Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- INTEGRACIÓN
- Alberto Espina Otero
- INTEGRACIÓN
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- INFORME SOBRE ESTUDIO DEL MERCADO DE LOS AGROTÓXICOS. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- INTERVENCIÓN : Juan Masferrer Pellizzari
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- INFORME SOBRE LAS CAUSAS DE LA ANTICIPACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL AÑO 2001 DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Rodolfo Seguel Molina
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- DEBATE
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- PROYECTOS DE ACUERDOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Maria Rozas Velasquez
- Salvador Urrutia Cardenas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- INFORME SOBRE ESTUDIO DEL MERCADO DE LOS AGROTÓXICOS. (Continuación).
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Juan Pablo Letelier Morel
- Anibal Perez Lobos
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 46ª, en miércoles 3 de mayo de 2000
(Especial, de 19.09 a 21.59 horas)
Presidencia del señor Jeame Barrueto, don Víctor.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- TABLA
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 4
II. Apertura de la sesión 7
III.Actas 7
IV.Cuenta 7
V.Tabla.
- Informe sobre estudio del mercado de los agrotóxicos. (Continuación) 7
- Informe sobre las causas de la anticipación del proceso de licitación de los programas de alimentación para el año 2001 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 19
VI.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado por el cual comunica que, a solicitud del Presidente de la República, acordó disponer el archivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, del proyecto que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980 (boletín Nº 2053-13) 44
2. Oficio del Senado, mediante el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (boletín Nº 2390-10) 44
3. Informe complementario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas (boletín Nº 513-07) 44
4. Moción de los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Encina y Pérez, don Aníbal, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, suspendiendo la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte, y realiza otras modificaciones (boletín Nº 2496-15) 63
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
-Del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional por la cual informa que, en la Comisión de Drogas, la diputada señora Cristi será reemplazada permanentemente por el diputado señor Espina.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (87)
NOMBRE (Partido Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores René Manuel García y Juan Pablo Letelier.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 19.09 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 41ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 42ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. TABLA
INFORME SOBRE ESTUDIO DEL MERCADO DE LOS AGROTÓXICOS. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del informe de las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Salud, relativo al estudio del mercado de los agrotóxicos disponibles en el país.
Tiene la palabra el diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, el informe fue dado a conocer a la Sala en forma amplia y detallada en una sesión anterior.
Se trata de un estudio bastante técnico, complicado y complejo. Sus conclusiones y proposiciones son bastante atinentes para introducir las correcciones necesarias relacionadas con las irregularidades y deficiencias que se producen actualmente en el mercado de estos productos agrotóxicos.
Por ello, es recomendable su aprobación. El informe fue despachado por las comisiones en 1997. Por ello, es probable que, a la fecha, se hayan dictado algunas normas que corrijan en parte las incongruencias o ineficiencias observadas. Por eso, propongo que lo aprobemos para que pase a las instancias correspondientes. Así quedará cumplido cabalmente el cometido que nos entregó la Corporación, en el sentido de que las Comisiones Unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Salud hicieran el estudio y la evaluación respecto de una situación que en la actualidad carece de una legislación y de un ordenamiento jurídico que se preocupe de manera formal, profunda y seria de ella.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Delmastro.
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , sin duda, no obstante la data del informe, 1996, la preocupación de la Cámara sobre el tema del mercado de los pesticidas en nuestro país sigue vigente porque todavía somos poco cuidadosos en la importación, manejo y uso de los plaguicidas, en general.
En efecto, la Comisión informante se constituyó en abril de 1996 y es probable que algunas situaciones del mercado de estos productos hayan variado.
En primer lugar, quiero aclarar que el término “agrotóxico”, no me parece adecuado, por cuanto la palabra “tóxico” se puede interpretar como tal para los humanos, y existen muchos “agrotóxicos” que son inocuos al hombre. En consecuencia, propongo cambiarlo por la expresión más genérica de “agroquímicos”.
La revolución verde de comienzos del siglo pasado se produjo gracias a la incorporación de productos químicos a la agricultura, lo que permitió aumentar y mejorar la producción agrícola al controlar plagas, enfermedades y malezas que ocasionaban grandes pérdidas, lo que acompañado al uso de fertilizantes ha permitido alcanzar los niveles de producción que hoy tenemos en todos los ámbitos del agro.
Al uso agrícola y pecuario de estos pesticidas, se sumó el control de enfermedades humanas y, finalmente, el control de plagas y enfermedades forestales con el consecuente beneficio para la comunidad en todo sentido.
Sin embargo, frente a todos estos beneficios que son indiscutibles, se presenta el problema del mal uso o el uso accidental que muchas veces se hace de estos productos y, además, la presencia de químicos que causan daño irreversible a la vida humana, animal y vegetal.
Basta recordar el masivo uso de DDT -un verdadero veneno ambiental- que se hizo en algún momento de nuestra historia agrícola, y que, es bueno decirlo, todavía hoy se comercializa clandestinamente en Chile. Es claro y patente que muchos productos altamente tóxicos, producidos en el mundo, no sólo agrícolas, están estrictamente prohibidos en los países productores, y más aún, se elaboran en terceros países para no arriesgar o dañar su propio medio ambiente. Sin embargo, muchos de estos productos los importamos y empleamos en nuestros procesos productivos, lo cual me parece insólito e inaceptable, por decir lo menos.
Con la promulgación de la ley de bases del medio ambiente se pensó que parte del problema quedaría resuelto, pero no fue así desde el momento en que estándares y medidas que debían ser motivo de regulación aún no han sido establecidos y quedan múltiples áreas aún no reguladas. Si a esto agregamos que hoy en nuestro país tenemos, a lo menos, 17 servicios, ministerios e instituciones públicas vinculados a materias medioambientales y que, por los menos, cuatro o cinco de ellos tienen algo que decir o fiscalizar respecto de la internación, comercialización y uso de agroquímicos, entonces, estamos frente a un cuadro bastante confuso y anárquico, en que la falta de control, acompañado de la falta de conciencia nos lleva a una situación preocupante para la población.
Sin ir más lejos, hace algunos días un grupo de diputados denunció a una importante división de Codelco que tenía acopiadas prácticamente al aire libre 7.500 toneladas de arsénico activo, sin ninguna medida de seguridad y protección, lo que constituye una verdadera bomba ecológica de impredecibles consecuencias para el medio ambiente y la población. Esto es simplemente increíble.
Lo mismo sucedió con la importación y almacenamiento de desechos tóxicos -que también denunciaron algunos diputados-, ocurrido en el norte del país, traídos a Chile porque en otras partes del mundo eran inaceptables y menos en su país de origen.
Señor Presidente , ¿en qué país estamos? ¿Chile es un vertedero de tóxicos? ¿Compramos cualquier producto químico sin importarnos las consecuencias? ¿Nadie controla al Estado en sus empresas productivas como debidamente se hace con las privadas?
Nuestra respuesta debe ser clara y categórica en este aspecto y debemos esforzarnos por corregir esa situación de una vez por todas y para siempre, pensando en las futuras generaciones de chilenos.
Lo que hoy tenemos en la Conama, sin duda, no satisface en absoluto la racionalidad de todo el sistema administrativo que no depende de ese organismo y que dice relación con el medio ambiente y productos agroquímicos.
Por ello, propondremos un proyecto de acuerdo para que el Ejecutivo elabore un proyecto de ley que regule estas materias en forma comprensiva, envolvente y definitiva, de modo que abarque los siguientes temas:
En primer lugar, racionalizar e integrar los 17 servicios, ministerios e instituciones públicas vinculados a materias medioambientales.
En segundo lugar, esta racionalización debe enfocarse a dejar en un solo organismo la regulación de materias medioambientales que deben incluir lo relativo a agroquímicos, pesticidas y materias tóxicas en general.
En tercer lugar, en el seno de ese organismo debe radicar la responsabilidad del análisis, evaluación y autorización de cualquier producto que no haya sido regulado o de cualquier producto nuevo del mercado que se desee internar al país para su uso dentro del territorio nacional, incluyendo los organismos modificados genéticamente y los productos derivados de ellos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez-Salamanca .
El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , la Constitución Política de la República, en su artículo 19, Nº 8º, establece el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y en el Nº 9º del mismo artículo, consagra el deber del Estado de dar protección a la salud de las personas. Y esto lo garantiza, entre otras materias, porque en la actualidad se utiliza un enorme volumen de plaguicidas para prevenir y controlar plagas, cantidad que ha aumentado vertiginosamente a partir de la década del 40, constituyendo el DDT y sus derivados los pesticidas más utilizados en años posteriores.
Lo concreto es que ciertos plaguicidas son extremadamente tóxicos para la salud de las personas, con efectos tales como aborto espontáneo, leucemia, daño a los riñones, esterilidad, alteraciones al sistema nervioso, pérdida de color en la piel, constricción bronquial y, en general, efectos mutágenos, teratógenos y cancerígenos.
Además de los perjuicios a la salud humana ya señalados, los plaguicidas tienen efectos dañinos en innumerables organismos benéficos, pues no sólo eliminan plagas, sino insectos, peces y aves, o bien les producen alteraciones genéticas, afectando las cadenas alimentarias de diferentes ecosistemas, con la consiguiente pérdida de equilibrios naturales y de biodiversidad.
En la actualidad, si bien el Servicio Agrícola y Ganadero contempla una serie de mecanismos para regular la utilización de plaguicidas, como los relativos a su etiquetado, toxicidad, formulación y propiedades en general, no se han considerado, con respecto a determinados productos de este rubro, los listados que han elaborado la Organización Mundial de la Salud y el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en los que se encuentran los plaguicidas catalogados como extremadamente tóxicos y altamente tóxicos. Esto es efectivo, ya que el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en su listado denominado “bandera roja”, comprende plaguicidas que son prohibidos o severamente restringidos en diversos países y que están autorizados en la actualidad en nuestro país, de acuerdo con lo contemplado en el registro de la División de Protección Agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero. Tales plaguicidas son: disulfotón y endosulfán, insecticidas; bromuro de metilo, mercurio y sus compuestos, fungicidas.
Por otra parte, aún en nuestro país se utilizan elementos químicos como componentes de plaguicidas que son dañinos para la salud humana, de acuerdo con la opinión de 39 organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que, reunidas en la Red de Acción en Plaguicidas, han iniciado una campaña en contra de determinados plaguicidas denominados “la docena sucia”, los que son altamente tóxicos para la salud humana y el medio ambiente. Los plaguicidas incluidos en dicho grupo y utilizados en Chile son: lindano, insecticida que, paradójicamente, se utiliza en las campañas del Ministerio de Salud; parathion, insecticida derivado del arma química E-600-; metilparathion y aldicarb, insecticidas; paraquat, herbicida; pentaclorofenol y pentaclorofenato, fungicidas.
En los últimos 15 años ha aumentado en nuestro país el porcentaje de importación de estos productos, y sólo en la década del 80 se restringió la utilización de plaguicidas. En tal sentido, se prohibió el uso total de DDT en la agricultura a partir del 1 de enero de 1985 y, posteriormente, en 1988, se extendió tal prohibición a otros plaguicidas de uso agrícola derivados del DDT, como dieldrín, aldrín, heptacloro y clordan.
En países desarrollados se han tomado medidas para regular en forma eficaz la utilización y comercialización de tales productos, con el objeto de prevenir daños al medio ambiente y a la salud humana. En determinados países, como Estados Unidos, plaguicidas que eran considerados inocuos han demostrado poseer efectos cancerígenos. En la actualidad y por sus efectos, existen en estudio cerca de 28 pesticidas de uso habitual, lo que demuestra los peligros a que se expone la salud de las personas.
En consideración a que el deber del Estado es proteger la salud de las personas, existe la necesidad de evitar que se importen a nuestro país y, por lo tanto, que se utilicen y comercialicen plaguicidas cuyos componentes químicos están prohibidos en su país de origen por razones de protección al medio ambiente o a la salud humana y, en especial, prohibir la importación, elaboración, comercialización y utilización de determinados plaguicidas como consecuencia de su alta toxicidad, característica reconocida por los organismos internacionales ya mencionados.
Por lo expuesto, considero razonable que la Cámara de Diputados proponga al Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley que, al menos, establezca la prohibición de importar, comercializar y utilizar en el territorio nacional plaguicidas cuya aplicación se encuentre impedida en sus países de origen por razones de protección del medio ambiente o de la salud humana, en especial la importación, elaboración, comercialización y utilización de los productos que cuenten con los siguientes elementos como componentes activos: lindano, parathion, metilparathion, parquat, pentaclorofenol, pentaclorofenato y sulfato de talio y, además, se restrinja y prohíba la fabricación, por industrias establecidas en el territorio nacional, de plaguicidas con materias primas importadas cuyo uso esté prohibido en su país de origen por razones de protección del medio ambiente o de la salud humana.
En cuanto al tránsito por el territorio nacional de plaguicidas o de sus materias primas con destino a terceros países, éste debería ser autorizado por la respectiva autoridad sanitaria mediante resolución fundada.
Por último, se debería establecer la exigencia de que los importadores y demás interesados en el ingreso al territorio nacional de plaguicidas, exhiban la documentación que certifique la inexistencia de los compuestos químicos antes mencionados y que tienen prohibido su ingreso.
Con urgencia se requiere preocuparse de las personas que trabajan con plaguicidas y de sus familias, como asimismo establecer una legislación que proteja nuestras exportaciones, las que, inevitablemente, se verán afectadas en el futuro próximo por utilizar plaguicidas que no son aceptados por nuestros clientes. Lo que es más grave, la falta de cumplimiento de los requerimientos y restricciones comúnmente aceptados por los países desarrollados se podría transformar, también en un futuro muy cercano, en una nueva barrera a nuestros productos de exportación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señor Presidente , nos encontramos abocados a analizar el informe de las Comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Salud relacionado con el estudio del mercado de los agrotóxicos disponibles en el país.
El análisis efectuado por esta Corporación tiene su origen en un proyecto de acuerdo suscrito en marzo de 1996 por quien habla y por diputados de distintas bancadas parlamentarias, y responde a la necesidad de evaluar la situación del mercado de productos agrotóxicos en nuestro país. Sus conclusiones son bastante categóricas y, en cierta forma, alarmantes: falta de fiscalización adecuada y de personal calificado en el manejo de los plaguicidas, libre venta de plaguicidas y elementos tóxicos, falta de lugares adecuados para depositar los residuos y envases usados, ausencia de apoyo técnico a pequeños agricultores y de una legislación clara respecto de la venta y uso de estos productos, etcétera.
Mucho se ha especulado en cuanto al efecto de los agrotóxicos en la salud de las personas. La opinión pública se ve impactada cuando cada cierto tiempo los medios de comunicación establecen relaciones, muchas veces con falta de evidencias científicas, entre el uso de estas sustancias y malformaciones en recién nacidos o efectos sobre el proceso de reproducción humana y animal. En otras ocasiones, el uso de estos productos se relaciona con intoxicaciones y otros daños menores a la salud.
En primer lugar, es importante manifestar que el uso de estos productos ha resultado vital para el desarrollo de nuestra agricultura y su subsistencia en un mercado altamente competitivo. El uso de estos productos ha permitido evitar situaciones de peste y plagas que a menudo terminan no sólo con las cosechas, sino también con la única fuente de ingreso de la familia del agricultor.
A partir de nuestra apertura al comercio internacional, su uso en el sector ha sido imprescindible para penetrar con nuestros productos en difíciles mercados, siempre exigentes en materia de calidad. Nuestra imagen como productor agrícola internacional se debe, entre otras causas, al buen uso de estos productos, lo que ha permitido a nuestros agricultores ser más eficientes y competitivos. Quiero que se me entienda bien: en ningún caso sostengo que estos productos deban emplearse a cualquier costo; pero tampoco soy partidario de que sean rechazados de plano, pues nadie duda de que su uso, en las condiciones actuales, resulta imprescindible. Entonces, creo necesario clarificar algunos aspectos que pueden inducir a confusión.
En primer lugar, es importante señalar que en la actualidad todos los pesticidas y productos fitosanitarios comercializados en Chile son objeto de evaluaciones y revalidaciones de sus datos tecnológicos por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO. El Servicio Agrícola y Ganadero registra y fiscaliza el uso de plaguicidas que se importan o formulan en Chile para el uso agrícola y forestal. Además, el decreto ley Nº 3.557, de l980, le otorga a este Servicio la facultad de reglamentar su venta y distribución. Así, por ejemplo, el SAG prohibió la venta y uso de productos como el DDT, heptacloro, aldrín y otros de similar naturaleza, incluso antes de que su uso fuese prohibido en países desarrollados.
En la actualidad, sólo pueden emplearse en nuestros campos productos chequeados por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO y siempre que satisfagan todos los requerimientos tecnológicos y de uso para las necesidades del país.
En segundo lugar, se sostiene que el uso de estos productos deja residuos en los alimentos. La crítica se efectúa principalmente respecto de la fruticultura de exportación, que sería la que utiliza en mayor volumen este tipo de sustancias. Sin embargo, hay que ser claros, pues no se dice que se trata de una agricultura más tecnificada y sujeta a los más estrictos estándares de calidad. Nuestros productores se ajustan estrictamente a las normas que rigen en Estados Unidos y Japón , y precisamente por ello hemos sido reconocidos por la agencia norteamericana de Administración de Drogas y Alimentos, DEA, como uno de los países con mejores sistemas de vigilancia de residuos, al igual que Japón y Suecia, todos países con un alto grado de preocupación en esta materia.
En tercer lugar, al analizar el tema no podemos evitar referirnos a la aplicación y seguridad en el uso de pesticidas. Aquí radica gran parte de las deficiencias que se traducen en problemas para la salud de las personas. En este punto debemos considerar dos aspectos: por un lado, la necesidad de que los productores agrícolas capaciten en forma adecuada a sus trabajadores en el uso de pesticidas y les suministren los elementos de protección necesarios y, por otro, la necesidad de crear conciencia en los trabajadores de que cumplan las instrucciones en materia de protección, uso y aplicación.
Es sabido que un número importante de trabajadores que cuentan con los elementos necesarios para evitar situaciones de riesgo no los utilizan, lo que luego lleva a lamentar situaciones tan dramáticas como las que de vez en cuando observamos en televisión. Entonces, debemos dirigir nuestros esfuerzos a fortalecer la capacitación y a crear conciencia en los usuarios respecto de la protección.
¿Dónde están los principales problemas en materia de agrotóxicos? Debemos reconocer que se encuentran en el nivel de producción agrícola para consumo interno, pues, como hemos señalado, los grandes productores están sujetos a fuertes controles fitosanitarios internos y externos. En dicho segmento, el primer gran problema radica en la falta de capacitación de los pequeños agricultores, usuarios de estos productos, los que, muchas veces sin una adecuada asesoría, definen en terreno la dosis por aplicar, con los riesgos que ello implica. Lamentablemente, estamos hablando de 250 mil productores que en estas materias toman sus propias decisiones. Primera tarea, entonces, es focalizar en ellos la capacitación y la educación.
El segundo aspecto que es necesario perfeccionar se refiere al etiquetado de los productos. Aquí volvemos al tema de la capacitación. Estos productos suelen ser de fácil uso para quienes tienen algún conocimiento de la materia, pero no para el segmento de medianos y pequeños productores a que hemos aludido. En consecuencia, es vital exigir que las etiquetas contengan normas claras y fácilmente entendibles, por lo menos en cuanto a dosis máximas de uso, prohibiciones y forma de aplicación.
No parece una buena solución establecer requisitos adicionales a los pequeños productores, como asistencia profesional en la materia, pues ello encarecería inevitablemente sus costos, e incluso puede llevarnos a terminar con su producción. Basta con un etiquetado simple, con letras grandes, entendibles para cualquier persona con estudios básicos.
El tercer aspecto se relaciona con el cumplimiento, por parte de los trabajadores, de las normas impartidas por los productores en materia de protección y forma de aplicación de los productos. Este, quizás, es el problema más frecuente que se observa en nuestros campos: las mascarillas colgadas en las bodegas del agricultor y el campesino aplicando el pesticida sin protección alguna. Precisamente a este aspecto me refiero cuando aludo a la necesidad de crear conciencia, en especial en los usuarios, sobre los riesgos que implica el manejo inadecuado de estos productos. Nada sacamos con fiscalizar su importación, producción, composición o dosis máximas si quienes deben aplicarlos no toman precauciones y los utilizan en forma temeraria. Esto requiere, sin duda, importantes campañas de información y capacitación, impulsadas desde todos los sectores. Nadie puede arriesgar en forma irresponsable su vida e integridad física como tampoco la de sus descendientes sólo por estar mal informado. En eso, todos tenemos una gran responsabilidad.
En consecuencia, el problema de los agrotóxicos es complejo y abarca distintos aspectos. Es cierto que en algunas materias falta una adecuada reglamentación y en otras una mayor fiscalización, pero en parte importante los problemas se producen por la escasa información y capacitación.
