Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Ignacio Perez Walker
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- TRAMITACIÓN DE PROYECTO A COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y ESPECIAL DE DROGAS.
- HORA DE INICIO DE SESIÓN ORDINARIA DE MAÑANA. Acuerdo de los Comités.
- POSICIÓN DEL COMITÉ UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE EN HOMENAJE AL EX PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE GOSSENS.
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR SALVADOR ALLENDE GOSSENS.
- HOMENAJE : Felipe Valenzuela Herrera
- HOMENAJE : Antonio Leal Labrin
- HOMENAJE : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR SALVADOR ALLENDE GOSSENS.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- SUPRESIÓN DEL AUDITOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE LA INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- DEBATE
- DEBATE
- SUPRESIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUFRAGAR. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- DEBATE
- SUPRESIÓN DEL SUFRAGIO OBLIGATORIO. Primer trámite constitucional.
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- DEBATE
- AUTORIZACIÓN PARA POSTERGAR INICIO DE SESIÓN DE COMISIONES.
- SUPRESIÓN DEL AUDITOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE LA INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA EN COMUNAS DE LA SÉPTIMA REGIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Roberto Delmastro Naso
- Carlos Caminondo Saez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Garcia Ruminot
- Gustavo Cardemil Alfaro
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Pablo Galilea Carrillo
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Osvaldo Palma Flores
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Vega Vera
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEJORAMIENTO PARA TRABAJADORES DE SECTOR MARÍTIMO PORTUARIO (Continuación).
- DEBATE
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE CONTROL DE LICENCIAS MÉDICAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Carlos Olivares Zepeda
- Sergio Ojeda Uribe
- Rafael Arratia Valdebenito
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA EN COMUNAS DE LA SÉPTIMA REGIÓN.
- VIII. INCIDENTES
- RÉPLICA A INTERVENCIONES DEL DIPUTADO LORENZINI.
- INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS DEL FOSIS PARA CARGOS VACANTES EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- IMPROCEDENCIA DE COBRO DE PEAJE EN TRAMO INCONCLUSO DE CARRETERA 5 SUR. Oficio.
- RESPONSABILIDADES EN DESMANES OCURRIDOS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE. Oficio.
- CREACIÓN DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Oficio.
- PRECISIONES HISTÓRICO-POLÍTICAS SOBRE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.
- PLAN PILOTO DE SUBSIDIOS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES VINÍCOLAS DE CAUQUENES. Aplicación del artículo 117 del Reglamento.
- SUSPENSIÓN DE SERVICIO MÉDICO-DENTAL DE BUQUE “CIRUJANO VIDELA” EN DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES. Oficios.
- RESPONSABILIDADES ALCALDICIAS Y DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES EN CONSECUENCIAS Y PERJUICIOS PROVOCADOS POR EL PARO DE ACTIVIDADES DE IQUIQUE. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Zarko Luksic Sandoval
- Anibal Perez Lobos
- Luis Pareto Gonzalez
- Victor Reyes Alvarado
- Laura Soto Gonzalez
- Fanny Pollarolo Villa
- Maria Pia Guzman Mena
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 36ª, en martes 15 de septiembre de 1998
(Ordinaria, de 11.07 a 15.55 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg; de la señora Muñoz D'Albora, doña Adriana, y del señor Naranjo Ortiz, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental , el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- PROYECTOS DE ACUERDO
VIII.- INCIDENTES
IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas 8
IV. Cuenta 8
-o-
- Tramitación de proyecto a Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Especial de Drogas 8
- Hora de inicio de sesión ordinaria de mañana. Acuerdo de los Comités 8
- Posición del Comité Unión Demócrata Independiente en homenaje al ex Presidente Salvador Allende Gossens 8
- Réplicas a alusiones personales. Aplicación del artículo 34 del Reglamento 9
-o-
V. Homenaje.
Homenaje en memoria del ex Presidente de la República señor Salvador Allende Gossens 11
VI. Orden del Día.
- Supresión del auditor general del Ejército de la integración de la Corte Suprema. Primer trámite constitucional 18
- Supresión de sanciones por incumplimiento de la obligación de sufragar. Primer trámite constitucional 29
- Supresión del sufragio obligatorio. Primer trámite constitucional 38
-o-
- Autorización para postergar inicio de sesión de Comisiones 53
VII. Proyectos de acuerdo.
- Medidas de emergencia para paliar efectos de la sequía en comunas de la Séptima Región 54
- Mejoramiento para trabajadores de sector marítimo portuario. (Continua-ción) 58
- Modificación de normativa sobre control de licencias médicas 58
Pág.
VIII. Incidentes.
- Réplica a intervenciones del Diputado Lorenzini 61
- Información sobre concursos del Fosis para cargos vacantes en la Séptima Región. Oficio 61
- Improcedencia de cobro de peaje en tramo inconcluso de carretera 5 sur. Oficio 62
- Responsabilidades en desmanes ocurridos el día 11 de septiembre. Oficio 62
- Creación del Tribunal Penal Internacional. Oficio 63
- Precisiones histórico-políticas sobre el gobierno de la Unidad Popular 66
- Plan piloto de subsidios en favor de los productores vinícolas de Cauquenes. Aplicación del artículo 117 del reglamento 68
- Suspensión de servicio médico y dental de buque “Cirujano Videla” en Décima y Undécima Regiones. Oficios 70
- Responsabilidades alcaldicias y de autoridades administrativas regionales en consecuencias y perjuicios provocados por el paro de actividades de Iquique. Oficios 72
IX. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que perfecciona normas del área de la salud (boletín Nº 2132-11) 73
2. Moción de los Diputados señores Elgueta, Cornejo, don Aldo; Luksic, Pérez, don Aníbal; Pareto, Reyes, y Diputadas señoras Soto, doña Laura; Pollarolo, doña Fanny, y Guzmán, doña Pía, que modifica la ley Nº 19.366, sobre drogas (boletín Nº 2240-07) 73
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del Diputado señor Navarro, situación laboral y de capacitación de trabajadores despedidos en comunas de Penco y Tomé.
-De los Diputados señores Juan Bustos, Urrutia, Jaramillo, Ortiz, Jarpa, Reyes, García-Huidobro y Fossa, beneficios que se otorgan a funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
-Del Diputado señor Recondo, situación relativa a Cooperativa Villa Almagro.
-Del Diputado señor García-Huidobro, proyecto de alcantarillado camino La Cruz de Rancagua.
-Del Diputado señor Sánchez, materias referidas a Emaza en la Undécima Región.
Municipalidad de Calbuco
-Del Diputado señor Kuschel, diversas obras en esa comuna.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (91)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Gustavo Alessandri, Isabel Allende, Rafael Arratia, Juan Masferrer, Rodolfo Seguel e Ignacio Walker.
-Asistió, además, el Senador señor Ignacio Pérez.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.07 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 30ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 31ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario accidental dará lectura a la Cuenta.
-El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO A COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y ESPECIAL DE DROGAS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , me llama la atención que una moción tan importante como la que modifica la ley sobre drogas, no sea remitida a la Comisión técnica, sino que, simplemente, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si este tipo de iniciativas no se envían a la Comisión Especial de Drogas, no sé qué sentido tienen las Comisiones técnicas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, este proyecto se enviará también a la Comisión Especial de Drogas.
Acordado.
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , deseo saber si la Mesa ha recibido alguna renovación de urgencia respecto del proyecto de ley que modifica normas del área de la salud, cuyo plazo constitucional de urgencia venció el 11 de septiembre.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Señor diputado, en el punto dos de la Cuenta se indica la respuesta.
El señor MELERO.-
Gracias, señor Presidente.
HORA DE INICIO DE SESIÓN ORDINARIA DE MAÑANA. Acuerdo de los Comités.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Reunidos los Comités parlamentarios acordaron por unanimidad adelantar a las 14 horas el inicio de la sesión ordinaria de mañana miércoles 16.
Por lo tanto, en la práctica, casi inmediatamente después del término de la sesión especial citada con el objeto de analizar las distintas alternativas para solucionar el problema de la sequía, comenzaría la sesión ordinaria.
POSICIÓN DEL COMITÉ UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE EN HOMENAJE AL EX PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE GOSSENS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Honorable Cámara, hay un acuerdo de los Comités para otorgar la palabra por un minuto al Diputado señor Víctor Pérez .
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Señor Presidente , la bancada de la UDI no adherirá al homenaje que se rendirá en la Cámara al ex Presidente señor Salvador Allende .
Entendemos que los homenajes tienen por objeto resaltar el bien que para el país ha significado la trayectoria pública de una determinada persona y no sólo son una expresión de los legítimos afectos de los parlamentarios.
En este contexto y desde la perspectiva de la evaluación política, no compartimos que su gobierno sea merecedor de un homenaje por parte de la Corporación. Sin embargo, desde la perspectiva humana, respetamos el dolor que para su familia y colaboradores significó su muerte.
Nos animan especialmente dos factores: primero, la consideración de su hija Isabel, que al igual que nosotros forma parte de la Cámara, y segundo, el llamado a reconciliación que nos formuló el Arzobispo de Santiago .
Por estas consideraciones, los diputados de la UDI hemos decidido abstenernos de hacer uso de la palabra, pero permaneceremos en un respetuoso silencio, de manera de evitar que una actitud nuestra colabore a empañar esta sesión con nuevas y estériles polémicas.
Señor Presidente , señores diputados del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, estimada Isabel , no vean en este silencio un desaire de nuestra parte, sino, muy por el contrario, sólo una expresión de honestidad intelectual con nuestras propias convicciones y de respeto por las vuestras.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , el Reglamento permite la posibilidad de rendir un homenaje al ex Presidente Allende , y tengo la certeza de que por eso el señor Presidente y la Mesa lo han colocado en la tabla de esta sesión.
Quiero dejar constancia de que, en nuestra opinión, las disculpas y explicaciones del jefe de la bancada de la UDI son peores que la ofensa que ha señalado al comienzo de su intervención.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , no es cuestión de debate.
El señor HALES.-
Es cuestión de Reglamento rendir un homenaje al ex Presidente de la República, sin las observaciones del diputado de la UDI.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , en las democracias todos los sectores políticos son libres y tienen derecho a recordar a sus líderes, especialmente cuando se trata de ex Presidentes de la República .
En Incidentes, nuestra bancada, haciendo uso de su derecho reglamentario, hará una exposición respecto de los fundamentos y razones de los hechos ocurridos durante ese gobierno y de la posterior intervención militar.
Hago presente esa circunstancia para que quede constancia en la versión y en el acta.
He dicho.
RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Dos señores diputados han solicitado el uso de la palabra para vindicarse por haber sido aludidos.
En primer lugar, tiene la palabra el Diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI .-
Señor Presidente , respecto de una solicitud de investigación que hice hace algunos días en la Cámara sobre presuntas irregularidades y anomalías imputadas al gobierno de la Séptima Región, el Diputado señor Ceroni me tildó de afiebrado y de tener ánimo persecutorio. Ello no es así, sólo busco la honestidad, transparencia y probidad. Al respecto, el Presidente de la República en su mensaje del 21 de mayo anunció el envío al Congreso -y solicitó su pronto despacho-, de un proyecto de ley sobre probidad administrativa, como signo claro sobre los aspectos que al Gobierno le interesa reforzar en la presente etapa.
También el Diputado señor Ceroni dijo que me iba a acusar a la directiva de la DC. ¡Estamos volviendo al tiempo del colegio! ¡Recordando la niñez! Y todos sabemos a quienes les decíamos “acusetes”.
En términos de probidad y de transparencia, puede acusarme quienquiera. Soy consejero nacional de la Democracia Cristiana, y en nuestro partido hay democracia. Podemos disentir, discutir y pedir investigaciones.
¡Mire su Señoría la reacción de la gente de la Región! ¿Qué dice el presidente interino del PPD en Talca? Junto con indicar que el actuar del Diputado señor Lorenzini se enmarca en su rol fiscalizador, el señor René Amaro descartó que la situación que enfrenta la Intendenta provoque un quiebre o distancia entre la Democracia Cristiana y el PPD.
¿Qué dijo la propia Intendenta, que revela un sereno actuar?: “El señor diputado está en todo su derecho. Son derechos que su investidura le otorga y nada más”. ¿Qué agregó luego? Que respecto de las apreciaciones formuladas por Waldo Fuentes no hará mayores comentarios y que en la eventualidad de existir alguna anomalía, son los organismos pertinentes los que deberán investigar para aclarar las dudas que los ciudadanos y parlamentarios plantean.
A su vez, el presidente regional del PPD dijo: “Además, es un hecho pasado y sucedió cuando la Intendenta no tenía responsabilidad en esos momentos” -¡y ojo a esto!-, porque fueron proyectos “cortados directamente en Santiago.”. Entonces, con mayor razón creo que hay que averiguar cuál es el conducto que siguieron todos los proyectos del Conace.
Sin perjuicio de lo anterior, se mostró partidario de que se realice de todas maneras una investigación responsable, tendiente a esclarecer las denuncias sobre presuntas anomalías. Pero, además, dijo en forma textual: “Hemos tenido contactos con la Directiva Nacional del Partido, con nuestros parlamentarios, y estamos trabajando y viendo cómo solucionamos de la mejor forma posible este enredo que se nos ha presentado ahora”.
El Diputado señor Ceroni no estaba presente en la Sala cuando planteé el tema. En todo caso, tengo aquí la versión de la sesión presidida por el señor Naranjo , quien, al término de mi intervención, expresó: “Se enviarán los oficios solicitados al señor Ministro del Interior y al señor Contralor, con la adhesión de la bancada de la Democracia Cristiana.” Y allí interviene el Diputado señor Juan Pablo Letelier : “Señor Presidente , adhiero a todos, menos al último oficio.”, aquél en que yo pedía que mientras se investigaba, se suspendiera de sus funciones a la Intendenta.
El Diputado señor Juan Pablo Letelier , la Diputada señora Pollarolo y las bancadas socialistas, del PPD, de Renovación Nacional y de la UDI adhirieron a lo que yo planteaba. Simplemente, ante denuncias sobre presuntas irregularidades y anomalías hechas por el suspendido hoy, pero actual Presidente Regional del PPD , ex candidato a diputado , que trabajó en la Intendencia hasta hace unos días, he pedido al Ministro del Interior y a la Contraloría que se investigue.
Si eso es ser afiebrado, entonces estamos en otro Parlamento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo) .-
Señor Presidente , entiendo que el Instituto Libertad y Desarrollo -ligado a la Unión Demócrata Independiente-, es un organismo técnico que evalúa y estudia, desde su punto de vista jurídico, político, económico y administrativo, los proyectos de ley tramitados en el Congreso Nacional.
Conociendo esta realidad, me llama profundamente la atención que en su comentario publicado en el ejemplar Nº 78, de agosto de este año, sobre la eliminación del 2 por ciento de subsidio a las isapres propuesta por el Gobierno y aprobada en la Comisión de Salud, y respecto de la indicación de eliminar otros subsidios a dichas entidades comerciales, redactada por quien habla y por el Diputado señor Girardi -a lo que se sumó la mayoría de la Comisión-, emita juicios negativos de valor y políticos, en términos despectivos y ofensivos acerca de mi persona y de los Diputados señores Patricio Cornejo y Girardi , por el solo hecho de disentir con sus posiciones interesadas y equivocadas.
¿Con qué derecho este instituto alude en forma sesgada y obtusa a diputados que realizamos nuestra labor legislativa pensando en el bien común y sin intereses mezquinos, que vemos la salud como médicos y como un bien y necesidad común, no como un buen negocio? Es imposible imaginarse, evaluar y decidir sobre salud sin tener una visión de sentido social. Para reafirmar esto podríamos solicitar la opinión de todos los chilenos, y ésta será muy igual a la nuestra, a la justa.
Este instituto se arroga facultades propias de la intolerancia, del dogmatismo, característico de quienes se creen dueños de la verdad. Es más, podría algún parlamentario equivocarse -que no es el caso-, pero eso no da derecho a nadie a descalificar, menos aún a un instituto de estudios con escritos públicos. Rebaja mucho su nivel, salvo que tenga otras oscuras intenciones que lo justifique.
He dicho.
V. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR SALVADOR ALLENDE GOSSENS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
A continuación, y por acuerdos de sus Comités, la Cámara de Diputados rinde homenaje en memoria del ex Presidente de la República señor Salvador Allende Gossens.
En primer lugar, tiene la palabra el Diputado de la bancada socialista, señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA (de pie).-
Señor Presidente , distinguidos colegas diputados, en muchas plazas, universidades y congresos del mundo entero se han recordado recientemente -el 11 de septiembre pasado- los 25 años de la muerte de quien fuera Presidente de la República , doctor Salvador Allende .
Hoy, por primera vez en este Parlamento, vamos a rendir un homenaje a dicho personaje.
Salvador Allende vive, está presente. ¡Qué espontáneo es para el pueblo corearlo! Y no estamos equivocados, porque la figura de Allende vive, crece y se agiganta en los corazones de miles y miles de chilenos que, desde todas las latitudes de nuestra Patria, levantan su espíritu para saludarlo; unos con nostalgia, otros con pesar, pero todos con orgullo. Ese metal tranquilo de su voz en los más dramáticos momentos de su vida y del Chile contemporáneo, nunca podrá ser olvidado. Y así también ha hecho reflexionar a muchos de los que se le opusieron -los cuales nos escuchan con mucho respeto-.
El ejemplo del doctor Salvador Allende, Presidente de Chile , va recobrando espacio en la memoria histórica de este país, sin pequeñeces ni mezquindades. Sí, Allende vive y es nuestro, es de todos, es chileno, es latinoamericano. Nadie ha podido ni podrá olvidarlo, porque su vida consecuente circula por las arterias de Chile; su nombre está grabado en las calles, su imagen está viva en la memoria de los chilenos. Por esto, Allende ya no es sólo una palabra; es un concepto incorporado a nuestro lenguaje; es una visión de la libertad y la democracia, es un grito de lucha por un Chile más solidario, más justo y más digno. Allende fue el crisol en el que estos ideales se fundieron sin violencia, pero con coraje, con aceptación de la disidencia, del diálogo, con un intransigente respeto a los derechos humanos.
Recordemos su pensamiento cuando dijo: “Si nos detenemos a meditar un momento y miramos hacia atrás en nuestra historia, los chilenos estamos orgullosos de haber logrado imponernos por la vía política, triunfando sobre la violencia.
“Esta es una noble tradición. Es una conquista imperecedera. En efecto, a lo largo de nuestro permanente combate por la liberación, de la lenta y dura lucha por la igualdad y por la justicia, hemos preferido siempre resolver los conflictos sociales con los recursos de la persuasión, con la acción política.
“Rechazamos -continuaba-, nosotros los chilenos, en lo más profundo de nuestras conciencias, las luchas fratricidas. Pero sin renunciar jamás a reivindicar los derechos del pueblo. Nuestro escudo lo dice: “Por la razón o la fuerza.”. Pero dice primero por la razón”.
Allí está el corazón del concepto “Allende” que traspasó fronteras y por eso más calles y más plazas en el mundo llevan su nombre; más idiomas lo incorporan al léxico del humanismo como sinónimo de consecuencia política entre pensamiento y vida, de heroísmo civil, de ejemplo libertario, de bandera para las juventudes que quieren para su patria un destino mejor. Y él también les dijo a esos jóvenes: “No seré yo, como rebelde estudiante del pasado, quien critique su impaciencia, pero tengo la obligación de llamarlos a serena reflexión.
“Tienen ustedes la hermosa edad en que el vigor físico y mental hacen posible prácticamente cualquier empresa.
“Tienen por eso el deber de dar impulso a vuestro avance.
“Conviertan la esperanza en más esfuerzo.
“Conviertan el impulso en realidad concreta.
“Miles y miles de jóvenes reclamaron su lugar en la lucha social, ya lo tienen. Ha llegado el momento en que todos los jóvenes se incorporen”.
Pero los socialistas queremos recordar al Allende luchador, al político, al servidor público, a aquel joven Salvador Allende , presidente del centro de alumnos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, en 1927, a los 19 años; al vicepresidente de la Fech , en 1930; al Allende combatiendo la dictadura de Ibáñez y encarcelado por la toma de la universidad, al Allende médico de la Asistencia Pública de Valparaíso , allá por 1933, año en que también participa en la fundación de nuestro querido partido y es elegido primer secretario regional porteño. Y también al Allende legislador: diputado primero por Valparaíso, en 1937, y luego Senador desde 1945 hasta 1969. Pero antes de serlo el doctor Salvador Allende fue Ministro de Salud del Presidente Pedro Aguirre Cerda y su Frente Popular, en 1939. Una vida entera dedicada a servir a su patria, luchando por la justicia social en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Presidencia de la República .
¡Cuántas iniciativas suyas llegaron a convertirse en leyes de este país! Citemos algunas. Por ejemplo, la que creó el Colegio Médico, en 1948, entidad que luego presidió; la ley sobre el estatuto médico, del dentista y del farmacéutico funcionarios, que racionalizó la carrera administrativa de servidores de la salud, en 1951; la norma que creó el Servicio Nacional de Salud y el Servicio de Seguro Social -hermosa ley-, en 1952. Destaquemos que mediante esta ley del doctor Allende se otorgó asistencia médica gratuita para los asegurados y sus familiares, y otros beneficios que confirieron subsidios por enfermedad y lactancia, así como incremento de pensiones para viudas y huérfanos. Luego, dentro del mismo ámbito, Salvador Allende fue autor de las leyes relativas a la asignación prenatal para la mujer, a partir del sexto mes de embarazo, éstas, entre 1956 y 1957.
En 1964 creó la ley que dio vida a las juntas de auxilio escolar y becas, norma jurídica que permitió otorgar desayuno gratuito a los escolares en las escuelas públicas. Más tarde, siendo Presidente de la República , en 1971, Salvador Allende envió el proyecto de ley que modificó la Constitución Política en lo relativo al derecho de propiedad y así nació, con la unanimidad del Parlamento, la ley de nacionalización de la gran minería del cobre. El país era, por fin, dueño de su principal riqueza básica.
Al año siguiente, fue aprobado su proyecto de ley que concedió personalidad jurídica a la corporación de derecho público denominada Central Única de Trabajadores, y luego su iniciativa que estableció normas en beneficio y protección de los indígenas. Y una de sus últimas, la que modificó en 1973 el Código del Trabajo, en la protección a la maternidad, al ampliar al doble, doce semanas, el subsidio maternal postnatal.
En fin, tantas leyes sociales que el pueblo necesitaba con urgencia y que hemos recordado para señalar al hombre público y al Presidente Allende , y destacar, así, su sitial en la historia de Chile y de América Latina, cuya integración también fue una de sus principales inquietudes, al ampliar la frontera de la solidaridad entre los pueblos hermanos, pueblos del Tercer Mundo y de América, este continente pueblo.
Para finalizar, recordemos su intervención en el Parlamento Latinoamericano, que da cuenta de su real pensamiento; dice: “Hemos asegurado la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de pensamiento y el irrestricto respeto a todas las creencias. Sobre esa base, marchamos con la decisión de convertir la libertad abstracta en una libertad concreta, que la sienta y que la viva, la comprenda y defienda el pueblo. En democracia, pluralismo y libertad, caminamos con decisión en Chile a una nueva sociedad”.
Esa sociedad, después de su muerte, los socialistas trataremos de alcanzar, como nuestro homenaje.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, en representación del Comité del Partido por la Democracia, el Diputado Antonio Leal.
El señor LEAL (de pie).-
Señor Presidente, rendimos este solemne homenaje, en nombre de la bancada de diputados del Partido por la Democracia, a Salvador Allende, al cumplirse veinticinco años de su sacrificio en defensa de la libertad y la democracia de Chile.
Lo hacemos en esta rama del Parlamento, a la cual él entró como Diputado , en 1937. Permaneció como Senador hasta el momento en que el Congreso Pleno lo proclamó como Presidente de la República .
Allende vivió toda su vida dentro de las instituciones democráticas, como representante de la soberanía popular. Y murió defendiéndolas.
Buena parte de la construcción del Estado de Derecho y del perfeccionamiento que la democracia chilena experimenta en las décadas de los 50 y 60, está adscrita legislativa y culturalmente al nombre, a la acción y al pensamiento de Salvador Allende .
Allende ha marcado la vida pública de nuestro país, como ministro , parlamentario, médico, líder indiscutido del mundo popular y de la izquierda; como Presidente Constitucional , mártir y mito.
Los miles de jóvenes que repletaron el Estadio Nacional el 4 de septiembre pasado sabían sólo una cosa de Allende: que había luchado por una vida más justa, que era portador de valores y que soñaba con un mundo mejor. Y eso bastaba para sentirse interpretado por ese hombre que había preferido entregar su vida como un testimonio de dignidad, como un gesto ético que debía marcar la diferencia entre un demócrata que defendía la institucionalidad y quienes bombardearon La Moneda para destruir la República e instalar el autoritarismo.
Allende fue un demócrata y, a la vez, un revolucionario. Provenía de una familia que, en buena medida, marcó su pensamiento desde pequeño. Su abuelo, Ramón Allende , quien organizó los servicios médicos del Ejército en la Guerra del Pacífico, fue senador del Partido Radical y serenísimo de la Gran Logia de Chile. Y de él, de su padre, de los lazos que establece como estudiante del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile, extrae su laicismo, su tolerancia, aquella enorme fuerza de voluntad que poseía; su profunda vocación social, su admiración embelesada por los obreros que conoció desde su infancia en las minas salitreras de Iquique y en el puerto de Valparaíso.
Por ello, no es extraño que Allende contribuyera a fundar el Partido Socialista, que en su acta de fundamentaciones teóricas, escrita por Eugenio González , señalaba: “No nos parece posible separar el socialismo de la democracia. Más aún, sólo utilizando los medios de la democracia, puede el socialismo alcanzar sus fines sin que ellos se vean desnaturalizados”.
Allende se mantuvo fiel a estas ideas cardinales y a estos objetivos que alumbraron su pensamiento político: unir siempre la democracia con la justicia social y con la igualdad, como dos componentes inseparables de un mismo todo. Fue un revolucionario que, tal como ocurrió con Ponce, Ingeniero, Mariátegui y otros grandes pensadores latinoamericanos, estuvo más ligado a la revolución francesa que a la de octubre, a la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, que son inherentes a la manera iluminada como Allende miraba al mundo y los procesos sociales, que a los soviets; al Contrato Social de Rousseau que al quehacer de Lenin, que nunca leyó; al Marx que en la Renania afirmaba que nunca cambiaríamos la libertad por la igualdad y que al final de su vida apreciaba el voto universal como la mayor conquista revolucionaria conseguida en Europa, que al Marx del programa de Gotha , donde anunciaba la dictadura del proletariado; al Gramsci, que señalaba que la batalla política se daba en la construcción de la hegemonía en la sociedad civil y en el plano de las ideas, que a la fórmula tecnicista completamente extraña a su cultura del asalto al poder; al Dubcek de la Primavera de Praga, que a los tanques rusos que aplastaron esta experiencia reformadora; al Che, como emblema de aquel sueño bolivariano de una América unida, libre, sin fronteras, más que al precursor de la insurrección militar.
Allende fue, por todo ello, el primer renovado de la izquierda chilena. No fue un jacobino, sino un reformista. Su idea, su proyecto de una vía chilena al socialismo, construida dentro de las instituciones por los métodos y los fines de la democracia, buscaba hacer un modelo completamente alternativo al de los socialismos reales. En este proyecto, Allende fusiona su concepción socialista con el liberalismo democrático y con la matriz racionalista de su pensamiento.
