Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- RÉPLICA A ALUSIONES DE PRENSA. (Artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS PYMES.
- INTEGRACIÓN
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Mulet Martinez
- Exequiel Silva Ortiz
- Juan Nunez Valenzuela
- Fanny Pollarolo Villa
- Francisco Antonio Encina Armanet
- Haroldo Fossa Rojas
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Carlos Recondo Lavanderos
- Luis Monge Sanchez
- Eugenio Tuma Zedan
- Anibal Perez Lobos
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- VI. FÁCIL DESPACHO
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. Segundo trámite constitucional.
- VII. ORDEN DEL DÍA
- INFORME DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD, SOBRE DESARROLLO HUMANO EN CHILE.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INFORME DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD, SOBRE DESARROLLO HUMANO EN CHILE.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Rosauro Martinez Labbe
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 53ª, en miércoles 17 de mayo de 2000
(Ordinaria, de 10.42 a 14.10 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; y León Ramírez, don Roberto.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS
VI.- FÁCIL DESPACHO
VII.- ORDEN DEL DÍA
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III.Actas 9
IV.Cuenta 9
Autorización a Comisiones para sesionar simultáneamente con la Sala 9
V.Acuerdos de los Comités 9
- Réplica a alusiones de prensa. (Artículo 34 del Reglamento) 9
- Integración de Comisión especial sobre las Pymes 11
VI.Fácil Despacho.
Perfeccionamiento de normas sobre regularización de la posesión y constitución del dominio de la pequeña propiedad. Segundo trámite constitucional 11
VII.Orden del Día.
Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, sobre desarrollo humano en Chile 16
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual incluye en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre servicios aéreos subregionales entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República de Chile, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, y sus anexos, suscrito en Fortaleza, Brasil, el 17 de diciembre de 1996 (boletín Nº 2333-10) (S) 48
2. Moción de los diputados señores Errázuriz, Martínez, don Rosauro, y de la diputada señora Ovalle, doña María Victoria, que amplía plazo para el inicio de la jornada escolar completa (boletín Nº 2503-04) 48
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
-De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día miércoles 17 del mes en curso, a partir de las 11 horas, con el objeto de redactar las conclusiones relativas a las posibles irregularidades cometidas por el Ministerio de Educación en la suscripción y ejecución de los créditos otorgados por el Fondo de Ayuda al Desarrollo, FAD.
Contraloría General de la República
-De la diputada señora Lily Pérez y diputados señores Sánchez y Vega, eventuales irregularidades en materia de personal y gestiones internas de los Consultorios de Atención Primaria de Salud dependientes de la Corporación Municipal de La Florida.
-Del diputado señor Caminondo, sumario administrativo en la municipalidad de Panguipulli.
Ministerio del Interior
-Del diputado señor Van Rysselberghe, medidas adoptadas en el plano regulador de la Octava Región.
-Del diputado señor Recondo, aumento de dotación policial en la Décima Región.
-Del diputado señor Díaz y de la diputada señora González, declaración de zona de emergencia agrícola para la Región de La Araucanía.
-Del diputado señor Kuschel, estado de avance de gestiones para mejorar agua potable en localidades de comunas de Puerto Montt.
-Del diputado señor Navarro, costos estimados para la ejecución del proyecto Parque Nacional Lauca.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-De los diputados señores Pareto, Reyes, Vilches, Ortiz, Mulet, Navarro y Mora, medidas para solucionar la falta de farmacias en las comunas alejadas del centro de la ciudad de Santiago.
-Del diputado señor José García, costo de edición del documento Líderes Mundiales y Estudiantes de Turismo.
-De los diputados señores Urrutia, Sánchez y Navarro, número de reclamos y denuncias formulados por particulares por presunta infracción a las normas de la ley Nº 19.659.
-De los diputados señores Arratia, Sánchez, Velasco, Jaramillo, Delmastro, Ortiz y Venegas, implementación del sistema de posicionamiento satelital.
-De los diputados señores Ceroni, Ojeda, Sánchez, Olivares y diputada señora Caraball, investigación del mercado del arroz paddy.
-Del diputado señor José García, costo de edición de documentos publicados por el Servicio Nacional de Turismo.
-Del diputado señor Muñoz, recurso merluza del sur.
Ministerio de Educación
-De los diputados señores Bertolino, Kuschel, Delmastro, Fossa y Van Rysselberghe, inicio de clases en Liceo Carlos R. Mondaca Cortés, de Vicuña.
-Del diputado señor Kuschel, jornada escolar completa en la Décima Región.
Ministerio de Agricultura
-De los diputados señores Acuña y Girardi, desafectaciones Parque Nacional Isla de Pascua.
Ministerio de Minería
-Del diputado señor Vargas, fechas en que se establecieron los precios del petróleo y de la bencina en sus diferentes octanajes, durante los años 1999 y 2000.
-Del diputado señor Rojas, ventas de ácido sulfúrico.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del diputado señor Villouta, aparición de la termita subterránea en la Región Metropolitana y algunas comunas de otras regiones.
-De los diputados señores José García, Kuschel, Fossa, Cardemil, Acuña y de la diputada señora Cristi, plaga de termitas subterráneas que ha afectado a diversas regiones del país, incluida la Novena Región.
-Del diputado señor Correa, medidas para adelantar llamados a propuestas de las obras de adelanto de la zona Centro Sur.
Comité Olímpico de Chile
-De la diputada señora Cristi y de los diputados señores Errázuriz, Jaramillo, Rosauro Martínez, Mora, Osvaldo Palma, Vega y Vilches, considerar la inclusión de la señora Marlene Ahrens en la delegación chilena que asistirá a los próximos Juegos Olímpicos de Sidney 2000.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
María Antonieta PPD RM 17
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Rafael Arratia.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 48ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 49ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AUTORIZACIÓN A COMISIONES PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, y de Economía, Fomento y Desarrollo, para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, a partir de las 11 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión por cinco minutos y se convoca a reunión de Comités.
V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
El señor Secretario dará a conocer los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, acordaron sesionar hoy, a partir de las 16 horas, para considerar hasta su total despacho, en general, el proyecto sobre seguro de desempleo.
Las Comisiones permanentes o especiales que deseen sesionar simultáneamente con la Sala, deberán pedir la autorización correspondiente.
RÉPLICA A ALUSIONES DE PRENSA. (Artículo 34 del Reglamento).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento de la Corporación, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss, por haber sido aludido en medios de comunicación.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, hago uso del derecho que ha mencionado su Señoría para vindicar mi corrección de procedimientos y mi honra y prestigio, afectados por diversas publicaciones originadas en una versión según la cual habría intervenido ante el ministro de la excelentísima Corte Suprema don Luis Correa Bulo para obtener de la jueza de Colina la libertad de un detenido por manejar, supuestamente, en estado de ebriedad.
No obstante que la propia información de prensa original, publicada el sábado pasado en el diario “La Tercera”, recoge en su contenido que la anterior versión no sería exacta, el diputado señor Pablo Longueira , presidente de la UDI, nuestro colega, que comparte con nosotros responsabilidades en este Parlamento y la tarea esencial del ejercicio democrático, se ha hecho eco de ella y, sin consultarla, la ha multiplicado vocingleramente en otros medios y ha pretendido escribir un nuevo capítulo en la campaña que parece encabezar para desprestigiar, amedrentar e intimidar a los integrantes del Poder Judicial configurando, a su amaño, en este caso, un imaginario tráfico de influencias.
En verdad, el pasado viernes 14 de abril fue detenido por carabineros un ciudadano francés, amigo mío -reconozco las amistades, no las niego-, a quien se imputó conducir en estado de ebriedad, como se imputa a muchos de nuestros compatriotas, exclusivamente sobre la base de una prueba de alcotest. Esa persona, que no había cometido infracción específica ni daños materiales ni lesiones corporales, es decir, que probablemente habría incurrido en un delito de mero comportamiento y no de resultado, el cual tendría que acreditarse en el respectivo proceso, se encontraba sometida a tratamiento médico, viajaba acompañada por un hijo menor de edad y no tenía otros parientes en Chile, salvo una hermana pocos años mayor que él. Es decir, a la molestia propia de la situación que le correspondía enfrentar, se añadían circunstancias personales y humanas dignas de consideración y respeto.
Al día siguiente, el sábado 15, asistido profesionalmente el inculpado por un abogado de mi estudio, se logró situar los antecedentes policiales del caso en la sede del juzgado competente. El abogado solicitó entrevistarse con la jueza, pero ella se negó a concederle la entrevista, rechazó de manera abusiva tomar declaración al inculpado, conforme era su obligación, y dispuso, arbitrariamente, su permanencia en un recinto carcelario hasta el próximo lunes, con lo cual su detención, irregularmente, se prolongaría por más de 72 horas. Con ello, se violentaba lo dispuesto en el inciso final del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, que obliga a todos los funcionarios que intervengan en un proceso a dilatar lo menos posible la detención de los inculpados. Esto es, los obliga a tomarles declaración y a pronunciarse sobre su situación, cualquiera que ella sea; a adoptar la resolución que corresponde en derecho, pero asumir la responsabilidad procesal pertinente en primera audiencia.
Ante esta actitud de contumacia, que importaba lisa y llanamente denegación de justicia, al no poder ubicar al ministro visitador -estamos hablando de un día sábado, alrededor de las 11.30-, se pusieron los hechos en conocimiento del ministro Correa Bulo, única autoridad jerárquica que fue posible ubicar.
El ministro Correa Bulo es una autoridad, un indiscutido superior jerárquico de la jueza. A mayor abundamiento, es el presidente de la sala penal.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado, le resta un minuto.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, me estoy refiriendo a un tema bastante importante. Le ruego me conceda más tiempo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, este derecho tiene un tiempo reglamentario, del cual le resta un minuto.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, los hechos han sido puestos en conocimiento, por el abogado interviniente, del presidente de la Corte Suprema y, por su intermedio, de la Comisión de Ética y Disciplina del Poder Judicial.
Bien pudo el señor Longueira haber evitado los dichos escandalosos en que parece solazarse, si seriamente hubiera investigado los hechos y no supuesto culpas en función de titulares y de noticias. De ese modo, el compromiso cristiano que, entiendo, ambos compartimos y que le inhibe promover escándalos sin fundamento, se habría manifestado en su conducta.
Sin embargo, al parecer, lo que le interesa en estos momentos es tratar de desestabilizar la institucionalidad, de destruir la imagen de independencia y prestigio de nuestros jueces, distorsionando el sentido de sus fallos y de sus actos. Lo hace aun a costa de olvidar la práctica de los valores en que cree, con desconocimiento pleno de la ley y del derecho. Aparentemente, participa en una siniestra operación de inteligencia que, en reacción a los pronunciamientos que formula o se teme formule a futuro el Poder Judicial, busca su desprestigio.
En cumplimiento de sus compromisos con el pasado, la conducta del señor Longueira patéticamente rememora al Tartufo, de Molière, el arquetipo de la hipocresía.
He dicho.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE LAS PYMES.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, a propósito del encuentro de la Cámara con la pequeña y mediana empresa que se efectuará mañana, los Comités acordaron proponer a los siguientes señores diputados para integrar la comisión especial correspondiente:
Señores José Miguel Ortiz, Jaime Mulet, Exequiel Silva, Juan Ramón Núñez; señora Fanny Pollarolo; señores Francisco Encina, Haroldo Fossa, Mario Bertolino, Carlos Vilches, Carlos Recondo, Luis Monge, Eugenio Tuma y Aníbal Pérez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señoras diputadas y señores diputados, las siguientes Comisiones solicitan autorización a la Cámara para sesionar en forma simultánea con la Sala durante la sesión programada para esta tarde: la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a las 16 horas; y la Comisión sobre concesiones viales, a las 18 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
VI. FÁCIL DESPACHO
PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS SOBRE REGULARIZACIÓN DE LA POSESIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL DOMINIO DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. Segundo trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En Fácil Despacho, corresponde conocer, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, de 1979, sobre saneamiento de la propiedad.
Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente es el señor Álvarez-Salamanca.
Antecedentes:
Segundo informe de la Comisión de Recursos Naturales, boletín Nº 2241-12 (S), sesión 40ª, en 12 de abril de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Delmastro, diputado informante alterno.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente pasa a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto que modifica el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz, iniciado en moción del honorable senador don Andrés Zaldívar.
Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del diputado señor Sergio Elgueta y de la fiscal del ministerio de Bienes Nacionales, señora María Cecilia Cáceres.
Como se expresara en el primer informe, la idea matriz del proyecto es modificar el artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, de 1979, para permitir que en el caso de muerte del procesado por inscripción fraudulenta, el poseedor original pueda lograr la cancelación de la inscripción. Para ello se establece un sistema de emplazamiento de los herederos del inculpado, a fin de que se opongan a la cancelación en un procedimiento incidental. Si no comparecen los herederos, el juez puede, de oficio, ordenar medidas para resolver si ordena o no la cancelación.
El artículo 9º referido dice lo siguiente: “El que maliciosamente obtuviere el reconocimiento de la calidad de poseedor regular de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, será sancionado con las penas del artículo 473 del Código Penal.
“Se presumirá el dolo cuando el interesado tuviere, en la fecha de presentación de su solicitud, la calidad de arrendatario o mero tenedor o haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito.
“Si como consecuencia de lo señalado en el inciso primero se interpusiera acción penal, y ésta fuere acogida, el tribunal ordenará que se cancele la inscripción de que tratan los artículos 12 y 14”.
Durante la discusión del primer informe en la Sala, se sostuvo que en el caso de que la inscripción del poseedor material, solicitada al Ministerio del Bienes Nacionales, resulte fraudulenta, se inicia un proceso criminal, que puede terminar entre otras causales, con la muerte del procesado, caso en el cual se produce el sobreseimiento definitivo, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal.
El sobreseimiento definitivo tiene autoridad de cosa juzgada en materia penal, pero no genera cosa juzgada en materia civil cuando existe el delito que ha sido materia de investigación. De conformidad con el artículo 274, Nº 1, del Código de Procedimiento Penal, una vez que el juez haya interrogado al inculpado, lo someterá a proceso cuando de los antecedentes resulte justificada la existencia del delito que se investiga.
Desde ese punto de vista, pudiera parecer innecesario el proyecto, porque bastaría con las normas generales para que el querellante, la víctima del fraude, pueda continuar su acción civil contra los herederos del procesado, de conformidad con lo dispuesto en el Nº 1 del artículo 274, y en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, y en el Nº 1 del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil.
La justificación del proyecto obedece a que se trata de una normativa especialísima, cuya finalidad es crear una propiedad privada en favor de quien no la tenía, mediante la posesión material.
En consideración a lo anterior, el diputado señor Sergio Elgueta presentó una indicación tendiente a contemplar no solamente el caso en que sólo exista condena respecto del procesado que fallece, sino también los casos en que el mismo procesado pueda ser absuelto en primera y segunda instancias, y fallezca mientras el expediente va a la Corte Suprema, a objeto de que los derechos civiles sean cautelados.
Asimismo, durante la discusión en la Sala, se objetó la denominación de sentencia de término, por cuanto no debe confundirse con sentencia final. El Código de Procedimiento Penal utiliza el vocablo de sentencia de última instancia. Su artículo 539 dispone que la sentencia de término condenatoria en procesos sobre crimen o simple delito no tiene la fuerza de cosa juzgada, mientras dura el plazo para formalizar el recurso de casación. De interponerse el recurso mientras pende su conocimiento, aquélla queda en suspenso.
En consecuencia, el procesado puede fallecer antes de la acusación, durante el plenario, durante la sentencia de primera instancia, durante el transcurso de la tramitación de la segunda y cuando está pendiente el recurso de casación en la Corte Suprema.
Por lo anterior, la expresión “sentencia de término” debería reemplazarse por “sentencia firme”, que en definitiva es el fallo que pone fin al proceso.
De aquí se puede inferir que en un proceso criminal podrían existir tres fallos posibles, que pueden culminar en absolución o condena. Si el procesado fallece absuelto en primera instancia, parece necesario considerar que sí resulta justo que se le suponga una conducta fraudulenta que dé derecho al juez para cancelar la inscripción. Más aún, si resulta absuelto en segunda instancia, sería discutible que los herederos sean objeto de la cancelación de la inscripción, si previo emplazamiento del tribunal de que si ellos no se oponen, se proceda de plano.
