Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- Adrian Alvarez Alvarez
- PROSECRETARIO DE LA SESIÓN
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carmen Frei Ruiz Tagle
- Hosain Sabag Castillo
- Jaime Gazmuri Mujica
- Jose Ruiz De Giorgio
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. TABLA
- REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Maria Rozas Velasquez
- REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- PORTADA
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 19ª, en martes 28 de noviembre de 2000
(Especial, de 19.44 a 22.09 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y Mora Longa, don Waldo.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia4
II. Apertura de la sesión7
III.Actas7
IV.Cuenta7
V. Tabla.
Reajuste de remuneraciones a trabajadores del sector público. Primer trámite constitucional7
VI. Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Vicepresidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que establece una patente minera especial para pequeños mineros y mineros artesanales, a la vez que condona recargos legales y concede facilidades de pago para patentes atrasadas (boletín Nº 263208)36
2.Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que establece la comparecencia de los detenidos ante los tribunales de justicia (boletín Nº 260207)42
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (99)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Rozas Velásquez, María
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Juan Bustos, Guido Girardi, Patricio Hales, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; del Trabajo y Previsión Social, señor Ricardo Solari; de la Secretaría General de Gobierno, señor Claudio Huepe, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García. También concurrieron la senadora señora Carmen Frei y los senadores señores Hosaín Sabag, Jaime Gazmuri y José Ruiz De Giorgio.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 19.44 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 13ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 14ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Se suspende la sesión y se cita a reunión de Comités.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
V. TABLA
REAJUSTE DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Enrique Jaramillo.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 2631-05, sesión 18ª, en 28 de noviembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Hacienda. (Fue presentado verbalmente en esta sesión).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, su Excelencia el Presidente de la República, en el mensaje dirigido a la Comisión de Hacienda, entrega un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio maternal y concede otros beneficios que indica.
El proyecto fue calificado con urgencia de “discusión inmediata”.
La Comisión de Hacienda lo aprobó, en general, por unanimidad.
Asistieron a dicha Comisión los diputados señores José Miguel Ortiz, presidente; Claudio Alvarado, Rodrigo Álvarez, Julio Dittborn, Pablo Galilea, José García, Tomás Jocelyn-Holt, Edmundo Villouta, Andrés Palma, Exequiel Silva, la diputada señora Marina Prochelle y quien habla, Enrique Jaramillo, designado diputado informante.
Concurrieron a la sesión los señores Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda; Ricardo Solari, ministro del Trabajo y Previsión Social; la señora María Eugenia Wagner, subsecretaria de Hacienda; los señores Alberto Arenas, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos; Julio Valladares y Carlos Pardo, asesores del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, respectivamente.
En este período de reactivación económica y del empleo se requiere ser coherente con el esfuerzo de política fiscal que realiza el Gobierno para facilitar dicha reactivación. Por ello, se ha planteado a los gremios, en el último mes y durante el diálogo sobre la política de remuneraciones del sector público, un conjunto de modalidades que permitan acercar las expectativas gremiales con las posibilidades fiscales, considerando que es necesario consolidar los mejoramientos de los años 90 y lograr los objetivos de equilibrio fiscal para el año 2001.
En este marco y luego de realizar un importante esfuerzo fiscal, el Gobierno ha ofertado a los gremios los siguientes beneficios, que figuran en el proyecto que estudia la Sala en este momento:
Reajuste general de remuneraciones, a partir del próximo l de diciembre, del 4,3 por ciento para los funcionarios públicos; incremento de los beneficios sociales básicos con sentido de equidad, que favorecen a los funcionarios con remuneraciones líquidas inferiores a 258 mil pesos; aguinaldo de Navidad de 24.122 pesos para los tramos inferiores a 258 mil y de 12.798 pesos para los funcionarios con ingresos entre 258 mil y 1.049.000 pesos; aguinaldo de Fiestas Patrias de 31.649 pesos para los tramos inferiores a 258 mil pesos, y de 22.046 pesos para el segundo tramo; bono de escolaridad equivalente a 44.231 pesos, que se pagará en marzo y junio próximo, por cada hijo en edad escolar de los funcionarios con ingresos inferiores a 258 mil pesos, y de 31.184 pesos para los funcionarios con ingresos entre 258 mil pesos y 1.049.000, y un aporte de bienestar de 54.205 pesos, reajustado en 4,3 por ciento.
Estos beneficios sociales básicos, focalizados en el personal administrativo y auxiliar, ratifican la búsqueda de equidad del Gobierno y se expresan en el proyecto que se envió a trámite legislativo. Asimismo, el Gobierno ha ofrecido un bono especial de 24 mil pesos, que se pagará en diciembre, sólo para la gente de menores ingresos, es decir, con rentas inferiores a 258 mil pesos.
Estos beneficios, según el Ejecutivo, corresponden al máximo esfuerzo fiscal, ratifican la tendencia de mejoramientos reales para los funcionarios públicos y permitirán, en un futuro próximo, seguir avanzando en la dignificación de la función pública y en la modernización del Estado.
El proyecto reajusta las remuneraciones de los funcionarios del sector público, concede los aguinaldos que señala y otros beneficios pecuniarios: a contar del 1 de diciembre de 2000, concede un reajuste general del 4,3 por ciento a los trabajadores del sector público.
Reajusta en 4,3 por ciento, a contar del 1 de diciembre de 2001, los montos correspondientes a las subvenciones otorgadas a las instituciones reconocidas como colaboradoras del Sename.
Concede, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad a los trabajadores de las entidades a que se refieren los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del proyecto, los que también obtienen un aumento de 5 por ciento si sus remuneraciones son inferiores a 258 mil pesos.
Concede, por una sola vez, aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 2001 a los trabajadores que se indican en el artículo 9º del proyecto, como también el aumento de 5 por ciento a quienes tienen una remuneración líquida de 258 mil pesos.
Concede, por una sola vez, a los trabajadores mencionados en el artículo 14 del proyecto, un bono de escolaridad no imponible por cada hijo de entre 5 y 24 años de edad, que sea carga familiar reconocida para los efectos del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el que también se aumenta en 5 por ciento para quienes reciben remuneraciones líquidas menores de 258 mil pesos.
Otorga aporte para los servicios de bienestar a que se refiere el artículo 23 del decreto ley Nº 249, de 1974, y el artículo 13 de la ley Nº 19.553.
Incrementa aporte fiscal que establece el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación. Es un aporte extraordinario para universidades estatales o reconocidas por el Estado.
Reajusta la asignación familiar y maternal en 4,3 por ciento, en tramos que decrecen desde 3.452 pesos a 3.358 pesos y a 1.094 pesos.
Fija el valor del subsidio familiar establecido en el artículo 1º de la ley Nº 18.020 en 3.452 pesos, es decir, lo aumenta en 4,3 por ciento.
Concede, por una sola vez, en el año 2001, un bono de invierno a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 17.744, a los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal y a los beneficiados de pensiones asistenciales del decreto ley Nº 869, de 1975. Este bono de invierno se fija en 27.490 pesos.
Concede, por una sola vez, en el año 2001, un aguinaldo de Fiestas Patrias a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, de 8.677 pesos y de 4.466 pesos por cada carga familiar o maternal.
Concede, por una sola vez, en el año 2001, un aguinaldo de Navidad a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744, de 9.952 pesos por persona, más 5.618 por cada carga familiar o maternal.
Concede, por el período de un año, a contar del 1 de enero del año 2001, la bonificación extraordinaria contemplada en la ley Nº 19.536 para enfermeras y matronas que se desempeñan en los establecimientos de los servicios de salud.
Concede, por una sola vez, un bono especial no imponible, a los trabajadores que, de conformidad con el proyecto, tienen derecho a percibir el aguinaldo de Navidad.
El costo total de la iniciativa para este año es de 26.638 millones de pesos, más 1.811 millones de pesos, lo que da un total de 28.449 millones de pesos.
El gasto que el proyecto irrogue al fisco en el año 2000, será financiado, cuando proceda, con los recursos provisionados en el ítem 5001032533104 del presupuesto vigente del Tesoro Público.
Sometido el proyecto a votación en particular en la Comisión de Hacienda, los artículos 1º y 2º fueron aprobados por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
Los artículos 3º al 17, relativos a los bonos y aguinaldos, fueron aprobados por unanimidad.
En el artículo 18 se aprobó, por unanimidad, la siguiente indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo:
“Artículo 18.- Increméntase en $ 1.680.273 miles, el aporte que establece el artículo 2º del decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, del Ministerio de Educación, para el año 2000. Dicho aporte incluye los recursos para otorgar los beneficios a que se refieren los artículos 14 y 15, al personal no académico de las universidades estatales.
“La distribución de estos recursos entre las universidades estatales se efectuará, en primer término, en función de las necesidades acreditadas para el pago de los beneficios referidos en el inciso anterior, y el remanente, se hará en la misma proporción que corresponda al aporte inicial correspondiente al año 2000”.
El Ejecutivo presentó también una indicación al artículo 29, para reemplazar, en su inciso primero, el guarismo “18.000” por “24.000”.
Otra indicación del Ejecutivo es para agregar el siguiente artículo 32, nuevo:
“Artículo 32.- En el evento que la variación porcentual en doce meses del Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, a octubre de 2001, sea superior al 3%, el reajuste de remuneraciones del sector público que se conceda a contar del 1º de diciembre de dicho año, incluirá la diferencia positiva entre dicha variación y el 3%, con un tope de 0,3%”.
El artículo 19 se aprobó por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
El artículo 20 se aprobó por 6 votos a favor y 3 abstenciones.
El artículo 21 se aprobó, en segunda votación, por 4 votos a favor y 4 abstenciones.
Los artículos 22 y 23 se aprobaron, en segunda votación, por 4 votos a favor y 5 abstenciones.
El artículo 24 se aprobó, en segunda votación, por 2 votos a favor y 7 abstenciones.
El artículo 25 se aprobó por unanimidad.
El artículo 26 se aprobó por 5 votos a favor y 4 abstenciones.
El artículo 27 se aprobó por 5 votos a favor y una abstención.
Los artículos 28, 29, 30 y 31 se aprobaron por unanimidad.
Se aprobó también, por unanimidad, la indicación del Ejecutivo al artículo 32, que acabo de leer.
La Comisión acordó que el informe se emitiera en forma verbal, para ceñirse al plazo que se otorga a los proyectos de discusión inmediata.
Se deja constancia de que ningún artículo fue rechazado.
Es cuanto puedo informar, como relator de la Comisión de Hacienda, sobre este importante proyecto de reajuste.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, la Cámara nos ha convocado esta tarde a debatir sobre temas tan importantes como el reajuste de sueldos y salarios del sector público y otros beneficios, como aguinaldos, asignaciones familiares y maternales, subsidio familiar, y los que se indican en el texto del proyecto.
Con mucha atención hemos escuchado que el reajuste propuesto por el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos es, en general, de un 4,3 por ciento, cifra inferior al índice de precios al consumidor proyectado para el año 2000. Siendo así, es muy difícil para nosotros aprobarlo.
Sé que puede haber opiniones distintas en mi bancada, pero quiero manifestar que esa cifra no es la respuesta adecuada a la remuneración de los trabajadores públicos, que es lo más sagrado que pueden recibir, pues sabemos que ellos viven exclusivamente de esa renta.
Al revisar los criterios utilizados en los últimos cuatro años, para no hacer más historia, las cifras demuestran que siempre, desde 1997 hasta el año 2000, se han otorgado algunas décimas más que el índice de precios al consumidor. Siempre ha habido una lucha por tratar de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cual se ha reflejado en los últimos 4 años.
