Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Ominami Pascual
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Manuel Antonio Bustos Huerta
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Eliana Caraball Martinez
- Lily Perez San Martin
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Adriana Munoz D'albora
- Rafael Arratia Valdebenito
- Osvaldo Palma Flores
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Sergio Aguilo Melo
- Jaime Naranjo Ortiz
- Juan Masferrer Pellizzari
- Samuel Venegas Rubio
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Enrique Krauss Rusque
- Sergio Ojeda Uribe
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Alfonso Vargas Lyng
- Guido Girardi Lavin
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Marina Prochelle Aguilar
- Sergio Ojeda Uribe
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Marina Prochelle Aguilar
- Sergio Ojeda Uribe
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ignacio Walker Prieto
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ignacio Walker Prieto
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Marina Prochelle Aguilar
- Sergio Ojeda Uribe
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ignacio Walker Prieto
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Sergio Aguilo Melo
- Juan Masferrer Pellizzari
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Sergio Ojeda Uribe
- Rafael Arratia Valdebenito
- Osvaldo Palma Flores
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. (Continuación).
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- RECONOCIMIENTO DE APORTE DE VÍCTOR JARA A LA CULTURA NACIONAL. (Votación).
- DEBATE
- SUSPENSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES CONTRA DEUDORES MOROSOS DE DIVIDENDOS HIPOTECARIOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Manuel Rojas Molina
- Fanny Pollarolo Villa
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Haroldo Fossa Rojas
- Jorge Ulloa Aguillon
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Dario Molina Sanhueza
- Jaime Naranjo Ortiz
- Victor Reyes Alvarado
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- QUERELLA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN CONTRA DE PAUL SCHAEFFER Y OTROS MIEMBROS DE LA EX COLONIA DIGNIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Fanny Pollarolo Villa
- Maria Isabel Allende Bussi
- Sergio Ojeda Uribe
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Luis Monge Sanchez
- Mario Bertolino Rendic
- Jaime Mulet Martinez
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL DECRETO LEY Nº 2.182.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Salvador Urrutia Cardenas
- Carlos Montes Cisternas
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Miguel Hernandez Saffirio
- Guido Girardi Lavin
- Juan Nunez Valenzuela
- Jaime Naranjo Ortiz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Waldo Mora Longa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- CONGELAMIENTO DE REMUNERACIONES DE AUTORIDADES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Dario Paya Mira
- Dario Molina Sanhueza
- Eduardo Diaz Del Rio
- Cristian Antonio Leay Moran
- Jaime Orpis Bouchon
- Julio Dittborn Cordua
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SUPRESIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE MAÑANA.
- RECONOCIMIENTO DE APORTE DE VÍCTOR JARA A LA CULTURA NACIONAL. (Votación).
- VII. INCIDENTES
- RÉPLICAS A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO NELSON ÁVILA.
- INTERVENCIÓN
- Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN
- INFORMACIÓN SOBRE FONDO HABITACIONAL DE EX TRABAJADORES DE LA EMPORCHI. Oficio.
- RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO NELSON ÁVILA.
- ANTECEDENTES SOBRE CRÉDITO OBTENIDO POR DIPUTADO VAN RYSSELBERGHE. Oficios.
- INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE OBRAS ANEXAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA NORTE. Oficios.
- ADHESION
- Cristian Antonio Leay Moran
- ADHESION
- INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EMPRESA MINERA EN PRIMERA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- ADHESION
- INTERNACIÓN FRAUDULENTA DE CARNE. Oficios.
- ADHESION
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Valenzuela Herrera
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gutenberg Martinez Ocamica
- Rosauro Martinez Labbe
- Sergio Ojeda Uribe
- Marina Prochelle Aguilar
- ADHESION
- SITUACIONES QUE AFECTAN AL SECTOR TRANSPORTE DE IQUIQUE. Oficio.
- IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PRIVADOS EN MELIPILLA. Oficios.
- PAGO INDEBIDO DE RACIONES ALIMENTICIAS DISTRIBUIDAS POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB. Oficio.
- ADHESION
- Marina Prochelle Aguilar
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Sergio Ojeda Uribe
- Roberto Delmastro Naso
- Osvaldo Palma Flores
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- ADHESION
- INICIACIÓN DE PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS SUBERCASEAUX. Oficio.
- MEJORAMIENTO DE JUBILACIÓN DE PROFESORES. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- ELIMINACIÓN DE LA VERSIÓN DE EXPRESIONES ANTIRREGLAMENTARIAS.
- SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAL MUNICIPAL NO DOCENTE. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Osvaldo Palma Flores
- Mario Bertolino Rendic
- Roberto Delmastro Naso
- ADHESION
- ANTECEDENTES SOBRE USO DE MAQUINARIA DE CORPORACIONES VIALES DE VALDIVIA. Oficios.
- ADHESION
- Marina Prochelle Aguilar
- Pablo Galilea Carrillo
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Rosauro Martinez Labbe
- Osvaldo Palma Flores
- Mario Bertolino Rendic
- ADHESION
- APORTE ESTATAL PARA COSTEAR VACUNACIÓN DE GANADO CONTRA LA BRUCELOSIS. Oficio.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Marina Prochelle Aguilar
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- DECLARACIÓN DE COMUNA TURÍSTICA A LA CIUDAD DE LA SERENA. Oficios.
- ADHESION
- Roberto Delmastro Naso
- Marina Prochelle Aguilar
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Rosauro Martinez Labbe
- ADHESION
- PROBLEMÁTICA REMUNERACIONAL DE LOS PROFESORES.
- RÉPLICAS A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO NELSON ÁVILA.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 339ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 13ª, en miércoles 4 de noviembre de 1998
(Ordinaria, de 16.06 a 19.38 horas)
Presidencia de los señores Martínez Ocamica, don Gutenberg; Pérez Lobos, don Anibal, y Mesías Lehu, don Iván.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 7
II. Apertura de la sesión 10
III. Actas 10
IV. Cuenta 10
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento de normativa del área de la salud. (Continuación) 11
VI.Proyectos de acuerdo.
- Reconocimiento de aporte de Víctor Jara a la cultura nacional. (Votación) 41
- Suspensión de procesos judiciales contra deudores morosos de dividendos hipotecarios 42
- Querella por asociación ilícita en contra de Paul Schaeffer y otros miembros de la ex Colonia Dignidad 45
- Prórroga de vigencia del decreto ley Nº 2.182 46
- Congelamiento de remuneraciones de autoridades 49
-o-
Supresión de la sesión ordinaria de mañana 51
-o-
VII.Incidentes.
- Réplicas a intervención de Diputado Nelson Ávila 51
- Información sobre fondo habitacional de ex trabajadores de la Emporchi. Oficio 52
- Rechazo a expresiones de Diputado Nelson Ávila 53
- Antecedentes sobre crédito obtenido por Diputado Van Rysselbergue. Oficios 53
- Incumplimiento y retraso de obras anexas relacionadas con la construcción de la Costanera Norte. Oficios 54
- Incumplimiento de normativa sobre evaluación de impacto ambiental por empresa minera en Primera Región. Oficios 55
- Internación fraudulenta de carne. Oficios 57
- Situaciones que afectan al sector transporte de Iquique. Oficio 58
- Irregularidades en funcionamiento de institutos de educación privados en Melipilla. Oficios 59
Pág.
- Pago indebido de raciones alimenticias distribuidas por Juanta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb. Oficio 62
- Iniciación de proceso de beatificación de Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux. Oficio 63
- Mejoramiento de jubilación de profesores. Oficios 65
- Eliminación de la versión de expresiones antirreglamentarias 66
- Situación laboral de personal municipal no docente. Oficios 66
- Antecedentes sobre uso de maquinaria de corporaciones viales de Valdivia. Oficios 67
- Aporte estatal para costear vacunación de ganado contra la brucelosis. Oficio 67
- Declaración de comuna turística a la ciudad de La Serena. Oficios 68
- Problemática remuneracional de los profesores 69
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental (boletín Nº 1602-07)(S) 73
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, por la cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para que el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica, actualmente en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, le sea remitido para su estudio (boletín Nº 2254-06)
-De la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, mediante la cual solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día 10 de noviembre en curso, de 10.30 a 12.30 horas, para analizar el efecto en el comercio exterior de nuestro país con motivo de la detención del Senador Pinochet.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor Pareto, información presupuestaria Municipalidades de Vitacura , Providencia, Santiago y Las Condes.
-Del ex Diputado señor Munizaga, irregularidades en diversos servicios de la Cuarta Región.
-Del Diputado señor Seguel, investigación por desembolsos en gastos de personal en Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
Ministerio del Interior
-Del Diputado señor Caminondo, construcción internado Liceo Pérez Morales, de Río Bueno.
-De los Diputados señores Elgueta y Kuschel, informe proyecto Cascada a realizarse en Bahía Ilque, comuna de Puerto Montt.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del Diputado señor Lorenzini, programa especial de capacitación laboral administrado por los propios trabajadores.
-De los Diputados señores Núñez, Masferrer, Ulloa y Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, cobros por arriendo y mantención medidores de consumo domiciliario de electricidad.
-Del Diputado señor Navarro, derrame de combustible en Lago Lanalhue, Octava Región.
-De los Diputados señores Reyes, Ortiz, Jaramillo, Huenchumilla, Joaquín Palma, Hernández, Ascencio, Naranjo y Lorenzini, disposiciones legales vigentes sobre pesca deportiva.
-Del Diputado señor Jeame Barrueto, información sobre petroquímica Chilena S.A.
Ministerio de Educación
-Del Diputado señor Rincón, situación de escuela San Francisco de Asís de Mostazal.
-De los Diputados señores García-Huidobro, Delmastro, Moreira y Diputada señora Rosa González, medidas tendientes a dar a conocer la disposición del artículo 2 Nº 1 de la ley Nº 19.532, sobre jornada completa diurna.
-Del Diputado señor Navarro, problema Escuela de Maqueuto, Octava Región.
Ministerio de Justicia
-Informa sobre Programa de Sida en establecimientos penitenciarios.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del Diputado señor Kuschel, concesión marítima para Cía. Industrial de Puerto Montt; complejos y controles fronterizos integrados con Argentina, Bolivia y Perú.
-De los Diputados señores Valenzuela y Navarro, retiro de medios audio-visuales que afecten a la unidad nacional.
Ministerio de Obras Públicas
-Del Diputado señor Ibáñez, proyectos de mejoramiento provincia de Valparaíso.
-Del Diputado señor Encina, instalación de remarcadores de agua potable en Villa Portales, comuna de Estación Central.
-De los Diputados señores Velasco, Delmastro, Núñez y Naranjo, construcción Paso Bajo Nivel, San Antonio.
-Del Diputado señor Kuschel, conservación camino Ralún-Cochamó, Puelo y Los Muermos-Chaquihuán, Décima Región.
-Del Diputado señor Navarro, planes maestros de aguas lluvias en localidades de la Octava Región; proyecto de iluminación en caminos de la Octava Región.
-De la Corporación, plan integral de construcción de embalses para regadío.
Ministerio de Agricultura
-De los Diputados señores Jaramillo, Sánchez, Urrutia, Patricio Walker, Juan Bustos, Ortiz, Jarpa, Mora, Reyes y Fossa, recursos del sector agropecuario en la Décima Región.
-Del Diputado señor Vega, instrumentos de solución a los problemas de los agricultores.
-Del Diputado señor Patricio Cornejo, situación Reserva Cooperativa Nº 1, del proyecto de parcelación Los Cerrillos Ltda. de Catemu.
-De la Corporación, declaración de zonas de emergencia agrícola a diversas comunas de la Sexta y Séptima Regiones.
Ministerio de Minería
-Del Diputado señor Pablo Galilea, nómina de personal de ese Ministerio en la Undécima Región.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los Diputados señores Velasco y Mulet y Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, proyecto de desnivel en San Antonio.
-Del Diputado señor Hales, manual del consumidor ante el uso de gas.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-De la Corporación, beneficios a jubilados marítimo-portuarios.
-De la Corporación, concentración de la propiedad de radiodifusoras y licitaciones frecuencias radiales.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-Del Diputado señor Pablo Galilea, número de funcionarios y remuneraciones de Serplac Undécima Región.
Servicio Nacional de la Mujer
-Del Diputado señor José García, costos del seminario “Participación de la Mujer. Una década aportando a la democracia”.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (103)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Jaime Mulet y Alejandro Navarro.
-Asistieron, además, el Ministro de Salud , señor Álex Figueroa, y el Senador Carlos Ominami.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.06 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 6ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 7ª queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
-o-
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder al planteamiento de la Comisión de Educación -número 2 de la Cuenta-, que pide le sea remitido para su estudio el proyecto que permite efectuar anticipos del Fondo Común Municipal en casos que indica, actualmente en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación la petición.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar a la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo para sesionar simultáneamente con la Sala el 10 de noviembre en curso, de 10.30 a 12.30 horas, con el objeto de analizar el efecto de la detención del Senador Pinochet en el comercio exterior de nuestro país.
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que perfecciona normas del área de la salud.
Están inscritos quince señores diputados.
El acuerdo es votar en general el proyecto al término del Orden del Día, el que, como tiene indicaciones, debe volver a la Comisión.
Solicito el acuerdo de la Sala para distribuir las dos horas del Orden del Día en igual proporción entre los oradores inscritos.
Acordado.
Por lo tanto, corresponden 8 minutos a cada uno.
Solicito el acuerdo de la Sala -creo que ya fue solicitado y concedido en la sesión anterior- para que puedan ingresar el señor Subsecretario y el señor director de Fonasa.
No hay acuerdo.
En primer lugar y para terminar su intervención de ayer, tiene la palabra la Diputada señora Cristi por siete minutos.
La señora CRISTI (doña María Angélica) .-
Señor Presidente , ayer decía que este proyecto, que modifica la normativa legal del Fonasa, creó enormes expectativas, porque se pensó que significaría un gran mejoramiento de la salud pública. Sin embargo, se convirtió más que nada en una guerrilla contra las isapres, en una cortina de humo, y con mucha demagogia, para tapar los problemas pendientes en el sector de la salud pública.
En ese sentido y continuando con los argumentos que dimos ayer, con el voto y la aprobación de dos Comités hemos repuesto algunas indicaciones que hicimos al proyecto, las que tienen como objetivo básico impedir la supresión del subsidio de 2 por ciento que se entrega a los trabajadores de menores recursos. Ése fue el tema casi central de la discusión. Nuestra propuesta es que este subsidio debe ser progresivo y no regresivo, es decir, las personas de menores ingresos tendrían que recibir un subsidio mayor.
Estamos de acuerdo en que es necesario focalizar este subsidio y que las isapres deben mejorar sus planes básicos y la transparencia del sistema.
También estamos de acuerdo en apoyar el planteamiento del Diputado señor Ignacio Walker , en cuanto a que en ningún caso deberían recibir este subsidio quienes tienen un ingreso superior a 400 mil pesos.
Para ser consecuentes, también hemos repuesto las indicaciones que proponen eliminar el artículo 4º y el artículo transitorio, aprobados por la Comisión de Salud.
Por otra parte, se ha cuestionado una indicación propiciada con mucha difusión pública por el Diputado Girardi y otros parlamentarios, que obliga a las instituciones de salud previsional a reembolsar al Estado el gasto por prestaciones y actividades que den cumplimiento a programas de cobertura nacional y aquellos que la ley les obligue.
Hemos hecho público nuestro desacuerdo con dicha indicación, porque atenta contra una serie de garantías constitucionales, como la que asegura a toda persona igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la salud, para lo cual el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud de todos. Asimismo, se vulneran las garantías de los Nºs 22º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental al establecer discriminación arbitraria entre las personas adscritas a las isapres y al Fonasa, y el derecho de propiedad, respectivamente. Esta última disposición afecta especialmente a los niños, puesto que en salud pública se comprenden planes de vacunación y campañas para evitar que la población contraiga enfermedades como el cólera, el sida u otras.
Por todo lo anterior, quiero dejar establecido que, de reponerse esta indicación -que afortunadamente y con mucha más sensatez fue rechazada en la Comisión de Hacienda-, nos reservamos el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional. Es sorprendente que en la Comisión de Salud se la haya aceptado, por cuanto, a todas luces, es inconstitucional. Nosotros presentamos varias indicaciones que se declararon inadmisibles. Es injusto que a algunos se les declaren admisibles sus indicaciones y a otros no. Hay, evidentemente, un sesgo sobre cómo se evalúan.
Más aún, me parece insólito que después el Diputado Girardi haya dicho que ésta era una declaración emblemática y que nunca creyó que se iba a aprobar. Creo que nosotros no estamos para declaraciones emblemáticas que pueden crear problemas a los distintos sistemas de salud.
Además, queremos presentar una indicación para suprimir el artículo 3º del proyecto, aprobado por la Comisión de Hacienda, que modifica los artículos 22 y 23 de la ley Nº 18.933, y que dice relación con el pago de atenciones de urgencia. En este caso, también creemos que no es justo que sólo sean las isapres quienes deban pagar las atenciones de urgencia y no el Fonasa o las personas que se atienden a través de él. Esta disposición también nos parece inconstitucional. Quiero destacar que durante dos años permaneció una iniciativa en la Comisión de Salud, con el fin de solucionar el problema de las urgencias y de los cheques en garantía. A pesar de ello, el Gobierno nunca fue capaz de dar una respuesta y, hoy, mediante una indicación a un proyecto que no contiene esa materia respecto de las emergencias como objetivo central, permite que sea resuelta. Estamos dispuestos a estudiarla, pero no creemos que ésta sea la forma de hacerlo y tampoco que es justo, ya que, los que van a tener que pagar a la larga serán los usuarios de las isapres y no del Fonasa.
También nos reservamos el derecho de recurrir a la instancia correspondiente para que esta disposición sea declarada inconstitucional en el caso de que se siga adelante con ella.
Por último, a mi juicio, la forma como se ha tratado el tema de la salud, haciendo una guerrilla contra las isapres y no tratando realmente de mejorarla, muestra un alto grado de irresponsabilidad, porque nuestro país necesita mejorar tanto la salud pública como la privada. Los dos sistemas deben coexistir para atender a los chilenos. Con la salud no se juega; es un tema de vida o de muerte. Y me parece que aquí se ha abusado publicitariamente de una campaña contra las isapres con un concepto estatista de la salud con el cual no estamos de acuerdo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , lamento que se nos haya restringido el tiempo de las intervenciones. Hay diputados que hablan 15 minutos y otros, 8. Quienes integramos la Comisión de Salud tenemos ideas que queríamos desarrollar, pero vamos a tener que hacerlo de manera incompleta.
Todo lo que persigue el proyecto de ley debía realizarse tarde o temprano para evitar que un sector económico siga utilizando los recursos del Estado -que corresponden a los más pobres- y procurar que la salud llegue a todos y cubra en su integridad los riesgos a que se exponen. Se trata de terminar con la idea de que quien no tiene plata se muere, porque no puede ser atendido, cuando lo prioritario es hacer cumplir el derecho básico de la salud y la vida.
El resguardo de los recursos que se destinan al financiamiento de las prestaciones por este proyecto de ley, la mayor fiscalización, implicará, desde luego, mayor recaudación de cotizaciones en una cantidad aproximada a 10 mil millones de pesos, incremento que se utilizará en mejorar la cantidad y calidad de las atenciones de salud que el Fonasa brinda a sus beneficiarios.
¡Qué mejor que ello! ¡Qué medida más eficaz! Es una forma de ayudar a la gente de menos recursos. Por este proyecto se entregará gran cobertura a los beneficiarios en situaciones de urgencia vital, cuando y donde éstos lo requieran, sin la exigencia de presentar previamente algún instrumento de pago o garantía.
El cheque en garantía es un expediente economicista que está por sobre el derecho a la salud y la vida. No podemos seguir con la odiosa exigencia de este documento mercantil, porque la persona que se ha recuperado, con la preocupación que le significa tener que cubrirlo, desde luego recae en su dolencia y sufre mayores aflicciones y problemas de salud. Y quienes entregan el documento son, a veces, sus parientes más cercanos o amigos. El cheque es un elemento extraño, ajeno a las condiciones y derechos de la persona por su salud.
Fonasa extiende su atención a la mayor parte de los sectores. Nadie mejor que el Fonasa atiende a los adultos mayores, al 77 por ciento de ellos, con una proyección del 82 por ciento para el 2025. Nadie mejor que el Fonasa atiende a los grupos altamente vulnerables, como los pacientes de diálisis, y cubre el tratamiento de 5.655 personas de un total de 5.800.
Celebramos el anuncio del señor Ministro de Salud en orden a crear un seguro que cubra el ciento por ciento de las enfermedades catastróficas, lo que está de acuerdo con los modernos planteamientos que nos hablan de un seguro universal de salud para toda la población, suministrado por los sectores público o privado, donde nadie deberá quedar excluido de su acceso por razones económicas, como una manera de cubrir absolutamente el ciento por ciento de las atenciones y evitar, por ejemplo, el cheque en garantía. El Fonasa debe constituirse, a la larga, en un seguro solidario, colectivo y equitativo, base de un fondo universal, solidario, al que una sociedad justa aspira.
La verdadera pugna de intereses entre aquellos que representan al sector público y los que interpretan a grupos económicos determinados que hacen de la salud un negocio, nos grafica la relevancia que este proyecto tiene para la salud, que toca un área importante en este campo social y un terreno muy sensible para la sociedad chilena, en cuanto a la búsqueda de una mejor distribución de los recursos del Estado hacia los más necesitados.
La supervivencia de la salud pública y privada no están en juego con esta iniciativa. Ambas pueden coexistir perfectamente en un plano de complementariedad. Lo que no puede suceder es que un sector amenace a otro con la extinción, o que un sistema se mantenga a expensas del otro, o que se mercantilice excesivamente la salud, dejando de lado los objetivos de atención de salud o a los que carecen de recursos y no pueden optar a ella. Es necesario fortalecer la salud pública.
El ideal sería que una reforma del sector público de salud pudiese suprimir todo tipo de copago para los sectores de más bajos ingresos de nuestro país, para cualquiera de las prestaciones que entrega el sistema público en su modalidad institucional.
Si hay que competir en salud, que se compita. El Gobierno ha dado pasos para perfeccionar y ampliar la atención pública: ciento por ciento de cobertura para las enfermedades catastróficas, eliminación del cheque en garantía y otros beneficios.
El advenimiento de los cambios en la economía del país en los años 80, por aplicación de principios y doctrinas liberales, se ha traducido en una serie de modificaciones en el sector salud, con la acentuación de la participación privada en importantes ámbitos.
Ha sido nocivo para el país que la salud, como derecho constitucional y como parte importante de los derechos humanos, se haya sometido a las leyes del mercado.
El proyecto pretende ampliar el ámbito de los beneficios para las personas afiliadas al Fonasa , y para aquellas que eventualmente opten por él; fortalecer el sistema de salud como el que da respuestas oportunas y de calidad a las demandas de la población, avanzar hacia la construcción de un sistema más solidario y equitativo, reconocer y fortalecer la idea de un sistema mixto de salud con participación colaborativa entre lo público y lo privado para resolver los problemas y necesidades de la gente y abrir un debate acerca de la necesaria reforma integral de la salud en Chile, con el objeto de contar con un mejor sistema de salud para los chilenos.
Estamos de acuerdo con la supresión del 2 por ciento adicional en las cotizaciones. El traspaso de este subsidio al Fonasa implica regularizar la situación en el sistema de salud y ocupar estos fondos para aumentar la cobertura de programas del adulto mayor, crear fondos para enfermedades catastróficas, fortalecer el plan de salud familiar en la atención primaria y campaña de prevención en salud y formación de médicos especialistas en regiones.
Una proporción muy importante de los cotizantes de las isapres son incapaces económicamente de solventar copagos de cualquier prestación que vaya más allá de una consulta o de exámenes complementarios simples. Esta acción irresponsable de las isapres es lo que ha generado el subsidio involuntario de los sistemas de salud por la atención de beneficiarios de estas instituciones, filtrados en forma subrepticia en los centros de atención. Es decir, aparte del 2 por ciento, las isapres obtienen atención de prestadores públicos de salud -40 por ciento de ellos-, por una cantidad estimada en 70 mil millones de pesos. Con esto, entonces, se llega a una situación contradictoria: los más pobres están subsidiando a los que tienen más. Sería importante que las isapres reembolsaran estos gastos, y ya se han dado fórmulas, como “estirar” los fondos que ellos emplean para gastos de administración, ventas y publicidad, que asciende, aproximadamente, a 105 mil millones de pesos.
Por último, hablar de salud es hablar de la vida de las personas, y la vida es lo primero. La salud es cuestión de Estado...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Le queda un minuto, señor diputado .
