a los tribunales, pues no afecta ni entorpece su labor.
-No es una interpretación de la ley de amnistía.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO.
El proyecto aparece estructurado en un artículo único, que consta de seis incisos, en los cuales se abordan las siguientes materias:
1. Deber de reserva.
El proyecto, establece un “deber de reserva” que pesa sobre ciertas personas, que les impide comunicar o dar información respecto del nombre y de los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
La información conseguida de este modo no queda amparada por el secreto. Una extensión mayor del deber impediría que el núcleo de lo entregado o confiado pudiese ser transmitido con éxito.
El deber de reserva se materializa en una carga u obligación legal análoga a la del secreto profesional, con algunas diferencias, como las que se explicitan en el mensaje.
El acuerdo no ha señalado o delineado una nueva figura de secreto, ni tampoco lo ha pretendido. Sólo busca hacer análoga la prerrogativa y deber del secreto profesional a ciertas personas que actualmente no lo tienen.
2. Derecho inalienable.
La iniciativa legal, con el fin de acotar su ámbito, hace una explicita remisión al artículo 6º de la ley Nº 19.123, que crea la Corporación de Reparación y Reconciliación, disposición que establece el derecho inalienable de los familiares de los detenidos desaparecidos a ubicar sus cuerpos y establecer su paradero y destino.
Esto significa decir que esta propuesta representa una forma de ejercicio del derecho aludido y, paralelamente, un deber para el Estado en la protección de la persona humana y en la salvaguardia de su dignidad esencial.
3. Personas afectadas por el deber de reserva.
El deber de reserva se entiende impuesto a las personas que cumplan dos requisitos:
3a. Que gocen de ciertas calidades o cargos.
Estas personas son los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica; los miembros de la Gran Logia de Chile, de la B’nai B’rith de Chile, y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
3b. Que hayan sido determinadas reservadamente por los órganos o personas jurídicas referidas para recibir o recabar la información.
Estas personas deben ser determinadas por cada institución, en forma reservada, y su individualización contenerse en un registro que debe llevar un ministro de fe designado para tal efecto.
Lo anterior, tanto para resguardar la autonomía de estas instituciones y sus particularidades específicas, como la necesidad de centralizar y cohesionar la información, evitando su excesiva fragmentación.
Tal determinación reservada y no pública, representa a juicio del Gobierno la forma más idónea de cumplir con la conclusión de la Mesa de Diálogo, en orden a lograr la averiguación del paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Dado que una publicidad inadecuada pudiera inhibir a los posibles informantes, la información recibida se considera no pública y, por ende, no le es aplicable a su respecto el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575, que entre otras cosas, establece la publicidad de los actos administrativos de los órganos de la Administración y de los antecedentes que le sirven de sustento o complemento directo y esencial.
4. Requisitos de la información.
La información que se proporcione a los receptores debe ser útil y conducente a la averiguación del paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Cualquier otra información que no cumpla dicha condición, resulta ajena a la norma propuesta.
La entrega de una información que no reúna estas características, que obstaculice el fin perseguido y desvíe la persecución judicial, o el ocultamiento de información, tiene en nuestro ordenamiento jurídico remedios eficaces.
Estos comportamientos, todos de responsabilidad de los poseedores de la información, pueden ser objeto de persecución criminal, por las figuras que la propia mesa de diálogo identificó en su Declaración, tales como la obstrucción a la justicia, el perjurio, falso testimonio, calumnia o denuncia calumniosa. De ahí que el proyecto no se involucre en esos ilícitos.
5. Sanciones por la violación del deber de reserva.
Atendido el deber de reserva, en los términos ya explicitados, en el proyecto se consignan sanciones para la comunicación, divulgación o revelación del nombre y datos de los informantes.
Las sanciones son las del delito de violación de secreto establecido en el artículo 247 del Código Penal, que señala una pena para el empleado público que revela los secretos de un particular y los descubre con perjuicio de éste, y para el particular que ejerce alguna profesión que requiera título y revele los secretos que en razón de esa profesión le hubieren sido confiados.
Las penas son reclusión menor en sus grados mínimo a medio (61 días a tres años) y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.
6. Deber personal.
En el inciso cuarto, se consigna que el deber de reserva sobre el nombre y los datos de los informantes persigue a los receptores, aun cuando hubiesen dejado de tener las calidades de miembro de las instituciones a las que pertenecían cuando recibieron la información. Se trata, por tanto, de un deber de reserva de por vida.
7. Declaración como testigos en juicio criminal.
Con el objeto de garantizar su especial tarea, el proyecto establece que los receptores amparados en esta norma no se encuentran obligados a declarar como testigos en juicio criminal, entendiéndose comprendidas en el número 2º del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que exime de tal obligación a las personas que por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero únicamente en lo que se refiere a dicho secreto.
Por la razón anterior, no serán sujetos del delito de obstrucción a la justicia, contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal, que sanciona al que se rehusare a proporcionar a los tribunales de justicia antecedentes que conozca o que obren en su poder y que permitan establecer la existencia de un delito o la participación punible en él, o que, con posterioridad a su descubrimiento, destruya, oculte o inutilice el cuerpo, los efectos o instrumentos de un crimen o simple delito, salvo que no esté obligado a declarar.
8. Plazos de recepción de información.
Lo previsto en esta ley sólo es aplicable respecto de la información que se reciba dentro del plazo de seis meses contados desde su publicación.
Se trata, por lo tanto, de una ley temporal.
Si dicho plazo necesita ser ampliado, habrá que dictar una nueva ley que así lo establezca.
9. Entrega de la información.
Todas las informaciones que mediante este mecanismo se obtengan, serán entregadas al Presidente de la República, a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses.
Lo anterior, de acuerdo con la Declaración, para que evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estimare necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos.
V. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR.
Atendida la naturaleza del proyecto en informe y la urgencia solicitada, el proyecto fue discutido por vuestra Comisión en general y particular a la vez.
El señor ministro del Interior explicó que la Mesa de Diálogo concluyó sus trabajos con un Acuerdo, en el cual, como lo ha señalado el Presidente de la República , se hace cargo de las tareas que están pendientes, en el sentido de señalar el compromiso para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y de examinar algunos de los asuntos que han quedado sin solución.
El principal acuerdo obtenido es la búsqueda de un camino para encontrar a los detenidos desaparecidos, lo que el Presidente considera como un deber de quince millones de chilenos que deben tener la misma altura de miras que tuvo la Mesa de Diálogo.
El documento señala que se buscará información sobre esto, que ocultar esa información es inmoral, ilegal y antipatriótico y el Presidente hace fe que ese esfuerzo se va a realizar y se va a encontrar una cantidad importante de verdad.
Cuando se encuentre esa verdad corresponderá a los tribunales de justicia pronunciarse sobre ella y no al Ejecutivo ni al Congreso Nacional.
En este marco, la Mesa de Diálogo solicitó un conjunto de acciones por parte de los Poderes del Estado.
Concurre hoy en día para cumplir uno de esos planteamientos, el principal que se hace al Poder Ejecutivo , al que se le pide dictar la legislación correspondiente y poner los recursos a disposición de las Instituciones que deberán hacer las investigaciones. Este último tema se cumplirá de manera autónoma, salvo que se requiera solicitar autorización de nuevos fondos al Congreso.
Por lo tanto, lo que corresponde es proponer una legislación como la propuso la Mesa de Diálogo, que cree condiciones similares a las del secreto profesional para las personas que entreguen información útil y conducente para el objetivo de encontrar el paradero y destino de los detenidos desaparecidos.
Es muy importante dejar en claro que este es el sentido de la iniciativa legal que hoy presenta el Ejecutivo .
La primera frase del mensaje del Presidente de la República dice que “La iniciativa que sometemos a vuestra consideración representa un hito en la solución del problema de los detenidos desaparecidos”.
No tiene este proyecto otra pretensión que ésa. Simplemente recuerda la acción de la Comisión Rettig, la labor de la Corporación de Reparación y Reconciliación, para concluir que se ha hecho mucho en el país en busca de la verdad y también de la reparación y que existe un problema pendiente, muy substantivo, y es que no sabemos ni dónde están y qué pasó con una cantidad bastante importante de detenidos desaparecidos, algo superior a mil, si se está a la definición del artículo 6º de la ley Nº 19.123 de quienes son detenidos desaparecidos.
Lo que la Mesa de Diálogo compromete es la búsqueda de estos detenidos desaparecidos sobre la base de que las instituciones que en ella participan hagan un esfuerzo por encontrar la verdad, para lo cual se han comprometido solemnemente, y pongan la información a disposición del Presidente de la República y éste ante los tribunales de justicia.
Ante ese compromiso la Mesa de Diálogo solicita del Ejecutivo y del Congreso que legislen para proteger la identidad de las personas que entreguen información que permita llevar a conocer el destino y paradero de los detenidos desaparecidos. Eso es exactamente lo que se está haciendo.
El proyecto de ley señala, en primer lugar, un muy preciso deber, que es el deber del secreto para personas determinadas y respecto de informaciones muy claras y puntuales. Las personas son las que entreguen información útil y conducente respecto al paradero y destino de los detenidos desaparecidos. Lo único que está protegido por el secreto son los nombres o los datos que permitan identificar a las personas que entregaron la información.
El inciso tercero del artículo único del proyecto, sanciona la comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información.
No hay una sanción similar respecto de la lista reservada de las personas que van a llevar adelante esta información, por cuanto ella constará en un registro que llevará un ministro de fe de las Instituciones y porque esos nombres pueden ser conocidos si ellas deben certificar que otras están protegidas por el deber del secreto.
Se trata de la información recabada en los seis meses de vigencia de esta ley, sea que las personas sigan siendo receptores de información o no. La obligación se mantiene aunque la persona deje de ser receptora de información, pero solamente en cuanto a la información recabada en esa virtud y dentro del plazo legal de los seis meses.
Se señala, también, que esta información deberá ser entregada al Presidente de la República al vencimiento del plazo de los seis meses.
Se declara no aplicable a estas personas el artículo 11 Bis de la ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a las personas que conocen de un delito a dar cuenta de ello dentro del plazo de 48 horas a los Tribunales de Justicia, por el tipo de tareas que están desarrollando.
Se han dicho muchas cosas sobre este proyecto de ley, como que se trata de una ley de punto final.
Ello no es así, nada en el proyecto establece la impunidad o modifica la responsabilidad penal o situación procesal de quienes hubieren participado en crímenes o simples delitos respecto de detenidos desaparecidos. En Sudáfrica, por ejemplo, la autoinculpación y la confesión pública eran resguardadas con la impunidad. En este caso no se está diciendo de manera alguna que las personas quedan cubiertas por la impunidad, todo lo contrario, puede ocurrir, perfectamente, que una persona que entregue información, a los pocos meses, por otras razones, sea citada a los tribunales de justicia y tenga que declarar y ser inculpada.
El Presidente de la República fue de opinión en hacer lo que le pedía la Mesa de Diálogo y que los tribunales de justicia deben hacer lo que la Mesa de Diálogo le pidió a ellos. Por lo tanto, nada puede entenderse como una forma de entorpecer la labor judicial.
Se ha dicho que el proyecto de ley es una interpretación de la ley de amnistía, porque al conocerse el paradero y destino de los detenidos desaparecidos el juez podría aplicar la amnistía.
Ello es una decisión judicial en la que el proyecto no se involucra. Hay jurisprudencia en ambas direcciones. Esta ley no interpreta, no modifica ni promueve la ley de amnistía. Lo único que hace esta ley es poner en un marco más general lo que la Mesa de Diálogo fijó, es un renglón de los acuerdos de la Mesa de Diálogo inserto en un Acuerdo más amplio.
Es poner un elemento para conocer la verdad sobre el paradero y destino de los detenidos desaparecidos. El Ejecutivo no ve como esto puede hacerle mal a alguien, como puede perjudicar algún proceso, como puede poner punto final artificial o como puede abundar en injusticia o daños a las personas.
Es una contribución importante, fundamental para la paz del país, por ello pide que se apruebe el proyecto de ley en la forma en que lo ha planteado el Ejecutivo.
Al término de la exposición del señor ministro del Interior , la Comisión escuchó la intervención de la abogada Pamela Pereira, y de las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Partido Comunista de Chile, las cuales constan en actas.
Las intervenciones de los diputados miembros de las Comisiones Unidas estuvieron enfocadas a precisar el sentido y alcance tanto de la Declaración de la Mesa de Diálogo como del proyecto de ley en informe.
En particular, sobre si el proyecto satisface los acuerdos adoptados en la Mesa de Diálogo; que se entiende por información útil y conducente y quien la califica; el establecimiento de sanciones penales para quienes teniendo información no la entreguen o lo hagan en forma torcida o inadecuada; el grado de compromiso que asumen los Comandantes en Jefe y las instituciones de la Defensa Nacional; el grado de impunidad que pudiera generar y la forma en que los tribunales deberán actuar con la información que se les entregue; las razones para no haber interpuesto querellas una vez descubiertos un número significativo de restos correspondientes a detenidos desaparecidos; la forma en que se hará entrega de la información que se obtenga; la vinculación de esta ley con determinados preceptos de la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; la no aplicación de la normativa sobre publicidad de los actos administrativos y sus alcances; la no aplicabilidad de las normas sobre amnistía y prescripción, que en alguna medida pudiera desincentivar la entrega de información para no agravar su situación personal; el involucramiento de terceros en la información que se entregue; el valor de la información que se entregue no obstante el deber de reserva; el grado de desconocimiento de los ejecutores de estos delitos, al no poder disponerse de su identidad; si es o no una ley de punto final; si promociona o no la entrega de información, etc.
Las interrogantes anteriores y las respectivas respuestas, coincidentes por lo general con lo expresado en el mensaje y en la exposición del señor ministro del Interior, constan en el acta de la sesión.
Antes de declararse cerrado el debate, este último explicó que el artículo 6º de la ley Nº 19.123 tuvo un carácter declarativo y que su propósito fue dejar expresamente establecido que la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituían un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena.
Ese era el problema que se deseaba resolver en el año 1992 y ahora, lo que se persigue es precisamente ayudar a cumplir ese propósito.
La idea del Gobierno es que no hubiera soluciones legislativas y que todo quedará en manos de los tribunales de justicia. Pero, como éstas se propusieron, no le ha quedado otra cosa que asumir las que fueran solicitadas por la Mesa de Diálogo.
Cerrado el debate y puesto en votación general el proyecto, fue aprobado por veintitrés votos a favor y una abstención.
Puesto en votación en particular con las indicaciones presentadas, resultó aprobado con la misma votación, en los términos de que da cuenta el texto inserto al final de este informe.
La primera indicación, referida al inciso sexto del artículo único, aclara que la información a que alude debe ser obtenida “por las personas u” organismos a que se refiere el inciso primero.
La segunda, recaída en el inciso final, sólo agrega la preposición “A” en su inicio, para referirse, de esta forma, “A la información a que se refiere esta ley”, a la que no le será aplicable la norma del artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.
VI. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.
Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento, se hace constar:
-Que el inciso final del artículo único tiene el carácter de norma orgánica constitucional.
-Que el artículo único no requiere informe de la Comisión de Hacienda.
-Que el proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, por 23 votos a favor y una abstención.
-Que no hay opiniones disidentes que consignar.
-Que fue rechazada, por mayoría de votos, una indicación destinada a suprimir, en el inciso tercero del artículo único, la expresión “comunicación”.
El resto de las indicaciones fueron retiradas, razón por la cual no se consignan en este informe sino en el acta de la sesión.
VII. TEXTO DEL PROYECTO.
En mérito de las consideraciones anteriores y por las que os pueda dar a conocer en su oportunidad la señora diputada informante , vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123.
La determinación de las personas a que alude el inciso anterior, será reservada y deberá contenerse en un registro que deberán llevar las instituciones mencionadas, a cargo de un ministro de fe designado para tal efecto.