Hoy, la cifra propuesta por el Gobierno, inferior a dicho índice, significa decir a los trabajadores del sector público que su remuneración para el año 2001 será inferior a la que obtuvieron este año, es decir, les estamos diciendo a la cara que hoy son más pobres.
Es imposible para la Oposición imponer una cifra distinta; pero, con mucha modestia y fuerza, queremos señalar que estamos dispuestos, varios de los parlamentarios que van a intervenir esta tarde, a aprobar un porcentaje diferente: a lo menos, 4,6 por ciento.
Todos los otros bonos propuestos son exactamente iguales a los aprobados en años anteriores, reajustados en 4,3 por ciento, salvo uno de 24 mil pesos que se pagaría, por una sola vez en el año, a los trabajadores que reciben una remuneración inferior a 258 mil pesos.
Eso es absolutamente insuficiente. ¿Por qué? El Gobierno, que asumió en marzo de este año, planificó su administración en relación con una inflación de 3,5 por ciento y todo Chile ha tenido que sufrir la variable exógena del precio internacional del petróleo, que ha afectado seriamente a su economía, siendo responsable según lo ha reconocido el propio presidente del Banco Central, don Carlos Massadde más de un 1 por ciento de la inflación para el 2000.
Este hecho ha significado quince alzas de los combustibles durante el presente año, y el pasaje de la locomoción colectiva en Santiago, que es la referencia para todo el país, subió de 230 pesos a 290 pesos y la próxima semana llegará a 300 pesos.
Las consecuencias de este hecho las están sufriendo los trabajadores, y entre ellos, los del sector público que tienen remuneraciones más modestas.
Por eso, esta influencia que ha tenido el precio del petróleo justifica plenamente que el Gobierno pueda acceder a un reajuste superior al 4,3 por ciento.
El sector privado también está sufriendo la presión inflacionaria y entenderá también que el 4,6 por ciento es perfectamente justificable y que no va a constituir un mayor gasto para el Fisco, porque, de acuerdo con la información que nos han entregado, los recursos están.
Entonces, quiero solicitar que el señor ministro de Hacienda, representante del Gobierno, presente ahora una indicación para modificar el guarismo 4,3 por ciento por 4,6 por ciento, a fin de resolver definitivamente el problema del reajuste.
Sabemos que los dirigentes, representantes de los trabajadores del sector público, habían solicitado una cifra superior, 8,5 por ciento, conocida públicamente: una parte por mayor productividad y otra por recuperación del poder adquisitivo; pero, hoy, dada la situación, es imposible acceder a esa solicitud.
A nuestro juicio, aprobar un 4,3 por ciento es absolutamente insuficiente. La diferencia parece ser mínima, pero creemos que, sin politizar el tema, tomando solamente las variables técnicas que regulan la presión inflacionaria, el índice de precios al consumidor, el mayor reajuste que han logrado en años anteriores que siempre superó el IPC anual, para el 2001, a lo menos, podríamos empatar el 4,6 por ciento.
Nuestra posición es clara. No es demagógica. Está fundamentada en un hecho real: la necesidad de que el sector público pueda recibir ese reajuste este año.
Finalmente, vamos a aprobar la idea de legislar, porque la iniciativa es absolutamente necesaria como ley de la República; pero el guarismo del 4,3 por ciento lo vamos a rechazar en esta ocasión.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, llama la atención que la mayoría de los inscritos estén pidiendo hablar después, en un rato más. Parece que ahora nadie quiere intervenir. En el fondo, hay muchas personas que pueden considerar que es tremendamente impopular meterse en este tipo de temas. Y lo es. Pero, me preocupa enormemente que autoridades elegidas, eventualmente no quieran asumir o pronunciarse respecto de temas que debemos enfrentar. Nos corremos, por así decirlo, porque nos parece incómodo hablar. Se dice: “Veamos primero cómo viene la mano, el clima, y tratemos de tomar una definición en un rato más”. Me molesta esa actitud.
La intervención del diputado Vilches me motivó a hablar. Mientras él hacía uso de la palabra, me hacía las siguientes preguntas: ¿Qué haría la Derecha si se encontrara en una coyuntura como la nuestra? ¿Cómo actuó cuando tuvieron niveles de cesantía superiores a los nuestros? ¿Qué hizo con los funcionarios públicos en esa época? Redujo personal, los echó, congeló pensiones, redujo sueldos.
Es muy fácil llegar y decir: “Vamos a rechazar ese porcentaje, porque queremos uno más alto”. Y ahí el diputado Vilches se queda corto. A mí no me gustaría el 4,6 por ciento, sino el 6 o el 10 por ciento. El diputado Vilches y sus colegas, como siempre, se quedan cortos. Cualquiera de nosotros, sin excepción, podría superar la meta que él y sus amigos han fijado para el sector público. Donde nosotros podemos marcar un tono distinto es, justamente, en el planteamiento de qué queremos para el sector público en una coyuntura como la que vivimos hoy, la cual no es fácil.
Lo que más me ha molestado de la negociación y discusiones que ha habido con respecto a este proyecto es que, en el fondo, su tramitación se ha ido convirtiendo en quién obtiene y demuestra más poder que el otro: si una bancada, si los senadores, si la Oposición o si un dirigente gremial de la Anef. Y lo que está detrás de esta discusión tiene que ver con la capacidad que tenemos para gobernar y para demostrar cohesión, porque en ese punto sí la Derecha nos da cancha, tiro y lado.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Siempre!
El señor JOCELYN-HOLT.-
No siempre; ahora.
Originalmente, el proyecto planteaba un reajuste del 3,5 por ciento y no del 4,3 por ciento. El Gobierno estuvo dispuesto a reformularlo por conversaciones con nosotros, cuando se formaron mesas de diálogo a instancias de parlamentarios, en que tuvo oportunidad de sensibilizarse y buscar distintas alternativas. Lamentablemente, algunas ni siquiera prosperaron y habría sido muy buena idea haberlas aprobado, por el país y la coyuntura, no solamente en una negociación gremial. Una negociación para varios años habría sido buena para la Anef y para el Gobierno; pero, por sobre todo, habría hecho mucho bien al país. Si uno revisa la última negociación plurianual de la Anef, a nadie le cabe duda de que fue más conveniente que si se hubiera negociado año a año. Sin duda, habría perdido y obtenido menos de lo que se logró en la negociación plurianual algunos años atrás, porque ninguno habría calculado, al firmar los acuerdos, el ciclo económico que sobrevino. Es probable que si los beneficios que se negociaron en esa oportunidad, se hubieran discutido cada año, habrían sido más bajos. Pero, a pesar de que se propuso ese procedimiento y que habría sido positivo para el país, no se pudo lograr.
Mañana hay elecciones en la Anef; por ello, entiendo muy bien la posición de los dirigentes. Pero tenemos el deber de analizar esto no en función de nuestros óptimos, sino de lo que ha ocurrido hasta ahora y de lo que debería suceder hoy.
Algunos dicen: “No discutamos ahora este tema, no demos quórum”. Otros expresan: “No votemos esto hoy; tirémosle la pelota al Senado”. Pero tenemos el deber de pronunciarnos acerca de lo que se ha hecho. Y no sólo sobre nuestros óptimos, porque esto no es un remate sobre quién da más. Ésta es una decisión sobre cómo se debe enfrentar una negociación sindical y que, por tratarse del sector público, nos afectará en otros rubros: en educación, en salud y en otras oportunidades.
En esta materia, no me siento cómodo participando en conversaciones para tratar de flexibilizar y lograr las posiciones de la autoridad. Este proyecto concedía el 3,5 por ciento de reajuste y hoy propone el 4,3 por ciento, gracias a esa sensibilidad y flexibilidad que hemos pedido y estimulado. Me siento extraordinariamente incómodo por generar las condiciones para esa flexibilidad y no darle piso político. Creo que es una actitud con poco carácter y muy desleal, no sólo con el Gobierno, sino poco clara con lo que queremos proyectar a Chile al decir que sí a un determinado proyecto, pero cuando entra a la Sala, decimos que no, porque de alguna manera queremos más.
A estas alturas, le haría muy mal al Gobierno, a las fuerzas que lo apoyan y al país seguir mostrando debilidad en la materia. Por eso, le cobro la palabra al ministro. Este es un proyecto que ingresa con un determinado porcentaje de reajuste y debe aprobarse o rechazarse. Pero le haría muy mal al Gobierno cambiar de opinión en otra etapa de la tramitación.
Si no damos piso político, provocaremos un desbande que no se verá reflejado en este proyecto de ley, sino en las futuras iniciativas. Daremos poca claridad, poca consistencia y una señal poco eficaz. No hay nadie de nosotros que no quisiera dar un reajuste mayor. Y es muy miserable, de poca monta, entrar en ese tipo de discusión. En este momento, estamos ante un proyecto que requiere de piso político, que implica mucho más que una consideración de orden económico. Alguien podrá preguntar por qué nos remilgamos, por qué “pirquineamos” dos o tres décimas más, o nos quedamos en algo que puede valer 9 mil millones de pesos; pero eso depende de cómo se calcule. Si se hace sobre el 4,3 por ciento, tiene ese valor. Pero, reitero, este es el proyecto del 3,5, no del 4,3. Por ello, los montos de que hablamos son de márgenes distintos.
Los parlamentarios de la Concertación debemos ser capaces de entender el desafío que nos plantean los caballeros de enfrente. Pongámonos en el caso de un hipotético gobierno de Lavín. Ellos estarían actuando como una guardia pretoriana de un gobierno insensible que reduce pensiones y echa funcionarios públicos; lo defenderían con dientes y muelas y no tendrían ningún asco para hacerlo.
En este momento, nosotros no estamos haciendo eso. Estamos discutiendo un reajuste del sector público en una muy mala coyuntura económica del país. En nuestros distritos no sólo hay funcionarios públicos, sino también personas cesantes del sector privado. Y cuando nos pregunten por el 4,3 por ciento otros nos dirán que carecen de trabajo, por lo menos podremos decirles que tienen estabilidad laboral, protección y la posibilidad de participar en común con nosotros en un esquema que les genere respeto y dignidad, en que se los escuche y se los haga participar. Eso es mucho más que lo que nos pueden ofrecer ellos.
Por eso, políticamente, no me pierdo en este proyecto. Puedo querer más; todos queremos más. Pero en este momento, no me pierdo. Y me gustaría que los colegas de la Concertación tampoco se perdieran. Por eso, muchos de nosotros lo vamos a aprobar.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, en estos últimos quince días hemos presenciado situaciones bastantes divertidas, inéditas y tristes, que nos han llamado mucho la atención. En este país, en el que se habla tanto de democracia, de pluralismo, en especial en este Gobierno, a la hora de probar si realmente se es demócrata y de practicarla, no se hace. Por ejemplo, hemos visto a un ministro de Hacienda negociando con dirigentes gremiales, todos de partidos de Gobierno; hemos visto a diputados formar parte de esa negociación; hemos visto, con vergüenza, cómo el ministro de Hacienda entrega información reservada a los diputados oficialistas, que después aparecen en la prensa, haciéndose los lindos para quedar bien con el sector público, diciendo que han conseguido medio punto más. Eso es hacer uso de información reservada.
