Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESION
- Victor Barrueto
- Waldo Mora Longa
- PRESIDENTE ACCIDENTAL DE LA SESIÓN
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Carlos Loyola Opazo
- PRESIDENTE DE LA SESION
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO
- Eduardo Frei Ruiz-tagle
- PERMISO
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- NOTA DE SALUDO A EX DIPUTADO DON MARIO PALESTRO ROJAS.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Rafael Arratia Valdebenito
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- ARCHIVO DE PROYECTO DE LEY.
- V. PROYECTO SOBRE TABLA
- INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Tercer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- INDEMNIZACIÓN PARA MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Enrique Van Rysselberghe Varela
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INDEMNIZACIÓN PARA MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES EN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN EL ACOPIO DE ARSÉNICO EN LA DIVISIÓN EL TENIENTE.
- NUEVO STATUS JURÍDICO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEL SIDA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Edmundo Villouta Concha
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- ANTECEDENTE
- VIII. INCIDENTES
- DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS DEL AGRO Y REGULACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Zarko Luksic Sandoval
- Rodolfo Seguel Molina
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jaime Rocha Manrique
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Velasco De La Cerda
- Alejandro Navarro Brain
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Miguel Hernandez Saffirio
- Juan Nunez Valenzuela
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- FACTIBILIDAD DE QUE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO COMPREN PRODUCTOS AGRÍCOLAS NACIONALES. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Zarko Luksic Sandoval
- Rodolfo Seguel Molina
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jaime Rocha Manrique
- Enrique Jaramillo Becker
- Sergio Velasco De La Cerda
- Alejandro Navarro Brain
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Miguel Hernandez Saffirio
- Juan Nunez Valenzuela
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Eliana Caraball Martinez
- ADHESION
- CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS EN RELACIÓN CON LAS COBRANZAS ABUSIVAS. Oficio.
- FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE BUSES INTERURBANOS SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Oficios.
- REBAJA DE DIVIDENDOS PARA OCUPANTES DE POBLACIÓN MIRAFLORES, DE CURANILAHUE. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Waldo Mora Longa
- Sergio Velasco De La Cerda
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- SOLUCIÓN PARA PACIENTE VÍCTIMA DE UN CASO FORTUITO EN TOCOPILLA. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Andres Palma Irarrazaval
- Sergio Velasco De La Cerda
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Juan Masferrer Pellizzari
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE FONDO SOLIDARIO PARA FINANCIAR DEFENSA DE MILITARES PROCESADOS. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Sergio Velasco De La Cerda
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN OSORNO. Oficios.
- ADHESION
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Velasco De La Cerda
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Osvaldo Palma Flores
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- DENUNCIA POR INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL EN PELARCO Y EN COMUNAS DEL DISTRITO 15. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Juan Efrain Ojeda Ojeda
- Jaime Naranjo Ortiz
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Osvaldo Palma Flores
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE PETICIÓN DE DESAFUERO DEL SENADOR SERGIO FERNÁNDEZ.
- IRREGULARIDADES EN NOMBRAMIENTOS EN LICEO DE VILLA ALEGRE. Oficios.
- ANTECEDENTES SOBRE DONACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL EN PEUMO Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
- ADHESION
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- REINSTALACIÓN DE CANAL DE RELAVES EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO. Oficio.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS DEL AGRO Y REGULACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Roberto Delmastro Naso
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Mario Bertolino Rendic
- Haroldo Fossa Rojas
- Jose Garcia Ruminot
- Arturo Longton Guerrero
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 47ª, en jueves 4 de mayo de 2000
(Ordinaria, de 10.44 a 14.08 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental del señor Acuña Cisternas, don Mario.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos. Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- PROYECTO SOBRE TABLA
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 7
III.Actas 7
IV.Cuenta 7
- Nota de saludo a ex diputado don Mario Palestro Rojas 7
- Autorización a Comisión para sesionar en forma simultánea con la Sala 7
- Permiso constitucional 7
- Archivo de proyecto de ley 7
V.Proyecto sobre Tabla.
Incremento del fondo de estabilización del petróleo. Tercer trámite constitucional 8
VI.Orden del Día.
Indemnización para ministros de la Corte Suprema. Primer trámite constitucional 10
VII.Proyectos de acuerdo.
- Constitución de Comisión de Recursos Naturales en investigadora de irregularidades en el acopio de arsénico de la división El Teniente 32
- Nuevo status para la Comisión Nacional del Sida 34
VIII.Incidentes.
- Diferencias en los precios de productos del agro y regulación del mercado agrícola. Oficios 36
- Factibilidad de que los organismos y empresas del Estado compren productos agrícolas nacionales. Oficio 37
- Criterio de las autoridades económicas en relación con las cobranzas abusivas. Oficio 38
- Funcionamiento de terminales de buses interurbanos sin estudio de impacto ambiental. Oficios 38
- Rebaja de dividendos para ocupantes de población Miraflores, de Curanilahue. Oficio 40
- Solución para paciente víctima de un caso fortuito en Tocopilla. Oficios 41
- Información sobre fondo solidario para financiar defensa de militares procesados. Oficios 42
- Medidas de prevención ante eventual erupción del volcán Osorno. Oficios 42
Pág.
- Denuncia por infracción a la ley sobre sistema de inscripción electoral en Pelarco y en comunas del distrito 15. Oficio 43
- Antecedentes sobre petición de desafuero del senador Sergio Fernández 44
- Irregularidades en nombramientos en liceo de Villa Alegre. Oficios 46
- Antecedentes sobre donación de terreno municipal en Peumo y construcción de hospital de San Vicente de Tagua Tagua. Oficios 46
- Reinstalación de canal de relaves en comuna de Diego de Almagro. Oficio 48
IX.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de su Excelencia el Presidente de la República por el cual formula observaciones al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentran embarazadas o que sean madres lactantes de acceder y permanecer en los establecimientos de educación (boletín Nº 1251-18) 49
2. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificación, el proyecto, con urgencia calificada de “suma”, que incrementa el fondo sobre estabilización de precios del petróleo a que se refiere la ley Nº 19.030 (boletín Nº 2475-05) 51
3. Moción de los diputados señores Prokurica, Alessandri, Delmastro, Álvarez, Bertolino, Fossa, García, don José; Longton, Palma, don Osvaldo, y Vilches, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de cumplir con el principio de transparencia (boletín Nº 2497-16) 51
X.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del senador don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 Nº 2 letra a) de la Constitución Política de la República, solicita el acuerdo de la Corporación para ausentarse del país entre el 26 de mayo y el 4 de junio para dirigirse a los Estados Unidos de América.
-Del diputado señor Arratia, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 5 de mayo en curso para dirigirse a El Cairo.
2. Oficio:
-De la Comisión Especial de Drogas por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala los días 9, 10 y 11 de mayo en curso con el objeto de despachar el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (boletín Nº 2439-20).
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (77)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro, IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D’Albora, Adriana PPD IV 9
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores René Manuel García y Juan Pablo Letelier.
-Asistió, además, el ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.44 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 42ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 43ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
NOTA DE SALUDO A EX DIPUTADO DON MARIO PALESTRO ROJAS.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente, a través de la prensa me he enterado del grave estado de salud del ex diputado señor Mario Palestro. En consecuencia, solicito que la Corporación le envíe una nota con un saludo y deseos de mejoría.
Es importante recordar a un ex colega cuya salud se encuentra deteriorada.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado, es una muy buena iniciativa y encargaremos formalmente al señor Secretario que la envíe en nombre de la Cámara de Diputados.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR EN FORMA SIMULTÁNEA CON LA SALA.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de Drogas para sesionar simultáneamente con la Sala los días 9, 10 y 11 de mayo en curso, con el objeto de despachar el proyecto, con urgencia calificada de “simple”, que sustituye la ley Nº 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el diputado señor Arratia ¿Habría acuerdo? Acordado.
ARCHIVO DE PROYECTO DE LEY.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del honorable Senado para archivar el proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (Boletín Nº 2053-13).
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. PROYECTO SOBRE TABLA
INCREMENTO DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DEL PETRÓLEO. Tercer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Acaba de llegar la modificación del Senado al proyecto de ley que incrementa el fondo de estabilización del petróleo a que se refiere la ley Nº 19.030.
Este proyecto está calificado con urgencia de “suma” y corresponde resolverlo de inmediato.
La modificación del Senado es una indicación que debía hacer el Ejecutivo y cuya inclusión fue solicitada por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, deberíamos despachar la iniciativa de inmediato y casi sin discusión.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2475-05. Documentos de la Cuenta Nº 2 de esta sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, su Señoría acaba de recordar un hecho sobre el cual se tomó acuerdo primero en la Comisión de Hacienda y luego en la Sala.
Los diputados señores Jaramillo, Dittborn, José García y Ortiz presentamos la indicación en la Comisión y solicitamos el patrocinio del Ejecutivo -el cual estuvo de acuerdo-, lo que posteriormente fue ratificado por la Sala.
Por lo anterior, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para despachar de inmediato el proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, solicito que este proyecto se tramite de acuerdo con el Reglamento. Debe informarse de la indicación para que podamos intervenir y determinar si estamos de acuerdo con ella.
No nos pueden sorprender de esta manera. Para nosotros, que hemos trabajado en este proyecto, es primera noticia que tenemos. Por lo tanto, solicito respetuosamente que nos rijamos por el Reglamento.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado, la modificación acaba de llegar. Por eso su texto se está entregando ahora. Por lo demás, el proyecto fue calificado con “suma” urgencia.
Por otra parte, en tercer trámite constitucional no corresponde exigir informe.
Por último, se trata de una modificación que solicitó la Cámara en forma unánime, y es la única que el Senado le introdujo al proyecto.
En consideración a todo lo anterior, propongo despacharlo sobre Tabla.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente, sugiero que el diputado señor Vilches intervenga si lo quiere hacer; pero le solicito que ponga inmediatamente en votación la modificación del Senado y despachemos de inmediato este proyecto, que fue calificado de “suma” urgencia.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para votar de inmediato esta modificación del Senado.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
El inciso segundo del artículo 193 señala que cuando un proyecto “haya sido de “suma” o de “discusión inmediata”, se discutirá y votará sobre Tabla, en la misma sesión en que se dé cuenta de él”.
Por lo tanto, no corresponde seguir en esta discusión.
En discusión la enmienda del Senado.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente, como su Señoría ha señalado -debido a ciertas improvisaciones que a veces se producen en la Cámara de Diputados-, hoy hemos recibido esta modificación del Senado, relacionada con la letra c) del artículo 2º, que señala lo siguiente:
“Letra c)
La ha reemplazado por la siguiente:
“c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente:
“Los precios de referencia intermedios calculados, no podrán diferir en más de un veinte por ciento del promedio de los precios de paridad observados en el plazo del año que expira la semana anterior al día en que correspondan ser determinados.”.”
Efectivamente, en el debate que tuvimos en esta Sala sobre el proyecto, se solicitó un porcentaje específico, que es este 20 por ciento, para que no se excedieran las posibilidades de la banda.
Por lo tanto, vamos a aprobar la modificación del Senado; pero antes de eso, quiero formular algunas observaciones.
Todo el país tomó conocimiento esta semana del alza de los combustibles, en circunstancias que los precios internacionales de los últimos 60 días tienen una tendencia a la baja. Así lo refleja la cotización de 21 dólares por barril de crudo. Sin embargo, en Chile, como esta administración no ha reconocido esta rebaja en las tarifas de los combustibles, hemos pagado tres pesos adicionales por el litro de gasolina durante esta semana.
En consecuencia, me parece que la forma en que los señores ministros de Hacienda y de Economía , Minería , Pesca y Energía están aplicando la banda de precios del Fondo de estabilización de precios del petróleo se contrapone absolutamente con el espíritu del proyecto que estamos discutiendo.
Por eso quise intervenir. Esta es una contradicción que todo el país comprueba. Bajan los precios internacionales del petróleo, pero en Chile seguimos pagando un mayor costo por los combustibles. Es necesario que la autoridad respectiva tome nota de esto, y espero, por la tendencia que existe en los mercados externos, que no vuelvan a subir los combustibles. Con la aprobación de esta normativa tendremos más seguridad de que ello no sucederá.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Encina.
El señor ENCINA .-
Señor Presidente, quiero recordar al diputado señor Vilches que el precio del petróleo subió en los últimos días casi en un dólar. Por lo tanto, no es efectivo lo que ha señalado. Existió una tendencia a la baja, pero eso ha variado en los últimos días.
Además, debo hacerle presente que el mecanismo de funcionamiento del Fondo es distinto; es decir, no es mecánico, ya que cuando sube o baja la bencina, la fluctuación no se traspasa inmediatamente a los usuarios, sino que tienen que cumplirse ciertos requisitos.
Todo el país sabe que la existencia del Fondo de estabilización del precio del petróleo ha significado que las alzas hayan sido mucho menores que si las fluctuaciones se hubieran traspasado de inmediato a los usuarios. Este Fondo, que ha sido muy útil para todo el país, fue impulsado por la Concertación, concretamente por el Gobierno de don Patricio Aylwin.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, daremos por aprobada la modificación del Senado.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No!
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para tratar la iniciativa que figura en el número 5 de la Cuenta.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado, sólo hoy hemos dado cuenta de esa iniciativa. En su momento veremos cuándo la despacharemos.
VI. ORDEN DEL DÍA
INDEMNIZACIÓN PARA MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece indemnizaciones para ministros de la Corte Suprema.
Diputada informante de la Comisión de Hacienda es la señora Marina Prochelle.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2461-05, sesión 25ª, en 15 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 41ª, en 13 de abril de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
El señor ministro de Justicia ha enviado una carta a la Cámara mediante la cual explica por qué no puede estar presente en este momento, por lo que solicito la unanimidad de la Sala para permitir el ingreso del subsecretario de esa Cartera, don Jaime Arellano Quintana.
El señor MASFERRER .-
¿Cuáles son las razones que esgrime el señor ministro de Justicia en su carta para no estar presente en la Sala?
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señala que no podrá llegar al inicio de la sesión por tener que cumplir con un compromiso previo.
¿Habría acuerdo para que ingrese a la Sala el señor subsecretario de Justicia?
Acordado.
Tiene la palabra la honorable diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente, por encargo de vuestra Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto que tiene por objeto otorgar una indemnización a los ministros de la Corte Suprema que dejen de prestar servicios por renuncia voluntaria a sus cargos y que cumplan con los requisitos que la iniciativa señala.
En la Comisión de Hacienda se escuchó a los señores Hernán Álvarez, presidente de la Corte Suprema ; José Antonio Gómez , ministro de Justicia; José Benquis, ministro de la Corte Suprema , y Héctor Hernández , asesor del Ministerio de Hacienda.
Cabe recordar que hay precedentes sobre este tema: en la ley Nº 18.675, de 1987; en la ley Nº 18.805, de junio de 1989; en la ley Nº 19.121, del 5 de febrero de 1992, y en la ley Nº 19.544, del 31 de diciembre de 1997.
Por lo tanto, esta iniciativa es una más que dice relación con el mismo tipo de beneficios.
En el artículo 1º se establece que los ministros de la Corte Suprema en servicio a la fecha de publicación de la ley, que hayan cumplido o cumplieren setenta años de edad y que renuncien a sus cargos, teniendo, en ese momento, treinta o más años de servicio en el Poder Judicial , tendrán derecho a percibir una indemnización de cargo fiscal de 5.347 unidades tributarias mensuales si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 70 años y hasta antes que cumplan los 74 años, y de un monto equivalente a 4.965 unidades tributarias mensuales si renuncian a sus cargos habiendo cumplido 74 años y hasta antes que cumplan los 75 años.
En la Comisión se expresó que la escala diferenciada del beneficio, que es menor a medida que aumenta la edad del beneficiario, responde al criterio de compensar a quien renuncia con menor edad, ya que al hacerlo estaría dejando de percibir la remuneración por el tiempo en actividad hasta cumplir los 75 años y que, además, constituye un estímulo para quienes lo hacen antes.
El presidente de la Corte Suprema y el ministro de Justicia expresaron en la Comisión que este proyecto se generó cuando se discutió entre representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial , el sistema y la cuantía de las rentas de los funcionarios de este último. En esa oportunidad se habría conversado sobre la necesidad de contar con una normativa de esta naturaleza, por cuanto los ministros de la Corte Suprema son personas que han dedicado absolutamente su carrera profesional a ese servicio y jubilan con una pensión bastante desmedrada respecto de los sueldos en ejercicio.
Por otra parte, el Gobierno estimó que no se podía modificar el sistema de jubilaciones, porque significaría alterar el sistema previsional vigente, pero consideró conveniente homogeneizar la normativa que rige las indemnizaciones por el retiro voluntario de los ministros de carrera de la Corte Suprema.
Algunos señores ministros expresaron que la normativa propuesta no beneficia a los ministros integrantes de la Corte, discriminación que se explica porque ellos no han desarrollado una dilatada carrera judicial ni han debido ejercer los cargos con dedicación exclusiva.