Esperamos que las proposiciones de la Comisión sean sólo el inicio de un estudio más pormenorizado del tema, que considere a todos los sectores involucrados y que no se traduzca en mayor intervención de organismos del Estado o costos excesivos para los pequeños y medianos agricultores, que les hagan perder competitividad y agraven la ya deteriorada situación por la que atraviesan nuestros campos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , la bancada del Partido Socialista comparte plenamente las conclusiones y proposiciones del informe. Lamentamos, como muy bien se ha señalado, que la honorable Cámara aborde de manera tan tardía este asunto, pues la Comisión se constituyó en l996. Eso da cuenta, de alguna manera, de la poca importancia que le hemos dado al tema de los agrotóxicos en nuestro país.
Creemos que el conjunto de conclusiones que se plantean, en particular las relacionadas con la coordinación que debe existir entre el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Salud, tanto en aspectos legales como de trabajo operativo, son fundamentales para abordar en forma adecuada el problema. De igual manera, por cierto que constituye una contribución todo aquello que signifique aumentar las campañas de promoción, de educación, de capacitación, por los diferentes ámbitos del quehacer nacional, en el sentido de hacer entender a la gente la gravedad que reviste la inadecuada aplicación de los agrotóxicos.
Compartimos plenamente las conclusiones y proposiciones del informe, esperamos que no sean letra muerta y se efectúen las modificaciones y cambios, tanto en los aspectos reglamentarios como legales, que permitan llevar a la práctica lo que en él se plantea. De lo contrario, seguiremos en la misma situación anterior.
Esperamos que las autoridades pertinentes asuman a cabalidad lo que propone el informe.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Todos esperamos lo mismo, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, como representante de la provincia de Ñuble -que vive especialmente de la actividad silvoagropecuaria- y en mi calidad de médico, adhiero a las conclusiones de este informe, ya que se trata de una situación que afecta mucho a la salud humana y causa gran preocupación.
Como lo dijo el diputado informante en la sesión anterior, el uso de los agroquímicos ha aumentado en el mundo y en particular en los sectores de nuestro país que viven de la agricultura, lo cual afecta a las personas directa o indirectamente, ya que estas sustancias, usadas en la flora y fauna, repercuten en la cadena alimentaria y, de esa manera, dañan la salud humana.
Felicito a los diputados patrocinantes de este estudio, en especial al ex diputado doctor Isidoro Tohá, que me antecediera en este cargo, por su preocupación y acuciosidad respecto de esta materia.
Hubo gran cantidad de invitados a la Comisión. Quiero resaltar la opinión del profesor de la Universidad de Concepción, doctor Pedro Casals , quien expresó la necesidad de definir el uso de las sustancias y de hacer un estudio en las regiones para conocer la calidad y cantidad de agroquímicos que se usan en ellas, a fin de tener un catastro de estas sustancias y buscar la forma de regularizar y fiscalizar su uso, lo que, por lo demás, es una de las conclusiones del informe.
Al respecto, quiero señalar la preocupación que existe en nuestra provincia de parte de diferentes sectores. Por ejemplo, la facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, junto con el Servicio de Salud de Ñuble y la Universidad de California, han elaborado un proyecto para la determinación de los contenidos del aire donde se realizan actividades silvoagropecuarias. El proyecto tiene un costo aproximado de un millón de dólares y ha sido presentado al Fondef.
Junto con esto, también en relación con la facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, se ha elaborado un proyecto para crear un centro nacional, a fin de medir la calidad de la maquinaria agrícola. Algunos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han demostrado la necesidad de que haya una regulación de toda la maquinaria agrícola. Por ejemplo, en el caso de los agroquímicos, es muy importante determinar cómo funcionarán los pulverizadores y, junto con eso, capacitar, tanto en metodología como en medidas de seguridad, a quienes los usarán. Además, es necesario asesorar a los productores respecto de la maquinaria que utilizarán y sobre cómo deben capacitar a sus operadores. Por último, hay un tema que considero muy importante: asesorar a los productores nacionales y a los importadores en cuanto a calibrar la maquinaria agrícola con la cual se trabajará en las actividades productivas.
Creo que nuestro esfuerzo debe propender, precisamente, a elaborar las normas jurídicas que permitan la regularización y fiscalización de los agrotóxicos.
Por este motivo, en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, reitero mi adhesión a las conclusiones del informe.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rafael Arratia.
El señor ARRATIA .-
Señor Presidente , no podía estar ausente en esta sesión en que se trata el informe de las Comisiones unidas de Agricultura, Silvicultura y Pesca y de Salud sobre el proyecto de acuerdo relativo al mercado de agrotóxicos disponibles en el país.
En primer lugar, porque la Sexta Región, que represento, es probablemente la zona más perjudicada del país por el efecto de los insecticidas, herbicidas y, en general, de los productos agrotóxicos que se emplean en la agricultura.
Existen estudios desarrollados en el hospital regional de Rancagua, hechos por el Servicio de Pediatría, que demuestran una incidencia muy alta en el país en malformaciones congénitas derivadas de la mala aplicación de productos que se usan en la agricultura para prevenir algunas plagas u obtener mejores cosechas.
No voy a repetir los argumentos dados respecto del proyecto de acuerdo, sino agregar algunos elementos importantes.
Uno de ellos, sobre el cual no se ha hecho suficiente hincapié, es el relativo a la educación, formación, capacitación. Además, está el tema de los recursos que destina el Estado para prepararnos mejor en esta materia y obtener mayores exportaciones.
Con esto quiero decir que si no somos capaces de generar productos de buena calidad en el campo, no podremos competir en los mercados extranjeros. Pero esa mayor calidad no debemos lograrla a expensas de sustancias químicas, sino de elementos que permitan el ingreso de nuestra producción a otros países.
En la actualidad, la presencia de estos tóxicos es analizada en cada país de destino de nuestra fruta, y hoy las exigencias son muy estrictas en este sentido. Sin embargo, existen mecanismos para combatir plagas sin necesidad de productos tóxicos; pero eso pasa previamente por la investigación.
Hace 30 días, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados realizó un seminario sobre transgénicos, semillas y productos genéticamente modificados.
Es un tema muy complejo que puede significar la introducción en el país, por ejemplo, de supermaleza o de plantas resistentes que pueden transformarse en plagas; pero potencialmente, utilizadas con capacidad, inteligencia y tecnología adecuada, permitirán no usar herbicidas o insecticidas, tan dañinos para la salud de nuestros campesinos, en especial de las mujeres que laboran en el campo.
Sabemos que en la actualidad hay tecnología suficiente para crear, por ejemplo, plantas resistentes a hongos y a bacterias, que pueden ser creadas y desarrolladas genéticamente para ser introducidas en nuestros campos. Si eso nos permite no tener que usar productos tan dañinos como el bromuro de metilo, el DDT, etcétera, algunos autorizados y otros no, bienvenido sea, siempre que estén regulados y provengan del conocimiento.
Además, ahora, a través de la tecnología, tenemos la capacidad para incorporar no sólo plantas resistentes a hongos e infecciones, sino también a temperaturas bajas, lo cual se traducirá en productos más duraderos, de mejor calidad, sabor y presentación. Pero todo esto pasa obligatoriamente porque nuestras universidades cuenten con recursos económicos y tecnología suficiente para desarrollar estos productos, lo cual no es algo menor.
Quienes estamos relacionados con esta materia sabemos que productos agrícolas que se exportan al extranjero, han sido generados a través de la tecnología transgénica, como variedades de uva de mesa, por lo cual hoy debemos pagar un dólar o un dólar y medio por caja exportada por concepto de royalties o derechos a las empresas que desarrollaron plantas de esas capacidades.
Por lo tanto, en la medida en que no seamos capaces de desarrollar tecnología para defendernos de esas grandes empresas extranjeras, seguiremos siendo subdesarrollados, continuaremos pagando a esas empresas por la alta tecnología y dependeremos no sólo de esa tecnología, sino, además, de esas sustancias tan dañinas, como son los insecticidas, herbicidas y otros que dañan a nuestras mujeres y hombres en el campo.
Por eso, junto con adherir a las conclusiones de este informe, quiero poner énfasis en el tema de los recursos para la capacitación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan reemplazar los agrotóxicos en el campo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , estaba leyendo el acuerdo de la Cámara de Diputados de 1996, que encomendó el estudio de esta materia a las Comisiones de Agricultura y Salud, el cual señala expresamente: “Encomendar a las Comisiones de Agricultura y de Salud para que, en un plazo de noventa días, analicen en forma conjunta esta situación, estudiando el mercado de los agrotóxicos disponibles en el país y proponiendo a esta Corporación las iniciativas o modificaciones legales que permitan garantizar la salud de la población; procuren dotar de apoyo profesional a los agricultores para el adecuado control de sus productos y permitan fiscalizar la calidad de los pesticidas que se expenden en el país”.
La Comisión actuó rápidamente, ya que, según entiendo, terminó el informe a principios de 1997. Por lo tanto, lamento que nos demoremos tanto en tratar materias que son tan importantes para la salud de la población.
En nombre de mis colegas de la bancada de la Democracia Cristiana, debo señalar que estamos completamente de acuerdo y contestes en las proposiciones contenidas en este informe, tanto con las iniciativas legales o reglamentarias señaladas en la letra A), como con las medidas de orden administrativo que se proponen en su letra B).
También comparto la exposición del distinguido colega Rafael Arratia .
Sin embargo, quiero detenerme en un par de asuntos que me interesan, fundamentalmente porque represento a dos valles agrícolas: los valles del Huasco y de Tierra Amarilla, de la provincia de Copiapó, donde muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran expuestos a los riesgos que dieron origen a la formación de esta Comisión, debido a que desempeñan su trabajo en frutales y en vides.
En primer lugar, me detendré en las iniciativas legales o reglamentarias señaladas en la letra A), entre las que figuran las siguientes:
Facultar al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, para que fiscalice a los aplicadores terrestres y a los aéreos, así como a los transportistas.
Facultar a la Inspección de Trabajo en lo que dice relación con la protección de los trabajadores y las trabajadoras, que, como sabemos, muchas veces viven en condiciones bastante precarias en los campos, en los parronales y en los frutales, y sus condiciones de trabajo no son debidamente resguardadas por sus empleadores, quienes muchas veces no se preocupan de la salud de sus trabajadores y trabajadoras para evitarse pagos o gastos adicionales en elementos de protección. De manera que considero muy importante facultar a organismos como la Inspección del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las normas que se puedan implantar en esta materia.
Lo otro que estimo extremadamente importante es establecer sanciones efectivas. Aquí debieran existir iniciativas legales para sancionar las responsabilidades penales que pudieran producirse por el descuido y la negligencia de los empleadores en preocuparse de la salud de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
En segundo lugar, respecto de las medidas de orden administrativo, establecidas en la letra B) de las proposiciones, creo que debieran implementarse a la brevedad.
Allí figuran la de mejorar el proceso de registro de los plaguicidas en Chile y la de entregar capacitación.
También aparece una realmente importante, y todos pecaríamos por omisión, en especial la administración del Estado, si no se establecieran campañas de prevención y educación masiva sobre todos los sectores agrícolas donde son usadas estas substancias tóxicas para la salud.
De manera que, compartiendo en su totalidad el informe elaborado por las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, los diputados de la Democracia Cristiana estamos por aprobar este informe y por que se implementen, a la mayor brevedad, por parte del Ejecutivo o del Legislativo, según corresponda, las medidas administrativas y las iniciativas legales propuestas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , cuando hice uso de la palabra al comenzar a conocer esta materia, solicité a la Sala que aprobara este informe por unanimidad, pensando que no habría discusión; pero se produjo el debate, lo que considero bueno.
Por otra parte, quiero aclarar a los señores diputados que me correspondió dar a conocer el informe en una sesión anterior, durante media hora aproximadamente, de manera que ahora sólo corresponde discutirlo y votarlo; pero como esto sucedió hace tanto tiempo, se produjo una discontinuidad, que hace que los señores diputados no sepan o conozcan muy vagamente lo que ya se hizo.
En forma breve, quiero poner énfasis en las conclusiones.
En primer lugar, se detectó falta absoluta de fiscalización de estos productos agrotóxicos y de personal calificado en el manejo de plaguicidas altamente tóxicos, para los cuales existe venta libre; se requieren lugares adecuados para depositar los residuos y los envases usados y apoyo técnico para los pequeños agricultores; se necesita una legislación clara respecto de la venta y uso de estos productos; no existen estadísticas referidas al empleo de determinados agrotóxicos por cultivo, a las plagas que se están controlando y sobre cuáles son los efectos que ellas están causando en la población; no hay normas que regulen la pulverización aérea, y faltan laboratorios o el uso de los mismos es muy costoso.
En seguida, se hacen diversas proposiciones, que fueron el resultado del estudio y conocimiento transmitido por los especialistas que informaron respecto de sus áreas de competencia, bastante ricos en lo que se refiere a antecedentes y fundamentos.
Las iniciativas legales o reglamentarias están relacionadas con lo siguiente: ampliar las facultades del Ministerio de Salud en lo concerniente a cada una de las etapas del registro, venta, aplicación y control de residuos de los productos químicos susceptibles de ser dañinos para la salud humana; regular el expendio de los agrotóxicos, a fin de terminar con la venta indiscriminada; facultar al SAG para que fiscalice tanto a los aplicadores terrestres como aéreos; legislar respecto del establecimiento de lugares destinados al depósito de los residuos; facultar y, al mismo tiempo, capacitar a los funcionarios de la Inspección del Trabajo, con el objeto de que controlen eficazmente el cumplimiento de las normas relativas a la aplicación de los plaguicidas, y establecer sanciones efectivas para el cumplimiento de la normativa relativa al registro, venta y distribución, uso, aplicación y residuos de los plaguicidas.
Se propusieron también algunas medidas administrativas, como mejorar el proceso de registro de los plaguicidas; entregar capacitación acreditada a las personas; efectuar campañas de prevención y educación masiva; prestar asesorías técnicas, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, o de grupos de transferencia tecnológica; desarrollar, por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, campañas sistemáticas en la promoción del sistema de control integrado de plazas en la agricultura; elaborar una base de datos relativa a los agrotóxicos; mejorar la leyenda, el tamaño y la adhesión del etiquetado de los productos, y establecer controles, a través de inspectores sanitarios, en los lugares donde se comercialicen productos agrícolas.
Este estudio surgió como consecuencia de la alarma que causó en determinado momento esta especie de contaminación o enfermedad que contrajeron muchos trabajadores de sectores agrícolas. Por ello, se creó la Comisión; desafortunadamente, se demoró mucho -cinco años- en la elaboración de sus conclusiones, y no sé si las soluciones ya habrán sido dadas; pero creo que el informe es valiosísimo, toda vez que constituye un gran aporte al área correspondiente.
Por eso el informe debe ser aprobado por la unanimidad de los diputados presentes. Es bastante completo; muy científico, serio y acabado en lo que se refiere a su estudio.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el minuto que resta al tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , este informe es bastante lapidario y demostrativo de la situación que vive la agricultura por la falta de control de los agrotóxicos, y me parece raro que, dentro de sus proposiciones, no recomiende enviarlo al Ministerio de Agricultura, sino solamente al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.
Esa es mi proposición concreta, porque estimo que el Ministerio de Agricultura tiene una serie de instituciones de su dependencia que deberían conocer el informe para hacerlo efectivo y mejorar el control para evitar los problemas graves que se han generado en otros países con el uso de los agrotóxicos.
Nada más, señor Presidente .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , desde luego, comparto los conceptos y proposiciones del informe, el que apunta a un grave problema de salud pública y de seguridad laboral, como es el uso de los agrotóxicos en la agricultura.
Deseo sugerir la conveniencia de que a las proposiciones planteadas, como ya lo han sugerido otros colegas, se agregue la de entregar educación a quienes están más cerca del problema, es decir, a los escolares de educación básica y media y a los universitarios que, territorialmente, viven en las áreas donde hay más explotación agrícola y uso de pesticidas.
Si la educación empieza a mostrar al niño desde pequeño el riesgo de estos pesticidas y la conveniencia de su manejo adecuado, a lo largo de los años le irá creando conciencia sobre la necesidad de tomar precauciones y manejar estas sustancias con los cuidados que se precisan, como en cualquier tipo de actividad humana.
En las universidades hay profesiones muy ligadas al uso de los pesticidas, fundamentalmente agronomía e ingeniería forestal, por lo que los futuros profesionales deberían seguir cursos específicos sobre el tema.
En el informe se menciona que las juntas de vecinos y las organizaciones sociales de las provincias agrícolas no están en absoluto motivadas por el tema, pues no lo conocen. Es una señal clara de que no ha habido ningún esfuerzo para educar a la población de esas provincias, a fin de que tome conciencia del gran riesgo de trabajar con este tipo de sustancias.
Como conclusión, mi propuesta consiste en agregar que se haga lo necesario, a través del Ministerio de Educación, para impartir educación especial sobre el tema en todos los niveles educacionales: básico, medio y universitario, con el objeto de eliminar este frente de ignorancia ciudadana, que favorece mucho que el problema continúe y no disminuya, como sería de esperar con la modernización del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, concuerdo con lo que acaba de expresarse.
En 1997 fui miembro de las Comisiones unidas de Agricultura y de Salud, y recuerdo perfectamente a colegas, como el ex diputado señor Isidoro Tohá , que trabajaron muy activamente en esta materia. Lo que más recuerdo es que en algunas regiones, como la Sexta, el número de accidentes -por llamarlo de alguna manera- se generaba por lo que expresaba el diputado señor Mulet : porque los empresarios prácticamente no invierten en proteger con implementos e instrumentos a los trabajadores que utilizan pesticidas y herbicidas, cuyo uso, como también se ha señalado, se ha prohibido en muchos países y están prácticamente obsoletos.
Estamos frente a un informe de capital importancia, porque, si bien es cierto que esas sustancias son relevantes para la agricultura a fin de obtener más y mejores productos, no lo es menos que en muchos casos son tóxicas. Sobre todo, hay que tener claro que en otros países están discontinuadas, y, en Chile, a través del Servicio Agrícola y Ganadero -como se ha propuesto acá- y por otros, su empleo podría regularse más estrictamente.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor MASFERRER.-
¿Me permite, señor Presidente?
¿Cuándo vamos a votar el informe?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Al final de la sesión, señor diputado.
El señor MASFERRER.-
¿Por qué no se vota de inmediato? ¿Por qué debemos esperar?
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe por unanimidad.
Aprobado.
INFORME SOBRE LAS CAUSAS DE LA ANTICIPACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL AÑO 2001 DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde conocer el informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en la investigación de las causas que llevaron a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a adelantar el proceso de licitación de los programas de alimentación para el año 2001.
Diputada informante de la Comisión es la señora María Antonieta Saa.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 45ª, en 3 de mayo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 7.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Solicito la autorización de la Sala para que ingrese el señor Ricardo Halabí , director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Acordado.
Tiene la palabra la diputada informante .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, en cumplimiento del mandato entregado por esta Cámara, me ha designado diputada informante .
Esta investigación encuentra su origen en el proyecto de acuerdo Nº 372 de la Corporación, adoptado el 14 de marzo del año en curso, en virtud del cual se encomienda a la Comisión “indagar las causas que llevaron a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a anticipar el proceso de licitación de los programas de alimentación para los años 2001 a 2003 y analizar las consecuencias nutricionales que, sobre la salud y la calidad de vida de los niños beneficiarios de dichos programas, podrían tener los contenidos de los mismos”.
Los diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo fundamentaron su solicitud en los problemas e irregularidades que, a su juicio, se habrían detectado en la calidad alimentaria de los programas de la Junta y en la forma en que se llevaron adelante los procedimientos de licitación para asignarlos en el período 2001 a 2003.
La Comisión destinó cuatro sesiones al estudio de esta materia, durante las cuales se recibió la opinión de las siguientes personas: don Ernesto Behnke Gutiérrez , médico, subsecretario de Salud ; don Juan Carlos Concha Gutiérrez , médico, asesor del subsecretario de Salud ; doña Lysette Henríquez Amestoy , ingeniera comercial, ex directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb; don Ricardo Halabí Caffena , abogado, director nacional de la Junaeb ; don Fernando Monckeberg Barros , médico, presidente de la Corporación de Nutrición Infantil , Conin , y don Fernando Vío, médico, representante del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Inta, de la Universidad de Chile.
Entre otros documentos que recibió la Comisión, figuran los siguientes:
Protocolo Propuesta Pública 2000, enviado por la Dirección General de la Junaeb; carta del doctor Ricardo Uauy , director del Inta; exposición del doctor Fernando Vío , integrante del Inta; puntos relevantes en el proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar de enero del 2000, de la señora Lysette ; cuadro comparativo, preparado por la Junaeb, entre las raciones del Programa de Alimentación Escolar para 1995 y para el 2000, y oficio de la señora Ofelia Reveco Vergara , vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji.
Analizados dichos documentos y escuchadas las opiniones de las personas mencionadas, la Comisión de Educación, constituida como comisión investigadora, llegó a las siguientes conclusiones:
En votación unánime, en la que participaron los diputados señores Aguiló, Ávila , Correa, Gutiérrez , Ulloa , Velasco , Villouta y la diputada que habla, acordó lo siguiente:
1º Que en lo tocante al procedimiento observado en la licitación del Programa de Alimentación Escolar para el período 2001-2003, procedimiento que fuera objetado de apresurado, poco transparente e, incluso, de realizado en forma reservada, cabe señalar que la Comisión ha podido constatar que tales cargos carecen absolutamente de fundamentos, por cuanto -como se ha demostrado con los antecedentes acompañados y los testimonios recibidos- a partir de la década de 1980, las adjudicaciones del Programa comenzaron a efectuarse en el año anterior al año lectivo inicial de aplicación del mismo. Así, la licitación del período 1995-1997 se adjudicó en 1994, y la anterior a la actual, es decir, la correspondiente al período 1996-2000, se resolvió en 1995.
