Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- VOTACIÓN DE PROYECTOS EN TABLA.
- PRÓRROGA DE PLAZO PARA INFORMAR A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
- V. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nº 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, Y Nº 18.290, DE TRÁNSITO. Proposición de la Comisión Mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- DEBATE
- PROTECCIÓN DE LA MADRE ESCOLAR O ESTUDIANTE EMBARAZADA. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nº 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, Y Nº 18.290, DE TRÁNSITO. Proposición de la Comisión Mixta.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Ojeda Uribe
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jorge Ulloa Aguillon
- Sergio Velasco De La Cerda
- Haroldo Fossa Rojas
- Jaime Naranjo Ortiz
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Edmundo Salas De La Fuente
- Victor Barrueto
- Alejandro Navarro Brain
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE NORMATIVA SOBRE REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- DEBATE
- PRÓRROGA DE PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 81, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Dario Molina Sanhueza
- Victor Perez Varela
- Eliana Caraball Martinez
- Luis Pareto Gonzalez
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS POR CONCEPTO DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS OTORGADOS DESDE 1987 EN ADELANTE.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Jaime Orpis Bouchon
- Sergio Velasco De La Cerda
- Rosauro Martinez Labbe
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ORGÁNICO DE LOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Krauss Rusque
- Belarmino Elgueta Becker
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Laura Soto Gonzalez
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
- VII. INCIDENTES
- FISCALIZACIÓN DE VEDA DEL JUREL EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
- CONSECUENCIAS DE FORMACIÓN DE CADENAS DE FARMACIAS. Oficios.
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Jaime Mulet Martinez
- Alejandro Navarro Brain
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- NEGOCIACIÓN EN PROYECTO MINERO BINACIONAL. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Enrique Jaramillo Becker
- Juan Pablo Letelier Morel
- Edmundo Villouta Concha
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TERMITAS Y MEDIDAS PARA COMBATIRLAS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE BENEFICIOS A EXONERADOS. Oficio.
- CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA ENTRE PUENTE VIEJO Y CHIGUAYANTE EN CONCEPCIÓN. Oficio.
- REPAROS A TEXTOS DE ESTUDIO PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA. Oficio.
- ADHESION
- Patricio Melero Abaroa
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Felipe Letelier Norambuena
- Leopoldo Sanchez Grunert
- ADHESION
- INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS EN CALLES DE COPIAPÓ. Oficios.
- REPARACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN “JOSÉ FUENTES GUERRA”, DE COLINA. Oficios.
- SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DEL SUR DEL PAÍS. Oficios.
- ADHESION
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- SOLUCIÓN DE CASO POLICIAL EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- CONCESIÓN ILEGAL DE DERECHOS DE AGUA A ENDESA PARA CONSTRUIR CENTRAL HIDROELÉCTRICA RALCO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 36ª, en martes 4 de abril de 2000
(Ordinaria, de 11.10 a 14.39 horas)
Presidencia de los señores Barrueto, don Víctor León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo Secretario, el señor Loyola Opazo
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
- Votación de proyectos en Tabla 12
- Prórroga de plazo para informar a Comisión de Derechos Humanos 12
V. Orden del Día.
- Modificación de las leyes Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, de Tránsito. Proposición de la Comisión Mixta 12
- Protección de la madre escolar o estudiante embarazada. Tercer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Constitución de Comisión Especial sobre el “caso Matute”. (Continuación) 37
- Prórroga de vigencia de normativa sobre requisitos para la obtención de licencia de conducir 39
- Prórroga de plazo para acogerse a beneficio establecido en el decreto Nº 81, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 41
- Reprogramación de deudas por concepto de créditos universitarios otorgados desde 1987 en adelante 42
- Estudio sistemático y orgánico de los proyectos de reforma constitucional 44
VII. Incidentes.
- Fiscalización de veda del jurel en la Octava Región. Oficio 45
- Consecuencias de formación de cadenas de farmacias. Oficios 47
- Negociación en proyecto minero binacional. Oficios 48
- Cuantificación de daños ocasionados por las termitas y medidas para combatirlas. Oficio 48
- Información sobre entrega de beneficios a exonerados. Oficio 49
- Construcción de la costanera entre Puente Viejo y Chiguayante, en Concepción. Oficio 49
- Reparos a textos de estudio para la enseñanza básica. Oficio 50
- Instalación de parquímetros en calles de Copiapó. Oficios 52
Pág.
- Reparación definitiva de viviendas de población “José Fuentes Guerra”, de Colina. Oficios 53
- Situación del sector pesquero artesanal del sur del país. Oficios 55
- Solución de caso policial en la Octava Región. Oficios 58
- Concesión ilegal de derechos de agua a Endesa para construir central hidroeléctrica Ralco. Oficios 58
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030 y modifica disposiciones que indica de dicho cuerpo legal (boletín Nº 2475-05) 60
- Oficios de S.E. el Presidente de la República mediante los cuales hace presentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
2. Aprueba la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (boletín Nº 1575-10) 60
3. Modifica el artículo 54 de la Constitución Política de la República, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios (boletín Nº 2415-07) 60
4. Crea la defensoría penal pública (boletín Nº 2365-07) 61
5. Proyecto de Acuerdo relativo al Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 (boletín Nº 233-10) 61
6. Reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas (boletín Nº 513-07) 62
7. Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público (boletín Nº 2296-18) 62
8. Sobre discriminación racial y étnica (boletín Nº 2142-17) 63
9. Informe de los proyectos de acuerdo del Tercer Parlamento Juvenil, adoptados con fecha 21 de enero del año en curso 63
IX. Otros Documentos de la Cuenta.
1. Comunicación:
- De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, procedió a elegir como Presidente al diputado señor Naranjo.
- De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía mediante la cual solicita un nuevo plazo para despachar el informe complementario del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas (boletín Nº 513-07).
- De los diputados señores Montes y Cornejo, don Patricio, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 27 de marzo y 2 de abril en curso, para dirigirse a México y Francia, respectivamente.
- Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por las cuales informa que en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana el diputado señor Álvarez, don Rodrigo, reemplazará al diputado señor Dittborn, y en la Comisión Especial Investigadora del vertedero ubicado en el fundo Lepanto (Emeres), el diputado señor Dittborn reemplazará al diputado señor Coloma. - Del jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que los siguientes señores diputados integrarán las comisiones permanentes que en cada caso se indican: a) Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana: diputados señores Moreira, Leay y Masferrer b) Constitución, Legislación y Justicia: diputados señores Coloma y Bartolucci c) Educación, Cultura, Deportes y Recreación: diputados señores Ulloa, Correa e Ibáñez d) Agricultura, Silvicultura y Pesca: diputados señores Melero, Monge y Recondo e) Hacienda: diputados señores Álvarez, Dittborn y Alvarado f) Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social: diputada señora González, doña Rosa, y diputados señores Longueira y Pérez, don Víctor g) Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones: diputados señores Van Rysselberghe y Alvarado h) Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente: diputados señores Díaz y Rojas i) Salud: diputados señores Melero, Masferrer y Moreira j) Trabajo y Seguridad Social: diputados señores Paya y Dittborn k) Minería y Energía: diputados señores Leay, Molina y Rojas l) Economía, Fomento y Desarrollo: diputado señor Orpis y diputada señora González m) Vivienda y Desarrollo Urbano: diputado señor Pérez, don Víctor, y diputada señora González n) Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: diputados señores Molina, Paya y Orpis o) Familia: diputados señores Monge y Díaz p) Ciencias y Tecnología: diputados señores Correa y Van Rysselberghe q) Defensa Nacional: diputados señores Ulloa, Ibáñez y Bartolucci
Contraloría General de la República
- Del diputado señor Recondo, programa horizontal de fiscalización de concesiones de obras públicas.
- Del diputado señor Sánchez, eventuales irregularidades del Serviu Undécima Región.
- De los diputados señores Molina, Vilches, García-Huidobro, Alvarado, Ibáñez, Álvarez, listado de vehículos de propiedad fiscal, pertenecientes o destinados a prestar funciones en servicios públicos de la Cuarta Región.
- De la diputada señora Cristi, gastos por ítem de transportes en Codelco para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 y enero de 2000, en comparación con los mismos meses del año 1998 y enero de 1999.
Ministerio del Interior
- De los diputados señores Velasco, Ojeda, Gutiérrez, Ortiz, Seguel, Mulet, Mora, Jaramillo, Valenzuela, Gutenberg Martínez y Acuña, esclarecimiento de las circunstancias de desaparición del ciudadano Jorge Matute Johns.
- De los diputados señores Navarro y Acuña, razones de desalojo de más de 38 familias pehuenches del Alto Biobío.
- De los diputados señores Jocelyn-Holt, Mesías, Jarpa, Valenzuela, Rocha, José Pérez y comité parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, nómina de honorarios pagados en el período 1980-1989 y efectividad de existencia en bodega del libro “Chile, una sociedad emergente”.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
- De los diputados señores Huenchumilla, Villouta, Jarpa, Jaramillo, Felipe Letelier, Sánchez, Longton, Osvaldo Palma, Kuschel, García-Huidobro, Patricio Cornejo y diputada señora Soto, situación de deudor del Banco del Desarrollo de Temuco.
- Del diputado señor Molina, pago compensaciones a usuarios por las empresas eléctricas.
Ministerio de Educación
- De los diputados señores Ortiz, Gutiérrez, José García, Jaramillo, Rosauro Martínez, Acuña y Valenzuela, jubilación de profesores.
- De la Corporación, instituye año de la educación parvularia.
Ministerio de Defensa Nacional
- Del diputado señor José García, gestión 1994-2000 de la Subsecretaría de Carabineros.
- De la Corporación, normas que regulan el uso de fuegos artificiales.
Ministerio de Obras Públicas
- Del diputado señor Alvarado, camino Buill-Los Chilcos, Décima Región.
- De los diputados señores Pareto, Villouta, Mora, Huenchumilla, Jiménez, Jarpa, Jaramillo, Felipe Letelier, Sánchez, Navarro, Moreira y Acuña, proceso tarifario empresa Emos S.A., Región Metropolitana.
- Del diputado señor José García, catálogo del Centro de Documentación, Coordinación General de Concesiones, de abril de 1999.
Ministerio de Planificación y Cooperación
- De los diputados señores José García, Kuschel, Fossa, Cardemil, Acuña y de la diputada señora Cristi, entrega de bono especial para cubrir necesidades básicas de alimentación e inicio del año escolar, para pequeños agricultores de las Regiones Undécima y Décima.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
- De los diputados señores Velasco y Acuña, agradecimientos por gestión del ex Presidente Frei.
- De los diputados señores Krauss, Fossa, Ortiz, Villouta y Navarro, regreso al antiguo sistema previsional.
- De los diputados señores Velasco y Acuña, programas de absorción de la mano de obra.
- De la diputada señorita Sciaraffia y de los diputados señores Velasco y Jarpa, incorporación prioritaria de profesionales con vinculación regional a directorios de las empresas con participación del Estado.
Municipalidad de Las Condes
- Del diputado señor Navarro, rayados y colocación de propaganda de los candidatos presidenciales.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores diputados: (105)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Rozas Velásquez, María PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes la diputada señora Isabel Allende y los diputados señores Patricio Cornejo y Carlos Montes.
-Asistieron, además, los ministros de Justicia , señor José Antonio Gómez, y de Salud, señora Michelle Bachelet. También concurrió la subdirectora del Sernam, señora Karen Herrera.'
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 31ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , esta Cámara, en enero, aprobó crear una comisión investigadora de todo lo relacionado con las concesiones en el Ministerio de Obras Públicas. Debido a las vacaciones, se supuso que esa comisión debiera estar constituida a partir de marzo, lo que no ha ocurrido. Ha transcurrido marzo, estamos en abril, y algunos diputados hemos hecho algunas denuncias y queremos entregarle antecedentes. Me causa extrañeza tanta demora. Al parecer, algunos partidos no han entregado los nombres de sus representantes. En todo caso, estimo que la demora en su constitución no es reglamentaria.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , falta que un Comité entregue sus nombres; lo hará hoy.
Tiene la palabra el diputado Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente , quiero consultar sobre el proyecto de acuerdo que figura en el número 2, letra d), de la Cuenta, relativo al Convenio Nº 169, sobre pueblos indígenas. Tengo entendido que en la sesión anterior quedó para ser votado. No sé si estoy equivocado. Quisiera saber el curso de su tramitación.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , el debate del proyecto no está cerrado y será puesto en tabla el próximo martes.
Tiene la palabra el diputado Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , queremos saber cuándo se colocará en Tabla el proyecto de ley del Deporte. El Ejecutivo le otorgó trámite de urgencia. La Comisión ya lo despachó y considero importante respetar un acuerdo que se adoptó aquí, en términos de que la Mesa determine claramente la oportunidad en que lo colocará en discusión. Es un proyecto que, si bien no soluciona los problemas del deporte, por lo menos es un camino en esa dirección.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , su inquietud la comparte toda la Sala. Yo, personalmente, se la he planteado al Gobierno. En principio, al proyecto, que iba a ser calificado como de “simple” urgencia, el Gobierno quiere hacerle algunas observaciones. En todo caso, voy a expresar nuevamente al Ejecutivo la inquietud de su Señoría.
Tiene la palabra el diputado Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , hubo acuerdo con el director de Deportes en cuanto a dar al Gobierno un plazo de 15 días para que hiciera sus observaciones. Ya han pasado 21. Entonces, si el Gobierno no va a enviarlas, pido a su Señoría que, simplemente, ponga el proyecto en Tabla porque no podemos esperar a que las remita en un tiempo indefinido.
Le agradecería adoptar las medidas correspondientes en ese sentido.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Muy bien, diputado.
El señor ESPINA.-
Gracias, señor Presidente.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , me parece bien que mi colega Jorge Ulloa se dé cuenta, por lo menos, de que la ley del Deporte es un camino positivo. Eso está indicando que en esa materia existe consenso dentro del Congreso.
El acuerdo de la Sala fue otorgar dos semanas más al Ejecutivo para el envío de las indicaciones, pero el colega que me antecedió en el uso de la palabra habló de 21 días, en circunstancias que la semana pasada fue distrital.
Quiero informar, en forma oficial, que entre hoy y mañana ingresarán esas indicaciones, instante en el cual debiera colocarse el proyecto en estado de tabla.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Muchas gracias, señor diputado.
VOTACIÓN DE PROYECTOS EN TABLA.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos en tabla al término del Orden del Día.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PRÓRROGA DE PLAZO PARA INFORMAR A COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de prórroga de plazo de la Comisión de Derechos Humanos para despachar el informe complementario del proyecto de reforma constitucional que reconoce y ampara a los indígenas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES Nº 18.287, SOBRE PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL, Y Nº 18.290, DE TRÁNSITO. Proposición de la Comisión Mixta.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer lugar, la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley que modifica las leyes Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, que fija la ley de Tránsito.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 739-07, sesión 32ª, en 16 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , la Comisión Mixta ha resuelto la controversia entre ambas cámaras respecto de las leyes Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, de Tránsito, como enseguida señalaré.
Creemos que la justicia de policía local debe ser amplia y profundamente reformada; debe asegurar el debido proceso; contar con jueces independientes y de dedicación exclusiva y con remuneraciones, al menos, iguales a las del alcalde, incluidas todas sus asignaciones. Además, debe disponer de personal idóneo y de locales apropiados.
Debo destacar que estos juzgados, según cifras de 1996, atendieron 1.678.003 causas, mientras que los tribunales ordinarios -penales, civiles, laborales y de menores, en su conjunto-, sólo 1.436.824 causas. En Chile, once de cada cien personas cometen infracciones que son conocidas por los juzgados de policía local y sólo cinco de cada ciento incurren en ilícitos de competencia de los jueces del crimen.
Las modificaciones aprobadas por la Comisión Mixta fueron las siguientes:
1º Las infracciones por detención o estacionamiento en lugares prohibidos, a menos de 100 metros de postas u hospitales, sólo podrán ser denunciadas por carabineros. Su fundamento es la posibilidad de que un funcionario uniformado evalúe si el conductor realmente se encuentra en una situación de emergencia.
2º En el caso de una infracción al tránsito, cuando el infractor no esté presente, la citación se dejará en el vehículo, pero sin adherirla, como sucede actualmente. La razón es que la municipalidad o los inspectores pegan enormes letreros en los vidrios, lo cual, mientras el automóvil está estacionado, provoca una verdadera ignominia a un presunto infractor, a alguien que no ha sido condenado, y, además, es difícil de sacar y limpiar.
3º Los funcionarios competentes tendrán acceso al Registro de Vehículos Motorizados para conocer los datos de los conductores, especialmente su domicilio, siempre que sean autorizados por el juez. Con ello, se evitarán falsificaciones, cohecho u otras corruptelas, y el mal uso de información privada. Al efecto, se señala un procedimiento especial rápido para pedirlos.
4º Las citaciones por infracciones que conozcan los jueces de policía local pueden ser personales, si está presente el infractor, o, si no lo está, se le dejará en lugar visible de su domicilio.
5º Si se tratare de infracciones a la ley de Tránsito o de transporte terrestre y el infractor no estuviere presente, se le dejará la citación en el vehículo -como se ha señalado- sin adherirla. Si no compareciere a la citación, se le notificará por carta certificada -no personalmente, como ocurre en la actualidad-, al domicilio anotado en el Registro de Vehículos Motorizados o en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. De igual modo se procederá si un vehículo está en movimiento.
Lo anterior implica que Carabineros no intervendrá en estas diligencias, evitando distraer funcionarios en actuaciones que, según datos de 1996, sobre la base de los partes empadronados y horas-hombre empleadas, tienen un costo de 6.718.764.324 pesos, o sea, alrededor de 14 millones y medio de dólares.
6º La citación, como la carta certificada, deberá contener, además de los datos del denunciado, la individualización del juzgado competente, la indicación del día y la hora en que deberá concurrir, la naturaleza de la infracción que se le imputa y la individualización del denunciante. Esto último permitirá al presunto infractor conocer quién lo denuncia y el cargo que tiene. Actualmente, esta exigencia no existe.
7º Las notificaciones de demandas, querellas o denuncias de accidentes y daños en choque podrá efectuarlas un receptor, un notario, un oficial del Registro Civil , un funcionario del tribunal o municipalidad o del servicio del Estado cuya ley se infringió y, en casos excepcionales, determinados por el juez, por resolución fundada, podrán hacerse por Carabineros. De esta manera se amplía la gama de funcionarios y se extiende, incluso, a empleados de los servicios públicos cuya ley se ha infringido.
8º Se suprime la detención del conductor en el caso de que no pueda ser notificado de demandas y querellas por accidentes del tránsito, si carece de domicilio o si no fuere real el que figura en el Registro de Vehículos de Conductores.
En la actualidad, la ley permite la detención del conductor, lo cual implica una privación de libertad absolutamente injustificada, pues se está en presencia de una falta, una infracción, o en todo caso, de una acción civil.
9º En general, las resoluciones se notificarán por carta certificada, pero la sentencia de multas de más de cinco unidades tributarias mensuales y las que se refieran a cancelación o suspensión de licencia y las de daños superiores a diez unidades tributarias mensuales, se harán personalmente o por cédula.
Entonces, se establece una diferencia para notificar este tipo de resolución, atendiendo al monto de las multas y a la cuantía del juicio.
10. Una modificación esencial es la que exime de ir al tribunal al infractor de contravenciones graves, menos graves o leves al tránsito y al transporte que no hayan causado lesiones o daños, si acepta la infracción y la imposición de la multa, pagándola dentro de quinto día en la Tesorería Municipal o en la entidad recaudadora con la que haya celebrado convenio la municipalidad. En este caso, además, se le reducirá en un 25 por ciento el valor de la multa. Aquí, por una parte, se facilita la actuación del tribunal al no estar obligado a recibir a una persona, y por la otra, se establece un procedimiento expedito para que el conductor, convencido de haber cometido una infracción, la pague con un 25 por ciento de descuento. Con el recibo del pago, se le devolverá la licencia, con lo cual se evitarán aglomeraciones, molestias, pérdida de tiempo. Es decir, existe incentivo para pagar y se libera de la obligación de asistir al tribunal.
11. Otra modificación sustancial es la creación de un Registro de Multas del Tránsito no pagadas. El secretario del juzgado, cada dos meses, remitirá la nómina morosa.
El permiso de circulación del vehículo podrá renovarse sólo si su monto es pagado simultáneamente con las multas que figuren como pendientes en el Registro.
La morosidad y su anotación en el Registro cesará una vez que se paguen las multas, reajustes y el arancel respectivo.
También se establece un derecho para reclamar en el caso de anotaciones erróneas, caducas, prescritas o en el caso de absolución, sobreseimiento u otra modificación.
Las multas morosas no acarrearán medidas de apremio o privación de libertad, ya que se ingresan al registro mencionado. Con ello, se despeja una labor que ejercía la policía, cual era detener a los infractores que no habían pagado, con el objeto de someterlos a apremios.