Allende fue un político moderno, iluminista, un hombre de acción, un luchador social, un estadista, un hombre poseído de una idea trascendente de la política y de la vida. Por ello, también fue un visionario que trató incansablemente de construir un acuerdo con el mundo cristiano, porque, más que otros en la Unidad Popular, tenía claro que la dimensión de los cambios que su gobierno impulsaba requería de una sólida mayoría política, que sólo podía obtenerse con una alianza más amplia que la propia Unidad Popular.
Qué duda cabe de que Allende estaría hoy junto a nosotros en la Concertación por la Democracia, porque, más que nadie en aquel tiempo, estaba consciente de la necesidad de una alianza histórica que reuniera a las grandes fuerzas populares de nuestra patria.
Sin embargo, Allende, visto con el criterio historicista con que se debe mirar a los grandes personajes, era también hijo y contemporáneo de su tiempo, un profeta en el mundo de las divisiones ideológicas confrontacionales, un buscador de la paz en el mundo de la guerra fría; era parte de las concepciones de los destacamentos de clase, de las vanguardias iluminadas, del determinismo, de la época de la existencia de los enemigos en el campo nacional e internacional, y una visión ineluctable de la construcción de la sociedad socialista, que, de cualquier forma, incluso en la versión más amplia y democrática, implicaba una partición de la historia, otra civilización, ajena y radicalmente distinta de aquella en la cual el propio socialismo había forjado sus bases históricas.
Sin duda, el proyecto de Allende se mostró como inviable y en el proceso se cometieron errores que aislaron política y socialmente la experiencia del socialismo a la chilena y contribuyeron a hacer posible el golpe de Estado y la destrucción de la democracia. Nos hemos hecho cargo de ellos con una visión profundamente autocrítica.
Hoy, el tiempo de Salvador Allende no existe más. El mundo ha cambiado veloz y radicalmente. Grandes revoluciones advienen por vías distintas a las de la política, y la propia revolución, como cambio palingenésico, ya no existe. Son otros los temas, otros los sujetos, otros los problemas a los cuales hay que dar respuesta en la sociedad globalizada y de mercado mundializado y altamente tecnologizada.
Sin embargo, Allende nos lega el sentido de la igualdad, el deber de la solidaridad, la ética como parte insustituible de los comportamientos políticos.
Por ello, Salvador Allende estará siempre en nuestro recuerdo, en nuestros ideales, en nuestra forma de mirar la política y en la habilidad para no perder nunca la irrenunciable capacidad de soñar.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, en representación de la Democracia Cristiana, el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Democracia Cristiana, rindo homenaje a Salvador Allende Gossens , ex Presidente de Chile , cuyo gobierno se terminó abruptamente por la intervención militar, y su muerte, el 11 de septiembre de 1973.
En una época de desprecio de los valores democráticos y en medio de las utopías globalizantes para construir una nueva sociedad, llegó por primera vez en el mundo al gobierno por la vía electoral constitucional un socialista chileno, inspirado en el marxismo, planteando su natural aspiración de establecer en Chile el socialismo a la manera nuestra.
Este sueño a realizar por la vía chilena fue una de las fuentes de mayor crítica de sus adversarios y enemigos, aun cuando sostuviera con el mayor énfasis su respeto por el Estado de Derecho y la consustancialidad de su régimen con el pluralismo político e ideológico.
Pero esto, que pareciera en él un error, es precisamente lo que enaltece a un líder como Allende: su autenticidad, la franqueza, la fuerza, la coherencia y la verdad de sus ideas con las acciones que emprendió para definir y poner en práctica, según sus palabras, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones.
Es un elevado mérito que se le reconozca la lealtad de sus ideas cuando es de ordinaria ocurrencia dejarlas a un lado a fin de conquistar el poder, burlando al pueblo, al cual se le prometió igualdad, paz y justicia.
En el pensamiento de Santo Tomás, el hombre justo es el capaz de vivir en la verdad con los demás.
“El fuerte -dice Santo Tomás- está dispuesto a sufrir ofensas y, si es necesario, la muerte por causa de la verdad y por el triunfo de la justicia”.
Allende fue un demócrata toda su vida, como militante político, fundador de su partido, parlamentario, ministro , Presidente del Senado , Presidente de Chile , exponiendo sus ideas sobre salud pública, de seguridad social, de recuperación de nuestras riquezas básicas, sobre organizaciones sindicales y populares, su lucha por los pobres, los marginados, por los jóvenes, las mujeres y los niños.
Por eso, digo con absoluta convicción: no se opone a ello el proyecto de acuerdo de la Cámara de agosto de 1973, que enumeraba una serie de hechos que ponían en riesgo la democracia chilena.
Sin embargo, aun aceptando que los hechos hubieran sido así, todo era una especie de supuesta tentativa de quebrantar la institucionalidad jurídica y democrática.
Señor Presidente , ¿cuál hubiera sido o sería el proyecto de acuerdo a aprobar en la Cámara contra un gobierno que clausuró el Congreso, que disolvió los partidos políticos, que conculcó la libertad y los derechos humanos, que suprimió las elecciones y que ocupó por la fuerza el país durante 17 años?
En el derecho como en la vida, no es lo mismo suponer un riesgo que consumar aquello que se denunciaba como tal. Ése es el valor del Presidente Allende . Jamás consumó, como sí lo hizo el gobierno que lo sucedió al concretar los riesgos que se decía evitar.
Su holocausto en el palacio de La Moneda, símbolo del gobierno y del poder, es la culminación de su profunda convicción democrática.
Si hay una decisión democrática por excelencia que interpreta mejor los anhelos, esperanzas y sueños de los pobres, de los marginados, de los débiles, es la elección del Presidente de la República .
Es este hombre la fuerza del débil, la justicia para los desposeídos, la voz firme de los que no tienen voz, la esperanza de un mundo mejor, la columna de hierro que no se doblega ante el dinero de los poderosos. Eso y mucho más encarnaba el Presidente Allende al morir épicamente el 11 de septiembre de 1973.
Como cristiano, no ceso de preguntarme en este homenaje, ¿por qué se quebró la democracia?, ¿cuál fue nuestra contribución a esa hecatombre histórica? Si todo era inevitable, ¿por qué llegamos a esta fatalidad? ¿Hicimos como cristianos todo lo posible para evitar el colapso?
En nuestra liturgia comenzamos con el “Yo pecador”: Confieso que pequé de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ése es el perdón que todos debemos pedir por el Chile de hoy y de mañana. Nunca debemos olvidar que la civilización del amor está fundada en el categórico rechazo a la pregunta que hace Caín en el Génesis: “¿Qué tengo yo que ver con mi hermano?” Si el rechazo al egoísmo y a la soberbia es la raíz de nuestra doctrina, tenemos que aceptar que en nuestra historia nunca repetiremos lo sucedido hace 25 años, pues nuestros muertos, como el Presidente Allende , jamás dormirán.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En representación del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA (de pie).-
Señor Presidente , en mi calidad de médico, parlamentario y militante del Partido Radical, me resulta muy emotivo rendir homenaje a tan destacado hombre: doctor Salvador Allende Gossens , ejemplo especialmente para nuestra juventud.
Hijo, esposo, padre, abuelo, médico, diputado , senador, ministro , Presidente de la República y militante durante toda su vida del Partido Socialista de Chile.
Al revisar el archivo de Salvador Allende, encontré un artículo de mi amigo y correligionario chillanejo Jorge Tapia Valdés , quien fuera Ministro de Justicia y de Educación , en representación de nuestro Partido, del Gobierno de la Unidad Popular -que tuvo errores y aciertos-, encabezado por el Presidente Allende . Dicho artículo me interpreta y espero que también interprete a la mayoría de los radicales socialdemócratas.
Ante una pregunta que se le formula a Jorge Tapia respecto de cómo había influido en la trayectoria política del Presidente Allende su capacidad de ver la vida, el entrevistado contesta con una anécdota. Después de una larga conversación sostenida con el Presidente , antes de asumir el cargo de Ministro de Justicia , le hace ver su preocupación porque su estilo de vida, que muchos podrían tildar de aburguesado -y que él no cambiaría, así como tampoco su modo de pensar-, podría merecer críticas y producir fricciones en el seno de la coalición de Izquierda. La respuesta del Presidente demuestra su personalidad: “No importa, Ministro ; seremos dos los criticados por el mismo motivo”.
Allende llega al socialismo no por una necesidad material, sino, por el contrario, por una necesidad intelectual y un idealismo político; con una mentalidad científica, quería que el proceso social tuviera una transformación y que se hiciera con justicia.
Aquí se ha dicho que tuvo formación burguesa. Sin embargo, ello lo convierte en el luchador social y líder político más importante, uniendo a eso su capacidad para conducir masas y su estilo político.
Durante su existencia surgió el allendismo, que consistió en usar la voluntad para construir el proyecto socialista democrático, buscando los medios para lograr los fines perseguidos.
En su formación fue muy importante la generación del 20. Se puede destacar a don Eugenio González Rojas , que se caracterizaba por ideologías y no por consignas, por su libertad intelectual y autonomía moral y, sobre todo, por la libertad para juzgar ideas y hechos.
Podríamos decir que durante su juventud Allende fue simplemente un revolucionario. Después, hay dos experiencias muy importantes en su vida: su afiliación a la masonería y su trayectoria como parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que lo hicieron adquirir su personalidad integral y su estilo político. Así, podemos definirlo como una persona humanista, solidaria, pluralista y profundamente democrática, tras la búsqueda de la verdad, la libertad y la justicia.
Su vocación democrática no medió en sus aspiraciones revolucionarias, pero tampoco le opacó la percepción de ver los riesgos que representaba seguir ese camino. No era un político ingenuo; estaba consciente de la naturaleza de la dictadura fascista que podría reemplazar a su gobierno, de persistir los actos sediciosos de quienes se veían afectados por las acciones llevadas a cabo por su gobierno.
Miraba con cautela a quienes, muchas veces, hacían provocaciones innecesarias, diciéndoles que abandonaría La Moneda sólo acribillado, pero que estaba dispuesto a entregar el mando a quien resultara elegido presidente , cualquiera que fuera su filiación, si la Izquierda no tenía fuerza para triunfar en una eventual elección.
Queridos amigos, la historia de este hombre tiene un halo de tragedia griega: murió defendiendo la democracia con la metralleta en la mano y con el optimismo en sus labios.
Estimados colegas, después de 25 años de la muerte de Salvador Allende , sigue siendo un ejemplo de la idea y la acción de lo que es el socialismo democrático.
Quiero finalizar este sentido y merecido homenaje con una frase que él usara con frecuencia y que retrata su estilo político: “La revolución se hace, primero, en los hombres y, después, en los hechos.”
He dicho.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Con las expresiones que hemos escuchado, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex Presidente de la República , Salvador Allende Gossens.
VI. ORDEN DEL DÍA
SUPRESIÓN DEL AUDITOR GENERAL DEL EJÉRCITO DE LA INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En la tabla del Orden del Día figuran tres proyectos, y el acuerdo de los Comités es discutirlos hasta su total despacho en esta sesión, con los tiempos ya determinados.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para efectuar todas las votaciones al término del Orden del Día.
Acordado.
Por lo tanto, se realizarían aproximadamente a las 13.55 horas.
Entonces, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar para derogar la integración de la Corte Suprema por el auditor general del Ejér-cito.
Diputado informante de la Comisión de Constitución es el señor Juan Bustos.
Antecedentes:
-Moción, boletín 2215-07. Sesión 24ª, en 11 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sesión 30ª, en 1 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 10.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor BUSTOS (don Juan) .-
Señor Presidente , en 1977, se introdujo el artículo 70-A en el Código de Justicia Militar, en virtud del cual se estableció que la Corte Suprema de Justicia también estaría integrada por el auditor general del Ejército.
En esa época, la forma de integración, generación y número de miembros de la Corte Suprema estaban consignados en el Código Orgánico de Tribunales.
La reforma constitucional de 1997 introdujo una reforma orgánica respecto de la generación, origen y número de los miembros de la Corte Suprema. Es así como en la actualidad el número de miembros de la Corte Suprema es 21 y no 17, como señalaba el Código Orgánico de Tribunales.
Desde el punto de vista de su origen, 16 de dichos miembros provienen del Poder Judicial , y cinco corresponden a abogados, académicos y jurisconsultos que no pertenecen a él. En cuanto a su generación, son elegidos de una quina elaborada por la Corte Suprema y enviada al Presidente de la República , quien elige a uno que es aceptado o rechazado por el Senado.
En otras palabras, constitucionalmente, ha habido una reforma orgánica de la Corte Suprema en su conjunto, con lo cual se han derogado en forma tácita todos los artículos que se oponen a lo establecido por la Constitución. Es el caso del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, porque el auditor general del Ejército no está incluido entre los cinco miembros ajenos al Poder Judicial . La inclusión del auditor general del Ejército implicaría que la Corte Suprema no estaría integrada por 21 miembros, sino por 22, y la generación señalada en la Constitución no corresponde a la designación del auditor general del Ejército dentro de los cuerpos militares.
Por eso, a fin de evitar que cada vez, caso a caso, se pida un recurso de inconstitucionalidad, de los cuales ya hay tres presentados en la Corte Suprema, se estima más apropiado y conforme a la Constitución hacer una derogación expresa del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, pero no sólo por razones de carácter constitucional, sino también por otra substancial. Desde que en 1977 se modificó el Código de Justicia Militar para introducir el artículo 70-A, tanto en doctrina como de diferentes sectores se plantearon críticas a esta integración del auditor general del Ejército, porque alteraba el carácter fundamental del Poder Judicial , su imparcialidad, especialmente por tratarse del tribunal máximo dentro de la República: la Corte Suprema. En efecto, el auditor general pasaba a ser juez y parte, porque, como representante máximo dentro de la justicia militar, defendía los fallos o resoluciones dictados por los fiscales militares. Es así como desde 1977 en adelante, nunca hubo un voto diferente por parte del auditor general del Ejército, quien siempre estuvo apoyando las resoluciones dictadas por aquéllos. De modo que, evidentemente, se afectaba el principio básico de la justicia: la imparcialidad.
Por eso, tanto desde el punto de vista constitucional, como por razones doctrinarias, afincadas en el principio de imparcialidad de la justicia, se plantea una reforma al artículo 70-A del Código de Justicia Militar que implica la derogación, en primer lugar, de la integración de la Corte Suprema por el auditor general del Ejército y, en segundo lugar, a fin de que, en el futuro, tanto los auditores generales del Ejército, como de la Armada, Aviación y Carabineros, sean simplemente oídos por la Corte Suprema antes de resolver los asuntos relacionados exclusivamente con sus respectivas instituciones, informe que deberá ser evacuado en el plazo de 30 días y, en caso contrario, se tendrá por cumplido dicho trámite.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Iniciando el debate, tiene la palabra, a continuación, el Diputado señor Hales.
El señor HALES .-
Señor Presidente , junto con la derogación de la letra A del artículo 70 del Código de Justicia Militar, en el proyecto en debate hemos propuesto que aspiramos a ir estableciendo una comprensión común, que hoy no es plena, en lo que se refiere a las bases de la legitimidad de los distintos Poderes del Estado y, por supuesto, entre ellos, con las Fuerzas Armadas, que dependen del Gobierno a través del ministerio correspondiente. No tenemos una concepción común con ellos sobre qué es lo legítimo en este orden democrático y, por lo tanto, el proyecto nos inspira a contribuir, con reformas, al fortalecimiento de ese orden.
La participación del auditor general del Ejército en la Corte Suprema ha sido mucho más que un detalle orgánico jurídico. Representa, más bien, una versión de la justicia que guarda correspondencia proporcional con la concepción que las Fuerzas Armadas tienen de lo que es la soberanía popular y del rol que, de acuerdo con la Constitución, les compete, y que yo no comparto, en el sentido de que son, según el artículo 90, nada menos que garantes de la institucionalidad democrática. En consecuencia, la presencia de este auditor general no es simplemente un tema orgánico funcional del Poder Judicial , sino una medida de correspondencia funcional a la concepción que las propias Fuerzas Armadas tienen en cuanto a la legitimidad del orden democrático, distinta de la que nosotros sustentamos.
En el fondo, la presencia del auditor general en el Ejército es prácticamente la homologación, la igualdad de funciones, en el concepto que se ha tenido respecto de la idea de la soberanía democrática.
Si se piensa que la soberanía reside en la nación, y que ésta se ejerce por el pueblo, a través de votaciones y plebiscitos, como lo consagra la Constitución, es contradictorio que el artículo 90 diga que, efectivamente, la garantía de ese orden reside en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la presencia del auditor general forma parte de esa concepción distinta que, en la situación actual, se refiere estrechamente a la justicia. En el caso de la justicia, ella estaría legitimada cuando hace justicia y no cuando responde a una autoridad militar.
Por eso, siempre hemos dicho que esta materia no está separada de nuestra idea de cambiar y modificar la justicia militar. Su participación en Chile está excedida; siempre será injusta, porque su objetivo es una razón militar, y no establecer el derecho. Eso la desvía de la idea de hacer justicia. En el ámbito militar, la justicia es una rama que responde a una autoridad superior, la militar, y no pertenece, por lo tanto, a la justicia.
En esa línea va un conjunto de reformas que iremos introduciendo para, con nuestras Fuerzas Armadas -y soplan vientos adecuados en la conducción del Ejército, en sus propias declaraciones y acciones-, buscar la concepción de las bases de la legitimidad del orden democrático, a fin de tener una visión común con ellas. Esto, por lo tanto, pertenece a reformas que son claves en el desarrollo de la democracia y no son sólo puntos de vista de la academia.
La justicia militar extendida se ha transformado en un modo de eludir la subordinación correcta, consagrada en la Constitución, de las Fuerzas Armadas, como dependientes del Ministerio y del Gobierno, y como parte del Poder del Estado. De otra manera, si no se hacen esas correcciones, sobre la vía de estos resquicios se están estableciendo ciertas inconstitucionalidades que atentan contra las bases de la legitimidad y de una concepción común que debemos tener con las Fuerzas Armadas, y no contra ellas.
En mi opinión, ningún civil ni militar debería ser juzgado por tribunales militares cuando se trate de delitos comunes.
Al no integrar al auditor general del Ejército en la Corte Suprema, la concepción que nos inspira -y así lo señala el proyecto en sus considerandos y lo expresaron algunos diputados en el debate de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- apunta justamente a esta democratización del país. No es el concepto de democratización de las Fuerzas Armadas, sino, más bien, buscar con ellas un criterio común de lo que es legítimo.
No hay ninguna discusión en cuanto a que las faltas de orden militar debieran ser juzgadas por militares. Ésta es una facultad que les ha entregado el Estado para administrar justicia en el orden de las Fuerzas Armadas, de hombres armados por el Estado, cuyas conductas, tipificadas como faltas o delitos, constituyen el derecho militar. Son faltas cometidas por integrantes de las mismas en hechos cuya naturaleza es de carácter militar.
Hoy, esta facultad está excedida, no sólo porque los militares quieren, sino porque pueden. En mi opinión, esto dice estrecha relación con una concepción política autoritaria que se gestó en los últimos 20 años: la idea de que las Fuerzas Armadas, como garantes de la democracia, hacían no sólo uso del derecho de contar en la justicia militar con el auditor general del Ejército, sino que era una necesidad, de acuerdo con esa concepción, que ellos también tuvieran participación en el Poder Judicial .
Por eso, al derogarse la integración de la Corte Suprema por el auditor general, se contribuye a que exista más democracia, un ordenamiento de la legitimidad y, también, de alguna manera, a establecer una concepción común de qué es legítimo, en términos del orden de los Poderes del Estado.
Por lo tanto, nuestra proposición debe entenderse no como un antimilitarismo; todo lo contrario. Nuestra idea es llegar, con ellos, a conceptos comunes para hacer más fuerte el Estado chileno y no para debilitarlo. Eso es lo que ha inspirado el proyecto, lo cual, naturalmente, viene a corregir muchas de las cosas que deformaron, desde su origen, la idea de justicia militar, apenas referida hoy a lo del auditor general. En 1839, se estableció el derecho militar especial; en 1875, la ley delimitó la justicia militar; en 1925, se creó el Código de Justicia Militar, partiendo de las disposiciones existentes en 1875.
Este tipo de debates, en mi opinión, fortalece la justa concepción de nuestra visión sobre la democracia y su relación con las Fuerzas Armadas. Es decir, no debe pensarse que cuando hablamos de más democracia estamos en contra de las Fuerzas Armadas, sino de aproximarnos a entender, de manera común por todas las partes que lo integran, las bases de legitimidad del Estado democrático. Hoy, partimos, quizás, de algo que ya quedó consagrado en la reforma de 1997, cuando se modernizó la justicia y se estableció la integración del Poder Judicial . Con este proyecto se corrige definitivamente un error.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , el paso del tiempo va produciendo desprendimientos de lo que llamaría “injertos del autoritarismo en la institucionalidad democrática”.
Desde luego, durante el período que le correspondió actuar en el máximo tribunal, el señor auditor general del Ejército jamás se comportó como un juez imparcial: siempre lo hizo como un representante del Ejército, lo cual lo convirtió, de hecho, en un virtual interventor de una rama de las Fuerzas Armadas en el Poder Judicial .
Como consecuencia de este hecho, se registraron fallos que, tal vez, pudieron tener una connotación distinta sin la presencia del auditor general del Ejército. Ello daba pruebas de que esta experiencia, en algún momento, debía llegar a su fin. Nos alegramos de que hoy ocurra eso con la aprobación de esta iniciativa, porque pienso que no sólo dará mayor transparencia a los fallos del máximo tribunal, sino que también contribuirá a la modernización del Poder Judicial . Por eso, celebro el hecho de que el proyecto vaya por buen camino y, en definitiva, que se apruebe para hacer concordantes los verdaderos principios de justicia con lo que señala nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán .
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , antes que todo, quiero recordar que hace algunos meses votamos favorablemente la idea de legislar respecto de este proyecto y que en el momento de votar en particular el artículo correspondiente, el cual, además, fue objeto de una indicación de consenso, se produjo una descoordinación que llevó a que no se consiguiera la votación suficiente.
Hoy tenemos a la vista un texto consensuado que contó con el acuerdo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En otras palabras, y quizás con mejor redacción, recoge la indicación que no logró el quórum suficiente hace algunos meses.
Ahora, lo importante es dejar sentado que, por razones de forma y de fondo, estamos de acuerdo en que el auditor general del Ejército deje de integrar la Corte Suprema cuando se ven materias de justicia militar en tiempo de paz.
Las razones formales tienen que ver con la reforma constitucional, que fijó el número determinado de ministros que componen el máximo tribunal -21 miembros-, y amplió la forma en que se designan, aspecto ya establecido con anterioridad en la Constitución.
Obviamente, la integración con el auditor general no corresponde, toda vez que en la Carta Fundamental se indica un número absoluto de miembros del tribunal máximo, y su designación no concuerda con la forma en que están nombrados los demás miembros de la Corte Suprema.
Pero hay una razón mucho más de fondo, que dice relación con las materias que estamos tratando, básicamente, en la reforma judicial: que el auditor general es juez y parte, pues mientras se investiga un delito cometido por militares en tiempos de paz, estará dando instrucciones a los fiscales, jueces de instrucción, y después, cuando los recursos correspondientes lleguen a la Corte Suprema, formará parte de ese tribunal y juzgará. Es decir, se producirá lo que hoy tanto criticamos a nuestra justicia criminal: un juez que investiga, que da órdenes para que se investigue determinado delito y que después se desdobla y se convierte en un tribunal imparcial para juzgar. Si estamos modificando algo que era claramente inconstitucional después de la dictación de la Constitución de 1980, con mayor razón debemos arreglar lo relativo al auditor general.
Es importante destacar que el proyecto, tal como viene para su aprobación, tiene dos novedades:
En primer lugar, mantiene el criterio de que la opinión de los auditores generales de las Fuerzas Armadas es relevante y constituye un aporte en ciertas materias de jurisprudencia o de experiencia jurídico-militar. Se exige que en determinados casos que deba resolver la Corte Suprema se solicite un informe al auditor general de la rama que corresponda, el que tendrá un plazo fatal de 30 días para responder. Lo importante no es que lo saquemos de la integración y lo dejemos sin voz y sin posibilidad de pronunciarse respecto de materias relativas a la justicia militar, sino que se le pide un informe para cosas bien importantes, como lo relacionado con las facultades conservadoras, es decir, recursos y acciones de amparo y protección; con la facultades disciplinarias, esto es, todo lo relativo a mal comportamiento, falta o abuso que hayan cometido los tribunales militares; con materias económicas, o sea, lo que tenga que ver con la autorregulación de los tribunales militares; con materias de contienda de competencia entre tribunales militares con alguno del mismo fuero, por ejemplo, del crimen, y entre juzgados institucionales entre sí que dependan de distinta corte marcial y, por último, con extradiciones activas.
Creemos que en todas estas materias el auditor general tiene mucho que aportar y es bueno que la Corte Suprema lo oiga.
Por último, debo señalar que el proyecto trae aparejada una novedad que es necesario destacar: hasta ahora sólo se escuchaba al auditor general del Ejército y no a los de las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Según la nueva normativa, el informe lo emitirá el auditor general que tenga que ver con el caso que se está juzgando. Si está involucrado un carabinero, deberá ser el auditor general de Carabineros; si se trata de algún miembro de la Armada, lo hará el auditor general de la Armada. Lo importante no es consultar sólo al auditor general del Ejército, sino también a los de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, que pueden aportar visiones diferentes.
Por las razones señaladas, Renovación Nacional votará a favor el proyecto.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente , suscribo en todas sus líneas lo dicho por la Diputada señora María Pía Guzmán , quien ha hecho una relación muy acabada de la importancia del proyecto y de sus efectos. También quiero subrayar que la iniciativa recoge la indicación de la señora diputada , que complementa y establece de manera muy armónica la supresión como integrante de un tribunal de justicia del auditor general del Ejército, cuestión que ha sido muy criticada a través del tiempo.
La incorporación de dicho personero como integrante de la Corte Suprema es una institución bastante antigua en el Código de Justicia Militar. Lo que ha motivado su crítica son los siguientes factores:
En primer lugar, durante el gobierno militar, a través de varios decretos leyes, se fue hipertrofiando la competencia de los tribunales militares. Entonces, empezaron a conocer de los llamados delitos militares impropios, que afectan no sólo los intereses o bienes jurídicos militares, sino también civiles.
En segundo lugar, el auditor general del Ejército, como integrante de la Corte Suprema, era un funcionario de las Fuerzas Armadas que integraba ese tribunal en calidad de inamovible. Sin embargo, la situación cambió durante el gobierno militar, cuando se generó una situación bastante escandalosa en que se pidió la renuncia al auditor general del Ejército y fue nombrado el actual, señor Fernando Torres .
En tercer lugar, la reforma constitucional fijó en 21 el número de integrantes de la Corte Suprema. De esta manera, se constitucionalizó lo señalado por el Código Orgánico de Tribunales. Al ser la Carta Fundamental una norma de más alta jerarquía, no cabe duda de que prima sobre la simple ley.
Si fuéramos maximalistas, deberíamos decir que, en estricto derecho, en Chile no debería haber justicia militar. Así sucede en Alemania, Suecia, Dinamarca y Noruega, países que sólo prevén la justicia militar en caso de guerra efectiva, no ficta. En otros países, como Estados Unidos o Inglaterra, sólo afecta a militares en casos excepcionales. Lo mismo sucede en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay , Rusia , Francia e Italia. En consecuencia, éste es un singular avance en la temática de un Poder Judicial , a cuya cabeza existe una Corte Suprema independiente, inamovible, imparcial y que da garantía a todas las partes litigantes.
Por eso, se corrige esta anomalía en el Código de Justicia Militar, y asimismo, se reconoce la calidad, la competencia y el conocimiento de todos los auditores de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, a quienes se pedirá un informe sobre las materias señaladas en el proyecto, las que, en la práctica, son estrictamente reglamentarias, no jurisdiccionales, pero implican un aporte de parte de estos funcionarios militares.