El señor OJEDA.-
...y el rol del Estado es asegurar la equidad en el acceso a un derecho inherente a la dignidad de la persona.
Para un nuevo paradigma en salud es necesario una orientación, un enfoque y un tratamiento que implique prevenir el daño más que reparar, propender al financiamiento solidario ligado a las necesidades de salud, con una atención a través de redes de colaboración y un nuevo rol ciudadano, participación y control social.
La salud es un bien social esencial -reitero-, un derecho inherente a la dignidad de la persona, por lo que la sociedad, a través del Estado, debe garantizar el ejercicio de este derecho, no olvidando sus cuatro elementos o características como pilares de un sistema de salud justo: la solidaridad, la equidad, la universalidad y la integridad.
Respecto de los otros puntos que quería desarrollar, que por el escaso tiempo no pude hacerlo, los abordaré cuando el proyecto se estudie en particular en esta misma Sala.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , éste, como todo tema de salud, de medicina, en general, es extraordinariamente complejo y muy sensible para la mayoría de los chilenos, porque se conjugan características o experiencias personales. Ese claro deseo de poder tener la mejor salud posible para todos los chilenos es un problema médico, pero también económico, cual es la forma de administrar los escasos recursos de que se dispone. Bien decía la Diputada señora Cristi que éste es un problema respecto del cual debemos buscar las mejores fórmulas para tener un sistema de salud público y otro de salud privado, actuando correctamente, de manera conjugada, lo que permitirá, en general, otorgar buena salud y garantizar ese derecho a todos los chilenos.
En ese sentido, creo que este proyecto podrá ser llamado como “la pequeña historia de un fracaso inicial”, porque la primera visión o preproyecto, que conocimos tiempo atrás, era mucho más profundo y contaba con más elementos. Se refería a un seguro público de salud mucho más amplio, con un listado de prestaciones más claro; permitía compras de servicios a terceros con menores límites y mayores facilidades y, al mismo tiempo, permitía desburocratizar de mejor forma el sistema de administración de salud.
Creo que también será un pequeño fracaso porque, una vez aprobado, como estimo ocurrirá, no creo que signifique un cambio sustancial a la situación actual.
Por lo tanto, no me parece una respuesta adecuada al gran paradigma que enfrenta el mundo occidental: ¿cuál es el mejor sistema de seguro social y de salud que se puede dar a los ciudadanos?
Si se analizan las últimas experiencias en materia de salud, tras los fracasos de los modelos socialistas europeos, se ven tres grandes sistemas que interactúan: el americano, en que, prácticamente, no hay servicio ni asistencia públicos -que es correcto, probablemente, desde el punto de vista económico, pero que lleva al gran fracaso de dejar a cerca de 37 millones de personas sin acceso al seguro social de salud-; el europeo, más propio del “wellfare state” o estado de bienestar, donde la intervención del mercado es creciente a través de empresas públicas para mantener el sistema, pero que también fracasó; y el nuevo modelo, probablemente más europeo, en que se respeta plenamente el mercado. Con los ingresos del Estado, que provienen, básicamente, de impuestos, se mantienen el servicio social y la salud que cada país se puede dar.
El proyecto en estudio no responde de modo claro qué sistema de salud podemos darnos, como país, con nuestros recursos, en el contexto público y privado. Desde este punto de vista, contiene varios errores.
En primer lugar, como se ha dicho, se centra demasiado en las isapres y en una crítica profunda de ellas. Sin embargo, hay que recordar que es un sistema privado correcto, que da salud a más de tres millones de personas, y que el 70 por ciento del subsidio del 2 por ciento, que se quiere eliminar, es para personas con ingresos menores a los 270 mil pesos mensuales.
Por lo tanto, no se trata de personas de altos recursos, de gran fortuna, sino de aquellas con un ingreso familiar de 270 mil pesos al mes, que, si quisieran mantenerse en una isapre, sólo con los costos actuales, les significaría 60 mil pesos más al año.
Por eso, no nos confundamos. Es posible que el subsidio a ciertos estratos haya sido regresivo. Entonces, focalicémoslo mejor, pero permitamos que coexistan con el sistema privado, donde hay cantidades importantes de chilenos que no ganan más allá de 250 ó 300 mil pesos al mes. En consecuencia, la solución no es eliminar el subsidio del 2 por ciento, sino focalizarlo hacia aquellos grupos.
En segundo lugar, la indicación para que las isapres asumieran el costo de los programas públicos no sólo era inconstitucional y creaba un sistema absurdo, arbitrario y discriminatorio, sino que, al mismo tiempo, era impracticable económicamente. Hacía inconducente, a la larga, cualquier intento, por ejemplo, de control epidemiológico y de vacunas. No iba a tener resultado, y fue rechazada en la Comisión de Hacienda
En tercer lugar, la fórmula propuesta para evitar el cheque en garantía no va a dar resultado. Además, establecerá una diferenciación odiosa entre los servicios de urgencia de los hospitales públicos, en relación con las clínicas privadas. En la práctica, puedo asegurar que se continuará discutiendo, lamentablemente, el problema del cheque en garantía, porque la nueva disposición en ningún caso lo corregirá.
En cuarto lugar, la fórmula -está en la línea correcta- para brindar atención en salud con mayor rapidez a través de la contratación de servicios a terceros es demasiado burocrática, por una parte, y tiene topes de financiamiento que carecen de razón, por otra.
En quinto lugar, si bien, gracias al esfuerzo del Diputado señor Montes -le hago un reconocimiento especial-, ha sido elegido un hospital específico, con un modelo de administración más autónoma, creo que debería avanzarse en este sentido e incorporar a otros centros de salud, a fin de responder más rápidamente a las necesidades de atención de las personas.
En último lugar, sigue pendiente el gran desafío de analizar con claridad el destino y utilización de los recursos de salud. Se ha hecho un gran esfuerzo, como país, y casi se ha duplicado su cantidad, pero ella no se refleja en la atención. Se ha duplicado el presupuesto, pero el índice agregado de productividad aún se mantiene en niveles muy menores.
Otros índices son preocupantes o, al menos, discutibles -no me pronuncio si son correctos o no-, como la disminución de las intervenciones quirúrgicas y la producción por peso gastado.
En general, el proyecto no es la palanca o el gran instrumento que todos sabemos que se requiere para garantizar a todos los chilenos una salud adecuada, a través de un sistema público y un sistema privado.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, el proyecto busca introducir algunos cambios en la legislación vigente para mejorar la equidad en un sistema de suyo injusto, que permite mejor acceso a la salud a los que tienen mayores ingresos, y todo lo que se haga en el sentido de corregir las inequidades va en el camino correcto.
Eficacia, equidad, libertad, eficiencia debe ser el orden de los valores en salud. El sistema chileno nace prácticamente en 1952, con la creación del Servicio Nacional de Salud, fuertemente inspirado en su homólogo inglés, pero con algunos elementos, a mi juicio, mejores, como la integración entre la atención primaria y el resto de los niveles y el concepto de integralidad, que, desde su inicio, englobó la promoción, la prevención, la curación y la rehabilitación, lo que ha dado muchas satisfacciones al país sanitario.
La desaparición de la desnutrición infantil como tema de salud pública en Chile; el control de las enfermedades infectocontagiosas, como la parotiditis, la rubéola y el sarampión; el descenso de las tasas de hepatitis y tifoidea, a niveles increíbles hace una década; la exitosa campaña del cólera en 1992; la erradicación de la poliomielitis; la atención institucional del parto en el ciento por ciento; el descenso de la mortalidad infantil a niveles de países desarrollados; una red de hospitales, consultorios, postas y estaciones médico-rurales, que no tiene equivalente en naciones más avanzadas; un dispositivo de atención de urgencia o asistencia pública en todos los pueblos y ciudades, difícil de igualar por el sector privado, etcétera, son, por nombrar algunos, los grandes logros de la salud pública chilena en estos 46 años.
Una pléyade de salubristas, políticos, médicos, administradores, profesionales de colaboración, paramédicos y auxiliares, y muchas instituciones, como las universidades y los colegios profesionales, han participado en su desarrollo.
La creación en 1982 de las instituciones de salud previsional, isapres, dio origen a un sistema de seguro de salud inexistente a la fecha e introdujo elementos de mercado en salud, separando el rol financiero del rol prestador. Estas instituciones tuvieron un fuerte crecimiento en la década de los 80 y se estabilizaron en los últimos cinco años.
Fueron creadas con una importante cantidad de subsidios, como el reaseguro en el sector público, los programas de cobertura nacional, las licencias maternales y del hijo menor de un año, y el subsidio del 2 por ciento que hoy no se ocupa. Si a ello agregamos las tremendas limitaciones de sus planes de atención, con las exclusiones y las preexistencias, todo esto permitió que tuvieran utilidades cuantiosas durante varios años.
No me opongo a que la salud privada se desarrolle, pero no a costa del Estado y mucho menos de los más pobres. Sí a la salud privada subsidiaria; no a la salud privada subsidiada.
Las isapres han desarrollado suficiente fortaleza en estos quince años, como, por ejemplo, haber incrementado sus ingresos operacionales en 20 mil millones de pesos, en 1997, solamente por concepto de cotizaciones adicionales voluntarias, lo cual permite ir quitándoles los subsidios que se les dieron en sus orígenes. Estas instituciones no hacen fomento ni prevención de salud; sólo lo hace el Estado.
La salud debe ser integral, es decir, los servicios deben integrar promoción o fomento, la prevención en todas sus formas, la curación de las enfermedades y la rehabilitación del paciente. ¿Por qué la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades debe ser de cargo del Estado?
En la medida en que nuestro país vaya creciendo, y las rentas de las familias más pobres aumentando y se produzca una mejor distribución de la riqueza, no me cabe duda que mayor número de personas se irá incorporando al sistema de seguro de salud privado. Pero nuestro imperativo primario es fortalecer el sistema público de salud, que se hace cargo del 68 por ciento de la población del país, en materia de medicina curativa, y del ciento por ciento en la prevención y fomento de la salud, donde se concentran las principales carencias, la gente más pobre y los problemas más complejos, y para lo cual creo que no basta con mejorar la gestión, pues también hay que continuar alimentando el aporte fiscal.
Es indispensable crear los incentivos necesarios para garantizar la permanencia del personal en consultorios y hospitales, terminar con la tremenda debilidad de la atención primaria municipalizada, perfeccionar la carrera funcionaria, preocuparse más de la formación médica y paramédica, legislar sobre las especialidades médicas, etcétera.
Hay que completar la red asistencial pública en cada una de las regiones con un concepto de complementariedad entre el sector público y de mutuales; hay que incorporar la atención prehospitalaria en el sistema de urgencia en la modalidad Samu en todo el territorio nacional.
El proyecto que nos ocupa, respecto del fortalecimiento del Fonasa y la eliminación del 2 por ciento del subsidio a las isapres, y otro, sobre la reforma de la ley Nº 15.076, que regula el trabajo de médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos, apuntan en el sentido correcto para mejorar el sector público, pero aún quedan muchas medidas pendientes para perfeccionarlo aún más.
Finalmente, deseo señalar mi opinión favorable a la indicación del Ejecutivo para determinar que serán las instituciones de salud previsional las que paguen directamente a los servicios de salud el valor por las prestaciones que hayan otorgado a sus afiliados, en caso de atención de emergencia, aunque me habría gustado que se hubiera hecho extensiva a las atenciones electivas y a cualquier otra prestación.
Sin embargo, deseo manifestar mi oposición a la indicación de la Comisión de Hacienda -artículo 6º, nuevo- que faculta al Presidente de la República para crear establecimientos asistenciales de nivel secundario y terciario distintos de los servicios de salud regidos por el decreto ley Nº 2.723, por cuanto esta modalidad de gestión en el sector público de salud atenta gravemente contra la debida integración que debe haber entre el nivel primario y los demás niveles de atención, produce una desarticulación de la red asistencial al interior del área geográfica de un servicio de salud y puede crear un segmento con un régimen de excepción a las normas vigentes, lo que puede perjudicar seriamente la relación con el resto del sistema.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Victoria Ovalle .
La señora OVALLE (doña María Victoria) .-
Señor Presidente , ante el proyecto que perfecciona las normas del área de la salud, deseo manifestar que soy una ferviente partidaria de una salud mixta, pues considero que ya llegó la hora de que nuestro país demuestre que es capaz de tener una estupenda salud pública para aquellos que no tengan con qué pagarla, lo que redundaría en que la salud privada tenga que “ponerse las pilas” para ser aún mejor, cosa que no está sucediendo, porque al estar la salud pública en crisis desde hace muchos años, la salud privada ha demostrado su falencia, ya que nada la induce a ser mejor. Por ejemplo, en las atenciones al adulto mayor y en las enfermedades catastróficas, entre otras.
Dado lo anterior, considero que este proyecto, a pesar de sus avances en muchos sentidos, no logra ponerse los pantalones largos y de una vez efectuar una reforma radical, en el sentido de otorgar mayor autonomía a los directores de los establecimientos hospitalarios, para evitar que la burocracia consuma a los que hoy estamos sujetos a ella.
Un par de ejemplos. Un establecimiento hospitalario de mi distrito no puede utilizar los recursos propios que está generando debido a su buena administración, ni siquiera para cambiar sus ambulancias, que tienen 520 mil y 350 mil kilómetros, respectivamente. Sin embargo, debe invertir recursos, equivalentes a la compra de nuevos vehículos, en la mantención y reparación de vejestorios, inclusive en ajuste de motor. Tal situación ocurre porque los recursos generados deben ir al fondo del servicio de salud, debiendo, además, presentar un proyecto al fondo regional, cuya aprobación demora casi un año para lograr tan elemental cambio, como es el reemplazo de vehículos.
El hospital San Juan de Dios necesitaba con urgencia un respirador mecánico durante la crisis de este invierno, y contando con la plata, pues su director maneja más de dos millones y medio de dólares, hasta el momento no ha podido comprarlo, en circunstancias de que vale 12.000.000 de pesos, porque debe pedir autorización, trámite que dura varias semanas. Entonces, ¿cómo podemos pretender tener una salud rápida y eficiente, en la cual deseen trabajar buenos médicos, a pesar de las bajas remuneraciones?
Por lo señalado precedentemente, hemos presentado una indicación que espero sea acogida por el Ministro , tal como me lo manifestó en una conversación -puesto que se trata de una materia de iniciativa del Ejecutivo-, ya que es de vital importancia agilizar las decisiones que son cruciales para una mejor atención de los usuarios.
Respecto del 2 por ciento, no estoy de acuerdo con mantenerlo en las actuales condiciones porque está mal focalizado. Yo preferiría que se redistribuyera en forma progresiva, de manera que las personas de menores ingresos reciban mayor subsidio, y las que ganan más, hasta un tope de 300 mil pesos, reciban uno menor. Además -lo que es muy importante-, que cada beneficiario elija dónde se quiere atender, si en el Fonasa o en una isapre. Para mí, esto es crucial, porque si el usuario elige, habrá una competencia entre las isapres y el Fonasa, lo que favorecerá al paciente.
Celebro que el Fonasa haya decidido que el tratamiento de las enfermedades catastróficas sea sin costo para los beneficiarios. Sin duda, éste será un gran desafío para la salud privada, la que tendrá que ver cómo atiende ahora a los pacientes que muchas veces dejaron abandonados en el camino por tener una enfermedad de esas características. Una mejor atención de la salud pública obligará a la privada a mejorar sus planes y la atención global, ya que, de lo contrario, sucumbirá. El Presidente de la Asociación de Isapres y algunos de sus ejecutivos así lo reconocieron, al decir que “En la medida en que el sistema público se perfeccione, nos obligará a perfeccionarnos también”. Otro gerente dijo: “Esto implica un desafío para la salud privada”.
Por todo ello, debemos velar por que los recursos sean bien administrados, debiendo hacerse, además, un gran esfuerzo para mejorar la gestión. Los nuevos hospitales deberán ser no sólo nuevos edificios, sino que nuevas empresas de salud al servicio de las personas, y quienes trabajen en ellos necesitarán no sólo destreza técnica, sino también espíritu de servicio, ética y compromiso moral con el enfermo y con su dolencia; toda una cultura altamente sensible y desarrollada, no fácil de lograr y muy fácil de destruir. Por lo tanto, está de más decir que toda esa gente necesita remuneraciones coherentes con su desempeño.
Cabe señalar que, en estos años, la inversión en el sector salud ha crecido de 8 millones de dólares, antes de 1990, a alrededor de 100 millones de dólares, en los últimos 6 años. Los juicios sobre su eficiencia, eficacia e impacto son variados, muchas veces condenatorios; pero, por primera vez, existen criterios aunados que estiman que se debe hacer un serio esfuerzo para mejorar la gestión. Por lo tanto, la tarea de incorporar participativamente a profesionales y auxiliares en la gestión debe constituir una política central. Adicionalmente, la flexibilidad en el uso del dinero para incentivar o reforzar tareas necesarias debidamente controladas deberá ser un elemento importante en esta función. Las demandas de un hospital son esencialmente variables y su administrador o director debe tener las manos libres para manejarse dentro de dichas variables.
El liderazgo en el proceso y en la organización de un hospital ha estado, está y deberá seguir estando en manos de los médicos, que para ingresar a la carrera de medicina debieron ser responsables, inteligentes y muy estudiosos. Confiemos en ellos; no les atemos las manos; paguémosles bien, pues de ello dependerá, en gran medida, que salgamos de este gran dilema y logremos ofrecer una salud digna a todos los chilenos.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Manuel Bustos.
El señor BUSTOS (don Manuel) .-
Señor Presidente , había pensado no hablar, pero haré un par de comentarios sobre algo que me parece importante.
En primer lugar, desde mi punto de vista, la salud pública siempre ha sido un tema conflictivo, siempre hemos estado reclamando mucho sobre ella. Quiero hacer un par de reflexiones sobre lo que ha pasado en los últimos ocho años.
En este período se han hecho inversiones muy importantes en una gran cantidad de hospitales públicos y en la construcción de otros nuevos. En el primer año del Gobierno del Presidente Aylwin, recuerdo haber recorrido varios hospitales con algunos amigos que fueron nombrados directores. ¡Era un escándalo! No había calderas, no había sábanas, las camas eran indecentes: hechas pedazos; tampoco había pañales en esos hospitales públicos. ¿Qué había? Un desastre terrible; pero nadie discutía respecto de la administración de esos hospitales; lo más que se decía era que había bajado el presupuesto de esas áreas hospitalarias.
Y creo que era cierto; no había prioridad para la salud pública, porque por la vía de jibarizar el servicio público, se trató de favorecer a las isapres o a la salud privada. Bueno, ésa es una estrategia de desarrollo de la salud. Puede ser que hayan tenido razón quienes en ese momento enfrentaron el problema planteando la privatización.
Pero hoy no podemos rasgar vestiduras y criticar a la salud pública. Hasta el momento -gracias a Dios, y espero que no lo veamos más adelante- no he visto que ningún niño se muera en la puerta de un hospital porque no lo atiendan. Con todos los problemas que tiene el sector, todos los enfermos entran a atenderse en los servicios públicos. A lo mejor, somos un poco lentos, no actuamos con la rapidez que queremos; pero, de alguna manera, el servicio público siempre ayuda a resolver los problemas.
No es que esté defendiendo el actual servicio público; no, tenemos muchos déficit, y digo tenemos porque todos somos responsables. ¿Cómo estamos planificando la salud pública? Creo que debería existir un debate mucho más abierto con los médicos y con la comunidad. Este Parlamento debería intervenir activamente proponiendo ideas, más que discutiendo si la salud debe ser privada o pública. Si bien el grueso de este país no continuará siendo pobre -eso sería una mala señal-, seguirá teniendo problemas para llegar a una salud privada sin problemas.
Les quiero contar una anécdota. Ahora estoy enfermo, con reposo médico. Me hicieron unas radiaciones y después me dieron un mes de reposo. La semana pasada pedí la cuenta, y el tratamiento de radiación que duró 45 días me costó 2.400.000 pesos. Desde mi punto de vista, estoy en una buena isapre como es Colmena. Me mantengo ahí porque firmé un convenio colectivo con ella hace como quince años, cuando era presidente del sindicato Sumar, y en esa época nos resolvió varios problemas. Francamente, nos daba mejor servicio que el sistema público en operaciones, en atención más rápida, etcétera.
Pero, ¿qué pasó conmigo ahora? Voy a la isapre, pido la boleta y tengo que pagar 2.400.000 pesos. La isapre llamó a mi hija, que estaba tramitando los papeles y le dijo que me iba a reembolsar 145.000 pesos. Mi hija me llamó y me dijo: “Te vas a caer de espaldas, papá. De los 2.400.000 pesos, la isapre te va a pagar 145.000 pesos”. Para qué les digo, me indigné; francamente, me enojé mucho, porque encontré que era muy poco. Miré mi contrato y quedé con la duda. Mi hija me dijo: “Papá, esa cosa está entre las enfermedades catastróficas, así es que te fregaste”. Le dije: “No puede ser”.
Pues bien, yo conozco a uno de los ejecutivos de Colmena. Además, conozco a su presidente , el señor Merino . Incluso, estuvimos buscando la forma de que las isapres llegaran al Perú. Yo lo estaba ayudando, porque es muy buena persona. No tengo mala voluntad para con él; todo lo contrario. Entonces, lo llamé y le dije: “Esto es un escándalo. Pensemos en el trabajador normal que gana 200 “lucas” al mes y que estuviera en este problema. Se muere ese “gallo”.” Me dijo: “Pero es que tenemos el problema”. Le dije: “Sí, yo leí esta cosa en letra chica. Tengo clarito lo que pasa. Es una sinvergüenzura que de 2.400.000 pesos que tengo que pagar yo, usted me dé 145.000 pesos de reembolso. No estoy de acuerdo”. Me dijo: “Mándame los papeles de vuelta para ver cómo te podemos reprogramar”.
Bueno, creo que mañana la isapre me dará la respuesta definitiva. Estoy seguro de que la isapre me dará unas tres “gambas” más. ¿Qué más me va a dar? Creo que me va a dar más porque soy Manuel Bustos y porque me conocen hace mucho tiempo; incluso, me conoce el presidente -creo que es el dueño- de la isapre. No me cabe duda de que algo más me van a dar. Pero es un escándalo de política de isapres, de salud pública; no estoy atacando a mi isapre, que en algún momento atendió muy bien a mis hijas.
Les cuento otra anécdota. El médico que me hizo una biopsia, que es una operación chica, para saber ¡qué mierda! tenía en la cabeza -con el permiso de los honorables colegas; y, de paso, ¿qué descubrió?: Que no tenía mierda, sino un cáncer-, me cobró 820.000 mil pesos. Bueno, también hay que pensar que el “gallo” se metió adentro de mi cabeza. Mi hija partió nuevamente a la isapre para que me reembolsaran. ¿Cuánto me reembolsaron? Ciento doce “lucas”. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a una enfermedad catastrófica.
En primer lugar, lo que me preocupa de las isapres es tratarlas de una manera que sirvan a la gente, y el tema de las enfermedades catastróficas deberíamos tratarlo con ellas, para ver cómo lo abordamos, porque es muy delicado.
En segundo lugar, está el 2 por ciento. Yo le diría al Ministro que si lográramos rescatar el 2 por ciento, deberíamos crear un fondo especial, al margen del gran fondo que se está creando, que permitiera, por lo menos a la gente que gana el salario mínimo, a los viejos de la tercera edad, tener un banco de remedios, pero que fuera rápido y no burocrático. Se trata de que cuando el viejito llegue a una ventanilla con una receta, un tipo de otra ventana le pase el valor de la receta o los remedios. Yo creo que es mejor que le pase el dinero para que él compre su receta.
Lo que tenemos que hacer son cosas agresivas, que la gente sienta que lo que hicimos por un lado sale por otro.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor BUSTOS (don Manuel).-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Hemos discutido mucho sobre el 2 por ciento. El 2 por ciento es una migaja, pero en el conjunto sirve mucho para la gente que lo necesita. Deberíamos hacer cosas novedosas y agresivas; que lo administre un área del Ministerio de Salud con sus mismos funcionarios, pero no crear más burocracia ni gastar más plata en ella.
Señor Presidente , tenía deseos de hablar sobre otras cosas, pero no se pudo. Le agradezco que me haya permitido extenderme un par de minutos.
Muchas gracias.
-Aplausos.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la honorable Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , sólo quiero hacer algunas referencias muy puntuales relacionadas con el proyecto.
Creo que hay que llamar la atención de la comunidad del país, que nos está viendo y escuchando, en el sentido de que el proyecto va a fortalecer la salud pública, que atiende a cerca del 80 por ciento de los habitantes del país, en especial a los de más escasos recursos y, en particular, a los de la tercera edad -jubilados y montepiadas-, que necesitan un mayor apoyo asistencial.