12. En el caso de otras multas, si no se pagan dentro del plazo de cinco días, se puede decretar, por la vía de sustitución o apremio, algunas de las siguientes medidas:
a) Reclusión nocturna, de fin de semana o diurna, a razón de una noche o día por cada quinto de unidad tributaria con un máximo de quince jornadas diarias, diurna o nocturna, las que pueden ser decretadas total o parcialmente o en determinados días de la semana.
La razón de esta norma es no establecer la prisión por deuda, como lo disponen los tratados internacionales, y además, porque ello corresponde a lo preceptuado en el Código Penal y en el de Procedimiento Penal , los cuales establecen que el no pago de la multa puede ser sustituido, por vía de apremio, fijando, cualquiera sea su monto, un límite en el tiempo.
b) Asimismo, se cambia la sustitución y apremio de quince días de reclusión nocturna, en el caso de multas que excedan a veinte unidades tributarias mensuales, las que tendrán sólo mérito ejecutivo para obtener su pago.
13. Se modifica la ley de Tránsito a fin de que carabineros, funcionarios municipales o fiscales puedan modificar las infracciones que consten en equipos de registro de infracciones, tales como películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y sonido y, en general, en medios aptos para producir fe. Esto deberá ser reglado por el Ministerio de Transportes, el que velará por su confiabilidad y certeza, advertirá oportunamente a los conductores de su existencia y cuidará de su privacidad. Los contratos de servicio deben ser licitados. Además, el director de Tránsito debe certificar la idoneidad de los registros. Para ello, debe transcurrir un plazo de 45 días entre la fecha de la infracción y la notificación de la citación, pasados los cuales el juez deberá archivar los antecedentes.
14. Se concede amnistía a los conductores denunciados por los fotorradares al momento de entrar en vigencia la ley, salvo que hayan dado origen a un accidente de tránsito. Esta también se extenderá a los propietarios de vehículos motorizados cuando sobre ellos recaiga la responsabilidad.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Perdón, señor diputado. Ha llegado a su término el tiempo de su discurso.
El señor ELGUETA.-
Necesito un minuto más, señor Presidente.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Muy bien. Puede continuar.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , la amnistía también borra las anotaciones en el Registro Nacional de Conductores , pero no da lugar a la devolución de las multas ni a indemnización de perjuicios contra las municipalidades.
Por último, se reglamenta la fecha de entrada en vigencia de la futura ley. La modificación a la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, comenzará a regir seis meses después, contados a partir de la publicación de la ley, pudiendo el Presidente de la República expedir el reglamento del Registro de Multas del Tránsito no pagadas.
Asimismo, las variaciones a los límites de velocidad fijadas por las municipalidades y Vialidad, anteriores a la vigencia de esta ley, deberán ser justificadas en seis meses, conforme al decreto supremo Nº 186, del Ministerio de Transportes, de 1999. Vencido dicho plazo, los aumentos o disminuciones de velocidad quedarán sin efecto por el solo ministerio de la ley, debiendo ser retiradas las correspondientes señales en la vía.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta.
Es cuanto puedo informar.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor GÓMEZ ( Ministro de Justicia ).-
Señor Presidente , honorables diputados, el proyecto que modifica las leyes Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, de Tránsito, es un sustantivo avance de nuestra legislación. Con él, se busca modificar el procedimiento de los juzgados locales para lograr agilidad y desatochar el funcionamiento de los tribunales, extender el sistema de notificaciones por carta certificada, incorporar a la legislación modernos sistemas de control como medios de prueba eficaces para detección de infracciones al tránsito y, así, en definitiva, destinar los recursos humanos de Carabineros de Chile a funciones más propias de la seguridad ciudadana y del mantenimiento del orden público, evitando distraerlos en el cumplimiento de resoluciones judiciales que tienen su origen en contravenciones a la ley de Tránsito.
El proyecto en discusión reviste una profunda relevancia para el Ministerio de Justicia, pues constituye el primer paso para acelerar la atención al público en el ámbito de la justicia local y la primera etapa en la reforma de la judicatura.
Sus aspectos relevantes se enmarcan, primero, en dar celeridad al procedimiento de los asuntos del tránsito. Se consagra un incentivo para el pago anticipado de la multa, el cual se traduce en un descuento de un 25 por ciento de su valor. Con ese mismo objetivo se permite que el municipio externalice el cobro de la multa, de manera que pueda ser pagado en un banco, tesorería municipal u otro organismo que determine el municipio, según sus circunstancias locales, a fin de facilitar la atención al público.
En segundo término, se diversifican las formas de apremio por el no pago de las multas aplicadas por los juzgados locales, facultando al juez para decretar la reclusión diurna, nocturna, de fin de semana o trabajos en beneficio de la comunidad.
En tercer lugar, con el avance de la normativa se permite la liberación de recursos humanos de Carabineros de Chile para ser destinados a funciones más propias de la seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. Con ello, se desea liberarlos del cumplimiento de resoluciones judiciales originadas en contravenciones a la ley de Tránsito. Según informes de Carabineros, la actual aplicación de las leyes Nºs 18.287 y 18.290 genera a la policía uniformada un costo total de siete mil millones de pesos.
En efecto, al generalizar la carta certificada como medio de notificación en la mayoría de las resoluciones de estos tribunales, se da un paso sustancial en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y en la prevención de hechos delictuosos. Sin embargo, la normativa no significa un cambio simple, pues plantea un medio de reemplazo al antiguo sistema. En efecto, el Registro de Multas no pagadas, sin costo para el Estado, nos permite asegurar la eficacia de las normas y garantizar el debido proceso.
En esta oportunidad, es importante señalar que con la regulación de las normas de fiscalización del tránsito se incorporan modernos sistemas de control como medios de prueba eficaces para la detección de las infracciones del tránsito, con lo que se satisface una sentida aspiración de la ciudadanía.
La justicia local representa la puerta de ingreso a la solución pacífica de los conflictos en el ámbito vecinal de la mayoría de los ciudadanos. En 1998, dos millones cien mil causas fueron ingresadas a la judicatura de este nivel, y comparadas con las de la justicia ordinaria, en el mismo año, representan cien mil más. Por eso, es necesario tener presente que cualquier cambio en el funcionamiento o estructura impacta de inmediato en la equidad, eficiencia y eficacia del acceso a la justicia cotidiana.
El Ministerio de Justicia está consciente de que en la actualidad la justicia local adolece de una serie de deficiencias, como, por ejemplo, la congestión en su labor, la carencia de normas que aseguren su independencia, la ausencia de personal capacitado, la falta de criterios ordenadores en su competencia, lo que impide que el juez destine tiempo para los asuntos propiamente jurisdiccionales.
En efecto, históricamente, la justicia local no se ha abordado con criterios uniformes y sistemáticos. A ella ha llegado lo que quedó como consecuencia de la eliminación de tribunales, como los de la justicia de menor cuantía, o de las funciones judiciales del alcalde.
En ese sentido, nos hemos propuesto modernizar la justicia local con tareas de corto, mediano y largo plazo. Hoy, se da un paso para cumplir uno de nuestros objetivos de corto tiempo, pero hemos anunciado nuestras metas para el mediano. En el futuro, esperamos presentar modificaciones legales que ordenen el marco de competencia de los juzgados locales, su financiamiento y el destino de las multas. Ahora, con este proyecto, se da un paso sustancial para mejorar lo más importante: la atención eficiente y oportuna de los ciudadanos.
Por eso, solicito a la honorable Cámara que apruebe la proposición de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , después de la exposición de mi colega señor Sergio Elgueta , quiero referirme a lo que la opinión pública ha denominado regulación del uso de los fotorradares.
El uso de dicho sistema de registro de infracciones a través de película fotográfica, en realidad, ha generado bastante polémica, ya que, de acuerdo con la unanimidad de los parlamentarios que integramos la Comisión Mixta, constituye una violación a la garantía constitucional de respetar el debido proceso.
En efecto, muchas de las personas que han recibido este tipo de partes no sabían si estaban en presencia de una denuncia, de un medio de prueba o de una boleta de pago. Llegó a tal el abuso, que en algunos casos se enviaba la foto propiamente tal, como denuncia, y se “invitaba” a los eventuales infractores a concurrir a bancos a pagar el monto de la presunta multa.
Así, la Comisión Mixta dedicó varias sesiones a la regulación del uso del fotorradar. Uno de los puntos fundamentales, en cuya consideración hubo unanimidad, es que tal dispositivo está vinculado al establecimiento de señales de tránsito, pues se comprobó que en muchas municipalidades su instalación no obedece a criterios técnicos. Por ejemplo, en una comuna, en una avenida se puede transitar a determinada velocidad máxima, que aumenta en la comuna siguiente, con lo cual se produce una sorpresiva falta de coordinación que suele terminar en accidentes, con ingentes costos económicos, entre ellos, gastos de hospitalización de heridos y hasta pérdidas de vidas humanas. De allí que estemos conscientes de la necesidad de regular el uso de tales dispositivos, para evitar accidentes de tránsito.
Por eso, se establecieron ciertos criterios. En primer lugar, se acepta el fotorradar, pero su uso debe atenerse a la norma constitucional del debido proceso. Para este efecto, sólo se acepta este instrumento fotográfico en la medida en que en el momento de la eventual infracción se encuentre presente uno de los ministros de fe que establece la propia norma, es decir, un carabinero o un inspector municipal. Son los únicos llamados a certificar que en ese acto, que en ese lugar, que delante de tal aparato, se cometió una infracción.
En segundo lugar, dado que se consideró que el plazo de seis meses es excesivo -muchos conductores recibirían el parte bastante después de cometida la infracción, con la consiguiente incertidumbre e inseguridad jurídica-, se estableció un plazo máximo de cuarenta y cinco días para notificar al presunto infractor.
Además, como se sabe, muchos fotorradares están ocultos en las arterias viales o avenidas, y si realmente se quiere que con su uso se eviten accidentes de tránsito, se deberá informar sobre las áreas en que se utilizan.
Por otra parte, como se partió de la base de que en las señales de tránsito existe anarquía, se establece la dictación de un reglamento por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de fijar los estándares técnicos mínimos para su instalación. Por lo tanto, toda municipalidad que legítimamente quiera instalar dispositivos de esta índole, deberá elaborar un estudio de tránsito e indicar las razones técnicas que los justifican. Así se terminará con la incongruencia que existe al respecto.
En atención a que se estableció que el uso de los fotorradares ha sido abusivo, se resolvió amnistiar, hasta la fecha de publicación de la futura ley en estudio, a todos aquellos conductores que hubieren sido denunciados por infracciones a normas del tránsito sobre la base de dichos equipos. Así se hará justicia, pues el procedimiento, en opinión de la Comisión Mixta, no se ajustaba ni a la Constitución ni a la ley.
Asimismo, en la misma idea, se estableció que se eliminará de oficio la anotación en el registro nacional de conductores de vehículos motorizados que derive de una sentencia ejecutoriada por una infracción de tránsito que se haya originado en este medio de prueba. La idea es que no sólo se eliminen, como lo señala la institución de la amnistía, el delito y la sanción, sino también esta sanción administrativa, la cual genera, a su vez, otro tipo de sanciones, como la caducidad o el término de los permisos de circulación de la cédula de identidad.
Por último, cabe señalar que no hemos eliminado los dispositivos fotorradares, porque no podemos tapar la ciencia y la tecnología con la mano; ello es un hecho de la realidad; se aplica en otros países del mundo y, sin lugar a dudas, con éxito. Era necesario, sí, hacer justicia y terminar con el abuso que ha constituido durante estos últimos años el funcionamiento de estos fotorradares.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , dado que los parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho una exposición muy completa, sólo me cabe agregar algunas consideraciones sobre temas que vale la pena hacer resaltar.
En primer lugar, no hay duda de que la posibilidad de liberar a un contingente policial, particularmente de Carabineros, de tareas que no tienen absolutamente nada que ver con la función policial, como practicar notificaciones judiciales, constituye un paso importantísimo para que los ciudadanos podamos tener más policías en las calles.
Más de un millón de notificaciones emanadas de los tribunales, particularmente de los juzgados de policía local, realiza hoy Carabineros a raíz de la ley que faculta al juez para designarlos ministros de fe a fin de practicar notificaciones de las resoluciones que se dicten en los procesos. Si bien el proyecto no elimina absolutamente esa posibilidad, la restringe a los casos que deban ser especialmente calificados por el juez.
Recuerdo -este tema lo hemos analizado muchas veces en la Comisión de Seguridad Ciudadana- que Carabineros liberará de estas funciones administrativas a más de l.400 policías en todo el país, lo cual significa que un contingente muy importante se va a incorporar a labores de servicio a la población y no cumplirá funciones propias de un sistema de correo, que no corresponden al cargo policial para el cual ha sido preparado un carabinero o un miembro de la policía de investigaciones.
Destaco este punto como el aspecto más relevante que, a mi juicio, el proyecto tiene sobre esta materia. Creo que ése es también el criterio general de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI.
En segundo lugar, también en ese orden de materias, esta nueva modalidad significa, como dijo el ministro de Justicia , una disminución en los gastos en que incurría Carabineros, de más de 7 mil millones de pesos, cantidad importantísima que deberá ser redistribuida en otras funciones policiales que resulten más conducentes a enfrentar el tema de la seguridad ciudadana. Es de esperar que esos 7 mil millones de pesos no se los supriman a los policías, sino que se reinviertan en otras actividades, en las cuales seguramente también los necesitan.
En tercer lugar, dejo pendiente una cuestión planteada por el ministro de Justicia en relación con la competencia de los juzgados de policía local.
En la Región Metropolitana en particular hay una situación absurda. En la actualidad, parte importante de las infracciones de tránsito están siendo vistas por juzgados del crimen, los cuales -todos lo sabemos- tienen un recargo enorme de trabajo.
Esa situación no se quiso modificar hace un tiempo, porque se pensó que entraría en vigencia la modificación íntegra del juicio oral penal, que constituye un esquema de organización de los tribunales distinto, pero, en verdad, faltan dos años para que eso ocurra. No tiene sentido alguno que recarguemos con más del 30 ó 40 por ciento el total de causas que llevan los juzgados del crimen de importantes comunas de la Región Metropolitana, que hoy día están abocados a procesos por faltas que pueden ser conocidas perfectamente por los juzgados de policía local. Además, se trata de comunas que tienen recursos suficientes para que sus juzgados de policía local puedan funcionar excelentemente.
En cuanto a los fotorradares, recojo plenamente lo que me ha dicho el diputado señor René Manuel García. El fotorradar, más allá de los cuestionamientos y polémicas, tiene un aspecto relevante: termina con el criterio selectivo para establecer quién comete una infracción. Las reglas modernas señalan que los criterios selectivos siempre tienden a ser, de una u otra manera, muy subjetivos y, por lo tanto, no son plenamente aplicables a un principio de justicia. En la práctica, el fotorradar -me lo señaló el diputado señor García , quien ha conocido y trabajado en estos temas- implica, en definitiva, abordar las infracciones de tránsito con un criterio de mayor equidad y no sólo selectivo.
Finalmente, dos consideraciones. Creo que aquí están en juego tres principios que deben verse en la práctica si realmente van a operar y respecto de los cuales hacemos una prevención.
En primer lugar, la privacidad. Una ciudad que se empieza a llenar, por todos lados, de cámaras que vigilan a la gente es una ciudad hostil. Ésa es la realidad. Por lo tanto, si bien se consideran plenamente necesarias para la seguridad ciudadana o para controlar el tránsito, el hecho de transformarla en una ciudad llena de ojos en las calles, en donde la libertad de las personas, su independencia, su autonomía y su propia privacidad se encuentran amenazadas, termina siendo un factor que desplaza absolutamente la necesidad de enfrentar otros problemas que existen particularmente en ciudades grandes o en carreteras y caminos. Hay ahí una cuestión muy sensible. Es preciso determinar dónde se corta finalmente el hilo entre lo que es el respeto a la libertad de las personas y a su privacidad y el derecho a transportarse en una ciudad sin estar permanentemente vigilados por las cámaras que se instalan con distintos fines.
El segundo punto es la certificación de la veracidad del hecho. El fotorradar podrá de repente establecer excesos de velocidad, pero circunstancias objetivas hacen que una fotografía no sea un factor que determine con plena certeza si hubo infracción.
En muchos casos, particularmente en las esquinas, una fotografía puede reflejar una realidad distinta de lo que está ocurriendo en ese momento. Recuerdo que en una oportunidad alguien planteó el caso de un conductor que, al llegar a una esquina, se vio enfrentado a una luz roja en el momento en que se disponía a doblar con luz amarilla. Como no podía quedarse en la mitad, terminó de doblar, Finalmente, le cursaron la infracción.
Hay que analizar con mucha rigurosidad estos mecanismos. Es de esperar que realmente esté el ministro de fe cuando haya algún accidente. Por mi parte, tengo bastantes suspicacias de que así ocurra, porque después nos van a decir que estaba presente el ministro de fe, en circunstancias que no lo estaba.
A mi juicio, la veracidad de la información es de dudosa credibilidad en muchos casos. Por lo tanto, tenemos que dar este paso como una experiencia innovadora, pero debe ser objeto de un seguimiento, de una fiscalización, a fin de verificar si realmente está cumpliendo el fin que se persigue o sólo se transforma en un buen mecanismo para sacar dinero a los contribuyentes y, así, engrosar los fondos de las distintas municipalidades.
En último término -lo acabo de decir-, esta legislación debe ser objeto de un seguimiento. Estamos avanzando en materias donde la posibilidad de éxito, a mi juicio, es bastante controvertida, de manera que corresponde a los legisladores evaluar si realmente está sirviendo para que haya menos accidentes de tránsito y establecer si las personas infraccionadas cometieron la infracción; si hay ministros de fe en el momento en que funcionan los fotorradares, o si hay una real mejoría en lo que la ley pretende: dar más tranquilidad y seguridad en la vía pública, particularmente en calles y carreteras, a los ciudadanos en el transporte de un lugar a otro.
Por las razones antes señaladas, tanto los parlamentarios de la UDI como los de Renovación Nacional vamos a votar a favor de las proposiciones de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Por haberse completado, reglamentariamente, la intervención de tres parlamentarios, queda cerrado el debate.
Queda pendiente la votación.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
En votación la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto que modifica las leyes Nº 18.267, relativa al procedimiento ante los juzgados de policía local, y Nº 18.290, que fija la ley de Tránsito.
Esta iniciativa contiene disposiciones de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
PROTECCIÓN DE LA MADRE ESCOLAR O ESTUDIANTE EMBARAZADA. Tercer trámite constitucional.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Corresponde conocer las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentran embarazadas o que sean madres lactantes, de acceder a establecimientos educacionales.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1251-18, sesión 35ª, en 23 de marzo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 2.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Antes de conceder la palabra, solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala la subdirectora del Sernam, señora Karen Herrera.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , este proyecto nació de una moción -de la cual soy autor-, patrocinada por las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa ; por los diputados señores Ascencio , Gutiérrez , Ojeda y Ortiz , y por los ex diputados señora Romy Rebolledo y señores Andrés Aylwin y Vicente Karelovic.
Haré una breve reseña sobre los fundamentos del proyecto, los que tuve oportunidad de exponer tanto en esta Cámara como en el Senado.
En 1994, en Chile surgió un fenómeno educacional que llevó a muchas alumnas que se encontraban embarazadas o que ya habían tenido su hijo y estaban en período de lactancia, a no poder continuar sus estudios en forma normal. Ello -tal como señaló la Comisión Nacional de la Familia en su oportunidad- causó efectos muy adversos en las estudiantes que se encontraban en dicha situación.
En primer lugar, prohibir su acceso al colegio para proseguir sus estudios significaba conducirlas derechamente al aborto.
Una segunda alternativa era que se casaran y posteriormente se anulara el matrimonio, lo que traía como consecuencia un efecto absolutamente indeseable.
La tercera alternativa era que esta madre estudiante diera en adopción a su hijo -en 1994 la normativa sobre adopción no tenía las características de la actual, ya que hace muy poco tiempo el Congreso Nacional despachó una nueva ley sobre la materia-. Sin embargo, también fue una mala solución, ya que la madre se veía forzada a entregar a su hijo en adopción.
Por último -también con un efecto pernicioso-, existía la posibilidad de que los estudios de esta niña se vieran truncados y, en consecuencia, no estuviera capacitada para trabajar, para desempeñarse en alguna labor remunerada y, de esa manera, procurar su propia subsistencia y la de su hijo.
En 1979, la circular Nº 727, del Ministerio de Educación, establecía que el horario diurno de nuestro sistema escolar era sólo para alumnos solteros; en consecuencia, los casados sólo podían estudiar en horario vespertino o nocturno. En ella no se mencionaba el caso de las estudiantes embarazadas.
Posteriormente, la circular Nº 247, de 1991 -cuando era ministro de Educación el actual Presidente de la República -, reguló la situación de aquellos alumnos que cambian de estado civil y de alumnas que asumen responsabilidad de maternidad.
Desde 1994 -fecha en que se presentó el proyecto- a la fecha, en los datos entregados se advierte un aumento ostensible de estas cifras.