Como en otra oportunidad ya fundamenté extensamente mi voto favorable al proyecto para suprimir al auditor general del Ejército como integrante de la Corte Suprema, no repetiré lo señalado y me limitaré a confirmar que la moción que presentamos con el Diputado señor Juan Bustos cuenta con la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI .-
Señor Presidente , quiero rebatir varios argumentos entregados en el debate respecto de la eliminación del auditor general del Ejército como integrante de la Corte Suprema, de acuerdo con el artículo 70-A del Código de Justicia Militar, para los casos relativos a la justicia militar en tiempos de paz y a los puntos 1º al 7º del referido artículo.
En primer lugar, se ha dicho que la reforma constitucional que fijó en 21 el número de ministros de la Corte Suprema derogó orgánicamente, por este solo hecho, el artículo 70-A del Código de Justicia Militar. Ello no es así. No hay tal derogación orgánica y se requeriría de una expresa si hubiese acuerdo en tal sentido.
El inciso segundo del nuevo artículo 75 de la Constitución Política fija la composición de la Corte Suprema en 21 miembros permanentes como ministros, lo cual no obsta a que pueda integrarse con algunas otras personas en ciertas y determinadas circunstancias.
Cabe tener presente que la reforma constitucional, de hecho, no eliminó la institución de los abogados integrantes, los que siguen formando Sala en la Corte Suprema. Se ha entendido que, para suprimirlos, es necesario que se promulgue la reforma al Código Orgánico de Tribunales, que se encuentra pendiente en el Senado. Reitero que, de hecho, los abogados integrantes siguen formando Sala en la Corte Suprema.
He ahí una clara demostración de que la disposición del inciso segundo del artículo 75 de la Constitución no ha producido los efectos jurídicos que aquí se señalan. La reforma de dicho artículo tuvo, entre otros propósitos específicos, eliminar a los abogados integrantes. Sin embargo, en la práctica, ese efecto no se ha producido y para ello debe irse a una modificación expresa del Código Orgánico de Tribunales.
Siguiendo el mismo criterio y la misma argumentación jurídica, debe entenderse que si ese efecto no se ha producido respecto de los abogados integrantes, tampoco ha ocurrido en cuanto a derogar el artículo 70-A del Código de Justicia Militar, con lo cual se elimina de manera orgánica, como se ha dicho, la presencia del auditor general del Ejército como miembro de la Corte Suprema, integrándola sólo para ciertas y determinadas cuestiones de justicia militar en tiempos de paz.
Ésa es una primera cuestión que debe quedar precisada. Por lo demás, en la actualidad la Corte Suprema conoce de recursos de inaplicabilidad sobre esta materia y por esa vía se salvará el punto. Estos recursos están en tramitación, y debe esperarse una resolución de la Corte Suprema sobre ellos para saber cuál es su criterio definitivo en la materia.
En segundo lugar, hay que entender -como ya he señalado- que la presencia del auditor general del Ejército como integrante de la Corte Suprema para ciertas y determinadas materias del Código de Justicia Militar, no lo convierte en un vigésimo segundo ministro de ese tribunal. Es decir, no se vulnera la Constitución. Por ejemplo, el auditor general no integrará la Corte Suprema para efectos del inciso tercero del mismo artículo 75, según el cual “Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el Presidente de la República , eligiéndolos de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propondrá la misma Corte”. En el pleno en que la Corte Suprema elige dicha quina, no está presente ese auditor general. Ello es una clara demostración de que no forman parte, no es ministro , del tribunal.
Tampoco estará presente para los efectos del artículo 80 C: elaboración de una quina por la Corte Suprema para la designación del fiscal nacional del Ministerio Público. En general, el auditor general del Ejército no integra los plenos de la Corte. Sostener que se convierte en un ministro más de ella es ir demasiado lejos. El hecho de que integre la Corte específicamente para ciertas y determinadas materias no lo convierte en un ministro más y, por tanto, no vulnera el inciso segundo del artículo 75 de la Constitución.
En un informe anterior -que conoció el Congreso Nacional respecto de un proyecto que, entre otras cosas, proponía lo mismo que se debate en el actual proyecto-, la Corte Suprema se manifestó contraria a esa iniciativa, por estimar útil contar con la opinión del auditor general en materias propias del fuero militar. La Corte Suprema no ha variado de parecer ni ha resuelto los recursos de inaplicabilidad presentados en el último tiempo.
De modo que la Corte Suprema estima útil, reitero, contar con la opinión del auditor general del Ejército en materias propias del fuero militar, lo cual se justifica ampliamente, puesto que se trata de materias específicas en las que la argumentación del auditor es importante, ilustrativa, toda vez que sirve a los demás ministros que integran la Corte o la sala, para tomar la determinación que el caso amerita. No es lo mismo tener una opinión por escrito de un auditor general de las Fuerzas Armadas, de cualquiera de sus ramas, que contar con su parecer inmediato y voto en el debate de los ministros. Su presencia es mucho más aportadora que un informe escrito en la contraposición de argumentos que puede darse cuando se debate una resolución judicial en la Corte Suprema.
Se ha sostenido que dicho informe escrito puede ser preferible a su presencia, puesto que lo emitirá el auditor de la rama que corresponde -de la Armada, de la Aviación o de Carabineros-, lo cual tampoco es claramente aceptable, por cuanto no se trata aquí de una materia propiamente institucional en que se requiera la visión o perspectiva especializada, por decirlo, así, de la rama de que se trate en el caso que se esté analizando, sino de una cuestión de orden jurídico-general, en la cual no se busca tanto la visión de la institución desde su arma, sino la interpretación jurídica exacta del Código de Justicia Militar; y quien mejor está llamado a hacer esto es precisamente el auditor general del Ejército, que, en este caso, representa a las Fuerzas Armadas en el plano jurídico-judicial. De modo que, tal como lo señala la Corte Suprema, es importante su opinión cuando se trate de materias castrenses y, desde luego, el voto que emite en el instante en que se toma la decisión correspondiente.
En otro plano, se ha afirmado que el auditor general es juez y parte en los procesos propios de la justicia militar. Se ha sostenido que tiene atribuciones para dar instrucciones a los fiscales en la tramitación de los procesos. Ello no es así. Él no tiene ninguna atribución, desde el punto de vista jurídico de las normas que rigen los procedimientos de la justicia militar, para dar instrucción alguna en la sustentación de los procesos que llevan los fiscales navales, aéreos o de Carabineros. Por ello, constituye una conjetura afirmar que él influye en los fiscales que llevan los distintos procesos en las fiscalías navales, aéreas o de Carabineros.
Distinto es que, en relación con las materias de los Nº 1º al 7º del artículo 70-A y con la hipótesis que contiene su inciso primero, él participe en el debate, en la argumentación y, en definitiva, en la decisión que se tome respecto de la materia de que se trate.
Estimo que la presencia del auditor general del Ejército debe mantenerse en los términos del artículo 70-A. Ninguna razón práctica o procesal indica lo contrario. Tampoco hay vulnerabilidad alguna de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 75 de la Constitución Política, que establece el número de los ministros de la Corte Suprema.
En consecuencia, votaré en contra del proyecto, y esperaremos la resolución que la Corte Suprema adopte en cada caso respecto de los recursos de inaplicabilidad, puesto que, como he explicado y demostrado jurídicamente, no hay derogación orgánica del artículo 70-A, como no la hubo de disposiciones del Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a los abogados integrantes.
Por lo tanto, concordando con el informe de la Corte Suprema, reitero la utilidad que su presencia puede aportar en los debates y en las resoluciones que se tomen en materias castrenses en tiempos de paz.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , a las argumentaciones jurídicas de carácter constitucional que se han dado para este importante proyecto, quiero agregar fundamentos o razones de carácter sustantivo que, a mi juicio, deben considerarse en este debate y que refuerzan la necesidad de eliminar la norma en función de la cual el auditor general del Ejército integra la Corte Suprema.
Como se ha dicho, esta integración es otra expresión más de la extrema amplitud de las atribuciones de la justicia militar, con los efectos perversos que todos hemos conocido en los últimos años en nuestro país. Sobre esto cabe dejar en claro que se trata de una reforma pendiente y que es urgente estudiar a la brevedad.
Por otra parte, no podemos negar que el papel práctico, real, concreto, que ha tenido el auditor general del Ejército en la Corte Suprema forma parte del sistema de impunidad que la dictadura militar instaló en nuestro país para impedir el debido proceso legal y el imperio de la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.
Aunque mi colega Bartolucci ha tratado de minimizar el rol de dicho auditor general y su influencia, la experiencia de estos años ha demostrado justamente lo contrario de lo que él sostiene. En efecto, la realidad -al final de cuentas es lo que debe prevalecer en nuestro razonamiento- patentiza una triste experiencia, que nadie, ni el colega Bartolucci, puede negar. En verdad, el auditor general del Ejército, a quien todos conocemos, ha actuado efectivamente como juez y parte en los procesos.
¿Quién puede desconocer su posición, adoptada sistemáticamente, en los fallos en que ha participado? Siempre ha fallado en favor de la aplicación del decreto ley de amnistía, interpretación que hoy no comparten los nuevos integrantes de la sala penal, razón por la cual está quedando absolutamente aislado; pero, durante los años anteriores, él fue un factor fundamental que, indiscutiblemente, influyó en los fiscales y en los ministros.
En las contiendas de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia militar, siempre falló en favor de ésta en delitos gravísimos que nadie consideraría como actos de servicio o cometidos con ocasión del mismo. ¿Quién podría olvidar que el auditor general fue acusado constitucionalmente y que la Cámara aprobó, en diciembre de 1992, la acusación constitucional deducida en su contra justamente por estos fallos?
Además, aunque son conductas difíciles de acreditar, no puedo omitir referirme a ellas por la certeza moral de que así ha sido: el auditor general del Ejército ha actuado como abogado de los militares, es decir, no ha tenido absolutamente ninguna neutralidad ni capacidad para cumplir sus funciones con la independencia e imparcialidad necesarias.
Entonces, por esta perversa amplitud que tienen hasta ahora las atribuciones de la justicia militar; por el rol que en la práctica han jugado; por la necesidad de que tengamos una justicia independiente e imparcial -coin-cidiendo con el acuerdo a que se ha llegado-, me parece que el informe por escrito que consigne su opinión está fundado en una argumentación razonable; pero lo fundamental radica en que no integre la Corte Suprema para, así, ir contando cada vez más con una justicia plenamente imparcial e independiente.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó casi unánimemente el proyecto, y pienso que, probablemente, disidencias como la del colega Bartolucci serán aisladas, y que vamos a sancionar por amplia mayoría un proyecto que, sin duda, tiene mucha importancia.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para concluir la discusión del primer proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , para analizar el proyecto es necesario tener en cuenta y recordar el objetivo que se tuvo al reformar la Constitución Política del Estado mediante la ley Nº 19.541, de 1997, que modificó tanto la integración de la Corte Suprema como la forma en que sus integrantes eran elegidos. El propósito del legislador -la Cámara de Diputados y el Senado de la República- fue en esta materia claro y no sujeto a controversias: que la Corte Suprema estuviese integrada por 21 ministros, 16 provenientes de la carrera judicial y cinco abogados ajenos a la misma, que incorporaran una visión del derecho distinta de la que se va acumulando a través de los años en el ejercicio de la carrera judicial, en las cortes de apelaciones y en la función y competencia que les pueda corresponder inicialmente como jueces letrados en lo criminal o en lo civil.
El propósito final de la reforma fue que la Corte Suprema no se integrase con personas distintas de estos dos orígenes: o eran abogados de prestigio de trayectoria conocida, que le incorporaran a la Cortes Suprema una visión más dinámica del derecho, o venían de la carrera judicial. Pero es evidente que el espíritu del legislador fue terminar con la institución de los abogados integrantes y, naturalmente, de la misma forma, con la incorporación a la Corte Suprema de personas que no reunieran esas calidades, y entre ellas, no hay duda de que nos estamos refiriendo al caso del auditor general del Ejército. En un sistema democrático que funcione adecuadamente, la Corte Suprema no debe tener integrantes distintos de aquellos que no sólo se señalan expresamente en la Constitución, sino que, con toda claridad, son las personas llamadas a actuar en el tribunal más importante de la República. Nos parece que el proyecto apunta en la línea correcta. La Corte Suprema no puede tener integraciones parciales para materias distintas unas de otras. Su funcionamiento es en pleno, en los casos que previene la Constitución, o en salas especializadas, cuando se trate de materias diversas, como los aspectos criminales, materias constitucionales, recursos de amparo, normas civiles contenciosas.
Por lo tanto, a mi juicio, este proyecto de ley cumple con el espíritu que inspiró al legislador al modificar, constitucionalmente, la integración de la Corte Suprema. Nos parece bueno y correcto que ésta, para el conocimiento de los hechos controvertidos de orden judicial que se susciten en el territorio de la República, esté integrada exclusivamente por quienes, según la Carta Fundamental, tienen la calidad para hacerlo, como son los funcionarios de carrera que ascienden mediante el procedimiento de quinas, nominación por el Presidente de la República y ratificación por el Senado, como también por abogados prestigiosos que provienen desde fuera de la carrera judicial. Por eso -repito-, el proyecto nos parece bien orientado y correcto.
A mayor abundamiento, se mantiene la posibilidad de que el auditor general del Ejército y los de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, sean consultados en materias de índole conservadora, disciplinaria, económica relacionadas con el funcionamiento de los tribunales militares, porque ellas no inciden en el ejercicio de la jurisdicción; esto es, de la resolución de causas que se susciten para el conocimiento del máximo tribunal.
Por esa razón, tal como lo harán diputados que han intervenido precedentemente, vamos a apoyar esta iniciativa legal. Es correcta y está en la línea del espíritu del legislador. Nos parece que de esa manera nuestro sistema judicial se va fortaleciendo, teniendo transparencia en sus decisiones y actuando de acuerdo con las normas constitucionales aprobadas con motivo de la última reforma de la administración de justicia.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Se ha completado el tiempo destinado al debate del proyecto.
Queda pendiente la votación.
-Posteriormente, la Sala votó el proyecto en los siguientes términos:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el primer proyecto que figura en el Orden del Día, iniciado en una moción, que modifica el Código de Justicia Militar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En virtud de las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, aunque el proyecto consta de sólo un artículo, corresponde votarlo en particular.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En consecuencia, se declara aprobado en particular.
Por haberse reunido en ambas votaciones el quórum de ley orgánica constitucional, despachado el proyecto en general y en particular.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
SUPRESIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUFRAGAR. Primer trámite constitucional.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
A continuación, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción, que elimina las sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de sufragar.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aldo Cornejo.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 2196-06. Sesión 14ª, en 8 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 2.
Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Sesión 19ª, en 21 de julio de 1998. Documentos de la cuenta Nº 4.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Aldo Cornejo.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, me corresponde informar este proyecto en reemplazo del Diputado informante señor Ignacio Walker, quien se encuentra con permiso constitucional.
Los autores de esta moción -Diputados señores Walker, don Ignacio ; Ortiz , Silva , señora Caraball , doña Eliana ; señores Elgueta , Seguel , señorita Sciaraffia , doña Antonella , Walker, don Patricio , y quien habla- sostienen en los fundamentos de la misma que, en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico electoral -particularmente, la ley sobre votaciones populares y escrutinios- sanciona a aquellas personas que, encontrándose inscritas en los registros electorales, no concurren a sufragar, salvo excepciones que la misma ley establece. En la práctica, ello genera efectos negativos, por cuanto -como es de conocimiento público- una enorme cantidad de jóvenes en condiciones de inscribirse en los registros electorales -aproximadamente un millón- no lo hace, entre otras razones, probablemente, porque si se inscriben, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, inmediatamente contraen la obligación de sufragar, y la ley establece una sanción para aquellos que no la cumplen.
Sabemos, por datos obtenidos, que en el último proceso de elección parlamentaria, en diciembre recién pasado, alrededor 900 mil personas no concurrieron a votar, debiendo hacerlo, y no existe aparato estatal o municipal capaz de aplicar, fluida y rápidamente, las sanciones que establece la ley. Más aún, cada cierto período es necesario dictar leyes de amnistía para quienes no concurrieron a votar. En consecuencia, puede darse el círculo vicioso de que las personas no se inscriben precisamente para no incurrir en la obligación de votar y ser objeto de una sanción pecuniaria, como lo consigna nuestra legislación.
Por lo tanto, los parlamentarios autores de la moción planteamos la supresión de las actuales sanciones para quienes no concurran a votar, como una manera -controvertible- de incentivar su inscripción en los Registros Electorales. Por otra parte, estimamos que la mejor forma de incentivar a los jóvenes a inscribirse en los Registros Electorales no es por la vía de establecer sanciones de orden pecuniario o de otra naturaleza, sino mediante el rol que en esta materia de persuasión, de formación, de capacitación ciudadana puedan ejercer el Estado, el sistema educacional y la propia familia.
No corresponde, en opinión de los autores, que la obligatoriedad del sufragio se relacione de una u otra manera con la capacidad coercitiva o sancionadora del Estado a través de los tribunales para imponer multas.
Reitero que la idea matriz o fundamental del proyecto es la eliminación de las sanciones establecidas en la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios para aquellas personas que, injustificadamente, y encontrándose inscritas en los Registros Electorales, no concurren a votar.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , después de la elección de diciembre del año pasado, en la que quedó demostrado claramente que alrededor de un millón de ciudadanos chilenos no se inscribieron, a pesar de cumplir con los requisitos, en los registros electorales, un grupo de parlamentarios, encabezados por Ignacio Walker , creímos conveniente tratar el tema en un proyecto de ley, en atención a varias conclusiones. Algunos, con muchos años en política, que hemos visto varias elecciones, reconocimos la realidad de que en los últimos años el porcentaje de ciudadanos que votaron fue superior al 80 y 90 por ciento. Pero la señal de diciembre del año pasado implicaba una discriminación injusta. Por un lado, ningún cuerpo legal obliga a un ciudadano a inscribirse en los registros electorales, y, por otro, los que están inscritos tienen una serie de sanciones bastante complejas, de dudosa eficacia, ya que la experiencia histórica demuestra que, en el fondo, carecen de aplicación práctica.
Debido a ello, en la moción planteamos derogar o modificar todas las disposiciones de la ley Nº 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, destinadas a sancionar a quienes no hayan cumplido con su obligación de sufragar.
Los autores del proyecto de ley estamos convencidos de que tendrá, efectivamente, un sentido positivo para ese millón de chilenos no inscritos y que, por lo tanto, no están ejerciendo su derecho ciudadano de elegir entre varios candidatos.
Además, estamos convencidos de que el proyecto contiene un sentido pedagógico y programático en cuanto a que la persona que asuma su responsabilidad de votar no sienta sobre sí prácticamente la espada de Damocles , en el sentido de que, si no lo hace, tendrá una sanción pecuniaria.
Asimismo, tenemos la convicción de que el despacho de este proyecto de ley por el Congreso Nacional -esperamos que su segundo trámite constitucional sea rápido en el Senado de República- significará un incentivo en general para que las personas que no están inscritas en los registros electorales hagan uso de su derecho de participar en nuestra vida cívica.
Por eso, los Diputados señores Ignacio Walker , Aldo Cornejo , diputado informante ; señora Eliana Caraball ; señores Silva , Elgueta , Seguel , Patricio Walker , señorita Antonella Sciaraffia y quien habla, solicitamos el apoyo a la iniciativa, porque creemos que va por el camino de la dignidad y del reconocimiento a la autonomía de las personas en cuanto a que puedan votar en forma no vinculante.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , los Diputados señores Ortiz y Aldo Cornejo fueron suficientemente explícitos para exponer las motivaciones del proyecto de ley.
Obviamente, preocupa que cerca de un millón de jóvenes no se inscriban en los registros electorales en nuestro país. Esta cifra aumenta cuando se consideran las personas que votan nulo, en blanco o que, inscritas en los registros, no concurren a sufragar en las elecciones.
Según expertos electorales, para la elección presidencial de 1999, el país será testigo del hecho dramático de que cerca del 50 por ciento de la población no sufragará. Ello, considerando las personas no inscritas en los registros electorales; aquellas que, inscritas, no votan; las que votan nulo, y las que lo hacen en blanco. Esa situación es tremendamente dramática, y si se analizan las razones, los fundamentos, los argumentos por los cuales las personas no participan, particularmente los jóvenes, obviamente son muchas.
En primer lugar, porque el país está viviendo un clima de normalidad. Hoy no estamos como en la década de los sesenta, en que en el país nos jugábamos por una economía planificada ciento por ciento, una economía libre o una economía mixta. Tampoco nos estamos jugando por si privatizamos o estatizamos el cobre u otras empresas del Estado. Tampoco estamos en la disyuntiva que nos jugábamos en la década de los ochenta, en cuanto a que si el país asumía plenamente la democracia o seguía en un régimen autoritario. Hoy -reitero- estamos viviendo un clima de normalidad, y mucha gente percibe, particularmente la juventud, que no hay grandes disyuntivas en juego en cada elección. Pero este clima de normalidad democrática no es malo, sino una señal de estabilidad y normalidad que está viviendo la nación. Sin embargo, es una de las razones que esgrimen los jóvenes para no inscribirse en los registros electorales.
En segundo lugar, hay una pérdida de interés en lo que dice relación con la actividad política. No es cierto que los jóvenes no estén “ni ahí”, sino más bien que están “en otra”.
Por ejemplo, las marchas a los santuarios del Padre Hurtado y de Teresita de Los Andes y lo que va a ser el Encuentro Continental de Jóvenes demuestran que la juventud participa cuando está en juego la solidaridad o el medio ambiente o hay una causa ética que, en definitiva, la convoque.
Sin embargo, debe reconocerse la creciente pérdida de interés por la actividad política, que es una de las razones por las cuales los jóvenes no se inscriben en los registros electorales.
Una tercera causa por la cual ellos no participan en las diversas elecciones dice relación con el temor o miedo de quedar incorporados, por toda la vida, a un sistema que, para muchos, constituye una camisa de fuerza que les impide discriminar en qué elección participar. A algunos les interesa participar en elecciones presidenciales y no, tal vez, en municipales o parlamentarias.
Por eso, debería tenderse a un método más flexible, menos rígido. El ideal sería consagrar el voto voluntario, como lo propone el proyecto que veremos a continuación. Pero, en subsidio, es bueno eliminar las multas, que desincentivan a muchos jóvenes a inscribirse en los registros y, en consecuencia, a participar en los procesos eleccionarios, con lo cual se resta legitimidad al sistema democrático, incluso al cargo que ostentamos.
Por eso, junto con los diputados que mencionó el señor Ortiz , concurriré con mi voto favorable a la eliminación de las sanciones pecuniarias.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , inscripción y votación son dos partes de un mismo proceso. Si se altera una, necesariamente debe acontecer lo propio con la otra.
En cierto modo, el que tengamos una inscripción voluntaria y una votación obligatoria envuelve algún contrasentido. Entonces, creo que es preciso dar una mirada global.
Desde luego, esta iniciativa debería comportar también el hecho de tener una inscripción automática.
Ahora, en cuanto a la votación y a las sanciones estipuladas para quien no ejerza este derecho, es una cuestión que tiene pros y contras. Entre estos últimos, desde mi punto de vista, está el peligro de ver reducida dramáticamente la base de sustentación de nuestra democracia.
Tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Sus autoridades son elegidas por no más del 25 por ciento de los inscritos, ni siquiera de la población.
Un sistema que funciona sobre bases de apoyo ciudadano tan precario, paulatinamente, va perdiendo legitimidad, y eso deberíamos tomarlo muy en cuenta a la hora de analizar proyectos como éste.
Sé que en el actual ambiente ciudadano esta iniciativa despierta simpatías, porque, tal como se ha reconocido, existe un cierto alejamiento de la gente de todo lo que concierne a la gestión pública, en general. Pero ello es porque la política en Chile se ha desdramatizado.
Las personas no sienten que sea demasiado importante involucrarse en las contiendas políticas, porque, en definitiva, las opciones que se les presentan no difieren gran cosa unas de otras, y eso, precisamente, es uno de los grandes defectos que presenta el actual sistema.
De algún modo, todos hemos colaborado a un cierto maquillaje del modelo, que ha ido eliminando sus impurezas y sepultando las legítimas y genuinas discrepancias. Estas últimas, en función de postrarse ante el altar de los consensos, se han ido ignorando con propósitos cortoplacistas, que más bien atentan contra las bases de sustentación de un sistema político que debe fundarse en ideas y en el debate de las mismas.
No sé si es posible a estas alturas, pero quiero plantear una indicación, en el sentido de que si bien no se contemplen sanciones para quien no ejerza el derecho a voto, se establezca una suerte de premio. Por ejemplo, que el ciudadano que desee ingresar a la Administración Pública deba exhibir la certificación de haber cumplido con el derecho al sufragio. Creo que esto es lo menos que se puede pedir como requisito a quien se incorpora, en calidad de servidor público, a algún ente del Estado.
Propongo formalmente, por esta vía, una moción como la que indiqué. Ya se me informará, primero, si procede hacerla en esta parte y, luego, la modalidad de hacerla llegar a la Mesa.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA .-
Señor Presidente , éste es uno de los proyectos especiales y relativamente curiosos que he visto en la Cámara de Diputados y que requiere, a mi entender, de un análisis, primero, desde el punto de vista formal, y después, de fondo.
Está indisolublemente ligado al proyecto de reforma constitucional que viene a continuación en el Orden del Día. Esta iniciativa elimina las sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de sufragar. El que viene después suprime el sufragio obligatorio.
Digo esto porque, a mi juicio, desde el punto de vista formal, el proyecto en debate no se ajusta a la Constitución. Por lo tanto, amerita la presentación de un requerimiento constitucional -por lo menos dejo constancia de que estudiaremos la idea-. Va mucho más allá de los efectos políticos y afecta el cumplimiento de la Carta Fundamental tal como está establecida.
El artículo 15 de la Constitución dice en su parte medular: “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. Para los ciudadanos será, además, obligatorio”.
O sea, la Constitución establece la obligatoriedad del voto, lo que es razonable. Y algunos parlamentarios han planteado un proyecto de reforma constitucional para cambiar dicho artículo y, en el fondo, hacer voluntario el sufragio, lo que es una forma de cambiar la Constitución.
Pero ¿qué busca este proyecto? En el hecho, modificar, por la vía de la ley, el efecto obligatorio del artículo 15 de la Carta Fundamental, al dejar sin sanción la obligación de sufragar.
No me pronunciaré sobre el fondo del proyecto, porque eso lo haré en el de reforma. Pero hay una cosa muy curiosa y especial. De aprobarse, se van a generar exactamente los mismos efectos que con la reforma constitucional, es decir, no habrá sanción para el que no vota. Me parece que algo así no se puede hacer de esta manera.
Si a uno no le gusta una norma constitucional, puede procurar su modificación; pero no puede proponer dejarla sin efecto por la vía de no sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar. A mi juicio, aquí está el problema de fondo.
Por ejemplo, los artículos 6º y 7º de la Constitución, quizás los más conocidos -se refieren a que nadie puede atribuirse más derechos que los expresamente conferidos en la Constitución y la ley- son fundamentales. Su incumplimiento genera el delito de sedición.
¿Qué pasaría si un parlamentario, dentro del ejercicio de sus funciones, propusiera dejar sin sanción el delito de sedición? Obviamente, quedarían sin efecto práctico los artículos 6º y 7º de la Constitución.
Es lo mismo que está sucediendo con esta moción de determinados parlamentarios. Al no modificarse previamente la Constitución, se pretende, por la vía legal, modificar su texto, lo que, a mi juicio, no se debe hacer.