Si los fallos fueran condenatorios, podría pensarse en una redacción como la propuesta por la Comisión, pero si se parte de la base de que el proyecto sólo se coloca en la situación de la condena, contrariando, de algún modo, la presunción de inocencia garantizada por la Constitución Política, cabría proponer su modificación.
Distinta es la situación cuando el querellante es quien, mediante una acción civil o prosiguiéndola, si la hubiere intentado, impetre la cancelación de una inscripción por un procesado que ha muerto, notificándose de ello a los herederos, conforme con las reglas generales.
En virtud de los argumentos expuestos, se presentó la siguiente indicación para sustituir el artículo único, por el siguiente: “Artículo único.- Agrégase al artículo 9º del decreto ley Nº 2.695, de 1979, el siguiente inciso final: “Si falleciere el procesado antes de existir sentencia firme, sin perjuicio del sobreseimiento definitivo que corresponda, si no hubiere demanda civil, el querellante podrá solicitar por vía incidental al tribunal de la causa la cancelación de la inscripción a que se refiere el inciso anterior en el plazo de sesenta días contados desde la muerte de aquél, debiendo emplazarse a los herederos mediante tres avisos publicados en un diario o periódico de circulación provincial, a su costa, entre cada uno de los cuales deben mediar a lo menos diez días, para que expongan lo que crean conveniente a sus derechos. En su rebeldía, el tribunal realizará, de oficio, todas las diligencias que estimare necesarias para decidir si ordena o no la cancelación impetrada o resolverá de plano si hubiere mérito para ello. Si en la causa criminal hubiere demanda civil, o ella se hubiere interpuesto independientemente, se proseguirá conforme a las normas generales contra los respectivos herederos”.
La indicación es del diputado señor Elgueta y fue aprobada por unanimidad en la Comisión, razón por la cual el proyecto se presenta a la Sala en esos términos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, el proyecto, de origen en una moción del senador señor Andrés Zaldívar, pretende subsanar un vacío legal muy preciso y que provoca dificultades al momento de revisar los actos de regularización de títulos, cuando, como muy bien ha dicho el diputado relator, fallece el regularizador y se ha establecido que en el proceso respectivo se han vulnerado las normas de la ley y, más aún, cometido delitos.
En el segundo informe reglamentario del segundo trámite constitucional, en mi apreciación, sin perjuicio de aprobarse el proyecto, debe hacerse presente la necesidad de que el Ejecutivo estudie un cambio profundo sobre la regularización de títulos de dominio.
A mi modo de ver, al decreto ley Nº 2.695, de 1979, le queda mucho tiempo de vigencia, para bien o para mal. Por eso, reitero la conveniencia de que el Ejecutivo estudie la innovación de esta importante legislación.
Todos sabemos la relevancia jurídica, económica y casi moral de acceder a la propiedad de bienes raíces y de regularizar las posesiones de largo tiempo no amparadas en títulos legales; pero ello, en ningún caso, puede significar la vulneración de derechos de propiedad de personas individuales ni de sucesiones, ni menos la infracción de las normas constitucionales vigentes sobre la materia.
La Corte Suprema ha resuelto que, mediante algunas normas de la ley respectiva, se ha vulnerado la propia Carta Fundamental. Los casos específicos son inconstitucionales, en cuanto a su fondo.
Como en Chile la declaratoria de inconstitucionalidad que resuelve la Corte Suprema, cuando conoce el recurso de inaplicabilidad de las leyes, no genera efectos de carácter general, sino sólo efectos entre las partes del juicio, las normas declaradas inconstitucionales siguen vigentes. Por ello, estimo, sinceramente, que esto es muy delicado, tanto por las implicancias constitucionales como por la existencia de malas prácticas de algunos profesionales y de personas inescrupulosas, que hacen mal uso de la ley de que se trata, privilegiando sus intereses económicos. Debe saberse que su normativa ha provocado la existencia de “loteadores brujos”, que se han hecho millonarios, y ésta es una verdad indesmentible.
En consecuencia, es deber de la autoridad revisar los contenidos de las normas, como los programas y mecanismos de control implementados por el Ministerio de Bienes Nacionales para aplicar las disposiciones vigentes.
Junto con dejar planteada la interrogante, anuncio, por supuesto, mi voto a favor del proyecto, porque soy un opositor al conocido y famoso decreto ley Nº 2.695, aunque espero, reitero, que en el futuro se innove en materia de saneamiento de títulos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elqueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, al igual como lo he afirmado en otras oportunidades y lo ha ratificado hoy el diputado señor Enrique Jaramillo , el decreto ley Nº 2.695, de 1979, es una de las normas que más han revolucionado y trastornado el régimen de inscripción de la propiedad raíz.
Además, debo agregar que no está en crisis la propiedad raíz ni el referido decreto ley. El problema de fondo es que deben modernizarse los conservadores de bienes raíces, de manera que la propiedad, como otros bienes que se inscriben, como los automóviles, tenga un número permanente. Así se facilitaría su transferencia o traspaso a los nuevos adquirentes, y se evitaría lo que ocurre ahora, en que es necesario obtener la posesión efectiva y hacer la partición, procedimientos muy largos, carísimos y que, a veces, dejan a los legítimos herederos como comuneros. Incluso, pueden pasar generaciones y no obtenerse el título definitivo de dominio singularizado. Eso fue lo que trató de evitar el decreto ley Nº 2.695.
Entre paréntesis, el referido decreto ley tiene una larga trayectoria. A partir de una ley dictada más o menos en 1930, se empezó a insinuar que los poseedores materiales podían llegar a la propiedad definitiva. En la legislación sobre la reforma agraria también hubo disposiciones de esta naturaleza, hasta llegar al decreto ley Nº 2.695.
Es efectivo que, en algunos casos, la Corte Suprema lo ha declarado inconstitucional; pero eso representa menos del 0,01 por ciento de todos los títulos otorgados por el Ministerio de Bienes Nacionales. En el gobierno pasado se batió el récor en cuanto a la obtención de títulos, y en una gran mayoría no fueron objetados. Generalmente, se recurre a la Corte Suprema cuando estos conflictos se producen sobre propiedades subavaluadas por el Fisco y que están situadas en lugares de privilegio en ciudades grandes, pero a una inmensa mayoría de personas, por no decir prácticamente el 99,99 por ciento, se les otorga título, con lo cual pueden acceder a las vías bancaria, financiera, comercial, etcétera. O sea, este decreto ley ha sido de enorme utilidad.
No obstante, ocurren abusos, porque algunas personas, falseando los hechos y los documentos y mudando la verdad, obtienen en forma ilegal un título de esta naturaleza por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. A eso se refiere el artículo 9º actual del decreto ley Nº 2.695. Sin embargo, no se contempló qué ocurre cuando hay un proceso pendiente y el procesado fallece. En estos casos, la ley señala que se debe sobreseer definitivamente la causa; pero ¿qué pasa con la acción civil, que fue precisamente la idea que tuvo el querellante para recuperar su propiedad? Esa situación es la que trata de resolver el proyecto.
Señalé, tanto en la Comisión como en la Sala, que, de acuerdo con las normas generales, el sobreseimiento definitivo tiene autoridad de cosa juzgada en materia penal, pero no genera cosa juzgada en materia civil cuando existen delitos que han sido materia de la investigación.
Acá, para no aplicar esta norma general, parece prudente fijar una norma especialísima, ya que el decreto ley Nº 2.695 también es especialísimo, y facilitar procesalmente la acción civil a los herederos del querellante. Esta situación está muy bien explicada en el informe, de manera que no voy a repetirla.
En mi opinión, tal como quedó redactado el artículo único se perfecciona la norma, pues se establece en qué caso hay acción civil y en cuál ésta no se dedujo. Justamente, en este último caso es cuando, procesalmente, se facilita la acción mediante un procedimiento incidental a los herederos del querellante que reclaman la propiedad adquirida fraudulentamente.
Por las razones anteriormente señaladas, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se llamará por cinco minutos a los señores diputados para poner en votación el proyecto.
Se suspende la sesión.
-el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
En votación particular el proyecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
El señor JEAME BARRUETO(Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Familia pueda sesionar simultáneamente con la Sala, a partir de las 16.30 horas.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, ¿podría solicitar nuevamente el asentimiento de la Sala, dado que hay personas invitadas a la Comisión?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Familia pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo, señor diputado.
VII. ORDEN DEL DÍA
INFORME DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD, SOBRE DESARROLLO HUMANO EN CHILE.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde iniciar la discusión del informe sobre Desarrollo Humano en Chile elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud.
Los Comités parlamentarios acordaron contar con la presencia de los representantes del Pnud en esta sesión, señores Eugenio Ortega, Norbert Lechner, Pedro Guell y Rodrigo Márquez, quienes expondrán sobre el tema. Luego, harán uso de la palabra los señores diputados, de acuerdo con los tiempos señalados en la convocatoria de la sesión.
Tiene la palabra el señor Eugenio Ortega.
El señor ORTEGA (Representante del Pnud).-
Señor Presidente , señoras y señores diputados: para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano constituye un gran honor ser recibidos en sesión plenaria de la Cámara de Diputados para debatir acerca de preocupaciones que ustedes han manifestado a través de su Presidente , sobre la brecha existente -y yo diría creciente-, entre sociedad y política.
Esta iniciativa se concreta después de que el representante residente del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo hiciera entrega oficial del Informe de Desarrollo Humano 2000 al Presidente de esta Corporación.
Los informes de desarrollo humano se preparan sobre la base de un acuerdo entre el Gobierno de Chile y las autoridades del Pnud. En él participa el equipo presente en esta Sala, señores Norbert Lechner, Pedro Guell, Rodrigo Márquez y quien habla, con la cooperación de muchas instituciones y consultores.
Nuestro trabajo se realiza con plena autonomía, con una sólida base empírica, tratando de poner de manifiesto desafíos que, después de consultas a diversos personeros del quehacer nacional, nos parecen relevantes. En este caso, el subtítulo de nuestro informe fue: “Más Sociedad para Gobernar el Futuro”.
A pocos días de la entrega oficial del Informe al Gobierno -el 9 de marzo-, hicimos llegar a cada parlamentario nuestro trabajo. Hoy queremos hacernos cargo muy sintéticamente de uno de los desafíos que en él se presentan y que entendemos es la preocupación principal de esta sesión especial.
Por ello, entregaremos una breve reseña de nuestro diagnóstico.
Existe una preocupación común acerca de la desconexión entre la política y la experiencia concreta de los chilenos. Podría hablarse de una crisis de representación en un doble sentido. Las personas no ven representadas sus inquietudes en las instituciones políticas y, por otra parte, en algunos casos la gente pone poca atención a los discursos políticos, sobre todo cuando éstos tratan de conflictos autorreferidos.
Veamos someramente algunos síntomas de esta brecha entre política y sociedad que entrega el informe.
En primer término, en el cuadro que ven en la pantalla, ustedes pueden apreciar que la gente percibe claramente que, en el modo de vida, la influencia es atribuida mucho más a la economía que a la política; por lo tanto, distintos aspectos, tales como la rentabilidad de las AFP, la calidad de la situación escolar, el desempleo, los valores de la gente, inclusive, están mucho más atribuidos al quehacer económico que al quehacer político. Ésta es la manera como informan los medios de comunicación al país. Es decir, la economía aparece como el ámbito hegemónico de la actividad social, que influye en forma significativa en la vida de las personas.
Por otro lado, esta percepción de hegemonía de la economía sobre la política puede inducir a muchas personas a sentir que los procesos de modernización no valoran suficientemente su subjetividad.
Muchas chilenas y chilenos no perciben reconocimiento alguno de su dignidad personal e identidad social, de la protección de sus intereses vitales o de la integración a un esfuerzo colectivo.
En razón de la insatisfacción de estas demandas fundamentales, pareciera, para muchas personas, que la política resulta ineficaz, así como en ciertos casos los partidos políticos parecen influir poco en aspectos importantes de la vida cotidiana. No debería sorprender, entonces, el grado de desafección política.
De lo anterior, entre otras razones, se deriva quizás una baja confianza de la gente en instituciones como el Congreso Nacional y los partidos políticos, aspecto que ha sido puesto de relieve en varias otras encuestas. Pero al comparar el estudio mundial de valores de 1990 con la encuesta del Pnud de 1999, se puede observar que hay una baja considerable de las preferencias por las funciones de algunas instituciones del Estado, en especial, de algunos organismos de la estructura política, como el Parlamento. En el estudio mundial de valores realizado por la Universidad de Michigan en diversos países del mundo, en 1990, era del 63 por ciento; en la encuesta de 1999, del 20 por ciento. La confianza en la institución de los partidos políticos, que no se incluyó en el estudio mundial de valores, llega al 14 por ciento en nuestro país.
Por otra parte, en la encuesta realizada por el Pnud, alrededor del 47 por ciento de los entrevistados manifestaron una alta desafección por la política; es decir, casi la mitad de los entrevistados. A la inversa, sólo un 32 por ciento de ellos manifiesta un bajo nivel de desafección. En los primeros se encuentran los jóvenes entre 18 y 34 años, el grupo socioeconómico bajo y quienes tienen educación media incompleta. Aquellos que tienen menos desafección son personas mayores de 35 años, educación media o superior completa y que pertenecen al grupo socioeconómico medio alto y alto.
Otro antecedente relevante puede ser el de los liderazgos políticos que, al parecer, no están convocando a los chilenos a expresar sueños o aspiraciones colectivas. En el cuadro puede observarse que, ante la pregunta, “En el último tiempo, ¿ha escuchado hablar de algún personaje público que lo haya hecho soñar con un país mejor?”, el “sí” fue del 29 por ciento, y el “no”, casi el 70 por ciento. En esta encuesta el trabajo de terreno se realizó en agosto del año pasado.
Otro de los hechos relevantes que presenta el informe es la percepción que tienen los chilenos, por un lado, de un país dividido: un 67 por ciento, y, por otro, la existencia de discriminación por motivos socioeconómicos: 62 por ciento. Lo importante es que los chilenos y chilenas, por las razones ya esbozadas o por otras que se entregan en el informe y en otros estudios, valoran cada vez menos las democracias. Quiero llamar la atención de los señores diputados sobre este cuadro, que considero de suma trascendencia para la vida del país.
En la encuesta Flacso de 1989, encontramos lo siguiente: “La democracia es preferible a cualquier otro sistema en cualquiera circunstancia”: 64 por ciento. En 1999, en la encuesta que realizó el Pnud, llega al 45 por ciento. Ante la opción “no importa cuál régimen político prevalezca”, la respuesta crece en forma importante, del 21 al 31 por ciento. Y si gobiernos no democráticos pueden ser mejores, del 12 al 19 por ciento. Por cierto, estas respuestas son distintas y se pueden diferenciar debido a la adhesión de las personas a las distintas grandes corrientes estructuradas que van de la Izquierda a la Derecha.
El resultado de la encuesta Flacso de 1989, según la cual el 64 por ciento consideraba preferible la democracia en cualquiera circunstancia, y que en la encuesta del Pnud también logra una adhesión mayor, puede ser un importante mensaje a los partidos políticos y, por supuesto, a quienes forman la Cámara de Diputados de Chile. De allí deriva una pregunta relevante que el informe trata de responder y sobre la cual debemos centrar nuestra atención: ¿Cómo disminuir la brecha entre sociedad y política? Creemos que la primera afirmación básica es que resulta peligroso que la brecha entre sociedad y política aumente, porque ello significaría que la política y los partidos pierden su soporte social. Asimismo, la sociedad perdería una instancia privilegiada de regulación y conducción. Formulado en términos positivos, queremos decir que es indispensable reducir la mencionada brecha no sólo para que la política vuelva a tener un anclaje en la sociedad, sino para que logre encauzar los procesos sociales hacia un desarrollo socialmente sustentable.
Ahora bien, la tesis que se desprende del informe “Desarrollo humano, Chile 2000”, afirma que la reconstrucción del nexo entre política y sociedad depende del fortalecimiento de los vínculos sociales y de la capacidad de la sociedad de incidir en el desarrollo del país. Sobre esta base será posible fortalecer y renovar la institucionalidad democrática. En consecuencia, se sugiere una estrategia que denominamos “ciudadanizar la política”; es decir, enfatizar qué problemas, soluciones y experiencias concretas -a partir de las cuales se pueda reconstruir el vínculo entre el ciudadano y la política- sean puestos de relieve en esta relación.