La comunicación, divulgación o revelación del nombre o datos de quienes hayan proporcionado la información a que hace referencia el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal, según sea el caso.
El deber de reserva que contempla esta disposición será exigible a las personas señaladas en el inciso 1º, aun cuando hubiesen perdido las calidades que allí se señalan. Dichas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal.
Lo previsto en esta norma sólo será aplicable respecto de la información que aquellos reciban dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la presente ley.
La información que obtengan las personas u organismos a que se refiere el inciso primero de esta ley, será entregada al Presidente de la República a más tardar al vencimiento del plazo de seis meses que establece el inciso quinto.
A la información a que se refiere esta ley, no le será aplicable el artículo 11 bis de la ley Nº 18.575.”.
Se designó diputada informante a la señora Laura Soto González .
Sala de la Comisión, a 20 de junio de 2000.
Tratado y aprobado, conforme se consigna en el acta de las sesión de igual fecha, con asistencia de los diputados y diputadas Laura Soto González ( Presidenta ), Gustavo Alessandri Valdés, Rodrigo Álvarez Zenteno, Gabriel Ascencio Mansilla, Francisco Bartolucci Johnston, Mario Bertolino Rendic, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Guillermo Ceroni Fuentes, Juan Antonio Coloma Correa, Aldo Cornejo González, Sergio Elgueta Barrientos, Alberto Espina Otero, Pía Guzmán Mena, Tomás Jocelyn-Holt Letelier, Enrique Krauss Rusque, Zarko Luksic Sandoval, Iván Mesías Lehu , Darío Molina Sanhueza, Jaime Mulet Martínez, Andrés Palma Irarrázabal, Aníbal Pérez Lobos, Carlos Recondo Lavanderos e Ignacio Walker Prieto .
(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión ”.
DECLARACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO SOBRE DERECHOS HUMANOS
I. REFLEXIONES FUNDAMENTALES.
La Mesa de Diálogo fue convocada por el Supremo Gobierno porque subsiste entre los chilenos un desencuentro que dificulta que el país avance unido hacia el futuro.
Chile sufrió, a partir de la década de los 60, una espiral de violencia política, que los actores de entonces provocaron o no supieron evitar. Fue particularmente serio que algunos de ellos hayan propiciado la violencia como método de acción política. Este grave conflicto social y político culminó con los hechos del 11 de septiembre de 1973, sobre los cuales los chilenos sostienen, legítimamente, distintas opiniones.
Sin embargo, hay otros hechos sobre los cuales no cabe otra actitud legítima que el rechazo y la condena, así como la firme decisión de no permitir que se repitan. Nos referimos a las graves violaciones a los derechos humanos, en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar. Nos referimos también a la violencia política cometida por algunos opositores al régimen militar.
En especial nos preocupa hondamente la tragedia, aún no resuelta, de los detenidos desaparecidos. Es imperativo y urgente contribuir a superar este problema. Ello requiere de parte de todos un espíritu de grandeza moral que nos permita concordar medidas efectivas para ese fin.
Con miras a propiciar dicho espíritu y, en general, de avanzar hacia un reencuentro nacional, representantes de las FF.AA. y Carabineros, abogados de derechos humanos, autoridades de entidades éticas y personeros de la sociedad civil, han trabajado por largo tiempo en esta instancia de diálogo, reconstruyendo espacios de confianza sobre la base de la tolerancia y la franqueza.
Debemos comenzar por explicitar las lecciones morales que se desprenden de nuestra historia reciente:
El país necesita hacer todo lo humanamente posible para que nunca más se recurra a la violencia política o se violen los derechos de las personas en nuestra patria.
Reafirmamos que es condición del estado de derecho que el ejercicio legítimo de la fuerza quede entregado exclusivamente a los órganos competentes en un sistema democrático, como también el rechazo absoluto de la violencia como método de acción política. Se hace indispensable desterrar y rechazar, de manera categórica, cualquier forma de acceso al poder por vías distintas de las democráticas.
Aseveramos, asimismo, que la defensa del estado de derecho y en particular el respeto de los derechos fundamentales de todos los habitantes de la República, en todo tiempo y circunstancia, es sustento ético de las instituciones de la Nación.
Es necesario formar y educar a nuestras generaciones futuras en el debido respeto de los derechos de las personas. Para ello, se deben incorporar o reforzar, en todos los ámbitos de la enseñanza nacional, los contenidos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
La solución del problema de los detenidos desaparecidos requiere de la ubicación de sus restos mortales, cuando ello sea posible, o que se establezca, en todo caso, su destino. Si conseguimos ese objetivo habremos cumplido con el deber de dar paz de espíritu -en alguna medida- a sus familiares. Sin embargo, la necesidad de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos trasciende ese deber; también tiene como propósito que el país tome conciencia, de manera concreta, de aquello que no debe repetirse.
II. CONTENIDOS PRINCIPALES DE UN COMPROMISO PARA SER ASUMIDO POR EL PAÍS ENTERO.
Con el fin de superar los problemas del pasado y avanzar hacia el reencuentro de todos los chilenos, llamamos a realizar un gran esfuerzo nacional que comprometa muy activamente a las más altas autoridades del país, a las instituciones civiles, militares, religiosas y éticas, así como a la comunidad nacional en su conjunto, en la tarea de encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o, cuando ello no sea posible, obtener al menos la información que permita clarificar su destino.
Condiciones generales sobre la información
-Con el objeto de obtener información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos, proponemos que se dicten disposiciones legales que establezcan el secreto profesional en los términos que se señalan más adelante.
-La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica, sin perjuicio de que ella puede ser constitutiva, de acuerdo a la legislación vigente, de los delitos de perjurio, falso testimonio u obstrucción a la justicia. Igualmente, quienes entreguen información falsa o tendenciosa, pueden incurrir en los delitos de calumnia o denuncia calumniosa.
Respecto de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:
-Las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, desde que entre en vigencia la legislación que proponemos, los máximos esfuerzos posible para obtener información útil para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino. La información que por esta vía obtengan, será entregada al Presidente de la República .
-Las personas que reciban o recaben esta información estarán amparadas por el secreto profesional, conforme al cual no estarán legalmente obligadas a señalar su fuente, quedando de este modo en reserva la identidad del informante. Quienes violen este secreto profesional deberán ser sancionados de acuerdo a la legislación vigente.
-La Mesa de Diálogo acoge la afirmación de los mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en el sentido de que sus respectivas instituciones no cuentan actualmente con esa información, pero están dispuestas a colaborar en su obtención.
Respecto de las instituciones religiosas y éticas presentes en esta Mesa de Diálogo:
-Las autoridades de instituciones religiosas y éticas presentes en la Mesa de Diálogo, se comprometen a colaborar en esta tarea en el mismo plazo establecido. Asimismo, promoverán mecanismos para que sus respectivas instituciones puedan recibir información útil y conducente, que se quiera hacer llegar por esa vía, para lo cual gozarán igualmente de la facultad legal de no revelar sus fuentes de información. La ley deberá establecer las categorías de personas que detentan las prerrogativas del secreto. Los antecedentes que por esta vía se obtengan, serán entregados al Presidente de la República .
Respecto de los poderes del Estado, se solicita lo siguiente:
Al Poder Ejecutivo :
-Que proponga, en el más breve plazo posible al Congreso Nacional y con la urgencia del caso, las modificaciones legales necesarias con el objeto de establecer el secreto profesional para quienes reciban o recaben información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.
-Que disponga de los recursos materiales y humanos que requieran las diferentes instancias y organismos que estén llamados a participar en este Esfuerzo Nacional.
-Que solicite a la Excelentísima Corte Suprema la designación de los ministros en Visita que correspondan, una vez recibida la información pertinente.
Al Congreso Nacional:
-Que otorgue la máxima prioridad al proyecto de ley que proponga el Presidente de la República en orden a establecer el secreto profesional.
A la Corte Suprema de Justicia:
-Que designe ministros en Visita a fin de que se aboquen y otorguen especial atención a las causas que, con motivo de la información remitida por el Presidente de la República , sea necesario instruir para los fines de aclarar el paradero de los detenidos desaparecidos. En aquellos casos en que la nueva información corresponda a procesos que se encuentran en actual tramitación, ésta deberá remitirse al tribunal correspondiente.
-Que instruya a los ministros en Visita para que las causas sean tramitadas con la mayor expedición posible, especialmente en lo referente a la localización, exhumación, identificación, establecimiento de la data y causas de la muerte, así como la entrega de los restos a sus familiares, todo ello de acuerdo con la legislación vigente.
Solicitamos al señor Presidente de la República , como máxima autoridad de la Nación, que una vez finalizada la vigencia de las medidas propuestas, evalúe los resultados del conjunto de estos esfuerzos y, si lo estima necesario, las prorrogue por otros seis meses.
Le solicitamos asimismo, que luego de esa evaluación y si lo estima necesario, impulse medidas complementarias para conseguir los objetivos propuestos. Con ese fin, la Mesa de Diálogo pone a su disposición el conjunto de sus estudios y debates sobre medidas analizadas, aunque no acordadas, que pudiere considerar viables.
III. CONSIDERACIONES FINALES.
Con esta declaración se pretende asumir nuestro pasado. Comprendemos que es injusto traspasar a los jóvenes los conflictos y divisiones que han dañado al país.
El espíritu que nos anima es legar a las nuevas generaciones de chilenos una cultura de convivencia basada en la libertad, la verdad, la tolerancia y el respeto.
La Mesa de Diálogo estima que, sobre estas premisas se pueden crear las condiciones que efectivamente contribuyan a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos.
Santiago , 13 de Junio de 2000?.
Informe de la Comisión Investigadora de la situación producida con ocasión del programa de autoconstrucción en la ciudad de Iquique.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Investigadora pasa a informaros acerca de la misión que le fuera encomendada en virtud de un proyecto del acuerdo aprobado por la Corporación en sesión 62ª, ordinaria, de la legislatura extraordinaria, celebrada el 11 de mayo de 1999, en relación con la materia singularizada en el epígrafe.
I. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN.
La honorable Cámara de Diputados, en virtud del mencionado proyecto de acuerdo, patrocinado por los honorables diputados señoras Sciaraffia Estrada, doña Antonella, y Caraball Martínez, doña Eliana, y señores Ascencio Mansilla, don Gabriel; Ortiz Novoa, don José Miguel; Núñez Valenzuela, don Juan; Silva Ortiz, don Exequiel; Palma Irarrázaval, don Andrés; Salas de la Fuente, don Edmundo; Ojeda Uribe, don Sergio, y Velasco de la Cerda, don Sergio, con la adhesión de los señores Pareto González, don Luis; Errázuriz Eguiguren, don Maximiano; Mora Longa, don Waldo; Jiménez Villavicencio, don Jaime; Galilea Carrillo, don Pablo; Delmastro Naso, don Roberto, y Bertolino Rendic, don Mario, acuerda constituir una Comisión Investigadora para que, en el plazo de sesenta días, elabore un informe detallado sobre el programa de autoconstrucción llevado a cabo en la ciudad de Iquique.
Se fundamentó tal encargo, principalmente, en la necesidad de investigar la responsabilidad que les cabe en estas materias a los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, al Servicio de Impuestos Internos, a la Inspección del Trabajo y al Gobierno Regional de la Primera Región , en el contexto del programa de autoconstrucción ofrecido en el año 1993 por el Alcalde de la Municipalidad de Iquique, señor Jorge Soria Quiroga, que consistía en la entrega de un terreno para la construcción de viviendas, para lo cual se requería el pago de una cuota que en esa fecha ascendía a la cantidad de $ 110.000, por persona.
Se tuvo en cuenta que, hasta la fecha, existen alrededor de doce mil familias inscritas en el mencionado programa y que, después de cinco años desde su inicio, no se han terminado las obras de urbanización, ni se ha concluido con la autoconstrucción de ninguna vivienda; que solamente existen treinta casas sin terminar y que los futuros adquirentes de ellas, debido a su desesperación, han hecho ocupación de los terrenos, sin que existan instalaciones básicas de agua potable, alcantarillado ni luz eléctrica, no obstante el compromiso adquirido por el municipio en orden a evitar estas situaciones.
Se hace constar que, a petición de la Comisión, esa Honorable Cámara, acordó, en sesión 4ª, ordinaria, celebrada con fecha 14 de octubre de 1999, prorrogar en treinta días el plazo de que disponía la Comisión para finalizar la investigación encomendada llevar a cabo. Asimismo, en sesión 37ª, ordinaria, de 5 de abril del año en curso, accedió a prorrogar dicho plazo hasta el 31 de mayo de este año.
II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN.
La Comisión Investigadora quedó integrada por los siguientes señores diputados:
García García, don René Manuel;
Fossa Rojas, don Haroldo ;
González Román, doña Rosa ;
Hales Dib, don Patricio ;
Pérez San Martín, doña Lily ;
Pollarolo Villa, doña Fanny ;
Rincón González, don Ricardo ;
Rojas Molina, don Manuel ;
Salas de la Fuente, don Edmundo ;
Sciaraffia Estrada, doña Antonella;
Silva Ortiz, don Exequiel ;
Urrutia Cárdenas, don Salvador , y
Valenzuela Herrera, don Felipe .
Se designó como Secretaria titular para atender a su funcionamiento a la Abogada Secretaria de Comisiones señora Elena Meléndez Urenda .
Una vez constituida la Comisión, se procedió a elegir Presidente al honorable diputado señor René Manuel García García .
III. TRABAJO DE LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión en cumplimiento del mandato otorgado por la honorable Cámara de Diputados celebró un total de dieciocho sesiones y una reunión en comité, durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1999 y el 13 de junio de 2000. Además, efectuó una visita inspectiva a la ciudad de Iquique los días jueves 21 y viernes 22 de octubre de 1999.
Con el fin de llevar a buen término la labor encomendada por la Corporación, se abocó a la tarea de definir con claridad el ámbito de competencia de la misma, dentro del marco establecido en el proyecto de acuerdo.
Para cumplir con su cometido, concordó en que debía investigar los hechos que dieron lugar a su creación, que son básicamente los contemplados en el proyecto de acuerdo y que se indican a continuación:
1. Contenido del ofrecimiento efectuado en 1993 por el Alcalde de Iquique, señor Jorge Soria, a la comunidad, sobre el programa de autoconstrucción.
2. Cantidad de personas inscritas desde el inicio del programa hasta junio de 1999, y número de interesados que pagó las cuotas exigidas.
3. Cantidad de sociedades comerciales que se constituyeron para administrar los fondos aportados por los interesados, con indicación de sus socios; cualquiera modificación social que puedan haber experimentado desde su constitución, y si de todas ellas fue nombrado administrador el Alcalde de Iquique .
4. Cantidad de dinero recaudada que se depositó en la cuenta bancaria Nº 01364407978 del Banco del Estado, en uso de las facultades conferidas al administrador señor Jorge Soria.
5. Si las sociedades comerciales señaladas han tenido utilidades y si han tributado por ellas.
6. Contenido del contrato de comodato celebrado entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Iquique con ocasión del programa de autoconstrucción.
7. Contenido del convenio suscrito entre la Municipalidad de Iquique, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con objeto de evitar la ocupación del terreno dado en comodato.
8. Compromisos adquiridos por el Alcalde de Iquique en virtud del señalado convenio.
9. Si la Municipalidad de Iquique asignó terrenos a las familias inscritas y si al hacerlo estaban o no ejecutadas o garantizadas todas las obras de urbanización correspondientes.
10. Fecha en la que se dio inicio a las obras, y si en ese momento se contaba con la aprobación de los planos de especialidades del proyecto.
11. Cantidad de recursos otorgados por la Municipalidad de Iquique y fechas de su otorgamiento, con indicación de si hubo aprobación del concejo municipal.