La palabra “obligar” tiene acepciones muy precisas en el diccionario. La primera: “Hacer cumplir una cosa”; la segunda: “Compeler, o sea, obligar con fuerza o autoridad a que se haga lo que no se quiere”, y la tercera: “Hacer fuerza en una cosa para conseguir sus efectos”.
Por tanto, el legislador debe entender que cuando la Constitución manda que el sufragio sea obligatorio, debe buscar, por la vía de la ley, que esto se haga cumplir, se compele o haga fuerza para producir sus efectos.
Ninguna de estas cosas se está haciendo por la vía de la ley, sino que, en la práctica, se está dejando sin sanción o sin efecto preciso una norma constitucional.
Por ello, creo que debemos votar en contra este proyecto.
Distinto es, desde un punto de vista constitucional, si se modifica la Constitución en virtud del proyecto siguiente. Es obvio que debemos dejar sin efecto el artículo 15, por efecto directo de lo anterior. Pero dejar sin efecto primero la sanción, sin estar seguro de lo que resultará respecto de la obligatoriedad del sufragio, me parece un contrasentido.
Por otra parte, puedo observar un problema adicional. En la argumentación de la moción, se dice en una parte que “valoran el sentido pedagógico y programático de la obligación de votar consagrada en la Constitución”.
Señores parlamentarios: la Constitución no es pedagógica. El día que lo sea, quiere decir que es letra muerta. No es un texto de castellano ni de historia, ni uno para saber teóricamente lo que se puede hacer o no.
La Constitución manda, prohíbe o permite para los efectos de la ley, pero no hace pedagogía ni enseñanza. Garantiza determinados derechos, como acota el Diputado Juan Pablo Letelier -ésa es la norma fundamental-, pero no hace pedagogía.
La Constitución no puede convertirse en algo muy interesante y pedagógico. Desde un punto de vista teórico, eso no es aceptable, porque significaría terminar con la Carta Fundamental.
Por último, se dice que esto es complementario, pero no requisito de reforma constitucional. Creo que es al revés. Este proyecto sólo puede plantearse si se modifica la norma del artículo 15 de la Constitución Política, que establece el sufragio obligatorio; pero si se aprueba una moción que elimina las sanciones aplicadas a quienes no sufragan, en la práctica, se estaría transformando en voluntario y convirtiendo a la Constitución en algo pedagógico; en el fondo, no se estaría cumpliendo con la Carta Fundamental que todos juramos guardar.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , sólo para saber en qué momento vamos a comenzar a discutir el proyecto que sigue, porque el Diputado señor Coloma se ha referido a ambos. Como estoy inscrito para intervenir en el próximo, me gustaría saber qué orden se está siguiendo.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Honorable diputado, la Mesa está siendo muy rigurosa con los tiempos establecidos, con el propósito de que se cumplan a cabalidad.
Su Señoría puede tener la seguridad absoluta de que luego de que intervengan el Diputado señor Juan Pablo Letelier y la Diputada señora Fanny Pollarolo, iniciaremos de inmediato la discusión del próximo proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , si bien es cierto lo que dice el Diputado señor Coloma en su lógica formal, casi cartesiana -a la cual me sumo-, señalando que el orden de los factores es de la máxima relevancia en este debate, considero un despropósito discutir el tema basado en la teoría del salame, puesto que no podemos discutir la iniciativa por partes, por rebanadas, sino que debemos debatir en conjunto, por lo menos, cuatro temas.
Lo primero que surge del debate es si, en esencia, el sufragio es un derecho o un deber. La tradición democrática de las fuerzas progresistas ha sido conquistar el derecho a voto. En torno a eso giró el debate durante largos años, y la última modificación se hizo, incluso, durante la dictadura -a mi juicio por otras razones-, cuando se le dio derecho a voto a los uniformados, cuestión que no estaba contemplada en nuestra legislación.
La mayor conquista social en nuestro país relacionada con el derecho a sufragio fue la lograda por la hermosa movilización encabezada por el Memch en los años 40, para establecer el derecho a voto de las mujeres.
Lo cierto es que la tradición histórica en los países occidentales -diría a nivel planetario- ha sido entender el sufragio, por lo menos, como un derecho. Con el devenir del tiempo, hay quienes han planteado que, además de ser un derecho, debe existir una responsabilidad ciudadana al ejercerlo.
Personalmente, creo que ése es el debate de fondo, a eso debemos remitirnos con gran profundidad, sin maniqueísmo, porque detrás de la reflexión de que el voto debe ser obligatorio -por lo tanto, es un deber-, hay otro debate, que tiene que ver con el sistema democrático que debe imperar a las puertas del próximo siglo: sistemas políticos y sistemas democráticos en un mundo interdependiente, en donde los poderes de hecho son múltiples y cada vez más diversos y en donde también hay dos bienes que se contraponen.
Respecto de la sustentabilidad del sistema político, dentro de un Estado nacional que está cada vez más cuestionado en este mundo globalizado, algunos dirán que ella depende de la cantidad de almas y voluntades que concurren a tomar acuerdos; otros dirán que la cantidad es irrelevante y que lo único que importa es la calidad de quienes deciden. Sin duda, este debate no es irrelevante, por cuanto en cualquiera de los dos casos existe el peligro del cohecho, tan conocido en los sistemas presuntamente democráticos o en sistemas que aspiran a ser plenamente representativos. Si bien en el pasado tenían formas muy burdas, por el mecanismo de votación existente, quienes integramos el Congreso Nacional -diputados y senadores- seríamos poco honestos si desconociéramos que el cohecho, con nueva forma y estilo, está presente en cada elección. Es decir, siempre existe la intención de incidir en la voluntad de las personas, a través de medios que nada tienen que ver con la persuasión y con las ideas. Por cierto, este debate es el que debe tender a enfatizar, cada vez más, que el voto no sólo tiene que ser un derecho, sino que también debe implicar una responsabilidad ciudadana, y en tanto se establece como responsabilidad ciudadana-deber, se puede prevenir el cohecho.
De manera que el debate de fondo es si el voto es un derecho o un deber y si es importante la cantidad o calidad de quienes sustentan un sistema democrático, como señalaba el Diputado señor Coloma en su intervención. Por eso, resulta curioso comenzar esta discusión refiriéndose al tópico relativo a las sanciones.
No quiero restar validez a la reflexión en un país en que muchas veces existen sanciones que no se aplican. Por lo tanto, la intención de eliminarlas puede ser un acto de sinceramiento. Se puede dar otro ejemplo: el servicio militar obligatorio. Curiosamente, el 35 por ciento de los jóvenes de 18 años no lo hace “por razones graves de salud”. Esto demuestra que hay muchos que no se someten a las sanciones del caso, porque tienen un buen “pituto”, porque hay médicos que entregan buenos certificados.
De manera que lo que hay detrás de este debate, a mi juicio, es si el incumplimiento de las obligaciones ciudadanas en cualquier ámbito siempre debe ser sancionado. Y aquí discrepo del Diputado señor Coloma ; no sé si siempre debe sancionarse, porque eso depende de si el voto es un derecho o un deber. Por cierto, la mayoría de quienes creen que debe ser un deber pensarán que tiene que sancionarse a quienes no lo ejercen.
Tengo la impresión de que no avanzaremos mucho en este debate, si previamente no discutimos una cuestión que estuvo presente en el origen de la iniciativa: la inscripción en los registros electorales. Los argumentos de los colegas que propusieron la moción, más que a si el voto es obligatorio o no, deberían apuntar al sistema de inscripción existente en el país. En eso, me sumo a quienes creen que hay que cambiarlo, independientemente de si el voto es obligatorio o no y de si se debe sancionar a quienes no ejerzan este derecho-deber, porque el sistema imperante es arcaico, discriminatorio e inútil. Digo esto por los horarios en que funcionan las oficinas del Registro Electoral , curiosamente, sólo durante una semana, a diferencia de lo que ocurre con los cantones de reclutamiento, en que los encargados se trasladan a los colegios para inscribir a los jóvenes. En este caso, cuando se trata de ejercer un derecho o un deber ciudadano, no lo hacen.
Por eso, como lo señalaba el Diputado señor Patricio Walker , los colegas que apoyan la iniciativa para eliminar desincentivos, se inscriben en aquella escuela que pretende fomentar más participación. En ese sentido, comparto que es necesario revisar el sistema de inscripción existente y, por cierto, reflexionar acerca de si la lógica de las multas y de este tipo de sanciones es la que más ayuda a hacer más democrático nuestro sistema político.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, por tres minutos, la honorable Diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente , resulta difícil separar el debate de los dos proyectos. Estamos buscando resolver una preocupación que tiene que ver con nuestro concepto de democracia; es decir, cómo solucionamos el problema de la abstención electoral y de la apatía de nuestra juventud. Eso nos está preocupando y es importante que así sea. Ahora, creo que ni con este proyecto ni con el siguiente daremos una solución global al problema, porque es muchísimo más complejo.
En primer lugar, quiero plantear un problema formal. En esta oportunidad concuerdo con el Diputado señor Coloma -ocurre muy pocas veces-, porque su lógica me parece muy clara y convincente.
En todo caso, aprobaré el proyecto sólo como una señal de que estoy de acuerdo con respecto a eliminar la sanción y la obligatoriedad, porque lo que buscamos es cómo desarrollar, estimular y promover la ciudadanía plena. Indiscutiblemente, tiene que ver con la libertad; sin duda, es un deber, pero afincado en la formalidad y, además, existe la salida de no inscribirse, que es el problema que estamos viendo y que es una falsa, mala y débil manera de promover esta responsabilidad ciudadana.
Sólo quiero mencionar algunos aspectos que deberíamos incorporar en un debate más completo y sincero, más a fondo y más honesto. En verdad, lo que está en juego es por qué el voto ciudadano se ha desvalorizado. Esto se relaciona con las reformas constitucionales pendientes. La afirmación de la juventud de que su voto no vale, tiene que ver con que el sistema electoral permite que algunas minorías tengan la misma representación que las mayorías. Además, el sistema electoral está dejando afuera a minorías que tienen significado y presencia, nos guste o no.
Entonces, hay una desvalorización del voto que se está sintiendo, especialmente en la juventud, la cual ve que no puede influir a través del voto si en el Senado la representación no es real; el Senado no está representando a la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos el caso del proyecto de ley sobre filiación, que el 90 por ciento de los chilenos quería que se aprobara; sin embargo, en el Senado las cosas estaban muy complicadas. Es una demostración práctica de que en el Senado la ley electoral significa una mala manera de representar a la ciudadanía.
Por último, me parece indispensable avanzar en este debate. No sólo necesitamos debatir más las ideas, sino también estas reformas institucionales, y, en ese sentido, el proyecto me parece bastante interesante, incluso con la idea de premiar, por cuanto el ejercicio de la responsabilidad se da en una democracia donde se ejerce plenamente la libertad.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado al debate de este proyecto.
-Posteriormente, el proyecto se votó en los siguientes términos:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto, iniciado en moción, que elimina las sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de sufragar.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Rechazado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Se abstuvieron los Diputados señores:
SUPRESIÓN DEL SUFRAGIO OBLIGATORIO. Primer trámite constitucional.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Siguiendo con los acuerdos, a continuación corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción que suprime el sufragio obligatorio.
Tiene la palabra la Diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía) .-
Señor Presidente , estamos ante una reforma constitucional para derogar la obligación del sufragio, que pesa sobre todos los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral .
El fundamento de esta moción señala textualmente que la obligatoriedad del voto sería contraria a los principios de una sociedad libre, incluso, a las bases mismas del sistema democrático. Debo señalar que esta argumentación y fundamentación de la moción no me convence. Básicamente, creo en la libertad, en una sociedad libre. La libertad es la que impulsa e induce al desarrollo y al progreso de las naciones, pero, claramente, es una de las caras de una moneda que, por la otra tiene las obligaciones, deberes o cargas ciudadanas, tantas veces ignoradas, por correr tras la libertad.
Así como el impulso del progreso de una sociedad lo da la libertad, la amalgama, el aglutinante, lo que da identidad y permite generar cauces comunes para lograrlo, es el cumplimiento de los derechos, responsabilidades y cargas ciudadanas. Es así como entiendo la obligación de votar: un derecho, pero, a la vez, un deber.
La primera conclusión que saco del proyecto es que la obligación de votar es algo íntimamente unido al sistema democrático, al cumplimiento de este deber; por lo tanto, quiero reincorporar una indicación que formulé en la Comisión, pero que no fue votada, y cuyo objeto es establecer un nuevo inciso primero en el artículo 15 de la Constitución, que señale que “el voto es un derecho y es un deber ciudadano”.
A mayor abundamiento, más allá de lo que nos pueda decir la doctrina, creo que en esta democracia latinoamericana la obligatoriedad del voto también tiene un sustento en la práctica; está claro que tiene que ver con la legitimidad de nuestras democracias, es decir, mientras más personas voten, nuestras autoridades son más democráticas. Por el contrario, ¿qué sucede en aquellos países donde actualmente existe el sufragio voluntario? Son países en que sus autoridades e instituciones democráticas están absolutamente legitimadas. Es así como el Presidente de Estados Unidos puede estar absolutamente legitimado con una votación y una abstención del 40 por ciento de los electores -siempre y cuando diga la verdad-.
El punto es que en nuestras democracias iberoamericanas, bastante más febles, más débiles, necesitamos dar legitimidad a nuestras autoridades, y creo que es la razón de fondo por la cual se ha establecido la obligatoriedad del sufragio; pero ¿es una obligatoriedad real la que tenemos en nuestro sistema institucional? No, no es real, sino formal, que requiere de un prerrequisito: demostrar ante el Servicio Electoral que soy ciudadano. No basta con cumplir 18 años y no estar procesado o condenado por una pena mayor a tres años y un día. Requiero, además, probar ante el Servicio Electoral que cumplo con estos requisitos, e inscribirme, y eso provoca que hoy estemos en una situación de no cumplimiento de la ley, porque ¿cuál es la verdad? El Director del Registro Electoral nos señalaba que hay 1 millón 500 mil personas mayores de 18 años, no inscritas, y más de 950 mil personas que no votaron en la última elección de diciembre de 1997, lo que nos está diciendo que hay un colapso, una falta de credibilidad en el sistema político institucional electoral.
A esto debemos agregar que entre 1925 y 1928, en que se estableció la obligatoriedad del voto, hubo 26 leyes de amnistía. Es decir, de acuerdo con la Constitución, tenemos la obligatoriedad de votar, una sanción incorporada en la ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, pero no se cumple. Existe impunidad respecto de aquellos que no cumplen la obligación. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos, porque es lo que causa el desprestigio de las autoridades encargadas de elaborar y cumplir las leyes, ya que hay leyes que son inaplicables. El Director del Registro Electoral nos decía: “son 950 mil personas, a las cuales yo debería denunciar a los juzgados de policía local para que las multen”. Eso es absolutamente imposible. Estamos frente a uno de aquellos casos en que hay colisión de intereses. Por un lado, tenemos el punto doctrinario: el derecho-deber, y por otro, el necesario interés del prestigio de las instituciones democráticas, y es en ese equilibrio en el que debemos movernos para tener realmente una solución adecuada.
Creo que hoy, más allá del purismo doctrinario, nos interesan la organización, estabilidad y legitimidad del sistema institucional político electoral, y para eso tenemos que tomar muchas medidas. Primero, debe crearse la conciencia cívica de la importancia de ejercer la soberanía, porque, ¡ojo!, votar no es cualquier cosa, no es cualquier deber, sino que significa aquello que nos dice el inciso primero del artículo 5º de la Constitución: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas...”.
Entonces no hablamos de cualquier deber, sino de uno que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía, de la más mínima toma de decisiones en cuanto al orden institucional de un país. Por lo tanto, debemos crear conciencia de que el voto es exactamente eso: ejercer la soberanía.
Segundo, los políticos también tenemos una obligación: debemos adecuar nuestros discursos y acciones a la realidad que viven nuestros conciudadanos; incentivar con propuestas, visiones y sueños, el cumplimiento de este deber cívico, que es votar, elegir nuestras autoridades. Obviamente, a ello no ayuda un sistema electoral sujeto a coacción. Está claro el desprestigio de un sistema sujeto a coacción que no está operando, porque no se hacen las denuncias o se amnistían las multas. Por eso, a pesar de la argumentación señalada en términos doctrinarios, estoy por favorecer el sufragio voluntario, en la medida en que todos los ciudadanos mayores de dieciocho años, que no estén condenados a pena aflictiva, queden inscritos automáticamente en el padrón electoral y se determine por alguna fórmula tipo presunción legal, el domicilio respecto del cual deben votar. Para eso, debo recordar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se reunió con el Ministro del Interior , se trató este tema y se llegó a un acuerdo que, básicamente, consistía en que nosotros votábamos favorablemente o propiciábamos la votación favorable de los dos proyectos de ley que estamos viendo hoy, siempre y cuando el 30 de agosto tuviéramos aquí un proyecto de ley del Ministerio del Interior, que determinara que la inscripción era automática y se presumía que, legalmente, el domicilio de una persona era aquel declarado en su cédula de identidad. Esa iniciativa no ha llegado; por lo tanto, parte de este acuerdo o lo que realmente significa una visión global del tema, no se ha cumplido.
Sé que el país necesita más transparencia en el sistema electoral, más educación cívica, mayor compromiso de sus ciudadanos con los destinos de su país. Nuestro país necesita menos burocracia para participar en los actos electorales, menos elecciones periódicas y requiere menos rigidez en los sistemas para escoger candidatos, pero el tratamiento de todo el sistema institucional, político, electoral requiere verse en su globalidad y creo que hoy no están dadas las condiciones, en la Sala, para tratarlo en su globalidad, básicamente, porque nos falta la tercera “pata” de esta gran reforma: el proyecto del Ministerio del Interior, en orden a establecer la automaticidad de las inscripciones.
Por lo tanto, sugiero que no se vote hoy el proyecto y vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, como ya de todas maneras deberá hacerse por la indicación que he presentado, y que se oficie -pido la anuencia de mis colegas diputados- al Ministro del Interior para solicitarle que cumpla con su obligación de enviar el proyecto de ley que estamos esperando. Entiendo que hubo un cambio de gabinete, que el nuevo Ministro del Interior debe adecuarse al trabajo, pero la vida sigue, nuestro trabajo continúa y la mayor parte de los técnicos de ese Ministerio han continuado en sus puestos. Por lo tanto, no veo la razón para que el 30 de agosto no se hubiera cumplido con este compromiso.
Quiero que se oficie al Ministro para solicitarle que, a la brevedad, nos envíe ese proyecto y con él en la mano estemos nuevamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viendo este tema en su globalidad.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Hay inscritos diez honorables diputados. Si quienes intervengan siguen hablando con mucha amplitud, no podrán intervenir todos.
Se me ha solicitado que pida el asentimiento de la Sala para que los diputados inscritos cuenten con cinco minutos, como máximo, para su intervención.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , respecto del proyecto de ley -como yo le había adelantado-, nuestra bancada, junto con la Diputada señora Pía Guzmán , queremos solicitar que este proyecto y el que elimina las sanciones asociadas al incumplimiento de la obligación de sufragar no se voten hoy, por su trascendencia y por el incumplimiento del compromiso del Ejecutivo con la Comisión de Constitución, presidida por el Diputado señor Aldo Cornejo , en el sentido de enviar un proyecto relacionado con la inscripción automática en los Registros Electorales.
En el entendido de ese acuerdo, pedimos que ojalá esta iniciativa se siga discutiendo, dada su trascendencia. No es un proyecto más. Estamos hablando de la consecuencia que debe existir en democracia.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En primer lugar, solicito el acuerdo de la Sala para que los diputados que se encuentran inscritos dispongan, como máximo, de cinco minutos para intervenir.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En segundo lugar, solicito el asentimiento de la Sala para proceder en los términos planteados por el Diputado señor Moreira.
No hay acuerdo.
Por un asunto reglamentario, tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , como hay diez diputados inscritos, pido que recabe la unanimidad de la Sala para prorrogar el Orden del Día a fin de que expongan sus ideas como corresponde. En un proyecto de esta naturaleza no es bueno acotar las intervenciones a cinco minutos.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , no hay acuerdo en tal sentido.
Los inscritos son los Diputados señores Aníbal Pérez, Andrés Palma, Iván Moreira, Juan Bustos, Rodrigo Álvarez, Nelson Ávila, Diputada señora Lily Pérez, Diputados señores Antonio Leal, Tomás Jocelyn-Holt, Juan Antonio Coloma y Ricardo Rincón.
Tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ ( don Aníbal) .-
Señor Presidente , a propósito de consecuencias democráticas, como señalaba el Diputado señor Moreira , quiero expresar que comparto la opinión de muchos parlamentarios, en especial de los autores de la moción, todos de la UDI, de que en una sociedad democrática y libertaria no corresponde la obligatoriedad del voto, pues contradice los fundamentos esenciales de un régimen y una sociedad basados en las libertades ciudadanas.
Pero también hay que decir las cosas en forma clara: hoy en el país no tenemos un régimen plenamente democrático. Subsisten instituciones que lo transgreden tanto o más que la idea planteada en la moción en debate. Hay senadores designados, uno vitalicio, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional, y lo paradojal es que los propios diputados que presentaron la moción son los que han ayudado a la permanencia y ratificación de estas instituciones antidemocráticas.
Entonces, con propiedad, cabe preguntar ¿hasta dónde llega la consecuencia democrática? Por un lado, se habla de participación, de libertades ciudadanas, de democracia, de sistema electoral amplio; pero mantenemos y ratificamos, con los votos de esos mismos parlamentarios, instituciones que están afectando la democracia.
Por eso es que uno puede preguntarse, ¿es verdadera la conversión democrática de los diputados de la UDI? ¿Están por una sociedad participativa en que sus autoridades sean legitimadas por la soberanía popular? Hace dos semanas se discutió en esta Sala durante doce horas un proyecto que apuntaba a lo que aquí se dice: que la gente participe en forma voluntaria, que las autoridades sean legitimadas por la soberanía popular, como en el proyecto de las primarias. Una vez más, los diputados autores de la moción en estudio votaron en contra. Entonces, ¿es serio y sincero este interés democrático o sólo hay detrás un fin meramente electoral o demagógico? La consecuencia a la cual se refirió el Diputado señor Moreira no la veo, no la observo. Ellos mantienen instituciones antidemocráticas, pero dicen que el proyecto apunta a un régimen plenamente democrático. ¿En qué quedamos? ¿Cuándo nos conviene o cuando no nos conviene?
En consecuencia, aun cuando considero interesante el proyecto, antes de llevarse a cabo deben aprobarse otras iniciativas legislativas. Aquí se ha dicho, muy bien, que la inscripción electoral debiera ser obligatoria. De lo contrario, con la desafección política y la baja participación de los jóvenes, puede suceder que las autoridades del país tengan una muy escasa legitimidad por parte de la soberanía popular. Pregunto a los señores diputados: ¿estarían conformes si hubiesen sido elegidos con un universo inferior al 30 ó 40 por ciento del electorado? Obviamente que no. Entonces, el tema no es tan simple y debe ir unido a otras indicaciones legislativas.
En consecuencia, en primer lugar, estoy de acuerdo con el proyecto, siempre y cuando aprobemos primero la inscripción electoral obligatoria. Con los adelantos en computación y tecnología, no creo que hubiese problemas para implementar un sistema de esa naturaleza.
En segundo lugar, lo que acaba de manifestar la Diputada señora Pía Guzmán es fundamental: que en la enseñanza básica y media sea obligatorio el ramo de educación cívica. Es fundamental que nuestra juventud entienda y valorice la democracia y sus instituciones.
Estoy dispuesto a votar a favor siempre y cuando se traten ambos proyectos.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , el 30 de julio pasado, junto a los Diputados señores Mario Acuña , Rafael Arratia , Gabriel Ascencio , Manuel Bustos , Diputada señora Eliana Caraball , Diputados señores Patricio Cornejo , Sergio Elgueta , Homero Gutiérrez , Miguel Hernández , Francisco Huenchumilla , Jaime Jiménez , Tomás Jocelyn-Holt , Enrique Krauss , Pablo Lorenzini , Gutenberg Martínez , Jaime Mulet , Juan Núñez , Sergio Ojeda , Carlos Olivares , José Miguel Ortiz , Joaquín Palma , Luis Pareto , Víctor Reyes , Ricardo Rincón , Edgardo Riveros , Edmundo Salas , Rodolfo Seguel , Exequiel Silva , Sergio Velasco y Edmundo Villouta , anunciamos nuestra oposición al proyecto en estudio.
El motivo es muy simple: la iniciativa se inscribe en una lógica contraria a la que compartimos los democratacristianos. Se inscribe en la pura lógica del liberalismo total, del que ni siquiera existe en la práctica cotidiana, sino que, de acuerdo con los textos, debiera ser el camino directo al comunismo, porque lo que busca es una sociedad sin Estado.
El proyecto, presentado por los liberales en el Parlamento, busca suprimir el compromiso de los ciudadanos con su sociedad y las reglas que establecen esos compromisos. Enfoca, como lo comentó el Diputado señor Juan Pablo Letelier en el proyecto anterior, el sufragio sólo como un derecho y no como un deber, en circunstancias de que es un deber y un derecho. No se puede separar lo uno de lo otro, porque si se hace, se termina en algo que no es real.
En nuestra sociedad tenemos diversos deberes y derechos: existe el derecho a la educación, pero es deber de los padres enviar a sus hijos a la educación primaria, porque es obligatoria; para los jóvenes es obligación inscribirse en el servicio militar, y existe el deber y el derecho de pagar impuestos y de recibir subsidios.
Ahora, por alguna razón muy central del sistema, los liberales atacan el deber-derecho a votar, y lo hacen de la manera más sencilla: toman en consideración las encuestas, que la gente no quiere votar, que aparentemente no quiere participar de la sociedad, y les dicen: “Quédate en la casa. No participes de la sociedad, no tomes compromisos.” Disminuyamos el poder de la gente, el valor de las instituciones, y cambiemos la correlación de fuerzas en nuestra sociedad para, de esa manera, volver a conquistar el poder.
Bajo esa lógica, sería más simple suprimir las elecciones, y que todos los sistemas electorales se sustituyan por uno fidedigno de encuestas. Hagamos una encuesta y veamos quién sale Presidente de la República . Resultaría supereconómico, las personas no tendrían ni siquiera que molestarse en salir de sus casas; las encuestas podrían hacerse a través de telecomunicaciones, en fin, para qué molestarse con la obligación de sufragar, de participar en nuestra sociedad, de construir una instancia de compromiso.
Estos liberales que nos conducen a la sociedad sin Estado, es decir, al comunismo, nos proponen una alternativa mucho mejor.
Pero, el cambio que necesita nuestro país -ya lo dijo el Diputado señor Aníbal Pérez - es el inverso. Necesitamos ampliar la participación, no disminuirla. Necesitamos que exista el derecho a plebiscito. ¿Por qué los mismos que presentaron el proyecto se oponen a la realización de un plebiscito en el país, no sólo en las comunas ricas? ¿Por qué no apoyan la elección directa de alcalde, por mayoría absoluta de sufragios, para mejorar la participación y la administración en nuestras comunas? ¿Por qué se oponen a la iniciativa popular en materias legislativas? ¿Por qué se oponen a los registros electorales a nivel de unidades vecinales, de manera de encauzar la participación de los vecinos? ¿Por qué se oponen a la posibilidad de primarias, como decía el Diputado señor Aníbal Pérez ? Porque eso va en el sentido de la participación, de la integración social de una sociedad en la cual nos reconocemos. Va en el sentido contrario al liberalismo que ellos propugnan.