En la perspectiva de una ciudadanía activa, el fortalecimiento de la sociedad abarca, al menos, dos ámbitos fundamentales: las aspiraciones colectivas de la gente y la asociatividad. Es dable suponer que las personas puedan asumir el futuro y gobernar los cambios en marcha, en tanto tengan un sueño del futuro deseado. Como decimos en el informe, “una sociedad puede ir donde quiera, siempre que defina hacia dónde quiere ir”. Lo anterior implica un horizonte común de futuro -lo subrayo-, que sólo surge de conversar sobre nuestros sueños o aspiraciones individuales y colectivos. De hecho, de acuerdo con la encuesta del Pnud, existe una valoración muy positiva de los chilenos por las aspiraciones o sueños.
En el informe del Pnud se dice algo muy importante: que los chilenos quieren y valoran el significado de los sueños, de las aspiraciones, de mirar el futuro, más allá de la existencia cotidiana de la gente. ¿Los sueños son algo inalcanzable o los sueños pueden hacerse realidad? El 78 por ciento responde positivamente. ¿Es bueno soñar en todas las etapas de la vida? El 92 por ciento responde afirmativamente. En los tiempos que vivimos, ¿es necesario soñar para poder enfrentar mejor el futuro? El 84 por ciento responde que sí. Más aún: mi principal objetivo es traspasar los sueños a mis hijos o que mis sueños puedan seguir siendo propios. El 54 por ciento considera que también pueden ser importantes. Es decir, hay una valoración relevante de los sueños.
Sin embargo, también tenemos que señalar que en los grupos de discusión y en el trabajo no cuantitativo como éste, sino en el cualitativo, que hacemos en nuestro esfuerzo por dar base empírica a los informes, encontramos que las aspiraciones están, de alguna manera, bloqueadas en la conciencia de las personas. Parece haber dificultades para hablar acerca de los sueños del país, tal vez porque se tiende a suponer que ellos no son factibles, ya sea porque la sociedad no tiene capacidad de decidir en la construcción del futuro o porque el pasado ha dejado experiencias traumáticas.
Así se alimenta cierta desesperanza, y si no existe un horizonte futuro para construir en el barrio, en la comuna, en la ciudad o en el país, la gente tiende a colocar su mirada y sus anhelos en el presente, a privatizar sus vidas y a atomizarse. La política, muchas veces, no tiene respuestas para el aquí y el ahora, muy especialmente por parte de los parlamentarios y de los partidos.
Se produce una asintonía en la noción de tiempo. El tiempo de la gente que vive aislada y sólo el momento presente, y el de la política, que tiene ritmos y objetivos a cierto plazo. Los trabajos empíricos del informe nos llevan a concluir que, una vez que las personas entran en confianza, suelen descubrir pronto que comparten aspiraciones comunes; o sea, la oportunidad de poder conversar -subrayo esta palabra- sobre el futuro deseado, parece ser una condición crucial para “ciudadanizar la política” y acercar la temporalidad de la gente con la de la política.
¿Cuáles son los contenidos de los sueños o aspiraciones que se desprenden del informe? La encuesta del Pnud permite, primero, visualizar dos aspiraciones sobresalientes: un país económicamente desarrollado, el 37 por ciento, y un país más igualitario, el 32 por ciento. Todo ello se resume en humanizar la vida de la familia, de la calle, de las personas, del trabajo, del consultorio, de la escuela.
En el trabajo cualitativo hecho conjuntamente con la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, se notan cuatro grandes temas: la igualdad, el fortalecimiento de lo común, la integración con diversidad y un concepto que -como ya decíamos- incluye prácticamente lo anterior: la humanización.
Según vimos, una primera condición de la acción ciudadana radica en la capacidad de generar un proyecto o aspiraciones compartidas de futuro; pero no basta tener un objetivo, pues hay que contar con los medios para realizarlo; la segunda, consiste en la capacidad de los individuos de organizar una acción colectiva.
El informe del Pnud analiza esas capacidades sociales de los chilenos mediante dos procedimientos: por una parte, crea el primer mapa nacional de asociatividad de Chile, mostrando los tipos de asociaciones existentes, su peso relativo y su distribución regional. Quiero subrayar que éste es el trabajo más amplio realizado en Chile sobre las organizaciones, no sólo por regiones, como ustedes pueden ver en el cuadro que se muestra, sino también por temas, lo que encontrarán en el informe.
Hicimos un catastro de 83.386 organizaciones, las cuales están en los ámbitos económicos, sociales, vecinales, deportivos. Hay una distribución un tanto desigual en la relación de organizaciones por cada 10 mil habitantes; obviamente, este trabajo no es exhaustivo, hay que completarlo, porque aquí no se toma, por ejemplo, la asociatividad religiosa. Curiosamente, las iglesias no tienen un registro de sus propias organizaciones de base, que es muy importante en el porcentaje de participación de la gente en asociatividad en el país. Esto quiere decir que, en definitiva, tenemos una base nacional de asociatividad existente que, muchas veces, tomamos muy poco en cuenta.
Por otra parte, el Informe de Desarrollo Humano 2000 ofrece un estudio sobre el capital social en Chile. Cuando hablamos de capital social no estamos inventando un término. Hoy, desde el Banco Mundial hasta el Fondo Monetario se dan cuenta de que el capital social, que tiene que ver con la confianza, la reciprocidad, el compromiso cívico, es un elemento fundante, que le da sustentabilidad a las posibilidades de desarrollo y a la convivencia de un país y, por supuesto, a la democracia.
En definitiva, ahondar en el capital social fue una de las metas del trabajo del informe, no sólo sobre la asociatividad, sino sobre los otros elementos que acabo de mencionar: confianza, reciprocidad, compromiso cívico. Encontramos dos resultados básicos: la distribución desigual del capital social en Chile en beneficio del grupo socioeconómico alto y la existencia de un capital social informal, en especial entre los jóvenes y el sector medio.
Sobre la base de estos antecedentes, quiero presentar el principal resultado del informe. Hemos comprobado empíricamente que las personas que más valoran las aspiraciones y los sueños, y que exhiben un mayor capital social, un mayor vínculo social, suelen ser, asimismo, las que manifiestan una mayor participación política. Éste es un tema, a nuestro entender, clave para hacer más fuerte y sostenida la gran tarea: “ciudadanizar” la política.
Vale decir, entonces, existe un triángulo virtuoso, que vincula aspiraciones colectivas, capital social y acción ciudadana. En este sentido, reitero la tesis inicial: cuanto más fuerte sea el vínculo social más activa será la ciudadanía.
El informe muestra que Chile tiene potencialidad -y lo subrayo- para incrementar las capacidades sociales de las personas. Pero este potencial no se despliega por sí solo; hay que activarlo, promoverlo y cuidarlo.
Pues bien, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los partidos políticos para fortalecer las capacidades de la sociedad? Estamos convencidos de que la política puede realizar una contribución decisiva al crear un entorno favorable para el despliegue del capital social en general y, particularmente, de la asociatividad.
Permítanme esbozar dos líneas de acción. En primer lugar, se requiere una política que convoque a soñar con un país mejor, más desarrollado, más igualitario con las características de los sueños y aspiraciones de la gente. Los partidos y sus dirigentes deberían impulsar, especialmente, todas las iniciativas que permitan a la gente conversar sobre el futuro, compartir sus temores y anhelos, y descubrir los intereses que la gente expresa como comunes.
Para facilitar esa conversación social, se requieren lugares de encuentro. La política puede ayudar a incrementar las capacidades sociales de la gente, creando y dinamizando el ámbito público. Hay un gran número de ámbitos públicos que muchas veces no se usan con la debida productividad, como por ejemplo, las escuelas en relación con la sociedad o barrio. Entonces, se puede facilitar la conversación social usando los espacios públicos, que deben multiplicarse.
Y es en el ámbito público donde justamente está la drogadicción y la delincuencia. Si la gente no se apodera de él, no va a haber posibilidad alguna de superar esos problemas sociales. Es en la esfera pública donde el individuo puede manifestarse como ciudadano.
Lo público no es lo estatal. Hay muchas actividades privadas que pueden ser elemento de lo público. Los partidos no sólo deberían salir a la sociedad y trabajar como un fermento del debate ciudadano, sino que también deberían permitir ingresar a sus espacios y organizaciones la voz de la gente.
El quehacer partidario tiene que orientarse en ese sentido. Cada individuo tiene algo que entregar. Los partidos deben abrirse hacia las personas, deben escucharlas y poner atención a sus inquietudes y sueños.
Este es un anhelo absolutamente expresado en los trabajos del informe, pero solamente escuchan las conversaciones sociales quienes manejan sus claves y, muchas veces, los códigos de la vida diaria no son los del sistema político. Debemos aprender a descifrar la realidad social, que ha cambiado enormemente, y los informes del Pnud quieren ser una de las herramientas para este análisis.
En segundo lugar, la política puede crear un entorno favorable al desarrollo de lazos de confianza y cooperación de las personas. Reitero aquí el mensaje del informe: existe materia prima para una ciudadanía vigorosa. Ello depende de si la política pone una mirada central y prioritaria en la sociedad.
A continuación, me referiré a la confianza en las instituciones según la confianza en la acción. El cuadro que se exhibe demuestra que lo que estamos diciendo tiene una base empírica fuerte: la confianza en las instituciones de aquellas personas que tienen confianza en la acción colectiva.
El municipio, por ejemplo, es fuertemente valorado por quienes tienen confianza en la acción colectiva. El gobierno, los tribunales de justicia, inclusive aquellas instituciones que aparecen muy mal evaluadas en la confianza pública, aparecen mejor evaluadas, como el Congreso Nacional y los partidos políticos, por aquellas personas que tienen confianza en la acción colectiva.
En síntesis, ¿qué se espera de la política, según nuestro informe?
1º Abrir espacios y conversaciones para que la gente pueda expresar el sueño de país que lleva adentro;
2º Promover relaciones de confianza y cooperación;
3º Impulsar la asociatividad;
4º Ampliar los espacios públicos e incentivar a los ciudadanos a ocuparlos;
5º Fomentar la cultura cívica, especialmente en el proceso educativo;
6º Ayudar a tener confianza en la capacidad de las organizaciones de incidir en gobernar el futuro, y
7º Asumir la memoria en su diversidad y construir acuerdos de futuro.
En síntesis, creemos que se requiere de una política preocupada de la calidad de la vida social.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se ha cumplido el tiempo, señor Ortega.
El señor ORTEGA.-
Termino en un minuto, señor Presidente.
El principal mensaje del informe es la fortaleza del vínculo social, puesto que él condiciona la participación ciudadana y, por ende, el anclaje de la política, en especial de los partidos políticos en la vida social.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Muchas gracias, señor Ortega.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , el hecho de que hoy esta Corporación abra sus puertas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de conocer su último informe, constituye una muestra más del compromiso que cada uno de los 120 parlamentarios que conforman esta Cámara de Diputados tenemos para con los problemas reales de la gente.
Y no podía ser de otra manera, puesto que la labor esencial de cada uno de nosotros es ser representantes populares. Ello obviamente dice relación con lo que deberíamos expresar aquí cada uno de nosotros de los problemas que la ciudadanía, día a día, sufre, vive y experimenta en sus comunas, distritos y regiones.
Eso tiene que ver, tal como se señaló, con las mayores o menores posibilidades que hoy cada uno de los chilenos tiene de soñar con un país que verdaderamente nos sea propio, que nos pertenezca a todos por igual.
Por eso, me alegro de que al concluir este informe, se haya destacado el hecho de cómo poder relevar las formas de asociatividad, de participación, de construir un país distinto.
Pertenezco a una generación de jóvenes que por allá en los ‘80 entramos a la vida pública, a la vida política, en mi caso, con orígenes y con mucha participación en la iglesia, porque verdaderamente queríamos cambiar este país que no nos parecía cristiano ni humano, que tenía un gobierno que no nos gustaba y un modelo de sociedad del cual no nos sentíamos partícipes.
Hoy, cuando se ha recuperado la democracia y hemos tenido el privilegio de representar a estas generaciones y a esa ciudadanía que aspiraba y aspira tener un país mejor, no podemos eludir nuestra responsabilidad de seguir transformando este país.
Sin duda alguna, y es por todos aceptado, hemos tenido tiempos que han sido absolutamente perdidos en materia social. La llamada década perdida, en la cual las grandes transformaciones estructurales y económicas no han ido acompañadas de la preocupación social. Al inicio de los años ’90 hubo un cambio de administración en nuestro país, y desde entonces se enfatizó el quehacer social y el centro de las preocupaciones fue la persona humana y no sólo el factor productivo ni la actividad económica.
Con el Presidente Aylwin comenzamos una década de crecimiento con equidad, que seguimos con el Presidente Frei y que hoy, al inicio del nuevo milenio, estamos perfeccionando aún más, con la capacidad de soñar un Chile distinto, con el Presidente Lagos.
Sin duda alguna, hoy el crecimiento es distinto, porque va acompañado de políticas sociales. Se ha dejado de lado lo meramente asistencial para entrar en una fase de verdadero desarrollo. Estas políticas sociales que han acompañado a los gobiernos de la Concertación se pueden mejorar aún más.
Para contextualizar lo que hoy se está llevando a cabo, es necesario echar un breve vistazo a lo que antes se hacía. Quiero ejemplificar este punto con una experiencia que tuve como gobernador provincial cuando me tocó representar al Presidente Aylwin en la provincia de Melipilla, donde tuve ocasión de conocer la comuna de Curacaví en mi primera visita como autoridad provincial. Con el alcalde de la época pude ver cómo se estaba construyendo este país. Conocí la población “ Williams Rebolledo ”, habitada por familias que habían sido erradicadas del sector alto de Santiago. El recuerdo que guardo de ese contacto es el de haber estado en una ciudad fantasma. Prácticamente todas las familias que vivieron allí durante algunos meses habían regresado a sus lugares de origen o a distintos sitios de la capital. Esas familias fueron tomadas como objetos que molestaban en algún sector de Santiago y llevadas donde no incomodaran. Es cierto que se les dio una vivienda, las que terminaron sin puertas, ventanas ni artefactos sanitarios, los que fueron comercializados, porque a esa gente nunca se les aseguró una fuente laboral ni hubo preocupación por mantener una raíz comunitaria, tan necesaria a la hora de buscar un desarrollo que vele por las personas más allá del aspecto material.
El desarrollo actual es absolutamente distinto del de la década del 80, período en que se edificaron verdaderas ciudades fantasmas. Hoy, las familias tienen acceso a viviendas de mejor calidad, no sólo de mayor superficie, que ha aumentado de 30 metros cuadrados en la década del 80 a 45 ó 50 metros cuadrados en la actualidad, sino que, además, se entregan con pavimentos terminados. Incluso, los gobiernos de la Concertación han impulsado iniciativas como los pavimentos participativos. De esa manera, se saldaron antiguas deudas sociales contraídas con familias que accedieron a casas propias que no contaban con toda la infraestructura necesaria. Ahora, las poblaciones se entregan con sedes comunitarias que, como señala el informe del Pnud, son lugares de impulso del desarrollo humano y de la asociatividad entre vecinos. Si analizamos el problema desde un punto de vista urbanístico, la forma en que hoy se construyen barrios y ciudades nos lleva a concluir que nuestro país es distinto.
También hemos dado pasos sustantivos en otros aspectos, como la salud. El Presidente de la República , como corresponde a un estadista, ha puesto de relieve el tema al decir que la salud de los chilenos no puede esperar. Cuando se exhorta a terminar con las colas en los consultorios, estamos hablando no sólo de estadísticas, sino de personas que día a día enfrentan problemas de salud, que no cuentan con los recursos mínimos para solucionarlos y que deben llegar a los consultorios a las 2, 3, 4 ó 5 de la mañana para intentar obtener un número y ser atendidas. Estamos hablando de hacer nuestro, desde el Gobierno, el dolor humano y los problemas de la gente. Ahí está la vinculación, como señala el informe del Pnud, que debemos lograr entre los problemas reales de la gente y los actores políticos, los parlamentarios, sus representantes populares. Ése es el norte que nunca debió perderse en nuestro país.
El problema social no es de hoy, sino de larga data; diría que está enraizado en la historia del país. Lograr un desarrollo humano, como se ha planteado, es también un imperativo que debe movernos a lograr cambios estructurales. Es cierto que en los últimos años se ha logrado una transformación económica que persigue la estabilidad y la modernización de las estructuras productivas, pero ello no es suficiente. Tal como lo han señalado los representantes del Pnud, hoy existe una creciente conciencia de la gente en cuanto a demandar una atención prioritaria de sus problemas sociales, los cuales, como lo hemos visto en nuestro país y últimamente en otros de América Latina, alimentan las inestabilidades sociales y políticas, capaces de minar cualquier reforma económica.