Estos antecedentes, expresados por los ministros de la Corte Suprema, encabezados por su presidente, y por el ministro de Justicia, permitieron aclarar durante la discusión en la Comisión si realmente la normativa propuesta era una excepción a las normas previsionales vigentes y si era justificada.
En definitiva, por mayoría de votos, la Comisión aprobó en general el proyecto, y también en particular.
Hago presente que el financiamiento será con cargo a una partida del Tesoro Público.
Por último, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente, el proyecto que nos ocupa es una iniciativa polémica. De partida, a quienes somos sensibles a la realidad que viven millones de chilenos, especialmente aquellos que están en la fase final de su vida laboral, nos produce un íntimo rechazo la abultada suma de dinero por concepto de desahucio especial: más de cien millones de pesos.
En situaciones como ésta, cuando el fuero íntimo muchas veces nos indica derechamente proceder a rechazar una norma que consideramos injusta o, al menos, desproporcionada, debemos ser prudentes. La prudencia es una virtud que cada día parece más escasa y que queremos practicar o incitar a su práctica.
La prudencia, la seriedad y la objetividad en el trabajo legislativo me indican que debo buscar en los orígenes del proyecto si las implicancias económicas y también políticas tienen relación con los valores o beneficios superiores que, para el país y para la Corte Suprema, tiene la futura ley.
De partida, sé que con ella se supera una situación de injusticia relativa que existe actualmente entre los ministros. Sabemos también que es necesario renovar la Corte, incorporando nuevos ministros. Se ha demostrado recientemente, con hechos, el ejercicio abusivo de derechos por parte, incluso, de un ex presidente del máximo tribunal.
Con todo, pienso que hay indicios claros de que esta iniciativa legal, por objetable que pueda ser una primera lectura, busca fines superiores.
No es fácil la elección; es más cómodo y más agradable decir no a proyectos como éste. Por lo dicho y discutido en la Comisión de Hacienda, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, a título personal, quiero hacer algunas consideraciones sobre el proyecto que estamos conociendo.
Como decía con tanta propiedad el colega señor Jaramillo, el proyecto es delicado, por lo cual he tratado de profundizar en la materia y de estudiarlo exhaustivamente, con sus ramificaciones, con su pasado, con la forma en que se ha legislado en otra época al respecto. Y he llegado a la conclusión de que nuevamente es un proyecto de parche, en el cual se legisla solamente para los actuales ministros de la Corte Suprema que hayan cumplido o que cumplieren setenta años de edad.
En mi concepto -y lo hemos señalado muchas veces- correspondería solucionar definitivamente el problema de remuneraciones, bonificaciones, premios y otros que deban percibir los altos magistrados del Poder Judicial y que en justicia les corresponden.
Siempre he sentido el mayor respeto por los miembros del Poder Judicial , en especial por los señores ministros de la Corte Suprema, pero esto no obsta para señalar que el proyecto, específicamente, es desaconsejable por ser una norma de excepción y no general.
En varias oportunidades conversé el tema con el ex presidente de la Corte Suprema , don Roberto Dávila , quien fue mi compañero de curso en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y le señalé que estábamos a su disposición para impulsar una legislación permanente, no de excepción. Desgraciadamente, como sabe la Cámara, don Roberto Dávila tuvo un triste fin; pero quiero reiterar este ofrecimiento desde esta banca a todos los señores ministros de la Corte Suprema de cualquier época que puedan interesarse en el tema.
El proyecto en sí no constituye una novedad en materia de procedimiento jurídico-legislativo. El incentivo o los incentivos para abandonar la carrera judicial son un expediente que, en diferentes ámbitos, han empleado diversos gobiernos, como con propiedad lo señalaba la diputada informante de la Comisión de Hacienda . La ley Nº 18.675, de 1987, otorgó a los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial un aporte, de cargo del Estado, siempre que se acogieran a jubilación teniendo más de 30 años de servicio y que dicha jubilación se obtuviera en el nuevo sistema de pensiones. El aporte significaba asegurar al pensionado una renta vitalicia de entre 190 y 290 mil pesos mensuales de ese tiempo.
En esa época era ministro de Justicia , quien fuera también mi profesor, el distinguido civilista y brillante ex parlamentario don Hugo Rosende Subiabre. Él tuvo que resistir todo tipo de “ditirambos” porque amplios sectores del país señalaron que el señor Rosende, por este medio o expediente, buscaba tener una Corte Suprema -y, eventualmente, una Corte de Apelaciones- hecha como traje a la medida.
Luego, en ese gobierno, y con el mismo ministro de Justicia , se impulsó la que luego fue la ley Nº 18.805, de 1989, que otorgó a los ministros, al fiscal de la Corte Suprema y a los presidentes de las cortes de apelaciones y del trabajo que tuvieran más de 75 años y se acogieran a jubilación, el derecho a obtener una indemnización de cargo fiscal igual a su última remuneración por cada año de servicio con un máximo de 28 años.
En aquella época -para que aprecie la honorable Cámara y quienes se interesan por las situaciones históricas del país-, los que apoyábamos al gobierno militar no litigábamos por la misma cuerda. Y voy a señalar algunas opiniones.
¿Qué dijo frente a este proyecto de ley la señora Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia ? Manifestó lo siguiente:
Este proyecto ?afecta la propia dignidad de distinguidos miembros de la Corte Suprema?.
“Es muy dolorosa la decisión del Legislativo, porque se sirve de necesidades reales acumuladas en el tiempo para establecer un incentivo de alejamiento de los más altos magistrados de la nación. No es esta una solución adecuada”.
Un periodista le preguntó: “¿Cree que a través de esta ley se puede obtener una Corte Suprema que sea favorable al actual gobierno frente a posibles futuros juicios a uniformados por la violación de derechos humanos?”. Ella contestó: “Creo que ése y no otro puede ser el propósito del legislador”.
De otra parte, don Claudio Illanes, hijo de un ex presidente de la Corte, abogado integrante de la Corte Suprema, distinguido abogado que, ciertamente, en esa época apoyaba al gobierno militar, dijo: “El proyecto no resuelve el problema económico que ha impedido que los ministros de la Suprema se retiren y se presta para conjeturas que ponen en tela de juicio a todo el sistema judicial.
“Esta ley no arregla el problema señalado, sino que lo hace de una manera tal que, en mi opinión, la traduce en que sea inconveniente en la forma y en la oportunidad”.
Pero ahora vamos a lo que opinaban los de enfrente, porque en ese tiempo era presidente del Colegio de Abogados un distinguidísimo abogado, don Alejandro Hales, padre de un eminente diputado que acaba de dejar la vicepresidencia de esta Cámara. En dicho Colegio se dio la lucha y triunfó, con la primera mayoría, don Alfredo Etcheverry, que actuaba muy directamente con el señor Hales. ¿Qué dijo el prestigioso abogado Etcheverry?: “Pero la imaginación también puede ejercitarse para encontrar la manera de frustrar ese propósito -que llevaba al gobierno a adecuar la situación-.
“Primero, que no establezca los beneficios como un régimen permanente a futuro. Segundo, que sólo haya venido a reparar esta situación económica injusta al término de 15 años de gobierno, pudiendo haberlo hecho mucho antes. Y tercero, que lo más indefendible de la ley es este plazo de 90 días que establece para acogerse a ella”.
Nosotros, con propiedad, podríamos decirle a la Concertación, como ayer se criticaba al gobierno militar que en 15 años no había sido capaz de implementar una ley permanente, que también ha tenido diez años para proceder.
Pero un broche de oro que no podría dejar de traer a conocimiento de esta honorable Cámara. ¿Qué decía el diario “La Época” del 20 de junio de 1989, en su página 14? Lo siguiente: “Aylwin espera que jueces no acojan la nueva jubilación”.
“El presidente de la Democracia Cristiana y vocero de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin , dijo que espera que los ministros de la Corte Suprema no se acojan a la jubilación que se les ofrece a partir de una nueva norma legal recién promulgada”.
Sobre la reforma señalada, el precandidato presidencial expresó: “La forma en que ha sido planteada, como una compensación discriminatoria que no resuelve el problema de los funcionarios del Poder Judicial en general, de la jubilación de los ministros de la Corte Suprema en general, sino que persigue, dentro de un plazo reducido, que se vayan determinados ministros para que dejen las vacantes al régimen”.
Pero, como es frecuente en nuestro país, en que lo que se dijo ayer se olvida hoy, el propio señor Aylwin , como Presidente de la República y asesorado por su ministro señor Cumplido, envió el proyecto de ley que luego se transformó en la ley Nº 19.121, de 1992, la cual otorgó a los ministros y al fiscal de la Corte Suprema que tuvieran a esa fecha más de 70 años de edad y jubilaran, una indemnización de cargo fiscal por un monto equivalente a la remuneración total del grado respectivo y demás beneficios pecuniarios, con un máximo de 28 mensualidades.
Ciertamente, el despacho del proyecto, que se convirtió en la ley que acabo de señalar, también produjo una seria controversia y en esa oportunidad se dieron diferentes opiniones. Quiero citar algunas.
Para los distinguidos amigos del Partido Radical, que tanto aprecio, puedo decirles que en la discusión de ese proyecto en el Senado de la República, el senador González Márquez, en 1992, dijo:
“Señor Presidente, este proyecto de ley otorga una especie de privilegio y cae en una discriminación, en mi opinión, inaceptable, a favor de un sector de funcionarios de un Poder del Estado , el Judicial, lo que, en mi concepto, atenta contra la dignidad de los magistrados de la Corte Suprema”.
Pero es interesante conocer lo que expresó el Partido Socialista. El senador Calderón , en la misma sesión, manifestó:
Creo que vivimos una etapa distinta. Y no me parece que el Gobierno de turno plantee un sistema para comprar las conciencias de altos magistrados.
“Incluso ahora, cuando todos estamos conscientes de un serio problema de seguridad pública, necesitamos precisamente tratar a nuestras instituciones judiciales con procedimientos muy nítidos.
“En consecuencia, no pueden ser más claras mis palabras. No. Yo no hablo aquí por hacer una intervención. Estoy señalando cuestiones de principio. Por razones éticas, me opongo a este procedimiento ajeno a la democracia”.
Creo que es bueno recordar y traer a conocimiento de los señores diputados lo que se decía en diferentes sectores.
Nuestra queridísima amiga -mía, por lo menos-, apreciada y distinguida colega Laura Soto , presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que transitoriamente está en la Cámara de Diputados y esperamos que en el futuro llegue de nuevo a la Cámara Alta, en el Senado de la época decía: “Pero, a mi juicio, es extremadamente riesgoso que se plantee hoy un tratamiento de excepción para ofertar 19 millones de pesos a los señores ministros de la Corte Suprema con el fin de que se retiren voluntariamente, en circunstancias que se discute centavo a centavo, por ejemplo, la posibilidad de aumentar la USE para la educación diferencial, y se nos explica que hay que cuidar mucho la probidad administrativa, que hay que esforzarse para que no se dispare la inflación. Existen problemas con los profesores, con los trabajadores de la Fenats, con los jubilados, a quienes todavía no se les devuelve el 10,6 por ciento pendiente...” Y para qué seguir.
Señores diputados, en iguales términos podría señalar lo que dijeron muchos de los señores diputados que aún se sientan en estas bancas, como por ejemplo los señores Aguiló y Naranjo , todos concordantes con la línea que estoy manifestando en esta mañana desde este banco de Renovación Nacional. No puedo hablar en nombre del partido; debo limitarme a hacerlo sólo en el mío, según las instrucciones del señor jefe de Comité .
(Risas en la Sala).
El desprestigio que alcanza al Poder Legislativo a nivel del juicio público, aun en mayor medida que el del Poder Judicial, es razón más que suficiente para ser extremadamente cautelosos y transparentes cuando se legisla sólo a favor de un pequeño grupo de ministros del tribunal superior.
Por último, insisto en que es de toda justicia entregar a los escalafones superiores del Poder Judicial mejores condiciones económicas mediante una legislación permanente, y no en leyes de excepción, como en este caso, en que se ofrecen casi 150 millones de pesos al ministro que desee renunciar.
Por ello, sin tratar de arrastrar a nadie en esta posición, anuncio que votaré en contra del proyecto.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se cita a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Miguel Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente, en verdad, siempre estoy disponible para discriminar positivamente los asuntos de carácter social, que afectan en especial a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, a la gente modesta y sencilla. Y el proyecto en debate violenta ese principio que trato de mantener en forma permanente en esta función pública con que se me ha distinguido.
Por eso, votaré en contra, más aún cuando estamos recibiendo una demanda permanente de diferentes sectores sociales respecto de la forma en que hoy jubila la gente. Muchos no pueden hacerlo, en especial los del sector público, porque terminan recibiendo pensiones de hambre que les impiden vivir decentemente.
Por ello, reitero mi disposición para discriminar positivamente en favor de los sectores pobres, sensibles. Sin embargo, no lo estaré para proyectos de ley como éste, que desde mi punto de vista carece de presentación y violenta la forma en que me he comprometido a desempeñar esta función pública.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se encuentran presentes en las tribunas dos delegaciones, a las que brindamos una cordial bienvenida. La primera, integrada por personas de la tercera edad de Laraquete, provincia de Arauco, fue invitada por el diputado señor Haroldo Fossa. La segunda, compuesta por estudiantes de Talca, fue invitada por el diputado señor Sergio Aguiló.
-Aplausos.
El señor MORA (Vicepresidente).-
A continuación, puede hacer uso de la palabra el diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS .-
Señor Presidente, este proyecto mueve a inquietud y provoca diferentes reacciones, como lo han señalado varios señores diputados. También es evidente la conveniencia de que haya una ley general en relación con todos los jubilados, es decir, con las personas que han alcanzado determinada edad y trabajado por el país, a fin de que reciban una pensión digna para llevar cierta calidad de vida durante sus últimos años. Por desgracia, sabemos que ésa no es la situación actual, a pesar de que los gobiernos de la Concertación han doblado y triplicado las pensiones de jubilación. No obstante esas triplicaciones a partir de 1990, dado que eran muy bajas, seguiremos luchando por su aumento, ya que son insuficientes para una digna calidad de vida.
Sin embargo, también debemos considerar determinados casos de excepción, como los planteados en la Cámara, cuando se trata de personas que han ocupado los más altos cargos dentro del país, como son precisamente los ministros de la Corte Suprema . Ellos, integrantes del Poder Judicial , uno de los más importantes dentro de una sociedad, desde Aisén o de cualquier ciudad pequeña, han ido entregando toda su vida al servicio de la justicia. Con posterioridad, después de una larga carrera de 35 ó 40 años de esfuerzo, recorriendo el país, en la que son pocos los que llegan a ministro de la Corte Suprema , a la más alta dignidad, se encuentran con que la jubilación no les alcanza para llevar una vida compatible con el alto cargo que ostentaron.
Por eso, dentro de la perspectiva de lo que eso significa dentro de Chile y de una carrera de esfuerzo, de desarrollo y de sacrificio, tomando en cuenta que no pueden ocupar otros cargos ni desarrollar otras actividades, parece justo -por lo tanto, no discriminatorio; lo reprochable son las discriminaciones arbitrarias- que estas personas reciban, por lo menos por una vez, esa cantidad de dinero, aparentemente alta, ya que en los probables 15 ó 20 años de vida que les resten, dicha cantidad se esfumará entre las manos y resultará ínfima.
Por eso, resultaría una pequeñez de parte nuestra si nos opusiéramos a otorgar determinada cantidad a personas que cumplen un rol destacado y que están al final de una larga carrera.
Por otro lado, también es importante considerar que la medida que se propone significa la posibilidad de que gente joven ascienda dentro del Poder Judicial, lo que es muy conveniente para cualquier institución.
Por estas razones, votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente, sin perjuicio de reafirmar lo expresado por el colega don Gustavo Alessandri, quien lo ha hecho en forma clara y docta, como acostumbra, quiero agregar que no hay razón que explique por qué los ministros de la Corte Suprema deben tener un tratamiento distinto al que reciben otros funcionarios del Poder Judicial o los jubilados del sector público, en general.
En este sentido, el proyecto es de parche. Debemos reconocer que el Poder Judicial, como tal, no está bien remunerado, pero debe atacarse el problema de fondo.
Por otro lado, parece que el proyecto de parche tuviera un trasfondo político: tener una Corte Suprema como un traje a la medida. Por eso tengo dudas sobre sus alcances.
En la práctica, se estimula el reemplazo de algunos miembros de la Corte Suprema, vulnerando o tratando de saltar el mecanismo constitucional.
Si de verdad se quiere mejorar las remuneraciones del Poder Judicial , debe abordarse el problema en su totalidad y no a través de parches.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, la verdad es que 5.347 y 4.965, según el caso, unidades tributarias mensuales es bastante plata. Si se multiplican por 26.919 pesos, que es el valor actual de cada una, el monto de la indemnización llega a alrededor de 158 millones de pesos.