Por lo anterior, los diputados que mencioné votaremos en contra del proyecto.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente , no pretendo hacer comparaciones odiosas, pero hay una palabra para graficar la intervención del Diputado señor Andrés Palma . Él ha hecho de este debate un verdadero charquicán, con comparaciones odiosas, con una confusión de antecedentes en donde queda de manifiesto que la Democracia Cristiana, por lo menos los señores diputados que patrocinan esta alocución bastante destemplada en una materia tan técnica y política, como es eliminar la obligatoriedad del voto, tratan de caricaturizar a quienes hemos presentado el proyecto con una imagen de liberalismo.
Queda en evidencia que nosotros somos liberales y que algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana son estatistas, que prefieren obligar a la gente a votar, en democracia, porque no tienen capacidad de motivar al electorado.
Lo importante es que las cosas queden claras, se apruebe o se rechace el proyecto. Lo que está claro es que, luego de mucho tiempo, el Congreso Nacional debe resolver sobre un proyecto de reforma constitucional que hemos patrocinado algunos parlamentarios de la UDI, pero también gente de otros sectores, porque se trata de ser coherente con la democracia y no meter en las primarias una serie de otros antecedentes que no vienen al caso. Lo que sí está claro es que, más allá de las legítimas aspiraciones doctrinarias, aquí hay una difícil prueba para la clase política, porque se enfrenta a la posibilidad de perder un mercado cautivo, como son los electores obligados a votar bajo apercibimiento de sanción judicial; es decir, estamos en una democracia bajo apercibimiento judicial.
No resulta coherente en una sociedad libre que a los electores se les imponga la carga de participar en las votaciones populares. A los políticos no se nos hace asumir la exigencia de ser capaces de motivar con nuestra actuación ciudadana. La ley no obliga a participar en las elecciones de los cuerpos intermedios. Es más, siguiendo un sano principio, ni siquiera obliga a pertenecer a ninguna organización gremial, de forma tal que quienes dirigen o aspiran a dirigir estas sociedades se enfrentan a una doble exigencia: la de motivar a las personas a incorporarse, y luego mantenerse en ellas, o sea, un apego con alto grado de permanencia para que sigan participando en las decisiones de dichas sociedades.
Conozco de sobra los argumentos contrarios; pero lo importante en este proyecto es, fundamentalmente, la coherencia de principios. Aquí se han dado muchos argumentos en contra; pero los señores diputados que hablan de democracia ni siquiera han tenido la capacidad de preguntar cuál es la opinión de su propia gente. Se está dando un paso para eliminar, no sólo las sanciones que, de una o de otra forma, penalizan el no votar, sino también la obligatoriedad de hacerlo. Quizás en el pasado había intrínsecamente unidad entre voto voluntario, voto deber, o voto derecho. Estamos hablando de voto sinónimo de deber y de derecho, pero creo que la democracia jamás ha cumplido con las expectativas del país.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Le queda un minuto, señor diputado .
El señor MOREIRA.-
De manera que, pase lo que pase, lo importante es que las cosas queden claras. Aquí ha quedado definitivamente claro quiénes están apegados al estatismo y quiénes nos tildan de liberales, cuando lo único que queremos con este proyecto de ley es no obligar a los chilenos a votar; que el mundo político sea capaz de motivar, de estimular, de entusiasmar a la gente con proyectos concretos. Es muy fácil la vida del político. Primero, obligamos a la gente a votar por nosotros. Hablamos de primarias que cuestan millonarios recursos, que el país podría ocupar en otras cosas; hablamos de financiamiento de los partidos políticos y de campañas electorales. ¡Qué fácil es ser político!, ¡qué fácil es ser estatista!
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , en primer lugar, hay que hacer un reconocimiento a los diputados que han presentado esta moción, en especial al señor Moreira , porque han colocado en el tapete uno de los temas más relevantes que hemos tratado durante este año, al menos en aquellos en que tenemos iniciativa los diputados.
Si bien felicito la iniciativa, voy a discrepar de la misma, a pesar de que el tema es ampliamente debatible. Es un error incurrir en comentarios negativos, tachando a algunos de liberales y a otros de estatistas. La iniciativa amerita un debate más profundo y existen buenas razones o argumentos para defender una u otra tesis. Este es un antiguo debate en materia constitucional y de derecho político: cómo interpretar o analizar qué es el voto. ¿Es una facultad, una mera liberalidad de las personas de pronunciarse en cuanto al quehacer político de su país y a la elección de sus autoridades? ¿O es un deber que forma parte del cuerpo electoral y, por tanto, una institución mucho más amplia que busca establecer cómo designar a las autoridades o ciertos procedimientos de gobierno?
Por lo tanto, aquí no hay sino dos grandes ideas que analizar y debatir, cada una con suficiente argumentación histórica e internacional y, sin duda, de peso: ver el voto exclusivamente como un derecho o verlo como un deber. Personalmente, en una sociedad democrática, tiendo a preferirlo como un deber, porque creo que es lógico que todos los ciudadanos asuman responsablemente la conducta y la decisión de su nación. Así como me opondría a una ley que pretendiera libremente que las personas respetaran o no los fallos judiciales, cumplieran o no con las leyes, fueran o no a la guerra para defender a su país o pagaran o no sus impuestos, me opongo, en este caso, al voto voluntario, porque es un deber de cada ciudadano. Por lo tanto, debemos analizar, desde la perspectiva del ciudadano, entre sus derechos y deberes, si es un deber participar en el cuerpo político organizado, el cual se expresa a través del cuerpo electoral en el momento de designar las autoridades.
Creo que es una mala señal lo que planteábamos y es bueno que continúe la actual situación, instando a la gente a participar y a tomar responsablemente el futuro de su país en sus propias manos, con su voto y decisión.
Por otra parte, se han citado experiencias internacionales, la mayor parte negativas. Discrepo un poco de lo que señalaba hace un rato la Diputada señora Guzmán . Las democracias, incluso las occidentales, cuando empiezan a tener votaciones de menos del 50 por ciento, del 40 ó 30 por ciento -por ejemplo, el Parlamento Europeo, en las últimas tres o cuatro elecciones, ha sido elegido con una votación promedio de 30 por ciento-, a la larga, van perdiendo legitimidad, se va minando claramente un sistema democrático y la gente puede no tener ningún afecto o respaldo hacia las autoridades o el sistema democrático en sí, porque realmente no ha colaborado con su decisión. Reitero que las experiencias internacionales demuestran que esto es minar de a poco los sistemas democráticos y la legitimidad de los gobiernos.
También se ha dicho, en otras ocasiones, que al suprimirse la obligación y levantarse las sanciones, es más posible que se incurra en una serie de vicios en el sistema electoral, como es, básicamente, el cohecho. Es decir, hoy, sin sanciones, por una parte, y sin obligación de votar, por otra, es mucho más sencillo utilizar recursos, presión o fuerza para evitar el voto o, simplemente, utilizar el cohecho o la amenaza.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Le queda un minuto, señor diputado .
El señor ÁLVAREZ .-
Ante razones prácticas y materiales, como las de vicio y cohecho, por no creer que las experiencias internacionales reafirman la obligación de votar y, en general, sin entrar a calificar a nadie de liberal o de estatista, sino sencillamente porque hay argumentos razonables para las dos tesis -para sostener que es un derecho que se ejerce con total prescindencia, o una obligación en que uno participa a fin de decidir el destino del país-, yo, por lo menos, me voy a oponer a este proyecto porque considero importante que cada chileno tenga el deber u obligación de opinar sobre el destino político de su país.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan) .-
Señor Presidente , hay dos problemas diferentes que aquí debemos considerar. Uno es el referente a la inscripción electoral, y otro, relativo al sufragio.
La inscripción es un aspecto propio y natural del Servicio Electoral de un país; es decir, un deber u obligación del Estado establecer un sistema de inscripción que a todos, en forma igualitaria, les posibilite el sufragio. Es la condición mínima que se puede ofrecer en un Estado democrático.
Nuestro sistema de inscripción es defectuoso y obstruye la posibilidad del sufragio. Por eso me parece adecuado que, en un sistema democrático, la inscripción sea automática. El director del Servicio Electoral señaló en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, en verdad, el establecimiento de una inscripción de carácter automático no implicaba mayor problema para el sistema electoral del Estado. Esa fórmula de inscripción falta en este proyecto y con mucha razón se debía esperar la indicación respectiva y después proceder a la votación.
Como muy bien señala el artículo 13 de la Constitución Política, el ejercicio del derecho a sufragio está implícito en la ciudadanía. Más aún, podríamos decir que el derecho a expresar su opinión es algo propio del ciudadano como tal desde que es niño -así lo dice la Convención de los Derechos del Niño-, ya que es un ciudadano y tiene derecho a participar.
Ejercer el sufragio es un problema diferente, y por eso hay un límite de edad. Los derechos establecidos en nuestra Constitución -a opinar, a la libertad de conciencia, al pluralismo político-, son consustanciales, y el de sufragio es un corolario. Por eso es inconsecuente que, a diferencia de lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política, el artículo 15 diga que el sufragio es obligatorio. Aparece, entonces, una contraposición entre derecho y deber, lo cual no resulta plausible en un sistema democrático.
¿Cómo se puede ejercer la soberanía popular, que reside en el pueblo, en forma constreñida, cuando su fundamento está en las libertades de opinión y de conciencia? Allí está el fundamento del derecho a sufragio.
Si estamos conscientes -así lo hemos planteado en nuestras reformas procesales penales- de que a nadie se puede obligar a declarar, ni siquiera cuando se le imputa algún ilícito, ¿cómo podemos entonces obligar a la gente a manifestar su preferencia política y, más aún, aplicarle una sanción? Resulta imposible en un sistema democrático. Otra cosa muy diferente es la responsabilidad de los actores políticos para que tomen conciencia de la importancia de ejercer la soberanía popular, el sufragio en su vida y en la de todos.
Pero naturalmente no podemos hacer un encubrimiento de la realidad. Hoy, como se ha dicho, más de un millón quinientas mil personas no están inscritas en los registros electorales. Ellas, en verdad, no han querido ejercer su derecho a sufragio por una u otra razón. Debemos considerar a esas personas, más las otras 950 mil que no fueron a votar. Ese hecho no podemos encubrirlo a través de una obligación que -claramente ha señalado la realidad- no tiene ningún efecto ni tampoco sanción.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Nelson Ávila.
El señor ÁVILA .-
Señor Presidente , creo que este proyecto aislado, tal cual nos ha sido presentado hoy, contribuye al deterioro de la institucionalidad democrática y no a su fortalecimiento. Si se combina con una inscripción voluntaria, vamos a dejar reducida la base electoral a una expresión mínima que, sin duda, atentará severamente contra la legitimidad de las instituciones. Eso no se puede permitir, porque están en juego valores muy importantes que estamos obligados a defender.
Ahora bien, no es extraña esta propuesta. La Derecha, históricamente, nunca ha quebrado lanzas por ampliar derechos; muy por el contrario, ha basado siempre su poder en expresión de minorías. Basta recordar que los progenitores políticos de las señoras y señores de las bancadas del frente fueron los del voto censitario, es decir, había que exhibir un patrimonio para alcanzar un derecho ciudadano elemental.
De no mediar la presión de las fuerzas progresistas de la época, todavía estaríamos con un sistema político de esas características. A ellos nunca les ha interesado ampliar la participación ciudadana. Son y han sido siempre la expresión política de una minoría. Sin embargo, hoy se encuentran favorecidos por la irrupción en nuestra sociedad de una prédica que, prácticamente, ha arrasado con los valores y relativizado los principios, en una gran medida.
El debate político en nuestro país se ha empobrecido de una manera lamentable, porque, insisto, hemos sucumbido a la tentación de los consensos como un factor inhibidor de la lucha de las ideas. Y eso nos ha producido un daño inmenso a todos.
En general, la política deja de ser atractiva para los jóvenes, porque no descubren en nuestra discusión los temas de fondo que a ellos les interesan. No están, de ninguna manera, por perpetuar un modelo económico que está arrasando no sólo con valores y principios de los cuales esta sociedad chilena se sintió orgullosa, sino que, además, aplastando a sectores que aportaron de una manera extraordinaria al desarrollo de Chile y que hoy son olvidados y sucumben frente a una brutal concentración de la riqueza, amparada por todos estos señores a los cuales me he referido y que con ese lenguaje opaco sólo han logrado que las diferencias sociales, cada vez más abismantes, se perpetúen con un daño que puede ser irreversible para la paz y seguridad social.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , la materia tiene un cruce absolutamente distinto al que habitualmente se ve en las votaciones: derecha, izquierda y centro, y este hecho es motivo de alegría, porque genera una discusión mucho más rica y atractiva.
A mi juicio, en la lógica de lo que planteó el Diputado señor Rodrigo Álvarez no caben caricaturizaciones ni descalificaciones. Todas las posiciones son muy respetables. Por lo menos yo, soy partidaria del voto ejercido como un derecho y no como una obligación. Respecto a la inscripción, considero que debe ser automática.
Para información de la Sala, quiero dar el siguiente dato: la campaña de inscripción electoral que hizo el Gobierno entre marzo y mayo de 1997, previa a las elecciones parlamentarias, costó 140 millones de pesos. Se inscribieron aproximadamente 6 mil personas, lo que significa que cada inscripción tuvo un valor de 23.300 pesos.
Obviamente, se podría decir que dicha campaña institucional para inscribir personas en el Registro Electoral fue un fracaso, sobre todo respecto de la gente joven, que es la más renuente en este sentido cada vez que hay elecciones.
Eso me hace pensar que la inscripción automática es muy conveniente. Hay distintas fórmulas para hacerla. El director del Servicio Electoral , don Juan Ignacio García , siempre lo ha señalado. Una de ellas es que cuando se saca la cédula de identidad, el domicilio de la persona quede registrado inmediatamente para que pueda ejercer su derecho a voto en el lugar correspondiente.
Se afirmó que el voto fue una conquista -lo dijo el Diputado señor Juan Pablo Letelier , con quien estoy en absoluto acuerdo- para la mujer en la década de los años 40. A mi juicio, antes no había democracia plena, porque ésta se da cuando todos los integrantes de la sociedad pueden votar y, obviamente, las mujeres no podían hacerlo.
A propósito de la responsabilidad y del deber cívicos, creo que los ciudadanos sabrán qué hacer con su libertad.
Me llena de contradicciones que a los 18 años se pueda contraer matrimonio sin permiso previo de los padres y elegir representantes, pero no pueda verse en el cine, por ejemplo, una película porque ha sido censurada.
En el ámbito de las libertades, a mí, que soy contraria a la censura cinematográfica y de televisión por cable, me llena de contradicción que se me obligue a votar y no se me dé un derecho de ciudadana libre y responsable.
Si se confía en las personas, también debemos confiar en que tendrán criterio para votar.
Eso es sintomático con el atractivo que representan los partidos, el estilo de hacer política y los candidatos al Parlamento. En las últimas elecciones parlamentarias, en algunos distritos, a un mes de la elección, las personas no sabían por quién iban a votar. No tenían idea porque el acto eleccionario carecía de atractivo. En otros, tenían interés en elegir a sus representantes.
Eso tiene que ver con la abstención. Si se abstiene un millón de personas, no es porque no estén interesadas en la política, sino porque quienes aspiran a representarlas carecen de atractivo.
¿Por qué no les damos una salida legal? Debe legalizarse la abstención y eliminarse la obligación de votar. ¿Por qué obligar a la gente a votar?
Algunos cuestionan que los partidos políticos tendrán un alto nivel de abstención. ¡Bienvenido el alto nivel de abstención! Los partidos políticos, incluido el mío, deberán aprender a hacerse más atractivos al electorado, para que éste pueda elegir a sus representantes con responsabilidad. La abstención tiene que ver con un castigo a la forma de hacer política y a los partidos políticos. ¡Bienvenido ese castigo, si es en aras de erigir un derecho!
Por último, debo decir que soy consecuente, porque cuando fui candidata, junto con Patricio Hales , hoy diputado por el PPD, pedimos públicamente al director del Servicio Electoral que viera con el Gobierno un proyecto -el cual se ha enviado- para establecer la inscripción automática y el voto voluntario, como un derecho.
Por lo tanto, aprobaré el voto voluntario.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , creo, como el Diputado señor Álvarez , que el debate debe ser desdramatizado, porque no es para fijar posiciones de principios, sino para establecer metodologías del funcionamiento del sistema político.
Soy partidario de eliminar las dos obligaciones.
En primer lugar, debe eliminarse la obligatoriedad de la inscripción electoral y establecerse la automaticidad del proceso, pues no se entiende bien por qué una persona que cumple su mayoría de edad deba hacer un ejercicio ulterior para adquirir su ciudadanía y su ejercicio pleno.
La Constitución establece que a determinada edad y bajo ciertos requisitos, la persona es ciudadana y no tiene por qué inscribirse en ningún lugar para ejercer los derechos de la ciudadanía.
En segundo lugar, debe eliminarse la obligatoriedad del voto. El voto universal es un derecho, pero el no votar también es una forma de pronunciarse. El ciudadano manifiesta su desafección cuando el sistema político no es lo suficientemente integrativo o no tiene el prestigio ni la representatividad suficiente.
Quiero decir al Diputado señor Andrés Palma que el compromiso cívico no se resuelve con la coerción, sino con niveles culturales de conciencia que el Estado, el debate político y la sociedad civil tienen que ser capaces de instaurar como posiciones dominantes en una sociedad moderna.
Además, le quiero agregar que éste no es un problema de los liberales. Me gustaría que se remitiera a las actas del debate institucional italiano, donde Sturzo , De Gasperi y Aldo Moro plantearon esta tesis cuando se debatió en ese país la voluntariedad del voto, justamente como un criterio de mayor apertura y autonomía de los ciudadanos. Por lo tanto, no es un tema de los liberales. Es uno fuertemente reivindicado por los democratacristianos europeos y comunistas italianos.
Es muy importante considerar que no se resuelve el problema de la participación ciudadana con la obligatoriedad del voto.
¿Qué influye en el desencanto y en la lejanía de la gente con los partidos y con sus instrumentos? En primer lugar, el hecho de que durante 17 años estuviéramos sometidos a un tremendo desprestigio de la política y de los políticos y a un cierre y clausura de las prácticas políticas y de los partidos políticos.
También influye la desvalorización del voto. Quiero decir a mi querida amiga Lily Pérez que el sistema electoral no presenta alternativas reales a los electores, particularmente en las elecciones parlamentarias.
Uno puede votar entre un número extremadamente reducido de candidatos. De manera tal que si se hace un análisis del sistema electoral y de la composición de los distritos, se puede llegar a la conclusión de que, en definitiva, parte sustantiva de la decisión de quien es diputado y de quien es senador la toman las directivas de los partidos y no los ciudadanos.
Entonces, en el desencanto tiene incidencia la desvalorización del voto. El sistema electoral impide que el voto esté suficientemente valorizado, porque tenemos un sistema político bloqueado.
Por lo tanto, me parece bastante raro que una persona tan inteligente como la diputada de Renovación Nacional no subraye este elemento, cual es que tenemos un sistema político bloqueado, donde la soberanía popular no se expresa.
Los límites que tiene el Senado -los senadores designados y el vitalicio- impiden un ejercicio real de la soberanía popular. Entonces, ¿qué siente el ciudadano común? Que su voto no vale nada, porque, en el fondo, por una parte, los partidos políticos tienen un peso muchas veces mayor que la ciudadanía en la elección de los diputados y, por otra, el Senado constituye un bloqueo, al margen de la soberanía popular.
Por lo tanto, deben crearse nuevos instrumentos de expresión de la ciudadanía y resolverse los problemas si queremos que efectivamente funcione un sistema político moderno y verdaderamente representativo. Para ello debemos resolver estos temas.
Por eso, junto con apoyar el proyecto, sugiero analizarlo conjuntamente con la automaticidad de la inscripción electoral y con un paquete de iniciativas tendientes a modernizar y a hacer más representativo el sistema político chileno.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt .
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, algunos comentarios formulados en la Sala -quiero graficarlos con el del Diputado señor Moreira- no dejan de sorprendernos.
Es bien olímpico pedir coherencia, hacer gárgaras con la democracia y con las libertades, cuando se ha estado dispuesto a ser alcalde designado de Pinochet . Después de escucharlo, uno descubre cuáles son los verdaderos oscuros fines de propuestas como la que estamos discutiendo hoy, más allá de las buenas intenciones que puedan tener algunos.
Pero respecto de las verdaderas intenciones de algunos, hace mucho rato que venimos asistiendo a los planteamientos de cierta elite en el país, que juega con las frustraciones y el escepticismo de los chilenos, los que usa como una herramienta política. Viene insistiendo en ello hace mucho tiempo, en forma majadera, para quitarle eventualmente piso a nuestras autoridades, no con el objeto de reforzar el sistema, sino de polarizar las elecciones y el discurso político, con el propósito de mejorar su perfil y deteriorar las bases sobre las cuales nos ha costado tanto construir la democracia en los últimos años. Su verdadera intención es tener tres millones de chilenos en sus casas, con el objeto de introducir algún nivel de incertidumbre respecto de lo que ha sido la conducta invariable del electorado chileno en los últimos años: cambiar la correlación de fuerzas.
Ahora, es legítimo suscitar un debate sobre la clase política del país: si es buena, si es mala, si sirve, si es frívola, si tiene verdadera vocación de servicio público, si está más preocupada de aparecer en los medios de comunicación. Eso es legítimo; pero muy distinto es jugar con la paz y con la tranquilidad de los chilenos; muy diferente es tener un sistema político que, en el fondo, da lo mismo. Nosotros no estamos dispuestos a alimentar eso.
Resulta un exceso afirmar aquí -y perdóneme, Diputado señor Leal - que representa una violencia pedir que los chilenos hagan filas para expresar su voluntad. En el pasado, hemos estado acostumbrados a grandes y verdaderas violencias, y precisamente quitar legitimidad a esas autoridades en un determinado momento es posibilitar que esas violencias vuelvan a producirse en un país que todavía no tiene una cultura democrática muy asentada, porque hace ocho años estábamos en otro clima, en otro ambiente.
Por eso, pensamos que si a los chilenos no les gusta el espectro disponible de candidatos, que dibujen un chanchito, que voten nulo, si quieren. Lo que no deseamos es que otras personas interpreten su voluntad; postulamos que cada persona tenga la libertad de decir lo que quiera. Si le gustan los candidatos, bien; si no le gustan, que vote “chanchito”; pero que vote, porque queremos saber lo que piensa, y no que otros hablen por ella; queremos que las personas digan lo que piensan, porque, precisamente, eso nos permitirá tener esta discusión, porque a raíz de las últimas elecciones parlamentarias también tuvimos una reflexión política. Eso, de alguna manera es sano; pero no quedándose en sus casas.
Debemos enseñar a los chilenos que no hay candidatos perfectos; tenemos que decirles que una democracia está construida sobre la base de gente común y corriente, con defectos; que no hay alternativas exitistas, ni “supermen”; que no existe “el hombre”, como algunos pretendieron hace algunos años. No hay personas perfectas, y tenemos que ser capaces de construir un sistema que descanse en ellas. Así vamos a saber -y le contesto a la Diputada señora Lily Pérez -, si alguien quiere usar el voto voluntario como estímulo para la inscripción automática; hagámoslo, pero no recurramos a un chantaje, diciendo que vamos a tener inscripción automática, a cambio del voto voluntario.
No tiene ningún sentido mantener el voto como una obligación, si no se castiga su incumplimiento. Es como si creyéramos que las apelaciones a la buena conducta de los chilenos, eventualmente, fueran suficientes. En realidad, creemos que detrás de esta iniciativa existen veladas intenciones de algunos -no de todos-, que consideramos necesario discutir con ellos, cara a cara, de frente. Y no me refiero al Diputado señor Leal ni a la Diputada señora Lily Pérez , sino al Diputado señor Moreira ; es el momento que se lo digan directamente en su cara personas que sí tienen testimonio democrático, y que no necesitan dar pruebas con un discurso que no resiste el menor análisis.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.
El señor COLOMA .-
Señor Presidente , no entiendo de “chanchitos”, pero sí sé que éste es un proyecto interesante, importante y meritorio.
En primer lugar, a diferencia de las descalificaciones a que nos tiene tan acostumbrados el Diputado señor Jocelyn-Holt , quiero felicitar al Diputado señor Moreira por haber presentado una reforma constitucional de esta naturaleza; quiero felicitarlo, porque ha abierto un debate que, precisamente, ha hecho lo inverso de lo manifestado por el Diputado señor Jocelyn-Holt : no lo ha polarizado, sino que ha permitido que personas de distintas tendencias políticas coincidan con ciertos criterios o discrepen de ellos.
Quiero apresurarme en señalar que, no obstante ser compañero de partido del Diputado señor Moreira, estoy en contra del proyecto, por razones, a mi juicio, doctrinarias; pero valoro tremendamente su iniciativa, porque nos ha hecho reflexionar a todos respecto del sentido del voto y de la autoridad.
Por eso, considero una “frescura” lo que ha dicho el Diputado señor Jocelyn-Holt , al atribuir oscuras intenciones al Diputado señor Moreira , quien se ha limitado a presentar un proyecto digno del mayor de los elogios.
En segundo lugar, tampoco sirve para sacar provecho personal, toda vez que el Diputado señor Moreira , con el sistema electoral actual, con voto obligatorio, obtuvo la primera mayoría en su distrito, duplicando la votación del candidato democratacristiano.
Entonces, algo tiene que haber respecto de este punto como para juzgar intenciones en términos positivos y no negativos. Aquí nadie está tratando de sacar un conejo, un gallo o un chancho de debajo del sombrero, sino de hacer una reflexión común sobre cuál es el sentido del voto en la sociedad chilena.
En lo personal -esto se viene discutiendo desde tiempos inmemoriales-, tiendo a coincidir, respecto de la naturaleza del voto, con algunas personas que han planteado que corresponde más a la opción de deber ciudadano que de un derecho, porque, básicamente, genera efectos sociales que van comprometiéndolo con consecuencias que suponen la determinación del funcionamiento de la sociedad. Al votar, el ciudadano no sólo ejerce una acción; también contribuye a la formación de la voluntad del Estado chileno y, de esa manera, a que el sistema democrático funcione positivamente. Los votos tienen efectos públicos y, por tanto, soy de aquellos que piensan que ello hay que asumirlo como una responsabilidad.
El voto es una función imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado democrático; por eso, representa un deber para los ciudadanos. Cosa distinta es cómo lograr que ese voto se ejerza en la mejor forma posible para incrementar la participación, que, por cierto, no se logrará por esa vía, sino con el interés de la gente por los temas reales y no formales o simplemente políticos con que suele engañarse a la ciudadanía.
De esta manera, y luego de una larga reflexión respecto de la naturaleza del voto, estoy convencido de que no sólo representa un deber del ciudadano, uno de los pocos y escasos deberes que tiene dentro de la Constitución Política. Si revisamos la Carta Fundamental, encontraremos cientos de derechos -porque se cautelan derechos y garantías-, y sólo en algunos casos se exige el deber de participar. Soy de aquellos que creen que lo mínimo que puede hacer alguien que quiere comprometerse con el funcionamiento de un país, es ir a votar periódicamente y asumirlo, porque no me parece razonable que una persona vote en un momento determinado, se genere un problema a, b o c en el país y, posteriormente, se desentienda de esa opción que ejerció y no quiera seguir ejerciéndola. Por el contrario, me parece que es un deber -también legítimo- que el poder público fomente la participación y luche contra la abstención, aun cuando ésta sea una opción para la ciudadanía. Me parece razonable que quien ostenta el deber público se preocupe de que este deber sea ejercido y de que las consecuencias del voto también sean asumidas, por lo que paulatinamente deben hacerlo de esta manera.