El procedimiento empleado es, sin duda, el más adecuado, por cuanto se trata de un mecanismo complejo que se extiende a lo largo de seis u ocho meses, y la cronología de los pasos que lo componen, que fuera debidamente documentada ante la Comisión, así lo demuestra.
En todo caso, si el cargo de apresuramiento se fundara en el hecho de haberse efectuado la licitación en el primer semestre del año y no en el segundo, como era hasta hace tres años, debe señalarse que ello fue acordado por el equipo directivo de la Junaeb, sus direcciones regionales y las empresas concesionarias como un procedimiento más conveniente, en atención a la naturaleza misma de los contratos, que obligan ordinariamente a las empresas a cambiar de regiones y a la instalación de nuevas infraestructuras; a buscar nuevos proveedores locales y a capacitar personal, sin perjuicio, además, de las dificultades adicionales que implica el cierre de los establecimientos educacionales en el lapso comprendido entre diciembre y marzo.
En lo que se refiere a la pretendida falta de transparencia, basta con revisar la documentación acompañada para verificar que cada paso del procedimiento empleado se apegó estrictamente a la ley orgánica de la Junaeb, circunstancia fehacientemente acreditada con la toma de razón de la Contraloría General de la República, no sólo al aprobar las bases de la licitación pública, sino también las modificaciones, aclaraciones, consultas y respuestas sobre las mismas; la adjudicación de la licitación y los respectivos contratos de servicios.
A mayor abundamiento, la misma directora nacional, en conocimiento de las críticas acerca del citado procedimiento, solicitó al organismo contralor un pronunciamiento respecto de la legalidad del mismo, el cual, mediante oficio Nº 09639, de 20 de marzo de 2000, acompañado a los antecedentes, señala que dicho procedimiento “se encuentra ajustado a la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia”.
Corrobora, asimismo, la corrección y transparencia del proceso, la respuesta de la directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles al requerimiento que le hiciera la señora Henríquez , en el sentido de si pudo percibir problemas de transparencia o regularidad en la licitación, al señalar que sus observaciones se referían solamente a la oportunidad de la licitación, la que le parecía poco conveniente, pero de ningún modo a la transparencia misma del proceso.
En consecuencia, no existe apresuramiento o adelantamiento sospechoso o injustificado de la licitación, toda vez que el procedimiento empleado se apegó, en todo, estrictamente a la legalidad y se ajustó en forma absoluta al principio de transparencia que tal procedimiento exige.
2º Que en lo que se refiere a los criterios técnicos empleados para la conformación del Programa de Alimentación Escolar, respecto de los cuales se señala que contemplarían la inclusión de excesivos aportes energéticos, hidratos de carbono inadecuados y grasas de aceites de mala calidad, a la vez que serían deficitarios en calcio, hierro y zinc, y escasos en frutas y verduras, todo lo cual haría que dicho Programa aumentara en los menores el riesgo de obesidad y, en consecuencia, la propensión a sufrir hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y anemia, materias sobre las que habría categóricos informes técnicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Inta, del Ministerio de Salud, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Centro de Nutrición Humana, Cenut, y de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Comisión consideró lo siguiente:
La participación que tuvo ante esta Comisión el señor subsecretario de Salud demostró que “la opinión que esa Secretaría de Estado tiene al respecto, nada tiene que ver con la que le atribuyen los patrocinantes del acuerdo, puesto que afirmó entonces, categóricamente, que no veía peligro alguno en la entrega de estas raciones alimenticias. Más aún, sostuvo que si a él correspondiera tomar la decisión de entregarlas, lo haría sin ningún problema”.
Asimismo, ante la consulta que se le formulara en el sentido de que dichas raciones podrían originar el peligro de obesidad en los menores, expresó que no veía cómo podría originarse ese riesgo, toda vez que las raciones contempladas en el Programa no entregaban más de 700 calorías diarias a personas que necesitan 1.500 a 2.000 calorías.
La opinión del doctor Vío, representante del Inta, tampoco coincide con la que se atribuye a ese instituto, toda vez que, no obstante reafirmar el parecer de la entidad en el sentido de que la virtual superación de la desnutrición en nuestro país había originado un cambio en el perfil epidemiológico de su población, lo que hacía aconsejable revisar los criterios con que se elaboraban los programas de la Junaeb, en ningún momento sostuvo que “las raciones que estos programas comprendían pudieran dar lugar a obesidad en los alimentarios, sino que, por el contrario, el contenido de ellos no ayudaba a prevenir el riesgo de su ocurrencia”.
El doctor Fernando Monckeberg , actual presidente de la Corporación de Nutrición Infantil , Conin , fundador y anterior director del Inta, reconocido especialista en materias de nutrición -durante su intervención lamentó la irresponsabilidad de declaraciones que afectaban el prestigio de un servicio que había demostrado una gran eficiencia-, sostuvo que, efectivamente, con la superación de la desnutrición, las patologías más frecuentes serían el cáncer, la diabetes, la osteoporosis y las demás anomalías que se señalaban, pero que esa situación no podía imputarse a la Junaeb, sino al aumento de las expectativas de vida que hacía que las personas alcanzaran edades en que, naturalmente, se producían tales enfermedades, en especial en el caso de las dolencias degenerativas, normalmente de muy larga incubación.
Igualmente, otra de las causas de la proliferación de estas enfermedades sería el mejoramiento de la calidad de vida de las personas como consecuencia del desarrollo económico, puesto que éstas, al tener mayor poder adquisitivo, suelen elegir aquello que más les agrada, sin atender mayormente si afecta o no a su salud. Tal situación induce al consumo de alimentos con mucho contenido graso y otras características que, sí, podrían llevar a la obesidad; pero, en todo caso, ello tampoco puede imputarse a la Junaeb, sino a los hábitos alimentarios de las familias.
Por último, reafirmó su parecer de que muchas de las críticas se inspiraban en un exagerado entusiasmo por el resultado de las investigaciones y de los datos estadísticos, puesto que si se atiende a la lógica de estas críticas, todos aquellos que hace 30 ó 40 años estaban en los sectores con menores ingresos, prácticamente no tuvieron acceso al consumo de leche -en ese entonces no mayor de 18 litros por persona-, circunstancia que, ciñéndose a los estudios, podría significar que tales personas deberían sufrir de gran fragilidad ósea y de continuas quebraduras, cosa que no ocurre por razones de la naturaleza humana, que, de una u otra forma, se protege.
Todas estas consideraciones llevan a la Comisión a estimar que las críticas formuladas acerca del contenido del Programa de Alimentación Escolar no tienen asidero, por cuanto no es posible atribuir a raciones de carácter complementario los negativos efectos que se le imputan.
Asimismo, la Comisión acordó aconsejar el estudio de nuevas bases técnicas para la conformación de los programas alimentarios, por cuanto resulta indiscutible, tal como lo señalara el representante del Inta, la variación del perfil epidemiológico de la población como consecuencia de la superación de la desnutrición, las mayores expectativas de vida y el mejoramiento de las condiciones económicas generales; así como también apoyar lo expresado por el señor subsecretario de Salud , de crear una Comisión Nacional de Nutrición, la que, acogiendo en su seno a todos quienes tengan relación con las cuestiones relacionadas con la alimentación, pueda fijar pautas de general aplicación sobre la materia.
Finalmente, la Comisión estimó necesario arbitrar las medidas conducentes para que acusaciones como las que dieron origen a esta investigación, e igualmente las que se inicien a futuro, tengan verdadera fundamentación, dado que, como sucede en este caso, la realidad es totalmente diferente de lo que se pretende comprobar; todo ello sin perjuicio, además, de considerar el grave daño que se causa con aseveraciones sin base a organismos que han probado su eficiencia y, especialmente, a personas, como la ex directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señora Lysette Henríquez Amestoy , la que, a pesar de su irreprochable desempeño y su interés en mejorar el servicio que presta la institución que dirigía, se ve expuesta al escándalo público, el cual, habitualmente, suele dañar en forma irreversible la imagen de quienes lo sufren.
Éste es el informe aprobado por unanimidad por la Comisión de Educación sobre la investigación encargada por la Cámara.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , estuve presente en todas las reuniones efectuadas por la Comisión, hice consultas y averiguaciones a las personas invitadas para entregar sus opiniones acerca de este proyecto de acuerdo aprobado por la Sala. Ello, en atención a las características del servicio cuestionado, al que conozco desde hace más de treinta años, ya que en la década de los años 60 se formó en Angol el primer hogar, el cual recibió a más de cien jóvenes internos. Debido al éxito de este programa que inició en su tiempo la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, se construyó, con posterioridad, un edificio para albergar también a un grupo de niñas. Es decir, Angol tiene el privilegio de contar con dos hogares de esta naturaleza.
Todos sabemos que anualmente el número de postulantes a estos hogares es muy superior a su capacidad, y jamás, en los años que llevo en Angol, he tenido conocimiento de algún reclamo por la calidad de la alimentación o de la atención del personal que presta este servicio.
De manera que para mí fue muy doloroso ver el contenido y los principios en virtud de los cuales se solicitaba esta investigación. Y, según lo informado por la señora diputada informante , a los diputados que estuvimos presentes en la determinación final de nuestra posición nos quedó muy claro que la concesión, la propuesta, los plazos de reclamo, de consulta, de presentación, de resolución, de documentación apropiada para que los concesionarios pudieran definir y presentar sus cotizaciones, fueron muy amplios y completos, sin motivo alguno para dudar de que hubiese datos incompletos que no permitieran hacer una proposición de acuerdo con las especificaciones establecidas. Tanto es así, que uno de los colegas comentó que, habiendo consultado a una empresa del mismo rubro en otras comunas y sectores del país, y a la cual no le fue adjudicada la concesión en esa oportunidad, aquella le señaló con claridad no tener objeción alguna al sistema ni a cosa alguna relacionada con esta propuesta.
En cuanto al tipo de alimentación, dentro de lo posible se mejoraron muchas de las necesidades alimentarias que ya habían sido especificadas por los técnicos; pero en esto siempre hay un costo, factor primordial para resolver una propuesta. Sin duda, debido al bajísimo valor de la alimentación dada a los alumnos, es totalmente imposible entregar una ración más completa, como idealmente y por lógica quisiéramos que recibieran estos adolescentes de los sectores más necesitados de nuestra población. O sea, llegar al ideal de lo que debiera ser una alimentación para jóvenes que estarán en el establecimiento o en el internado, habría significado subir los costos a sumas que habrían hecho imposible llevarlo a cabo con el presupuesto del año pasado. Es algo que deseamos mejorar, pero surge la limitante del “vil dinero”, como se dice normalmente.
Por otra parte, lamento la ausencia del colega Maximiano Errázuriz , ya que algunos medios periodísticos publicitaron esta petición, formulada a la Sala, con un alarde propagandístico que en ningún momento tuvo real asidero, como para pensar que detrás de ella había un escándalo o un “negociado”.
Asimismo, deseo expresar mi respaldo a la señora Lysette Henríquez , quien tuvo la voluntad de suspender un viaje al extranjero con su familia hasta saber el resultado favorable de la investigación, mediante la cual no se encontró culpabilidad alguna a ninguno de los métodos empleados por la Junaeb. Por lo tanto, a ella no le cupo responsabilidad alguna.
De igual modo, la Comisión lamenta que este informe no tendrá la misma relevancia que, hace algunos meses, encontró esta acusación en los titulares y comentarios de muchos periódicos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo Nº 372 encomendó a la Comisión de Educación de la Cámara que investigara irregularidades en la Junta de Auxilio Escolar y Becas, en dos aspectos: uno, con respecto a la calidad alimentaria de las raciones entregadas y, dos, en relación con la forma de proceder en la licitación del período comprendido entre el 2001 y el 2003.
Con respecto a este último punto, los diputados patrocinantes, es decir, los acusadores, señalaron que la ex directora había licitado para el período 2001 al 2003, en el año 1999, en circunstancias que debía haberse hecho después. La respuesta de doña Lysette Henríquez fue que desde la década del ochenta, lo habitual había sido adjudicar las licitaciones del programa en el año anterior al inicio del año lectivo en que comienza a aplicarse el citado programa, por tratarse de un proceso complejo que toma alrededor de seis meses, entre el llamado a la licitación y la adjudicación.
Agregó que desde l982 se ha procedido a licitar un tercio de los servicios de alimentación, con una duración de los contratos de tres años. Debido a que en la anterior administración de la Junaeb éstos se prolongaron por cinco años, se dio el caso que en el presente expiraron simultáneamente las licitaciones de 1995 y de 1997, situación que produjo la necesidad de licitar en el 2000 dos tercios de los servicios de alimentación.
Tal hecho hizo que la ex directora, para reducir el riesgo de licitar grandes cantidades, separara dos tercios. El primero, en marzo de este año, a su cargo, y el segundo, a cargo del nuevo director, que deberá hacerse más adelante.
Ahora, la exposición de la ex directora, los documentos recibidos y la relación cronológica del proceso de licitación permiten concluir que no ha existido irregularidad por parte de la ex directora de la Junaeb , señora Lysette Henríquez .
En efecto, la documentación que se acompañó, el protocolo de la propuesta, la minuta del plan de alimentación escolar, la convocatoria a los contratistas, la venta de las bases, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de la licitación nos permiten arribar a tal conclusión.
Los cuadros comparativos entre el plan de alimentación escolar de 1995 y de 2000 sobre el aporte nutricional, el pronunciamiento de la Contraloría a petición expresa de la ex directora y sus explicaciones dejaron en evidencia que no ha existido irregularidad y que el proceso se ajustó a derecho.
Con respecto a la calidad alimentaria de las raciones entregadas, los patrocinantes señalan que el contenido de los programas aumenta el riesgo de obesidad y propende a incrementar el peligro de la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la anemia. Sin embargo, resulta absurda la acusación de que la dieta alimentaria sería causante de la creciente obesidad en los niños, en circunstancias que el programa es complementario, es decir, el desayuno y el almuerzo cubren sólo el 37 por ciento de sus necesidades calóricas y se entregan únicamente por un total de 186 días, o sea, medio año. El resto de la alimentación lo reciben en sus casas.
Agregó la ex directora que si bien el programa era perfectible, se había llegado a una relación precio-calidad muy cercana a lo óptimo.
El doctor Fernando Monckeberg lamentó la irresponsabilidad de las opiniones que afectan el prestigio del servicio, que ha demostrado gran eficiencia en derrotar la desnutrición infantil, a partir de la década del setenta en adelante.
Aludió al programa de alimentación complementaria del Ministerio de Salud, con su política materno-infantil, que permitió dejar las cifras de desnutrición a la altura de los índices que tienen los países desarrollados.
Me permitiré hacer algunas críticas a la Junaeb con respecto a otros puntos.
Según las opiniones del doctor Vío, del doctor Uauy y del doctor Atalah , este último integrante del Centro de Nutrición Humana, si bien parecen exageradas en cuanto a que podrían provocar obesidad y, por consecuencia, enfermedades cardiovasculares, creemos que es necesario, en las próximas licitaciones, una mejor y debida coordinación entre los diferentes estamentos, toda vez que quedó demostrado en la exposición del doctor Vío que, a medida que el país se desarrolla, crece el peligro de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a las estadísticas.
Otra crítica. Es necesario perfeccionar la forma de cálculo y las encuestas realizadas por la Junaeb para conocer los índices de vulnerabilidad y determinar qué niños deben recibir las raciones.
En verdad, las encuestas que hacen diversas escuelas dejan bastante que desear. Muchos niños quedan fuera del programa por falta de una encuesta idónea.
Además, la Junaeb no hace mediciones del rendimiento escolar para saber de qué manera incide el programa alimenticio, ni tampoco hace estudios acerca de lo que comen los menores en sus casas para determinar, de alguna forma, el origen del problema de obesidad y otras enfermedades.
En resumen, no existieron irregularidades en el proceso de licitación. Todo se hizo con absoluta transparencia. La calidad alimentaria es la correcta, aunque posible de mejorar.
Lamentamos que el proyecto de acuerdo haya servido para que algunos diputados, con el afán de conseguir un protagonismo que no corresponde, hayan hecho declaraciones sin fundamento, lo que ha afectado el prestigio de una institución y la honorabilidad de sus funcionarios.
Lamentamos también que uno de los patrocinantes del proyecto de acuerdo, el diputado señor Girardi , haya ido sólo a una sesión, de las cuatro que hubo, y ahora no se encuentre presente en la Sala.
He dicho.
-o-
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala que se encuentra en las tribunas una delegación de parlamentarios ecuatorianos que participan en nuestro país en una reunión sobre previsión social. Está integrada por los diputados señores José Alvear, Carlos Kure, Reynaldo Páez y Absalón Rocho.
-Aplausos.
-o-
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , estamos en presencia de un informe aprobado por unanimidad, pero esto no quiere decir que tenga carácter unívoco, es decir, que esté sujeto a una sola interpretación.
Es útil poner de relieve -y creo que ésta es la oportunidad de hacerlo- que mi voto contribuyó a dar la unanimidad, básicamente, porque sentí que estaba siendo afectada la honorabilidad de la ex directora de la institución cuestionada.
Me parecía muy injusto que apareciese en la picota pública una funcionaria que, precisamente, había revertido una situación de deterioro desde el punto de vista de los procedimientos empleados, que se venía observando con preocupación en la Junaeb.
La señora Lysette Henríquez se caracterizó por imprimir un golpe de timón en la gestión de la Junaeb, que rápidamente se apreció en diversos ámbitos del funcionamiento de esta importante entidad.
La difusión que por diversos medios se hizo de las críticas públicas formuladas por el diputado Guido Girardi experimentaron una distorsión muy preocupante. Desde luego, la señora Lysette Henríquez sintió gravemente dañada su honorabilidad, y cuando compareció en la Comisión dejó de manifiesto que estas circunstancias habían producido un efecto muy grave y preocupante en su familia.
Creo que cada uno de los miembros de la Comisión que seguimos el desarrollo de la investigación nos sentimos humanamente impactados por lo que había generado este problema en la ex directora de la Junaeb.
Todo esto, enteramente válido, no puede conducirnos ahora a execrar al diputado Guido Girardi . Pienso que sería también muy injusto que quedase como conclusión de todo esto que el diputado Girardi formuló las críticas sin tener asidero de ninguna naturaleza. Eso no es efectivo, por cuanto el propio informe así lo revela.
Señalo como ejemplo la conclusión indicada en el punto 3º, en donde a la letra se afirma lo siguiente: “Asimismo, la Comisión acordó aconsejar el estudio de nuevas bases técnicas para la conformación de los programas alimentarios por cuanto resulta indiscutible, tal como lo señalara el representante del Inta, la variación del perfil epidemiológico de la población como consecuencia de la superación de la desnutrición,”.
Ese párrafo que, en rigor, de algún modo presenta cierta contradicción en las conclusiones del informe, no puede dejar de destacarse, porque constituye un elemento, de carácter muy técnico, es cierto, pero coincide plenamente con lo sostenido en su momento por el diputado Girardi .
De ahí que, para ser justos, este informe reivindica el comportamiento ético de la señora Lysette Henríquez y reconoce sus esfuerzos por introducir necesarias rectificaciones en lo que había sido la gestión anterior en la Junaeb.
Por otro lado, también el informe se encarga de brindar un reconocimiento en un aspecto importante, aunque técnico, a quien formuló la denuncia.
Con esta intervención y habiendo aclarado las razones precisas por las que concurrí a dar la unanimidad al informe, también me hago cargo de la situación de menoscabo que su lectura simple pudiera significar para el diputado Girardi .
Eso sería injusto y, por lo tanto, he considerado un deber moral consignarlo en esta sesión.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención haciendo un llamado de atención respecto de cómo se generó esta investigación y a lo inútil de su cometido. Una de las escasas facultades que poseemos para controlar la acción de los funcionarios públicos, está en la formación de comisiones investigadoras o, como en este caso, entregando a una comisión permanente el mandato para investigar algún hecho.
Muchos de nosotros respaldamos la iniciativa de los diputados Girardi y Acuña y votamos por encomendar a la Comisión de Educación la investigación de las causas que llevaron a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas a adelantar, supuestamente, el proceso de licitación de los programas de alimentación y las consecuencias nutricionales de su contenido.
Resulta muy triste leer el informe y verificar cómo cada una de las consideraciones sostenidas por los patrocinantes del proyecto de acuerdo que originó esta investigación fueron categóricamente desechadas y en un documento de la Cámara dejamos contancia de una pérdida de tiempo que, por cierto, desacredita y perjudica la seriedad con que esta Corporación debe asumir sus tareas de fiscalización.
No quiero extenderme en este episodio, que no es de aquellos que la Cámara, por su prestigio, debiera difundir. Solamente voy a repetir, para avalar lo que he señalado, algunos párrafos que he seleccionado de este informe.