Señalo esa cifra porque es importante que se sepa lo que se pretende otorgar a personas con nombres y apellidos. Se está legislando con nombres y apellidos. Se trata de quienes pueden jubilar este año o dentro de los próximos tres, en forma sucesiva.
¿Cuál es la justificación de esto? ¿Cuál es el propósito real? Si se tratara de la modernización del sistema judicial, sería interesante. Si se planteara que la situación económica de los jueces de la Corte Suprema es desmedrada y necesitan estos recursos, habría cierta lógica.
Incluso tiene lógica lo que ocurrió en el pasado. El general Pinochet utilizó este procedimiento por una lógica política: quiso amarrar políticamente el futuro de los tribunales a través de los jueces de la Corte Suprema. Dejó un paquetito bien armado. Pero tenía una justificación, una lógica política, y por eso nos opusimos e hicimos algunas declaraciones, como la que señaló el diputado señor Alessandri , en que expresamos nuestra posición contraria a la norma del caso porque no compartimos su objetivo político: controlar políticamente la Corte Suprema.
Después, lo que ocurrió en 1992 también tuvo su lógica política: se buscó desamarrar el paquetito que dejó el gobierno del general Pinochet.
Pero hoy, a estas alturas, honestamente, ¿tiene alguna lógica política la indemnización? ¿El proyecto tiene alguna justificación moral? En realidad, si existe, ¿por qué no se otorga el beneficio a los demás? ¿Por qué sólo a los ministros de la Corte Suprema? ¿Por qué no a los de las cortes de apelaciones? Quizás con otros requisitos, ¿por qué no al resto de los funcionarios judiciales y públicos, en general? ¿Por qué no al personal de las instituciones armadas o del propio Parlamento? ¿Por qué no a todos los trabajadores?
A mi juicio, no existe justificación política ni económica. No corresponde que el Congreso actúe en forma ligera, en contradicción con la ética política que debe regir nuestra acción. Lamento decirlo, pero me parece que estamos muy equivocados.
Si los jueces tienen una situación económica que consideran desmedrada o disminuida, debe propenderse a un sistema más justo, menos discriminatorio y transparente, pero no me parece correcto que se les ofrezca alrededor de 157 millones de pesos a algunas personas, con nombres y apellidos, independientemente de la indemnización a que tienen derecho por ley. ¿Por qué? Porque ocupan altos cargos en la administración del Estado. Hay mucha gente, quizás no con altos cargos, que también la necesita.
Creo que la señal que daríamos con la aprobación del proyecto sería muy equivocada. El país recién comienza a salir de una crisis económica y hay restricciones presupuestarias obvias. Alguien podrá decir que es muy demagógico plantear esto, pero es verdad que tenemos problemas.
En Chiloé existen proyectos que no es posible ejecutar por la restricción presupuestaria en determinados ministerios. No pueden repararse algunos caminos ni construirse casas porque no hay plata. Sin embargo, se quieren destinar 1.500 millones de pesos -una buena cantidad- para financiar, en los próximos cuatro años, una ley que dejará contentos a los jueces de la Corte Suprema, pero que generará una tremenda disociación entre aquéllos y el resto de los funcionarios del Poder Judicial . ¡No tiene lógica! Realmente, esto no tiene sentido.
Después nos dirán que con esto terminamos un proceso; pero faltan otras personas. Si los colegas leen el informe, verán que una de las críticas que se formulan apuntan a que el proyecto ya sería discriminatorio en contra de los ministros integrantes de la Corte Suprema, quienes no han hecho carrera dentro del servicio ni tienen 30 años de antigüedad para adquirir el derecho a esta indemnización. Por ende, resulta lógico pensar que si ahora aprobamos esta iniciativa, en unos meses más tendremos un nuevo proyecto, destinado a resolver la discriminación que se produjo al no indemnizar a destacados abogados o jueces que llegaron de la calle al Poder Judicial . Ese proyecto destinará mayor cantidad de recursos y seguramente modificaremos los requisitos para indemnizar a personas que hoy no tienen derecho por no haber cumplido 30 años de antigüedad.
Por lo anteriormente señalado, no votaré a favor del proyecto. El diputado Jaramillo estima que es mucho más fácil votar que no. En mi opinión, es mucho más fácil votar que sí. Corresponde, entonces, que nos pronunciemos en contra.
Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al diputado señor Elgueta .
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Agradezco la interrupción al diputado señor Ascencio .
Señor Presidente, quiero hacer dos observaciones.
Como se ha dicho, la lógica de este proyecto no es la que se aplicó durante el gobierno militar, en que se dio un plazo perentorio a los jueces, mediante un sistema vejatorio que los obligaba, prácticamente, a tomar cierta cantidad de dinero dentro de determinado plazo, porque de lo contrario nunca la tendrían. Con posterioridad, eligieron libremente en virtud de las leyes que aquí se han reseñado. Allí la lógica era política: no se quería tener una Corte Suprema donde un solo ministro había nombrado a 14 de 17 ministros.
En mi opinión, el diputado señor Alessandri se equivoca cuando sostiene que esta misma lógica la tienen los gobiernos de la Concertación. No es efectivo que el Gobierno, mediante estos incentivos, pretenda conformar una Corte Suprema de su agrado. El señor Alessandri debería estar enterado de que se reformó la Carta Fundamental en cuanto a que los ministros de la Corte Suprema, hoy, son nombrados con la intervención del Poder Judicial , del Poder Ejecutivo y del Senado. En consecuencia, no existe el propósito malsano que él señala. Acá, el problema de fondo es debatir si estos dineros constituyen o no un privilegio para un grupo de ministros de la Corte Suprema .
Deberíamos tomar en cuenta también lo dicho por el diputado señor Bustos : que cuando ellos jubilan reciben una pensión pésima, y de ser prácticamente la cabeza de un Poder del Estado , pasan a una austeridad, a una pobreza simulada, que todos los gobiernos no han sido capaces de mejorar mediante un sistema de pensiones adecuado.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
De conformidad con lo acordado por los Comités, el debate en el Orden del Día se cierra a las 12.30 horas. Quienes no hayan alcanzado a intervenir pueden insertar sus discursos en la versión oficial. El proyecto se votará el próximo martes.
Por tratarse de un tema de suma trascendencia y como aún quedan inscritos nueve parlamentarios, solicito la anuencia de la Sala para reducir a cinco minutos los 20 a que tienen derecho de acuerdo con la distribución del tiempo, a fin de que todos puedan emitir sus opiniones.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Continúa con el uso de la palabra el diputado señor Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, sólo quiero rectificar un error de cálculo. 5.347 unidades tributarias mensuales son 143.892.863 pesos. Esa es la cantidad exacta que estaríamos dando a cada ministro que se retire del servicio en los próximos cuatro años.
Por último, insisto en que las restricciones presupuestarias que todos hemos vivido no hacen aconsejable aprobar el proyecto. Por eso, lo votaré en contra.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente, éste es un debate sumamente interesante, enriquecedor y, además, transversal. A la Cámara le hacen falta debates como éste, transversales, entre los diputados de la Concertación y de la Oposición.
En primer lugar, quiero hacer una reflexión y formular una pregunta a los colegas que han intervenido: ¿Creen ustedes justo que la familia de un ex Presidente de la Corte Suprema -don Roberto Dávila -, que falleció hace poco más de seis meses, esté percibiendo una pensión inferior a 500 mil pesos, en circunstancias que ocupó el cargo más alto de la justicia en nuestro país?
El señor ALESSANDRI .-
No es justo.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
El proyecto en estudio tiene un solo objetivo: homogeneizar las condiciones de retiro voluntario de los ministros de la Corte Suprema que hayan cumplido 70 años.
El diputado señor Ascencio preguntaba si el proyecto tiene base moral. Claro que sí, porque estamos terminando con una discriminación y ésta debe ser siempre combatida, en todos los niveles y cuando afecta a todos los sectores y no cuando conviene a unos o a otros. Siempre la discriminación es negativa.
Aquí estamos poniendo término a una discriminación que afecta a miembros de un Poder del Estado que cumplen igual labor: los ministros de la Corte Suprema. Anteriormente, dos leyes establecieron una indemnización para ministros y altos miembros de la Corte Suprema que hubieran llegado a los 70 años de edad. Sin embargo, este beneficio no alcanza a todos los ministros en ejercicio. Por lo mismo -reitero- esta iniciativa viene a homogeneizar criterios y a establecer igualdad en los beneficios pecuniarios que recibirán jueces que han tenido una destacada labor por los servicios prestados a la nación a través de su larga trayectoria como ministros de la Corte Suprema .
El proyecto -enfatizo lo dicho por el diputado señor Elgueta- se sustenta en la renuncia voluntaria de los magistrados y no en el cese de funciones por haber llegado a la edad límite establecida en la Constitución para el retiro de los jueces.
Por ello, rechazo el intento de sospechar que este proyecto sea una forma encubierta del Gobierno para pedir la renuncia a los ministros de la Corte Suprema. ¡No es así! ¡No es efectivo! Muy por el contrario, ya que, si bien se busca la promoción de nuevos jueces, son los magistrados quienes libremente deben decidir si renuncian o no a sus cargos, sin que ninguna autoridad pueda influir en esa decisión. En consecuencia, esto no tiene otra finalidad que la expresada por el Ejecutivo en los fundamentos del mensaje.
Se ha señalado también que se está legislando para personas con nombres y apellidos. ¡Por favor! Si hace menos de un mes que este Congreso Nacional aprobó un proyecto de reforma constitucional con nombre y apellidos. Entonces, no veo por qué se hace un escándalo ahora. ¡No lo hagamos! ¡El Congreso Nacional ya habló!
Esta iniciativa obedece a la preocupación constante de la Concertación por mejorar las remuneraciones de un Poder del Estado que estaba pésimamente remunerado -tanto los jueces, los secretarios, los funcionarios, como los ministros de las cortes-, y ha sido la Concertación la que ha tenido la opción preferente por mejorar las condiciones de trabajo de un sector que durante años estuvo postergado. Sin embargo, así como hoy el Gobierno ha tenido una preocupación especial por el Poder Judicial, sería legítimo que ésta se hiciera extensiva a todos los jubilados de Chile.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente, este proyecto, que establece una indemnización para los ministros de la Corte Suprema, fue analizado in extenso por la Comisión de Hacienda. Con los años he aprendido que estos temas deben ser tratados en forma objetiva.
En primer lugar, me da la impresión de que algunos colegas no han dedicado el tiempo necesario al estudio del proyecto. Se habla -el diputado señor Ascencio rectificó la cifra-, en el primer caso, -letra a) del artículo 1º- de 143 millones de pesos; y, en el segundo -letra b) del mismo-, de 138 millones de pesos. Pero hay un tema que nadie ha tocado.
En estos diez años y fracción de Gobierno de la Concertación, se han promulgado dos leyes -Nºs 19.121, de 1992, y 19.544, de 1997- que establecen una indemnización para los ministros de la Corte Suprema . Sin embargo, nadie se ha dado cuenta de que en el artículo 2º del proyecto en estudio se dispone que esta indemnización “será incompatible con lo establecido en las leyes Nºs 19.121 y 19.544”. Vale decir, la indemnización que se fija en este proyecto por renuncia voluntaria, cumplidos los setenta años, y a lo menos con treinta años de servicio en el Poder Judicial , no es de 143 millones de pesos, pues se deben descontar los 80 millones de pesos acordados anteriormente por ley. En el fondo, a través de este proyecto sólo se aumentan 63 millones de pesos.
Quiero dejar en claro ese punto, porque no podemos olvidar que esta sesión se está televisando, y por ningún motivo quiero ser parte de algo así, ya que tengo otra forma de hacer política. ¡Actualmente hay problemas en el país! ¡Hay situaciones difíciles! ¡Hay discriminaciones! Pero ¿han pensado en cuál es el objetivo del proyecto?
En segundo lugar, el diputado señor Aníbal Pérez -que me antecedió en el uso de la palabra- recordó algo. En 1990 -se analizó en la Comisión de Hacienda con el Presidente de la Corte Suprema y con el ministro don José Benquis - los magistrados supremos tenían un ingreso de un millón de pesos; los ministros de las cortes de apelaciones, de no más de 700 mil pesos, y para qué hablar de los jueces hacia abajo: no más de 400 mil pesos. Pero cuando a un Poder autónomo, independiente, se le exige que sus integrantes no ejerzan ninguna otra actividad por ser cargos de dedicación exclusiva, ¿qué queremos? ¿Que efectivamente existan Poderes del Estado, como el Poder Judicial , que tengan remuneraciones que signifiquen vivir pensando en cómo terminar el mes? Hay situaciones reales.
¿Qué ha pasado en estos años en que la Concertación ha sido Gobierno? Se han aumentado en forma real y efectiva las remuneraciones de todo el Poder Judicial , lo que es justo, lógico y legítimo.
Quienes hemos participado en la Comisión de Hacienda en la discusión de este proyecto, sabemos que tanto el Presidente de la Corte Suprema como el ministro señor José Benquis reconocieron que fue en los Gobiernos de la Concertación cuando se empezó a analizar el tema de las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial . Ésta es una parte. ¡Pero jamás el Ejecutivo ha planteado este tema! Se trata de una petición de los integrantes del Poder Judicial . Por lo tanto, no corresponde que se afirme, en forma muy enfática, sesgada, entre comillas, etcétera, que éste es un tema político. ¡Falso, de falsedad absoluta! ¡Lo que he sostenido está en las actas de la Comisión de Hacienda!
Votaré a favor de este proyecto, porque creo que se les está dando dignidad a quince integrantes de la Corte Suprema, quienes podrán acogerse a esta iniciativa si se convierte en ley de la República. No cabe duda de que ella será el comienzo para que el día de mañana se legisle en favor de los ministros de las cortes de apelaciones y de los esforzados jueces del Poder Judicial .
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente, según un diario de hoy, la ministra señora Olivares fue exonerada del Poder Judicial porque se la consideró responsable de faltas graves a la ética y a la probidad administrativa. Podría pensarse: ¡qué tiene que ver una cosa con la otra! Sin embargo, tengo mis reservas respecto de una de las causales por la cual se ha destituido a la ministra señora Gloria Olivares , brillante magistrada, por lo menos cuando estuvo en Antofagasta. La Corte Suprema habrá tenido motivos para proceder de esa manera; pero la conocí bastante y al menos por probidad administrativa pongo en duda los elementos que justifican tal determinación.
El Presidente de la Corte Suprema señaló ayer que ésta es una medida ejemplarizadora, porque las conductas tenían que ser transformadas en el Poder Judicial . Conozco bastante dicho Poder del Estado y me parece bien que se postule el principio de la probidad administrativa; pero ello tiene que ver también con la probidad económica. Por lo tanto, debe haber consecuencia entre lo que se hizo ayer contra la ministra señora Gloria Olivares invocando la probidad administrativa, con lo que se está haciendo con los propios ministros que han tomado una resolución respecto de este problema. ¡Eso no me cuadra! En consecuencia, votaré a favor del proyecto siempre y cuando haya igual actitud en todo lo que se refiere a la probidad administrativa y económica.
Quiero dar dos ejemplos. Hace pocos días, nos reunimos con los pensionados y montepiadas, que han pedido audiencia al Presidente de la República para decirle que de los diez puntos que le plantearán les interesa, sobremanera, el primero: que las montepiadas reciban la misma pensión de sus maridos, porque en la actualidad, cuando fallece un pensionado -es deseable percibir 500 mil o 600 mil pesos de pensión-, su mujer recibe sólo la mitad.
Entonces, si concedemos un beneficio a 1, 14, 15 ó 500 personas, lo lógico sería que el Gobierno anunciara, por lo menos, que las montepiadas recibirán la misma pensión de su maridos, medida que no generaría mayor gasto fiscal, porque, cuantitativamente, sería la misma pensión. Ése es un ejemplo. Repito que votaría a favor del proyecto si, por lo menos, se anunciara una medida de esta naturaleza.
Otro ejemplo que conozco tan bien como el judicial, es la situación que afecta a los profesores. Hace algunos años se otorgó una indemnización por una vez y, posteriormente, por una segunda vez, a los profesores que tenían más de 35 años de servicios y que desearan retirarse. Pero no se les entregó una indemnización cuantiosa; se les permitió jubilar, obteniendo una indemnización de un mes por año, con un tope de once años y, en algunos casos, de doce o trece. Hoy día, los profesores han formulado la misma petición, una y mil veces, en todas las reuniones en que han participado. Conozco el caso de mis compañeros de curso: los que egresaron en 1960 tienen 40 años de servicio, y sólo están esperando la dictación de otra ley especial para jubilar, no con indemnizaciones millonarias, sino con sumas que no superan los 5 millones de pesos.
De manera que me gustaría que nuestra ministra de Educación -quien ha recibido esta petición-, el ministro de Hacienda o cualquier otra autoridad de Gobierno anunciara que se otorgará el mismo beneficio a otros sectores. Un beneficio es justo cuando existe la misma actitud hacia todos.