Pero a la hora de las negociaciones, ¿dónde está el pluralismo, la diversidad, la parte que pone una nota distinta a lo que todos piensan? Porque todos piensan igual. ¡Si ésta es una cuestión de matices, aunque algunos tratan de desembarcarse! Y al diputado señor Jocelyn-Holt le digo que no nos endosen sus errores; que sus problemas deben ser resueltos sólo por ustedes. Hoy, el país les pide a ustedes, al Gobierno, al señor ministro de Hacienda, dar una solución al sector público.
En esta materia, la iniciativa la tiene el Presidente de la República, no nosotros. Es efectivo que nos gustaría darles 5, 6 ó 7 por ciento, pero no podemos, porque carecemos de iniciativa. Es su Gobierno, diputado señor Jocelyn-Holt , el que debe resolver el problema. Pero no vengamos aquí como con fábulas o con pronósticos, aunque le recojo el guante. Es como premonitorio empezar a hablar del próximo gobierno de la Oposición. Me parece bien; nos hace estupendo, porque estamos enfrentando con mucho optimismo las situaciones que se van presentando.
Pero aquí se decía que nosotros tenemos cierta responsabilidad. ¡Si los que no dan la cara son ustedes! Trabajadores públicos y sus representantes, que están en las tribunas, vieron cómo se escondían detrás de las puertas; no querían entrar y dar la cara. Nosotros estamos aquí desde las 19.15 horas. No nos escondemos; no buscamos triquiñuelas para no dar quórum y no enfrentar el problema. Ante Chile y sus trabajadores, queremos dar nuestra opinión. Pero no nos vengan a dar recetas, porque no nos sirven.
Ahora, siguiendo con el tema inicial, creo que en algún momento la Cámara deberá pronunciarse. Porque cuando se hace la denuncia respecto, primero, del uso de la información reservada; segundo, de la falta de pluralismo en estas negociaciones, y tercero, de que diputados están traspasando la legalidad y la constitucionalidad no debemos olvidar que el reajuste que hoy se otorga al sector público, también nos beneficia, no tiene buena presentación ir a hablar con el ministro de Hacienda y con los representantes de la Anef, a fin de conseguir un porcentaje mayor.
Hay una muy buena inspiración, lo reconozco; pero, ¡ojo! Si se ha hecho presente que estamos al borde de la constitucionalidad, que no vengan algunos diputados a decir que esa no es su Constitución, ya que gracias a ella están en la Cámara y reciben una dieta. ¡Ahí sí que sirve la Constitución! O sea, cuando se trata de hacerse los lindos con los trabajadores, vale la Constitución; cuando quieren votar, vale la Constitución.
A lo menos, la Cámara debería pronunciarse respecto de la actitud de algunos diputados, pues para ocupar el cargo se jura la Constitución y, nos guste o no, hay que respetarla. Esto lo digo para uno o dos que expresaron, días atrás, su desprecio por la Carta Fundamental.
Obviamente, los sueldos de los trabajadores del sector público no son bajos: son malísimos, muy malos. Por eso, queremos un reajuste mayor al que se propone y que el sector público sea mejor pagado. Pero, para esto, tiene que haber voluntad y decisión, y resulta que se viene a rasgar vestiduras por los trabajadores del sector público frente al escándalo, primero, de los veinticinco millones de dólares al año en honorarios. ¿Quiénes los han recibido? ¿Los trabajadores del sector público? No. Los apitutados, los amigos del gobierno de turno.
Pero quiero ir más allá. Según la cifra de la Contraloría General de la República, en setenta mil millones de pesos se calculan las indemnizaciones. ¿Quiénes las recibieron? ¿Los trabajadores del sector público? No. Altos ejecutivos del Gobierno de la Concertación.
Además, con indignación hemos sabido que en las empresas donde se concedieron altas indemnizaciones Correos, RPC, Enapni siquiera se les pagó su previsión a los trabajadores. Frente a este escándalo, el señor Jocelyn-Holt no puede pedir consecuencia.
Por último, quiero anunciar que votaremos así lo reafirmará el jefe de mi bancada favor de la idea de legislar. Somos responsables en nuestro trabajo, pero queremos decir que rechazamos la mezquindad del reajuste.
Queremos validar la libertad para votar como estimemos conveniente. No nos dejaremos presionar ni impresionar por discursos o pataletas del señor Jocelyn-Holt . Somos responsables y daremos la cara. Si nos equivocamos, asumiremos nuestra responsabilidad. El día de mañana, la ciudadanía y el electorado sabrán quién miente.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Según lo que se acordó, cito a reunión de Comités en la sala de lectura, sin suspender la sesión.
El señor MOREIRA.-
Mi bancada está dispuesta a ir a la reunión de Comités, pero ojalá sea en serio y cuente con la presencia de la Concertación. No nos prestaremos para lo que ocurrió hace algunos minutos, en que estuvo la Oposición, pero nadie de Gobierno.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Muy bien, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, no sé qué pasa en la Concertación, pero, al parecer, se ha aplicado una treta en varias negociaciones. Primero, se recorta; después, los diputados negocian y quedan como reyes. Pero esta vez no les resultó, porque el ministro no está en condiciones de acceder a su petición.
El diputado señor Jocelyn-Holt solicitó sensibilidad. Sin duda, la hay con el alza del porcentaje de reajuste de un 3,5 a un 4,3 por ciento, pero faltó un 0,3 para que quedáramos todos contentos. Con ese 0,3 por ciento la sensibilidad habría sido completa y los trabajadores estarían contentos.
Además, no es la primera vez que pasan estas cosas. Si se analiza cómo ha aplicado las leyes la Concertación, es fácil darse cuenta para dónde van. Por ejemplo es bueno que lo escuche también el ministro del Trabajo, se presentó el proyecto de reforma laboral para fortalecer los sindicatos y el derecho a huelga, pero, ¿qué hizo el Gobierno con la huelga del Metro? Ignoró todas las normativas que había propuesto: trabajadores adicionales, rompimiento de huelga, vacaciones, en fin. O sea, actuó como el cura Gatica: hagan lo que digo, no lo que hago. Por eso, no es raro lo que pasa hoy.
Analicemos el caso de los profesores. Pidieron un 13,6 por ciento y el Gobierno accedió, pero en tres años. Después solicitaron el 14,6 por ciento. ¿Qué dijo el Gobierno?: “Es tan poca la diferencia”, y les dio ese reajuste, pero la diferencia entre el 13,6 y el 14,6 en dos años.
El 0,3 por ciento que piden los trabajadores fiscales es mucho menos que el reajuste que se les otorgó a los profesores. Bien por éstos, que pudieron negociar. Nos alegramos enormemente.
Es decir, se va gota a gota y no se hace una negociación completa para que, en definitiva, la gente sepa a qué atenerse.
Veintiocho mil millones de pesos cuesta el proyecto y en indemnizaciones se han pagado veintiséis mil millones de pesos. O sea, los trabajadores del sector público van a recibir sólo dos mil millones de pesos más que los indemnizados por el Gobierno. ¡Cómo puede decirse que no hay plata! Existe, pero debe administrarse bien, destinarse donde corresponde. Hay que tener contenta a la gente que realmente ayuda a la función pública y que dignifica la labor de un gobierno.
No nos achaquen responsabilidad. No somos parte del Gobierno, pero queremos, como lo hemos dicho en todos los tonos, ayudar, porque, aunque parezca raro, nosotros pretendemos que al Gobierno le vaya bien. Entre mejor le vaya, mejor estará la gente. Y esto parece que no lo ha entendido la Concertación. Estamos interesados en que se resuelvan los problemas nacionales, y éste es uno de ellos.
Ayer, para ser preciso, me tocó ir a la Secretaría Regional de Obras Públicas en Temuco. Las oficinas estaban cerradas por el reajuste indigno y no pude ser atendido. En la Intendencia, lo mismo. ¡Si la gente de Gobierno es el patrón del sector público y, en definitiva, la que paga los sueldos de esos trabajadores! En consecuencia, ¿cómo un país del que se dice que es el tigre de América Latina no tiene para aumentar en un 0,3 por ciento el reajuste?
Estas son las cosas que producen indignación. No se trata de que queramos aprovechar una coyuntura política. El ministro deberá explicar in extenso cuál es la razón, porque todos los diputados que no hemos sido invitados ni intervenido en la negociación la desconocemos.
Quizás pasará algo similar a lo que ocurrió con el proyecto que modificaba la ley de Pesca, que lo dieron por aprobado, pero fue retirado de la convocatoria diez minutos antes de que se comenzara a tratar. Esto habla mal del Gobierno y de los partidos que lo conforman.
¡Cómo suplicaba en forma subliminal el diputado señor Jocelyn-Holt a los diputados socialistas y pepedés para que aprobaran el proyecto! Sé que tampoco están de acuerdo con este reajuste. Seamos honestos. No soy el indicado para juzgarlos, pero sé, por las conversaciones de pasillo, que están en desacuerdo.
Digamos las cosas como son. No tengamos miedo de enfrentar los hechos. Nosotros hallamos insuficiente el reajuste, porque es un “pelito” más que el IPC y se está perdiendo el poder adquisitivo, porque si hay algo que se falsea en Chile es el IPC. Lo pueden ver las dueñas de casa y quienes van a comprar. ¡Está absolutamente falseado! Se manipulan los productos para calcular el IPC. Lo sabemos todos. El azúcar, el petróleo y los fletes suben mes a mes. Ahora subirá de nuevo la bencina, veintitantos pesos. Pero no hay plata para otorgar un 0,3 por ciento más de reajuste.
Pensaba abstenerme, pero aprobaré las asignaciones y esas cosas y votaré en contra del artículo que establece el 4,3 por ciento de reajuste pediremos votación separada, porque si aprobamos la idea de legislar y el proyecto como está, al no haber indicaciones, se daría por aprobado con el 4,3 por ciento.
Ahora, si la Concertación no reúne los votos para aprobar el 4,3 por ciento, la gente quedará un año sin percibir reajuste, lo cual será mucho peor. Esa es la verdad.
Por lo tanto, deseo preguntar al señor ministro qué razones hubo para no aumentar ese 0,3 por ciento, porque así habríamos podido aprobar el proyecto por unanimidad y no estaríamos empantanados en este punto. Insisto, deseo que el señor ministro nos diga cuáles fueron esas razones técnicas o si se trata de falta de recursos.
En lo particular, voy a votar en contra la parte que se refiere al 4,3 por ciento. Creo que estas señales hay que darlas antes de venir a pasar un bochorno aquí. No me cabe duda de que, a pesar de todas las buenas intenciones y de las conversaciones habidas sobre el particular, la Concertación va a votar a favor el proyecto, a contrapelo. De lo contrario, sería un tremendo revés para su Excelencia el Presidente de la República y el ministro Eyzaguirre . O sea, el tema de las indemnizaciones pasa a segundo plano si hoy no se quiere evitar este bochorno, el segundo en los últimos quince días. El primero fue cuando se presentó el proyecto que modifica la ley de Pesca.
No tenemos ningún inconveniente en que se suspenda la sesión y votemos mañana el proyecto. Si el Ejecutivo presenta indicación para aumentar el reajuste en 0,3 por ciento, les aseguramos, por escrito si quieren, que mañana aprobaremos el proyecto por unanimidad con el 4,6 por ciento incluido. Yo, por lo menos, anuncio que lo voy a aprobar en esas condiciones, y también mi partido.
Insisto, si los trabajadores están pidiendo un 0,3 por ciento más, sugiero que se suspenda la sesión, que conversemos y que votemos el proyecto mañana, sin discusión; pero en este momento, votaré en contra el 4,3 por ciento.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .
