Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PRESIDENTE DE LA SESION
- Andres Zaldivar Larrain
- PRESIDENTE DE LA SESION
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
- IV. CUENTA
- DEBATE
- V.
ORDEN DEL DÍA
-
CAUSAS DE SITUACIÓN EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
- INTERVENCIÓN : Carlos Cantero Ojeda
- INTERVENCIÓN : Sergio Romero Pizarro
- INTERVENCIÓN : Jaime Gazmuri Mujica
- INTERVENCIÓN : Sergio Fernandez Fernandez
- INTERVENCIÓN : Sergio Mariano Ruiz Esquide Jara
- INTERVENCIÓN : Jorge Martinez Busch
- INTERVENCIÓN : Edgardo Boeninger Kausel
- INTERVENCIÓN : Sergio Bitar Chacra
- INTERVENCIÓN : Juan Hamilton Depassier
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Ramon Vega Hidalgo
- INTERVENCIÓN : Rafael Adolfo Moreno Rojas
- INTERVENCIÓN : Enrique Zurita Camps
- INTERVENCIÓN : Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
-
CAUSAS DE SITUACIÓN EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PORTADA
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 17ª, en miércoles 16 de agosto de 2000
Especial
(De 10:45 a 14:6)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ, TITULAR, Y CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, SUBROGANTE.
Í N D I C E
Versión Taquigráfica
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA:
Causas de situación existente en Chile el 11 de septiembre de 1973
I. ASISTENCIA
Asistieron los señores:
--Aburto Ochoa, Marcos
--Bitar Chacra, Sergio
--Boeninger Kausel, Edgardo
--Bombal Otaegui, Carlos
--Canessa Robert, Julio
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cariola Barroilhet, Marco
--Cordero Rusque, Fernando
--Chadwick Piñera, Andrés
--Díez Urzúa, Sergio
--Fernández Fernández, Sergio
--Foxley Rioseco, Alejandro
--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
--Gazmuri Mujica, Jaime
--Hamilton Depassier, Juan
--Horvath Kiss, Antonio
--Lagos Cosgrove, Julio
--Larraín Fernández, Hernán
--Lavandero Illanes, Jorge
--Martínez Busch, Jorge
--Matta Aragay, Manuel Antonio
--Matthei Fornet, Evelyn
--Moreno Rojas, Rafael
--Muñoz Barra, Roberto
--Novoa Vásquez, Jovino
--Núñez Muñoz, Ricardo
--Ominami Pascual, Carlos
--Páez Verdugo, Sergio
--Parra Muñoz, Augusto
--Pérez Walker, Ignacio
--Pizarro Soto, Jorge
--Prat Alemparte, Francisco
--Ríos Santander, Mario
--Romero Pizarro, Sergio
--Ruiz De Giorgio, José
--Ruiz-Esquide Jara, Mariano
--Sabag Castillo, Hosaín,
--Silva Cimma, Enrique
--Stange Oelckers, Rodolfo
--Urenda Zegers, Beltrán
--Valdés Subercaseaux, Gabriel
--Vega Hidalgo, Ramón
--Viera-Gallo Quesney, José Antonio
--Zaldívar Larraín, Adolfo
--Zaldívar Larraín, Andrés
--Zurita Camps, Enrique
Actuó de Secretario el señor José Luis Lagos López, y de Prosecretario , el señor Carlos Hoffmann Contreras.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:45, en presencia de 25 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Las actas de las sesiones 15 y 16ªª, ordinarias, en 8 y 9 de agosto del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor HOFFMANN ( Prosecretario ).-
Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios. (Boletín Nº 2.566-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a la de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece un seguro de desempleo, con urgencia calificada de "simple". (Boletín Nº 2.494-13).
--Pasa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas.
Del señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el que comunica que ha quedado ejecutoriada la resolución mediante la cual se desafuera al Senador señor Augusto Pinochet Ugarte.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro del Interior, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a las bandas escolares.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la regulación del plebiscito en la Constitución Política de la República.
Dos de la señora Ministra de Educación:
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relacionado con la destacada labor de los profesores normalistas del país.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Zaldívar (don Andrés), sobre la presentación que indica.
Tres del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, en cuanto al estado de avance de la construcción del molo en la bahía de Pelluhue.
Con el segundo da contestación a un oficio enviado en nombre Senador señor Moreno, acerca de las defensa ribereñas del río Cachapoal.
Con el último remite una nómina de los oficios dirigidos por dicha Secretaría de Estado a los señores Parlamentarios, durante julio del año en curso.
De la señora Ministra de Salud, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la situación de la salud en la comuna de Manquemapu.
Dos del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, tocante al movimiento portuario de Arica e Iquique.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Fernández y Stange, relativo a las políticas de desarrollo del transporte marítimo, nacional e internacional.
Del señor Subsecretario de Aviación , con el que da contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Bombal, sobre seguridad del aeródromo de Tobalaba.
Del señor Subsecretario de Pesca , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con los planteamientos de la Asociación de Armadores Pesqueros de Arica, acerca de la instalación de los sistemas de posicionamiento satelital.
Del señor Director Nacional de Gendarmería , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Bitar, referente a las aprehensiones pendientes respecto de los condenados a penas privativas de libertad superiores a cinco años.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la necesidad de una embarcación para el Retén de Vodudahue.
De la señora Directora Ejecutiva del Instituto de Fomento Pesquero subrogante, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre extracción del recurso loco.
Del señor Jefe de Gabinete del Subsecretario de Pesca , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a recursos bentónicos en la Undécima Región.
--Quedan a disposición de los señores Senadores.
Comunicación
Del señor Ministro de Defensa Nacional, con la que informa acerca de la proposición del Presidente Nacional del Instituto O`Higginiano de Chile, respecto a la redistribución de los fondos de la Polla Chilena de Beneficiencia.
--Se toma conocimiento y pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en lo relativo a materias electorales. (Boletín Nº 2.556-06).
De la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que crea un sistema nacional de certificación de calidad para frutas y hortalizas frescas de exportación. (Boletín Nº 1.348-01).
--Quedan para tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Terminada la Cuenta.
El señor RUIZ (don José).-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor RUIZ (don José).-
Señor Presidente , solicito que el proyecto sobre seguro de desempleo, del que se acaba de dar cuenta y que tiene urgencia calificada de "simple", sea remitido a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, unidas. Creo que es la manera más expedita de despacharlo, tal como se hizo con una iniciativa anterior vinculada con esta materia.
--Se accede a lo solicitado.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para que la Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto de ley del deporte se constituuya a las 11:30, hora a la que fue citada.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Estarían de acuerdo los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional?
El señor PIZARRO.- Sí, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Acordado.
V. ORDEN DEL DÍA
CAUSAS DE SITUACIÓN EXISTENTE EN CHILE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El Senado ha sido convocado esta mañana a una sesión especial, solicitada por los Comités Unión Demócrata Independiente e Independientes y Renovación Nacional, en virtud de lo dispuesto en el Nº 3º del artículo 67 del Reglamento. El objetivo de ella es ocuparse de las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973.
La sesión tendrá como hora de término las 14.
Como no se acordó distribución de tiempo, se aplicará la norma reglamentaria correspondiente, otorgándose la palabra según el orden de inscripción. La Mesa tratará de proceder lo más equitativamente posible. Primero, los señores Senadores dispondrán de 15 minutos y no habrá prórroga con cargo al segundo discurso, sino que éste deberá pronunciarse cuando corresponda. Seré estricto en exigir el cumplimiento de esta norma reglamentaria.
Concederé la palabra en primer lugar a quien fue, hace bastante tiempo, uno de los promotores de esta sesión: el Honorable señor Cantero.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , agradezco a los Comités Renovación Nacional y UDI e Independientes la posibilidad de ser el primer Senador en intervenir.
Lo que se busca hoy es generar un espacio de reflexión. Esta iniciativa se inspira en el anhelo de elevar nuestros espíritus para poder construir una verdad que realmente apunte hacia la reconciliación. Chile ha vivido muchas décadas con dos verdades históricas. Las hemos visto expresadas en distintas circunstancias: el doble empate para la eliminación del feriado del 11 de septiembre, las votaciones presidenciales, etcétera. Dos verdades históricas que parecen ser visiones parciales, como la de aquellas personas que ven mejor con el ojo izquierdo y la de quienes ven mejor con el ojo derecho. Pero ni una ni otra es la visión integral. Son visiones parciales. Ambos ojos constituyen la visión integral y hacia allá se orienta mi intervención.
No se trata de buscar -como algunos han dicho- una verdad oficial. Tampoco se pretende una verdad oportunista o distorsionada. Se trata de considerar visiones que apunten, en su conjunto, a actuar complementariamente en torno a la construcción de la unidad nacional.
Chile lleva muchas décadas de guerra fría, muchas décadas de polarización: es tiempo de la unidad nacional; muchas décadas de divergencia: es tiempo de la convergencia; muchas décadas de confrontación: es tiempo de iniciar la complementación.
Tengo esperanzas. Cuando escuchaba al Senador señor Silva hacer uso de la palabra en esta Sala, se me abrieron posibilidades. Cuando leía la intervención del Senador señor Foxley en la anterior sesión relacionada con esta materia, en noviembre de 1998, me formé expectativas positivas. Cuando observo al Senador señor Viera-Gallo , por ejemplo, asumir sus errores frente a la historia, lo considero un gesto de grandeza. Cuando el Senador señor Ominami dice: "Llamé a la violencia y hoy siento arrepentimiento y dolor", lo miro con respeto. Tales gestos enaltecen.
Eso es lo que se pretende con esta sesión: ser capaces de reconocer nuestros propios errores y cerrar la etapa de imputación de responsabilidades a los adversarios. En mi opinión, el Senado, el máximo foro de la democracia de Chile, tiene esta tarde la oportunidad histórica de sentar las bases para construir una sociedad más unida, de mayor fraternidad, de mayor entendimiento. Chile vivió dolorosamente la Guerra Fría; pero a veces pareciera que ella aún no termina, en circunstancias de que desapareció en el mundo hace ya una década. Seguimos con visiones polares, con actitudes confrontacionales e incluso con visiones totalitarias.
Hubo una etapa de nuestra historia en que algunos sectores de ambos bandos en pugna asumieron que la violencia era legítima. Y caímos en una brutal perversión: "el fin justifica los medios". Resulta absurdo aceptar una situación semejante.
En consecuencia, aquí no se trata de obtener un empate moral ni de justificar lo injustificable, sino, simplemente, de reconocer que los excesos de violencia no se neutralizan con más violencia. Por el contrario, contribuyen a potenciar la violencia.
No queremos más revancha; no queremos más imputaciones. Queremos construir un contexto histórico que permita entender todo este proceso, reconociendo cada cual sus propias responsabilidades, hayan sido éstas por acción o por omisión. Lo concreto es que se creó un ambiente de violencia y de confrontación; se destruyó el sistema democrático. Y esto fue una responsabilidad imputable exclusivamente al ámbito político. No fueron las Fuerzas Armadas las que rompieron la democracia en Chile. Fueron la ineptitud y la intolerancia de sectores que quisieron ver el país con una visión totalitaria las que finalmente llevaron a la destrucción de nuestra democracia.
Es cierto que hubo dolorosas transgresiones a los derechos humanos. Y hay allí un vínculo de causalidad. Pero no se pretende, de manera alguna, generar un empate moral o compensar una cosa con la otra. El Informe Rettig, de la Comisión de Verdad y Reconciliación, constató atropellos y violaciones a los derechos humanos "en una etapa" -señala- "dividida, llena de violencia, afectada en la concordia y la unidad nacional".
En definitiva, ésta es una instancia para construir visiones unitarias. Algunos dicen: "Es que éste no es el momento oportuno". Los momentos no son oportunos ni inoportunos. La oportunidad o la conveniencia no es un mérito sustantivo del tiempo; es una cuestión que depende del espíritu de la gente. Si las personas tienen la voluntad de reconocer sus errores, más que de imputárselos a los adversarios; si las personas tienen la voluntad de construir un escenario de unidad, de convergencia, de fraternidad, entonces el momento es oportuno. Pero si no hay voluntad para ello; si se desea realizar un examen apasionado nuevamente, llegaremos a un camino equivocado. Para avanzar en una buena línea se requiere estar desprovisto de una carga política o de una visión contingente, que es lo que habitualmente ha imposibilitado ese avance.
A mi juicio, toda la sociedad ha tenido responsabilidad, con distintos grados, en el tema de la violación a los derechos humanos. En esto no hay un valor absoluto, donde unos ostentan la bondad y otros la maldad; donde unos son depositarios de la violencia y otros no lo son. En esta línea, estoy con lo que manifestó el ex Presidente Frei Montalva en 1975, cuando advirtió: "Yo creo que será difícil que el país se recupere si no se establece la verdad de lo que pasó". Así lo señaló en la carta dirigida al señor Leighton que se publicó en El Mercurio el 14 de junio de 1998.
Concuerdo, asimismo, con lo expresado en el Informe Rettig cuando establece con claridad cuáles fueron los atropellos a los derechos humanos: "¿la Comisión ha creído indispensable referirse a la situación del país que antecedió al 11 de septiembre de 1973. Tal situación condujo a un quiebre institucional y a una división entre los chilenos que hizo más probable que se dieran las violaciones de derechos humanos". Y, a renglón seguido, agrega que un "estado que cabe describir como de aguda crisis en la vida nacional representa la destrucción o debilitamiento de un gran número de puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política¿". Finalmente, expresa: "El conjunto de factores que hemos descrito, anteriores y posteriores a 1970 condujo, hacia 1973, a un clima objetivamente propicio a la guerra civil".
Me interesa aclarar esas situaciones. Como dije, a su turno cada sector deberá reconocer sus propios errores, porque pienso que todos hemos tenido responsabilidades diversas, con distintos grados de compromiso.
¡Cómo no recordar lo que se dijo en Linares, en el seno del Congreso del Partido Socialista, en 1967! Y no sólo en esa ocasión. Más adelante, en Chillán, se reiteró la misma visión:
1. "El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo".
2. "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista".
Esas palabras, esas ideas escritas y aprobadas constituyen, sin duda, la más violenta convocatoria al atropello a los derechos humanos. Hay que reconocer ese hecho (por ello inicié mi intervención exaltando a quienes reconocen sus yerros). Y se reiteró ese error porque, ya en el Gobierno, en marzo de 1972 el Partido Socialista sostenía: "El Estado burgués en Chile no sirve para construir el socialismo, y es necesaria su destrucción. Para construir el socialismo, los trabajadores deben ejercer su dominación política sobre la burguesía, deben conquistar todo el poder y arrancarle gradualmente todo el capital. Es lo que se llama la dictadura del proletariado. No lo hemos establecido así en el Programa de la Unidad Popular, pero el Partido Socialista no ha desestimado este aserto histórico leninista".
Hay allí, sin duda, un fervoroso llamado al atropello de los derechos humanos.
En este reconocimiento de algunos hechos históricos debe recordarse que un inspirador del pensamiento marxista-leninista, Ernesto "Che " Guevara, señala textualmente en una de sus declaraciones: "El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal.".
Sin embargo aquel llamado, ese grito convocando a la violencia, al atropello de los derechos humanos, y que ha sido reconocido -lo que enaltezco y valoro-, ¿justifica que la violencia sea aplacada con más violencia? En mi opinión, no lo justifica. No estoy aquí para dar las razones del atropello a los derechos humanos. Lamento, al igual que todos, el que haya habido muertos, detenidos desaparecidos, torturas, exilios, destrucción de familias, exonerados de sus trabajos; ausencia, por momentos, de garantías procesales; terrorismo de uno y de otro sector, la delincuencia en general. Pero quizá sea pertinente señalar que todo ello no es atribuible en forma exclusiva ni a unos ni a otros. La violencia prendió en ambos sectores, por acción o por reacción; pero estuvo. Y no se justifica. Nunca, menos ahora, con la perspectiva del tiempo y el descanso del espíritu, podremos aceptar que tal situación haya sido necesaria o aconsejable en un Estado.
Por otro lado, a aquellos que propician "Ni perdón ni olvido" debo señalarles que tampoco ésa es una visión que nos permita cerrar aquella etapa. Necesitamos perdón. Pedir perdón y conceder perdón. Siento dolor en mi alma cuando miro el rostro de personas que sufrieron. Llamo también a pensar en los familiares de los militares que cayeron; en los carabineros despiadadamente asesinados sólo porque algunos creyeron en el terrorismo y en la vía armada como medios legítimos para acceder al poder.
Nuestro país ha estado envenenado por tales circunstancias. El Senado tiene una oportunidad histórica para elevar los espíritus y lograr la convergencia y unidad nacional que todos queremos.
Me parece valorable el Informe Rettig. Que nadie se mueva a engaño: allí se encuentra efectivamente recogida una serie de circunstancias particulares. Pero, para asumir un futuro de unidad, todos tenemos que contribuir en una verdad total, integral. Debemos ser capaces de reconocer nuestros errores. Y a eso convoco hoy a mis Honorables colegas: a esforzarnos por entregar a las nuevas generaciones un futuro distinto.
Yo no estuve en las trincheras. Lo dije antes y ahora lo repito: no estuve en las trincheras el 11 de septiembre porque era un joven, un estudiante de enseñanza media que miraba cómo el país se convulsionaba por el odio. En consecuencia, me siento con cierta libertad para reclamar el que demos a las nuevas generaciones un ambiente distinto, para que quitemos el envenenamiento de los espíritus. Pienso que este alto foro, máxima expresión democrática de nuestro país, tiene la obligación histórica, la responsabilidad ética y moral de convocar a la unidad, de construir verdades comunes (repito: no verdades oficiales, como algún Honorable colega me imputó, sino verdades convergentes, complementarias), ya que ni uno ni otro es dueño del monopolio de la verdad, tampoco del monopolio de la maldad, ni de la violencia. En ese sentido oriento mi acción.
Ya en los segundos finales, quiero invocar a Dios para que nos haga capaces de construir este entendimiento. Quiero invocar al Dios único, al Dios de todos, al Gran Arquitecto del universo, para que efectivamente tengamos la capacidad necesaria para construir el Chile de unidad y de entendimiento que todos queremos.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente, como aquí se ha dicho, nuestra insistencia en recordar los antecedentes del período previo a 1973 no se encuentra inspirada en otro propósito que no sea el de establecer la verdad histórica de lo ocurrido en el país. Mucho menos creemos en la absurda idea de una especie de tácita compensación en virtud de la cual se llegaría a la justificación de represalias por agresiones recibidas.