Por eso, formulo este llamado para sensibilizar las conductas, a fin de que este concepto tan hermoso que se llama probidad administrativa, que incluye lo económico y que se ha utilizado como fundamento para exonerar a la ministra Gloria Olivares, se haga extensivo a otros sectores.
Por lo tanto, si existiera un pronunciamiento en ese sentido en favor de las montepiadas o de los profesores, recién estaría pensando en votar favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la honorable diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente, para analizar este proyecto es conveniente situarse en la realidad que vive hoy día el Poder Judicial.
Esta iniciativa, que otorga a los ministros de la Corte Suprema la posibilidad de acceder a una indemnización, terminará con la discriminación que se generó cuando se aprobaron dos proyectos que no consideraron a estos magistrados entre sus beneficiados. Pues bien, en esta oportunidad se corregirá lo que han dejado de percibir por concepto de sueldos, que han estado muy por debajo del promedio de las remuneraciones que perciben las personas que desempeñan puestos importantes. Ahora, para qué comparar los sueldos de los magistrados con los de los abogados del sector privado.
Un abogado recién ingresado al Poder Judicial tiene impedimento absoluto de ejercer libremente la profesión. Por muchos años, los magistrados han recibido sueldos muy bajos, lo que, muchas veces, les ha impedido enviar a sus hijos a las universidades. También hay que reconocer que, comparativamente, en nuestro Poder Judicial existe bastante más probidad y honorabilidad que en los países latinoamericanos y del resto del mundo.
Se podrá decir que hemos conocido el caso de la ministra Gloria Olivares , publicado con grandes titulares; pero su caso constituye una excepción. ¿Cuántos magistrados de las ciudades que representamos aquí -en particular de mi distrito-, muchas veces han tenido que afrontar miles de causas con muy pocos recursos, utilizando procedimientos arcaicos, con poco personal, muchas veces en edificios incómodos, con una serie de restricciones? Sin embargo, han sido capaces de administrar justicia en forma decente y honorable.
Considero que en estos últimos años se ha corregido una injusticia. No obstante, el Poder Judicial , recién ahora, puede abrigar la esperanza, en virtud de la reforma procesal penal y de la creación del Ministerio Público, de que se impartirá justicia a todos los chilenos, con ciertos niveles de lógica y con recursos razonables para desempeñar una labor tan importante. Son los magistrados los que, finalmente, determinan quién tiene la razón cuando hay conflictos de intereses. De manera que hay que valorar lo que hasta ahora ha hecho el Poder Judicial , considerando las condiciones materiales de los juzgados y los recursos con que ha contado.
Por eso afirmo que esta iniciativa viene a corregir una situación histórica. Si comparamos lo que recibiría como indemnización un joven abogado que ingresa hoy al Poder Judicial , percibiría prácticamente lo mismo que se corrige con esta indemnización.
Además, es necesario incentivar la renuncia voluntaria. Los magistrados pueden optar por renunciar en forma voluntaria; para que eso ocurra hay que crear incentivos, de manera que haya movilidad en el Poder Judicial . Es necesario renovar la Corte Suprema -siempre que exista interés de los magistrados antiguos por dejarla- para que lleguen nuevos aires y personas que apliquen las nuevas formas de administrar justicia. Se da movilidad al Poder Judicial corrigiendo las discriminaciones causadas por las indemnizaciones otorgadas hasta ahora. Creo que eso es positivo y digno.
Por eso, anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, he escuchado el debate con mucha atención, y considero que una injusticia no se corrige con otra. Ésa sería mi primera apreciación respecto de este proyecto de ley.
Tengo serias discrepancias respecto de la forma en que se está legislando. No obstante reconocer las bajas remuneraciones del Poder Judicial, no creo que la solución sea beneficiar sólo a los ministros de la Corte Suprema.
El diputado señor Aníbal Pérez decía que hace pocos días el Parlamento aprobó el proyecto de reforma constitucional que crea el estatuto para los ex Presidentes de la República . Pero hay una gran diferencia: es un beneficio permanente; es un estatuto especial que beneficiará a todos los ex primeros mandatarios a fin de que puedan vivir con dignidad después de dejar sus cargos. Desde mi punto de vista, si consideramos que las remuneraciones del Poder Judicial son bajas y que el sistema previsional de los jueces es insuficiente, debemos legislar, precisamente, en una ley permanente.
Tal como se ha señalado durante el debate, esto se presta para muchos abusos. Lo único que estamos haciendo hoy día es utilizar exactamente el mismo procedimiento que en algún momento, con distintos argumentos y por diversas circunstancias, se criticó duramente.
Por un problema de seriedad, no estoy dispuesto a seguir legislando de esta forma; siempre estaremos disponibles para revisar con el Ejecutivo un sistema más permanente y que establezca mejores condiciones a fin de que los jueces -incluso los magistrados de la Corte Suprema- puedan retirarse con dignidad. Pero no me parece que el otorgamiento de una indemnización en forma aislada sea la fórmula adecuada para incentivar su retiro en condiciones relativamente dignas. Ello violenta no sólo la conciencia de otras personas, sino también -estoy seguro de ello- la de muchos funcionarios del Estado -tal como se ha puntualizado en el debate-, quienes se preguntarán por qué no tienen derecho al mismo beneficio. También violenta a mucha gente del país con necesidades muy postergadas y que, con razón, hoy día reclaman con mucha fuerza.
No sé qué autoridad moral tendremos el día de mañana, después de haber legislado de esta manera, para decirles a las personas que estamos realmente comprometidos con la gente más pobre y con las necesidades impostergables de nuestro país.
Me violenta la forma en que se otorga este beneficio. No estoy dispuesto a contribuir al otorgamiento de bonificaciones especiales aisladas, prácticamente con nombres y apellidos. Tenemos que ir a un sistema permanente que mejore las condiciones del Poder Judicial , pero no seguir este camino. También me violenta el doble discurso. En la Cámara manifestamos nuestra disposición a aprobar este tipo de proyectos, y afuera hablamos de la pobreza y sacamos el tema a cada segundo. Cuando vienen las campañas presidenciales, algunos emplean como eslogan el crecimiento con igualdad. Este no es crecimiento con igualdad. Si algo puedo recomendarle al Presidente de la República es el retiro de este proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, sólo quiero formular una aclaración. Deduzco de algunas intervenciones que se piensa que habría un interés muy siniestro en la presentación del proyecto: integrar una Corte Suprema al gusto de los gobernantes de hoy.
Al respecto, quiero señalar una cuestión meramente histórica. El mensaje que contiene el proyecto de ley es de enero del año 2000, cuando en el país todavía había incertidumbre sobre quién sería el Presidente de la República . Si acaso hubiera ganado el candidato de la Oposición, señor Lavín , me gustaría saber si los señores diputados que han manifestado esta aprensión habrían solicitado el retiro del proyecto.
Se habría mantenido de la misma manera, si no, díganlo, porque el proyecto no fue hecho para que el señor Lagos tenga una Corte Suprema a su gusto, sino para que la integren elementos más jóvenes para ejercer la justicia máxima.
En consecuencia, eliminaría la idea del plan extraño y siniestro que se habría concebido en las altas esferas del gobierno de la Concertación. El proyecto se presentó cuando había absoluta incertidumbre respecto de quién sería el Presidente de la República .
Por lo tanto, esa sola razón nos hace pensar que los objetivos del proyecto son elevados, altruistas, y quienes conocemos a los jueces tenemos absoluta confianza y certeza de que este beneficio llegará a funcionarios probos y que no tienen ningún compromiso subalterno con el gobierno de turno.
Por esa razón, lo votaré favorablemente.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José) .-
Señor Presidente, sin duda estamos frente a un proyecto de ley controvertido. Se ha dicho que es discriminatorio, y por supuesto que lo es. Discrimina positivamente en el caso concreto de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que han cumplido, a lo menos, treinta años de servicio al Estado.
Pero el hecho de que sea discriminatorio no implica que sea injusto; por el contrario, creo que es justo. Todos quisiéramos que fuera un proyecto más amplio; todos quisiéramos -como lo ha señalado el diputado señor Felipe Valenzuela - que considerara a los profesores, a los académicos de las universidades, a los funcionarios de la salud; en general, a los funcionarios del Estado. Si este proyecto no los contempla, no significa que no podamos seguir solicitando al Ejecutivo el mejoramiento de las condiciones de jubilación de los servidores públicos.
Particularmente, me preocupa sobremanera lo que ocurre con personas que tienen la edad para jubilar y no lo pueden hacer, porque de pensionarse por el sistema de las AFP pierden aproximadamente entre el 70 y el 75 por ciento de sus actuales ingresos. Así, nadie puede jubilar; nadie puede irse a su casa después de treinta, treinta y cinco, cuarenta o más años de servicios, con una pensión que no les permitirá llevar una vida digna, que a las personas de los sectores medios de la sociedad les significará enfrentar situaciones de pobreza, precisamente en los últimos años de su vida.
Todos nosotros, como legisladores y preocupados de los problemas reales existentes en nuestra sociedad, queremos que esto se solucione.
En ese sentido, hacemos una vez más un llamado al Gobierno. Pero ello no puede ser obstáculo para que hagamos un reconocimiento -repito-, que me parece justo con quienes, a lo menos, tienen treinta años de servicio en el Poder Judicial y han llegado a ocupar los más altos cargos en este Poder del Estado, como ser ministro de la Corte Suprema .
Además, quiero destacar que no estamos creando una indemnizacíón; ella ya existe. El propio informe de la Comisión dice que actualmente cuatro ministros, de acuerdo con la ley Nº 19.121, tendrían derecho, al momento de retirarse, a una indemnización de alrededor de cien millones de pesos, y que once jueces, según la ley Nº 19.544, tendrían, al momento de su retiro, un beneficio compensatorio de ochenta millones de pesos.
¿Qué hace el proyecto? Homogeneizar el beneficio; entregarlo a todos los que cumplan el requisito de tener una trayectoria en el Poder Judicial, que sean actualmente ministros de la Corte Suprema y que tengan, a lo menos, treinta años de carrera en el Poder Judicial.
Si el proyecto se retirara, como aquí se ha planteado, o se rechazara, igualmente tenemos quince ministros de la Corte Suprema que van a recibir estos beneficios compensatorios. Entonces, parece de elemental justicia que quienes no están incluidos en las leyes Nºs 19.121 y 19.544, también tengan derecho a este beneficio.
No es justo ni razonable que quince ministros tengan derecho a este beneficio y los otros, no. Eso, que parece una aberración, es solucionado por el proyecto en debate.
Por otro lado, cuando discutimos el proyecto en la Comisión de Hacienda, me llamó mucho la atención la diferencia entre quienes cumplen los setenta años y hasta los setenta y cuatro años, cuya indemnización se fija en un monto equivalente a 5.347 unidades tributarias mensuales. Aquellas personas que habiendo cumplido setenta y cuatro años y antes de cumplir los setenta y cinco, recibirán un bono inferior: el equivalente a 4.965 UTM. Si el objetivo fuera que los ministros se retiren, el bono habría sido al revés. Le habríamos dado un monto superior a los mayores para que se vayan más luego.
¿Cuál fue el objetivo? En estos últimos años, ha habido un importante mejoramiento en materia de remuneraciones para los jueces. Las personas que tienen menos edad van a tener más tiempo para recibir ese diferencial y los mayores, obviamente, menos tiempo. Hasta en eso se ha sido sabio al enviar el proyecto de ley, porque se ha considerado incluso el tiempo en que los respectivos ministros de la Corte Suprema están recibiendo ese diferencial de renta. Eso también amerita ser considerado, porque es un ejemplo de seriedad y de responsabilidad con que se está abordando el problema.
Tengo entendido que en la mayoría de las bancadas hay opiniones discrepantes. También sé que éste no es un proyecto popular; que no resulta fácil explicar a nuestros electores y a la ciudadanía que no estamos creando, sino igualando beneficios para los ministros de la Corte.
En esta materia, el problema de fondo, y reconozcámoslo de una vez por todas, es cómo el Estado de Chile remunera a las personas que llegan a ocupar los más altos cargos de la administración del Estado. Reconozcamos que hoy el sueldo del Presidente de la República es una mentira; reconozcamos que los sueldos de los ministros de Estado son otra mentira, y que más tarde o más temprano el Congreso Nacional va a tener que enfrentar esa situación, aunque resulte impopular.
De manera que partamos por otorgar este reconocimiento a las personas que han entregado su vida sirviendo a Chile en el Poder Judicial .
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, la indemnización para los ministros de la Corte Suprema la analizaría como parte del proceso de modernización del Poder Judicial de los últimos años.
Como chileno y como miembro de esta Corporación valoro los tremendos esfuerzos efectuados tendientes a agilizar, a modernizar, a hacer más eficiente ese Poder del Estado.
Por ejemplo, se han introducido grandes reformas a la legislación procesal que apuntan a beneficiar tanto a la sociedad como a la gente más humilde, aquella que todavía no tiene acceso a la justicia.
Valoro el proyecto y voy a respaldarlo; pero quiero decir que no es adecuado sacar cuentas pequeñas en un país chico, subdesarrollado, pobre, como Chile, que no puede resolver todos los problemas de un viaje, no puede mejorar todas las jubilaciones y otorgar las indemnizaciones a tantos actores importantes de la sociedad. Sin embargo, los esfuerzos por etapas son relevantes.
Concuerdo con lo expresado por muchos diputados de distintas bancadas, y quiero decir con mucha fuerza que si bien es cierto que los gobiernos de la Concertación han hecho grandes reformas, no es menos cierto que sectores de la Oposición nos han acompañado. Sin ese apoyo, no habrían sido posibles esos avances.
En ese contexto, veo el proyecto respaldado y aprobado por una gran mayoría.
Nos habría encantado que las cosas fueran más rápidas y los beneficios llegaran a todos los sectores; pero estamos en la línea de avanzar sobre la materia.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, en el curso del debate se han manifestado diversas opiniones respecto del mérito del proyecto y, en general, da la impresión de que se produce un cierto nivel de confusión.
Por ejemplo, el proyecto de ley no tendría por qué confundirse con la discusión que ha existido en el último tiempo respecto de la situación del Poder Judicial en su conjunto, como Poder independiente del Estado. Se apruebe o no este proyecto, no está referido -reitero- a la situación del Poder Judicial , que, pese a los esfuerzos de la última década en materia de reformas y de modernización, todavía sigue arrastrando muchos problemas: lentitud de los procesos, falta de juzgados, inadecuadas remuneraciones de sus funcionarios.
Es decir, no confundamos. Con la aprobación del proyecto no se logra una mejoría sustancial de la situación del Poder Judicial, ni se reafirma la dignidad de los magistrados. No es el tema.
Su rechazo tampoco constituiría un agravio a la dignidad de un juez. Todos sabemos que este tema no está directa ni indirectamente vinculado con la dignidad de un alto magistrado de la República, que ejerce la delicada misión de administrar justicia.
Tampoco se podría aceptar la confusión de que detrás de este proyecto hay una determinada concepción de lo que es justo o injusto, o de lo que es moral o inmoral.
En los últimos 10 años, especialmente la Cámara ha jugado un rol fundamental en el proceso de modernización del Poder Judicial y en la reforma procesal penal. Es decir, el Congreso Nacional tiene en esta materia autoridad como para señalar y referirse a los temas que afectan al Poder Judicial . A mí no me asusta, y es absolutamente legítimo, merecido, que altos magistrados de la República puedan tener acceso a este beneficio.
Tampoco me parece razonable ni apropiado para aprobar o rechazar el proyecto, contrastarlo con otras situaciones muy dramáticas, porque ese es un viejo debate. Podríamos estar discutiendo todo el día o toda la noche qué es lo que se debe hacer y que un sector no resulta beneficiado cuando el país da un paso en algún sentido. Es muy difícil situar el debate en ese contexto.
Pero sí me parece que los proyectos de ley, particularmente los que tienen costos, tienen oportunidades. Y mi opinión personal es que ésta no es la oportunidad adecuada para discutir y aprobar este proyecto.
Y excúsenme que lo diga con tanta franqueza, porque resulta inexplicable que mientras la señal de todos apunta a la austeridad fiscal -hay recortes y restricciones-, nosotros actuemos en el sentido contrario. Y ése no es un tema de legitimidad del proyecto, ni de dignidad de los posibles beneficiarios, ni de justicia, ni de moralidad. Es un problema que en la política es muy importante, sobre todo en la actividad pública: la oportunidad con que se trata una materia.
Pienso que hoy no es el momento adecuado, oportuno, para que, al menos yo, esté disponible para aprobar un proyecto que -reitero- me parece legítimo, necesario, conveniente.
En consecuencia, pido que el proyecto vuelva a la Comisión, se piense y reflexione un tiempo y se apruebe, si hay mayoría naturalmente, en el momento que corresponda.
El proyecto, insisto, es justo, tiene méritos y todas las razones que uno quiera plantear para hablar a favor de él, pero su aprobación ahora sería una señal inadecuada e inoportuna frente al país.