El señor MONTES.-
Señor Presidente, la bancada de diputados del Partido Socialista me ha encomendado la tarea de expresar nuestra visión sobre el proyecto de reajuste del sector público.
En primer lugar, queremos manifestar nuestra profunda convicción de que las remuneraciones de una parte importante de los funcionarios públicos son muy bajas y que no corresponden a la importante función que desempeñan.
Estamos también convencidos de que un Estado moderno, como el que Chile necesita, supone remuneraciones más altas y competitivas, requisito esencial para tener un equipo de funcionarios más eficiente, motivado y con mayor dignidad y estímulo. Esto no se puede seguir postergando.
En segundo lugar, durante diez años de gobierno de la Concertación, si bien se han incrementado las remuneraciones de los funcionarios públicos y se han generado sistemas parciales de incentivos al desempeño, su situación es muy desigual. La mayoría está muy mal pagado. El 42,5 por ciento de los funcionarios municipales, por ejemplo, gana menos de 165 mil pesos, y el 68 por ciento, menos de 250 mil pesos. Por otra parte, hay sectores de funcionarios públicos cuyas remuneraciones están muy por encima de las de mercado, como algunas superintendencias.
Queremos sostener, con mucha fuerza, que a nuestro juicio el gobierno del Presidente Lagos necesita un plan de seis años, todo el período, para mejorar las remuneraciones del sector público, así como también los sistemas de estímulo. Hemos aprobado por lo menos siete, pero ha llegado el momento de revisarlos y de fijarnos una perspectiva de seis años para ver la manera de que los funcionarios públicos pasen a tener remuneraciones acordes con el papel que desempeñan.
En otros países con un crecimiento interno bruto como el nuestro, se incrementaron sustantivamente las remuneraciones. Es el caso, por ejemplo, de Singapur, que multiplicó por cuatro las remuneraciones del sector público y, en otro lado, hasta por cinco veces. Esto se hizo en el ciclo de expansión y crecimiento de la economía.
Lamentablemente, en el caso nuestro, si bien ha habido un proceso de mejoramiento respecto de la situación tan desmedrada y poco digna de los profesores, trabajadores de la salud y, en general, de los funcionarios públicos, la recuperación habida no dice relación con el crecimiento del producto interno bruto y tampoco se ha iniciado un proceso de mejoramiento más profundo. Pensamos que es necesaria una perspectiva de seis años en esta dirección.
Hoy, que estamos en la parte baja del ciclo económico, las posibilidades son limitadas; pero no podemos eludir el desafío de enfrentarlas y de tener esta perspectiva de mediano y largo plazo. Creemos que las mesas sectoriales pueden hacer un importante aporte en esto. Es el caso de lo ocurrido en educación, donde, después de mucho diálogo y discusión, se logró una perspectiva de más largo plazo, de más tiempo, en función de ir asegurando la recuperación de las remuneraciones de los profesores.
En relación con los funcionarios municipales, es fundamental que el Gobierno le ponga urgencia al proyecto sobre el departamento de bienestar. No puede seguir postergándose, porque es absurdo que los trabajadores municipales no tengan bienestar y que los municipios no tengan posibilidad de transferirles recursos.
El proyecto sobre incentivos para los jubilados, que permanece en esta Cámara de Diputados, también debe tener urgencia, a fin de que puedan jubilar los funcionarios municipales con determinado incentivo.
Además, en enero de este año se firmó un acuerdo con los funcionarios municipales respecto de un nuevo sistema de incentivos. Ese proyecto aún no llega al Congreso. Esto es parte de las discusiones sectoriales que afectan esta negociación.
Reclamamos una perspectiva de mediano y largo plazo para discutir y levantar propuestas para el sector público. Nos preocupa que sólo haya una discusión anual que, en definitiva, no nos permite concordar ni llegar a un plan de más tiempo y mayores perspectivas.
En tercer lugar, estamos claros de que no basta con la convicción y voluntad de mejorar las remuneraciones de los funcionarios públicos. El problema de fondo es cómo financiar estos incrementos. Nadie quiere aquí creo que sea en perjuicio de la educación, de la salud, de la vivienda, de las pensiones o de las inversiones que generan empleo. Un acuerdo de mejoramiento de largo y mediano plazo supone concordar la manera de financiarlo, porque somos serios y responsables. En un país tan desigual como el nuestro, la sociedad debe tomar decisiones al respecto.
Requerimos estructuras tributarias más justas, más adecuadas, que permitan que aquellos que perciben altos ingresos, que están en la cúspide de la pirámide de distribución, aporten más a cambios tan trascendentales como éstos.
Los socialistas no aceptamos como fatalidad la inmensa desigualdad en nuestro país. Debemos discutir alternativas para revertirla, y la situación de los funcionarios públicos debe ser una expresión clara de ello.
Pensamos que la discusión del proyecto sobre evasión y elusión tributaria debería dar gran prioridad e importancia a la generación de recursos para cubrir estos incrementos, a estas mejorías más estructurales en el sector público.
Hacemos un llamado a la Oposición y al empresariado para que, más que seguir buscando distintos problemas, veamos la manera de asegurar una ley sobre evasión y elusión que permita generar los recursos necesarios de aquellas personas que no están pagando sus impuestos para, entre otras cosas, enfrentar este problema.
El financiamiento de reajuste del sector público es un problema que debe asumir el Congreso. Hasta este momento de la discusión no hemos oído, en las intervenciones de la Oposición decir nada al respecto.
A los socialistas no nos ha sido fácil definir una posición frente al proyecto, porque sabemos que muchos funcionarios públicos están mal pagados; porque estamos claros de que existen restricciones presupuestarias y macroeconómicas; porque tenemos claro que el reajuste para el 2001 no será ni mucho menos satisfactorio. Sin embargo, desde que supimos que el reajuste planteado por el Gobierno era de 3,5 por ciento, tomamos diversas iniciativas buscando un nivel más acorde con las necesidades.
Hoy, estamos en un 4,3 por ciento que, si bien representa un incremento, está por debajo de nuestras aspiraciones. El debate ha estado centrado en llegar al 4,6 por ciento, que representa 9 mil millones de pesos adicionales para el conjunto de los trabajadores del sector público.
En verdad, a un trabajador que gana 200 mil pesos esto le representa apenas 600 pesos mensuales; pero creíamos que era importante acercarse a esta cifra, pues permitía enfrentar parte de nuestras aspiraciones.
Hacienda ha hecho indicaciones al proyecto, como la que eleva el bono de solidaridad a 24 mil pesos, y la que crea un reajuste automático para la eventualidad de que la inflación sea superior a la esperada.
Los diputados, como se ha dicho, no tenemos facultades para elevar el porcentaje de reajuste más allá de la iniciativa del Ejecutivo.
Los socialistas, igual que todas las bancadas de la Concertación, tratamos de subir al 4,6 por ciento. No se logró. Intentamos también la posibilidad de un reajuste diferenciado: que para los sueldos más bajos se aplicara un mayor porcentaje que a los sueldos altos. Esto no contó con el acuerdo de los gremios ni tampoco del Gobierno. Ante la opción de votar a favor o en contra, nuestra bancada ha considerado que el rechazo del reajuste significa que no habrá incremento en las remuneraciones.
Si bien hemos resuelto no oponernos, queremos dejar en claro ante los representantes del Gobierno y de los trabajadores que estamos convencidos de que es necesario efectuar un cambio estructural en la fijación del nivel y en el sistema de remuneraciones del sector público, lo cual debe ser prioridad de nuestro Gobierno.
En segundo lugar, el reajuste para el 2001 no nos parece satisfactorio. ¡Pero somos parlamentarios de Gobierno y apoyamos con mucha fuerza al Presidente Lagos! ¡Queremos que haya reajuste! Temíamos que no lo hubiera y que quedara en cero.
Por todo lo anterior, los diputados socialistas hemos decidido votar a favor el proyecto de reajuste del sector público.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .
El señor LEAL.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir al diputado señor Longton que no es la Constitución la que nos permite estar en esta Sala, sino la lucha democrática que dimos los chilenos para derrotar a una dictadura y crear una nueva institucionalidad en el país. Queremos modificar la Constitución para que en las elecciones no haya parlamentarios binominales, senadores designados ni senadores vitalicios, sino que todos correspondan a la expresión del voto popular.
Quiero subrayar que los dirigentes de la Anef saben que los parlamentarios de la Concertación hemos contribuido a aumentar la propuesta de reajuste del Gobierno de 3,5 a 4,3 por ciento; al mismo tiempo, el Ejecutivo ha decidido aumentar el bono y plantear un sistema de reajuste automático para el próximo año en el momento en que se produzca un aumento del IPC por sobre el 3 por ciento.
Debo señalar, con mucha claridad, que nos hubiera gustado que el reajuste correspondiera al nivel del alza del costo de la vida, porque los funcionarios públicos tienen un retraso histórico desde el punto de vista de sus remuneraciones. Además, estamos convencidos de que es muy difícil modernizar un Estado, acercarlo a la gente, desburocratizarlo y crear condiciones para que actúe como regulador poderoso si no existe una Administración Pública bien pagada, calificada y que pueda responder a los desafíos de la modernización, de la regulación y de la apertura de los derechos ciudadanos en el marco de una economía de mercado. Esto no lo hemos logrado.
Personalmente, como parlamentario del PPD, siento frustración porque el reajuste no sea del 4,6 por ciento. Sin embargo, comprendo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo con un presupuesto público reducido. También entiendo porque participamos en la última discusión de la ley de Presupuestos que hemos tenido dos o tres años difíciles por la crisis asiática y la baja internacional del precio del cobre, situaciones que han dañado las finanzas públicas.
Por esta razón, aun cuando tenga una opinión distinta respecto del monto del reajuste, voy a votar favorablemente el 4,3 por ciento en la perspectiva de que los trabajadores públicos tengan reajuste este año, pero también de comprender que parte importante del Presupuesto de la Nación, el 70 por ciento, que se destina al gasto social, está focalizado en la generación de empleo para el 2001.
Este es un tema sobre el cual llamo a reflexionar a los empleados públicos que nos están escuchando. Lamentamos que no se pueda dar un reajuste del 4.6 por ciento, pero queremos subrayar que el Gobierno está colocando recursos muy significativos para generar empleos y reducir la desocupación. Hoy hemos tenido un pequeño pero importante dato: hay un 0,7 por ciento menos de desocupación en el país y esperamos que esto implique que la superación de este porcentaje en la tasa de desocupación no se deba sólo al surgimiento de la economía temporal, sino que a un proceso de reactivación de la economía.
Comprendemos que detrás de este reajuste hay un esfuerzo para canalizar los recursos y resolver el problema más grave que tiene el país, cual es el drama de los 583 mil chilenos y chilenas que no tienen trabajo.
A los parlamentarios de la Derecha, que hoy hablan de un mayor reajuste, quiero recordarles que el sector público nunca estuvo más mal pagado, nunca tuvo menos dignidad, nunca tuvo más exonerados, que durante los 17 largos años que gobernó el régimen militar y la Derecha política de este país.
Es bueno recordar esto, porque no se trata de una experiencia nueva cuando se habla de la Derecha. La Derecha gobernó este país durante 17 años con todo el poder, sin sindicato, sin negociación y sin hábeas corpus. Lo que hicieron fue reducir el 10 por ciento de las pensiones, exonerar a miles de funcionarios de las empresas públicas y del aparato público, pagar indemnizaciones millonarias; es decir, realizaron una política neoliberal que, naturalmente, no queremos repetir. Nosotros no estamos, ni somos ni seremos partidarios de un capitalismo salvaje. Queremos una economía de mercado globalizada, tecnológicamente avanzada y competitiva; una economía de mercado con un Estado regulador, con presencia propietaria en empresas públicas estratégicas y decisivas, como son Codelco y Enami , entre otras. Queremos que el gran contrapeso de este mercado sean los derechos de las personas y de los ciudadanos.