A nuestro modo de ver, nunca los excesos infligidos por un sector a su adversario se neutralizan por los que este último a su vez cometió. Por el contrario, los excesos de ambos se suman y afectan por partida doble y gravemente la convivencia nacional, la dignidad de las personas y la paz social.
En este sentido, Renovación Nacional estima fundamental insistir en que, en el caso chileno, las causas históricas y políticas directas de las graves violaciones a los derechos humanos fueron, en primer lugar, la aceptación de la violencia política y de la vía armada como instrumentos válidos para la acción partidista; en segundo término, la erosión de la juridicidad; el debilitamiento del Estado de Derecho, y, por último, la ausencia de un régimen democrático, originada por el derrumbe del sistema político institucional que prevalecía en el país hasta 1973.
Si queremos evitar la repetición de los dolorosos hechos y situaciones vividas, es de elemental lógica referirse a los antecedentes que indujeron a crear las situaciones políticas e institucionales en que aquéllos tuvieron lugar. No hacerlo sería ni más ni menos que dejar una puerta abierta a su reiteración.
La búsqueda de la verdad en materia de derechos humanos no ha de perder de vista sus finalidades, que son: hacer justicia a las víctimas y a sus familiares; y establecer las condiciones para una verdadera reconciliación nacional, y no su utilización con fines partidistas.
El 11 de septiembre de 1973 constituyó la culminación de un proceso de deterioro del orden institucional, de avasallamiento de las instituciones democráticas, de colapso económico y de máxima perturbación en la vida social del país, lo que llevó a Chile a una crisis terminal en su historia republicana.
Los sucesos que afectaron a Chile no fueron autónomos. Vivimos un tiempo histórico que tuvo significado global y que afectó, por tanto, al mundo entero. La Guerra Fría tuvo presencia en toda América Latina a través de la revolución cubana, y se insertó plenamente en la vida política chilena.
Ésta, la Guerra Fría, enfrentó a dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que representaban no sólo dos poderes, sino dos concepciones del hombre y la sociedad, cuya meta era dominar al mundo.
El informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, aquí citado, al analizar el origen de la polarización en Chile destaca el papel que en ella jugó la Guerra Fría. Dice al respecto: "afectó a Chile, al comienzo quizás en escasa medida, pero muy fuertemente a partir de los años 1960, con la Revolución Cubana" ...que "rebasó las fronteras del país en el cual se daba, y vino a ser un episodio de la Guerra Fría y a oponer en toda Latinoamérica la "insurgencia" cubano-soviética versus la "contrainsurgencia" norteamericana" ... "situación que llegó a constituir una forma extrema de polarización"..."era lógico que quienes postulaban el enfrentamiento como necesario tendieran a provocarlo o, por lo menos, a no rehuirlo".
El ex Presidente Frei Montalva afirma sobre el mismo tema, en el prólogo del libro de Genaro Arriagada: "...el triunfo de los Partidos Comunista y Socialista en Chile adquiría especial importancia. La consolidación de un régimen marxista-leninista era un refuerzo decisivo. La combinación Cuba y Chile adquiría una resonancia y un empuje considerables y las condiciones estaban dadas para que se ejerciera una extraordinaria gravitación en toda la costa del Pacífico.".
Enumera a continuación los problemas latentes en el Hemisferio, que son muy importantes también de tener en consideración; y, desde luego, la participación decidida en la Organización Latinoamericana Socialista (OLAS), con lo que queda de manifiesto la desmedida intervención, en una creciente demostración de que la violencia institucionalizada muy pronto iba a llegar a nuestro país.
El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fundado en 1965, y que en 1968 pasó a la clandestinidad, propició las ideas de Guevara y es el responsable de acciones violentistas y de preparación de la conquista del poder a través del terrorismo y del uso de la fuerza.
El Partido Socialista, por su parte, adoptó una estrategia fundada en la violencia y en el rechazo de la democracia y sus valores, como método de acción política. Por ello es, sin duda, el principal responsable de la introducción de la violencia en nuestro país.
En el Vigésimo Primer Congreso Socialista, celebrado en Linares en julio de 1965, se aprobaron los siguientes acuerdos:
"Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder"... "Afirmamos que es un dilema falso plantear si debemos ir por la vía electoral o la vía insurreccional. El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".
"La insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución".
En 1967 se celebra en Chillán un Nuevo Congreso del Partido Socialista, en el que se confirma la línea oficial en los siguientes términos:
"El Partido Socialista como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico-cultural e inicie la construcción del socialismo".
"La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clases. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del estado burgués puede consolidarse la revolución socialista.".
En ese mismo Congreso, el ex Senador Altamirano, quien después fue Secretario General del Partido Socialista, afirma:
"La cuestión básica del poder jamás se resolverá en la tribuna parlamentaria. Siempre ha sido y es fruto de la lucha insurreccional de los pueblos contra sus opresores".
"La acción parlamentaria y la vía electoral sólo puede presentar una utilidad en la medida en que logren insertarse en una estrategia general revolucionaria de toma del poder".
Al margen de estos hechos específicos, el Partido Socialista, el MIR y el Partido Comunista iniciaron su ofensiva en contra de la "democracia burguesa" y de sus expresiones formales: la libertad de prensa y la de pensamiento y el respeto a los derechos de las personas. Quedaba claro al país que su objetivo era la "democracia popular" al estilo del mundo soviético.
Todo este escenario se proyecta en la acción del Gobierno de la Unidad Popular y es el elemento preponderante que conduce a la destrucción del orden jurídico y el caos social y económico que imperó entre 1970 y 1973.
En su contexto, la victoria de la Unidad Popular y del Presidente Allende en 1970 fue mirada como triunfo de una de las superpotencias en pugna: la Unión Soviética, y como derrota y amenaza para la otra, en este caso Estados Unidos.
La Revolución Cubana y la guerra fría vuelven a contribuir directamente a acelerar nuestra crisis.
El Gobierno de la Unidad Popular fue siempre un gobierno de minoría, que intentó imponer a todos los chilenos un régimen socialista, absolutamente contrario a los sentimientos del país. Como práctica política habitual, desconoció la Constitución, los derechos de los ciudadanos, la autoridad de la Corte Suprema y del Congreso y desencadenó un proceso que lo llevó a su ilegitimidad.
El Senador Patricio Aylwin , en ese entonces Presidente del Partido Demócrata Cristiano , en sesión del Senado efectuada el 11 de julio de 1973, describía así la situación que vivía el país:
"Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve con brutal crudeza a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Recrudece ahora con más crueldad que nunca la cesantía desorbitada que devora vertiginosamente sueldos y salarios; la tremenda escasez de bienes esenciales; el envilecimiento de nuestra moneda; la fuga del país de miles de profesionales y técnicos irremplazables; el deterioro y destrucción del aparato productivo y de los medios de transporte, el drama creciente de la locomoción colectiva, son signos manifiestos de la peor crisis económica" que ha vivido el país.
No nos vamos a referir hoy a los reiterados atropellos al derecho de propiedad, en forma de ocupaciones ilegales de inmuebles agrícolas y urbanos y de empresas. En la mayor proporción de esos casos, los dueños no solamente no fueron amparados en la restitución de su dominio ni los autores sancionados. Era habitual que las órdenes judiciales de restitución no fueran cumplidas por parte de las autoridades administrativas.
En esas "tomas" y en las "retomas" correlativas -reocupaciones violentas que hacían los propietarios, de sus bienes usurpados-, la fuerza armada de particulares pasó a sustituir, como un hecho usual, a la fuerza pública de orden, la cual, a su vez, se vio administrativamente impedida de actuar en las "tomas", y jugó un rol deliberadamente pasivo en las "retomas".
La civilidad tenía que enfrentarse a este estado de cosas.
Los acontecimientos recién descritos se multiplican progresivamente al avanzar la fase 1970-1973, y crean un cuadro global de desorden y de desconocimiento de los derechos de los particulares y de la función propia de la policía.
A menudo estos acontecimientos tuvieron consecuencias de sangre: muertes, homicidios, lesiones graves, suicidios, secuestros, vejaciones. Pero estos delitos tuvieron un tratamiento político antes que judicial. Incluso, en un caso al menos -el asesinato de un estudiante mirista por otro comunista, en el recinto de la Universidad de Concepción- la autoridad declaró que se trataba de un problema político, no penal, y de hecho no recibió sanción.
El Gobierno, por su lado, presentaba casos cómo éstos sólo como el fruto de la resistencia de los intereses creados al cambio social, desconociendo que la raíz de los problemas se originaba en la violencia sistemática de la Izquierda marxista.
Señor Presidente , hoy estamos frente al inicio de un análisis histórico que, sin duda, dará pábulo a varias sesiones más, a fin de hacer un recorrido por la historia de este país, no para exacerbar los ánimos, hacer imputaciones recíprocas o iniciar una "caza de brujas", por así decir, sino, simplemente, para intentar extraer conclusiones positivas.
En vista del escaso tiempo de que dispongo, quisiera leer la parte esencial del acuerdo que adoptó la Cámara de Diputados en agosto de 1973:
"Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece".
"Que para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la república, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación con todo lo cual se han destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho".
"Que la quiebra del estado de Derecho tiene especial gravedad en la formación y desarrollo, bajo el amparo del gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer importantísimas funciones a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al gobierno. No pueden silenciarse, por su gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía e infiltrar políticamente sus cuadros".
Y la Corte Suprema de Justicia, el 26 de mayo de 1973, por resolución unánime -¡unánime!-, despachó al Presidente Allende un histórico oficio para "representar por enésima vez la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales, así como la obstrucción de Carabineros en el cumplimiento de órdenes emanadas de los Tribunales que, de acuerdo con la ley, debían ser ejecutadas por dicho cuerpo, sin obstáculo alguno".
El texto prosigue: "...una abierta pertinencia en rebelarse contra las resoluciones judiciales, despreciando la alteración que tales actitudes y omisiones producen en el orden jurídico, lo que configuraba, no ya una crisis del estado de derecho, como se le representó a S.E. en el oficio anterior, sino una perentoria e inminente quiebra de la juridicidad del país.".
Hasta aquí, señor Presidente , mi intervención, porque seguramente algunos de mis colegas continuarán señalando lo que aconteció con posterioridad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI .-
Señor Presidente, nosotros, los socialistas, hemos tenido muchas dudas sobre la oportunidad y utilidad de esta sesión.
Quiero iniciar mis palabras reconociendo que el espíritu señalado por el Honorable señor Cantero en su primera intervención ¿sin perjuicio de las diferencias que podamos tener respecto de sus afirmaciones- es un espíritu que comparto. Él me hace estar un poco más confiado que al iniciarse la sesión, en cuanto a que de aquí pueda salir algo útil para el país. Falta, por cierto, ver cómo concluye y, por lo tanto, no quisiera tampoco adelantar conclusiones que todos deberemos sacar al final de ella.
El tema de la oportunidad tiene que ver, porque este debate -que no será el primero ni el último que hagamos en el país- se plantea por parte de la Derecha con cierta urgencia después del desafuero del General Pinochet la semana pasada, el cual, sin duda, es un hecho importante y trascendente en la vida política del país y en el proceso de transición a la democracia.
Entonces, quiero confesar muy abiertamente acá que existe la sospecha inicial ¿que yo quisiera ver desmentida- de que se quieren confundir dos debates, ambos indispensables, pero distintos. Uno, el análisis histórico de las causas que llevaron al quiebre de la democracia chilena el año 1973, que produjeron en el país un régimen como el que tuvimos durante 17 años; el otro, el tema acuciante todavía en la sociedad chilena, de que durante el Régimen militar se cometieron violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos por parte de agentes y de órganos del Estado.
Las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado tienen una calidad distinta a la violencia que pueda haber en cualquier sociedad. Porque toda violencia es condenable, pero la ejercida en nombre de quien está llamado a velar por el bien común, el Estado, es lo que técnica y éticamente ha sido condenado por el mundo. Y, por eso, todo el espíritu de los derechos humanos preside la conciencia ética de la humanidad desde el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Ése es el tema.
La violación sistemática de los derechos humanos por parte de agentes del Estado tiene una característica de perversión del conjunto del cuerpo social. Y sobre ese asunto ¿que Chile vivió dolorosamente- yo creo que debemos llegar a un acuerdo básico entre nosotros ¿cuando digo "entre nosotros" me refiero a todos los chilenos-, para fundar nuestra convivencia futura, pues no hay contexto, causa ni explicación alguna que permita justificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde el Estado, como las que nosotros tuvimos que soportar, como sucedió con quienes resulten responsables judicialmente de la "Caravana de la Muerte" y con los miles de detenidos-desaparecidos en el país, y que no murieron en enfrentamientos armados.
Aquí nadie reivindica ¿porque no podría ser- a Miguel Henríquez como un detenido-desaparecido. Porque él murió defendiéndose con las armas en la mano. Y a su padre, don Edgardo Henríquez , le entregaron a su hijo muerto; y sus familiares lo pudieron enterrar en su tierra natal, en Concepción. ¡Aquí no estamos hablando de eso! Estoy hablando de algunos amigos míos, como Víctor Díaz , Secretario General en la clandestinidad del Partido Comunista en ese tiempo, quien desapareció de su casa, y del que su mujer, Viviana , todavía busca sus restos.
Hablo también de gente con la que yo estuve en Santiago, como Carlos Lorca , Secretario General del Partido Socialista ; o como Exequiel Ponce , quien, a los veinte días después de ser detenido en la calle, desapareció hasta el día de hoy.
Eso ocurrió dolorosamente en la sociedad chilena. Y todos tenemos que condenar esos hechos. Porque ésa es la única manera de que fundemos una convivencia social, una armonía civil y una democracia sustentada en que nadie puede violar los derechos humanos, los derechos básicos de las personas, bajo ninguna circunstancia ni pretexto; y menos puede hacerlo el Estado, el cual está llamado a proteger los derechos de todos.
Ése, a mi juicio, es el primer acuerdo que esta sociedad necesita para dar confianza al país.
Y el segundo consiste en que sólo en un régimen democrático -después de todas las vicisitudes de un país que ya va a cumplir en pocos años más 200 años de vida republicana-, en la democracia más plena y participativa, Chile podrá encontrar su identidad y su unidad nacional. No la va a hallar en ningún otro régimen, porque la experiencia histórica nos enseña eso. No sólo porque la democracia hoy día es un valor universal, sino porque, como dijo el Cardenal Silva Henríquez , en la noche oscura del régimen dictatorial, en el alma del país está inscrita la vocación libertaria y la justicia. Es lo mejor del alma de Chile. Porque también a veces en el alma nacional se han inscrito y han predominado en determinados momentos sentimientos menos nobles.
Entonces, pienso que todo debate que nos lleve a esas dos afirmaciones centrales, nos conducirá a construir una convivencia social basada en la ética de los derechos humanos. Y eso nos obliga a todos a condenar esos delitos y atropellos, por cercanos que estén a nosotros quienes los cometieron, y particularmente cuando ¿reitero- se llevaron a cabo desde el Estado.
Eso es sobre el presente y el futuro.
El del pasado es un tema que sin duda también es fundamental. Nosotros somos de los que pensamos que los pueblos no deben perder su memoria histórica. Por lo tanto, siempre vamos a estar disponibles para un debate de altura sobre los acontecimientos del pasado.
Quiero decir más: la Izquierda chilena, y fundamentalmente las fuerzas que hoy día nos agrupamos en el Partido Socialista, durante muchos años, tanto en el exilio como en la clandestinidad después de septiembre de 1973, hicimos una muy rigurosa revisión crítica y autocrítica de nuestras responsabilidades en el quiebre de la democracia chilena. Era indispensable hacerlo por varias razones. Ante todo, porque efectivamente teníamos una responsabilidad particular: estuvimos a cargo de la Presidencia de la República entre 1970 y 1973. El pueblo nos había encargado dirigir la nación y, por lo tanto, en el quiebre de la democracia chilena, en la derrota del Gobierno del Presidente Allende, nunca nos cupo duda de que teníamos responsabilidad.
Por consiguiente, esa autocrítica, desde nuestro punto de vista, muchas veces se hace dolorosamente. Porque fue una reflexión realizada desde la derrota, la persecución y un propósito de exterminio. Esto último tuvimos que enfrentar muchos de nosotros después del golpe de Estado.
No quiero hacer hoy toda esa reflexión, pero sí efectuar una sola afirmación: lo central de la autocrítica de los socialistas es que no supimos realizar un profundo programa de transformaciones amparados en la mayoría social y política suficiente; que contribuimos al quiebre de las fuerzas democráticas y progresistas del país y que ésa fue, a su vez, desde nuestra perspectiva, una de las causas de nuestra derrota. Se podrían añadir muchas otras, pero ésa fue nuestra conclusión fundamental. Además, sin duda, como en otros sectores del país, manteníamos en nuestro pensamiento ¿voy a decirlo claramente- algunas ambigüedades respecto de la democracia. Posteriormente, si me alcanza el tiempo, me referiré a la violencia.
Por lo tanto, sentimos ¿y permítanme decirlo acá- que somos los que más hemos reflexionado sobre nuestros propios errores. Sobre este punto, quiero decir, muy fraternalmente, al Honorable señor Cantero y a otros señores Senadores, que cuando nos llaman a reflexionar sobre los errores, normalmente aparecen los de nosotros. Me habría gustado oír en la intervención de Su Señoría, junto con la cita del Congreso de Chillán, lo referente a Patria y Libertad, o una explicación de la Derecha sobre el intento de golpe de Estado que hubo antes de que asumiera Allende y que significó, con la muerte del general Schneider , un nuevo magnicidio en la historia del país. El primero fue en 1836, ocurrido muy cerca de este edificio, en el Cerro Barón, con el Ministro Portales . Porque esos son hechos que marcan la vida de las sociedades. Y ésa sí es violencia.