Gracias, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, quiero señalar que este es un proyecto en el cual llevamos trabajando más de tres años en conjunto con el Poder Judicial. La iniciativa es consecuencia de una petición formal de la Corte Suprema respecto de la necesidad de igualar los distintos bonos indemnizatorios aprobados por el Congreso Nacional, que benefician a los ministros que integran el Poder Judicial y cuya carrera sobrepasa los treinta años.
Me explico. Hay dos leyes vigentes que establecen dos bonos diferentes: la ley Nº 19.121, que beneficia a los ministros Álvarez, Carrasco, Jordán, Faúndez y Dávila -explicaré por qué nombro a este último-, y la ley Nº 19.544, que establece un bono de 3.253 UTM y beneficia a los ministros Correa, Garrido, Navas, Libedinsky, Benquis, Chaigneaux, Gálvez, Yurac, Espejo, Ortiz y Tapia. Esos bonos -y no es la primera oportunidad que se otorga un bono de esta naturaleza-, son discriminatorios respecto de los propios ministros, porque los cuatro primeros que mencioné pueden retirarse voluntariamente del Poder Judicial con este bono pero al cumplir los setenta años. De acuerdo con la modificación legal, los ministros de la Corte Suprema deben hacer abandono de ella, obligatoriamente a los setenta y cinco años; por lo tanto, los restantes ministros sólo pueden acogerse al segundo bono indemnizatorio al cumplir esta edad, lo cual significa que en la misma Corte se produce una discriminación respecto del otorgamiento de los bonos aprobados por este Parlamento en distintas oportunidades.
El ministro Roberto Dávila murió sin hacer uso del bono que le correspondía por los setenta años, porque falleció antes de impetrarlo. La familia del ministro Dávila hoy día cuenta con una pensión equivalente al 75 por ciento de las 60 UF que le correspondían como pensionado; es decir, alrededor de 400 mil pesos.
¿Por qué el Presidente Frei en su momento lo planteó y por qué ahora en el Gobierno del Presidente Lagos continuamos con el proyecto? Para igualar beneficios. La normativa permite que personas que están en el Poder Judicial y que han cumplido funciones en él por más de treinta años -así lo dispone la norma- puedan, en definitiva, retirarse en el momento en que voluntariamente lo determinen a partir de los setenta años con una indemnización que les signifique mantener de alguna forma la dignidad de su vida desde el momento en que se retiran del Poder Judicial .
En esa perspectiva, hemos unificado los bonos indemnizatorios y no hemos establecido lo que el Poder Judicial en su momento pidió, que era la eliminación del tope de las 60 UF, puesto que eso no era posible de realizar.
Si los señores diputados se fijan, aquí hablamos de los ministros que mencioné, respecto de los nuevos ministros que ingresaron a la Corte Suprema ...
El señor ORPIS.-
¿Me permite, señor ministro ?
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al señor ministro que en el futuro se presentará la misma situación, porque ésta es una iniciativa para casos particulares, con nombres y apellidos; pero si el día de mañana asciende a la Corte Suprema un conjunto de ministros de las cortes de apelaciones, volverá a existir discriminación y en un par de años más deberemos despachar otro proyecto de ley sobre la materia.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Puede continuar, señor ministro .
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
La pregunta del señor diputado me permite aclarar algo importante.
Debo señalar que este proyecto de ley está acotado a los ministros que mencioné y no considera a los nuevos que no tienen treinta o más años de servicio en el Poder Judicial . Lo que estamos haciendo, probablemente, como se ha señalado, puede ser discriminatorio. Sin embargo, lo digo abiertamente: creemos que es importante para personas que han desempeñado una labor judicial durante tantos años, con remuneraciones realmente escasas. Basta recordar que en 1989 un ministro de la Corte Suprema ganaba, a valor de hoy, un millón de pesos.
¿Por qué no sucederá respecto de los otros ministros en el futuro y por qué lo acotamos en la forma indicada? Porque conjuntamente en la discusión con la Corte Suprema respecto de este tema, alrededor de cuatro años atrás, también se estableció un nuevo sistema de remuneraciones, lo cual significa que hoy día el funcionario de menor rango del escalafón superior, es decir, un secretario, ingresa al Poder Judicial con una remuneración de 1.200.000 pesos, y el presidente de la Corte Suprema y los ministros ganan 3.800.000 pesos.
Hemos logrado, a través del tiempo, unificar y establecer una remuneración interesante para que los mejores egresados de la universidad ingresen a los tribunales, y que no sólo reciban la mitad de esas sumas, lo que los obligaría a realizar otra actividad o a alejarse del Poder Judicial . Entonces, establecidas estas remuneraciones, hoy día un abogado que ingresa al Poder Judicial a los 23, 24 ó 25 años, recién recibido, puede adquirir por sí mismo un seguro que le permitirá al término de su carrera, a los 30 años de servicios, tener los mismos 80 ó 90 millones de pesos que se otorgan hoy día. Esto lo hemos hablado y discutido con el Poder Judicial y es la fórmula que debe adoptarse a partir de estas nuevas remuneraciones.
El señor LEAY.-
¿Me permite?
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).- Sí, señor diputado .
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro que siempre quedará un período de transición. Por ejemplo, hay algunos ministros que llevan muchos años en la corte de apelaciones, tuvieron malas remuneraciones y, por lo tanto, sus imposiciones fueron bajas. Hoy tienen una mejor escala de sueldos y una mayor cotización previsional, pero no quedarán en las mismas condiciones que aquellos funcionarios que se inician en el Poder Judicial y que efectivamente tendrían lo que usted ha señalado.
En eso tiene razón el diputado Orpis, en cuanto a que en esa transición deberemos seguir aprobando proyectos de esta naturaleza.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, lo digo categóricamente, tal como se los he expresado a los ministros de la Corte Suprema: no estamos disponibles para iniciar un nuevo proyecto de ley que tenga esta misma función. ¿Por qué? En algún momento discutimos la materia y establecimos una gradualidad en esa perspectiva; pero, en definitiva, cerramos el tema en la Corte Suprema, como lo señalé.
Hoy día, un ministro de sesenta años de sexo masculino, con una prima anual de 91 UF, es decir, 8,19 UF mensuales, que equivalen actualmente a 130.000 pesos mensuales -un ministro de corte de apelaciones que hoy gana 2.400.000 pesos puede ahorrar 130.000 pesos-, durante 15 años, le permitirá la posibilidad de obtener un recurso, durante el período en que se acoja a retiro, de alrededor de 20 ó 30 millones. Por eso, acotaremos la ley a este nivel, la que apunta específicamente a quienes son parte de la estructura más alta del Poder Judicial , esto es, la Corte Suprema. Lo hemos dicho claramente: el proyecto está circunscrito a este nivel. Aquí no estamos hablando de ningún ministro en particular, aunque la iniciativa apunta a los que se desempeñan en la actualidad. Por lo demás, son ellos quienes optan si acogen esta posibilidad cuando cumplen 70 años.
Entregaré otro antecedente. Un ministro de la Corte Suprema sufrió un grave infarto cerebral del que ahora, afortunadamente, se encuentra recuperado. De no existir esta norma, probablemente ocurrirá lo mismo que aconteció con el ministro señor Dávila, con la diferencia de que este ministro habría recibido una pensión de 700 mil pesos y sin la posibilidad de atención que estimamos merecen personas que han prestado servicios por largos años en el Poder Judicial . Por lo tanto, quiero insistir en que no estamos disponibles para elaborar otro proyecto de ley, por cuanto la iniciativa se acota y cierra en la que actualmente debatimos.
El bono a que nos referimos no es nuevo. Los ministros, en atención a las leyes que señalé con antelación, tienen derecho, cuando cumplan 70 años -otros, a los 75 años-, a obtener un bono equivalente a 90 ó 100 millones de pesos. Lo que estamos haciendo es subir en algo el monto del bono, pero, asimismo, permitir que los beneficiarios, por las razones que he señalado con antelación, no tengan que esperar a cumplir 75 años para retirarse, sino que puedan hacerlo voluntariamente a partir de los 70 años. De manera que estamos unificando esta materia, y el aumento del bono se justifica en razón de las perspectivas de vida. Por eso existen bonos que consideran montos distintos: uno, para quienes tienen entre 70 y 74 años; otro, para quienes tienen 74 años, y un tercero para quienes tienen 75 años. Este último no podíamos tocarlo, por cuanto se encuentra establecido en la ley. Estas tres posibilidades responden a opciones únicas y no pueden utilizarse en conjunto.
Probablemente -pido excusas por no haber estado presente en el debate, pero lamentablemente debí atender otros compromisos-, aquí se ha dicho que esta situación es discriminatoria. Es posible que la respuesta sea afirmativa y pueda argumentarse que posee un componente de esa naturaleza; sin embargo, también tiene un componente discriminatorio en un sentido positivo. A nuestro juicio, aquí estamos resolviendo un problema que afecta a personas que durante 30 ó 40 años han realizado actividades en el Poder Judicial en condiciones precarias, recorriendo el país de punta a cabo y percibiendo remuneraciones que, como señalé, alcanzaban en 1989 a 400 ó 500 mil pesos. Estamos mejorando la situación del Poder Judicial , lo que es percibido por la opinión pública y, además, existe una comisión de ética que está resolviendo estas materias. Por ello, consideramos que ésta es una inversión importante y un logro no como Gobierno, sino como país. Poco a poco hemos ido alcanzando logros, y la Cámara de Diputados, en su conjunto, ha cumplido un rol importante en el desarrollo del Poder Judicial . Consideramos que terminando con la actual estructura, teniendo buenas remuneraciones, logrando que ingresen buenos funcionarios y permitiendo que los ministros se acojan voluntariamente a retiro cuando cumplan 70 ó 74 años, mejoraremos sustancialmente la estructura del Poder Judicial .
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Alessandri.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, quiero efectuar una consulta muy simple al señor ministro.
En múltiples oportunidades se ha traído a colación el recuerdo del ex presidente de la Corte Suprema , don Roberto Dávila. Muchos en esta Cámara hemos estado preocupados de la situación planteada por el señor ministro. Sin embargo, hay algo que no alcanzo a comprender: si ella ha causado preocupación en el grado señalado por el señor ministro de Justicia , ¿por qué no se salvó esa situación en el proyecto que hoy se discute? Ello habría sido por demás sencillo y habríamos colaborado en alguna forma a solucionar este problema que se presenta tan angustioso. No obstante -repito-, el proyecto deja fuera a la familia del señor Dávila. Luego, infiero que la preocupación del Gobierno en esta materia no era suficientemente grande.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente, desgraciadamente, la situación del ministro señor Dávila se produjo con posterioridad, por lo que no me referiré a esa materia. Pienso que todos compartimos un sentimiento de dolor por lo que sucedió, más aún cuando se trataba de una persona que inició un proceso en la Corte Suprema que ha sido muy importante para el país. Si eso eventualmente se pudiera solucionar, no tenemos ningún problema para actuar en tal sentido. Sin embargo -reitero-, el problema a que alude el señor diputado se produjo con posterioridad.
Estamos en un proceso que tiene por finalidad lo que ya he mencionado. Aquí no se está acomodando ni sacando a nadie de la Corte Suprema, por cuanto acoger lo establecido en el proyecto responde a actos enteramente voluntarios. Con todo, a nuestro juicio es absolutamente necesario resolver el problema a que nos vemos abocados.
He dicho.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala:
El señor MASFERRER.-
Señor Presidente, la Cámara de Diputados analiza hoy un proyecto iniciado en mensaje del Ejecutivo y cuyo único objetivo consiste en establecer una indemnización en favor de los ministros de la Corte Suprema que, cumpliendo ciertos requisitos, cesen en sus funciones.
Si bien el propósito de la iniciativa a primera vista pudiera parecer justificable, pues con él se pretende homogeneizar las indemnizaciones que perciben los ministros de la Corte Suprema, haciéndola pareja para todos quienes cumplan ciertos requisitos, me parece que estamos en presencia de una iniciativa discriminatoria y, dada la actual situación económica del país, impresentable.
Es discriminatoria, pues no parecen existir buenas razones para establecer una indemnización por cese de funciones para los magistrados de la Corte Suprema y no para otro tipo de magistrados, funcionarios del Poder Judicial e incluso otros funcionarios públicos.
Es además francamente impresentable. Si analizamos el proyecto en cifras, su aprobación se traducirá en la entrega de una indemnización cercana a los ciento cuarenta y cinco millones de pesos a cada ministro de la Corte Suprema que renuncie voluntariamente a su cargo habiendo cumplido 70 años y antes de cumplir los 74, y ciento treinta y cinco millones de pesos para aquellos que renuncien habiendo cumplido 74 años y antes de cumplir los 75. En ambos casos, es requisito indispensable que estos ministros hayan cumplido al menos 30 años de servicio.
¿En qué se traduce esto?
Esto significa en términos simples un costo adicional para el Fisco de 752 millones de pesos. En términos más claros, para un país como Chile en que los recursos no sobran, la aprobación de esta iniciativa significa restar del presupuesto 752 millones de pesos a la solución de otros problemas de carácter social, cuya solución es evidentemente más urgente para nuestra población.
El Presidente Lagos , no obstante estar consciente de esta situación, apoya el proyecto. Si bien se trata de una iniciativa cuya autoría intelectual corresponde al ahora senador vitalicio Eduardo Frei , el actual mandatario no la ha retirado ni tampoco la ha excluido de la actual legislatura. Este hecho nos preocupa. Advertimos que el mensaje inicial del Gobierno del Presidente Lagos de haber escuchado a la gente y de poner en primer lugar en su agenda de prioridades la solución de los problemas de la población, se ha diluido rápida y progresivamente. Los temas políticos han recobrado la exagerada importancia que siempre han tenido en los Gobiernos de la Concertación. El país entero es testigo de que nuevamente se ha centrado el debate en las reformas constitucionales, el traslado del Congreso a Santiago y otros similares, que no dicen relación con los problemas más apremiantes de nuestra población.
Cuando el país aún sufre los efectos de una severa crisis internacional, agravada por la exagerada reacción de las autoridades económicas del Gobierno, parece un tremendo contrasentido aprobar una iniciativa como la que hoy votamos.
El Presidente Lagos parece olvidar que aún persisten los efectos de esta crisis, particularmente el alto número de desempleados. Cada uno de nosotros percibe cómo en sus respectivos distritos el problema de los cesantes parece no tener una rápida solución. Son familias enteras las que se ven afectadas por este drama, particularmente cuando el cesante es la principal fuente de ingreso del grupo familiar. Seamos claros: esto se traduce en que la gente no cuenta ni siquiera con lo mínimo para comer. Si a esto agregamos la errática política gubernamental en cuanto a la mantención de los planes de empleo de emergencia, la situación se torna verdaderamente insostenible. Y mientras tanto ¿qué hacemos nosotros para contribuir a aliviar esta angustiosa situación? Aprobamos un proyecto cuyo fin puede ser muy justificable, pero que se traduce en el otorgamiento de sumas millonarias a privilegiados funcionarios del Poder Judicial . Francamente, impresentable. Estas son las actitudes que la gente con razón reprueba, las que nos alejan de la ciudadanía y que deterioran aún más nuestra imagen como Poder del Estado.
Personalmente, he experimentado muy de cerca durante estos últimos meses el drama del desempleo y del hambre y el sufrimiento de cientos de chilenos afectados por esta dolorosa situación. Esto me impide ser cómplice del Gobierno en la consumación de una iniciativa inoportuna.
Los ministros de la Corte Suprema me merecen el mayor de los respetos, más aún, aquellos que han dedicado toda una vida al servicio de la judicatura; pero el mismo respeto tengo hacia los miles de compatriotas que hoy sufren y son postergados por la falta de preocupación del Gobierno y sus equivocadas prioridades.
Señor Presidente, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Ha finalizado el tiempo destinado al Orden del Día. El proyecto se votará al término del Orden del Día del próximo martes.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES EN INVESTIGADORA DE IRREGULARIDADES EN EL ACOPIO DE ARSÉNICO EN LA DIVISIÓN EL TENIENTE.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En consideración a una petición efectuada por algunos Comités, recabo la unanimidad de la Sala para suspender el tiempo destinado a proyectos de acuerdo.