Para la Concertación, en particular para los democratacristianos, las reformas sociales que nos alienta a seguir adelante en su informe el Pnud, representan un ineludible imperativo ético del que ningún chileno debe rehuir y que se relaciona con el esquema económico que aún se mantiene en nuestro país. Hemos avanzado mucho. De los 5 millones de pobres que en 1988 Alejandro Foxley se atrevió a denunciar ante el país, que equivalen al 48 por ciento de la población, cifra que en su momento fue desconocida por el gobierno de turno, pero más tarde ratificada por estudios serios, incluso extranjeros, hemos llegado al 22 por ciento.
Qué duda cabe de que durante los gobiernos de la Concertación hemos avanzado en la superación de la pobreza. Sin embargo, hoy estamos entrando en la pobreza más dura, en la que no bastan los programas sociales impulsados por el Gobierno; en la pobreza crítica, en la cual la gente ni siquiera sabe que existen esos programas o fuentes de financiamiento que la ayuden a superar su situación de miseria. Por tal razón y a raíz de las cifras entregadas por el informe del Pnud, es necesario que demos pasos aún más significativos, que seamos capaces de innovar, que no sólo sigamos esperando en las ventanillas de la administración pública a que la gente llegue con sus demandas, en busca de subsidios, de la solución a sus problemas de salud o de matrícula escolar se requiere que vayamos en busca de la demanda de aquellos hermanos nuestros que están postrados en la miseria y que ni siquiera cuentan con la orientación mínima para conocer los caminos necesarios para superarla. Debemos explorar nuevos caminos e iniciativas que nos permitan salir del tradicional esquema burocrático y administrativo que muchas veces se transforma en una verdadera pesadilla para los ciudadanos que llegan en busca de ayuda. Respuestas como “consulte en la oficina de preguntas”, que en ocasiones se da a quienes buscan una solución y que ni siquiera han cumplido con la escolaridad básica, son atentatorias contra la dignidad de esas personas.
Por ello, es bueno relevar la reforma constitucional que impulsó el Presidente Frei y que hoy continúa con tanto énfasis el Presidente Lagos. Se trata de una reforma visionaria. Según nos explicaron técnicos en la materia, las futuras generaciones -nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos- tendrán dos años y medio más de educación que la que nosotros recibimos. ¿Es sólo más instrucción, más conocimiento, más preparación? No, señor Presidente, significa entregarles a esas generaciones la posibilidad de un futuro mejor, de más conocimiento, de una comprensión más acabada no sólo de nuestro país, sino del mundo entero en la actual economía globalizada que vivimos; significa pensar e invertir sólidamente en el futuro de nuestro país.
Valoro que hoy, junto con repasar los índices que reflejan que hemos ido avanzando, a la luz del informe del Pnud, seamos capaces de entender que nuestro desarrollo debe ser guiado no sólo desde arriba, sino trabajado con la gente, en forma participativa, porque cada familia que necesita nuestro esfuerzo para mejorar su calidad de vida debe ser la protagonista del cambio del Chile que viene.
Debemos ser capaces de gobernar esos cambios, lo que, como muy bien ha señalado el Pnud, implica apropiarse del futuro y ser capaces de soñar hoy con un país mejor, de pensar que los cambios son posibles y que se puede lograr un Chile más humano. Tocqueville decía que cuando una sociedad no tiene cura, es soportable; pero cuando hay la percepción de que tiene solución, se hace absolutamente insoportable. En esa situación estamos. Hoy, la gente percibe y siente que es posible mejorar su calidad de vida. Tal vez, por eso, muchas veces la espera se hace insoportable.
No podemos cejar nuestros esfuerzos en lograr un futuro mejor para nuestros compatriotas socialmente postergados.
Valoro el informe del Pnud, porque no hace más que develar una realidad en la cual muestra que los chilenos creen en un país mejor; que cuando se les muestran soluciones son capaces de asumirlas con responsabilidad; que es posible acercar la política a la gente, en la medida en que responda a los problemas reales de la población; que la gente tiene deseos de participar en la solución de sus problemas; que debemos llegar hasta la gente y construir con ella la posibilidad de un Chile mejor.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente , quiero felicitar al Pnud por su informe, en el cual refleja el desapego ciudadano al sistema político en Chile, lo que debe generar un debate nacional que comprometa a los partidos políticos, al Parlamento, al Gobierno, a los medios de comunicación, a los dirigentes políticos, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía.
Es evidente que se trata de un asunto que afecta, en mayor o menor medida, a todos los sistemas democráticos del mundo. No es un tema puramente nacional.
Eso tiene que ver con muchos factores. En primer lugar, los grandes cambios de hoy, lo que ayer llamábamos las grandes revoluciones, no pasan por la vía de la política, la cual, desde el punto de vista de su capacidad interpretativa y de sus instrumentos está muy atrás respecto de los cambios en la economía, en la tecnología, en la ciencia y en las comunicaciones. Me atrevo a decir que la política no logra interpretar el sentido, la dimensión, la velocidad, el ambiente que los cambios generan en un mundo globalizado y altamente tecnologizado como el que vivimos.
La política también ha perdido funciones y con ello poder, que se han trasladado a los medios de comunicación o a otras esferas de la vida. Han desaparecido las bases que históricamente crearon a los partidos políticos. En la actualidad, las ideologías no tienen centralidad; la política es un espacio -si lo es- de la vida de las personas y no como en el pasado, un aspecto fuerte de su identidad.
Quiero recordar que cuando nacen los partidos políticos se apoyan en dos grandes pilares de la construcción de la política de hace dos siglos: la ideología y los grupos sociales más o menos homogéneos de la sociedad industrial. Hoy día, ninguno de esos dos factores tiene centralidad, pues dichos grupos homogéneos ya no existen en la sociedad globalizada.
A los partidos políticos y a la política les cuesta trabajar en este nuevo escenario. Ello explica también el sentimiento de no respuesta que la población observa de los partidos y el privilegio que da a figuras individuales que comunican sentimientos, emociones y soluciones. Me parece grave para el sistema político que estamos construyendo, que sólo el 53 por ciento de los chilenos adhiera al régimen democrático tal como éste se configura. En el 47 por ciento restante hay desafección, desencanto por el mantenimiento de los enclaves autoritarios y franjas que creen en un sistema democrático tutelado.
En el informe, los partidos políticos aparecen -creo que corresponde a la realidad- como los peor evaluados por la opinión pública. Hay una crisis de credibilidad y de relación con la sociedad; una crisis por la autorreferencialidad en que viven los partidos políticos y las organizaciones que trabajan y difunden las culturas desde el Estado; hay disputas internas, cuoteos de cargos públicos, excesiva colocación en el Estado y falta de presencia capilar y constructiva en la sociedad civil.
A mi juicio, se requiere una apertura de los partidos a la sociedad, comprender a fondo los cambios que se producen en la estructura social, en la sicología del ser humano enfrentado a la economía de mercado, a la competencia, a la invasión planetaria de las comunicaciones, a las expectativas no satisfechas.
La política, en la era de la globalización, de la economía de mercado, de la atomización social, de la movilidad laboral, es completamente distinta a la de los años sesenta. No abundaré en el tema, por falta de tiempo.
Los partidos deben establecer mayor cercanía con la sensación de desamparo y de inseguridad sobre el futuro que viven amplias franjas sociales del país. Temas como la frustración por el tipo de trabajo, por el exceso de horas laborales, por la baja remuneración, por el temor a la desocupación e, incluso, la depresión por la falta de sentido que provoca la sociedad actual, deben formar parte de las agendas partidarias. Temas que ayer eran típicos de la vida privada, hoy son de la política; pero muchas veces los partidos políticos no están en condiciones ni preparados culturalmente para abordar el fenómeno de desafección de la sociedad.
Se requiere una profunda reforma de la vida de los partidos. Todos debemos caminar a colectividades más valóricas, que no se ocupen sólo, como los ve la población, de la gestión y distribución del poder.
Quiero interpretar con un axioma una idea de fondo: los partidos nacen para representar; pero, a medida que se desarrolla la elitización del poder y de la democracia, han ido reemplazando a la sociedad más que representarla.
Vivimos un fenómeno en que tenemos partidos políticos con menos representación social, menos influencia y menos funciones que los de los años sesenta, pero con cuotas de poder mucho mayores. Esto no tiene que ver con los partidos de Gobierno, sino con todos. Este es el “Estado de los partidos”, y la crisis que denota el informe del Pnud es la crisis del Estado de los partidos, es decir, un Estado que se sustenta en el copamiento partidocrático del conjunto de las funciones públicas por los partidos.
Es evidente que hay una distancia entre la popularidad de los líderes ciudadanos con prestigio y credibilidad, que trabajan por los problemas de la gente, y las expectativas y estructuras orgánicas partidarias.
Debemos tener en cuenta que, de alguna manera, estamos caminando hacia un tipo de democracia del público, de los espectadores, en que para muchos analistas políticos bastan las encuestas; ya ni siquiera son necesarias las elecciones, pues se cree que la encuesta es una forma de participación de la sociedad civil.
Si los partidos políticos mantienen ese criterio y reducen la política al ámbito de los medios de comunicación, a la generación de la democracia de los espectadores, a que las encuestas reemplacen la participación ciudadana, nos enfrentamos a un grave peligro, semejante a la realidad que viven otros países latinoamericanos, como Perú y otros, donde los partidos han entrado definitivamente en crisis y emergen los liderazgos fuertes, neoautoritarios, que debilitan los principios y valores del funcionamiento de la democracia.
Dentro de lo anterior, hay que tener en cuenta el paso de la modernidad en su estado avanzado a la posmodernidad. Tanto en la sociedad chilena como en la mundial hay mucha más posmodernidad de lo que pensamos. Creemos que las conductas posmodernas permean la política y los partidos políticos no estamos preparados suficientemente para trabajar con seres humanos que son psicológica, política y conductualmente distintos a los del pasado.
Quiero referirme a algunos elementos nacionales.
Me parece muy preocupante que sólo el 31 por ciento de la población se sienta interpretada por la Constitución Política. La ciudadanía sabe que no ha intervenido en su gestación, y en diez años de transición no ha habido una simbiosis entre ese cuerpo legal y la ciudadanía.
A mi juicio, esto es grave -no quiero introducir un elemento de polémica política-, porque en un sistema democrático resulta indispensable que la ciudadanía se identifique con la Constitución, que ella sea la base común de la convivencia democrática. La Carta actual no lo es y, por ende, la transición no ha terminado y sólo concluirá cuando se restablezca este piso común en la confianza de la gente.
Un tema muy necesario es la reforma de la Constitución para terminar con los enclaves autoritarios. Estamos en una crisis de legitimidad del sistema político chileno, el que debe relegitimarse para aumentar su prestigio. Esto significa ampliar la electividad y respetar rigurosamente la soberanía popular; terminar con los senadores designados; elegir a las autoridades regionales; modificar la ley electoral binominal mayoritaria, que es excluyente, de manera tal de generar un Parlamento que refleje efectivamente el voto ciudadano; lograr la iniciativa popular de leyes, de manera que los propios ciudadanos puedan presentar proyectos al Parlamento; ampliar la facultad del Presidente de la República para convocar a plebiscito; permitir que la propia ciudadanía pueda pedir los plebiscitos sobre determinadas materias cardinales.
Otro gran tema es gobernar con la verdad. Durante los años de la Concertación también hemos cometido el error de infantilizar a la población y de protegerla de las dificultades, aparentando comunicacionalmente que no existen conflictos, en circunstancias que son evidentes. Ello resta transparencia a la acción de las autoridades. La democracia supone conflictos, la democracia es siempre conflictual. Lo importante es la capacidad para prevenirlos, enfrentarlos, desactivarlos y resolverlos.
A mi juicio, también se debe poner fin a los privilegios legales de las autoridades, lo que provoca irritación en la población. En un país moderno no debe existir una ley de seguridad interior del Estado ni normas en un Código Penal que permitan que ciertas autoridades recurran por difamación ante los tribunales y tengan potestad para detener a periodistas, requisar libros, censurar la libertad de información. En Chile están depreciadas las libertades de información y de creación, y las diversas formas de censuras restan transparencia al sistema político.
Hay que generar mecanismos e instituciones que protejan a los ciudadanos y a los usuarios de los abusos que hoy se cometen al amparo del mercado por las empresas privadas, en especial los servicios de utilidad pública y el propio Estado. Crear la defensoría del ciudadano, del usuario; modificar la legislación para facilitar la creación de organizaciones de consumidores y usuarios, reforzar los derechos de los ciudadanos es clave para establecer una mayor sintonía entre el sistema político y la ciudadanía.
Hay que dar transparencia a la actividad política, en especial a su financiamiento.
En ese sentido, somos partidarios del financiamiento público de la actividad política y de un riguroso control del gasto en las campañas; de lo contrario, los cargos de representación parlamentaria terminarán comprándolos quienes dispongan de mayores recursos. Hay que abaratar los gastos de la política y hacerlos más transparentes.
El informe del Pnud es una campana de alarma que debe ser escuchada por todos y asumir las reformas políticas, de los partidos y de las instituciones para lograr una mayor relación, un mayor vínculo entre el sistema político y los ciudadanos.
Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Eugenio Ortega : hay que ciudadanizar la democracia, hay que ciudadanizar la política, hay que trasladar poder a los ciudadanos. Pero, agrego: hay que tener presente a los ciudadanos como son, no como los partidos políticos quieren que sean. Debemos considerar que la gente tiene tendencia a la participación episódica en la política, en la política temática, en la política que afecta directamente a sus intereses y no en lo que muchas veces son el leit motiv de las orgánicas partidarias. Es decir, se necesita una profunda reforma de los partidos y de la política, sumar valores éticos y sentido a la política, construir la comunidad aceptando a la gente tal como es. Me parece que estos son elementos indispensables para entrar en el debate que abre el informe del Pnud en nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, honorables diputados, señores representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo:
Si entendemos por desarrollo humano el proceso por el cual se amplían las capacidades de las personas y, por lo tanto, se debe tender a mejorar las condiciones de vida en la sociedad, entonces debemos concluir que es mucho mejor medir el desarrollo de una sociedad en términos humanos, que en algoritmos económicos, que a veces no reflejan la realidad, por cuanto el fin último del desarrollo de las personas es justamente el beneficio de ellas mismas.
Por lo tanto, un gobierno que se precie de bueno debe compatibilizar objetivos sociales básicos, como la democracia, la integración social y el crecimiento económico.
Los datos que muestra el estudio son resultado de la información entregada por instituciones del Estado y, por ende, nos deben hacer pensar que son confiables y reflejan la realidad.
Es sabido que no hay una correlación muy precisa entre el crecimiento económico de una sociedad y el bienestar real de las personas que la constituyen. Por ejemplo, cuando hablamos y medimos la pobreza, generalmente llegamos a una cifra que se ha obtenido sobre la base de estándares convencionales económicos, pero que dejan fuera algunas consideraciones no económicas de la pobreza, entre las cuales están el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la recreación, la identidad, la libertad y muchos otros elementos que son difíciles de medir, de ponderar y de cuantificar. Este tipo de necesidades están incorporadas en el enfoque del desarrollo a escala humana que ha sido elaborado por el cientista y profesor Manfred Max-Neef.
En efecto, la pobreza no puede ser medida sólo por la carencia de diversos medios materiales, como alimento, vivienda, salud, educación y, en general, por el consumo de bienes y servicios, sino que debiera incorporar la carencia o presencia de necesidades a escala humana, como afecto, participación, recreación, identidad, etcétera.
El índice de desarrollo humano sintetiza en un punto diversas necesidades o capacidades y da cuenta de una suerte de acumulación de capacidades humanas al medir el recorrido hacia una meta ideal en un lapso y reflejar más bien características estructurales. Al ser medido por regiones e, incluso, comunas, se puede comparar, analizar y ver las diferencias de desarrollo geográfico en el país.
El pleno desarrollo humano se ha definido mundialmente como 1. En 1998, Chile alcanzó el valor de índice 0,849, reduciendo en 22 por ciento la distancia respecto a 1990, cuyo índice fue de 0,803, observándose el mayor repunte en los ingresos.