No debe haber una sola versión de la historia, porque ésa es una pretensión totalitaria. No hay una historia, sino varias en un país plural, con miradas desde distintos ángulos. No hay una historia de la Revolución de 1891, ni tampoco habrá una de los 60; pero podemos convenir en que existen hechos, hitos, acontecimientos que deben estar en la base de nuestras interpretaciones. Y para obtener una interpretación que se acerque a construir un diálogo, debemos intentar ver el conjunto de los hechos,
Concluyo con una reflexión: resulta completamente unilateral, a mi juicio, la idea de que la violencia que efectivamente hubo en la sociedad chilena en las décadas de los 60 y 70 provino sólo de la Izquierda. Aún más ¿y ésta es una interpretación-, la violencia sustantiva, principal, provino en ese momento más bien de Estados Unidos, que era la potencia hegemónica en la confrontación bipolar, y de ciertos sectores nacionalistas de la Derecha chilena.
Deseo recalcar, además, un asunto que me parece central. Efectivamente se llevó a cabo el Congreso de Chillán, y se dijo en él lo que aquí se ha leído. Es cierto que hubo una estrategia insurreccional en sectores de la Izquierda; pero lo sustantivo es que Chile en el debate de la década del 60 -que recorrió toda la Izquierda latinoamericana y una parte de la mundial- fue el único país donde en la Izquierda triunfó la tesis de la vía pacífica y del camino propio del socialismo del Presidente Allende . Eso es históricamente así. Ello está documentado y podemos recurrir a tales antecedentes.
Lo particular de Chile en América Latina¿
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
El señor GAZMURI.-
Concédame dos minutos para terminar, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador, debe redondear la idea.
El señor GAZMURI .-
Tengo derecho a terminar la frase, señor Presidente .
Lo particular de Chile es que aquí no hubo guerrilla ni insurrección armada como en Brasil, Perú, Venezuela, Argentina, porque el Presidente Allende logró imponer la idea de intentar un camino legal, pacífico y democrático. Ésa es la originalidad de una experiencia que no resultó, pero que no hay que caricaturizar, porque, de lo contrario, no entenderemos lo que ocurrió en nuestro país.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto al público de las tribunas que debe guardar estricto orden. No puede haber ningún tipo de manifestaciones, ni a favor ni en contra, respecto de los señores Senadores que hacen uso de la palabra. Por lo tanto, dependerá de ustedes el desarrollo de la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ.-
Señor Presidente , en 1973 no llegó a haber guerra civil en Chile, pero sí hubo una división total, un quiebre de la unidad nacional básica. Ella se inició a mediados de la década de 1960; se exacerbó el odio desenfrenadamente, en especial durante el Gobierno de la Unidad Popular; se superó a las fuerzas y organizaciones políticas y sociales; se inflamó a toda la población separándola en dos bandos inconciliables. La lógica del "ellos" y "nosotros", de la recíproca repugnancia insalvable, impregnó las mentes de unos y otros en términos de desearse mutuamente la aniquilación. Hombres, mujeres y jóvenes que en 1960 se sentían unidos y solidarios ante los catastróficos terremotos de ese año, en 1971 planeaban o se organizaban para la total eliminación política y, de ser necesario, también la física de sus compatriotas enemigos.
Elocuentemente, dos términos ¿entonces inequívocos para todos- pintarrajeaban los muros a lo largo de todo el país: "Paredón", alusivo al fusilamiento de opositores al régimen comunista de Fidel Castro, en Cuba, desde 1959; y "Yakarta", que hacía mención al golpe de Estado de 1965 en Indonesia. Al llamado "poder popular", las "armas para el pueblo" y el "cinturón industrial" de los unos, respondían los otros con la "protección comunal" y los paros gremiales y nacionales. El propio Presidente Allende advertía sobre la inminencia de una guerra civil que costaría "un millón de muertos".
Una tras otra, todas las instancias institucionales previstas por la Constitución de 1925, reforzadas con miras a la preservación democrática en el Estatuto de Garantías exigido por la Democracia Cristiana en 1970, fueron sobrepasadas por hechos políticos encendidos por el odio. La violencia callejera y campesina era asunto cotidiano. Los llamados a la pacificación de la Iglesia Católica y otras voces caían en el vacío. Al desastre económico se unió el institucional, con la "ruptura total de los consensos básicos", según el Honorable señor Edgardo Boeninger , en los campos político, económico y social, y la consiguiente pérdida de legitimidad y, en consecuencia, de autoridad de las instituciones del Estado para buscar solución a los conflictos.
El odio existente entre 1970 y 1973 fue, en parte, una réplica en Chile de la Guerra Fría, que desde 1945 dividía al mundo entre capitalistas y socialistas. La guerra de Vietnam y el aplastamiento por Moscú de la "revolución de terciopelo" en Checoslovaquia, en 1968, que buscaba dar un "rostro humano al socialismo" -hitos de esa época-, recordaban a todos que ese dilema se estaba zanjando por la fuerza en todo el mundo
El régimen social, político y económico que quisieron imponer el Presidente Allende y los partidos que integraban su Gobierno, reconocía explícitamente como modelo a la Cuba de Fidel Castro -ídolo entonces de la Izquierda latinoamericana-, y, como "hermano mayor", a la Unión Soviética. Dos tercios del país, cuando menos, repudiaban ese modelo.
La prédica de la "revolución a la chilena", variante local del modelo marxista-cubano propiciada por la Unidad Popular, había agregado a la frustración y amargura de un país ¿con, a lo menos, un cuarto de su población en extrema pobreza en 1973- el componente de la lucha de clases. Ésta se propagó a una parte significativa del proletariado urbano, azuzado por los beligerantes partidos de Izquierda, cuyos líderes sentían poder emular al Lenin de 1917 y al Castro de 1959. Su opción de lograrlo estaba dada por quienes se encontraban en la miseria, los que, en verdad, nada tenían que perder con la supresión de la democracia "burguesa", y su decisión de lograrlo mediante la lucha armada era explícita.
El Partido Socialista -como aquí se ha recordado- así lo había proclamado en sus acuerdos de 1965, en los cuales se señalaba que "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única manera de llegar a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha"... "no conducen por sí mismas al poder". Y ya en pleno Gobierno de la Unidad Popular, su Congreso General de 1971, en La Serena, celebraba haber elegido "una mayoría del Comité Central y un Secretario General que creían firmemente en la inevitabilidad del enfrentamiento armado".
Este odio contenía también un eco retardado del estallido estudiantil y juvenil que en 1968 había estremecido, entre otros países, a Francia, Alemania, Italia y los Estados Unidos. En Chile, ese fenómeno había tenido también repercusiones con toma de universidades y reformas universitarias. Entre las generaciones que habían nacido después de la Segunda Guerra Mundial, muchos rechazaban el orden de la postguerra en occidente ¿la "revolución de las flores", el "hippismo"-, y la Izquierda parecía ofrecerles vías de canalización de ese rechazo, de reemplazo de la sociedad capitalista por otra en la que sus expectativas de libertad, justicia y bienestar igualitario podrían realizarse.
El cómo podría ocurrir ello no tenía modelos en la vida real, pues los socialismos verdaderos distaban infinitamente de tales ideales; pero eso no restaba fuerza a estos mismos.
En la década de los sesenta, Chile fue víctima de un proceso mundial de "sobreideologización". Hoy se puede ver en ese fenómeno, asimismo, un brusco cambio generacional de mentalidades, en algún grado parecido al reguero de estallidos revolucionarios de la Europa del siglo XIX. Para los jóvenes rebeldes de 1968 también era un asunto de cambio de régimen que sólo por la fuerza podía resolverse.
La mezcla de estos elementos se inflamó agregando violencia a la reforma agraria, y la situación escapó ya completamente al control de todos los actores durante el Gobierno de la Unidad Popular. Como dice Jorge Edwards : "El conflicto que se precipitó en 1973"¿"fue producto de ilusiones disparatadas, de una fiebre utopista, de una lectura simplista de los idearios en boga, de una falta fundamental de comunicación, de miedos irracionales"¿"La Unidad Popular no conoció las condiciones del mundo internacional. No supo que el socialismo real se encontraba en franco retroceso en todas partes y no pudo sacar las consecuencias de este hecho para Chile".
Por el curso natural de las cosas, ese odio no puede comprenderse en plenitud desde la perspectiva del 2000. Ni siquiera quienes vivimos en esa época podemos recordarlo ya con la intensidad que entonces se tuvo. Hoy nos parece algo absolutamente irreal.
Semejante análisis, incluso, puede tener eventualmente un uso político que no corresponde a los hechos. Nada justifica los crímenes que se cometieron antes y después del 11 de septiembre de 1973, pero considerar el contexto en que entonces se vivía es indispensable para entender el Chile del último tercio del siglo pasado.
Pienso que en la mayoría inmensa del país existen hoy esperanzas fundadas de una verdadera reconciliación. Por cierto, para lograrlo se supone el aporte de una cuota de sacrificio de todos. Los argumentos que se pueden invocar en uno u otro sentido son de sobra conocidos.
Estoy profundamente convencido de que la necesidad del Chile de hoy es hacer primar la generosidad sin excepciones. Es sobre esa base que podemos comenzar a construir un futuro distinto.
Hay para Chile dos futuros muy diferentes. En uno de ellos, mantener los viejos odios y seguir escarbando el pasado. En el otro, dejar atrás tales odios, dejándolos sólo como un triste recuerdo. Creo firmemente en la incomparable superioridad moral de esta última apreciación.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , el Senado se reúne hoy a petición de un grupo de sus miembros para analizar "las circunstancias que generaron los hechos de 1973".
En representación del Comité Demócrata Cristiano señalo nuestro irrestricto respeto al derecho de los solicitantes para debatir acerca de ese período de la historia de nuestra patria.
Nos parece útil que Chile analice su pasado en foros, aulas y textos, porque de esa discusión surgirán enseñanzas, experiencias y visiones -compartidas o discrepantes- que nos ayudarán a construir el futuro y, sobre todo, a dar serenidad al debate de hoy, premonitorio del futuro que queremos construir.
También nos parece siempre útil efectuar ese análisis, pues permite precisar los hechos que no pudimos evitar y las iniciativas que pudieron ser salvadoras para impedir la caída del régimen democrático, como también reconocer la responsabilidad que cada uno debe asumir en su vida, con honestidad, como parte de cualquier debate.
Los Senadores de la Democracia Cristiana asistimos a esta sesión en cumplimiento de esos criterios; asistimos en cumplimiento de nuestro deber ante el país; asistimos por tener ante el Senado una sola visión de la historia y una sola convicción de nuestra conducta partidaria desde que nos fundaron nuestros grandes conductores: la adhesión indiscutida, y jamás transgredida, al régimen democrático, al respeto de los derechos humanos, al privilegio de los más necesitados, al compromiso con el cambio de un sistema injusto y, sobre todo, al rechazo de toda dictadura, cualquiera que fuere su signo.
En este marco es donde siempre se ha movido el Partido Demócrata Cristiano. En este contexto ético es donde se planteó mi colectividad política en el período tan turbulento que hoy se ha pedido analizar. En ese marco de comportamiento -reitero- hemos actuado los Senadores democratacristianos. Por ello, venimos a esta sesión con la serenidad que proviene de la armonía entre el pensar, el hablar y el actuar, y con la coherencia de años de acción pública al servicio de la libertad y de la lucha contra toda opresión.
Cualquier otra versión que se haya dado en el contexto del debate nacional no corresponde a la verdad. Toda otra versión es un aprovechamiento político de trozos de textos, retazos de historia o expresiones sacadas del tenor general que he señalado en representación de mis Honorables colegas.
Manifestado esto con toda la fuerza de nuestra acción política y asumiendo la necesidad de que el Senado discuta muy a fondo los temas de nuestro país, tanto de su historia presente como de la futura, surgen las siguientes preguntas lógicas: ¿Es necesario celebrar hoy esta sesión, bajo esta advocación y en el tiempo que vive Chile? ¿Es pertinente ante el juicio de los tribunales retrotraer el tiempo? ¿Es razonable y lógico que discutamos en el Senado acontecimientos que sucedieron hace 27 años, que si bien forman parte de la historia e incluso son el telón de fondo, no tienen una relación directa con lo que actualmente se juzga en el debate nacional, y que lo hagamos en dos, tres o cuatro horas, lo cual hace imposible su análisis en profundidad? Honestamente, aunque ésta sea una sesión interesante y asistamos a ella con mucha pasión, pensamos que no y que en esta ocasión realmente no se busca ese objetivo.
Los señores Senadores que solicitaron esta sesión son suficientemente inteligentes y criteriosos para saber que ésta no podría significar un aporte a un debate serio sobre un tema tan candente y profundo, como fue la situación de aquellos años.
Por otra parte, el país es suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que hay también un objetivo: desviar el foco de la atención generada por el desafuero del Senador señor Pinochet hacia un período controvertido de la historia, buscando disminuir la responsabilidad del propio señor Senador. Ésta es una maniobra, o una realidad, o un objetivo, o una situación -cualquiera sea la denominación que le demos- que busca legítimamente, pero, a nuestro juicio, en forma equivocada, exonerar de culpa a quien se quiere presentar, por la vía del análisis del período del golpe militar, como sin responsabilidad respecto de aquello de que se lo acusa en las acciones judiciales que enfrenta. Se intenta insistir en la obligación ética que habría tenido al encabezar el golpe militar en 1973, para justificar las acciones por las que hoy se aprueba el desafuero, como prerrequisito para saber si merece o no merece sanción.
Pero esta forma de actuar podría ser menos evidente en su sinrazón si, a nuestro entender, hubiera una relación causa-efecto entre el fallo en comento y la situación política de la época que se pidió analizar en esta sesión. Pero, a nuestro juicio, no la hay, ni aun exagerando los argumentos.
En efecto, no se ha desaforado al señor Senador Pinochet por haber dado el golpe militar, ni por romper el régimen democrático, ni por generar un gobierno autoritario o dictatorial, ni por cerrar el Congreso o disolver los partidos políticos. Tampoco se analiza su conducta por tratar de salvar el país o concluir con determinado estado de cosas, según las personales visiones de cada sector, las que respetamos, pero sobre las cuales, obviamente, no hay acuerdo.
Se lo ha desaforado para juzgarlo por los agravios a los derechos humanos de los chilenos, algunos de los cuales están sentados en estas bancas. Se lo ha desaforado para juzgarlo y comprobar si, además de su responsabilidad política reconocida por su defensa, le cabe responsabilidad penal en la desaparición de chilenos, según declaraciones de algunos de sus subordinados. Se lo ha desaforado para investigar acerca de la acusación de haber hecho de la tortura innecesaria un modelo de comportamiento del aparato represivo de su Gobierno, de la que no puede exonerarse, porque sus propios dichos lo condenan. En efecto, "Nada se hace sin que yo lo sepa" dijo en su momento o en su texto sobre las obligaciones del mando que el fallo recoge de una manera distinta. Ni siquiera lo que sucede con todo poder omnipotente lo libera, porque ésa es la vieja historia de las dictaduras en el mundo entero.
Por eso se lo critica; por eso se lo acusa, y por eso se lo desaforó: para poder esclarecer su estricta responsabilidad de entonces, y no por lo que hizo el 11 de septiembre de 1973. Es por lo que hizo desde entonces hasta poco antes de 1989. Porque hombres de su propia profesión y compañeros de armas sufrieron esta agresividad, fuera de toda racionalidad, del aparato represivo. Porque se hizo en aquel entonces del desprecio de la vida una norma que rompió el alma de Chile. Porque hombres de paz y verdadera expresión del consenso, como un Bernardo Leighton ¿parte del acuerdo político esencial que se buscaba en Chile-, fueron masacrados sin razón ni justificación. Porque violó las normas de los propios estados de guerra, en una hipotética o supuesta guerra interna.
Si no hay un juicio a su acción política inicial, ni a la ruptura de su promesa ¿también inicial- de reponer pronto la democracia, ¿por qué entonces traer esta discusión al Senado, sin real ventaja para la verdad histórica en un tiempo tan breve? Es una verdad histórica ya conocida y asumida por todos en nuestra propia visión, verdad que, a mi juicio, no tiene pertinencia con el debate que hoy tiene Chile en toda la sociedad, a raíz de los hechos que todos conocemos. A nuestro juicio, se trata sólo de cambiar el eje de la discusión, con la fuerza del incontrarrestable poder publicitario que esta posición tiene.
Y nos parece, con toda seriedad, que esto no se aviene con el nivel que hemos querido dar a nuestra tarea, tanto legislativa como de conductores del proceso político de la transición, sin reconocer el nivel con que ha sido llevado el debate hasta la fecha por quienes incluso pidieron esta sesión.
Creemos que ello no se aviene con el respeto que todos aquí hemos manifestado por los fallos judiciales, como necesidad ineludible de un Estado de Derecho, y no sujeto a la ventaja personal o grupal. No se aviene con la obligación de todos de conocer y discutir la verdad y la historia, pero sin usarla para alterar las condiciones de paz social que todos queremos mantener.
Una discusión como ésta, querámoslo o no, altera la serenidad que requerimos para reconstruir y unir, después de tantos dolores que la propia verdad, al ser conocida, o la justicia, al ser lograda, producen, como la catarsis indispensable e inevitable en todo ser humano o en el cuerpo social.
Tal vez no alteren la paz en sí misma, pero sí en la medida en que es parte de un proceso peligroso, en que ha caído parte de la Oposición chilena, que recuerda viejas prácticas y conductas de algunos sectores poderosos de la Derecha de nuestro país. Porque ya que se ha convocado a discutir la historia, es necesario discutir también el presente, para que se establezca cuando mañana ya sea historia.
Podrá concordarse o no con el fallo, pero nadie puede negar que es una expresión de la institucionalidad que todos nos hemos dado; que debe ser respetado como un acto jurídico que responde a la opinión de jueces que aquí hemos elegido; que proviene de una Corte que, cuando ha fallado en favor de los que hoy reclaman, fue defendida por algunos de ellos como proba y digna; que es una expresión cabal, y aun brillante, de la visión del Derecho chileno, que no puede ser agraviada con tanta insolencia como se ha hecho al no tener muchas veces respuesta para sus argumentos.
