Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Juan Pablo Letelier Morel
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO LAUTARO VERGARA.
- ESTADO DE SALUD DE EX MINISTRO HERNÁN BÜCHI. Oficio.
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CENTRO DE ESTUDIOS TIBETANOS.
- INTEGRACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alberto Espina Otero
- Pablo Galilea Carrillo
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Enrique Krauss Rusque
- Felipe Letelier Norambuena
- Arturo Longton Guerrero
- Zarko Luksic Sandoval
- Fanny Pollarolo Villa
- Exequiel Silva Ortiz
- Laura Soto Gonzalez
- INTEGRACIÓN
- V. FÁCIL DESPACHO
- ACUERDO ENTRE CHILE Y AUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Victor Reyes Alvarado
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- ACUERDO ENTRE CHILE Y AUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA QUE REGULA EL SECTOR ELÉCTRICO EN LO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN VERTICAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Roberto Delmastro Naso
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN
- Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- MODIFICACIÓN DE NORMATIVA QUE REGULA EL SECTOR ELÉCTRICO EN LO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN VERTICAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Edgardo Riveros Marin
- Rodolfo Seguel Molina
- Maria Rozas Velasquez
- Enrique Krauss Rusque
- Javier Hernandez Hernandez
- Andres Palma Irarrazaval
- Anibal Perez Lobos
- Pedro Munoz Rojas
- Luis Pareto Gonzalez
- Edmundo Villouta Concha
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MANTENCIÓN EN VACACIONES DE INVIERNO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ZONAS AFECTADAS POR TEMPORALES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Luis Monge Sanchez
- Victor Perez Varela
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jose Perez Arriagada
- Rene Manuel Garcia Garcia
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MANTENCIÓN DE LA ACTUAL SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Felipe Valenzuela Herrera
- Rosauro Martinez Labbe
- Edmundo Villouta Concha
- Maria Rozas Velasquez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Sergio Velasco De La Cerda
- Sergio Correa De La Cerda
- Jorge Ulloa Aguillon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Felipe Valenzuela Herrera
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.
- VIII. INCIDENTES
- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD E INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS PLANES DE EDUCACIÓN SEXUAL. Oficios.
- ADHESION
- Jaime Naranjo Ortiz
- Fanny Pollarolo Villa
- Sergio Aguilo Melo
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Felipe Letelier Norambuena
- Felipe Valenzuela Herrera
- Victor Jaramillo
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Andres Palma Irarrazaval
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Luis Pareto Gonzalez
- Victor Reyes Alvarado
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Gustavo Alessandri Valdes
- Roberto Leon Ramirez
- ADHESION
- NORMATIVA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN OPERACIONES CON LETRAS HIPOTECARIAS. Oficio.
- ADHESION
- Mario Bertolino Rendic
- Enrique Jaramillo Becker
- Alejandro Navarro Brain
- Felipe Letelier Norambuena
- Jaime Mulet Martinez
- Sergio Aguilo Melo
- Fanny Pollarolo Villa
- Jaime Naranjo Ortiz
- Sergio Velasco De La Cerda
- Guido Girardi Lavin
- Victor Barrueto
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Lorenzini Basso
- Victor Reyes Alvarado
- Luis Pareto Gonzalez
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Nelson Jaime Avila Contreras
- ADHESION
- INVESTIGACIÓN SOBRE ORIGEN DE CAPITAL DE LA LÍNEA AÉREA AEROCONTINENTAL. Oficios.
- ADHESION
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Pablo Lorenzini Basso
- Victor Reyes Alvarado
- Maria Rozas Velasquez
- Andres Palma Irarrazaval
- Tomas Jocelyn Holt Letelier
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Enrique Jaramillo Becker
- Felipe Letelier Norambuena
- Sergio Aguilo Melo
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Fanny Pollarolo Villa
- Alejandro Navarro Brain
- Jaime Naranjo Ortiz
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- APOYO Y AYUDA FINANCIERA AL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER. Oficios.
- ADHESION
- Maria Rozas Velasquez
- Victor Reyes Alvarado
- Luis Pareto Gonzalez
- Alejandro Navarro Brain
- Pablo Lorenzini Basso
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- VERIFICACIÓN DE PAGOS POR CONCESIÓN DE AUTOPISTA 5 SUR. Oficios.
- ADHESION
- Maria Rozas Velasquez
- Victor Reyes Alvarado
- Luis Pareto Gonzalez
- Andres Palma Irarrazaval
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Victor Barrueto
- ADHESION
- REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO SOBRE FUNDAMENTOS DE DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Oficio.
- INVESTIGACIÓN DE COMPRA DE TERRENOS POR MUNICIPALIDAD DE COIHAIQUE. Oficio.
- FUNDAMENTO DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD AERONÁUTICA PARA LA CUARTA REGIÓN Y ESTUDIO DE IMPACTO DE FUTURO AEROPUERTO INTERNACIONAL EN TONGOY. SITUACIÓN DE ASESOR DE CONACE. Oficios.
- MEJORAMIENTO DE EJE VIAL DE CHIGUAYANTE. Oficio.
- SOLUCIÓN DE CASO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN MEDIA EMBARAZADAS.
- INCONSECUENCIA EN POLÍTICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LA CRISIS CARCELARIA Y AL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA.
- IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. Oficios.
- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD E INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS PLANES DE EDUCACIÓN SEXUAL. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 342ª, ORDINARIA
Sesión 11ª, en jueves 6 de julio de 2000
(Ordinaria, de 10.42 a 14.11 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor,y Mora Longa,don Waldo.
Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia7
II. Apertura de la sesión10
III.Actas10
IV.Cuenta10
Permiso constitucional10
Minuto de silencio en memoria de ex diputadoLautaro Vergara10
Estado de salud de ex ministroHernán Büchi. Oficio10
Integración de Comisión investigadora sobre centro de estudios tibetanos11
V.Fácil Despacho.
Acuerdo entre Chile y Austria para la promoción y protección recíproca de inversiones. Primer trámite constitucional11
VI.Orden del Día.
Modificación de normativa que regula el sector eléctrico en lo relativo a la integración vertical. Primer trámite constitucional. (Continuación)14
VII.Proyectos de acuerdo.
Evaluación del sistema de administradoras de fondos de pensiones33
Mantención en vacaciones de invierno de raciones alimenticias en zonas afectadas por temporales36
Mantención de la actual sede del museo de historia natural de Valparaíso38
VIII.Incidentes.
Evaluación del programa sobre afectividad y sexualidad e información sobre nuevos planes de educación sexual. Oficios39
Normativa de instituciones financieras en operaciones con letras hipotecarias. Oficio41
Investigación sobre origen de capital de la línea aérea Aerocontinental. Oficios41
Apoyo y ayuda financiera al Instituto Nacional del Cáncer. Oficios42
Verificación de pagos por concesión de autopista 5 Sur. Oficios43
Reiteración de requerimiento sobre fundamentos de dictamen de la Dirección del Trabajo. Oficio44
Investigación de compra de terrenos por municipalidad de Coihaique. Oficio46
Fundamento de designación de autoridad aeronaútica para la Cuarta Región y estudio de impacto de futuro aeropuerto internacional en Tongoy. Situación de asesor de Conace. Oficios47 Pág.
Mejoramiento de eje vial de Chiguayante. Oficio48
Solución de caso de alumnas de Educación Media embarazadas49
Inconsecuencia en políticas gubernamentales frente a la crisis carcelaria y al aumento de la delincuencia50
Importancia del ferrocarril en situaciones de emergencia. Oficios51
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de acuerdo que Aprueba el Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América y sus Anexos, suscritos en Santiago, el 21 de octubre de 1999 (boletín Nº 254610)53
2.Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, el proyecto que determina la fecha de realización de las elecciones de alcaldes y concejales (boletines Nºs 246506 y 246606)70
X.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
De la Comisión Investigadora Encargada de Analizar las posibles irregularidades en el proceso de licitación de la Empresa Metropolitana de obras Sanitarias, Emos, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como Presidente al diputado señor Jiménez, don Jaime.
Del diputado señor Letelier, don Juan Pablo, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 9 de julio en curso, para dirigirse a Ginebra.
Del Jefe de Bancada de diputados de Renovación Nacional, quien informa que los señores diputados que en cada caso se indican integrarán las Comisiones que a continuación se señalan a contar del 11 de julio en curso:
a)Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, diputados señores Longton, Martínez, don Rosauro y diputada señora Pérez, doña Lily;
b)Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, diputados señores Alessandri, Kuschel y Longton;
c)Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, diputados señores Cardemil, Espina y diputada señora Guzmán, doña María Pía;
d)Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, diputados señores Errázuriz, Martínez, don Rosauro, y Ovalle, doña María Victoria;
e)Comisión de Hacienda, diputados señores Galilea, don Pablo; García, don José, y diputada señora Prochelle, doña Marina;
f)Comisión de Defensa Nacional, diputada señora Cristi, doña María Angélica, y diputados señores Prokurica y Vega;
g)Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputados señores Delmastro, García, don René Manuel, y Vega;
h)Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, diputados señores Álvarez-Salamanca, Caminondo y Galilea, don José Antonio;
i)Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, diputados señores Álvarez-Salamanca, Delmastro y García-Huidobro;
j)Comisión de Salud, diputada señora Cristi, doña María Angélica, y diputados señores Palma, don Osvaldo, y Ovalle, doña María Victoria,
k)Comisión de Trabajo y Seguridad Social, diputados señores Bertolino y Fossa y diputada señora Prochelle, doña Marina;
l)Comisión de Minería y Energía, diputados señores Prokurica, Vilches y García-Huidobro;
m)Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, diputados señores Álvarez-Salamanca, Galilea, don José Antonio, y Vargas;
n)Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, diputados señores Caminondo y García, don René Manuel, y diputada señora Pérez, doña Lily;
ñ)Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, diputados señores Alessandri y Palma, don Osvaldo;
o)Comisión de Familia, diputada señora Cristi, doña María Angélica, y diputados señores Fossa y Kuschel,
p)Comisión de Ciencias y Tecnología, diputados señores Kuschel, Vargas y Vilches;
q)Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, diputados señores Alessandri, Bertolino y Vargas;
r)Comisión Especial para el Desarrollo del Turismo, diputados señores Bertolino, Kuschel y diputada señora Prochelle, doña Marina;
s)Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, diputados señores Errázuriz y Espina y diputada señora Guzmán, doña María Pía;
t)Comisión Especial de Drogas, diputados señores Delmastro, Espina y García-Huidobro;
u)Comisión Especial Encargada de proponer medidas legales y administrativas en favor del Cuerpo de Bomberos de Chile, diputados señores Palma, don Osvaldo; Prokurica y Vega;
v)Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa, Pymes, diputados señores Bertolino, Fossa y Vilches.
Del Jefe de Bancada de la Democracia Cristiana, quien informa que el diputado señor Silva reemplazará en forma permanente a la diputada señorita Sciaraffia, en la Comisión de Hacienda.
2.Oficios:
Ministerio de Educación
De los diputados señores Navarro y Mora, avance construcción de escuela de Rahuil y mejoras de mobiliario en escuela de Roa, ambas de la comuna de Florida.
Ministerio de Agricultura
De los diputados señores Letelier, don Juan Pablo; Ortiz y Venegas, y diputadas señoras Soto y Caraball. Mejoras a canal de regadío La Valdiviana, sector El Cajón, comuna de Machalí.
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
De los diputados señores Sánchez y Urrutia, control de plaga mosca de la fruta.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Alcalde de Calama
Del diputado señor Mora, renovación de patente municipal de comerciante.
Alcaldesa de La Serena
Del diputado señor Navarro, antecedentes sobre proyecto Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos para la Provincia de Elqui.
Superintendencia de Isapres
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Superintendencia de Valores y Seguros
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Servicio Agrícola y Ganadero
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Servicio de Cooperación Técnica
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Servicio Nacional de la Mujer
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
Dirección de Biliotecas, Archivos y Museos
De los diputados señores García, don José, y Kuschel, costos con motivo de adopción de nueva imagen corporativa del Gobierno.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (111)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Pablo Letelier.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.22 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 7ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 8ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional solicitado por el honorable diputado señor Juan Pablo Letelier para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 9 de julio en curso.
Acordado.
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADO LAUTARO VERGARA.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, en el día de ayer fueron sepultados los restos mortales del ex regidor y ex diputado por Chillán durante dos períodos, don Lautaro Vergara Osorio.
Solicito a su Señoría que recabe de la Sala guardar un minuto de silencio en memoria de este ex servidor público. Mi bancada le rendirá homenaje en una de las próximas sesiones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ruego a la Sala guardar un minuto de silencio en memoria del ex diputado don Lautaro Vergara.
Los señores diputados, funcionarios y asistentes a tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.
ESTADO DE SALUD DE EX MINISTRO HERNÁN BÜCHI. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Seguel.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, el fin de semana nos enteramos del delicado estado de salud de don Hernán Büchi , ex candidato a la presidencia de la República.