Para fortalecer la salud pública, en el proyecto hay algunos puntos específicos respecto de los cuales es importante llamar la atención.
En primer lugar, en el futuro, el total de cotizaciones, el siete por ciento, se destinará efectivamente a la salud pública, lo que significará unos 10 mil millones de pesos adicionales a lo que hoy tenemos para afrontar esta prioritaria necesidad del país.
En segundo lugar, en este momento existe la discusión sobre la supresión del dos por ciento de subsidio a las isapres, porcentaje que ya no se les entregará, sino que también irá a un fondo especial de salud pública. Por lo tanto, podremos fortalecer el funcionamiento de los consultorios, postas y, en general, de todos los servicios de atención; es decir, se atenderá a más del 80 por ciento de sus usuarios.
Otra cosa importante y que, de alguna manera, viene a reforzar el área salud, es que de ahora en adelante las isapres deberán pagar todas las prestaciones de urgencias realizadas en los servicios y postas de atención pública, que, hoy por hoy, muchas veces quedan impagas y, en definitiva, es el sistema público el que las debe absorber. Eso significará que cuando un paciente concurra a un servicio de atención pública, en caso de ser afiliado, no le exigirán cheque y le dirán: “Lo atendemos primero y le cobramos después”. Ése es un tremendo avance en esta materia.
Otra cosa importante de destacar son las facultades que tendrá Fonasa para fiscalizar a los empleadores, a fin de que se vean obligados a pagar oportunamente el siete por ciento de la cotización de salud. Esto es primordial, porque muchos empleadores y grandes empresas a veces abusan y se quedan con estos recursos.
Si consideramos estos puntos fundamentales, el acontecimiento histórico de que los recursos que se destinan para salud se inviertan efectivamente en esta área y no a construir caminos o a hacer otro tipo de inversión pública y, además, que los sistemas de salud público y privado coexistirán, pero no haciendo este último un mal uso de la salud pública, estimo que el proyecto es de justicia y que, como parlamentarios, tenemos la obligación de salvaguardar la salud, no como un negocio, sino como un derecho.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente , con el proyecto que hoy tratamos, si bien mejoran algunos puntos, sigue pendiente la gran reforma estructural que la salud chilena necesita y que viene solicitando desde hace años.
Creo que con la iniciativa estamos avanzando, pero, lamentablemente, es exactamente igual a que un médico recetara aspirinas para curar el cáncer, o, si prefieren, estamos intentando, una vez más, tapar el sol con un dedo.
A nivel nacional, es de público conocimiento la falta de recursos humanos y técnicos que sufren los hospitales. Por vía de ejemplo, les recuerdo el caso específico de Arica: actualmente, su hospital mantiene una deuda que se acerca, desesperadamente, a los mil millones de pesos, la cual, como es lógico, lo tiene técnicamente en quiebra.
En esta comuna se realizó el primer cabildo abierto de la salud.
-Manifestaciones en la Sala.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Arica enmudeció esperando que escucharan los señores parlamentarios.
-Aplausos.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Como decía, en Arica se efectuó el primer cabildo abierto de la salud, por medio del cual la comunidad creó una alianza con los trabajadores de la salud para defender la vida y la salud pública. En él se dio cuenta a la población de los problemas por los que se atraviesa, tales como falta de medicamentos, de alimentos para los enfermos, sábanas y material clínico; postergación de operaciones, necesidad de recursos para realizar el traslado de pacientes que requieren tratamiento especializado. No tienen, por supuesto, dinero para contratar operaciones especializadas en otro lugar.
Ésta es la realidad. Las personas no cuentan con atención médica por falta de recursos y, para colmo, los pacientes hospitalizados ahora pasan hambre. Sin embargo, médicos y funcionarios del hospital siguen atendiendo a la comunidad, tratando de tapar su miseria. ¿Cuál fue la respuesta obtenida de la autoridad competente? No entregar, por supuesto, los recursos para resolver estos problemas, y arreglarlos mediante la petición de renuncia de las autoridades locales de salud. ¡Gran solución debe ser cambiar un director y entregarle al reemplazante los mismos recursos mínimos!
¿Cuál es el origen de esta enorme deuda? Casi el 80 por ciento de ella se debe a las prestaciones realizadas por medio del Fonasa, toda vez que las prestaciones efectuadas y facturadas sólo se pagan en parte y, además, el reembolso no considera completamente el factor de corrección que procede aplicar a las zonas extremas. Como broche de oro, pese a su situación de aislamiento, no se aplica la asignación de zona a todos los ítem relacionados con conceptos financieros.
En el caso de Arica, también hay que recordar que, por su especial condición geográfica, debe atender a ciudadanos extranjeros y también asumir sus costos. ¿Pueden imaginarse este fenómeno extendido a buena parte de Chile?
De esta manera, es de vital importancia que Fonasa fije los precios, que indique cuánto pagará por las prestaciones y señale en qué fecha procederá a hacerlos, aparte de las funciones que, como servicio público, debe otorgar a los usuarios.
Es necesario insistir en que el proyecto ha dado lugar a una tremenda discusión, a una suerte de guerrilla encarnizada por esta causa, protagonizada por Fonasa versus isapres, lo que ha traído una sola consecuencia: hemos perdido de vista nuestro principal horizonte, que es el recurso humano y, por supuesto, a los usuarios.
De la misma manera, el proyecto tampoco considera la creación de un ente fiscalizador que realice un constante control y evaluación técnico-administrativa, organismo de vital importancia para la buena marcha de una empresa pública, sea que se encuentre formado sólo por autoridades, o bien, como sería óptimo, por éstas en conjunto con dirigentes gremiales, agentes sociales de la comunidad, etcétera.
Evidentemente, avanzamos con soluciones de parche, intentando, en forma abusiva, sustentarnos en la inmensa vocación de los médicos y de los trabajadores de la salud, quienes diariamente conviven con el dolor ajeno, mitigándolo con todo el amor que un ser humano puede sentir y dar por su prójimo.
Indudablemente, no todos los hospitales están enfrentados a iguales condiciones, por lo que en este proyecto no debemos olvidar a los hospitales rurales, que constituyen un altísimo porcentaje en el país, como tampoco a aquellos que, por su especial ubicación, deben tener un tratamiento igualmente particular, tal como los ubicados en zonas fronterizas o extremas, los cuales constituyen la primera barrera sanitaria del país, aportando al sistema nacional de salud importantísimos índices biomédicos.
Nos enfrentamos a un hecho irrefutable: el proyecto no resuelve los gravísimos problemas por los que atraviesa el sector público de la salud, toda vez que él se encuentra en estado de emergencia, como todos sabemos. Debo recordar que la salud y la vida, en el país, son dos derechos constitucionales, por lo que los problemas de la gente son también nuestros.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , quizás uno de los mayores desafíos que ha debido enfrentar la Concertación a través de sus dos gobiernos ha sido restaurar el deteriorado sistema de salud heredado del régimen anterior. Se han invertido grandes sumas de dinero para paliar los déficit observados. Sin embargo, son tan grandes las falencias heredadas que sólo el esfuerzo sostenido a través de muchos años permitirá revertir gradualmente la situación que, lamentablemente, aún no hemos podido mejorar: la atención a los más necesitados.
Es cierto que era necesario incorporar a agentes privados al sistema y garantizar la libertad de elección en determinados niveles. Pero estos cambios debieron ir acompañados del necesario esfuerzo del Estado en beneficio de los sectores más postergados de la ciudadanía. Los grandes cambios que ha sufrido nuestra sociedad justifican el retorno a un modelo en que, sin impedir el acceso de los agentes privados al sistema, el Estado ejerza en plenitud el rol de cautelar o generar grandes normas y directrices en materia de salud pública. He aquí la función, el rol del Estado.
Este proyecto de ley se inscribe en ese marco y busca modernizar la gestión del sector público estatal, favoreciendo un uso más eficiente y equitativo de los recursos, siempre insuficientes en relación con la demanda de prestaciones de salud. Asimismo, busca resolver ciertas desigualdades observadas en el acceso a estos beneficios que se manifiestan entre el sector público y privado, entre distintas regiones, servicios de salud y distintos grupos socioeconómicos. En pos de estos objetivos, el proyecto de ley perfecciona el rol de Fonasa para mejorar las condiciones de acceso, oportunidades y calidad de las prestaciones de salud para sus beneficiarios, en el marco de las políticas y normas que defina el Ministerio de Salud.
Del mismo modo, se busca reorientar hacia los más necesitados los aportes públicos asociados al 2 por ciento que actualmente, y a pesar de lo que señala majaderamente la publicidad contratada por las isapres, están siendo aprovechados por personas con niveles de ingreso que no justifican un subsidio estatal.
En cuanto al Fondo Nacional de Salud, que tiene como beneficiarios a más de ocho y medio millones de personas pertenecientes a los sectores de ingresos más bajos del país -cerca del 60 por ciento de la población-, en el que se encuentra más del 80 por ciento de las personas de la tercera edad, se amplían sus facultades para identificar a reales beneficiarios, pudiendo recabar la información necesaria a los empleadores, instituciones de previsión y demás organismos públicos y privados. Se faculta a Fonasa para suscribir convenios con entidades que no pertenecen al sistema público de salud, con lo cual se extiende la cobertura a lugares donde no llega el sistema público, o bien, a prestaciones de salud especializadas que no son ofrecidas por el sistema público. Con esto, también se facilitan las atenciones de urgencia vital, ya que si existe un convenio previo entre Fonasa y una institución cualquiera de salud, no perteneciente al sector público, el cotizante de Fonasa no tendrá la obligación de garantizar pago alguno, a través de cheques en garantía u otras cauciones igualmente gravosas.
Ahora, en cuanto a la derogación de la cotización adicional del 2 por ciento, cabe hacer presente que la equidad es una de las bases de la propuesta. Para estos efectos, se procederá, en forma gradual, a suprimir el subsidio contemplado en el artículo 8º de la ley Nº 18.556.
No resulta justo que el Estado destine recursos para contribuir al financiamiento de los planes de salud de un sistema privado de isapres si, paralelamente, los cotizantes de Fonasa financian su propio plan de salud con cargo a sus propias cotizaciones, sin otra colaboración o ayuda.
Es preciso recordar que los sistemas de isapres facultan a los trabajadores dependientes para solicitar a sus empleadores, con cargo a éstos, una cotización adicional del 2 por ciento de las remuneraciones, la cual les otorga a esos empleadores un crédito fiscal descontable de sus impuestos. La aplicación de este mecanismo ha derivado en un aporte de importantes recursos estatales que no están siendo destinados a la satisfacción de los requerimientos de los más necesitados.
Estudios técnicos han establecido que dichos recursos son utilizados preferentemente por personas de los más altos niveles de ingresos, las que no son acreedoras de un subsidio estatal.
Además de lo expresado, solicito al señor Ministro de Salud que en los centros asistenciales públicos se dé una atención esmerada, preferente, eficiente y oportuna para los usuarios de la tercera edad, que siempre son atendidos en igualdad de condiciones que el resto. Cito, como ejemplo, a una señora de 116 años, de la provincia del Biobío, que llegó a un centro asistencial de Los Ángeles y no fue posible regresarla en una ambulancia a su domicilio, sabiendo que se trataba de la persona más anciana del país y, tal vez, de Sudamérica.
Por eso, el proyecto establece una disminución gradual en el subsidio para canalizar estos recursos a los sectores que más lo necesitan.
Por consiguiente, los diputados radicales votaremos favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA .-
Señor Presidente , ingresé al Servicio Nacional de Salud en 1969, después de dos meses de haberme recibido como médico. En el hospital de Talagante hice mi especialidad en oftalmología. Me trasladé a la ciudad de Chillán en julio de 1971, para desempeñarme como oftalmólogo, cargo que desempeñé hasta 1990, fecha en que asumí como gobernador de la provincia de Ñuble. Con posterioridad, en diciembre de 1996, regresé al mismo servicio, en el que estuve hasta que juré como diputado de esta Corporación.
Por lo tanto, he sido actor y testigo de la evolución de la salud chilena por espacio de casi cuarenta años, ya que ingresé a la escuela de medicina en 1962.
En esta oportunidad, quiero señalar la importancia de la creación del Servicio Nacional de Salud, gestada durante el Gobierno de don Gabriel González Videla, cuyo Ministro de Salud era don Jorge Mardones Restat , fallecido en el día de ayer, y a quien rindo homenaje por su importante labor realizada en favor de la medicina social.
La ley fue promulgada en 1953, fusionando la Beneficencia con el Seguro Obrero. Con ello quedó en claro que los sistemas público y privado son complementarios y no competitivos, y en ambos el médico juega un rol importante.
De acuerdo con lo establecido en la ley Nº 15.076, el médico podía ser contratado por seis horas diarias en los hospitales y por dos horas para practicar su medicina privada. Queda en evidencia, entonces, que participaban tanto en el sector público, al cual se le daba mayor importancia, como en el privado.
En esta oportunidad, quiero destacar un hecho que me parece importante por las circunstancias que hoy vive el país. Para la creación del Servicio Nacional de Salud fue fundamental la participación de dos médicos, quienes teniendo visiones totalmente diferentes respecto de la estrategia y desarrollo económico del país, coincidieron, sin embargo, en la función social que cumple la medicina: Eduardo Cruz Coke y Salvador Allende .
En el día de ayer, en este mismo hemiciclo, un médico de Renovación Nacional, y por tanto de la bancada de Oposición, también ha dicho que votará favorablemente el proyecto, con lo que queda demostrada la visión que hoy tenemos los médicos en Chile.
Quiero también rendir un homenaje a todos mis colegas trabajadores del sistema de salud, en especial del sector público, ya que gracias a su abnegada y eficiente labor, Chile puede mostrar al mundo índices biomédicos comparables con los de los países desarrollados, no obstante que el gasto per cápita en estas materias es muy inferior.
También quiero felicitar a mis colegas trabajadores del servicio de salud de Ñuble, a quienes se desempeñan en las estaciones médico-rurales, en las postas, en los consultorios, en los establecimientos hospitalarios, por los altos índices logrados en la última década, a pesar de la alta ruralidad y pobreza que existe en la provincia.
Ahora, si nos referimos a los resultados económicos, quiero destacar que en Fonasa, en 1990, el gasto per cápita alcanzaba a 39 mil pesos, mientras en las isapres llegaba a 100 mil, o sea, al 40 por ciento, pero entendiendo que el sector Fonasa , como aquí se ha dicho, atendía a más de 8 millones 700 mil habitantes, entre los que están los de menores ingresos, y el sector privado, las isapres, sólo a 3 millones 900 mil.
En rendimiento de gastos de administración, en 1997, el Fonasa alcanza a un porcentaje de 0.9 por ciento, mientras que las isapres, 19 por ciento. Si los resultados económicos se analizan desde el punto de vista de la actividad comercial, las isapres llegaron a obtener el 27 por ciento de utilidades sobre el capital y ahora supera el 10 por ciento. Desde el punto de vista de la gestión del capital, se alcanza el 7 por ciento; en consecuencia, la labor que realizan hoy las isapres es de mayor resultado económico.
El proyecto viene a perfeccionar, una vez más, lo que ha hecho Fonasa desde 1990 y, gracias a los mayores recursos y a su modernización institucional, según la comunidad, se trata de uno de los servicios públicos más competentes.
El proyecto lleva a cabo su propósito a través de tres mecanismos, que quiero destacar.
Primero, al incrementar los beneficiarios del grupo B y subir el techo de los ingresos del afiliado y su grupo familiar, aumenta la gratuidad de los sectores más postergados, así como también disminuyen los gastos, al traspasar beneficiarios del sector B al C.
Segundo, porque hoy el Fonasa asumirá las enfermedades catastróficas, como las hipertensivas, lo cual es muy importante, ya que hoy aumentan con el cambio demográfico de nuestra sociedad, favoreciendo en especial a los pacientes de la tercera edad. También asumirá las enfermedades producidas por tumores, como lo ha citado el Diputado señor Manuel Bustos , y los trasplantes.
Tercero, como aquí también se ha señalado, los directores de los establecimientos de salud dispondrán de un 10 por ciento más, lo que les permitirá contratar servicios para dar una oportuna atención en ciertas especialidades de que no dispone el sector público.
Quiero terminar expresando que estoy contento con el proyecto -espero que hoy se apruebe en su primer trámite constitucional-, porque siento que con él estoy renovando el juramento que hice el día en que recibí el título de las manos de mi padre, en su calidad de médico.
En él queda de manifiesto nuestra vocación de servicio, que es lo más importante, pues se trata de contar con un servicio de salud solidario, entendiendo que la actividad médica es social y no económica ni lucrativa.
Nuestro principal rol es servir a nuestra gente, cualquiera sea su condición social, política, económica, filosófica o religiosa, como si fuera un ser muy querido.
He dicho.
El señor MESÍAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , el proyecto que estamos discutiendo, que perfecciona normas en materia de salud, es probablemente el que, en este ámbito, propone los cambios más relevantes desde que se reinstalara el Congreso Nacional en 1990.
Hace muchos años que en nuestro país existen dos subsistemas dentro de la salud. Uno privado, que desde hace aproximadamente 20 años se desarrolla por medio de las instituciones de salud previsional y cuya forma de operar es a través de un seguro individual de salud; y uno público, cuya estructura básica se conformó hace aproximadamente 40 años y opera basado en el principio de la solidaridad. Se ha discutido mucho si éste debe transformarse en un seguro colectivo o si debe ser un fondo solidario de salud.
Por medio del proyecto que estamos discutiendo -y que espero apruebe esta Corporación, en general, por unanimidad- perfeccionaremos el funcionamiento del sector público de salud y corregiremos el del sector privado.
Digo perfeccionar el funcionamiento del sector salud público, porque, de una u otra manera, los siete cambios que se le introducen a través del proyecto van a encaminarlo definitivamente hacia la estructura de un fondo solidario de salud, desechando la idea de que éste pueda ser un seguro colectivo.
A su vez, los dos cambios principales y uno accesorio que se proponen respecto de las instituciones de salud previsional, isapres, corregirán su funcionamiento como seguro individual.
¿Cuáles son esos cambios y por qué se producirán tales efectos? En el sector público, la primera enmienda flexibilizará la administración del Fondo Nacional de Salud, para lo cual se dota a su director de autonomía y libertad para administrar un fondo solidario, e inclusive, se le entrega la capacidad de efectuar cobros diferenciados, de administrar los copagos; en definitiva, para asignar los recursos sobre la base del principio de la solidaridad.
En virtud de la libertad que se otorga al Fonasa, se desecha la idea del seguro colectivo, por cuanto la flexibilidad apunta al principio de que haya un fondo común administrado con criterio de solidaridad y no un conjunto de prestaciones preestablecidas, respecto de las cuales cada uno de los miembros del colectivo tiene capacidad de exigirlas con limitación y rigurosidad.
Para la administración adecuada del Fonasa se introduce un segundo cambio, que tiene un impacto global, directo y decisivo en cada uno de los hospitales y servicios de salud. Fonasa, fondo solidario, de ahora en adelante no sólo entregará presupuestos globales de libre disposición, sino que financiará las prestaciones que se determinen por las políticas públicas de salud y, en ese sentido, premiará la eficiencia, castigará la ineficiencia, y orientará, mediante la asignación de recursos, el cumplimiento de las políticas públicas de salud. De esta manera, los afiliados al sistema tendrán acceso a una salud garantizada por la solidaridad del fondo y no por el seguro individual.
La idea de financiar tales prestaciones por el Fonasa modificará sustancialmente la administración de los hospitales públicos, de los consultorios y de toda la estructura pública de salud, para hacerla más eficiente y concordante con el objetivo de las políticas públicas: otorgar una salud al alcance de todos.
Para que las medidas destinadas a flexibilizar la administración y a hacer que el fondo nacional solidario de salud financie las prestaciones y haya un correlato de eficiencia, de control de las mismas, se otorga al subsecretario de Salud, en lo referente a la gestión de los hospitales y de los servicios de salud, y al director del Fonasa, como ente que financia las prestaciones, la capacidad de realizar un control de gestión directo y de recibir los reclamos de la gente.
Son dos materias que también constituyen innovaciones muy importantes. Por una parte, el subsecretario de Salud podrá ejercer una auditoría directa a quienes otorgan las prestaciones para ver si las medidas están siendo bien aplicadas y, por otra, el director de Fonasa también podrá intervenir para ver si se realiza lo que está financiando. Al mismo tiempo, hemos introducido en estas proposiciones la posibilidad de que cada beneficiario del Fonasa, cada ciudadano del país, pueda recurrir directa o indirectamente, a través de los directores de servicios, al subsecretario de Salud para reclamar por la atención que está recibiendo, o al director del Fonasa , por los problemas que pudiera haber en el financiamiento de las prestaciones que debe otorgar la institución.
Esto, que parece de Perogrullo, no existe en las disposiciones legales actuales y da una cierta tolerancia a quienes trabajan en el sector salud, que no siempre es bien apreciada por los propios funcionarios, pues, a través de un doble sistema de control a las instituciones, por las autoridades y los beneficiarios, podremos hacer que funcionen con mayor eficiencia.
En la misma línea -y lo destacaba extensamente el Diputado señor Carlos Abel Jarpa hace un momento-, el proyecto logra mayor equidad entre los beneficiarios del sistema público solidario de salud al hacer -en mi opinión, todavía de manera incompleta- más flexibles y graduales los cambios entre las distintas categorías que obligan a un cofinanciamiento. Así, al aumentar los límites de estas categorías y bajar el cofinanciamiento, se premia a las familias más numerosas y también a los más pobres y a sectores menos pobres, que tienen un ingreso un poco más elevado.
A mi juicio, en esta materia todavía hay dos temas fundamentales que están pendientes: dotar al Fondo Nacional de Salud de total libertad para administrar estas categorías, ampliarlas y disminuirlas; es decir, flexibilizar absolutamente estas disposiciones y, al mismo tiempo, hacer una graduación más justa entre quienes participan en el sistema de libre elección.
Son dos situaciones pendientes que, ojalá, en la segunda discusión del proyecto las podamos introducir.
En el perfeccionamiento del sistema público y del fondo solidario de salud, hay dos cambios adicionales que revisten mucha importancia: la ampliación, sólo con una restricción, de la capacidad del beneficiario de elegir el centro asistencial y el profesional con el cual se atenderá, cuestión muy importante para la dignidad del usuario, y la capacidad de innovar en materia de gestión al posibilitar que el hospital “ Alberto Hurtado ”, que pronto será inaugurado, se considere como un centro experimental, con facultades para que el Presidente de la República introduzca innovaciones en materia de gestión.
Este conjunto de normas desarrollará en mayor medida el fondo solidario de salud; pero, a la vez, se requiere un cambio en los seguros individuales del sistema de isapres, el que se materializa mediante dos disposiciones.
Por una parte, la eliminación del subsidio del 2 por ciento, latamente discutida en esta Corporación, punto sobre el cual quiero decir dos cosas: el 70 por ciento es inútil, es decir, está mal focalizado, porque favorece a personas a las cuales en realidad no les significa beneficio alguno, y el 30 por ciento restante, que está bien focalizado, son personas de ingresos medios altos, a quienes este subsidio sí puede prestar algún beneficio.
Entonces, debemos preguntarnos si queremos que esto siga funcionando así, porque el subsidio no beneficia a los más pobres ni cumple su objetivo primordial.
Por último, cabe señalar que se ha introducido una modificación que obligará a las isapres a responsabilizarse de los contratos que firman: pagar la totalidad de la prestación de urgencia. Esto hará que funcionen como verdadero seguro individual, es decir, tendrán que preocuparse respecto de lo que comprometen con cada uno de sus afiliados, porque hoy saben que cuando alguno llega de urgencia a un hospital público, éste se hace responsable de las prestaciones y del financiamiento. Con la modificación que se introduce, al responsabilizarla del financiamiento de la prestación y obligarla a cobrar a su afiliado o beneficiario, la isapre deberá planificar bien la prestación que otorga y evaluar bien el contrato, el que será un seguro de salud.
Con este conjunto de cambios, se posibilitará que el Fondo Nacional de Salud sea solidario y que las isapres funcionen como seguros individuales, lo que nos permitirá mejor salud a todos.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , al proyecto en análisis no debemos darle el carácter de fundacional ni de reforma en materia de salud, pues todavía me parece accesorio.
Es muy importante definir cuál es el modelo de atención y de salud que queremos a futuro, y que en el Congreso logremos expresar el consenso de la sociedad chilena en torno a si aspira a tener salud pública o privada y cuánto valora el desafío de la salud.
El tema central, luego de escuchar a diputados de Oposición y de Gobierno, radica en si la salud en Chile es un derecho o una mercancía. Debemos dilucidar ese punto.