Si deseamos tener más recursos y la Derecha actúa con transparencia y honestidad, entonces, más que avanzar en una política de redefinición tributaria que probablemente no estamos en condiciones de hacer ante la necesidad de reactivar la economía y generar empleos, como tareas urgentes, por lo menos aprobemos el proyecto sobre evasión y elusión de impuestos, lo que significará que todos pagarán, como las grandes empresas, que hoy no lo hacen. Ello permitirá obtener más recursos para enfrentar estos desafíos, entre ellos, pagarles más a nuestros profesores, a los empleados públicos, modernizar el Estado y propender a la desburocratización; es decir, acercar el Estado a la gente.
Simplemente, debemos tener cierta coherencia, porque cuando se habla de las remuneraciones del sector público, algunos colegas de la Derecha parecen olvidar cómo en el mundo empresarial se busca rebajar los salarios a los trabajadores y cómo han aprovechado la crisis para intensificar el trabajo. Si uno lee los balances de las grandes empresas, ¿cuál es la conclusión? Que hoy se está produciendo al ritmo de hace dos o tres años, con un 30 por ciento menos de la mano de obra; es decir, un 30 por ciento menos de trabajadores y un 30 por ciento más de intensificación del trabajo. Además, muchas empresas han aprovechado para reducir los salarios.
Debo señalar a los colegas de Oposición que cuando hablamos de salarios, la Derecha ha hecho un gran escándalo particularmente sus economistas: el Instituto Libertad y Desarrollo, porque en su momento el gobierno de la Concertación firmó un acuerdo estratégico con la CUT para contar con un salario mínimo de 100 mil pesos.
Hoy, son difusas las opiniones de la Derecha, por cuanto sostienen que para reactivar la economía habría que rebajar los sueldos de los trabajadores. Por favor, ¡actuemos con coherencia, de acuerdo con los recursos que tenemos! Dotemos al mundo laboral de mayores derechos aprobando las reformas laborales y el seguro de desempleo.
Finalmente, aprovechando la presencia del ministro Eyzaguirre y los demás ministros del Presidente Lagos, deseo manifestar que soy partidario de que el Gobierno diseñe una política más estratégica desde el punto de vista de las remuneraciones para el sector público.
Debiéramos terminar el sexenio del Presidente Lagos con una Administración Pública pagada de manera completamente distinta a la de hoy, a fin de que efectivamente sus integrantes puedan vivir con dignidad. Muchos de nosotros somos hijos de funcionarios públicos, o provenimos de familias de modestos profesores, de modestos trabajadores públicos, y sabemos lo que significa para mucha gente vivir con un sueldo muchas veces inferior a 260 mil pesos o de 150 mil pesos. Por eso, quiero señalar que, aun cuando hoy no hayamos podido llegar a un acuerdo; aun cuando hoy no sea posible fijar un reajuste más alto, al menos del nivel del aumento del costo de la vida, espero que en el sexenio de Lagos, de manera concordada con la Anef, con la CUT, con los trabajadores, podamos establecer un módulo estratégico de aumento para que los trabajadores públicos de nuestro país tengan remuneraciones dignas, acordes con el esfuerzo y el sacrificio que se les pide cuando hablamos de modernizar y desarrollar el Estado desde el punto de vista de sus nuevas funciones.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, cuando escuchamos intervenciones como las que me antecedieron, del diputado señor Leal o de los diputados señores Montes y Jocelyn-Holt , nos damos cuenta de que detrás de toda una gran verborrea, de un gran despliegue verbalístico, no hay sino la confesión de un tremendo fracaso. Después de once años de gobierno de la Concertación, venir ahora a decir cuánto necesitamos una Administración Pública mucho mejor pagada, tratada y remunerada, demuestra el fracaso de las políticas de la Concertación en estos años. Poco o nada se saca con recordar lo que pasó en otros años, en otros tiempos, cuando ha habido once años para modificar y hacer los cambios que esa situación requería.
Cabe recordar, entonces, lo que se dijo en la campaña presidencial, en el sentido de que lo que no se hizo en diez años anteriores cómo lo van a hacer ahora.
Estamos enfrentados a un tema de la máxima importancia, relativo a la Administración Pública; pero no podemos abocarnos a él de manera reductiva, por no decir frívola. Cuando se aprobó el Presupuesto, se dijo que el 70 por ciento iba a gasto social, pero en ese gasto no se consideró propiamente a la Administración Pública. Aquí hay un error conceptual de la máxima importancia, porque si no se considera que la Administración Pública es gasto social, esa administración recibe lo que sobra del presupuesto y del uso de los impuestos. Por eso la situación de extrema menesterosidad en que ella se debate. Sin embargo, nada hay más importante para el país que disponer de una Administración Pública eficiente, motivada y, para eso, bien remunerada.
Discutir ahora si vamos a dar el 4,3 por ciento, el 4,6 por ciento o el 3,5 por ciento, parece verdaderamente irrelevante, porque con eso se escamotea el problema de fondo. La verdad es que el financiamiento de la Administración Pública debe constituir el objetivo principal del gasto social. Nada hay más social que el gasto que se hace en la Administración Pública, y el que ahora no lo constituya significa que como país hemos perdido el buen orden de nuestras prioridades.
No es posible que sólo una vez al año nos aboquemos al tema de la Administración Pública y lo hagamos en forma apresurada, en una sesión vespertina, a última hora del día y referidos sólo a un magro reajuste.
Es hora, pues, de poner en debate el tema de la Administración Pública en toda su dimensión; su modernización y, por lo tanto, su integral remuneración. Mientras ello no se haga, discusiones como ésta constituyen en el fondo, a mi juicio, una burla para el país y para los funcionarios públicos, a los cuales, por una parte, les exigimos el máximo de las probidades y estamos dispuestos a castigarlos con el máximo de las penas, pero les negamos los recursos mínimos para que cumplan en forma adecuada las importantes funciones que están llamados a desempeñar.
Por eso, no puedo aprobar una discusión como ésta cuando como digo, en la única oportunidad del año en que tratamos el tema de la Administración Pública, escamoteamos los puntos más importantes de ella.
Por lo anterior, en esta ocasión me voy a abstener. No se trata de dejar sin reajuste a los funcionarios públicos, sino, al menos, de llamar la atención, de dar una señal de que no es posible que sigamos escamoteando el tema fundamental de nuestro país, cual es la modernización y remuneraciones de la Administración Pública.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, la discusión sobre el proyecto de aumento de remuneraciones, en particular cuando se trata del sector público, obviamente siempre es difícil, complicada, traumática. Hoy estamos ante un debate de la misma naturaleza. La excepción, en este caso, no confirma la regla.
Aún más, esta discusión ha tenido un componente torpe, pero novedoso, cual es que por primera vez en diez años de democracia parlamentarios de la Oposición y como aquí lo ha expresado el diputado señor Longton han intentado descalificar en forma grotesca y burda la actuación de diputados de la Concertación, quienes no hemos tenido otro norte que cumplir fielmente lo que la Constitución señala: ser representantes y canalizar las inquietudes de un vasto sector ciudadano, como el de los empleados públicos, a fin de mejorar sus remuneraciones actuales.
Eso ha significado para la Derecha incluso para el editorial de “El Mercurio ”instar y provocar a esos funcionarios para que pidan la inhabilidad de los diputados de estas bancadas; es decir, nos quieren inhabilitar porque estamos ayudando a los trabajadores del Estado y al sector público a mejorar sus remuneraciones.
Entonces, cuando escuchamos que la Derecha está preocupada por la suerte de los trabajadores del sector público y que le interesa participar en una discusión sobre la materia, en realidad, en los hechos, hacen otra cosa: critican, menoscaban y denuestan a parlamentarios de Gobierno que sólo hemos tenido como objetivo intentar canalizar al Gobierno las válidas inquietudes de los trabajadores, a fin de mejorar sus remuneraciones.
Esto sólo comprueba que a la Oposición no le interesa el mundo laboral. Yo les pregunto: ¿por qué no fueron a conversar con los dirigentes de la Anef? ¿Por qué no trabajaron en el Palacio Ariztía y pidieron a la Anef una entrevista para interesarse en los problemas de los trabajadores, para ver de qué manera ayudaban a que el reajuste fuera superior? ¿Por qué no le pidieron entrevistas a la CUT y conversaron con sus dirigentes para ayudarlos a buscar una solución? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa el mundo laboral. Esa es la verdad. Si efectivamente quisieran mejorar las remuneraciones de los trabajadores, habrían atravesado la Alameda y pedido una entrevista con los dirigentes de la Anef; los habrían escuchado y opinado con ellos, habrían reflexionado y buscado acuerdos. Eso es lo que hace un parlamentario en democracia: intentar buscar acuerdos, trabajar en conjunto con los sectores afectados. Nada de eso ha ocurrido de parte de la Oposición y hoy ésta dice: ¡No al 4,3 por ciento; es muy poco. El 4,6 nos interesa! Eso es demagogia y los acusamos de ser demagogos ante los trabajadores públicos.
Cuando el Gobierno planteó el reajuste hace más de 15 días, habló de un 3,5 por ciento. Después de 15 días, estamos en el 4,3 por ciento, más muchos beneficios y mejoramientos, los cuales no han sido conseguidos por nosotros, sino por los trabajadores, porque se han movilizado, han conversado con los parlamentarios y se sientan en una mesa a dialogar con el Gobierno, y eso ocurre porque estamos en democracia. Durante la dictadura, eso no sucedía: simplemente, se informaba el monto del reajuste del sector público y no había ninguna capacidad para movilizarse, para conversar, para venir al Congreso Nacional porque no existía, lo cual sí ocurre en democracia.
Hoy, el Gobierno y los trabajadores tenemos una diferencia económica que no debe alejarnos; por el contrario, nos debe llamar a reflexionar para que esto no vuelva a ocurrir, para limar esa diferencia sin perder el norte que siempre hemos tenido con los trabajadores, ya que en cada una de las oportunidades en que así lo han requerido, hemos estado con ellos; la Derecha no ha tenido la misma conducta. Por eso, la diferencia que hoy tenemos no nos debe alejar por ningún motivo.
En tercer lugar, aquí se ha planteado también que a la Oposición le interesa el sector público. La verdad es que, permanentemente, ella se ha negado a aumentar las plantas de dicho sector. Es así como cada vez que se trató un proyecto para aumentar sus plantas, la Derecha se opuso al ingreso de más trabajadores al sector público. Entonces, ¿queremos dar más trabajo en el sector público o todo esto es sólo demagogia y palabrería falsa y vana?
El Gobierno ha implementado una política fiscal seria, en atención a que no podemos olvidar las restricciones económicas que hoy sufre nuestra economía, lo que impide entregar un reajuste superior. Ello nos debe llamar a reflexionar, porque estamos ante un equipo que ha ejecutado una política económica seria, con rigurosidad fiscal. Lo peor que podría ocurrir es que hoy se entregara un reajuste superior al 4,3 por ciento. ¿Quiénes pagarían las consecuencias? Los propios trabajadores. No hacerlo configura una conducta responsable y seria. Sin embargo, lo que hoy ha ocurrido nos debe llamar a reflexionar. Permanentemente debiera establecerse una conversación, no sólo quince días antes, sino durante todo el año, para evitar lo que está sucediendo en esta oportunidad.