Hace un año se llevó a cabo una encuesta en cinco mil quinientos cincuenta establecimientos educacionales. En ella se consideró a las alumnas de séptimo y octavo básicos y de enseñanza media -científico, humanista y técnico-profesional-.
A dicha encuesta sólo respondió el cincuenta por ciento de los establecimientos educacionales consultados. De ellos, mil informaron haber tenido casos de embarazo: un 64 por ciento, en establecimientos municipales; un 25 por ciento, en establecimientos particulares subvencionados; un 0,7 por ciento, en colegios particulares pagados, y un 0,3 por ciento, en los dependientes de corporaciones.
Lo anterior -decía este informe- se traduce en un total de cuatro mil quinientas ochenta y cinco estudiantes embarazadas. De éstas, un 16 por ciento corresponde a menores de dieciséis años, porcentaje que en sectores rurales se eleva al 45 por ciento. El 90 por ciento de los embarazos se concentra en la enseñanza media, situación que genera un 40 por ciento de deserción escolar: sólo el 50 por ciento de las adolescentes continúa estudiando; el 10 por ciento restante lo hace en horarios diferidos.
Si se comparan los textos aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado, se puede advertir que la idea es exactamente la misma. Sin embargo, creo que se debe aprobar el texto del Senado, ya que se trata de una modificación formal, pero al mismo tiempo de extensión, porque, aun cuando la disposición es más breve, abarca un mayor número de situaciones.
Por eso -como autor del proyecto, y entiendo que quienes lo patrocinaron también estarán de acuerdo-, a mi juicio, se debe aprobar el texto propuesto por el Senado, porque es breve, preciso y cierto. Señala:
“El embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel”.
Además, modifica el artículo 2º de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, lo que constituirá un verdadero derecho para estas mujeres, madres que, muchas veces, al ser expulsadas de los colegios por tener esa condición, debían recurrir a los tribunales para reingresar a los establecimientos educacionales.
Por las razones expuestas, la bancada de la Democracia Cristiana va a dar su aprobación a la modificación introducida por el Senado a este artículo único.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Espina, para un asunto de Reglamento.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , quisiera pedir al señor diputado informante que explique las razones que tuvo el Senado para redactar en negativo el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que era en positivo, ya que ello podría producir distintos efectos de voto. No me refiero a mí, ya que tengo una impresión formada, la cual daré a conocer en su oportunidad.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , en la Comisión de Educación del Senado se dio la siguiente explicación para introducir dicho cambio: “Si bien el derecho de las estudiantes embarazadas a proseguir los estudios deberá ser armonizado con las especiales características de la maternidad y la lactancia, lo cual supone la necesidad de regular modalidades para el ejercicio del derecho, no sería necesario que así lo explicite la ley orgánica, bastando que en ella se consagre la prohibición de invocar la maternidad o la lactancia como situaciones que afectan el derecho a la educación”.
Al mismo tiempo, señala: “De esta manera, propone un texto en virtud del cual el embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación en cualquier nivel”.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , este proyecto me provoca muchas dudas. Entiendo su sentido, incluso hay argumentos que me parecen muy valiosos. Sin embargo, considero que incorporar esta situación en una normativa para los establecimientos educacionales -incluidos los privados-, desde mi perspectiva, constituye una forma de obligarlos a tomar una decisión que no debe ser adoptada en virtud de una imposición legal, sino que, más bien, sobre la base del proyecto educativo de cada establecimiento educacional.
Incluso, tengo la sensación de que este proyecto atenta contra la libertad de enseñanza, consagrada en el número 11 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, porque les estamos imponiendo una obligación a los establecimientos, sin respetar sus proyectos educativos, es decir, el sentido que desean darle a la educación. El artículo 19, número 11, establece que “La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Esto se lleva a la práctica con un sentido educativo, con un proyecto; los particulares y el Estado abren establecimientos educacionales con un sentido educativo. En eso consiste la libertad de enseñanza. Por eso, cuando el Estado interviene imponiendo obligaciones, puede lesionar esa libertad de enseñanza.
El inciso segundo del número 11 del artículo 19 de la Constitución Política dispone: “La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. De manera que el legislador no puede imponer otras limitaciones a la libertad de enseñanza que las establecidas por la Carta Fundamental. El constituyente tomó el buen resguardo de establecer con claridad hasta dónde puede intervenir el Estado en la libertad de enseñanza: sólo puede imponer limitaciones fundadas en la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Por lo tanto, a través de la legislación, el Estado podría decirle al sector privado o al sector público educativo que no deben tener tales o cuales programas de enseñanza, en virtud de la moral, del orden público, etcétera. Pero la disposición que debatimos no dice relación ni con la moral, ni con las buenas costumbres, ni con el orden público, ni con la seguridad nacional; se funda en otros aspectos, tiene otros móviles -desde luego, muy loables-, pero no son los constitucionales. A mi juicio, este proyecto de ley, incluso, está yendo más allá de lo que la Constitución Política permite hacer a los legisladores.
Ahora, quiero dejar muy en claro mi posición, en cuanto al contenido de la iniciativa. No estoy afirmando que las niñitas que se embaracen no deben continuar estudiando en el establecimiento educacional; lo que digo es que el asunto debe ser resuelto por los educadores, no por los legisladores. Ése es el punto. No estoy sosteniendo aquí que una niñita que se embarace o que sea madre no debe continuar asistiendo al establecimiento en el cual estudia; lo que no quiero es que nosotros, como políticos y legisladores, resolvamos el asunto y se lo impongamos a los establecimientos educacionales, más allá de sus proyectos educativos y el sentido que deseen dar a la educación. Ahí es cuando creo que vamos más allá de lo que nos corresponde y cuando atropellamos la Constitución. No es una materia que debamos resolver...
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
¿Me permite, señor diputado ? Le restan dos minutos.
El señor BARTOLUCCI .-
¡Vaya debate, señor Presidente!
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Su Señoría tiene derecho a expresarse, pero hay varios diputados inscritos.
El señor BARTOLUCCI .-
Pero ¿de cuánto tiempo disponemos para intervenir?
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Su Señoría tiene hasta diez minutos.
El señor BARTOLUCCI .-
Tiene razón, señor Presidente , porque estamos en el tercer trámite constitucional.
Entonces, quiero hacer un llamado a mis colegas para que reflexionen, en primer lugar, respecto del tema constitucional, si estamos vulnerando o no -yo considero que sí- la Constitución Política en lo relativo a la libertad de enseñanza y, en segundo término, si la libertad de enseñanza incluye el derecho no sólo a abrir centros de enseñanza, sino que también a determinar el proyecto educativo. Esta materia debe resolverse dentro de ese proyecto y de la valoración que los educadores le atribuyen, y no por imposición legal; los propios educadores deben decidir en tal sentido, de acuerdo a la orientación de la educación que desean impulsar. Desde luego -si no está dispuesto claramente en la ley orgánica constitucional de Enseñanza, habría que establecerlo así-, debe asegurarse a la alumna que podrá terminar sus estudios; debe existir un sistema que le garantice terminar el año, dar los exámenes correspondientes.
En todo caso, si lo que se pretende es imponer esta norma, considero que hay que hacer algunas diferencias entre la educación pública y la privada. El Estado chileno sí puede tomar esta decisión, pero no tenemos derecho a imponerle a la educación privada esta misma norma, porque con ello estamos atentando contra la libertad de enseñanza.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Homero Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente , este proyecto de ley se originó -hace ya bastante tiempo- en moción del diputado señor Elgueta , suscrita también por los diputados señores Sergio Ojeda y José Miguel Ortiz , por el ex diputado señor Andrés Aylwin , por los diputados Gabriel Ascencio y el que habla, por la ex diputada señora Romy Rebolledo y por las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa.
Pues bien, cuando se presentó esta iniciativa la situación era -diría- muy grave, porque según los informes entregados por el subsecretario de Educación de la época, en el 50 por ciento de los colegios encuestados había casos de estudiantes embarazadas. Es decir, no era un problema excepcional; por el contrario, era un fenómeno muy generalizado, lo que, por supuesto, debía concitar el interés y la preocupación del Gobierno y de los legisladores. Dentro de ese 50 por ciento de colegios con problemas de ese tipo, más de 4 mil adolescentes estaban embarazadas, y de ese universo, la gran mayoría -más del 70 por ciento- dejaban los establecimientos educacionales, porque el clima en torno a ellas era muy hostil.
En ese momento no había circular alguna que las protegiera; por el contrario, se emitió una que señalaba que las alumnas en esa situación debían alejarse de los colegios diurnos y concurrir a los nocturnos. Precisamente a raíz de eso se dictó la circular -mencionada aquí- Nº 247, que permitía -por decirlo así- que las alumnas permanecieran en los colegios diurnos en los cuales estaban estudiando. Es decir, era un poco tolerante sobre la materia.
Sin embargo, el fenómeno era mucho más profundo y grave. El Ministerio de Educación no tenía atribuciones para resolver el problema a través de circulares. De ahí que las autoridades de dicho ministerio compartieran las inquietudes de los diputados en cuanto a que para resolver el asunto y avanzar en la materia era necesario un proyecto de ley y una reforma, en lo posible, a la ley orgánica de Enseñanza, que no contemplaba esta materia.
En tal sentido, el proyecto primitivo de los señores diputados y la reforma planteada por el Senado coinciden en este punto. Por esa razón, vamos a apoyar la moción con mucha fuerza, porque aquí debe estar la voz del legislador, de los diputados y senadores, que vienen a dar solución a un problema grave que afecta a nuestro país.
En este tema hay muchos derechos y principios involucrados que nos conmueven a todos. Por ejemplo, el derecho a la vida. Cuando a una alumna afectada por un embarazo precoz, que pasa por la etapa de la adolescencia, que de por sí es crítica, se le rechaza en el colegio, no sólo se atenta contra ella, sino que también contra su hijo que está por nacer. De tal manera que aquí hay un doble atentado, que frecuentemente termina en tragedia familiar.
El tema es muy profundo y los señores diputados tienen la obligación de reflexionar sobre él.
Del mismo modo, el tema se vincula con la igualdad. Al rechazar a una alumna por su embarazo, se está haciendo una discriminación, respecto de la cual todos, en distintos aspectos y diversa forma, estamos en contra.
Un tercer derecho que se estaría vulnerando está relacionado con el acceso a la educación, garantizado por la Constitución.
Por último, el proyecto se justifica plenamente, más que desde un punto de vista constitucional, por las razones que he señalado, desde un punto de vista moral. Al rechazar la permanencia en el colegio de niñas que se embarazan -en la proporción y en la situación descrita-, se está realizando un acto inmoral contra chilenas que van a traer a la vida a chilenos. Lo moral, lo correcto, lo igualitario, lo legal y lo constitucional es defender estos derechos.
Hay mucho que decir sobre el tema, porque no es superficial, sino que muy de fondo. Con circulares y reglamentos el Ministerio no tiene fuerza para actuar en forma efectiva sobre la materia. Nosotros, como legisladores, con la modificación pertinente de la ley, contribuiremos a ello.
El embarazo precoz no es responsabilidad de las adolescentes, no es responsabilidad de los colegios, no es responsabilidad de la juventud. La sociedad que estamos creando es la que provoca estos hechos, los cuales tenemos que conocer y darles la solución adecuada, justa, humana y moral en defensa de la vida.
Muchas gracias.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).-
Señor Presidente , al aprobar este proyecto estamos haciendo justicia a miles de niñas que han visto lesionado su derecho a educarse por el problema de su embarazo precoz.
El proyecto que impulsó el diputado señor Elgueta y que patrocinamos varias diputadas y diputados, ha tenido una vida azarosa. Estuvo archivado en el Senado cuatro años. Como siempre el Senado es poco comprensivo con los temas sociales y de discriminación. Hoy felizmente vamos a llegar a una conclusión.
El embarazo de adolescentes menores de 20 años, que llega a los 40 mil casos, constituye un tema complicado y triste. De esa cifra, 13 mil estudiantes, más o menos, tienen un embarazo precoz, que ojalá no ocurriera, pero poco hemos hecho, como sociedad, para evitarlos.
Cuando analizamos este tema acá en la Cámara de Diputados, ligado al del aborto, que es tan dramático y que realmente nos emociona, se concluyó que había que hacer algo para que no hubiere embarazos adolescentes. Y ahí se planteó la educación sexual, lo que causó enorme conmoción; incluso diarios muy respetables actuaron con un sensacionalismo increíble sobre la materia. Si bien hay un instrumento de educación sexual en los colegios -las Jocas-, es bastante disminuido. Entregar una educación sexual a nuestros niños y niñas desde el período preescolar es una asignatura pendiente en nuestra sociedad.
Los países que enfrentan seriamente esta materia, entendiendo la sexualidad como una parte importante de los seres humanos, de su desarrollo personal y no como un pecado -como algo que hay que esconder-, asumiéndolo desde la etapa preescolar, han bajado enormemente las tasas de embarazo. Incluso, ha subido la edad de iniciación de las relaciones sexuales.
Se hace mucho escándalo en nuestro país cuando se habla de Suecia. ¿Ustedes saben que en ese país la edad promedio de iniciación sexual es de 18 años? ¿Por qué? Porque esa sociedad ha tomado con responsabilidad el tema y ha entendido que la sexualidad es parte del desarrollo de las personas; por lo tanto, desde la etapa preescolar los niños se acercan a la sexualidad de una manera natural, “no pecaminosa”, sintiendo que se está acercando a un tema del cual puede hablar de una manera abierta, libre, clara, humana, madura.
Nuestra sociedad, en cambio, es tremendamente inmadura. Tenemos, entonces, el drama de 13 mil estudiantes que quedan embarazadas, que deben asumir solas la mayoría de las veces la situación, porque en esto de la maternidad no se comparten los problemas con los varones. Y las niñas, no los padres, son las discriminadas y a quienes se les coarta su derecho a la educación.
Por lo tanto, en primer lugar, habría que reflexionar sobre el castigo que se les impone por un problema que, como sociedad, no sabemos asumir. El tema de la educación sexual es primordial. Espero que lo asumamos con madurez, de manera que logremos realmente darles oportunidades a nuestros niños y niñas de tener una educación sexual seria, que apunte al desarrollo de su personalidad, de su afectividad y de su madurez como persona.
En segundo lugar, sobre el hecho de que estas niñas ven lesionado su derecho a la educación. El diputado señor Bartolucci ha puesto en oposición -lo que, a mi modo de ver, no tiene por qué hacerse y si se hace es dramático- la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.
Si bien en la Constitución del 80, heredada y tan difícil de modificar, el derecho a la educación está absolutamente menoscabado frente a la libertad de enseñanza, son dos derechos importantes; son dos derechos que no tienen por qué colisionar y, en ese sentido, se hace una falsa dicotomía al oponer derecho a la educación y libertad de enseñanza.
Me cuesta imaginar que en virtud de la libertad de enseñanza, un proyecto educativo coarte el derecho a la educación de una niña. Sería un fracaso para el proyecto educativo de un colegio la existencia de un embarazo; ello también es responsabilidad del colegio, ya que los proyectos educativos deben contemplar el desarrollo integral de los jóvenes a su cargo. Entonces, ¿por qué expulsarla? ¿Por qué no dejar que continúe su educación? ¿Por qué tratarla como si fuera un elemento que va a envenenar al resto de los alumnos? Ese hecho quiere decir que tales colegios no están impartiendo una buena enseñanza, que están abordando superficialmente los problemas sin meterse en la verdadera problemática de los adolescentes, hombres y mujeres de nuestro país. Creo que ésa es una falsa dicotomía.
Por eso, el proyecto que desgraciadamente hemos tenido que hacer -porque este problema afecta a miles de niñas-, es importante; y digo desgraciadamente porque no debería haber un proyecto sobre cómo no discriminar y coartar el derecho a la educación.
Estudios dicen que en la raíz de la pobreza -¿y quiénes son los más pobres de la sociedad?: las mujeres- y dentro del fenómeno de feminización de la pobreza se encuentran las madres adolescentes. O sea, ser madre adolescente en el sector popular es la condena para la familia, ya que es uno de los factores que más inciden en las condiciones de pobreza.
Démosles una oportunidad a las niñas, defendamos su derecho a la educación, apuntemos al problema del embarazo y del aborto por el lado de la prevención y la educación. Eso es lo que debemos hacer si somos responsables y si tratamos los problemas de manera integral.
Me alegro mucho de que el Senado haya desarchivado este proyecto, que realmente haya enfrentado el tema y hoy estemos a punto de tener una ley, porque, desgraciadamente, como dije, todavía es necesaria. La ley tiene que ayudar a formar una cultura, pues, muchas veces, no se expulsa a una niña por secretaría, sino por acoso de la pobre niña embarazada, a la cual se le empieza a exigir asistencia y a ponerle una serie de palitos que la hacen sentir tan mal que opta por retirarse. Ojalá tengamos una cultura comprensiva, una cultura acogedora y logremos rescatar a esos miles de niñas que se encaminan a una vida de pobreza para ellas y para sus hijos.
Por lo tanto, el PPD apoya esta iniciativa, y no sólo espera que se transforme en ley, sino que velará por la aplicación de estos principios en nuestra enseñanza.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , expresaba el día de ayer en la prensa local, ante una consulta periodística relacionada con el tema que tratamos, que este proyecto se enmarca dentro de un contexto destinado a proteger a la madre y a garantizar su derecho a la educación, lo cual hoy es totalmente respaldado por la bancada de diputados de Renovación Nacional, fundamentalmente porque es una realidad el alto número de niñas que se embarazan a temprana edad, cuya consecuencia, entre otras, es el abandono de sus estudios.
De allí, entonces, la necesidad de toda sociedad moderna de enfrentar con madurez esta problemática que desearíamos no ocurriese, pero, como existe, es nuestro deber no esconderla, sino enfrentarla como lo hacemos hoy, de cara al país, mediante esta iniciativa que busca, precisamente, evitar el abandono y la deserción escolar.
Este proyecto, cuya finalidad es incorporar un nuevo inciso, después del inciso segundo del artículo 2º de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de la enseñanza, establece que el embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Esto implica adecuar nuestra legislación a las convenciones internacionales que el país ha suscrito, particularmente la referida a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, promulgada por decreto supremo Nº 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1989, y la promulgada por decreto supremo Nº 830, del mismo Ministerio, en 1990. Además, y allí está lo importante, se terminará con la discriminación de que son objeto las alumnas embarazadas que se veían en la necesidad de continuar estudios en alguna institución vespertina o sencillamente dejar de estudiar, sin perjuicio de que algunas encontraran en el aborto la solución a sus problemas inmediatos. Y esto, que es terrible, sabemos es una realidad creciente que es necesario enfrentar, porque indicadores nos muestran que el embarazo adolescente ha alcanzado en Chile niveles preocupantes.
Por ejemplo, en 1990, del 34,3 por ciento de los nacidos fuera del matrimonio, un 61 por ciento correspondía a embarazadas adolescentes, lo cual en opinión de la Comisión Nacional de la Familia afecta de manera significativa los índices nacionales de aborto. Una encuesta practicada por el Ministerio de Educación en 1993, como se ha recordado, mostró que en el año anterior, de los establecimientos que respondieron, el 50 por ciento de los consultados -esto es, 2.500-, mil informaron que habían tenido casos de embarazo, lo que se traduce en 4.585 estudiantes en esa situación, de las cuales un 16 por ciento corresponde a menores de 16 años, lo que en sectores rurales se eleva a un 45 por ciento. El estudio muestra también que el 90 por ciento de los casos se concentra en la enseñanza media y produce directamente un 40 por ciento de deserción escolar, cifra inmensamente alta cuyos perjuicios posteriores son mayores a la eventual solución de abandonar el colegio y que en la mayoría de los casos se traduce, como aquí también se dio a conocer, en una mayor pobreza, particularmente en los sectores campesinos. Es evidente, tal como señala el Servicio Nacional de la Mujer, que existe una estrecha relación entre el embarazo adolescente y la pobreza, pues, sin estudios, a lo menos secundarios -que es, como hemos dicho, el nivel donde más se da el problema-, de por sí, es difícil y casi imposible encontrar una fuente laboral digna.
Estoy cierto, tal como lo manifesté al inicio de mi intervención, de que no es sano ni es el ideal que las adolescentes se embaracen a temprana edad, debido al hecho médicamente demostrado que las menores sufren serios trastornos afectivos que se traducen en una relación maternal deficitaria que afecta finalmente al niño, ser que llega al mundo por decisiones de jóvenes sin claridad respecto de la responsabilidad de ser padres y de las consecuencias que ello implica; pero como nuestra obligación es actuar sobre realidades, debemos dar señales no para estimular conductas sexuales como ésta, sino para prevenir, a través de la educación y de la entrega de valores que derivan de la discusión que hoy sostenemos, la forma en que se debiera entender y proyectar esta iniciativa, a fin de que no nos ocurra, como muchas veces pasa, que aprobamos proyectos socialmente significativos que resultan ser desconocidos incluso para los propios destinatarios. De ahí mi sugerencia tendiente a que esta modificación se divulgue y sus alcances se analicen al interior de los establecimientos educativos, en los grupos de jóvenes, con los padres y apoderados y, por cierto, con los profesores, como permanentes agentes orientadores de nuestros jóvenes.