Por último, tampoco soy partidario -apa-rentemente, soy el único- de la inscripción obligatoria automática. Está bien armonizar el derecho con el deber, dando al individuo la opción, en algún momento determinado, de votar o no; de comprometerse o no con el país; de comprometerse o no con los efectos que van asumiendo las instituciones, según su decisión. Si lo hace, debe ser consecuente con su opción y cumplir con el deber de seguir decidiendo en forma permanente. Si no quiere hacerlo, no debe inscribirse, perdiendo, de esa manera, una serie de derechos, pero también liberándose de una serie de deberes.
En lo personal, soy un convencido de que el voto es un deber y, por lo tanto, votaré en contra del proyecto.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN .-
Señor Presidente , creo que hay que desdramatizar el debate. Sin embargo, ello no se logra haciendo una declaración de principios y utilizando, después, un léxico gastronómico y estulto para descalificar a determinado adversario.
Considero que debe haber un mínimo de consecuencia en las intervenciones, y a eso hay que apelar en este tipo de debate, sobre todo porque el tema es discutible, propio del ámbito teórico y de la doctrina constitucional. Quienes se han acercado a ella, han podido observar que en la misma hay distintas tesis sobre el tema del sufragio y su obligatoriedad, básicamente esparcidas en la teoría del derecho, del deber y en la ecléctica del derecho deber y, por lo tanto, todas discutibles, porque se encuadran dentro de la legitimidad democrática, lo que se debe asentar, porque es así. Sin embargo, no debe vincularse la obligatoriedad con la abstención o desinterés. El desinterés de los jóvenes es mucho más profundo, porque, además, se vincula con la juventud. El desinterés dice relación, por ejemplo, con el hecho de que nuestro sistema democrático se manifiesta a través de los partidos políticos, pero no mediante sus generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Chile es un país principalmente integrado por jóvenes; sin embargo, en el concierto mundial, tiene representantes eminentemente no jóvenes -por decir lo menos-, cuyas edades están bastante desvinculadas de la composición generacional y de los grupos etarios de nuestra sociedad. La democracia se compone no sólo de representación partidaria político-ideológica, sino que también debe considerar a los diversos grupos etarios y sociales que coexisten en nuestra sociedad. Eso no ocurre en Chile.
Hay desinterés y apatía, porque no se tocan los temas que interesan a la juventud. Por ejemplo, la cultura, las dificultades existentes para que un joven constituya una familia, las relaciones prematrimoniales, el deporte, recreación y los espacios de diversión institucionales. También hay apatía -coincido en ello- porque hay desvalorización del sufragio, un sistema binominal que restringe las posibilidades de elegir y que permite saber en forma anticipada quiénes serán los representantes electos.
Eso es lo que genera desinterés y falta de compromiso de muchos jóvenes; no la obligatoriedad, que no es sinónimo de ausencia de democracia. Ya se decía que si no fuera por eso, no existiría la obligatoriedad del servicio militar. La obligatoriedad no es sino el correlato de un derecho; los derechos deben tener una correlación, y ésta está constituida por las obligaciones.
Bien decía el Diputado señor Coloma al sostener que nuestra Carta Fundamental establece muchos derechos, pero muy pocas obligaciones o deberes. Se puede reclamar a la autoridad pública, se pueden impugnar sus actos, criticar sus actividades políticas; pero no se tiene el deber, el compromiso, la obligación de participar en las elecciones. Es decir, existen puros derechos, pero no deberes.
Es un poco lo que Ortega y Gasset esbozaba respecto del ciudadano contemporáneo al definir al bárbaro en términos mucho más modernos. Decía que el bárbaro de este siglo es aquel que cree tener sólo derechos y ninguna obligación.
Todo derecho debe traer consigo una obligación y, al menos en ese mismo contexto, debemos ser capaces de discutir más a fondo, amplia y pluralmente estos temas, ligados, por ejemplo, a la representación binominal y a otros que ya se han esbozado en la Cámara.
Por eso, llamo a votar en contra de dicha iniciativa, y, sobre todo, a reafirmar la posibilidad de discutir teórica y doctrinariamente estos temas con absoluto respeto por lo que dice el adversario, no utilizando fraseología barata o léxicos gastronómicos o estultos, que a nada conducen y que sólo contribuyen a deshonrar lo que debe ser la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que suprime el sufragio obligatorio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Rechazado el proyecto de reforma constitucional.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
AUTORIZACIÓN PARA POSTERGAR INICIO DE SESIÓN DE COMISIONES.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , solicito que recabe el asentimiento de la Sala para que las comisiones que están citadas para hoy a las 15.30 horas inicien su funcionamiento apenas finalice esta sesión; de lo contrario, van a fracasar.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado?
Acordado.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente , cuando tuve el honor de presidir la sesión hace algunos días, a petición de su Señoría, quedó pendiente la votación de un proyecto de acuerdo relativo al trabajo portuario, cuyo autor es el Diputado señor Venegas .
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Veremos primero los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117, anteriores al que se ha referido su Señoría.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR EFECTOS DE SEQUÍA EN COMUNAS DE LA SÉPTIMA REGIÓN.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En la sesión anterior, a solicitud de los diputados patrocinantes, se suspendió el tratamiento de los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117.
El señor Prosecretario dará lectura a los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 115, de los Diputados señores Vega, Delmastro, Caminondo, García, don René; García, don José; Cardemil, Prokurica, Alessandri, Galilea, don Pablo; y Álvarez-Salamanca.
“Considerando:
Que las comunas de Parral, Retiro, Longaví, Chanco, Pelluhue y Cauquenes fueron gravemente afectadas por la sequía anterior, lo que redujo dramáticamente la producción de trigo, forrajes y especialmente de arroz.
Que a lo anterior, derivado del clima debe sumarse la permanente crisis de la agricultura tradicional, hecho que se ve incrementado por el ingreso de productos agrícolas importados, especialmente arroz, con precios muy bajos, lo que hace imposible una adecuada competencia.
Que en la actualidad la gran mayoría de los agricultores de estas comunas se encuentran endeudados con el Estado, a través de Indap, con el Banco del Estado, con los bancos privados y con el Fisco por el no pago de contribuciones agrícolas, o son agricultores con deudas de contribuciones de parcelas Cora.
Que la actual sequía ya produjo que las Asociaciones de Regantes de Embalses, como el embalse Digua, en Parral, hayan dado orden a sus asociados de rebajar la superficie sembrada en más de un 40 por ciento, porque sus reservas no alcanzan al 50 por ciento de sus capacidades efectivas.
Que en la zona de secano interior, los pozos superficiales se están secando y los escasos embalses artificiales existentes se encuentran a un 30 ó 40 por ciento de sus capacidades.
Que en las comunas de Chanco y Cauquenes, ya hay faenas de preparación de terrenos que no se hicieron, con las dramáticas consecuencias económicas esperables para el próximo año.
Que el mismo fenómeno climático que produce la sequía, ha causado la fuga de especies marinas de nuestras costas, con el consecuente perjuicio para los pescadores artesanales de Pelluhue, ya afectados por la pesca indiscriminada en su zona de reserva, por barcos industriales.
Que específicamente en la comuna de Retiro, ya hay varios colegios, consultorios y postas rurales, con falta de abastecimiento de agua para el consumo humano.
Que estas comunas están consideradas como de muy escasos recursos; tanto así, que ni siquiera cuentan con camiones aljibes para la distribución de agua, ni mucho menos con recursos económicos para implementar medidas más de fondo, como la construcción de pozos profundos o el mejoramiento de los actuales.
Que los actuales programas de riego contemplan fondos insuficientes y no solucionan el problema inmediato y urgente de falta de agua para consumo humano y de animales, así como tampoco la escasez de agua de pozos y vertientes para regadío, ya que requieren la presentación de proyectos a un concurso, que financiará las obras en un mediano a largo plazo.
Que las otras áreas de la economía de estas comunas, tales como transporte y comercio en general, dependen casi exclusivamente de los recursos que pueda generar la agricultura.
Que al no existir agua suficiente para el consumo humano, con mayor razón no la habrá para el consumo de animales (ganado, aves) y regadío, con el consiguiente perjuicio en las débiles economías de sustentación de las familias de esta zona.
En virtud de las consideraciones expuestas, la Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Agricultura para que declare a las comunas de Parral, Retiro, Longaví, Cauquenes, Pelluhue y Chanco, como Zona de Emergencia Agrícola, derivada de la grave sequía.
Además, solicitar que el Ministerio de Agricultura informe a esta Corporación acerca de las medidas concretas que tomarán para enfrentar la sequía en la zona de riego y secano costero e interior, particularmente las comunas de Parral, Retiro y Longaví en la provincia de Linares y en las comunas de Chanco, Pelluhue y Cauquenes, en la provincia de Cauquenes.
Asimismo, solicitar a Indap y a otros organismos del Estado, un catastro de los niveles de endeudamiento de los agricultores de esta zona, a la vez que estudien la factibilidad de otorgar condonaciones o postergación de compromisos financieros.
Además, solicitar la implementación de un plan piloto para las citadas comunas, consideradas dentro de la zona en estado de emergencia, para poner en marcha proyectos de reparación de fuentes de captación de aguas de vertientes, y las de profundización de pozos.
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República tenga a bien instruir a las instancias pertinentes a fin de que se asignen los recursos que permitan la realización de estos proyectos”.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo N° 117, de los Diputados señores Vega, Osvaldo Palma, Álvarez-Salamanca, Bertolino y Vilches.
“Considerando:
Que la Séptima Región del Maule fue gravemente afectada por la sequía anterior, lo que redujo dramáticamente la producción de trigo, forrajes y especialmente de arroz.
Que a lo anterior, derivado del clima, debe sumarse la permanente crisis de la agricultura tradicional, hecho que se ve incrementado por el ingreso de productos agrícolas importados con precios muy bajos, muchos de ellos subsidiados en su país de origen, lo que hace imposible una adecuada competencia.
Que en la actualidad la gran mayoría de los agricultores de la región del Maule, se encuentran endeudados con el Estado, a través de Indap, con el Banco del Estado, con los bancos privados y con el Fisco por el no pago de contribuciones agrícolas, o son agricultores con deudas de contribuciones de parcelas Cora.
Que la actual sequía ya produjo que las Asociaciones de Regantes hayan dado orden a sus asociados de rebajar la superficie sembrada en más de un 40 por ciento, porque sus reservas no alcanzan al 50 por ciento de sus capacidades efectivas.
Que en la zona de secano interior, los pozos superficiales se están secando y los escasos embalses artificiales existentes se encuentran a un 30 ó 40 por ciento de sus capacidades.
Que en las comunas de Chanco, Cauquenes, Curepto, Hualañé, San Javier y Villa Alegre, ya hay faenas de preparación de terrenos que no se hicieron, con las dramáticas consecuencias económicas esperables para el próximo año.
Que el mismo fenómeno climático que produce la sequía, ha causado la fuga de especies marinas de nuestras costas, con el consecuente perjuicio para los pescadores artesanales de Pelluhue y Constitución, ya afectados por la pesca indiscriminada en su zona de reserva, por barcos industriales.
Que específicamente en las comunas de Retiro, Pencahue, Yerbas Buenas, Villa Alegre y San Javier, ya hay varios colegios, consultorios y postas rurales, con falta de abastecimiento de agua para el consumo humano.
Que varias comunas de la región están consideradas como de muy escasos recursos, tanto así, que ni siquiera cuentan con camiones aljibes para la distribución de agua, ni mucho menos con recursos económicos para implementar medidas más de fondo, como la construcción de pozos profundos o el mejoramiento de los actuales.
Que los actuales programas de riego contemplan fondos insuficientes y no solucionan el problema inmediato y urgente de falta de agua para consumo humano y de animales, así como tampoco, la escasez de agua de pozos y vertientes para regadío, ya que requieren la presentación de proyectos a un concurso, que financiará las obras en un mediano a largo plazo.
Que las otras áreas de la economía de estas comunas, tales como transporte y comercio en general, dependen casi exclusivamente de los recursos que pueda generar la agricultura.
Que al no existir agua suficiente para el consumo humano, con mayor razón no la habrá para el consumo de animales (ganado, aves) y regadío, con el consiguiente perjuicio en las débiles economías de sustentación de las familias de esta zona.
En virtud de las consideraciones expuestas, la Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Agricultura , para que declare a las comunas de la Séptima Región, como Zona de Emergencia Agrícola, derivada de la grave sequía.
Además, solicitar que el Ministerio de Agricultura informe a esta Corporación acerca de las medidas concretas que tomará para enfrentar la sequía en la zona de riego y secano costero e interior.
Asimismo, solicitar a Indap y otros organismos del Estado, un catastro de los niveles de endeudamiento de los agricultores de esta zona, a la vez que estudien la factibilidad de otorgar condonaciones o postergación de compromisos financieros.
Además, solicitar la implementación de un plan piloto para las citadas comunas, consideradas dentro de la zona en estado de emergencia, para poner en marcha proyectos de reparación de fuentes de captación de aguas de vertientes, y las de profundización de pozos.
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República tenga a bien instruir a las instancias pertinentes a fin de que se asignen los recursos que permitan la realización de estos proyectos”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo Nº 115, tiene la palabra el Diputado señor Osvaldo Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , en el fondo, los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117 son del mismo tenor y sólo se diferencian en que con posterioridad a la presentación del primero adhirieron los Diputados señores Álvarez-Salamanca y Palma, don Osvaldo. Por lo tanto, pido que la Mesa recabe el asentimiento de la Sala para refundirlos en un solo texto.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado?
Acordado.
En consecuencia, quedan refundidos en uno los textos de los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , como es de conocimiento público, la sequía está afectando gravemente a las zonas que no tienen riego. Tanto es así que mañana la Cámara celebrará una sesión especial para tratar el tema.
El proyecto de acuerdo tiene como objetivo fundamental solicitar que el Gobierno se preocupe en forma especial de la situación catastrófica por la que atraviesan los pequeños y medianos agricultores de la zona de secano, ya que desde hace dos años -y sólo hasta antes de la lluvia caída en estos últimos días-, no han podido dedicarse a sus cultivos tradicionales. Además, los agricultores que tienen deudas con la banca particular no han podido obtener créditos de alguna entidad estatal, como el Indap.
Ha llegado el momento de pedir que se declare zona catastrófica a todo ese sector, porque sus pobladores no tienen otra opción, ya que sólo dependen de una agricultura muy pobre que, en estos momentos, se encuentra totalmente desprotegida y, más aún, no sólo ha resultado perjudicada por el tratado del Mercosur, sino también por el tipo de cambio y por la rebaja de aranceles propiciada por el Gobierno en estos últimos días, y que algunos diputados votamos en contra por estimar que tanto los pequeños comerciantes e industriales como la pequeña agricultura tradicional en general, están totalmente liquidados.
Por lo tanto, solicito que, junto con aprobar el proyecto de acuerdo, se envíen los oficios a las instituciones que en él se detallan.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación los proyectos de acuerdo Nºs 115 y 117, refundidos.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se repetirá la votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor Martínez (
MEJORAMIENTO PARA TRABAJADORES DE SECTOR MARÍTIMO PORTUARIO (Continuación).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde votar el proyecto de acuerdo Nº 118, cuya votación quedó pendiente después de que en dos oportunidades no se reuniera el quórum para su aprobación. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, debe verificarse una última votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Aguiló
-Votó por la negativa el Diputado señor
-Se abstuvieron los Diputados señores:
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA SOBRE CONTROL DE LICENCIAS MÉDICAS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 119, de los Diputados señores Cornejo, don Patricio; Olivares, Ojeda y Arratia.
“Considerando que:
1. El proceso de control de las licencias médicas requiere del concurso de un organismo especializado que cuente con autonomía para emitir sus resoluciones.
2. Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de los Servicios de Salud del país, según el artículo 220 del decreto supremo Nº 42, de 1986, están dotadas de autonomía para emitir sus resoluciones, dictámenes e informes en materias de su competencia.
3. De acuerdo con el mismo DS Nº 42, en su artículo 221, letras a), b), f), i), k) y l), le confiere a dichas comisiones la función de pronunciarse sobre las licencias médicas de los trabajadores afectos al DFL Nº 338, de la ley Nº 18.469 y de la ley Nº 16.744.
4. En conformidad a la letra o) del mismo artículo 221, debe resolver sobre los reclamos presentados por los afiliados a las instituciones de salud previsional, respecto de las licencias de dicho sistema.
5. Las instituciones de salud previsional se constituyen en juez y parte, al determinar la procedencia y tener la facultad de rechazar o acortar las licencias médicas de los trabajadores que cotizan en ese sistema y al tener que cancelar los subsidios que correspondan.
6. El importante incremento en el rechazo de licencias médicas por las Isapres, especialmente durante 1997, y el progresivo aumento de las reclamaciones de sus afiliados a los Compin.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Presidente de la República dicte una normativa que reforme la actual, en el sentido de que la función de pronunciarse sobre las solicitudes de licencias médicas sea una facultad exclusiva de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de los Servicios de Salud”.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente , en consideración a que el control de las licencias médicas requiere el concurso de un organismo especializado, que cuente con autonomía; que ésta se le entrega a las comisiones de medicina preventiva y de invalidez -Compin- de los servicios de salud, a través del decreto supremo Nº 42, las cuales están dotadas de autonomía para emitir sus resoluciones, dictámenes e informes en materias de su competencia; que ese mismo decreto le confiere a dichas comisiones la posibilidad de pronunciarse sobre las licencias médicas de los trabajadores afectos al decreto con fuerza de ley Nº 338, y a los de la ley Nº 18.469; que, de conformidad con la letra o) del artículo 221 de dicho cuerpo legal, deben resolver sobre los reclamos presentados por los afiliados a las instituciones de salud previsional; que éstas se constituyen en juez y parte, al determinar la procedencia y tener la facultad de rechazar o acortar las licencias médicas, es que hemos presentado este proyecto de acuerdo, mediante el cual se solicita al Presidente de la República que dicte una normativa, con el objeto de que la facultad de pronunciarse sobre las solicitudes de licencias médicas sea exclusiva de las comisiones de medicina preventiva e invalidez de los servicios de salud.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , nos hemos enterado por la prensa de que a solicitud de algunos señores diputados de la bancada socialista y de representantes de ese mismo Partido en el Colegio Médico, se ha constituido una comisión especial, a nivel del Ministerio de Salud, que se pronunciará a fines de mes respecto de las licencias médicas en general, no sólo sobre lo planteado en el proyecto de acuerdo.
Me parece que ésa es una instancia adecuada, pues allí el Gobierno resolverá si envía un proyecto modificatorio de la actual normativa.
Aparte de lo que ocurre en el contexto global con las licencias médicas, a mi juicio, este tipo de proyectos de acuerdo entrega señales que no deben darse. Creo que todos concordamos en que la licencia médica corresponde a un período de tiempo necesario para que la persona afectada por una determinada dolencia o enfermedad pueda reponerse. Pero, si analizamos en forma pormenorizada lo que ocurre con ellas, veremos que en muchas oportunidades son utilizadas como un subterfugio, como una mala práctica para no concurrir al trabajo, por circunstancias muy distintas a las de una enfermedad, como realizar algún trámite, efectuar un viaje o no tener con quién dejar a los niños, lo que se demuestra claramente cuando se analizan cuatro aspectos de esas licencias.
En primer lugar, en un sector muy importante las licencias médicas obedecen a enfermedades difíciles de comprobar, como el estrés o enfermedades psíquicas o psicológicas, lo que evidencia que se recurre a este tipo de licencias porque no se pueden demostrar.
En segundo lugar, antes del Compin o de las Isapres, el verdadero responsable de las licencias es el médico, quien determina si la persona requiere o no de un tiempo ausente del trabajo.
Entonces, la esencia de la licencia médica debe estar radicada en el ejercicio profesional del médico, más que en los instrumentos que la ley requiere para apelar de ellas.
Obviamente, con todo el respeto que me merecen los médicos, muchos de ellos se prestan para otorgar licencias por vínculos de amistad o de otro tipo. En consecuencia, la esencia del problema tiene su origen en los profesionales médicos más que en los sistemas llamados a controlarlas.
En tercer lugar, un porcentaje mayoritario de licencias médicas es utilizado por las mujeres. ¿Podríamos decir, con seriedad, que se enferman más que los hombres? No hay evidencia empírica ni demostración alguna que señale tal cosa. Lo que ocurre, lo digo con todo respeto hacia las mujeres, es que por distintas causas, de tipo laboral o familiar, se ausentan más del trabajo y recurren al expediente de la licencia médica.
En cuarto lugar, si lo analizamos por estratos de ingresos, se enferman más los trabajadores de ingresos más bajos que los de ingresos medios o medios altos. ¿Qué ocurre? Nuevamente, las personas de ingresos bajos o medios bajos tienen más problemas de otro tipo y recurren artificialmente a las licencias médicas para ausentarse del trabajo.
Entonces, cuando aquí se dice que es mejor que el Compin fiscalice todo, se pone una suerte de duda sobre el sistema de las Isapres, en este doble estándar en que estarían por evitar las licencias para obtener mayor lucro. Obviamente, eso me parece inaceptable.
Lo que debemos analizar es si las licencias corresponden al objeto para el cual la ley las creó y no introducir modificaciones aisladas.
Estudiemos seriamente el problema de las licencias médicas. Se ha constituido una comisión para ese efecto y creo que, por las razones de fondo y de forma que he dado, no es conveniente aprobar el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Llamo al orden al Diputado señor Coloma.
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
No hay quórum. Se va a llamar por cinco minutos a los señores diputados.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En votación.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
De acuerdo con el Reglamento, queda pendiente la votación del proyecto de acuerdo. En la próxima sesión se votará por última vez.
VIII. INCIDENTES
RÉPLICA A INTERVENCIONES DEL DIPUTADO LORENZINI.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señor Presidente , me veo en la obligación de referirme a una intervención del Diputado señor Lorenzini .
El señor diputado se ha caracterizado por ejercer su cargo con un ánimo evidentemente persecutorio en contra de la Intendenta de la Séptima Región , señorita Luz Peñaloza . En más de tres ocasiones ha solicitado su renuncia. Felizmente, los intendentes dependen de la confianza y del criterio del Presidente de la República y, en ningún caso, de la confianza ni menos del criterio del señor Lorenzini .
Las últimas acusaciones del señor diputado no tienen fundamento alguno y se basan en argumentaciones dadas por el señor Waldo Fuentes , sumariado por la Contraloría, por supuestas responsabilidades administrativas en el ejercicio del cargo como Director Regional de la Junta de Auxilio Escolar y Becas de la Séptima Región .
En sus acusaciones, el señor Waldo Fuentes hace una serie de imputaciones que carecen de todo fundamento y el señor Lorenzini se basa en ello.
Quiero precisar, en esta breve intervención, que el PPD está totalmente de acuerdo con cualquier investigación que haga la Contraloría General de la República y en ningún momento se opone a ello, pero no con estas peticiones -y las rechaza categóricamente- reiteradas del señor Lorenzini de renuncia y de suspensión del cargo de la señorita Intendenta.
Como PPD, estamos conscientes de que la Intendenta de la Séptima Región ha ejercido su cargo con absoluta transparencia y no se teme a ninguna investigación, menos de la Contraloría General de la República.
INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS DEL FOSIS PARA CARGOS VACANTES EN LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor CERONI .-
Señor Presidente , por otra parte, he visto con preocupación la forma en que el Fosis de la Séptima Región está llenando diversos cargos de supervisores de proyectos Fosis , para los cuales llamó a concurso en abril pasado. Postularon alrededor de cien personas, pero transcurrieron más de cuatro meses sin que se decidiera sobre los resultados de dicho concurso ni tampoco hay claridad sobre cómo se resolvió. Para la debida transparencia de sus resultados y de las personas que han postulado, solicito que se oficie al Director Nacional del Fosis con el objeto de que informe de lo siguiente: por qué hubo tanta demora en resolver acerca de los distintos cargos; qué criterios se usaron para la selección de los postulantes; qué intervención le cupo en ella al Director Nacional como asimismo al Director Regional del Fosis de la Séptima Región , y, finalmente, para que aclare a la Cámara en qué disposiciones legales se basaron todas las actuaciones del Fosis para decidir respecto de esos cargos en la referida región.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
IMPROCEDENCIA DE COBRO DE PEAJE EN TRAMO INCONCLUSO DE CARRETERA 5 SUR. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del PPD, tiene la palabra, por cuatro minutos, el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , la ley de concesiones nació por una imperiosa necesidad económica, dado que el Estado chileno no contaba con los recursos para construir grandes infraestructuras que son posibles gracias a esa normativa que permite al capital privado, nacional o extranjero, incursionar en ese ámbito. Desde luego, la ley de concesiones autoriza que la construcción de carreteras, túneles, aeropuertos y, muy prontamente los puertos, sea concesionada.
Pero quiero referirme particularmente a las carreteras y muy en especial a la de Talca a Chillán, que está concesionada.
Llamo la atención sobre lo ocurrido en la carretera del Sol, Santiago-San Antonio . Allí empezó a operar el cobro de peajes por parte del concesionario sin que previamente se encuentren terminados detalles que son fundamentales: pistas de señalización, paradas de buses, cruces peatonales, de vehículos motorizados y de tracción animal.
Esto me preocupa porque ya en una ocasión, concesionarios de Talca y de Chillán se atrevieron a poner en operación uno de los sistemas de cobro de peaje sin que la obra estuviera terminada. Me pregunto si realmente va a haber garitas o paradas de buses, porque no se ven por ningún lado.
También es necesario que existan cruces peatonales en lugares como el puente Ñuble y otros sectores, donde muchas veces al frente de la población está ubicado el jardín infantil -lo más probable es que en el futuro deba cambiarse-.
Además, es importante que en sectores poblados haya vías de acceso, salidas y entradas.
Por lo expuesto, solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para pedirle que no autorice sistemas de cobro de peaje mientras no se terminen cada una de las obras o elementos que he señalado, haciendo presente que deben instalarse en la carretera para sus usuarios y evitar que a la entrada y salida de los pueblos que abarca la ruta 5 se cobre peaje, porque me parece injusto.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el turno del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el turno del Comité Mixto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
RESPONSABILIDADES EN DESMANES OCURRIDOS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Diputado señor Waldo Mora Longa.
El señor MORA .-
Señor Presidente , a todos quienes vimos por televisión -y a algunos que los presenciamos personalmente-los hechos ocurridos el viernes 11 de septiembre, nos ha causado profunda preocupación el vandalismo, la instigación y la manipulación de menores de edad y gente adulta que dañó la propiedad privada. Ayer, cuando asistí al Palacio Ariztía, vi con pena y preocupación cómo la embajada de Brasil mostraba deterioros, al igual que los vitrales y ventanales del Palacio Ariztía.
Quiero dejar constancia de lo que dije aquí el jueves pasado, en que responsabilicé al Partido Comunista y, en particular, a doña Gladys Marín , quien, abiertamente, por los medios de comunicación, desafió a la autoridad del Gobierno, haciendo notar que ellos pasarían frente a La Moneda. La televisión nos mostró los daños que se provocaron a la propiedad privada, asaltos a locales comerciales, a industrias de calzado. Pero lo más grave fue la muerte de dos personas, además del grave estado en que se encuentra una tercera, que está a punto de fallecer.
Se habla mucho de los derechos humanos en este país, pero quiero ver si ahora vamos a velar o no por los derechos humanos de los familiares de los que cayeron víctimas de las piedras, de toda la violencia que hubo ese día 11.
Por eso quiero pedir -no sólo respaldar lo que dije el jueves respecto de las medidas que el Gobierno estaba tomando frente a estos hechos- que la autoridad ejerza su poder para requerir ante los tribunales de justicia al Partido Comunista, a doña Gladys Marín y a todos los que resulten responsables de los hechos ocurridos el viernes 11 de septiembre pasado.
Si sólo se toman medidas y no se ejerce la autoridad, se crean incentivos para que el día de mañana otros grupos violentistas sigan actuando por ese camino sobre el cual este país no quiere volver.