12. Nómina de trabajadores que se desempeñan en el programa de autoconstrucción, su vinculación jurídico-laboral con la Municipalidad de Iquique y efectos de la misma.
13. Estado actual de avance del programa de autoconstrucción en el sector de Alto Hospicio.
14. Situación actual en lo tocante a la ocupación ilegal de los terrenos, tanto por parte de las familias inscritas en el programa como de personas ajenas a él.
15. Costo de la construcción y tipo de viviendas.
16. Costo total de cada construcción y precio final que cada propietario paga por su vivienda.
17. Relación calidad-precio de las viviendas del programa de autoconstrucción.
18. Descripción arquitectónica de las viviendas.
19. Participación de los postulantes en los proyectos, en la toma de decisiones y en la ejecución misma de las obras.
20. Opinión de los usuarios, tanto de los que están recibiendo sus viviendas como de aquellos que aún no las reciben.
Para la investigación de los hechos señalados, la Comisión escuchó las declaraciones del ex ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez; del ex Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, señor Francisco Pinto; del ex Director del Servicio de Vivienda y Urbanización, señor Sergio Ostria, ambos de la Primera Región; del ex ministro de Bienes Nacionales , señor Sergio Galilea; de la Subsecretaria del ramo, señora Paulina Saball; de la Jefa del Departamento de Enajenación de Bienes Raíces de esa Secretaría de Estado, señora María Angélica Palacios; de la ex Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, señora Rosa Ruiz; del ex Gobernador Provincial de Iquique, señor Silvio Zerega; del Contralor Regional de Tarapacá , señor Julio Retamales; del fiscalizador de la Contraloría Regional de la misma Región, señor Iván Flores; del Alcalde de Iquique, señor Jorge Soria; de los concejales de la Municipalidad de Iquique señores Marco Antonio Castro, Glen Lizardi y Alfredo Montiglio; de los directores de Obras Municipales y de Finanzas de la Municipalidad de Iquique, señores Sergio García y Mario David, respectivamente; de la Administradora Municipal, señorita Jenny Núñez; del Jefe del Departamento de Arquitectura, señor Dino Frontanilla; del abogado señor Octavio Villarroel, y del ex Director de Obras Municipales, señor Jorge Calderón .
Asimismo, efectuó una visita inspectiva a la ciudad de Iquique, con objeto de realizar una inspección ocular sobre el programa de autoconstrucción y entrevistarse con las familias afectadas, el Alcalde y el Concejo Municipal, el Gobierno Regional, los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales y con la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción.
Dado que los comentarios recibidos y las intervenciones de las personas mencionadas constituyen un material bastante extenso, éste obra en la Secretaría de la Comisión a disposición de los señores diputados que deseen consultarlo en detalle.
IV. MARCO REGULATORIO.
El denominado “sistema de autoconstrucción” se encuentra contemplado en el artículo 5.1.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, al establecerse, en el inciso primero, que “se considerarán viviendas y obras de equipamiento comunitario por autoconstrucción aquellas cuya ejecución se efectúe sin la participación profesional remunerada de un constructor o contratista general y en las cuales haya un aporte directo de trabajo manual de sus propietarios o familiares de éstos u otras personas que se comprometan recíprocamente a prestarles colaboración”.
A continuación, la disposición señala las entidades habilitadas para preparar y vender planos tipos de viviendas y de equipamiento comunitario y supervisar su construcción, como son los Servicios de Vivienda y Urbanización, las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, las Direcciones de Obras Municipales y el Colegio de Arquitectos de Chile.
Además de las entidades mencionadas, se indica que en el área rural pueden ejercer las funciones indicadas el Instituto de Desarrollo Agropecuario y las empresas cuyo objeto social comprenda el desarrollo de programas o proyectos habitacionales, la ejecución de construcciones y urbanizaciones o la oferta de paquetes de materiales para viviendas tipos.
Indica cuál es el valor máximo de las obras, según se trate de viviendas o de equipamiento comunitario.
Sin perjuicio de la normativa comentada con precedencia, existen otras normas legales y reglamentarias que dicen relación con el sistema de autoconstrucción.
Es el caso, por ejemplo, de la ley Nº 16.392 de 16 de diciembre de 1965 que, entre otras materias, fija el plan de urbanización y autoconstrucción de viviendas en Arica.
A su turno, la ley Nº 17.474, de 8 de septiembre de 1971, que aplica a la Junta de Adelanto de Arica normas sobre escrituración vigentes para el Ministerio e Instituciones de la Vivienda y dispone la transferencia de viviendas de autoconstrucción.
Por su parte, el decreto supremo Nº 1.095, de 7 de junio de 1961, del Ministerio de Obras Públicas, aprueba el reglamento para Sociedades Cooperativas de Edificación de Viviendas que efectúen labores de autoconstrucción.
Cabe destacar que los artículos 56, 57, y 58 de la ley Nº 16.742, de 8 de febrero de 1968, que entre otras materias, establecían normas sobre autoconstrucción, fueron derogados por la ley Nº 18.768, de 29 de diciembre de 1988.
En efecto, el artículo 56 definía lo que debía entenderse por viviendas y obras de equipamiento comunitario de autoconstrucción; el artículo 57 enumeraba qué antecedentes debían presentarse ante la Dirección de Obras Municipales respectiva por parte de los interesados en construir mediante autoconstrucción, señalaba las funciones que debían ejercer las mencionadas unidades en materia de supervigilancia y asesoría técnica, como asimismo, la colaboración que era susceptible de ser proporcionada por la ex Corporación de la Vivienda y la ex Corporación de Servicios Habitacionales en lo que se refiere a los planos tipos de viviendas y de obras de equipamiento comunitario de autoconstrucción. Por último, el artículo 58 indicaba los beneficios de que gozaban las viviendas y las obras de equipamiento comunitario de autoconstrucción, consistentes en rebajas para la determinación de derechos municipales; facilidades para el pago de los mismos y deducciones en la determinación del avalúo fiscal de las viviendas.
Por su parte, el artículo 59 de la mencionada ley Nº 16.742, actualmente vigente, señala que los propietarios que, cumpliendo determinados requisitos -los señalados en el artículo 56, actualmente derogado- hubieren construido sus viviendas con anterioridad a la vigencia de la ley, pueden acogerse a sus beneficios dentro del plazo de seis meses contados desde su publicación en el Diario Oficial.
De otro lado, el decreto supremo Nº 485, de 30 de agosto de 1966, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado el 15 de septiembre de 1966, que aprueba el reglamento orgánico de la ex Corporación de Servicios Habitacionales, señala en el artículo 3º cuáles son las funciones que corresponden especialmente a la referida corporación. El número 2 indica, en lo que aquí interesa, la de administrar y asignar, por cuenta propia o ajena, toda clase de viviendas autoconstruidas, y el número 3 explicita la función de aplicar, cuando la ley lo autorice, los métodos de autoconstrucción, en los casos en que la naturaleza de la obra lo aconseje.
Por ultimo, se ha de hacer presente que el decreto ley Nº 1305, publicado el 19 de febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señala en el artículo 26 que los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización son sucesores legales de las Corporaciones de la Vivienda y de Servicios Habitacionales, entre otros, y por lo tanto, tienen todas las facultades y obligaciones de esas corporaciones, en el ámbito de su región.
V. RELACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS.
La idea de poner en marcha el programa de autoconstrucción fue inicialmente planteada por el Alcalde de Iquique , señor Jorge Soria , quien propuso, a comienzos de 1993, atender un universo de cuatro mil grupos familiares en el lapso de dos años, hecho que se concretaría mediante la transferencia de alrededor de cien hectáreas de terrenos fiscales en el sector denominado “Alto Molle”, de la mencionada comuna.
En esa época, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá sostuvo que un programa de esa envergadura era prácticamente inmanejable y que era aconsejable modularlo en grupos de no más de mil soluciones habitacionales por año. Asimismo, propuso al municipio la idea de trabajar en forma conjunta, utilizando parte de los terrenos urbanizados de que disponía el Servicio de Vivienda y Urbanización competente para impulsar un plan piloto de quinientos sitios y aplicar alguno de los programas de subsidios, modalidad privada, vigentes.
En septiembre de 1996, el municipio sometió una proposición de Plan Seccional a la consideración del Consejo Regional de Tarapacá, previamente aprobada por el concejo municipal. A pesar de haber sido acogida favorablemente por el Core, dicho Seccional no ha sido promulgado hasta la fecha, debido a diversas objeciones formuladas por la Contraloría Regional y que no han sido salvadas por la administración comunal.
En la fecha antedicha, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá,[1] hizo entrega al municipio de 21,01 hectáreas en el sector de Alto Molle, para la materialización de una primera etapa de un programa de autoconstrucción que abarcaría un total de dos mil familias.
En julio de 1997, el municipio dio comienzo oficial a los trabajos de urbanización y de edificación de las viviendas.
En marzo de 1998, un informe elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a petición de autoridades regionales, establecía que no más de cien viviendas se encontraban en etapa de obra gruesa no terminada, mientras otras cien presentaban diversos grados menores de avance en excavaciones y/o fundaciones. Con posterioridad, a mediados de 1998, algunos sitios fueron reasignados por haber permanecido más de seis meses sin que sus asignatarios iniciaran faenas en ellos.
En el intertanto, se produjo una ocupación ilegal de terrenos aledaños al mencionado predio, la que no estaba considerada dentro de los terrenos otorgados originalmente en comodato por la mencionada Secretaría Regional. A petición de esta Comisión Investigadora, dicho Servicio informó[2], con relación a estos terrenos, que el “municipio ha ocupado en forma irregular una superficie de 11,54 hectáreas”.
Por otra parte, existen en la ciudad de Iquique, aproximadamente tres mil familias ubicadas irregularmente en terrenos fiscales en el sector de Alto Hospicio-Alto Molle, que se originaron en el mes de abril de 1998, con motivo del intenso y acelerado proceso de migración desde distintas ciudades del país y, como consecuencia de la carencia de una oferta habitacional capaz de contener esta demanda.
Dada la gravedad del problema y con el propósito de encontrar soluciones a la demanda habitacional y asegurar condiciones satisfactorias de vida para la población, se constituyó, en noviembre de 1998, una Comisión de Trabajo, integrada por los ministros de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, el Intendente Regional de Tarapacá, el Subsecretario de Desarrollo Regional, el Gobernador Provincial y el Alcalde de Iquique , que se abocó a la tarea de realizar un diagnóstico de la situación y formular un plan de acción, destinado a impedir nuevas ocupaciones, y a generar alternativas de solución habitacional, respetando los procedimientos y programas públicos que existen al respecto.
Como resultado de los hechos precedentemente expuestos, se elaboró un plan de acción que consiste fundamentalmente en la ejecución de 2.900 soluciones habitacionales, en un plazo de cuatro años, en un predio fiscal de 150 hectáreas ubicadas en el sector de Alto Hospicio, que serían progresivamente urbanizadas con la finalidad de atender, en forma ordenada y prioritaria, la demanda de las familias que necesitan un espacio para vivir[3].
En relación con los terrenos que se encuentran ocupados, aledaños a los destinados al programa de autoconstrucción llevado a cabo por el Municipio de Iquique[4], el Ministerio de Bienes Nacionales destinó a la Gobernación Provincial de Iquique un predio de veinte hectáreas con la finalidad de reubicar a las familias instaladas en la mencionada toma.
Con fecha 20 de septiembre de 1999, la Contraloría Regional de Tarapacá dictó la resolución Nº 13, que ordena la instrucción de un sumario administrativo en la Municipalidad de Iquique, que tiene por objeto determinar si los hechos mencionados en los antecedentes precedentemente citados, constituyen infracciones administrativas, y en su caso, determinar la participación y la responsabilidad consiguiente de los funcionarios involucrados [5].
A partir del 9 de octubre de 1999, el Gobernador Provincial de Iquique ha procedido a dictar resoluciones exentas, sin fecha de emisión, por medio de las cuales se autoriza a las personas que individualiza en cada una de ellas, el uso con carácter transitorio de un sitio fiscal, no urbanizado, con la prohibición de que el beneficiario construya en aquél obras sólidas con carácter permanente.
En cuanto al predio entregado en comodato a la Municipalidad de Iquique, el aludido plan de acción contempla la transferencia de dicho predio a la corporación edilicia, cuando se hayan cumplido las dos condiciones establecidas en el acuerdo inicial: plan seccional totalmente tramitado y urbanización completa, con informe favorable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
VI. LO OBRADO POR LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y OTROS.
A) Municipalidad de Iquique.
La Municipalidad de Iquique se encuentra desarrollando un programa denominado “Loteo y Autogestión Alto Molle”, que se emplaza en el sector alto de la ciudad de Iquique, específicamente al sur del cerro La Tortuga, ubicado a treinta metros del costado sur de la ruta A-16, frente a la localidad de Alto Hospicio.
De acuerdo con el anteproyecto de loteo, ha sido estructurado en cuatro sectores, con superficies destinadas a 994 lotes, zonas de equipamiento, áreas verdes y pavimentación. Se han definido seis modelos de casas, cuyas superficies construidas oscilan entre los 68 y los 116 metros cuadrados.
El programa de autoconstrucción se concibe como un programa privado destinado a entregar soluciones habitacionales a los interesados, organizados a través de comités de vivienda, a los cuales se exigió un ahorro promedio de $ 110.000 por cada familia. Con los ahorros aportados por los pobladores se contratan los proyectos de especialidades y se compran los materiales para la urbanización del predio. Por su parte, los equipos y técnicos del municipio materializan la urbanización y brindan al poblador orientación e inspección constante durante la edificación de su vivienda.
Este programa contempla distintas modalidades de construcción de la vivienda, como son las de construcción ejecutada por el propio interesado; parcialmente ejecutada por un tercero o por la vía de la contratación de obra vendida.
Con fecha 24 de noviembre de 1995 se evacua el informe de factibilidad de dotación de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable[6], que consulta la descarga de aguas servidas mediante un sistema de colectores conectados a una planta elevadora de hormigón armado, en tanto que la red de agua potable debe conectarse a las matrices ubicadas al Oriente y construirse una línea de aducción hasta la urbanización.
El 14 de mayo de 1998, la Empresa de Servicios Sanitarios de Tarapacá, en adelante Essat, indica a la corporación edilicia que el área destinada al programa de autoconstrucción se encuentra fuera de los territorios operacionales y, por lo tanto, sin factibilidad de agua potable.
La Municipalidad de Iquique, el 18 de enero de 1999 [7], informa a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales acerca del grado de avance de las obras de urbanización, con objeto de formalizar la segunda renovación de la concesión de uso. Hace presente que, respecto de las familias instaladas en el terreno, la mayoría corresponde a tomas realizadas por particulares, sin autorización de dicha municipalidad.
De acuerdo al mencionado informe, el grado de avance de las obras es el siguiente:
i) Alcantarillado: excavación: 95%; sello: 85%; instalación de tubos: 80%; uniones domiciliarias: 75%; pruebas hidráulicas: 70% y relleno excavación: 65%.
ii) Electricidad: Las obras de media tensión, que competen al municipio, se encuentran cumplidas en un 100%; en cambio el desarrollo del proyecto de baja tensión, que corresponde a los asignatarios, se encuentra en ejecución.
iii) Pavimentación: Se encuentran en nivel de relleno de compactado y constituidas como calles un 60% de las existentes en el proyecto.
iv) Agua potable: En proceso de ejecución en terreno.
Con fecha 9 de junio de 1999, la Secretaria del Concejo Municipal de Iquique, señora María Angélica Vega, certifica [8] que dicho concejo aprobó el presupuesto municipal correspondiente al año 1999 y la destinación de un monto de ciento ochenta millones de pesos para el financiamiento del proyecto de inversión denominado “Programa de apoyo a la autogestión”, que considera la instalación de redes de agua potable, de alcantarillado, de energía y de pavimentación.