No hay acuerdo.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, considero bastante curiosa la situación que está ocurriendo en la Sala. El proyecto que establece indemnizaciones a ministros de la Corte Suprema no se va a votar porque no hay quórum. Posiblemente, algunos parlamentarios y Comités dieron la unanimidad, y justamente por esa falta de quórum -lo denuncio en esta Sala- se pretende echar abajo la comisión investigadora cuya constitución debía votarse en esta sesión. Por tal motivo, quiero que los diputados sean más consecuentes cuando existen este tipo de situaciones.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, al momento de tratarse este tema había quórum. Se llamó a reunión de Comités y en esa instancia se acordó votar el proyecto el próximo martes. A raíz de eso, algunos parlamentarios se abocaron a otras tareas y obligaciones en consideración a la decisión adoptada. Por lo tanto, no comparto sus dichos, por cuanto aquí hay un acuerdo de Comités, y en el momento en que aquél se adoptó había quórum.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, la palabras emitidas por el diputado señor García-Huidobro no debieran quedar en el acta de la sesión. Además, la petición del señor Presidente de recabar la unanimidad de la Sala para postergar la vista de los proyectos de acuerdo no es posible resolverla precisamente por los argumentos señalados por el diputado señor García-Huidobro: si no existe quórum en la Sala, ésta no puede adoptar acuerdos. Por lo tanto, debemos continuar el orden establecido en la sesión con los diputados presentes en la Sala.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, agradezco su observación.
A continuación, corresponde tratar los proyectos de acuerdo, por lo que no abriré debate sobre este punto. Con todo y antes de proceder a ello, pido autorización al diputado señor García-Huidobro para retirar sus dichos del acta, pues ellos envuelven una equivocación.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, la obligación de los diputados es permanecer en la Sala cuando se votan los proyectos. La razón que he esgrimido apunta precisamente a que no existe el quórum para aprobar el proyecto a que me he referido. Por lo tanto, no doy mi autorización para que se eliminen mis dichos del acta, porque estoy absolutamente convencido de que ésta es una maniobra política para evitar que se apruebe la creación de una comisión investigadora sobre el acopio de arsénico en la Sexta Región.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado, reitero que cuando se estaba tratando el proyecto relativo al Poder Judicial había quórum suficiente y que en la reunión de Comités se acordó votarlo con posterioridad, lo cual, a lo mejor, provocó la falta de quórum para aprobar los proyectos de acuerdo.
En todo caso, se pidió la unanimidad para suspender el tratamiento de los proyectos de acuerdo y no se obtuvo. Por lo tanto, corresponde tratarlos.
El señor GARCÍA (don José).-
Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Seguel y, a continuación, el señor José García.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, me llaman profundamente la atención las palabras del diputado señor García-Huidobro. Creo que es una falta de respeto la forma en que se ha expresado respecto de algunos parlamentarios. Ayer trabajamos hasta las 10 de la noche y el diputado no estaba en la Sala. He pedido las listas de asistencia y él tampoco figura entre los con mejor concurrencia. Por lo tanto, no me parece correcta la forma en que se está refiriendo al resto de los parlamentarios que tenemos una alta asistencia y a quienes nos pagan exactamente lo mismo.
Los proyectos de acuerdo hay que votarlos hoy, porque así está estipulado, y no cuando a él se le ocurra.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente , solicito que suspenda la sesión por algunos minutos y cite a reunión de Comités.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se suspende la sesión por tres minutos y se convoca a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 398, sobre constitución de comisión investigadora de irregularidades en el acopio de arsénico en la División El Teniente.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Rechazado el proyecto de acuerdo por falta de quórum.
NUEVO STATUS JURÍDICO PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEL SIDA.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 399, de los señores Cornejo, don Patricio, y Villouta.
“Considerando:
Primero: Que la Constitución Política del Estado en su artículo 19, Nº 9, garantiza la protección de la salud de la persona y obliga al Estado a proteger a la población en la recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo;
Segundo: Que la Constitución Política del Estado en su artículo 19, Nº 10, otorga especial protección al ejercicio del derecho a la educación en el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida;
Tercero: Que el Sida es una enfermedad crónica que preocupa a la población, que aumenta día a día y que necesita acciones eficaces y rápidas de control y prevención;
Cuarto: Que la política del Supremo Gobierno es clara en estos aspectos, y se refleja en la coordinación y control de acciones relacionadas con la materia, a través de la Comisión Nacional del Sida y que para complementarlas es necesario establecer medidas de control y prevención a todo nivel y ámbitos de la vida ciudadana;
Se acuerda: Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República , y por su intermedio a los Ministerios involucrados, para que se estudie un nuevo status jurídico de la Conasida, equivalente a la de organismo dependiente, igual que otros existentes en diversos ministerios y en el de Salud. El nuevo status jurídico de Conasida no generará más gastos al Estado, puesto que ocuparía la misma planta administrativa que posee, con igual presupuesto.
Asimismo, que se estudie incluir esta enfermedad en la categoría de enfermedad catastrófica, por los efectos socioeconómicos que provoca, como también se diseñen planes de estudio para la educación básica y media, como una forma de ayudar a la prevención de dicha enfermedad”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, el 6 de abril se realizó una sesión especial para estudiar la situación de la enfermedad del Sida en el país, en la que se dieron a conocer diversos antecedentes y estadísticas sobre la acción que se ha desarrollado para la protección y cuidado de los enfermos de esta plaga, que tiene una honda repercusión a nivel mundial.
Ahí conocimos la acción benéfica del padre Baldo Santis , que con mucho empeño se ha dedicado a cuidar a estos enfermos e instalar casas para acogerlos.
En otras oportunidades, hemos oficiado a instituciones de los Ministerios de Salud y de Hacienda, con el fin de conseguir tratamientos especiales para la importación de vacunas y remedios para evitar o controlar la enfermedad.
La Conasida, institución dependiente del Ministerio de Salud, tiene muy poca efectividad en sus determinaciones, por lo que necesita mayor libertad. Por ello, la proposición del proyecto de acuerdo consiste en estudiar la factibilidad de un nuevo status jurídico para la Conasida, equivalente al de organismo dependiente del Ministerio de Salud, tal como ya existen en éste y en otros ministerios respecto de instituciones de rango similar.
Ello en ningún caso significará generar recargo de gasto al erario, dado que se ocuparía la misma planta administrativa que actualmente utiliza el Ministerio de Salud para la acción que realiza a través de la Conasida.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se repetirá la votación por falta de quórum.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se llamará por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Por no haberse alcanzado el quórum requerido, este proyecto de acuerdo será votado por última vez en la próxima sesión.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, no corresponde que usted esté presidiendo la sesión, dado que está presente en la Sala un miembro de la Mesa.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , el señor Vicepresidente me ha solicitado que lo reemplace porque hará uso de la palabra.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la Concertación tiene dos Vicepresidentes y un Presidente , por lo que no me parece bien que ningún otro miembro de la Mesa esté presente en la Sala.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Señor diputado , ésa es su opinión y quedará registrada en el boletín de sesiones respectivo.
El señor MASFERRER.-
La cual es compartida por muchos parlamentarios.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente , lo que no entiende el diputado Prokurica es que, por Reglamento, cuando los miembros de la Mesa desean intervenir en el debate, no lo pueden hacer desde la testera, sino que deben bajar a sus escaños para hablar desde allí.
Por lo tanto, el miembro de la Mesa que estaba presidiendo la sesión le ha solicitado a usted que presida para que él pueda hacer uso de la palabra, situación que es muy comprensible para cualquier buen entendedor.
He dicho.
-o-
VIII. INCIDENTES
DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS DE PRODUCTOS DEL AGRO Y REGULACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, en la época de cosechas, tenemos grandes problemas con el tema de la gestión o de la comercialización de los productos agrícolas.
Me llaman la atención los niveles de deslealtad que existen al interior del mundo agrícola; porque, por ejemplo, los molineros de trigo, dos o tres meses antes del período de cosechas, compran grano en el extranjero a un precio mayor que el nacional y cuando llega el momento de la cosecha, dicen: “No necesitamos trigo, porque tenemos en las bodegas”, y ofrecen precios menores.
No es posible que continúe esta deslealtad, que no sólo se da entre los trigueros y los molineros. Esto no acontece por la política económica del Gobierno, cuestión que tantas veces se cita con un sentido politiquero, sino que esta deslealtad se da entre los actores que tienen que ver con el agro.
En el tema del arroz ocurre una situación similar. Por ejemplo, llama la atención que en Parral se pague un precio superior a los mil pesos por el quintal de arroz en circunstancias que en San Carlos, que está a menos de 20 kilómetros de dicha ciudad, es notoriamente inferior.
Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Agricultura y de Economía para que informen a esta Corporación sobre las razones por las cuales existen estas tremendas variaciones en los precios de compra entre una localidad y otra, como en el caso del arroz.
Finalmente, señor Presidente , tenemos una situación similar en el caso de la uva. Los procesadores de uva pagaban el año pasado 140 pesos por kilogramo, pero hoy lo están haciendo a 40 pesos por kilogramo. La diferencia es extremadamente grande. Hay vitivinicultores de la cuenca del Itata que están francamente en la bancarrota, porque con estos precios no pueden pagar ni siquiera los insumos, y menos las inversiones globales que hacen año a año.
Por lo tanto, es conveniente crear un instrumento regulatorio de los precios del agro, porque esta libertad del modelo económico de mercado permite que los poderosos abusen de los débiles, por lo que debe hacerse algo al respecto. Debemos reconocer que este modelo es bueno para algunas cosas, pero que resulta muy dañino para otras, y hay que ponerle coto.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Zarko Luksic, Rodolfo Seguel, Gabriel Ascencio, Jaime Rocha, Enrique Jaramillo, Sergio Velasco, Alejandro Navarro , Mario Acuña, José Miguel Ortiz, Miguel Hernández, Juan Núñez, Carlos Abel Jarpa y de la diputada señora Eliana Caraball .
FACTIBILIDAD DE QUE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO COMPREN PRODUCTOS AGRÍCOLAS NACIONALES. Oficio.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Finalmente, señor Presidente, las Fuerzas Armadas, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, los hospitales, Gendarmería de Chile y una serie de instituciones consumen una tremenda cantidad de productos que provienen fundamentalmente del agro.
Sería aconsejable que esta Corporación hiciera algo para que los organismos e instituciones del Estado consuman preferentemente los productos chilenos y que sólo cuando éstos no se encuentren en el país, recurran al mercado externo.
Si nosotros no tenemos un política nacionalista en esta materia y lo dejamos todo al mercado, estaremos entregando una gran cantidad de empleos a los países desde los cuales importamos trigo, maíz y granos en general.
Debemos tener un sentido de responsabilidad nacional a este respecto, por lo que llamo la atención de los grandes compradores de productos agrícolas que importan ingentes cantidades de granos, para que los adquieran en Chile, dado que los podemos producir a menor precio, y con ello podríamos generar un gran número de empleos.
De tal manera que sugiero que el Ejecutivo, a través del ministro del Interior, realice un estudio de factibilidad para que todas estas instituciones nacionales adquieran primeramente los productos nacionales y después recurran al mercado exterior.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda , Zarko Luksic , Rodolfo Seguel , Gabriel Ascencio , Jaime Rocha , Enrique Jaramillo , Sergio Velasco , Alejandro Navarro , Mario Acuña, José Miguel Ortiz , Miguel Hernández , Juan Núñez , Carlos Abel Jarpa y de la diputada señora Eliana Caraball .
CRITERIO DE LAS AUTORIDADES ECONÓMICAS EN RELACIÓN CON LAS COBRANZAS ABUSIVAS. Oficio.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , el honorable diputado señor Felipe Letelier se refirió al libertinaje de este esquema económico, tema que es discutible y atendible, por lo que habría que tratarlo prioritariamente, en forma profunda y en un momento oportuno, en una de las tantas comisiones investigadoras que nacen en este hemiciclo. Sin embargo, quiero referirme a un tema que causa suma preocupación y que se relaciona con la situación de cientos y miles de deudores de bancos e instituciones financieras.
Desde diciembre del año recién pasado está vigente la ley Nº 19.659, sobre cobranzas abusivas, aprobada en el entendido de que con ella se ponía fin a los múltiples abusos e irregularidades que se cometían por parte de empresas inescrupulosas dedicadas a cobrar a los deudores morosos.
La crisis económica, de la cual afortunadamente hoy vamos remontando, dejó cesantes a muchos deudores, lo que aumentó los niveles de incumplimiento de las obligaciones con bancos, casas comerciales y las “queridas” financieras. La morosidad general del sistema financiero dio pie a un incremento de las cobranzas, con las consecuentes acciones en contra de los deudores.
En este esquema, los bancos y financieras del país han tratado de excepcionarse del cumplimiento de la normativa, aduciendo que la nueva ley no es aplicable a los créditos otorgados con anterioridad a la entrada en vigencia de ésta, pues, de lo contrario, habría, según ellos, un supuesto efecto retroactivo.
Sobre el particular, el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, ha sentado la doctrina, hoy respaldada por los tribunales de justicia, de que el hecho normado es la cobranza misma y no el crédito, y en consecuencia, se ha entendido que la ley Nº 19.659 rige para toda clase de créditos que, actualmente, se encuentren en proceso de cobranza prejudicial o judicial.
En mérito de lo anterior, resulta inentendible que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no haya dictado las circulares que faciliten el cumplimiento de esta ley, aprobada por el Congreso. Esta actitud importa incumplir una norma legal y pasar por alto las decisiones del Parlamento, que, mayoritariamente, ha manifestado su voluntad de que se detengan las prácticas abusivas en contra de los deudores que, como decía anteriormente, son cientos de miles.
No se trata de amparar a los incumplidores, sino sólo que, cuando se les cobre, se respeten sus derechos y su dignidad, como tantas veces aquí se ha dicho.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que nos informe sobre las políticas, criterios e instrucciones dadas por su cartera a la Superintendencia de Bancos.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES DE BUSES INTERURBANOS SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente, sin duda, el ordenamiento territorial de otras ciudades, a raíz de la experiencia extremadamente nefasta de Santiago, obliga a adoptar criterios cada día más precisos respecto de cómo ordenar ese crecimiento y su tráfico vehicular.
Lamentablemente, en mi opinión, en la de abogados medioambientalistas y en la de la “bancada verde”, cada día se están autorizando terminales de buses interurbanos en áreas urbanas, sin acatar lo dispuesto en el artículo 10, letra e), de la ley Nº 19.300, que establece que cuando se desee instalar un terminal, debe existir un estudio de impacto ambiental, es decir, debe señalar al entorno, a los vecinos o ciudadanos, cómo esa instalación impactará en las condiciones medioambientales; en este caso, de tránsito y de seguridad.
La ley exige que los terminales de buses de más de diez vehículos deben ingresar sus proyectos al sistema nacional de evaluación de impacto ambiental -entiéndase Conama -, y que las municipalidades, antes de aprobarlos o de acceder a su regularización, deben tener a mano dichos proyectos y exigir su aprobación con anterioridad al otorgamiento de los certificados pertinentes por la dirección de obras municipales. En este sentido, a los terminales interurbanos de hecho -existentes en muchas partes del país, sin haber regularizado jamás su situación ante la dirección de obras municipales, aun cuando lleven muchos años de funcionamiento-, les es aplicable la normativa vigente y deben regularizar tal situación en cumplimiento de estas normas.
San Antonio, ciudad mayor de 50 mil habitantes, tiene servicios interurbanos en operación de acuerdo con el decreto supremo Nº 212, de 1992; pero la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Seremitt , de la V Región, ha autorizado a la empresa LIT para instalarse como terminal de buses interurbanos dentro del área urbana, sobre lo cual no me consta ni hay antecedentes de que se haya tenido a la vista la exigencia y aprobación del estudio de impacto ambiental para el mismo.
A su vez, en Los Andes se ha autorizado a Buses Ahumada para utilizar un terminal ubicado en la calle Yerbas Buenas Nº 650, y en Santiago -vale la pena señalarlo-, en el sector Lo Ovalle , paradero 18 de la Gran Avenida, comuna de La Cisterna -donde efectivamente existe un terminal de buses urbanos y rurales del sistema metrobús-, la empresa LIT ha realizado diversas modificaciones, sin duda para posibilitar mayores comodidades al usuario, como interesa en el sistema metrobús. Sin embargo, tampoco se ha establecido el ingreso previo del estudio de impacto ambiental.
Por otra parte, claramente, en estas tres situaciones no se ha contado con la autorización de la Seremitt respectiva en cuanto a los trazados que deberán utilizar tales servicios.
El decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señala claramente las condiciones en que estos terminales deben instalarse. El artículo 57 de ese decreto, en concordancia con el 53, expresa en forma clara las facultades de los secretarios regionales ministeriales respecto de la petición de informes. En efecto, establece que los Seremis “podrán fijar los trazados que deberán utilizar los servicios interurbanos en la zona urbana, atendiendo a sus orígenes y destinos y terminales que éstos utilizan...”; es decir, los seremis están facultados para fijar los trazados, y los municipios, para exigir que se presente la certificación de la Conama antes de autorizar la construcción de terminales. Además, la ventanilla única de su tramitación es la dirección de obras municipales y sólo una vez que esté totalmente finiquitada esa tramitación ante la Conama, el Ministerio -en este caso la seremi- debe emitir una resolución de funcionamiento, que tiene que ver con los aspectos operativos.
Solicito que se oficie al subsecretario de Transportes para que informe detalladamente respecto de las autorizaciones dadas en los tres casos señalados, a fin de que pueda certificarse si éstas cumplen con la normativa de la ley sobre bases del Medio Ambiente y, además, en qué circunstancias fueron otorgadas. En suma, que remita copias de los decretos de autorización para que operen esos terminales.