Esto es lo que nos preocupa. Esto es lo que encontramos grave de parte de algunos sectores de la Derecha, de algunos de sus personeros más importantes y de quienes la integran bajo un manto de supuesta independencia. Y ello nos parece preocupante precisamente en el debate, por el nivel y la forma en que estamos llevando esta discusión. Tales ataques y adjetivos descalificatorios al Poder Judicial y a las instituciones del Estado, los anuncios catastrofistas en materia económica, las insinuaciones inaceptables para el Presidente de Chile , las imputaciones descalificadoras (poco menos que de un "ánimus" permanente de asesinato) para algunos señores Senadores y la permanente visión destructiva del país, todo ello genera, querámoslo o no, un debilitamiento de la confianza de los chilenos en sus instituciones. Es una conducta que busca, a sabiendas o no ¿tal como lo hicieron en el pasado-, corroer la confianza nacional, y ese objetivo tiene un nombre muy claro.
Eso es lo que aparece hoy en Chile buscado por Parlamentarios que motejan de "cobardes morales"a los integrantes del más alto tribunal de Justicia, cuando el mundo entero destaca la calidad jurídica del fallo y la transparencia del procedimiento seguido. Son los mismos que olvidan hoy lo que ayer defendieron; son determinados dirigentes de partidos que aventuran la demolición del país por la carencia de conducción; son algunos dirigentes empresariales que abiertamente anuncian que no invertirán "por razones del fallo" y no por razones económicas.
Todo lo anterior no es más que una suma de ligazones para un mismo proceso, lo que, mirado en la perspectiva política y en lo que está sucediendo en el país, constituye una suerte de sedición soterrada. Este proceso es el mismo que se produjo en el pasado, en el que vimos intervenir a ciertos sectores de la Derecha. Tal proceso no siempre ha podido ser detenido en Chile por aquellos representantes de la vieja y respetable Derecha democrática republicana, en la que seguimos confiando, ni por la nueva Derecha liberal que aún no logra consolidarse.
Lo presenciamos en el pasado entre los años 1966 y 1970. Lo vimos al final de este último año y estuvo presente en el asesinato del General Schneider. Lo vemos ahora en un lenguaje que, ojalá, no se vuelva a repetir, el que conmueve por lo soez.
No rehuimos el análisis histórico, pero lo queremos completo, serio y en profundidad. Quienes han pedido esta sesión ven sólo un matiz de la historia, y por él buscan exonerar de responsabilidades frente a acciones violatorias del Hombre como ser trascendente, las que, a nuestro juicio, y dicho por ellos mismos, son inexcusables.
Para ello se requiere una visión más amplia de la historia y de las conductas humanas y políticas, la que se busca ocultar. Tal vez sí hay una ligazón entre aquel entonces y lo que hoy ha sucedido, pero se desea analizar en conjunto y ligar artificiosamente. Es la ausencia de respeto a la proporcionalidad de los actos de la autoridad con los males por resolver según su visión. Fue la constante única desde 1973. Es lo que hace del fallo una simbiosis ética con la conciencia colectiva, incluso para algunos de los colaboradores del señor Senador desaforado, conociendo sus personales sensibilidades.
Desde estas bancas, hemos hecho de la discusión un instrumento de mutuo enriquecimiento. Por ello, no le tememos ni la rehuimos.
Creemos en el precepto tomista de distinguir para unir y nacimos para garantizar esta diversidad.
Por lo mismo, tampoco tememos seguir el debate mañana con la profundidad necesaria. Pero pensamos que nuestros cargos nos exigen una racionalidad que requerimos separar de esta sesión.
Buscamos esa racionalidad -con esto termino, señor Presidente- justamente al colocar el debate en el punto adecuado en el Chile de hoy, donde los elementos centrales son otros:
-El verdadero significado del fallo sobre el desafuero del señor Pinochet, Senador vitalicio, para sentar así la esencia de nuestra convivencia, cual es que sólo la ley iguala y nadie es superior a ella.
-Los desafíos del país para mirar el futuro a base de las realidades superadas y que nos comprometemos a evitar para siempre.
-La manera de fortalecer la democracia real, no sólo como institucionalidad, sino también como manera de vivir.
Todo otro debate que nos aparte de ello nos parece una excusa para no enfrentar la verdad de hechos dolorosos que el alma de Chile requiere resolver, para su paz interior.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
--(Aplausos en tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente al público asistente que están prohibidas las manifestaciones. Si éstas continúan, me veré obligado a ordenar el desalojo de las tribunas.
Tiene la palabra el Senador señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ .-
Señor Presidente, hemos sido convocados a esta sesión para ocuparnos en las causas que provocaron la situación institucional, política, económica y social que existía en Chile el 11 de septiembre de 1973.
En ese marco haré mi exposición. Durante ella nombraré a personas. Mi intención no es afectarlas en su calidad de tales -las respeto-, sino expresar mis opiniones y mi punto de vista.
Las causas y los responsables del 11 de septiembre de 1973
I. Introducción
El pasado 8 de agosto la Corte Suprema confirmó el desafuero del Senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte , acordado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Se cierra así un eslabón más de la cadena de odios y rencores de quienes, en nombre de una justicia altamente politizada, buscan la venganza por su derrota política, económica y social al no lograr transformar a Chile en la segunda Cuba, modelo que Fidel Castro ha preconizado e impulsado a sangre y fuego en todo el continente americano.
Esa venganza se nutre, en sus raíces, en la doctrina marxista leninista del poder total para implantar el estado ideal del comunismo en el mundo real y concreto de nuestro tiempo contemporáneo.
¿Por qué actuaron las Fuerzas Armadas y Carabineros en la vida política y social del país? Únicamente, como reacción a un proceso de destrucción y violencia, cumpliendo un deber patriótico exigido por la ciudadanía y no buscado por ellas. Como Oficial de Marina que era en ese tiempo, puedo dar absoluta seguridad de que no nos movió ningún otro motivo que el de responder a un fuerte, creciente, casi insultante clamor de nuestros compatriotas, que, sobrepasados en su capacidad de defensa individual y colectiva ante los permanentes y continuos ataques a que estaban siendo sometidos por parte de grupos armados ilegales, terroristas y subversivos, recurrieron desesperadamente a las Fuerzas Armadas y Carabineros para que asumieron su defensa y protección.
La razón del clima sicológico que precipitó los acontecimientos se encuentra en la doctrina marxista leninista que sustentan los socialistas y los comunistas. Esta doctrina, intrínsecamente perversa, se nutre y apoya en el odio como motor de motivación y en la violencia como método político para alcanzar el poder político, y después, una vez alcanzado, mantenerse en él, haciéndolo totalitario y absoluto.
El marxismo, en todas sus formas, es totalitario; y en su expresión política partidista, ya sea como socialismo o comunismo, también, ya que, siendo contrario a la naturaleza humana, por su negación de la trascendencia del hombre, no resiste la fuerza de la verdad.
Por eso, todas sus acciones se basan siempre en manipular la realidad y en presentarla como no es, mediante el ocultamiento de la verdad por el uso científico y deliberado de la mentira. Por lo tanto, son maestros en el arte del engaño y del ocultamiento.
II. Tres conceptos de responsabilidad y culpabilidad
1.- El doble juego del Presidente señor Salvador Allende
La idea de que el señor Allende y la Unidad Popular habían renunciado a la vía armada (el fusil) como camino para conquistar el poder total, acogiéndose a los votos -o sea, al camino democrático-, es una concepción totalmente ingenua, que ignora el pensamiento marxista leninista y pasa por alto múltiples manifestaciones de lo que realmente creían a ese respecto los jefes de la Unidad Popular.
Para ellos, en perfecta consonancia con la tesis marxista leninista, elegir entre una y otra vía era una simple cuestión táctica, siendo además posible que se pasara de un camino al otro si así lo aconsejaban las circunstancias.
Y ese cambio de camino, precisamente, fue el que se preparó durante todo el mandato del señor Allende y, en definitiva, se acordó e implementó en el transcurso de 1973.
El Presidente señor Allende , pese a su trayectoria política y Parlamentaria, comprendía claramente que, conforme a su profeso marxismo leninismo, sólo podría considerar a la democracia como una de las muchas estrategias factibles. En su mensaje al país del 21 de mayo de 1971 advirtió expresamente que el pueblo podría cambiar de método, realizando la transición al socialismo por la vía tradicional, o sea, por la violencia, si a su vez se ejercía violencia física, económica, social o política contra el régimen de la Unidad Popular.
Los papeles personales del señor Allende encontrados después del 11 comprueban su adhesión interna a la vía violenta para hacer las transformaciones, negación de toda democracia.
Así, por ejemplo, transcribo:
"Es moral lo que sirve para destruir la antigua sociedad explotadora hasta en su más mínimo vestigio ideológico y cultural, y es moral todo lo que sirve para crear una nueva sociedad, en la que no quepan los egoísmos ni las pequeñeces humanas.".
"El quid del problema en política es la cuestión del poder. Esta verdad esencial del marxismo debe presidir todos nuestros actos. Nada vale la estética de las palabras: las cosas son buenas o malas según nos aproximen o nos alejen del poder, según aseguren o no la irreversibilidad del proceso revolucionario.".
La revista "Punto Final" publicó una entrevista que concedió el Presidente Allende al intelectual francés de Izquierda Régis Debray , compañero de Guevara en la selva boliviana. Pregunta Debray: "Usted, por ejemplo, ¿participó personalmente en la Conferencia Tricontinental de La Habana?". Responde el señor Allende : "Fui Presidente de la delegación chilena. Fui yo quien propuso la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS." (es bueno recordar que esta Organización coordinó la penetración terrorista y la ayuda a los grupos de acción cubanos que entrenaron a los guerrilleros urbanos y campesinos de Brasil, Uruguay , Argentina y Chile).
Está, sin la menor duda, comprobado el permanente contacto del señor Allende con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), brazo armado del socialismo, creado en agosto de 1965 y dedicado a la victoria socialista a través de la vía armada y la violencia. Cabe recordar que este grupo creó el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el Frente de Estudiantes Revolucionarios, el Movimiento Campesino Revolucionario y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
¿La violencia ayudaba a la paz o fomentaba el odio y la división entre los chilenos? Desde luego que no contribuía a la paz, ya que a los actos de violencia de todo tipo se unía la prensa adicta para ayudar a crear un ambiente sicológico de inseguridad, amenaza, temor, odio y espíritu de revancha, que se transmitía a todo el cuerpo social.
Los primeros responsables de que ocurriera el 11 de septiembre fueron el señor Allende y sus seguidores.
2.- El doble juego del Secretario General del Partido Comunista, don Luis Corvalán Lepe
El periodista señor Eduardo Labarca escribió un libro titulado "Corvalán 27 horas". Para darse cuenta exclusivamente de un planteamiento del entonces Secretario General del Partido Comunista , creo del caso leer una cita de él que, a mi juicio, refleja su posición:
"Hay quienes han sostenido que es necesario prepararse al mismo tiempo para la alternativa de la vía violenta. Esto es justo en términos generales y ello exige primordialmente contar con un Partido Comunista suficientemente capaz para apreciar los cambios en la situación que obligan a cambiar de táctica.
"Está claro que en el curso del proceso revolucionario puede resultar imperativo y conveniente pasar de una vía a otra vía. De ahí la necesidad de estar preparados para cualquier viraje en la situación y de dominar todas las formas de lucha.".
Más adelante agrega: "Ningún Partido Comunista que acepte la tesis de la vía pacífica, rechaza a priori la vía armada.".
La posición comunista, conducida por Luis Corvalán , es idéntica, en esencia, a la del señor Allende . Vía pacífica o vía armada era un problema de circunstancias; puede pasarse de una a otra, y se diferenciaba de la socialista sólo en que la última creía que, en definitiva, la violencia era inevitable.
Hay todavía quienes creen que el señor Allende encabezaba una tendencia socialdemócrata y progresista que expropia latifundios feudales y empresas monopólicas extranjeras. La verdad es que, como todo régimen comunista, el propósito del gobernante es un vuelco irreversible que entrega todo el poder a los dirigentes que gobiernan en nombre del pueblo. Con la doctrina de Corvalán, la democracia chilena estaba irreversiblemente perdida.
3.- El doble juego del ex Presidente señor Patricio Aylwin . Lanzar la piedra y esconder la mano. Empujar por omisión
Cabe hacer presente que, a pesar de todas las declaraciones que hizo siendo Presidente del Senado y titular de su Partido, entre 1971 y 1972, sus frases y sus ideas hablaban de la necesidad urgente de que intervinieran las Fuerzas Armadas. Y lo planteó en repetidas oportunidades. Sin embargo, simultáneamente con eso se estaban realizando conversaciones políticas para ver cómo se resolvía el asunto.
Por eso hablo de omisión. Porque, a pesar de la realidad que reflejan las declaraciones del señor Aylwin , la Democracia Cristiana no cesó nunca de hablar con Allende mientras exigía que intervinieran las Fuerzas Armadas, pensando que una vez concretada la intervención entregarían el poder al ex Presidente Frei Montalva o al actual Senador señor Valdés , como dicen las revistas de la época.
Doble juego: exigir y, simultáneamente, obtener ventajas políticas, en vez de ir a la solución constitucional de acusar formalmente al Presidente señor Allende, provocando la crisis en el campo político y no en el militar. ¿Cuál fue la respuesta final de las Fuerzas Armadas y Carabineros? Al final, era natural que desconfiáramos de todos los políticos, por eludir sus responsabilidades públicas, actuando decidida y francamente, sin doble juego, como lo experimentamos.
III. Un grito de angustia. Los mensajes de la Iglesia Católica
Creo que nadie negará que la Iglesia Católica hizo una permanente gestión para frenar esa escalada de violencia. Y nada mejor que referirse a sus documentos. Por ejemplo, "Evangelio, Política y Socialismo"; "Si quieres Paz, trabaja por la Justicia"; "Pedimos un espíritu constructivo y fraternal"; "Sólo con Amor se es capaz de construir un país"; "La Paz en Chile tiene un precio".
En "La Paz en Chile tiene un precio", publicado el 16 de julio de 1973, se señala: "Hablamos en una hora dramática para Chile. Lo hacemos por ser fieles a Cristo y a nuestra patria. Hablamos en nuestra condición de Obispos de la Iglesia Católica, porque creemos tener una obligación especial en hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. No representamos ninguna posición política, ningún interés de grupo, sólo nos mueve el bienestar de Chile y tratar de impedir que se pisotee la sangre de Cristo en una guerra fratricida.".
Después de oír estos textos, escritos con toda la autoridad de la Iglesia católica, un estudioso imparcial no puede dejar de señalar dónde está radicada la responsabilidad y la culpabilidad primaria y fundamental de que ocurriera el 11 de septiembre de 1973.
IV. Conclusiones
1.- El Partido Socialista y el Partido Comunista deben ser señalados como las agrupaciones políticas que propagaron el odio y la violencia que llevó al 11 de septiembre, y deben asumir su responsabilidad.
2.- La figura del ex Presidente señor Allende debe replantearse a la luz de las verdades históricas plasmadas en documentos cuya veracidad y autenticidad son irrefutables, para señalarlo como uno de los responsables intelectuales directos del 11 de septiembre.
3.- La persona del señor Luis Corvalán debe ser sometida a juicio, por instigador de acciones violentas y de propaganda ideológica mentirosa, que impulsó a que muchos jóvenes, creyendo en las utopías por él y su Partido difundidas, irresponsablemente tomaran las armas para oponerse a las Fuerzas Armadas y Carabineros, las que actuaron en cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Es uno de los más connotados responsables intelectuales directos del 11 de septiembre.
4.- La acción por omisión de la conducta política del ex Presidente señor Aylwin , como también del doble juego político desarrollado por la Democracia Cristiana, los hacen aparecer como responsables indirectos del 11 de septiembre, al no agotar los medios políticos y constitucionales para resolver la crisis nacional en marcha.
6.- Los documentos de la Iglesia Católica, que reflejan imparcialmente el clima vivido en Chile en esos años, son incuestionables y debieran servir de referencia para explicar el clima sicológico alcanzado en septiembre de 1973.
Hoy se juzga a los militares y civiles que actuaron, sin tomar en cuenta ese clima de violencia física y sicológica. Estos juicios constituyen una gran transgresión a la justicia, máxime si la propia Corte Suprema anula en la práctica la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos, contribuyendo así a que la división entre los chilenos continúe persistiendo en el corazón de la nación. Así, se han alejado de su función básica que es unir, y ahora se han desunido.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
El señor BOENINGER.-
Señor Presidente, no preparé ningún texto, pero deseo hacer algunas observaciones.
En verdad, los objetivos y el planteamiento inicial del Senador señor Cantero me parecen extremadamente loables y presentados en tono muy elevado. Sin embargo, pienso que este debate -como todos sabemos- no tiene destino útil, porque no sólo es imposible lograr una sola visión de la historia, sino que al vincular el problema a lo que detonó la petición para celebrar esta sesión, cual es el desafuero del general Pinochet, se apunta a que lo que nos separa es muy simple pero, al mismo tiempo, muy profundo.
Los Partidos de Derecha y, en general, los partidarios del régimen militar afirman o que las violaciones a los derechos humanos fueron consecuencia inevitable de los trastornos políticos anteriores al 11 de septiembre, lo que justifica lo ocurrido, o al menos lo explica, o bien, reconociendo que hubo violaciones y que se cometieron crímenes, que estos hechos y sus culpas son de rango histórico similar a los que cabe atribuir a los sucesos que culminaron con la ruptura de la democracia el 11 de septiembre de 1973.
Para la Concertación, en cambio, ambos fenómenos son de diferente naturaleza y rango, y entre ellos no hay relación causal necesaria alguna.
Ésa es la diferencia.
Para nosotros, en un caso se trata de responsabilidades políticas e históricas y, en otro, de responsabilidades penales por crímenes cometidos por el aparato represivo del Estado.
Es cierto. Escribí en un libro "ladrillo" donde reflexiono largamente sobre los períodos de los ex Presidentes Frei y Allende y del Gobierno Militar. A partir de mediados de la década de los 60 se produce un fenómeno de ideologización y polarización política que pone fin al denominado "Estado de Compromiso" y que se va radicalizando con aceleración progresiva.
Es verdad que en la Izquierda hubo quienes se declararon leninistas y afirmaron la legitimidad de la vía armada para conquistar el poder, existió violencia verbal, agitación callejera, deslegitimación y creciente fragilidad de los derechos de propiedad.