Considero que en este tema, el Ministerio de Educación tiene una hermosa tarea que realizar. A través de la educación y de la debida orientación, formaremos a jóvenes cada vez más conscientes de su rol, responsabilidad y de la consecuencia de sus actos.
Concluyo manifestando mi complacencia al constatar cómo en esta Cámara se trabaja un tema de tanta significación para la comunidad y dignidad del ser humano. Por ello, votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , la Constitución Política de la República y el Código Civil garantizan el derecho a la vida y los derechos del que está por nacer. Por otra parte, la Carta Magna asegura a los chilenos el acceso a la enseñanza y a la educación.
Chile ha sido pionero en el proceso educacional dirigido a sus ciudadanos. El 10 de septiembre de 1990 se promulgó la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza y, algunos años antes, la ley primaria obligatoria. El año pasado, nos sentimos orgullosos de aprobar una de las reformas constitucionales más importantes llevadas a cabo durante el siglo pasado: la que estableció la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, al sustituirse, en el artículo 1º de la Carta Fundamental, el vocablo “hombres” por “personas”.
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra recordó e hizo un reconocimiento al hecho de que se encuentra en tramitación una moción parlamentaria relacionada con situaciones que están viviendo no menos de 13 mil alumnas de enseñanza básica y media. Esa es una realidad. Sin embargo, también es cierto -son estos hechos los que explican la mala evaluación que, en forma injusta, recibimos de la opinión pública- que el proyecto, patrocinado por el diputado señor Sergio Elgueta y que diez diputados -incluido quien habla, a la sazón presidente de la Comisión de Educación- suscribimos con el objeto de impulsar una modificación a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, a fin de hacer frente a la discriminación de que eran objeto muchas adolescentes del país, tuvo un trámite de cinco años en el Senado de la República. Eso nos llama a reflexionar y a entender el malestar que surge de determinados sectores de la ciudadanía.
Tengo en mi poder el texto de la discusión habida en el seno de la Comisión de Educación del Senado, cuyos miembros se abocaron a escuchar a todos los actores involucrados en esta materia. En una de las sesiones, personeros del Ministerio de Educación reconocieron haber recibido una tremenda sorpresa luego de aplicarse la circular Nº 247, de 1993: un altísimo número de adolescentes debió abandonar sus estudios debido a que fue rechazada su permanencia en el proceso educativo o cancelada la matrícula correspondiente. Eso me hace recordar otros tiempos, en los que se perjudicaba en forma especial a los sectores de más bajos recursos.
En la Comisión de Educación del Senado, la representante del Servicio Nacional de la Mujer reiteró que de los estudios que habían realizado a lo largo de todo el país, se desprendía un hecho recurrente: los más altos índices de embarazo en adolescentes estaban asociados a sectores rurales y de escasos recursos. Aquí hay una relación directa entre el embarazo adolescente y la pobreza. En este contexto, la imposibilidad de seguir estudios regulares dificulta aún más la opción de acceder a un trabajo de mejor calidad. Por otro lado, me llama la atención que la Fide, que representa a los colegios católicos del país, diera su aprobación al proyecto en la Comisión ya mencionada. Eso está indicando -como católico me siento orgulloso de esa postura- un avance muy importante de la Iglesia chilena en esta materia, institución que ha educado a miles de chilenos durante los últimos años.
Por eso, aquí no sólo se está haciendo justicia y planteando una reforma constitucional necesaria, sino ratificando la reforma a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 1979 y sancionada por Chile a través de un decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1989; el decreto supremo Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, adoptada el 22 de noviembre de 1969 y sancionada recién en 1991 por decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quiero recordar un hecho que hasta el momento nadie ha destacado.
En 1994, cuando discutimos en general y particular el proyecto, éste fue aprobado por 70 votos a favor y 1 abstención, la que correspondió a un colega que en este momento no es representante popular. Seguramente, mucha gente luego se la “cobró” al darse cuenta de que ese diputado no estaba en sintonía con la realidad diaria. Por ello, me siento orgulloso de ser uno de los coautores del proyecto que va a solucionar un hecho que es parte de la vida cotidiana.
A fin de que quede consignado en la historia fidedigna de la ley, quiero señalar que la modificación impulsada por el Senado se encuentra en la misma perspectiva, tal como lo dijo el diputado Alberto Espina , ya que fuimos terminantes en cuanto a que no se podía negar el ingreso o matrícula al proceso educativo a una embarazada o madre lactante.
En el Senado cambiaron la redacción del artículo por una más amplia, con el objeto de dejar en claro que el embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar o permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel. Entiendo que así nunca más un colega director de un establecimiento educacional podrá negar la matrícula a una alumna embarazada.
Por las razones expuestas, votaremos a favor la modificación del Senado.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Con la venia de la Sala, tiene la palabra la subsecretaria del Sernam, señora Karen Herrera.
La señora HERRERA, doña Karen ( Subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer ).-
Señor Presidente , el embarazo adolescente afecta de manera significativa los índices nacionales de aborto. Este es un grave problema de salud pública, pues el aborto en mujeres adolescentes repercute de manera decisiva en su salud psicofísica, afectando su desarrollo integral y bienestar futuro. Dada la relación existente entre el embarazo adolescente y la pobreza, la salida de una menor del sistema educacional agudiza aún más la situación, en la medida en que la pérdida de sus estudios puede dificultar sus posibilidades de acceder a un trabajo de mejor calidad. Impedir u obstaculizar a una adolescente embarazada la continuación de su escolaridad en razón del embarazo conculca el derecho constitucional a la educación.
El derecho a la educación y el principio de no discriminación no pueden entenderse en contradicción con el derecho a la libertad de enseñanza. Ésta no puede esgrimirse para vulnerar el derecho a la educación de las menores. Sería como autorizar que por esa misma libertad de enseñanza un colegio pudiera ir en contra de derechos esenciales y constitucionales. No se transgrede la Carta Fundamental al obligar a los colegios que respeten la Constitución y las leyes. Dejar los problemas educacionales de las embarazadas en manos de los educadores no ha garantizado el derecho a la educación de aquéllas en este último tiempo.
Al parecer, la redacción propuesta por el Senado es más simple, pero inequívoca. Establece un principio general y no se presta a interpretaciones, como ha sucedido hasta ahora.
Muchas gracias.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO .-
Señor Presidente , escuché con mucha atención la intervención de la señora subsecretaria. Cuando personas jóvenes adoptan en forma muy propia un tema de trascendencia mundial, como el que hoy tratamos, nos enorgullecemos, pues por muchos años se ha hablado de la despreocupación de la juventud por quienes rasgamos vestiduras por problemas de esta naturaleza.
El proyecto que nos ocupa tiene una importancia social y ética de enormes proporciones. Habrá que tolerar el retraso con que llega a nuestra sociedad. Es sabido que el número de embarazos adolescentes va en aumento, fruto de los profundos cambios culturales de nuestra sociedad, buenos o no, que provocan que los jóvenes tengan una vida sexual activa muy prematuramente, a diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas. Al mismo tiempo, el régimen de libertad en que vivimos permite que este tipo de fenómenos -otrora ocultos casi por la fuerza, debido al reproche familiar y social- salgan a la luz pública. La historia juzgará.
Nuestra Constitución declara de manera simple y decidida la salvaguardia del derecho a la vida del que está por nacer. Curiosamente, ello nos lleva al gran problema del aborto. Es, claro, otro inciso, pero el mismo escenario. No podía ser de otra manera y la iniciativa va en esa dirección: protege al no nato, al desincentivar el aborto provocado y, al mismo tiempo, defiende el derecho constitucional de las jóvenes de mantenerse en el sistema educacional, del cual, en otros tiempos o gobiernos, eran lisa y llanamente expulsadas, condenándolas a la educación vespertina o, simplemente, a quedar con estudios inconclusos.
Por ello, con mucho respeto, debo señalar que no me parece atentatoria a la libertad de enseñanza, como ha sostenido mi estimado colega señor Bartolucci , a quien considero un gran legislador. Por eso, pido disculpas.
A mi juicio, la iniciativa hace justicia a una situación de desequilibrio manifiesto. Cuando el varón embarazaba a una mujer podía seguir estudiando, a diferencia de su pareja. Invito a reflexionar sobre lo expresado: a diferencia de su pareja. Este es un problema de la más esencial equidad, que se repara con esta iniciativa. Sin embargo, creemos que la decisión que ya tomara por la vía administrativa el Presidente señor Ricardo Lagos , cuando era ministro de Educación , de prohibir la expulsión de los colegios de las adolescentes embarazadas, debería ser imitada por los establecimientos privados, tanto pagados como subvencionados. Entiendo así el proyecto en estudio. Por ello, considero fundamental que el Ministerio de Educación, al evaluar el desarrollo de proyectos, por ejemplo Monte Grande, favorezca también a importantes colegios católicos, que debieran incorporar como factor de evaluación el respeto por los derechos de los alumnos en su calidad de sujetos de prerrogativas.
Se puede ahondar mucho en el tema, que llega a nuestra sociedad un tanto atrasado debido a una cultura de siglos, pero que debiera concitar el apoyo unánime de la Sala por sus evidentes consecuencias positivas y por la defensa que conlleva del derecho a la vida del que está por nacer y de la dignidad de las madres estudiantes o adolescentes.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , el proyecto en estudio tiene su origen en una moción patrocinada por parlamentarios de distintos partidos políticos, entre los cuales figuran las diputadas señora María Angélica Cristi , de Renovación Nacional; la señora María Antonieta Saa , diversos parlamentarios en ejercicio y ex parlamentarios, como la señora Rommy Rebolledo.
A mi juicio, se trata de una gran iniciativa legal. Así lo planteé en su oportunidad, cuando se debatió en su primer trámite constitucional. Este es exactamente el tipo de legislación que resuelve problemas haciendo prevalecer principios que pudieran aparecen en controversia, a través de un procedimiento que, en mi concepto, es el correcto.
Los antecedentes que constan en el informe del Senado, que lo trató en segundo trámite constitucional, nos entregan cifras dramáticas respecto de los embarazos. Por ejemplo, según la encuesta realizada en l993 por el Ministerio de Educación, el 16 por ciento de las niñas embarazadas corresponde a menores de 16 años, cifra que en los sectores rurales se eleva a 45 por ciento; el 90 por ciento de los embarazos se produce en la enseñanza media y ello genera casi un 40 por ciento de deserción escolar, o sea, cuatro de cada diez niñas embarazadas abandonan el colegio y no continúan sus estudios.
Aquí hay principios en juego que, en mi concepto, el proyecto los resuelve en forma adecuada. Por un lado, la sociedad chilena entiende que uno de sus principales problemas lo constituye el aborto y que la necesidad de dar protección a la vida del que está por nacer es uno de los temas más candentes, en particular en el mundo de los jóvenes. Las cifras dicen que en el país hay más o menos 200 mil abortos al año. ¿Qué hace la sociedad? A las niñas embarazadas les dice que asuman responsablemente su maternidad, que no las va a discriminar; que, si bien pueden haber dado un paso en falso, son jóvenes y tienen pleno derecho a hacer su vida de manera feliz e íntegra. Como señalaba la diputada señora Saa , muchas son niñitas pobres, pero, en lugar de recurrir al camino del aborto, deben optar por el de la vida. Sin embargo, cuando se trata de salvar el primer obstáculo, la posibilidad de continuar en el colegio donde se están educando, se había hecho una práctica -no sé cuánto ocurre en la actualidad, pero hasta hace poco tiempo era habitual- que los colegios les impidieran seguir estudiando, con lo cual se les cerraba la principal puerta para tener una vida normal: mantener su educación.
Con justa razón, alguien podrá decir que el embarazo precoz es un paso en falso, pero, ¡por favor!, no es un delito; es un paso que, nada menos, da origen a la vida de una nueva persona en nuestra sociedad.
De manera que aquí ha habido una gran contradicción: so pretexto de la libertad de enseñanza, se paraliza la posibilidad de que una persona pueda preservar el derecho a la vida. Digamos las cosas como son: cuando una niñita es arrinconada, la sacan del colegio, le provocan el trauma de abandonar su educación, de dejar de lado a sus amistades, de irse a otro colegio y de tener un 40 por ciento de deserción escolar, se le está empujando al aborto.
Por lo tanto, hay dos derechos que están en juego: el de los establecimientos educacionales a decidir, en forma libre y autónoma, quiénes se educan en su interior, y el de la sociedad a crear condiciones que protejan adecuadamente el derecho de la vida del que está por nacer. No hay duda de que el legislador hace lo correcto al hacer prevalecer este último derecho.
Por lo demás, hay un factor adicional: ésta es una de las normas más discriminatorias en contra de las mujeres. La razón es muy simple. Cuando la niñita queda embarazada, le ponen obstáculos para estudiar; pero al padre, que provoca el embarazo, no le ponen ninguno.
Por lo tanto, no hay duda de que cuando hablamos de una norma o de una conducta discriminatoria de los colegios, el razonamiento es correcto.
En consecuencia, el proyecto establece una regulación, porque el legislador ha dado mayor valor al derecho a la vida del que está por nacer, que a la plena autonomía que pueda tener un establecimiento educacional para decidir quiénes ingresan a él, valor que cuestiono -en eso discrepo de mi amigo el diputado señor Bartolucci -, porque pienso que el valor de la enseñanza no es único. Hay otros principios constitucionales con igual o más valor y, además, porque en este caso se topa con el dato objetivo que estaría condicionado por un acto de discriminación que la sociedad no puede aceptar, como el que acabo de señalar respecto del padre y la madre en edad escolar.
En conclusión, esta es una buena iniciativa, pero quiero agregar que el Senado fue más lejos que la Cámara. Pregunté al informante del proyecto, diputado señor Elgueta , por qué se hizo el cambio de redacción, pues veía que la Cámara aceptó el cambio sin entender qué ocurría. Gracias al señor Secretario de la Cámara , obtuve el informe de la Comisión de Educación del Senado, en el que se señala la siguiente razón: “En seguida, en el entendido de que el precepto acordado en primer trámite constitucional -es decir, la Cámara- podría restringir el alcance del criterio absoluto de no discriminación de los estudiantes en comentario, al ser susceptible de interpretaciones que distorsionarían el espíritu del legislador por la contradicción que se evidencia entre las frases separadas por una coma en el primer párrafo del artículo único, la Comisión optó por darle una nueva redacción que, mediante un mandato legal inequívoco, evite supeditar el derecho de que se trata a cualquier norma de inferior jerarquía”.
Es decir, el Senado dijo: La redacción de ustedes puede generar interpretaciones equívocas, a raíz de que en la Cámara se señalaba que existía el derecho a acceder a los establecimientos educacionales de cualquier nivel y a permanecer en ellos, y agregaba: “..., cumpliendo con los requisitos generales de admisión y permanencia en los citados establecimientos”. Entonces, el Senado manifestó que, por la vía de esos requisitos, el día de mañana podrían establecerse normas que contrariaran las disposiciones del inciso primero y, en definitiva, fuera letra muerta. El Senado suprimió esa frase y dejó un texto limpio, que expresa: “El embarazo o la lactancia materna no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel”, con lo cual evitó la eventual interpretación incorrecta.
En síntesis, me parece un excelente proyecto, una iniciativa que apunta en la dirección correcta. No creo que se afecten la autonomía, independencia y libertad de enseñanza. Pienso que el legislador tiene pleno derecho a hacer prevalecer un valor superior, como el derecho a la vida del que está por nacer. Tampoco creo que afecte el principio de la libertad de enseñanza, porque no hay duda de que una norma que impida a las niñas embarazadas estudiar en los establecimientos educacionales contiene un principio de discriminación no aceptable, de acuerdo con los tratados internacionales que el país ha suscrito.
Por las razones expuestas, los diputados de Renovación Nacional vamos a votar favorablemente la iniciativa.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , quiero sumarme a las expresiones de satisfacción por encontrarnos en el último trámite de una moción de tanto significado y al reconocimiento hecho a sus autores. Naturalmente, la bancada del Partido Socialista anuncia que aprobará.
Sin duda, nos encontramos ante la protección de un derecho para la mujer adolescente, en una circunstancia vital en que requiere la máxima protección.
Es realmente aberrante y doloroso -lo digo desde el primer momento- que tengamos que colocar esta exigencia, cuando lo natural debiera ser que una sociedad no discrimine, no maltrate, no dañe a quien requiere un especial cuidado y protección; más aún a quien está afrontando una situación que no debiera ni ha elegido vivir y que es de responsabilidad de todos nosotros que la viva.
Entonces, estamos corrigiendo una situación muy aberrante, antiética, que constituye una falla de nuestra sociedad. De ahí su importancia. Si bien el proyecto es muy simple, está aludiendo a problemas humanos, morales y societales muy profundos que nos obligan a observar nuestra conducta y a mirarnos como sociedad.
Por eso es satisfactorio darnos cuenta de que ya estamos al final de la tramitación de la iniciativa. Pero este malestar que siento tiene que ver también con que han pasado cinco años desde que esta moción fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado, lo cual es bastante grave, y hay que decirlo aquí con franqueza. Debemos preguntarnos por qué ocurrió, más allá de las perfecciones introducidas por el Senado, las que valoro, ¿pero por qué esa demora de cinco años? Cabe reflexionar sobre el hecho de que entre nosotros todavía existen criterios bastante premodernos, que no han entendido la importancia de la legislación antidiscriminatoria.
Aquí quiero manifestar mi diferencia con el diputado señor Bartolucci. La hemos tenido y seguramente existirá en el futuro, por cuanto es parte de lo que representa la Cámara: poder expresar nuestras discrepancias.
A mi juicio -así lo pensó la mayoría del Senado y ya lo había planteado la Cámara-, corresponde legislar, porque en el país tenemos una gran cantidad de normas discriminatorias. Sin duda, el principio constitucional existe, pero no basta. Ésta es una legislación antidiscriminatoria, pues persigue la eficacia práctica, concreta y real de un principio básico que reconoce la Constitución, frente al cual estamos obligados, porque está consagrado ampliamente en tratados internacionales y porque, además, el artículo 5º de nuestra Carta Fundamental nos obliga a ser concordantes con dichos tratados.
Aún más, otro colega ha mencionado que la Convención sobre todas las formas de discriminación en contra de la mujer obliga a los Estados a dictar la legislación que asegure la efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Por consiguiente, en este momento estamos siendo coherentes al responder a esa obligación.
Señor Presidente , en este último trámite volvemos a colocar en el tapete un tema que, sin embargo, está pendiente entre nosotros.
Me alegra mucho haber escuchado el reconocimiento tan claro del diputado señor Espina respecto de la gravedad del problema del aborto inducido en nuestro país y de que sus cifras son extraordinariamente elevadas. De nuevo estamos entre los primeros en un “ranking” doloroso, lugar que ojalá no ocupásemos. Él habla de 200 mil abortos, cálculo reconocido por la Organización Mundial de la Salud respecto de la magnitud del aborto inducido en nuestra sociedad.
Me alegra, porque, aun cuando éste no es sólo un problema cuantitativo, el hecho de que su número sea tan alto nos indica que aquí tenemos una falla, un problema. No hay duda alguna de que nuestra tendencia a eludir un problema difícil, complejo y sobre el cual hay diferencias para abordarlo, está significando, entre otros, el problema del embarazo de adolescentes.
Tal como lo señaló la diputada señora María Antonieta Saa , está pendiente entre nosotros el tema de la educación sexual, de entregar a nuestros adolescentes los elementos informativos y formativos que les permitan iniciarse a la vida sexual con madurez, pero también con seguridad.
Me parece muy importante haber planteado aquí este tema con la gravedad que reviste; pero no basta con eso, porque también deberíamos reconocer nuestra responsabilidad por mantener este tema pendiente, el cual debemos abordar con valentía.
Por lo tanto, debemos ser capaces de revisar nuestras responsabilidades como legisladores, frente a nuestra juventud y con nosotros mismos, con el objeto de ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Por último, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , como médico y como padre, me es muy grato el hecho de que este proyecto de ley será aprobado -lo afirmo basado en los antecedentes y en lo expresado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra-, pues esta legislación favorecerá a una adolescente que, probablemente por desconocimiento o por un conocimiento insuficiente, ha quedado embarazada.
Quienes me han antecedido en el uso de la palabra ya han sostenido que existe una relación entre la pobreza, la ruralidad y el 40 por ciento de las deserciones escolares.
Comparto lo dicho por la colega Fanny Pollarolo , de aplaudir a quienes presentaron esta moción parlamentaria; asimismo, agradezco a los parlamentarios de Renovación Nacional, quienes han coincidido con nosotros en la importancia de que el derecho de las adolescentes y el derecho a la vida están por sobre la libertad de enseñanza.