Solicito que la Corporación le envíe una nota de saludo para manifestarle el deseo de su pronta recuperación.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE CENTRO DE ESTUDIOS TIBETANOS.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de señoras diputadas y señores diputados para integrar la Comisión investigadora encargada de analizar el rol de los organismos públicos en cuanto a velar para que la Corporación Centro de Estudios Tibetanos no promueva, induzca o realice actividades que vulneren las normas que autorizan su formación: señores Juan Bustos Ramírez , Aldo Cornejo González , Eduardo Díaz del Río, Alberto Espina Otero , Pablo Galilea Carrillo , Gonzalo Ibáñez Santa María , Enrique Krauss Rusque , Felipe Letelier Norambuena , Arturo Longton Guerrero , Zarko Luksic Sandoval , señora Fanny Pollarolo Villa , señor Exequiel Silva Ortiz y señora Laura Soto González.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V.FÁCIL DESPACHO
ACUERDO ENTRE CHILE Y AUSTRIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Austria para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Víctor Reyes.
Antecedentes:
Mensaje, boletín Nº 2371-10, sesión 23ª, en 3 de agosto de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de RR.EE., sesión 5ª, en 20 de junio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 16.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor REYES.-
Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, me corresponde informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la República de Austria para la promoción y protección recíprocas de las inversiones y su protocolo, suscritos el 8 de septiembre de l997.
Al tenor del mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, el acuerdo, suscrito durante la visita efectuada a Chile por el ministro de Economía de Austria, encierra el compromiso entre las partes contratantes de estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales.
Los principales compromisos que este acuerdo internacional impone a las partes contratantes son los siguientes:
El de promover, admitir y proteger, en sus respectivos territorios nacionales, las inversiones de inversionistas del otro país, con sujeción a su política general, sus leyes y reglamentos en el ámbito de las inversiones extranjeras, y el de no obstaculizarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, operación, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
El de conceder a los inversionistas de la otra Parte contratante un tratamiento justo y equitativo, no menos favorable que aquel otorgado a sus propios inversionistas o a los de un tercer país.
Se excluyen de este tratamiento las ventajas especiales que las Partes hayan concedido a inversionistas de cualquier tercer país o a sus inversionistas en virtud de un acuerdo de libre comercio, de unión aduanera, de mercado común, de unión económica o acuerdo multilateral sobre inversiones o con arreglo a su legislación tributaria interna.
El de garantizarles a los inversionistas la libre transferencia y sin demora de los fondos relacionados con la inversión, en moneda de libre convertibilidad, en particular, aunque no exclusivamente, los intereses, dividendos, utilidades y otros retornos; amortizaciones de préstamos relacionados con la inversión, cualquier capital y montos adicionales para el mantenimiento o prórroga de la inversión, o el producto de la venta o liquidación de la inversión; o la indemnización por expropiación y daños o pérdidas sufridos por el inversionista debido a una guerra o a cualquier conflicto armado, revolución, estado de emergencia, insurrección u otros eventos similares.
El capital invertido podrá ser transferido sólo después de un año contado desde su ingreso al territorio de la Parte contratante, salvo que la legislación interna contemple un trato más favorable, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto del Inversionista Extranjero.
El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista, a menos que sean adoptadas para fines de utilidad pública o nacional, que no sean discriminatorias y vayan acompañadas de una indemnización oportuna, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada.
El reconocimiento del derecho del inversionista a reclamar en procedimiento judicial ordinario de la legalidad de la nacionalización, expropiación o de cualquiera otra medida que tenga efecto equivalente y del monto de la compensación.
El de otorgar a los inversionistas de la otra Parte, un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus nacionales o a nacionales de terceros Estados, en la reparación de las pérdidas que sufrieren en su inversión a causa de una guerra o cualquier otro conflicto armado, de un estado de emergencia nacional, de disturbios civiles u otros acontecimientos similares producidos en su territorio.
El de indemnizar a los inversionistas de la otra Parte por los daños o pérdidas que sufran sus inversiones debido a una guerra o a cualquier otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia, insurrección u otros eventos similares que hayan tenido lugar en su territorio conforme a los principios del trato nacional y de la nación más favorecida, reconociéndoles, además, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la Parte contratante que le hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra dichos riesgos por su inversión efectuada en el territorio de la otra Parte contratante.
El de otorgar al inversionista de la otra Parte el trato más favorable, general o específico, que la normativa interna o internacional, actual o futura, conceda a las inversiones.
El de resolver las controversias entre una Parte contratante y un inversionista de la otra Parte, mediante consultas amistosas o recurriendo a los tribunales locales de la Parte contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones, creado por el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, vigente en Chile como ley de la República.
Ninguna de las Partes contratantes solicitará el agotamiento de recursos administrativos o jurídicos internos como condición para volver al arbitraje internacional.
La elección de un procedimiento u otro será definitiva; el recurso al arbitraje será unilateral y las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias.
Las Partes contratantes se comprometen a no tratar, por medio de canales diplomáticos, asuntos relacionados con controversias sometidas a proceso judicial o a arbitraje internacional, hasta que ellos estén concluidos, salvo el caso de incumplimiento de sentencia judicial o arbitral.
Dejo constancia de que nuestra Corporación ha dado su aprobación previa a una treintena de tratados internacionales de este tipo, en los cuales su articulado es prácticamente el mismo, ya que las materias que regulan son comunes a todos ellos.
Informo también que el Instituto Libertad y Desarrollo, que concurrió a nuestra Comisión, emitió un informe favorable en el que concluye que este acuerdo internacional celebrado con Austria no merece reparos específicos, por lo que estima apropiada su aprobación.
Por los antecedentes expuestos, el alcance jurídico de las normas del acuerdo internacional en trámite y compartiendo los propósitos que animan a los Gobiernos de Chile y Austria en su celebración, la Comisión acordó, por unanimidad, recomendar su aprobación, para lo cual propongo a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo propone el mensaje.
He dicho.
El señor URRUTIA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, como lo señaló el señor diputado informante, este acuerdo se enmarca dentro de toda una política de globalización de la economía, en la que Chile está empeñado desde hace muchos años.
Uno de los puntos más fuertes es manejar un trato similar a las inversiones de Chile en otros países y viceversa.
Naturalmente, en este juego Chile es el más favorecido, porque las inversiones extranjeras en nuestro país son mucho mayores que las que éste ha hecho en otras naciones. Sin embargo, es necesario que esta situación se potencie y se fortalezca a través de acuerdos como éste, que permiten que Chile sea un socio confiable que habla el mismo lenguaje con las demás naciones del mundo, especialmente en este caso, puesto que el país más desarrollado en su economía es Austria, que en el fondo es la Comunidad Europea.
Por los conceptos expresados por el diputado informante, por lo que acabo de decir y porque esta iniciativa representa un paso más en la inserción de Chile en la economía mundial, votaremos favorablemente el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se va a repetir la votación por falta de quórum.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se llamará a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alvarado , Álvarez , Bartolucci , Cornejo (don Patricio) , Correa, Dittborn , Delmastro , Elgueta , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , González (doña Rosa) , Hernández , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Krauss , Lorenzini , Masferrer , Mesías , Monge , Montes, Mora , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Pérez (don José) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Salas, Seguel , Urrutia , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Vega , Velasco , Venegas , Vilches y Villouta.
El Vicepresidente destaca la presencia en las tribunas de una delegación de señoras de oficiales de Carabineros. Las saluda y les da la bienvenida.
VI.ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DE NORMATIVA QUE REGULA EL SECTOR ELÉCTRICO EN LO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN VERTICAL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica la normativa que regula el sector eléctrico, en relación con la integración vertical.
Propongo a los señores diputados votar los dos proyectos de ley que figuran en la Tabla al final del Orden del Día.
No hay acuerdo.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, solicito que se fije una hora para votar.
El señor MORA (Vicepresidente).-
No hay acuerdo, señor diputado.
Reitero a la Sala la petición de votar al final del Orden del Día los proyectos de ley mencionados, con el objeto de debatirlos y despacharlos en mejores condiciones.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Rocha.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos analizando, de origen en una moción, tiene un mérito extraordinario: ha producido efectos aun antes de su promulgación como ley. Da cuenta de este hecho la publicación aparecida el 29 de junio en “El Mercurio” la tengo a la vista, que se titula: “Enersis licita Transelec y estudia la venta de Esval”. Su texto señala que esta operación “tiende a facilitar una mayor transparencia en el funcionamiento del sistema eléctrico chileno,”, lo que debe hacernos sentir satisfechos, porque revela que este proyecto de ley insisto, iniciado en moción, representa una aspiración muy legítima de la sociedad chilena, y nosotros, por supuesto, estamos llamados a interpretar esa realidad. Ese hecho lo encuentro estimulante y creo que vale la pena destacarlo.
Además, este proyecto de ley es importante, porque el fallo de la Excelentísima Corte Suprema, que se reproduce textualmente en el informe que tenemos a nuestra disposición, dice: “...los organismos que tienen a su cargo el control antimonopólico de acuerdo con la normativa prevista en el decreto ley Nº 211, junto con vigilar el comportamiento de las empresas involucradas, tendrán que adoptar oportunamente las medidas que sean necesarias para asegurar y restablecer la transparencia de dicho mercado”.
Lo anterior me sugiere que la Excelentísima Corte Suprema también nos está expresando que necesita armas para actuar frente a estas denuncias que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica o la Comisión Antimonopolios.
Señor Presidente, esto revela lo digo una vez más la urgencia y necesidad de que exista una ley como la que estamos despachando.
Sin embargo, quiero llamar la atención respecto de una observación del ex diputado señor Bosselin , distinguido abogado de Santiago, relacionada con un posible vicio de inconstitucionalidad del proyecto. Considero que esa posibilidad debe ser estudiada oportunamente por la Comisión respectiva, con el objeto de acoger su sugerencia, en el sentido de dictar una ley interpretativa del mencionado decreto ley Nº 211.
Señor Presidente, con esto debiera dar por terminada esta intervención, que tiene por objeto anunciar los votos favorables de los diputados del Partido Radical Social Demócrata a esta iniciativa. No obstante, quiero hacer una última observación que, probablemente, no tiene mucha importancia, pero creo que es bueno hacerla presente.
Este proyecto, destinado a hacer transparente el mercado, es una iniciativa antimonopolios; pero la moción fue presentada “monopólicamente”, sólo por diputados de la Democracia Cristiana. Es decir, nuestros queridos vecinos y compañeros de ruta han actuado siguiendo la sacrosanta y siempre muy atractiva doctrina del padre Gatica.
Dado el cariño que sentimos por los diputados de ese partido, tenemos que decirles que debieron haber pedido la opinión de otros parlamentarios, sin asumir una actitud monopólica, a fin de poder hacer otros aportes. Su actitud nos ha impedido entregar nuestras luces para mejorar la iniciativa, a través de indicaciones.
Hago estas observaciones con el objeto de que pensemos en la conveniencia de compartir ideas tan buenas como la contenida en este proyecto.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, es de esperar que la última intervención del diputado Rocha sobre las empresas eléctricas no nos provoque un cortocircuito.
(Risas).
La concentración del mercado eléctrico local lesiona la libre competencia, y la legislación vigente permite esta situación. Consecuencia de tal concentración ha sido, en momentos especialmente críticos, como los vividos el año pasado, que las empresas no dispongan de electricidad suficiente, con los consiguientes efectos negativos en la economía nacional y en las actividades de la población.
El que exista como lo señala el informe una severa integración vertical, efecto visible de la concentración, frena la contratación de un mayor volumen de energía con empresas distribuidoras y eleva el costo social que deben asumir los usuarios.
En el debate se ha hablado de los beneficios de la economía de escala, como argumento recurrente en todos los ámbitos en que existe concentración. Sin embargo, es necesario preguntarse si ello está beneficiando realmente a los usuarios o si, más bien, lo que se produce en la realidad es el aumento indebido de los beneficios del controlador monopólico.
Además, es preciso hacerse cargo de otras interrogantes que fluyen de los fundamentos y del análisis del proyecto: ¿Qué ocurre cuando a través de la integración vertical aparecen subsidios cruzados entre las diversas etapas del negocio o, también, cuando se discrimina con aquellos agentes que no están integrados verticalmente o cuando se introducen distorsiones en el comportamiento del mercado?
En síntesis, resulta indudable la colisión entre el interés privado y el interés común del país en las condiciones actuales. De allí la necesidad de legislar para resguardar prioritariamente el interés público.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a la idea de legislar sobre la materia.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto, que modifica las leyes que regulan el sector eléctrico en relación con la integración vertical, adolece de algunas fallas al no transparentar la realidad del sector eléctrico en el país.
En Chile el sistema estatal pasó a manos privadas y durante muchísimos años ha crecido consistentemente. Tanto es así que hasta 1997 y en los gobiernos de la Concertación, el sector eléctrico creció, en promedio, un 8,5 por ciento anual. Si agregamos que la inversión en proyectos eléctricos supera los 600 millones de dólares anuales, ello nos da un panorama que ha sido destacado en los países latinoamericanos, en términos de que Chile es el país que más ha crecido en oferta eléctrica y en inversión en este sector.