En la letra c) de la segunda conclusión se dice que el doctor Monckeberg , por demás conocido, “durante su intervención lamentó la irresponsabilidad de las declaraciones que afectaban el prestigio de un servicio” y, en la cuarta conclusión se señala: “Finalmente, la Comisión estimó necesario arbitrar las medidas conducentes para que acusaciones como las que dieron origen a esta investigación, e igualmente las que se inicien a futuro, tengan una verdadera fundamentación, toda vez que, como sucede en este caso, la realidad es totalmente diferente a lo que se pretende exponer,”.
Reitero que lamento esta pérdida de tiempo y me abstendré para no seguir otorgando a este episodio algo de seriedad que nunca tuvo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Velasco , por cinco minutos.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , hemos escuchado distintas apreciaciones y opiniones respecto del informe leído por la presidenta de la Comisión de Educación en relación con esta investigación.
Quiero recordar algunos aspectos sobre esta materia, que constituyen historia en una institución de tanta importancia a nivel educacional y nacional.
Hace 40 años, el entonces senador Radomiro Tomic tuvo la feliz iniciativa de presentar un proyecto de ley que creaba la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, cuyo cometido ha tenido un tremendo impacto en la educación de nuestros niños que no tienen elementos ni recursos económicos para educarse. La Junaeb entrega raciones a más de un millón cuatrocientos mil niños de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de Integra, de la enseñanza básica y media municipalizada y subvencionada. Es una labor realmente trascendente para una institución que cubre todo el territorio nacional en materia educacional prebásica, básica y media.
Existe consenso en señalar que jamás existió irregularidad en las licitaciones ni menos efectos negativos en la salud de nuestros niños, según las opiniones entregadas por distintas personalidades del mundo médico, tanto del Ministerio de Salud -por esa cartera intervino el señor subsecretario- como de otras instituciones que tienen que ver con la calidad alimentaria que se entrega a nuestros estudiantes a través de las raciones de la Junaeb.
Quiero recordar algunas palabras vertidas en la Comisión que no sólo impactaron a sus miembros, sino también a la persona que estaba siendo investigada.
Me referiré en forma muy explícita a lo señalado en la Comisión por el diputado señor Ávila , quien pidió disculpas públicas -al igual como lo hicieran otros colegas- respecto de esta investigación, porque no tenía base alguna. Sin duda, la señora Lysette Henríquez merece nuestras excusas por lo desatinado -por decir lo menos- de este proyecto de acuerdo, lo que se aborda en la cuarta conclusión, que dice: “Finalmente, la Comisión estimó necesario arbitrar las medidas conducentes para que acusaciones como las que dieron origen a esta investigación, e igualmente las que se inicien a futuro, tengan una verdadera fundamentación, toda vez que, como sucede en este caso, la realidad es totalmente diferente a lo que se pretende exponer, sin perjuicio, además, de considerar el grave daño que se causa con aseveraciones sin base a organismos que han probado su eficiencia y, especialmente, a personas como la ex directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, señora Lysette Henríquez Amestoy , quien a pesar de su irreprochable desempeño y su interés por mejorar el servicio que presta la institución que dirigía, se ve expuesta al escándalo público que, habitualmente, suele dañar en forma irreversible la imagen de quienes lo sufren”.
En este sentido, comparto las explicaciones públicas entregadas por el diputado señor Ávila , cofirmante del proyecto de acuerdo que durante un tiempo y en forma constante estuvo presente en los medios de comunicación, lo que causa daño a una institución realmente importante en el desarrollo intelectual y educacional de nuestros estudiantes.
Toda obra humana no es perfecta, pero puede ser perfectible. Se encuentra presente en esta Sala el director nacional de la Junaeb , señor Ricardo Halabí , quien ya ha propuesto una serie de interesantes iniciativas, a fin de permitir la participación de los padres y apoderados y de los profesores, para que la entrega de estos alimentos llegue en forma oportuna, eficiente y eficaz a todos los niños de Chile.
También comparto las aprensiones respecto a si estas comisiones investigadoras prestigian a la Cámara o, por los resultados obtenidos, causan el efecto contrario. No deben lanzarse acusaciones al voleo.
Lo señalado en el informe es realmente importante para la ex directora señora Lysette Henríquez -quien sufrió durante mucho tiempo la presión de la prensa y las investigaciones de la Contraloría-, ya que la exculpa de todas las acusaciones que se presentaron en su contra. No cabe la menor duda de que es una persona de irreprochable conducta, que consiguió levantar una institución asistencial esencial para nuestros niños.
Por ello, comparto también las palabras expresadas en la Comisión por el doctor señor Fernando Monckeberg en materia de nutrición, quien durante su intervención lamentó la irresponsabilidad de las acusaciones que afectan el prestigio de un servicio.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , se han cumplido más de seis minutos.
El señor VELASCO .-
Concluyo señalando que ojalá esta Cámara estudie con mayor acuciosidad las acusaciones que se presentan; de lo contrario, puede ocurrir -como ha sucedido- que no tengan base alguna.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , en este debate la primera pregunta que surge es ¿dónde están los acusadores? Nuestra Corporación investigó seriamente las denuncias formuladas por la prensa, y con las pruebas a la vista, exculpó de las acusaciones a la ex directora de la Junaeb. Ojalá esta conclusión ocupe un cuarto del espacio que se le dio a las acusaciones y declaraciones rimbombantes y pomposas que hemos leído en los diarios.
Las declaraciones vertidas en esta Sala hace algunos instantes, también rimbombantes y muy pomposas, que pretenden salvar la responsabilidad de quien formuló irresponsables acusaciones, no logran sino restarle seriedad a esta Corporación y a quienes la integramos.
Primero debe hacerse una investigación seria de los hechos a través de esta Corporación; después pueden formularse las acusaciones públicas que merezca el caso. A mi juicio, esta acusación se transforma en un verdadero bumerán no sólo para quien la hizo, sino también para esta Corporación. Desde luego, rechazo acusaciones como ésta, porque hoy fue una persona que dirigía un organismo público, pero desde aquí también ahora han salido acusaciones a personas con distinta visión política y responsabilidad en otros gobiernos.
¡Qué responsabilidad más grande la de esta Oposición! ¡Cuestión que también reclamo de mis colegas de la Concertación! Hemos sido lo suficientemente responsables para decir que después de los antecedentes que se nos entregaron no hay mérito para tal acusación, sin siquiera pensar en la condición o en la posición política de la persona acusada.
Desde esa perspectiva, debe ser un orgullo para la Cámara que, después de acusaciones que se hicieron a través de los diarios y enlodaron, no digamos figuradamente a una persona, sino con nombre y apellido, y al Servicio que representaba, se determinara que efectivamente ninguna de ellas tenía asidero.
El punto cuarto, al que han aludido mis colegas que hicieron uso de la palabra con anterioridad, recoge exactamente el sentido de lo que propusimos aquel día en la Comisión de Educación: que quedara claramente establecido que no nos gusta el procedimiento de hacer acusaciones que no tengan fundamento o que no puedan ser probadas. Creo que ésa es la gran lección que recogió la Comisión de Educación, a la cual le correspondió investigar en esta ocasión.
No me queda sino reiterar que es malo, no sólo para nuestra Corporación, sino para todos quienes la integramos, el hecho de aparecer buscando protagonismo sobre la base de denuncias que no tienen fundamento, que carecen de pruebas. En la práctica, terminamos pidiendo disculpas para callado por algo que, públicamente, deja una huella imborrable. Repudio estas actuaciones y no es bueno que continuemos en este esquema. Cuando se formule una acusación con fundamento, la apoyaremos con mucha fuerza, así como también apoyaremos la formación de cualquier comisión investigadora, pero siempre que la acusación se haga responsablemente. Ahora, si descubrimos que existen efectivamente situaciones anormales las perseguiremos; si son penales o civiles, tendrán que ser conocidas por los tribunales de justicia; si son administrativas, se las daremos a conocer a la Contraloría General de la República, y si son políticas, las perseguiremos en nuestra Corporación.
Termino señalando que el trabajo que le correspondió efectuar a la comisión, a nuestro juicio, se llevó a cabo con responsabilidad, teniendo a la vista los antecedentes del caso y consultando a especialistas. Desde esa perspectiva, las personas que aparecieron vinculadas a las denuncias necesariamente deben quedar limpias de la situación anormal a la cual se vieron sometidas. Por supuesto, considero que nosotros, como Cámara de Diputados, también debemos pedir las disculpas del caso por provocar situaciones que, finalmente, dañan y que en esta ocasión se pudo acreditar que carecían de veracidad. En otras oportunidades, ni siquiera se intentó probar que no la tenían.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por ocho minutos, la honorable diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María) .-
Señor Presidente , cuando se aprecia desde afuera la importancia que tiene la Cámara de Diputados en el resguardo de los derechos de los chilenos, obviamente, frente a una denuncia de estas características, se termina no sólo por tomarla en serio, sino, además, se entiende que el tiempo ocupado por la comisión en su investigación es en beneficio del país.
Considero que lo único importante de esta acusación -me referiré a ella más adelante- es que algunos pudieron descubrir el papel que juega y ha jugado durante muchos años en nuestro país la Junta de Auxilio Escolar y Becas. No hay que olvidar que ella se creó como un incentivo para mantener a los niños en la escuela, y después -así lo dicen en el informe distinguidas personalidades del ámbito de la medicina y la alimentación- ayudó a superar la desnutrición existente en el país, hecho que constituye un ejemplo en el mundo. Pero, además -como lo decían algunos colegas-, contribuyó a descubrir que las raciones alimenticias que se entregan a los niños más pobres del país le significan al Estado alrededor de 60 centavos de dólar -equivalente a 300 pesos- cada una.
Sin embargo, es indudable que no causa preocupación el hecho de que con 300 pesos se le esté proporcionando alimento a los niños más pobres de nuestro país. Entonces, como no constituye sorpresa ni es noticia hablar de las necesidades de las personas más pobres, se utilizan los medios de comunicación para dar una noticia que provoca escándalo y daño a la institución, además de afirmarse peligrosamente que se está poniendo en peligro la salud de los chilenos. Aquí se dijo que había corrupción, negociados, que existían manejos oscuros y que con esos 300 pesos se estaba enfermando a nuestros niños. Se expresó, además, que los alimentos producían cáncer, osteoporosis y daño a la salud de los niños; se les manifestó a los padres más pobres de nuestro país que era peligroso consumir esos alimentos. En suma, se desprestigió a una institución en forma escandalosa.
Hoy día se dan veinte mil explicaciones, pero no se dice al país que los chilenos les pagan a los parlamentarios para que ocupen el tiempo necesario en legislar sobre temas que interesan a la gente, a los ciudadanos, y no para enlodar -tal como quedó establecido- a instituciones prestigiosas.
¿Qué quiero decir con esto? A través de los medios de comunicación se hace mucha difusión para desprestigiar el papel que desempeñamos los políticos. Pero, a veces, ¡por Dios, con qué facilidad nos ganamos ese desprestigio! Las preguntas que debemos formularnos son las siguientes: ¿Debemos limpiar en privado la honra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas? ¿Debemos limpiar en privado la honra de la directora y de sus funcionarios? Pero ¿quién paga el daño, porque esa funcionaria no sólo no consiguió trabajo en el país, sino que tuvo que emigrar a otro, dolida y preocupada? “Disculpe, nos equivocamos. Le dijimos al país que usted era corrupta y le estaba haciendo daño a los niños; pero hoy día le pedimos disculpas”. ¡Gran equivocación!
Públicamente, nadie ha dicho nada respecto de cómo enfrentamos nuestra tarea. Por lo menos yo, soy una convencida de que el papel de los políticos es necesario. Considero que la política es una de las ocupaciones más honrosas; es el arte de hacer cosas, de mejorar la situación de las personas. El papel de los parlamentarios es fiscalizar, pero no se puede buscar propaganda barata y fácil a costa de la honra de la gente.
Los parlamentarios -por lo menos, me refiero a nuestra bancada- debemos ejercer nuestro rol fiscalizador, pero respetando a los ciudadanos, y antes de hacer acusaciones tan graves como la que formulamos, debemos preocuparnos de lo que está sucediendo con este tipo de instituciones.
Creo que la Cámara de Diputados no puede quedarse sólo en una explicación o en un informe aprobado por unanimidad; también debe ser capaz de publicar una inserción en los diarios, que debería ser pagada por la institución o por los parlamentarios que formularon la denuncia -pido que sus nombres sean incluidos en la versión-, que no han sido mencionados y que -tal como lo dijeron algunos colegas-, primero, utilizaron los medios de comunicación y, después, hicieron daño.
Termino señalando dos cosas. Obviamente, no sólo entiendo, sino que comparto la necesidad de que existan mecanismos de fiscalización y de control; pero insisto en que no se puede continuar utilizando la publicidad, independientemente de quien se trate. A veces, tengo la impresión de que nos dedicamos más a hacer escándalo que a preocuparnos por los temas que interesan efectivamente a la gente. Mi preocupación de hoy es si seremos capaces de limpiar la honra de una institución que ha jugado un papel histórico para eliminar la desnutrición en nuestro país y mejorar la inserción escolar de nuestros hijos, la cual necesita mucho más apoyo y deberíamos preocuparnos de incentivar, a fin de que tenga más recursos, mayor prestigio del que se ha ganado y llegue a más gente que la necesita.
La pregunta es: ¿Estamos en condiciones de superar esto a través de un inserción en la prensa nacional que cope los mismos espacios que ocupó el escándalo provocado? Por lo menos, lo dejo planteado como una propuesta, porque considero que debemos ser mucho más cuidadosos, puesto que nos debemos a la opinión pública y a los ciudadanos a los cuales representamos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención lo dicho por la diputada señora Rozas . En muchos aspectos le encuentro razón.
Hoy en la mañana, cuando discutíamos en Incidentes la propuesta de constituir una comisión investigadora por la emisión de residuos tóxicos en el mineral El Teniente, habría querido que también nuestros colegas hubieran concurrido con sus votos favorables, ya que existen antecedentes de sobra para iniciar una investigación.
De repente, uno corre el riesgo de que, por hilar demasiado fino y no investigar, deja la sensación de que se está protegiendo a gente que ha cometido hechos ilícitos. No quiero mezclar este tema con el de la Junaeb. Lo digo porque no pude expresarlo en la mañana y quedé atragantado con el hecho de que, por un lado, decimos una cosa y, por otro, manifestamos otra distinta, y la gente nos está viendo.
En cuanto a la Junaeb, quedó absolutamente claro que no existió hecho ilícito y así lo demuestra el informe. No obstante, quizás cabe insistir sobre la necesaria revisión de los contenidos calóricos y nutricionales de la alimentación. De hecho, la ex directora de la Junaeb , señora Lysette Henríquez , indicó que el programa es perfectible, pero planteaba un equilibrio entre precio y calidad. Lamentable realidad al confrontarla con la relación que debiera tener un país desarrollado -que no lo somos- entre necesidad versus aporte entregado.
Quiero agregar un par de cosas, de pinceladas, dentro del material que se compiló para la investigación. En un oficio que envía doña Ofelia Reveco Vergara a Lysette Henríquez , con fecha 26 de octubre de 1999, dice:
“En primer lugar, desde el punto de vista presupuestario, el llamado a propuesta dentro del presente año para el programa de alimentación del año 2001, en concepto de institución no sería procedente, pues se estarían comprometiendo fondos del presupuesto institucional que no se encuentran determinados a la fecha.
“En segundo lugar, por la importancia y complejidad del tema, y en virtud del convenio de fecha 22 de enero de 1987, debió haberse comunicado con mayor antelación tal iniciativa,...”, etcétera.
“Así, por la época en que se ha comunicado tal decisión y lo reducido de los plazos propuestos en el plan de trabajo de la institución, se verá dificultada la realización de un real y efectivo aporte en la elaboración de la normativa administrativa.
“Se estaría vulnerando el principio de igualdad entre los oferentes” -dice en otra parte-.
Una carta del doctor Ricardo Uauy , director del Inta, dirigida al ministro José Pablo Arellano , dice en una de las partes: “Dichas bases técnicas deben ser reorientadas de acuerdo con las necesidades actuales de los niños de Chile, y a la prevención de la obesidad que aqueja a un 15 por ciento o más de los beneficiarios de los programas de alimentación.
“Por lo tanto, como en la mayoría de las cosas, los cambios del perfil epidemiológico del país en los últimos treinta años se han traducido en la eventual eliminación de los problemas nutricionales tradicionales, y hay otros problemas que hay que atender”.
Como tengo de dejarle tiempo al diputado señor Salvador Urrutia , termino diciendo que comparto las apreciaciones de que quizás hubo apresuramiento en la emisión de juicios. La prensa normalmente hace una buena labor al informar sobre las cosas negativas o malas, y uno, de repente, cae en ese juego, que debemos tratar de evitarlo; pero la utilidad de toda comisión investigadora es investigar y dejar transparente una situación de esta naturaleza.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA .-
Señor Presidente , una de las funciones más importantes de nuestra Corporación es precisamente la fiscalización, la cual nos obliga a actuar con mucha seriedad y responsabilidad, porque en algunas ocasiones, como en ésta, se afecta la honra no sólo de una persona, sino la de una institución que por más de treinta años ha trabajado por la salud integral de nuestros niños. Sabemos que la educación es uno de los medios importantes para superar la pobreza.
También quisiera reflexionar en cuanto a que debiéramos aprender que cuando se hace una investigación, fiscalización o juicio, no significa culpabilidad. ¿Qué hubiera pasado en esta Corporación si los medios de comunicación hubieran sabido que este informe iba a señalar alguna irregularidad en la Junaeb? Probablemente, hubiéramos tenido las tribunas llenas de periodistas. ¿Qué pasa en nuestro país, queridos colegas, que sólo las irregularidades constituyen noticia?
Por eso, adhiero a lo dicho por la colega señora María Rozas , en el sentido de que tenemos la obligación de publicar una inserción, como Cámara de Diputados, porque se ha afectado la honra de esta institución y de doña Lysette Henríquez . No tenía dudas de que la comisión investigadora iba a llegar a esta conclusión, pues, a fines de 1998, solicité a doña Lysette Henríquez la posibilidad de entregar raciones alimenticias a la municipalidad de Chillán, con motivo de que allí se iba a realizar un “rotaplast”. Ella me expresó, con mucha claridad, que no tendría ningún inconveniente, pero que, por favor, lo solicitáramos al Ministerio de Educación.
Por ese motivo, en la sesión del 16 de diciembre de 1998, esta Corporación, por unanimidad, aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar estas raciones. En esa forma trabaja doña Lysette Henríquez .
Tampoco coincido con quienes han dicho que este trabajo ha sido una pérdida de tiempo, porque la labor de la Comisión nos da la tranquilidad de conocer, cada vez más con mayor exactitud, la importancia del trabajo que realiza y ha efectuado la Junaeb por más de treinta años, siguiendo las normas entregadas por el profesor Fernando Monckeberg , quien, en 1967, fuera mi profesor en pediatría, lo cual permitió el desarrollo normal de nuestros niños de entonces, quienes hoy ya son adultos, pues tienen treinta o treinta y cinco años.
Después, me correspondió conocerlo como oftalmólogo, porque la Junaeb no sólo se preocupa de la alimentación, sino también de otros problemas de la salud, como los oftalmológicos, auditivos, e incluso de la salud oral. Ese es el trabajo integral que hace hoy la Junaeb, así como también los esfuerzos que realiza a fin de tener ciertos parámetros para priorizar su labor.
A pesar de que debemos lamentar los daños morales provocados a la institución y a doña Lysette Henríquez , nos podemos sentir muy satisfechos del informe presentado por la Comisión.
Adhiero, una vez más, a lo expresado por la colega María Rozas , en cuanto a entregarle nuestras disculpas al señor Ricardo Halabí , quien se encuentra en la Sala; a doña Lysette Henríquez y a la institución, y hacer un reconocimiento a la labor que Junaeb está desempeñando por el bien de nuestros niños.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ .-
Señor Presidente , por su intermedio, voy a concederle una interrupción al diputado señor Rodolfo Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, en verdad, no pensaba intervenir, porque con lo expresado por los camaradas de mi partido estaba bastante complacido; además, los respaldaba plenamente.
Lamentablemente, después de escuchar a nuestro colega señor Leopoldo Sánchez , tengo que responder y decir públicamente que no acepto lo que él ha dicho con respecto de la diputada señora María Rozas , al expresar que ella actuaba de una forma en un proyecto y de otra manera en otro, según fuese éste.
Sólo le quiero decir, muy seriamente, que esas conductas y formas, más aún tratándose de María Rozas , no se las vamos a aceptar a él ni a parlamentario de ningún partido.
En segundo lugar, le aclaro que si en la mañana nos opusimos al proyecto, se debe a que estamos cansados de algunos parlamentarios que lo único que hacen es presentar proyectos de acuerdo para crear comisiones investigadoras y después ni siquiera están en la Sala para defenderlos en el momento oportuno.
Lo que hizo el diputado señor Girardi , presidente de su partido, realmente es una vergüenza para el Congreso Nacional y una cobardía, por lo cual creo que debería ser pasado a la Comisión de Ética de esta Cámara.