Hemos hecho grandes aportes para buscar mecanismos que nos permitan disminuir la cantidad de abortos que se realizan en Chile, los que, como ha manifestado el diputado señor Espina, ascienden a más de 200 mil. Si queremos evitar los abortos, demos a las personas la posibilidad de ser acogidas.
También es muy importante lo dicho por la diputada señora María Antonieta Saa respecto de la educación en esta materia. Es fundamental que en nuestros establecimientos educacionales se impartan cursos de educación sexual, con el objeto de que nuestros niños y adolescentes sean responsables de su sexualidad. Creo que esto está muy relacionado -no vamos a alcanzar a tratar el proyecto respectivo en el día de hoy- con los problemas que tenemos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida.
Quiero tocar otro tema a raíz de esta situación.
Estamos muy preocupados por la violencia que existe en nuestros establecimientos educacionales, la cual se debe precisamente a una falta de comunicación entre los alumnos, el profesorado y los centros de padres y apoderados. La injusticia lleva habitualmente a que nuestros jóvenes reaccionen con violencia en determinadas circunstancias.
A su vez, necesitamos dictar una legislación especial para los menores. No es un problema de discernimiento entre los 16 y 18 años o entre los 14 y 16 años. Así como en medicina existe la pediatría para tratar a los menores porque se estima que son personas que están en crecimiento y, por lo tanto, tienen un estado fisiológico especial, también debe ocurrir algo similar con la parte legal aplicable a los menores.
Termino mi intervención anunciando la votación favorable de la bancada del Partido Radical Social Demócrata a esta moción parlamentaria, la que hace justicia a nuestras adolescentes y que les da un trato igualitario. Además, consideramos que esta norma evitará un número importante de abortos, disminuirá la deserción escolar y evitará que se produzca una mayor pobreza a futuro.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Están inscritos los diputados señores Velasco, Urrutia, Letelier, don Juan Pablo; Ibáñez y la señora Pérez, doña Lily. Por lo tanto, les solicito que inserten sus discursos, porque, por haberse terminado el tiempo del Orden del Día, corresponde votar en primer lugar el informe de la Comisión Mixta, contenido en el boletín Nº 739-07.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bartolucci para referirse a un asunto de Reglamento.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, se trata de una consulta reglamentaria, respecto de la cual puedo estar equivocado.
Como aún hay varios parlamentarios inscritos, a mi juicio corresponde continuar el debate en la próxima sesión, con el objeto de que todos los diputados puedan hablar antes de votar.
Es efectivo que habíamos acordado votar estas materias al final del Orden del Día; pero estimo que eso se acordó en el entendido de que no quedaran diputados inscritos, o sea, de que efectivamente hubiera terminado el debate; pero habiendo parlamentarios inscritos que no han intervenido, corresponde que esta materia se siga discutiendo en la próxima sesión.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , en verdad, no hay un acuerdo específico al respecto. En principio habíamos decidido votar a esta hora.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , creo necesario dividir la votación porque hay un artículo de quórum calificado, que se refiere a la amnistía.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , en opinión de la Mesa, el informe de la Comisión Mixta debe votarse en su totalidad.
Queda pendiente la votación.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor BARRUETO (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, en lo relativo al derecho de las estudiantes que se encuentran embarazadas o que sean madres lactantes, de acceder a los establecimientos educacionales.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Aprobadas.
(Aplausos).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvo el diputado señor
El señor BARRUETO (Presidente).-
Ha terminado el Orden del Día.
El señor MELERO.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , lamentablemente, no ha podido tratarse la moción que establece normas sobre prevención de la infección causada por el virus del sida, iniciativa que, a mi juicio, es de gran importancia.
Dado lo avanzado de la hora, solicito que se recabe el acuerdo de la Sala para que el proyecto se coloque en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Señor diputado , aunque tenemos varias proposiciones en ese sentido -que la Mesa comparte-, la decisión ha sido colocar dicho proyecto en la tabla de la sesión del próximo jueves.
Citaré de inmediato a reunión de Comités para recabar el acuerdo sobre el tema.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL “CASO MATUTE”. (Continuación).
El señor BARRUETO (Presidente).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura al primero.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 385, de los diputados señores Ojeda, Ceroni, Ulloa, Velasco, Fossa, Ortiz, Van Rysselberghe, Salas, Barrueto y Navarro:
“Considerando:
1. Que el día 20 de noviembre del año recién pasado, desapareció misteriosamente desde un recinto bailable denominado discoteque “La Cucaracha”, el joven Jorge Matute Johns, estudiante de ingeniería forestal de la Universidad de Concepción, soltero, de 24 años de edad, por lo que desde esa fecha se desconoce absolutamente su actual paradero, como asimismo su estado y condiciones en que se encontraría.
2. Que este hecho ha provocado en la opinión pública conmoción y preocupación, dadas las características, informaciones y contradicciones que reviste el hecho mismo, sobre todo tratándose de un joven, hijo de un dirigente gremial del petróleo que desaparece sin dejar rastro alguno, y sin existir motivo que pueda justificar una situación grave en su contra.
3. Que no obstante tratarse de un hecho policial que investigan los tribunales de justicia, en que se presume la comisión de un delito, desde su desaparición o secuestro hasta el presunto homicidio; otros antecedentes ligados a este hecho sugieren, incluso, connotaciones de carácter político y/o de terrorismo o de otra naturaleza.
4. Que pese a la excelente labor que realiza la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Concepción que instruye el sumario, señora Flora Sepúlveda, en la investigación del hecho, no ha habido claridad respecto a lo ocurrido, ni determinación de la identidad del o de los presuntos partícipes, por lo que no hay pistas que permitan disipar y establecer lo ocurrido y/o dar con el paradero del joven Matute Johns.
5. Que se ha formado en la opinión pública la impresión de que personas o grupos estarían haciendo uso o influencias que tiendan a hacer fracasar la investigación por parte de la justicia o que simplemente existirían elementos o antecedentes extrajudiciales que estarían comprometidos en los hechos.
6. Que la no resolución del caso, pese a los grandes esfuerzos, hacen dudar, también, de la eficacia de los organismos encargados de investigar y colaborar en la acción de la justicia, peligrando su credibilidad y poniendo en evidente riesgo la impunidad de un hecho de estas connotaciones, en el caso de que finalmente fuera un hecho delictivo, creándose un grave y funesto precedente.
7. Que es un deber de la Cámara de Diputados, como organismo fiscalizador, el velar por el correcto funcionamiento de los Servicios del Estado, controlando su actuación o constriñendo su actuar, de acuerdo con la ley y la Constitución Política de la República de Chile, en resguardo de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho que dé a las personas garantías de seguridad pública y protección.
Por este motivo es que venimos en presentar el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Que se constituya en esta honorable Cámara de Diputados, una Comisión Especial cuyo objetivo sea el determinar de qué manera los organismos pertinentes han colaborado en la investigación del llamado “Caso Matute”. Se deberá precisar, además, si ha habido expedición y diligencia, si han intervenido o no elementos ajenos a lo judicial que interfieran la investigación. La Comisión Especial deberá precisar también la infraestructura puesta al servicio de los organismos encargados de la investigación, recursos humanos y técnicos y la intervención que los demás organismos del Estado han tenido para colaborar en el éxito de la investigación”.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Este proyecto de acuerdo se vota por última vez.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Pérez , doña Lily.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , deseo recabar que este proyecto de acuerdo se apruebe por unanimidad por tratarse de un hecho que ha causado conmoción pública y sobre el cual deberíamos dar una señal muy rápida.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
Un señor DIPUTADO.-
Que se vote.
El señor BARRUETO (Presidente).-
En votación.
El señor BARRUETO (Presidente).-
(Aplausos).
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
-Se abstuvieron los diputados señores:
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE NORMATIVA SOBRE REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR.
El señor BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 382, de los señores Velasco, Vilches, Ortiz, Pareto, Krauss, Urrutia, Villouta, Jiménez y señora Adriana Muñoz:
“Consideraciones generales:
1. Que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones tiene las facultades para dictar decretos que regulen el normal funcionamiento de las materias de transporte.
2. Que el plazo fijado por la ley para hacer exigibles los requisitos para la obtención de licencias de conducir profesionales, se encuentra vencido.
3. Que en la actualidad no ha sido solicitada la acreditación de nuevas escuelas de conductores profesionales en el país.
4. Que la existencia insuficiente de escuelas de conductores profesionales en todas las comunas y provincias, encarece los costos, llegando éstos por sobre los 300 ó 400 mil pesos.
5. Que muchos hogares verán desmedrada su situación económica, ya que el padre de familia y trabajadores en general, obtienen su sustento manejando un vehículo de transporte público, camión u otro, cosa que no podrán seguir realizando debido al vencimiento de sus licencias provisorias.
6. Que, además, los cursos para conseguir licencia clase A1 o A2, exigen 150 horas de clases especializadas, lo que les quita tiempo vital para su jornada de trabajo.
Por tanto:
La Cámara de Diputados acuerda oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que éste dicte un decreto que prorrogue por un año la entrada en vigencia de la normativa estipulada, para que en dicho lapso, el Ejecutivo analice la situación actual del país y se aboque a alcanzar una solución definitiva en esta materia”.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Velasco.
El señor VELASCO .-
Señor Presidente , los choferes de la locomoción colectiva y de vehículos pesados están enfrentando un grave problema al renovar y obtener sus licencias clases A1 ó A2, el cual cruza todas y cada una de las regiones del país, toda vez que se les exige seguir un curso por 150 horas y, además, pagar entre 300 y 400 mil pesos.
Desgraciadamente, en muchas regiones del país no existen escuelas de choferes profesionales en las cuales realizar los cursos. Aún más, sus cobros excesivos impiden que muchos puedan obtener o renovar sus licencias en las direcciones de tránsito municipales correspondientes, por lo que se ha creado una gran cesantía, por un lado, e intranquilidad para quienes hoy están realizando una labor tan importante, como es el transporte de carga y de pasajeros, por otro.
Por lo tanto, hemos insistido ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se flexibilice la exigencia y se prorrogue por un año la posibilidad de realizar el curso, considerando que su costo es demasiado oneroso, y de que no se afecte a las escuelas profesionales en cuanto a impartir como corresponde las clases que los choferes deben recibir.
Por otra parte, el proyecto solicita algo muy simple al Ejecutivo: prorrogar por un año la entrada en vigencia de la normativa aludida precedentemente. Cabe considerar que en el Diario Oficial de 23 de marzo último apareció una disposición que otorga facilidades sólo a algunas regiones para prorrogar el curso en un año más, en atención a que no había la implementación necesaria en las escuelas que dictan los cursos. Aún más, a los choferes se les exige que lleven sus buses o camiones para poder impartírseles la instrucción específica sobre la materia.
Por lo tanto, solicito aprobar el proyecto de acuerdo, a fin de dar tranquilidad a miles de choferes que van a quedar cesantes si no se posterga la exigencia por un año.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA .-
Señor Presidente , la finalidad del proyecto es extremadamente buena, pero, en la práctica, nos servirá sólo para generar mayor preocupación por la situación que se plantea, tanto en la Sala como en el Ministerio de Transportes, a través del Subsecretario señor Patricio Tombolini. Es así porque, lamentablemente, el decreto no está por sobre la ley. En ese sentido, aun cuando apoyamos el proyecto, lo que trata no es materia de decreto, sino de ley, cuestión que preocupa a todas las bancadas presentes, porque debemos reconocer que, definitivamente, la ley Nº 19.495 es muy mala. En efecto, establecimos cinco clases de licencias, lo que hoy, en la práctica, significa que la gente, para tener derecho a conseguir el pan que llevará a su casa, necesita dos millones y medio de pesos; porque deben sumarse, aproximadamente, 350.000 pesos por cada uno de los cinco cursos.
Entonces, estamos en el peor de los mundos. La ley es pésima y, en consecuencia, a través de este proyecto de acuerdo -que vamos a apoyar en el entendido de que, repito, sirve para suscitar mayor preocupación por el tema-, solicito que el Presidente de la República disponga “discusión inmediata” del proyecto respectivo, a fin de corregir un problema que no es del Ejecutivo , sino nuestro.
Reitero que elaboramos una ley deficiente y es bueno reconocerlo.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Sala, se aprobaría por unanimidad.
No hay unanimidad.
En votación.
El señor BARRUETO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
PRÓRROGA DE PLAZO PARA ACOGERSE A BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO Nº 81, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO.
El señor BARRUETO (Presidente).-
El señor prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 384, de los señores Leay, Molina, Pérez, don Víctor; señora Caraball, doña Eliana, y señores Pareto y Jarpa:
“Considerando:
1. Que producto de la crisis económica que afectó al país y que generó un alto porcentaje de cesantes, un número importante de deudores del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) se vieron en la imposibilidad de pagar sus dividendos.
2. Que con el objeto de aliviar la aflictiva situación por la que atravesaban estas personas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó el decreto Nº 81, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de junio de 1999.
3. Que mediante el referido decreto se facultó a los directores de los Servicios de Vivienda y Urbanización para suspender por el plazo de seis meses, el cobro de los dividendos correspondientes al servicio de deudas provenientes de la adquisición de viviendas, a aquellos deudores del Serviu que se encontraren cesantes o cuyo cónyuge se encontrare en tal situación, en los plazos y condiciones establecidos en el mismo decreto. El plazo para solicitar los beneficios según el referido decreto vencía el 31 de diciembre de 1999.
4. Que mediante el decreto Nº 236 del Ministerio de Vivienda, publicado en el Diario Oficial con fecha 18 de febrero de 2000, se amplió el plazo para solicitar el beneficio hasta el 31 de marzo próximo.
5. Que sólo en la Región Metropolitana más de 28.000 personas se han acogido a este beneficio.
6. Que dada la mantención de altos niveles de cesantía, parece conveniente mantener estos beneficios por un período de tiempo adicional al estipulado.
Proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar al Presidente de la República decrete la prórroga del plazo que el decreto Nº 81 del Ministerio de Vivienda establece para que los deudores de dividendos del Serviu puedan acogerse a los beneficios que contempla ese cuerpo legal, particularmente en lo relativo a la suspensión del pago del dividendo”.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, aunque el tema es bastante simple, dice relación con otros que hoy han estado sobre el tapete.
Se han postergado planes de empleo como consecuencia de que se mantienen ciertos niveles de cesantía en los municipios. Lo mismo sucede con relación al servicio de dividendos. En efecto, mucha gente deudora del Serviu obtuvo los subsidios correspondientes, pero, lamentablemente, está cesante. Todavía no ha bajado el desempleo; y el plazo para acogerse al beneficio establecido en el decreto Nº 81, del Ministerio de Vivienda, venció el 31 de marzo de este año.
Entonces, se solicita al Presidente de la República que se conceda una prórroga hasta que recuperemos los niveles de empleo normales. Por eso, pido a la Cámara que nos apoye en esta iniciativa que favorece a muchos deudores.
He dicho.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobar este proyecto por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor BARRUETO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló,
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Antes de pasar al siguiente proyecto de acuerdo, cito a reunión de Comités, en la Sala de Lectura, a las 13.45 horas; es decir, en cinco minutos más.
REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS POR CONCEPTO DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS OTORGADOS DESDE 1987 EN ADELANTE.
El señor BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 386, de los señores Galilea, don José Antonio; Álvarez-Salamanca, García, don René Manuel; Huenchumilla, Orpis, Velasco y Martínez, don Rosauro:
“Considerando:
1. Que la ley Nº 19.083, de 1991, permitió a los beneficiarios del crédito fiscal universitario, establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, reprogramar las deudas contraídas por este concepto, ya sea con el fisco o las instituciones de educación superior en los términos establecidos para ello.
2. Que, actualmente, existe un número importante de estudiantes de educación superior que se encuentran morosos en el pago de sus créditos universitarios, a muchos de los cuales por esta causa se les impidió continuar con sus estudios, truncando con ello la posibilidad de terminar una carrera profesional que les permita efectivamente solventar adecuadamente los compromisos adquiridos como el crédito fiscal.
3. Que si bien es cierto la citada normativa permitió la reprogramación de las deudas en comento, ésta sólo favoreció a las personas que recibieron crédito fiscal para financiar el todo o parte de sus estudios universitarios, en el período que va desde 1981 a 1987, muchas de las cuales a la fecha tenían cuotas impagas.
4. Que la normativa permitió que los deudores reprogramaran el vencimiento de sus cuotas, para lo cual se condonaron intereses moratorios, siempre y cuando la reprogramación se efectuara dentro de un plazo establecido. Al mismo tiempo, para incentivar el pago de las cuotas programadas, se estableció que el monto máximo por pagar en cada anualidad no podría ser superior al 5 por ciento de los ingresos del deudor.
5. Que, además, se estableció un incentivo para quienes, estando al día en el cumplimiento de sus obligaciones, anticiparan el pago, consistente en el descuento de un porcentaje de los pagos efectuados, lo que demuestra una cuestión de mínima equidad.
6. Que al otorgar la reprogramación un nuevo plazo, se permitió la suspensión de los procedimientos de apremio que se hubieren iniciado en contra del deudor del crédito fiscal,
Proyecto de acuerdo:
Por las razones expuestas, la honorable Cámara de Diputados acuerda solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley, que permita la reprogramación de las deudas por concepto de créditos universitarios para todos aquellos deudores no contemplados en la ley Nº 19.083, es decir, desde 1987 en adelante.
Al mismo tiempo, que la iniciativa a remitir establezca con claridad si el saldo deudor contempla los gastos y costas procesales por cobranzas que se hubieren generado y que, además, se precise la naturaleza jurídica del documento que se suscribirá para efectos de la reprogramación, como asimismo el porcentaje -por ingreso anual- a pagar como tope de la cuota del crédito reprogramado”.
El señor BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para hablar en contra.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para aprobarlo en forma unánime?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
El señor BARRUETO (Presidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
ESTUDIO SISTEMÁTICO Y ORGÁNICO DE LOS PROYECTOS DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 387, de los diputados señores Krauss, Elgueta y Álvarez y de la diputada señora Laura Soto.
“Considerando:
Que desde el establecimiento de la actividad parlamentaria se han propuesto numerosas modificaciones a la Constitución Política de la República actualmente vigente;
Que tales propuestas han emanado tanto del Ejecutivo como de diputados y senadores integrantes de todos los sectores políticos representados en el Congreso Nacional y se han referido a la casi totalidad de la normativa constitucional;
Que tales iniciativas han tenido el propósito de perfeccionar la institucionalidad, introduciendo en la Carta Fundamental modificaciones surgidas de la experiencia práctica derivada de su aplicación;
Que parece conveniente que el estudio de esas iniciativas se realice en forma orgánica y sistemática del tal modo que, si correspondiere, el pronunciamiento del constituyente se refiera a la institucionalidad integral y no sólo a aspectos singulares de ella, lo que deriva en pérdida del sentido unitario que debe caracterizar a un texto fundamental;
Que ese objetivo se logra si se lleva a cabo un análisis conjunto de las modificaciones sugeridas, tarea que podría acometer la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Corporación;
Que este acuerdo fue anteriormente propuesto a la Corporación no encontrando mayores rechazos, aunque no reunió el quórum necesario para entenderse aprobado;
Que, no obstante lo anterior, es conveniente insistir en una materia que contribuiría al ordenamiento del tratamiento de las prioridades que pretenden modificar el texto fundamental, que requieren una visión amplia y general, de manera de mantener la adecuada correspondencia y armonía.
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Encomendar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que podrá cumplir sus labores en subcomisión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 218 del Reglamento, un estudio sistemático y orgánico de los proyectos de reforma constitucional actualmente pendientes en el Congreso Nacional”.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo fue presentado hace algún tiempo y, lamentablemente, fue rechazado por no reunir el quórum necesario. Ojalá que ahora no ocurra lo mismo.
Su propósito es realizar un catastro de todas las iniciativas tendientes a reformar la Constitución, el que es compartido por todos los sectores representados en la Corporación, y hoy adquiere mayor importancia, debido a la convocatoria formulada por el Presidente de la República en el sentido de que el gran esfuerzo por reformar la institucionalidad se verifique precisamente aquí, en el Congreso Nacional, conforme corresponde.
Asimismo, pidió que el Senado, con participación de la Cámara de Diputados, se aboque a dicho estudio y se busquen los respectivos acuerdos en este foro democrático.
Esta idea, reitero, compartida por todos los sectores representados en la Cámara, proporcionará un insumo imprescindible, de manera de lograr una visión integral, casi cósmica, de las iniciativas tendientes a reformar nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , quiero consultar al diputado señor Krauss si el proyecto de acuerdo se refiere sólo a las iniciativas presentadas, a las pendientes o abre la puerta a nuevos proyectos de reforma constitucional.
El señor LEÓN ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Krauss para aclarar la duda del diputado señor Leay.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , la idea abarca todos los proyectos de reforma constitucional pendientes en su Cámara de origen o en la revisora, sean mociones o iniciativas del Ejecutivo , a fin de tener una visión completa, universal, integral de los propósitos de reforma.
Sobre el particular, la percepción de la importancia del tema llevó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aun sin este respaldo necesario, a comenzar a trabajar en la materia, asignando la coordinación de dicha actividad a nuestra colega señora Pía Guzmán.