Tuvimos la ocasión de participar en una comisión investigadora que analizó la crisis eléctrica de los años 1998 y 1999, y, efectivamente, pudimos comprobar las debilidades del sistema frente a una sequía, como la de 1998, reconocida como la mayor del siglo. Eso significó que muchos de los que no tenemos nada que ver con el sector, conociéramos informaciones que mostraron debilidades del sistema cuando se produjo esa crisis, las que pasan por una normativa que necesariamente debe actualizarse y modernizarse. Incluso, habría que cambiar algunos parámetros para permitir mayor eficiencia en la generación, transmisión y distribución eléctrica.
Entonces, el proyecto, que impugna la integración vertical y la modifica separando los sectores y prohibiendo la participación de los mismos inversionistas en la generación y la de otros en la transmisión y también en la distribución de energía eléctrica, adolece de fallas, porque es absolutamente necesario, en primer lugar, actualizar la normativa vigente en el país para que la autoridad administrativa de Gobierno o la que representa al Estado, como la Comisión Nacional de Energía, actúen en plenitud. La nueva normativa también deberá regular la forma en que hoy se administra, como también determinar quién la entrega, la generación en el sistema y cuáles son las relaciones entre generadores y distribuidores, y las de éstos con los clientes.
Esta normativa, entonces, pasa por principios fundamentales para poder normar. En primer lugar, la igualdad ante la ley, de modo que garantice el derecho de los consumidores a no ser discriminados por motivo de condición económica o de otra índole. En segundo lugar, debe considerarse el principio de eficiencia económica, mediante el cual ha de procurarse la combinación óptima de dotación de bienes para alcanzar el mayor grado de bienestar de los consumidores. Por último, debe aplicarse el principio de transparencia del mercado, como condición de asignación eficiente de recursos, lo que implica garantizar el derecho del consumidor a ser informado sobre las características y patrones de eficiencia de su consumo de energía eléctrica y sobre el nivel de consumo energético de los bienes que insumen energía.
Estos tres principios fundamentales deben ser considerados en las nuevas normativas del sector; y en el reglamento que regula la actividad, hoy en manos de la Contraloría General de la República, es absolutamente necesario que las modificaciones posibiliten un uso eficiente y, lo más importante, un precio justo.
Por eso, el prestigio ganado por el sistema integrado en Chile y reconocido internacionalmente, se refleja en algunas cifras, que no pueden ser desconocidas por la Sala y que los parlamentarios que apoyan la moción tienen que reconocer: en los últimos años la curva del precio de nudo ha caído hasta un 40 por ciento, lo que fija realmente la posibilidad de precio que los distribuidores cobrarán a los consumidores finales.
Entonces, no se pueden elaborar proyectos de ley por una situación puntual que vivió el país. Conocimos la debilidad de la generación hidroeléctrica cuando ésta descendió al más bajo porcentaje, como consecuencia de la sequía que nos afectó. Es así como el sector termoeléctrico no pudo contrarrestar estos déficit de generación, y fue necesario el racionamiento. Incluso, hubo apagones en el país que costaron muy caro a la industria y a todos los chilenos.
Pero aquélla no puede ser la causa fundamental para modificar algo que ha tenido éxito. Sin oponerme a la desintegración, propongo que, antes de aprobar un proyecto de esta índole, se conozcan las nuevas bases que tendrá el sector eléctrico, creando una normativa moderna que realmente garantice su transparencia. Y cuando nos referimos a la transparencia del mercado, pensamos en que también haya equidad y en que los generadores puedan realizar su negocio sin ser atropellados por los grupos generadores más grandes o poderosos. Eso va a garantizarle al país un uso eficiente de la energía.
Asimismo, no podemos dejar de lado que los fracasos de la autoridad de Gobierno en la fiscalización de la entrega del servicio al país quedaron claramente consignados en el informe de la Comisión investigadora. En esa ocasión se pudo apreciar que la administración del Estado no tenía ni siquiera un ministro de energía nombrado cuando se precipitó un verdadero desastre en la entrega de energía. Pero tales señales no apuntan en la dirección correcta, en cuanto a tratar ahora, sobre la base de estos elementos, de desintegrar el sector eléctrico, porque no ayudan a la inversión garantizada que se requiere para el crecimiento actual del país y de los próximos años.
Ese hecho, entonces, nos induce a no equivocarnos. Los elementos que he entregado son bastante fuertes para impedir la aprobación del proyecto, que requiere de mucho más análisis; incluso, estudiando sus aspectos constitucionales. Por ello solicito al igual que otros parlamentarios lo harán, que sea tratado también por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque reitero adolecería de vicios de inconstitucionalidad.
Además, en varios países vecinos existe un mercado segmentado para el servicio eléctrico. Es decir, hay grupos que son dueños de la generación; otros entregan el servicio de transmisión, y otras empresas realizan la distribución, o sea, la atención directa a los clientes. Pero ese hecho ha generado distintos problemas, y la competencia y la transparencia no se ven en esos sectores. Tanto es así que en Colombia un mercado tan importante como el sector eléctrico, donde hay inversionistas chilenos, ha impedido la competencia, y ha tenido que ser normado. Eso es lo que estamos reclamando en esta ocasión. Querámoslo o no, el sistema será siempre un monopolio. Es imposible pensar que en el futuro los usuarios elegirán a quien les entregue el servicio de electricidad. Por eso, son importantes, como prioridad, las normativas nacionales; una ley moderna que realmente garantice la transparencia en el mercado y, posteriormente, una vez echadas las bases de esta modernización, iniciar el debate sobre si es conveniente o no para el mercado chileno desintegrar el sector eléctrico.
Pienso, por ahora, que no es el momento adecuado para aprobar este proyecto. Por eso, lo voy a rechazar en la votación.
He dicho.
El Vicepresidente informa la presencia en tribunas de las delegaciones de estudiantes del colegio “Las Nieves”, de Puente Alto, y del sexto año básico del colegio “ Carmen Teresiano ”, de La Reina.
El señor MORA (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, ciertamente, tal como ha quedado de manifiesto en el curso del debate, la iniciativa en discusión apunta a un tema significativo e importante. La generación, transmisión y distribución de un elemento tan sustancial para la actividad económica como la electricidad ha sido siempre motivo de preocupación, incluso en el documento fundacional de la política eléctrica del país, redactado por un grupo de ingenieros, en 1936. En él, Reinaldo Harnecker si no me equivoco hacía referencia específica a la conveniencia de distinguir estas etapas. La evolución ha significado que en nuestro país, por la fuerza de los hechos económicos no por incapacidad del sustento jurídico, se haya tendido al establecimiento de una especie de monopolio natural que, ciertamente, debe ser regulado, porque la integración obstaculiza la competencia, dificulta la transparencia y, en definitiva, puede perjudicar al factor más importante: los usuarios.
Por eso, desde nuestro punto de vista, este proyecto debe contar con la aprobación en general. Así lo vamos a manifestar.
Sin embargo, creemos importante que como también se ha señalado en el desarrollo del debate se profundicen las materias a que se refiere la iniciativa. Existe, a nuestro juicio, un sustento adecuado en las actuales normas sobre regulación resolutiva antimonopolios, las que se podrían fortalecer, en el sentido de encomendar, específicamente, preocupación sobre el sector y señalar que la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles debieran ser necesariamente escuchadas, en estas materias, por la Comisión Resolutiva Antimonopolios. Adicionalmente, ésta podría ejercer las facultades contenidas en el artículo 14 del decreto ley Nº 211, que le permiten controlar preventivamente los actos o contratos ejecutados o celebrados en determinadas materias. Específicamente, en materias eléctricas debiera contarse con esta aprobación previa.
De ese modo, sería posible perfeccionar, sin distorsionar, la actuación del Estado en el andamiaje jurídico general en estas materias regulatorias.
Sin embargo, también es imprescindible que, en un segundo trámite reglamentario, la administración del Estado exprese su opinión respecto de este proyecto, toda vez que fue despachado luego de escuchar y tomar en consideración la apreciación de las anteriores autoridades. Inclusive, es de público conocimiento que el Gobierno del Presidente Lagos, continuando el esfuerzo comenzado durante el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle, prepara una normativa de carácter general para el sistema eléctrico nacional. Es evidente que esta materia debiera estar considerada en esa normativa genérica.
Existe, además, una prevención, o a lo menos una inquietud, respecto de la constitucionalidad de la normativa contenida en el Nº 2 del artículo único del proyecto. Al respecto, el informe de la Comisión técnica señala observaciones formuladas por el abogado y ex diputado señor Hernán Bosselin , en las cuales aduce que los términos en que ha sido despachado involucran un quebrantamiento de distintas normas del ordenamiento constitucional; de manera específica, del derecho de propiedad, consagrado en el Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Sostener que quienes ejerzan el control o tengan influencia decisiva en la administración de estas empresas deban enajenar sus acciones en un plazo determinado, podría importar un quebrantamiento de esta norma constitucional esencial; y por afectar a contratos válidamente celebrados también importaría, de alguna manera, un quebrantamiento de la norma del artículo 22 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, la que, de acuerdo con la jurisprudencia tradicional de nuestros tribunales, tiene un rango semejante a las normas constitucionales pertinentes.
Por ese motivo, presentamos indicaciones en estas dos materias y respaldamos el planteamiento formulado en el sentido de que este proyecto, en su segundo trámite reglamentario, debiera ser sometido al pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia respecto del alcance o validez de la norma contenida en el Nº 2 a que he hecho referencia.
En todo caso, por la importancia y significación de la iniciativa, corresponde, en ésta o en otra más genérica, que el Congreso Nacional dicte normativas que suplan las carencias de la regulación existente, que se ha traducido en efectos perjudiciales, en determinados momentos, para la realidad económica del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, hay dos formas de legislar: una, analizando los temas en forma global, estudiando las doctrinas y los fundamentos generales de la futura ley; y otra, no analizando las situaciones generales y globales, sino considerando específicamente la solución de un tema, la eliminación de una dificultad precisa y determinada. En este caso, estamos legislando de acuerdo con la segunda opción. Así, producido el problema energético, a raíz de la sequía o de la concentración del poder económico en la generación, transmisión y distribución, o de la defectuosa forma de fiscalizar el servicio público energético, el país se vio enfrentado a apagones periódicos y permanentes que dificultaron su convivencia y desarrollo económico. De allí el origen de este proyecto. Sin embargo, el cambio de gobierno, por una parte, y la predisposición por colaborar de muchos especialistas en la materia, por la otra, obligaron a la Secretaría Nacional de Energía a analizar el problema en su globalidad. Para ello, se empezó por planificar cinco reuniones, de las cuales se han efectuado tres, en las que, los lunes, de 15 a 19 horas, han participado importantes especialistas de todos los sectores económicos y energéticos del país, y, diría, del mundo, ya que para la próxima, por ejemplo, vendrá un especialista de Estados Unidos, y en la anterior vino el señor Jaime Millán , especialista español que trabaja en el Banco Internacional.
En estas reuniones se han tocado estos y otros temas, lo que nos hace pensar que el Gobierno va por el buen camino de analizarlos en su globalidad a fin de elaborar, con posterioridad, una legislación general que precise tanto su ámbito de aplicación como las soluciones de sus problemas derivados. Me consta la existencia de un proyecto iniciado por el señor Óscar Landerretche , ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía anterior, referido al análisis de las interconexiones internacionales, porque está diseñado un intercambio muy importante de energía eléctrica, de generación o de transmisión entre los países de Latinoamérica. Incluso, respecto del mismo, acaba de realizarse un seminario en Cartagena de Indias, en el que participé en representación del Parlatino. Es decir, existe un estudio y una preocupación, por lo menos en América Latina, por arreglar globalmente el tema.
Cuando se inició este proyecto, suscitó mi asentimiento porque pretendía arreglar uno de los problemas importantes producidos por el “apagón”, que tiene que ver incluso con sus ideas fundamentales, expresadas en el informe, pues se establece que se estima necesario un análisis que considere dos elementos indispensables: incentivo de la competencia y eficiencia técnica en la regulación. Pero, después de haber participado en las reuniones mencionadas y de haber escuchado, sobre todo, a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Energía cuyo rango corresponde al de subsecretaria, la iniciativa me genera dudas. Lo digo sinceramente, más aún después de oírla en la reunión del martes pasado en la Comisión de Energía, la que no ha conocido este proyecto.
Destaco esto último, porque es necesario que el proyecto sea considerado por la Comisión de Energía. Si hay una comisión preparada para tratar la materia, más que la Comisión de Economía y la de Constitución, que está atestada de trabajo, es justamente la de Energía, integrada por quienes en forma permanente hemos estado preocupados por la minería y la energía.