Asimismo, que también se oficie a la directora de la Conama respecto de lo mismo, señalando claramente si los tres terminales de buses interurbanos mencionados cuentan con la autorización de estudio de impacto ambiental; y si no han contado con ella -como mucho me temo-, por qué no se ha cumplido la normativa, dónde radican las responsabilidades y cuál es la relación de la Conama con los municipios involucrados.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
REBAJA DE DIVIDENDOS PARA OCUPANTES DE POBLACIÓN MIRAFLORES, DE CURANILAHUE. Oficio.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, sin duda, pocas aspiraciones de la familia son tan importantes como la de la casa propia.
En Curanilahue se construyó la población Miraflores de, aproximadamente, 220 casas. Son viviendas básicas, urbanizadas, de alrededor de 40 metros cuadrados, con algunos problemas que surgieron a pocos días de haberlas recibido, según reclamaron los vecinos; entre otros, los medidores no tenían conexiones a tierra, un par de casas ubicadas frente a la medialuna carecían de muro de contención, por lo cual corrían riesgos de sufrir daños, especialmente en invierno; todos, problemas solucionables.
Lo grave radica en que el dividendo es exageradamente alto, en mi opinión, y hay una gran preocupación. Los pobladores ven ya el riesgo de ejecuciones judiciales, de embargos y, luego, de lanzamiento desde sus viviendas, que, con tanto esfuerzo, han adquirido, porque han debido hacer un ahorro previo para lograrlas. Esos dividendos son superiores a 22 mil pesos, suma que, para ellos -insisto-, por ser muy alta, no están en condiciones de solventar.
Las autoridades están preocupadas de esta materia. El alcalde de Curanilahue , Fermín Fierro, el 22 de marzo, por ejemplo, solicitó al secretario regional ministerial de la Vivienda un reestudio del problema, pero no ha tenido respuesta. El diputado que habla pidió una audiencia, el 30 de marzo, a dicho secretario regional también con el objeto de solicitarle un reestudio del problema y no ha tenido respuesta; ni siquiera se me ha concedido esa audiencia. Según se me ha manifestado, el seremi está estudiando lo que, al respecto, debe hacer su Secretaría, y me parece justo. Por eso tendré que insistir en que me la conceda.
Derechamente, solicito que se oficie al biministro de Vivienda y Bienes Nacionales con el objeto de que reestudie la posibilidad de rebajar esos dividendos, en consideración a las condiciones especialísimas en que se desenvuelve la vida en un pueblo tan golpeado por la cesantía y la pobreza, como es Curanilahue, de manera que la gente pueda pagar un dividendo acorde con sus ingresos. En su gran mayoría, se trata de trabajadores de los planes de absorción de cesantía del Gobierno, que viven cada día, incluso, la incertidumbre de perder su trabajo.
Existiría la posibilidad de que se aumente el subsidio que les concedió el Gobierno y que ellos, naturalmente, reconocen; pero -insisto- en la actualidad no están en condiciones de pagar los dividendos.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Caraball, doña Eliana ; y de los diputados señores Jarpa , Ortiz , Mora , Velasco , Ascencio , Ojeda , Jocelyn-Holt y Acuña .
SOLUCIÓN PARA PACIENTE VÍCTIMA DE UN CASO FORTUITO EN TOCOPILLA. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, quiero aprovechar la oportunidad para enviar, en nombre de toda la Cámara de Diputados, un saludo cariñoso a nuestro colega diputado Edmundo Salas de la Fuente , y le deseamos una pronta recuperación junto a su familia.
Tiene la palabra el diputado señor Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente, he pedido excepcionarme de la testera para llamar la atención no sólo de los parlamentarios, sino también de la gente que ve la televisión de la Cámara, de las autoridades de Gobierno y del ministro de Justicia , que se encuentra presente, sobre una situación que provoca violencia interior y, además, una impotencia muy grande de no poder hacer algo frente a un drama humano, como consecuencia de un caso fortuito.
En Tocopilla, en mayo del año pasado, un delincuente muy joven, de 19 años, se fugó de la cárcel mientras se tramitaba su condena, y un gendarme, cumpliendo con su deber -no sé hasta qué punto con experiencia y pericia para controlar una situación de esa naturaleza-, le disparó siete tiros. Seis dieron en el delincuente y le causaron la muerte; pero uno, perdido, ha causado, hasta hoy, desesperación, angustia y drama inmensos en una familia.
Paula Arévalo Buscuñán, de 22 años de edad, casada con un carabinero, de 24 años de edad, recibió el balazo en la columna vertebral y quedó inválida. Fue atendida en el hospital de Carabineros; pero, debido a que el hecho no fue institucional, debe pagar una diferencia por el costo de la atención recibida. Después de dada de alta en dicho hospital -porque su tratamiento ya no correspondía a urgencia- debe someterse a tratamientos médicos por otras vías.
Pertenece a una familia tradicional y arraigada en Tocopilla, de deportistas, con premios nacionales en béisbol, fútbol y atletismo, y su padre, un modesto taxista de esa ciudad, se hizo cargo de la situación. El otro día, este hombre me conversaba que tienen deudas por 18 millones de pesos y, más grave aún, están demandados con órdenes de embargo, por lo que se sienten desesperados, hasta el extremo de pensar en quitarse la vida.
Se hizo el juicio correspondiente en Tocopilla y se determinó que es un caso fortuito. Es decir, no hay responsabilidad del gendarme, ni de nadie. Bueno, ¿y quién paga? Conversaba al respecto con al ministro de Justicia , José Antonio Gómez, una bellísima persona, y le preguntaba cómo podíamos resolver un caso de este tipo; cómo se puede producir esto y que nadie haga nada; cómo Carabineros no paga las atenciones hospitalarias, o Prisiones , que depende del Ministerio de Justicia, no se hace cargo de una indemnización. Como no se logrará que esa joven mujer se recupere, puesto que quedó postrada de por vida, por lo menos que se hagan cargo de los tratamientos o paguen las deudas.
Por eso, quiero llamar la atención en el sentido de que, ojalá a través del ministro de Justicia , con su experiencia en la materia, alguien se haga eco: Carabineros, Prisiones o el mismo Ministerio de Justicia, para corregir esta situación y evitar que se produzcan dramas mayores.
Pido que se oficie al general director de Carabineros y al director general de Prisiones para que estudien a fondo lo sucedido y den una solución a este caso que es de justicia, no de la justicia ordinaria; porque -reitero- hay una víctima inocente de un hecho fortuito, como se determinó en los tribunales, que ha causado también un daño económico irreparable que mantiene en la desesperación a una familia muy modesta de Tocopilla, que, además de la situación que vive esa ciudad, que todos conocen, sufre embargos, lo que me parece realmente trágico.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Caraball , doña Eliana ; y de los diputados señores Palma, don Andrés ; Velasco , Ojeda , Masferrer , Jocelyn-Holt , Jarpa y Acuña .
INFORMACIÓN SOBRE FONDO SOLIDARIO PARA FINANCIAR DEFENSA DE MILITARES PROCESADOS. Oficios.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente, solicito que se envíen sendos oficios a los ministros de Defensa y del Trabajo , con el objeto de que respondan si es verídica la información que aparece en el diario “La Tercera” de hoy, página 4, sección política, en cuanto a que existe un fondo solidario, creado a partir de aportes mensuales de todos los oficiales activos del Ejército, para financiar la defensa, por parte de abogados civiles, de los militares procesados en casos de violaciones de derechos humanos.
Pido que esas autoridades informen, en primer lugar, si eso es efectivo y, en segundo término, si es legal. Es decir, si la concurrencia de cada uno de los oficiales a ese fondo solidario ha sido individual; si se les descuenta por planilla y si es posible hacerlo en este tipo de situaciones. Yo entiendo que es absolutamente ilegal.
Solicito los oficios junto con el diputado Gabriel Ascencio .
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por los diputados Andrés Palma y Gabriel Ascencio , con la adhesión de los diputados Carlos Abel Jarpa , José Tomás Jocelyn-Holt , Sergio Velasco y Mario Acuña .
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN OSORNO. Oficios.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, voy a hablar sobre un tema muy especial que no nos debe asombrar o causar sorpresa. Me refiero a la amenaza del volcán Osorno, que ha sido profusamente informada en los medios de comunicación de la ciudad de Osorno y objeto de una larga investigación por parte del periodista Luis Orlando Reyes , del diario local, el cual ha recogido antecedentes que generan preocupación o inquietud respecto de lo que pudiere suceder.
Sin duda, el volcán Osorno está ahí, altivo, hermoso y logra copar la belleza, el panorama, el paisaje de Osorno. Hay mucho turismo y es foco de atracción turística bastante rico. Sin embargo, creo que muestra dentro de sí algo que nos causa temor. Está quieto, tranquilo, apagado, aparentemente. Científicos especialistas, con implementos para el caso, lo han investigado y coinciden en que su ciclo de erupción está atrasado. Hace aproximadamente 127 años que no ha habido erupción, y todos los estudios y análisis realizados en torno al volcán señalan que cada 33 años entraba en actividad. Esos mismos estudios han concluido que estamos en etapa de erupción; es decir, en un período peligroso, de incertidumbre, en el que puede ocurrir cualquier contingencia o eventualidad. Los efectos de una erupción serían desastrosos, sobre todo por el fenómeno natural del lahar, lava o flujo de barro volcánico que puede alcanzar una velocidad de 200 kilómetros por hora, cuando se escurre por la pendiente, y de 50 ó 70 kilómetros por hora, cuando llega al valle.
Nos preocupa la quietud, la tranquilidad del volcán. Se dice que en cualquier momento puede darnos un mal rato. Por eso, debemos imaginar sus efectos. Las catástrofes no avisan con antelación -a veces, se producen ciertos presagios que no indican con certeza acerca de lo que se avecina- y dejan un saldo de muertos, heridos, drama, pobreza y daño. Lo peor es que, después de ocurridas, se inician las recriminaciones, acusaciones y denuncias por la falta de prevención para evitar las consecuencias. Eso se ha dado en todas partes del mundo, también en Chile con las inundaciones, terremotos, casas mal construidas o fabricadas con material defectuoso, etcétera.
Con el volcán Osorno, puede pasar lo mismo. Por eso, como dato informativo para la región, solicito enviar oficio al ministro del Interior y a los gobernadores, por su intermedio, a fin de que informen si la Oficina Nacional de Emergencia o los gobiernos de las provincias han adoptado un plan de emergencia, de evacuación o si algún organismo del Estado está vigilando o realizando un estudio o seguimiento sobre la actual situación del volcán Osorno .
Para no encontrarnos con sorpresas, pido instar a las municipalidades a implementar medidas de emergencia, evacuación, salvataje y protección de la población. Con ello, no queremos causar alarma pública ni crear mayor incertidumbre en la población, sino prevenir las consecuencias de un eventual despertar violento del volcán. Con las medidas necesarias, seguiremos gozando del paisaje y del volcán Osorno .
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz , Velasco , Jocelyn-Holt , Osvaldo Palma y de quien habla.(Acuña)
DENUNCIA POR INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE SISTEMA DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL EN PELARCO Y EN COMUNAS DEL DISTRITO 15. Oficio.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente, en relación con los lamentables hechos que se están ventilando en la prensa referentes al “acarreo de votantes de una comuna a otra”, como lo expuesto por el alcalde de la UDI, don Bonifacio Correa, en la comuna de Pelarco, la próxima semana se presentará una denuncia por infracción a la ley Nº 18.556, sobre sistema de inscripción electoral, contra quienes hayan realizado un falso juramento al momento de inscribirse en el Registro Electoral , mintiendo sobre su dirección sin ningún tipo de escrúpulos. En este caso, el alcalde pone en evidencia el, hasta hora, supuesto acarreo que habría perpetrado la concejala señora Raquel Argandoña, de Renovación Nacional.
Pues bien, quiero señalar que una situación similar ha ocurrido en el distrito Nº 15, de la Quinta Región, más específicamente en las localidades de Cartagena, Santo Domingo y Algarrobo, donde se han producido hechos bochornosos, lamentables e ilegítimos que jamás debieran ocurrir en una democracia, pues distorsionan el real sentir popular. Daré sólo un ejemplo. En la comuna de Cartagena existen 11 mil habitantes y más de 14 mil electores, acarreados de las comunas del Gran Santiago.
Deseo reiterar mi más honda preocupación por el tema. Por ello solicito enviar oficio al director nacional del Servicio de Registro Electoral, organismo autónomo, con el fin de que tome cartas en el asunto y revise los registros de todas las comunas con irregularidades, entre ellas las nombradas con anterioridad, más El Quisco, El Tabo, San Antonio y Casablanca, donde también se han presentado anomalías de este tipo, pero en menor grado. Asimismo, que modifique los horarios, desplazamientos y días de atención, haciéndolos más asequibles a las personas.
Espero que el director ordene a la brevedad una exhaustiva investigación en las comunas afectadas, sobre todo en Cartagena, donde, irrisoriamente, aparecieron más votantes que habitantes para emitir su sufragio. Sucesos como éstos van en contra del legítimo derecho de los electores para elegir a sus representantes.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Ojeda , Ortiz , Jocelyn-Holt , Osvaldo Palma y de quien habla.
ANTECEDENTES SOBRE PETICIÓN DE DESAFUERO DEL SENADOR SERGIO FERNÁNDEZ.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Tiene la palabra el diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente, hoy respondimos a los Comités de la UDI de la Cámara y del Senado, por sus reacciones sobre nuestra iniciativa en cuanto a determinar la responsabilidad de don Sergio Fernández , ex ministro del Interior del gobierno militar, en una orden ministerial dictada a comienzos de la década de los años 80 para crear una unidad antiterrorista, UAT, que aparece involucrada en tres investigaciones criminales en actual tramitación.
En primer lugar, nos sorprende que tengamos que responder a declaraciones tan contradictorias, ya que partieron diciendo que no recordaban la orden ministerial y, con posterioridad, que se trataba de una unidad antiterrorista distinta a la que estábamos señalando. Después nos dijeron que se trataba de una medida para la buena administración de esa unidad y que no se podía inferir una intención criminal ni un vínculo con los delitos cometidos. Por último, ayer manifestaron que se trataba de delitos perpetrados mucho tiempo después de que Fernández se retirara del gobierno que creó la unidad propiamente tal.
Nosotros hablamos responsablemente y ya es tiempo de que Sergio Fernández y las personas que aparecen como responsables de la creación de ese tipo de unidades se responsabilicen por ello y cooperen con la acción de la justicia. Tan lógica es esta petición, que ayer el ministro señor Milton Juica lo citó a declarar junto a César Raúl Benavides , ministro de Defensa de la época. No como una estrategia para enlodar a nadie, sino simplemente porque pudo haber un vínculo entre ese decreto y los delitos cometidos. Lo importante es precisar sus dependencias, características y cómo operaba esa unidad que, en la práctica, es objeto de una investigación criminal en actual tramitación.
No es casualidad que esa unidad antiterrorista aparezca mencionada en tres investigaciones penales. Tucapel Jiménez , José Carrasco y quienes murieron con él, así como 19 personas que cayeron en la Operación Albania, fueron víctimas de una unidad que operó al margen de cualquier tipo de marco legal, gracias a este decreto que se lo permitió, el cual es responsabilidad de las personas que le dieron vida.
Álvaro Corbalán operó dentro de esa unidad. Es probable que sin ese marco legal ni siquiera hubiera podido cometer los delitos que se le imputan. No es aceptable que Fernández y las personas que lo apoyan, justifiquen que esta orden ministerial sea propia de una medida de buen ordenamiento de administración o que hagan una defensa del rol del ex ministro , como una especie de arquitecto del diseño de una institucionalidad que deberíamos agradecerle.
La arquitectura de esta UAT es la que permitió actuar con impunidad a Álvaro Corbalán , diseño que cuestionamos. Pretendía crear bajo una sola conducción un mando único de todas las tareas que realizaban a la fecha las Fuerzas Armadas en la CNI. Además, tenían un vínculo tan especial con Pinochet que la UAT no podía llegar y operar sin una orden directa de él. Asimismo, tenía un vínculo operativo con Humberto Gordon.
A cualquiera le asiste el legítimo derecho de preguntar cómo operaba esta UAT y cuál era el grado de involucramiento de las personas que aparecen como superiores jerárquicos de esa institución. No es lógico afirmar que tendríamos una Unidad Antiterrorista con un control férreo de Pinochet en lo referente al tema terrorista y no en todo lo demás. Eso exige que Sergio Fernández contribuya a la justicia con la información requerida para esclarecer estos hechos y entender cómo operaba esa unidad.