Es evidente que, incluso, el derecho a la salud se puede garantizar con una complementariedad de Estado y mercado; pero son temas que debemos analizar porque forman parte del debate que se ha generado en todo el planeta.
Hemos escuchado a parlamentarios sostener que el sistema de salud público chileno es ineficiente. En honor a la verdad, es muy importante clarificar esa realidad. Chile, con 200 dólares per cápita, tiene indicadores que sólo logran países con 2.000 dólares per cápita, excepto Inglaterra, que con 1.250 tiene los mejores indicadores del planeta, incluso superiores a los de Estados Unidos, que gasta 5.000 dólares per cápita. ¿Cuál es la diferencia? Que en Inglaterra hay un sistema de salud público, y, en Estados Unidos, uno privado.
Chile, que inició su experiencia en salud pública en 1952, tiene mucho que recoger de su propia experiencia y, a la luz de ella, fortalecer un modelo y una política de salud que pueden resultar muy sustantivos e interesantes para los desafíos del futuro.
Otro de los temas de fondo se refiere al 2 por ciento. A mi juicio, se trata de un debate político.
En un país como el nuestro debe existir subsidio. El problema es si va de los ricos a los pobres, de los sanos a los enfermos, como ocurre en todas las sociedades del planeta, o si en Chile continuaremos como ahora, de los pobres a los ricos.
Digo esto, porque el 2 por ciento se quiere mostrar como un subsidio que se entrega a los trabajadores de menores recursos. Ello no es así.
En verdad, quienes obtienen el subsidio son fundamentalmente personas con un ingreso familiar inferior a 400 mil pesos. Cuando reciben el 2 por ciento, los planes de salud que ofrece la isapre no les garantizan una atención de salud digna ni de calidad. Para esas personas, estar en una isapre constituye un riesgo para su salud, una amenaza para su vida.
Por lo tanto, a pesar de estar en un sistema de salud privado, para obtener una atención de calidad deben optar por el sistema de salud público. De hecho, si bien pagan el 7 por ciento al sistema de salud privado y, además, reciben el subsidio del 2 por ciento que va a las isapres, se atienden en el sistema de salud público.
Hay datos muy interesantes en el Ministerio de Salud, que muestran que el 22 por ciento de las personas que hoy recurren a los consultorios son beneficiarias de isapres y, en consecuencia, no deberían atenderse ahí; el 15 por ciento de los que se atienden en los hospitales también lo son, por lo que no deberían atenderse en esos centros, sino en establecimientos privados; y el 12 por ciento de los que recurren a los sistemas públicos de urgencia también son beneficiarios de isapres, pero fueron a los sistemas de urgencia, a los hospitales y a los consultorios, porque el sistema de salud privado no les garantizó una atención oportuna y de calidad en el momento en que la necesitaron.
Es evidente que nuestro sistema de salud público está en crisis; pero estimo que hay una crisis mucho mayor en el sistema privado.
En ese contexto, no se puede seguir sustrayendo recursos de los chilenos más pobres para financiar la salud de los más ricos, menos aún para financiar a instituciones como las isapres, que son verdaderos negocios y a las cuales no les interesa la salud, sino el lucro.
Inspirado por el Diputado señor Osvaldo Palma , de Renovación Nacional, presenté una indicación respecto de otro subsidio que reciben las isapres, porque me parece increíble que en Chile -y eso no ocurre en ningún otro país del planeta, ni siquiera en los africanos-, los más pobres paguen las prestaciones que reciben los afiliados de más altos ingresos de las isapres. Por ejemplo, la Diputada señora Cristi formulaba planteamientos que respeto mucho; pero cuando uno de sus nietos se ponga una vacuna, ella será pagada por un chileno pobre que no está en una isapre, y cuando una de sus nueras reciba un subsidio maternal, éste lo pagará un chileno pobre que tampoco lo está. El 40 por ciento de los recursos del Fonasa financian prestaciones de gente que está en las isapres.
Evidentemente, uno puede tener diferencias en este tipo de materias; pero el problema de fondo es que este sistema es fundamentalmente regresivo e injusto. Por ello, el tema que debemos analizar es si queremos que la salud chilena siga caminando por una senda de regresividad. Considero que las isapres deben existir, pero no deben recibir el subsidio del 2 por ciento ni los subsidios de la medicina preventiva.
Por último, no es posible que la medicina preventiva la esté pagando el chileno más pobre, ya que si uno opta por el sistema de salud privado, debe pagar y hacerse responsable de su elección. Eso es lo justo en todas partes del mundo: si uno elige la isapre, se entiende que ella debe ser un seguro de salud, que debe garantizar adecuadamente la cobertura.
Además, estamos hablando de instituciones de salud privada que, a mi juicio, deben ser reguladas, porque independientemente de que desde el punto de vista filosófico seamos partidarios de la salud privada, no podemos aceptar la manera como están funcionando. No es un problema ideológico. No cuestiono a las isapres, sino la forma como están funcionando en Chile. Me parece increíble que todos miremos al techo cuando se producen estas situaciones, porque todos somos responsables de que una isapre afilie a una persona que gana menos de 500 mil pesos, y no le dé cobertura cuando necesita de un sistema de salud, ya que sólo le bonifica el 20 ó el 30 por ciento del costo real de una hospitalización o de una cirugía, lo que le obliga a pagar de su bolsillo el 70 por ciento de la prestación.
Para cubrirse, las clínicas privadas exigen un cheque en garantía. Todos los diputados, de Oposición y de Gobierno, hemos visto situaciones dramáticas de gente que pierde la casa, está presa o que muere porque no logra conseguir un cheque en garantía. Ese tipo de situaciones son abusivas y hay que cambiarlas.
Por eso, y también inspirado por Diputados como Lily Pérez , Arturo Longton, María Victoria Ovalle , Alejandro García-Huidobro y el doctor Osvaldo Palma -porque ésta no es sólo una preocupación de los parlamentarios de la Concertación-, presentaremos en los próximos días un proyecto de ley que obliga a las isapres a responsabilizarse de las deudas de sus beneficiarios que han recibido alguna prestación médica, con lo que se elimina el cheque en garantía, dado que deberán reembolsar el dinero que corresponda a la atención de sus afiliados. Eso es lo correcto, porque uno opta por un sistema de salud o por otro. Cuando uno elige el sistema de salud privado, ha de entender que la isapre debe garantizar sus derechos.
Estoy de acuerdo en que existan las isapres, pero también seamos capaces de defender los derechos de sus afiliados, con el objeto de que no haya más exclusiones ni preexistencias y que no lo puedan expulsar cuando uno llegue a viejo.
Si queremos que las isapres existan y sean fuertes, tenemos que regularlas para que atiendan dignamente a sus afiliados y tengan como objetivo la salud y no sólo el lucro.
He dicho.
El señor MESÍAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Ministro de Salud.
El señor FIGUEROA ( Ministro de Salud ).-
Señor Presidente , felicito a todas las personas que han intervenido en esta materia, en particular a quienes explícitamente han apoyado el proyecto de ley, el cual hace justicia en Chile y reconoce que la salud es un tema de dignidad, unidad y soberanía nacionales, valores que preocupan a todos los chilenos, independientemente de sus ingresos económicos, y en especial a las personas que tienen menos recursos.
Estamos hablando de un proyecto de ley que apunta a fortalecer y modernizar el sector público de salud, que es el único seguro público solidario que existe actualmente en Chile; que atiende a la mayor parte de los chilenos y chilenas que presentan problemas graves de salud; que atiende al 95 por ciento de los chilenos que necesitan diálisis y trasplantes renales; que atiende a la mayor parte de las personas que sufren un infarto al miocardio, un cáncer o un accidente grave.
Estamos hablando de un proyecto de ley que garantiza mayor equidad en el sistema de salud chileno, y que avanza sustantivamente en reconocer que el Chile de hoy es distinto del de hace 40 años.
En la actualidad, los chilenos tienen problemas de obesidad; hace cuarenta años, el problema era la desnutrición. Antes, los chilenos se morían fundamentalmente por enfermedades infecciosas; en el Chile de hoy, nuestros compatriotas se están muriendo por enfermedades crónicas, no transmisibles, que tienen que ver con los hábitos de vida, con el autocuidado y con la prevención. Antes, los chilenos se morían de tuberculosis o de infecciones que hoy están controladas en Chile, a diferencia de otras latitudes del mundo, incluso países desarrollados; pero ahora se están muriendo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, por accidentes de tránsito, y también por enfermedades provocadas por el subdesarrollo, como las respiratorias y bronconeumonías.
El Chile de hoy es distinto; tiene más desarrollo económico y social, pero también nuevos problemas de salud. La pregunta es si nuestro sistema de salud los está enfrentando. En parte, sí, y en una gran parte, no.
¿Quién se está haciendo cargo de la mayor parte de los problemas de salud de los chilenos en el momento actual? La red de hospitales a lo largo del país y el Fondo Nacional de Salud se están haciendo cargo del 76 por ciento de los chilenos. Las isapres se hacen cargo de un segmento que con su cotización, con su cotización adicional y con otros cobros que se le hacen, paga una previsión que le resuelve el problema.
Pero, claramente, aquí tenemos problemas, porque la distribución de los recursos en el país no es equitativa. Precisamente, este proyecto de ley apunta a solucionar eso. No apunta a hacer la gran reforma de salud, pero traza un camino de reforma; no apunta a resolver todos los problemas de salud, pero avanza en la solución de algunos problemas crónicos.
Señor Presidente , algunos diputados de Oposición han dicho que la diferencia entre lo público y lo privado es abismante. ¡Qué fácil es hablar de eficiencia desde la abundancia! Quiero dar una cifra. El sistema de isapres gasta más de 500 mil millones de pesos para atender al 26 por ciento de la población chilena; en general, con buena hotelería, pero con problemas de cobertura, como hemos visto. Pero cuando la gente tiene un problema grave de salud y escasos recursos, termina atendiéndose en un hospital público a través del sistema de servicios de urgencia. Y frente a estos 500 mil millones de pesos, el sistema público gasta 600 mil millones de pesos para atender al 74 por ciento de la población chilena.
¿Cuánto gasta el Fonasa por persona? 210 dólares, mientras que el sistema de isapres gasta 325 dólares por persona.
Es fácil hablar de eficiencia desde la abundancia, cuando hay miles de pesos de diferencia entre los gastos del sector público y los del privado.
Este proyecto intenta corregir eso, porque traspasa el 2 por ciento de subsidio de las isapres al sector público; porque con las nuevas facultades que tendrá el Fonasa, las empresas y algunos organismos del sector público -y es bueno que se diga- estarán obligados a pagar las cotizaciones de sus trabajadores, y no a seguir cometiendo la injusticia que hoy se perpetra en muchos lugares del país, pues los trabajadores creen que el empresario les está pagando sus cotizaciones previsionales, en circunstancias de que, en la práctica, no es así.
¿Qué hace este proyecto? Le entrega facultades al Fonasa para fiscalizar esa situación.
¿Qué significa eso en términos pecuniarios? Diez mil millones de pesos más.
¿Qué dice el 87 por ciento de los chilenos en la última encuesta? Que al sector público de salud le faltan recursos.
¿Qué ha dicho la mayor parte de los diputados en esta Sala? Que aquí se requieren más recursos. Hay problemas de gestión, por cierto; pero, fundamentalmente, se precisan más recursos para nivelar no hacia abajo, como algunos han dicho, sino hacia arriba. En Chile no puede haber personas de primera y de segunda categoría.
El proyecto trata de adaptarnos a la nueva realidad del Chile de hoy, frente a la nueva salud pública que estamos viviendo.
En la actualidad, la medicina requiere más recursos y más tecnología; al mismo tiempo, mayor inteligencia y capacidad humana para resolver problemas que ya están solucionados en el mundo desarrollado. Eso cuesta plata.
¿Qué hace además este proyecto de ley? Faculta al Fonasa para que, en caso de que un hospital público no pueda absorber una lista de espera que afecta a miles de personas enfermas, adquiera prestaciones en el sector privado para resolver el problema de atención a esos afiliados, quienes deben esperar muchas veces -aunque en cierta medida esta situación ha disminuido- horas, días o meses para que se les traten sus dolencias.
¿Cuál es la distribución de los recursos médicos? En el sector público hay cuatro veces menos médicos que en el sector privado. Por eso, esta facultad es fundamental para resolver problemas que hoy no se pueden solucionar en el sector público de salud.
En cuanto a la eficiencia, tengo aquí una tabla con datos que son de público conocimiento, según los cuales las isapres gastan en administración, publicidad y ventas el 20 por ciento de todo lo que reciben. En cambio, el Fonasa gasta menos del 1 por ciento en esos mismos rubros.
¿De cuánta plata estamos hablando? Estamos hablando de que las isapres, en 1997, gastaron 104 mil millones de pesos en publicidad, ventas y burocracia. ¿Saben cuál es el presupuesto de la atención primaria municipal de 1998? 82 mil millones de pesos. Hay una diferencia de 22 mil millones de pesos.
La gente que hoy se atiende en los consultorios de atención primaria municipal -que son criticados por muchos que saben poco de salud-, nos están dando cuenta de lo que hoy se está gastando sólo por burocracia en el sistema privado.
Por lo tanto, aquí hay una exigencia ética: que aquellos que tienen más, sean más eficientes y eficaces; que aquellos que están gastando mucho en burocracia, gasten más, por ejemplo, en imitar la iniciativa del Fonasa en el sentido de crear un seguro catastrófico para la gente que necesita atención urgente, que es cara y difícil de enfrentar para la familia.
Por eso, cuando aquí se argumenta que la eliminación del 2 por ciento a las isapres va a perjudicar a una enorme cantidad de chilenos, uno se pregunta ¿a cuánto asciende ese 2 por ciento? Aproximadamente, a 14 mil millones de pesos, cantidad insignificante frente a los 98 mil millones de pesos que se gastan en burocracia y a lo que estamos entregando para atención primaria municipal; pero, ciertamente, esos recursos se requieren para dar mejor atención en los consultorios, en los servicios de urgencias -donde no se pregunta a la gente si es del Fonasa o de isapre- y también para dar solución a la gente con enfermedades complejas o catastróficas.
Algunos dirán: Chile es ineficiente en el uso de los recursos. ¡Mentira! Aquí tengo un gráfico que demuestra claramente que Chile presenta mejores indicadores de salud que países que gastan más plata en salud y que tienen mayor ingreso por persona. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque existe una tradición de eficiencia y eficacia en salud pública.
También quiero hacerme cargo de otras observaciones que se han formulado. El subsidio del 2 por ciento no se puede comparar con el subsidio habitacional, porque está claro que el primero no alcanza a cubrir los reales problemas de la gente cuando enfrenta un problema de salud y rige solamente cuando el afiliado a isapre está pagando su 7 por ciento. El subsidio habitacional implica la entrega a la persona -no a una institución- de una casa con puertas, ventanas, sólida. El 2 por ciento desaparece, en tanto que la casa se mantiene.
La pregunta que uno se hace después de este debate, que ha sido con mucha altura, es: ¿estamos discutiendo un problema de economía o sólo de salud; un problema de eficiencia y eficacia que sólo preocupa a los políticos, al Gobierno? Estamos discutiendo un tema central en la preocupación ciudadana. Hoy nadie puede negar que la salud es primera prioridad en la preocupación de la gente, la cual enfrenta dos angustias cuando tiene un problema de salud: de plata y de salud propiamente tal. Cuando una persona afiliada a isapre tiene que acudir al servicio de urgencia de una clínica privada u hospital, lleva la preocupación del cheque en garantía y si se resolverá su problema de salud. ¿Qué hace el proyecto? Después de su aprobación, la gente afiliada a las isapres va a tener la certeza de que se le van a cubrir todas las prestaciones de emergencia en un servicio de urgencia de un hospital público o clínica privada, sin necesidad de tener que llevar plata o el cheque en garantía para que le salven la vida o una función vital.
La salud no sólo nos debe importar para los afiliados al Fonasa, sino también para los de las isapres. Esto lo tiene claro el Gobierno y por eso presentó la indicación.
Termino con las siguientes reflexiones:
¿Qué nos interesa ante esta discusión? Que a los hospitales de Arica, de Antofagasta, de Quilpué, de Concepción, de Punta Arenas y a todos los hospitales públicos del país, se les paguen aquellas prestaciones que hoy las isapres no les están pagando y que explica gran parte de su deuda. Que ese 2 por ciento vaya efectivamente donde más se necesita y no a incrementar utilidades. Por lo tanto, quiero ser muy franco sobre el hecho de que este proyecto de ley no se apruebe en forma unánime: aquellos señores diputados que se opongan tendrán que responder ante los hospitales públicos acerca de por qué no estuvieron de acuerdo en una iniciativa que entrega recursos al sector público, lo fortalece y moderniza. Pero, diría que aquí, sobre todo, hay un elemento crucial por el cual el apoyo debería ser unánime, por cuanto avanza en la consolidación de un sistema mixto de salud al hacer más transparente el sistema privado y al modernizar y fortalecer el sector público.
Creemos en la complementariedad de lo público con lo privado y viceversa; en consecuencia, trasunta en el debate un tema de principios. Aquí el ciento por ciento de la Concertación y gran parte de los diputados de Oposición han señalado que este tema es de principios, de valores. ¿Qué nos interesa? ¿La persona o su capacidad de pago? ¿Nos interesa la vida de un niño que llega a un servicio de urgencia o la utilidad financiera del sistema? ¿Nos interesa la salud de la gente, como un derecho que debemos defender, o el afán de lucro desmedido? ¿Nos interesa la salud como un bien esencial en sí mismo, fundamental para el desarrollo del país, o como un bien que se transe en el mercado? La respuesta del Gobierno -y esperamos también de toda la Oposición-, es que la salud es un derecho esencial de las personas que hay que cuidar y que está por sobre cualquier interés económico o corporativo que se quiera anteponer a él.
La salud es un tema de dignidad nacional, de unidad nacional, de soberanía nacional. Por ese motivo pedimos el apoyo a este proyecto de ley, porque avanza en construir el sistema de salud con equidad y, al mismo tiempo, traza y sienta las bases de la gran reforma de la salud que Chile necesita y que todos los conciudadanos están exigiendo. Este es un proyecto solidario con la gente que más lo necesita, que tiene más problemas de salud.
Muchas gracias, señor Presidente.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
En votación en general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Artículo primero
Número uno
1. De la Comisión de Hacienda, para suprimir el inciso segundo de la letra “d)”, que se agrega.
2. De los Diputados señores María Angélica Cristi Marfil, María Victoria Ovalle Ovalle, José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Vilches Guzmán, para eliminar el inciso segundo de la letra “d)”, que se agrega.
3. De la Comisión de Hacienda, acogiendo indicación del Ejecutivo , para agregar el siguiente inciso final a la letra “d)”, que se agrega:
“El Subsecretario estará facultado para requerir las correcciones que sean necesarias cuando, de oficio o por presentación de reclamo, detecte incumplimiento de la normativa que rija a las prestaciones y actividades indicadas en el párrafo primero de esta letra;”.
Número nuevo
4. De las Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, Eliana Caraball Martínez, Lily Pérez San Martín, María Victoria Ovalle Ovalle, María Antonieta Saa Díaz, Adriana Muñoz D'Albora, y Diputados señores Rafael Arratia Valdebenito, Osvaldo Palma Flores, Alberto Cardemil Herrera, Sergio Aguiló Melo, Jaime Naranjo Ortiz, Juan Masferrer Pellizzari, Samuel Venegas Rubio, Carlos Vilches Guzmán, Enrique Krauss Rusque, Sergio Ojeda Uribe, Nelson Ávila Contreras, Alfonso Vargas Lyng y Guido Girardi Lavín, para insertar el siguiente numeral nuevo:
“Numero nuevo.- En el artículo 20, del Decreto Ley Nº 2763, del año 1979, intercálase la siguiente nueva letra “k)”, pasando las actuales “k”, “l” y “m” a ser “l”, “m” y “n”, respectivamente:
“k) Autorizar, bajo su responsabilidad, a los Jefes de Servicio para adquirir vehículos, ambulancias y equipamiento menor hasta por un monto que no supere las 1.000 UF, cuando los establecimientos correspondientes hayan generado ingresos superiores a dicha cifra.”.”.
6. De los Diputados señores Marina Prochelle Aguilar y Sergio Ojeda Uribe, para agregar en el inciso tercero de la letra “b)” del artículo 27 que se sustituye, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), el siguiente párrafo:
“De la misma manera el financiamiento que otorgue el Fondo Nacional de Salud para proyectos de inversión en infraestructura, entendiéndose por tales construcciones, equipos y vehículos, de los hospitales públicos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, estará sujeto a que el Servicio de Salud respectivo demuestre que las prestaciones que se pretende entregar por medio del proyecto es posible darlas en condiciones de costo más convenientes que a través de las instituciones públicas o privadas que se encuentren otorgando estas prestaciones dentro de la misma zona cuya atención cubre el hospital al cual está destinado el proyecto; la determinación de costos deberá considerar personal, mantención, depreciaciones, insumos, costo del capital y todo otro desembolso que sea imputable al proyecto.”.
16. De los Diputados señores Marina Prochelle Aguilar y Sergio Ojeda Uribe, para agregar al inciso tercero del artículo propuesto, la siguiente letra “d)”:
“d) En los casos aludidos en la letra a) del presente artículo el Fondo Nacional de Salud bonificará los medicamentos empleados en el tratamiento de esos pacientes en un 120% del valor que tengan esos medicamentos en los listados de precios de la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
El porcentaje antes indicado se rebajará a un 100% en caso que el establecimiento asistencial tenga un convenio de abastecimiento de medicamentos con la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
Para el financiamiento de días-cama se considerará el valor de día-cama establecido en el Arancel para la Modalidad de Atención Institucional.”.
19. Del Diputado señor Ignacio Walker Prieto, para reemplazar este artículo, por el siguiente:
“Artículo 3º.- Sustitúyese, en el artículo 8º de la ley Nº 18.566, el guarismo “4,2” por “2,5”.”.
Artículo cuarto
23. Del Diputado señor Ignacio Walker Prieto, para suprimir este artículo.
24. De los Diputados señores María Angélica Cristi Marfil, José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Vilches Guzmán, para eliminar este artículo.
Artículo nuevo
31. De los Diputados señores Marina Prochelle Aguilar y Sergio Ojeda Uribe, para agregar el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo nuevo.- Facúltase al Director de la Central de Abastecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud para celebrar convenios con instituciones privadas que no persigan fines de lucro, para abastecer a hospitales y otros centros de salud pertenecientes a estas instituciones, de medicamentos, instrumental, equipos y demás insumos que la Central esté en posición de proporcionar, en condiciones de precio similares a aquellas aplicables a los hospitales del Sistema Nacional de Servicios de Salud .”.
Artículo transitorio
32. Del Diputado señor Ignacio Walker Prieto, para suprimirlo.
33. De los Diputados señores María Angélica Cristi Marfil, José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Vilches Guzmán, para eliminarlo.
Número tres
5. De las Diputadas señoras María Victoria Ovalle Ovalle, María Angélica Cristi Marfil, y los Diputados señores Sergio Aguiló Melo, Juan Masferrer Pellizzari, Patricio Cornejo Vidaurrazaga, Sergio Ojeda Uribe, Rafael Arratia Valdebenito, Osvaldo Palma Flores, para sustituir en el segundo inciso de la letra “b)” del artículo 27, la frase “por petición expresa del Subsecretario de Salud” por “por petición expresa del Director del Servicio de Salud respectivo e informando oportunamente al Subsecretario de Salud ”.
7. De la Comisión de Hacienda, acogiendo indicación del Ejecutivo, en la letra “b)” del artículo 27 que se sustituye, para reemplazar sus incisos penúltimo y final, por los siguientes:
“El Fondo Nacional de Salud deberá cuidar que el financiamiento que efectúe corresponda a las prestaciones otorgadas a sus beneficiarios, así como velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones que dicte el Ministerio de Salud sobre acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de la ley Nº 18.469 por parte de los establecimientos y profesionales que, por ley o convenio, estén obligados a efectuarlas.
Para dichos efectos, el Fondo Nacional de Salud de oficio o a petición de los beneficiarios, estará facultado para descontar, requerir la devolución, eximir o eximirse de lo cobrado o pagado en exceso o cuyas prestaciones no cumplan con las normas e instrucciones ministeriales mencionadas precedentemente. El Ministerio determinará los procedimientos para que los usuarios efectúen los reclamos que estimen pertinentes.
Tratándose de la Modalidad de Atención Institucional, el afectado podrá recurrir ante el Ministro de Salud dentro del plazo de 15 días contado desde que se le notifique lo resuelto por el Fondo Nacional de Salud. El Ministro resolverá en única instancia y sin forma de juicio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación del reclamo.