¿Y cuáles son mis preocupaciones, después de todo lo expuesto? En primer lugar, me merece dudas que la desintegración vertical de la generación, transmisión y distribución estimule la inversión en esos ámbitos, como se señala en el fundamento. Algunas personas sostienen que, por el contrario, la desincentiva, porque el inversionista que viene a laborar en el campo energético normalmente abarca las tres especialidades. Es decir, le interesa no sólo generar, sino también transmitir, distribuir y comercializar la energía, actividad esta última que no aparece mencionada en el informe. O sea, se interesa por el paquete completo.
Reitero, estando de acuerdo con el proyecto, me nace la duda respecto de si soluciona los problemas del desarrollo energético y económico del país. Al respecto, creo más en lo que ha ocurrido en el norte de Chile, donde, en forma paralela a la instalación de una empresa que construyó un gasoducto de Jujuy a Mejillones, se instaló otra de Salta a Mejillones, hecho que trajo como consecuencia la competencia y la baja del precio de la energía, precisamente lo que buscamos mediante esta iniciativa. En efecto, fue tal la competencia de las dos empresas, que allá la energía ha bajado en un 50 por ciento. Aún más. Aparte de esas dos generadoras de energía, se acaba de construir una línea transmisora desde Argentina.
Repito: sin perjuicio de estar de acuerdo con el proyecto, me nace la legítima duda de si se está legislando bien o mal. Creo que hemos actuado con apresuramiento. Siempre, para solucionar un problema, se propone dictar una ley. (Tal vez se piense que hasta las bajas temperaturas se arreglan con una ley). Estimo que debe incentivarse la inversión, evitando el monopolio; pero, no vaya a ser que por desintegrar la actividad, que involucra la generación, transmisión y distribución, se generen tres monopolios.
En concreto, en la duda, lo mejor es reestudiar el problema. Para ello, es necesario que el proyecto vaya a la Comisión de Minería y Energía, para que se escuche a los especialistas del Gobierno que en la actualidad dirigen la actividad comercial.
Sé que al Gobierno le preocupa este proyecto, como a mucha gente. Por eso, invito a sus autores a que vayan a convencernos a la Comisión de Minería y Energía, de manera de obtener una legislación global y no particular, porque, a lo mejor, a pesar de la buena intención de evitar los monopolios y de mejorar el resultado de la inversión, el efecto sea contrario.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Respecto de lo que ha planteado el diputado señor Valenzuela, aprovecho de recordar a la Sala que los Comités, por unanimidad, adoptaron el acuerdo de enviar el proyecto, una vez que se trate y vote en general en la Sala, a las Comisiones de Economía y de Minería y Energía.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, en el debate que ya se alarga a dos sesiones, los diputados, en su gran mayoría, han planteado el problema desde la perspectiva de la institucionalidad del sector eléctrico, pero yo quiero analizar el proyecto en su mérito y si es posible alcanzar los objetivos que se pretenden.
A mi juicio, ha habido argumentos contradictorios. Si se reconoce que en los servicios eléctricos, en general, por las características del sistema, existe un monopolio natural, estimo necesario regular ese monopolio, para que no se expresen sus efectos negativos, lo cual, por lo tanto, es contradictorio con el proyecto y con lo que han planteado algunos diputados, la mayor competencia, que requiere la desregulación del sistema. En consecuencia, no son compatibles los dos argumentos.
En este sentido, los objetivos que se persiguen con el proyecto son muy atendibles, pero tengo el temor de que no se logre ninguno, porque en la medida en que se impida la integración vertical de las tres ramas del sistema generación, transmisión y distribución, se promoverá una mayor competencia y, por lo tanto, la acción monopólica.
Creo que con estas normas no se impedirá la concentración en el sector eléctrico, puesto que en cada una de las áreas generación, transmisión y distribución, de todas maneras, se mantendrá.
Es más importante revisar la institucionalidad para impedir una fuerte concentración en cada área, más que la integración vertical, porque si se mantienen altos grados de concentración en la generación, transmisión y distribución, será bastante fácil que los grupos monopólicos que manejan algunas de las etapas que se dan en esas áreas se pongan de acuerdo y, a través de un contrato muy simple, logren conectar la generación con la transmisión o la transmisión con la distribución, vulnerando la normativa vigente.
De manera que con el proyecto no se logrará el objetivo de mayor competencia, que implica todos los beneficios y bondades de la economía de libre mercado, como tarifas justas y eficiencia en los servicios. Ninguno se alcanzará porque el proyecto no generará una mayor competencia sólo con impedir la integración vertical.
Vale la pena dilucidar este argumento, que se ha dado con insistencia y que, en mi opinión, es absolutamente contradictorio. Por eso, debemos ponernos de acuerdo y revisar, con mayor profundidad, la institucionalidad del sector eléctrico.
Por ejemplo, por una parte, se plantea la necesidad de regular los monopolios y, por otra, se dice que se requiere mayor competencia al interior del sistema, pero, para que haya mayor competencia, hay que desregular. Por lo tanto, es difícil despejar esta contradicción con el proyecto.
Por eso, coincido con lo que sostuvo el diputado señor Valenzuela , en términos de que es necesario profundizar en el análisis para alcanzar una segmentación mayor y evitar la concentración en cada una de las áreas, más que impedir la integración vertical.
Por estas razones, votaré en contra de la idea de legislar, sin perjuicio de entender y compartir los objetivos que se persiguen, porque con el proyecto, en la forma en que está planteado, no se logrará ninguno.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.-
Señor Presidente, a raíz de la prolongada sequía que afectó hace algunos años a nuestro país se hizo evidente lo vulnerable y frágil que es nuestra nación en la generación y distribución de energía eléctrica, sector estratégico para el país y, sin duda, fundamental para nuestro desarrollo.
Aquella sequía desató gran polémica y este proyecto es una reacción a la crisis de energía producida entonces.
Los cortes de energía, tanto programados como no programados, representan una molestia y un grave daño para la población, a veces irreparable, que nadie desea, más aún si consideramos que somos uno de los países con uno de los potenciales más grandes del mundo para producir energía eléctrica, limpia, segura y hasta cierto punto, con las precauciones y el manejo ambiental adecuados, renovable.
La población espera de un servicio de energía eléctrica tarifas razonables, decrecientes y competitivas internacionalmente, y un buen servicio. Por su parte, el país requiere energía suficiente que asegure su crecimiento y su desarrollo. Para conseguir estos objetivos es necesario asegurar un sistema libre para la generación, pero con regulaciones justas y eficaces, con antimonopolios naturales y el servicio de distribución obligatorio.
Tal como están las cosas, hoy la libre competencia puede ser amenazada por una integración vertical indeseada cuando la generación privilegia contratos de suministro con la etapa de distribución. También es indeseable que existan subsidios cruzados entre una etapa y otra de la cadena eléctrica. Por otro lado, es negativo imponer restricciones a la capacidad de transporte a la competencia existente en el mercado.
En la actual legislación existen regulaciones que impiden que las empresas tengan algún grado de integración y desarrollen conductas anticompetitivas, como el decreto con fuerza de ley Nº 1, la ley de Servicios Eléctricos y el decreto Nº 327, reglamento eléctrico.
No necesariamente la integración vertical atenta contra los objetivos planteados, ya que la información es pública respecto de los costos y las capacidades; además, existe un mecanismo de fijación de precios cuando no hay acuerdo entre las partes en el valor del suministro. También hay un mecanismo que permite el libre acceso a los sistemas de transmisión. Asimismo, la autoridad reguladora puede fijar el uso de la instalación y distribución, sus capacidades y sus costos.
En cuanto a los contratos de suministro, las distribuidoras deben licitarlos con las generadoras, lo que impide cualquier práctica discriminatoria.
Finalmente, al existir regulaciones tarifarias, se impiden los subsidios cruzados entre la generación, transmisión y distribución.
La prohibición de integrarse verticalmente no va a cambiar significativamente la situación de los consumidores. Aún más, es posible que los costos aumenten al no haber economía de escala, puesto que ello reduce los costos de administración en las diferentes etapas de la cadena de la energía. Lo más importante es una adecuada regulación, como se ha demostrado en servicios tales como el sanitario y el de telecomunicaciones, donde el usuario ha sido favorecido por costos menores y mayor eficiencia de los servidores. Lo que sí se debe incentivar son los mecanismos de la libre competencia y evitar que una sola empresa controle todas las actividades. Si existe competencia, aunque haya integración vertical el consumidor y el ciudadano serán beneficiados, como se ha comprobado en tantas otras áreas de la economía y en servicios públicos.
En consecuencia, además de las posibles objeciones constitucionales que pueda haber, anuncio que votaré en contra el proyecto.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en una reciente obra de Hugo Fazio, “Mapa actual de la extrema riqueza en Chile”, el sector eléctrico aparece como uno de los más grandes.
Con cierta sorna e ironía se dice que a través de estas empresas los españoles vinieron a reconquistar nuestro país. No dejan de tener razón por el volumen de los millones de dólares invertidos no sólo en el sector eléctrico, sino también en el financiero, en el bancario y en otras áreas. Es grave el hecho de que en el sector eléctrico se haya introducido una empresa estatal española. En efecto, a raíz de la privatización, las empresas eléctricas han pasado al dominio de una transnacional que, a su vez, depende de otro estado.
Este problema debe preocuparnos. Por ello, el proyecto en estudio, como se señala en el informe, busca establecer incompatibilidad en la participación simultánea de una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, directamente o por intermedio de otras, que sean controladoras y tengan influencia decisiva en la administración de empresas que posean concesiones de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica. En definitiva, con esta iniciativa legal se busca separar la generación de la transmisión y de la distribución.
Sin embargo, esta idea me parece correcta no está plasmada exactamente en la redacción de las disposiciones del proyecto. Al respecto, pregunto ¿nos encontramos frente a una incompatibilidad o frente a una prohibición? Al revisar el diccionario, la expresión “incompatibilidad” se refiere a un impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada o para ejercer dos o más cargos a la vez. O sea, se trata de la imposibilidad de ejercer dos funciones o dos cargos a la vez. Acá se quiere establecer una prohibición.
El artículo 88 de la ley sobre sociedades anónimas dice expresamente que las sociedades filiales o coligadas de una sociedad anónima no podrán tener participación recíproca en sus respectivos capitales y que esta prohibición también regirá en los casos que indica. O sea, en la situación que se nos presenta el proyecto no podemos hablar de incompatibilidad, sino de prohibiciones.
Por otra parte, el artículo 13 bis del proyecto comienza diciendo: “Serán incompatibles con la presente ley...”, lo cual conduce a un mayor absurdo, porque la incompatibilidad con la ley se debe, simplemente, a que está prohibido o, a lo menos, a que no está contemplado en ella.
A su vez, el artículo 14 de la iniciativa habla también de “...que provoquen incompatibilidad con esta ley,...”. La incompatibilidad no se produce con la ley, que manda, prohíbe o permite. Los cargos son incompatibles si una persona no los puede desempeñar en forma simultánea. El proyecto no se está remitiendo a funciones. Por eso, a lo menos, el proyecto debe volver a Comisión para que se reestudie lo que quieren decir exactamente sus autores.
Tampoco comparto la opinión de que existiría una eventual inconstitucionalidad. En distintas etapas de nuestra historia, hay quienes han pretendido plantear la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas como un principio consagrado en la Constitución Política. Sin embargo, si revisamos las Constituciones de 1925 y 1980, veremos que en ninguna parte existe una norma que señale que los derechos adquiridos y las meras expectativas están garantizadas a todos los chilenos. Lo que sí se garantiza es el derecho de propiedad, que es una cuestión distinta. La teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas está incorporada en una ley muy antigua del siglo XIX del 7 de octubre de 1861sobre efecto retroactivo de las leyes. Al establecer en su artículo 22 que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, está señalando que esa norma puede ser modificada por otra. Y así ha ocurrido. El proyecto fija un plazo de tres años, hecho que llama a escándalo; sin embargo, durante el gobierno militar, cuando se dictó la ley sobre sociedades anónimas, el artículo 88 estableció un plazo de un año para terminar con la situación de las filiales y las empresas coligadas en una misma sociedad anónima.
Cito este ejemplo para demostrar que es incorrecta la tesis planteada al interior de la comisión y que aparece en el informe, en el sentido de que estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad. Numerosas sentencias de nuestros tribunales de justicia han establecido lo mismo que estoy afirmando: que la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas no es un principio constitucional. Es así como la Corte Suprema ha resuelto con distintos criterios las diversas causas que ha conocido. Indudablemente, algunos casos particulares han dado fundamento para que se diga que se trata de un derecho adquirido. Pero, ¿cuál sería el derecho adquirido? ¿El hecho de formar esta integración vertical? ¿El hecho de que estas empresas estén juntas? Considero que no se trata de un derecho adquirido, sino simplemente de un contrato en el cual se entienden incorporadas las leyes al momento de su celebración. Pero el legislador puede establecer, mediante una norma legal, que esa situación debe terminar en un espacio de tiempo precisado y acotado, sin infringir ninguna garantía constitucional.