En términos del desarrollo humano en relación con el género, es interesante destacar que en alfabetismo y matrícula hay similitud en el índice entre hombres y mujeres, pero la disparidad se manifiesta en el producto interno bruto de unos y de otras, ya que en el caso de los hombres alcanza a 7.622 dólares, mientras que en el de las mujeres a 2.725 dólares. No obstante, se produce una suerte de compensación en lo que respecta a una mayor esperanza de vida, que alcanza a 7l,4 años para los varones y a 78,8 años para las mujeres.
Quizás, una de las virtudes de este índice de desarrollo humano se aprecia cuando analiza a nuestro país región por región. Aquí resalta a simple vista la terrible desigualdad nacional cuando se ve la posición de la Región Metropolitana: primera en el ranking en 1998, y sólo segunda en el de 1990. Esto refleja que el mayor desarrollo humano del país sigue en la Región Metropolitana. En consecuencia, debe ser un instrumento para crear estrategias y políticas de desarrollo más agresivas, tanto de descentralización como de regionalización.
No obstante que el índice de desarrollo humano mostró un aumento entre 1990 y 1998, aún persiste la pobreza en 3.160.000 chilenos, sin considerar la pobreza disfrazada o solapada, que parece crecer más rápido de lo estimado.
En la actualidad, el gasto o -como se quiera mirar- inversión social, representa el 14 por ciento de nuestro producto interno bruto; casi el 70 por ciento del Presupuesto de la Nación destinado a la red social.
Es sabido que de cada cien pesos del gasto social, sólo veinte llegan a la gente; sin duda, ello debe ser cambiado.
El informe del Pnud deja en claro que la ciudadanía tiene sueños, aspiraciones y capital social para lograr mayor desarrollo humano, mejorando la asociatividad y participación, de modo que ese algoritmo de 80/20 -de cada 100 pesos, 80 quedan en el camino y sólo 20 llegan a la gente- se transforme en un 20/80 en el futuro, y que la pobreza asociada al índice de desarrollo humano que tengamos en el futuro sea significativamente menor, tendiente a desaparecer.
Por último, señor Presidente , por su intermedio quiero consultar a los representantes del Pnud cuál ha sido el costo del informe y el período en el cual se desarrolló.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, señores representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo: de las palabras del señor Eugenio Ortega se concluye que la política debe poner su mirada central en la sociedad y que hay materia prima de alguna manera expresada, como que directamente nos traspasa -a todos los que tenemos responsabilidad en la sociedad y así es, por cierto- lo que sucede y los desafíos que debemos enfrentar hacia adelante.
Luego de leer el informe, he hecho un cuidadoso estudio desde la perspectiva de la región de Atacama, que represento, después de lo cual me ha quedado meridianamente claro que Atacama es un caso paradigmático. Un ejemplo doloroso de lo que se denuncia tan claramente en el informe, lo constituye mi región, donde, a mi juicio, el crecimiento económico no ha generado redes de oportunidades para sus ciudadanos; no ha generado una mejor sociedad.
La cuantiosa inversión extranjera, abrumadoramente minera, no ha generado el empleo o los ingresos que se suponía, no ha provocado el desarrollo prometido; en síntesis, no ha generado bienestar para las personas. A mi juicio, esto se concluye del informe.
Cuando se expresa que para cada atacameño el bienestar significa tener una vida más larga y feliz; adquirir los conocimientos necesarios para comprender y relacionarse reflexivamente con el entorno social, y ganar los ingresos suficientes para llevar una vida digna, ello, para muchos de los que viven en Atacama, es mucho pedir.
Algunos datos sustentan mis afirmaciones.
La inversión extranjera en Atacama -decreto ley Nº 600-, expresada en miles de dólares por habitante, fue de 5.716 dólares en el período comprendido entre 1990 y 1998, lo que deja a mi región en el tercer lugar nacional, después de Antofagasta y Tarapacá. Sin embargo, el crecimiento del índice de desarrollo humano no refleja estas cifras.
En 1998, el índice de desarrollo humano nacional fue de 0,847, y el de Atacama, de 0,757, y en 1990, de 0,719. Aparte de reflejar que, obviamente, estamos bajo la media nacional, es extremadamente preocupante lo poco que ha crecido ese índice frente al aumento del producto interno bruto regional; es decir, en Atacama, la mayor producción de bienes y servicios no ha llegado a la gente.
En el “ranking” del índice de desarrollo humano por regiones, Atacama bajó desde el cuarto lugar, en 1990, al octavo, en 1998, y ocupa el penúltimo lugar más bajo -el duodécimo- en el crecimiento del índice de desarrollo humano regional. Más abajo sólo está Tarapacá, que ocupa el segundo lugar en el rango de inversión extranjera, también principalmente minera.
Siguiendo el análisis, las regiones que más crecen - Aisén , Biobío y Araucanía -, no son las más ricas, ni tuvieron inversión extranjera significativa. Continuando la comparación, obtuvieron 1.725, 197 y 85 dólares per cápita, respectivamente. ¡Ojo! Araucanía logró 85 dólares per cápita, frente a 5.716 dólares de Atacama. Además, esas regiones tampoco partieron con un índice de desarrollo humano más alto que el de Atacama. En 1990, Aisén tenía el 0,613; Biobío , el 0,627, y Araucanía partía con el 0,613; todos, índices más bajos que los de Atacama y, sin embargo, en 1998, esas regiones muestran un índice de desarrollo humano que supera con creces el de la región que represento.
Al desagregar las tres dimensiones del índice -salud, educación e ingreso-, es posible concluir que, dentro del exiguo aumento que experimenta el índice de desarrollo humano en Atacama, las que más crecen son educación y salud, es decir, reflejan la inversión pública, pero no se observa la dimensión del ingreso en la misma proporción. En 1990, el índice de logro en educación era de 0,773, y en 1998, de 0,807; mientras que el índice de logro en salud era, en 1990, de 0,772, y en 1998, de 0,840. Asimismo, el índice de logro en ingreso era, en 1990, de 0,613, y en 1998, de 0,624, creciendo sólo once milésimas. Además, el promedio del ingreso per cápita por hogar en Atacama era, en 1990, de 87.552 pesos, y en 1998, de 88.992 pesos; prácticamente igual. A su vez, reitero que el índice de desarrollo humano densificado era de 0,719, en 1990, y de 0,757, en 1998. Ello evidencia que el ingreso de las familias de la región de Atacama se ha mantenido o ha decrecido. No nos debe extrañar, entonces, que el mismo informe consigne que, en promedio, más del 80 por ciento de los chilenos piensan que el desarrollo no llega a la gente.
Cuando se desagrega la realidad de la región de Atacama por comunas, la situación aparece con el dramatismo que explicita el informe. Si sólo se consideran las comunas que cuentan con la caracterización socioeconómica nacional, Casen , se observa un abanico que va desde la comuna de Vitacura, en el numero 1, con un índice de desarrollo humano de 0,919, similar al de los lugares más ricos de los países más ricos, hasta Vilcún , con un índice de desarrollo humano de 0,582, comparable a realidades de pobreza extrema, ocupando, con el número 191, el último lugar de las comunas encuestadas con la Casen.
La realidad comunal del índice de desarrollo humano en Atacama evidencia distintos “rankings” en sus comunas. Como ejemplos, Chañaral ocupa el lugar 139 en el “ranking”, con un índice de desarrollo humano de 0,674 en 1998, con una variación de 112 milésimas; Copiapó , ocupa el lugar 56 en el “ranking”, con un índice de desarrollo humano de 0,727, con una variación de crecimiento de 68 milésimas; Freirina, ocupa el lugar 136 del “ranking”, con un índice de desarrollo humano de 0,677, con una variación de 121 milésimas. Así, están presentes las nueve comunas de Atacama.
Las comunas de mayor crecimiento en el índice de desarrollo humano de esa región -Chañaral, Caldera y Freirina-, son aquellas donde la inversión pública ha sido significativa, y, curiosamente, Tierra Amarilla y Copiapó , donde se desarrollaron proyectos mineros de gran envergadura -mediante la inversión extranjera-, no muestran un crecimiento importante del índice, considerando, por lo demás, que la inversión pública tiene equidad territorial, de acuerdo con los criterios de asignación. Queda de manifiesto, así, el casi nulo aporte de la inversión privada que en la región es, básicamente, extranjera y destinada al financiamiento de grandes proyectos mineros.
¿Qué ha pasado, entonces, en estos ocho años de que nos habla el informe? No hemos sabido dirigir el desarrollo hacia las personas y tampoco hemos hecho nada para que ellas sean capaces de pedirlo. El informe utiliza un término muy preciso, “governance”, que se refiere al complejo conjunto de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones, y median sus diferencias.
La conclusión que yo extraigo de este valiosísimo informe es que hay que dedicarse con ahínco a poner al ser humano en el centro del desarrollo; que si no se lo hemos dado, le enseñemos a exigirlo y que, para mi región, con la esperanza del sueño al que nos invita -y nos invitaba también Eugenio Ortega -, la próxima no sea una década perdida.
Con el entusiasmo que logra comunicarnos el futuro, asumo, personalmente, el desafío de “más sociedad para gobernar el futuro de Atacama”. Asumo el desafío de fortalecer la sociedad dialogando con las personas, ayudando a crear “governance” para que el resultado del desarrollo llegue de verdad a todos sin exclusiones. Ello no es consecuencia -ni pánico- de los resultados de la encuesta que se consignan, por ejemplo, en la página 295 del informe -respecto de la confianza que se tiene en los partidos políticos, en el Parlamento-, que quita el sueño, quizá, a cualquiera después de leerlos, sino de la convicción profunda -es un imperativo ético-, de que el desarrollo humano es el nuevo nombre del humanismo cristiano por el que siempre vale la pena y la vida luchar.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención valorando también el extraordinario aporte que ha significado este informe y los otros que nos están entregando. Estimo indiscutible el impacto que representan para nuestro debate y el de la sociedad. Nos están diciendo cuestiones que son muy de fondo, como, ni más ni menos, qué país estamos construyendo, cómo estamos resolviendo los grandes desafíos de la modernización y cómo los políticos estamos entendiendo qué le sucede a la gente, a quienes viven y tanto padecen estos cambios, los cuales debiéramos ser capaces -también nos lo dicen con mucha fuerza- de transformar en oportunidades, asumiendo que son inevitables, que la globalización y la modernidad son una realidad. Pero cómo lo hacemos sin las posiciones que muy bien han llamado “nostálgicas”, y con capacidad de mirar y enfrentar los riesgos sin las posiciones que, asimismo, han llamado “tecnocráticas”. Repito que apuntan a temas fundamentales, a los más de fondo, como qué país vamos a dejar; cómo son las decisiones que estamos tomando y que marcarán el futuro; de qué manera, nosotros, que tenemos un grado de responsabilidad más alta que otros, los estamos entendiendo y a través de qué proceso o camino nos estamos haciendo cargo de ellos; de cómo ese conjunto, ese colectivo que llamamos sociedad, está viviendo y entendiendo todo esto y, sobre todo, ¿estamos permitiendo que lo diga; escuchando su voz; dejando el espacio para que también sean actores, o lo estamos decidiendo por nosotros mismos?
Entonces, el informe de 1998 -respecto del estudio de 1997- no debemos dejarlo atrás. Creo que no está concluido. Ahora, este nuevo informe, que han venido a exponer sus autores o expositores, nos presenta propuestas, instrumentos, caminos, orientaciones, pero tiene que ver directamente con aquello que nos dijeron y que tanto nos impactó en el informe de marzo -me parece- de 1998. Quiero recordarlo, porque, primero, estoy convencida de que aún no está concluida la reflexión ante la cual nos colocaron o que nos exigieron hacer. Los problemas siguen vigentes; esos grandes desafíos que tienen que ver ni más ni menos con lo que llaman la brecha entre los procesos y la subjetividad de la gente. Es decir, respecto de estos cambios, cómo son vividos, sentidos, padecidos; qué ocurre con las personas.
Creo que debemos recordar las cuestiones fundamentales que allí se dijeron. Cómo, reconociendo los notables avances y la importancia de un país que estaba produciendo riqueza como nunca antes, se vivía tan masivamente por tanta gente con sentimientos de profunda inseguridad y desprotección. La palabra “temor” fue muy fuerte; pero no era sólo el temor al delincuente, al agresor claro, directo, preciso, al que está con el arma y va a ejecutar la acción agresiva, sino también al futuro; esa incertidumbre vaga, difusa, pero tremenda también. Eso era lo más importante de todo, porque no habíamos percibido el temor al otro, al vecino, al hermano -todos lo somos-, al compatriota y, naturalmente, todo lo que tiene ver, al final de cuentas, con el sentimiento de malestar; porque, indiscutiblemente, eso es soledad, aislamiento, que impide enfrentar los cambios y las necesarias adecuaciones y adaptaciones a ellos.
Creo, además, que esos cambios, que son epocales, tienen que ver también con exigencias emocionales muy profundas e inevitables. Estamos viviendo un mundo tremendamente acelerado, con un ritmo de cambios que nunca se había vivido, y eso exige una capacidad de autodirección, sicológica o -se podría llamar- de estructura del yo de la persona, extraordinariamente sólida, fuerte, porque tiene que tomar muchas decisiones y aceptar el grado de incertidumbre de un mundo que cambia con el elemento de no saber exactamente qué va a ocurrir mañana. Pero, al mismo tiempo, esa exigencia emocional se está dando en una sociedad que no facilita la confianza y la solidez interna, porque aísla, produce soledad, inseguridad. Entonces, se está requiriendo del ser humano, de nuestros compatriotas, de todos nosotros, una exigencia muy alta que es casi una situación de laboratorio, una neurosis experimental. Por lo tanto, no me extraña para nada lo que se ha dicho tantas veces: que nuestra salud mental, no sólo por los procesos que hemos vivido anteriormente, sino por las exigencias que tenemos y las malas condiciones que se nos están dando para asumirlas, está perturbada. Entonces, sobre esto, el asunto de fondo es cómo somos capaces de enfrentar los cambios propios de la época y transformarlos en oportunidad para construir una sociedad que permita una mejor calidad de vida.
Al respecto, mencionaré sólo dos problemas insoslayables y, quizás, solucionables sólo con la colaboración de la ciudadanía. En primer lugar, el tema económico grueso, de la desigualdad, de la modernización excluyente, el que en la Cumbre Social de Copenhague, de las Naciones Unidas, fue la voz del mundo que dijo: “No es posible que estemos haciendo crecer el producto de esta manera espectacular y siga la riqueza concentrada en tan pocas manos”. He ahí el tema nuestro, el de la distribución del ingreso, que nos ha hecho descender en América Latina de un honroso tercer lugar logrado en la década del 60, a uno bastante bajo. Eso, sin duda, tiene que ver directamente con las materias que en la actualidad se discuten en el mundo.
¿Qué significa esto? Lo decía muy bien mi colega Leal al referirse a la posmodernidad. ¿A qué velocidad? ¿Quiénes están yendo? Se habla de sociedades duales, divididas. Entonces, es cierto. Lo que se expresa de Tierra Amarilla, es lo que puedo decir de Tocopilla. ¿Qué puedo manifestar de posmodernidad en Tocopilla, donde hay una cesantía muy alta y la dinámica económica no llega; donde el problema de todos es la fuente de trabajo? ¿Tendremos que terminar con Tocopilla y decirles a todos que se vayan, que ya es parte de la historia?
En consecuencia, estamos viviendo el drama de las sociedades duales. Y esto tiene que ver directamente con el otro tema que debemos abordar: el debilitamiento de los valores societales. Los valores sociales están muy debilitados. Son los valores estrictamente individuales que se dan en los ámbitos comercial, mercantil o de intercambio. Esto tiene que ver con la sociedad de la desconfianza, con las sociedades paranoicas, donde, a final de cuentas, “me defiendo del otro”.
También se da en la negligencia médica, otro tema muy en boga y que debemos reflexionar más a fondo. Ha ocurrido en Estados Unidos, una sociedad que, por desgracia, ha sido muy usada como modelo por nuestros economistas y que ha caído en la lógica mercantil. Entonces, el médico se protege porque será motivo de sospecha, y el paciente, cuando siente que hubo negligencia médica, recurre a los tribunales, y así se va generando una verdadera producción de litigantes.