En el caso de la Modalidad de Libre Elección, será aplicable lo dispuesto en el inciso noveno del artículo 13 de la ley Nº 18.469.”.
8. De la Comisión de Hacienda, en el inciso segundo del artículo 27 que se sustituye, para reemplazar la palabra “funciones”, la primera vez que aparece, por el vocablo “tareas” y para intercalar entre las expresiones “en” y “reserva”, las palabras “secreto o”.
Número cuatro
Letra A)
9. De la Comisión de Hacienda, acogiendo indicación del Ejecutivo, para sustituir su letra “a)”, por la siguiente:
“a) Sustitúyese la letra c) por la siguiente:
“c) Establecer la estructura y organización interna del Fondo Nacional de Salud en los términos indicados en el artículo 31 de esta ley;”.”.
Número cinco
10. De la Comisión de Hacienda, para reemplazar el artículo 31 propuesto, por el contenido en el texto del Mensaje del Ejecutivo, del siguiente tenor:
“Artículo 31.- El Fondo Nacional de Salud estará organizado en departamentos; lo anterior sin perjuicio de que el Fondo podrá desconcentrarse territorialmente.
En conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 18.575 y en la letra a) del artículo 30 de este cuerpo legal, el Director determinará la estructura y organización interna del Fondo Nacional de Salud, así como los cometidos que correspondan a cada uno de los departamentos y las que le competan a las direcciones regionales o zonales, para el ejercicio de las funciones asignadas al Fondo Nacional de Salud.”.
Número siete
11. De la Comisión de Hacienda, acogiendo indicación del Ejecutivo, para reemplazar este número, por el siguiente:
“7.- Modifícase el artículo 33 de la siguiente manera:
a) Sustitúyese la letra a) por la siguiente:
?a) Los aportes que se consulten en la ley anual de Presupuestos;?.
b) Intercalánse las siguientes nuevas letras b) y c), pasando las actuales b), c), d), e), f) y g) a ser d), e), f), g), h) e i), respectivamente:
“b) Los ingresos por concepto de cotizaciones de salud que corresponda efectuar a los afiliados del régimen de la ley Nº 18.469;
c) Las contribuciones que los afiliados deben hacer para financiar el valor de las prestaciones y atenciones que ellos y los respectivos beneficiarios soliciten y reciban del Régimen de la ley Nº 18.469;.”.”.
Artículo segundo
Número uno
12. De la Comisión de Hacienda, para reemplazar en el inciso segundo propuesto, las expresiones “físicos y humanos” por las palabras “profesionales, técnicos y administrativos”.
13. De la Comisión de Hacienda, para agregar en el inciso tercero propuesto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), el siguiente texto:
“Determinará a su vez los procedimientos para que los usuarios efectúen des-concentradamente los reclamos que estimen pertinentes y el plazo y la forma en que las autoridades de salud respectivas deben responder y resolver tales reclamos.”.
Número dos
14. De la Comisión de Hacienda, para sustituir en el inciso segundo del artículo propuesto, la frase final “formen o no formen parte de un conjunto de prestaciones asociadas a un diagnóstico.”, por “formen parte o no de un conjunto de prestaciones asociadas a un diagnóstico.”.
15. De la Comisión de Hacienda, acogiendo una indicación del Ejecutivo, para sustituir la letra a) del inciso tercero del artículo propuesto, por la siguiente:
“a) Podrán ser bonificadas a lo menos en un 60% y hasta un 90%, las que deriven de atenciones de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, hasta que el paciente se encuentre estabilizado de modo que pueda ser derivado a un establecimiento asistencial perteneciente al Sistema Nacional de Servicios de Salud u otro con el cual haya celebrado un convenio especial bajo la Modalidad de Atención Institucional; sin perjuicio de lo anterior, el beneficiario, o quien asuma su representación, podrá optar por recibir atención en el mismo establecimiento donde recibió la atención de emergencia en la Modalidad de Libre Elección, respecto de las prestaciones que se otorguen con posterioridad a su estabilización. El arancel a que se refiere el artículo 28 de esta ley señalará los requisitos y condiciones que deberán ser observados por el médico cirujano para calificar la emergencia, todo lo cual será fiscalizado por el Fondo Nacional de Salud en uso de sus atribuciones, especialmente las señaladas en el inciso final del presente artículo;”.
17. De la Comisión de Hacienda, acogiendo una indicación del Ejecutivo, para sustituir el inciso cuarto del artículo propuesto, por el siguiente:
“Por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Salud y de Hacienda se determinarán los porcentajes específicos de bonificación que correspondan. Sin embargo, para el caso de las consultas médicas, dicha bonificación no será inferior al 60%; para el parto, será de 75%.”.
18. De la Comisión de Hacienda, para suprimir en el inciso sexto del artículo propuesto las palabras “única y”.
Artículo tercero
20. De los Diputados señores María Angélica Cristi Marfil, José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Vilches Guzmán, para eliminar este artículo.
Artículo nuevo
21. De la Comisión de Hacienda, acogiendo una indicación del Ejecutivo , para insertar el siguiente artículo tercero, nuevo:
“Artículo 3º.- Modifícase la ley Nº 18.933 en la siguiente forma:
a) Agrégase al artículo 22 los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:
“Sin perjuicio de lo anterior, en los casos de atenciones de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, las instituciones deberán pagar directamente a los Servicios de Salud el valor por las prestaciones que hayan otorgado a sus afiliados, hasta que el paciente se encuentre estabilizado de modo que esté en condiciones de ser derivado a otro establecimiento asistencial. Si no existiere convenio, el valor será aquel que corresponda al arancel para personas no beneficiarias de la ley Nº 18.469 a que se refiere el artículo 24 de la ley Nº 18.681 y se aplicará sobre todas las prestaciones efectivamente otorgadas.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará también respecto de atenciones de emergencia, debidamente certificadas por un médico cirujano, otorgadas por establecimientos asistenciales del sector privado. El valor a pagar por las instituciones será el que corresponda al pactado; en caso de no existir convenio, se utilizarán los precios establecidos por el establecimiento asistencial que otorgó las atenciones.
En las situaciones indicadas en los incisos cuarto y quinto de este artículo, las instituciones podrán repetir en contra del afiliado el monto que exceda de lo que les corresponda pagar conforme al plan de salud convenido.”.
b) Sustitúyase, en el segundo párrafo del inciso final del artículo 33, la frase que sigue a la mención “de la ley Nº 18.469” hasta el punto seguido (.), por la siguiente: “a menos que se encuentren en la situación prevista en el inciso cuarto y quinto del artículo 22, en que dicho pago deberá efectuarlo directamente la Institución correspondiente.”.”.
22. De los Diputados señores María Angélica Cristi Marfil, María Victoria Ovalle Ovalle, José Antonio Galilea Vidaurre y Carlos Vilches Guzmán, para eliminar el artículo tercero, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda.
Artículo nuevo
25. De la Comisión de Hacienda, acogiendo una indicación del Ejecutivo, para intercalar el siguiente artículo sexto, nuevo:
“Artículo 6º.- Facúltase al Presidente de la República por el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, para crear, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Salud, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda , unidades de gestión asistencial constituidas por un establecimiento asistencial secundario o terciario, establecidas como servicios públicos descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de los Servicios de Salud a que se refiere el decreto ley Nº 2.763, de 1979, los que tendrán a su cargo, en el ámbito que se les determine, la ejecución de las acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación de las personas enfermas. Estos servicios estarán sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Salud y deberán ajustarse a las políticas y normas sanitarias generales que éste determine.
Estos establecimientos deberán orientar su actividad hacia un continuo fortalecimiento y mejoramiento en la calidad, oportunidad y cobertura de las prestaciones que proporcionen a sus usuarios, en especial, mediante el establecimiento de sistemas de gestión apropiados a estos fines y al eficiente empleo de los recursos de todo orden de que dispongan.
Con estos propósitos, el Presidente de la República, en el ejercicio de las facultades que se le delegan, deberá dictar las normas necesarias para el cabal logro de los mismos, entre otras, las relativas a las siguientes materias:
a) Sistema de gestión por resultados de salud, que incluya fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria y los correspondientes mecanismos de medición y evaluación de los mismos,
b) Responsabilidad del jefe superior y demás jefaturas por el logro de los resultados y el eficiente empleo de los recursos,
c) Mecanismos de participación de la población usuaria del servicio,
d) Establecimiento de niveles de dirección y gerencia adecuados a una eficiente gestión,
e) Régimen de administración de personal aplicable a todos los trabajadores del respectivo servicio, el que podrá ser diferenciado en atención a los estamentos y las funciones involucrados, y fijación de las dotaciones correspondientes,
f) Sistemas de remuneraciones aplicables a los trabajadores, los cuales deberán consultar en todo caso, incentivos económicos y de otra naturaleza asociados al desempeño individual y logro de metas por unidades de gestión e institucionales,
g) Obtención y administración de recursos financieros, físicos y materiales, sujetándose en todo caso a las normas legales de aplicación general sobre la materia,
h) Bases de la organización de los servicios, las que deberán consultar criterios de flexibilidad en la estructura y funcionamiento de los mismos,
i) Mecanismos de adquisiciones y administración de bienes y servicios,
j) Establecimiento obligatorio de periódicas auditorías externas integrales de la gestión clínica y administrativa del servicio,
k) Facultades de celebración de convenios con prestadores públicos o privados de acciones de salud, relativos al objeto y naturaleza del respectivo servicio,
l) Regulaciones para incorporar al régimen de que trata este artículo a aquellos establecimientos que se encuentren en funciones al momento de la creación del servicio correspondiente, en especial en lo relativo a su personal y sus recursos.
Sólo podrán constituirse como servicios públicos e incorporarse al régimen que se establecerá de conformidad a este artículo, a aquellos establecimientos asistenciales secundarios o terciarios puestos en operación a contar del 1 de enero de 1997.
El mayor gasto que represente la aplicación de este artículo, se financiará con cargo a los recursos consultados en el presupuesto de los Servicios de Salud.”.
Indicaciones al artículo
sexto, nuevo, propuesto
por Comisión de Hacienda
Inciso primero
26. Del Ejecutivo , para intercalar después de la frase “para crear”, la siguiente oración: “con carácter experimental,”.
27. Del Ejecutivo , para reemplazar la frase “unidades de gestión asistencial constituidas por un establecimiento asistencial secundario o terciario,”, por la siguiente: “tres unidades de gestión asistencial, que a continuación se señalan: Hospital Padre Alberto Hurtado, Centro de Referencia de Salud de Peñalolén , Centro de Referencia de Salud de Maipú ”.
28. Del Ejecutivo , para intercalar, a continuación de la frase “Estos servicios estarán sometidos”, la siguiente expresión: “a la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,”.
Inciso segundo
29. Del Ejecutivo , para intercalar, a continuación de la expresión “Estos establecimientos deberán”, la siguiente frase “funcionar coordinados con el Servicio de Salud respectivo e integrados a la red asistencial,”.
Inciso cuarto
30. Del Ejecutivo , para suprimirlo.
Artículo transitorio nuevo
34. De la Comisión de Hacienda, acogiendo una indicación del Ejecutivo , para agregar el siguiente artículo segundo transitorio, nuevo:
“Artículo segundo transitorio.- Los nuevos contratos y las adecuaciones de los actuales, que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley, deberán dar cumplimiento a lo prescrito por ésta.”.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
RECONOCIMIENTO DE APORTE DE VÍCTOR JARA A LA CULTURA NACIONAL. (Votación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario va a dar lectura al primero de ellos.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Señor Presidente , está pendiente la votación del proyecto de acuerdo Nº 149, que tiene por objeto cambiar el nombre del estadio “Chile” por estadio “ Víctor Jara”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo la Diputada señorita
SUSPENSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES CONTRA DEUDORES MOROSOS DE DIVIDENDOS HIPOTECARIOS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 150, de los Diputados señores Rojas, señora Pollarolo, doña Fanny; señores Van Rysselberghe, Fossa, Ulloa, Jiménez, Molina, Naranjo y Alvarado.
“Considerando:
1. Que en la actualidad el subsidio habitacional se ha transformado en una herramienta muy eficaz para lograr el tan anhelado sueño de la casa propia, especialmente para los sectores medios y pobres de la población y teniendo presente que este beneficio se encuentra amparado indirectamente en una norma constitucional establecida en el artículo 19 Nº 22 inciso segundo del citado cuerpo legal que dispone “que sólo en virtud de una ley se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos a favor de un determinado sector, actividad o zona geográfica, y siempre que ello no signifique una discriminación arbitraria”. Que el legislador, valiéndose de tal precepto de rango constitucional, ha establecido una variada gama de normas en virtud de las cuales diversos sectores de la población acceden año a año a sus viviendas propias a través del sistema del subsidio habitacional.
2. Tomando en cuenta lo anterior, es decir, que se reconoce constitucionalmente el derecho y deber por parte del Estado de establecer leyes que beneficien a sectores de la población es también lógico suponer que el Estado venga en socorrer a los mismos sectores cuando por causas ajenas a dichos estamentos hagan imposible el cumplimiento de la normativa vigente para un sector determinado.
3. Consecuentemente con lo anterior debo señalar que con la crisis económica que actualmente vive el país, muchos sectores de trabajadores de Chile, pero muy particularmente la gente de más escasos recursos, se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus compromisos económicos en el pago de sus dividendos habitacionales, por lo cual esta esforzada gente de trabajo, al verse expuesta a una situación tan dramática como la de verse privada de recursos pecuniarios para solventar los gastos básicos para una modesta subsistencia debido a la crisis que en la actualidad azota al país, no ha podido dar cumplimiento a dichas obligaciones.
4. Consecuencialmente esta gente en la actualidad se encuentra enfrentada a procesos de cobranzas judiciales a cargo de la empresa Inverca, la cual los presiona a través de visitas a domicilio, notificaciones de cobranzas judiciales y con demandas por deudas morosas, exigiéndoles cifras de dinero inalcanzables para poder renegociar y lo que es más grave llegando incluso al remate de sus casas privando a dichas familias de lo único que les queda para una vida relativamente decente.
5. Por tal motivo, solicitamos del Gobierno que se adopten medidas eficaces y que demuestre por sobre todo una sensibilidad social para poder paliar el grave problema que se plantea en este proyecto de acuerdo, el cual no tiene ningún afán político ni mucho menos electorero, sino busca crear condiciones mínimas para lograr enfrentar de algún modo, esta dramática y delicada situación que viven miles de hogares a lo largo de Chile y podamos asumir el problema con una política de Estado.
6. No obstante ello, estamos conscientes de que no puede haber un perdonazo general, pero sí, una revisión caso a caso de manera de poder establecer concretamente quiénes no han podido dar cumplimiento, como ellos quisieran, a sus compromisos económicos por causa de la difícil situación que ellos atraviesan, con ocasión de verse afectados por la crisis que hoy vive nuestro país.
Por los motivos expuestos, vengo en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Que se solicite al Ministerio de Vivienda que ordene la suspensión por parte de la empresa de cobranza Inverca, según el estudio caso a caso que se haga, de los procesos judiciales en contra de deudores morosos en el pago de dividendos hipotecarios a lo largo de todo Chile”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo no sólo constituye una aspiración de quienes representamos a vastos sectores populares de la ciudadanía, sino, sobre todo, el reconocimiento y la consideración de la situación que vive el país, en el ámbito económico, como consecuencia de la crisis internacional y de la sequía.
En mi zona, la sequía, que está golpeando brutalmente y recrudecerá en el próximo tiempo, va a afectar de manera indiscutible la capacidad de pago de dividendos de las familias, especialmente rurales, las más modestas; de los trabajadores temporeros que viven de su sueldo y dependen de la actividad agrícola que hoy enfrenta una difícil situación.
Por eso, no obstante comprender la importante responsabilidad que debe tenerse al momento de responder a compromisos pactados, al pago de dividendos -poniendo énfasis en esa responsabilidad para que otros también puedan tener su vivienda propia-, solicitamos al Ministerio de Vivienda -no un “perdonazo”, que a todas las personas se les condone su deuda y se haga borrón y cuenta nueva- que, ante esta situación extraordinaria se considere, caso a caso, en forma especial -sobre todo en las zonas más afectadas, a las personas que lo soliciten, previo estudio e informe social-, y se actúe con cierta flexibilidad, particularmente en las cobranzas judiciales, de manera de implementar una medida de carácter social, de reconocimiento de las dificultades económicas, de consideración -reitero- a las familias chilenas, al trabajador de escasos recursos, que hace un gran esfuerzo para adquirir su anhelada vivienda y que, por supuesto, está dispuesto a hacer hasta el último sacrificio para evitar su remate.
Por eso, pido que el proyecto sea aprobado por unanimidad, a fin de lograr un beneficio para las familias que esperan ansiosas la solución de un problema que las agobia en forma cruda y cruel.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente , sin perjuicio de sumarme a las palabras del Diputado señor Jiménez , recuerdo a la Sala que el proyecto debió ser retirado en una oportunidad por falta de quórum.
Entonces, una gran mayoría hizo hincapié para conseguir la unanimidad que ahora se ha pedido, y es de justicia otorgarla debido a que el proyecto beneficiará a gente que lo necesita.
El Diputado señor Jiménez lo ha hecho presente respecto de su distrito, pero también lo espera la gente de Taltal, Tocopilla , Mejillones , Antofagasta y de todas partes.
Por lo tanto, solicito que sea aprobado por unanimidad, para bien de la comunidad chilena.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votó por la negativa el Diputado señor
QUERELLA POR ASOCIACIÓN ILÍCITA EN CONTRA DE PAUL SCHAEFFER Y OTROS MIEMBROS DE LA EX COLONIA DIGNIDAD.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Número 151, de los Diputados señoras Pollarolo y Allende y señores Ojeda, Ceroni, Monge, Bertolino, Mulet, Van Rysselberghe y Naranjo.
“Considerando:
1) Que paulatinamente el país ha ido adquiriendo la convicción plena de que en la ex Colonia Dignidad, durante los últimos 35 años, se ha cometido una innumerable cantidad de delitos y que en su interior un numeroso grupo de personas ha vivido en una situación por completo ajena a las normas sociales y jurídicas vigentes en Chile.
2) Que este grupo humano se caracteriza como un conglomerado que vive en aislamiento, que es hermético, con actitudes de fanatismo y uniformidad, donde se niegan las normas parentales usuales y existe un régimen de obediencia y disciplina que los somete a los dictados de un líder, en torno al cual hay un grupo de jerarcas que ejercen diversas formas de poder sobre la mayoría de los habitantes de dicha Colonia y especialmente sobre los niños y los jóvenes.
3) Que la investigación de los delitos más aberrantes cometidos por el líder en perjuicio de niños -unido al historial delictivo previo a su llegada a Chile- conduce a la conclusión de que esas características inusuales de vida constituyen una condición esencial y necesaria para satisfacer su pederastia.
4) Que esta condición y motivación no puede haber estado oculta por mucho tiempo para los habitantes de la ex Colonia más allegados al líder y existen evidencias que eran conocidas desde hace mucho tiempo por los jerarcas que lo secundan.
5) Que la vida grupal ordenada en función de las características y necesidades del líder, permiten concluir, desde una perspectiva sociológica, que este grupo humano constituye una secta, que como tal se da un orden jerárquico para la consecución de sus fines y un líder omnipotente.
6) Que para enfrentar a esta organización, el Estado chileno ha tenido un accionar disperso, favorecido por la inexistencia de instrumentos jurídicos adecuados que permitan hacer frente eficaz y eficientemente a las conductas ilícitas de organizaciones criminales de este tipo.
7) Que el hecho de perseguir sólo alguno de los gravísimos delitos cometidos, ha impedido implementar una estrategia adecuada destinada a proteger integralmente a todas las víctimas de este continuado y sistemático quehacer delictivo, especialmente a los niños y niñas de la ex Colonia, responsabilidad que corresponde al Estado y a la sociedad toda y que es ineludible.
8) Que resulta imprescindible ampliar los marcos de la investigación de los delitos que conoce el señor Ministro en Visita, de modo que, a través de una figura penal más adecuada a la verdadera naturaleza de toda la actividad ilícita del grupo sectario, se puedan lograr los objetivos de protección y reparación de este grupo humano tan grave y largamente dañado.
9) Que tal figura penal es la del delito de asociación ilícita, contemplada en el artículo 292 del Código Penal, el cual señala que “Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse” y agrega en su inciso segundo: “se presumirá que la asociación ha tenido alguno de los objetos que se indican, cuando uno o más de sus miembros ha ejecutado algún acto que constituya un atentado contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades”.
10) Que existen indicios poderosos para estimar que este grupo liderado por Paul Schaeffer y los jerarcas que lo acompañan, con el fin de cumplir sus ilícitas finalidades, se ha organizado para cometer diversos atentados contra el orden social, las buenas costumbres, las personas y la propiedad, respecto de los cuales no cabe sino presumir fundamentalmente la voluntad de asociarse para cometerlos todos o la mayoría de estos ilícitos, siendo principalmente identificables hasta el momento los siguientes: delitos contra la seguridad interior del Estado y contra el orden y seguridad públicos; infracciones a la Ley de Armas; a la Ley de Reclutamiento y Movilización; al Código Aeronáutico; a la legislación laboral y de seguridad social; ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de funciones, delitos contra la salud pública; delitos de inhumación ilegales; usurpación de estado civil; resistencia a la presentación de un menor, inducción a menores al abandono de la casa de sus padres; violación sodomítica; abusos deshonestos; corrupción de menores; homicidio; lesiones; secuestro y sustracción de menores; amenaza contra personas y propiedades; violación de correspondencia; imposición de servicios personales; delitos tributarios; delitos aduaneros, delitos de otorgamiento de contratos simulados, etcétera.
Por estas consideraciones, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al Consejo de Defensa del Estado, solicitándole que, en uso de sus facultades, entable una querella por asociación ilícita, en contra de Paul Schaeffer, los jerarcas o personas que lo secundan y de quienes resulten responsables de este delito”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL DECRETO LEY Nº 2.182.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Número 153, de los Diputados señores Navarro, Urrutia, Montes, Sánchez, Muñoz, don Pedro; Hernández, Girardi, Núñez,
“Introducción:
La ley Nº 18.138 ha permitido desde su promulgación la ejecución de proyectos del programa de mejoramiento de barrios (PMB) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que permite la construcción de infraestructura sanitaria, que cuente con servicio de agua potable, sistema de evacuación de aguas servidas.
El proyecto de construcción de infraestructura sanitaria es financiado en un 75% a través de una subvención municipal, y el 25% restante debe ser cancelado por los beneficiarios en un plazo de 12 años. Estos valores están expresados en UF.
Estos proyectos han sido localizados a sectores de escasos recursos en las comunas del país, lo que ha permitido un impacto directo en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos beneficiarios.
En atención al tipo de beneficiario que este programa atiende, y como un mecanismo de regularizar las carteras municipales vencidas de ejecución de estos proyectos, el Gobierno, a través del decreto Nº 2.182, del 17 de noviembre de 1997, estableció el Reglamento del Sistema de Renegociación y Subvenciones que podrán aplicar las municipalidades a los deudores de su cartera por este concepto. El plazo para acogerse a los beneficios de dicho reglamento está establecido en el artículo Nº 11, cuya fecha límite es el 17 de noviembre de 1998.
Considerando:
Que el espíritu del decreto es otorgar un beneficio a los sectores de menores recursos de nuestro país.
Que para poder iniciar los trámites de renegociación se debe contar con la recepción provisoria de la infraestructura sanitaria, situación que por diversos motivos en los proyectos financiados con presupuestos fiscales anteriores al año 1997, y por problemas de las empresas en la ejecución de los proyectos, provocaron retrasos en la terminación de los mismos.
Que los municipios en muchos casos, en su calidad de responsables de aplicar el decreto, no han contado con los recursos financieros ni humanos como operar con dicho decreto. A ello se ha sumado, en varios casos, el atraso municipal para operativizar dicho decreto entre los beneficiarios de su comuna.
Que la situación económica nacional ha empeorado la condición económica de aquellos sectores beneficiados con esta renegociación, como para poder financiar la cancelación de la cantidad que les correspondía.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Hacienda e Interior, para que se prorrogue el plazo de vigencia del decreto Nº 2.182, Reglamento del Sistema de Renegociación y de subvenciones de la cartera municipal por deudas provenientes de los programas de construcción de viviendas y de infraestructura sanitaria ejecutados conforme a la ley Nº 18.138, por un año, a partir de la fecha del actual vencimiento”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo tiene por único objeto prorrogar la vigencia del decreto ley Nº 2.182, que concede beneficios a los deudores de casetas sanitarias a través de los programas de mejoramiento de barrios.