De manera que respecto de esta materia voy a votar favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, considero que el proyecto debe volver a Comisión, a fin de que se le dé una redacción adecuada e inteligible para evitar posteriores equívocos o interpretaciones inadecuadas, porque no se pueden confundir las prohibiciones con las incompatibilidades.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, como comentario general, me parece que éste es un mal proyecto, tanto por razones formales como de fondo.
Desde el punto de vista formal, concuerdo plenamente con algunas de las objeciones jurídicas que acaba de formular el diputado Sergio Elgueta. Pero, aparte de ellas, quiero agregar otras. Por ejemplo, la misma figura del artículo 13 bis, nuevo, está mal redactada, por cuanto establece que “Serán incompatibles...” en plural, para referirse, a continuación, sólo a una conducta.
En forma paralela, el artículo 14, que se agrega a la ley, también presenta problemas, porque se trata de una disposición así lo reconocen sus autores netamente transitoria.
Sería muy interesante entrar a discutir los problemas constitucionales planteados muy bien por el diputado señor Elgueta. Por supuesto, existe aquí una antigua discusión sobre la propiedad de los derechos y, por lo tanto, si podría aplicarse el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política a dicha propiedad. Pero no entraré en esa materia.
Respecto al fondo del proyecto, esta iniciativa busca combatir la concentración, específicamente dentro de un mercado. Pero, al respecto, las legislaciones más modernas se plantean una serie de dudas sobre el derecho a la competencia.
En primer lugar, debemos preguntarnos si existe concentración en un mercado, para lo cual hay que definir cuál es el mercado relevante. Creo que en la discusión planteada al respecto no específicamente sobre este caso, sino respecto de otras materias, ha habido un error al no precisarse bien el mercado relevante, desde el punto de vista del territorio y del producto. A continuación, hay que determinar cuál es el poder del mercado real respecto del cual se quiere dar una orden, por ejemplo, de desmembramiento de la compañía, como ocurre en legislaciones como la americana y la inglesa. Por último, de existir concentración, si hay un mercado relevante y poder de mercado, habría que ver si no bastaría sencillamente con establecer la figura modernamente reconocida de “abuso de posesión dominante”, antes de incluir nuevas disposiciones. Eso es lo primero. Pero parece claro las estadísticas así lo demuestran que en este mercado estamos frente a una situación de concentración.
El segundo punto que se plantean todas las legislaciones es si el hecho de que exista esta concentración en un mercado es bueno o malo. La respuesta no es unívoca; ello depende de numerosos factores: de los costos, de las economías de escala, de los beneficios al consumidor, etcétera. Tanto es así que la propia norma establece que, en ciertos casos, la concentración podrá ser autorizada, como ocurre, por ejemplo, cuando existe aislamiento geográfico. Si la respuesta creo que es así es que la concentración en un mercado depende de las circunstancias hay que preguntarse si es buena o mala para los consumidores, que es el bien final que busca una legislación antimonopólica, si la respuesta es que depende de diversos factores, también debemos contestarnos quién es el llamado a resolver si resulta inadecuada en un momento determinado en un mercado específico. Este proyecto pretende que los que resuelvan sean los propios legisladores, lo que es un error. Considero que quien debe decidir es la Comisión. Nosotros podemos dar instrucciones, pero es un tribunal el que debe decidir, no los legisladores. Es una autoridad la que debe analizar cada situación específica no sólo de este mercado, sino, en general, de todos, la que debe decidir si es bueno o malo para la competencia, si tiene efectos procompetitivos o anticompetitivos, si ayuda o no a los consumidores. No somos los legisladores los que debemos actuar sobre un caso absolutamente reglado, respecto del que habrá hipótesis correctas o incorrectas. Reitero que ello debe ser resuelto por un tribunal.
Esta es la antigua disputa que se inició en 1890, con la...
El señor ROCHA (Presidente accidental).
¿Me permite, señor diputado? El diputado señor Rincón le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
El señor ÁLVAREZ.-
Con todo gusto, señor Presidente.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Con la venia del diputado señor Álvarez , puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, sólo para acotar al colega Álvarez que el tribunal que conoció esta materia señaló, precisamente, que se debe solucionar el problema modificando la composición de la empresa más conflictiva, Transelec , que es la empresa transmisora.
Existen resoluciones del tribunal competente, en virtud del decreto ley Nº 211, que no han sido respetadas. Incluso, se han suscrito contratos de leasing para mantener la propiedad y el dominio sobre parte importante de la empresa. Estamos hablando de un patrimonio de 700 millones de dólares, de los cuales se controlan más de 300 millones por la vía del leasing. De manera que, si bien existen los tribunales sobre el particular, sus instrucciones han sido desconocidas durante todo este tiempo.
Menciono esto como un dato al margen para que el colega Álvarez lo tenga presente.
Señor Presidente, por su intermedio, le agradezco la interrupción que me concedió.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Puede continuar el honorable diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, voy a tocar ese punto. Creo que lo dicho por el diputado señor Rincón no obsta en nada a lo que he señalado. En realidad, ese tribunal actuó correctamente en ese caso, aunque en otros puede actuar en forma inadecuada. En realidad, lo que hay que plantearse es por qué no se ha cumplido la resolución de un tribunal, al igual que otras de tribunales superiores. No hay ninguna razón o argumento para decir que ahora, porque se incluye en una ley, se cumplirá. De todas maneras, regirá el mismo concepto. Lo que ha hecho este tribunal es aplicar la actual legislación de modo correcto. Nosotros estaríamos agregando otra pieza de legislación, pero ello no tiene por qué llevar a la conclusión de que ahora sí se aplicará.
El problema insisto no está en el texto de la ley, sino en las instituciones, como son las comisiones y el fiscal, que deben aplicarla.
Concuerdo plenamente con el diputado señor Rincón, lo que nada obsta a lo que sostengo, en el sentido de que un tribunal debe determinar, en un momento concreto, si una hipótesis de concentración es correcta o no. Si no se ha cumplido, tendremos que analizar por qué no se ha hecho y, además, fortalecer recuerdo que mi primer discurso en esta Cámara fue sobre esta materia un nuevo tipo de tribunales antimonopolios.
Esta es la típica discusión que surge desde 1890 con la primera gran ley en materia de antimonopolio, la ley Sherman. Tenemos sanciones objetivas per se o sanciones subjetivas sobre las cuales se aplica el principio de razonabilidad para ver si es buena o mala la actuación de la empresa.
Toda esta normativa, sobre todo en estos casos y en países como el nuestro, debe estar basada en el principio de razonabilidad que debe aplicar necesariamente un tribunal, el cual, como decía el diputado Rincón, ha tomado una decisión que no se ha cumplido. Tenemos que ver cómo fortalecemos ese aspecto, pero no pensemos que por agregar una disposición en la ley sencillamente tendrá una sacrosanta aplicación y no habrá problemas en cuanto a su cumplimiento.
Ante la hipótesis de quién decide, respondo que el tribunal, y respecto de qué tipo de sanciones, contesto que no deben estar fundamentadas en elementos objetivos, porque llevan una circunstancia injusta, sino en elementos subjetivos, como los incorporados en el derecho estadounidense, en el de la Unión Europea, en general en el de todos los países modernos y, por supuesto, también en el nuestro, basados en el principio de razonabilidad.
Es cosa de comparar este tema en relación con las legislaciones más avanzadas en esta materia. La de Estados Unidos y me llama la atención por tratarse de un antecedente bastante negativo, ya que en esa nación se abren las Mergers Guide Lines en 1984, las cuales se modifican en 1992 y nuevamente en 1997; es decir, no es la legislación más moderna en esta materia. Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania , España y países similares sólo incorporan la sanción al comportamiento de abuso por posición dominante y elementos que impiden acuerdos de integración vertical, pero no objetiva ni específicamente sobre este mercado.
La normativa actual, que sin duda debe ser modificada, como decían algunos colegas, sirve y de hecho está en la sentencia citada para perseguir estos casos de concentración, cuando son equivocados.
¿Dónde ha fallado nuestro esfuerzo? No en la ley incluso, en este caso, en el decreto ley Nº 211, que debería ser modernizado, sino en su institucionalidad. Necesariamente, afirmo que hay que crear tribunales mucho más especializados y, a partir de eso, dar más facultades, independencia y objetividad al fiscal nacional económico.
¿Cómo podemos resolver este tema? A partir de nuevos tribunales y fiscales, puede haber opciones. Es factible optar por la tarificación, que ya la tenemos en este mercado, o por cierta normativa, aplicada siempre desde un principio de generalidad y de razonabilidad y no en casos específicos.
Acá se han citado erróneamente algunas legislaciones extranjeras. Por ejemplo, se habló, por parte de dos diputados, de la ley Clayton Pattmann , la cual no existe. Está la ley Clayton y la Robinson Pattmann, que tratan sobre esta materia.
En segundo lugar, si vamos a aplicar una legislación, hagámoslo en forma completa. Un diputado amigo hablaba de los casos de Microsoft y de la ATT, pero en ninguno de ellos se puede aplicar esta norma. Microsoft está haciendo abuso de posesión dominante, conforme al Sherman Act Nº 2º, y no porque sea monopolio o esté integrado, sino porque está actuando mal. Después se citaban de los casos de la ATT y de la ITT, en los cuales comparto plenamente la decisión de Estados Unidos de dividirlas.
En uno de los comentarios de la sentencia que tiene como precedente a la ITT, el juez dice: “Lo peor para la legislación americana sería establecer sanciones objetivas por ley. No buscamos que existan sanciones objetivas, sino que los tribunales determinen, en los casos concretos, si la integración vertical es mala o no para los consumidores”.
Dada la excelente iniciativa tomada por los Comités en este caso, en el sentido de que este proyecto no sólo vuelva a la Comisión de Economía, sino también a la de Minería y Energía, y por todas las razones expuestas, votaré en contra de esta iniciativa.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, en verdad, lamento que este proyecto haya llegado a la Sala y debamos pronunciarnos en general sobre él, sin que haya sido estudiado por la Comisión de Minería y Energía. Incluso deploro el acuerdo de los Comités, en el sentido de inicialmente votarlo y, con posterioridad, tratarlo en esa Comisión, en la cual debió haberse visto previamente. Digo esto, porque dicha Comisión ha estudiado este tema durante los últimos años. El año pasado, la Cámara introdujo una serie de modificaciones a la ley eléctrica; además, realizó una investigación sobre el sistema eléctrico interconectado central, el SIC, por el desabastecimiento que se produjo hace dos años. Por lo tanto, debió haberse dado ese paso previo.
Estamos frente a un tema bastante técnico, por lo cual debemos hacer un análisis que mire el futuro del desarrollo eléctrico del país, que es muy importante. Hoy, el crecimiento de este sector, no sólo en el sistema interconectado central, sino también en el del Norte Grande, ha sido básico para el desarrollo de la industria y del progreso de Chile. Por lo tanto, cualquier medida que se tome en este sentido sin un estudio y un aval técnicos puede repercutir en el desarrollo energético del país y, por ende, en el productivo, y causar un impacto que, sin lugar a dudas, sería nefasto si tomáramos decisiones equivocadas.
En el sistema interconectado central ha habido inconvenientes con la integración vertical y, básicamente, con el sistema de transmisión. Quizás por no existir una buena regulación o no ser adecuado el sistema de precios, se requiere un análisis que debe ser efectuado con visión técnica.
Como bien señalaba el diputado señor Valenzuela , se tuvo la oportunidad de conversar con la secretaria de la Comisión Nacional de Energía, quien tiene una visión distinta de lo que aquí se propone. Por eso, le pido que solicite el asentimiento de la Sala para que la votación en general de este proyecto se posponga hasta después de efectuar un análisis global, en el cual debiera participar la Comisión de Energía de la Cámara y algunos técnicos, incluso del propio Gobierno.
Me parece que en un tema de tanta implicancia para el desarrollo del país se debe actuar con la máxima seriedad, por lo que reitero mi sugerencia de que recabe el asentimiento de la Sala para que este proyecto, antes de ser votado en general, sea estudiado por la Comisión de Minería y Energía de la Corporación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, en el momento oportuno recabaré el acuerdo de la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, quiero referirme a un par de cosas que se han discutido latamente en esta sesión, porque, como decía el diputado señor Leay , hace un momento, el tema que estamos debatiendo hoy es uno de los importantes que debe analizar el Congreso Nacional no sólo por el sector eléctrico, sino, tal vez, por lo que expresaba en su exposición el diputado señor Álvarez.
Aquí estamos hablando de una serie de temas, aunque estemos abordando sólo el problema de un sector de la economía. En esa perspectiva quiero, en primer lugar, recordar que estamos discutiendo aquí si legislamos o no respecto de esta materia. No estamos debatiendo si aprobamos el proyecto tal cual lo conocemos ahora aquí se han anunciado numerosas indicaciones, tanto en la sesión anterior como en ésta, sino la idea de continuar estudiando esta materia. La Cámara puede resolver, mediante votación, si el tema se discute hoy o hasta dentro de un año más. En definitiva, estamos decidiendo si vamos a continuar avanzando en esta línea de la desintegración del sector eléctrico o si, en un año más, volveremos a realizar esta discusión.