Espero que el diputado señor Leopoldo Sánchez retire las palabras dichas respecto de la diputada señora María Rozas .
Gracias.
El señor SÁNCHEZ .-
Lamento que su Señoría me haya entendido mal, pero no fue lo que dije.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , luego puede solicitar una interrupción para aclarar el asunto.
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , la verdad que todo lo que se ha manifestado acá y en el informe de la Comisión de Educación es realmente sólido y lapidario para la acusación que originó esta investigación.
Pero, al mismo tiempo, es aleccionador, porque se ha hecho una escuela y una práctica el denostar a personas e instituciones con el propósito de ganar una popularidad fácil. Ese sistema está agotado, porque lo que ha determinado la Comisión de Educación, al rechazar en forma unánime la acusación, viene a ponerle punto final al tema.
Lo más grave de todo es que estas acusaciones, primero, se dan a conocer por la prensa con gran despliegue de los medios de comunicación, enlodando a las personas, desprestigiando a las instituciones y provocando un daño que se hace irreversible. Aquí tengo un cúmulo de informaciones de prensa de los diarios “El Mercurio”, “La Tercera”, “La Segunda”, todas desprestigiando a la Junta de Auxilio Escolar y Becas y, por supuesto, a su directora.
¿Y cuál ha sido el resultado de la investigación? Tal como lo ha manifestado acá muy claramente la diputada María Rozas , es que no hay tales irregularidades. La Junta de Auxilio, en los gobiernos de la Concertación, está cumpliendo con diligencia y honestidad su cometido.
El otro efecto que tienen de estas acusaciones es que impiden ver la labor eficiente que cumplen algunos organismos públicos e instituciones de nuestro país, entre ellas la Junaeb, que es un orgullo para nuestro país desde su fundación.
Nadie ha dicho aquí que la Junta de Auxilio Escolar y Becas le da alimentación a un millón cuatrocientos mil niños en nuestro país. Esa es una cifra que, proporcionalmente, no la puede exhibir ningún otro país de América.
Nadie dice que sus distintos programas significan una inversión y un gasto para el país de 97 mil millones de pesos anuales.
Nadie dice que la Junta de Auxilio Escolar y Becas tiene múltiples programas, entre los cuales están los de alimentación regular que atienden a un millón nueve mil niños y que significan un gasto de 69 mil millones de pesos. También están los programas regulares de Junji e Integra, los de vacaciones, los de libre elección en la enseñanza media para un millón cuatrocientos treinta y tres mil niños. Asimismo, hay programas de vivienda en residencias familiares estudiantiles con becas de internados, como también becas de otras instituciones que adhieren a la Junaeb, todo lo cual beneficia a 5.873 niños.
Además, están los programas de recreación, de campamentos escolares para 42.100 niños, de útiles escolares que benefician a 940 mil niños. También los de salud oral, que no tengo necesidad de especificarlos porque son numerosos y benefician a 209 mil niños, así como los de salud escolar para más de un millón de niños.
Entonces, estas acusaciones sin base tienen un efecto perverso que desprestigia a instituciones que están haciendo una labor muy grande para el desarrollo y bienestar de nuestro país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ .-
Señor Presidente , es poco lo que puede agregar a lo dicho una persona como yo, que formé parte de la comisión que estudió esta acusación. No soy tampoco quien deba asumir la defensa a fondo de la Junaeb.
A diferencia de lo manifestado por un colega, la comisión fue extremadamente útil, porque la acusación, que partió haciéndose pública a través de los medios de comunicación, se fue desvirtuando y, en la medida de lo posible, se ha impuesto la verdad, con lo cual ha quedado demostrado cuán infundada era.
Lo realmente grave aquí son las circunstancias que la han rodeado. Toda acusación corre el riesgo de ser desechada, que no se le encuentre la razón; pero es realmente inaudito, insólito, que ésta no se haya sostenido en ningún momento. Tanto es así que quien la lanzó al aire, el diputado Girardi , no estuvo presente en ninguna de las sesiones de la Comisión ni lo está en esta ocasión. Es decir, tiró la piedra y escondió la mano.
Eso es extremadamente grave, no sólo porque ha afectado la honra de personas, sino por cuanto ha desprestigiado la función política y a esta Cámara de una manera muy grave. Va a ser muy difícil, aun con lo hecho por esta Comisión, que ese daño pueda revertirse.
Lo del diputado señor Girardi fue un ejemplo claro y neto de la más pura demagogia, agravada por el hecho de que ha asumido la presidencia de su partido político, el PPD. También constituye una burla la asistencia del Presidente de la República a esa ceremonia, realizada en un sector tan popular como La Pintana. Es decir, fue una ceremonia emblemática, en el sentido de respaldar y corroborar la demagogia como la peor manera de hacer política, pero como la forma oficial de un grupo político de este país.
Gracias, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, la labor de fiscalizar de la Cámara tiene costos y beneficios.
Una de las grandes ventajas de nuestra labor es la transparencia. Creo que el ejercicio que hizo la Comisión de Educación para llegar, después de un trabajo acucioso, responsable, a un acuerdo unánime, en que transversalmente todos los partidos absolvieron a la directora de la Junaeb de las acusaciones planteadas en un proyecto de acuerdo aprobado en esta Cámara por votación mayoritaria, habla muy bien de cómo trabaja esta rama del Poder Legislativo. Es decir, en su labor fiscalizadora no hace predominar el factor político, sino sólo la contundencia de los hechos. Eso es algo que debemos destacar, porque toda acusación debe probarse. Y es la comisión encargada la que debe decidir dónde está la verdad.
No podemos partir de la base de que todas las acusaciones tengan que ser verdaderas. Algunas serán desechadas por las comisiones respectivas. Y es bueno que así sea, porque de otra manera nos transformaríamos en una dictadura de la fiscalización.
Creo que la Comisión de Educación ha actuado bien y la unanimidad de la votación realza la seriedad con que trabaja esta Cámara. Las honras heridas, las dignidades amenazadas, constituyen un tema que, naturalmente, debemos considerar.
La idea de dar algún tipo de reparación institucional a la Junaeb y a doña Lysette Henríquez Amestoy es muy buena, porque, como alguien dijo, en este caso hemos llegado a un punto de inflexión en el cual todos, y especialmente los acusadores, hemos tomado conciencia de que debemos ser mucho más serios respecto de las acusaciones que formulamos en la Cámara. Y fortaleceremos más esto si realizamos alguna acción extra a nuestro fallo; es decir, que la Comisión de Educación pida reunirse con doña Lysette Henríquez Amestoy , hable con ella, le pregunte si realmente ha visto dañadas sus posibilidades laborales y le ofrezca nuestro apoyo para que ese problema sea superado. Asimismo, la inserción pública sugerida por la diputada señora Rozas es una buena idea y ojalá que la aprobemos esta tarde.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , comienzo anunciando la presentación de una modificación al Reglamento de nuestra Cámara para conseguir que se tenga por no presentado aquel proyecto de acuerdo que no sea defendido en la Sala.
El proyecto de acuerdo en referencia, según consta en la versión oficial de la sesión del jueves 9 de marzo, fue leído, se ofreció la palabra para defenderlo y nadie lo hizo, ni el que lo originó ni quienes lo suscribieron. Sin embargo, se me cedió la palabra, y dado que Lysette Henríquez me había entregado los antecedentes formales en mi calidad de presidente de la Comisión de Educación , pedí que se rechazara por razones formales de derecho y de hecho, lo cual está corroborado en las conclusiones, que son unánimes e inequívocas, y no como dijo el colega Nelson Ávila -que también suscribió el proyecto de acuerdo-, que serían equívocas porque darían para varias interpretaciones. No. La interpretación no es dable darla en varios sentidos cuando el significado de las palabras es obvio y natural.
Las conclusiones dicen claramente lo siguiente:
1º La Comisión ha podido constatar que tales cargos carecen absolutamente de fundamento.
2º El procedimiento empleado es, sin duda, el más adecuado y cada paso se apegó estrictamente a la ley orgánica de la Junaeb. El doctor Vío, representante del Inta, sostiene que, en ningún momento, “las raciones que estos programas comprendían pudieran dar lugar a obesidad en los alimentarios, sino que, por el contrario, el contenido de ellos no ayudaba a prevenir el riesgo de su concurrencia”.
Finalmente, todas estas consideraciones hacen que la Comisión estimara que “las críticas formuladas acerca del contenido del Programa de Alimentación Escolar no tienen asidero...”.
Repito, estas conclusiones son unánimes e inequívocas.
Pero ¿cuál es el problema? El problema no sólo es del colega Girardi , sino, fundamentalmente, de nosotros, porque la culpa, dice el aforismo popular, “no la tiene el chancho, sino aquellos que lo alimentan”.
Así es; si no, revisemos la votación. El día que se votó el proyecto de acuerdo, 36 diputados dijeron que había lugar a la formación de la Comisión, 19 votaron en contra y hubo 2 abstenciones. Es decir, examinemos si lo hicimos bien o no, si nos preocupamos de leer los fundamentos de la proposición con anterioridad o no, si suscribimos los documentos por amistad o si realmente afirmamos su contenido.
Cuando me opuse a su aprobación, sostuve que no podíamos hacer acusaciones formales a cualquier persona. Debemos aprender, de una vez por todas, que el artículo 48 de la Carta Fundamental permite formular acusaciones sólo a los grandes dignatarios del país: Presidente de la República , ministros de Estado , jefes superiores de las Fuerzas Armadas, jueces superiores, el Contralor General de la República, y nadie más. Para las otras acciones, eventualmente irregulares, podemos hacer gestiones administrativas, sugerir investigaciones a la Contraloría General, y cuando haya actuaciones penales, recurrir a los tribunales de justicia. Pero, desvirtuando el mencionado artículo 48, el día de mañana podríamos hasta pedir un sumario ya no a la directora de la Junaeb, sino hasta a los auxiliares de servicio; es decir, estamos profundamente equivocados, pese a que algunos llevamos ya más de diez años en el trabajo legislativo.
“Fiscalizar” no implica dar un manto abierto para que a cualquiera se le ocurra fiscalizar a quien se le antoje; fiscalizar significa leerse el artículo 48, que señala nuestras atribuciones exclusivas, y punto. Podemos enviar oficios o formular una investigación. Se dignificó este Congreso, y especialmente la Cámara, cuando en el período de la República se hicieron importantes acusaciones constitucionales contra presidentes de la República , ministros de Estado , y hace muy poco, incluso, contra el Presidente de la Corte Suprema .
Ése es el rol que nos compete; no los otros que hemos realizado en esta ocasión.
Quiero mucho a Lysette Henríquez ; me preocupé de ella -es mi camarada- y, sobre todo, porque llegó para corregir un procedimiento de otro socialista que se equivocó. Debemos reparar su imagen. Lo dijeron muy bien María Rozas , Sergio Velasco y Rosauro Martínez ; ayer Juan Bustos pidió perdón cuando se le interpretaron mal las palabras, o, a lo mejor, se expresó mal cuando hizo referencia a una actitud que chocó a la Derecha.
Creo que todos, toda la Cámara, deberíamos enviarle una nota a Lysette Henríquez para manifestarle que nos equivocamos con ella, y que en la Junaeb con 307 pesos no sólo dio una buena alimentación, sino que -lo que es más importante-, con esa suma ha dado doble alimentación, constituyéndose -como dice el informe- en la gestión mejor realizada en los últimos años.
Por último, quiero hacer resaltar el agrado de haber trabajado en la Comisión; porque en cincuenta días y en jornadas extraordinarias cumplimos un trabajo cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , está claro que nadie cuestiona nuestra facultad fiscalizadora. El reclamo que hacemos es que debemos proceder con responsabilidad.
Nos parece lamentable que esta investigación haya sido anunciada en la prensa antes de tomar contacto con la responsable del programa y antes de reunir los antecedentes, como ocurrió por desgracia en este caso. Más aún, me parece peor -hay que decir las cosas con franqueza porque no es un tema político, sino de actitud humana-, que la persona que hizo la denuncia -ante la prensa, con gran énfasis y cobertura-, no se haya presentado ante la Comisión investigadora y hoy día no esté en la Sala y no se haga cargo de las consecuencias de sus aseveraciones.
Por eso, es doloroso que los diputados permitamos la ocurrencia de estos hechos. En nombre de la bancada socialista quiero decir que rechazamos -no por una conducta política, sino por una que es poco ética- el formular cargos de tanta gravedad, de tanta magnitud, sin medir las consecuencias que ello trae consigo y sin siquiera, hoy día, dar la cara para decir: “Me equivoqué, o, por lo menos, respeto un informe cuyas conclusiones han sido aprobadas por unanimidad”.
No nos basta con hacer una inserción pública, porque ¿quién le va a devolver a Lysette Henríquez el agravio a su persona? ¿Quién le va a devolver a la Junaeb, como institución, el grave daño que se le hizo? Espero que, ojalá, se envíe un oficio en el sentido de que la ministra de Educación formule una declaración pública dirigida a todos los padres y apoderados; porque como recordó muy bien María Rozas , es mayor aún la irresponsabilidad cuando asustamos a los niños diciéndoles que la ración que están consumiendo les ocasiona graves enfermedades.
No sólo espero que la Cámara de Diputados saque una dolorosa lección de estos hechos, sino que la ministra de Educación emita una declaración pública a fin de que padres y apoderados queden tranquilos en cuanto a que las raciones de la Junaeb que reciben los niños más desprotegidos no les ocasionan daños. Colegas, por favor no confundamos el hecho de mejorar la futura calidad de esta ración con decir que aquí hubo corrupción, irresponsabilidad o eventuales graves enfermedades.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , el 14 de marzo del presente año, fecha en que tratamos este proyecto de acuerdo, me acerqué al presidente de la Comisión de Educación , diputado señor Felipe Valenzuela , a fin de expresarle mi preocupación por la liviandad y, lo que es peor, el daño que se le iba a infligir a una institución digna como la Junaeb.
Tal como lo señaló el diputado señor Valenzuela , aquí se ha configurado una situación que no es casual. El diputado señor Edmundo Villouta fue presidente de la Comisión de Educación entre 1995 y 1996; el diputado señor Felipe Valenzuela lo fue el año pasado, y quien habla -y a mucha honra- durante los años 1994 y 1995. Además, en los primeros ocho años como diputado , fui coordinador de mi bancada en relación con los temas de educación. Somos tres parlamentarios que durante estos 10 años hemos participado activamente en la Comisión de Educación, y en conjunto tuvimos un solo criterio y una sola opinión: aquí se iba a hacer un daño muy grande a una persona y a la educación chilena.
¿Han reflexionado sobre el hecho de que existen tres millones de educandos entre primer año básico y cuarto año medio y que la Junaeb ayuda al proceso educativo entregando raciones -tal como lo expresó con mucha claridad el diputado y profesor señor Homero Gutiérrez - a más de 1 millón 400 mil niños? ¿Creen que es obra de la casualidad el hecho de que Radomiro Tomic , gran hombre público, ex senador de la República y ex candidato a la presidencia de la República , cuando era senador por esta región -como expresó el diputado señor Velasco -, planteara el proyecto de ley que creaba la Junaeb? La Junaeb hizo posible el éxito de la reforma educacional impulsada en 1965 por el Presidente Eduardo Frei Montalva y fue parte de las instituciones complementarias del proceso educacional que aportan al éxito de la reforma educacional llevada adelante por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y continuada por el actual mandatario.
Tenía la intención de plantear una serie de otras ideas fuerza desde el punto de vista educacional; sin embargo, como se sabe, somos esclavos del tiempo. Sólo quiero expresar públicamente mi desazón y malestar frente a situaciones como ésta, que lo único que consiguen es empañar la actividad digna que intentamos llevar adelante los diputados tanto en las comisiones como en la Sala. También expreso mi preocupación frente a este tipo de situaciones, las que se repiten cada vez con mayor frecuencia y dañan una actividad tan hermosa como hacer política en nuestra patria.
Frente a estos hechos, expreso mi respaldo a la actuación de la señora Lysette Henríquez , pero también al señor Ricardo Halabí , quien acaba de asumir la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Si todos reconocemos que esta institución ha sido digna y ha posibilitado el desarrollo de nuestros educandos, debiéramos asumir el compromiso de tratar en los próximos meses un tema que se arrastra desde hace muchos años: la conformación, vía proyecto de ley, de la planta definitiva de funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , hace unos instantes solicité que se recabara el parecer de la Sala a fin de que la Corporación acuerde por unanimidad poner al diputado señor Girardi en manos de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , sólo para señalar al diputado señor Valenzuela , quien asigna la responsabilidad de lo sucedido a Junaeb a la Cámara, que ésta no es culpable de lo acontecido, ni que tampoco debemos pagar como Corporación un hecho provocado por personas con nombre y apellido, esto es, por los diputados señores Girardi , Acuña y otros.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , con todo respeto a la persona afectada, estimo que es preferible que nos equivoquemos en el interés de investigar que no hacerlo. En más de una ocasión, como sucedió con los casos vinculados con Dipreca o con los retornados, esta Corporación ha encontrado anomalías. Como uno de los 120 integrantes de la Cámara Baja, pido perdón a la señora Lyssette Henríquez . Pero -insisto- más vale que cometamos estos errores y no dejar de investigar dificultades, anomalías y actos de corrupción.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el informe.
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado el informe.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los siguientes señores diputados:
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Se han planteado tres proposiciones de acuerdo. La primera consiste en oficiar a la ministra de Educación a fin de que, a través de los canales que corresponda, informe a los padres y apoderados sobre la situación concerniente a las colaciones proporcionadas por la Junaeb.
¿Habría acuerdo en despachar ese oficio en los términos ya indicados?
Acordado.
En segundo lugar, se ha propuesto que la Cámara de Diputados haga una inserción en los medios de comunicación con el objeto de reivindicar a quienes corresponda en relación con el acuerdo adoptado por la Corporación respecto de Junaeb.
¿Habría acuerdo para actuar en tal sentido?
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, pido la palabra.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , he escuchado atentamente el debate, y hay un punto reglamentario al que me quiero referir: aquí la Cámara de Diputados no se ha equivocado. Lo que ha hecho es acoger un informe, el que establece que las imputaciones, según los argumentos y antecedentes aducidos por quienes han expuesto en la Sala, no eran fundadas. De manera que la Corporación no se ha equivocado. Lo hubiera hecho si hubiese acogido una petición incorrecta. Entonces, considero absurdo que la Cámara deba disponer una inserción respecto de algo sobre lo cual no se ha equivocado. La Corporación no tiene por qué hacerse cargo de los errores individuales que cometen los diputados. Para eso está el juicio de la opinión pública o la presentación de otros proyectos de acuerdo o sanciones que se quiera aplicar. Pero no me parece que cuando la Cámara acoge un informe que absuelve a una persona imputada, se le pretenda atribuir que ha cometido un error o dañado su prestigio, sino que, por el contrario, si ha actuado con seriedad y rechazado una denuncia que a todas luces no parece correcta, lo único que hace es prestigiarse.
Entonces, no creo que corresponda hacer una inserción en la prensa con cargo a la Cámara de Diputados.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , creo que, a lo menos, y como un gesto conciliador, deberíamos enviar copia del informe a la señora Lysette Henríquez .
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señorita María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente , creo importante el asunto de la inserción, porque he tenido la experiencia de dar mi opinión respecto del desarrollo de la investigación y mis declaraciones no han sido acogidas en la prensa, sobre todo en los diarios que han dado a conocer el asunto con ribetes de escándalo. Creo importante tomar en cuenta la variable prensa en este asunto.
El señor JEAME BARRUETO ( Presidente ).-
Creo que hay unanimidad para acoger la propuesta del diputado señor Felipe Valenzuela.
Acordado.
Solicito por última vez el acuerdo para hacer la inserción en la prensa.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El diputado señor Seguel ha propuesto pasar a la Comisión de Ética al diputado señor Girardi.
La Mesa considera que un acuerdo de este tipo no corresponde a la Sala, sino a los Comités.
El señor SEGUEL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SEGUEL .-
Señor Presidente , lo que estoy solicitando, con todo respeto, es que esta Corporación le pida al diputado señor Girardi que él se someta a la Comisión de Ética por la situación que ha provocado. Eso lo podemos hacer, porque es una decisión voluntaria del señor diputado .
Ése es el acuerdo que estoy pidiendo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
De toda maneras, señor diputado, lo que corresponde es que el asunto sea visto por los Comités.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Seguel?
No hay acuerdo.
PROYECTOS DE ACUERDOS.
El señor Prosecretario va dar lectura al proyecto de acuerdo que se ha presentado.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo de la señora Saa, doña María Antonieta; señora Rozas, doña María, y del señor Urrutia, don Salvador.
“Vistas las conclusiones del informe de la Comisión de Educación respecto a la investigación sobre acciones de la Junaeb, conocidas en la sesión especial de hoy,
“Esta Cámara acuerda:
“l.- Enviar una nota a la señora Lysette Henríquez A., informándole que las acusaciones fueron desechadas por completo, expresándole nuestras disculpas por los daños que le significaron las acusaciones en su contra.