He dicho.
Varios señores DIPUTADOS.-
Con nuestra adhesión.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Creo que las adhesiones de sus Señorías están fuera de lugar, porque no hay petición de ningún oficio.
El señor MORA .-
Señor Presidente , pedí un oficio en el sentido de que la autoridad ejerza su poder. Hablé en un lenguaje periodístico y creo que hay que entenderlo.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , entonces, entenderé que lo suyo es una petición de oficio.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada de Renovación Nacional en pleno.
CREACIÓN DEL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Oficio.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por 12 minutos, el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , el 11 de septiembre último, en la ciudad de Roma, Italia, se firmó el tratado que crea el tribunal penal internacional, que había sido aprobado el 17 de julio pasado en la Conferencia de las Naciones Unidas con el voto favorable de 120 Estados, 7 en contra -Esta-dos Unidos, Israel y China, entre otros países- y 21 abstenciones. Este tribunal va a tener su sede en la ciudad de La Haya.
El nacimiento de este ente jurídico es un hecho histórico internacional que permite cerrar ciclos de violencia generados por la comisión de crímenes contra la humanidad, el genocidio y las violaciones graves al derecho internacional humanitario ocurridos a través de los tiempos. Las circunstancias, los intentos, las estrategias empleadas para generar un organismo de esta naturaleza han significado una dura lucha. Desde 1920, la comunidad internacional ha venido estudiando establecer una jurisdicción permanente para el juzgamiento de esos crímenes y durante más de medio siglo, desde que concluyeron los juicios de Nuremberg y Tokio, los fiscales y tribunales nacionales no han podido, en buena medida, procesar a los responsables.
Durante este siglo han ocurrido 250 conflictos de todo tipo, internacionales y nacionales -en estos últimos con la instauración de dictaduras-, pero en ambas situaciones el saldo de muertes ascendió a 170 millones de personas y la gran mayoría de sus autores ha gozado de impunidad. Por ello, la comunidad internacional ha reconocido que es necesaria la existencia de una corte penal internacional permanente que complemente los sistemas nacionales de justicia penal mediante la investigación y procesamiento de esos crímenes, fundamentalmente cuando los tribunales nacionales no puedan hacerlo o no estén dispuestos a ello, o su competencia sea exigua y estos hechos traspasen la preocupación nacional.
Las víctimas de esos crímenes no deben quedar sin reparación ni sus autores en la impunidad. Esto generalmente provoca revanchismos y atiza los conflictos; se crea un descontento y la tranquilidad social y política siempre se ven alteradas. La idea es que se mantenga y se procure la paz y que estos tribunales actúen como elementos disuasivos para la perpetración de estos crímenes de gran escala. Su carácter permanente ya es una garantía y sus procedimientos preestablecidos, reglas claras.
Ha hecho bien el Gobierno en aprobar la creación de este organismo internacional, considerando que no existen crímenes más brutales ni más odiosos para la conciencia universal que los ya señalados, que trascienden en su gravedad las fronteras nacionales para pasar a constituirse en delitos de sanción y efecto internacional, puesto que, por tratarse de atentados a la esencia de la naturaleza humana y por su carácter universal, interesan al mundo en general. La experiencia de este tipo de delitos, su frecuencia, gravedad e impunidad hacen necesario un tratamiento internacional y no se viola ni se enajena la soberanía nacional con el ejercicio de la potestad del organismo internacional creado, ya que los sistemas judiciales nacionales, con una adecuada y eficiente institucionalidad, juzgan los delitos que les corresponde conocer según la Constitución y la ley, y nadie ni nada se inmiscuye en su jurisdicción.
Hay un principio fundamental sobre el que se basa el funcionamiento de la corte y por el cual orienta sus relaciones con los tribunales nacionales: el de la complementariedad. Esto significa que la corte tendrá por función básica complementar los sistemas judiciales penales nacionales, ya que la corte no va a sustituir a estos tribunales ni se va a convertir en una instancia de apelación de las resoluciones de éstos. Los primeros llamados a conocer de los delitos de competencia de la corte, serán los sistemas judiciales nacionales. Sólo en los casos en que éstos no puedan materialmente ejercer sus funciones, la corte pasará a ser el organismo competente.
Los crímenes contra la humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, los sanciona la comunidad internacional. Son crímenes de tal envergadura, que lesionan no sólo el sentimiento nacional, sino que, por atentar contra la naturaleza humana, la sensibilidad internacional queda duramente afectada. Y ningún país puede sentirse amenazado ni atropellado en su soberanía, si no ha dado motivo o sus gobernantes no han incurrido en esos graves delitos, por lo que no deben preocuparse de que alguna vez un tribunal internacional, con estas características, incursione en su ámbito judicial.
Por el contrario, deberían sentirse tranquilos, en el sentido de que en su entorno no se van a producir fenómenos de este tipo por la prevención que esos organismos hacen. Por lo demás, la existencia de un tribunal permanente puede prevenir conflictos, ya que el temor al juzgamiento frena e impide cualquier exceso.
Es importante la calidad de permanente de este tribunal. No tiene las características de un tribunal especial ad hoc, transitorio o temporal, que se supone que a veces complica las situaciones en materia de derechos humanos e implica falta de garantías, con juicios sumarios, falta de imparcialidad y objetividad, sin reglas claras o preestablecidas, y que, por lo general, sólo juzga a los vencidos.
El establecimiento de la Corte Penal Internacional constituye un logro de máxima importancia en el proceso de estructuración jurídica de la comunidad internacional y en el proceso hacia un creciente respeto y protección de los derechos fundamentales de la persona. Y para darle visos de respetabilidad y de legitimidad, se configura en base a principios y reglas del derecho y principios universales de la filosofía jurídica, que son garantías de justicia y de respeto a las condiciones y supuestos jurídicos de un justo proceso, ya que, desde el punto de vista de jurisdicción de la corte, ésta la ejercerá respecto de los delitos cometidos después de su entrada en vigencia.
Respecto de las penas aplicables, se excluye la pena de muerte. Sólo se consideran penas privativas de libertad que no llegan a prisión perpetua, salvo en casos muy calificados. En general, la pena máxima de privación de libertad no excederá los treinta años. Tiene plena aplicación el principio de que no hay crimen sin ley previa y no hay pena sin ley previa.
El principio de la irretroactividad, en razón de su persona, es base esencial, como también el que no considera el cargo oficial del autor de un delito, el relativo a la responsabilidad de los superiores, el referido a la no exención de responsabilidad por obedecer órdenes superiores, etcétera.
Es importante considerar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está facultado para solicitarle a la corte, mediante una resolución adoptada bajo el capítulo VII de la carta, que no inicie una investigación o que suspenda un determinado procedimiento en marcha durante doce meses. Ello, porque determinadas acciones llevadas ante la corte, podrían entrabar las gestiones políticas que pudiese estar emprendiendo el Consejo, en una determinada situación política en el marco del ya referido capítulo VII de la carta.
Es claro que el estatuto no puede modificar la carta y, dentro de ella, la función del Consejo de Seguridad. Esto demuestra que el tribunal no es del todo independiente y autónomo, lo que es uno de los cuestionamientos que se le hace.
Hemos dado un paso muy importante adoptado por la comunidad internacional, en un ámbito en que se observan claras carencias. No es un estatuto perfecto. Es el estatuto posible en este momento. Requerirá de un tiempo para sus modificaciones y adaptaciones. Pero el hombre está ansioso; sus derechos no pueden ser violados; necesita de instrumentos que garanticen la inviolabilidad de sus derechos elementales. Y como se trata de un organismo que cautela y castiga la violación de los derechos humanos señalados, este tribunal indudablemente necesita también de las condiciones para el juzgamiento, conforme con las reglas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para ser consecuente. Y estas reglas sí se cumplen en estricto rigor, lo que nos hace pensar que la corte será una institución justa, imparcial y eficaz. Se trata, pues, de castigar los crímenes de lesa humanidad.
Solicito enviar oficio al Ministro de Relaciones Exteriores para que transmita al Supremo Gobierno mi expresión de satisfacción profunda y mis felicitaciones a todos quienes hayan trabajado en ese proyecto, por el gran paso dado a fin de crear el tribunal penal internacional.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PRECISIONES HISTÓRICO-POLÍTICAS SOBRE EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alberto Espina .
El señor ESPINA.-
Señora Presidenta , hoy, los partidos Socialista, PPD y Demócrata Cristiano, que componen la izquierda del país, han rendido homenaje al ex Presidente Salvador Allende .
En democracia, todos los sectores políticos son libres y tienen derecho a recordar a sus líderes, en especial si éstos ejercieron el cargo de Presidente de la República , como es el caso de Salvador Allende. No obstante, en nombre de Renovación Nacional y de todos sus diputados, declaro que tenemos un deber con la verdad y con la historia del país.
No podemos aceptar que, a través de un homenaje público, se distorsione el pasado, se tergiversen los hechos y se pretenda presentar a la ciudadanía una versión falsificada de la historia. No lo podemos aceptar, porque ello significa engañar a millones de jóvenes chilenos que no vivieron el gobierno de Salvador Allende y que tienen pleno derecho a conocer la verdad para formarse un juicio objetivo del pasado.
Analicemos lo que dijeron los principales actores de lo que ocurrió en esa época. Quizás uno de los documentos más objetivos sea el de don Eduardo Frei Montalva , quien en el prólogo del libro “De la vía chilena a la vía insurreccional”, de don Genaro Arriagada , señala lo siguiente sobre ese gobierno: “La Unidad Popular nunca dejó de ser una minoría. Una minoría en el Parlamento, en los municipios y en las organizaciones, en la base social.
“A pesar de estas condiciones, su gobierno quiso imponer un modelo que la mayoría del país rechazaba. En el fondo, manifestó siempre un desprecio profundo por el sistema democrático y una expresa voluntad de llegar, a cualquier precio, a la conquista del poder total”.
Esas palabras no son de un dirigente de derecha, sino las del principal líder democratacristiano de las últimas décadas.
Además, tenemos las palabras de don Patricio Aylwin , quien, en una sesión dramática del Senado, el 11 de julio de 1973, se refirió a la situación que vivía el país y, en relación a la realidad económica y social, señaló que “los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Recrudece ahora, con más crueldad que nunca, la cesantía desorbitada que devora vertiginosamente sueldos y salarios. La tremenda escasez de bienes esenciales que somete a todos los hogares al padecimiento de colas y privaciones, el envilecimiento de nuestra moneda, la fuga del país de miles de profesionales y de técnicos irreemplazables, el deterioro y destrucción del aparato productivo y los medios de transportes, el drama creciente de la locomoción colectiva, son signos manifiestos de la profunda crisis económica”.
Y agrega el ex Presidente Aylwin: “Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, base de nuestra estabilidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora, las leyes son despreciadas como estorbos. A menudo, burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazadas por los hechos consumados.
“Las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas por individuos o grupos que se arrogan sus funciones y los poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos”.
El ex Presidente Aylwin agrega que “nuestra ya clásica convivencia democrática ha sido substituida por el sectarismo totalitario y en nombre de la lucha de clases se ha envenenado a los chilenos por el odio y se ha desencadenado toda clase de violencia”.
Los obispos católicos, según la cita del propio ex Presidente Aylwin , añaden: “Chile parece un país azotado por la guerra. Hay una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionalidad democrática; una realidad que parece amenazarnos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrasar a un enfrentamiento sangriento entre los chilenos”.
Pero no sólo eso. El ex Presidente también se refiere al conocido estatuto de garantías, cuyo propósito era exigir perentoriamente, de modo público, oficial y solemne, que los cambios que se propiciaban “serían sin violación del orden constitucional y respetando las libertades y derechos consagrados por la vocación democrática irrenunciable de los chilenos”.
Y acto seguido, denuncia que “nadie puede ignorar, porque ha ido ocurriendo en el curso de estos dos años y medio, a la vista de todos los chilenos, el incumplimiento reiterado, abierto o encubierto del estatuto de garantías constitucionales por parte de Salvador Allende y de los partidos que conformaban la Unidad Popular”.
Señala el ex Presidente Aylwin en esa misma intervención que “no seríamos francos si silenciáramos el hecho de que todos aquí sabemos que la mayoría de nuestros compatriotas han perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile”.
Y agrega: “La juridicidad institucional ha sido sobrepasada, las libertades atropelladas y la legalidad ha parecido ineficaz.”
Junto a esto, el propio Partido Demócrata Cristiano, en una declaración del 6 de julio de 1973, agrega: “Hay quienes creen agotada la vía chilena hacia el socialismo y postulan ir derechamente a la dictadura marxista leninista, encubierta bajo el rótulo de dictadura del proletariado.
“Nadie puede ignorar -señala la declaración unánime de la Directiva del Partido Demócrata Cristiano- que ésta no sólo es la posición del MIR, sino también ha sido casi permanentemente la tesis oficial del Partido Socialista”.
El ex Presidente Aylwin, finalmente, expresa, respecto del Gobierno de Salvador Allende, que “la población civil de nuestra patria no puede seguir viviendo a merced de grupos minoritarios armados con la complicidad y tolerancia de las autoridades que tratan de imponer por la fuerza su voluntad al resto de los chilenos; se apoderan de las fuentes de trabajo y amenazan la propia vida de quienes no la someten”.
En último término, la Democracia Cristiana y don Patricio Aylwin , agregan, “esto significa el establecimiento del terror y corresponde al Gobierno y a las Fuerzas Armadas y a Carabineros el deber de poner término de inmediato a esta situación”.
A estos hechos cabe agregar que el propio Partido Socialista, en un congreso realizado en 1967, en la ciudad de Chillán, señala con toda claridad que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima”. Y agrega: “Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como un instrumento limitado de acción incorporando el proceso político que nos lleva a la lucha armada”.
Además, la propia Cámara de Diputados, el 22 de agosto de 1973, señala con toda claridad: “El Gobierno de Allende, desde su inicio, se ha empeñado en conquistar el poder total para lograr la instalación de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece”.
Y más adelante, señala el mismo acuerdo: “El Presidente y los señores Ministros de Estado , miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, les representamos el grave quebrantamiento del orden constitucional de la República, y les señalamos que a los Ministros militares les corresponde poner de inmediato término a las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes.”
¿Y qué dice otro poder del Estado, la Corte Suprema? El Poder Judicial , el 23 de agosto de 1973, representa al Presidente Allende la gravedad que significaba “el intento de someter al libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y las leyes”.
Y agrega que “las atribuciones del Poder Judicial están siendo desconocidas por el Presidente Allende , cohonestando así la rebeldía de la administración”.
Estos antecedentes no surgen de opiniones de personeros o autoridades de la derecha, sino de quienes escribieron la historia en ese momento.
Nos preocupa que si queremos mirar el futuro con optimismo, creando las condiciones de estabilidad para el progreso de Chile, se pretenda falsificar la historia. Podemos tener visiones distintas; pero no podemos transformar lo que significó un período -qui-zás el más oscuro que recuerde la historia republicana del país-, en un hecho que termine transformándose en un símbolo romántico de lo que fue un pasado que, hoy, gracias a Dios, hemos superado.
Por estas razones, hemos querido dejar un testimonio claro y concreto de nuestra visión del pasado. Renovación Nacional nunca ha tenido el ánimo de revivir las diferencias; hemos sido el partido de Oposición que más ha contribuido a dar estabilidad y progreso a Chile. Lo hicimos cuando impulsamos reformas constitucionales, en 1989; lo hicimos cuando impulsamos acuerdos económicos, en 1990; lo hicimos cuando impulsamos el acuerdo laboral que le dio estabilidad a las relaciones trabajadores-empresarios, en 1991, y lo hicimos cuando impulsamos, contra viento y marea, los acuerdos que permitieron mejorar la legislación penal y provocar un justo equilibrio entre la necesidad de aclarar la verdad de los hechos del pasado y adoptar medidas concretas de reconciliación.
Pero el futuro no se escribe borrando con el codo lo que ocurrió en el pasado. Eso no corresponde a partidos políticos ni a posiciones políticas que quieren mirar de frente hacia adelante y que nuestra democracia se perfeccione y sea un instrumento al servicio de todos los chilenos y del bien común.
Hemos querido dejar sentada nuestra posición política sobre los hechos del pasado; queremos que los jóvenes la juzguen, pero sobre la base de respetar la verdad y la historia. La historia en Chile está escrita por sus principales actores, y aunque existan intereses por cambiarla, ellos nunca serán superiores a la fuerza de los hechos.
Por esa razón, en nombre de Renovación Nacional, he querido dejar este testimonio histórico de la visión que una inmensa mayoría de chilenos tuvo del pasado y cuyos principales actores, hoy, incluso, desde trincheras distintas de las nuestras, la describieron con coraje y valentía.
He dicho.
-Aplausos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
PLAN PILOTO DE SUBSIDIOS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES VINÍCOLAS DE CAUQUENES. Aplicación del artículo 117 del Reglamento.
El señor VEGA.-
Señor Presidente, es función propia e ineludible del Estado el propender a que todos sus habitantes alcancen mayores y mejores niveles de vida. Para lograr este loable objetivo, los gobiernos cuentan con una serie de herramientas que les permiten alcanzar dichas metas. Entre ellas destacan, por su efectividad, los subsidios directos a las personas o a las actividades.
Pero aquí no se trata de volver a la figura tradicional de un Estado sobreprotector, paternalista. Demasiado tuvimos de aquellas administraciones anquilosadas y burocráticas, que lejos de beneficiar a las personas, sólo permitían que los afines al sistema se lucraran con dichos beneficios.
Hoy hablamos, por el contrario, de un Estado pequeño, pero eficiente, limitado de recursos, pero inteligente en el uso de ellos. Se trata de un Estado que apoya las acciones de los privados, contribuyendo dinámicamente al desarrollo productivo del país en su conjunto.
En atención a lo señalado anteriormente, considero necesario exponer ante la honorable Cámara de Diputados, la situación que afecta al secano interior y puntualmente a la zona de Cauquenes.
Por estos días y gracias a un esfuerzo de los empresarios del sector, somos testigos de las florecientes exportaciones de vino. No obstante ello y siendo esta zona una de las mejor dotadas para esta actividad, ha quedado en gran medida al margen de ese crecimiento y sus beneficios.
En la historia reciente del país existe el antecedente de una iniciativa legal que permitió que hoy Chile sea líder mundial en las exportaciones forestales. En efecto, la aplicación del decreto ley Nº 701, significó descubrir las naturales y excepcionales condiciones para las plantaciones forestales. El clima y la geografía nos permiten competir con grandes ventajas, las mismas que hoy se reflejan en nuestro liderato mundial en el rubro.
Aquí no se trata de redescubrir la pólvora. Por el contrario, simplemente se trata de mirar en qué somos mejores y en cuáles áreas la naturaleza nos dotó mejor. Se trata de aplicar el principio de las ventajas comparativas. Nuestro país presenta inmejorables condiciones climáticas, únicas en el mundo, que permiten obtener excelente calidad de vino. Máxima expresión de estas condiciones es el valle de Cauquenes, en el secano interior de la Séptima Región.
Reconocimiento a esas condiciones fue la medida de excepción dictada el año 67, que eximió del pago de impuestos a las plantaciones de viñas. Dicho logro, del cual fui parte, se obtuvo gracias a que el ministro de la época, Hugo Trivelli , entendió el inmenso potencial que estas tierras presentaban.
Pero en este sentido mis palabras no deben llevar a engaño. El crecimiento al que he hecho mención ha venido de la mano de las grandes empresas del rubro e incluso, en el último tiempo, de capitales provenientes de otras áreas de la economía. Hoy podemos observar grandes consorcios dispuestos a disputarse la supremacía del sector, comprando y abarcando todo lo que el dinero les permite. Si bien no se trata de oponerse a la libertad económica, es preciso señalar que los pequeños y medianos viticultores del país, y de Cauquenes en particular, no pueden participar de los beneficios que el sector está recibiendo.
En gran medida ello se debe a que las técnicas empleadas en muchos casos están obsoletas y, principalmente, a que no cuentan con los recursos económicos que financien obras de modernización. Es fundamental, en este punto, precisar que para plantar cepas finas se debe contar con un sistema de riego adecuado y suficiente para las necesidades de las variedades más finas y de mayor producción. Ello no es posible, no obstante contar con un nivel de electrificación cercano al ciento por ciento.
La causa de este hecho, sin duda alguna, radica exclusivamente en la falta de recursos económicos para emprender la modernización que el país y el mundo reclaman.
De esta forma asistimos al sin sentido de que los viticultores de más larga tradición en el país, están quedando al margen de los beneficios de las exportaciones y del reconocimiento mundial de nuestros mostos.
Frente a esta situación, he creído necesario plantear ante esta honorable Cámara, la necesidad de que el Gobierno estudie la posibilidad de implementar un plan piloto en la zona de Cauquenes, para posteriormente ampliar su cobertura a todo el país.
Fundamentan mi petición los logros que la industria vinera de Cauquenes está obteniendo permanentemente a través de todo el mundo. Puntualmente, la Cooperativa Vitivinícola de Cauquenes, productora de los vinos “Lomas de Cauquenes”, ha recibido reconocimientos tales como “Vino del año”, en Inglaterra, y “Medalla de Oro”, en Bruselas. Además, un nuevo producto, llamado “Vino orgánico”, está penetrando los difíciles mercados japonés y holandés y prontamente saldrá a la venta en el mercado nacional.
Esto, sin duda alguna, viene a respaldar mis palabras en el sentido de que el valle de Cauquenes es una zona de excepcionales condiciones para la producción vinícola. Por ello, el Estado debe tomar cartas en el asunto y permitir que los habitantes de la zona accedan a estos beneficios, porque, de lo contrario, sus limitados recursos económicos no se lo permitirán.
En el pasado reciente hice ver mi posición al Ministro de Agricultura de la época, don Emiliano Ortega , quien en su calidad de técnico en el área, entendió mi planteamiento, en el sentido de que se incluyera este subsidio entre las modificaciones del decreto ley Nº 701. La idea consistía en que los mismos beneficios que se obtenían a partir del citado decreto, los pudieran obtener los viñateros.
Hoy, en cambio, cuando al frente de la cartera de agricultura tenemos a un economista, me permito de igual forma plantear la posibilidad de obtener este subsidio, por cuanto si se da la posibilidad de plantar cepas finas, esta zona dejará de ser una carga para el Estado. Las tierras de rulo no sirven para otra cosa que no sean las viñas; el riego superficial no existe y la única forma de obtener agua es a través de pozos profundos, nutridos por abundantes napas subterráneas.
Señor Presidente, el Estado debe cumplir su rol subsidiario, y nosotros, como representantes populares no podemos dejar pasar esta oportunidad de desarrollo para miles de familias. Las posibilidades de crecimiento en esta zona se resumen exclusivamente en la producción vinícola.
Por ello, solicito al Gobierno que implemente un proyecto piloto similar al decreto ley Nº 701, pero orientado a las plantaciones de viñas y mejoramiento del tratamiento de las actuales. Este proyecto debe contemplar subsidios directos a las superficies plantadas y la posibilidad de acceder a créditos blandos con al menos dos años de gracia y diez como mínimo para pagarlos. De esta forma, además de ayudar al desarrollo de un importante sector del país, se estaría reconociendo el esfuerzo visionario de estos agricultores, quienes hoy ven pasar frente a sus ojos el desarrollo que ellos ayudaron a lograr.
He dicho.
SUSPENSIÓN DE SERVICIO MÉDICO-DENTAL DE BUQUE “CIRUJANO VIDELA” EN DÉCIMA Y UNDÉCIMA REGIONES. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO .-
Señora Presidenta , en esta ocasión, quiero referirme a un problema que afecta a la Décima Región sur.
El problema se refiere a que diversas comunidades de las provincias de Chiloé y Palena , y de Aisén, en la Décima y Undécima Regiones, han manifestado su profunda inquietud por el eventual término del convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y la Armada, relacionado con la atención médico-dental que lleva a cabo el buque “Cirujano Videla”, único medio de que disponen las personas que habitan en esas apartadas regiones australes para acceder a una atención de salud. El eventual término del convenio dejaría sin poder gozar de ese imprescindible servicio a más de un millar de personas, quienes reciben mensualmente la llegada de la nave para obtener la asistencia profesional de médicos, dentistas, matronas y enfermeras.
Cabe hacer presente que la medida de dejar sin efecto dicho servicio, tanto por la antigüedad de la nave -más de 30 años-, como por falta de recursos, traería consigo una grave crisis, ya que lactantes, madres primerizas, niños sanos, adultos y habitantes, en general, carecerían de asistencia médica, con serios riesgos para su salud, dado que los centros de atención más cercanos a sus domicilios se encuentran a días de navegación en una zona que se caracteriza por sus permanentes condiciones climáticas adversas y de total aislamiento, sumando a ello la carencia de recursos económicos de la mayoría de los habitantes del sector, por ser pequeños agricultores o pescadores artesanales, que viven hoy una situación insostenible, debido a la falta de fuentes laborales, a la baja en la venta de sus productos y a la presencia de la marea roja, que les impide extraer recursos marinos para su subsistencia diaria.
En consecuencia, esta grave situación dejaría en la total indefensión a miles de compatriotas que hacen soberanía en la zona sur austral de nuestro país.
Por lo tanto, considero que sería del caso disponer la suspensión de toda medida que signifique alterar el normal funcionamiento del buque citado, y estudiar, a la brevedad, las acciones necesarias tendientes a mantener su servicio, ya sea a través de su reposición u otra operación que permita prestar atención a los habitantes de las diversas islas y continente de las regiones mencionadas, evitando con ello una profunda crisis social, con peligro inminente para la salud de niños, mujeres, jóvenes, adultos y ancianos de una zona postergada por años. Por otra parte, se harían realidad las políticas anunciadas por el Gobierno relacionadas con el área de salud, en cuanto a atender los requerimientos de los sectores más necesitados del país. Obviamente, con una medida de esta naturaleza no se estaría dando cumplimiento a dicho postulado.
Cabe hacer presente que el buque médico-dental “Cirujano Videla” realiza las rondas médicas en forma permanente con equipo profesional completo, atendiendo mensualmente en cada recorrido a un promedio de 1.300 personas, dispersas en más de 25 comunidades de Chiloé insular, Palena y Aisén , por lo que una medida de suspensión del servicio significaría dejar de atender, anualmente, a una población-objetivo directa, con necesidades de atención primaria de salud, del orden de los 15 mil habitantes, que residen en localidades -como lo señalé- total y absolutamente aisladas.
En consecuencia, solicito que se oficie a los Ministros de Defensa y de Salud y al Comandante en Jefe de la Armada , a fin de que se arbitren las medidas técnicas, profesionales, de infraestructura y presupuestarias para que los pobladores de nuestra zona continúen recibiendo la atención de salud por la misma vía marítima, a través de la mantención del actual servicio que presta el buque “Cirujano Videla”, en virtud del convenio Ministerio de Salud-Armada de Chile.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
RESPONSABILIDADES ALCALDICIAS Y DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS REGIONALES EN CONSECUENCIAS Y PERJUICIOS PROVOCADOS POR EL PARO DE ACTIVIDADES DE IQUIQUE. Oficios.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Vilches .
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , a raíz de los hechos ocurridos en Iquique el miércoles 9 del presente, como consecuencia de la paralización a que convocó el alcalde de la comuna, don Jorge Soria , los derechos elementales de los ciudadanos se vieron vulnerados, al encontrarse con las principales vías de acceso cortadas y con los establecimientos comerciales cerrados, los que fueron obligados a cerrar sus puertas por los encargados de concretar la paralización. Además, decenas de personas se vieron impedidas de recibir atención de salud, ya que los consultorios, dependientes de la Ilustre Municipalidad de Iquique, suspendieron toda actividad. Del mismo modo, los establecimientos educacionales, por disposición del señor alcalde , suspendieron las clases.