Por ello, ¿quién coloca el tema ético que está detrás de toda esta situación? En una negligencia médica, debemos investigar qué pasó, en la relación médico-paciente, con la ética médica, qué está ocurriendo. ¿Es que no se están formando bien nuestros médicos? ¿Qué pasa con la ética, con el rol del médico, con la relación con esa persona que confía en mí y necesita hacerlo? Porque si no confío en mi médico mi organismo no funcionará bien, y tendré más dificultad para mejorarme. Y si el médico va a estar a la defensiva, entonces se encarecerá todo y la relación se desnaturalizará. ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué discurrimos sólo en la lógica del intercambio comercial? En consecuencia, hay un debilitamiento de los valores societales, lo que es muy grave.
Se termina diciendo que se debe ciudadanizar la política, construir respuesta en más democracia, más ciudadanía, a lo que agregaría más sentido ético. En el informe se expresa: “salir a lo social, dejar entrar lo social”. Sin duda, ese es el mensaje para los políticos, salir más a lo social; dejar entrar más lo social en la tramitación de nuestras leyes, en nuestras reflexiones, en todo. Pero, al mismo tiempo, nuestro compromiso como político y como persona, es ser consecuente con esto, con más democracia, más ciudadanía y más sentido ético, sabiendo -como, asimismo, se dice en el informe- que no sólo vale lo utilitario, sino también lo trascendente, lo que le da sentido a la vida. En eso, al saber que yo soy más yo misma, más individuo, en la medida que soy parte de un grupo humano, con el que comparto mi destino, puedo soñar, sueño necesario y sueño posible.
Creo que estamos ante una buena oportunidad, pues en este tercer gobierno de la Concertación, el liderazgo de Ricardo Lagos orienta en ese sentido. Estamos con ese sentimiento. Sin embargo, los problemas son muy serios y muchos. Debemos transformar estos cambios en oportunidad y superar el mercantilismo de este modelo económico, que persigue crear riqueza a corto plazo, lo cual puede convertirse en destructor de valores sociales en el largo plazo. Son los enormes riesgos que debemos tener en cuenta y asumir.
Agradezco a los representantes del Pnud por sus enormes aportes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra la diputada señora Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, como estamos haciendo un análisis del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano comprendido entre 1990 y 1999, quiero recordar que éste existe desde antes de la década del 90; que en tiempos previos al gobierno democrático también se hicieron importantes análisis, en los cuales Chile, desde los puntos de vista económico y social, ya ocupaba un lugar destacado en América Latina y en el mundo.
A modo de referencia, sólo citaré cuatro de los avances hechos en la época y que con el tiempo, por fortuna, han seguido mejorando. Así es como haciendo un parangón entre los años 70 y 89, la esperanza de vida, que llegaba hasta los 61.5 años, se alarga hasta los 72; la mortalidad infantil, de un 79.3, desciende a un 13 por ciento; la desnutrición, de un 15.5, baja al 6 por ciento, y la cobertura de la enseñanza media, de un 5 por ciento, sube al 7.5 por ciento.
Repito que estos índices han continuado mejorando. Por lo tanto, es importante decir que en la generación de los 80, llamada “la generación perdida” para la mayor parte de los países latinoamericanos, Chile, en materia de desarrollo social y económico, sembró lo que hoy el país cosecha.
En cuanto al análisis que estamos conociendo, sé que fue hecho por un sociólogo, y significa un esfuerzo importante para dimensionar el sentir de las personas, que va de la mano del desarrollo. Hay varios puntos interesantes; pero me llama la atención el desarraigo del desarrollo social de la inversión en capital humano. Están presentados, pero no ligados unos con otros.
Así, por ejemplo, cuando se pregunta a la gente si tiene sueños y cómo visualiza el país del mañana, vemos que ninguna de las categorías que entregan son absolutamente enfáticas, sino más bien, todas, de bajo porcentaje. La más alta es “sueño con un país más igualitario”. Es evidente que eso nos da una señal respecto de la diversidad y diversificación de la economía.
En la segunda instancia, de nuevo dice: “Un país más desarrollado económicamente”. Es decir, ahí los chilenos nos están manifestando que, por una parte, les importa mucho acortar la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos. En los últimos años, muchos chilenos han tenido acceso a más recursos, pero otros, por distintas razones, probablemente por su propia pobreza, no han podido surgir. Las mayores posibilidades de trabajo y de ingresos permitieron que muchos accedieran a más bienes, pero también muchos quedaron a la espera de que algún día mejore su nivel de vida. Es decir, la situación económica para los chilenos es parte de su felicidad. No puede desligarse una de la otra.
Por otra parte, en el caso del primer análisis, “adhesión a la democracia”, llama mucho la atención su resultado: el 45 por ciento opina que es preferible, el 19 por ciento estima que un sistema no democrático podría ser mejor y al 31 por ciento no le importa.
Quiero detenerme en esto, porque hace poco, en una conferencia internacional, se analizó la denominada crisis de la democracia.
¿Qué factores hacen que este sistema, que supuestamente para todos nosotros es el mejor que se ha inventado, sufra ciertas contradicciones, al punto que, según algunos, habría que hacer algo para que fuera más eficiente y efectivo? Mucho tiene que ver lo que ocurrió en nuestro continente durante los años setenta y ochenta, en que hubo gobiernos autoritarios y se creó la gran esperanza de que la democracia resolvería todos los problemas.
Recuerdo que en Chile, una vez reinstalado el Congreso, se pensaba que los alcaldes, al ser elegidos de manera directa, solucionarían todos los problemas.
Hubo muchas promesas en este sentido y se crearon aspiraciones y esperanzas, que posiblemente no han sido cumplidas. Por eso, existe un alto desprestigio de los partidos políticos y del Parlamento.
En antecedentes que obtuve, las cifras son diferentes a las que citó don Eugenio Ortega. Por ejemplo, en relación a la confianza de las personas con algunas instituciones, a los senadores y diputados, sólo un 3.6 por ciento; a los partidos políticos, 1.7 por ciento; a los tribunales de justicia, 8.2 por ciento; a la iglesia -la que cuenta con la mayor confianza-, 54.8 por ciento; las universidades, 33.0 por ciento, y Carabineros y las Fuerzas Armadas, 23.4 por ciento.
En este sentido, ¿por qué el desencanto con la democracia y con la política? A mi juicio, la respuesta se reduce a que se crean muchas esperanzas y, a la larga, no son cumplidas.
Según un informe que preparó el diputado Baldo Prokurica, don Ricardo Lagos realizó más de ciento cincuenta promesas durante su campaña -muchas de las cuales estaban en el programa de Joaquín Lavín-, y los chilenos esperan que se cumplan.
Según la encuesta, las personas tienen bajo interés por los temas políticos. Es decir, si bien el análisis sociológico aborda las nuevas realidades del país respecto de la política, los sueños, las aspiraciones, el mundo globalizado, el mundo individualista, etcétera, nos encontramos con lo mismo de siempre: los chilenos esperan que los políticos -incluidos los de gobierno- les resuelvan sus problemas.
Se sabe que en Chile ha disminuido la pobreza, pero aún queda mucha. Además, se vive una tremenda inseguridad por los índices de violencia y delincuencia, que no fueron muy destacados en la encuesta. Anteayer, todos quedamos consternados por el homicidio con violación de dos niñitas, hecho que a nadie puede hacer feliz. Como chilena que siempre he estado orgullosa de mi país -como lo he demostrado en el mundo entero-, siento vergüenza, dolor y pena por esta desgracia.
Según la prensa, ha aumentado la violación de niños, sobre todo por personas que viven cerca de ellos. Muchos menores quedan solos porque sus madres deben salir a trabajar, ya que el drama de muchos es el desempleo.
En efecto, en años anteriores disminuyó la pobreza porque se generó mayor cantidad de empleos. Sin embargo, un senador, hace algunos días, se refirió a la forma en que se mide el desempleo, que es absolutamente caduca. Todos sabemos que no es real. Por lo tanto, el desempleo es mucho mayor, como lo apreciamos quienes estamos en contacto con la gente de nuestros distritos.
Como se dice en la encuesta, es muy importante todo lo que se relaciona con el mayor ingreso económico y el desarrollo del país, pero ¿qué se pasa con las áreas que quedan pendientes?
Si bien en un comienzo el programa se preocupó de factores que garantizaban una calidad de vida básica, como la vivienda, el alimento, el techo, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, los ha ido ampliando.
Algunos factores afectan mucho, como es la falta de áreas de recreación, que se mencionan en la encuesta como una aspiración importante. Algunos sectores de ciertas ciudades, como Santiago, son de color café y las poblaciones carecen de jardines, de sitios para que jueguen los niños, de espacios gratos.
No se construyen ciudades gratas y limpias, sino contaminadas e inhóspitas, y en las cuales sus habitantes se encuentran hacinados. ¡Cómo pretender que algunos chilenos sean felices en esas condiciones! No se dispone de espacio para los jóvenes -algunos no están en el colegio ni tienen trabajo- ni para los deportistas -cada vez cuentan con menos lugares para hacer deportes-. Al respecto, el Parlamento cerró la posibilidad de la ley del deporte para fomentarlo.
Según ha dicho don Eugenio Ortega , las municipalidades se encuentran dentro de las instituciones que cuentan con mayor confianza. ¡Obvio! Son las que están más cerca de la gente, las que resuelven los problemas de todos los días; pero tampoco tienen los recursos necesarios. Hay una gran centralización en su distribución.
Lo mismo ocurre con las regiones. Me parece tremendamente interesante el índice de desarrollo regional que se ha hecho. Constituye una herramienta para que se redistribuyan mejor los recursos, de manera que se apoye a las que tienen más problemas.
Pero ¿cómo un alcalde va a poder resolver los problemas de viviendas, por ejemplo, si eso lo decide el Serviu en el centro? ¿Cómo el alcalde de Punta Arenas , que tiene una realidad distinta, va a solucionar los problemas de vivienda de su comuna cuando eso se resuelve en Santiago? ¿Cómo el alcalde va a tener acceso a los recursos -que existen- cuando alrededor de las municipalidades pululan cuarenta y un fondos concursables, muchos de los cuales ni siquiera son aplicables en esas comunas, algunas de las cuales tampoco cuentan con equipos profesionales para llamar a propuestas públicas?
En resumen, Chile ha progresado, pero falta que el desarrollo económico llegue a todos los sectores. Como dijo el diputado señor Delmastro , el ochenta por ciento del gasto destinado a desarrollo social queda en camino, en burocracia, en administración, en organizaciones no gubernamentales, en acuerdos internacionales, etcétera. Es importante que tales recursos lleguen a las personas más pobres.
Recién se ha dicho que el pasado gobierno dejó un déficit fiscal importante. Bueno, hay que llegar con los recursos a los más pobres, a los que más lo necesitan, a los jóvenes, única manera de que sean felices de alma y espíritu.
Hay algo que llama la atención de la encuesta. Entiendo que el dinero no es todo, pero ayuda. Cuando hay hambre, pobreza, miseria, evidentemente es muy importante.
Pero a ellos debemos acompañar sueños, esperanzas y también valores -que no veo reflejado en la encuesta-: la familia, a la que tanto afecta la pobreza; la responsabilidad, el respeto a los demás, el ser capaces de dialogar, de conversar, de armonizar en paz. ¡Somos un país tan violento! Todo eso me habría gustado haber visto en esta encuesta.
En mi opinión, la encuesta se da a conocer cuando tenemos tantas dificultades para lograr una convivencia social. Los chilenos queremos construir un país entre todos. Eso dice un alto porcentaje de la encuesta.
Creo que es tiempo de escuchar del Gobierno y de todos nosotros que se hará este gran esfuerzo para lograr la paz social y la convivencia que tanto necesitamos y que, sin duda, incidirá en que los chilenos seamos más tranquilos y más felices.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, la sesión que hoy nos convoca es de suma importancia, porque nos presentan un informe que constituye una radiografía del Chile actual, una radiografía de los aspectos más profundos que se desarrollan en la ciudadanía y representa un faro que colabora para iluminar la visión actual y las decisiones futuras en nuestro país.
El tercer informe del Programa de las Naciones Unidas, denominado “Más sociedad para gobernar el futuro”, es un apronte que se debe destacar, porque establece con precisión el centro de los desafíos nacionales y aporta, tal como lo hicieron los informes del ’96 y del ’98, una visión que aborda aspectos sustanciales del Chile de hoy y traza caminos y reflexiones que es necesario asumir como Parlamento y como sociedad.
En efecto, cumpliendo con lo solicitado por el Presidente Frei y el ministro de Relaciones Exteriores a la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano en Chile, en 1995, llega a nuestras manos el tercer informe como una prolongación y profundización de los informes sobre el desarrollo humano publicados en 1996 y 1998.
Este tercer informe se refiere a un aspecto fundamental de nuestra convivencia social: la participación social en todos sus niveles y la creación de mayor sociedad para construir un futuro que indudablemente contiene en sí mismo incertidumbres y cambios y se nos presenta de un modo que desafía la disminución de esa incertidumbre e inseguridad que se consagra.
El informe publicado en 1996 abordó un aspecto sustancial del Chile de hoy, la distribución de oportunidades en nuestras regiones y cómo la modernización del país había afectado para que ese crecimiento nacional se presentara en forma desigual e injusta a lo largo del territorio.
La precariedad en materia de ingresos y los déficit en salud y educación, dependiendo de la zona, marcaban la diferencia con la Región Metropolitana. Este dato, que no es novedad, sigue siendo prudente y necesario tenerlo en cuenta para la formulación y aplicación de políticas públicas.
El diagnóstico y la fotografía que allí se realizaron sirvieron, y sirven, como aporte especial para las políticas de regionalización llevadas adelante por el gobierno de Frei y las que se siguen en esta nueva administración.
Cobra especial importancia tomar nota de las conclusiones de ese informe en el marco de la sociedad de hoy, con una economía exigente y un marco regionalista que se acentúa, dispuesto a consolidar entidades con alto poder de decisión, con capacidad de administrar al 42 por ciento que legó el gobierno de Frei, y que puede avanzar hacia una mejor administración de las ventajas comparativas en que cada una de ellas se sostiene.
El informe de 1998 profundizó esta materia y abordó, además, temáticas vinculadas con la calidad de vida y la inseguridad que sociedades en desarrollo, como la chilena, presentan en las personas para disfrutar, crear y comprometerse con su propio destino y con el avance del país.
A mayor modernización, se genera una mayor sensación de subjetiva inseguridad de las personas, y una muestra evidente de signos que señalan complejas situaciones de sociabilidad que dificultan el proceso de crecimiento nacional, que no se sostiene ni se reduce, como algunos creen o quisieran, solo al crecimiento económico. Así, en el informe del ’96 se hablaba del pacto-nación-regiones.
En 1998 se habló de la paradoja de la modernización. En esa paradoja no eran directamente proporcionales crecimiento país con crecimiento individual, con seguridad humana. Es más, podríamos hablar con decidida convicción acerca de las contradicciones de ambas variables, derivadas esencialmente de la incertidumbre que generan sociedades de alta velocidad como la que vivimos. Casi estaríamos en condiciones de decir que a mayor crecimiento, mayor es la disconformidad, particularmente en zonas que han sido arrastradas por modos de vida ajenos al natural y otros distintos que se entrecruzan a un mismo tiempo.
Las alternativas a ello pueden ser disminuir o frenar el crecimiento o, en la alternativa correcta, disminuir la incertidumbre, humanizando y poblando la sociedad, transformando un desarrollo que se personifica en las cifras por uno que tenga rostro humano.
Las paradojas de la modernización nos indican la necesaria tarea de renovar nuestro pacto social, de asegurar a las personas una percepción distinta respecto de su propia seguridad en salud, educación, previsión o empleo, esa seguridad que todos los seres humanos requerimos para una vida tranquila.
En Chile y en América Latina se aceleró por una modernización que se conjugó en su inicio con la proliferación de regímenes autoritarios, que le impusieron esquemas no democráticos y que, frente a ello, la sociedad nos cobra la mano porque no la consultaron. Sus formas de relacionarse socialmente estaban en cambio y habían sufrido destrucciones propias de cualquier dictadura.
El informe del ’98 es determinante en este aspecto. La integración social que se pide no puede hacerse a través del mercado como centro de la sociedad hasta constituirnos en una sociedad de mercado, que se regula a través de la oferta y la demanda. Por ello, es necesario establecer variables alternativas que el informe de 2000 se atreve a aventurar.