En esa perspectiva, una vez más lamento la ausencia de las autoridades de Gobierno que dicen relación con esta materia. Se ha hablado mucho de lo que manifiestan las autoridades de Gobierno sobre este tema, pero el proyecto ha estado en la tabla de la Cámara de Diputados durante casi un mes. Hemos tenido dos sesiones de alto nivel de discusión, pero ninguna autoridad del Gobierno se ha hecho presente en esta Sala.
Aquí debieran haber estado expresando esas opiniones respecto del proyecto o de las alternativas que tendría. Y eso no ha ocurrido. Lo lamento porque, sin duda, es una manera de mirar en menos al Poder Legislativo, algo que debiéramos considerar a la hora de tomar una decisión sobre este tema, porque la no concurrencia de los representantes del Gobierno es señalar que no les interesa la materia, que desean postergar su discusión o que el proyecto se pierda en el Congreso Nacional y no considerarlo durante un año.
Para ir al fondo del tema, me referiré a dos aspectos del proyecto. En primer lugar, al tratamiento que se le debe dar y, en segundo lugar, a la discusión sobre el marco regulatorio del sector eléctrico.
Sobre lo primero, este tipo de proyecto no dice relación con el tema de la energía ni con el de la constitucionalidad, aunque tenga impactos de esa índole, sino con la competencia y estructura de los mercados. En la Cámara, la Comisión encargada de discutir estos temas es la Comisión de Economía. Cuando se presenta un proyecto sobre integración vertical en un mercado, se está hablando de competencia y de estructuras de mercado.
Esto debiera ser válido teniendo en vista muchos de los argumentos que se han dado aquí, particularmente por quienes han refutado la calidad del proyecto y, en especial, por los que han sostenido que este tema no debiera ser resuelto en la ley eléctrica, sino que en las leyes de competencia, en la Fiscalía Antimonopolio, en tribunales económicos muy especializados que nuestro país necesita con urgencia o en el decreto ley Nº 211. Esos temas son de competencia y de estructuras de mercado y este proyecto se refiere a eso.
No estoy diciendo que esté por contradecir el acuerdo unánime adoptado ya por los Comités y por esta Sala para que el proyecto vaya a la Comisión de Minería y Energía, que ya ha tenido un debate sobre este tema. No tengo problema en ello. Ese debate en la citada Comisión es posterior a la presentación del proyecto y a la discusión de él por la Comisión de Economía, la cual se realizó hace más de un año. Esta iniciativa estaba desde septiembre del año pasado a la espera de ser discutida en esta Sala, porque no tuvo patrocinio del Ejecutivo anterior ni del actual para ser incluida en la legislatura extraordinaria.
En ese sentido, reitero que este proyecto es sobre estructuras de mercado y, particularmente, respecto del tema de la desintegración o integración, porque en este caso no estamos considerando las estructuras de mercado, a fin de que en todo el proceso productivo sean competitivas.
Si habláramos del mercado de las alcachofas, no sería necesario este debate, porque todo el intercambio de opiniones sobre su producción, consumo y comercialización, es siempre competitivo. Pero ello no ocurre en el mercado eléctrico. En éste hay sectores que, por ser monopolios naturales, deben ser regulados; hay sectores parcialmente regulados, porque tienen economías de escala que necesitan una regulación parcial, y hay sectores que son competitivos. Por lo tanto, es perfectamente posible saltarse las regulaciones necesarias para el desarrollo económico y para el bienestar de la población, a través de la transferencia de costos o de utilidades de los sectores regulados a los no regulados. Y eso ocurre en Chile, porque hay una integración predominante en este sector, transfiriéndose información, recursos económicos, utilidades y costos de sectores regulados a sectores no regulados. De esa manera se vulneran los principios de la ley.
Por esto, la reflexión habida en nuestro país sobre esta materia, que no se ha iniciado en esta Sala a raíz de este proyecto, ha llevado a proposiciones muy concretas. Y una vez más he traído a colación la propuesta final de contenido de la reforma del marco regulatorio del sector eléctrico, preparada por la Comisión Nacional de Energía y entregada a la opinión pública el 18 de enero del año 2000. Es decir, hace seis meses que esta propuesta existe. No es que ahora se la esté inventando, sino que hubo un trabajo muy largo, en el cual también participaron parlamentarios de Gobierno y de Oposición.
Deseamos destacar especialmente el trabajo intenso de los senadores Alejandro Foxley , Jovino Novoa y Evelyn Matthei , y el apoyo reiterado brindado por los senadores Sergio Bitar , Jaime Gazmuri y Augusto Parra para una propuesta que se hizo al país en enero y que no es algo que hoy se empiece a discutir.
La propuesta respecto del marco regulatorio general del sector eléctrico dice que hay que fortalecer los mecanismos tendientes a lograr un desarrollo dinámico y eficiente del sector; fortalecer la competencia leal en los segmentos del mercado eléctrico en que ello sea posible; fortalecer la protección de los derechos de los usuarios; establecer mecanismos preventivos que permitan evitar o aminorar la probabilidad de racionamiento eléctrico y, especialmente, aquellos que adoptan la forma de corte de suministro, y dicen que hay que perfeccionar el marco regulatorio del sector, evitando introducir un período prolongado de incertidumbre.
El primer punto de las propuestas generales dice, y lo leo textual: “Avanzar hacia una desintegración vertical de los sistemas interconectados mayores, sistema interconectado del Norte Grande y sistema interconectado central, hacia una desconcentración de la transmisión, hacia límites a la concentración en la oferta en el mercado libre, y hacia límites a la concentración de la capacidad de generación eléctrica para contribuir al fortalecimiento de la competencia en beneficio de la eficiencia económica y de los usuarios, buscando que los procesos de desintegración y desconcentración generen un máximo efecto competitivo positivo y un mínimo efecto negativo sobre la inversión en el sector”.
A continuación, las propuestas generales definen el propósito de cada una de esas materias en los siguientes términos:
“Prohibir que personas o grupos de personas con acuerdo de actuación conjunta puedan, directa o indirectamente, a través de empresas controladas por ellas, detentar el control simultáneo de empresas generadoras y distribuidoras, excepto en aquellos casos en que las empresas distribuidoras involucradas representen por sí solas o en conjunto con otras empresas distribuidoras relacionadas, menos del 5 por ciento del consumo de energía total anual del conjunto de las empresas distribuidoras en un sistema interconectado, y/o se trate de empresas que sólo ofrezcan servicios con tarifas o precios completamente regulados, es decir, no compitan en el mercado de los clientes libres y no estén relacionadas directamente con empresas comercializadoras, siempre y cuando acrediten estas condiciones ante la Comisión Preventiva Central del decreto Nº 211. Plazo máximo de cumplimiento: 5 años”.
Hemos presentado indicaciones al proyecto a fin de introducir esta recomendación emanada de la Comisión Nacional de Energía luego de un largo trabajo en el que participaron técnicos, especialistas, empresarios y parlamentarios de Gobierno y Oposición.
Enseguida, la proposición señala:
“Limitar a un 20 por ciento del total de activos de transmisión, valorados de acuerdo a los BNR calculados por la dirección de peaje del Centro de Despacho Económico de Carga correspondiente, la participación directa o indirecta en la propiedad de personas o grupos de personas con acuerdo de actuación conjunta que controlen empresas de generación o distribución en el mismo sistema. Plazo máximo de cumplimiento: 2 años”
Quien habla no ha presentado indicación a este respecto, pero entiendo que otros colegas sí lo han hecho.
3º. Establecer que ninguna persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta pueda, directa o indirectamente, a través de empresas controladas por ellas, concentrar más del 50 por ciento dentro del plazo de dos años y más del 35 por ciento dentro del plazo de 5 años, de la energía anual contratada por los clientes libres en un sistema interconectado sin autorización de la Comisión Preventiva Central del decreto Nº 211.
“4º. Establecer la obligatoriedad de cancelar al menos un 90 por ciento del valor de las deudas entre miembros del Centro de Despacho Económico de Carga, resultante de la operación de un sistema interconectado dentro de un plazo de 30 días desde la fecha en que el Centro de Despacho Económico de Carga determine los pagos que corresponda y sin perjuicio de las divergencias u otros recursos que se establezcan respecto de ellas”
Más adelante, la propuesta aborda la comercialización, el acceso de los clientes libres, la licitación de los contratos de empresas concesionarias de distribución, la ampliación del mercado de clientes libres, el desarrollo de institucionalidades y regulaciones que permitan lograr la máxima transparencia en el establecimiento de los peajes, la explicitación del tratamiento especial de las interconexiones entre sistemas diferentes con despachos económicos distintos, el perfeccionamiento de la institucionalidad coordinadora en la operación de los centros de despacho económico de carga, etcétera.
Aquí se ha dicho que antes de abocarse a legislar, es necesario buscar un marco regulador, un principio ordenador. Sobre esa base se anticipa un voto desfavorable que podría significar que en materia de desintegración de este mercado, debamos esperar un año más antes de volver a discutir estos temas. Todos los chilenos tienen acceso a esta información, pues se encuentra publicada en la página web de la Comisión Nacional de Energía. Allí se consigna un marco regulatorio definido como principios que debieran ser traducidos en distintas normas legales. Dadas estas condiciones, ¿por qué seguir esperando?
Insisto con esto finalizo mi intervención, quienes voten en contra del proyecto, no estarán pronunciándose en contra de la iniciativa, sino respecto de la idea de legislar en materia de desintegración y competencia en el sector eléctrico.
Con la venia de su Señoría, concedo una interrupción al diputado señor Vilches.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, agradezco al diputado señor Andrés Palma la gentileza de concederme una interrupción.
En esta materia hay que poner las cosas en su lugar. Considero que su Señoría ha hecho una defensa muy apasionada de su proyecto, pero no puede desconocer el hecho de que la máxima autoridad administrativa de la Comisión Nacional de Energía, señora Vivianne Blanlot , ha señalado públicamente que está en contra de la iniciativa. Para decir las cosas por su nombre y en forma objetiva, el diputado señor Andrés Palma debería reconocer que el Gobierno tiene una posición definida respecto del proyecto.
En cuanto a la página web aludida, es necesario señalar que sólo un porcentaje mínimo de chilenos tiene acceso a esa información.
Por último, comparto los dichos de su Señoría en cuanto a que se necesitará al menos un año para actualizar la normativa vigente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, este documento lo recibí por correo entiendo que fue enviado a todos los diputados y fue remitido por el ex ministro presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Óscar Landerretche. Allí se consignaba que el contenido del documento estaba disponible en la página web que mantiene ese organismo. Es cierto que no todos los chilenos tienen acceso a internet, pero sí quienes se relacionan con el tema de la regulación del sector eléctrico. Si no es así, sería bueno que se pusieran al día en los avances tecnológicos.
Inicié mi intervención lamentando que no se encontrara en la Sala ninguna autoridad de Gobierno, puesto que ninguno de sus personeros ha concurrido a la Cámara de Diputados a señalar que es necesario rechazar el proyecto. He conversado con muchas autoridades de Gobierno que han manifestado que es necesario avanzar hacia la desintegración del sector eléctrico y el mejoramiento de las normas de regulación. Eso lo han manifestado públicamente, pero ninguno ha venido aquí a expresar su opinión respecto de este proyecto, cuestión que vuelvo a lamentar.
Insisto, lo que está en discusión es si avanzamos o no en definir un nuevo orden en materia de integración del mercado eléctrico, el que tiene particularidades muy específicas.
Con la venia de su Señoría, concedo una interrupción al diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señor Presidente, agradezco la gentileza del diputado señor Andrés Palma de concederme una interrupción.
El planteamiento de su Señoría no es correcto, porque el voto en contra no es mi caso, por cuanto me abstendré se relaciona precisamente con lo señalado por el diputado señor Andrés Palma respecto de la crítica a las autoridades. Cuando intervine, señalé que este proyecto se relaciona con el futuro desarrollo del país en términos energéticos, industriales y productivos. No estoy en desacuerdo respecto de estudiar y profundizar este tema, pero sí considero que en esta materia no se ha operado en forma correcta. En la misma defensa del proyecto existe una crítica a la autoridad. Ello se explica por el hecho de que la iniciativa fue presentada en septiembre, en momentos en que finalizaba una administración, y luego retomada por el Gobierno entrante cuando prácticamente estaba resuelta. Quizá debido a ello, no se dieron las condiciones para generar el debate necesario a fin de que participaran las autoridades correspondientes.