Es efectivo que en la competencia por "encabezar los cambios" -leitmotiv de la época-, la Democracia Cristiana fue extremando sus posturas y propuestas, induciendo a radicalizaciones adicionales del sector que pretendía encabezar.
Y también es cierto que, a partir de su abrumadora derrota electoral de 1965 y de la fusión en el Partido Nacional, bajo el liderazgo de Sergio Onofre Jarpa, la Derecha fue perdiendo progresivamente su fe en la democracia como sistema capaz de permitirle defender sus valores e intereses fundamentales.
Entonces, existió la Brigada Ramona Parra , pero también el movimiento Patria y Libertad. Se produjo el atentado y la muerte de Pérez Zujovic, pero igualmente -como se ha recordado aquí- se asesinó, por sectores derechistas, al general Schneider .
A propósito de toda la violencia verbal y agitación callejera de la época, deseo entregar un pequeño testimonio personal.
Fui Rector de la Universidad de Chile durante los tres años del Gobierno de la Unidad Popular. Todo el mundo sabe que tuve malas relaciones con la Unidad Popular y que personalmente me llevé mal con el Presidente Allende . Fui insultado profusamente a lo largo de esos años, pero jamás fui amenazado por nadie. Hubo tomas de la Universidad, de uno y otro lado, pero en mayo de 1972 resolvimos civilizadamente la disputa de poder en su interior por medio de elecciones, y los resultados fueron acatados por todos: por la Unidad Popular y por quienes ganamos esas elecciones, agrupados en el denominado Frente Universitario.
Después del Once fue muerto sin juicio Enrique Paris , mi principal contradictor y jefe del Partido Comunista de la Universidad de Chile, hombre leal que nunca amenazó a nadie. Y en el paso de la caravana del general Arellano por el norte fue fusilado, entre otros, Jorge Peña , músico notable, hombre pacífico, militante socialista, quien tanto en las elecciones en que me correspondió enfrentar a Eduardo Novoa como posteriormente a Felipe Herrera , me dio su voto. Resulta difícil creer que un ser humano con esas características pueda ser culpable de violencia contra las personas.
En definitiva, Chile se tornó crecientemente ingobernable y el 11 de septiembre se convirtió en la "crónica de una intervención anunciada".
Pero aquí cambia el cuadro. ¿Qué ocurrió tras esa fecha?
Las Fuerzas Armadas tomaron en pocos días el control total del territorio y ejercieron el poder sin contrapeso, prácticamente desde el momento inicial. En esas condiciones, ¿qué explicación puede haber para ejecuciones por encima de los consejos de guerra, desapariciones de personas, la muerte de Tucapel Jiménez, los crímenes de los "Degollados", la "Operación Albania", etcétera, que no sea un objetivo militar llevado a la irracionalidad: aniquilar al enemigo?
Creo, en consecuencia, que la contribución a la paz y la reconciliación que cabría esperar en este instante es el reconocimiento ¿y ello es lo que falta- de una diferencia de naturaleza entre crímenes y responsabilidades políticas, por grandes que éstas puedan ser. Por lo demás, diría que aquellas imputables a los que perdieron ¿en definitiva, a los derrotados del 11 de septiembre de 1973- las pagaron con creces los afectados al sufrir largos años de exclusión legal. Es algo que, por lo demás, dio paso a un proceso de reflexión, de mutación ideológica, decisivo para lograr la estabilidad de que hoy goza el país. De manera que las vueltas de la historia han conducido a que las polarizaciones ideológicas hayan terminado en la convergencia que se vive en la actualidad.
Y resulta claro, señor Presidente ¿y por tal motivo formulo mis observaciones-, que la reunión y el debate presentes no se dan en un seminario: se dan en el contexto de la reacción provocada por el desafuero del Senador señor Pinochet . Y el desafuero del Senador señor Pinochet , como bien expresó el Honorable señor Ruiz-Esquide , nada tiene que ver con el 11 de septiembre, con los hechos previos, sino con sospechas fundadas de su culpabilidad en determinados crímenes.
Entonces, el segundo comentario que deseo exponer dice relación a que me preocupa, realmente, que ahora aparezca deshaciéndose, por los partidos que apoyaron al candidato Lavín , el camino que éste les indicó: que no se debía revolver el pasado y que era preciso aceptar los fallos de los tribunales respecto de las cuestiones de derechos humanos, siendo Pinochet un hecho del pasado, porque había que dedicarse a los asuntos que interesan a la gente. Y, quiérase o no, Pinochet no le interesa a la gente.
Entiendo la reacción visceral al desafuero, producto de una sensación de agravio, de anonadamiento frente a la contundencia del fallo, por la mayoría a que obedeció y por su contenido. Pero pasar de ahí a una descalificación de la Corte Suprema me parece extremadamente peligroso, en términos de que lo percibo como atentatorio contra las bases de la institucionalidad política y la estabilidad democrática.
No es posible, en verdad, invocar argumentos como el de que los miembros del Tribunal Máximo son incapaces de resistir presuntas presiones del Gobierno. Ellos son totalmente independientes. No dependen para nada del Gobierno. Los que sí dependen de éste, en alguna medida, y también de la Oposición, son los ministros de Corte de Apelaciones que aspiran a ascender. No es el caso de los jueces de la Corte Suprema.
Además, 14 votos contra 6 parece ser un resultado demasiado contundente para suponer ese tipo de debilidad, ese nivel de entrega. Creo que ello, en la situación actual, es absolutamente diferente de la dependencia real, propia de cualquier situación autoritaria, que la Corte Suprema experimentó en esos aspectos durante el período de Pinochet.
También se ha hecho referencia al veto a la señora Raquel Camposano. Lo que ahí ocurrió fue que efectivamente el Presidente de la República no la incluyó en la quina, lo que constituye un reparo implícito, sin duda. Pero el único vetado en esta Sala fue el Ministro señor Juica por un fallo que no fue del agrado de quienes votaron en contra de su persona.
Pienso que la vía de la descalificación es muy peligrosa. No se puede decir: "Acato los fallos" y, al mismo tiempo, desautorizar a quienes los emiten.
Y estimo, además, que el camino de la polarización, que se aparta, repito, del planteado por el señor Lavín , para tomar, por graficarlo de alguna manera, el de Longueira, es claramente contrario, si persiste ¿confío en que sea el producto temporal, de corto plazo, de la reacción al desafuero-, a la estabilidad política lograda. Y, desde ese punto de vista, a la inversa de lo que afirma el señor Walter Riesco , juzgo que si algo puede inhibir las confianzas necesarias para la inversión, la innovación, el progreso, es el clima de polarización a que inevitablemente conduce el tipo de descalificación aludido.
En suma, señor Presidente , juzgo que el quid de la dificultad radica, respecto de lo último, en que efectivamente se acaten los fallos de los tribunales, y, tocante a lo primero, en que mientras no se reconozca una diferencia de naturaleza entre crímenes y responsabilidades políticas no existe ninguna posibilidad de ponernos de acuerdo, en circunstancias de que la única solución real consiste en tolerarnos mutuamente en nuestras diferencias.
Gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Bitar.
El señor BITAR.-
Señor Presidente, Honorables colegas, concurro a manifestar mis opiniones como lo hace todo demócrata, o sea, en disposición de intervenir con seriedad y señalar civilizadamente cada uno de nosotros sus puntos de vista. En general, así lo aprecio en todos los demás señores Senadores que han usado de la palabra.
No observo ningún riesgo de polarización en debatir. Al contrario, considero que es mucho mejor escucharse recíprocamente, aunque se trate, a veces, de declaraciones brutales. Prefiero que éstas sean emitidas por una persona de civil a que se escondan tras un Comandante en Jefe de la Armada. Ello es más sano, permite transparencia ante la ciudadanía y los chilenos, así, podemos elegir mejor.
La presente discusión, sin embargo, tiene lugar como resultado del desafuero del Senador señor Pinochet , en relación con un proceso por el asesinato de muchas personas en el caso de la llamada "caravana de la muerte". Dirigentes de distintos sectores opositores han descalificado a los tribunales. Y todos acabamos de escuchar al Senador señor Martínez aseverar que la justicia se halla politizada y busca la venganza. Por mi parte, al menos, rechazo esas expresiones, porque las considero atentatorias contra el Estado de Derecho. Y supongo que igual cosa concluyen los demás integrantes de esta Corporación.
Creo, por lo tanto, que el debate real de hoy debió haber sido otro y recaer en el Estado de Derecho, el acatamiento de la resolución de los tribunales, el ejercicio de la justicia. En el Senado debiéramos analizar las causas y consideraciones legales que llevaron a la Corte Suprema a sentenciar un desafuero.
En cuanto a ese punto, deseo manifestar mi apreciación de que la resolución de la Corte ha sido positiva para Chile. Impone un principio esencial en democracia y para la reconciliación: nadie se halla por sobre la ley. Todos debemos apoyar esa idea, del mismo modo que la acción de los tribunales.
¡Cómo no recordar cuando éstos rechazaron miles de recursos de amparo presentados para salvar las vidas de tantos chilenos! Cabe valorar ahora lo que ocurre en democracia con la justicia, más independiente, que cumple con su función y no la escabulle. Opino que ella se ha reivindicado ante la historia y permite construir un futuro mejor para nosotros.
Sobre la interpretación de los hechos pasados y si es esencial explicar acontecimientos posteriores al golpe, también procede un debate entre quienes comparten valores democráticos y humanistas. Pero es aberrante justificar por razones de una crisis política la violación de los derechos humanos. Y, en ese sentido, por más aguda que haya sido la crisis previa a 1973, la cual devino en el golpe militar, nadie puede justificar una violación sistemática contra chilenas y chilenos durante más de diez años, ni la creación de instituciones encargadas de reprimir a sus adversarios, sin respeto por los derechos humanos ni por la ley. El terrorismo de Estado es el causante de esa situación y deriva siempre de la existencia de una dictadura.
Hago esta declaración, que establece un límite moral ¿el que, entiendo, debe ser compartido por todos nosotros- entre la explicación de una situación política y la justificación de los crímenes. Considero que es clave reconocerlo así, por cuanto lo contrario significaría aceptar que esos mismos procedimientos podrían utilizarse en el futuro como consecuencia de circunstancias excepcionales. El camino de la democracia indica que ello nunca más debe ocurrir.
El historiador don Gonzalo Vial ya señaló que se necesita a lo menos una generación para mirar con cierta objetividad un proceso político como el que vivimos en 1973. A mi juicio, los propios hechos acaecidos ese año deberían mirarse en un contexto histórico incluso más largo, abarcando otras irrupciones militares, para que entendamos cómo podemos construir una democracia mejor, y vincularlos a crisis previas como la ocurrida entre 1827 a 1830, la de 1851, la de 1891, la acontecida entre 1927 y 1930 y la de 1973. En todas ellas, salvo en esta última, nunca se dio una dictadura que alcanzara tal nivel de represión y destrucción de las libertades.
A mi juicio, este debate, así puesto, lamentablemente carece de objetividad en la medida en que todos -y también me incluyo- interpretamos la historia para justificar o explicar acciones de hoy. En tal sentido, a veces no están los tiempos para hacer este tipo de análisis. La historia hablará por sí misma.
La historia no sólo se escribe con las palabras de quienes intervinieron en su momento, sino también con las acciones, con los hechos, con los acontecimientos objetivos, y no únicamente sobre la base de la lectura de documentos o de declaraciones. Porque, como bien sabemos, la fuerza de las palabras finalmente es aplastada por la fuerza sin palabras.
En tal virtud, señor Presidente , quiero hacer una última reflexión acerca de las lecciones propias de 1973.
Estoy convencido de que lo acontecido en esa fecha es consecuencia de la falta de una real cultura democrática entre los chilenos, en algunos más y en otros menos. Muchas conclusiones pueden extraerse de la evolución política de Chile que derivó en la crisis de 1973. En mi opinión, hay unas más importantes que otras. En lo personal, viví momentos muy duros: fui preso político por más de un año, estuve más de diez años exiliado; sufrí la muerte de muchos amigos de distintos Partidos, del Socialista, del Comunista, del Radical, y viví el exilio junto a muchos amigos de la Democracia Cristiana. Dediqué un tiempo importante también a analizar los acontecimientos ocurridos entre 1970 y 1973. Trabajé en eso y escribí un libro, publicado hace poco en Chile, como lo fue antes en México, Brasil y Estados Unidos, donde trato de explicar las circunstancias que indujeron a lo sucedido. Pero hay un factor que, a mi juicio, es medular, si se mira desde esta perspectiva: no tuvimos la fuerza de la convicción democrática para salir de la crisis en democracia. Ésta, como valor, no había calado hondo en la sociedad chilena y en los principales Partidos. ¡Todos tuvimos responsabilidad!
Hemos aprendido que la democracia es un fin, no un instrumento. Es una forma de ser y de convivir, y debemos cuidarla a diario. En ese sentido, tenemos que asumir la responsabilidad de la Izquierda. Y debo decir aquí, con tranquilidad, que en ciertos sectores de Izquierda muchas veces hubo una cultura no democrática, donde se privilegiaba el cambio y la transformación social como objetivo, y la democracia se veía como un instrumento. Si ésta no servía era catalogada de "democracia burguesa", de un escollo para alcanzar la justicia. ¡Gravísimo error!
Sin embargo, no se puede desconocer que en ese período se abrieron cauces verdaderos a la participación ciudadana, de ampliación de las libertades -es finalmente lo que cuenta, más allá de las palabras-, y que el Presidente Allende fue un gran demócrata que impulsó un proceso de cambios en democracia.
No cabe duda de que en la Derecha hubo una actitud contraria a ese Gobierno, incluso antes de que comenzara su mandato, pues desde un principio hubo ideas de golpe de Estado, apoyadas o en forma paralela con determinadas acciones, como las realizadas por la Administración Nixon, de Estados Unidos, a las cuales se hace referencia con toda claridad en informes de inteligencia del propio Senado norteamericano.
En la Derecha, para muchos, la democracia era el mal menor y se aceptaba sólo en cuanto garantizara el orden vigente. Si ella abría cauce a los cambios, ¡abajo la democracia! No existía, por tanto, una cultura democrática en amplios sectores de la Derecha, sino que prevalecía una cultura utilitaria, y no valorativa de la democracia.
Con la distancia que da el tiempo podemos apreciar que los valores democráticos acendrados se dieron en algunos sectores de la Izquierda, en la Democracia Cristiana y en el Partido Radical, en su gran mayoría, y también en un sector de la Derecha más respetuoso de los derechos ciudadanos en su sentido liberal. Pero, cuando se entró en un cuadro de polarización, estos grupos fueron perdiendo influencia, y caímos en la lógica de la confrontación y en la destrucción de la democracia.
Los hechos de 1973 son responsabilidad de todos. Si los asumimos con humildad, estaremos a la altura del desafío y podremos construir un Chile unido y pujante. Con esta convicción, creo que nos será posible superar esa disputa perenne que nos encasilla.
Las lecciones, la renovación, el bien de Chile son conceptos respecto de los cuales la Izquierda, en su gran mayoría, realizó una profunda revisión. El dolor y las observaciones críticas de los hechos generaron un importante cambio. El Partido Por la Democracia, creado en 1987, del que también soy un fundador y que me ha correspondido en honra presidir, nació precisamente -su declaración de principios así lo sostiene- estableciendo los valores y las prácticas democráticas como el principio rector de la gestión política, el que debe permear todas las acciones y programas. Considera a la democracia como un modo de relacionarnos, de vivir; como cultura, como Estado de Derecho y como forma de alcanzar la justicia y la libertad.
Sin embargo, deseo expresar con igual claridad -puedo estar equivocado o no- que ese proceso de renovación ha sido mucho más lento y restringido en la Derecha. No apreciamos en ella autocrítica ni revisión de su acción pasada. Algunos sectores de Renovación Nacional abrieron paso a una renovación valiosa para el país, aunque fue muy limitada. Así, en el propio Senado tuvimos la posibilidad de observar el fracaso de una iniciativa de reformas constitucionales, que habría sido bueno acoger en su momento.
Aún persiste en grupos importantes de la Derecha una postura adversa a la democratización del país. Y aprecio que la renovación del pensamiento democrático está pendiente en un sector de ella, como también de muchos otros.
Lo sucedido en 1973 y los hechos posteriores nos han enseñado poderosas lecciones. A mi juicio, la más importante de ellas es la necesidad de construir grandes mayorías fundadas en la valoración de la democracia como modo de ser, en el pleno respeto a los derechos humanos y en las libertades individuales como valores universales. Sobre esa base se creó y consolidó la Concertación de Partidos Por la Democracia.
Chile será mejor y su unidad más férrea si existe total respeto a la democracia. El objetivo de todos debe ser la unidad, para impulsar un país con más libertad y más justicia, donde nunca más se violen los derechos humanos, ni se coarten las libertades, ni se obstruya la justicia.
Éste es mi compromiso, es el de mi Partido -el PPD- y el de la Concertación.
Sabemos que muchos otros se inspiran también en lo mismo. Pero sólo si procedemos así y de esta manera sacamos las lecciones de la historia, estaremos a la altura de este desafío y habremos sabido cumplir con el interés nacional.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON .-
Señor Presidente, estimados colegas, si se quiere tratar en serio el quiebre de la institucionalidad democrática ocurrido en el país en 1973, deberíamos partir por reconocer que fuimos parte de ese doloroso proceso y que, en consecuencia, no podemos erigirnos en jueces de esa situación. El verdadero y válido juicio será el de la historia, si es que los historiadores se ponen de acuerdo. Si así no ocurriere, tendremos más de una visión sobre la materia, como ha acontecido hasta hoy con otras etapas de nuestro pasado.
Con todo, hay algo básico que entonces sucedió: la quiebra del consenso esencial en que descansa el orden democrático y en el cual -unos más y otros menos- a todos nos cabe algún grado de responsabilidad.
Así, los sectores de Izquierda, influidos por la revolución cubana, menospreciaron nuestra democracia, a la que despectivamente motejaron de "burguesa" o "formal", y predicaron y aplicaron la violencia como instrumento de la acción política.
Por su parte, los sectores de Derecha habían perdido la confianza en que la democracia sirviera al propósito de defender los legítimos intereses que representaban y que estimaban amagados, y grupos extremos de ella apelaron también a la ejecución de actos de violencia, algunos de la máxima gravedad.