Más allá de las diferencias que hoy existen por el monto del reajuste, es obvio que todos quisiéramos un porcentaje superior; pero la realidad económica del país nos obliga a aceptar lo que el Gobierno ha propuesto.
Desde ese punto de vista, la bancada del Partido por la Democracia va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
“¡Miente, miente, que algo queda!”. Ese parece ser el lema del diputado señor Aníbal Pérez .
En los diez años de Gobierno, la Concertación diputado señor Pérez , y me dirijo a él a través de usted, señor Presidente ha aprobado aumentos de planta para los Servicios de Aduana, de Impuestos Internos, del Servicio Agrícola y Ganadero y para varias superintendencias. Jamás nos hemos negado a tales aumentos de planta, porque valorizamos lo que es un sector público estable y bien remunerado, objetivo que, por lo demás, en estos once años, la Concertación nunca ha abordado en forma seria, integral e inteligente. Hoy vaticino que en los próximos seis años tampoco lo hará. Pero vamos al tema que hoy nos ocupa.
Hace algunos días se nos citó para discutir y votar el proyecto que modificaba la ley de Pesca. A último minuto se retiró de la convocatoria, porque, al parecer, no contaba con los votos de la Concertación; hoy hemos dado un espectáculo al comienzo de esta sesión estuvo a punto de fracasar, porque el proyecto de reajuste del sector público tampoco contaba situación preocupante con los votos de la Concertación.
Ello refleja, a mi juicio, la descomposición progresiva que sufre el conglomerado de Gobierno, fruto de algo que debimos haber previsto: hace ya demasiado tiempo que la Concertación pretende gobernar y ser oposición simultáneamente, y eso no es posible. O el conglomerado gobierna o el conglomerado es oposición; pero esta permanente actitud de que algunos gobiernan y otros se oponen, ha erosionado al conglomerado de Gobierno en forma progresiva, como ocurrió cuando se iba a debatir el proyecto sobre la ley de Pesca el cual no se pudo votar, y hoy, cuando casi fracasa la tramitación del proyecto de reajuste para el sector público.
Más allá de que yo pertenezca a la Oposición, lo lógico sería alegrarme por una descomposición del conglomerado de Gobierno. Sin embargo, ella no me alegra, y me preocupa que nuestro país quede sin Gobierno. Lamentablemente, ése es el espectáculo que ha estado dando la Concertación, fundamentalmente en el último tiempo, en el tratamiento de diversos proyectos de ley.
Es importante que la Concertación deje de hacer esta demagogia, en cuanto a ser Oposición y Gobierno simultáneamente. Es imposible que un conglomerado político tenga las ventajas de ser Gobierno y, simultáneamente, las de ser Oposición. Eso no es posible. Evidentemente, esto lleva al preocupante caos que hoy el país está comenzando a vivir. Los efectos de esta actitud están haciendo agua en nuestro quehacer.
Por eso, desde la Oposición, preocupado de la gobernabilidad de nuestro país, formulo un llamado a la Concertación a recomponer sus filas y a ser seria: si son Gobierno, actúen como tal; si son Oposición, actúen como tal. Ambas conductas no pueden convivir simultáneamente, porque hacerlo significaría desgranar la coalición gobernante.
Hace once años que la Oposición no gobierna y como ha sostenido el diputado señor Ibáñez poco o nada se ha hecho para reformar globalmente el sistema de nuestra Administración Pública. Todavía existe un importante número de empleados públicos que está no sólo mal pagado que es lo que hoy se discute, sino trabajando a contrata, asimilado a un grado de la escala única; son personas que, como cada doce meses terminan sus contratos, viven la más grande de las inestabilidades, y si no se les renueva el contrato, no tienen ningún tipo de indemnización, ni siquiera la establecida en el Código del Trabajo, de un mes por año de servicio, con un tope de once años y 90 UF. ¡Nada! Así vive, señores parlamentarios de la Concertación, un número muy importante de empleados públicos.
Tenemos otro grupo muy importante: los empleados públicos a honorarios, cuyas imposiciones ellos mismos se las tienen que hacer en caso de que deseen acogerse a los sistemas previsionales y de salud, y están expuestos a la misma inestabilidad de los funcionarios a contrata. Pero en estos once años nada se ha hecho por plantear una discusión seria respecto de la Administración Pública para dar estabilidad a la gente que la merece, y fijarles sueldos justos. Nada de eso se ha hecho. Hoy, ¿qué hay? Se discute un 3,5 por ciento, un 4,3 por ciento, un 4,6 por ciento, es decir, la nada misma, y mañana olvidaremos esta discusión; y me atrevo a aventurar que el próximo año no habrá pasado nada de fondo, y nuevamente discutiremos si un guarismo es de algunas décimas más o algunas décimas menos.
La Unión Demócrata Independiente ha decidido no aprobar el proyecto de reajuste que se nos ha enviado, porque en la práctica significa una disminución de las remuneraciones del sector público. En el reajuste del año pasado, el Gobierno entregó un aumento de remuneraciones de un 4,9 por ciento, que se descomponía en un 3,5 por ciento para compensar la inflación esperada para el año 2000, y un 1,4 por ciento, como un aumento de productividad y equidad.
¿Qué ha ocurrido el año 2000? El Gobierno se equivocó, y la inflación real será superior a la esperada. ¿En cuánto? No lo sabemos aún, porque el año 2000 aún no ha terminado. Según estimaciones del ministro señor Eyzaguirre , la inflación de este año debiera ser del orden del 4,6 por ciento, es decir, un 1,1 por ciento superior al 3,5 por ciento, que fue la inflación proyectada por el Gobierno para este año. Es decir, si aprobamos el 4,3 por ciento que estamos discutiendo hoy día, que corresponde a la inflación esperada del 3 por ciento más un aumento de productividad de 1,3 por ciento para el año 2001, nos estamos olvidando, en la práctica, de dar a los empleados públicos un reajuste igual al IPC del año 2000. Eso es lo que estamos haciendo hoy al aprobar el 4,3 por ciento. Repito: no estamos compensando a los empleados ni siquiera por la inflación del año 2000, que será del 4,6 por ciento; aproximadamente 1,1 por ciento superior a la estimada por el Gobierno.
Por este mecanismo de subestimar en forma permanente la inflación del año siguiente, podríamos rebajar en forma sistemática el sueldo a los empleados públicos. Es decir, si todos los años suponemos que la inflación será menor que la resultante en la realidad, todos los años les estaremos quitando a los empleados públicos un porcentaje del IPC. Evidentemente, eso, para nosotros, es inaceptable como práctica. No estamos dispuestos a aprobar un proyecto de ley de reajustes de remuneraciones del sector público que no compense, por lo menos, en el ciento por ciento el reajuste que debería otorgarse de acuerdo con el IPC real del año 2000, que repito será superior al estimado por el Gobierno.
Se sostiene que no hay recursos para otorgar un reajuste mayor; sin embargo, para otras cosas sí los hay. Por ejemplo, hay dinero para pagar indemnizaciones en las empresas públicas, en vez de ingresar sus montos como utilidades para el Estado; hay recursos para gastos reservados muy importantes, respecto de los cuales hemos tratado, durante la discusión de todas las leyes de Presupuestos, que se informe a la Contraloría General en forma detallada y reservada en qué se gastaron. Pero el Gobierno ha rechazado nuestra proposición, porque no quiere que se sepa a qué corresponden los gastos reservados. No acepta rendir cuenta detallada de ellos, sino sólo en forma global. Así, después que se gastan estos recursos, los ministerios dicen que lo han hecho correctamente. Eso no es posible en un país civilizado y ordenado.
Como digo, siempre hay recursos para gastar en otras cosas menos importantes. Por ejemplo, en una conferencia internacional que se desarrollará este año en Chile y que durará tres días, se gastarán 1.500 millones de pesos. ¡Tres millones de dólares! Yo no soy experto en la organización de eventos de esa naturaleza, pero me cuesta pensar cómo se pueden gastar 1.500 millones de pesos en tres días. Y podría seguir citando otros casos. Nunca hay recursos para las cosas importantes, pero sí para otras, que no se tiene el valor político de explicitar. Finalmente, como ocurre en este caso, son los funcionarios públicos quienes deben pagar el costo de que no haya reajustes dignos para ellos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Me permite, señor diputado? Ha sobrepasado su tiempo.
El señor DITTBORN.-
Termino, señor Presidente. No podemos aprobar un reajuste para los funcionarios públicos que no alcanza ni siquiera al ciento por ciento del IPC de este año, que será de 4,6 por ciento. A partir de ese porcentaje, deberíamos sumar las estimaciones de aumento de productividad y equidad que da el Gobierno, que es de alrededor del 1,3 por ciento.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, espero distraer por relativamente poco tiempo la atención de las señoras y los señores parlamentarios.
(Manifestaciones en las tribunas).
Yo he escuchado a todos los diputados con mucho respeto; de manera que les pido sólo algunos minutos de silencio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio y escuchar con respeto al señor ministro.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Las distintas intervenciones que he escuchado me hacen concluir que, en gran medida, he fracasado en lo que pretendí hacer. Le corresponde al ministro de Hacienda casi como a ningún otro aplicar políticas de Estado sustentables, que no se avengan con el populismo, sino con la realidad de la economía; que representen mejores condiciones de vida para la gente, no sólo hoy, sino también mañana y pasado; que se basen en una sana asignación de recursos y en las reglas que, al fin del día, prevalecen más allá de las voluntades.
En esta primera oportunidad en que me ha tocado negociar el reajuste de remuneraciones para el sector público, he propuesto al país una manera de ver el tema que ha tensionado al Congreso de una forma que no puedo ignorar. En ese sentido, también me siento profundamente responsable con los trabajadores.
Antes de llegar a este honorable foro algunas veces con el ministro Solari , y otras, con mi equipo, celebré más de una decena de reuniones con los trabajadores del sector público. Tanto en reuniones ampliadas como en otras más confidenciales, he intentado escudriñar hasta el fondo cuáles son sus legítimas aspiraciones y, desde el punto de vista de los recursos y las disponibilidades reales, satisfacerlas en la medida de lo posible.
Hace poco tiempo, nos reunimos en una importante conferencia anual, en la cual imperó la confianza. En economía distinguidos miembros del Parlamento, sin confianza, los pueblos no avanzan. Cuando tenemos perspectivas tan radicalmente opuestas, como las que he escuchado hoy día, sólo un ministro de finanzas puede temblar. Tal como lo ha dicho el Presidente en innumerables oportunidades, en economía nadie sobra. Si no logramos una unidad de propósitos de trabajadores y empresarios, campesinos y agricultores, jóvenes y gente de la tercera edad; si no trabajamos todos en pro de un Chile mejor, los esfuerzos que se hagan serán completamente estériles. En esa perspectiva, aspiraba honradamente a generar consenso sobre la base de mis propuestas. Más que a nadie, me corresponde a mí casi exclusivamente asumir la responsabilidad de lo que hoy está sucediendo y no la eludiré. En mi ministerio y bajo mi diseño con la inestimable ayuda del ministro Solari se materializó el proyecto de ley que tienen en su poder.