“2.- Invitar a la señora Henríquez a una reunión con la Comisión de Educación para conocer su situación actual, sobre todo laboral, para definir acciones en su favor.
“3.- Hacer una publicación en medios de circulación nacional informando las conclusiones del informe y destacar la valiosa e intachable labor de la Junaeb y de la señora Lysette Henríquez A.”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo?
Tiene la palabra el diputado señor Espina.
El señor ESPINA .-
Señor Presidente , según el criterio fijado por usted, la Cámara, como institución, no tiene por qué dar disculpas por conductas individuales o por actos de los cuales no es responsable. Tendría que hacerlo en el evento de que en un informe estableciera responsabilidades y formulara acusaciones que, luego, se demostrara que son falsas, lo cual no ha ocurrido. En este caso, un diputado hizo una presentación, la Cámara acordó formar una Comisión investigadora, cuyos resultados dejan en claro que la denuncia es infundada. ¿Por qué la Cámara tiene que pedir disculpas por actos de terceros? Además, desde el punto de vista jurídico, no le empece que éstos pidan las disculpas que se quiera.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , solicito a los distinguidos colegas que suscribieron el proyecto de acuerdo que lo retiren, pues creo que una votación en contra resultaría peor para los efectos que perseguimos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente , concuerdo con la solicitud del señor Valenzuela , dado que el proyecto de acuerdo se presentó antes de que se suscitara la discusión. Creo que someterlo a votación y rechazar algunos de sus aspectos sería justamente contradecir lo que queremos hacer como reparación para la señora Lysette Henríquez .
Por lo tanto, pido que se retire el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , pienso que lo correcto es aprobar el proyecto de acuerdo. Hemos formado muchas comisiones investigadores y nunca como ahora ha habido unanimidad, tanto en la Comisión como en la Sala, para aprobar o rechazar sus conclusiones. Ahora estamos ante una situación excepcional, extraordinaria, en la cual debemos reconocer que no sólo los acusadores, sino también quienes aprobamos la creación de una comisión investigadora, fuimos parte del proceso.
Si, como se ha dicho, causamos tanto daño a la Junaeb y a doña Lysette Henríquez , debiéramos pedir disculpas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas.
La señora ROZAS (doña María) .-
Señor Presidente , concuerdo en que no es la institución la que debe pedir disculpas, pero dentro de ella -y ése es un tema reglamentario- hay personas que provocaron el daño. El sentido del proyecto de acuerdo consiste en que, al menos, quienes presentan estas denuncias con un afán propagandístico tengan cuidado, porque luego aparece comprometida la Cámara de Diputados, como institución, en algo que no tiene sustento.
En todo caso, retiro mi firma del proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, creo que debemos ser coherentes. Lo que acordamos con anterioridad a la lectura del proyecto de acuerdo no es coherente con su contenido. Por eso, solicito que sea retirado.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, como hay mayoría entre los firmantes para retirarlo, me sumo a ello.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Entonces, se retira el proyecto de acuerdo.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.59 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 2 de mayo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, a solicitud de su Excelencia el Presidente de la República , ha acordado disponer el archivo, previo acuerdo de esa honorable Cámara, del proyecto de ley que establece un sistema de protección por cesantía y modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980. (Boletín Nº 2053-13).
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
2. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 3 de mayo de 2000.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 182, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 2692, de 19 de enero de 2000.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): MARIO RÍOS SANTANDER, Presidente (S) del Senado; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
3. Informe complementario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sobre el proyecto de reforma constitucional, relativo a los pueblos indígenas. (boletín Nº 513-07)
“Honorable Cámara:
La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cumple con emitir el informe complementario requerido por la Sala de la honorable Cámara, por oficio Nº 2.558, de 14 de septiembre de 1999, sobre el proyecto de reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , con urgencia calificada de “simple”.
Información previa
Este proyecto ya había cumplido los trámites de primer y segundo informes reglamentarios. No obstante se estimó necesario reenviarlo a esta Comisión para que “emita un informe complementario.” y se pronuncie sobre una indicación presentada en la Sala de la Corporación.
En esencia, el propósito de la honorable Sala fue requerir que la Comisión pudiera escuchar a otras organizaciones indígenas, aparte de las ya entrevistadas, según se expresa en el acuerdo de los Comités, adoptado en la sesión 40ª, de 14 de septiembre de 1999.
Personas invitadas a participar en el debate de este trámite
Por acuerdo de la Comisión, fueron invitadas, a su seno, a dar su opinión sobre el proyecto de reforma constitucional las siguientes personas:
El señor ministro de Planificación y Cooperación de la época, don Germán Quintana Peña ; los señores Adolfo Millabur ; Marcos Huaquilaf ; Pedro Canihuante ; Aukán Wilcamán ; Mirta Solís ; Rosamel Millaman ; Alfonso Raiman ; Julio Tereucan ; Sandra Berna ; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile don Augusto Quintana; el Lonko Mayor del Consejo General de Caciques Huilliche de Chiloé, don Carlos Lincoman ; y los miembros de esa entidad: El Lonko de la comunidad de Chanquín, don Roberto Panichine ; el Lonko de Waretrumao, don Fidel Rain ; el Lonko de Tuweo, don Antonio Chihuay ; el Werken don Manuel Rauque , y los antropólogos Manuel Muñoz y Gemma Rojas ; el señor Rogelio Nahuel , en representación del Centro de Derechos Humanos e Información Pública de los Derechos de los Pueblos Indígenas; don Alfredo Chipana , representante del Consejo Nacional Aymara; don Alberto Hotus , Presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua ; don José Santos Millao , Consejero Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Presidente de la Organización Mapuche Ad-Mapu ; Antonio Alcafuz , Cacique Mayor Junta General de Caciques de la comunidad Huilliche, X Región; Aroldo Cayún , abogado de organizaciones Indígenas, Presidente de la Comisión Indígena del Partido Radical Social Demócrata y encargado del Programa Jurídico Santiago-Conadi; doña Gabriela Flores , Presidenta Asociación Aymara Inti Marka Región Metropolitana ; Albertina Piiniao , Profesora y representante de comunidades indígenas, de San Juan de la Costa , X Región; don Juan Carlos Lincopi , Presidente Asociación Indígena “15 jóvenes indígenas de la madre tierra”, y los señores Juan Lemuñir , Presidente de la Asociación Mapuche “Werken” de la Comuna Pedro Aguirre Cerda e Hilario Huirilef , consejero nacional mapuche de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
No concurrieron a la invitación
El señor ministro de Planificación y Cooperación de la época, don Germán Quintana Peña ; y los señores Adolfo Millabur ; Marcos Huaquilaf ; Pedro Canihuante ; Aukán Wilcamán ; Mirta Solís ; Rosamel Millaman ; Alfonso Raiman ; Julio Tereucan y Sandra Berna .
Algunas consideraciones previas
Estimamos útil volver, en este informe, a recapitular los pasos más importantes de esta proposición legal.
Este proyecto de reforma constitucional, en el mensaje, contenía tres órdenes de modificaciones:
a) Se agregaba un inciso final al artículo 1º de la Constitución, por el cual se establecía que “el Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la Nación chilena”.
b) En relación con la garantía constitucional de la no discriminación arbitraria en materia económica, consagrada en el artículo 19 Nº 22, se proponía adicionar un inciso a esta norma, según el cual “La ley podrá también establecer beneficios o franquicias determinadas en favor de las comunidades indígenas”.
c) Por último, se proponía una nueva materia de ley, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , para “establecer sistemas de protección jurídica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indígenas”, como Nº 7º del artículo 62.
El texto del proyecto, aprobado en general por la honorable Cámara, con una votación de 90 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, contemplaba solamente agregar un inciso final al artículo 1º de la Constitución, que preceptúa:
“El Estado reconoce y ampara a los indígenas que integran la Nación chilena y velará por su desarrollo y su adecuada protección jurídica”.
Sobre esta redacción se aprobó la idea de legislar, en mayo de 1992.
La reforma constitucional fue iniciada en esta honorable Cámara, como se dijo, por mensaje de su Excelencia el Presidente de la República remitido con fecha 14 de octubre de 1991. Al mismo tiempo se presentó un proyecto de ley que establecía normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y que proponía crear la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Esta dualidad de iniciativas, se debió a que se consideraba que las normas contenidas en el proyecto de ley, requerían de una reforma constitucional previa, para su aprobación.
No obstante, se aunaron voluntades en un acuerdo marco que permitió lograr la aprobación en esta honorable Cámara, y posteriormente en el honorable Senado, del proyecto que sería más tarde la ley Nº 19.253, que estableció las normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y que creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, publicada en el diario oficial del 5 de octubre de 1993.
El 17 de mayo de 1999 el Ejecutivo solicitó el desarchivo de este proyecto de reforma constitucional, cuyo archivo había sido acordado el 9 de julio de 1997 a requerimiento de su Excelencia el Presidente de la República.
Para el despacho del segundo informe, la Comisión estimó oportuno abrir un debate lo más amplio posible, para cuyo efecto invitó a las personas que se señalaron en dicho informe.
Además tomó contacto con la comunidad, para conocer su opinión frente a esta iniciativa, mediante la realización de una jornada temática, de las consultadas en el artículo 218 bis del Reglamento de la honorable Cámara con el propósito de establecer una relación con la ciudadanía respecto de este proyecto. Esta jornada se celebró en la sede de la Cámara de Diputados en la ciudad de Santiago el día 12 de julio de 1999, y a ella asistieron un centenar de personas, entre las que había representantes de todas las etnias, catedráticos universitarios, abogados, sociólogos, investigadores y otros especialistas vinculados al tema.
Opiniones entregadas, en esta ocasión, por los invitados
Síntesis
La síntesis que se puede hacer de las intervenciones recogidas en las actas de la Comisión, es la siguiente:
En primer término se cuestiona el sentido que debe tener la reforma; enseguida se indica qué materias se deben abordar en ella, y por último, se hacen algunos alcances sobre la técnica legislativa que debería adoptarse.
Sobre el particular se deja constancia en este informe de algunas de las más importantes observaciones:
Intervención del profesor Augusto Quintana
El profesor Quintana , dijo que: cuando se estudia una reforma constitucional, se discuten, a lo menos, dos cosas: uno, que tenga un carácter simbólico, y otro, que posea un carácter prescriptivo, de aplicación directa.
Si al estudiar esta reforma, se tiene la idea que contenga un sentido prescrpitivo, hay que tener a la vista cuáles son los bienes jurídicos que aparentemente pudieran estar en juego y ver de qué manera pueden verse afectados con una enmienda de esta naturaleza, para ver a continuación los equilibrios razonables que sería útil conservar y, a la par, tener a la vista cuáles son los efectos que puede imponer en el ámbito de la convivencia nacional y, específicamente, en el desarrollo jurídico de un país.
En ese sentido, el texto y la materia de la reforma dicen relación con un tema que el constitucionalismo internacional, la ciencia política y la sociología contemporáneas, caracterizan como la confrontación o la lucha entre dos polos de tendencias, la primera de las cuales dice relación con el reconocimiento de la diversidad y la segunda dice relación con el polo opuesto, cual es el reconocimiento de la validez de la unidad o unicidad de la sociedad, de un pueblo o un Estado. Son dos polos, que no son blanco y negro, sino que son dos tendencias naturales, que todo constitucionalismo debe tener a la vista, esto es, respetar y promover, de acuerdo a las circunstancias sociales e históricas del caso.
De esa forma, cualquier modificación que se pretenda introducir en relación con el reconocimiento de determinados niveles de diversidad, debe tener en cuenta como equilibrio necesario el reconocimiento de los criterios que permiten permanecer unido a ese grupo heterogéneo y diverso respecto del todo.
Si se pretende fomentar una comunidad de comunidades, lo que hay que establecer con claridad es cuáles son los vínculos que unen a esa comunidad diversa respecto de la comunidad única, o qué une a todas las diversas comunidades que pueden integrar esa gran comunidad. En concreto, si se pretende analizar el tema de los pueblos autóctonos o indígenas, debe también regularse y preverse aquellos mecanismos que establecen la unidad o los vínculos que permiten establecer esta unidad con el todo, con aquella unidad mayor.
Si se establece unilateralmente y en forma exclusiva una reforma constitucional, destinada a reconocer esta diversidad, sin tener a la vista aquellos factores que permiten mantener los vínculos de unidad con el todo, puede plantearse un desequilibrio que sería útil tener a la vista y tomar los resguardos en forma preventiva.
Un segundo aspecto doctrinario que hay que tener presente es un debate que es mucho mayor y más amplio que el debate relacionado con el reconocimiento de las minorías étnicas o con el reconocimiento de pueblos aborígenes y autóctonos, y se refiere al análisis de la conformación de sociedades multiculturales, que manifiestan, establecen y garantizan la existencia de formas diversas de vida a su interior. Una de las especies de dichas formas de vidas particulares pueden ser las comunidades étnicas y podrían ser otras de origen no étnico, sino que de origen religioso, así por ejemplo, el establecimiento en nuestro país de comunidades puritanas en los términos que se ven en Norteamérica o Paraguay, donde existen este tipo de comunidades, que contienen estilos de vida distintos del estilo de vida general, lo que supone una particularización de las sociedades uniculturales respecto de las sociedades multiculturales. Es decir, hay que tener a la vista que este debate es de mayor alcance que aquel al que se está circunscribiendo.
Señala que, sin lugar a dudas, prefiere dar una definición en el sentido que se estableciera que Chile es un Estado multicultural, que no sólo abarca el tema de las etnias. Pero si ha de referirse a las etnias, esa multiculturalidad debiera expresarse en el reconocimiento de las distintas fuentes de nuestra nacionalidad, ya que hay migraciones históricas importantes en este país, que tienen expresiones en determinadas zonas geográficas, como por ejemplo, la comunidad alemana en el sur, la comunidad croata en el extremo sur de Chile. etc.
Subraya que la idea del reconocimiento de esa diversidad apunta efectivamente a decir lo que somos, pero también con un carácter de apertura a posibles mutaciones en el futuro.
Se atreve a decir que el chileno tiene un componente racista, que no es conveniente eludir ni ignorar. Numerosos recursos de protección se han presentado por discriminaciones contra coreanos, peruanos, bolivianos y eso hace pensar que nuestro país no está preparado, desde el punto de vista jurídico y, especialmente, cultural, para afrontar procesos de inmigraciones distintos a los que ya tenemos.
Añade que el reconocimiento de esa diversidad, a su juicio, debe ir acompañado de reconocer la apertura hacia cambios en los componentes de nuestra nacionalidad.
Desde el punto de vista constitucional, sostendría, junto con reconocer lo que somos, que habría que abrirse a lo que podemos ser, es decir, admitir esa flexibilidad y el carácter cambiante de los componentes de la nacionalidad chilena, porque el estricto reconocimiento de cuáles son los componentes actuales de nuestra nacionalidad nos petrifica en relación con los cambios que puedan suceder en el futuro, y también demuestra ceguera respecto de la aptitud nuestra para relacionarnos con componentes de otros orígenes étnicos, lo cual puede ser, en un mundo globalizado, tremendamente peligroso.
El texto constitucional, si bien no es una feliz copia, corresponde aproximadamente al artículo 4º de la Constitución de México. Aparentemente de allí se tomó una parte medular de la redacción. Contiene varios elementos, que se analizarán desde la perspectiva de la fuerza normativa de cada una de esas disposiciones, para luego colegir si la reforma en estudio tiene mero contenido simbólico o también tiene contenido prescriptivo normativo.
La primera frase dice que “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena”. Al respecto, indica que esta primera frase establece un elemento novedoso en el constitucionalismo chileno y que es el reconocimiento a la idea de pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, el concepto de pueblo hay que tomarlo en el sentido que lo ha sido en el devenir de las últimas convenciones sobre esta materia, en el orden internacional. Lo mismo sucede con la palabra “indígena”.
Pero lo novedoso es que se establezca que estos pueblos indígenas integran la Nación chilena y no sólo es novedoso desde el punto de vista histórico, sino que es novedoso además, porque se establece que algún sector en particular integra la Nación chilena. Desde la perspectiva del análisis temático de la Constitución, lo realmente novedoso desde el punto de vista hermenéutico es que se establezca que la Nación Chilena está conformada por sectores particularizados, que son, en este caso, los pueblos indígenas.
La tercera oración expresa: “La ley garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”. Nuevamente se vuelve en la parte final de esta frase a la constitucionalización de los sectores. Esa idea ya está en parte reconocida en el inciso 5º del artículo 1º de la Constitución Política.
Aquí, el profesor Quintana , entra en los primeros niveles de observaciones críticas y su impresión es que esta última frase, desde el punto de vista prescriptivo nada agrega, ya que se establece la idea de igualdad, sin ninguna innovación, sin ningún nivel de complementación respecto de los textos actualmente vigentes. A la misma conclusión podría llegar la jurisprudencia o sentencia de algún tribunal.
Añade que otro aspecto que preocupa es el reconocimiento de la costumbre como fuente de derecho positivo. En ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en materia mercantil -que se apoya esta costumbre en una norma legal que establece cuándo ella se va produciendo- acá no existe una forma de determinar el reconocimiento de esa costumbre. Quiere decir que no necesariamente este tema va a producir controversia, pero el día de mañana sí puede producirla.
Inquietudes de los representantes indígenas
Sostiene que al revisar los documentos que la Comisión le envió, le ha llamado la atención que dos representantes indígenas, de quienes ignora su nivel de representatividad, han planteado su disconformidad respecto de esta reforma constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, no deja de plantearse una duda respecto de la utilidad de la reforma, utilidad en el sentido de si acaso esta reforma va a zanjar, en definitiva, el debate constitucional, a propósito de los pueblos indígenas.
Destaca que si se leen los documentos remitidos, una de las inquietudes fundamentales de alguno de los representantes de estos pueblos es el establecimiento de zonas de autonomías, de autogobierno o autodeterminación en favor de esos pueblos. Ciertamente que esa pretensión contraría lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política, ya que dicha norma establece que la división administrativa del país corresponde a las unidades territoriales que allí se indican.
Constitucionalización de las lenguas
Respecto al texto en concreto, el profesor Quintana, observa que en el proyecto, se constitucionalizan las lenguas de los pueblos autóctonos e indígenas y llama la atención esto, toda vez que no está constitucionalizado el uso del idioma castellano.
Reitera que cualquier modificación que se introduzca en el ámbito constitucional, tiene que tener a la vista los equilibrios que deben existir entre los bienes jurídicos.
Constitucionalizar las lenguas indígenas, sin constitucionalizar el idioma común, puede importar el establecimiento de una norma que tienda a generar tendencias centrífugas respecto de la unidad del Estado chileno. Dice estar pensando en una zona cualquiera del país, donde una comunidad indígena sostenga que, en virtud de esta constitucionalización de su lengua, la educación deba impartirse exclusivamente en ese idioma. Incluso, podría sostenerse y algún amparo tiene en la ley indígena, que los juicios deban ventilarse en ese idioma, si las partes sólo entienden ese idioma.
El problema que se plantea respecto de esto es que al establecerse que determinadas funciones públicas, actividades o deberes del Estado han de desarrollarse al alero de una sola lengua, puede llevar a una tendencia centrífuga que puede ser peligrosa. Su impresión es que si se pretende constitucionalizar la lengua de los pueblos indígenas, lo que menos se puede hacer es también constitucionalizar el idioma común, de tal manera que ambas posean idéntica fuerza normativa.
Indígenas y territorio
Luego, el referido catedrático se refiere al carácter simbólico o prescriptivo que pueda tener esta reforma y, a la necesidad de tener a la vista ciertos resguardos en materia constitucional, ya que uno de los grandes errores en materia de tradición histórica constitucional, dice relación con el establecimiento de un territorio dentro de la Constitución y eso fue un argumento de los países vecinos, para establecer en contra nuestra, cuáles eran los límites y fronteras de nuestro país.
Comenta que una dificultad en el reconocimiento de los pueblos indígenas, es que varios de estos pueblos no reconocen fronteras, como es el caso de algún sector de la etnia mapuche, ubicada en parte de la Argentina y lo mismo acontece con los aymaras y atacameños en el norte, en que buena parte de esa población se encuentra en territorio boliviano.
Su impresión es que si fuéramos coherentes con la pretensión de integrar estos sectores a la Nación, se debería reducir a constitucionalizar sólo a aquellos que habitan nuestro territorio, porque si no el día de mañana puede generarse una tendencia de consecuencias insospechadas en relación con este factor extrafronterizo o transfronterizo que presentan los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche y algunos pueblos indígenas del norte de Chile. Se debe tener a la vista este elemento en el debate, con la finalidad de no provocar un movimiento social al nivel interior de estos pueblos, que afecte, en cierta forma, esta unidad territorial de nuestro país.
Necesidad de esta reforma
El profesor Quintana acota que más allá de las observaciones o críticas que puedan hacerse a este proyecto, a su parecer esta reforma es necesaria, ojalá en los términos aditivos y con los resguardos que ha planteado. Prosigue diciendo que es necesaria, porque es un buen golpe simbólico, que modifica un hábito de método de nuestro constitucionalismo nacional, cual es el de establecer el reconocimiento de que nuestro ordenamiento jurídico responde a un valor cultural uniforme.