He dicho.
El señor LEON (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
VII. INCIDENTES
FISCALIZACIÓN DE VEDA DEL JUREL EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficio.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Puede hacer uso de la palabra el diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , la crisis del jurel golpea fuertemente la economía de la Octava Región. Basta tener presente que en 1994 su captura alcanzaba a 4,4 millones de toneladas y hoy, debido al fenómeno de “El Niño”, no supera los dos millones de toneladas, en el mejor de los casos. En los últimos años, junto con verse afectado el recurso, ha disminuido la disponibilidad de ejemplares adultos.
Por esta situación, la Subsecretaría de Pesca ha dispuesto la veda del jurel con el objeto de preservar la existencia del recurso, afectada por la pesca exagerada y, además, para mantener los puestos laborales de más de dos mil trabajadores del sector, ambos muy loables.
Comparto los fundamentos y la decisión de la autoridad. Sin embargo, no comprendo que, a renglón seguido, se exceptúe el jurel que se captura para consumo humano. Con ello, una vez más, se abre un espacio para el abuso y para la más profunda de las iniquidades, ya que, como todos sabemos, mediante el pretexto de que el jurel es llevado para ser procesado en las plantas conserveras, sólo una ínfima parte de cada uno de los ejemplares se destina a este efecto, y el resto es prontamente trasladado a las plantas de harina de pescado que funcionan a plena capacidad.
Este abuso es graficado por los tarros individuales de conserva de jurel, inventado por algún cerebro privilegiado, de un ancho que no va más allá de un palmito. Se aprovecha una parte pequeñísima del jurel para llenar el tarrito y el resto va a las plantas de conserva.
Pero hay una cara muy dramática y triste en esta materia. Por ejemplo, las plantas de harina de pescado de Lota no tienen adosadas plantas conserveras, como sí las poseen los grandes industriales de la Octava Región. En consecuencia, no pueden burlar esta decisión de la autoridad y los trabajadores soportan, cada vez que se dicta un decreto como éste, la más cruel de las situaciones por la imposibilidad de los empresarios de Lota de mantener esa fuente de trabajo.
A mi juicio, es hora de comenzar a crecer y a soportar los costos de sacrificio con igualdad. Estimular situaciones perversas, como las descritas, iniquidades como las que sufren los trabajadores de Lota, constituye un agravio para quienes todavía confían en las autoridades que recientemente han asumido el gobierno del país.
Pido oficiar al ministro de Economía a fin de que disponga una investigación acerca de la forma como se está cumpliendo la normativa impuesta. En el caso de ser efectivo mi reclamo, solicito adoptar las medidas correspondientes para impedir que se siga burlando la decisión de la autoridad.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados señores Ceroni , Navarro , Mulet , Letelier , Fossa , Vilches , Reyes , Pareto , Gutiérrez y Villouta y diputada señora Eliana Caraball
CONSECUENCIAS DE FORMACIÓN DE CADENAS DE FARMACIAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el diputado señor Luis Pareto.
El señor PARETO .-
Señor Presidente , la integración de las grandes farmacias está creando un problema gravísmo en las poblaciones de la Región Metropolitana y del país. No es que esté en desacuerdo con dicha unión, pero como todas persiguen fines de lucro, su instalación no es conveniente en los barrios alejados. Con ello, la gente muchas veces debe caminar cuarenta o cincuenta cuadras, por la falta de locomoción nocturna, en busca de remedios de urgencia.
Por lo tanto, si bien es cierto el sistema económico es de libre mercado y no se puede obligar a las cadenas farmacéuticas, muy difundidas a lo largo del país y concentradas en la Región Metropolitana, creo que se está haciendo un gran daño a los habitantes de sectores populares, en los cuales no se instalan farmacias.
Pido que se envíe un oficio, a quien corresponda, para que la Comisión Antimonopolio informe sobre las acciones que se adoptarán para evaluar el problema que ha significado la desaparición de las farmacias que existían en las comunas alejadas del centro de Santiago que no han podido competir con las cadenas farmacéuticas, provocando situaciones que en ocasiones pueden ser gravísimas y llegar hasta la muerte de personas.
Asimismo, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud, a fin de que arbitre las medidas respectivas con el objeto de evitar el colapso de la salud de los habitantes de los sectores populares por falta de acceso oportuno a la adquisición de medicamentos.
Hago presente que las autoridades del Ministerio de Salud deben tener mucho cuidado, porque puede suceder que las cadenas farmacéuticas se coordinen entre ellas y se establezca un monopolio que encarezca indebidamente los precios de los medicamentos, que a veces son exorbitantes. En la práctica, suben todos los meses y no hay control.
Por lo tanto, aporto este antecedente para que la autoridad competente ponga coto o, por lo menos, busque una solución al drama que vive la gente más pobre de la Región Metropolitana y del país.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Reyes , Vilches , Ortiz , Mulet , Navarro y Mora.
NEGOCIACIÓN EN PROYECTO MINERO BINACIONAL. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , según el último informe de desempleo en el país del Instituto Nacional de Estadísticas, el índice a nivel nacional ha bajado, se acerca al 8,1 por ciento y se consolida la tendencia. ¡Gracias a Dios!
Por desgracia, en la provincia de Huasco -cuatro de las comunas que tengo el honor de representar pertenecen a ella- dicho índice es bastante más alto y llega casi al 13 por ciento.
Allí, la cesantía es dura, se mantiene por casi dos años alrededor de esa cifra y nos preocupa. Nos preocupa por los jóvenes y por el éxodo de padres de familias que deben salir a buscar trabajo fuera de la Región de Atacama, fuera del valle del Huasco, con el consiguiente deterioro en la relación de pareja y con los hijos.
También nos preocupa porque pueden disminuir los planes de absorción de mano de obra que ejecutan los municipios para paliar la cesantía, pese a los cuales igual se mantiene el índice alrededor del 13 por ciento.
Pero, por muchos años en el valle del Huasco ha habido una esperanza. Tiene que ver con la explotación del yacimiento minero Pascualama , de envergadura, en la cordillera de los Andes, en el límite con Argentina, que pertenece a la compañía Barrik, Barrik Chile , en Chile; Barrik Argentina , en Argentina.
La esperanza de la gente del Huasco que quiere trabajar está cifrada en ese proyecto por más de veinte años.
Según lo anunció la empresa hace unos días, terminó la etapa de exploración y comenzará la de explotación; se invertirán, en un plazo relativamente breve, más de mil millones de dólares; se está preparando el estudio de impacto ambiental para presentarlo a la comisión regional de medio ambiente, y se ocuparán varios miles de trabajadores en la etapa de construcción del proyecto y a mil quinientos durante la explotación de la mina propiamente tal. Se supone que los trabajos se iniciarán a fines del presente año o al principio del 2001.
Estoy muy contento, pero me preocupa la manera en que las autoridades de la Región de Atacama y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deben estudiar el protocolo específico que regulará este proyecto binacional, van a asegurar que los trabajadores y las empresas de servicios sean chilenos y del valle del Huasco.
Conozco los riesgos. De alguna manera, he sido crítico de proyectos binacionales si no se asegura el trabajo para los trabajadores y empresas chilenos en su explotación.
Por eso, pido que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores , a fin de que informe a la Cámara y al diputado que habla sobre las medidas que se han adoptado en la comisión binacional, encargada de la elaboración del protocolo específico para el proyecto Pascualama, firmado entre Chile y Argentina, con el fin de asegurar que se ocuparán trabajadores y empresas chilenos en la explotación del yacimiento.
Asimismo, porque tiene que ver con lo anterior directamente, que informe en qué lugar se instalará el campamento con los trabajadores -el yacimiento se encuentra en más de un setenta por ciento en Chile-, ya que de ahí se puede colegir de dónde serán. Entiendo que sería en Argentina, lo que me preocupa bastante, por razones obvias.
Además, en qué lugares se instalarán los molinos, la planta de tratamiento de minerales y las otras dependencias que requiere el proceso metalúrgico aurífero, en este caso.
Me preocupan estos aspectos, reitero, porque hasta ahora no existe claridad en la materia, pero sí el riesgo cierto de que la ilusión de muchas personas se disipe o diluya si no se ocupa mano de obra chilena.
En segundo lugar, solicito que se envíe un oficio al ministro del Interior , para que, por su intermedio, el intendente de Atacama , el destacado ex diputado don Armando Arancibia Calderón , informe sobre las medidas tomadas o que se tomarán en el gobierno regional para exigir, sugerir, negociar o proponer a la empresa Barrik la contratación de trabajadores chilenos y la capacitación de jóvenes de nuestro país. En definitiva, ¿de qué forma se incorporará en este proyecto el trabajo de empresarios y de trabajadores, hombres y mujeres, de la Región de Atacama?
Conozco las restricciones legales y constitucionales sobre la materia, pero se pueden hacer algunas cosas con inteligencia, a través de la preparación de las personas que deberán ocuparse en la exploración prospección y explotación del yacimiento minero. En este sentido, solicito la información.
He dicho.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señora Caraball y señores Ortiz , Vilches , Sánchez , Jaramillo , Letelier , Villouta y Mora.
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS TERMITAS Y MEDIDAS PARA COMBATIRLAS. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , me llama la atención que después de varias denuncias en relación con la plaga de termitas, no haya habido pronunciamiento del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Si bien es cierto el problema está circunscrito a algunas comunas de la Región Metropolitana y de la zona norte, ha ocasionado situaciones difíciles para los dueños de las viviendas afectadas.
Me parece lógico que dicha Cartera ya hubiese dictado alguna resolución para exigir el uso de maderas tratadas químicamente en su construcción, a fin de evitar que se masifique la referida plaga en perjuicio de sus habitantes, en especial de los adquirentes de viviendas Serviu que ya las tienen pagadas.
Por lo anteriormente señalado, pido que se oficie al ministro de Vivienda con el objeto de que informe acerca de si se ha cuantificado la situación en las comunas profusamente mencionadas en especial por la televisión, y qué se ha programado hacer para evitar que la plaga se siga propagando.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE BENEFICIOS A EXONERADOS. Oficio.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente , me preocupa también el problema de los exonerados. Si bien es cierto que se les están entregando los beneficios que les otorga la ley, el atraso con que los reciben es muy considerable. Por lo tanto, quiero saber cuál es la dotación de funcionarios del Ministerio del Interior que trabaja en la oficina de exonerados y, en caso de haber disminuido, si es necesario pedir autorización al Ministerio de Hacienda para contratar mayor número de personas que se dediquen a atender este problema, ya que los afectados están constantemente averiguando qué pasa con este beneficio.
Por otra parte, el Instituto de Normalización Previsional también está incurriendo en atrasos en la entrega de los informes donde se establece el número de meses de imposiciones, el cargo que ejercían y el monto del sueldo que percibían estas personas al momento de su exoneración.
Deseo conocer también cuál es el número actual de personas que se encuentran sin calificar o cuyas jubilaciones o beneficios se encuentran en trámite.
He dicho.
El señor BARRUETO ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA ENTRE PUENTE VIEJO Y CHIGUAYANTE EN CONCEPCIÓN. Oficio.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , hace unos seis meses intervine por tercera vez para referirme al gran problema que significa el acceso a la recién creada comuna de Chiguayante, desde Lonco. Varias veces he explicitado en esta Sala el verdadero cuello de botella que se produce allí.
Reconozco que en estos últimos diez años los gobiernos de la Concertación han hecho grandes inversiones en infraestructura vial, en especial en Concepción, entre otros, los tres ejes de la calle Prat, la ampliación de la avenida Pedro de Valdivia, la doble vía Pedro de Valdivia-Lonco hasta el ingreso a Chiguayante. Pero, como normalmente sólo estamos los fines de semana en nuestros distritos, una vez más me tocó palpar en carne propia, este fin de semana, las demoras increíbles que deben soportar todos los días los chiguayantinos que se trasladan desde esa hermosa comuna hasta sus lugares de trabajo.
Cuando planteé el problema por tercera vez, recibí la respuesta del actual intendente de la Octava Región , en ese momento ministro de Obras Públicas , don Jaime Tohá , en la cual me señala que el llamado a licitación para las obras de la Gran Costanera, entre el Puente Viejo , de Concepción, hasta Chiguayante, se haría en julio. Esa noticia apareció en la primera página del diario “El Sur”, de Concepción. Por esas cosas del destino, un periodista joven, después de ver la retransmisión de la sesión en que estaba haciendo mi petición, me pidió el oficio -a lo cual accedí- y difundió una noticia que constituye el gran anhelo de los chiguayantinos y de muchos penquistas que también trabajan en Chiguayante.
El otro día, sin embargo, me encontré con una sorpresa. Ya se está diciendo que no se llamará a licitación en julio, lo cual convierte el problema en el cuento del lobo. No me gusta ese cuento porque al final llega la “Caperucita” cuando menos se imagina uno.
Por lo tanto, pido, en primer lugar, que se oficie al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones, don Carlos Cruz , para que me informe sobre cuál es la verdad y cuándo se llamará a licitación para la ejecución, por concesión, de las obras de la costanera entre el Puente Viejo y Chiguayante.
Es bueno que los penquistas, chiguayantinos y gente de nuestra región sepan que los trabajos se harán por concesión en compensación por las 350 hectáreas en el camino de entrada a Chiguayante hasta el final de la comuna, que recuperarán quienes ganen la licitación. Esas 350 hectáreas se emplearán en futuros proyectos inmobiliarios.
Se necesita construir la costanera. Hay que poner término al sacrificio y al calvario que viven todos los días los habitantes de Chiguayante. Además, es importante que la opinión pública sepa que ya tengo en mi poder una nota oficial, pero quiero que el ministro me la reitere, porque ese camino es un clamor de todos.
He dicho.
El señor MORA ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
REPAROS A TEXTOS DE ESTUDIO PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA. Oficio.
El señor MORA ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , dentro de la tarea que semanalmente realizo en mi distrito he tomado contacto con los profesores y alumnos de distintos colegios, tanto pagados como particulares subvencionados y municipalizados. La semana recién pasada me dieron a conocer varios textos de estudio que contienen sesgos contrarios al pluralismo que, se supone, debe imperar y ser respetado por esta sociedad. En concreto, quiero pedir que se oficie a la ministra de Educación en los términos que más adelante señalaré.
Existe un texto de Ciencias Sociales para 6º básico, de Arrayán Editores, en cuya página 198 aparece el capítulo denominado “El quiebre de la democracia y la instauración de un régimen militar.” Debo reconocer que el esfuerzo del editor por mantener un tono neutro, objetivo, respecto de lo que sucedió durante los años 70 y 73 y las razones del golpe militar aparecen bien expuestos. Después hay notas para investigar y preguntas que deben desarrollar los alumnos de 6º básico, lo cual, a mi juicio, corresponde a una buena metodología de trabajo y de aprendizaje de este tipo de temas para alumnos de doce o trece años, aproximadamente.
Sin embargo, en la última pregunta se nota inmediatamente un sesgo ideológico. Después de pedir a los alumnos que investiguen sobre las Constituciones de 1925 y 1980 y el papel que tienen las Fuerzas Armadas en ellas, la pregunta es la siguiente: De acuerdo con los resultados de tu investigación, ¿fue constitucional o no el golpe de Estado de 1973? Esto puede parecer preciosista, pero esta pregunta contiene un sesgo, ya que, si se analizan los textos constitucionales, es obvio que no lo fue.
La pregunta y el tenor del texto que se enseña a los alumnos -además del tema de la constitucionalidad- es sobre la legitimidad de este golpe militar, si es que queremos respetar el pluralismo que esta sociedad tiene, donde para muchas personas el golpe militar tuvo legitimidad.
El segundo texto se llama “Comprensión de la sociedad”, para el 5º año básico, de la Editorial E.B.D.
En su página 178, se refiere a la reforma agraria, y también, tratando de mantener un tono objetivo y neutro, señala cuáles fueron las metas principales de la reforma llevada adelante durante el gobierno de don Eduardo Frei, padre. Entre ellas, establece: mejorar la productividad agrícola y la situación laboral de los campesinos chilenos. Pero nada se dice sobre su evaluación final el año 1973, porque sus finalidades, por supuesto, siempre fueron bien intencionadas; pero también es importante saber si efectivamente, como resultado de esta reforma agraria, se produjo una mayor productividad agrícola y una mejor situación laboral del campesinado chileno.
Si realmente queremos tener pluralismo político, debemos aceptar que las situaciones históricas no sólo las podemos manejar y enseñar a los alumnos por las buenas intenciones de sus gobiernos, sino, además, por los resultados que ellas produjeron.
Hay dos textos más cuyo sesgo no es político, sino valórico, y tienen que ver con educación sexual.
Debo aclarar que soy fiel partidaria de que a los niños se les imparta educación sexual y entiendo que en esto los colegios tienen un rol subsidiario, porque en muchos hogares esta educación no se da. Sin embargo, en los colegios se han entregado algunos textos de estudios en los cuales me parece que se ha llegado a ciertos extremos.
Tengo una fotocopia de la tapa de un texto de estudio llamado “Programa de Educación Sexual”, de doña Roberta Giommi y Marcelo Perrota , italianos, dirigido a niños entre once y catorce años. En esa tapa dice: “Chicos y chicas, todo cambia mi cuerpo: el juego, la amistad, el amor, la anticoncepción y el sexo seguro, cuando nace un niño”.
No veo por qué otras madres no podrían tener reparos en que a nuestros hijos, de entre once y catorce años, les entreguen un texto de educación sexual donde uno de los temas es cómo tener sexo seguro. Eso me parece absolutamente contraproducente, sobre todo cuando esta Cámara está tratando el tema del embarazo precoz y sus efectos en la vida de los niños.
Existe otro texto, llamado “El Adolescente, Sexualidad, Vida y Crecimiento”, de Editorial Blume. Abajo aparece el timbre del Ministerio de Educación, y dice “República de Chile”, “Prohibida su comercialización”. No importa la tapa, sino el contenido.
Para muestra, dos textos: uno, sobre la masturbación. Dice: “Es una manera natural de verificar el funcionamiento de tus genitales. Aparte de ser muy agradable, es la forma en que prácticamente todos los muchachos y las chicas aprenden a experimentar el sexo”.
Después, señala sobre la homosexualidad: “Las personas deben saber que gozan con los dos tipos de contactos sexuales, que se llaman bisexuales. Probablemente -expresa el texto- la capacidad de querer a cualquiera, de cualquier sexo, físicamente, en circunstancias determinadas, es algo natural a los seres humanos, aunque nuestra sociedad no lo estimula”.
No me considero pacata en esta materia, pero estos dos textos escolares sobre sexualidad me indican que, de alguna forma, pareciera ser que en este campo todo está permitido, sin importar que las relaciones sean pasajeras o sólo se busque la diversión y el placer, donde obviamente las relaciones entre personas del mismo sexo dan exactamente lo mismo y son connaturales a los seres humanos.
En consecuencia, pido que se oficie al Ministerio de Educación a fin de que informe lo siguiente, respecto de estos tres libros:
En primer lugar, composición de la comisión que aprueba estos textos de estudio, tanto para los escolares mismos como para los profesores. La razón de esta solicitud es para verificar el pluralismo existente en esa comisión.
En segundo lugar, cuál es la forma de trabajo de esa comisión, si revisa en conjunto los textos de trabajo o si lo hace a través de subcomisiones. En definitiva, quién da la aprobación final.
En tercer lugar, solicito el envío de un listado de todos los libros aprobados por esa comisión en los últimos seis años. El objetivo es revisarlos para que, en la medida en que la composición no nos merezca la consideración suficiente por falta de pluralismo, se pueda realizar una fiscalización independiente del contenido de estos textos y continuar con esta denuncia.
Por último, respecto de los libros señalados -cuya fotocopia de las tapas las haré llegar al señor Secretario - quisiera saber lo siguiente: ¿Cuál de ellos fue retirado? Efectivamente, el año pasado se hizo una denuncia respecto de uno de estos dos libros y aparentemente el Ministerio ordenó retirarlo, pero no sé a cuál de ellos se refiere. Por las denuncias que tengo, no fueron retirados todos los textos. Por lo tanto, es indispensable saber cuál fue el número total de libros que se entregó a los colegios y cuántos efectivamente fueron rescatados, si hay una diferencia entre los entregados y rescatados y si existe una instrucción a los colegios para que ese texto no siga siendo utilizado como material de estudio.
En concreto, pienso que debemos tener gran respeto por la variedad y diversidad de la sociedad chilena, tanto política como ideológica; pero esos valores, que todos respetamos, necesariamente tienen que traducirse en los textos de enseñanza para nuestros niños.
De inmediato hago entrega de las fotocopias de las tapas correspondientes a los dos libros sobre sexualidad, a fin de saber cuál de ellos fue retirado.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención y las fotocopias hechas llegar a la Mesa de los respectivos libros sobre sexualidad, con la adhesión de los diputados señores Melero , Vilches ; Letelier, don Felipe , y Sánchez
INSTALACIÓN DE PARQUÍMETROS EN CALLES DE COPIAPÓ. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES .-
Señor Presidente , en esta ocasión quiero denunciar un hecho ocurrido en Copiapó. Específicamente, se trata de un proyecto de instalación de parquímetros en las principales calles de la ciudad.