A su vez, el Director de Obras Municipales de la misma ciudad certifica el 25 de junio de 1999 [9] que el anteproyecto del “Loteo Autogestión Alto Molle” cuenta con aprobación en principio. Se indica que los estudios correspondientes deben ser aprobados por los organismos pertinentes, antes de solicitar el permiso de edificación correspondiente. Asimismo, autoriza iniciar las obras preliminares y trazado de calles y avenidas.
El 9 de julio de 1999, la corporación edilicia entrega al Ministerio de Bienes Nacionales, con motivo de la visita del ex ministro de Bienes Nacionales , señor Jorge Heine , un informe sobre la “Urbanización Loteo Autoconstrucción Alto Hospicio”, que contiene el plano de loteo autorizado en los términos precedentemente indicados; el informe de factibilidad de agua potable [10]; el protocolo de ejecución de obras eléctricas y construcción de empalmes [11] suscrito entre el municipio, el Comité de Autoconstrucción, representado por su presidenta, señora Marta Mora Andrade , y la Empresa Eléctrica de Iquique, en adelante Eliqsa ; y la autorización de adquisición de una planta de tratamiento de aguas servidas. [12] [13]
El 1 de agosto de 1999, solicita de esa Secretaría de Estado una nueva prórroga de la concesión de uso gratuito, con objeto de concluir las obras de urbanización, petición que volvió a formular con fecha 19 de octubre de 1999. [14]
En dicha oportunidad, incluyó, entre otras materias, una carta compromiso [15]; el certificado de aprobación del loteo [16], y una memoria explicativa del mismo.[17] En el documento se hace presente que en el terreno, objeto de la concesión, no se encuentran viviendo familias, salvo las que están al cuidado y construcción de sus viviendas.
B) Ministerio de Bienes Nacionales.
Con fecha 26 de abril de 1995, el Ministerio de Bienes Nacionales, representado por la ministra señora Adriana Delpiano, y la Municipalidad de Iquique, representada por su Alcalde, señor Jorge Soria, suscriben un convenio destinado a dar solución habitacional a 1.400 familias, en el sector Alto Molle-Alto Hospicio, comuna de Iquique, por medio de un proyecto autogestionado, que en lo sustancial establece lo siguiente:
a) La ejecución del proyecto será desarrollado bajo la dirección del mencionado municipio;
b) La corporación edilicia se compromete a aprobar, a la brevedad, el plan seccional del sector Alto Hospicio ;
c) El proyecto autogestionado se realizará por etapas;
d) Para la construcción de la primera etapa, el Ministerio de Bienes Nacionales transferirá, a título gratuito, a la municipalidad, una superficie aproximada de 20 hectáreas.
e) Para perfeccionar dicha transferencia, ambas partes definirán la localización exacta del terreno, para lo cual se confeccionará un plano, previo levantamiento topográfico;
f) La municipalidad será responsable de la realización de los estudios, proyectos, inversión en infraestructura y obras de urbanización necesarios para el desarrollo del proyecto y del cumplimiento de las normas de urbanismo y construcción correspondientes.
La Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales dicta la resolución Nº 325, de 25 de septiembre de 1996, que concede un inmueble fiscal de 21,01 hectáreas [18] en uso gratuito por dos años a la Municipalidad de Iquique, para la ejecución de todos los trabajos de urbanización necesarios para concretar el mencionado programa de autogestión de viviendas.
Se deja expresa constancia en el referido instrumento que si la beneficiaria utilizare el inmueble concedido en uso, para fines distintos al indicado en la resolución, o si lo cediere a cualquier título, sin autorización de la Secretaría Regional respectiva, caducará de inmediato la concesión.
Asimismo, la mencionada Secretaría dicta la Resolución Nº 399, de 30 de diciembre de 1996, que concede en uso gratuito al Municipio de Iquique, otro terreno fiscal, por el plazo de cinco años, con la finalidad que éste sea utilizado para el depósito de vehículos y corrales.
La ministra de Bienes Nacionales informa al Alcalde de Iquique el 9 de octubre de 1998, que la transferencia del terreno se verificará una vez cumplida la condición relativa a la aprobación de un plan seccional para Alto Hospicio. Agrega que, en lo que respecta a la solicitud alcaldicia de la entrega de terrenos adicionales para continuar el proyecto, el Ministerio estaría dispuesto a vender terrenos adyacentes, a precio comercial vigente para ventas al Serviu, a cooperativas u otras personas jurídicas constituidas para ese efecto, previa presentación de un proyecto debidamente financiado, con plazos de ejecución y acotados al plan seccional.
A su vez, la misma Secretaría Regional, el 15 de enero de 1999, condiciona la renovación de la concesión, al hecho de que el municipio emita un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la citada resolución Nº 325, en lo que dice relación con la ejecución de las obras de urbanización y con la condición de que las familias no accedan al terreno, sin contar previamente con las obras mínimas de urbanización.
Posteriormente, la aludida Secretaría [19] autoriza la prórroga de la concesión, a partir del 26 de septiembre de 1998, por un plazo de seis meses, contados desde la fecha de expedición de aquélla, pasados los cuales caduca la concesión.
La referida Secretaría Regional informa a esta Comisión, con fecha 20 de agosto de 1999 [20] que se han adoptado medidas en relación con la ocupación irregular de 11,54 hectáreas de terreno, no consideradas dentro de la concesión, mediante un requerimiento al Municipio de Iquique para que proceda a la restitución de los terrenos consultados.
La misma Secretaría ratifica el día 28 de marzo de este año [21] el criterio precedentemente señalado, por medio de una comunicación al Alcalde de Iquique [22], en el sentido de que no se efectuará ningún acto administrativo para renovar la concesión de uso y/o dictar cualquier otra nueva resolución que regularice la ocupación real de los terrenos fiscales que mantiene la municipalidad, mientras penda la prohibición dispuesta por el Servicio de Salud [23], respecto de la distancia mínima que debe tener toda población o grupo de viviendas con relación al vertedero municipal.
Sin embargo, el 26 de abril de este año, la referida Secretaría Regional comunica a esta Comisión [24] que, por un “error absolutamente involuntario”, en el oficio mencionado con precedencia se omitió señalar que el Alcalde de Iquique [25] presentó los antecedentes requeridos por ese Servicio, estimados como necesarios para acceder a la renovación de la concesión de uso de las 21,01 hectáreas de terrenos fiscales.
Asimismo, se señala que en virtud de dicha documentación, dictó la resolución Nº 279, de 15 de diciembre de 1999, por medio de la cual renueva la concesión por un período de 12 meses, a contar de 1 de agosto de 1999.
C) Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El ministro de Vivienda de aquella época, señor Edmundo Hermosilla, dirigió una nota [26] al Alcalde de Iquique , en la cual le recomienda llevar a cabo con la máxima urgencia el plan seccional en el sector de Alto Hospicio y el plan regulador de Iquique. En lo relativo al proyecto de construcción de 1.395 viviendas, hace presente que debe realizarse por etapas, comenzando, en una primera fase, con 400 viviendas.
El 21 de junio de 1999 [27], el Secretario Regional Ministerial de Vivienda de Tarapacá informa al ministerio del ramo lo siguiente con respecto al programa de autoconstrucción:
-El Ministerio no ha tenido participación en el programa y carece de toda injerencia en la asignación de los lotes.
-Es de opinión, en todo caso, que se debe cumplir con las condiciones de urbanización total, tal como lo exige la ley General de Urbanismo y Construcciones, sea que se trate de un loteo público o privado, cuya fiscalización ha de ser ejercida por la Dirección de Obras Municipales de Iquique.
-Tiene conocimiento de la existencia de ocupaciones irregulares en el contorno del terreno asignado para la autoconstrucción, pero desconoce mayor información sobre el particular.
El mismo Secretario Regional [28] solicitó del Director de Obras Municipales que evacuara un informe acerca de la existencia de viviendas que estarían habitadas, a pesar de no encontrarse terminadas las obras de urbanización.
A petición de esta Comisión, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Tarapacá [29] una evaluación estimativa del proyecto investigado, basada en una visita a terreno y que, en lo medular, expresa:
i) El loteo considera 957 viviendas, de diversa tipología, cuyas superficies oscilan entre 48,18 y 102,66 metros cuadrados; de un valor entre M$ 8.315 y 18.654, con un avance ponderado entre 1,86% y 19,46%.
ii) El avance aproximado de las viviendas alcanza al 34,38%, con un valor de $ 5.112.545.972, que no incluye el costo de la urbanización.
iii) En lo referente a obras de urbanización, se entrega el siguiente resumen que contiene el costo estimativo de las obras por ejecutar, el porcentaje de avance de las mismas y la cantidad de recursos invertidos por este concepto, al 26 de agosto de 1999:
iv) El costo total de recursos invertidos en el programa de autoconstrucción alcanza la cantidad de $ 17.890.264.000, que se desglosa en un 83,12% por concepto de costo de viviendas, y en un 16,88% por costo de urbanización.
Por otra parte, en el mes de agosto de 1999 se evacua un informe de avance de obras elaborado por la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo que, en lo sustancial, señala:
i) El programa de autoconstrucción contempla seis tipologías de viviendas, con una superficie predial de 150 metros cuadrados y cuyo valor comercial bordea los $ 15.000.000. Sin embargo, el costo real de las mismas, para los beneficiarios, no excede $ 2.500.000, según cifras entregadas en 1997 a la prensa por el arquitecto municipal encargado del programa.
ii) La inversión total del programa de autoconstrucción asciende, aproximadamente, a la suma de 16 mil millones de pesos, de acuerdo al tipo y cantidad de viviendas por edificar.
iii) La superficie total loteada alcanza las 35 hectáreas, aproximadamente, por lo que se habría ocupado 15 hectáreas adicionales al terreno concesionado.
iv) Respecto de las obras de urbanización, se constata que por concepto de alcantarillado, las cámaras y colectores se encuentran instalados casi en su totalidad, faltando la instalación de piezas especiales, como válvulas, collarines, etcétera.
En lo que atañe al agua potable, la red pública se encuentra construida casi totalmente, faltando la instalación de las uniones domiciliarias, medidores y conexión a alimentación desde los estanques de Essat, la que, como se sabe, está condicionada a la ampliación de su territorio operacional y a la construcción de la matriz alimentadora.
Por otra parte, se indica que no hay pavimentación en calzadas, soleras ni aceras y que el 40% de las calles y pasajes cuenta con base estabilizada.
En materia de electrificación, la postación se encuentra instalada parcialmente, con un avance estimativo del 15%. Las viviendas se alimentan provisoriamente de la instalación de faenas.
v) Se comprobó que algunas viviendas terminadas se encuentran habitadas, situación respecto de la cual se solicitó informe a la Dirección de Obras Municipales de Iquique [30].
El Secretario Regional respectivo puso en conocimiento de esta Comisión, el 3 de abril del año en curso [31], que se han formulado observaciones al plan seccional para la localidad de Alto Hospicio, de parte de la Contraloría General de la República.
En lo que atañe al correspondiente permiso de edificación y urbanización, el municipio debió apoyarse en lo dispuesto en el artículo 55 de la ley General de Urbanismo y Construcciones. Para tal efecto, el Comité Mixto, integrado por representantes del área agricultura, vivienda, turismo y bienes nacionales otorgó [32], a solicitud del Director de Obras, el informe previo para edificar y urbanizar en el área rural de Alto Hospicio, específicamente para el terreno destinado al programa.
Sin embargo, se hace constar que mediante el mencionado informe se procedió a autorizar el cambio de uso del suelo, bajo determinadas condiciones de edificación, uso de suelo, subdivisión predial, urbanización y de evaluación de impacto ambiental.
De otro lado, el Servicio de Vivienda y Urbanización competente, el día 5 de abril de este año [33], informó a la Comisión acerca del siguiente estado de avance de las obras de urbanización:
-Agua potable. Las obras de instalación de cañerías y arranques domiciliarios se encuentran ejecutadas en aproximadamente un 80%, faltando principalmente la confección de nudos y la conexión con la cañería matriz de agua potable.
-Alcantarillado: Las obras de instalación de tuberías y uniones domiciliarias en el interior del sector se encuentran terminadas casi en un 97%, faltando la ejecución de la planta elevadora y de la impulsión al colector ubicado en el lugar indicado por la empresa sanitaria Essat , para dar solución en un principio a la evacuación de aguas servidas del sector, debido a que el proyecto contempla un sistema de evacuación mediante una planta de tratamiento de aguas servidas.
-Pavimentación: No se han ejecutado obras de pavimentación alguna, esto es, aceras, soleras, calzadas, etc.
-Electrificación: La colocación de postes y alumbrado público presenta un avance de un 95%, faltando la instalación de luminarias.
La precedente información fue actualizada con fecha 30 de mayo del año en curso [34] consignándose que tanto la construcción de las viviendas cuanto las obras de urbanización no presentan avances significativos en comparación con las cifras y porcentajes informados en el mes de agosto de 1999. Adicionalmente, se da cuenta que a esa fecha no han sido entregados, para su aprobación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización respectivo, los proyectos de urbanización en materia de agua potable, alcantarillado y de pavimentación.
D) Servicio de Impuestos Internos.
El 25 de agosto de 1999, el Director del Servicio de Impuestos Internos informa que los comités de autoconstrucción no registran iniciación de actividades, y que abrieron una cuenta de ahorro en el Banco del Estado de Chile, a nombre del Comité de Autoconstrucción “Alto Hospicio”, en la cual cada postulante depositó la suma de $ 110.000 para solventar los gastos correspondientes a la urbanización de los terrenos.
Con relación a los referidos gastos, el Departamento Regional de Fiscalización está en proceso de revisión de los antecedentes a fin de verificar el cumplimiento tributario en las operaciones con contratistas que consignan dichos documentos.
E) Contraloría Regional de Tarapacá.
El servicio de control dio inicio a una investigación con el propósito de atender una presentación formulada por tres concejales de la Municipalidad de Iquique, señorita Myrta Dubost Jiménez y señores Alfredo Montiglio Adami y Marco Antonio Castro Bernar , sobre materias relacionadas con el cumplimiento del programa de autoconstrucción de Alto Hospicio. [35]
Como resultado de la investigación que sustancia actualmente la Contraloría Regional, ésta ha podido establecer los siguientes hechos:
1. El plazo para el uso de terrenos de fiscales se encuentra vencido. El informe se refiere al primitivo plazo de dos años otorgado con relación al inmueble fiscal ubicado en Alto Hospicio, el cual se encontraba vencido a la fecha de la visita por parte de funcionarios de la Contraloría Regional.[36]
2. No se cuenta con permisos de edificación de la Dirección de Obras Municipales de Iquique. A petición del organismo de control, con fecha 19 de noviembre de 1998, ingresaron a esa Unidad los expedientes de solicitud de los permisos de urbanización y edificación. Sin embargo, no ha sido posible obtener los referidos permisos, por cuanto el terreno en cuestión no se encuentra urbanizado y no está aprobado el seccional de Alto Hospicio, en los términos prescritos en la ley General de Urbanismo y Construcciones.
3. En lo atinente al examen de cuentas, hace presente que no es posible emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de los gastos imputados al Subtítulo 31 “Inversión Real”, debido a que no se cuenta con las fichas de inversión correspondientes al período comprendido entre 1995 y 1997. Sin embargo, la Contraloría Regional pudo acreditar que los montos pagados con cargo al mencionado programa, que fueron registrados en el subtítulo 31 “inversión real”, son los siguientes:
02
En cuanto al arrendamiento de camiones aljibes y tolvas, no fue posible acreditar la cantidad de metros cúbicos de agua y de toneladas de materiales que fueron trasladados a las obras ejecutadas en el programa de autoconstrucción.
Respecto del pago de materiales e insumos, no ha podido determinar si algunas compras de materiales, imputadas al referido ítem, fueron efectivamente usadas en las obras de Alto Hospicio, como acontece, por ejemplo, con las adquisiciones efectuadas al proveedor señor Marco Divasto, por un total de $ 4.207.410.