En todo caso, la ideologización de los Partidos, incluido el Demócrata Cristiano, los llevó a adherir a proyectos globalizantes y excluyentes unos de otros, lo que hacía muy difícil la convivencia armoniosa entre los distintos sectores.
Todavía hay personas que siguen ancladas en el año 1973; que no reconocen los cambios producidos en el mundo y en otros países en los últimos 30 años, quedando atrapadas en la historia.
Por último -y no menos importante-, el Gobierno de la época, intransigentemente, intentó imponer al país un modelo económico y social apoyado en una minoría y que los chilenos mayoritariamente rechazábamos.
El quiebre de nuestra democracia fue producto de la acumulación de circunstancias negativas, y no del fracaso del sistema democrático mismo. Chile nació, se organizó y desarrolló a la par con el régimen democrático, imperfecto pero perfectible, y en constante mejoramiento.
Así, el ex Presidente Frei Montalva sostuvo premonitoriamente, con relación al tema, que "la democracia es, en el fondo, el camino de la dignidad humana. Ése fue siempre el camino de Chile y tarde o temprano volverá a serlo".
Tardó -y mucho- recuperar la democracia. Se consiguió con grandes sacrificios, y durante la transición y hasta hoy día trabajamos para completarla dentro de los márgenes de la tradición nacional y de los estándares del mundo occidental.
Pero, cualesquiera que hayan sido las causas del quiebre democrático en 1973, ninguna ni todas ellas en conjunto pueden justificar, de manera alguna, que por casi dos décadas se nos privara de nuestros derechos políticos fundamentales; que se entronizara como sistema la violación de los derechos humanos por agentes del Estado, y que se mantuviera y fomentara un clima de división y de odio entre los chilenos.
Tal vez haya sido el dolor de tantos y el repudio de las mayorías lo que, en definitiva, nos ha llevado a recomponer una Patria para todos; recuperar y perfeccionar la institucionalidad -proceso aún inconcluso-; superar la odiosidad y divisiones del pasado y lograr ciertos consensos básicos esenciales para hacer funcionar el régimen democrático; sostener un importante crecimiento de la economía, y avanzar con determinación para lograr una sociedad más solidaria.
Dios quiera que los amargos hechos del pasado no nos impidan, en el futuro, concretar las legítimas aspiraciones que hoy tiene la mayoría de los chilenos, por encima de las naturales discrepancias, incluso respecto del enfoque de nuestra historia más reciente.
Desde ese punto de vista, esta sesión -provocada por una decisión judicial a firme, que constitucionalmente nos está impedido siquiera "revisar"- no contribuye en nada a superar las diferencias del pasado, ni a abordar en unidad los desafíos del porvenir, que es, en verdad y razón, lo que tienen derecho a exigirnos las chilenas y chilenos que nos han otorgado el privilegio de representarlos en esta histórica Corporación, que ha sido testigo del nacimiento y desarrollo de nuestra democracia y que -confiamos- también lo será de su perfeccionamiento y estabilización.
La historia no encontrará motivos suficientes para justificar la situación que condujo a los hechos de 1973. Tampoco podrá justificar el establecimiento de una dictadura que se prolongó más que ningún otro Gobierno en la historia patria.
¡Dios quiera -y de los chilenos depende- que ello nunca se repita y que finalmente seamos capaces de construir una sociedad basada en la libertad, la justicia, la solidaridad y la paz! Una patria para todos los chilenos.
Gracias.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , ¿me permite plantear una moción de orden?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente , el debate es interesante y valdría la pena no interrumpirlo.
En la sesión ordinaria, que comienza a las 4 de la tarde, se seguirá analizando el Tratado Minero con Argentina, sobre el cual existe acuerdo para despacharlo el 29 de agosto próximo.
Por lo anterior y con el objeto de mantener la unidad del presente debate y respetar el derecho de los Senadores que aún no hemos hecho uso de la palabra, solicito que él continúe a las 16; se suspenda cuando corresponda tributar el homenaje al Padre Hurtado, y se reanude posteriormente hasta que hayan intervenido todos los oradores inscritos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo para proceder en la forma propuesta por el Honorable señor Díez?
El señor HAMILTON.-
¿Y qué pasará con los proyectos en tabla, señor Presidente?
El señor PIZARRO.-
Me opongo. Hay que tratar los asuntos incluidos en la tabla.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Los tres primeros son de Fácil Despacho. Podrían analizarse rápidamente y luego reanudar este debate.
El señor HAMILTON.-
¿Y no se vería el Tratado Minero?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Habría que suspender su discusión hasta el 29 de agosto, señor Senador.
El señor DÍEZ.-
Existe acuerdo para despacharlo ese día.
El señor LARRAÍN.-
Así es.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se acogerá la propuesta indicada.
El señor PIZARRO.-
No, señor Presidente.
El señor PRAT.-
Espero que Su Señoría no esté negando la posibilidad de debatir en forma integral y completa el tema que nos ocupa.
El señor PIZARRO.-
En absoluto, son cosas completamente distintas.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay acuerdo.
A las 15:15 tendremos reunión de Comités. Ahí el Honorable señor Díez podrá renovar su petición.
Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ .-
Señor Presidente, ¿cuál es el sentido, el propósito de esta sesión? Independientemente de las valiosas intervenciones de distintos señores Senadores, me pregunto: ¿descubriremos hechos nuevos ocurridos hace 30 años? Creo que no. ¿Será que el país no ha hecho este debate? Tampoco.
Pienso que los chilenos tienen una opinión formada sobre la historia de los 30 años anteriores y que el único objetivo profundo que podemos tener hoy es hacer todo lo posible para que esos hechos queden atrás y -como dijo el Presidente Lagos el jueves pasado- para que la historia haga su papel de análisis con el tiempo, que va depurando los distintos sesgos que puede haber en su interpretación.
Nosotros, como clase política, tenemos el deber de superar ese pasado, de dar vuelta la página. Porque, ciertamente, el pasado es como una sombra que cae, con todo el peso de la noche, en la sociedad civil chilena. Y no es factible cambiarlo. No se puede resucitar a los muertos. El futuro, en cambio, sí está por escribirse. Y nosotros podemos hacer diferentes cosas para reconciliar a la comunidad nacional.
Creo que al menos hay tres temas sobre los cuales es posible trabajar para dar vuelta esa página del pasado. En primer término, restablecer el verdadero valor de la Ley de Amnistía, con todo lo que ello implica, dejando de lado los delitos que ella no comprende.
Una enfermedad que afecta a toda la sociedad se resuelve en forma global, y la verdad es que la violencia -revolucionaria o contrarrevolucionaria- estuvo muy cercana a las ideas que gobernaron Chile en los años setenta. No es justo que en el reencuentro democrático hayamos dedicado tanto tiempo a trabajar en cómo dejar libres de responsabilidad penal a todos los terroristas de Izquierda y, al mismo tiempo, que la Ley de Amnistía no se aplique.
Le concedimos la capacidad de indultar, en forma especial, al Presidente de la República. Actualmente, por mandato de la ley y esa facultad del Primer Mandatario, ninguna persona de Izquierda comprometida en hechos de sangre con anterioridad a 1990 se encuentra detenida.
Señor Presidente , no es justo que una revolución -y ése es el real valor de la Ley de Amnistía- sea juzgada a 30 años de distancia, con el Código Penal en la mano. En mi opinión, aquí hay una asimetría que es importante resolver, para que nuestra sociedad se sienta reconciliada.
Leía el otro día un artículo de un historiador, quien opinaba que en el país había una sensación que prolongaba la tragedia, la división (repito textualmente) "al inaugurarse la estatua de un Presidente que destruye el país, y tratar de meter a la cárcel a otro Presidente que reconstruye el país".
Creo que la historia no se puede mirar con un ojo y que para ello deben emplearse los dos. Así, sin duda, las culpas son compartidas. Hubo errores grandes por parte de ambos sectores en el pasado. La violencia estuvo muy cerca de las ideas que gobernaron Chile. Y una situación de convulsión, de revolución como la que vivió nuestro país se resuelve con leyes políticas, como es una de amnistía en su verdadera interpretación, y no con el Código Penal.
Una segunda actitud que podemos asumir es la de seguir colaborando con los acuerdos de la Mesa de Diálogo respecto de los detenidos desaparecidos. Ahí hay una tarea posible de asumir en el futuro.
En tercer lugar, es importante que alguna vez el sector político se ponga de acuerdo sobre cuál es el cimiento de la Ley Fundamental que nos regirá en el futuro.
Desde ese punto de vista, me parece que la misión que cumple el señor Presidente del Senado , así como la de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que está abocada al estudio de las reformas constitucionales presidida por el Honorable colega señor Díez , puede alcanzar una importancia fundamental como tercer factor de sustento que el país requiere para mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Vega.
El señor VEGA .-
Señor Presidente, me parece que esta sesión y el debate que realizamos constituyen una oportunidad inédita en el Senado; y que en alguna u otra forma debiéramos llegar a una conclusión sobre la base de las distintas y versadas opiniones aquí expresadas.
La memoria histórica es factor fundamental para alcanzar el bien común. Es la que mantiene la identidad cultural de nuestro presente y de nuestro pasado. La historia, como consecuencia del acontecer humano supone interpretaciones, principalmente por parte de quienes tienen la facultad de formularla, o de los que han sido testigos y actores muy directos de los acontecimientos que hoy preocupan a la nación toda.
Las causas que provocaron el término de un período de crisis institucional, política, económica y social el 11 de septiembre de 1973, son las más complejas e inconsecuentes de nuestra historia republicana. El período anterior a 1973 que nos preocupa, se encuentra cubierto de múltiples testimonios oficiales provenientes de las mismas autoridades que se vieron sobrepasadas y afectadas en su accionar político o administrativo, lo cual fue uno más de los múltiples factores que en el sistema político de esa época produjeron el colapso de nuestra democracia.
Sin embargo, estos orígenes o causas tienen factores más profundos que desacuerdos políticos o sociales naturales de todo pueblo. En el quiebre real del Estado de Derecho de la época tiene especial gravedad la presencia inédita y real en Chile de grupos armados y terroristas, que en esa época afectaron al mundo, y que se pensó que eran ajenos y lejanos a nuestro quehacer político local, pero que organizadamente, a nivel mundial, constituían la vía armada a la toma del poder en numerosas democracias del mundo. Los testimonios que dan cuenta de estos orígenes que destruyeron las democracias de entonces son numerosos, y estoy seguro de que serán claramente explicados. Ya lo han hecho los actores y testigos de ese período.
Entre los más calificados, me ha parecido relevante la referencia al acuerdo de la Cámara de Diputados, de 23 de agosto de 1973, en el que "se representa al Presidente de la República , a los ministros y a las FF. AA. y Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nº 5 al 12 precedentes" del respectivo acuerdo.
Éstos se refieren a la promoción de grupos armados al amparo del Gobierno, que además de atentar contra el Derecho y la seguridad de las personas, están destinados a enfrentarse con las Fuerzas Armadas y Carabineros, con el propósito de debilitarlas y lograr el poder total de la nación.
Otro antecedente que estimo esencial es la declaración del Comité Permanente del Episcopado de Chile, de 16 de julio de 1973, "La paz de Chile tiene un precio".
En sus párrafos 1 y 2 expresa:
"Creemos tener una obligación especial de hacer un llamado extremo para evitar una lucha armada entre chilenos. Todos los chilenos estamos preocupados por las insistentes noticias de que se están armando poblaciones civiles y que existe peligro de una guerra civil.".
Los muchos antecedentes sobre estos lamentables acontecimientos que son de la historia y que muy pocos chilenos hoy recuerdan, por cuanto viven en una democracia y en un Estado de Derecho formal, demuestran que el pronunciamiento militar fue una consecuencia inevitable, generada por gravísimos acontecimientos denunciados fundamentalmente por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de esa época, y por todo un pueblo que jamás ha aceptado como tal asociar su progreso a la violencia.
Lo anterior es reiterado por el Informe Rettig, en su capítulo I, "Marco Político", que señala:
"La globalidad de los factores que hemos descrito anteriormente y posteriores a 1970, condujo hacia 1973 a un clima objetivamente propicio a la guerra civil".
"Ellos o nosotros", "Matar o morir" fueron frases comunes que denotaban sentimientos profundos que no podían servir a ninguna convivencia pacífica. Por el contrario, se preparó el terreno para el temor que engendra el odio, el que a la vez conduce a extremos de brutalidad y a la muerte, y nos llevaron al quebrantamiento y consecuencias que hoy demasiado tarde lamentamos.
En el libro "Seguridad Nacional y Bien Común", escrito por el cientista Genaro Arriagada, Monseñor José Manuel Santos , Francisco Orrego Vicuña , Evaristo López y Claudio Orrego Vicuña en 1976, se consignan aspectos que vale la pena recordar.
En parte de ese escrito se lee: "En la calle, en el trabajo, en sus casas, los ciudadanos viven bajo el terrorismo de una constante amenaza de morir violentamente. Debido a esto, el ciudadano llega a tener la impresión de que está aislado e indefenso, y como no se ha conseguido que las autoridades públicas, incluyendo la policía, puedan garantizarle su seguridad en medio de una situación de esta naturaleza, acaba por perder la confianza.
"La población de la nación atacada debe ponerse, rápidamente, al lado de su gobierno y de su ejército... Sus actividades jamás deben ser criticadas, sino apoyadas, porque depende de su apoyo cerrado que reciban el que su misión culmine con la recuperación de la paz.". Lo que finalmente sucedió fue lo que la sociedad chilena pedía ante las extremas circunstancias en que vivía nuestra patria.
Todos sabemos ¿y lo debemos tener claro en este debate- que las Fuerzas Armadas y Carabineros no intervinieron arbitrariamente en esta extrema situación. Sólo fue una consecuencia que no pretendieron, de un origen lejano a su vocación y doctrina.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son instituciones permanentes al servicio de la Patria y sus valores. Son obedientes, no deliberantes, profesionales y jerarquizadas con un ordenamiento jurídico preciso en el marco orgánico del Estado (artículos 1º, 2º y 6º de la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas). Les digo sinceramente que son muy pocas las instituciones en el mundo que tienen un encuadramiento y ordenamiento legal tan estricto como las Fuerzas Armadas de nuestra República.
En el presente, como sabemos, la justicia chilena ha desaforado al General y Senador don Augusto Pinochet Ugarte , por considerarlo bajo presunciones como posible autor, cómplice o encubridor de hechos que desencadenaron la desaparición y muerte de 19 personas en el llamado " Caso Caravana de la Muerte ". Durante este proceso se han efectuado numerosas críticas y discusiones sobre la no aplicación de la Ley de Amnistía, por ejemplo; sobre la nueva aplicación de las prescripciones, o sobre la figura jurídica del secuestro como delito permanente. Mas numerosas y estrechas votaciones durante el proceso expresan la preocupación que existe sobre el tema, que no debiera tener estos resultados, por cuanto representa un proceso de una categoría histórica y que realmente es una consecuencia justamente de los hechos que hoy estamos debatiendo.
Todo el sistema jurídico nacional ha sido testigo, y es también actor presencial de nuestro reciente pasado histórico.
La Corte Suprema, el 13 de julio de 1973, envió al Presidente de la República un oficio, para protestar por las públicas ofensas e insultos al Poder Judicial de la época, que eran el comienzo del quebrantamiento o debilitamiento del Estado de Derecho, pese a lo cual éste hoy se encuentra en pleno ejercicio, como consecuencia de la restauración que inspiró el inevitable pronunciamiento militar de 1973.
Sobre el proceso de desafuero se ha dicho reiteradamente que nadie está por sobre la ley, y por supuesto que esto es axiomático en cualquier Estado de Derecho formal y estable del mundo, como lo es el Chile que vivimos en este fin de milenio. Ello ha tenido un precio histórico que no debemos olvidar.
Nadie, entonces, debe estar sobre la ley cuando ésta es moralmente legítima para todos, plenamente autónoma, con el exclusivo propósito del bien común para la vida de un pueblo.
Con este desafuero estamos ante una dicotomía de espacio y tiempo: el escenario de 1973 y el escenario presente del 2000. Una verdad sesgada distorsiona esta fundamental realidad que hoy día debatimos y que ha impedido, precisamente, alcanzar un verdadero espíritu conciliador entre los chilenos.
De lo contrario, nuestro país continuará viviendo en un ambiente de clara y abierta división ¿que no deseamos- entre quienes aplauden el monumento al Presidente Allende , el desafuero del General Pinochet y el juicio a los militares, y los que rechazan que se juzgue a un ex Presidente , ex Comandante en Jefe y Senador de la República , por acontecimientos ocurridos en aquella época anárquica, desconociendo su patriótico servicio a Chile con el Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros y la democracia de este período.
Nuestra historia como nación ha sido injusta con los grandes hombres: O¿Higgins murió en el exilio; José Miguel Carrera , fue fusilado en Argentina; Manuel Rodríguez , también lo fue; Balmaceda optó por el suicidio en medio de una revolución durante su mandato; Portales , otro forjador de Chile, cae asesinado. Y, sin ir más lejos, el Presidente Allende se suicidó en la soledad de su gabinete, consciente del irreversible quebrantamiento institucional de Chile. Hoy vemos al General Pinochet, arrestado arbitrariamente en Londres, y ahora desaforado, próximo a un proceso, pese a su precario estado de salud.
El poder del Estado es la capacidad que proporciona los instrumentos y fundamentos para hacer lo que aquél desea y avanzar en la satisfacción de los objetivos nacionales, incluyendo el uso de las armas, con ejemplos variados en los últimos siglos en el mundo.
Chile radica su poder en su histórica soberanía, que comprende dramáticos y extremos políticos, con el inevitable uso interno y externo de la fuerza, lo cual fue siempre sólo una consecuencia de quebrantamientos políticos.
Con la globalidad presente, las potencias mundiales pueden debilitar a su arbitrio el nacionalismo de países como el nuestro, generando problemas de fondo que nos dividen y que limitan nuestro fundamental desarrollo interno y externo, como ha sucedido recientemente con España e Inglaterra.