Al término de la jornada de paralización -hubo manifestaciones de violencia por parte de quienes convocaron a la movilización- el balance fue devastador. Las pérdidas para la ciudad como consecuencia de la paralización se estiman, a estas alturas, en 500 millones de pesos.
La acción del alcalde Jorge Soria puede ser calificada de irresponsable, por cuanto dañó seriamente a la ciudad y a sus habitantes, liderando un paro sin destino y con objetivos pocos claros, poniendo en riesgo la salud de los habitantes y desestimando la calidad de la educación al disponer el cierre
de los establecimientos educacionales, para lo cual no tiene atribuciones. Esta acción constituye una paralización forzada por el municipio, que utilizó recursos municipales para vulnerar los derechos de las personas. El alcalde debe responder por tales hechos. Toda la información publicada por el diario “El Nortino” y por revistas de la ciudad de Iquique demuestra el tremendo daño que se produjo a la ciudad.
Por tales razones, solicito que se envíe un oficio de fiscalización a la Contraloría General de la República, con el objeto de que efectúe una investigación detallada de las actividades desarrolladas por el municipio y sus dependencias el día de la movilización.
De la misma forma, pido que se oficie al Ministro del Interior , a fin de que informe a esta honorable Cámara de Diputados los motivos por los cuales el Intendente, el Gobernador y Carabineros de Chile, respectivamente, no ordenaron el oportuno restablecimiento de los servicios públicos, permitiendo que se bloqueara el tránsito y que se produjeran desórdenes en la vía pública por parte de los manifestantes.
Por último, solicito que se remita el texto de mi intervención al Ministro del Interior, a fin de que nos dé una respuesta oportuna sobre la materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 15.55 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que perfecciona normas del área de la salud (Fonasa). (Boletín Nº 2132-11).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites -incluyendo los que correspondiere en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Moción de los Diputados señores Elgueta , Aldo Cornejo , Luksic , Aníbal Pérez , Pareto , Reyes, y de las Diputadas señoras Laura Soto , Fanny Pollarolo y Pía Guzmán .
Modifica la ley Nº 19.366 sobre drogas. (boletín Nº 2240-07)
Frente al narcotráfico no cabe invocar el principio de intervención mínima, ya que la lucha del Estado de derecho contra la degradación humana, la muerte que el tráfico y el consumo producen, exige, por razones de prevención y defensa social, que este tipo de criminalidad sea combatido con urgencia y dureza. Pero ello no nos puede llevar a olvidar o a transar los principios y valores informadores y rectores del derecho penal democrático proclamados en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales obligatorios para nuestro país conforme lo explicita el Art. 5 de la Carta Fundamental.
1° Ausencia de proporcionalidad de las penas
Uno de los principios informadores del Derecho Penal, es la proporcionalidad de las penas que las hagan racionales y humanas. Éstas deben guardar relación con la entidad del delito. Nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes: Pacto San José de Costa Rica, Art. 5 Nº 2; Arts. 7 y 10 del Pacto de Derechos Civiles Políticos, ambos ratificados y vigentes, de acuerdo al Art. 5 de la Constitución Política de la República.
El mayor valor es la vida. El homicidio está sancionado en el Código Penal con presidio mayor en su grado mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), cuando es simple. Igual pena tienen el infanticidio (art. 394) y la castración (art. 395); la violación es penada con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio (3 años y un día a 15 años); el secuestro (art. 141) con presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años); y el aborto con violencia (Art. 342) con presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años). Éste es el criterio del Código Penal, en algunos delitos, en que se afecta la vida o la libertad en forma gravísima. Pues bien, la ley de drogas atenta contra la proporcionalidad de una doble manera:
1º La pena es igual, cualquiera que sea la cantidad de sustancias y drogas ilícitas que se usen en las conductas típicas de la ley. Un gramo, 10 gramos, un kilo es lo mismo que medio, una, o varias toneladas. Tampoco influye el monto del dinero transado. Un peso, un dólar, da lo mismo que millones. No hay norma alguna que regule esta situación. Suponer que el juez va a recorrer la escala de pena asignada por la ley en toda su extensión, es no comprender la naturaleza de estos delitos y la presión pública, que llevará a aplicarlas en sus márgenes más altos, aun cuando se trate de bienes o dineros mínimos.
2º Las de las figuras del Art. 1º como elaborar, fabricar, preparar, etc. (penas), son iguales a las del homicidio simple, el infanticidio y la castración; el Art. 2º como plantar, cosechar, cultivar, etc. contempla sanciones iguales a la violación; el tráfico ilícito y el lavado de dinero tienen penas similares al asesinato; y la asociación ilícita (art. 22) con presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años), se inicia con una pena superior al homicidio, a la castración o al asesinato de una guagua menor de 48 horas, y es superior al aborto con violencia o al secuestro.
En síntesis, no hay proporcionalidad alguna en el establecimiento de estas penas. La vida vale igual que 1, 2 ó 10 gramos de cocaína fabricada o traficada y menos que una asociación ilícita que se dedique al tráfico o al lavado, cualquiera que sea su monto.
Algo no está bien. Esto debe corregirse y pronto, antes que los delincuentes aprendan que la vida carece de valor por lo que suprimirla cuesta menos que incursionar en drogas y estupefacientes.
En Chile, aproximadamente el 5% de la población recluida es de sexo femenino. Este porcentaje se cumple sistemáticamente, con la excepción de la zona norte del país, donde es mayor, debido a una participación más igualitaria de ambos sexos en el tráfico de drogas, que constituye uno de los delitos predominantes de esa región.
De conformidad a un informe estadístico de la población penal elaborado por Gendarmería de Chile, a julio de 1997, el número de reclusos por cada 10.000 habitantes alcanzaba en la 1ª Región a 74,8% y en la 2ª Región a 28,1, superando a todas las demás regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
Ahora, en cuanto al tipo de delitos objeto de condena, en la 1ª Región el 46,1% de los condenados lo son por el delito de tráfico de estupefacientes, porcentaje que en la 2ª Región alcanza al 22,8%, en tanto a nivel nacional sólo al 7,9% de los condenados lo es por el mismo delito.
En cuanto a la población recluida, ya sea procesada o condenada, en la 1ª Región el número de mujeres alcanza a 452, cifra que en la 2ª Región llega a 144, superando largamente a las demás regiones del país; y, en conjunto, incluso a la Región Metropolitana.
Todas estas cifras y antecedentes dan cuenta de una dura realidad en una zona de nuestro país que, como hemos dicho anteriormente, afecta a cientos de mujeres sin historial delictual, que en no pocos casos constituyen el único sustento familiar y que movidas por un enorme estado de necesidad se ven involucradas en la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas, aunque a menor escala, transformadas prácticamente en manos de obra barata de grandes organizaciones criminales.
La solución a este problema no es únicamente legislativa. Importancia fundamental les cabe a las autoridades llamadas a implementar programas de educación, prevención y rehabilitación a este respecto. Lo que sí puede hacer la ley es diferenciar la situación de los delincuentes que delinquen a gran escala respecto de los delitos menores vinculados al narcotráfico. Eso es precisamente lo que propone y pretende este proyecto de ley, por la vía de elevar la pena de los primeros y rebajarla a los segundos.
1º Incerteza jurídica, o ¿ley penal en blanco?
El Art. 19 Nº 3 inciso final de la C.P.R. asegura: “Ninguna podrá establecer penas sin que la conducta esté expresamente descrita en ella”. Lo mismo prescriben la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9) y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos (art.), repitiendo el apotegma del derecho penal no hay delito, ni pena sin ley.
Sin embargo, la ley comentada no señala las sustancias sicotrópicas, ni los estupefacientes: no los enumera, no los describe, ni los define; y lo que es peor, esta ausencia implica una falta de permanencia en el tiempo en los textos legales y reglamentarios. Según el Art. 49 de la ley, es un reglamento el que enumera los productos prohibidos. En 1985 existía el DS de Salud Nº 67 con una nómina determinada. Hoy, con el DS de Salud 565 de 9 de junio de 1995, existe otra lista que clasifica y enumera las sustancias y estupefacientes de modo diverso, lo que altera el tipo de conducta y las penas. Si a lo anterior se agrega que dicha lista contiene nombres químicos o científicos, el desconocimiento y la incerteza jurídica de los ciudadanos es completa. Si ellas son más de 200, más los ésteres, éteres, isómeros y sales derivadas, no hay seguridad alguna de los exámenes, test, pruebas, tipo de delitos, penas para los 14 millones de habitantes del país. La cocaína es popular, pero ¿quién sabe del acetil-alfametilfetanilo, Brolanfetamina o DOB, Catinona , DET, DMA, DMHP, DOET, SPA, MDMA, MPPP, etc. ¿Cuántas de estas sustancias se encuentran en los medicamentos comerciales o en otros productos fabricados o traficados, con o sin receta médica?
En el diccionario de estas sustancias fiscalizadas internacionalmente, por ejemplo, la cocaína aparece en variadas formas: benzoato, borato, citrato, formato, yohidrato, bromhidrato, clorhidrato, lactato, nitrato, solicilato, nilfato, tartrato de cocaína, definiéndose como “alcaloide extraído de la hoja de coca o preparado por síntesis a partir de la ecgonina”. Esta última es la parte principal de la molécula de cocaína. ¿Quién entiende esto? ¿Los test, qué reflejan?
Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que las conductas ilícitas de la ley Nº 19.366, las penas, la absolución o la condena, dependen más de la voluntad del químico-farmacéutico, que del tribunal. En una ironía impensada, el Manual del Conace , Pág. 17 dice: “En consecuencia, quien desee conocer la gravedad del delito de que se trata habrá de acudir a este último reglamento (DS de Salud 565 de 1995) para saber si el tráfico se castiga con una pena mayor o menor”. En buen romance, la cartera y el bolsillo, serían los lugares apropiados para guardar este reglamento y su consulta diaria la mejor receta para evitar delinquir.
Luego, no hay conductas expresas en la ley, si todo está sometido a un reglamento variable día a día.
3º Derecho a la defensa.
La Constitución Política en su Art. 19 Nº 3 inciso 2º asegura: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”. La Convención Americana de los Derechos Humanos en su Art. 8 Nº 2 establece el principio de la inviolabilidad del derecho de la defensa. El acusado es un sujeto del derecho procesal y no objeto de la investigación. Este derecho debe examinarse en relación a la ley Nº 19.366:
a) Un primer aspecto, es el principio que “al imputado no le corresponde el deber de colaborar con la investigación, la que en todo caso compete a los órganos oficiales. (Ministerio Público, policía, Poder Judicial ). Son éstos los que deben destruir el estado de inocencia de que goza el imputado. El derecho al silencio, a no intervenir en el careo, en la reconstitución de escena, a no reconocer a la víctima, a un tercero, o una cosa; y en general, abarca, todo acto por el cual se pretende que el imputado proporcione prueba de cargo en contra de su voluntad. No se puede forzar la confesión (Art. 8 Nº 3 Pacto San José de Costa Rica). La Constitución Política prohíbe el juramento del imputado (Art. 19 Nº 7 letra f) sobre hecho propio. Toda coacción invalida la confesión como la tortura; el interrogatorio en sede policial que tiene atmósfera de intimidación por carecer de defensor, rodeado, además, de fuerzas antagónicas como la privación de libertad, la incomunicación; la exposición a ratificar el informe policial o la firma. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal en su Art. 323 expresa: el empleo “de promesas, coacción o amenazas, preguntas capciosas o sugestivas”, se sancionan como infracción a los deberes de los jueces, según Art. 324 del Código Orgánico de Tribunales, o con su invalidez, si no es prestada libre y conscientemente” (Art. 481 Nº 2 del Código de Procedimiento Penal).
A pesar de lo expuesto, el Art. 33 de la ley Nº 19.366 permite al juez, a la autoridad administrativa y policial ofrecer al imputado rebajas de penas, mediante la llamada “cooperación eficaz”, vulnerando el derecho al silencio, la libre conciencia, comprando en definitiva el suministro de datos forzadamente, por premios consistentes en rebaja de penas, el anonimato, el cambio de identidad, cuaderno secreto, etc., todo lo cual propende a la impunidad de las falsas afirmaciones más que a la seguridad del declarante. La autoridad, cualquiera que sea, tiende al abuso y a la oferta de premios para debilitar la libertad y el derecho al silencio del imputado, reduciendo asimismo toda dificultad o resistencia del imputado, o de la investigación.
Cuando todo esto se verifica sin la presencia o asistencia del letrado, ¿en qué queda el derecho garantizado que “ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado”, o el principio “que nadie puede declarar bajo juramento sobre hecho propio”, o que “el imputado tiene derecho al silencio (art. 484 inciso 3º del C.P.P.)?
b) Un segundo aspecto, se refiere a la inviolabilidad de las comunicaciones, especialmente las telefónicas, y de éstas, entre el detenido, imputado libre o preso, con su abogado defensor.
El art. 31 de la ley de drogas dispone que a solicitud fundada del organismo policial, el juez puede autorizar la intervención telefónica de aquellas personas, respecto de las cuales existan fundadas sospechas que intervienen en la preparación o comisión de estos delitos. La intervención es hasta por 20 días, prorrogable por igual plazo, y debe ser fundada. El abuso de poder se castiga con inhabilitación temporal. O sea, el juez, reuniéndose los requisitos de la detención, puede intervenir el teléfono sin mayores limitaciones garantísticas.
De este modo, se vulneran claramente normas constitucionales y los tratados internacionales. El Art. 19 Nº 5 de la C. Política sólo autoriza la interceptación de las comunicaciones “en los casos y formas determinadas por la ley”. Los tratados internacionales como el pacto de derechos civiles y políticos (Art. 17), Convención Americana de los Derechos Humanos (Art. 11 Nºs 2 y 3), la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (Art. 12), establecen la inviolabilidad de las comunicaciones, y en especial la “libre y privada comunicación entre defensor e imputado (Art. 8 Nº 2), la que debe ser secreta, sin interferencias, en cualquier estado del proceso y en cualquier lugar. El Art. 19 Nº 3 inciso 2º de la Constitución Política de la República, es violado, puesto “que ninguna autoridad podrá impedir, restringir y perturbar la debida intervención del letrado”. Sin embargo, el juez puede, según el artículo 31, impedir y perturbar el derecho del letrado en su misión de defensor del imputado.
Este Art. 31 puede autorizar un micrófono en el confesionario o en el estudio del letrado, o la interceptación entre el confesor y el imputado del teléfono y la misma interceptación de las autoridades, FF.AA., tribunales, etc., sin distinguir causales, razones, fuero, etc.
Debe señalarse que la ley Nº 18.314, Art. 14, antiterrorista autoriza la intervención sólo respecto de “procesados”, no de simples sospechosos; pero ello no puede “afectar la comunicación del procesado con sus abogados”; y además, prohíbe que tales medidas se adopten con determinadas autoridades como Ministros, Subsecretarios, Parlamentarios, Jueces, Generales y Almirantes.
Por otra parte, el Art. 31 de la ley citada no señala “las formas” de la interceptación de conexión, escucha y grabación. Un autor menciona que una ley que autorice la intervención debe contemplar los siguientes elementos:
a) El tipo de delito: naturaleza y gravedad de las infracciones penales que justificarían tal medida;
b) La oportunidad: si la interceptación telefónica fuese de carácter preventivo, o para efectos de la pesquisa, para obtener prueba en la etapa contenciosa, para aprehender al delincuente a fin de que cumpla la condena, etc.;
c) El afectado: si procediera respecto de quien tiene la calidad de procesado, del mero inculpado, de quien puede ser detenido, de personas ajenas al proceso, u otros;
d) La duración: extensión propia de la medida de intervención, y posibilidades de prorrogarla o repetirla;
e) El lugar de operación: la realización de los actos de interferencia en cualquier sitio, en recintos policiales o judiciales, en la empresa que presta el servicio telefónico, etc.;
f) Los participantes: personas que pueden actuar en la diligencia -dado el conocimiento que adquirirían sobre el contenido de las comunicaciones-; grado de reserva que deben mantener, responsabilidades, etc.;
g) El medio: tipo de aparatos para conectarse o escuchar la telecomunicación; sistema técnico juez garantice la fidelidad y discreción; formas de conservar el registro de lo oído, etc.; y
h) El procedimiento: iniciativa de la medida, formalidades de publicidad, fundamentación explícita de la resolución judicial; recursos contra la decisión; incorporación de los resultados al proceso; valor probatorio de lo obtenido, etc. ( Ricardo Blanco , Revista U.C. 1992).
De modo que es urgente revisar este aspecto inconstitucional de la ley estableciendo las garantías de una adecuada defensa y del debido proceso.
En consecuencia, dicho Art. 31 debería ser declarado inaplicable, o al menos modificado con las condiciones propuestas.
b) Un tercer aspecto, se refiere al debido proceso, garantizando en el Art. 19 Nº 3 inciso 5º Constitución Política de la República en relación con el cuaderno secreto de la llamada “cooperación eficaz” del Art. 33. Las declaraciones y antecedentes son secretos desde que se entreguen a la autoridad administrativa, policial o judicial. El procesado tiene acceso a él, si tiene conocimiento del sumario, o en la acusación o en la sentencia definitiva. Los empleados públicos están sujetos a este sigilo, con pena de presidio menor grado medio a máximo.
Ésta es una gravísima alteración del derecho a la defensa; una clara incitación a la delación irresponsable que subvierte la finalidad del proceso penal y que infringe la presunción de inocencia. Este testigo N.N. no está obligado al juramento, ni su declaración necesariamente es judicial, pues pueden recibirla la policía, la autoridad administrativa, además del juez.
Los jueces, policías y autoridades administrativas, sólo están obligados al sigilo mientras sean funcionarios públicos. Si pierden tal calidad, pueden llevarse los archivos y cuadernos -fotocopias- y luego divulgarlos sin que tengan sanción alguna.
Tampoco existe responsabilidad penal para los “cooperadores eficaces” mentirosos y fabuladores, que pueden hundir a inocentes que sólo después de largo tiempo conocerán sus dichos premiados con rebajas de pena, con cambios de identidad y especial protección del Estado.
Si el juicio penal empieza con la denuncia y en el sumario, y no puede conocerse el cuaderno secreto, ya no hay juicio. Es sólo una mera investigación. Tampoco se conoce el momento en que los cooperadores cambian de nombre: antes del proceso, durante o después de él. ¿Estará el acusado defendiéndose de testigos reales, con chapas, o imaginarios? ¿Cómo podrá impugnarlos si han variado su identidad? ¿Es éste un proceso previo legalmente tramitado? ¿Serán encapuchados cuando en el plenario deban ser interrogados o contrainterrogados, o debemos eximirlos de esta carga?
d) Otro elemento a considerar es la inversión de la prueba.
En lo que se refiere a la prueba del delito narcotráfico, cabe la posibilidad de invertir el peso de la prueba respecto del origen ilícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea compatible con los principios del derecho interno y con la naturaleza de los procedimientos, lo cual es absolutamente inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico, dada la tutela judicial efectiva a la que todos tienen un derecho fundamental a obtenerla, conforme al principio de la presunción de inocencia del acusado que proclaman la Constitución Política y los tratados internacionales. Los Arts. 2 y 5 de la ley contienen la inversión de la prueba: los imputados deben probar el destino al consumo próximo o a un tratamiento médico, cuando es el Estado quien debe probar la ilicitud y además de facto la prueba al tener que informar el Servicio Médico Legal o el Servicio de Salud.
De acuerdo con lo expuesto, venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único
1º Sustitúyese en el artículo 1º inciso 1º “presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cuarenta a cuatrocientas U.T.M.” por:
“1º Con presidio menor en su grado mínimo, si su valor no excediere de 10 U.T.M. y multa de 10 U.T.M.;
2º Con presidio menor en su grado medio a máximo si excediere de 10 y no subiere de 100 U.T.M. y multa de 40 U.T.M.
3º Con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, si excediere de 100 U.T.M. y multa de más de 40 U.T.M. a 400 U.T.M.”
2º Sustitúyese en el artículo 2º inciso 1º “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 a 400 U.T.M.” por:
“1º Con presidio menor en su grado mínimo si su valor no excediere de 10 U.T.M. y multa de 10 U.T.M.
2º Con presidio menor en su grado medio si excediere de 10 U.T.M. y no subiere de 100 U.T.M. y multa de 40 U.T.M.
3º Con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo si excediere de 100 U.T.M. y multa de hasta 400 U.T.M.
Si justifican que están destinados al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, serán sancionados según los artículos 41 y siguientes”.
3º Sustitúyese en el artículo 3 “presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 40 U.T.M.” por: “con las penas descritas en el artículo 1º”.
4º Sustitúyese en el artículo 6º “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 U.T.M.” por: “las penas señaladas en el artículo 2º”.
5º En el artículo 10 inciso 1º intercalar entre “suministre” y “a” la palabra “habitualmente”.
6º En el artículo 12 inciso 1º intercalar entre “beneficio” y “se han”, la expresión “superiores a 200 U.T.M.”.
7º Agregar al artículo 12 el siguiente inciso final:
“Si el valor no excediera de 200 U.T.M., la pena será de presidio menor en su grado máximo y multa de 100 a 200 U.T.M.”
8º Agrégase el siguiente Nº 3 al artículo 22:
“Nº 3. Con presidio menor en su grado medio a máximo, si el valor de las especies no excediere de 200 U.T.M.”
9º Modifícase el artículo 33 de la siguiente manera:
a) En el primer inciso después de “cooperación” y antes de “eficaz” agregar las palabras “espontánea y voluntaria”.
b) En el inciso 2º añadir luego del punto aparte: “las declaraciones que se presten, los datos o informaciones, podrán ser objeto de tachas conforme a las reglas generales”.
c) Intercalar el siguiente inciso tercero nuevo:
“La falsedad de los dichos, antecedentes o datos proporcionados por el cooperador serán penados conforme a los artículos 207 y 208 del Código Penal, según fuere el caso”.
10º En el artículo 34 insertar el siguiente inciso penúltimo:
“Incurrirá en las penas de los artículos 207 y 208 del Código Penal, según fuere el caso, el que valiéndose de las calidades expresadas en este artículo, diere falso testimonio contra el imputado o procesado o le hiciere cargos de posesión o tenencia de sustancias prohibidas por esta ley, inexistentes”.
11º Agrégase el siguiente artículo 37 B:
“El valor de las sustancias, drogas, estupefacientes o sicotrópicas, productos, materias primas y demás bienes prohibidos en esta ley, será determinado pericialmente por el Servicio de Salud respectivo para lo cual deberá tomar en cuenta especialmente el grado de pureza, la cantidad, su toxicidad, su origen, o el precio que le asignen los procesados. Si hubiere reiteración de delitos se sumarán los valores determinados para la imposición de las penas”.
12º Agrégase como artículo 23 bis nuevo:
“Si el delito se cometiere por persona que carezca de medios de subsistencia, que no ejerza habitualmente una profesión, oficio u ocupación lícita y, en opinión del tribunal, los hechos no revistan mayor gravedad, las penas contempladas en esta ley para crímenes y simples delitos serán rebajadas en un grado”.
13º Sustitúyese el artículo 31 por los siguientes:
Artículo 31. “Cuando existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella prepara actualmente la comisión o participación de alguno de los delitos de la presente ley y la investigación lo hiciere imprescindible, a petición fundada del organismo policial respectivo, el juez a que se refiere el inciso 1º del artículo 29, podrá ordenar la interceptación y grabación de sus comunicaciones telefónicas u otras formas de telecomunicación o la apertura o registro de sus comunicaciones o documentos privados, o su observación por cualquier medio.
Las mismas medidas se podrán decretar para aprehender a los condenados por sentencia firme, a fin de que cumplan sus condenas.
La orden a que se refiere el inciso 1º sólo podrá afectar al imputado o a personas respecto de las cuales existieren sospechas fundadas, basadas en hechos determinados, que ellas sirven de intermediarias de dichas comunicaciones y, asimismo, de aquellas que facilitaren sus medios de comunicación al imputado o sus intermediarios, y a los condenados en el caso del inciso anterior.
La orden que dispusiere la interceptación y grabación deberá indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la medida y señalar la forma de la interceptación y la duración de la misma, que en caso alguno podrá exceder de sesenta días, prorrogables por períodos sucesivos iguales. Para conceder la prórroga, el juez deberá examinar cada vez la concurrencia de los requisitos previstos en los incisos precedentes.
Las empresas telefónicas y de telecomunicaciones deberán otorgar a los funcionarios encargados de la diligencia las facilidades necesarias para llevarla a cabo. La negativa o entorpecimiento a la práctica de la medida de interceptación y grabación será constitutiva del delito de desacato. Asimismo, los encargados de realizar la diligencia y los empleados de las empresas mencionadas en este inciso deberán guardar secreto acerca de la misma, salvo que se les citare como testigos al procedimiento. Los que violaren en cualquiera forma el secreto indicado en el inciso anterior, sufrirán las penas de reclusión en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 20 U.T.M.
Si las sospechas tenidas en consideración para ordenar la medida se disiparen o hubiere transcurrido el plazo de duración fijado para la misma, ella deberá ser interrumpida inmediatamente”.
Artículo 31 A.-
“La interceptación telefónica de que trata el artículo precedente será registrada mediante su grabación magnetofónica u otros medios técnicos análogos que aseguren la fidelidad del registro. La grabación será entregada directamente al tribunal, quien la conservará bajo sello y cuidará que la misma no sea conocida por terceras personas.
Cuando lo estime conveniente, el juez podrá disponer la transcripción escrita de la grabación por un funcionario que actuará, en tal caso, como ministro de fe acerca de la fidelidad de aquélla. Sin perjuicio de ello, el tribunal deberá conservar los originales de la grabación en la forma prevista en el inciso precedente.
La incorporación al juicio de los resultados obtenidos de la medida de interceptación se realizará de la manera que determine el juez en la oportunidad procesal respectiva. En todo caso, podrán ser citados como testigos los encargados de practicar la diligencia.
Aquellas comunicaciones que fueren irrelevantes para el procedimiento serán entregadas, en su oportunidad, a las personas afectadas con la medida. Toda transcripción o copia de las grabaciones de que trata este inciso deberá ser destruida por el tribunal, en cuanto éste constate su irrelevancia.
Lo prescrito en el inciso precedente no regirá respecto de aquellas grabaciones que contuvieren informaciones relevantes para otros procedimientos seguidos por hechos que pudieren constituir un delito que merezca pena aflictiva, de las cuales se podrá hacer uso conforme a las normas precedentes”.
Artículo 31 B.-
“En cuanto el objeto de la investigación lo permita, y en la medida que ello no pusiere en peligro la vida o la integridad corporal de terceras personas, la medida de interceptación será notificada al afectado por la misma, con posterioridad a su realización”.
Artículo 31 C.-
“Los resultados de la medida de interceptación telefónica o de otras formas de telecomunicaciones no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento, cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley o cuando no se hubieren cumplido los requisitos en el artículo 31 para la procedencia de la misma”.
Artículo 31 D.-
“Cuando el procedimiento tuviere por objeto la investigación de un hecho punible, el juez podrá ordenar, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, podrá disponer la grabación de comunicaciones entre personas presentes. Regirán correspondientemente las normas contenidas en los artículos 31 al 31 C”.
Artículo 31 E.-
“Las medidas indicadas en los artículos 31 a 31 E no podrán afectar la comunicación del imputado con su abogado defensor o con el sacerdote o ministro confesor. Su incumplimiento será sancionado con la pena de inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos”.
Artículo 31 F.-
“Las medidas a que se refieren los artículos 31 a 31 C podrán adoptarse en contra del Presidente de la República , Ministros de Estado , parlamentarios, miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República , Generales y Almirantes, previa autorización de la Corte de Apelaciones respectiva”.