1º En todas las grandes ciudades del país -específicamente en las capitales de las regiones-, como una forma de administrar bien los espacios cercanos al centro, se han instalado parquímetros. Creo que nadie podrá estar en contra de que eso también se haya llevado a cabo en Copiapó.
Las dificultades han surgido porque el alcalde de la Municipalidad de Copiapó, don Marcos López, llamó a una licitación para diez años, en circunstancias que él termina su mandato este año.
2º Se han trazado y autorizado estacionamientos con parquímetros en calles alejadas del centro de la ciudad, donde existen domicilios particulares, lo que impedirá a las personas que no tienen espacio suficiente en sus viviendas estacionar sus vehículos frente a sus domicilios, como lo habían hecho tradicionalmente. La pregunta es: ¿cómo resolverán su problema?
3º También se han autorizado y trazado estacionamientos con parquímetros frente a colegios que están cerca del centro de Copiapó, pero no exactamente en las calles aledañas. Eso significará que los vehículos de transporte escolar no podrán estacionar y recoger a los alumnos y deberán hacerlo en segunda fila, en caso de que haya vehículos estacionados allí.
4º También se han autorizado y trazado estacionamientos frente a los accesos a las casas particulares, lo que originará un gran desorden.
Este malestar recogido en Copiapó corresponde, básicamente, a comerciantes, particulares y conductores de colectivos y taxis básicos.
Por eso, pido que se oficie a la Contraloría Regional de Atacama , a fin de que nos informe sobre la licitación del proyecto de instalación de parquímetros en Copiapó, y al intendente de Atacama , para hacerle presente la confusión y malestar que tal medida está provocando. Además, los habitantes de esa ciudad han sido víctimas de un atropello, por lo que están pensando seriamente en presentar un reclamo por ilegalidad de la medida, con el objeto de que se corrija definitivamente la situación descrita. Por último, solicito que se adjunte el texto de mi intervención.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
REPARACIÓN DEFINITIVA DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN “JOSÉ FUENTES GUERRA”, DE COLINA. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
El turno siguiente corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , quiero partir señalando que habría preferido no tener que intervenir para traer nuevamente al conocimiento de la opinión pública una situación que afecta a una población de la comuna de Colina, que ya fue conocida por esta Sala con motivo de la creación de una comisión especial investigadora, que se constituyó con fecha 9 de julio de 1997, con el fin de investigar la calidad de la construcción de las viviendas sociales afectadas por los temporales de ese año. Como recordarán los colegas, una comisión especial de la Cámara de Diputados se abocó a estudiar los estragos causados por los temporales debido a la mala calidad de las viviendas.
Pero en esa oportunidad quedaron al descubierto no sólo problemas de impermeabilización, de techumbre y de filtraciones -fueron la causa de que se hablara de las viviendas plásticas, porque la única alternativa que tuvieron los vecinos de protegerse del viento y de la lluvia fue mediante mangas de polietileno que colgaron sobre sus viviendas-, sino que también una serie de anomalías al interior de muchas viviendas, tales como resquebrajamiento de losas, filtraciones en baños y cocinas y graves imperfecciones en su estructura.
El caso al cual quiero referirme hoy es, específicamente, la población “José Fuentes Guerra”, de Colina, situación que fue conocida por la comisión investigadora y por la Cámara como resultado de la visita que se efectuó a ella el martes 16 de septiembre -también concurrí como parlamentario por esa comuna- y de las exposiciones que formularon ante la comisión especial la presidenta y otros dirigentes de la junta de vecinos.
La verdad es que esa población, que ya lleva más de cinco años desde que fue construida y que sufrió los avatares de los temporales de 1997, hoy día, sin temporales, continúa viviendo una situación que afecta gravemente a sus vecinos y que pude constatar durante la visita al terreno que efectué el miércoles recién pasado junto con numerosos pobladores.
Hago este recuerdo de lo que la Cámara investigó, porque los problemas externos de impermeabilización, de falta de canaletas de aguas lluvia y de techumbre en las cajas de las escalas se solucionó parcialmente con el aporte de los vecinos -recordemos el sistema implementado en esa oportunidad-, pero los problemas al interior de las viviendas se han ido agravando cada vez más.
En efecto, prácticamente todos los departamentos de la población Fuentes Guerra, que cobijan a un importante número de familias, presentan graves problemas de filtración de agua desde los departamentos superiores, proveniente de los ductos de descarga de los sistemas de WC y alcantarillado y de las duchas de los baños, lo que ha provocado grietas, ha ido carcomiendo las losas y desprendiendo el cemento. Además, ha producido serios problemas de convivencia; se han presentado numerosas denuncias ante los juzgados de policía local, cuando el vecino del piso superior lava o se baña y eso repercute en el piso inferior. Y así, sucesivamente, ocurre lo mismo entre un piso y otro.
Asimismo, resultó impresionante comprobar -pude verlo personalmente- en numerosas viviendas el aparente desplazamiento de las losas que ejercen presión sobre el piso inferior, debido a lo cual los muros y los arcos de madera que separan las viviendas -cuando hablo de muros, me refiero a planchas de cholguán o madera- se han ido “guateando” -perdónenme la expresión quizás poco académica-, se han ido doblando, lo que en numerosas oportunidades ha obligado a los vecinos a cortarlos para evitar ese efecto.
También existe un sinnúmero de departamentos que presentan grietas en su interior, en losas y murallas, lo que tiene muy preocupados a los vecinos de esa población, y no sólo preocupados, sino que también muy atemorizados frente a un eventual movimiento sísmico o nuevos temporales.
Por desgracia, las numerosas gestiones realizadas por sus dirigentes, por sus vecinos, por el propio municipio y, en algunas oportunidades, por el Serviu, que ha enviado inspectores para comprobar la situación, no se han traducido en ninguna solución concreta. Lo digo sin temor a equivocarme: esa gente está viviendo una situación indigna, sienten impotencia frente a un departamento que les costó mucho esfuerzo, frente a un subsidio que les entregó el Estado. La tan anhelada vivienda que adquirieron no era tal; es más, en muchos casos, les ha ocasionado más dificultades que las que tenían originalmente.
Ante esta situación, quiero que queden en acta algunos casos específicos, sin perjuicio de que estos ejemplos no son los únicos, porque -vuelvo a decirlo- esta situación se repite prácticamente en todos los blocks. Pero hay algunos ejemplos más sintomáticos sobre lo que ocurre. Por ejemplo, tenemos el caso de la calle Rigoberto Fontt , Nº 390, departamento 22, segundo piso, que tiene la losa y el techo quebrados, y cae agua y excremento desde el baño del piso superior. En calle Los Pensamientos, Nº 391, en el departamento 17 también hay graves problemas de filtraciones por los baños. Además, tiene grietas en las murallas. El departamento 11 del block 340 tiene problemas en el baño: filtración de agua desde el piso superior y losa trizada; el departamento 14 del block 39 tiene filtración en el baño, losa y con perfiles curvados. En calle Domingo Campos, en el departamento 22 del block 1840, la losa está bajando, hay filtraciones en el baño y los tabiques están chuecos.
En fin, cito algunos de estos casos con el objeto de ejemplificar a la autoridad, a la cual quiero solicitar una participación más directa en el tema, sin perjuicio de que esto afecta a la totalidad de los departamentos.
Por otro lado, los vecinos no han logrado solución a sus problemas, porque están en tierra de nadie. La empresa Proctora, constructora de esos departamentos, entiendo que quebró, de manera que no es susceptible de ser perseguida en virtud de la ley general de urbanismo y construcciones.
Y los dividendos siguen iguales. Malos departamentos, filtraciones serias, problemas muy importantes como los que he señalado; sin embargo, pagan el mismo dividendo de quienes tuvieron la suerte de recibir un departamento bien construido.
Frente a esta situación, solicito oficiar al ministro de Vivienda , a fin de que comunique el problema a la Subsecretaría, al Serviu o a quien corresponda, para que con los profesionales idóneos se constituya en el lugar, investigue en detalle la situación que estoy denunciando y se busque alguna fórmula de colaboración a esos vecinos, todos en situación de pobreza o extrema pobreza, para poder reparar lo mal hecho. Nada de esto es responsabilidad de ellos, como incluso algunas autoridades e inspectores han intentado señalar que sería producto de falta de mantención. No hay tal, porque estos hechos se repiten en todos y en cada uno de los departamentos.
Realizada la visita, el Ministerio podría elaborar un informe detallado de lo que ahí está ocurriendo y que hoy he denunciado, de manera que el señor ministro haga propuestas concretas a estos vecinos de cómo enfrentar las reparaciones, especialmente las filtraciones de baños y cocinas. Si lo anterior no prospera o la solución es parcial, también podría estudiarse una eventual rebaja en los dividendos, proporcional al daño que los vecinos están sufriendo.
Además, en la población “José Fuentes Guerra” hay 21 familias que vienen de San Bernardo, en un sector de la población “Valle de Lluta”, las cuales fueron trasladadas porque sus departamentos tuvieron serios problemas estructurales y de otro tipo. Esas personas no tienen títulos de dominio. Por eso, solicito al ministro estudiar su situación.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los que se adjuntará el texto de su intervención.
SITUACIÓN DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL DEL SUR DEL PAÍS. Oficios.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ .-
Señor Presidente , hago uso de la palabra para referirme, una vez más, a la compleja situación que afecta al sector pesquero artesanal del sur de Chile y, particularmente, a la denominada pesquería demersal austral.
La Región de Aisén, que represento en este hemiciclo, aislada del resto del país y con índices de desarrollo productivo que la ponen muy por debajo de la media nacional, tiene asentado uno de sus pilares económicos en la pesca. Lamentablemente, esta actividad se limita a la captura de una sola especie marina, que es la merluza austral o merluza del sur. Este recurso se ubica al sur del paralelo 41 aproximadamente y da origen a la denominada pesquería demersal austral.
La merluza austral se exporta casi íntegramente a un solo mercado: el español, y de su disponibilidad depende un pequeño sector industrial compuesto por dos empresas pesqueras con flota propia, otras tantas empresas que actúan como poder comprador para la exportación posterior, sin flota, que dependen de la tercera y más números categoría de agentes: los pescadores artesanales.
Actualmente, esta pesquería está sujeta a un régimen especial de administración, denominado de explotación plena, que impide el acceso de nuevos agentes extractivos. La principal característica del modelo actual es la existencia de un sistema de cuotas máximas de captura. Por una parte, hay una cuota global anual que asciende a 22 mil toneladas, la que se divide en el 60 por ciento para el sector industrial y en el 40 para el sector artesanal y, a su vez, esta última se divide entre las tres regiones involucradas en la unidad de pesquería: la Décima, la Undécima y la Duodécima Región.
Esta pesquería, que hizo crisis a principios de los años 90, fruto de la desregulación y la consiguiente depredación del recurso, es muy vulnerable a la sobreexplotación. La especie, denominada longeva, vive entre 12 y 15 años y ello provoca que tenga ciclos reproductivos disímiles en el tiempo. Por ello, el máximo cuidado debe ser puesto en su sustentabilidad y en las restricciones a su captura. Además, hay factores comerciales que propugnan a ello. El producto que se obtiene logra sus mayores precios como pescado fresco, puesto en el mercado español, en donde reemplazó a la casi extinta merluza española.
Hoy, la pesquería se encuentra amenazada por su integridad, fruto de la pretensión de empresas pesqueras asentadas en la región del Biobío de acceder a pescar en las aguas de la pesquería demersal austral. Esto tiene su origen en la crisis de la pesquería centro sur o pesquería del jurel, especie que era capturada en 3 ó 4 millones de toneladas hasta hace un par de años para producir harina de pescado. Pues bien, esta flota, compuesta por, a lo menos, 120 embarcaciones, hoy no tiene qué extraer del mar y los poderosos empresarios de la Octava Región pretenden que se asiente en las aguas australes. Ello importaría un desastre ecológico de proporciones. El denominado esfuerzo pesquero o capacidad de captura sobrepasa los 7.500.000 toneladas, según los cálculos más moderados. Para lograr su objetivo, han solicitado a la Subsecretaría del ramo permisos especiales de pesca de 48 especies, excluyendo la merluza del sur. Sin embargo, las artes de pesca utilizadas por estas naves, consistentes en arrastre y cerco que, por naturaleza, no discriminan respecto de las especies capturadas, provocaría, sin duda, de autorizarse su incursión en las aguas del sur, el colapso definitivo de la pesquería de la merluza.
Frente al rechazo de la Subsecretaría de Pesca, que ha advertido sobre el peligro inminente, las empresas han recurrido de protección y de amparo económico ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, buscando invalidar los actos administrativos denegatorios de sus peticiones. No me pronuncio sobre este hecho puntual o sobre la juridicidad de las actuaciones de la administración, pues para eso están los jueces. Sin embargo no puedo dejar de hacer notar, al menos, dos debilidades de nuestra legislación pesquera y que es resorte de este Parlamento resolver. En ese sentido, presentaremos a la brevedad con el diputado señor Navarro en particular y con otros diputados de la Comisión de Recursos Naturales las mociones parlamentarias de rigor.
En primer lugar, está la falta de una inspiración medioambientalista y protectora de los recursos marinos de nuestra legislación pesquera. La actual ley de pesca, una de las primeras normas aprobadas por este Congreso Nacional, luego de su reinstalación en 1990, es prácticamente un instrumento al servicio de la explotación pesquera, del negocio pesquero, dicho de otra manera, y las nociones de resguardo de las biomasas de los recursos marinos están casi ausentes. Por sobre la protección, como ocurre en el derecho comparado, se privilegia la salvaguarda casi ideológica de la libertad de pesca en las aguas territoriales. Asimismo, y fruto de aquello, la normativa sobre aparejos y artes de pesca del sector industrial no se condicen con la realidad tecnológica y con su capacidad destructiva. No cuantificó el legislador de entonces las consecuencias nefastas de ciertos aparejos que hoy son utilizados a diario por la flota pesquera nacional. Los impactos biológicos y ecológicos de ciertos aparejos, como el cerco, que importa una pesca indiscriminada en espacios de aguas en que habitan parte importante de los peces juveniles, que constituyen la base de la reproducción y viabilidad futura de las especies y de la actividad pesquera en su conjunto.
Fruto de las investigaciones que sobre este particular estoy llevando a cabo, he podido detectar la nula preocupación por la sustentabilidad de otros recursos del mar, como la merluza común o de cola y la merluza de tres aletas, que recién, hace muy poco, han sido sometidas a un sistema de monitoreo. Respecto de estas especies no hay restricción alguna para su captura, lo que permitirá a esa inmensa flota ociosa hacerse cargo de ella, seguramente hasta su virtual extinción de los mares del país de ser aprobada la operación de esta flota en las aguas de los mares australes.
También he detectado falencias en materia de las denominadas zonas adyacentes que permiten capturar fuera de las unidades de pesquería en que se tiene permisos de captura. Esta situación supone un grave peligro, además, para la sustentabilidad de las especies en riesgo, toda vez que por sobre las cuotas globales de captura asignadas por la autoridad, las naves pueden pescar cuando salen a la zona adyacente a su unidad, lo que ya está sucediendo al norte de Puerto Montt con la merluza austral, al norte del paralelo 41.28.6. para ser más específico, generándose un aprovechamiento injusto por parte del sector industrial, que cuenta con la capacidad tecnológica y operativa de salir de su pesquería para capturar más allá de su cuota y, obviamente, sin imputarla a la cuota global asignada por la autoridad pesquera.
Es menester, en consecuencia, y lo decimos en esta Sala una vez más, que la autoridad normativa de la pesca nacional, es decir, tanto la Subsecretaría de Pesca como el Consejo Nacional de Pesca, se ocupen de la pesquería demersal austral, porque de ella, de su permanencia, depende la vida y sustento de miles de pescadores artesanales de Puerto Montt, Chiloé, Aisén y parte de Magallanes.
Hay razones económicas, sociales, medioambientales, de seguridad nacional, geopolíticas, etcétera, que obligan a mantener estas pesquerías, pues ello permite conservar los asentamientos humanos en el litoral austral.
Por todo lo anterior, pido que se envíe copia de esta intervención al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca , y se les solicite que nos informen tanto sobre la decisión de esa cartera de enviar a trámite legislativo un proyecto de ley especial sobre pesca en las aguas interiores, como acerca de las políticas que implementará para mantener la unidad de pesquería libre de amenazas de flotas depredadoras y, asimismo, la sustentabilidad del recurso merluza del sur.
Además, que se me envíe una relación y copia de todas las resoluciones y decretos expedidos por esa Subsecretaría entre el 2 de enero y el 10 de marzo de 2000 en curso.
Antes de dejar su cargo, el subsecretario anterior habría firmado, prácticamente en las últimas horas, cerca de setenta resoluciones que determinan destinos poco transparentes del recurso pesquero austral.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los dos oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención, con la adhesión del diputado señor Alejandro Navarro
Ha terminado el tiempo del Comité del Partido por la Democracia.
SOLUCIÓN DE CASO POLICIAL EN LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , quiero solicitar que se oficie a la Dirección General de Investigaciones, a Carabineros de Chile y a los Ministerios de Defensa y del Interior, a fin de que informen sobre la desaparición del ciudadano Humberto Fonseca Sepúlveda , hijo de Santa Juana, comuna de la Octava Región, que se encuentra desaparecido desde hace seis meses y cuya madre, la señora Aída Sepúlveda , no ha encontrado, en mi opinión, la acogida necesaria a fin de hacer efectiva la búsqueda de su hijo desaparecido.
Quisiera que en estos oficios se recabara información sobre los trámites, diligencias e investigaciones que los organismos señalados han realizado ante la petición formal de la señora Aída Sepúlveda , hecha en los tribunales de Concepción y ante la Policía de Investigaciones y de Carabineros, de dar con el paradero de su hijo.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONCESIÓN ILEGAL DE DERECHOS DE AGUA A ENDESA PARA CONSTRUIR CENTRAL HIDROELÉCTRICA RALCO. Oficios.
El señor NAVARRO .-
Señor Presidente , en segundo término, quisiera señalar que, con profunda preocupación e indignación, hemos conocido los decretos Nºs 31 y 32, del Ministerio de Economía, publicados el 15 y 16 de marzo, relativos a la aprobación de la servidumbre de la concesión definitiva para construir la central hidroeléctrica Ralco , entre las regiones Octava del Biobío y Novena de la Araucanía.
El decreto Nº 31 otorga la concesión eléctrica definitiva para establecer líneas de transporte y energía eléctrica; por su parte, el decreto Nº 32 establece la concesión eléctrica definitiva. Ambos dan luz verde a la realización del proyecto Ralco en el Alto del Biobío.
Es obvio que en la dictación de estos decretos se ha procedido con ligereza y con exceso, como quiera que ambos fueron tramitados por la Contraloría General de la República el 10 de marzo de 2000, a las 15 horas, es decir, a pocas horas de que asumiera el Presidente Lagos , y esta es una historia que no quiero que se repita en un gobierno de la Concertación, a la cual pertenezco. Aquí no tienen cabida leyes de amarre de última hora. Por lo tanto, hemos iniciado acciones que pretenden revertir la decisión del ministro de Economía -en ese entonces señor Jorge Leiva -, y establecer la ilegalidad de que, en nuestra opinión, adolecen dichos decretos, porque Endesa no tiene los derechos de agua suficientes para obtener dicha concesión.
La ley eléctrica -o decreto con fuerza de ley Nº 81, de 1982- establece como requisito esencial, tratándose de centrales hidroeléctricas, la presentación de solicitudes de concesión definitiva, en las cuales se debe indicar el derecho de agua que posee el peticionario. Así lo dispone su artículo 24, letra d), inciso uno. Es un imperativo legal, absolutamente necesario, que se cuente con dicho derecho de agua. En Chile, las aguas son bienes nacionales de uso público, es decir, no tienen dueño particular. Así lo señalan el artículo 595 del Código Civil, el artículo 5º del Código de Aguas y el artículo 19 de la Constitución Política. Por eso, sobre ella se establecen derechos de aprovechamiento; y parece absolutamente contrario a las buenas costumbres, a la racionalidad y al respeto al Estado de derecho, la inobservancia de la resolución de la Dirección General de Aguas Nº 162-87, que establece la autorización para que Endesa ocupe los derechos de agua en la ribera izquierda del río, unos quinientos metros arriba de la confluencia del Biobío con el río Grande, y se restituya por la misma ribera una cota de 540 metros sobre el nivel del mar. En efecto, la propia Dirección General de Aguas advirtió a Endesa, por oficio ordinario Nº 749, del 24 de noviembre de 1999, lo siguiente: “Endesa no puede ejercer el derecho no consuntivo constituido por la resolución Nº 162, de 1987, hasta cuando no regularice la situación de diferencia de cota existente en lo relativo al lugar de restitución”. Esto significa una diferencia de 17 metros de cota, lo que implica una extensión de un kilómetro en el río Biobío, sobre el cual Endesa no tiene derechos de agua. Así lo señala la propia Dirección General de Aguas.