El escenario de 1973 ¿recordémoslo- fue hostil para la sociedad toda, con inestabilidad síquica general, anarquía, desconfianza generalizada y debilitamiento de este importante Poder del Estado , cuya recuperación provocó consecuencias muy complejas y dolorosas, difíciles de resolver y evaluar, sobre todo en un pasado que para la gran mayoría de los chilenos ya es historia.
Como se trata de restaurar hechos verídicos, me parece relevante recordar lo que expresara el Presidente don Eduardo Frei Montalva, prologando el libro "De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional".
Dijo el Presidente Frei:
"La verdad es que las FF.AA. actuaron cuando ya se había extendido por el país una clara sensación de anarquía, cuando la Constitución había sido evidentemente transgredida, y cuando ellas mismas se sintieron amenazadas. Y es así como en medio del dolor y de la sangre, cayó una de las más antiguas y viejas democracias del mundo".
Con mucha visión, el ex Presidente Frei concluyó este prólogo:
"Y esa democracia será inútil tratar de recuperarla en el futuro si no existe la honradez y el valor de reconocer esta realidad que precipitó a Chile a una situación a la que jamás debió llegar".
Y esto es lo que legítimamente pretendemos con este debate.
Señor Presidente , las pérdidas de vidas son lamentables y dolorosas, sobre todo en un pueblo de hermanos, y no hay forma de mitigar estos extremos sentimientos. Sin embargo, la vida y el destino de los pueblos continuará siempre y sólo hacia el futuro. Por lo tanto, es de nuestra responsabilidad reconocer las verdades, causas y consecuencias de esos hechos, para no repetirlos provocando nuevas angustias.
Democracia sólida y estable ¿la cual, estoy cierto, no es posible sin la paz social- constituye la solución única y eficiente, pero ella requiere, necesariamente, la contribución patriótica de cada chileno y, sobre todo, la contribución de las autoridades superiores del Estado presente.
Independientemente del carácter especial que por Reglamento tiene esta sesión del Senado, considero que ella constituye una oportunidad inédita para reconstruir y analizar en toda su consecuencia ese particular segmento de nuestra historia, como necesidad absoluta y primaria de una verdadera y necesaria integración nacional.
Primero, propongo finalizar estas sesiones especiales con un acuerdo que entregue una conclusión del Senado sobre los acontecimientos históricos objeto de este debate, que deben ser superados y que hoy preocupan y afectan en forma muy directa a los chilenos. Nuestro pueblo necesita y espera una conclusión política veraz, transparente y completa de este particular escenario, con sus causas y consecuencias, lo cual resulta fundamental para la paz social, básica en una verdadera democracia.
Este acuerdo ¿pienso- debería contener, entre otros:
1) El proceso de transición, desde los puntos de vista jurídico y político. Me parece que no está clara su definición en función de la realidad política que un país en democracia y que se desarrolla vive naturalmente. La mezcla de escenarios distintos en espacio y tiempo confunde y tergiversa los conceptos y realidades. Constitucionalmente, la transición de este período se halla establecida en forma clara en los artículos transitorios de la Carta Fundamental, con su término el 11 de marzo de 1990.
2) El reconocimiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros como instituciones permanentes del Estado al servicio de la seguridad y la defensa del bien común de Chile. El Estado mismo, con sus poderes, también está al servicio del bien común; pero, en este caso particular, me parece muy consecuente definir la histórica prescindencia de estas fundamentales instituciones en los conflictos políticos de la República. Las Fuerzas Armadas y Carabineros son vocacionales y profesionales, y lo demuestran en este complejo presente.
Son aspectos generales que, en definitiva, serán determinados por la diversidad de apreciaciones que naturalmente existen en todo grupo humano. Lo que importa es que el país tenga una opinión concluyente y conjunta del grupo político quizás más significativo del Estado, como es el Senado, para reconocer, en beneficio de nuestro presente y de nuestro destino, la realidad que precipitó a Chile a una situación a la que jamás debió llegar.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
El señor MORENO .-
Señor Presidente , la convocatoria a esta sesión es, claramente, una reacción al fallo de la Corte Suprema que autorizó el desafuero del Senador Pinochet.
Los propósitos de este debate buscan traer al tiempo que hoy vivimos hechos y acontecimientos que ocurrieron hace ya cerca de 30 años.
La Democracia Cristiana y quienes aquí representamos a ese partido político y su ideología no tenemos ningún inconveniente en debatir, a la luz de lo que sucede hoy en día, hechos del pasado, y entregar nuestras opiniones sobre la base de que lo que aquí estamos tratando de hacer es dilucidar y encontrar los caminos para que la paz, la reconciliación y la democracia en nuestro país se asienten y perfeccionen..
No tenemos nada que temer de este debate, y trataremos de referirnos, con altura de miras y respeto, a algunas afirmaciones que se han hecho en el curso de esta mañana y que faltan, probablemente, a la verdad histórica.
¿Por qué no tenemos nada que temer? Porque siempre, desde los albores de la Falange Nacional y la Democracia Cristiana, hemos sido sostenedores incansables e inclaudicables del sistema democrático, de la defensa de los derechos humanos, del respeto de la persona en sí misma y de la protección de los trabajadores y de la clase media en la inserción del desarrollo de su propio país.
Deseamos ardientemente que se superen las diferencias, para poder consolidar nuestra democracia y afirmar el progreso de Chile de hoy hacia delante, y por ello concurrimos a formar la Concertación de Partidos por la Democracia. Pensamos recuperar así la democracia perdida y establecer un esquema progresista que permitiera al país avanzar en paz y tranquilidad. Por eso hemos dado nuestro respaldo al actual Presidente de la República , quien ha sido elegido democráticamente en virtud de dichos objetivos y propósitos.
No tenemos odio ni rencores en nuestros sentimientos ni en nuestros corazones; no perseguimos deseos de venganza contra nadie.
Por eso mismo, apoyamos con todas nuestras fuerzas la búsqueda de los detenidos-desaparecidos. Y en ese terreno respaldamos la Mesa de Diálogo, en la esperanza de que se ponga término a una angustiosa espera de parte de los familiares de quienes hoy están desaparecidos.
Respetamos y respaldamos los fallos de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema en relación con el desafuero acordado. Hemos dicho, y lo reiteramos, que nadie puede estar por sobre la ley, y que si existen situaciones que deben ser resueltas por ella, esto debe ser juzgado por los jueces a la luz de la legislación vigente y dentro del marco en que ésta los habilita.
Dicho lo anterior, señor Presidente , no podemos guardar silencio frente a afirmaciones que se han hecho en esta Sala sobre el pasado. Varios de los que aquí estamos fuimos actores o testigos directos de lo que ocurrió antes del 11 de septiembre, durante el Golpe de Estado y con posterioridad a él.
Por nuestra parte, tal como lo he dicho, desde nuestros albores a la vida política organizada en el país, nos hemos opuesto a cualquier intento por desestabilizar el sistema democrático. Eso fue lo que hizo Bernardo Leighton cuando se opuso al alzamiento de la Marina en 1931; ésa fue nuestra conducta contra el "ariostazo", cuando fue elegido don Pedro Aguirre Cerda ; ésa fue la razón por la cual nos opusimos a la asonada militar del 2 de abril de 1957, cuando el Gobierno del General Ibáñez pretendió crear un vacío de poder para habilitar un mecanismo de reemplazo democrático.
Por esa misma razón, actuamos en contra del alzamiento del General Viaux y repudiamos los intentos golpistas de algunos que, a la sombra de él, quisieron sacar cierta ventaja política menor en ese momento.
Cuando vino la elección presidencial de 1970, junto con luchar a favor de nuestro candidato señor Radomiro Tomic , patrocinamos en conjunto con otros la idea de contar con una segunda vuelta electoral entre quienes obtuvieren las dos primeras mayorías. Fueron distinguidos personeros de Derecha, sentados en estas bancas aquí a mi derecha, quienes se opusieron vehemente a ello, afirmando que quien triunfase por un voto sería el Presidente de la República , a sabiendas de que no existía constitucionalmente ese mecanismo y que si no se lograba la mayoría absoluta, correspondía al Congreso Nacional proclamar al Presidente constitucional del país.
Tras obtener la primera mayoría don Salvador Allende , el pánico se apoderó de muchos de los que con una soberbia increíble habían rechazado el funcionamiento de un sistema democrático universal. Otros sectores de extrema derecha, que aquí han sido mencionados en el debate de esta mañana, se movilizaron y, junto con la interferencia de manos extranjeras, cometieron el vil asesinato del entonces Comandante en Jefe del Ejército , General René Schneider , con el claro propósito de desestabilizar la votación en el Parlamento y abortar lo que podría originar la elección de un Presidente constitucionalmente elegido. Esto ocurrió paralelamente al intento de llevar adelante una maniobra que, a través de una ficción, pretendía elegir Presidente de la República en el Congreso Pleno de octubre de 1970 a don Jorge Alessandri Rodríguez , quien había sido derrotado en las urnas. Y si éste ¿según sostenían algunos; no él- era proclamado Presidente por el Parlamento, en donde los votos determinantes de esa votación eran los de los Parlamentarios de la Democracia Cristiana, el señor Alessandri estaría dispuesto a renunciar, para así habilitar constitucionalmente la realización de una nueva elección presidencial, en la que eventualmente podría presentarse don Eduardo Frei Montalva y triunfar holgadamente en las urnas, al igual como lo había hecho en 1964.
Esta maniobra fue tajantemente rechazada, y no obstante todos los artilugios que hoy día se quieren utilizar e inventar para distorsionar la imagen de don Eduardo Frei Montalva , ello no resiste los hechos verdaderos de la historia. ¿Por qué? Porque, siendo los Parlamentarios de la Democracia Cristiana determinantes en esa elección de Congreso Pleno, ni uno sólo -¡escuche bien el Senado!- de los Diputados o Senadores se ausentó o dejó de cumplir con su propósito de respetar la Constitución en Chile. Ésa es la verdad. Lo demás son acomodaciones de la historia o burdas invenciones para intentar sacar algún provecho político.
La Democracia Cristiana, para proceder de esa manera en ese tiempo, firmó el denominado Estatuto de Garantías con el entonces Presidente electo. En él se fijaban las bases del respeto a la Constitución y a las leyes y se establecía que el país no sería llevado a un tipo de gobierno marxista leninista. Desgraciadamente, dicho acuerdo fue progresivamente violado en el país. Se comenzó a vivir una espiral de enfrentamientos, de violencias, de atropellos a las organizaciones sociales y sindicales, de bancos y empresas. Sobrevino el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic , y muchos derechos de los trabajadores fueron en ese momento suspendidos. La Democracia Cristiana se vio forzada por el clamor ciudadano a oponerse a muchas de las medidas que tomaba el Gobierno de don Salvador Allende.
Nunca ninguno de nosotros recurrió a la violencia o al intento de subvertir el orden público. Fuimos claros y decididos opositores de don Salvador Allende a partir de mediados de 1971, pese a que previamente aprobamos la reforma constitucional que nacionalizó el cobre chileno y dimos paso a una serie de leyes que beneficiaban a la inmensa mayoría de los trabajadores.
El Senador que habla fue elegido en esa oportunidad ¿siendo muy joven, a los 35 años de edad- en una elección complementaria junto con un Diputado por la provincia de Linares, en una zona donde la Unidad Popular tenía clara ventaja electoral. ¿Saben Sus Señorías por qué ocurrió eso? Porque los campesinos querían mantener la reforma agraria y sus sindicatos; porque encontraban equitativo lo que habíamos hecho, de pagarles las ocho horas de trabajo y las horas extraordinarias; porque era justo mantener las organizaciones sociales y la reforma educacional; porque era justo también dar todo nuestro apoyo a las juntas de vecinos y a los mecanismos que la controlaban.
Ésa fue la razón por la cual triunfamos en esa elección. Es efectivo que la Derecha votó en esa oportunidad por el Senador que habla, y lo hizo porque no tenía otra alternativa. La Democracia Cristiana dio libertad de acción a su gente para que en Linares -en donde un Diputado de la Derecha había abandonado el país presa del pánico por la elección del Presidente Salvador Allende- fuese elegido Diputado quien hoy es Senador de Renovación Nacional, el Honorable señor Díez .
Debo expresar que para los democratacristianos el Gobierno de la Unidad Popular fue una mala Administración -hay que decirlo sin ambages, porque la historia no se puede cambiar-, no obstante que tanto en el ex Presidente Allende como en algunos dirigentes que conformaban su Gobierno existía el deseo de evitar el desborde e impedir que se materializara un proyecto que estaba en la mente de algunos: la instalación de una dictadura marxista leninista, con el instrumento de la dictadura del proletariado como forma de relacionarse dentro del futuro del país. Por eso nos opusimos. Y ante la inminencia de la crisis ¿es bueno que ella se conozca aquí, porque esto nunca se ha dicho en público y ha quedado en la Versión Taquigráfica-, quienes éramos Senadores de la Democracia Cristiana en ese momento firmamos el 8 de septiembre nuestras renuncias a nuestros mandatos, las que hicimos llegar al entonces Presidente del Partido Demócrata Cristiano y Senador, señor Patricio Aylwin , quien las mantiene hasta el día de hoy.
Los Diputados de la Democracia Cristiana debían firmar el lunes. Algunos alcanzaron a hacerlo. Pero ¿qué perseguíamos? Habíamos recibido las señales de que el Presidente Allende se daba cuenta de que debía convocar a un plebiscito y renovar todos los mandatos. Ésa fue la razón por la cual actuamos en la forma señalada. ¡No fue para permitir un golpe militar! ¡No fue para permitir una asonada! ¡No fue para crear las condiciones que pavimentaran lo que posteriormente ocurrió! ¡Ésa es la verdad, y no otra, señor Presidente!
Los hechos ocurridos entre 1971 y 1973 generaron una tensión que condujo al desenlace conocido.
Algunos pretenden justificar lo acontecido después, invocando la violencia acumulada previamente. Los primeros combates, enfrentamientos y actos de terrorismo aislados podrían ser clasificados como reacciones ante la violencia contenida; pero una vez controladas las calles, establecidos el Estado de Sitio y el toque de queda, encarceladas miles de personas, exiliados cientos de chilenos, disueltos los partidos políticos, intervenidas todas las municipalidades del país, nada ¿repito: nada- justifica la tortura, el crimen y la secuencia de horrores que hoy conocemos y de los cuales la sociedad chilena aún no logra reponerse.
El Informe Rettig resume en forma dramática lo ocurrido y me evita dar más explicaciones. Muchos de nosotros en esa época intentamos vanamente que se acogiese por lo menos un recurso de amparo. ¡Sólo uno! Los jueces y ministros de las Cortes de ese tiempo fallaron en el cumplimiento de su deber. No pudieron resistir la presión del poder existente. Si se hubiere acogido uno sólo, ¡cuántas muertes y sufrimientos se habrían evitado, y no estaríamos viviendo lo que hoy acontece!
Nuestro ánimo es mirar hacia el futuro con calma y tranquilidad, pero con la verdad; no tratando de reinterpretar la historia ni de buscar justificaciones a conductas pasadas. Nuestros errores los asumimos. ¡Pedimos perdón por ellos! Pero nadie nos podrá acusar nunca de haber violado los derechos humanos o de haber¿
El señor ZURITA .-
¿Me concedería una interrupción, Su Señoría?
El señor MORENO.-
¿faltado a la verdad de lo ocurrido.
Por eso, señor Presidente, en este momento queremos buscar realmente la paz, encontrando a los detenidos desaparecidos y dejando que los tribunales resuelvan lo que deben resolver. Sólo así podremos hallar la paz y la reconciliación que todos anhelamos. Podemos pedir perdón; estamos dispuestos a ello. A nadie le pedimos que olvide, porque eso está más allá de lo que cualquier ser humano puede solicitar. ¡Ésta es nuestra verdad, señor Presidente ; la verdad de la Democracia Cristiana!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ.-
Señor Presidente, concedo una interrupción al Senador señor Zurita, con la venia de la Mesa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zurita.
El señor ZURITA.-
Señor Presidente , he escuchado la monserga de que en esa época no se acogían los recursos de amparo, y se clama al cielo por ello. Me admira que un abogado diga que no se acogían tales recursos; no me admiro, en cambio, cuando quien no es abogado hace tal afirmación. Dicho recurso tiene un solo fin: poner término a una detención arbitraria, y para poder deducirlo hay que indicar quien efectuó la detención arbitrariamente. Por ejemplo, el Senador señor Valdés , en una oportunidad recurrió de amparo ¿al igual que el Honorable señor Lavandero - y éste fue acogido. Porque la resolución del Ministro Dreyse constituía un desatino.
El señor VALDÉS .-
La orden vino de arriba. Pinochet dijo que me "metía preso".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a los Senadores señores Zurita y Valdés evitar los diálogos.
El señor ZURITA.-
O sea, "miel sobre hojuelas". Quiere decir que la orden de Pinochet no la obedecieron los jueces. Éstos expresaron: "¡Pinochet quiere a Valdés preso; nosotros, no!" Ahí hay un ejemplo sobre el particular y daré a conocer, en su oportunidad, muchos más.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Díez.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente, no leeré discurso alguno. En mi opinión, transcurridos los años, el país merece nuestra serena reflexión, y éste es el lugar y el organismo que, haciendo fe a la tradición, es capaz de recibir e intercambiar juicios sobre una realidad histórica que, en conjunto, ninguno de nosotros desea volver a repetir.
En verdad, señor Presidente , quienes pertenecíamos al Senado en 1973, teníamos confianza en que nuestra democracia -para algunos, burguesa y quizás imperfecta; para otros, orgullo nacional en el concierto de los países americanos- era sólida. Ninguno de nosotros pensó lo que podía sobrevenir con los acontecimientos de esa época.
El país tiene derecho a conocer la verdad y debe acostumbrarse a oírla.
¿Qué sucedía al final de la década de los 60 en Latinoamérica? Ante todo, el ambiente exterior existente en esa época era claramente el de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La primera de estas naciones -según declaraciones de sus dirigentes- deseaba provocar un Vietnam en Latinoamérica, para lo cual usaba a Fidel Castro y a los movimientos de solidaridad o a los de liberación nacional.
En Chile, desgraciadamente, el Partido Socialista de la época caminaba por esas aguas, y distinguidos dirigentes socialistas y otros cuya memoria con razón veneramos, como Clotario Blest , asistían a reuniones en La Habana y formaban parte del movimiento latinoamericano "Solidaridad", el que después presidido por el entonces Presidente del Senado , Salvador Allende, lo que dio origen a una censura y a un debate en esta misma Corporación.