La UDI nos ha dicho que, en realidad, los delitos fueron cometidos en una época donde hubo otros dos ministros del Interior a quienes pudiera caberles responsabilidad. Bueno, si ellos tienen información respecto de la materia, lo lógico es que esos dos ex ministros se sometan al proceder que pedimos a Sergio Fernández . Pero, no es posible que alguien se escude en ex ministros posteriores para excusar la responsabilidad de Sergio Fernárdez de haber dado origen a esta unidad y, al mismo tiempo, de contribuir con la justicia para esclarecer en qué medida pudieron haber participado.
Desde hace un tiempo, la UDI quiere lavarse las manos de su propia responsabilidad y dejar que los militares asuman solos la suya en los delitos en los cuales aparecen involucrados.
Creemos que los militares no actuaron solos. Por lo menos, algunos civiles en el Gobierno Militar le dieron sustento legal a los abusos que se cometieron.
Ayer se dijo que nosotros estábamos escudándonos en el Consejo de Defensa del Estado para hacer estas acusaciones. ¡Eso es falso! Hemos actuado con toda transparencia y las acusaciones han sido públicas. Hemos pedido que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte, hemos pedido que alegue el desafuero de Pinochet y hemos entregado los antecedentes para que se estudie si hay posibilidad de proceder judicialmente.
Sin embargo, nos parece que los civiles que participaron en el Gobierno militar se están escudando detrás de los uniformados para excusarse de sus propias responsabilidades. Es tiempo que dejen de hacerlo y den la cara.
La última afirmación de ellos es absolutamente inaceptable. Pretender que con nuestras declaraciones ponemos en peligro la vida de Sergio Fernández, a través de una burda y grotesca analogía del caso Guzmán, en realidad es una manera de eludir sus deberes y, además, una actitud de muy mal gusto con las víctimas reales de la UAT.
He dicho.
IRREGULARIDADES EN NOMBRAMIENTOS EN LICEO DE VILLA ALEGRE. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente, solicito que se oficie al Contralor General de la República y al alcalde de Villa Alegre para aclarar la siguiente situación.
La municipalidad de Villa Alegre llamó a concurso para el cargo de director del liceo comunal. Postuló el actual director, quien ganó y ocupa el primer lugar en la terna, por mejores antecedentes académicos.
El alcalde nombró a quien aparece en el segundo lugar. Este hecho fue apelado por el postulante que ocupó el primer lugar del concurso, quien ganó la apelación, por no tratarse de un cargo de confianza del alcalde ni estar dentro de sus atribuciones.
Mientras tanto, se contrató a honorarios a don José Albornoz , quien ocupó el segundo lugar de la terna a que me he referido, situación que se mantiene, quien, seguramente, ocuparía el cargo de subdirector que se concursa.
Se llamó a concurso para el cargo de subdirector, no autorizado por el concejo, con un costo por la publicación en los diarios locales de 200 mil pesos. El sueldo que se ofreció en este caso es de 700 mil pesos mensuales.
Según miembros del concejo y del liceo, ese cargo sería innecesario. Por lo tanto, de ninguna manera se justifica el gasto, menos con la grave situación financiera de la municipalidad de Villa Alegre.
Es necesario que se investigue la legalidad de esta situación ilógica y extraña, por el concejo, el alcalde de Villa Alegre y la Contraloría General de la República, por lo que pido que se envíen los oficios del caso.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE DONACIÓN DE TERRENO MUNICIPAL EN PEUMO Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Oficios.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente, quiero dar a conocer de nuevo una situación que afecta a Peumo, provincia de Cachapoal, Sexta Región, comuna que me honro en representar en la Cámara y cuyo alcalde es conocido por las irregularidades que se han cometido en su administración.
La ciudad hoy se ve enfrentada a otra situación anómala, que dice relación con la entrega de un terreno municipal al comité habitacional denominado Padre Alberto Hurtado, para que sus integrantes postulen al subsidio de modalidad de libre elección.
En dicho terreno, desde hace más de dos décadas, funciona la única feria de la comuna, y los locatarios han efectuado altísimas inversiones para dar una mejor atención a la comunidad.
En efecto, existe el problema habitacional y es necesario ayudar para que las familias más pobres puedan acceder a la casa propia, pero el alcalde no puede efectuar donaciones de propiedades municipales en forma discrecional. Lo lógico es que en un acto de esta naturaleza se privilegie siempre a las personas más desposeídas.
Si la donación en cuestión no fue a un comité de allegados de escasos recursos, por la plusvalía del terreno, que se encuentra en el acceso principal de la comuna, correspondería licitarlo y con los fondos que se obtengan adquirir una propiedad más grande para uso habitacional. Así se favorecería a más familias modestas.
La donación, en primer término, contó con el acuerdo del concejo, pero, al día siguiente, éste lo revocó, dado que a los concejales se les habría entregado información engañosa respecto al uso y a los acuerdos que existirían entre los beneficiados y los feriantes.
Lamentablemente, hoy es poco lo que se puede hacer al respecto, ya que el comité tiene el terreno inscrito a su nombre.
Por estas razones, pido que se oficie al ministro del Interior, pues se negó información y no se hizo presente la revocación del acuerdo por parte del concejo, para que exponga la situación socioeconómica de cada una de las dieciocho familias beneficiadas, que son las que integran el comité, de modo que el terreno se entregue a quienes carecen de recursos. Se comenta en la comuna que hay personas con trabajo en la empresa privada y en el sector público, con sueldos más o menos altos -yo diría de término medio-. En realidad, el terreno no se entregaría a gente modesta, sin recursos, como se dijo en un principio.
En este sentido, está la disposición legal para ayudar a estas personas. Nadie se opone a eso, pero se enriquecería a algunas familias al donarles un terreno de alta plusvalía, ubicado en el ingreso principal de la comuna de Peumo.
Por eso el oficio al ministro del Interior. Es necesario que identifique a las personas favorecidas, con el correspondiente informe socioeconómico.
Además, pido que se oficie al ministro de Vivienda, para saber si en ese terreno se ha autorizado la construcción de viviendas de libre elección.
Por otra parte, nuevamente quiero plantear la imperiosa necesidad de construir el hospital de San Vicente de Tagua Tagua, de modo que se entregue una salud mejor y más digna a sus habitantes y a los de Las Cabras, Peumo, Pichidegua, Malloa y Coltauco.
El hospital de San Vicente de Tagua Tagua ya bordea los 80 años de existencia. Fue habilitado en una casa donada en aquel entonces por una familia avecindada en San Vicente, se ha ido ampliando, pero no es un edificio construido para hospital.
En el pasado se efectuaron importantes construcciones -nuevas instalaciones o mejoramiento de infraestructura- en la Sexta Región, Libertador Bernardo O’Higgins, en materia de salud: los hospitales de El Trabajador; El Teniente, en Rancagua; en San Fernando, en Pichilemu y últimamente el de Rengo. En todos ellos se hicieron importantes inversiones.
Ya es hora de que la comuna de San Vicente pueda contar con un hospital que dé una adecuada cobertura a las comunidades antes mencionadas.
Los gobiernos de la Concertación no escucharon las peticiones de la comunidad ni del parlamentario que habla acerca de la necesidad de construir este hospital. Espero que el actual Presidente , don Ricardo Lagos , socialista, quien expresó al comienzo de su administración su real preocupación por mejorar la calidad de atención de la salud, instruya al ministro del Interior a fin de obtener fondos para construir un hospital que toda la ciudadanía de Pichidegua, Las Cabras, Malloa , Coltauco, cualquiera que sea su posición política, desea para acceder a una mejor atención de salud.
Por lo anteriormente expuesto, pido que se oficie a la ministra de Salud , señora Michelle Bachelet , sobre la materia, y formulo votos para que en el más breve tiempo San Vicente de Tagua Tagua vea satisfecha su aspiración de contar con un hospital digno en el valle de Cachapoal.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Mario Acuña y Carlos Vilches
REINSTALACIÓN DE CANAL DE RELAVES EN COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO. Oficio.
El señor ACUÑA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Agradezco la gentileza del señor Presidente en mi nombre y en el de la comunidad respecto de la cual hablaré.
En la actualidad, la comuna de Diego de Almagro sufre serias dificultades debido a la alta cesantía que la afecta, sobre todo de adultos y adultos mayores que habitualmente trabajaban en el sector minero y que, por lo tanto, no están capacitados para desempeñarse en otros rubros.
Por ello, pido que se oficie al ministro de Minería , don José de Gregorio , acompañando copia de la breve intervención que haré a continuación.
En la División El Salvador, dirigida por el gerente don Fidel Báez , existe una planta de tratamiento de relaves llamada Los Amarillos, que arroja sus desechos hasta un tranque instalado en Pampa Austral, en cumplimiento de una sentencia de la Ilustrísima Corte Suprema, en los años 89 y 90.
En esa oportunidad se desvió el río Salado, que llevaba los relaves, los cuales, al mezclarse con las aguas río abajo, iban enriqueciendo la espuma. Muchos planteros sacaban la espuma, la secaban y vendían subproductos con un alto contenido de cobre. Esto, que es propio de la naturaleza del mineral -un muy bajo tamaño de partículas mineralizadas-, con un proceso de relaves que va corriendo por un canal va liberándose solo. Es un proceso que se produce automáticamente por los contenidos de reactivos y por el desarrollo del canal de relaves.
Este trabajo, que se hizo durante 25 años en el río Salado , Chañaral , generándose muchos empleos, riqueza y oportunidades, hoy podría repetirse si Codelco-Chile acepta la reinstalación en aproximadamente 25 kilómetros de canal, relaves que hoy se depositan en Pampa Austral, donde no tienen posibilidad alguna de ser recuperados posteriormente.
Este movimiento es encabezado por don Mario Flores en representación de la comunidad; además, he recibido solicitudes de este tipo del alcalde de la municipalidad de Diego de Almagro , don Hernán Páez . Ellos están pidiendo autorización para reinstalar planteros. Entre 30 y 50 plantas podrían instalarse en este lugar sin costo para el Estado y con sólo el esfuerzo de los pequeños planteros.
Es una gran oportunidad de trabajo. Podría generar empleo directo a más de 400 personas e indirecto a más de 400.
Por ello -reitero-, pido que el oficio se envíe al ministro . Agradezco una vez más a la Presidencia su disposición a darme la oportunidad de hablar en nombre de esta comunidad, que espera una decisión, y ojalá el Presidente Ricardo Lagos , en su espíritu y en su inspiración, que es dar trabajo a los chilenos, autorice la reinstalación de los planteros de Diego de Almagro en el canal de planta Los Amarillos a Pampa Austral.
He dicho.
El señor ACUÑA ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Juan Masferrer y Mario Acuña
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 14.08 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes observaciones al proyecto de ley del rubro.
I. TRAMITACIÓN LEGISLATIVA DEL PROYECTO.
Como es de su conocimiento, la presente iniciativa legal nació como moción parlamentaria, en la Cámara de Diputados, el 23 de junio de 1994. Fue patrocinada por los diputados Elgueta, Aylwin, Cristi, Ortiz, Ascencio, Saa y otros.
La propuesta consistía en incorporar un nuevo inciso al artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a propósito de los requisitos mínimos de la enseñanza básica y media, que expresaba: “Ningún establecimiento de educación, cualquiera que sea su nivel, podrá negar el ingreso, matrícula, acceso y el normal proceso educacional de una embarazada o madre lactante, debiendo otorgársele la protección y facilidades apropiadas a su respectivo estado”.
En las distintas instancias de tramitación legislativa, el proyecto sufrió diversas modificaciones en su redacción, aprobándose en definitiva, por el Senado, en segundo trámite constitucional, un texto que impone un mandato a todos los establecimientos educacionales para aceptar y asegurar el normal proceso educativo a una estudiante embarazada o madre lactante.
La diferencia con el texto original, además del cambio de ubicación de la norma, que pasó del artículo 15 al artículo 2 de la Ley Orgánica de Enseñanza, que trata de las normas generales y conceptos, fue que suprimió la obligación de dichos establecimientos de otorgarles a estas estudiantes una adecuada protección y facilidades propias a su estado.
El 4 de abril recién pasado, en tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados, dio su aprobación al texto propuesto por el Senado, quedando redactado de la siguiente manera:
“El embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel.”.
II. MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES.
El proyecto atiende un problema real. En efecto, si nos atenemos a las cifras entregadas por el Ministerio de Educación con motivo de una encuesta realizada en 1993, en 5.550 establecimientos educacionales, un total de 4.585 estudiantes se encontraban embarazadas y el universo de ellas abarcaba alumnas desde 7º y 8º básico hasta 4º medio.
Los resultados de dicho sondeo arrojaron un 40% de deserción escolar, un 10% de continuación de los estudios en horario diferido y un 50% de continuación de los estudios en las mismas condiciones que existían con anterioridad al embarazo.
Cifras más generales dan cuenta que de los 40.000 niños que nacen cada año de mujeres menores de 20 años, aproximadamente 13.300 son hijos de estudiantes adolescentes.
Si se proyectan los datos de la encuesta del Ministerio de Educación ya mencionados, se colige que anualmente 5.320 mujeres dejan sus estudios por razones de maternidad o embarazo.
Por ello, un primer análisis de la reforma permite afirmar que representa un gran avance en la materia que nos preocupa. En virtud de él, quedará vedado para los establecimientos educacionales de cualquier tipo, discriminar en cuanto al acceso y permanencia de las estudiantes a la educación, por razones de embarazo y de lactancia.
Sin embargo, nos asisten algunas dudas respecto a la redacción aprobada por el Congreso. Por ejemplo, la referencia concreta al embarazo y a la lactancia, deja en una situación de desprotección a las estudiantes que siendo madres, no se encuentran en las situaciones antes descritas.
Tenemos el temor de que baste que la estudiante no esté amamantando a su hijo o deje de hacerlo, para que el castigo a la maternidad adolescente arremeta con toda su fuerza.
Conjuntamente con lo anterior, creemos que es de suma importancia para la real protección de la estudiante embarazada o madre, reponer el espíritu de la moción original, en el sentido de establecer expresamente que los establecimientos educacionales den las facilidades académicas necesarias a las estudiantes en esta situación, evitando de esta forma su deserción del sistema escolar.
Creemos conveniente, entonces, que para asegurar el cabal ejercicio del derecho a la educación y a la no discriminación de las madres adolescentes, se enmiende el texto aprobado por el Congreso, mediante un veto sustitutivo que establece, por una parte, que el embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Por la otra, que dichos establecimientos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso.
Por tanto, en uso de mis facultades constitucionales y de conformidad al artículo 70 de la Constitución Política de la República, vengo en formular la siguiente observación sustitutiva:
Artículo único
Intercálase en el artículo 2º de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza , a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso, nuevo, pasando el inciso tercero a ser cuarto:
“El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades académicas del caso.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIANA AYLWIN OYARZÚN , Ministra de Educación ; ADRIANA DELPIANO PUELMA , Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 3 de mayo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado el proyecto de ley de esa honorable Cámara que incrementa el Fondo a que se refiere la ley Nº 19.030, con la siguiente modificación:
ARTÍCULO 2º
Número 1
Letra c)
La ha reemplazado por la siguiente:
“c) Sustitúyese el inciso tercero, que ha pasado a ser inciso séptimo, por el siguiente:
“Los precios de referencia intermedio calculados, no podrán diferir en más de un veinte por ciento del promedio de los precios de paridad observados en el plazo del año que expira la semana anterior al día que correspondan ser determinados.”.”.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 2796, de 11 de abril de 2000.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN, Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
Moción de los diputados señores Prokurica , Alessandri , Delmastro , Álvarez , Bertolino , Fossa , José García , Longton , Osvaldo Palma y Vilches .
Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de cumplir con el principio de transparencia. (boletín Nº 2497-16)
“Antecedentes:
En diciembre de 1999 fue publicada la ley Nº 19.653, sobre probidad administrativa de los órganos del Estado, en cuyo artículo 7 se introducen diferentes modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Entre las modificaciones destaca la introducción de un nuevo artículo 5 A, que establece dos importantes principios: el de probidad y el de transparencia.
Dispone la norma referida que “los diputados y senadores ejercerán sus funciones con pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que señalen la Constitución Política, esta ley orgánica constitucional y los reglamentos de ambas Cámaras”.
El principio de probidad, contenido en el inciso segundo, consiste en “observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”.
Por su parte, el inciso tercero de la disposición ya citada establece que el principio de transparencia consiste en “permitir y promover el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten”.
Con el propósito de cumplir con el mandato de transparencia, el presente proyecto de modificación del reglamento, tiene por objeto posibilitar la realización de auditorías en la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo que soliciten, a lo menos, dos jefes de bancada.
En virtud de las consideraciones precedentes, sometemos a la aprobación de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO
Artículo único.- Agrégase el siguiente artículo 219 bis, al Reglamento de la Cámara de Diputados:
“Artículo 219 bis.- La Comisión de Régimen Interno, a solicitud de os jefes de bancada, deberá contratar una auditoría externa, total o parcial, con el objeto de revisar le ejecución del presupuesto de la Cámara de Diputados.
La solicitud se podrá hacer una vez al año y la selección de los auditores externos para este cometido, deberá efectuarse mediante licitación pública”.