Añade que con esta reforma se está rompiendo esa tendencia del constitucionalismo clásico chileno, tendencia que se reconoce en otros países, especialmente en los más modernos y desarrollados. Esta reforma supone un paso positivo en el desarrollo hacia una idea de un constitucionalismo multicultural.
Desde el punto de vista hermenéutico, es interesante que se establezca que la Nación chilena está integrada por distintos sectores y se particularicen estos sectores.
Su impresión es que, utilizando un parangón con el derecho civil, este proyecto sería más feliz si el reconocimiento fuera nominativo, como cuando un padre reconoce a un hijo. Sucedería lo mismo cuando la Constitución Política reconoce a un pueblo indígena, ya que es más sano y potente y tiene más fuerza normativa y simbólica. Es en ese ámbito en que la comunidad indígena se siente realmente identificada con esta norma constitucional, en la medida en que su nombre e identidad aparecen mencionados en la Constitución. Su parecer es que es más fuerte y poderoso hacer esta reforma con carácter nominado que en forma innominada, como está consagrado en la actual redacción del proyecto al referirse a “pueblos indígenas”. Es distinto, por tanto, si dijera pueblos mapuches, rapa nui o aymaras. A su juicio, esta reforma constitucional, ganaría en fuerza integradora si contuviese una norma de carácter singular para cada una de estas comunidades o por lo menos las principales.
Jerarquía constitucional o jerarquía legal de algunas normas. Controversias que pueden producirse
Desde la perspectiva del análisis temático de la Constitución, señaló el profesor Quintana , lo realmente novedoso desde el punto de vista hermenéutico es que se establezca que la Nación chilena está conformada por sectores particularizados, que son, en este caso, los pueblos indígenas. Podría haber otros y ésa es la conclusión hermenéutica a que se podría llegar. La diferencia está en que la Constitución es la que reconoce directamente a uno de estos sectores, y nada impide, por tanto, que sea la ley la que establezca otra forma, sólo que la normativa jerárquica en uno u otro caso variará.
Luego, expresa que la segunda oración del proyecto que reza: “La ley promoverá el respeto y el desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres”, establece una norma semánticamente de carácter programático, en el sentido de que está redactada en términos de futuro y no establece por tanto un mandato directo al legislador para establecer, necesaria y forzosamente, en tiempo presente, una regulación de respeto al desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres.
Esta forma futura del verbo en la redacción de la oración, permite que las nuevas legislaciones que se determinen sobre el particular, han de tener estos contenidos finalísticos, y no garantizan necesariamente que las normas vigentes deban poseer ese carácter o finalidad.
El señor Quintana , respecto de la constitucionalidad de las leyes, menciona el inciso 2º del artículo 19 de la Constitución Política que cuando dice que “La ley protege la vida del que está por nacer”, está estableciendo que cualquiera que sea la ley en este caso, sea pasada o futura, debe tener ese contenido. En cambio es distinto decir “promoverá”, por lo que aquí el tiempo verbal importa, toda vez que cambia el contenido normativo, porque si se dice “promoverá”, “establecerá”, “propenderá”, se utiliza un verbo imperativo, pero futuro. El ideal es establecer normas de contenido presente.
Luego, hace un comentario global del texto propuesto, en el sentido de que la norma propuesta, en cierta forma, establece y constitucionaliza algunos elementos que ya se contienen en la ley sobre asuntos indígenas, ya que esta ley establece un desarrollo bastante lato del problema indígena y en el texto en cuestión se recogen algunos de sus elementos.
Sin lugar a dudas aquello tiene un impacto simbólico al establecer en la Constitución Política el reconocimiento a los pueblos indígenas y que, por tanto, influye en ciertos hábitos y cambios en la convivencia social en forma favorable para el desarrollo de este tipo de pueblos.
Sin embargo, manifiesta que tiene dudas y reparos acerca de su efectivo carácter prescriptivo y por tanto de su efectiva utilidad como reforma constitucional, es decir, como norma jurídica y salvo la norma que establece que la ley futura promoverá el respeto de este tipo de pueblos, no se contiene ninguna norma de carácter prescriptivo adicional y, a su juicio, no soluciona algunos problemas de constitucionalidad que podrían derivarse de la ley indígena.
Este es el tema que debiera centrar la atención del Poder Constituyente, porque si bien el Tribunal Constitucional reconoció la constitucionalidad de algunos preceptos de dicha ley -aquellos preceptos que son de naturaleza orgánico constitucional y que por tanto fueron objeto del control preventivo de ese organismo y no el resto de esa normativa- va a en cierta forma a existir siempre la incertidumbre acerca de la constitucionalidad de alguna de sus disposiciones.
Particular duda va a existir siempre en relación con las limitaciones a la adquisición de determinados tipos de propiedades inmuebles, va a existir siempre duda de la constitucionalidad del otorgamiento de beneficios tributarios; también va a haber alguna duda respecto de la aplicación de los usos o costumbres indígenas para la resolución de los litigios, esto es, el reconocimiento de la costumbre indígena como fuente del derecho positivo.
Señala que al momento de ejercerse el poder constituyente sobre este tema, se da la oportunidad propicia para salvar aquellas dificultades que puedan plantearse a futuro y en ese sentido sugiere en primer lugar que se cree una norma que, en términos semejantes a lo indicado en el inciso segundo del Nº 8 del artículo 19, faculte a la ley para que pueda establecer determinadas restricciones a ciertos derechos y libertades, y en los mismos términos que se hace con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se haga en relación con los grupos indígenas.
Acto seguido, en los mismos términos como lo hace el artículo 19 en los números 22 y 23, en relación con materias tributarias y en relación con tratos discriminatorios en materias económicas, se establezcan normas semejantes, probablemente en una misma redacción, a propósito de este tipo de grupos, con la finalidad de salvar aquellas diferencias tributarias y de trato económico que eventualmente puedan establecerse.
Luego, agrega que el artículo 19 Nº 22 de la Constitución Política permite a la ley establecer discriminaciones, mientras no sean arbitrarias, en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, pero no se comprenden entre aquellos a grupos particularizados de individuos.
Señala que a la misma conclusión se puede llegar, debido a lo previsto en el artículo 19 Nº 22, respecto a las cargas tributarias, puesto que al establecerse exenciones o beneficios tributarios, se estipula una norma distinta del concepto de igualdad formal que se determina en dicho precepto constitucional, razón por la cual en alguna oportunidad puede ser objeto de algún nivel de controversia.
Aclara que no necesariamente quiere decir con ello que el texto de la ley indígena sea inconstitucional, lo que quiere decir es que puede someterse a controversia y cree que en la práctica en la opinión pública ese debate se ha producido, especialmente en las restricciones a la libertad para adquirir y comprar toda clase de bienes, en los términos previstos en el artículo 19 Nº 23 de la Constitución Política.
Respecto del reconocimiento constitucional de la costumbre indígena recuerda que en materia mercantil y en otras, se establecen ciertos hábitos, que son de ocurrencia regular, es decir, de cierta periodicidad para la concurrencia de una costumbre mercantil. En materia civil, se requiere la concurrencia de determinadas sentencias que se hayan pronunciado a favor de esa costumbre. Pero en la ley indígena no se establece un modo para salvar ese tema, y particularmente cuando esa costumbre no es un uso tradicional, habitual y periódico y ni siquiera necesariamente pueda estar reconocida en una sentencia, el día de mañana también pueda provocar controversias.
Autonomía, autogobierno o autodeterminación
El profesor Quintana no deja de plantearse una duda respecto de la utilidad de la reforma, utilidad en el sentido de si acaso esta reforma va a zanjar, en definitiva, el debate constitucional, a propósito de los pueblos indígenas. Destaca que si se leen los documentos remitidos, una de las inquietudes fundamentales de alguno de los representantes de estos pueblos es el establecimiento de zonas de autonomías, de autogobierno o autodeterminación en favor de esos pueblos.
Ciertamente que esa pretensión contraría lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política, ya que dicha norma establece que la división administrativa del país corresponde a las unidades territoriales que allí se indican. Sin embargo, estima que esta pretensión no va a amainar producto de esta reforma y si fuera objeto del debate, su impresión es que se debe reducir una posible autonomía sólo y exclusivamente al ámbito administrativo y establecerlo en el referido artículo 3º, que, a su juicio, sería el lugar idóneo para ello.
Sugerencias sobre la ubicación de la o las normas reformatorias
Luego, comenta que la reforma constitucional puede estar circunscrita a un solo texto o a una sola disposición, aunque otra posibilidad es difundirla en distintas normas.
Explica que ciertamente si hubiera interés y voluntad política de modificar la Carta Fundamental en este aspecto, en relación con el derecho de propiedad, con la libertad de adquirir toda clase de bienes o en materia tributaria, habría que hacerlo en las normas pertinentes.
La tendencia moderna en el derecho es que todas las discriminaciones de naturaleza positiva tengan un carácter provisional, por ejemplo, la discriminación positiva en favor de la mujer es válida, hasta cuando la mujer efectivamente ocupe un sitial de igualdad real, y a partir de ese momento deja de ser válida esa discriminación, porque en ese instante pasa a ser un privilegio.
Lo mismo puede hacerse en el ámbito indígena, esto es, establecerse una discriminación positiva con carácter provisional, es decir, en tanto se superen aquellas circunstancias sociológicas que se pretenden eliminar, como por ejemplo la pobreza, ya que el establecimiento de beneficios tributarios o de subsidios miran a una situación de pobreza y no miran a situación de cultura en cuanto tal, sino en cuanto al nivel de marginalidad que pueda presentar una etnia, por lo que, a su entender, es más posible encontrar una fórmula de consenso en esas materias específicas que una norma de carácter permanente, que, sin lugar a dudas, en algún momento puede devenir en un privilegio inaceptable.
Sugiere tener a la vista las siguientes disposiciones: El artículo 2º de la Constitución Política, cuando se refiere a los emblemas nacionales, pues sería la oportunidad propicia para introducir en ese inciso el asunto de los idiomas; el artículo 3º, si es que se pretende innovar respecto de las autonomías administrativas; utilizar el artículo 8º, actualmente derogado y sin contenido, y no descartaría el uso de algunas disposiciones transitorias, para alguna materia que pudiese tener ese carácter.
A juicio del profesor Quintana , la Constitución Política es una ley, y además es una obra de arte, por lo que reconoce que no le resulta lo más bello, equilibrado y armónico agregar la indicación en estudio como inciso 6º al artículo 1º de la Constitución Política, ya que ese artículo tiene una coherencia, puesto que el inciso 1º se refiere a la persona; el inciso 2º trata de la familia; el inciso 3º se refiere a los grupos intermedios; los incisos 4º y 5º se refieren al Estado en cuanto tal, a su finalidad y deberes. La reforma constitucional no solamente trata el establecimiento de algunos deberes para el Estado, sino que apunta a reconocer a los pueblos indígenas, a los cuales integra a la nación chilena, con lo cual rompe la estética y la hilvanación del artículo 1º que personalmente le gustaría se conservaran, porque tienen una fuerza interpretativa que no debe descartarse.
Añade que en ese artículo 1º se establece la Constitución social, distinta a la constitución política o económica, es decir, cómo está estructurada la sociedad chilena. Sin lugar a dudas, precisa que algún elemento o relación con los pueblos indígenas puede establecerse allí, pero no se debe perder de vista que en ese artículo se estructura el modelo de sociedad y ese equilibrio estético, a su entender, debe conservarse.
Opiniones de los representantes indígenas
Los representantes indígenas que concurrieron en esta ocasión coinciden, salvo excepciones, en reconocer la importancia de esta reforma, y en apoyarla ampliamente, como se relatará a continuación:
1) En efecto, los señores Carlos Lincoman , Manuel Rauque y Roberto Panichine , miembros del Consejo General de Caciques Huilliches, de Chiloé, expresaron que están de acuerdo con el texto leído por el señor Presidente de la Comisión , aunque solicitan que cualquier reconocimiento constitucional debe recoger el compromiso del país con la deuda histórica que tiene con su pueblo y acoger las propuestas de su gente, que respetuosamente harán llegar a esta Comisión.
2) El señor Rogelio Nahuel expresó que, como mapuche, le parece valorable la iniciativa del Gobierno, que busca reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas de Chile, que, en definitiva, son las primeras naciones que precedieron a los actuales estados y a la institucionalidad, que rige en este nuevo orden administrativo en América Latina, y sobre todo en Chile.
Reclamó una mayor participación de otros pueblos indígenas, de sus dirigentes, sus autoridades tradicionales y representantes de organizaciones sociales o de organismos no gubernamentales, que son parte de la sociedad civil indígena, porque se trata de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de los derechos inalienables de los pueblos indígenas, no sólo del pueblo mapuche, sino que de los demás pueblos indígenas existentes en Chile.
Comentó que los instrumentos de derecho internacional expresan que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, también comprende a los pueblos indígenas; por lo que sería muy valorable que en esta Comisión se tome en cuenta la posición de los pueblos indígenas, en el sentido de que se les reconozca su derecho. Por eso está de acuerdo con la iniciativa del honorable diputado Huenchumilla , de establecer un Parlamento autónomo, que, a su juicio, sería la instancia válida resultante del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ya que estima que no puede haber un reconocimiento constitucional, que sólo diga que el Estado de Chile los reconoce.
Cree que dicho proyecto puede ser el espacio de participación, de consulta y de diálogo con el Estado y, en definitiva, con la institucionalidad.
Piensa que debe existir una instancia, como ésa, que contribuya a mejorar la nefasta política que ha tenido el Estado con sus pueblos indígenas y sus primeras naciones y cuando habla de primeras naciones no significa que los mapuches estén optando por constituir un estado propio.
Destaca que en América Latina existen avances muy interesantes sobre la política del reconocimiento y sobre la ratificación del Convenio Nº 169. En Panamá, las autoridades del pueblo Kuna son reconocidas en un Congreso que tienen los indígenas, pero esta instancia es la que interlocuta con el estado, es el espacio que sirve para relacionarse entre los indígenas y el estado, pero ninguno de los indígenas en Panamá o Nicaragua están planteando la secesión territorial.
Relata que lo que se ha sostenido en la prensa, y, principalmente, en “El Mercurio”, es que los mapuches estarían optando a ejercer la libre determinación al igual que el Estado. Estima que es un error plantear esa posición.
Una de las formas para que los distintos estamentos que comprenden el Chile actual estén representados, va por la vía del reconocimiento constitucional, pero no se puede hacer un reconocimiento, si aquél no se implementa y si además ese reconocimiento no cuenta con los recursos humanos y financieros, para poder implementarse.
Recordó que hace apenas 200 años los mapuches todavía tenían el atributo de soberano. Para que exista un tratado o un acuerdo, la condición básica es que el sujeto tenga atributo de soberano, pero esos atributos fueron constantemente eliminados y se cercenaron las características esenciales de esa soberanía, para ser subsumidos por la legislación chilena y hoy son campesinos pobres, afectos a un discurso paternalista. Precisa que hoy la realidad es que los mapuches son pobres y están en el campo, pero no han renunciado a sus derechos inalienables e históricos, que los pueden tener tanto individuos como comunidades. Indica que lamentablemente la ley indígena chilena habla de personas, familias y comunidades, y aunque entiende que existen derechos individuales y colectivos, no comprende los atributos que tienen los pueblos indígenas, es decir, cuándo un aspecto jurídico limita en el derecho indígena los derechos individuales o los colectivos.
Esta no es una instancia para discutir el tema del mestizaje y tampoco para hablar de la discriminación racial, que es manifiesta respecto del pueblo indígena en Chile, que lleva a que no puedan acceder y disfrutar plenamente de los derechos y libertades fundamentales, como el común del ciudadano chileno. Puede que apunte en ese sentido el reconocimiento constitucional, pero tal cual está es muy pobre, en relación, por ejemplo, al reconocimiento que hace Bolivia, que reconoce a su república como multiétnica y pluricultural; en el caso de Colombia se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación; en Ecuador se reconoce al estado como pluricultural y multiétnico; eso sería un paso más novedoso. Expresó que no le satisface la indicación tal cual está planteada, ya que no sabe cómo se garantizará al pueblo indígena el ejercicio o el disfrute de los derechos tanto civiles, sociales económicos, como culturales.
Consideró que en la indicación debería plantearse también el tema del territorio y las tierras, porque no se puede garantizar la cultura, la lengua y la organización social, si no hay un espacio físico.
Insistió en que el reconocimiento que hace Chile a sus pueblos indígenas es pobre, porque no contempla todos los textos básicos, como en los demás países latinoamericanos.
3) El señor Antonio Alacafuz se identificó como una de las autoridades máximas del pueblo Huilliche de la X Región. En tal calidad está de acuerdo en que se reconozcan todas las etnias de Chile, ya que tienen el derecho a ser reconocidos, pues sus derechos son inmemoriales. Pide que se reconozca su educación y cultura, como pueblo mapuche huilliche.
4) El señor Juan Carlos Lincopi , por su parte, se refirió al sentimiento del indígena urbano y rescató esa calidad, para entender la problemática indígena no sólo a partir del ámbito rural, sino que también circunscribirlo a las ciudades. Señaló que lo fundamental en estos momentos es que se le manifieste a la sociedad chilena que aquí existen etnias que, a pesar de las diferencias, en ningún caso, se pueden mantener al margen de nuestra sociedad.
5) El señor Alberto Hotus indicó que es Presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua y Consejero Nacional de la Conadi, Concejal de Isla de Pascua y miembro de la Comisión de Desarrollo.
Además de algunas peticiones, expresó que está de acuerdo con esta reforma y con el proyecto presentado por el honorable diputado Huenchumilla.
6) El abogado don Aroldo Cayún , estimó que, como un aspecto formal, el inciso propuesto, debiera ser un inciso cuarto y no al final del artículo 1º de la Constitución Política, puesto que debe haber un orden, ya que primero se habla de las personas que nacen libres, el segundo inciso se refiere a la familia, luego el tercer inciso se refiere a los grupos intermedios y luego debería agregarse el inciso en comento, que es un nuevo actor dentro de la vida nacional y después vendrían las disposiciones restantes que, si bien se refieren a esta materia, no están relacionadas con reconocimiento de entidades.
Se refirió al problema de por qué el Estado reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, es decir cuál es el propósito de tal reconocimiento, que es una cosa que muchas veces no queda clara y se confunde, e incluso se dan argumentos biológicos, como el mestizaje. Precisa que, a su juicio, el problema indígena no es biológico, sino que es un problema de cultura, de formas de vida y los habitantes de Chile no pueden negar lo que ha pasado aquí y es que la cultura cristiana occidental se impuso a una cultura de otra raíz y de eso quedó un remanente poblacional que hoy existe y a pesar de todas las profecías, no ha desaparecido, salvo en los casos en que sí se produjo la desaparición física total del sujeto indígena y en eso el Estado tiene responsabilidad, en especial en la desaparición de los pueblos indígenas australes.
Subrayó que con esta reforma se trata de garantizar la convivencia de culturas diferentes dentro de los límites territoriales de Chile. Recuerda que la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país es anterior a la llegada a los españoles y desde que se constituyó el Estado de Chile nunca han tenido reconocimiento constitucional, es decir, desde el punto de vista constitucional, no existe este sujeto cultural indígena, no obstante ser parte de esta historia, estar permanentemente presente en toda la conformación de este país.
La idea fundamental es pretender que esta sociedad se reconozca a sí misma como pluriétnica y multicultural, ya que aquí hay culturas de orígenes distintos, que conviven con nosotros y merecen ser protegidas en su globalidad. Algunos avances ha habido, con la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, promulgado por Decreto Nº 778, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución de 16 de diciembre de 1966 y en su artículo 27 aparece una mención a la protección a las minorías.
Luego, indica que algunos detractores de esta reforma dan un argumento que le parece bastante extraño y es que se afirma que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, implicaría crear dos estados, lo que es absurdo, ya que si él fuera un indígena que no se sintiera parte de Chile y no quisiera a este país, lo que menos querría es que le reconocieran ser parte del Estado de Chile, o sea, estar en la mesa social, donde están todos los chilenos.
Hoy en día, por ejemplo el grupo Identidad Lafkenche, el señor Wilkamán, etc., reclaman reconocimiento constitucional, es decir, hay un clamor por ser parte de este país de una vez por todas y que se les respete su cultura; en consecuencia, se da en la práctica todo lo contrario a lo que se piensa respecto a la actitud de los pueblos indígenas.
Aseveró que, en consecuencia, la población indígena ama este país y quiere ser parte, en la base, del convenio social
Respecto a la propuesta del proyecto, le pareció que la entidad “pueblo” es un reconocimiento a una realidad, ya que los indígenas tienen una historia común, una población, y etnológica y sociológicamente son pueblos que forman parte de Chile.