A la fecha, luego de entrevistarnos con el director general de aguas, Endesa no ha corregido tal solicitud. Por lo tanto, los decretos Nºs 31 y 32, del Ministerio de Economía, son absolutamente ilegales.
En consecuencia, solicito, en primer lugar, que se oficie al ministro de Economía , con las observaciones que señalé, para que nos informe sobre los fundamentos en virtud de los cuales dictó ambos decretos.
En segundo lugar, que se oficie a la Dirección General de Aguas a fin de que certifique las irregularidades del derecho de aguas que hemos representado a Endesa y se tengan a la vista tanto un cronograma exacto del proceso de presentación de solicitudes de Endesa como los documentos técnicos en que fundamentó su resolución de noviembre, en la cual advirtió a Endesa que no podía ejercer el derecho de aguas, antecedentes que evidencian que estamos frente a una grave irregularidad.
He dicho.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, adjuntando el texto de su intervención.
Terminó el tiempo del Comité del Partido Socialista.
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14.39 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que incrementa el fondo a que se refiere la ley Nº 19.030 y modifica disposiciones que indica de dicho cuerpo legal. (Boletín Nº 2475-05).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. (Boletín Nº 1575-10).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada señorita María Rozas y de la diputada señora Eliana Caraball que modifica el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Chile, permitiendo la postulación de dirigentes gremiales a cargos parlamentarios. (Boletín Nº 2415-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea la defensoría penal pública. (Boletín Nº 2365-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
5. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de acuerdo relativo al Convenio Nº 169, sobre Pueblos Indígenas, adoptado por la OIT, el 27 de junio de 1989. (Boletín Nº 233-10).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
6. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de reforma constitucional que modifica los artículos 1º, 19 Nº 22 y 62 Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile, con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas. (Boletín Nº 513-07).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
7. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor como servicio público. (boletín Nº 2296-18).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
8. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción del diputado señor Gutenberg Martínez sobre discriminación racial y étnica. (Boletín Nº 2142-17).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
9. Informe de los proyectos de acuerdo del Tercer Parlamento Juvenil.
“Valparaíso, 1 de marzo de 2000.
Honorable Cámara:
Me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados los proyectos de acuerdo de la primera sesión, “Un aporte de los jóvenes al país”, del Tercer Parlamento Juvenil, adoptados con fecha 21 de enero del año en curso.
En la primera sesión del actual Parlamento Juvenil, a proposición de la Mesa del Segundo Parlamento Juvenil, se pusieron en tabla temas que tenían relación directa con los jóvenes de este país y que se encontraban en tramitación legislativa, tales como:
1. Deberes y cargas públicas: servicio militar obligatorio, servicio país y defensa civil.
2. Derechos de los jóvenes, organizaciones juveniles y asociacionismo.
3. Derecho a la educación y prácticas discriminatorias.
4. Trabajo de menores. Normativa nacional e internacional.
5. Ley del Deporte.
6. Responsabilidad juvenil. Discernimiento.
Proyectos de acuerdo aprobados por el Parlamento Juvenil
“ÁREA CÍVICA”
Proyecto de acuerdo Nº 1
(Comisión Nº 1, deberes de los jóvenes, Cargas públicas: servicio militar obligatorio, servicio país, defensa civil)
Como producto del debate habido en el seno de la Comisión, que por su extensión no se consigna en este informe, la Comisión aprobó las siguientes proposiciones.
Propuestas:
I. EN RELACIÓN AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
1. Otorgar anualmente 3 becas, una por cada rama de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), destinadas a distinguir a los conscriptos que se hayan desempeñado con excelencia en el Servicio Militar Obligatorio, a fin de iniciar una carrera en las Escuelas Matrices respectivas.
2. Ampliar las alternativas de cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, con énfasis en el servicio juvenil en áreas sociales y comunitarias, como, por ejemplo, en programas comunitarios.
3. Instar a los parlamentarios a dar pronta tramitación y aprobación a los proyectos de ley que modifican el decreto ley Nº 2.306, de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, (boletines Nºs 1833-02 y 1951-02), especialmente en los temas referentes a las causales de exclusión del mismo y a la posibilidad de postergarlo por motivo de estudio.
4. Instaurar la obligatoriedad de contratar seguros de vida y de accidentes en beneficio de los ciudadanos que se encuentran realizando el Servicio Militar Obligatorio y mientras éste dure.
5. Flexibilizar el Servicio Militar Obligatorio, en términos de permitir su cumplimiento durante los meses de verano, en beneficio no sólo de los estudiantes que se encuentran cursando 4º año de Enseñanza Media , sino también en beneficio de aquellos que se encuentren cursando un grado inferior y que hayan cumplido los 18 años.
6. Proponer que el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio sea realizado de lunes a viernes en los recintos militares y el fin de semana en organismos de servicio a la comunidad, sobre todo en el caso de conscriptos que lo realizan lejos de su domicilio.
7. Instar al Ejército de Chile a informar a los ciudadanos inscritos en el cantón de reclutamiento respectivo, sobre las distintas alternativas que ofrecen las instituciones armadas, en especial en lo que se refiere a los beneficios que otorga el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio, las diversas ramas de la Defensa donde se pueda dar cumplimiento al mismo, y acerca de los derechos y deberes del conscripto.
8. Asignar un ítem dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas, destinado a una correcta y eficiente publicidad de los beneficios e incentivos que otorga a los jóvenes el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio.
9. Crear un organismo destinado a la fiscalización del correcto funcionamiento del sistema del Servicio Militar Obligatorio, destinado, entre otros, a prevenir y subsanar las situaciones de abuso, maltratos físicos y psicológicos de que pudieran ser objeto los conscriptos.
10. Dar de baja a toda persona que resulte involucrada en caso de maltrato a reclutas, debiendo ser puesta de inmediato a disposición de la Justicia Ordinaria Civil.
11. Extraer de la Jurisdicción Militar todos los hechos vinculados con maltrato, abuso o muerte de conscriptos y radicarla en la Justicia Civil Ordinaria.
12. Que el Servicio Militar Obligatorio sea una instancia de difusión de valores éticos y morales, con énfasis en las relaciones interpersonales.
13. Establecer que el traslado de los conscriptos no podrá hacerse a centros militares ubicados a más de 200 kilómetros de su domicilio.
II. EN RELACIÓN CON LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS ALTERNATIVOS AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO.
-Crear un organismo denominado Servicio Comuna, destinado a abrir y a canalizar las inquietudes de la población juvenil a nivel local, a fin de darles una adecuada solución, de acuerdo a la propia problemática social detectada por los participantes. Los participantes de este organismo podrán diseñar y ejecutar las actividades de desarrollo por ellos programadas.
III. EN RELACIÓN CON LA DEFENSA CIVIL.
-Aumentar la asignación de recursos a la Defensa Civil, destinados, entre otros, a otorgar a sus voluntarios un seguro de vida y de salud.
IV. EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA SERVICIO PAÍS.
-Crear un programa para los jóvenes que, sin tener título universitario y que, por tanto, no pueden participar del programa Servicio País, fuese destinado a realizar trabajos alternativos en su comunidad local, como por ejemplo, monitorías, asistencias juveniles, desempeño en servicio público, etcétera.
V. OTROS.
-Proponer a su Excelencia el Presidente de la República la formulación a intensificación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de políticas destinadas al desarme a nivel latinoamericano.
-o-
“ÁREA SOCIAL”
Proyecto de acuerdo Nº 2
(Comisión Nº 2, derechos de los jóvenes, organizaciones juveniles, asocianismo)
Como producto del trabajo realizado durante la sesión, la Comisión acordó someter a la consideración del Parlamento Juvenil el siguiente
Proyecto de acuerdo
1. Creación de un fondo específico para las organizaciones juveniles que permita el fomento y el fortalecimiento de las mismas. Este fondo se administraría por la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la municipalidad respectiva, la cual podrá asignar estos fondos por la vía de la subvención, a fin de que las asociaciones cuenten con la orientación y la asesoría necesarias para su organización y, a través de fondos concursables, para financiar su funcionamiento, previa presentación de un proyecto que contenga los objetivos, justificación y costos de la actividad. La asignación de estos fondos no debe exigir requisitos de antigüedad en la constitución de la organización, ni exigencias de edad mínima de sus integrantes. La Dideco deberá rendir una cuenta anual, detallada por organizaciones y por proyectos, respecto de los fondos asignados.
2. Establecimiento de una política de difusión respecto de los beneficios, oportunidades, servicios y derechos que el Estado y los privados otorgan a los jóvenes. En especial, se debe difundir la normativa que establece la ley Nº 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, para la constitución de organizaciones juveniles y acerca de la forma de obtener personalidad jurídica y de acceder a los fondos o subvenciones que la misma contempla.
3. Establecimiento de fuero para los dirigentes de los centros de alumnos, que les permita acudir a las reuniones de las organizaciones a las que pertenezcan, sin que estas ausencias, debidamente justificadas, de las labores del establecimiento estudiantil les signifiquen problemas en su asistencia escolar.
4. Solicitar del Supremo Gobierno que se modifique la ley Nº 19.418, de manera que se contemplen normas especiales para la formación de organizaciones juveniles y de centros de alumnos y se establezca un expedito procedimiento para la formación de federaciones y de confederaciones.
Aprobado en esta forma por la Sala.
-o-
“ÁREA EDUCACIONAL”
Proyecto de acuerdo Nº 3
(Comisión Nº 3, “Derecho a la educación: prácticas discriminatorias”)
Como fruto de las ponencias de las expositoras y del debate producido a continuación, se adoptó el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
1. Instar a la dictación de un decreto supremo que proteja efectivamente a la estudiante embarazada de prácticas discriminatorias, habida cuenta de que las circulares ministeriales sobre la materia no han demostrado la suficiente eficacia.
2. Propiciar la realización de charlas y debates sobre el tema de la discriminación, para crear conciencia acerca del mismo en el ámbito de la unidad escolar y de la sociedad en general.
3. Mejorar los canales de comunicación entre el Ministerio de Educación y los Centros de Alumnos, de manera que estos últimos difundan los derechos de los estudiantes contenidos en reglamentos, decretos, circulares, etc.
4. Crear las condiciones que permitan una participación efectiva de los Centros de Alumnos y demás estamentos del sistema escolar en la redacción de los reglamentos internos, como, asimismo, establecer comisiones que evalúen la adecuación de éstos a la normativa vigente y el cumplimiento de los mismos.
5. Otorgar una participación efectiva a los Centros de Alumnos en la decisión de realizar las Jocas, de manera que dicha determinación no quede encomendada solamente al director del establecimiento.
6. Impulsar, a través del Ministerio de Educación, conjuntamente con los Centros de Alumnos, una campaña de difusión del significado de la reforma educacional y los valores transversales que ella impulsa, y la incidencia de aquélla en la promoción de la no discriminación.
7. Dotar a todos los establecimientos educacionales de psicopedagogos y asistentes sociales que orienten vocacionalmente a los alumnos y hagan realidad el anhelo de una evaluación diferenciada, y que aseguren el otorgamiento de becas a aquellos alumnos que realmente lo necesiten.
8. Impulsar el estudio de un estatuto que asegure el derecho a la educación de los discapacitados. En vinculación con lo anterior, implementar un sistema para que los estudiantes no videntes puedan rendir la prueba de aptitud académica o un examen similar para el ingreso a las universidades.
9. Instar a la celebración de convenios con centros de rehabilitación por parte de aquellos colegios que exhiban altos índices de alcoholismo y drogadicción.
10. Solicitar que se agregue al proyecto de ley presentado por el diputado don Juan Pablo Letelier , sobre prácticas discriminatorias, un artículo que “prohíba toda clase de discriminación en los establecimientos educacionales”.
Aprobado en esta forma por la Sala.
-o-
“Área laboral”
Proyecto de acuerdo Nº 4
(Comisión Nº 4, normativa nacional e internacional: trabajo de menores)
Como producto del trabajo realizado por la Comisión y de las consideraciones desarrolladas precedentemente, ésta acordó someter a la consideración del Parlamento Juvenil el siguiente
PROYECTO DE ACUERDO
1. Propender a la eliminación completa y definitiva del trabajo de los niños, de forma tal que dediquen todos sus esfuerzos a obtener una preparación técnico-profesional que les habilite a contribuir al desarrollo del país y a lograr un mejor estándar de vida personal y familiar.
2. Reconociendo las limitaciones financieras de la estructura pública y los déficit de la mayor parte de la población, que obliga a que parte importante de los jóvenes se vean obligados a incorporarse al ámbito laboral en el mismo período de tiempo que deben dedicar al estudio, se hace necesario regular el trabajo de los menores de 18 años, estableciendo un contrato especial de trabajo para los menores estudiantes.
En este punto, se solicita respetuosamente al honorable Senado que se aboque al despacho del proyecto de ley que está pendiente de tramitación en su Comisión de Trabajo y Previsión Social desde el 5 de junio de 1996, el cual fue despachado favorablemente por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.
3. De igual forma, se acuerda hacer un llamado al honorable Senado para que, con la misma rapidez y diligencia con que han actuado el Gobierno y la Cámara de Diputados, dé su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Nº 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
4. Solicitar al Gobierno y al sector privado, especialmente a los empresarios que desarrollan su actividad en el área agrícola y de los supermercados, que hagan respetar y respeten los dictámenes de la Dirección del Trabajo, de fechas 21 de septiembre de 1999 y 30 de noviembre de 1999, recaídos en la situación de los denominados “ayudantes en la agricultura” y de los trabajadores que se desempeñan en labores de empaque en los supermercados, que son desarrollados principalmente por menores de edad.
Se reconoce como una realidad que estudiantes menores de edad, especialmente los de escasos recursos, se ven obligados a desempeñarse en estas labores y a subsistir de la propina que les da el cliente, en vez de recibir las prestaciones remuneracionales y previsionales que les corresponden, tratándose de los supermercados, y, en el caso de las labores agrícolas, se ven discriminados en sus remuneraciones y derechos básicos, aparte de verse expuestos al riesgo de accidentes en la manipulación de productos químicos.
5. Solicitar al Ministerio de Educación que estudie la incorporación de programas de orientación vocacional laboral desde la enseñanza básica (7º y 8º básico), en la malla curricular obligatoria de los colegios, especialmente de un ramo de “Educación Cívica Laboral”, a fin de que los trabajadores menores de edad conozcan a cabalidad sus derechos y obligaciones.
6. Estudiar la posibilidad de crear un organismo autónomo, dotado de recursos propios, asignados en la ley de Presupuestos del Sector Público, con la finalidad de proteger y financiar a los menores que trabajen en forma independiente o dependiente.
7. Hacer un llamado a todos los diputados juveniles para que dentro de sus distritos, se preocupen en forma prioritaria de velar por que se cumplan las normas laborales y previsionales de los menores trabajadores, denunciando las infracciones a las autoridades correspondientes.
-o-
“Área de deportes”
Proyecto de acuerdo Nº 5
(Comisión Nº 5, “Ley del Deporte”)
Como producto del trabajo realizado por la Comisión, de las consideraciones desarrolladas precedentemente y del debate producido entre los parlamentarios juveniles, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
1. Solicitar a la Dirección de General de Deportes y Recreación que los seguros que se implementen para los deportistas que representen al país en competencias nacionales e internacionales tengan una amplia cobertura, de manera que se extiendan no sólo a los gastos de atención primaria de salud, sino también a todas las secuelas del accidente, incluyendo las pensiones asistenciales derivadas de una eventual invalidez.
2. Solicitar al Ministerio de Educación que se adopten las medidas necesarias para que los profesores de Educación Física tengan la exigencia de actualizar sus conocimientos. Además, que los egresados de la carrera de Educación Física tengan una práctica obligatoria, la cual debería realizarse preferentemente en lugares aislados del país.
3. Solicitar al Ministerio de Educación que se estudie la factibilidad de aumentar las exigencias en la carrera de Educación Física.
4. Enfatizar la necesidad de que en la ley del deporte se incorporen planes y programas para los deportistas discapacitados.
5. Solicitar al Poder Ejecutivo que desarrolle un amplio programa de difusión de la futura ley del deporte, con el objeto de que sus beneficios sean conocidos por todos los grupos sociales.
6. Solicitar a los máximos organismos del deporte nacional que se adopten políticas que impulsen medidas de prevención y control del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o a modificar los resultados de las competencias.
7. Solicitar a las autoridades deportivas del país una especial preocupación por apoyar a los deportistas con menos recursos económicos, requiriendo, si resulta necesario, la presentación de los informes sociales que acrediten fehacientemente esa circunstancia.
8. Solicitar que se establezca en la ley del deporte que, por cada cierto número de habitantes, deberá existir un lugar para una sede en la cual se practique el deporte “amateur”.
Además, por 10 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones, se acordó solicitar al señor ministro de Educación que en los programas de enseñanza de la educación física y deportes se contemple una real armonía entre los aspectos físicos y teóricos de ella.
Aprobado en esta forma por la Sala.
-o-
“ÁREA JUDICIAL”
Proyecto de acuerdo Nº 6
(Comisión Nº 6, responsabilidad juvenil, discernimiento violencia intrafamiliar)
Como producto del trabajo realizado por la Comisión, de las consideraciones desarrolladas precedentemente y de las exposiciones habidas, ésta acordó someter a la consideración del Parlamento Juvenil el siguiente
Proyecto de acuerdo
La Comisión, después de un extenso debate, arribó a las siguientes conclusiones y proposiciones que se someten a consideración de la Sala:
1. Se hace necesario mantener el examen de discernimiento, aplicable al niño mayor de 10 años y menor de 18 años, con el objeto de que los jóvenes no queden en desventaja respecto del resto de la sociedad, ya que es posible que sean considerados como niños que no son aptos para distinguir lo bueno de lo malo, corriendo el riesgo de perder las oportunidades que se presenten.
Asimismo, se cree necesario contar con un Código Penal para las personas menores de 18 años, considerando que el actual Código somete a los menores cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años, y que han obrado con discernimiento, a un procedimiento penal que ha sido diseñado para adultos, con el agravante de que el joven procesado y condenado sea internado en recintos penitenciarios que albergan criminales con gran prontuario penal, lo que se traduce en un perjuicio real para el menor de edad.
2. Se insta por la creación de un Código Penal de Menores que contemple una normativa procesal penal y preventiva acorde a los propósitos de dignificación y humanización de los derechos que le asisten al menor, conjuntamente con el establecimiento de un sistema psicosocial en base a la capacidad de admitir responsabilidad en los hechos que competen al menor acusado, teniendo en cuenta si éste tiene o no conciencia de la ilicitud de sus actos.
En caso de que se declare su imputabilidad, el menor ha de ser sometido a juicio en base a un sistema judicial de menores, como ya se expresó.
En caso de no considerarse imputable, ha de ser integrado a un centro especializado en rehabilitación, contándose para ello con el estudio psicosocial elaborado por profesionales competentes (psicólogo, asistente social, etc.), estableciéndose, asimismo, una discriminación positiva al máximo posible, como una forma de aislar al individuo de todo agente nocivo que pudiera presentarse.
3. Se estima conveniente crear un conducto regular conformado por jueces, psicólogos y distintos especialistas, con cuyo aporte profesional se allegue el máximo de antecedentes posibles para arribar a una acertada determinación dentro de un proceso judicial seguido en contra del menor.
4. Se considera fundamental lograr la real y efectiva reinserción social de los menores procesados y condenados, objeto para el cual se deben crear centros de capacitación, rehabilitación y formación integral del joven, con la asistencia de profesionales capacitados en la materia.
5. Se estima que tanto las políticas de gobierno como la nueva normativa que se proyecte someter a la consideración del legislador consignen un parámetro de edades, de manera tal que el tratamiento sea diferenciado entre menores de 14 años y aquellos que cuentan con 17 años de edad, especialmente en lo que se refiere a la aplicación y entidad de las sanciones, considerando para ello las distintas realidades psicológicas, físicas y morales de cada individuo.
6. Como medida preventiva, se hace pertinente propender a un fácil acceso a lugares físicos de los establecimientos educacionales, como una forma de incentivar la recreación juvenil y el desarrollo de una cultura sana, de forma tal de crear un ambiente que no sea proclive a la delincuencia y a los malos hábitos.
7. Por último, se cree conveniente someter a debate el contenido establecido en el actual Código Penal, con el objeto de crear un anexo aplicable a los menores en base a los casos de mayor ocurrencia y a los estudios que explican las razones por las cuales aquel cuerpo normativo no resulta eficaz en lo que respecta a la rehabilitación del menor acusado.
8. Proponer que se cree una instancia que colabore con la familia que ha sufrido violencia intrafamiliar.
Aprobado en esta forma por la Sala.
-o-
Lo que pongo en conocimiento de la honorable Cámara de Diputados para su resolución.
(Fdo.): CARLOS MONTES CISTERNAS, Presidente de la Cámara de Diputados”.