Desde la partida, quiero aclarar el tema de la participación parlamentaria. Las reuniones sostenidas con las 14 organizaciones sindicales del sector público representadas en la mesa han sido ampliamente difundidas a toda la comunidad, a través de conferencias de prensa otorgadas por los trabajadores y por los servidores públicos que represento. En tal sentido, fue por iniciativa espontánea de algunos diputados solicitar audiencia a este ministro, con el objeto de enterarse, en su calidad de colegisladores, de los detalles de las negociaciones. Probablemente radique en mi persona gran parte de la culpa de que, no obstante haber mantenido contactos esporádicos, esto no se hiciera extensivo a las distintas bancadas representadas en el Congreso y se concentrara en los partidarios del Gobierno. Sin embargo, la Oposición política sabe que las puertas siempre han estado abiertas, que hemos consensuado un conjunto de proyectos de ley, como el de las Opas y el de Presupuestos. Es probable que haya debido hacer más amplia la invitación, pero asumo la responsabilidad que me cabe en ello.
Señoras y señores diputados, esta primera negociación durante este tercer gobierno de la Concertación se ha enfrentado en condiciones extremadamente particulares que no vivimos durante los diez años pretéritos. Ustedes deben conocer la situación que sobrevino después de la crisis asiática, que dejó tendida en el suelo a la mayoría de las naciones emergentes y a más de la mitad de las economías del mundo, y por el alza inusitada del precio del petróleo a que hemos asistido durante el año en curso.
Diputado señor Dittborn sé que está informado sobre esto, una simple inspección de revistas de divulgación le permitirá establecer que en la enorme mayoría de las economías del mundo, la inflación, durante este año, tenderá a ser del orden de dos puntos más alta que en los períodos pretéritos, debido a la necesidad de acomodar un alza de más del ciento por ciento en el precio del petróleo. Tal circunstancia ocurrió en los Estados Unidos, en los países de Europa y en los latinoamericanos, quizás con la excepción de algunos pocos, como Argentina.
El choque inflacionario y de ingresos que ha implicado el alza del petróleo ha creado problemas, en las negociaciones sindicales de recuperación del alza del costo de la vida, mucho más allá de nuestras fronteras. Tan sólo permítanme hacer presente que en Colombia los trabajadores han perdido un 15 por ciento real en los últimos dos años; que en Brasil hace tres años que los salarios del sector público y del privado no se reajustan, en circunstancias de que la inflación ha excedido el 10 por ciento; que en Argentina los salarios nominales han sido reducidos y, en el nuevo plan con el Fondo Monetario, permanecerán congelados por un quinquenio completo en adelante.
Nosotros no somos productores de petróleo, y como ocurriera durante los años 70 y 80 y los invito a releer la literatura de la época, una responsabilidad país nos obliga a enfrentar maduramente y con la cara en alto este problema.
La inflación de 4,6 se ha excedido en dos puntos a lo que hubiera sido de no haber mediado el impacto petrolero, según cifra del Banco Central. Si esa situación no hubiera prevalecido, habríamos tenido una inflación inferior a lo que se establece para el año venidero, y esta discusión no habría tenido lugar.
Paralelamente, los señores parlamentarios, que nos han distinguido con la rápida aprobación de la ley de Presupuestos, conocen exactamente en qué se ha usado la inmensa mayoría de los recursos públicos, y aunque aún nos falta transparentar más partidas, hemos tomado un compromiso, plasmado en un protocolo, de seguir haciéndolo cada día, con el objeto de que todos y cada uno de los chilenos y todos y cada uno de los parlamentarios conozcan exactamente en qué se gastan los ingresos públicos.
La partida del Tesoro, con la cual se financia el incremento de los salarios del sector público, es extremadamente restringida, y los señores parlamentarios la conocen en toda su identidad.
Déjenme ser extremadamente franco. Hoy, lo que nos separa de la propuesta que algunos distinguidos parlamentarios han hecho en la Sala, es tan sólo del 0,3 por ciento, que representa alrededor de 10 mil millones de pesos. Quiero ser claro en que el esfuerzo, que ya ha hecho el Gobierno, de ir acercando más la realidad del reajuste a lo que es la situación socioeconómica de los trabajadores del sector público, ha implicado varias veces ese número y, por tanto, hoy las reservas disponibles simplemente no existen.
Pero la defensa de las 3 décimas que faltan sobre la base de los 10 mil millones de pesos, claramente es feble. Ustedes bien me podrían decir: “Bueno, ministro, por qué se están dando 24 mil pesos por la vía de un bono y por qué no los transforma en 0,3 puntos adicionales y todos quedamos amigos”.
Quiero invitar a los señores parlamentarios a que, desapasionadamente, lean la prensa de los últimos días y vean la encrucijada en que me encuentro. No sólo en Chile, sino que es una experiencia universal, resulta válido afirmar que la dinámica de fijación de salarios en la economía común, de todos no sólo en el sector público, toma como parámetro fundamental la evolución de los salarios públicos. Existen vastos antecedentes en la prensa de hoy, donde ustedes podrán ver a calificados economistas de posiciones distantes del Gobierno que así lo atestiguan.
Habría sido una debilidad de carácter negociar sobre la base de la inflación del año, después de 10 años ininterrumpidos de negociaciones fundadas en la inflación futura, de la cual los trabajadores del sector público se beneficiaron en forma muy importante, en particular en el último año, cuando la inflación proyectada fue de 3,5 por ciento, en tanto la inflación que terminaba fue de tan sólo del 2,3 por ciento. En aquella oportunidad nadie hablaba de inflación pretérita.
Podríamos haber intentado un 4,6 por ciento. La variable fácil siempre está disponible. ¿Cuál habría sido la consecuencia? Los invito a pensar en Chile. ¿Qué le estaríamos diciendo al país si hubiéramos generalizado el 4,6 por ciento como un piso de negociaciones salariales en Chile en un momento en que la patria está afectada por un flagelo de un 10 por ciento de cesantía? Que cada vez que tengamos un daño económico causado por elementos ajenos a nuestra propia política esto es, por choque de carácter internacional estaremos en la obligación de compensar en un ciento por ciento a todos los trabajadores del país, aunque no produzcamos ese bien o servicio. A quien sea que estuviere en el gobierno, no le deseo manejar una economía de esas características. En particular, no estoy disponible para una decisión de ese tipo, porque sería una clara aventurilla del presente para condenar a los trabajadores a altas cifras de desempleo en el futuro.
En definitiva, ustedes comprenderán que requiere un gran coraje moral, aunque me puedo equivocar, el mantener y haber convencido al conjunto del Gobierno y haber, quizás, tensionado hasta el extremo a los propios parlamentarios de mi coalición de Gobierno, por no avenirme a 3 décimas de reajuste adicionales. Lo estoy haciendo, porque tengo el convencimiento íntimo y más profundo de que hacerlo implicaría retroceder, muy fundamentalmente, en la forma en que la economía funciona, en la flexibilidad necesaria que debe tener una economía pequeña y apartada en el mundo, como ésta, para adaptarse a perturbaciones de origen externo que no sólo tendremos ahora, sino mañana y pasado mañana.
He tratado, incansablemente, de explicar esto a los dirigentes sindicales, quienes son, en definitiva como el conjunto de trabajadores del país, a quienes nos debemos. Les he propuesto que, dado que la situación de austeridad alcanza particularmente este año ciertas características, negociemos un trato multianual. Incluso, estuve dispuesto a poner cifras más interesantes en los años posteriores, con el objeto de hacer obras y no palabras la disposición de compensarlos plenamente en el tiempo, de acuerdo con sus incrementos de productividad.
Esta negociación, de carácter general, es, particularmente estimada por aquellas partes de los trabajadores del sector público que no tienen mesas sectoriales.
Se sabe que así como los profesores lo sabe muy bien Raúl de la Puente, los trabajadores de la salud también tendrán sus negociaciones. Es un compromiso de este Gobierno y espero, señor Dittborn , que no tenga que ruborizarme que cuando termine su gestión pueda orgullosamente decir que hemos cumplido. Estamos avanzando fuertemente con los trabajadores en un esquema de nuevo trato, basados fundamentalmente, tal como fue el caso de la exitosa...
Manifestaciones en las tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Advierto a las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
No les pido que estén de acuerdo conmigo; simplemente, que me escuchen.
En la propuesta que, felizmente, hemos llegado a término con los profesores, se ha incrementado cada día más el elemento de productividad y desempeño como elemento de remuneración. En ese sentido se orientan nuestros esfuerzos; hoy con los profesores, mañana con la Anef, pasado mañana con los trabajadores de la salud. Hemos intentado también evitar que los trabajadores de menores ingresos sufran con la lacra de la inflación, por la vía de ajustes diferenciados de ingresos, cuestión que la dirigencia sindical, en forma muy comprensible, ha rechazado.
No hemos tenido otro remedio que ofrecer, aunque de manera modesta, por la vía de los aguinaldos y de un bono compensatorio, particularmente a los trabajadores con ingresos brutos inferiores a 320 mil pesos, un conjunto de ingresos, los que sumados dan un incremento de 5,2 por ciento, que sobrepasa con mucho el 4,6 por ciento de inflación acumulada.
Por cierto, tenemos una deuda con aquellos que reciben remuneraciones superiores a 320 mil pesos, porque han sufrido una pérdida de ingreso real. No reconocerlo, sería mentira e hipocresía de parte de este ministro: en esta oportunidad, los trabajadores con ingreso bruto superior a 320 mil pesos han tenido un detrimento de su ingreso real.
Me esforzaré, quizás con mayor éxito que en el pasado, por conducir la economía de este año en una senda de progreso, de un crecimiento del orden del 6 por ciento, y espero que el próximo año podamos celebrar un reajuste que haga justicia a los merecimientos de los trabajadores del sector público, con un incremento real del salario por sobre la inflación de, al menos, 2 por ciento, como lo planteé formalmente a la dirigencia sindical.
Gracias, señor Presidente.
Manifestaciones en las tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.
Faltan 15 minutos para el término de la sesión y hay diez parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra, por lo que anticipo que no podrán intervenir todos ellos; pero si acortan sus discursos, permitirán que intervengan más señores diputados.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, el Partido Radical no ha hecho uso de la palabra. Con eso podríamos completar el tiempo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Sí, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, honorable Cámara, distinguidos ministros: estamos tratando el proyecto que otorga reajuste de remuneraciones a los funcionarios del sector público y concede aguinaldos y otros beneficios a los que se ha hecho referencia.
Por supuesto, los radicales, al igual que la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, quisiéramos que el porcentaje de reajuste hubiese sido mayor. Lo decimos, porque así lo sentimos.
El sector público tiene un alto porcentaje de trabajadores con sueldos muy bajos. Debemos tratar de ser más justos, en el más corto plazo, para que no haya tanta desigualdad entre unos y otros sueldos. Hay desigualdad entre servicios similares, en algunos casos dependientes del mismo ministerio.
¿Por qué no se otorga un reajuste superior al 4,3 por ciento? Sabemos que el país ha atravesado por una situación muy compleja, una profunda crisis en la que estuvo sumida la mayoría de los países del mundo. Hoy, Chile no está en condiciones de mejorar ese 4,3 por ciento.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
Señor Presidente, tengo mucho respeto por todos mis colegas diputados, tanto de la Concertación como de la Oposición, pero en esta oportunidad esperaba un diálogo con mayor prudencia, respeto y altura de miras por parte de la Oposición; pero la demagogia se ha hecho presente una vez más en esta Sala.