Ambos informes, de ’96 y de ’98, despejaron importantes temas que permanecían en la penumbra de nuestra modernización y aportaron datos relevantes para la discusión. Fueron y son aporte y soporte de primera mano para la construcción de políticas públicas y para la orientación y el ejercicio propios de la actividad política.
En ese sentido, Chile no debe olvidar que su crecimiento debe ir acompañado de una tradición histórica y ser menos voluble a los flujos internacionales -así porque sí-, y despegar asumiendo los beneficios que trae la modernización en combinación con las propias subjetividades del país.
El informe que hoy nos presentan en esta Sala viene a complementar ese esfuerzo y visión presentados en informes anteriores. En una proyección de ellos se constituye como fundamental en el marco del debate que iniciamos en esta sesión y es misión de todos terminar con conclusiones prácticas, creando mecanismos a partir del Estado, de las organizaciones, instituciones y de la sociedad en su conjunto, que nos permitan tomar adecuadamente el llamado que nos hacen con el título de este informe y que no es otra cosa que el desafío de Chile en esta hora. Necesitamos más sociedad para gobernar el futuro.
El informe desnuda al Chile de hoy. Nos pide que nos hagamos la pregunta que hemos evitado por años, debido a las innumerables situaciones derivadas del quiebre de la democracia, de la prolongación y de la extensión de la dictadura y de una transición que nos ha tenido envueltos en la solución de lo infinito y en dramáticos temas del pasado.
Este informe nos pide que nos preguntemos, ya no individualmente, sino como nación, cuánta sociedad estamos dispuestos a tener, cuánta sociedad estamos dispuestos a aceptar o cuánta sociedad estamos dispuestos a generar. Esa es la pregunta que debemos hacernos e incorporar esta variable como elemento clave y determinante en el debate, deducido de cuánto Estado y mercado tenemos o queremos.
Con esta nueva pregunta incorporada al diálogo de hoy, estamos tomando el futuro en nuestras manos y, con esas mismas manos, nos pondremos a conquistarlo.
Nos dice el informe que debemos lograr crecer con igualdad y sustentabilidad en el mundo global, aumentar la integración y la participación, profundizar la democracia. Para ello debemos extender la sociedad, y estamos comprometidos a hacerlo, a profundizar la democracia y a integrarnos socialmente.
También debemos promover la libertad, la comunidad y la participación de las personas como actores no circunstanciales del proceso democrático, sino como un verdadero quinto poder que aflore en el Chile del nuevo milenio, como una voz poderosa que es capaz de agruparse y defender sus derechos, de ejercer sus deberes y moverse en un contexto de crecimiento y de aumento del capital social, que asegure la expansión, confianza y paz para el crecimiento con igualdad de nuestro país. Por eso, le damos tanta importancia a generar este tipo de capital en nuestra sociedad cuando hablamos del diálogo social entre empresarios, trabajadores y Gobierno. A esto debemos comprometernos todos.
No cabe sino apostar por un futuro común en aspectos que son básicos para la convivencia social. No nos sirve romper los esquemas de relación, de respeto y de margen de maniobra que cada uno tiene. Cuando se abusa de él, los sueños colectivos se distraen, la confianza se pierde y el futuro se diluye. ¡Ya conocemos lo que implican esas consecuencias!
No nos queda sino la obligación moral y política de entender este informe como un acicate que da cuenta de un Chile real, que se percibe y nos golpea en las conciencias, para decirnos: ¡Ayúdenme a abrir la libertad! ¡Ayúdenme a aceptar la diversidad! ¡Ayúdenme a discrepar con altura, pero con firmeza y convicción! ¡Ayúdenme a hacer un país que disminuya en incertidumbre y que tenga la capacidad de trabajar unido por el destino de todos sus hijos y de todas sus hijas!
Este requerimiento nace del alma de Chile, viene del alma del Chile profundo, y dice que debemos acentuar nuestro trabajo, realizarlo con convicción, resolver el pasado para conquistar un futuro de paz, de justicia, de solidaridad, de igualdad, y asumir la sociedad que se gesta con los esenciales desafíos de siempre.
Aquí hay una invitación al diálogo, a un diálogo razonado, que nos lleve a asumir compromisos. En esta sesión estamos abriendo un primer espacio y la Cámara debe darse un tiempo para profundizar esta lectura de la sociedad chilena y construir respuestas a partir de nuestra propia condición de representante y de nuestra mayoritaria pertenencia a partidos políticos, que han perdido sus condiciones de líderes en el marco de las ideas y de la dependencia.
La Democracia Cristiana tiene algo que decir en esta materia. Somos tributarios de un legado de ideas comunitarias que nos constituyen como un movimiento político; nacimos a la vida y nos desarrollamos como movimiento. Ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva avanzamos expandiendo la sociedad y abriendo la participación social en la construcción del futuro de un período de alto compromiso ideológico, pero de mucha especulación respecto del propio rol de la ciudadanía.
Lo hicimos, y creemos que lo hicimos bien, pues se sentaron las bases de la mayor de las estructuras sociales, territoriales y funcionales, que ha seguido entregando un espacio de dignidad a los chilenos y chilenas.
Quienes no creemos que el crecimiento económico sea la única vía de modernización social, tenemos palabras sobre este tema; y este informe nos da la razón. No basta el crecimiento de nuestras exportaciones y de los índices macroeconómicos si no existe un compromiso social del Estado, de las organizaciones, de las agrupaciones, de los sindicatos, de las instituciones y de los propios partidos políticos para ensanchar esta sociedad y, con participación, realizar la arquitectura que nos cobije en todo con dignidad.
La Democracia Cristiana recibe este informe como un compromiso de acción política y de lectura de una sociedad llamada Chile, que tiene entusiasmo en hacerse parte, y espera que sus conductores estén a la altura de los desafíos de una época como los que ésta nos presenta.
Aprendamos a gobernar los cambios, anteponiendo valores y mayores grados de certeza en lo que hacemos. Para disminuir la incertidumbre, para tomar el tiempo presente, plagado de interrogantes y de desafíos, es necesario que nos ubiquemos a la altura de las circunstancias que nos hablan de un cambio de época, de un marcado tiempo de cambio de relaciones sociales en la economía, en la tecnología y en los modos de comunicarnos. Si las fronteras se van diluyendo es vital que afirmemos identidad cultural y disminuyamos la brecha que existe en la cultura, en la economía, en la sociedad y en la política, por ende, en la humanidad.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, en nombre del Partido Radical Social Demócrata y del diputado señor José Pérez Arriagada, con quien representamos provincias esencialmente rurales, felicitamos y agradecemos a don Eugenio Ortega y a sus colaboradores, por los diferentes informes que nos ha entregado el Pnud, elemento de trabajo que ya en ocasiones anteriores he señalado que le falta una explicación respecto del índice de desarrollo humano en Chile. Sin embargo, este informe ha demostrado que si bien la política económica ha traído un importante índice de desarrollo humano, éste es desigual entre las regiones, especialmente, entre las distintas comunas del país.
Quiero hacer una reflexión. Los resultados de las políticas de educación y de salud se conocen después de veinte o treinta años. Lo más importante que ha habido en educación en el país fue la institución de la educación básica y, después, su extensión a ocho años, durante la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva. Espero que la actual reforma educacional sea también de la mayor trascendencia.
Lo mismo sucede en salud. En las políticas de salud los diferentes índices se conocen con los años, y lo he dicho en ocasiones anteriores. En Chile fue muy importante la visión que tuvieron dos médicos, quienes si bien eran de pensamiento antagónico, coincidieron en cuanto a la medicina social: los doctores Eduardo Cruz-Coke y Salvador Allende. Por eso, en la década del 80, a pesar de las dificultades económicas que tuvo nuestro país, se dio la paradoja de que los índices biomédicos siguieron aumentando.
Quiero insistir en el tema de la confianza. Aquí se dice que para que la gente confíe en la democracia lo más importante es la justicia social y el orden, los cuales alcanzan un porcentaje superior al 65 por ciento.
Ya me he referido a la justicia social y a la desigualdad del modelo económico respecto de la distribución del ingreso que hoy nos afecta.
¿Cuáles son las instituciones que tienen que ver con la ley y el orden? Veamos lo que señala el informe: poca o ninguna confianza, sumándola: Carabineros, 41 por ciento; Gobierno, 54 por ciento; tribunales de justicia, 61 por ciento; Parlamento, 77 por ciento. ¿Les parece extraño colegas que nuestra gente se sienta insegura? Tiene poca o ninguna confianza en las instituciones que tienen que ver con la ley y el orden.
Ése es el mensaje que hoy recibimos en este hemiciclo. La responsabilidad que tenemos, como parlamentarios y como personas, es buscar y prestigiar nuestra institucionalidad, con nuestro trabajo y esfuerzo. Hoy hago especial hincapié en que usemos bien una de las atribuciones más importantes de nuestra Corporación, la fiscalización. En esta ocasión debemos insistir en el tema.
En consecuencia, invito a mis colegas a hacer los mayores esfuerzos para recuperar, a través de nuestro accionar, la confianza en nuestras instituciones. Es la única posibilidad que hoy tenemos para buscar lo que decía Humberto Maturana : el hombre se desarrolló cuando, en vez de buscar antagonismos, fue capaz de trabajar en conjunto, en sociedad. Nuestro esfuerzo consiste en enfrentar con esa ética el gran desafío del cambio de época.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente, quiero sumarme a las felicitaciones expresadas al Pnud, por el informe que nos ha dado a conocer. Asimismo, agradezco al señor Eugenio Ortega su exposición, porque tocó un punto fundamental relacionado con nuestro quehacer político, lo que constituye un desafío que debemos recoger, profundizar y reflexionar.
Lamento que no haya una alta asistencia de diputados, porque lo que dice el informe es muy cierto. Como integrantes de partidos políticos debemos preocuparnos de nuestro quehacer parlamentario.
Considero que nuestra respuesta al contenido del informe debe ir por dos caminos. Uno de ellos, cómo lograr que la institucionalidad democrática posibilite la ciudadanización de la política. Creo que se trata de un enorme desafío, y en esa línea inscribo las reformas constitucionales necesarias para que nuestra democracia sea un espacio absolutamente inequívoco para la soberanía popular. Las reformas políticas son muy significativas para lograr la ciudadanización de la política, porque si tenemos un Parlamento y un sistema electoral que no responden a la expresión de la soberanía popular, surge un importante problema de expresión y de camino democrático.
En ese sentido, deberíamos reflexionar sobre lo que nos plantea el informe. La institución en la cual más confía la ciudadanía es el municipio: 59 por ciento. Pero esto no es casualidad, sino que los municipios son los que están más cerca de la gente, y ello debería impulsarnos a convertirlos en gobiernos comunales. Creo que hemos avanzado en ello, pero no lo suficiente. Por ejemplo, cuando se habla de regionalización se pone el acento en las regiones y no en los municipios, que son los más cercanos a las personas y los que pueden posibilitar conexiones muy claras entre la ciudadanía y la política.
Mi experiencia como alcaldesa me permite afirmar que, cuando se buscan, se pueden encontrar muchas y muy buenas formas de participación ciudadana a nivel municipal. Por ejemplo, el traspaso de gestión y de decisión a las organizaciones ciudadanas. Eso es vital y se puede hacer perfectamente bien en los municipios, porque la asociación de nuestra ciudadanía también debe tener una finalidad y resultados, pues si no produce los resultados que la gente espera en cuanto a avanzar en sus objetivos, también puede haber desilusión respecto de la asociación ciudadana.
Los municipios son canales muy importantes, y por lo mismo se les puede traspasar decisión y gestión. Cuando fui alcaldesa traspasé la decisión de ciertos proyectos, destinando para ello los recursos necesarios, a fin de que, en un marco general, su ejecución fuera decidida por distintas organizaciones de la unidad vecinal. Pero no sólo eso; también se puede traspasar gestión. Tengo entendido que en otros países, junto con el gobierno municipal, existen corporaciones de ciudadanos a las cuales se les traspasan decisión y gestión. En nuestra institucionalidad hay caminos muy importantes, respecto de los cuales, como políticos, tenemos la obligación de avanzar. Es decir, la democracia debe ser más dinámica y participativa, de manera que la gente sienta que tiene influencia, más allá del voto que emite cada cierto tiempo.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
¿Me permite, señora diputada ? Le resta un minuto.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Habría muchas otras cosas que decir sobre los sueños colectivos, pero quiero referirme a algo específico: el tema del género.
Considero un gran aporte del Pnud que se haya referido a los índices sobre diferencias relacionadas con el género, lo cual responde a lo que debe ser la política. Si como políticos no reparamos en la calidad de vida del 52 por ciento de la población, no la estamos interpretando. Felicito al Pnud, que ha recogido la tendencia mundial, en cuanto a llamar la atención sobre la discriminación que existe en nuestro país entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en relación con el PIB, es increíble: 7.622 dólares por varón; 2.725 dólares por mujer. A ello debemos sumar los problemas de violencia al interior del hogar y el difícil acceso de la mujer al mundo laboral. Así, una universitaria con cinco años de estudios gana el 50 por ciento de lo que reciben los varones con el mismo nivel educacional, todo ello debido a la estructura jerárquica existente y al poco acceso de las mujeres a los diversos niveles de decisión; entonces, no podemos construir sueños colectivos sin tomar en cuenta los sueños y el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
Felicito al Presidente Ricardo Lagos por nombrar a cinco ministras en su gabinete. Con ello, ha dado la oportunidad a la mitad de la población -simbólicamente, es muy importante- de tener parte activa en las decisiones políticas, lo que será un aporte extraordinario para nuestra sociedad.
He dicho.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en nombre de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, quiero hacer algunos comentarios sobre el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Independientemente de algunas afirmaciones que pueden ser discutibles o cuestionables, considero que este esfuerzo constituye un intento plausible de registro y sistematización de datos que nos permiten evaluar la situación en que se encuentran los chilenos frente al proceso de desarrollo.
En consideración a lo extenso del informe, quiero centrar mi intervención en ciertos aspectos de uno de los capítulos, quizás los más importantes, que los autores del informe denominaron ciudadanización de la política.
En esta perspectiva, uno de los datos más interesantes se refiere a la actitud de los jóvenes de nuestro país. En relación con su participación electoral, las cifras que da el informe son de extraordinaria importancia y deben atraer la atención de la Sala. En esta materia, es posible observar una preocupante tendencia, especialmente en dos aspectos: la disminución de la población inscrita y el aumento de la abstención.
En relación con la población inscrita, las cifras son elocuentes: en el plebiscito de 1988, la población inscrita llegaba al 92 por ciento; en el plebiscito de 1989, la cifra bajó al 91 por ciento; se mantuvo en la elección presidencial de 1989, pero empieza a bajar drásticamente en las parlamentarias de 1997, hasta llegar al 83 por ciento.
Asimismo, resulta alarmante la actitud de los jóvenes: en el padrón electoral su incidencia es cada vez menor, a pesar de que, poblacionalmente, tiene una relevancia cada vez mayor. Disminuye al 36 por ciento en 1988, y al 20 por ciento en 1997. Más dramático resulta comprobar que cuatro de cada diez jóvenes inscritos no volvería a inscribirse. En este punto, el estudio concluye que ello sería consecuencia -creo que es una conclusión válida- de la incomunicación entre los jóvenes, en general, y el sistema político.
En materia de abstención, la tendencia no es distinta. En el plebiscito de 1988 alcanza a 2,5 por ciento, cifra que aumenta al 10 por ciento en las elecciones municipales de 1992 y que en las parlamentarias de 1997 llega a un preocupante 12,7 por ciento.
También resulta particularmente alarmante el bajo grado de confianza en instituciones tan fundamentales para la democracia como el Congreso y los partidos políticos.
En la opinión fundada de los autores del informe, la escasa convicción en los partidos políticos es confirmada por el alto número de personas que, de una u otra forma, no se posicionan políticamente en la izquierda, centro o derecha. Más de la mitad de las personas encuestadas no se identifican con alguna posición política. Hay quienes intentan explicar este fenómeno en la ausencia de una polarización ideológica y de rigideces partidarias. Sin embargo, en el caso chileno, las causas parecen ser más complejas y tener su origen en la imagen de un funcionamiento imperfecto e insatisfactorio del sistema, que debería preocupar a todas las bancadas.