Como su aplicación fue de responsabilidad de las municipalidades y muchas de las comunas pequeñas no cuentan con la infraestructura necesaria para atender debidamente a los usuarios, a lo que se agrega el hecho de que la información no ha sido la debida para acogerse al beneficio, son varios los deudores de casetas sanitarias que no pueden resolver su problema, porque no han podido participar en el programa.
Por estas razones, se solicita la prórroga de la vigencia del decreto ley Nº 2.182, para lo cual pedimos la aprobación del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pedro Muñoz.
El señor MUÑOZ (don Pedro) .-
Señor Presidente , sólo para pedir la unanimidad en la aprobación del proyecto, ya que la prórroga de que trata evitaría que sectores de escasos recursos queden al margen de la renegociación.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , el proyecto es sumamente importante, porque si la gente no concurre a pagar o no renegocia, el sitio y la casa quedan embargados. No sólo pierden la caseta sanitaria, sino también su bien raíz.
Por eso, lo votaremos favorablemente.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Waldo Mora.
El señor MORA .-
Señor Presidente , sin el ánimo de oponerme, quiero pedir a sus autores que recuerden el análisis que se hizo a propósito de los deudores hipotecarios del Serviu y de Inverca, porque, según antecedentes que he conocido, los cuales estoy investigando, activistas incitarían a los pobladores a no pagar las deudas para, en definitiva, producir un “perdonazo” por otros conductos.
Los fondos que se recaudan, tanto por viviendas del Serviu como por casetas sanitarias, a la larga, permiten que otros pobladores sean beneficiados.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
CONGELAMIENTO DE REMUNERACIONES DE AUTORIDADES.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Número 154, de la señora Rosa González y los señores Paya, Molina, Díaz, Leay, Orpis, Dittborn y Álvarez.
“Considerando:
1. Que la actual crisis económica por la que atraviesa nuestro país, está golpeando fuertemente a todos los sectores, y, de acuerdo a las proyecciones, se espera que esta crisis se agudice aún más dentro de los próximos meses.
2. Que el Presidente de la República ha efectuado un llamado a la austeridad como medida necesaria para prevenir los efectos de la crisis.
3. Que los parlamentarios tienen un liderazgo en la sociedad y, en consecuencia, con su ejemplo pueden influir en la conducta de muchas personas.
4. Que en concordancia con lo anterior, debieran ser los parlamentarios los primeros en dar el ejemplo y hacer los sacrificios que se le están pidiendo al resto de la población, acogiendo en forma concreta el llamado a la austeridad efectuado por el Presidente de la República.
5. Que resulta coherente que el llamado del Presidente de la República, sea recogido también por los miembros de su Gabinete Ministerial y por sus respectivos Subsecretarios.
Por tanto, la honorable Cámara de Diputados acuerda:
Proponer al Gobierno que se contemple en la Ley de Presupuestos para 1999, actualmente en discusión, el congelamiento de las remuneraciones y asignaciones que perciben ministros, subsecretarios y diputados, con la sola excepción de las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones del personal”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para hablar a favor del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , este proyecto de acuerdo retrata, diría de manera exacta, el carácter demagógico e hipócrita de la Derecha que tenemos al frente.
Sólo deseo leer el punto 3 del considerando: “Que los parlamentarios tienen un liderazgo en la sociedad y, en consecuencia, con su ejemplo, pueden influir en la conducta de muchas personas”.
¡Hasta cuándo se utiliza este lenguaje equívoco y falso! En las filas de la Derecha está el señor Van Rysselberghe , quien, desde hace veinte años, con toda clase de triquiñuelas jurídicas, elude el pago a la Corfo de un crédito que consiguió en 1977.
Antes de preocuparse de las eventuales consecuencias de la crisis asiática, como se menciona aquí, miren dentro de sus propias filas y expurguen a aquellos que no sólo no merecen formar parte del Parlamento, sino que constituyen una deshonra para el Poder Legislativo.
El mismo señor Van Rysselberghe me condujo, por expresiones mías...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , le ruego referirse al punto en debate.
El señor ÁVILA .-
...en un programa de televisión, a los tribunales de justicia. Pero ya tendré oportunidad de ir a su propia tierra a desenmascararlo para demostrar a la gente de Concepción que no he hablado por un problema de tipo electoral, sino por la defensa irrestricta del interés público, que ha sido seriamente menoscabado por quien no merece estar entre nosotros.
En términos de este proyecto de acuerdo, ¡qué más ilustrativo! Nadie ha sido capaz siquiera de defenderlo, porque sus autores son de aquellos que lanzan la piedra y esconden la mano.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Para hablar en contra, tiene la palabra el Diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, antes de hablar en contra del proyecto, quiero hacer una rectificación.
El Diputado señor Ávila debe tener cuidado cuando hace gárgaras con la Derecha,...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Le ruego dirigirse a la Mesa, señor diputado .
El señor ROJAS.-
...ya que en este sector hay gente digna. No podría pensar que en la Izquierda todos son..... como el señor Ávila . Usted desvía la atención y abusa con la amenaza a otro parlamentario.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en conformidad con el artículo 10 del Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , le ruego referirse al punto en discusión.
El señor ROJAS.-
Espero no encontrarme en el pasillo con usted, señor diputado.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ruego a los señores diputados guardar silencio.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Llamo al orden al Diputado señor Ávila.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Terminada la hora de los proyectos de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo la Diputada señorita
-Se abstuvo la Diputada señorita Sciaraffia (doña Antonella ).
El señor LONGTON.-
Pido la palabra para referirme a un punto reglamentario.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LONGTON.- Señor Presidente , pido que aplique estrictamente el Reglamento, porque si se toleran y aceptan expresiones como las del señor Ávila , se producen reacciones inconducentes.
SUPRESIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE MAÑANA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Me permito informar a los señores diputados que, por la unanimidad de los Comités, en razón de haber sólo un informe, se ha suprimido la sesión ordinaria de mañana.
VII. INCIDENTES
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente , hará uso de la palabra, en primer lugar, el Diputado señor Van Rysselberghe.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ruego al Jefe del Comité de la UDI que me indique quién hará uso de la palabra en primer lugar, puesto que a la Mesa se le indicó que intervendrían los Diputados señores Bartolucci y Leay.
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , dadas las circunstancias, deseamos alterar el orden de la lista, de manera que primero haga uso de la palabra el señor Van Rysselberghe y después, los otros diputados mencionados por su Señoría.
RÉPLICAS A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO NELSON ÁVILA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Van Rysselberghe .
El señor VAN RYSSELBERGHE .-
Señor Presidente , había pensado referirme a algunos problemas concretos de Concepción, pero ante la insolencia y -por qué no decirlo- ..... de un parlamentario, que tiene más pinta de ..... y que está transformando esto en un circo, me veo obligado a responderle.
Quiero decirle al Diputado Ávila que los tribunales resolvieron en primera instancia que, durante la última campaña electoral, él había injuriado grave y gratuitamente a una persona que ni siquiera era diputado , protegiéndose con el escudo de la inmunidad parlamentaria. Incluso, la Corte de Apelaciones de Santiago falló por una votación de 10 a 10, que se está apelando, y veremos qué pasa en el futuro. Creo que no corresponde tener este tipo de actuaciones en la Cámara.
Creo que el señor Ávila no hace honor a esta Cámara y no debe transformarla en un circo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci .
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, es lamentable lo que ha sucedido y no puedo menos que lamentarlo y hacer una reflexión al respecto.
Creo que el Diputado Ávila reiteradamente está enrareciendo nuestra convivencia en esta Corporación. Sus expresiones hirientes, que siempre tienden a descalificar a los demás, están produciendo problemas que van más allá del debate propiamente tal y del intercambio de ideas. Una cosa es tener una posición muy clara sobre una materia, y otra, expresarse en términos tan descalificatorios, hecho que ha producido lo que hemos vivido esta tarde, lo cual no prestigia a esta Corporación y también nos desprestigia ante la comunidad que no desea estos espectáculos.
Hago esta reflexión, porque no puedo dejar pasar estos hechos. Es indispensable que el Diputado señor Ávila no insista en este tipo de actitudes que sólo están enrareciendo -como dije- el ánimo, el espíritu y el buen trabajo de la Cámara. Espero que supere su actitud, que recapacite, reflexione y entienda que se puede debatir y ser estricto en los planteamientos, pero sin descalificar ni adoptar las actitudes enconadas que él demuestra normalmente.
INFORMACIÓN SOBRE FONDO HABITACIONAL DE EX TRABAJADORES DE LA EMPORCHI. Oficio.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , nuevamente he recibido una carta de la Sociedad Mutualista de Jubilados Portuarios de Valparaíso, en la que me reiteran una situación que ya me habían dado a conocer en abril pasado, relacionada con el destino de los fondos destinados al plan habitacional al cual, como trabajadores activos, aportaron durante muchos años.
Luego de la modernización del sistema portuario, el artículo 9º de la ley Nº 19.542 estableció la formación de una persona jurídica de derecho privado para que administre dichos aportes destinados a fines habitacionales. Por desgracia, hasta hoy no ha habido respuesta del Ministerio al planteamiento hecho llegar luego de la carta recibida en abril.
A fines de octubre pasado, he recibido nuevamente carta de ellos, en la cual me vuelven a hacer presente la necesidad de que insista ante el Ministro de Transportes para que haga presente si, en definitiva, se va a constituir la persona jurídica que señala la ley Nº 19.542. Ellos quieren saber qué sucederá con dicho fondo, que ha acumulado aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos, mediante aportes de los trabajadores de la Empresa Portuaria de Chile, empresa que -como todos sabemos- se ha disuelto.
Además de querer saber si se constituirá la persona jurídica citada, ellos piden otra cosa muy importante: que no sólo los actuales trabajadores de las empresas que se van a formar en cada puerto tengan derecho a participar en dicho fondo habitacional, sino también los jubilados y las montepiadas, puesto que ellos fueron quienes aportaron el dinero.
En tercer lugar, solicitan -esto es muy importante- que a los jubilados y montepiadas de la Emporchi que no hagan uso del fondo se les devuelva el porcentaje proporcional correspondiente.
En consecuencia, son tres los puntos que les preocupan: que se forme la persona jurídica; que sean parte del fondo los jubilados y montepiadas que lo soliciten, y que los jubilados y montepiadas que no quieran ingresar al fondo puedan retirarse de él y se les restituya el dinero que proporcionalmente les corresponda.
Ésta es la petición que hice a través de un oficio al Ministro de Transportes , hace ya varios meses, en mayo pasado. Estamos en noviembre y aún no tengo respuesta.
Por lo tanto, solicito nuevamente que se oficie al Ministro de Transportes, a fin de que responda respecto de estos tres puntos que preocupan a los jubilados portuarios de Valparaíso.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
RECHAZO A EXPRESIONES DE DIPUTADO NELSON ÁVILA.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.
Resta un minuto al Comité de la UDI.
El señor LEAY.-
Señor Presidente , lo que ha hecho el Diputado Ávila es un acto más que revela su........, porque no ha tenido el coraje de hacer sus declaraciones fuera de la Sala y se ha amparado en el fuero.
Es la típica actitud que ha mantenido durante muchos años y que me parece poco rescatable. Creo que ha llevado a cabo una acción............ Dentro de las diferentes ideas que podamos tener, siempre debemos respetarnos. Cuando uno tiene antecedentes sobre un delito, no debe darlos a conocer aquí escudándose en el fuero, sino que debe hacerlo como lo haría cualquier caballero: acudiendo a los tribunales de justicia y entregando allí las pruebas. Pero como tiene la costumbre de actuar en forma .........., como se trata de una persona que, a mi juicio, actúa siempre y por naturaleza de mala fe, obviamente,...
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , ha terminado el tiempo del Comité de la UDI.
El señor LEAY.-
...tiene que hacerlo aquí, a diferencia del Diputado Van Rysselberghe que, cuando se siente injuriado por este personaje, acude a los tribunales de justicia, como lo haría cualquier chileno.
He dicho.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas en conformidad al artículo 10 del Reglamento.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, le ruego que haga un llamado a cada uno de los distinguidos colegas, a fin de que afinemos el lenguaje y no nos ofendamos mutuamente, porque ello perjudica la imagen de la Cámara de Diputados.
El señor LEAY.-
¡No retiro nada de lo dicho, señor Presidente!
ANTECEDENTES SOBRE CRÉDITO OBTENIDO POR DIPUTADO VAN RYSSELBERGHE. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , ha quedado claro para todos quienes han escuchado la intervención del Diputado Van Rysselberghe que no desmintió nada de lo que yo señalé. Luego, los muy precarios defensores que salieron al paso de mis afirmaciones, también quedaron manoteando en palabrería.
Para evitar toda clase de confusiones, creo que lo más lógico es poner a esta Cámara como testigo. Y en ese mismo sentido, solicito el envío de los siguientes oficios:
1. A la Corporación de Fomento de la Producción, para que informe si es cierto que el señor Van Rysselberghe -o las empresas en las cuales es socio- consiguió un crédito en 1977 y cuánto pagó.
2. Al Banco del Estado de Chile, a fin de que nos informe exactamente cuál es la deuda impaga que este señor mantiene hasta este instante con esa institución del Estado.
3. A la Municipalidad de Concepción, para que el alcalde informe a la Cámara acerca de los litigios que, siendo candidato a diputado , el señor Van Rysselberghe -aquí presente- tenía pendientes con la corporación municipal.
Por último, si algo cabría destacar de este parlamentario es que ha tenido la fortuna, la cual no ha tenido chileno alguno que yo conozca, de dilatar el pago de una deuda durante 20 años, haciendo uso de las más increíbles triquiñuelas jurídicas de las que, próximamente y en forma pormenorizada, daré cuenta en la Cámara.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
-Manifestaciones en la Sala y en las tribunas.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Diputado señor Ávila , le ruego tomar asiento.
INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE OBRAS ANEXAS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA COSTANERA NORTE. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , en relación con las inversiones del Estado en las transformaciones viales, quiero expresar nuevamente mi preocupación por los efectos que está produciendo la anunciada obra de la autopista Costanera Norte.
Cuando el Estado construye una autopista sobre una ciudad existente y no planifica sus efectos, los resultados pueden ser sorprendentemente favorables o destructivos. Así, quiero dejar establecida la preocupación con que la coordinadora de concesiones del Ministerio de Obras Públicas ha insistido en el curso de este año, respecto de una serie de compromisos públicos y privados. El mismo funcionario señor Cruz, quien dirige la oficina de concesiones, ha recordado que, desde el 20 de marzo, existen compromisos para una serie de efectos que esta autopista va a producir y que, según él, beneficiarían a los ciudadanos del área.
En segundo lugar, el mismo funcionario indicó a la prensa que el 16 de abril volvió a informar nuevamente del compromiso que tiene el Gobierno, sobre lo que le planteamos y que él llamó “razonables observaciones”. El 5 de mayo, cuando hicimos nuestro planteamiento, reiteró que era necesario observar que se estaban tomando todas las providencias. El 15 de mayo, nuevamente en la prensa, el mismo funcionario repitió sus promesas e indicó una serie de compromisos en que se minusvaloraron nuestras observaciones y que estas promesas no se han concretado a lo largo de un año y medio. Han pasado marzo, abril y mayo; hemos tenido paciencia y ahora, cuando es necesario que estos compromisos se pongan en práctica, en pleno octubre, nos hemos encontrado con que, a punto de iniciarse el proyecto, a lo menos, en concreto, no se ha cumplido con los siguientes aspectos: no se ha hecho un proyecto de desarrollo urbano del área afectada por la autopista; no se ha realizado coordinación alguna con relación a los planes reguladores de Recoleta e Independencia, que están en trabajos y que deberían ser parte de este estudio, porque los efectos de una autopista son formidables, para bien o para mal; no se ha hecho ni se ha iniciado el famoso proyecto seccional que se ha prometido y que, hace un año y medio, le planteé que era necesario hacerlo para prever los efectos de la autopista; no se ha resuelto nada de lo prometido a arrendatarios y allegados; más aún, hace 45 días se firmó un protocolo de acuerdo, de éstos que se firman para ilusionar a los alcaldes y apaciguar a la gente. Se les han hecho tres encuestas, y en el último protocolo de acuerdo, que se firmó con el alcalde de Independencia , el Ministerio de Obras Públicas, a la letra del documento que tengo en mi poder, nuevamente ofrece que se hará un nuevo estudio, una nueva encuesta para ver las soluciones habitacionales que se ofrecerán a los afectados.
Esta es mi preocupación junto con la paciencia que hemos demostrado y de los llamados de atención que nos ha hecho por los diarios el propio funcionario señor Cruz, porque no se ha resuelto nada de lo prometido respecto de estas soluciones habitacionales.
Debo destacar que todavía no se conoce el proyecto de arquitectura que debe resolver el paso de la autopista en la interacción de efectos espaciales que tiene con las pérgolas de San Francisco y Santa María y con la plaza Tirso de Molina. Lo que se ha prometido es un galpón para que se alberguen los comerciantes por el tiempo que duren las obras. No se sabe cuándo se realizará ese proyecto de arquitectura para resolver lo que ahí va a suceder.
No se ha resuelto ninguna propuesta para transformar la autopista en una oportunidad de intereses para el comercio de Patronato, y el presidente del Comité de Adelanto de Patronato una vez más ha reclamado, en carta de julio de 1998. No se ha hecho nada todavía para fortalecer el carácter cultural y turístico que tiene el barrio Bellavista; nada de lo que significa la feria persa de Recoleta; nada para influir positivamente en la vega chica, la remodelada y la antigua; no se conoce ningún proyecto para salvaguardar lo que vivirán los habitantes de los edificios de Bellavista y Artesanos, en cuanto a la seguridad de las construcciones que estarán al borde de las excavaciones.
Finalmente, es necesario oficiar de esta preocupación no sólo al Ministerio de Obras Públicas y a la oficina de concesiones, sino que a la Intendencia Regional , porque el concesionario ya debe saber que tendrá conflictos sociales. No soy yo, ni desde esta Cámara ni desde la prensa, el promotor de los conflictos sociales que habrá en torno a Costanera Norte. Simplemente, lo que está sucediendo es que el conflicto lo está creando la propia oficina de concesiones, porque está jugando con promesas ante los conflictos de la gente; porque se ha dedicado a hacer protocolos de la categoría del que estoy dando a conocer aquí, firmado el 28 de septiembre, en el que se intenta apaciguar a las personas, y porque se está ilusionando a los alcaldes con un conjunto de promesas que ya lleva más de un año y medio.
Por lo tanto, es necesario que, en este plano, fiscalicemos los compromisos que se adquieren con la gente.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Leay.
INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL POR EMPRESA MINERA EN PRIMERA REGIÓN. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA .-
Señor Presidente , las empresas Cosayach S.A. y sus subsidiarias, Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala S.A., Compañía Minera Negreiros S.A. y Compañía Salitre Yodos Soledad S.A., todas del Grupo Económico Inverraz S.A., ligado al Senador don Francisco Javier Errázuriz , se encuentran desarrollando tres proyectos de faenas de salitre y yodo en la Primera Región de Iquique , específicamente en la Comuna de Pozo Almonte.
El primer trabajo minero se está efectuando en el Campamento denominado Cala Cala, ubicado a 50 kilómetros al este de Iquique, y está destinado a producir anualmente 2.160 toneladas de sales y 624 toneladas de yodo.
El segundo proyecto, denominado Negreiros, ubicado a 40 kilómetros al norte de Cala Cala, está destinado a producir al año 2.200 toneladas de sales y 912 toneladas de yodo.
El tercer proyecto minero, denominado Soledad, que está ubicado a 22 kilómetros al sur de Cala Cala, está destinado a producir en el mismo lapso 3.000 toneladas de salitre y 212 toneladas de yodo.
Para todos estos procesos productivos se ocupa el procedimiento de lixiviación en pilas con agua, que implicará una carga de alrededor de 7.400.000 toneladas anuales de mineral.
En lo que se refiere a los proyectos de nitratos, éstos funcionan por pozas de evaporación solar, para lo cual a la fecha se han construido 2.200.000 metros cúbicos de pozos solares, la mayor parte de los cuales se han construido en los dos últimos años.
En Cala Cala se han construido 39 pozas con una capacidad de 1.050.000 metros cúbicos y, en Negreiros, 27 pozas con una capacidad de 1.150.000 metros cúbicos, todo lo cual implica la utilización de, a lo menos, 90 litros de agua por segundo, en ambos proyectos.
Por otra parte, a principios de septiembre de 1998, Cosayach inició la construcción de sus plantas de producción de nitrato de potasio y nitrato de sodio en Cala Cala, sin pedir ningún tipo de permiso. Esta planta está proyectada para procesar 200.000 toneladas de nitrato de potasio o nitrato de sodio, cuya producción se espera iniciar en abril próximo.
La producción de nitratos se exportará por Iquique, pensándose en almacenar el producto en dicha ciudad, lo que implicará un tránsito diario de, a lo menos, 22 camiones, entre Cala Cala e Iquique -667 camiones por año-. Por ahora, la empresa tiene un almacenamiento sólo con malla en la localidad de Alto Hospicio, eventualmente con alta población. La inversión global sería del orden de los 50 millones de dólares.
Ahora bien, he tenido conocimiento de que todo este importante proyecto minero compuesto de tres campamentos operativos, está en plena marcha con la sola presentación, por parte de Cosayach, de un informe denominado “Proposición de términos de referencia de estudio de impacto ambiental”, documento fechado en mayo de 1995, que fue presentado a Sernageomin, Primera Región , el cual habría sido enviado a sus oficinas en Santiago y sólo referido a Cala Cala. Pero consultadas las oficinas del Servicio de Salud de Iquique y la Comisión Regional del Medio Ambiente de la I Región, y en especial el Secretario Ejecutivo Regional de la Corema de dicha ciudad, don Fernando Lagunas Jofré , se ha llegado a la conclusión de que ninguno de los tres proyectos antes mencionados cuenta con un estudio de impacto ambiental, como lo dispone el artículo Nº 10, letra i), de la ley Nº 19.300, que obliga a que todos los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ello, se ha infringido el artículo 11 de la ley Nº 19.300 y el artículo 41 del mismo texto legal.
Por otra parte, en los hechos comentados, se ha infringido gravemente el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental , en los artículos 3º, letra a), que se refiere a los embalses y tranques; 6º, relativo al uso del suelo y agua; 50, porque se ha impedido la participación ciudadana, y los artículos 59, 60 y 61 que tienen que ver con planes de medidas de mitigación, de reparación o restauración y de compensación, y el artículo 91, sobre residuos industriales o mineros.
Señor Presidente , por todas estas razones, a mi juicio, muy graves, en que tiene participación un Senador de la República , por su intermedio solicito que se envíen los siguientes oficios:
Al Ministro de Minería , a fin de que ordene al Director del Servicio Nacional de Geología y Minas , Sernageomin, que exija a las empresas referidas someterse al sistema de estudio de impacto ambiental.
Al Ministro de Obras Públicas , a fin de que ordene al Director General de Aguas , que exija a las empresas ya aludidas someterse al sistema de estudio de impacto ambiental, aplicando las medidas correspondientes.
Al Ministro de Salud, a objeto de que ordene al Director del Servicio de Salud de la I Región, que exija también a las empresas someterse al sistema de estudio de impacto ambiental.
Al Ministro Secretario General de la Presidencia de la República, a fin de que ordene al Director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, que exija a las empresas mencionadas precedentemente, que se sometan al sistema de estudio de impacto ambiental y que se apliquen las medidas administrativas y pecuniarias que procedan.
Finalmente, al alcalde de Pozo Almonte, a fin de que instruya al Director de Obras Municipales con el objeto de que se exijan los permisos de construcción correspondientes y los estudios de impacto ambiental a las empresas aludidas, que están afectando gravemente a la zona indicada.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios requeridos por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Jaramillo .
INTERNACIÓN FRAUDULENTA DE CARNE. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , en esta oportunidad nuevamente me referiré al sector agrícola y a sus esforzados agricultores, pequeños y medianos, que con su trabajo y sacrificio tratan de subsistir decentemente con lo que producen en sus predios.
Hace sólo algunos días, con fecha 2 de octubre, la Dirección Nacional de Aduanas evacuó un informe mediante el cual da cuenta de un fraude realmente cuantioso que se pudo detectar a través de esta Dirección, en lo que dice relación con la importación de carne.
En esa oportunidad, se fiscalizó a los almacenes particulares de importación en los recintos privados, que se caracterizan por ser lugares especiales donde los importadores solicitan a la Aduana la permanencia de la mercadería, mientras los agentes económicos privados concluyen los trámites de importación y cancelación de los derechos aduaneros correspondientes.