Insisto, se trata de un proyecto interesante de analizar y estudiar a fin de buscar el mejor camino de solución para el desarrollo productivo del país.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, entiendo lo que señala el diputado señor Leay. Si hubiera ganado su candidato y amigo me refiero a Joaquín Lavín , a quien escoltó durante toda de su campaña, se habría generado un cambio global en la orientación del gobierno y, por lo tanto, habría sido lícito pedir la rediscusión completa del proyecto debido a su eventual postergación. Sin embargo, volvió a ganar la Concertación y muchas autoridades sólo cambiaron de asiento. Con esto quiero decir que existe una continuidad de políticas. Lo cierto es que no hubo patrocinio del gobierno anterior para discutir el proyecto en la legislatura extraordinaria ni intervención del gobierno actual en esta Sala.
Si el proyecto se rechaza, durante un año no se discutirá la materia en el Parlamento, lo cual significa postergar decisiones no por falta de información o de diseño, pues, como señalé, ambos aspectos ya existen. Nuestra decisión como parlamentarios es si queremos avanzar o esperar un año para abordar el tema. El diputado señor Vilches ha dicho que prefiere esperar. Muy bien; está en su derecho. Pero, reitero, eso es lo que debemos decidir.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ha terminado el tiempo del Orden del Día.
Están inscritos el diputado señor Ricardo Rincón y la señora María Victoria Ovalle.
La Mesa propone a la Sala no votar en general el proyecto hoy, sino enviarlo a la Comisión de Minería y Energía para un nuevo informe.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Pido la palabra.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, como el diputado señor Rincón ya intervino, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para hacer uso de la palabra por dos minutos, con el objeto de dar mi opinión sobre el proyecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Habría unanimidad de la Sala para acceder a lo solicitado?
Acordado.
Tiene la palabra su Señoría.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, el proyecto puede ser muy razonable; pero, a mi juicio, empieza por abordar la parte final de la integración, en circunstancias que debemos centrar el análisis en el comienzo: la competencia en el sector eléctrico, la cual se relaciona con los derechos de aguas. Resulta imposible abordar un tema monopólico sin tratar primero la base en la cual nace el asunto: el hecho de que Endesa, la principal empresa generadora, tiene el 80 por ciento de los derechos de agua. A partir de ahí surge toda la integración vertical y el monopolio.
Recuerdo a la Concertación que el proyecto del nuevo Código de Aguas se encuentra en el Senado desde hace mucho tiempo, pero no existe la voluntad de tratarlo. Hubo un senador que estuvo a punto de conseguir que se tramitara, pero la Endesa, con su poder, logró eliminarlo de la agenda del Congreso. Creo que llegó el momento de que la Concertación tenga la fuerza de legislar, con el fin de evitar los monopolios desde el principio y no al final de la integración.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el proyecto a la Comisión de Minería y Energía.
Queda pendiente su discusión.
VII.PROYECTOS DE ACUERDO
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 433, de los diputados señores Riveros , Seguel , señora Rozas , doña María ; señores Krauss , Hernández , Palma, don Andrés ; Pérez, don Aníbal ; Muñoz, don Pedro ; Pareto y Villouta.
“Considerando:
1.Que el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado por el D.L. Nº 3.500, tiene más de 19 años de funcionamiento, tiempo suficiente para evaluar y analizar su actividad;
2.Que existe fundada preocupación en lo referente a la cobertura del sistema, a sus costos para los afiliados, la transparencia de la información y la rentabilidad real de las cuentas de capitalización individual;
3.Que es necesario investigar los efectos que ha tenido el sistema de fondos de pensiones para trabajadores traspasados desde el antiguo sistema, especialmente del sector público;
4.Que en lo relacionado con la transparencia, no sólo es necesario revisar los sistemas de información a los afiliados en cuanto a costos y rentabilidad, sino también otros aspectos, como es la relación contractual entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros, con las que se contrata para responder a las contingencias de invalidez y sobrevivencia;
La Cámara de Diputados acuerda:
1.Encomendar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para que en carácter de investigadora, en el término de 90 días, estudie los aspectos señalados y la forma de garantizar idóneas pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia; como así también gozar de un sistema eficaz, transparente y niveles de costos adecuados”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, se trata de un proyecto de especial significado, pues el sistema de administradoras de fondos de pensiones va a cumplir veinte años de funcionamiento, tiempo suficiente para efectuar una evaluación de su actividad, en particular si se considera que su objetivo fue generar para los afiliados un ingreso que sirva de reemplazo de las rentas percibidas en su vida activa.
Debemos ver si dicho objetivo se está cumpliendo y si a futuro se cumplirá, porque ha surgido una serie de elementos que obliga a investigar sobre el particular. Utilizo claramente el verbo “investigar” porque, por una parte, hay que evaluar y, por otra, ver la forma en que están funcionando algunos aspectos del sistema, en especial los costos, la transparencia en la información y la rentabilidad.
En materia de costos existe la percepción de que el sistema resulta caro para los afiliados, pues casi el 20 por ciento de lo que cada trabajador destina a previsión va a costos de administración. Repito: un 20 por ciento de lo que destinan los trabajadores cada mes a previsión para invalidez, sobrevivencia y vejez.
Por otra parte, la transparencia en la información tiene que ver con aspectos muy concretos; entre otros, los relacionados con los contratos que las compañías de seguros suscriben con las administradoras de fondos de pensiones para responder a las contingencias de sobrevivencia y de invalidez.
Nos ha llegado el reclamo digámoslo directamente sobre la poca fluidez del trámite para obtener la pensión de invalidez. Una de las razones puede estar en la naturaleza de los contratos que vinculan a dichas empresas, porque se fija un nivel de siniestralidad que si no es sobrepasado o resulta inferior, las AFP obtienen un premio de retorno de parte de las compañías de seguros. Esto implica una vinculación de intereses con el nivel de invalidez que en un momento determinado las AFP puedan tener en su cartera.
Por último, la rentabilidad se refiere no sólo a la del sistema como tal, sino también a la de la cuota, en la cual se incorporan los costos que el afiliado paga para que le administren su dinero. Pensemos sólo en el efecto de la comisión fija: por ejemplo, un trabajador que gana no son pocos cien mil pesos mensuales, por lo cual cotiza diez mil pesos al mes, vale decir, el diez por ciento de su renta, debe pagar mil pesos por concepto de comisión fija, cifra que se descuenta de su fondo de pensiones. La pregunta es qué rentabilidad debe tener ese trabajador sólo para compensar la comisión fija que debe pagar para que le administren los fondos.
Todos estos temas son de importancia vital. Estamos observando, ni más ni menos, la posibilidad de determinar elementos vitales en cuanto a la vejez, la invalidez y la sobrevivencia.
Por eso, es legítimo que la Corporación encargue a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que es la comisión técnica, abocarse al estudio del sistema y emitir un informe a la Cámara.
He dicho.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Pido la palabra.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El diputado señor Riveros ha ocupado todo el tiempo para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, según el Reglamento, son dos los diputados que pueden intervenir para hablar a favor.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Sí, señor diputado, pero dentro del tiempo establecido.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo en debate adolece de algunas faltas y propuestas en los considerandos, porque estamos hablando de solicitar a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que investigue “los aspectos señalados y la forma de garantizar idóneas pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia”. Aquí hay un gran tema: la administración de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que es la que fundamentalmente tiene que ver con los trabajadores en las pensiones de invalidez.
Entonces, los considerandos son incompletos y deberían complementarse con una investigación en que realmente se pueda analizar la forma en que se ha administrado la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, porque en ese caso se podría tener el cuadro completo para calificar la eficiencia de las administradoras de fondos de pensiones en la administración de las pensiones de invalidez.
Por lo tanto, como lo considero incompleto, votaré en contra del proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, el sistema de AFP está tremendamente regulado. Hay una Superintendencia de AFP con una cantidad importante de profesionales que supervigila permanentemente el funcionamiento del sistema.
Hace pocas semanas, la Superintendencia cursó multas a varios directores de AFP por infringir ciertas normas respecto de la transacción de acciones, la cual está limitada para las personas que tienen puestos de responsabilidad dentro del sistema.
Señor Presidente, por su intermedio, le digo al diputado Riveros que no es mucho lo que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social podría hacer en la investigación del sistema, porque no tenemos los medios, el apoyo profesional para realizar una investigación profunda. Lo que sí resulta válido al interior de la Comisión, a 19 años de existencia del sistema, es hacer un estudio del decreto ley Nº 3.500, de 1980, para ver si se pueden consensuar con el sector privado cambios a ese cuerpo legal. Por lo demás, como legisladores, nos corresponde evaluar permanentemente la legislación que rige al sistema de AFP; pero no creo que debamos reemplazar a la Superintendencia en la labor investigadora que el Estado efectúa respecto del sistema en forma permanente.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
MANTENCIÓN EN VACACIONES DE INVIERNO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN ZONAS AFECTADAS POR TEMPORALES.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 434, de los señores Monge , Pérez, don Víctor ; Masferrer , Pérez, don José , y García, don René Manuel.
Considerando:
1.Que el país se ha visto afectado en las últimas semanas por una verdadera catástrofe producto de los sucesivos temporales que han afectado las zonas centro y sur del país.
2.Que producto de esta situación miles de familias han quedado damnificadas.
3.Que agrava esta situación, las altas cifras de cesantía que es posible apreciar aún en el país y el lento proceso de reactivación económica.
4.Que, como suele ocurrir, los sectores más perjudicados con ello son los de menores recursos, y en especial los niños.
5.Que el Ministerio de Educación ha confirmado que el período de vacaciones de invierno de los establecimientos educacionales se extenderá este año, desde el día 17 y hasta el 28 de este mes.
6.Que durante este período, y como es costumbre, se suspende la entrega de raciones alimenticias a los niños en edad escolar que habitualmente se benefician con ellas durante el período regular de clases.
7.Que dada la situación descrita precedentemente, es imprescindible que en forma excepcional la Junaeb continúe durante las dos semanas de vacaciones de invierno proporcionando raciones alimenticias a los niños de las zonas afectadas por los temporales.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al Ministerio de Educación adopte las medidas que corresponda, a fin de mantener durante el período de vacaciones de invierno, la entrega de raciones alimenticias a los niños en edad escolar habitualmente beneficiados con ellas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Monge.
El señor MONGE.-
Señor Presidente, en este invierno, las provincias del centrosur se ven afectadas por una serie de inundaciones que causan zozobra en las familias que las habitan, especialmente en los sectores más vulnerables de la población, como son los más pobres.
En los próximos días comenzarán las vacaciones de invierno. Como todos saben, en esas regiones se suspende la entrega de raciones alimenticias que proporciona la Junaeb en beneficio de esos menores.
El proyecto de acuerdo va en beneficio directo de las familias damnificadas y de aquellos que, por la difícil situación por la que atraviesa la agricultura tradicional, se encuentran prácticamente sin ingresos, al igual que muchos temporeros que trabajan en el sector agrícola y forestal, quienes, por las condiciones climáticas, tampoco han generado ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Por las razones expuestas, solicito que su Señoría recabe la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, quienes representamos a sectores rurales alejados de los centros urbanos pensamos que el proyecto es de gran beneficio. Incluso, no implica mayores costos, pues durante los últimos meses, la asistencia de los niños, en esos sectores, ha sido muy escasa, por lo que no se han entregado todas las raciones esto está debidamente reglamentado por la Junaeby no debería haber ningún problema en estas dos semanas.
En los centros urbanos la situación puede ser distinta; pero en el mundo rural es necesario que durante estas dos semanas tengamos este apoyo, porque hay muchos niños cuyos padres han sufrido graves problemas y quizás no están en condiciones de dar alimentos completos como los que entrega la Junaeb.
Por lo tanto, me sumo al proyecto de acuerdo y solicito la unanimidad para su aprobación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Ofrezco la palabra.
En votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
MANTENCIÓN DE LA ACTUAL SEDE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo Nº 435, de los señores Valenzuela , Martínez, don Rosauro ; Villouta , Rozas , doña María ; Saa, doña María Antonieta ; señores Ávila , Velasco , Correa y Ulloa.
“Considerando:
1ºQue la ciudad de Valparaíso en razón de sus características arquitectónicas e históricas, irrepetibles en el contexto universal, se encuentra postulando a que se la declare como parte del patrimonio de la Humanidad;
2ºQue, por otra parte, el espíritu conservacionista encuentra su mejor expresión en la existencia de los museos y en la labor educativa que éstos permiten desarrollar;
3ºQue, precisamente, uno de los principales centros culturales de la ciudad lo constituye el Museo de Historia Natural, hoy dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que desde 1878 funciona en este puerto, siendo el segundo más antiguo del país, y que ocupa actualmente uno de los edificios considerados patrimoniales de la ciudad.