En lo relativo al uso de maquinarias, equipos y personal municipal, no pudo verificar las sumas pagadas entre los años 1995 y 1998, debido a que el municipio registró dichos gastos con cargo a su presupuesto operativo. Es así como, entre los años 1995 y 1998, los gastos por uso de maquinarias alcanzaron la suma de $ 33.004.609, en tanto que durante los años 1997 y 1998 representan la cantidad de $ 125.222.542. Con relación al año 1998, se observó que la ficha de inversión establece en el ítem III “maquinarias, herramientas y equipos” un valor de $ 12.996.610, que difiere de los pagos cursados a la contratista señora Erna Olaya González Segovia, por arrendamiento de maquinarias, que alcanzan a la cantidad de $ 44.333.500.
El informe concluye que el sistema interno establecido por el municipio para el programa de autoconstrucción presenta significativas debilidades de información, situación que dificulta la verificación cabal del uso y aplicación de los recursos destinados a aquel programa, y que, en esas circunstancias, la Contraloría Regional ha determinado la instrucción de un sumario administrativo referido a la inversión de fondos municipales involucrados y al incumplimiento de la normativa que afecta al mencionado programa. [37]
VII. DECLARACIONES FORMULADAS EN EL SENO DE LA COMISIÓN.
A) Ministro, Subsecretaria de Bienes Nacionales y autoridades regionales.
El ex ministro de Bienes Nacionales, señor Sergio Galilea, asistió a la sesión 10ª, ordinaria, celebrada el 14 de septiembre de 1999.
En la época de celebración del convenio con la Municipalidad de Iquique se desempeñaba como Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, y la principal razón que motivó la aprobación del convenio fue que Iquique tenía la tasa más alta de demanda por viviendas, que había una tasa relativamente razonable de ahorro, y que era posible combinar distintas acciones con los programas ministeriales. Por lo tanto, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le pareció adecuado otorgar las facilidades desde el punto de vista territorial para permitir a la municipalidad llevar a cabo el programa, más allá de los juicios que a ese ministerio le mereciera el contenido de aquél.
En relación con la petición de una nueva prórroga de la concesión de uso gratuito, de parte de la corporación edilicia, con objeto de concluir las obras de urbanización, informa que se encuentra en estudio, debido a que, en una visita inspectiva, se pudo constatar la ocupación del terreno concedido; que las obras de urbanización y construcción están avanzadas, pero no concluidas, y que el terreno ocupado excede las 21,1 hectáreas que contempla la concesión aludida.
Respecto del predio de 20 hectáreas que dicha Secretaría de Estado destinó a la Gobernación Provincial de Iquique, con la finalidad de reubicar a las familias instaladas en tomas alrededor de los terrenos concedidos al municipio, el Servicio de Vivienda y Urbanización está elaborando el plano de loteo y la Gobernación Provincial se encuentra coordinando con los dirigentes de los distintos comités de vivienda una fórmula que permita su traslado, la asignación de los lotes y su posterior postulación a los distintos programas habitacionales.
En lo relativo al proyecto investigado, manifiesta la disposición de esa Secretaría de Estado en orden a conceder una prórroga de la concesión de uso gratuito al municipio, en función de que al término de las obras de urbanización, se pueda otorgar títulos directamente a las personas que han efectuado inversiones en sus lotes.
Destaca que la experiencia de autoconstrucción inicial muestra una movilización de recursos y ahorros significativa e importante, que es valorable, aunque el manejo de esos recursos y ahorros no se hizo directamente a través de los comités, sino que son administrados por el municipio. Sin embargo, se produce una suerte de retraso en la urbanización, ya que las personas avanzan más en la construcción de sus viviendas que en las obras comunes de infraestructura y equipamiento.
La ex Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, señora Rosa Ruiz Mansilla, concurrió a prestar declaración en la sesión 4ª, ordinaria, celebrada el 13 de julio de 1999.
Como resultado de reuniones celebradas con representantes del Gobierno Regional, del Serplac y de los ministerios de Vivienda y de Bienes Nacionales se arribó a la conclusión de que la única manera de que el sistema propuesto por el Alcalde Iquique podía ser factible era cumpliendo las normas legales vigentes, lo cual significaba tener un plan seccional aprobado en el sector de Alto Hospicio, que permitiera ubicar exactamente el lugar en que se desarrollaría el proyecto habitacional, y tener un compromiso claro y preciso respecto de quién se haría cargo de la urbanización.
Atendido el hecho de que la tramitación de un plan seccional demora alrededor de ocho meses y que la ejecución de las obras de urbanización también implican cierto tiempo, el Ministerio de Bienes Nacionales, con el objeto de que se iniciaran algunas obras importantes, que pudieren llegar a ser básicas para el desarrollo del proyecto, otorgó una concesión de uso, por un período de dos años. [38]
En lo relativo al vencimiento del primer plazo establecido, confirma que venció en septiembre del año pasado y que el municipio solicitó una prórroga de seis meses, que vence en agosto de 1999, atendido a que la Municipalidad de Iquique acompañó un estado de avance de los proyectos de electrificación, agua potable y alcantarillado.
En lo referente a la nueva prórroga, informa que el municipio ha presentado un informe sobre el avance de las conexiones de agua potable y de luz, autorizadas tanto por Essat como por Eliqsa, con los presupuestos correspondientes.
Consultada acerca de si en el evento que ésta cumpliera con la electrificación, el alcantarillado y el agua potable, los terrenos tendrían que ser vendidos directamente a los interesados y no a la Municipalidad, contesta que lo pueden hacer y que sólo se requiere de un acuerdo entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el municipio.
B) Ministro de Vivienda y Urbanismo y autoridades regionales.
En la sesión 3ª, ordinaria, celebrada el 6 de julio del presente año, la Comisión recibió al ex ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Sergio Henríquez , quien informó que el único antecedente que posee es un memorándum del ministro de la época [39], en que se señaló al Alcalde de Iquique que, a pesar de que el programa es distinto de los sistemas habituales con que opera el Ministerio de la Vivienda, no tiene inconveniente de que se elabore un plan de autoconstrucción, e incluso se le señala que es conveniente avanzar por etapas, por cuanto es necesario distribuir los volúmenes de inversión, según los costos generales de operación, y se sugiere iniciar el proyecto con 400 viviendas y que, una vez concluidas, se inicie la construcción de las restantes.
Lo que el municipio denomina autoconstrucción, se trata, a su juicio, de una construcción delegada, donde captó dineros de la gente, creó algunas sociedades y ha avanzado en la construcción de un número indeterminado de viviendas, sin infraestructura y sin que exista factibilidad de agua potable ni de energía eléctrica.
El sistema empleado para elegir a los pobladores difiere de las listas de prelación que utiliza la Secretaría a su cargo, con el agravante que existen personas que se han instalado en los alrededores del lugar, lo que ha dificultado incluso la construcción.
En forma paralela, dicha Secretaría de Estado, ha diseñado un barrio en la zona de Alto Hospicio, donde ha construido más de cinco mil viviendas, a partir de la misma fecha en que comenzó la supuesta autoconstrucción. Ello se hizo sobre la base de los programas ministeriales, esto es, con postulaciones y subsidios. Se la ha equipado con escuelas y centros deportivos e incluso, se está terminando un parque, con juegos de agua, lo que es muy significativo para el sector.
Concurrió el ex Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá, señor Francisco Pinto , a la sesión 4ª, ordinaria, de 13 de julio de 1999, quien con relación a las familias postulantes a la autoconstrucción, informó que se comprobó que de las mil quinientas familias listadas, mil doscientas no tenían viviendas en otros lugares. Con antelación, el Alcalde de Iquique , a través de los medios de comunicación, había publicitado que había 8.000 familias inscritas, aunque después declaró que tenía 4.000. Como los postulantes reales del Ministerio de Vivienda eran 5.000, se quiso saber el origen de esa cifra y se verificó que eran solamente 1.200 familias las que pueden acceder al mencionado programa.
Posteriormente, al parecer, se implementó una dinámica no burocrática para nuevos postulantes y, de este modo, se inscribieron nuevas personas.
Respecto de la forma en que se está desarrollando el proyecto, señala que la autoconstrucción fue planteada por el Alcalde como resultado de su agudo sentido político; que la idea de captación de la demanda es buena, pero que debieran reducirse los plazos para construir y el costo de la viviendas, que fluctúan entre 9 y 19 millones de pesos.
En sesión 7ª, ordinaria, celebrada el 10 de agosto de 1999, se recibió al ex Director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Primera Región , señor Sergio Ostria González, quien expresa que es muy poco lo que puede informar respecto del tema de la autoconstrucción, debido a que como servicio no tiene ninguna injerencia en la fiscalización de este tipo de obras.
C) Alcalde e integrantes del Concejo Municipal.
En sesión 9ª, ordinaria, de 7 de septiembre de 1999, concurrió el Alcalde de Iquique, señor Jorge Soria , quien expone que más de dieciocho mil familias no tienen un hogar donde residir; que cuatro mil de ellas se han tomado los terrenos y viven en condiciones deplorables, y que existen tres mil quinientas personas que están esperanzadas en el programa de autoconstrucción.
En cuanto al costo de las viviendas, es posible que tengan un costo de diecisiete millones, pero que no le asigna ninguna importancia al hecho de que las construyan en uno, dos, tres o cuatro años, debido a que entre vivir en una callampa o en una casa digna, la elección es obvia, sin importar el tiempo que demore su construcción.
En relación con los dineros depositados por los pobladores, los postulantes abrieron cuentas de ahorro en el banco y se formaron los comités que establece la ley, con una cláusula que indica que los dineros no pueden girarse sin su firma, en calidad de cuarto firmante.
En cuanto a los materiales adquiridos, están controlados con exactitud, porque se compró en la ferretería más barata de Chile y que debido a ello se demoraron aproximadamente cuatro meses en decidir dónde comprar.
El sistema de agua potable y de alcantarillado prácticamente están listos, y solamente falta una planta de tratamiento de aguas servidas, que se ha buscado en el mundo entero, y que cree que va a costar alrededor de seiscientos treinta millones de pesos.
Nada impide que la urbanización pueda hacerse en forma paralela, de manera tal que los beneficiarios puedan vivir en el terreno e ir construyendo sus casas.
En sesión 7ª, ordinaria, celebrada el día 10 de agosto de 1999, recibió a los concejales de la Municipalidad de Iquique, señores Marco Antonio Castro Bernar , Glen Lizardi Flores y Alfredo Montiglio Adami .
El concejal señor Glen Lizardi hace un breve resumen de la realidad habitacional de Iquique, a partir del año 1993, debido a que en ese contexto se inicia el plan de autogestión dirigida, que constituye un programa bastante antiguo, que el mismo Alcalde había implementado en otras poblaciones.
A partir de 1996, fecha en que fueron elegidos concejales, afirma que el Concejo Municipal de Iquique no ha tenido una injerencia directa en el programa, salvo para aprobar los fondos destinados al financiamiento del mismo.
Consultado acerca de los montos involucrados, informa que alcanza a la suma de doscientos millones de pesos. Ese monto se incrementó en 1995 en quince millones de pesos; en 1996 aumentó a ciento treinta millones; en 1997 a cien millones, y en 1998 a ochenta millones y, finalmente, en 1999, se está ejecutando con un monto de 80 millones de pesos.
El concejal señor Marco Antonio Castro , estima que la autoconstrucción es una solución válida para una provincia que registra una alta demanda habitacional, sobre todo con el crecimiento demográfico explosivo que ha tenido Iquique en los últimos años; que el concepto de autoconstrucción o de autogestión no constituye una situación negativa y que, por el contrario, perfectamente puede implementarse y dar una adecuada solución a los problemas habitacionales.
No obstante, a su modo de ver, el sistema presenta deficiencias. Una de las más graves es que contraviene el principio de equidad, debido a que muchas personas son propietarios de una vivienda y, lamentablemente, buscan una segunda, subsidiada por el Estado.
Otro problema dice relación con el desorden administrativo, por cuanto existe una cantidad importante de recursos que hasta el momento no ha sido justificada. De acuerdo con los antecedentes de que disponen en la actualidad han podido constatar que existen 325 millones de pesos aprobados por el concejo, con una inversión real de 153 millones 940 mil pesos, lo que denota que existen aproximadamente 159 millones de pesos que no están debidamente justificados.
Un tercer aspecto se refiere a la focalización de los recursos. Se trata de viviendas que distan bastante de ser de tipo social. A su modo de ver, el programa debiera haberse orientado fundamentalmente para dar solución a problemas sociales.
El concejal señor Alfredo Montiglio , sostiene que el proyecto de autoconstrucción de Alto Hospicio se basa en una buena filosofía: dar una vivienda digna a la gente; pero que ha sido muy mal gestionado desde sus comienzos.
En lo que dice relación con su participación en el concejo municipal, acota que éste se limita aprobar fondos específicos sin tener acceso a fiscalizar la forma en que se gastan los recursos asignados.
Respecto del informe de cuentas, al cual han tenido acceso con ocasión de lo obrado por esta Comisión, adolece de falta de información relativa a los costos indirectos. A vía de ejemplo, el municipio posee una flota de camiones nuevos, comprados en 1997, que durante mucho tiempo se utilizaron única y exclusivamente en las obras que demandaba el programa de autoconstrucción.
En cuanto al proyecto, no es sostenible que el metro cuadrado de terreno tenga un valor de tres unidades de fomento y que el programa realmente ayude a la gente de escasos recursos, porque se trata de casas que valen entre quince y veinte millones de pesos.
En la sesión 10ª, ordinaria, celebrada el 14 de septiembre de 1999, la Comisión recibió al señor Jorge Calderón , a quien le correspondió, durante el período comprendido entre junio de 1996 y octubre de 1997, ejercer la subrogancia de la Dirección de Obras Municipales.
No obstante, en el período en que le correspondió ejercer la subrogancia, la Dirección de Obras no tuvo ninguna injerencia en el programa de autoconstrucción, por cuanto la autoridad edilicia lo manejó exclusivamente a través de una dirección paralela, denominada “Taller de Arquitectura”, en la cual no intervinieron profesionales adscritos a aquélla.
D) Gobernación Provincial de Iquique.
En sesión 4ª, ordinaria, celebrada el 13 de julio de 1999, la Comisión recibió al ex Gobernador Provincial de Iquique , señor Silvio Zerega .
En lo relativo a la toma de terrenos adyacentes al programa de autoconstrucción, en septiembre del año pasado tomó conocimiento de que se iban a producir ocupaciones. En esa oportunidad previno a la gente y a los dirigentes de los sectores involucrados y los instó a que no lo hicieran. Sin embargo, la toma se efectuó el 12 de octubre de 1999, sin mayores consecuencias, debido a que se logró que los ocupantes abandonaran dichos terrenos.
Posteriormente, hubo una nueva ocupación de terrenos bastante más significativa que la primera, en la cual alrededor de trescientas familias ocuparon el sector. Se conversó con la gente para pedirles que salieran del lugar y luego se emitió una orden de desalojo.[40] Después de varias negociaciones, la gente desocupó el predio pero, posteriormente, el Alcalde de Iquique las hizo ingresar dentro de las 20 hectáreas cedidas en uso gratuito por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Debido a ello, en la actualidad se están construyendo las casas del programa investigado por la Comisión con una población de aproximadamente mil familias, las cuales viven dentro de las 20 hectáreas. Sin embargo, agrega que estas personas van a ser trasladadas hacia un sector que ha sido facilitado por el Ministerio de Bienes Nacionales, donde tendrán mejores condiciones de vida, con el propósito de posibilitar que la autoconstrucción se termine en algún momento.