Los colegas de la Oposición han dicho que la Concertación ha fracasado, que está en un proceso de descomposición, que hay falta de seriedad, que se debe dar estabilidad a los servidores públicos. Han sacado una y otra vez el tema de las indemnizaciones, lo que todos hemos rechazado en forma categórica; indemnizaciones que también se pagaron al término del régimen militar y, además, se regalaron al sector privado muchas empresas del Estado que pertenecían a todos los chilenos. Eso no lo dicen.
Hay algunos parlamentarios de la Oposición que con mucha ligereza olvidan el pasado y, por eso, me veo en la obligación de recordarlo.
En el gobierno militar, que representó a la Derecha, se le quitó el 10,6 por ciento a los pensionados hay que decirlo en esta oportunidad, a los más débiles del país; se exoneró a miles de funcionarios de la administración pública por razones políticas y se dejó a otros tranquilos en sus cargos; se otorgaron ingresos miserables a cientos de miles de chilenos a través del PEM y del Pojh, con lo que les era difícil subsistir junto a sus familias.
En cambio, en estos diez años, la Concertación ha dialogado con los dirigentes de la Anef, los ha respetado, y seguirá conversando y respetándolos, como lo hace un gobierno democrático, a diferencia de lo que aconteció en el pasado con muchos de sus dirigentes, que no fueron reconocidos y menos escuchados, pero sí muchas veces perseguidos, como Tucapel Jiménez , entre otros.
Los radicales quisiéramos un reajuste superior para los funcionarios públicos, pero debemos ser coherentes con la realidad que vive el país. Sin duda, una vez que esta situación se normalice, tendremos no sólo la posibilidad de dar estabilidad, porque este gobierno no persigue a nadie, sino de mejorar realmente las condiciones económicas de nuestros trabajadores públicos. Si no lo hacemos hoy, no es porque no queramos, sino porque las condiciones que vive el país no lo permiten.
Por eso, reclamo coherencia de parte de los parlamentarios de Oposición y que eviten la demagogia, que rebaja el nivel de nuestro Congreso.
Por último, en virtud del escaso tiempo de que dispongo, sólo diré que la bancada radical seguirá luchando por crear condiciones más dignas de trabajo y mejores rentas para nuestros servidores públicos; pero, en esta ocasión, coherentes con las explicaciones dadas por el Gobierno, que de 3,5 subió a 4,3 por ciento el reajuste, más una serie de beneficios, votaremos a favor el proyecto, con el fin de evitar que se queden sin este aumento.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira .
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, hemos escuchado al ministro de Hacienda y, francamente, intentamos y queremos creerle. Creemos en sus palabras, pero en los precisos instantes en que le hablaba al país con franqueza, un senador democratacristiano, el señor José Ruiz De Giorgio , le decía a la prensa que votaría en contra el proyecto.
En consecuencia, señor ministro, ¿cómo quiere que le creamos a usted? ¿Cómo quiere que le creamos a la Concertación? Podemos creer en su buena inspiración, pero es imposible creerle a la Concertación.
Señor Presidente, ¿hasta cuándo se trata de justificar la ineficiencia y la incapacidad del Gobierno con argumentos en contra del gobierno militar? Cuando se habla de dictadura, tenemos que aceptar ese lenguaje, pero basta que digamos que lo acontecido con las indemnizaciones es sinónimo de robo para que se desesperen y comiencen a pronunciar discursos histéricos en esta Sala.
Ni todos los discursos ni todas las explicaciones van a alimentar a las 700 mil familias chilenas que están cesantes.
Este último gobierno de la Concertación así lo esperamos despegó con complicaciones, pero antes del año ya vemos que cae en picada. Entendemos que aquí hay una pasada de cuenta al gobierno del Presidente Lagos, debido a la incapacidad digámoslo francamente y de frente del peor gobierno que ha tenido este país, el del ex Presidente Frei .
Reitero: los dirigentes que estaban en las tribunas son todos de la Concertación al César lo que es del César, por lo cual le están pasando la cuenta al gobierno de la Concertación, especialmente al Presidente Lagos.
Hablemos en lenguaje simple, no en el económico o político de salón. Hablemos de lo que la gente cree: las indemnizaciones son sinónimo de robo. Eso es lo que el país siente ante esa escandalosa situación. Entonces, es lógico que la gente se pregunte por qué se autorizaron esos fondos para las indemnizaciones y se niegan para otorgar un reajuste más digno.
Un parlamentario de la Concertación decía que siempre han defendido a los trabajadores. ¿Por qué esos mismos parlamentarios callaron cuando les estuvieron robando a los trabajadores en sus propias caras? Porque, reitero, las indemnizaciones son sinónimo de robo.
Si votásemos, justificadamente, en contra del proyecto, nos tildarían de demagogos. Pero vamos a ser responsables y nos abstendremos, porque queremos mirar hacia adelante, lo que significa dar trabajo a la gente y decir la verdad, porque el patrimonio de la ética, de la moralidad y de la verdad no lo tiene la Concertación.
Lo que está sucediendo hoy, este verdadero escándalo, esta verdadera ingobernabilidad de la Concertación que el país ha notado, queda al descubierto al ver la actitud de los diputados de Gobierno, quienes ni siquiera se atrevían a entrar a la Sala, porque no se ponían de acuerdo sobre esta materia. La forma como presionaban a su propio ministro de Hacienda está demostrando que éste es el naufragio de la Concertación en una “tormenta perfecta”, que fue anunciada.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ricardo Solari.
El señor SOLARI (ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, el propósito principal de la sesión de hoy es discutir el reajuste anual de las remuneraciones de los trabajadores del sector público. Quiero concentrarme en ese punto, pues considero que la discusión nos puede conducir a algunos acuerdos.
Estamos particularmente interesados en hacer de este reajuste un proceso de análisis multianual en lo sucesivo, es decir, nuestro propósito es establecer un compromiso del Gobierno para hacer una propuesta que incluya mucho más de un año, porque de esa manera le damos un horizonte de estabilidad y de solidez a la discusión del reajuste. De esa manera, acogemos el punto de vista de muchos diputados que nos antecedieron en el uso de la palabra.
Quiero hacer un agregado a la intervención del ministro de Hacienda, en un doble sentido:
El proyecto en discusión incluye un instrumento de ajuste: en caso de que la inflación sea mayor que la proyectada para el próximo año, los trabajadores del sector público quedan protegidos hasta en 3 décimas adicionales, es decir, es un reajuste que incluye un mecanismo de protección para los trabajadores.
Como estamos absolutamente convencidos de que la economía chilena pasará por un muy buen momento en el año 2001 y los trabajadores del sector público son nuestros socios en el crecimiento, nos hemos comprometido a que el aporte en productividad será superior al de este año, es decir, de 1,3 por ciento.
En síntesis, en primer lugar, estamos hablando de nuestra disposición a establecer reajustes que, en lo sucesivo, vayan mucho más allá de un año, lo cual, a nuestro juicio, cuenta con el respaldo de la Cámara.
En segundo lugar, hemos planteado la necesidad de establecer un mecanismo de protección ante una inflación futura superior a la proyectada.
En tercer lugar, queremos decir claramente que la bonificación de productividad del próximo año deberá ser superior a la del actual.
En cuarto lugar, estamos dispuestos ratifico lo dicho por el señor ministro de Hacienda seguir conversando sectorialmente un conjunto de asuntos, como el bono austral o asignaciones especiales para servicios muy desfavorecidos.
Más allá de las pasiones y de las polémicas que provocan estos asuntos, hay dos temas que queremos dejar claros.
En primer lugar, la preocupación constante que sobre el manejo de las finanzas públicas debe caracterizar a los gobiernos de la República de Chile, más allá del signo político que tengan. El manejo responsable de esta variable nos permitirá tener bajas tasas de interés y de inflación, lo que constituye un atributo y un logro del país como tal, que no debemos desperdiciar en polémicas estériles.
En segundo lugar, que existe un compromiso para lograr el crecimiento sostenido de las remuneraciones del sector público durante el sexenio del Presidente Lagos, una vez que hayamos superado las condiciones difíciles del presente.
He dicho.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, pedí la clausura del debate.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Rozas .
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, me inscribí entre los primeros para hacer uso de la palabra, pero la Mesa me la ha concedido sólo al final, gracias a que he exigido que se respete mi derecho a opinar y a disentir.
Creo que dramatizamos demasiado cuando se producen conflictos; pero a mí, por lo menos, no me asustan, pues pienso que debemos enfrentarlos. Aquí estamos ante un conflicto de intereses no menor.
Se dice que existe deslealtad, porque votamos en contra de una iniciativa, y se considera que todos los diputados de Gobierno debemos votar en el mismo sentido.
Quiero decir con franqueza que tengo una lealtad enorme con este Gobierno; pero mi primera lealtad, y no la puedo cambiar de un día para otro, está con el sector de donde provengo: el de los trabajadores. Así como muchos no pueden dejar de ser leales a los empresarios y actúan así, permítanme también mantener mi lealtad con el sector de los trabajadores.
No he discutido el reajuste, porque ahora no me corresponde. Cuando hablamos de reajuste para el sector público en una negociación, nos referimos al IPC o sea, devolver lo que se debe y de lo adicional a ese índice. Los diputados democratacristianos nunca hemos dicho que un reajuste se construye solamente con el IPC.
Durante los últimos diez años, los trabajadores han negociado por distintas vías, y cuando se anunció por el Gobierno un reajuste de 3,5 por ciento en verdad, ese era el porcentaje inicial los diputados democratacristianos, legítimamente y en uso de la facultad de defender los intereses de la gente, fueron a hablar con personeros del Gobierno para subir ese piso y tratar de acercar posiciones con los trabajadores. Y se avanzó en ese aspecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Me permite, señora diputada?
Solicito el asentimiento de la Sala para conceder dos minutos más de tiempo a la señora diputada, a fin de que termine su intervención.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
La señora ROZAS (doña María).-
Termino de inmediato, señor Presidente.
Hemos avanzado de 3,5 a 4,3 por ciento de reajuste; pero no puedo, a pesar de lo que aquí se diga y de lo que significa para mí, avalar el artículo 1º con el 4,3 por ciento, sabiendo que no hay negociación y que estamos hablando sólo de la necesidad de establecer un reajuste que, a lo menos, signifique una señal, no sólo para el sector público, sino también para el privado.
Pienso que eso es posible. No me preocupa que sea en el Senado o en la Cámara de Diputados donde se mejore, pero creo que se deben hacer los esfuerzos necesarios y pensar en los trabajadores. Si no pudieron lograrlo los trabajadores de la Anef ni nosotros, que alguien lo haga, pero lleguemos al 4,6 por ciento, que es la señal que espero.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No alcanzaron a intervenir y, por lo tanto, están en su derecho a insertar sus discursos en la versión de sesiones, los diputados señores José García, Salvador Urrutia, José Miguel Ortiz, Eugenio Tuma, Edmundo Salas, Miguel Hernández, Juan Núñez y Rodrigo Álvarez.
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto.
Informo que están pareados los diputados señores Nelson Ávila y Maximiano Errázuriz .
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo 34 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Arratia, Ascencio, Rozas (doña María), Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo (don Patricio), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Mesías, Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Reyes, Rincón, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Velasco, Venegas y Villouta.
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca, Elgueta, Palma (don Osvaldo), Pérez (doña Lily) y Valenzuela.
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado, Álvarez, Cardemil, Coloma, Correa, Cristi (doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Ibáñez, Leay, Longton, Luksic, Masferrer, Melero, Molina, Moreira, Muñoz (don Pedro), Orpis, Paya, Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Rojas, Van Rysselberghe, Vargas y Vilches.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, se aprueba en particular.
Despachado el proyecto.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 22.09 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.