En el operativo fiscalizador, la Aduana pudo detectar que más del 50 por ciento de las empresas importadoras que utilizan este beneficio, no estaban cumpliendo con las normas aduaneras, ya que vendían carne sin pagar los derechos de importación.
Se presume que los montos comprometidos en la operación detectada superan los 4 millones de dólares y no se sabe cuántas veces se habría hecho en etapas u ocasiones anteriores. De 13 empresas fiscalizadas, 9 habían cometido irregularidades.
Una importación de carne de 4 millones de dólares equivale a abastecer al país durante 15 días en forma consecutiva y tiene un efecto negativo directo y desastroso en los pequeños y medianos agricultores que se dedican a engordar ganado.
El fraude, el contrabando que afecta a la agricultura esforzada del país, de una vez por todas debe erradicarse definitivamente. Queda en evidencia entonces que si 9 de 13 empresas no estaban cumpliendo, no hay una fiscalización adecuada.
En este Parlamento hemos aprobado, a partir del próximo año, más recursos a la Dirección Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos para una mejor gestión, de manera que puedan fiscalizar en forma rigurosa estas situaciones escandalosas que afectan directamente a los pequeños y medianos productores del país.
Por lo tanto, solicito que se envíen oficios a la Dirección Nacional de Aduanas y al Servicio de Impuestos Internos, haciendo presente lo importante que es la fiscalización para poner orden en esta materia.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Jaramillo , Valenzuela , Vilches , Martínez, don Rosauro ; Ojeda y la Diputada señora Marina Prochelle .
SITUACIONES QUE AFECTAN AL SECTOR TRANSPORTE DE IQUIQUE. Oficio.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Diputada señorita Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , quiero referirme a una situación que afecta al sector transporte de Iquique.
La Asociación de Dueños de Camiones Puerto de Iquique, Asociación de Camiones Tarapacá, el Sindicato de Taxis “El Futuro”, la Cooperativa Caliche, la Asociación de Taxibuses “Arturo Prat”, Sindu Taxis Iquique y la Asociación de Taxis Colectivos del Altiplano han suscrito una declaración, manifestando dos preocupaciones.
La primera de ellas se refiere a la instalación de las nuevas plantas de revisión técnica. Sin perjuicio de reconocer la importancia de las medidas que en este sentido está realizando el Ministerio de Transportes en el mejoramiento que en el futuro va a tener la calidad del servicio del transporte, ellos plantean que la estructura vial de la ciudad y, en general, de los sectores que recorren con sus vehículos, no está en las condiciones más adecuadas. Temen entonces que no puedan cumplir con la nueva normativa, lo que significaría una gran cesantía en el sector.
Solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes para hacer presente el tema, porque la situación del transporte de Iquique, como así se ha hecho saber, es bastante preocupante.
Al respecto, señalan también que no se ha cumplido con lo dispuesto en la ley Nº 19.011, que establece concretamente que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones procurará la participación de los diversos sectores involucrados en la actividad del transporte público de pasajeros, a través de instancias de consultas para la dictación de la normativa correspondiente.
Estiman los gremios del transporte de Iquique que no ha existido ninguna instancia efectiva de participación de ellos en esta decisión.
Además, hay un segundo tema más concreto respecto del transporte de locomoción colectiva mayor, referido a los años de funcionamiento que pueden tener los buses.
Se ha establecido, como norma especial para la ciudad de Arica, que los buses pueden estar en funcionamiento durante 23 años. En Iquique, que es vecino y pertenece a la misma región, sólo lo pueden hacer por 20. Por lo tanto, dentro de una misma región se está planteando una discriminación.
Lo justo es que la autoridad del transporte, si ya estableció una norma para la ciudad de Arica en los términos señalados, y considerando, además, la crisis económica que enfrenta el país y lo difícil que es renovar vehículos que tienen un valor aproximado de 30 millones de pesos, debiera otorgársela a los buses de la ciudad de Iquique, permitiéndoles funcionar también por 23 años.
Solicito que se le plantee al Ministerio esas dos situaciones muy puntuales.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IRREGULARIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN PRIVADOS EN MELIPILLA. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente , deseo intervenir en esta oportunidad para denunciar un grave hecho que, en el ámbito de la educación, afecta a familias y a la comunidad en general en la comuna de Melipilla.
En efecto, hace algunos días se ha destapado un escándalo de proporciones, que dice relación con la educación y la omisión de algunas instancias y/o autoridades locales frente a irregularidades, lo que ha posibilitado que alumnos y familias de la zona hayan sido engañadas y de paso lesionado la fe pública.
Caso "Instituto Francisco Bilbao".
Más concreto aún. Existe en Melipilla, en la calle Valdés (entre las calles Ortúzar y Silva Chávez ) una institución llamada “Instituto Francisco Bilbao ”, dependiente en los hechos de otro de similar nombre que funciona en Santiago y cuyo representante legal parece ser un señor Fernando Godoy Fernández , quien supuestamente habría entregado una “concesión” a la sede Melipilla para impartir planes y programas de enseñanza media para adultos, regulada por el decreto exento Nº 12/87. El responsable o “concesionario” de esta sede comunal es el señor Daniel Fernández Vicencio .
Aquí ya se aprecia la primera irregularidad, puesto que esta figura de “concesionario” no existe en el ámbito educacional descrito.
Pero aún más, el convenio que inicialmente había sido aprobado para dicha institución por la resolución exenta Nº 3417 de fecha 30 de noviembre de 1995, de la Seremi metropolitana, sólo rigió hasta noviembre de 1997, ya que posteriormente no se le renovó o se le caducó debido a otras graves irregularidades cometidas en la sede descrita; es decir, desde hace un año que este instituto no podría haber matriculado a ninguna persona para entregar recuperación de enseñanza media a adultos.
Amén de lo anterior, dicho instituto también realiza cursos de preuniversitarios para jóvenes de la zona.
En este ámbito, hace algún tiempo alumnos de dicho establecimiento cancelaron los derechos de inscripción para la prueba de aptitud académica al señor Fernández , situación que, definitivamente, no se produjo, dañando seriamente las posibilidades del alumnado para rendir su examen de ingreso a la educación superior.
Junto a lo anterior, debo señalar que un grupo de alumnos que realizaban su recuperación de enseñanza media en el mencionado establecimiento, fue llevado por el señor Fernández en un bus a la comuna de San Pedro (provincia de Melipilla) para rendir examen libre en el liceo de dicha comuna, situación que no fue posible gracias a que el director de dicho liceo impidió dicho acto irregular, ya que la normativa legal existente no permite validar estudios secundarios en un liceo que no sea el de sus respectivas residencias. Luego de ello los alumnos fueron abandonados en la comuna antes citada, debiendo regresar a Melipilla, al término del día, y en los medios que les fue posible, “caminando y a dedo”.
Caso "Instituto Aspro"
Tan grave como lo anterior, señor presidente , me parece el hecho de que el señor Fernández haya decidido también, hace ya más de un año, impartir capacitación técnica superior y/o profesional, sin tener la validación para ello ni del Sence, ni mucho menos del Ministerio de Educación.
En esta nueva empresa también abundan las irregularidades, ya que para ello nuevamente ocupando la figura inexistente de “concesionario”, aparece con otro nombre: “Instituto Aspro”, ubicado en la calle Vargas , entre Barros y Fuenzalida , también comuna de Melipilla; y que sería filial de otro de similar nombre también de Santiago y cuyo representante legal sería un señor de apellido Penna .
Además, en esta ocasión la mayoría de los alumnos que han llegado a “capacitarse” a este instituto Aspro , han debido firmar un contrato con el anterior instituto, “ Francisco Bilbao ”.
Otra agravante me parece el hecho de que los alumnos han recibido por el pago de sus mensualidades sólo un simple recibo de dinero, de ésos que cualquier persona adquiere en una librería, es decir al margen de la legalidad tributaria que para ello se requiere.
He concurrido personalmente al instituto en cuestión, sin poder encontrar una explicación, ya que su dueño no ha sido habido y actualmente lo reemplaza un hijo que, según me ha explicado, no conoce el tema, ya que él se desempeña laboralmente en otro ámbito.
Señor presidente , lo grueso de estas denuncias y el peligro de ellas ya habían sido advertidas en un concejo municipal, hace más de un año, por el ex alcalde y concejal de Melipilla , Manuel Humberto Riveros , y por el también concejal de Melipilla, Darío Jerez , situación que si se hubiese atendido en su momento al menos se le podría haber colocado atajo, por la vía de la caducación de la patente, que me imagino debe haber obtenido en algún momento para funcionar legalmente en la comuna en cuestión.
Pero lo que más me preocupa es la omisión de algunos servicios públicos y de algunas autoridades, concretamente, de la Dirección Provincial de Educación, que no habiendo renovado el convenio, tal como ya lo he explicado, jamás hizo pública tal determinación, y jamás fiscalizó que la institución en cuestión siguiera funcionando en un ámbito educacional para lo que no contaba con autorización, debido a anteriores irregularidades.
En esta perspectiva, tampoco aparece como razonable y lógico para las familias afectadas el saber que la Gobernación Provincial de Melipilla, a quien no sólo le corresponde representar al Presidente de la República , sino que también supervigilar los servicios públicos en la provincia (dentro de los cuales se entiende la Dirección Provincial de Educación), nunca haya actuado sino sólo hasta una vez detonado el conflicto público.
Esto aparece claramente como un notable abandono de los deberes que a cada una de las instancias señaladas les corresponde por ley.
Esta omisión claramente ha permitido que estos abusos y engaños hayan ocurrido y por sobre todo que se haya lesionado la fe pública de toda la comunidad en general, pero en particular de los propios jóvenes, alumnos y padres y/o apoderados que han creído ver en dichas instituciones, una instancia legal para la educación que buscaban, puesto que hasta el día de hoy siguen funcionando en cada lugar antes descrito, con sendos letreros, carteles y propaganda pública que aparentemente hacen ver una situación normal a vista y paciencia de las autoridades antes descritas, desde hace ya más de un año a la fecha.
Al finalizar, sólo interrogantes, señor Presidente : ¿quién responde por esta vulgar estafa cometida contra nuestros jóvenes?, ¿quién repara el tiempo perdido por ellos?, ¿quién le explica a los esforzados padres y a sus familias que fueron vilmente engañados a vista y paciencia de las autoridades locales?
Tal vez para las autoridades que llegan de paso a cumplir un rol meramente administrativo en la zona, ésta no sea más que una simple dificultad en el desempeño de sus funciones; pero para los que somos nacidos y criados en la zona, para quienes sentimos como nuestro el problema de cada vecino, esto constituye un episodio repugnante, que nunca más debe ocurrir en perjuicio de algún hijo de nuestra tierra.
De paso, deseo dejar expresamente manifiesto mi rechazo a considerar, como se pretendió en algún momento de la historia de nuestro país, que la educación es sólo un mero producto que el mercado debe regular... Al menos esta experiencia así lo indica.
Por ello, señor Presidente, como representante popular y en uso de las atribuciones que la ley me confiere, solicito se envíen los siguientes oficios:
1º Al señor Ministro de Educación :
a) En primer lugar para agradecerle su personal gestión ante la Dirección Nacional de la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de Chile, con el fin de garantizar, en forma extraordinaria, la posibilidad de que los alumnos afectados por la situación antes explicada, pudiesen realizar la inscripción correspondiente;
b) Para solicitarle que la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana , fuera de los plazos reglamentarios y haciendo una excepción en atención a las irregularidades antes descritas, pueda habilitar un establecimiento educacional en la zona para que los alumnos afectados por el engaño que ya hemos conocido, rindan los exámenes libres que les permitan cumplir con la Enseñanza Media requerida para cualquier enseñanza o capacitación superior;
c) En tercer lugar, para pedirle un informe pormenorizado de la situación descrita; y, particularmente, respecto de la legalidad de los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro”, tanto en Santiago como en Melipilla u otra ciudad del país;
d) Para solicitarle que se sirva instruir la investigación y/o sumario interno que corresponda a fin de establecer las responsabilidades administrativas de la Dirección Provincial de Educación de Talagante y Melipilla;
e) Para solicitarle que se sirva denunciar públicamente las irregularidades existentes, con el fin de advertir a las familias chilenas y, en particular, a las de la zona, ante un posible nuevo engaño educacional de las características descritas.
2º Al señor Ministro del Interior:
a) Para solicitarle una investigación y el sumario administrativo interno que corresponda con el fin de establecer las responsabilidades que le cabe a la gobernación provincial de Melipilla, como organismo público encargado de supervigilar los servicios públicos, entre los cuales se encuentra la Dirección Provincial de Educación.
3º Al Director Nacional del Sernac:
a) Para solicitarle una fiscalización en el caso en comento, con el fin de determinar la posible transgresión a las normas que protegen a cualquier consumidor en nuestro país;
b) Para solicitarle que este caso sea incluido en el próximo número de la revista que el Sernac edita periódicamente, con el fin de difundir a otras familias las irregularidades acaecidas, de manera que ello permita evitar otros engaños similares.
4º Al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:
a) Solicitarle que instruya una estricta fiscalización a los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro” de Melipilla, con el fin de que se sirva informar a esta Corporación acerca de la tributación realizada respecto a los fondos recaudados de los alumnos matriculados en dichas instituciones.
5º Al honorable Concejo Municipal de Melipilla.
a) Solicitarle se sirva debatir e informar a esta Corporación acerca de su posición respecto a lo ocurrido;
b) Solicitarle informar respecto del permiso de funcionamiento de los citados institutos y sus respectivas patentes y/o autorizaciones otorgadas por la Municipalidad.
6º Al alcalde de la comuna de San Pedro, de la Provincia de Melipilla:
a) Solicitarle remitir a esta Corporación un informe pormenorizado acerca del episodio descrito en la presente exposición y que dice relación con el Liceo Municipal de dicha Comuna;
b) Solicitarle recabar del ámbito educacional de su comuna, la información contractual y cumplimiento en los correspondientes pagos por los servicios profesionales prestados por algunos profesores de esa comuna al Instituto “ Francisco Bilbao ”, de Melipilla.
7º Al Ministro del Trabajo :
a) Solicitarle instruir a la Inspección Provincial del Trabajo de Melipilla, fiscalizar el cumplimiento de las leyes en los respectivos contratos de los profesores que han prestado servicios en los Institutos “ Francisco Bilbao ” y “Aspro”, en la comuna de Melipilla; y, particularmente, respecto de los profesores pertenecientes a la Comuna de San Pedro.
b) Solicitarle enviar un informe a esta Corporación, de la fiscalización indicada en el punto anterior.
8º Al Contralor General de la República:
a) Solicitarle fiscalizar las irregularidades descritas en mi exposición y que dicen relación con servicios públicos, e informar a esta Corporación acerca de los tópicos consultados en todos y cada uno de los oficios solicitados en los puntos números 1, 2, 5, 6 y 7; y que anteriormente he precisado.
Finalmente, señor Presidente , solicito que, junto a los oficios señalados y para una mejor comprensión del problema en cuestión, se envíe copia de esta intervención a cada una de las autoridades e instancias señaladas en los ocho puntos anteriores.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención.
PAGO INDEBIDO DE RACIONES ALIMENTICIAS DISTRIBUIDAS POR JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, JUNAEB. Oficio.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , todos conocemos lo que sucedió con la discusión del reajuste en favor del profesorado. No me referiré a ello, sino a un hecho relacionado con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Con motivo de lo anterior, existieron tres a cuatro semanas durante las cuales en muchos colegios y escuelas la asistencia a clases de los alumnos fue muy inferior a la normal, lo cual, por razones obvias, significó que no estuvieran presentes para recibir la correspondiente ración alimenticia.
Los convenios que cada cierto período la Junaeb firma con las empresas proveedoras implica que estas raciones se cancelan una vez que son consumidas; o sea, cuando el niño la come. Por lo tanto, durante los días de huelga, evidentemente no hubo consumo en muchas escuelas y colegios.
Sin embargo, he sido informado de que la Junta de Auxilio Escolar y Becas habría llegado a un acuerdo con las empresas proveedoras para que, en los casos en que asistió el 50 o más por ciento de los niños, se cancele la cifra real de raciones consumidas. Pero en aquellos casos en que asistió menos de ese porcentaje, igualmente se cancele el 50 por ciento de las raciones teóricas.
Pregunto, ¿sobre qué base o con la autorización de quién se adoptó esta política, de pagar lo no consumido, por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas?
Estoy consciente de la tremenda y positiva labor que realiza la Junta y de la escasez de recursos que normalmente tiene. Por ello, no encuentro argumentación lógica, si esto fuera efectivo, de entregar recursos a privados sin contrapartida, es decir, sin que se hayan consumido las raciones alimenticias.
Señor Presidente , en virtud de lo anterior, por su intermedio, deseo solicitar que se oficie al señor Ministro de Educación para que informe sobre las raciones canceladas durante el período de huelga del profesorado, en comparación con las raciones efectivamente consumidas por los alumnos asistentes a clases, y el sustento legal para cancelar, si así ocurrió, raciones no consumidas; y el valor de éstas, por lo menos, en el caso de la Séptima Región.
En forma adicional, deseo que se nos informe si las raciones que eventualmente van a consumir los niños cuando recuperen clases, por ejemplo, en los días sábados, según hemos escuchado, van a ser pagadas adicionalmente o abonadas a este exceso de pagos que se habría producido, de acuerdo con la situación descrita.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal , ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las Diputadas señoras Prochelle y Sciaraffia y los Diputados señores Ojeda , Delmastro , Galilea , Palma, don Osvaldo , y Jiménez .
INICIACIÓN DE PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS SUBERCASEAUX. Oficio.
El señor PÉREZ, don Aníbal , ( Vicepresidente ).-
En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , con fecha de ayer se constituyó en la Diócesis de Osorno, un tribunal especial eclesiástico, con el objeto de dar curso al decreto del Vaticano que inicia el proceso de canonización del ex obispo de Osorno Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux , fallecido en Pucón el 4 de enero de 1982.
El procedimiento contempla la introducción de la causa de beatificación y canonización del “siervo de Dios”, para continuar con el proceso sobre su vida, virtudes y fama de santidad.
Por supuesto, esta beatificación es un estímulo para la comunidad creyente y para cada uno de los osorninos en general. Es la respuesta a un testimonio de vida consagrada plenamente al prójimo, hecha con amor y apego a los valores cristianos, de caridad y de solidaridad, un reto a la pobreza y una mitigación al dolor. Es el compromiso con el afligido y con el necesitado.
El Obispo Valdés dio un ejemplo de vida y de santidad, que es la mayor fuerza de atracción que ejerce el hombre santo. En los dos mil años de historia, dice el Obispo de Osorno , monseñor Alejando Goic, la Iglesia ha vivido de todo. En ella han estado presentes la gracia y el pecado, pero la identidad más profunda de la Iglesia es con los hombres y mujeres que en la historia han tomado en serio el Evangelio y la persona de Jesucristo. El Obispo Valdés nos ha dejado ejemplos de entrega espiritual, un mensaje de sacrificio en la pobreza, una fuerte identidad con las virtudes humanas y una capacidad de afianzar la fe y soportar los votos que recaen sobre el sacrificio de la santidad.
Nació el 23 de septiembre de 1908, en la chacra del Llano Subercaseaux, de Santiago. Su nombre oficial es Maximiano, y adoptó el de Francisco para identificarse con la congregación que finalmente abrazó. Sus padres fueron don Horacio Valdés Ortúzar y doña Blanca Subercaseaux Errázuriz . Tiene cuatro hermanos: María , Margarita , Blanca y Gabriel , actual Senador de la República . A los dos años, el pequeño Maximiano enferma gravemente y es desahuciado por los médicos; pero en el sur de Chile consigue la medicina que le salva la vida.
Estudia en el Colegio San Ignacio, donde se ha educado toda su familia. Al término de sus estudios, viaja a Europa. Se matricula en la Universidad Gregoriana y cursa filosofía, desde octubre de 1927 hasta julio de 1931. En su discernimiento, el Obispo termina por optar a ser peregrino pobre y decide ingresar a la familia franciscana. La observancia de los votos fue la dirección segura de sus acciones, con la santa pobreza, la santa obediencia, la santa castidad y la santa regla.
Fray Francisco ingresa a la Universidad de Eichstätt, de Baviera, para comenzar sus estudios teológicos. Después llega al convento del Santísimo Redentor , en Venecia, para continuar en el conocimiento de los elementos y valores de la teología.
Fue párroco en Pucón durante 13 años. Allí inició su trabajo pastoral y su ayuda social, dirigida a la gente más sencilla. Contribuyó a la fundación del hospital de San Francisco y a la construcción del Monasterio de Contemplativas Santa Clara.
El talento, que le dio la gracia, la herencia familiar y la formación intelectual y artística, lo llevan a la creación de obras en pintura, esculturas de madera y piedra que aún permanecen esparcidas en los diferentes lugares donde estuvo. En Pucón, talla en madera un gran crucifijo estilo bizantino para suspenderlo desde el ábside sobre el altar mayor.
También tenemos el Cristo de Tromen, en la frontera de Chile con Argentina, por el paso de Pucón. Lo talló de un inmenso madero, en la sala de una escuela. El Cristo de Tromen, majestuoso y lleno de misericordia, bendice a los dos pueblos hermanos.
El 25 de noviembre de 1955, el Papa Pío XII decide crear la Diócesis de Osorno, y el 25 de junio de 1956 publicó en L’Osservatore Romano el nombramiento episcopal de Maximiano Valdés. Toma posesión de la Diócesis el 26 de octubre de 1956, en la catedral de San Mateo.
Su figura tan característica, su voz fuerte y el color café de sus hábitos y sus sandalias son un recuerdo imborrable de quienes lo conocieron. Tuvo una activa participación en los logros por la paz entre Chile y Argentina, en el conflicto de 1978. Visitó en reiteradas oportunidades a los chilenos en el vecino país para llevarles confianza y tranquilidad.
El Secretario de Estado del Vaticano , Cardenal Angelo Sodano , acompañado del Arzobispo de Santiago , Francisco Javier Errázuriz , junto a 25 Cardenales del país y en una Catedral totalmente copada de fieles, en Osorno, dio a conocer el decreto. Aprovecho la instancia para señalar que muchos recuerdan al primer Obispo de esta diócesis, entrañable y ejemplar figura de este religioso capuchino, el que durante casi 27 años pastoreó con abnegación y eficacia esta porción del pueblo de Dios, hombre totalmente consagrado al Señor y que se entregó al servicio de sus hermanos. Su ejemplar muerte fue la última predicación a sus diocesanos.
Estos tiempos son de gran complejidad social, con una grave crisis en lo espiritual, con trastrocación de valores, de encuentros y desencuentros.
Cuando vemos que lo frívolo supera la pureza de los valores, la superficialidad a la profundidad de los conceptos, cuando lo malo parece ser bueno, resulta difícil encontrar faroles que brillen con la luz y la fuerza de un hombre santo, como lo fue Francisco Valdés . La santidad es la resultante de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la tentación y la pulcritud, el vicio y las virtudes, la humildad y la arrogancia, la austeridad y la opulencia.
Saludamos este proceso de beatificación y expresamos nuestro regocijo por la suerte y oportunidad de haber tenido en nuestro terruño a este hombre santo, que entregó su vida al servicio de Dios y de los pobres.
Señor Presidente , solicito que se oficie al Arzobispo de Santiago , con el objeto de que transmita el regocijo que significa para todos nosotros este proceso de beatificación, sentimientos que pido que también se transmitan al Arzobispado de la Diócesis de Osorno , en conjunto con la transcripción íntegra de mi discurso.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la transcripción de su intervención, y la adhesión de los Diputados señores Delmastro , Galilea, don Pablo ; señora Prochelle, doña Marina ; señores Vilches , Martínez, don Rosauro ; señora Caraball , doña Eliana ; señores Ortiz y Jiménez .
MEJORAMIENTO DE JUBILACIÓN DE PROFESORES. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , a pesar de la larga huelga del Magisterio, al final está imperando la racionalidad, el diálogo, las conversaciones y buscándose lo mejor para el proceso educativo, de lo cual me alegro.
La Asociación de Municipalidades dio una buena demostración y las críticas que se le hicieron en determinado instante son la consecuencia de la actual legislación, la que debemos perfeccionar a futuro.
Debo recordar que en marzo de 1990, cuando asumió el gobierno de la Concertación, un profesor que tenía los requisitos para jubilar, al acogerse a retiro, veía reducida su renta, ya bastante baja, al 48 por ciento. En lo personal, me siento feliz y realizado de que, junto con otros diputados de la Concertación, con quienes tratamos de dar el máximo en los ocho años anteriores en materia de educación, seamos los autores de la indicación que permitió modificar esta situación en la ley Nº 19.200, lo cual les significó subir ese porcentaje a 82 por ciento.