En cuanto al programa investigado, no cree que sirva de solución para personas de un nivel socioeconómico bajo, porque las casas que se están construyendo son de un alto costo. A vía ejemplar, sostuvo que una casa de concreto, de aproximadamente ochenta metros cuadrados, tiene un valor mínimo de 5 millones de pesos.
No cuenta con información relativa al porcentaje estimado de familias, tanto de las tomas de terrenos como las que están dentro del terreno destinado al programa de autoconstrucción, que tienen libretas de ahorro para la vivienda o han postulado al Serviu.
E) Contralor Regional y funcionario encargado de la investigación.
Con fecha 20 de julio de 1999, el Contralor Regional de Tarapacá, señor Julio Retamales , concurrió a la sesión 5ª, ordinaria, con objeto de informar con relación al programa investigado en el contexto del procedimiento sumarial ordenado instruir respecto de la Municipalidad de Iquique, al cual se ha hecho referencia en la letra E) del acápite VI de este informe.
La resolución de la Secretaría de Bienes Nacionales,[41] que concede el uso gratuito de un predio fiscal solamente para el desarrollo del plan de autoconstrucción que dirige el municipio, contiene una condición modal, que consiste en que el terreno se entrega para los efectos de que la municipalidad ejecute las obras de urbanización, lo que permite proceder al posterior loteo del terreno y a las asignaciones de las viviendas.
Posteriormente, en febrero de 1999, la misma Secretaría Regional dictó una nueva resolución [42] que renueva, a contar del 26 de septiembre de 1998 y por un período de seis meses, el uso gratuito, manteniendo la misma condición modal.
El proyecto investigado no cuenta con los permisos de edificación, por cuanto no se encuentra terminada la urbanización ni tampoco se ha aprobado el plan seccional de Alto Molle, en los términos prescritos en la ley General de Urbanismo y Construcciones.
Interviene, a continuación, el señor Iván Flores , fiscalizador de la Contraloría Regional de Tarapacá, quien hace referencia a los fondos aprobados por el concejo municipal, que debían imputarse al subtítulo 31, en el período comprendido entre los años 1995 y 1998, ascendentes a la suma de 325 millones de pesos. Sin embargo, el valor que se imputó y que está debidamente acreditado en la contabilidad del municipio, alcanza a la cantidad de $ 153.940.108.
Se determinó que los valores referidos no eran los únicos que había usado el municipio en el programa de autoconstrucción, en razón de que existían gastos indirectos, que correspondían a pagos de personal municipal y de equipos, maquinarias y camiones. Sin embargo, respecto de ellos no fue posible precisar la cantidad exacta, porque los registros no estaban orientados a llevar un control de aquéllos.
En cuanto a los recursos utilizados en el programa, la suma aproximada de $ 158.227.157 no está validada por el servicio de control. Si se considera lo que realmente el municipio ha gastado y registrado en el subtítulo 31, es decir, $ 153.940.108, más la cantidad de 158.227.151, que estaría registrada en los subtítulos 21 y 22, puede arribarse a la conclusión de que habría invertido la suma total de $ 312.167.259. Por su parte, el concejo municipal, en el mismo período, aprobó 325 millones de pesos; por ende, habría un superávit de aproximadamente $ 2.832.741.
No obstante lo anterior, el concejo municipal estaba en conocimiento de que no sólo se iban a utilizar los fondos del subtítulo 31, sino que, además, los de los subtítulos 21 y 22, en consideración a que debían imputarse gastos destinados a la infraestructura del programa.
En lo atinente al arrendamiento de camiones y equipos, se constató que se trataba de metros cúbicos de agua, ripio e insumos que se utilizaron en el programa, pero no fue posible cuantificar las cantidades por parte del organismo contralor.
Se registraron compras de materiales e insumos, por la suma de $ 3.500.000, respecto de las cuales se observó que no existían evidencias que acreditaran que habrían ingresado al programa de autoconstrucción o si efectivamente los materiales habían sido usados en el proyecto.
En cuanto a los dineros depositados por las personas involucradas en el programa, se pudo constatar, a partir de entrevistas sostenidas con el personal municipal, que los fondos de los comités nunca ingresaron al municipio. Por lo tanto, no le compete a la Contraloría efectuar exámenes de cuentas respecto de estos fondos, que son de particulares.
En lo que dice relación con las conclusiones de la fiscalización, advierte que el programa de autoconstrucción no se ha desarrollado con regularidad normativa. Se determinó que Bienes Nacionales habría otorgado atribuciones al municipio para el uso gratuito de los terrenos a fin de que ejecutara obras de urbanización, y que no se debía permitir el acceso de personas a los terrenos cedidos. Sin embargo, no se pudo determinar si el municipio había efectuado un control para impedir el ingreso al recinto y permitirles, al mismo tiempo, construir sus viviendas.
F) Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción.
Como parte de la visita inspectiva llevada a cabo en la ciudad de Iquique, el jueves 22 de octubre de 1999, la Comisión Investigadora concurrió a una reunión con dirigentes de la Delegación Regional de la Cámara Chilena de la Construcción.
En esa oportunidad, el Presidente de la Delegación Regional , señor Jorge Pantoja Cárdenas , estuvo dispuesto a discutir y eventualmente apoyar, cualquier iniciativa tendiente a resolver el grave problema de acceso a la vivienda propia para las personas de más escasos recursos, siempre y cuando los sistemas aludidos se enmarquen dentro del cumplimiento de algunos conceptos básicos de ordenamiento jurídico, económico y social, que permitan el desarrollo armónico de todos los sectores sociales y económicos. Estos conceptos básicos son los siguientes:
-El cumplimiento irrestricto del ordenamiento jurídico vigente.
-La clara separación de los ámbitos de desempeño de las instituciones del Estado o municipales y de la iniciativa privada.
-La correspondencia entre los esfuerzos y recursos desplegados y la prontitud, eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados, de manera de cubrir razonablemente las expectativas de los más necesitados, sin jugar con sus esperanzas.
-Transparencia y claridad en la determinación de los costos reales de las iniciativas, y de los recursos efectivamente utilizados en su materialización.
VIII. DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA COMISIÓN.
a) La señora Hemónica Chávez Vera informa por escrito a esta Comisión, el 19 de julio de 1999, acerca de los problemas que le aquejan con relación al programa de autoconstrucción. Acompaña un documento denominado “acta de entrega”, firmado por el Alcalde de Iquique , en el que consta que el 22 de septiembre de 1996 se da inicio al programa habitacional de autogestión dirigida en Alto Hospicio y que se le ha asignado a la afectada el sitio 8 del loteo correspondiente a la etapa D.
Después de haber depositado -a título de ahorro- en una cuenta corriente del Banco del Estado de Chile la suma de $ 110.000, y de haber adquirido materiales para la construcción de la vivienda, no le fue posible proseguir con el proyecto por cuanto el mismo lote había sido asignado a otra persona, a pesar de haber mediado en su beneficio un acta de entrega del sitio por parte del municipio.
b) Se toma conocimiento del reclamo formulado al Alcalde de Iquique , con fecha 27 de mayo de 1999, por la señora María Inés Gagliano Moscoso , asignataria del sitio 1, manzana 3, sector E, en que da cuenta de su postulación al programa desde el año 1993 y del depósito de igual cantidad en el Banco del Estado, para financiar las obras de urbanización.
A la fecha de su presentación, no se ha cumplido con la promesa de entrega de los terrenos urbanizados, con la agravante de que el señor Luis Bravo Salas , a quien le presentaron como capataz de la obra, recibió de su parte las sumas de $ 1.850.896; de $ 403.000 y de $ 295.000, mediante cheques del Banco de Crédito e Inversiones, para la compra de materiales para la construcción de su vivienda, sin que se hayan ocupado en ella.
Acompaña fotocopia de la querella interpuesta en contra del señor Bravo Salas , que se sustancia en el Primer Juzgado del Crimen de Iquique , en la cual se acota que, según le habrían informado trabajadores de obras vecinas, los materiales que habría comprado el citado señor Salas con su dinero, habrían sido instalados en el sitio de la señora Adriana Vásquez , ubicado casi frente del terreno asignado a la querellante.
c) Recibió copia de la nota que la señora Felisa Huiralde Pastén dirigió al Alcalde y concejales de Iquique , con fecha 28 de julio de 1999, con objeto de requerir el cumplimiento de un acuerdo de otorgarle una ayuda compensatoria de la estafa de que habría sido víctima de parte del mismo señor Bravo Salas . En la misma comunicación reclama del hecho de que habría sido notificada en su domicilio, el 12 del mismo mes y año, en el sentido que el sitio había sido entregado a otro postulante que contaba con los recursos para la construcción de su vivienda.
IX. VISITA INSPECTIVA A LA CIUDAD DE IQUIQUE.
1. Reunión con dirigentes comunales, comités de autoconstrucción y pobladores.
La Comisión sostuvo una reunión con representantes de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Iquique y de Alto Hospicio y de los comités de autoconstrucción de la mencionada localidad, el jueves 21 de octubre de 1999, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá .
En esa oportunidad se expresó que el ánimo que orienta su trabajo es que las viviendas contempladas en el programa se construyan dentro de la mayor brevedad, a fin de que cada poblador cuente con una vivienda digna para él y su núcleo familiar. Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad a las facultades de que se encuentra investida por la honorable Cámara de Diputados, se señaló que se pretende fiscalizar que se haya obrado en forma correcta. En aras de ello, se requiere conocer las denuncias formuladas y determinar los aspectos del programa de autoconstrucción que están fallando, entre éstos, la falta de infraestructura básica, esto es, de urbanización del terreno.
La pobladora señora Nora Zúñiga explica que su vivienda, de 108 metros cuadrados, cuyo terreno le fuera entregado en 1997, le ha demandado hasta la fecha una inversión de $ 3.500.000. La vivienda registra la primera planta concluida para dar inicio a la construcción de la base y el segundo piso. Faltan las conexiones de agua potable y alcantarillado, situación que se ha solucionado provisoriamente a través de la excavación de un pozo séptico y mediante la obtención de agua provista por camiones cisternas dispuestos por la Municipalidad. En cuanto al aporte de $ 110.000, hizo presente que dicha suma fue depositada en el Banco del Estado.
Por su parte, la pobladora señora Felisa Guidalque hace presente que, en su oportunidad, efectuó el depósito de $ 110.000, como cuota de incorporación al programa, que se le habrían construido sólo los cimientos, y que habían otras 42 personas estafadas en semejantes términos.
Otra pobladora, no identificada, rectifica a la señora Guidalque, haciendo referencia a que la suma de $ 110.000 se habría entregado al maestro de la construcción, señor Luis Ernesto Bravo Salas , y que, por lo tanto, quien la habría estafado es un maestro particular y no la municipalidad.
A su vez, la pobladora señora Marta Mora , exhibe un comprobante del depósito de la cuota de incorporación, a nombre del comité de autoconstrucción, del mes de enero de 1995. Agregó que el terreno le fue entregado en 1998 y que hasta la fecha se han construido 54 metros cuadrados, con un costo ascendente a $ 4.000.000.
Asimismo, el poblador señor Andrés Casanova señala que el programa resultó excelente en sus comienzos, máxime que se construiría con el dinero que se ahorraría en pago de arriendo. Sin embargo, en la realidad los asignatarios, que no cuentan con recursos para construir, han sido despojados de sus sitios. Algunos pobladores llevan tres o cinco años sin contar con agua ni alcantarillado. Teme que pueda perder su sitio y el depósito de $ 110.000.
Con relación al problema de la falta de alcantarillado, la pobladora señora Nora Zúñiga hizo presente que éste, en parte, se vería solucionado con el traslado de los pobladores de las tomas aledañas, toda vez que con su ocupación se dificulta los trabajos que se pudieran realizar al efecto.
Finalmente, luego de una breve explicación acerca de los terrenos fiscales hacia los cuales serán trasladados los ocupantes de los terrenos aledaños, se dio por concluido el encuentro, particularmente ante la hostilidad mostrada por parte de la concurrencia asistente.
Una vez concluida la reunión, la honorable diputada señorita Sciaraffia , doña Antonella , fue agredida de obra y verbalmente por un grupo no identificado de asistentes, debiendo acudir en su auxilio la honorable diputada señora Rosa González , quien también fue objeto de agresiones, y el honorable diputado señor Hales, don Patricio , sin perjuicio de haberse hecho presente la fuerza pública.
2. Visita a Alto Hospicio.
El día viernes 22 de octubre la Comisión se dirigió a la localidad de Alto Hospicio, donde, en primer lugar, inspeccionó las dependencias administrativas y de acopio de materiales, oportunidad en la cual se solicitaron antecedentes respecto de la factibilidad de las instalaciones de agua potable y de alcantarillado.
El señor Dino Frontecilla , jefe de la Oficina de Proyectos y Arquitectura del municipio, informa que el proyecto de agua potable se presentó a la empresa sanitaria Essat , solicitándose un punto de conexión de 160 mm, a partir de los estanques de Santa Rosa, y que se han iniciado excavaciones, a fin de llegar al punto de empalme, de acuerdo con el proyecto indicado. Desde el punto de empalme hasta los terrenos de la autoconstrucción existe una distancia aproximada de 2.000 metros, según exhibió en un plano.
Luego, la Comisión procedió a visitar distintas viviendas del programa, que registraban un grado de construcción bastante avanzado, encontrándose habitadas por sus propietarios, en su gran mayoría.
Además, efectuó un recorrido a los terrenos aledaños al asignado al programa, donde se encuentran viviendo los pobladores que serían beneficiados por la entrega de terrenos anunciada por el Gobernador Provincial .
3. Cámara Chilena de la Construcción.
Posteriormente, la Comisión se reunió con la Delegación Regional Iquique de la Cámara Chilena de la Construcción, integrada por los señores Jorge Pantoja ( Presidente ), Carlos Jiménez (Past Presidente ), y los Directores señores Juan Garrido , Fernando Ocaranga , Ramón Yong y Jorge Ramírez , en representación de dicha institución.
El señor Pantoja hace presente que aun cuando el sistema de autoconstrucción se encuentra contemplado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el caso en comento se ha infringido, o al menos se ha omitido, el cumplimiento de una serie de disposiciones relativas a la ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
El municipio se ha extralimitado del campo de acción y facultades que le competen, invadiendo ámbitos propios de la iniciativa privada. Así es como el hecho de contratar personal, fabricar materiales, adquirir y operar maquinarias de construcción, dirigir y ejecutar obras, calificar y seleccionar a los postulantes, captar y administrar recursos directa o indirectamente, revisar e inspeccionar el uso de las obras, ha convertido al Municipio en una suerte de empresa constructora, inmobiliaria, administradora de fondos para la vivienda, funciones que son ajenas a su estatuto jurídico.
Sin embargo, los esfuerzos y recursos desplegados no guardan relación con los resultados logrados, debido a que el programa de autoconstrucción se ha caracterizado por su ineficiencia y por la falta de ordenación de la documentación y poca claridad de exposición de sus antecedentes, hecho que hace difícil la determinación de los reales alcances de las inversiones ejecutadas, según lo demuestran las distintas estimaciones de los valores de las viviendas, que oscila entre las 120 unidades de fomento por vivienda, de conformidad a información del municipio, y entre 554 y 1.148 unidades de fomento, más costos de urbanización, según estimaciones realizadas por el correspondiente Servicio de Vivienda y Urbanización.
4. Audiencia con la señora Sonia Valenzuela.
Seguidamente, recibió en audiencia a la ex Directora de Obras Municipales de Iquique , señora Sonia Valenzuela , quien señaló que el Ministerio de Bienes Nacionales impuso como condición la aprobación de un plan seccional en Alto Hospicio, lo que hasta la fecha no acontece, pese a que han transcurrido más de tres años desde el inicio de las obras. Lo anterior reviste especial gravedad si se considera que en treinta años dicha localidad podría estar habitada por alrededor de 253.000 personas.