Por otra parte, el informe ratifica que los chilenos tienen poco interés en temas políticos. Según la encuesta, sólo uno de cada cinco entrevistados manifiesta algún interés. Este hecho, para algunos podría no ser preocupante, sobre todo si se compara con otras democracias occidentales. Sin embargo, da la impresión de que no son datos ni experiencias fácilmente comprobables. Lo que se entiende por temas políticos y su relevancia en países de Europa o de latinoamérica puede ser bastante diferente de lo que se da en nuestro país.
Según el informe, un factor que contribuye a aumentar el desinterés por la democracia y la política es la alta importancia que las personas atribuyen a la economía y su influencia en los diversos aspectos de la vida cotidiana. En esta circunstancia, la adhesión a la democracia disminuye de 64 por ciento en 1989 a 45 por ciento en 1999. Este descenso puede explicarse fácilmente si se analiza a la luz de otros datos como, por ejemplo, que el porcentaje de chilenos que piensa que la democracia funciona bien disminuye de 31 por ciento a sólo 8 por ciento en 1999.
Por último, relacionado con lo anterior, existe un alto nivel de descontento con la actual situación del país. Casi dos tercios de los entrevistados se declaran más o menos insatisfechos con ésta, y casi la mitad estima que es peor que hace cinco años.
Luego, el informe intenta explicar este desencuentro, esta disfuncionalidad o escaso encuentro entre el sistema político y la comunidad o la sociedad.
Al respecto, contiene algunas opiniones que, a mi modo de ver, son discutibles. Por ejemplo, se atribuye una influencia decisiva a la existencia de algunas rigideces en nuestro ordenamiento constitucional. Se responsabiliza, en alguna medida, a los proyectos que tendrían quórum calificado, lo que neutraliza iniciativas legislativas. De esta forma, las propuestas gubernamentales no siempre se traducirían en reformas legales y, por lo tanto, las promesas políticas no se cumplirían, lo cual reafirmaría la tesis de cierta inutilidad de la política.
Sin analizar en detalle esta afirmación, se olvida que gran parte -no es culpa de la gente, sino de los parlamentarios-, de los proyectos que se tramitan en el Congreso y, en especial, aquellos que podrían traducirse en beneficios concretos para las personas, requieren de quórum simple, lo cual permite, ya sea por la mayoría gobernante o también en ocasiones por acuerdos con la minoría, un avance en las materias que aborda este tipo de proyectos.
El principal problema no está en el actual régimen político y en sus instituciones, entre ellas el Parlamento, sino en que la gente nos percibe lejanos e ineficientes. A veces, se considera que las autoridades están más preocupadas de discusiones electorales y luchas de poder que de la solución de sus problemas. Esto ha generado la apatía y desilusión de que dan cuenta estas estadísticas, que bien refrenda el informe, referidas, por ejemplo, a la participación juvenil y a la desconfianza hacia las instituciones. Hay un desprestigio del rol de la política, lo que en parte explica el millón setecientos mil personas que aún no se inscriben en los registros electorales, la mayoría jóvenes, aun cuando -hay que decirlo también- las instituciones juveniles que hemos creado tampoco han sido capaces de responder a estas necesidades juveniles e, incluso, han sido objeto de no pocos casos de corrupción.
El estudio omite dar mayor influencia a una causa importantísima en la desilusión de la gente. Me refiero a la corrupción. Todos los estudios sobre la materia demuestran que en los últimos diez años se han realizado, en promedio, más de 240 denuncias de corrupción, es decir, cerca de dos denuncias por mes. Esto también desilusiona al ciudadano y requiere, por parte de todas las autoridades, un actuar firme y decidido. Lamentablemente, las señales que ha dado la Cámara en cuanto al combate a la corrupción no han sido las mejores. Las comisiones investigadoras se constituyen siempre y cuando no afecten a autoridades de gobierno, y gran parte de sus resultados han sido inoperantes. Los informes finales tardan meses y, por lo general, no llegan a una solución concreta en cuanto a los casos de corrupción.
¿Cuál es el primer paso que es necesario dar para terminar con esta disociación entre la gente y la política? Primero, es básico fomentar la participación, acercando el gobierno a las personas. Ello nos permitirá traspasar poder del gobierno a la gente. Por lo demás, es el mensaje central que propusimos al país con Joaquín Lavín en la última elección presidencial.
Los resultados de la elección presidencial de enero pasado son la mejor demostración de que esta disociación existe y que la gente espera un cambio. En eso reconocemos al Presidente de la República , don Ricardo Lagos , cuando dijo haber escuchado a la gente y asumió un discurso mucho más vinculado a los problemas concretos. Que el Presidente y otros hayan acogido este mensaje durante la segunda vuelta, refleja que existe conciencia de la necesidad de un giro en el estilo de hacer política y entender la democracia. Pero no es un proceso simple y para percibir sus frutos es necesario ser persistentes y, sobre todo, creer profundamente en este estilo de cambio.
El desafío, entonces, consiste en que nos convenzamos de la necesidad de un cambio de estilos. Profundizar la democracia no consiste en aumentar, por ejemplo, el número de elecciones regulares. La propia encuesta señala que para los chilenos la primera característica de la democracia es la ley y el orden, relegándose a los últimos lugares las elecciones. Cuando se consulta por la imagen del ciudadano, la mayoría de los encuestados nos identifica con aquel que cumple las leyes del país, y un porcentaje bastante menor con quien va a votar.
En consecuencia, queda claro que la democracia dejó de ser un concepto estrechamente vinculado al voto; que es un proceso complejo que nos exige día a día acercarnos a la gente y a su realidad.
Profundizar la democracia requiere facilitar la existencia de instrumentos que nos permitan consultar la opinión del ciudadano en temas concretos y de interés real, y limitar en lugar de aumentar el poder del gobierno. Profundizar la democracia implica facilitar el acceso de las personas a la entrega de información por parte de las autoridades respecto de las decisiones públicas. En ese sentido, los electores deben tener acceso a la votación, por ejemplo, de sus diputados en sesiones de Sala y comisiones. Profundizar la democracia es poner el Estado al servicio de la gente, revisar las atribuciones de los poderes públicos, desarrollar procedimientos eficaces y expeditos para perseguir la responsabilidad del Estado por abusos o arbitrariedades. Profundizar la democracia requiere terminar con la burocracia, el mal empleo de los recursos y la corrupción. En este último punto, hay que ser extremadamente claros. Es necesario mayor fiscalización y ella debe ser conducida por la minoría, pues es la mayoría la que gobierna y la minoría, la llamada a fiscalizar. Profundizar la democracia obliga a perfeccionar la institucionalidad para fortalecer la descentralización a nivel local y regional. Las señales dadas en los últimos meses en esta materia no han sido afortunadas.
Como se puede apreciar, hay muchas cosas por hacer. Está claro el diagnóstico y, en ese sentido, el informe es absolutamente plausible, pues nos entrega muestras y datos estadísticos muy importantes para la discusión. Al final, lo único que debemos tener presente es que buscar culpables fuera del Congreso puede ser equivocado, porque gran parte de la responsabilidad es del Congreso y de nadie más.
Tenemos un enorme desafío, pero el mismo informe nos da una esperanza cuando dice que un gran porcentaje de los encuestados, el 78 por ciento, considera que los sueños pueden hacerse realidad, y un número considerable, el 53 por ciento, piensa que ellos pueden hacer mucho para cambiar la historia y el porvenir de nuestro país.
La tarea del Congreso en esta materia es, nuevamente, no continuar decepcionándolos.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente , de alguna manera, los dos diputados de Renovación Nacional han ido fijando nuestra posición, pero quiero hacer unos breves comentarios. Primero, felicitar al equipo de Pnud por el importante trabajo realizado. Es uno de los más serios que se han hecho en los últimos años, en especial cuando se analizan las aspiraciones colectivas del país, los estados de ánimo de las personas, la trama asociativa y la percepción de la ciudadanía respecto de la política.
Sin perjuicio de que se ha resaltado un perfil psicológico en la encuesta, desde nuestro punto de vista político, como miembros de un Poder del Estado , nos corresponde dilucidar cuáles debieran ser, desde nuestra perspectiva, las razones de este desánimo, de sueños colectivos un tanto frustrados, en el cual subyace el concepto de felicidad del individuo bastante a maltraer. Pareciera que esta no es una sociedad feliz, lo cual resulta preocupante desde el punto de vista psicológico del país. Habría que llamar a las autoridades a buscar una solución para este estado de ánimo, que no es muy bueno, sobre todo para el concepto de democracia y el modo de vida que queremos aplicar a la totalidad de los chilenos.
Me vienen a la memoria varios temas. El señor Eugenio Ortega , cuando fue diputado en el período 1990-1994, llevó la iniciativa en la Cámara respecto al sistema político, donde hay un problema bastante grande que, de alguna manera, explica el desánimo y el estado psicológico del país.
Estamos hablando de un sistema político presidencial, de un presidencialismo bastante exacerbado, que pone en jaque o disminuye absolutamente a un poder del Estado, como es el Legislativo. La mayoría de las iniciativas importantes radican en el Presidente de la República y, por lo tanto, aparece un Congreso Nacional muy disminuido.
Desde el punto de vista de las soluciones, de las respuestas que hay que dar a los ciudadanos respecto de sus problemas, aunque exista una gran preocupación, finalmente se ven frustradas, porque el Congreso no tiene facultades para encontrar las vías de solución. Ahí se produce el primer desencuentro. Entonces, mi crítica apunta al sistema político existente, que en su totalidad no resuelve las grandes demandas del país.
Si bien se ha hecho un análisis político, hay un análisis psicológico que refuerza la tesis primitiva.
Hemos hablado también de la participación de la ciudadanía. Efectivamente, el país ha avanzado fuertemente en ese aspecto; se han creado canales; se ha reformado la ley orgánica municipal, porque hemos querido radicar en los gobiernos locales la posibilidad de que la ciudadanía plantee sus problemas y les busque soluciones. Creo que eso se ha logrado plenamente.
Pero de nuevo, al cabo de un tiempo, surge la frustración, porque son pocos los municipios que pueden resolver los problemas. Hay una evaluación de acuerdo al crecimiento y al desarrollo de las ciudades -hablo de ciudad municipio-, y las que se encuentran en los 20 primeros lugares, de alguna manera van resolviendo sus problemas; pero siempre existe la dificultad de los recursos y el centralismo, que también es una figura muy negativa para el país y su sistema democrático.
No obstante la “autonomía” de las municipalidades, todos sabemos que si no existe la voluntad política del poder central, el gobierno local no contará con los recursos y bienes suficientes para satisfacer las necesidades de su población.
Si nos vamos a un plano un poco superior, como las intendencias, los gobiernos regionales, también hay una efectiva participación ciudadana; pero, si se hace un seguimiento, al cabo de un tiempo surge la frustración, porque sucede algo parecido a lo del gobierno local.
Año a año los gobiernos regionales están a la espera de una especie de mesada que manda el gobierno central, que se traduce en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Estamos hablando, en promedio, de 8, 10, 15 mil millones de pesos. Lamentablemente, no tengo las cifras, pero si uno hiciera una estadística de cuál es el aporte de las regiones al producto interno bruto, al gobierno central, versus el retorno, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, podríamos apreciar que éste no llega ni siquiera a 2 ó 3 por ciento.
En general, hay una situación que hoy aparece muy sensible en las distintas regiones, pues sienten que hacen un gran aporte, un gran esfuerzo, que pagan sus impuestos, pero todo esto, que es recaudado por una caja central, se traduce en una especie de esclavitud moderna. Es decir, pagan sus tributos y el monarca les da una prebenda a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Aquí hay un problema relacionado con el sistema político imperante, con la democracia y la forma de afianzarla, lo que se llama la dispersión del poder, que en nuestro país no existe. Persiste muy fuertemente el control del Estado por parte del Presidente de la República y un centralismo que está ahogando a las regiones y no permite un crecimiento integral.
Esto es como una familia, en la cual se procura el bienestar y la felicidad de todo el núcleo familiar. Sucede que en el plano nacional, la Región Metropolitana figura aparentemente muy feliz, con todos los recursos, con más de la mitad de la población, y las regiones subsisten a duras penas. Uno de los casos paradigmáticos es la región de Valparaíso.
Sin entrar en mayores detalles, por falta de tiempo, reitero lo que señalé al inicio. Felicito al equipo del Pnud y al señor Eugenio Ortega. Creo que con esto cerramos el ciclo. Hay informes económicos y administrativos que señalan lo que es la estructura de nuestro país, y hemos entrado al perfil psicológico de la ciudadanía. Entendemos que hay muchas razones que causan la frustración, pero es el sistema el que no permite llegar derecha y estrictamente a la solución de los problemas de las personas, lo que produce una frustración que se traduce en no ser feliz.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Eugenio Ortega.
El señor ORTEGA.-
Señor Presidente , quiero agradecer a cada uno de los parlamentarios su participación en el debate y manifestar el interés que tiene el Pnud en recibir copia de la versión de esta sesión y un “diskette”, con el objeto de grabarla en la página web de Naciones Unidas, que tiene circulación universal.
Agradezco los aportes que hemos recibido en la sesión, tanto las felicitaciones como las críticas, porque lo que presentamos es para el debate. No nos creemos poseedores de toda la verdad.
Por otra parte, queremos que se lea con énfasis de que hay una oportunidad, que no se puede desperdiciar, para hacer un cambio en las relaciones de la sociedad con la política. De otra manera, vamos a poner en el horizonte situaciones críticas, que nadie quiere vivir, como ha estado ocurriendo en algunos países.
Creo que esta sesión es muy importante no sólo para discutir un informe, sino más bien para mirar con tranquilidad y objetividad un problema: cómo dar más ciudadanización a la vida social, a la vida política; como dar más intensidad a la participación de las personas.
Muchas gracias.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Se enviará el boletín de la versión de sesiones y el video correspondiente, solicitado por el señor Ortega.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , como no tuvimos tiempo para intervenir en este importante tema, solicito que se nos permita insertar en la versión nuestros discursos.
Sólo deseo expresar una frase de las doscientas que iba a decir. Cuando hubo dictadura, la corrupción fue muy grande. Ahora que existe libertad para informar y hay Congreso Nacional, se magnifica este tipo de hechos.
He dicho.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Se insertará su intervención en la versión de la sesión, en la medida que llegue a la Secretaría en las próximas 24 horas.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14.10 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de comunicar a vuestra Excelencia que he resuelto incluir en la Convocatoria a la actual 341ª Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del honorable Congreso Nacional, el asunto legislativo que se indica:
-Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo sobre Servicios Aéreos Subregionales entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, y sus anexos, suscrito en Fortaleza, Brasil, el 17 de diciembre de 1996. (Boletín Nº 2333-10) (S).
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Subsecretario General de la Presidencia ”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Martínez, don Rosauro , y de la diputada señora Ovalle , doña María Victoria.
Amplía el plazo para inicio de jornada escolar completa. (boletín Nº 2503-04)
1. Que el artículo 1º de la ley Nº 19.532 estableció que “los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1996, deberán funcionar, a contar desde el inicio del año escolar correspondiente al año 2002 de acuerdo al régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media”;
2. Que el mismo artículo permite eximirse de tal obligación a los establecimientos de educación básica y media que lo soliciten, siempre que hayan demostrado “altos niveles de calidad, durante a lo menos dos mediciones consecutivas, de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación efectuadas entre 1995 y 2001”;
3. Que en el inciso final del mismo artículo se señala que aun los establecimientos que se acojan al beneficio señalado en el número anterior “a contar del año 2002 deberán mantener en forma permanente los niveles de calidad que permitieron a su respecto la aplicación de esta norma” obligándolos, en caso contrario, a incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna en un plazo máximo de tres años, contado desde aquél en el cual el Ministerio de Educación verifique y comunique los resultados de una segunda medición consecutiva en la que nuevamente no hubieren obtenido altos niveles de calidad;
4. Que de los 9.300 establecimientos educacionales subvencionados, sólo poco más de cinco mil podrán llegar este año a la jornada escolar completa, quedando casi cuatro mil sin ella, y que son los que mayor costo tendrán para implementar la JEC;
5. Que es un hecho público y notorio que no existe ninguna posibilidad de implementar la JEC diurna en los 9.300 establecimientos educacionales en el año 2002, vengo en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 19.532 la cifra “2002” por la cifra “2004”.
Asimismo, reemplázanse en el inciso tercero del mismo artículo los guarismos “1995 y 2001” por los guarismos “1997 y 2003”.
Por último, sustitúyese en el inciso final del citado artículo el guarismo “2002” por el guarismo “2004”.