Dentro del país habíamos tenido una elección, la que significó, con las alternativas que aquí más o menos se han explicado, que se elevara a la Presidencia de la República a don Salvador Allende , quien, con el programa de la Unidad Popular, quería construir un país socialista al estilo revolucionario. Recuerdo al Senado el último mensaje presidencial de Allende , en 1973, en que nos ratificaba claramente y sin duda alguna que la pretensión del Gobierno era construir en Chile un régimen socialista revolucionario, en que los trabajadores tuvieran la totalidad del poder.
Recuerdo los debates de junio y julio de ese año, en que Senadores como don Patricio Aylwin enrostraban al Presidente de la República el incumplimiento de los compromisos a que había llegado con la Democracia Cristiana y su deseo de construir un régimen formado por comunidades populares con una Asamblea Única, por cordones industriales, por juntas campesinas, etcétera. Es decir, se trataba de todo lo contrario a la institucionalidad, perfecta o imperfecta, de la cual habíamos gozado durante muchos años.
Con ello se cumplía no sólo con el deseo de un sector de la Izquierda chilena, sino también con aquello de que, en 1972 ó 1971, se habló en el Congreso número 24 del Partido Comunista -al cual asistió su Presidente , el Senador señor Corvalán -, esto es, de construir un hombre para el socialismo. Y en Chile nació la construcción del hombre para el socialismo en la Escuela Nacional Unificada.
El Partido Socialista tenía en sí la cimiente del MIR, que se estructuró como movimiento violentista mucho después y que hemos conocido, algunos hace pocos meses, con la entrevista que Pascal Allende dio a un medio televisivo chileno.
Ésa era la circunstancia en que nos encontrábamos en 1973. Había hechos de violencia, como el asesinato del General Schneider por grupos jamás vinculados a los partidos de Derecha,...
El señor HAMILTON .-
¡No puede decir eso!
El señor MORENO .-
¡No!
El señor GAZMURI .-
¡No!
El señor DÍEZ .-
...pero incluidos en el pensamiento de lo que entonces se entendía socialmente por Derecha. Jamás vinculados, honestamente, al Partido Nacional de la época. ¡Absolutamente, no!
También fue asesinado Edmundo Pérez Zujovic y ocurrieron otros hechos de violencia.
Importantes dirigentes políticos ¿aquí se han citado- reconocían que en Chile las fuerzas extremistas tenían más armas que el Ejército. El Presidente Frei Montalva hablaba de miles de hombres armados. En el Senado recibimos un informe de Investigaciones que daba cuenta de que en ese momento en el territorio nacional había más de 14 mil extranjeros provenientes de los países socialistas, especialmente de Cuba. Las armas se devolvieron en los días de toque de queda, pero se siguieron juntando. Y ahí tenemos las de Carrizal Bajo.
La situación política no era normal ¿contrariamente a lo que señaló el Senador señor Bitar -, sino del todo anormal.
--(Manifestaciones en las tribunas).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Pido a las personas que se encuentran en las tribunas guardar silencio. Otra interrupción más, y me veré obligado a ordenar su desalojo.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor DÍEZ .-
Señor Presidente, después de lo ocurrido, debemos entender que todo hecho de violencia -cualquiera que sea su justificación o explicación, es ilegítima- debe ser condenado. Y si estamos haciendo este análisis, es para que nunca más nos suceda lo mismo.
Todos en esta Sala sufrimos los efectos de esa violencia. Algunos, como el Senador que habla, con el asesinato de un pariente muy cercano, calificado hoy por la prensa italiana de "delito político", porque se trataba de un intendente. Otros, en el exilio. Otros, perdiendo a sus familiares. Otros, peor, porque todavía no conocen el destino de los suyos.
Eso, evidentemente, no puede volver a suceder. Ésa es la lección de estos 30 años. Debemos apreciar esta democracia. Tenemos que evitar calificarla: ni democracia burguesa, ni democracia protegida. La democracia es así: un valor absoluto, basado en la persona del hombre.
A pesar de que hoy nos hallamos en una posición aparentemente disímil, se ha producido, a mi juicio, un gran sentido de unidad nacional con respecto a estos 30 años: el derecho de fortalecer nuestra democracia; el derecho de respetarnos; el derecho de encontrar ilegítimos, no sólo los errores ¿que en general se encubren-, sino también la violencia y el asesinato como arma política, ya sea para alcanzar el poder o para conservarlo.
En Chile se produjo lo que muchos profesores llaman "efecto espejo del terrorismo": quienes desean combatirlo caen a veces en los mismos defectos -y quizás en otros peores, porque tienen el poder- de los terroristas.
A nosotros nos pasó lo del efecto espejo del terrorismo.
Cuando entramos a la transición, lo hicimos con una Constitución que no ha sido debidamente apreciada en su sentido de defensa de los derechos humanos: un Texto Fundamental que los explicita, que consagra acciones para ampararlos, que ha creado por primera vez en Chile recursos de tan general aplicación y de tan expedita resolución como el de protección.
La Carta de 1980 nos indica el camino de la paz y el camino de la reconciliación.
Iniciado el Gobierno democrático, se dictaron muchas leyes con la aprobación unánime del Senado: para los exonerados políticos; indemnizatorias; de reconocimiento de años de servicios; de pensiones. Todo proyecto traído al Parlamento por el Gobierno ¿a éste correspondía su envío, por significar gasto público- ha sido aprobado por esta Corporación, para establecer aun la compensación, que evidentemente no es tal, sino un paliativo temporal ante los efectos de años dolorosos y cruentos.
Personalmente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, primero, y después en el Congreso Pleno, defendí una reforma de la Carta destinada a posibilitar al Presidente Aylwin indultar a condenados por hechos terroristas y a quienes se autodenominaban "presos políticos", para producir realmente la unidad nacional. Y en este mismo Congreso Nacional, al dar nuestra aprobación, expresamos nuestra esperanza en que, si alguna vez se daba la situación inversa, también se tuviese generosidad para perdonar a quienes hubiesen incurrido en hechos delictuales. Pero al contrario, en vez de aplicar la Ley de Amnistía y la tesis que nos llevó a reformar la Carta de 1980, la situación, en el lenguaje y en los hechos, ha sido totalmente distinta.
Antes de concluir, señor Presidente , deseo enfatizar que aquí hay, sobre todo, una lección para los agentes políticos. No nos puede ocurrir lo mismo. Porque los grandes culpables fuimos nosotros, que no tuvimos capacidad para hacer de la política un juego pacífico de adultos ni para solucionar las dificultades, pues cada uno prefirió su personal punto de vista a buscar la concordia, la cual a mi entender, en la época presente, se confunde e identifica, la mayoría de las veces, con el bien común.
Considero que esta jornada de reflexión del Senado es útil. Y si se realiza después del desafuero del Senador señor Pinochet , también obedece a una causa lógica. Porque el Gobierno militar tuvo su origen en los hechos que hemos señalado y que ocurrieron antes de su advenimiento. Y voy a usar una expresión vulgar: Pinochet no hubiera existido si Allende no hubiera existido.
El país necesita saber la verdad. Ni monumentos para unos, ni denuestos para otros. Olvidemos. Seamos capaces de construir con caridad, amor y amistad, como lo hacemos en el Senado. Seamos capaces los agentes políticos de dar el ejemplo para buscar el consenso.
Chile tiene muchos problemas y sus posibilidades son grandes. Los políticos no le podemos volver a fallar.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Antes de dar la palabra al Honorable señor Viera-Gallo, debo recordar que la sesión debe concluir a las 14.
Por tanto, pido la autorización de la Sala para proceder a una prórroga hasta que el señor Senador concluya su intervención.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señor Presidente , han transcurrido 27 años desde el alzamiento militar del 11 de septiembre de 1973, un período cargado de acontecimientos que han provocado un cambio de época.
Hoy podemos mirar el pasado con mayor perspectiva y serenidad. Al enfocar lo ocurrido entre nosotros hace tres décadas, es preciso evitar las simplificaciones y las aproximaciones esquemáticas imbuidas de maniqueísmo, que buscan en la historia un pretexto para justificar el presente. Cuando hablamos del pasado, inevitablemente corremos el riesgo de reinterpretarlo a la luz de la actualidad, enfatizando ciertos hechos y dejando en la sombra otros.
Lo importante es tener conciencia de nuestros enfoques subjetivos, surgidos en este caso de nuestra experiencia en los acontecimientos, y no transformarlos en prejuicios ni sucumbir a la pretensión de objetividad que permitiría alcanzar una supuesta "verdad histórica".
Hoy podemos, señor Presidente , recordar sin temor y sin ira.
Es evidente que la sociedad chilena atravesaba una crisis muy profunda en la década de los sesenta. Un gran pensador la llamó "crisis integral". Existía un evidente contraste entre las aspiraciones de progreso y justicia de la gente y las oportunidades que ofrecía el sistema imperante.
Ha habido un importante debate entre cientistas sociales, que ha pasado un poco en sordina, sobre las perspectivas del modelo sustitutivo de importaciones y el Estado de compromiso: ¿estaban agotados esos esquemas o hubieran admitido transformaciones sucesivas para adecuarlos gradualmente a las exigencias de la globalización?
Lo importante es constatar, señor Presidente, que las tres grandes corrientes de opinión de la época los dieron por agotados antes de 1970.
Una fracción importante de la sociedad chilena y de sus fuerzas políticas fue perdiendo progresivamente confianza en el régimen democrático. La economía no tenía impulso dinámico y el sistema institucional parecía diseñado para que las instituciones se neutralizaran entre sí.
En gran parte de la Derecha ¿no digo en toda ella, pero sí en una parte sustantiva-, recompuesta bajo la hegemonía estanquera luego de la derrota en las elecciones parlamentarias de 1965, la tesis de la exigencia de un gobierno autoritario, incluso extraconstitucional, se difundió a fines de los años 60. Esta posición se veía reforzada por otra tesis, muy difundida en América Latina, en el sentido de que sólo un gobierno de esas características sería capaz de derrotar lo que llamaban "la subversión". Los regímenes militaristas ya habían comenzado a establecerse desde el golpe de 1964 en Brasil, bajo el esquema de la doctrina de la seguridad nacional, en la cual también se habían formado las nuevas generaciones de oficiales chilenos.
El Programa de La Nueva República, del Partido Nacional, tenía esa inspiración autoritaria. No es casualidad que el entonces Ministro del Interior , Bernardo Leighton , mandara detener a toda la directiva de dicho Partido, bajo la acusación de conspiración con la Armada, y que en octubre de 1969 se levantara en armas el Regimiento Tacna, liderado por el General Roberto Viaux, secundado por oficiales de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, con un planteamiento que mezclaba una reivindicación gremial con una postura nacionalista extrema.
En la Izquierda, por su parte, hubo un intenso debate entre los partidarios de seguir el ejemplo cubano y del "Che" Guevara y quienes, por el contrario, creían que los cambios, incluso revolucionarios, debían hacerse a través de los métodos democráticos. Esta última tesis ¿como señaló aquí el Honorable señor Gazmuri - fue la que se impuso en la Izquierda chilena, pese a lo decidido en su momento en Chillán por el Congreso del Partido Socialista, en 1967, y a la existencia del MIR y de otros grupos extremistas de Izquierda.
A una semana del triunfo de Salvador Allende , Pablo Rodríguez forma el movimiento Patria y Libertad para impedir por todos los medios, incluso los violentos, la asunción del Presidente electo y el éxito de su Gobierno. El 22 de octubre de 1970 provocaron el primer atentado contra la vida de una autoridad en el Chile moderno asesinando al Comandante en Jefe del Ejército , en concierto con el General Roberto Viaux y con el apoyo de los servicios secretos de Estados Unidos, según lo establece el Informe Church del Senado de ese país. Todos los que participaron en ese acto terrorista fueron indultados por el General Augusto Pinochet.
Volvemos a encontrar a Patria y Libertad en numerosos actos terroristas y de violencia durante el Gobierno de Salvador Allende, como lo ocurrido con el Canal 5 de la Universidad Católica, en Concepción; el levantamiento del Regimiento Blindado Nº 2, el 29 de junio de 1973 (los instigadores del frustrado golpe, entre ellos Pablo Rodríguez , se asilaron en la Embajada de Ecuador y luego volvieron clandestinamente a Chile), y el asesinato del Capitán de Navío Arturo Araya Peters -quien se desempeñaba como Edecán Naval del Presidente de la República-, el 26 de julio de ese año.
No es correcto afirmar que la Izquierda introdujo la violencia en Chile y que el golpe militar fue una reacción necesaria para evitar su triunfo. Hubo violencia en algunos sectores minoritarios de la Izquierda que no respaldaban a Salvador Allende, y también, en la Derecha. Pero la violencia de la Derecha tenía poderosos apoyos fuera de Chile.
No hay que olvidar que el triunfo de Allende coincide con el ascenso de Nixon al poder en Estados Unidos y el papel de Henry Kissinger. Con posterioridad, hemos conocido la amplitud de la intervención norteamericana para desestabilizar al Gobierno de Allende. Era el peso de la Guerra Fría -como aquí se ha recordado-, que atravesó nuestro país. Así como los tanques soviéticos terminaron con la Primavera de Praga en 1968, así también Nixon asfixió el intento chileno de diseñar un camino socialista diverso al de la revolución clásica; temía su Gobierno que la experiencia chilena sirviera de acicate a las fuerzas de Izquierda de Francia e Italia, que estaban en el corazón de la OTAN, según lo ha escrito el propio Henry Kissinger . Eran los tiempos en que la política de Washington apoyaba a cualquier gobierno, siempre que fuera anticomunista -como ocurría con las dictaduras de España, Portugal , Grecia , América Latina y Sudeste asiático-, y desconfiaba radicalmente de la neutralidad y el no alineamiento.
Chile estaba en el área de influencia norteamericana, y ello explica el poco respaldo que la Unión Soviética diera al Gobierno de Allende. También la cúpula soviética recelaba de una experiencia socialista que pudiera parecerse a la que pocos años antes había aplastado en Praga, la que podría alentar la disidencia al interior del bloque soviético.
La estabilidad democrática en Chile estaba desafiada por la polarización política, el ideologismo extremo, y había perdido terreno en la conciencia de muchos ciudadanos. El Gobierno de Allende no contó con la base de sustentación suficiente para resistir los embates internos y externos y llevar adelante los cambios que proponía su programa, los que además, mirados a la luz de los acontecimientos posteriores, no consideraban las exigencias del nuevo curso de la economía mundial.
Igual como ocurrió luego del primer año del Gobierno de Mitterrand en Francia, era evidente que el de Allende exigía un vuelco de timón. Ello provocó polémicas dentro de la coalición de Gobierno, y se operaron algunos cambios ministeriales importantes, pero insuficientes para enfrentar el desafío que tenía el país.
Así como la Oposición de Derecha se fue haciendo cada vez más insurreccional, hubo también sectores de la Unidad Popular que, contradiciendo al Presidente , planteaban la necesidad de prepararse para un enfrentamiento decisivo.
Pese a todo, sostengo hasta el día de hoy que el golpe militar era perfectamente evitable y que la crisis podía haber encontrado otro camino de solución. Tanto dentro del Gobierno de Allende como en la Oposición y en la sociedad, hubo quienes se movieron hasta el final para encontrar un entendimiento político que permitiera rescatar la vigencia de las instituciones democráticas. El papel del Cardenal Raúl Silva Henríquez fue señero en esta materia¿
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor VIERA-GALLO .-
Me parece muy bien que pifie la Fundación Pinochet, señor Presidente . ¡Es lo lógico!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ruego a Su Señoría no dirigirse a las tribunas, y a las personas ubicadas en éstas, mantener el orden y guardar silencio.
Puede continuar, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .-
Decía que el papel del Cardenal Silva Henríquez fue señero en esta materia cuando llamaba a "desarmar las manos y los espíritus". Incluso en los altos mandos de las Fuerzas Armadas hubo quienes lucharon por evitar el derrumbe democrático. Me refiero al General Carlos Prats ; al Almirante Esteban Montero ; a los Generales Pickering , Sepúlveda y Bachelet , por nombrar a algunos.
Como afirma Arturo Valenzuela en su obra "El quiebre de la democracia en Chile", "el desenlace no era inevitable. En Chile había opciones alternativas¿en ciertas coyunturas claves en el desarrollo del drama chileno, distintas opciones habrían conducido a distintos resultados, aunque a medida que el proceso avanzaba y la polarización se extremaba, el espectro de lo posible se reducía dramáticamente".
Fui testigo de muchos de esos intentos. Sería desproporcionado de mi parte decir que fui protagonista. Pero cuanto pude hacer porque tuvieran éxito, lo hice. Primó, sin embargo, la tentación del abismo. Y llegaron "los idus de septiembre".
A mediados de 1973 había en Chile un empate social y político que aconsejaba y exigía el entendimiento. Conspiró en contra de ese entendimiento lo que algunos llaman "la teoría de la intransigencia", es decir, "esa rígida aversión de principio a los compromisos y una tendencia a confiar ciega y descriteriadamente en la virtud de las armas". Perdieron audiencia los que abogaban por una solución razonable, y el propio Presidente Allende llegó tarde con su idea de un plebiscito que zanjara la disputa.
El golpe no era un hecho fatal que se derivara de la crisis que vivía Chile. Tampoco lo eran las características violentas que asumió desde el primer momento, ni la crueldad y el carácter masivo e indiscriminado de la represión, ni el papel preponderante que, a poco andar, adquirieron los servicios de seguridad.
No busquemos en el pasado la justificación de nuestros errores, ni menos de los crímenes contra la dignidad humana. Es muy importante que esta mañana todos los señores Senadores hayan hecho una clara distinción entre errores y crímenes. Éstos no tienen ninguna legitimidad. No pretendamos una historia oficial. Sepamos convivir con nuestras visiones diferentes de lo ocurrido. Si una enseñanza podemos sacar del fragor de esos años de fulgor y muerte, es la necesidad de mantener siempre vigente en la conciencia ciudadana el mínimo ético común que da sustento a las instituciones democráticas, a sus principios y a sus valores.
He dicho.
-Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:06.