Argumentó que, en relación a los derechos que se les garantizan en esta reforma constitucional, se les limita ese reconocimiento sólo a los derechos culturales, y no a otros derechos, es decir, no se habla de derechos económicos ni de derechos políticos. Para reforzar lo dicho, lee la parte pertinente de la reforma en estudio: “La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres”, y hasta ahí se llega en el reconocimiento de esta nueva entidad jurídica llamada pueblos indígenas y luego continúa “...y garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que le competen”. A su juicio, hay una imprecisión en la reforma, en cuanto a cuáles son los niveles de participación que está garantizando la Constitución. La ley Indígena, al referirse a la participación, se limita a que esa participación consiste en formular opiniones, es decir, el único derecho desde el punto de vista de la participación, es el derecho a opinar, y el resorte para considerar esa opinión queda en manos de la autoridad respectiva; en consecuencia no hay una mayor precisión de fondo, en qué consiste esa participación.
Luego, leyendo la parte final de la reforma que dice “:...en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena.”, comentó que pareciera que con esa agregación, el constituyente pretende reafirmar el carácter de grupo intermedio que tendrían los pueblos indígenas, entonces habría que definir, a su parecer, cuál es el alcance de estos grupos intermedios, es decir, existen en el artículo 1º de la Constitución Política, el individuo, la familia, los grupos intermedios y a este se agrega un nuevo sujeto que son los pueblos indígenas, como reconocimiento de una realidad multicultural.
La inquietud del mundo indígena es buscar mecanismos de participación política. Resalta que un 10 % de la población no tiene presencia en los órganos de decisión del Estado, que son el Municipio, el Parlamento, el Gobierno Regional, entidades sociales, donde se expresa la comunidad, eligiendo y haciendo cosas; el mundo indígena no tiene presencia en esos organismos.
Existen en Chile regiones como la undécima, con 80.000 habitantes, que tiene dos senadores y dos diputados, pero existe una abundante población indígena en todo el país, que no tiene ninguna presencia ni posibilidad, mediante los sistemas actuales; hay otras sociedades que, a lo mejor tienen mucho más que perder que la nuestra, pero han reconocido a sus pueblos indígenas y le han dado presencia en el Parlamento, lo que no ha tenido ninguna connotación de división ni de descomposición social.
El abogado Cayún sostiene que hay una especie de temor de que con esta reforma se va a destruir la sociedad y es todo lo contrario, ya que esa población colabora, aporta y contribuye a tener una visión mucho más profunda de cómo es la sociedad chilena.
Desde el siglo XIX, siempre ha habido una visión unilateral en este tema y se llega a pensar que este millón de personas serían prácticamente inválidos mentales, que no tendrían la capacidad de pensar o razonar, y se les ha tratado como menores de edad y desde una perspectiva de una sociedad acostumbrada a dominar.
Asegura que eso se va a terminar, porque la gente indígena se está educando y se van a producir distintas formas de expresar el dolor de ser ignorados por la sociedad, y ahí sí que todos los chilenos de esta generación vamos a tener una gran responsabilidad, si es que se fortalecen los grupos ultra, que reniegan de su patria y los que van a dar la fuerza, asevera, somos nosotros que amamos este país.
Señaló que su idea es que en la Constitución se reconoce al individuo, a la familia, a los grupos intermedios y a los pueblos indígenas como un nuevo actor, reconocido por nuestro ordenamiento constitucional. Al efecto, le parece que al reforzar la idea de que los pueblos indígenas son un grupo intermedio, se desnaturaliza la reforma, ya que reducir a los pueblos indígenas a agrupaciones humanas como las define la ley indígena, con una historia, con una población, con territorios utilizados, con formas de producción de vida, a un grupo intermedio, sería una contradicción demasiado esencial, ya que estos pueblos no pueden quedar al nivel de las asociaciones gremiales, sindicatos, etc., a un grupo humano, que en sí mismo tiene una multiplicidad enorme de grupos intermedios; por lo que esa idea inicial, algo modificada con la indicación de la Sala, le parece que entra en contradicción con la idea general de reconocer a este país como un estado pluriétnico y reconoce a un nuevo actor de la sociedad, que son los pueblos indígenas.
Recordó la expansión del Estado de Chile en el siglo XIX, ya que antes Chile se extendía de Copiapó al Biobío, donde habían 40 mil almas, que eran las personas que estaban en las reservas que dejó la corona española, que luego se remataron e hizo que la gente desapareciera culturalmente, aunque no físicamente. En definitiva, desapareció la cultura.
Destacó que hacia el sur del Biobío el Estado no puede negar su responsabilidad del despojo total de los bienes que se le hicieron a los mapuches; ya que los mapuches producían gran ganadería; floreció la joyería. Recordó que los lonkos eran personas muy ricas, pero el Estado de Chile les quitó todo eso, es decir, les quitaron los bienes muebles e inmuebles y después se demoraron medio siglo para entregarles sólo el 5% del territorio que ellos ocupaban tradicionalmente.
Hay que tener presente que era una cultura diferente a la cristiana occidental y tenían otra forma de entender el mundo, de relacionarse con las divinidades, etc. y que todavía existen.
7) La señora Albertina Piniao indicó que representa a la comunidad mapuche Huilliche de la comuna de San Juan de la Costa, Osorno.
Precisó que este tema es importante para ellos y hay que sensibilizar a la sociedad sobre este punto.
Sería un aporte, el que se les reconozca como personas íntegras, como ciudadanos de primera clase y sería un aporte a la sociedad chilena, que no se reconoce como una sociedad diversa; no reconoce todas sus partes y se proyectan miedos y rencores hacia otros sectores, como los indígenas.
Pidió que se reconozca el valioso aporte de su pueblo, que tiene una sabiduría ancestral riquísima, tecnología apropiada a la naturaleza, lengua, etc; es un aporte que se pierde no sólo para el mundo indígena, sino que también para la sociedad chilena.
Destacó que no sólo se requiere una reforma constitucional, sino que también falta una normativa complementaria, que garantice, de alguna forma, los derechos de participación de los hombres y mujeres indígenas.
8) El señor Alfredo Chipana expresó que, a partir de 1995, el pueblo aymara diseñó su organización única, concretada en 1997, con el Consejo Nacional de Pueblos Aymaras, que agrupa a 235 organizaciones, con personalidad jurídica, y que son asociaciones y comunidades indígenas, juntas de vecinos, etc. En esa representación agradece la invitación.
Hizo un parangón con la ley de filiación, que da igualdad jurídica a las personas que nacen, sin distinguir filiación y le parece que el reconocimiento constitucional, es como si se les incorporara en la libreta de matrimonio del Estado de Chile, que es la Constitución Política de la República.
Agregó que la Constitución es la ley y órgano máximo que regula las instituciones del Estado, por tanto funda los principios, por los cuales se rige el estado chileno, dentro de los cuales no se encuentra el pueblo indígena y esa es la gran preocupación. Al efecto, se argumenta que el no reconocerlos sería dejarlos en el pasado y no incorporarlos a la modernidad.
Aclaró que lo que su cultura tiene no es contradictorio con la modernidad, porque sus pueblos tienen un conjunto de instituciones que son clásicas, de tal suerte que están en condiciones de proponer al país alguna de sus instituciones para resolver conflictos. Por eso quieren que la Constitución los reconozca, para sentirse parte de este Estado; ya que si se estuviera buscando una vía de independencia, es contradictorio pedir un reconocimiento de esta naturaleza.
No comparte el hecho de que este reconocimiento desvirtuaría el estado unitario; ya que este reconocimiento es dar cabida a lo largo de todo Chile a esa diversa población que conforman los pueblos indígenas; de lo contrario es quedarse con la visión del siglo XIX, cuando Chile tenía un reducido territorio. Hoy en los textos escolares sólo se mencionan como pueblos originarios indígenas de Chile a los atacameños y algunos se refieren a los diaguitas, por el norte y por el sur, recuerdan a los picunches y huilliches y no así a los aymaras, que no están en la estructura mental de la población chilena.
Observó que debe llegarse a un acuerdo más amplio, que sea nacional, que este tema se adopte como política de estado, y no como en estos momentos que se toma como política de gobierno. De un gobierno que lleva a cabo la Concertación, que a través de la ley indígena y de la Conadi aplican esas políticas, que no son estatales y que de haber un cambio de gobierno, las referidas políticas se debilitarían.
Estimó que el proyecto de reforma es insuficiente; el reconocimiento es muy vago y culturalista y no reconoce otros derechos, como el derecho a la propiedad, el derecho al idioma, el uso de los recursos naturales, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a administrar justicia en materia de cierta cuantía.
Si se estudian las constituciones de países vecinos, todos, sin excepción, les dedican sin miedo títulos y párrafos a esta materia. Venezuela fue el último país en reformar su Constitución el año pasado y los incorpora en sendos capítulos. Lo mismo sucede en Argentina, y Bolivia. Aún más, en Colombia no sólo hay reconocimiento de tierras, sino que además se les otorga facultades jurisdiccionales.
Señaló que por la ubicación de la propuesta, que está en las Bases de la Institucionalidad, la misma sería una declaración de principios y no tendría carácter normativo. Acto seguido, precisa que aunque no se incluya la frase “.....en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena.” el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política, en su artículo 19 Nº 2, se le aplicaría necesariamente a los pueblos indígenas.
Sostuvo que en este caso la Constitución debe contemplar normas imperativas y se debe discutir en esta Comisión, por ejemplo, el tema de la propiedad sobre la tierra, ya que como comunidad aymara pueden tener un cerro de uso común, que debe ser inalienable, pero si alguien lo inscribe a título personal, no se va a poder ocupar. En la ley indígena, la propiedad está tratada, pero tiene sólo rango legal y aquello se puede cambiar por una simple ley.
Además, se deben incluir normas declarativas y programáticas y es bueno que el Estado reconozca a su pueblo, desde la perspectiva de la personalidad.
Hay un conjunto de conceptos que deben manifestarse en la Constitución, para que la reforma sea mucho más íntegra y completa y no sólo enunciativa como se pretende aprobar.
Señaló que respecto a la parte final de la norma que se propone, a su juicio, le parece que es peligrosa la interpretación que se le puede dar a futuro, por lo que hay que tener mucho cuidado con discriminar positivamente. Agrega que este reconocimiento constitucional es para todo el país, y se deben incorporar en la reforma más normas de carácter programático y declarativo, como por ejemplo se debe facilitar el idioma.
9) El señor José Santos Millao , respecto a la reforma, sostuvo que todos nuestros pueblos originarios de Chile, a través de sus instancias, han planteado unánimemente que el Estado de Chile, por medio de la Constitución Política, debe reconocerlos definitivamente, pero ese reconocimiento no debe ser sólo un hecho decorativo, emblemático, sino que quieren que sea real, conforme a lo que han sido históricamente y lo que son hoy como pueblo.
Señaló que a él le resulta inexplicable que este Parlamento y la comunidad nacional no hayan hecho este trámite aún.
Rememoró que ellos han dado pasos significativos en esta materia, toda vez que a principios de los 90, al iniciarse el Gobierno de don Patricio Aylwin, ya tenían muy clara su posición respecto a esta reforma.
Terminó haciendo una critica respetuosa, pero enérgica, ya que ha pasado mucho tiempo sin considerar esta reforma y tampoco se consultó dentro de esta reforma, a su juicio, la ratificación del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un instrumento que a ellos les interesa.
Precisó que tal vez los pueblos indígenas presentes en la Comisión tengan diferencias en algunos aspectos tácticos, pero en lo estratégico está seguro que están de acuerdo. Finalmente respalda la reforma en los términos ya expuestos.
10) El señor Juan Lemuñir comentó que la ley, publicada bajo la presidencia del señor Aylwin , que fue fruto de la lucha de sus hermanos antepasados, es una ley campesinista. Hoy el 80 % de los indígenas son mapuches urbanos según el censo de 1992 y si bien es cierto que se respetó, en gran parte, el compromiso que asumió el señor Aylwin y que es la creación de la Conadi, también estaba el compromiso de la ratificación del Convenio Nº 169 y el reconocimiento constitucional y solicitó que lo anterior se haga efectivo.
11) El señor Hilario Huirilef agregó que si se remonta la historia hacia atrás, sus antepasados ya existían como pueblo en este territorio, ya eran un estado, porque tenían un idioma, una cultura, una norma, es decir, había un estado de derecho, en definitiva, y que funcionaba bien y ese estado de derecho fue bien defendido hasta el final por sus antepasados, por más de 300 años. Prosiguió diciendo que con el encuentro de una cultura distinta, se perdió ese estado de derecho y se quebró la norma de funcionamiento de la sociedad indígena y fueron sometidos a una cultura y a un estado distinto y el estado de derecho que se les pide respetar y cumplir es absolutamente ajeno al de ellos y quienes conocen comunidades indígenas tienen el deber de entender esto y ellos fueron obligados hasta el día de hoy a someterse; a ser desplazados de sus tierras y, además, hubo un sometimiento educacional.
Pidió a los señores parlamentarios que pudieran comprender que cuando los indígenas piden un reconocimiento como pueblo, lo hacen con base, y que no todos los chilenos son iguales y eso no significa una separación o que haya dos Chiles y tampoco se trata de vulnerar la nación chilena, sólo se trata de reconocer una realidad, que es evidente.
Respecto de esta reforma, solicitó a esta Comisión no aprobarla como se señala exactamente en la indicación, sino que tratar de buscar una forma distinta. Precisó que ellos, como indígenas, están por llegar a un gran acuerdo con el Estado y que uno de los elementos de ese acuerdo sea, efectivamente, el reconocimiento del pueblo indígena, pero ello no puede quedar sólo en una frase en que Chile reconoce a los pueblos indígenas, ya que además se debe conversar qué significa ese reconocimiento y ese significado debe acordarse, y con la participación no sólo de los parlamentarios, sino que de toda la ciudadanía. Expresa que ellos reconocen que son parte de esta nación y van a segur siendo parte de ella; pero con su diversidad.
Aclaró que ellos quieren seguir formando parte de esta nación, pero pretenden que esta Comisión abra la posibilidad de llegar a un entendimiento y acuerdo con el Estado, aceptando la diversidad existente.
Acotó que si se aprueba la reforma constitucional en estudio, no sería una buena señal para el mundo indígena, porque va a fallecer después de su promulgación. Agrega que le gustaría que esta Comisión propusiera un debate mayor; un acuerdo entre el pueblo indígena y el Estado, para los efectos que se les reconozca lo que son.
Relató que en la última elección de consejeros de la Conadi, hubo una baja porcentual en la participación, es la primera vez en la historia de Chile que hubo una participación masiva de los indígenas, con representantes indígenas en la misma Conadi y ahí está la muestra que los indígena sí quieren participar en la estructura del Estado y del gobierno, pero con sus diferencias y dentro de la diversidad.
Si el proyecto se aprueba tal cual, en que se reconoce por un lado la existencia de los pueblos indígenas, y por el otro se establece que integran la Nación chilena, quedan en las misma condición y frente a eso, prefiere que no haya reforma.
Expresó que siempre ha sostenido que son parte de la nación chilena, pero quieren ser parte, reconociéndose la existencia de su diversidad.
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La Comisión cree haber cumplido con el encargo de la honorable Sala de la Corporación y haber recogido en este informe las opiniones sobre esta reforma constitucional, de parte de sus destinatarios más directos, con los matices y enmiendas que solicitan tanto respecto de la ampliación de su contenido, como en cuanto a la dictación de leyes que hagan efectivo y regulen el reconocimiento propuesto en este proyecto,
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Indicación presentada en la Sala de la honorable Cámara
La indicación presentada en la Sala al proyecto que modifica el artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, por la señora Pérez , doña Lily , y los señores Acuña, José Antonio Galilea , Cardemil, René Manuel García , Espina , Huenchumilla , Alessandri , José García , Bartolucci , Errázuriz , Ojeda , Díaz , Hernández y Salas, tenía por objeto reemplazar el inciso propuesto en el segundo informe, por el siguiente:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde, en iguales términos que a todos los demás chilenos.”.
A juicio de los autores de esta indicación, según lo expresó uno de ellos en la Sala, el proyecto propuesto en el segundo informe contenía en su texto “una clara discriminación”, porque al expresar que “garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen”, estaba significando que en aquellos asuntos que no les competen, la Constitución Política no les garantiza igualdad de oportunidades.
Puesta en votación la indicación presentada en la Sala y transcrita precedentemente, la Comisión la aprobó por cinco votos; contra tres que estuvieron por rechazarla y una abstención.
No obstante, reabierto el debate, los señores Tuma , Ceroni , Naranjo , Ojeda y Mulet , propusieron eliminar de la proposición anterior, la frase “en iguales términos que a todos los demás chilenos.”, la que se aprobó por cinco votos, contra cuatro que estuvieron por rechazarla.
En consecuencia, por las consideraciones expuestas y los antecedentes y acuerdos reseñados, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, propone a la honorable Cámara prestar su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
“Artículo único. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde.”.
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Se designó diputado informante al honorable señor Sergio Ojeda Uribe .
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Tratado y acordado en sesiones celebradas en fechas 15 de septiembre; 06, 14 y 20 de octubre de 1999, y 05, 12 y 19 de abril de 2000, con asistencia de los honorables diputados, señores Naranjo Ortiz, don Jaime (Peresidente) ; Ceroni Fuentes, don Guillermo ( Presidente ); Alessandri Valdés, don Gustavo ; Ascencio Mansilla, don Gabriel ; Bertolino Rendic, don Mario ; Mesías Lehu, don Iván ; Molina Sanhueza, don Darío ; Mulet Martínez, don Jaime ; Ojeda Uribe, don Sergio ; Palma Irarrázaval, don Andrés ; Tuma Zedan, don Eugenio , y Van Rysselberghe Varela, don Enrique , miembros titulares de la Comisión, y de la señora Pérez San Martín , doña Lily , y los señores Díaz del Río, don Eduardo , y Rincón González, don Ricardo , quienes asistieron en reemplazo de algunos de los titulares, y los señores Cardemil Herrera, don Alberto y Seguel Molina, don Rodolfo .
Sala de la Comisión, a 19 de abril de 2000.
(Fdo.): JOSÉ VICENCIO FRÍAS, Secretario de la Comisión ”.
Moción de los diputados señores Francisco Encina Juan Pablo Letelier Aníbal Pérez .
Prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, suspendiendo la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte y realiza otras modificaciones. (boletín Nº 2496-15)
“El explosivo crecimiento del parque automotor en los últimos años, ha traído como consecuencia un notable aumento en los niveles de congestión vehicular, principalmente en la Región Metropolitana, afectando de paso los índices de contaminación.
Un grado importante de incidencia en este aumento, dice relación con el excesivo parque de taxis, en cualquiera de sus modalidades.
Como se indicó durante la discusión de la ley Nº 19.593, el número de taxis en el país había llegado a límites intolerables. En 1990, el número de permisos de circulación para taxis llegó a 55 mil, cifra que ascendió a 114.663 en 1997.
Este crecimiento inorgánico y desordenado de taxis, llevó al Congreso Nacional a legislar sobre la materia. Es así como el 17 de noviembre de 1998 se publicó la ley Nº 19.593, que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros .
Esta ley, en su artículo único, señala lo siguiente:
“Suspéndese, por el plazo de dos años, contados desde la publicación de esta ley, la inscripción de taxis, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros establecido en el artículo 3º de la ley Nº 18.696 y artículo 10 de la ley Nº 19.040.
Esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo, cambio de modalidad o cambio de inscripción de una región a otra, de los taxis actualmente inscritos en el Registro mencionado, conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.
Sin embargo, hoy día, pese a encontrarse congelada la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros , a nuestro entender, continúa siendo excesivo el número de estos vehículos de alquiler, en atención a la población del país, situación que se agravaría de levantarse esta medida.
Una mayor regulación de esta actividad, a partir de ciertos parámetros definidos por las autoridades del ramo, que establezca con claridad el papel a jugar por los taxis básicos y colectivos en el transporte público, permitirá terminar con el sobredimensionado parque de taxis.
El aumento del número de taxis debe ser concordante con las necesidades de la población y el crecimiento de las ciudades. Asimismo, este incremento no debe entorpecer la satisfacción de otras demandas de la ciudadanía, en especial, la que exige un medio ambiente sano y ciudades descongestionadas.
Mientras tanto, creemos que los fundamentos invocados al iniciarse la tramitación de la ley Nº 19.593 subsisten hasta hoy, vale decir, el explosivo crecimiento de taxis, con la consiguientes congestión vehicular y contaminación ambiental que generan.
Asimismo, se ha detectado que muchos taxis básicos y colectivos que se utilizaban en la Región Metropolitana, han terminado circulando en provincias, aprovechando que la ley Nº 19.593 así lo permite, con lo cual el fin buscado con dicha ley, no se ha obtenido del todo, por lo menos en lo que resta a las regiones.
Medidas que se proponen
1. Prorrogar la vigencia de la ley Nº 19.583 por dos años, a contar de la publicación de la presente ley;
2. Prohibir el cambio de inscripción de un taxi, de una región a otra.
En virtud de lo expuesto, los diputados abajo firmantes vienen en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Artículo primero.- Modifícase la ley Nº 19.593 de la siguiente forma:
1. Sustitúyese en el inciso segundo la coma (,) que se encuentra a continuación de la expresión “solicitar el reemplazo”, por la conjunción “o”.
2. Suprímese en el inciso segundo la expresión “o cambio de inscripción de una región a otra,”.
Artículo segundo.- Prorrógase la vigencia de la ley Nº 19.593 por el plazo de dos años, a contar de la publicación de la presente ley”.