Estimó improbable la aprobación del plan seccional -máxime si no existe ningún tipo de cartografía actualizada- el que sólo ha sido levantado en base a planos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
5. Encuentro con los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Bienes Nacionales y con el Gerente General de Essat.
A continuación, sostuvo una reunión con autoridades de los servicios involucrados, a la cual asistieron el ex Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, señor Francisco Pinto ; el Jefe del Departamento de Proyectos de ese Servicio , señor Óscar Weber ; la ex Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales , señora Rosa Ruiz ; el topógrafo de dicha repartición, señor Víctor Jure ; el Gerente General de Essat , señor Reinaldo Delgadillo , y la señora Marcela Cubillos , de la misma empresa.
Luego de un breve intercambio de opiniones, se arribó a la conclusión de que la opción de construir viviendas básicas es más barata que el sistema de autoconstrucción utilizado en Alto Hospicio. En efecto, la vivienda social tiene un costo de aproximadamente $ 700.000 por una vivienda de una superficie de 50 metros cuadrados de construcción y de 80 metros cuadrados de terreno. Por el contrario, el costo de una vivienda de similares características, por la vía de la autoconstrucción, asciende a una cifra de $ 3.000.000 a $ 4.000.000, según informes emanados de los propios pobladores.
En cuanto a la factibilidad de agua potable, el señor Delgadillo ( Gerente General de Essat ) señaló que el municipio desea tratar directamente las aguas servidas y que, en todo caso, no hay problema en construir una planta elevadora o de tratamiento de aguas servidas. Solamente existe la dificultad de que una vez que se utilicen las aguas, éstas pasan a ser de propiedad de dicha empresa y tiene que haber un cobro por tal concepto.
Con relación a la entrega de lotes fiscales programada para el sábado 23 de octubre de 1999, la ex Secretaria Regional de Bienes Nacionales , señora Rosa Ruiz , informa que el Gobierno Provincial resolvió entregar 20 hectáreas con objeto de regularizar la situación de alrededor de 1.000 familias que ocupan terrenos aledaños al inmueble asignado al proyecto de autoconstrucción y que la urbanización no está prevista en un futuro próximo, porque la medida reseñada constituye una solución transitoria.
6. Reunión con dirigentes de las Uniones Comunales y Comités de Autoconstrucción de Alto Hospicio.
A petición de los dirigentes antedichos, la Comisión se reunió, en dependencias de la Intendencia Regional, con el Presidente de la Federación Regional de Juntas de Vecinos de Iquique , señor Héctor Araya ; con el Presidente de la Unión Comunal de Iquique , señor Orlando Clavijo ; con la Presidenta del Comité Unión y Fuerza, señora Marta Mora , y con los dirigentes de los comités de autoconstrucción, señoras Alicia Guarache , Verónica Aguilera (Comité Éxodo), Carmen Barrionuevo , María Teresa Vergara (Esperanza II), Mercedes Pavez (Comité Jayma) , Mary Contreras , Silvia Varas (Comité Flor del Desierto), Carla Espinoza (Las Américas) , Wilma Álvarez , Silvia Ojeda , Nora Zúñiga , Verónica Ramos , Cecilia Gallardo , Coralia Soto , Francisca Molina , Ana María Lozano y Sandra Briones , y señores Mario Contreras (San Lorenzo de Tarapacá) , Eugenio Tapia (Despertar II), Víctor Leiva , Octavio Cáceres (Comité San Jorge) , Luis Dinamarca , Nolberto Rojas , Miguel Vennekool (Comité Parapente), Luis Olivares y Aníbal Pinto .
El señor Clavijo, don Orlando ( Presidente de la Unión Comunal de Iquique ), es de opinión que el sistema de autoconstrucción ha funcionado en otros países, pero que primero debe urbanizarse el terreno y después construirse las viviendas. Los sectores de menores ingresos no cuentan con recursos ascendentes a cinco millones de pesos para construir sus viviendas y, de todos modos, el programa debe hacerse por etapas y por segmentos, con objeto de posibilitar el acceso de todas las personas.
La señora Marta Mora ( Presidenta del Comité Unión y Fuerza) aclara que sus representados no están involucrados en la agresión de que fue víctima la señora Sciaraffia , doña Antonella .A su vez, el señor Nolberto Rojas dio disculpas a la Comisión por los hechos ocurridos en el día de ayer.
Hubo consenso entre los asistentes de que resulta angustiante la situación de las personas que forman parte del proyecto de autoconstrucción, porque, al no contar con sus títulos de dominio, pueden perder sus viviendas en cualquier momento.
La señora Álvarez, doña Wilma, hace saber que desde hace seis años se encuentra adscrita al proyecto de autoconstrucción y que lo ha construido con mucho esfuerzo, en tanto que la señora Briones,doña Sandra, consideró que la falta de urbanización es responsabilidad de los vecinos.
El señor Araya, don Héctor (Presidente de la Federación Regional de Juntas de Vecinos de Iquique) estima que la situación debe ordenarse y que tiene un costo tanto para los pobladores como para el municipio.
La señora Ramos, doña Mónica, señala que son falsos los problemas expuestos por personas a quienes no les han devuelto los dineros pagados por concepto de urbanización y que tampoco es efectivo que les hayan quitado los sitios.
La señora Soto, doña Coralia,informa que es la Secretaria de los Comités y que le corresponde firmar conjuntamente con el Tesorero y con el Presidente, quien es el Alcalde.
El señor Clavijo, don Orlando (Presidente de la Unión Comunal de Iquique),considera necesario que exista una rebaja en el pago de contribuciones para quienes construyen por el sistema de autoconstrucción.
X. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
1. El programa de autoconstrucción llevado a cabo por la Municipalidad de Iquique no ha cumplido los objetivos inicialmente planteados por su Alcalde, don Jorge Soria, por cuanto, a la fecha de evacuación de este informe, no se han completado las obras de urbanización, no se ha aprobado el plan seccional correspondiente [43], como tampoco se han terminado las 956 viviendas programadas para la primera etapa de aquél. [44]
Asimismo, se ha detectado que el valor anunciado a los beneficiarios como costo de cada una de dichas viviendas -ascendente a la suma de dos millones y medio de pesos-[45] no corresponde a su valor comercial, el que sería de quince millones de pesos aproximadamente, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Sin embargo, la Comisión no ha podido conocer fehacientemente el valor real de las viviendas, debido a que no le ha sido posible identificar los mecanismos de subsidio (explícito o implícito) aplicados para acotar el costo de las mismas al monto primitivamente anunciado.
2. El convenio suscrito entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Alcalde de Iquique, con fecha 25 de abril de 1995, si bien, inicialmente, estuvo destinado a dar solución habitacional en el sector de Alto Hospicio a un número aproximado de 1.400 familias, en la práctica no ha sido cumplido por parte del municipio, a causa de que no se han reunido las condiciones esenciales que tuvo en consideración dicha Secretaría de Estado para autorizar en dicha localidad la concesión del terreno fiscal, de aproximadamente 20 hectáreas.
En efecto, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá otorgó el inmueble en concesión a la Municipalidad de Iquique, a título gratuito y por el lapso de dos años -prorrogados por seis meses, desde el 1 de febrero de 1999- [46], con la finalidad exclusiva de que el municipio desarrollara un programa de autoconstrucción dirigida, bajo la condición de realizar todos los trabajos de urbanización y bajo la expresa exigencia de que impidiera el acceso de familias o personas mientras el terreno no contara con condiciones mínimas de urbanización. Además, se estipuló que, si la beneficiaria, esto es, la Municipalidad de Iquique, utilizaba el referido predio con fines distintos al indicado o si lo cedía a cualquier título, sin autorización de dicho servicio, caducaría de inmediato la concesión.
3. A pesar de haber transcurrido cinco años desde la fecha de celebración del convenio que dio lugar a la implementación del programa de autoconstrucción, la Comisión ha podido constatar que no se ha cumplido la condición esencial establecida por el Ministerio de Bienes Nacionales para el otorgamiento de la concesión, cual es que la Municipalidad de Iquique realizara todos los trabajos de urbanización en forma previa al desarrollo del programa.
Al mismo tiempo, se ha acreditado que existe un número indeterminado de viviendas que están siendo habitadas por las familias adscritas al programa, a pesar de la prohibición expresa de parte de esa Secretaría de Estado. A lo anterior, se suma la ocupación ilegal de terrenos aledaños por parte de familias que no estaban consideradas en el convenio, hecho que motivó una especial preocupación de esta Comisión y que determinó su traslado a otro predio fiscal por parte del Gobierno Provincial.
El estado de las obras de urbanización constatado en terreno sería actualmente del orden siguiente:[47]
-Agua potable: El programa no tiene factibilidad de agua potable. Las obras de instalación de cañerías y arranques domiciliarios se encuentran ejecutadas en aproximadamente el 80%, faltando principalmente la confección de nudos y la conexión con la cañería matriz de agua potable.
-Alcantarillado: El terreno utilizado para la implementación del programa no cuenta con conexión de alcantarillado. Las obras de instalación de tuberías y uniones domiciliarias en el interior del sector se encuentran terminadas casi en el 97%, faltando la ejecución de la planta elevadora y de la impulsión al colector ubicado en el lugar indicado por la empresa sanitaria Essat S.A. para dar solución en un principio a la evacuación de aguas servidas del sector, debido a que el proyecto contempla una solución definitiva de evacuación mediante una planta de tratamiento de aguas servidas.
-Pavimentación: No se han ejecutado obras de pavimentación alguna, esto es, aceras, soleras, calzadas, etc.
-Electrificación: La colocación de postes y alumbrado público presenta un avance del 95%, faltando la instalación de luminarias. Sin embargo, la colocación de los empalmes domiciliarios se encuentra supeditada a que la red de electrificación de avenidas, calles y pasajes del loteo se encuentre totalmente instalada.
La Comisión no puede dejar de advertir, sin embargo, que, hasta agosto de 1999,[48] los avances en las obras, en los rubros consignados en el párrafo anterior, eran respectivamente del orden de 37,06%; 53,84%, 13,47% y 26,27% por concepto de agua potable, alcantarillado, pavimentación y electrificación, situación que demuestra que, con el desarrollo de la investigación llevada a cabo por la Comisión, la autoridad edilicia se sintió constreñida a dar curso a la materialización de las obligaciones contraídas en virtud del convenio celebrado con el Ministerio de Bienes Nacionales, entre ellas la de urbanización del terreno dado en concesión.
4. Por otra parte, la Comisión ha podido establecer que, no obstante que el Concejo Municipal de Iquique aprobó la cantidad de $ 325.000.000 para el financiamiento del programa, dicha cantidad no ha sido validada por parte de la Contraloría Regional de Tarapacá.
Asimismo, no ha sido posible verificar el real uso y aplicación de la totalidad de los recursos destinados al programa, esto es, lo concerniente a la utilización de personal municipal, de equipos y materiales de propiedad del municipio, de transporte de los mismos y de arrendamiento de camiones aljibes y tolvas usados en aquél.
En efecto, el servicio de control ha iniciado un sumario administrativo, a petición de los concejales señora Myrta Dubost Jiménez y señores Alfredo Montiglio Adami y Marco Antonio Castro Bernar, con objeto de establecer las eventuales responsabilidades funcionarias que pudieran derivarse de la ejecución del mencionado programa, sin que hasta la fecha la Comisión haya podido conocer los resultados del mismo, a pesar de los requerimientos efectuados a ese organismo contralor.
A mayor abundamiento, en un acto que esta Comisión cataloga de desmedido, y en abierta infracción del cumplimiento de la función de investigar que empece a la mencionada oficina regional de control, el Contralor Regional de Tarapacá [49] informó que el avance de la investigación que instruye para determinar las responsabilidades por la irregularidades cometidas con ocasión de la implementación del programa de autoconstrucción se encontraría supeditado, entre otros antecedentes, al envío de este informe por parte de la Comisión.
Se hace presente que, a juicio de la Comisión, esta argumentación no es válida, por cuanto corresponde a esa oficina de control dar curso a la investigación, independientemente del rumbo que pudiere tomar la que lleve a cabo esta Comisión.
Recientemente, se ha tomado conocimiento de que el Contralor General de la República [50] instruyó a la Oficina Regional de Tarapacá en orden a que proceda a dar curso progresivo a los autos, sin condicionar su avance a medidas que pudieran dilatar la resolución final de éste.
5. La Comisión advierte acerca de la gravedad de los hechos acaecidos, toda vez que, durante cinco años, desde su puesta en marcha, el programa de autoconstrucción se encontró en una situación de ilegalidad, derivada del incumplimiento del convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo que, en definitiva, motivó que la Secretaría Regional respectiva denegara la prórroga de la concesión de los terrenos, situación que perduró hasta el 15 de diciembre de 1999,[51] fecha en que la mencionada Secretaría renovó la concesión a contar del 1 de agosto de 1999 y por un período de doce meses, que vence el 15 de diciembre del año en curso.
Cabe hacer constar que, por un hecho imputable a esa Secretaría Regional Ministerial , esta Comisión tomó conocimiento tardío [52] y sorpresivo del otorgamiento de la segunda prórroga de la concesión, toda vez que, ante un requerimiento de la Comisión [53], no proporcionó en un primer momento información fidedigna sobre el particular [54], a pesar de que hacía más de tres meses que se había dictado la correspondiente resolución de prórroga.
En todo caso, tal anomalía verificada en relación con la entrega de información, si la hubiere, ha originado que esta Comisión solicite de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales dar inicio a una investigación al objeto de determinar las responsabilidades correspondientes.
6. Con respecto a los aportes efectuados por los beneficiarios del programa que, en un principio, ascendieron a $ 110.000 por familia, no le ha sido posible a la Comisión contar con la documentación de respaldo que acreditare su utilización en el programa, como, asimismo, tampoco ha dispuesto de la correspondiente rendición de cuentas respecto del destino final de esos recursos, a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas a la corporación edilicia.
Debido a ello, esta Comisión puede colegir que no ha existido adecuada administración de los fondos por parte de los comités de autoconstrucción y del propio Alcalde de Iquique [55] , lo que permite presumir el acaecimiento de irregularidades en el manejo de los referidos recursos.
7. La Comisión ha podido concluir, en base a los antecedentes reunidos en el curso de la investigación, que el programa de autoconstrucción, en el caso que se investiga, no ha constituido verdaderamente un programa habitacional destinado a personas carentes de recursos, por cuanto la mayoría de los postulantes no cumplían con tal requisito, al mismo tiempo que aquel no se encuadra dentro de lo que podría denominarse un proceso de autoconstrucción de acuerdo con la normativa vigente.
8. Preocupa a esta Comisión la situación que aqueja a los afectados directos, quienes actuando de buena fe, se acogieron al programa de autoconstrucción y que, sin embargo, han visto conculcado su legítimo derecho a adquirir la vivienda propia. La gravedad de tal situación no pudo siquiera ser prevista por ellos, por cuanto el propio municipio, en un acto oficial, realizado con fecha 22 de septiembre de 1996, entregó presuntos títulos de dominio, haciendo creer a los interesados que se trataba de títulos definitivos, vulnerándose abiertamente el principio de la fe pública y, por tanto, la Constitución Política del Estado, en cuanto resguarda dicho principio.
9. La Comisión, en el curso de la investigación, ha constatado las siguientes infracciones cometidas por determinados órganos de la Administración del Estado en el contexto de la implementación del programa de autoconstrucción que ha sido objeto de investigación:
a) Municipalidad de Iquique.