En justicia, dos leyes sucesivas les significaron volver al ciento por ciento. Pero esos eran artículos transitorios cuya vigencia terminó en noviembre del año pasado. En el período anterior, intervine dos veces en esta Corporación para que ese artículo se transformara en permanente.
Por lo tanto, solicito que se oficie en mi nombre y en el de los parlamentarios que deseen adherir a la petición, entre ellos la Diputada señora Caraball , en reconocimiento al profesorado de su distrito, a los Ministros de Educación y de Hacienda , con el fin de que envíen a trámite legislativo una indicación que permita que el profesorado jubile con la última renta. Creo que eso es, en verdad, un reconocimiento al Magisterio.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Caraball y del Diputado señor Delmastro .
ELIMINACIÓN DE LA VERSIÓN DE EXPRESIONES ANTIRREGLAMENTARIAS.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , en primer término, quiero expresar mi profundo malestar por la situación vivida durante la discusión de los proyectos de acuerdo, originada por palabras del Diputado señor Ávila dirigidas a otro colega nuestro.
Pido a su Señoría que arbitre las medidas reglamentarias procedentes, a fin de eliminar de la versión dichas expresiones.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señora diputada , sin duda, será revisada la versión de sesiones y aquellas expresiones que atenten contra la dignidad de los parlamentarios, serán borradas.
SITUACIÓN LABORAL DE PERSONAL MUNICIPAL NO DOCENTE. Oficios.
La señora PROCHELLE (doña Marina).-
Señor Presidente , recibí una nota de la Confederación Nacional de Asociaciones de
Funcionarios de la Educación no Docentes Municipalizados de Chile, quienes plantean su preocupación por el hecho de tener que trabajar, eventualmente, para recuperar horas no trabajadas durante el paro del profesorado, en circunstancias de que ellos concurrieron a sus respectivos establecimientos.
Por tal motivo, solicito se oficie a los Ministros del Interior y de Educación , con el objeto de que nos informen qué medidas se arbitrarán para que la recuperación de horas de clases no intervenga en la situación laboral de los no docentes. En caso de que deban concurrir a sus lugares de trabajo, solicito que dichas horas les sean consideradas como extraordinarias.
Además, pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República , en mi nombre y en el de quien quiera adherir, con el fin de reiterarle una petición hecha a través de un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad en la Sala, en el sentido de que reconsidere la situación que afecta a los no docentes que este año quedaron sin el bono que recibieron por única vez el año pasado, en virtud de una ley.
La respuesta del Ministro de Educación ha sido negativa al proyecto de acuerdo de la Corporación.
Por eso, solicito se oficie a su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que, al menos, considere para este año el bono para los no docentes de los colegios municipalizados y subvencionados del país.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Caraball , doña Eliana , y de los Diputados señores Ortiz , Ojeda , Galilea, don Pablo ; Martínez, don Rosauro ; Vilches , Palma, don Osvaldo ; Bertolino y Delmastro .
ANTECEDENTES SOBRE USO DE MAQUINARIA DE CORPORACIONES VIALES DE VALDIVIA. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Delmastro .
El señor DELMASTRO .-
Señor Presidente , la ley Nº 19.265, de diciembre de 1993, y el respectivo decreto supremo Nº 214, de junio de 1994, establecieron y reglamentaron las corporaciones viales, para lo cual el Estado invirtió varios millones de dólares en maquinaria y vehículos de apoyo, con el fin de reforzar la actividad de mantención y reparación de caminos rurales de las regiones Octava, Novena y Décima.
En el caso de la Corporación Vial de Valdivia, aparentemente ha habido irregularidades en cuanto a la aplicación de los reglamentos y la ley que establecieron este novedoso sistema de trabajo vial y que es necesario aclarar ante la opinión pública, los usuarios y beneficiarios de la provincia.
En virtud de lo anterior, solicito se oficie, a través del Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección Regional de Vialidad de la Décima Región para que informe lo siguiente:
1º Cantidad y tipo de maquinaria entregada en comodato por la Dirección Regional de Vialidad a la Corporación Vial de Valdivia.
2º Relación completa de los contratos efectuados tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por las municipalidades y entes privados en 1996, 1997 y 1998.
3º Monto de los contratos respectivos en los mismos años.
4º Relación de los horómetros por máquina en los contratos mencionados.
5º Si se ha cedido, arrendado o facilitado a terceros alguna de estas maquinarias sujeta a comodato.
6º Informes emanados del inspector fiscal de Vialidad Valdivia, si existieran.
Además, que se haga extensivo este oficio a las corporaciones viales de las Regiones Octava, Novena y resto de la Décima Región de Los Lagos.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la Diputada señora Marina Prochelle , y de los Diputados señores Galilea, don Pablo ; Vilches , Martínez, don Rosauro ; Palma, don Osvaldo , y Bertolino .
APORTE ESTATAL PARA COSTEAR VACUNACIÓN DE GANADO CONTRA LA BRUCELOSIS. Oficio.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , desde hace un tiempo se comenzó a tomar una muestra de examen de sangre para pesquisa de la brucelosis, una enfermedad endémica que afecta al ganado vacuno y que ocasiona grandes pérdidas a los criadores de ganado, la que es todavía más aguda entre los pequeños y medianos agricultores. Este examen se toma en una proporción de uno a cuatro animales en ferias y es de costo de los propietarios.
Muchos pensamos que este costo agregado a las precarias condiciones de los agricultores en general, significa prácticamente un nuevo impuesto que, debido a las condiciones actuales, no se lo merecen.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Agricultura para que dicho gasto sea de costo del Estado.
La erradicación de esta enfermedad de nuestro país se debe al excelente trabajo del Servicio Agrícola Ganadero, en cuanto a una masiva vacunación para erradicar esta enfermedad.
Los resultados han sido extraordinariamente buenos, ya que el porcentaje de prevalencia de la brucelosis ha bajado a alrededor de 8 por ciento.
La idea es buena en general. No se trata de eliminar el examen, sino que su costo sea de responsabilidad del Estado.
Hay un proyecto de acuerdo recién presentado, al cual espero que adhiera toda la Corporación. De todas maneras, nos gustaría que el Ejecutivo lo patrocinara para que su tramitación sea más ágil.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Delmastro , de la Diputada señora Marina Prochelle , de los Diputados señores Bertolino , Vilches , Galilea, don Pablo , y Martínez, don Rosauro .
DECLARACIÓN DE COMUNA TURÍSTICA A LA CIUDAD DE LA SERENA. Oficios.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Mario Bertolino hasta por tres minutos.
El señor BERTOLINO .-
Señor Presidente , en esta oportunidad me referiré a una situación que afecta a la ilustre municipalidad de La Serena.
Es sabido de todos que, en materia de rentas municipales, la ley establece la forma en que ha de distribuirse el fondo común municipal, atendidos diferentes parámetros.
Es así como el decreto Nº 1.825 fijó el coeficiente de distribución del ya mencionado fondo para el período comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de diciembre de 1998.
Corresponde en este momento fijar el nuevo coeficiente de distribución de los fondos para los municipios del país del nuevo período, esto es, de 1999 al 2001, cuyo estudio corresponde a los Ministerios del Interior y de Hacienda.
Uno de los parámetros que permiten determinar la forma de distribución del fondo común municipal es la población de cada comuna, considerando para su cálculo la población flotante, según señala el decreto supremo sancionado para estos efectos.
Pues bien, para nuestro desconcierto, el referido decreto no consideró a la ciudad de La Serena como comuna turística. Desconoció así el tenor de la ley, que, para fijar los parámetros que inciden en el cálculo de los coeficientes, en forma nítida se refiere a comunas que perciben un flujo significativo de población flotante en ciertas épocas del año.
Al realizar la comparación entre lo que percibe La Serena por concepto de fondo común y los aportes que debe realizar, se puede concluir que entrega ingresos para financiar otros municipios a través del fondo común municipal, situación que se ha visto considerablemente incrementada en 1996 y 1997, ya que hemos aumentado los aportes netos en más de tres veces en 1996 en relación con 1995, situación que, desde nuestro punto de vista, se ve aún más agravada respecto de 1997.
Nadie desconoce que la ciudad de La Serena es uno de los destinos turísticos más importantes dentro del país para los chilenos y también para los visitantes extranjeros. Creemos que esta discriminación negativa hace que los habitantes vean desmedrada su posibilidad de desarrollo, al igual que la iniciativa de los visitantes.
Vale la pena recalcar que la población flotante en la ciudad de La Serena se duplica a lo menos durante cuatro a cinco meses del año, y durante el resto tiene un significativo porcentaje de aumento.
Basado en estas consideraciones, solicito que se oficie a los Ministros del Interior y de Hacienda, para que se considere esta situación y se declare comuna turística a la ciudad de La Serena.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Delmastro , de la Diputada señora Marina Prochelle , de los Diputados señores Palma, don Osvaldo ; Vilches , Galilea, don Pablo , y Martínez, don Rosauro .
PROBLEMÁTICA REMUNERACIONAL DE LOS PROFESORES.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez hasta por dos minutos.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , en atención a que no alcanzaré a exponer todo lo que deseo, le solicito que se inserte mi intervención.
El señor PÉREZ, don Aníbal ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , la Mesa accede a su petición.
-El texto del discurso que se autorizó insertar es el siguiente:
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señor Presidente , inicio mi intervención lamentando el fracaso de la sesión especial convocada para hoy en la mañana, la que tenía como objeto “tratar el tema del paro de profesores, su causa, el proyecto de reajuste elaborado en la oficina del señor Presidente sin participación de los profesores ni de diputados de la Oposición”.
No ha sido positivo tener que analizar hace algunos días, un proyecto de tanta trascendencia para el país en situaciones de presión, como las que hemos vivido, producto de la activa y mayoritaria movilización del profesorado. Y mucho menos lo es esta especie de fuga programada por los colegas de la Concertación miembros de la Comisión de Educación, con el señor Ministro , para, en la oficina de la Presidencia , firmar un protocolo de acuerdo, dejándonos sin participación alguna a quienes somos parte de la Comisión. De verdad, señor Presidente , actitudes como ésta me resultan absolutamente incomprensibles; las califico como un atropello a mis derechos como parlamentario y a la tradición e imagen de nuestra Corporación. Y dejo establecido que yo me hice presente a mis labores en la Comisión de Educación, de la cual formo parte.
Entrando en materia, es evidente que en Chile se han dado pasos concretos en la dirección de situar a la educación como prioridad nacional, inscribiéndose en ese contexto iniciativas como la modernización del sistema educacional, a través de diferentes estrategias como la jornada completa, la excelencia académica, la capacitación y el perfeccionamiento docente, y, en general, de un conjunto de elementos necesarios para gatillar el desarrollo educacional que el Chile de fines de siglo necesita.
La propia Comisión Nacional de Modernización de la Educación lo señaló al establecer que “el principal desafío del país es llegar a un estadio de desarrollo donde pueda asegurar una efectiva igualdad de oportunidades a todos los miembros de la comunidad nacional.
“Para enfrentar ese desafío, la Comisión Nacional reconoce a la educación como el único medio eficaz”, pues ésta, la educación, “sitúa a las personas en condiciones de valerse a sí mismas, de encontrar trabajos mejor remunerados y tomar iniciativas productivas”.
Ese reconocimiento que se le hace a la educación, unido a los desafíos que dicen relación con “el desarrollo competitivo”, significan, en la práctica, que el Estado chileno le ha entregado la responsabilidad de ser gestora del desarrollo nacional.
De allí que en un contexto de tanta responsabilidad, la educación tiene que ser capaz de responder eficazmente a lo que de ella se espera, y a ese efecto, una de las tareas más relevantes y urgentes es, por ejemplo, el tema de su calidad, que ha comprometido de manera preferente a los profesores.
En ese ámbito se inscribe, en mi opinión, el tema económico de los profesores, que no es, como pudiera creerse o como algunos lo señalaron despectivamente y sin mayor conocimiento, una cuestión menor o exagerada. Cuando en el propio Informe de la Comisión de Modernización de la Educación chilena, que convocó a los principales representantes de la educación de nuestro país, se señala como uno de los objetivos fundamentales el fortalecimiento de la profesión docente, debido, y así lo consigna, a que los profesores “son los protagonistas principales del proceso de enseñanza”, y, más adelante, expresa: “Para llevar adelante una profunda renovación de la educación chilena se requiere fortalecer la profesión docente, dotándola de las condiciones que permitan a los profesores ejercer su labor en el mejor nivel posible”, lo que se está reclamando es la dignificación de la profesión, y cuando habla de las “condiciones”, está incluyendo como prioridad el tema de las remuneraciones.
Queda de manifiesto, en consecuencia, que las demandas de los profesores no sólo son justas, sino que se inscriben en las propias definiciones que el país se ha dado. Es justo reconocer, porque es necesario ser objetivo en el tratamiento de estos temas, que en materia remuneracional se ha avanzado bastante. Eso es real, pero con igual franqueza y objetividad hay que decirlo: las rentas siguen siendo aún extremadamente bajas, más todavía si consideramos lo que significa la educación para un pueblo y la responsabilidad que a ella le ha asignado la sociedad chilena hoy.
Es reconocida la vocación de nuestros maestros y el cariño con el cual desarrollan su labor. Qué decir del profesor que en cada rincón de esta tierra camina kilómetros para llegar a la escuela a cumplir su compromiso, que no es con la autoridad o por la existencia de algún contrato o decreto de destinación que así lo establece, sino con ese niño que, ávido de cultura y saber, concurre a la escuela. Para esos maestros, ni la lluvia ni el frío son obstáculos, porque llevan en sus venas el cariño por la pedagogía y la enseñanza.
Cuando se toma contacto con esos educadores y se constatan las condiciones de trabajo que tienen, no sólo se les admira, sino que también surge el convencimiento de que como país debemos hacer todos los esfuerzos posibles para resarcir en parte lo mucho que entregan a la sociedad chilena.
Existe conciencia del momento que se vive en el país. Los propios profesores, que son muy responsables, así lo expresan y están preocupados; no se piense que ellos son partidarios de medidas de fuerza; muy por el contrario, el profesor no desea estas cosas, pues prefiere las aulas y sus alumnos. Pero cuando se crean expectativas, cuando se comprueba que para otras situaciones el criterio de austeridad es flexible y, por sobre todo, cuando la voluntad para llegar a acuerdos no es clara, llegamos, lamentablemente, a situaciones como las que hemos vivido estos días, que no le hacen bien a nadie, pero que reflejan una realidad que debemos recoger.
No caigamos en el argumento fácil, que estas cosas se producen porque el Presidente del Colegio de Profesores es comunista; porque hay elecciones de por medio, o porque está éste o aquel dirigente. Las cosas ocurren -y los maestros son gente seria, culta y muy responsable-, porque ven que sus esfuerzos no son debidamente recompensados, ni hoy, ni tampoco ayer. Ésa es la razón que tiene la inmensa mayoría de los profesores para llegar a estas circunstancias.
Señor Presidente , el proyecto que esta Cámara aprobó y que otorga $ 53.000 millones para el bienio 1999-2000, si bien pudiera parecer para algunos una cifra exagerada, o más que suficiente, no lo es tanto; prueba de ello es que el propio Ministro señaló en su oportunidad que el piso era $ 45.000 millones y el techo $ 60.000 millones; es decir, no se descartaba llegar a esa cifra, lo que revelaba, antes del paro, la disponibilidad de recursos para ese fin. Es más, en su oportunidad, dijimos que el presupuesto actual tenía provisiones no comprometidas por $ 298.000 millones, que perfectamente hubiesen permitido llegar a la cifra indicada.
También -y lo reitero en esta ocasión- la modalidad por utilizar para la distribución de los recursos no es la adecuada, porque el sistema de bonificación proporcional que se contempla no apunta a la raíz del problema; es más, como lo ha expresado incluso la propia Asociación Chilena de Municipalidades, los bonos o asignaciones hacen más compleja la estructura salarial de los profesores, ya que, beneficiando a los docentes con menos años de servicio, no impacta positivamente en aquellos profesores con mayor trayectoria en la educación, que son la mayoría. De allí que la fórmula más justa para todos sea el incremento de la remuneración básica mínima nacional, que, como sabemos, implica elevar el valor de la hora, que en la actualidad es de $ 4.751 para la enseñanza básica y $ 5.001 para la enseñanza media. Este criterio implica -de allí la justicia que conlleva-, que las asignaciones que por ley los profesores tienen, y que son de antigüedad, perfeccionamiento, experiencia, responsabilidad y desempeño difícil, se incrementen en proporcionalidad al número de horas de cada profesor. Es decir, al aplicar este sistema, lo que hacemos es reconocer el mérito individual de cada profesional de la educación, que, me parece, no sólo es lo más justo, sino absolutamente más motivador para su función.
Es de esperar que el honorable Senado pueda reflexionar sobre estas materias, y que vuelta la tranquilidad, y ahora, en conjunto con el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y la Asociación Chilena de Municipalidades puedan llegar a los 60.000 millones, y en su distribución, aplicar este mecanismo, que es por lo demás la base que mejor refleja el espíritu del Estatuto Docente.
En otro ámbito, y que dice relación con las consecuencias del paro de los profesores, no dejan de ser preocupantes las medidas que algunas municipalidades han tomado en orden a descontar a los profesores los días no trabajados durante el mes de octubre, que si bien es legalmente procedente, no se condice, en mi opinión, con el tema de la recuperación de clases a las cuales se han comprometido los profesores y cuyos calendarios comunales de recuperación ya se han elaborado. Consciente de que el acuerdo tripartito -Asociación Chilena de Municipalidades, Mineduc y Colegio de Profesores- aclara bastante la situación, me preocupa lo establecido en el punto 2 del acuerdo, que dice textualmente “que si bien las clases serán recuperadas en su totalidad, se entiende que sólo aquellas impartidas los días sábados serán imputables a recuperación de remuneraciones”, es decir, lo que nos dice esta cláusula es que los profesores van a recibir sólo lo que corresponde a 7 sábados, a partir del sábado próximo, u 8 si partieron el 31 de octubre, porque el sábado 26 no se contempla.
El punto 4 ahonda un poco más en la materia, al decir en las dos últimas frases que “el propósito es finalizar el año lectivo como máximo el 8 de enero de 1999 y que permitan que los días de descuento no excedan del 50% de los días no trabajados”. La interpretación de este punto sería que de los 10 días restantes a recuperar (para los que partan este fin de semana y tengan que recuperar los 17 días), se les descontaría hasta un 50% de ellos, es decir, 5 días, no obstante trabajarlos.
Este punto me parece injusto y no guarda correspondencia con la cláusula sexta, que asegura que “no habrá costos financieros para los municipios -lo que parece lógico- por la paralización de los profesores”. Si no habrá costo y las clases se recuperan, ¿por qué no pagar íntegramente a los profesores? ¿Cuál es la razón? ¿Es ésta una represalia? Da la impresión de que sí lo es.
Señor Presidente , termino mi intervención solicitando responsablemente al Gobierno que haga el esfuerzo para llegar al techo del que nos hablaba el Ministro . Creo que es posible y estoy convencido de que todos mis colegas, más allá de las posiciones políticas de cada uno, también lo están y así lo sienten.
He dicho.
El señor PÉREZ, don Aníbal (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 19.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre las observaciones del Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 74 de la Carta Fundamental. (boletín Nº 1602-07)(S)-3.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre las observaciones del Presidente de la República al proyecto de reforma constitucional individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los honorables Senadores señores Fernández , Larraín , Otero , Sule y Zaldívar, don Adolfo .
-o-
La decisión de enviar la observación en informe a esta Comisión fue adoptada por la Corporación en su sesión 1ª ordinaria, del 6 de octubre de 1998, en el momento de darse cuenta del oficio del honorable Senado por el cual comunica que ha aprobado la observación formulada por su Excelencia el Presidente de la República .
-o-
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y por incidir la observación en una disposición contenida en su capítulo VI, cabe hacer presente que ella necesita para su aprobación del voto conforme de las tres quintas partes de los señores diputados en ejercicio.
-o-
Acorde con lo preceptuado en el artículo 119 del Reglamento de la Corporación, corresponde a la Comisión indicar a la Sala el alcance de las observaciones formuladas y proponer su aceptación o rechazo.
-o-
Para tales efectos, resulta indispensable conocer las disposiciones constitucionales y legales que se verán afectadas, así como el texto de la reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno.
-o-
El artículo 74 de la Constitución Política dispone, en su inciso primero, que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.”
Su inciso segundo agrega que “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema”.
En estrecha relación con ese precepto constitucional, el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, señala que “Los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales, serán puestos en conocimiento de la Corte Suprema para los efectos indicados en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política. El proyecto deberá remitirse a la Corte al momento de darse cuenta de él si el mensaje o moción se hubiere presentado sin la opinión de esa Corte, o deberá hacerse posteriormente por el presidente de la corporación o comisión respectiva si las disposiciones hubieren sido incorporadas en otra oportunidad o hubieren sido objeto de modificaciones sustanciales respecto de las conocidas por la Corte Suprema.”
-o-
El proyecto de reforma constitucional y la observación de su Excelencia el Presidente de la República son del tenor siguiente:
Texto Congreso Pleno
Texto de la observación
“Artículo único.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, por los siguientes:
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema. Para la debida consideración de dicha opinión, la Cámara de origen deberá solicitar la opinión de esa Corte antes del término del primer trámite constitucional. Asimismo, se deberá consultar nuevamente el parecer del mencionado tribunal antes del término del segundo trámite constitucional, cuando durante este último se hayan introducido modificaciones sustanciales al proyecto aprobado por la Cámara de origen, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días, a menos que decida, previa cuenta al Congreso Nacional, prorrogarlo hasta por otros treinta días.
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro del plazo aludido en el inciso precedente, se tendrá por evacuado el trámite.”.
Para sustituir el artículo único, que el proyecto de reforma constitucional propone, por el siguiente:
“Artículo único.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, por los siguientes incisos:
La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva.
La Corte Suprema deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente.
Sin embargo, si el Presidente de la República hubiere hecho presente una urgencia al proyecto consultado, se comunicará esta circunstancia a la Corte.
En dicho caso, la Corte deberá evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.
Si la Corte Suprema no emitiere opinión dentro de los plazos aludidos, se tendrá por evacuado el trámite.”.
La observación sustitutiva formulada respecto del artículo único del proyecto, tiene los siguientes alcances:
-La opinión de la Corte Suprema debe recabarse en conformidad con lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva, esto es, la del Congreso Nacional, y no en las oportunidades indicadas en el texto aprobado por el Congreso Nacional, que excluía la posibilidad que hoy tiene el Ejecutivo de consultar a la Corte antes de enviar sus proyectos a trámite legislativo.
-El plazo dentro del cual la Corte Suprema debe pronunciarse depende de si el proyecto de ley respectivo tiene o no urgencia.
-Si el proyecto no tiene urgencia, debe responder dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del oficio en que se solicita la opinión pertinente, eliminándose la facultad de prorrogarlo hasta por otros treinta días, previa cuenta al Congreso Nacional.
-Si el proyecto tiene urgencia, se comunica esta circunstancia a la Corte y, en dicho caso, debe evacuar la consulta dentro del plazo que implique la urgencia respectiva.
-Si la Corte no emite opinión dentro de los plazos aludidos, se tiene por evacuado el trámite.
-o-
Vuestra Comisión, por la unanimidad de los señores diputados presentes, acordó recomendaros que prestéis aprobación a la observación formulada.
-o-
Sin perjuicio de lo anterior, a instancias del señor Coloma, don Juan Antonio, acordó dejar constancia que en los casos de proyectos con urgencia, por la brevedad de los plazos respectivos -especialmente cuando ella se califica de suma o de discusión inmediata- resulta altamente conveniente contemplar mecanismos que aseguren que la consulta a la Corte Suprema se haga en forma oportuna.
En lo posible, al momento de empezar a correr la urgencia respectiva, para que la Corte disponga en forma completa del plazo de la misma, ya que dentro de éste deberá ser emitida la consulta, so pena de entenderse evacuado el trámite, si así no lo hiciere.
-o-
Por último, cabe manifestar que, aprobado el proyecto de reforma constitucional, habrá que modificar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional para hacer plenamente operativa la enmienda constitucional, encontrándose pendiente, en trámite de comisión mixta, un proyecto de ley que precisamente tiene ese objetivo (bol. 547-07)(S).
-o-
Se designó Diputado informante al señor Elgueta Barrientos, don Sergio .
Sala de la Comisión, a 3 de noviembre de 1998.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los Diputados Aldo Cornejo González ( Presidente ), Francisco Bartolucci Johnston, Juan Antonio Coloma Correa , Sergio Elgueta Barrientos , Pía Guzmán Mena , Zarko Luksic Sandoval , Laura Soto González e Ignacio Walker Prieto .
(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión ”.