-Ha llevado a cabo inversiones en terrenos que no son de su patrimonio, careciendo de facultades para ello. [56]
-No ha cumplido los términos estipulados en el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, en especial en lo atinente a la materialización de las obras de urbanización del terreno dado en concesión y a velar por la no ocupación del mismo. Incluso más, ha excedido los términos del convenio, en cuanto ha impulsado, fuera de toda sustentación legal, ya que no hay convenio alguno que así la hubiera autorizado, la materialización de la construcción de 288 viviendas supuestamente al amparo del programa de autoconstrucción, las cuales se encuentran emplazadas en 11,54 hectáreas aledañas al terreno otorgado en concesión, cuyas construcciones registran distintos grados de avance. [57]
-Ha desarrollado un programa de autoconstrucción en el sector de Alto Hospicio que se ha caracterizado por desorden administrativo y contable, que han impedido a la Comisión determinar con exactitud los alcances reales de las inversiones ejecutadas con fondos municipales.
-Ha incurrido en falta de transparencia y claridad en el manejo de los fondos utilizados para el programa. Ellos consisten en la suma de $ 325.000.000, inicialmente aprobados por el respectivo concejo municipal; en recursos humanos y materiales aplicados por el municipio en el programa, y en aportes privados provenientes de los pagos efectuados por los beneficiarios del programa. En la administración de estos últimos, tuvo injerencia el Alcalde señor Jorge Soria , ya que se requería su firma para proceder al giro de dichos fondos desde la cuenta bancaria en que fueron depositados.
-Ha amparado la construcción de viviendas en dicho sector, en circunstancias que la Dirección de Obras Municipales de Iquique no ha podido otorgar los correspondientes permisos de edificación, por no cumplir el proyecto con las condiciones establecidas por el Comité Mixto de Agricultura, Urbanismo, Turismo y Bienes Nacionales de Tarapacá, en cumplimiento del artículo 55 de la ley General de Urbanismo y Construcciones. [58]
-No ha llevado a cabo, en relación con el programa investigado, la fiscalización oportuna del cumplimiento de las normas contenidas en la ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza respectiva, por medio de la Dirección de Obras Municipales de Iquique.
-Ha transgredido abiertamente la normativa existente en materia de salubridad pública en lo que se refiere a la instalación y funcionamiento de un vertedero existente en un sector aledaño al terreno en donde se ha implementado el programa de autoconstrucción, haciendo caso omiso de las instrucciones que sobre el particular le impartiera el respectivo Servicio de Salud, en cuanto al cierre del referido vertedero. [59]
b) Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Desde la puesta en marcha del programa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, atendidos el alcance y naturaleza de las atribuciones que le competen, debió haber tenido algún tipo de injerencia o participación efectiva a su respecto, y no haber permanecido ajeno a su desarrollo, como en la práctica ocurrió, según así lo aseverara ante la Comisión el ex ministro , señor Sergio Henríquez Díaz .
En todo caso, los antecedentes tenidos a la vista demuestran que, al menos inicialmente, el Ministerio sí habría tomado conocimiento del tema, y por ello no resulta procedente argumentar por parte de sus personeros ignorancia en la materia.
En efecto, en el inicio, se formó una comisión -integrada por el entonces ministro del ramo, señor Edmundo Hermosilla - destinada a evaluar la conveniencia de llevar adelante un programa de esa naturaleza. Incluso, el mismo señor Hermosilla , el 22 de marzo de 1995,[60] dio a conocer al Alcalde de Iquique diversos puntos de vista con respecto al programa de autoconstrucción, en lo que dice relación con la programación por etapas, el impacto urbano, la necesidad de contar con un plan seccional y, en general, las modalidades de ejecución del programa.
c) Ministerio de Bienes Nacionales.
No ejerció debidamente la fiscalización del cumplimiento del convenio suscrito con la Municipalidad de Iquique y de la resolución exenta Nº 325, de 26 de septiembre de 1996, mediante la cual se formalizó la dación en comodato del terreno, en especial en lo pertinente a la materialización de las dos condiciones impuestas, relativas a la obligación de efectuar las obras de urbanización del terreno y a la prohibición de ocuparlo.
Se hace notar que, no obstante que a la fecha de vencimiento de la concesión en el mes de septiembre de 1998 se habían infringido tales condiciones, aun así el Ministerio -en un acto a todas luces irresponsable- concedió igualmente la primera y la segunda prórrogas de la concesión.
Incluso, no resulta explicable lo obrado por esa Secretaría de Estado en lo relativo a la ocupación ilegal, por parte del Municipio de Iquique, de 11,54 hectáreas adicionales y aledañas al terreno en donde se ha implementado el programa investigado, toda vez que recientemente la Comisión ha tomado conocimiento de que se encuentra en tramitación el otorgamiento de una nueva concesión que regulariza dicha ocupación. [61]
d) Contraloría General de la República .
Según se explicará en el punto siguiente, la Comisión estima que el servicio de control ha actuado tardía y deficientemente en la investigación de los hechos, sin que hasta la fecha se hayan determinado las responsabilidades derivadas de las irregularidades acaecidas.
10. En consideración a lo enunciado precedentemente, la Comisión tiene el convencimiento de que a los siguientes órganos de la Administración del Estado les cabe responsabilidad con respecto a la implementación del programa de autoconstrucción desarrollado en el sector de Alto Hospicio, en los siguientes términos:
-Municipalidad de Iquique. A juicio de la Comisión, el Alcalde de Iquique , señor Jorge Soria , ha dejado de cumplir abiertamente el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, lo cual, en definitiva, se traduce en la reiterada transgresión de la ley General de Urbanismo y Construcciones y de su Ordenanza, por parte de la respectiva Dirección de Obras. [62]
Además, como se ha expresado, en un acto oficial entregó a los beneficiarios del programa presuntos títulos de dominio, haciendo creer a los interesados que se trataba de títulos definitivos.
Asimismo, ha hecho manejo de recursos municipales y privados con total falta de transparencia y de orden, situación que ha motivado que la Contraloría General de la República haya dado inicio a los correspondientes sumarios administrativos, cuyos resultados no se han materializado, según la información de que ha dispuesto la Comisión hasta la fecha de este informe.
-Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Comisión no se explica cómo no tuvo participación relevante acorde con la envergadura del programa, tanto desde el punto de vista del universo de postulantes comprometidos como de los recursos implicados en aquél. Del mismo modo, no ejerció ningún tipo de fiscalización respecto del cumplimiento de la normativa vigente, en particular en lo concerniente a la ejecución del mencionado programa fuera de los límites urbanos y a la aprobación del correspondiente plan seccional.
-Ministerio de Bienes Nacionales. Resulta irrefutable que las irregularidades en que incurrió la Municipalidad de Iquique fueron avaladas por el Ministerio de Bienes Nacionales, toda vez que, a pesar de no haber cumplido el municipio con las exigencias impuestas por el convenio y por la propia resolución que confería el uso gratuito del terreno, igualmente otorgó prórrogas de la concesión en dos oportunidades. Tanto es así, que el propio Ministerio de Bienes Nacionales, a juicio de la Comisión tardíamente [63], comunicó al Alcalde de Iquique que no se efectuará ningún acto administrativo en el sentido de renovar la concesión de uso ni de dictar cualquier otra nueva resolución que regularice la ocupación del terreno objeto del programa, mientras se mantenga la prohibición dispuesta por el Servicio de Salud respecto a la distancia mínima que debe tener toda población o grupo de viviendas respecto del vertedero municipal.
Es más, resulta ininteligible a esta Comisión que el mencionado servicio haya condicionado el otorgamiento de una nueva prórroga de la concesión de las 21,01 hectáreas al cumplimiento de las pertinentes normas aplicables al manejo del vertedero, en circunstancias que tal prórroga ya había sido concedida con fecha 15 de diciembre de 1999.
La situación descrita se agrava por la circunstancia de que la Comisión ha tenido conocimiento recientemente de que la Secretaría Regional respectiva estaría tramitando una resolución que regulariza, a través de una nueva concesión de uso, la situación de las 11,54 hectáreas aledañas al terreno concesionado, donde el Municipio de Iquique ha desarrollado parte de su programa.
-Contraloría General de la República. A la Comisión le asiste la preocupación de que la oficina regional de Tarapacá, ante la cual se iniciaron los sumarios administrativos en orden a establecer las responsabilidades correspondientes, ha obrado tardía y deficitariamente, tanto en lo que respecta a la fecha de inicio de tales investigaciones como en cuanto al avance y resultado de las mismas, situación que reviste especial gravedad en lo que dice relación con el control presupuestario de los recursos utilizados en el programa de autoconstrucción que ha motivado la investigación llevada a cabo por esta Comisión.
Se hace constar que, a la fecha de este informe, el referido servicio de control no ha determinado responsabilidad alguna y que hasta el término de la investigación efectuada por la Comisión no se han remitido respuestas concretas sobre el particular. Aún más, ante la tardanza del servicio de control, la Comisión se vio en la necesidad, de remitir oficio a la Contraloría General de la República en orden a agilizar el trámite de los mencionados sumarios, máxime si ese servicio de control es el que cuenta con la totalidad de los antecedentes que fueron aportados por los concejales del Municipio de Iquique. [64]
11. A modo de conclusión final, en el caso que se analiza no se cumplió con lo prometido por el Alcalde de Iquique en cuanto a proporcionar a los postulantes una vivienda digna, debido a que no se les han garantizado la propiedad del terreno ni las obras mínimas de urbanización, es decir, de alcantarillado, alumbrado y agua potable, poniendo incluso en peligro la salud de las personas, a causa de las condiciones de insalubridad en que se encuentran viviendo, como producto del funcionamiento de un vertedero municipal establecido en una zona cercana al terreno objeto de la concesión. [65]
Lo anterior no se condice con la gran cantidad de esfuerzos y recursos desplegados en la implementación del programa, por cuanto, a pesar de que el convenio se celebró en abril de 1995, actualmente sólo hay 17 viviendas terminadas. Por el contrario, en el mismo lapso, con recursos económicos equivalentes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha superado largamente la cantidad de soluciones entregadas -las cuales se encuentran en uso de sus beneficiarios-, cumpliendo con todas las disposiciones que rigen la construcción de viviendas.
XI. PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN.
1. Estudiar los programas de autoconstrucción como alternativa para quienes, careciendo de vivienda, requieren de solución habitacional. Sin embargo, se hace necesario contar con un adecuado marco regulatorio, que posibilite el fácil acceso para las personas de escasos recursos, con una activa participación de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales en lo que se refiere a proporcionar una adecuada asesoría técnica a quienes así la requieran.
2. Requerir del Municipio de Iquique que, dentro del menor plazo posible, dé cumplimiento a la totalidad de las exigencias establecidas en el convenio suscrito con el Ministerio de Bienes Nacionales, de forma tal que los integrantes del programa de autoconstrucción puedan disponer de un lote de terreno urbanizado.
3. Recabar del Ministerio de Bienes Nacionales que, una vez cumplidas las condiciones antedichas, transfiera los lotes del terreno directamente a los beneficiarios.
4. Pedir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo que implemente un mecanismo que permita que los postulantes al programa de autoconstrucción que no han construido sus viviendas puedan optar entre permanecer en él o acceder a un subsidio habitacional de modalidad privada, en que los $ 110.000 aportados al programa de autoconstrucción sean considerados para este efecto como ahorro previo, situación que, en todo caso, supone que los interesados sean propietarios del terreno loteado.
5. Solicitar de los ministerios de Vivienda Urbanismo y de Bienes Nacionales dar inicio a un sumario en orden a investigar los hechos acaecidos y a determinar las responsabilidades imputables a la ex Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Tarapacá , señora Rosa Ruiz Mansilla , en cuanto a la entrega de información fidedigna a esta Comisión Investigadora, en especial en lo relacionado con la vigencia de la concesión otorgada para la implementación del programa.
6. Poner en conocimiento del señor Contralor General de la República lo obrado por la Comisión, con objeto de solicitar la agilización de los sumarios correspondientes, como una forma de contribuir al esclarecimiento de los hechos acaecidos y a la determinación de las responsabilidades consiguientes, tanto del Alcalde como del Concejo Municipal de Iquique .
7. Hacer presente la necesidad de legislar para posibilitar que la Honorable Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus funciones, tenga atribuciones para fiscalizar las actuaciones tanto de los alcaldes como de los concejos municipales, en consideración a que, con respecto a la materia objeto de la investigación, la Comisión no contó con la colaboración de la Municipalidad de Iquique, viéndose impedida de acceder a información fidedigna en aspectos relevantes, situación que no ha hecho posible que la Comisión cumpla a cabalidad con el mandato otorgado por la Sala.
8. Poner este informe en conocimiento de su Excelencia el Presidente de la República , del Excelentísimo señor Presidente del honorable Senado y de los señores ministros del Interior y Secretaría General de la Presidencia , para los efectos de que se considere la posibilidad de modificar la Constitución Política del Estado, con objeto de fortalecer las facultades investigadoras y fiscalizadoras de esta honorable Cámara de Diputados y de incorporar a los alcaldes como sujetos susceptibles de acusación constitucional.
XII. CONSTANCIAS.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
1. Las conclusiones y proposiciones precedentes fueron aprobadas por unanimidad.
2. Atendidas la gravedad de los hechos investigados y la trascendencia social del problema que afecta a los beneficiarios del programa de autoconstrucción, deberá remitirse copia del presente informe a S.E. el Presidente de la República , al Excelentísimo Presidente del honorable Senado , al Contralor General de la República y a los señores ministros del Interior , Secretaría General de la Presidencia , de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.
3. Se designó diputado informante al señor García García, don René Manuel .
Sala de la Comisión, a 14 de junio de 2000.
Tratado y acordado en las sesiones de fechas 16 y 22 de junio, 6, 13 y 20 de julio, 3, 10 y 17 de agosto, 7 y 14 de septiembre, 6, 14 y 19 de octubre; 2 y 9 de noviembre de 1999, 14 y 21 de marzo, 4 y 18 de abril y 13 de junio de 2000, con la asistencia del diputado señor García García, don René Manuel ( Presidente ); de las diputadas señoras González, doña Rosa; Pérez, doña Lily, y Pollarolo, doña Fanny; y de los diputados señores Fossa, don Haroldo; Hales, don Patricio; Rincón, don Ricardo; Rojas, don Manuel; Salas, don Edmundo; Silva, don Exequiel; Urrutia, don Salvador, y Valenzuela, don Felipe .
(Fdo.): ELENA MELÉNDEZ URENDA , Abogada Secretaria de la Comisión ”.
Moción de las diputadas señoras Laura Soto, María Pía Guzmán y de los diputados señores Bartolucci, Bustos, Coloma, Elgueta, Ignacio Walker.
Amplía edición de los códigos oficiales. (boletín Nº 2521-07)
La circunstancia de que las ediciones oficiales de los Códigos de la República sólo pueda hacerla la editorial Jurídica de Chile, ha producido un monopolio que se traduce en precios exorbitantes de los mismos.
El origen histórico de la norma, proviene del artículo 2º de la ley Nº 8.828, de 1947 que dice:
“Las ediciones oficiales de los Códigos de la República sólo podrán hacerse por la Editorial Jurídica de Chile”.
Han transcurrido cincuenta y tres años desde entonces.
En mayo de 2000, los precios a público de los códigos son los siguientes:
03
En la medida en que a las editoriales que deseen publicar la versión oficial del respectivo código, se les exija que deberán imprimir el texto oficial aprobado por el Ministerio de Justicia y se establezcan multas altas para quienes no se ajusten a ello, se garantizará la libre competencia entre las editoriales en la publicación de los Códigos de la República, con claro beneficio para la comunidad.
Por las circunstancias anteriores, venimos en proponer el siguiente
PROYECTO DE LEY
Sustitúyese el artículo 2º de la ley Nº 8.828, de 1947, por el siguiente:
“Artículo 2º.- Las ediciones oficiales de los Códigos de la República podrán hacerse por cualquier editorial, debiendo ajustarse al texto oficial aprobado por el Ministerio de Justicia.
“De no cumplirse lo anterior, la editorial infractora incurrirá en multa de trescientas a dos mil unidades de fomento.
“Habrá acción pública para denunciar la infracción”.