4ºQue las circunstancias reseñadas no condicen para nada con la actitud asumida por la autoridad edilicia en orden a no renovar el comodato en virtud del cual el edificio conocido como Palacio Lyon sirve de albergue a las colecciones pertenecientes al Museo de Historia Natural.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y a los señores concejales integrantes del Concejo Municipal, dejar sin efecto la petición de restitución realizada a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del edificio conocido como Palacio Lyon, en el que funciona el Museo de Historia Natural de esta ciudad, como asimismo, en atención a las consideraciones expresadas y al bien de la educación, renovar el comodato existente entre la entidad edilicia y la Dirección mencionada por un lapso que permita a esta última efectuar las inversiones y renovaciones necesarias, es decir, en lo posible, no menor a 50 años, a fin de que pueda seguir funcionando el Museo en el lugar en que lo hace actualmente”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Valenzuela para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, como este proyecto de acuerdo está firmado por los integrantes de la Comisión de Educación, que representan a todas las bancadas, solicito que se apruebe unánimemente, porque contribuye a aumentar el patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso, que cuenta con el Museo de Historia Natural desde 1878, el segundo más antiguo del país.
En el proyecto de acuerdo, firmado, reitero, por todos los miembros de la Comisión de Educación, se pide respetuosamente al señor alcalde y a los señores concejales de Valparaíso que dejen sin efecto el acuerdo de pedir a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos la restitución del edificio conocido como Palacio Lyon, en el que funciona el Museo de Historia Natural de Valparaíso, con lo que se contribuye a fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad y del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Francisco Bartolucci , para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, sólo deseo afianzar la posición señalada por el honorable diputado señor Felipe Valenzuela , de pedir a nuestros colegas que apoyen este proyecto de acuerdo, en que se solicita al alcalde de la municipalidad de Valparaíso y al cuerpo de concejales que reconsideren el acuerdo de restituir a la Dibam el edificio en que funciona el Museo de Historia Natural de esta ciudad, toda vez que éste no podría funcionar en Valparaíso. En efecto, como aquí no hay otro lugar adecuado, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos tendría que buscar un edificio en otra ciudad, lo que significaría para Valparaíso perder este tradicional museo, que se ha consolidado en el edificio del antiguo Palacio Lyon, en el que se han hecho renovaciones e inversiones, las cuales podrían ser incrementadas por la Dibam.
Se trata, en suma, de que el museo continúe funcionando en dicho local.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para aprobarlo.
No hay unanimidad.
Ofrezco la palabra a algún señor diputado que desee hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se va a repetir la votación.
En votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por no haberse obtenido el quórum requerido y por haber terminado el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, la última votación queda pendiente para la próxima sesión.
VIII.INCIDENTES
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SOBRE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD E INFORMACIÓN SOBRE NUEVOS PLANES DE EDUCACIÓN SEXUAL. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la honorable diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, días atrás, la diputada señora Fanny Pollarolo , el diputado señor Juan Bustos y quien habla dimos a conocer a la prensa la situación de dos estudiantes adolescentes embarazadas, Leslie Riveros , de 14 años, y Anaís Muñoz , de 15 años, a quienes, en una primera reacción, la inspectora general de la Escuela Técnica Superior Las Nieves, de la comuna de Puente Alto, que tengo el honor de representar, les había comunicado que debían abandonar la institución por encontrarse, como ya hemos señalado, en estado de gravidez. Afortunadamente, esa primera reacción ha sido revertida.
En todo caso, quiero detenerme en los temas de fondo.
En primer lugar, me parece lamentable que tengamos que denunciar públicamente hechos como éste.
Al respecto, reconozco la actitud del propio Presidente de la República, quien las recibió, conversó con sus madres y mostró especial preocupación, a pesar de que está completamente de acuerdo en que no se trata de premiar a estudiantes adolescentes embarazadas.
En segundo lugar, no es posible que las escuelas discriminen a tales estudiantes.
Esta Cámara aprobó un proyecto que será ley de la República dentro de algunas horas más, porque ya fue aprobada incluso por el Tribunal Constitucional, en virtud del cual ningún colegio, de aquí en adelante, es circunstancia ni condición alguna, podrá incurrir en esta discriminación odiosa en contra de las estudiantes embarazadas. Incluso, no sólo tendrá que evitar tal discriminación, sino que también deberá dar las facilidades académicas para que estas alumnas continúen sus estudios.
En tercer lugar, junto al diputado señor Juan Bustos y a la diputada señora Fanny Pollarolo , concurrimos a hablar con la señora ministra de Educación, para ver la posibilidad de establecer una educación preventiva que, verdaderamente, aborde el tema de la afectividad y de la sexualidad entre nuestros estudiantes adolescentes. Nos parece tremendamente complejo que niñitas de 14 ó 15 años estén embarazadas.
Ambas niñas han expresado su voluntad de continuar con su embarazo, de dar a luz y de sacar adelante sus estudios, para lo que cuentan con el invalorable apoyo de sus madres y con nuestro decidido respaldo.
Sin embargo, me pregunto: ¿qué hacemos, como sociedad, para educar y para abordar este tema en forma complementaria a la educación que reciben los niños en sus propias familias? ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes tengan relaciones sexuales responsables, que eviten embarazos no deseados o precoces, que incrementan los círculos de pobreza y de marginación, ya que la mayoría de estas muchachas no continúan sus estudios?
Por eso, señor Presidente, pido oficiar a las señoras ministras de Educación y de Salud, así como a la directora del Servicio Nacional de la Mujer, para saber, en primer lugar, qué evaluación han realizado ellas, en estos últimos años, del programa de conversaciones que sobre la afectividad y la sexualidad, ha aplicado el Ministerio de Educación.
En segundo lugar, qué nuevos planes se han implementado para prevenir el embarazo precoz y reforzar la educación responsable. En síntesis, queremos conocer la evaluación de los planes desarrollados, los seguimientos que se han hecho, los nuevos planes y las cifras que se manejan.
Reitero los oficios solicitados, porque me parece muy importante contribuir a superar el problema indicado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señor Naranjo , señora Pollarolo , señores Aguiló , Encina , Felipe Letelier , Valenzuela , Jaramillo , Ortiz , Andrés Palma , Ascencio , Pareto , Reyes, Rincón , Lorenzini , Vilches , Alessandri y León.
NORMATIVA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN OPERACIONES CON LETRAS HIPOTECARIAS. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Encina.
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, voy a referirme a un tema muy preocupante en la relación de los bancos e instituciones financieras con la pequeña empresa. Lo graficaré con un ejemplo claro y concreto.
La señora María Lorena Bergeret Peralta , pequeña empresaria de La Serena, fue víctima de una acción del Banco Bhif carente de toda ética. Ella solicitó y obtuvo un crédito hipotecario para continuar con su actividad, que da empleo a alrededor de quince trabajadores. Las letras hipotecarias se transaron al 94,5 por ciento de su valor, sobre la base de la recompra que hacen los bancos. Sin embargo, en esos mismos días, el mercado indicaba que el precio de venta de las letras ascendía al 98 por ciento de su valor. Por lo tanto, se produjo un diferencial a favor de los bancos. Al margen de la crisis económica que ha afectado a los pequeños empresarios, también se le castigó con este diferencial que éticamente no corresponde porque la Bolsa indicó un valor nominal distinto en la venta de letras, como se señaló a la señora Bergeret. Además, apareció en los listados de morosidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al señor superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que informe, en primer lugar, si esta práctica es habitual en los bancos y cuál es la normativa que regula el sistema. En segundo lugar, que indique las sanciones aplicables a los bancos por este tipo de acciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Bertolino , Jaramillo , Navarro , Felipe Letelier , Mulet , Aguiló , señora Pollarolo , señores Naranjo , Velasco , Girardi , Jeame Barrueto , Vilches , Lorenzini , Reyes, Pareto , Rincón y Ávila.
INVESTIGACIÓN SOBRE ORIGEN DE CAPITAL DE LA LÍNEA AÉREA AEROCONTINENTAL. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, soy partidario de que ingresen capitales al país, a fin de fortalecer nuestra economía, pero también lo soy de que esos capitales sean transparentes y limpios y que sirvan al país.
En Chile se ha instalado una línea aérea, denominada Aerocontinental , cuya intención fue formar una sociedad con capitales chilenos, a fin de operar desde Santiago a los Estados Unidos de Norteamérica.
Para estos efectos, contrató, aproximadamente, ocho aviones, de los cuales siete están paralizados en el aeropuerto Arturo Merino Benítez , con un costo sobre 10 millones de pesos mensuales, por concepto de arriendo de losa. Además, tienen que pagar un leasing superior a 80 mil dólares por avión, lo que significa un gasto sobre 700 mil dólares mensuales por aviones que no están generando ingresos.
En verdad, algunos de los propietarios peruanos han sido procesados por la justicia, y uno de ellos, residente en Estados Unidos, es prófugo por narcotráfico.
La semana pasada, según versiones del Director de Aeronáutica, ya no podía resistir y legalmente la autorizaron para que algunos de estos aviones volaran hacia Estados Unidos, por lo que deseo saber por qué, hasta la fecha, las autoridades norteamericanas no han autorizado el ingreso a ese país de esta línea aérea seudochilena.
Por lo tanto, se requiere una investigación muy profunda para saber si realmente esos capitales son limpios o corresponden, sencillamente, a lavado de dinero. Si fuera así, creo que hay que adoptar las medidas más enérgicas y ejemplarizadoras para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. Un país no puede pretender progresar sobre la base de esas inversiones que, como se sabe, lesionan la dignidad nacional.
Un legislador peruano, que ha participado en investigaciones del Parlamento peruano sobre esta materia, ha hecho llegar una información que entregaré a la Comisión de Drogas de la Corporación.
Solicito que se oficie, en mi nombre, a los señores ministros del Interior, de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones; a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, al vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras y al presidente del Banco Central, para que informen si se ha investigado y se ha justificado el origen del capital invertido en la línea aérea mencionada, sobre el cual tengo serias y fundadas sospechas de que proviene de una operación de lavado de dinero.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Rincón, Lorenzini , Reyes, señora Rozas , señores Andrés Palma , Jocelyn-Holt , Joaquín Palma , Jaramillo , Felipe Letelier , Aguiló , Ascencio , señora Pollarolo , señores Navarro , Naranjo , Acuña y Fossa.
APOYO Y AYUDA FINANCIERA AL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, en estos días el Instituto Nacional del Cáncer está celebrando una semana de difusión para crear conciencia y lograr apoyo y participación ciudadana en su beneficio.
Es una institución de salud del sistema público, que tiene como horizonte servir a las personas enfermas de cáncer, ofreciéndoles una atención integral, con una visión humanizada del paciente y su familia. En 1997 pasó a ser reconocida como una institución de carácter nacional por razones que el propio decreto considera: ser un centro de referencia nacional, capaz de abordar una parte importante de la demanda nacional, disponer de todos los servicios de la especialidad, participar en la definición de protocolos de tratamiento y ser un centro de formación en la especialidad.
Su principal fortaleza está cimentada en el conocimiento científico y tecnológico, en la capacitación continua, en la mística de trabajo, en la ética profesional y en el compromiso social y solidario. Sin embargo, su debilidad se genera a partir del desequilibrio existente entre las necesidades crecientes que un problema como el cáncer provoca y los recursos con que se cuenta.
Como una forma concreta de contribuir a minimizar dicha debilidad y potenciar su fortaleza en un proceso de desarrollo continuo, que permita al Instituto Nacional del Cáncer cumplir eficientemente con su misión, su dirección, en conjunto con los profesionales que en él laboran, implicados y comprometidos con el servicio público, crearon la Fundación Pro Ayuda al Instituto Nacional del Cáncer, organización sin fines de lucro cuya misión es apoyar a dicho centro hospitalario a través de un voluntariado profesional y no profesional, y la captación de recursos destinados íntegramente al financiamiento de proyectos dirigidos a mejorar la calidad de atención brindada a sus pacientes.
Este modelo ya ha dado frutos: mejora en la infraestructura hospitalaria y adquisición de equipamiento, lo que sumado al trabajo comprometido con la eficiencia del equipo del Instituto, materializan hoy avances muy importantes en la calidad y cobertura de la atención. Ello ha sido reconocido por las autoridades de salud mediante dos distinciones otorgadas el año pasado a este Instituto: la certificación con excelencia en el cumplimiento de la Carta de los Derechos del Paciente y el premio a la excelencia en salud.
No obstante, aún queda mucho por hacer para alcanzar una atención excelente y oportuna para los pacientes que la necesitan. Por esta razón, el Instituto y la Fundación requieren incrementar su base de colaboradores para poder desarrollar proyectos destinados a la creación de atención de alta complejidad, además de la labor asistencial, y de un centro que sirva para la docencia y la investigación, que pueda constituirse, legítimamente, como el modelo para el resto del país. Ello precisa inversión en infraestructura y equipamiento.
También es necesario crear un banco de drogas que facilite el acceso de los pacientes a los medicamentos requeridos en tratamientos de quimioterapia y lograr un desarrollo armónico de la red pública en el área oncológica.
Finalmente, también se requiere lograr la integración con otros centros regionales para poder intercambiar experiencias y potenciar su desarrollo.
Sin duda, esto no será posible sin el apoyo de la ciudadanía, de los chilenos y chilenas que nos debemos sensibilizar respecto del tratamiento de estas materias, pero tampoco sin el apoyo financiero de las instituciones de salud públicas y privadas.
Por esta razón, quiero que se oficie a la señora ministra de Salud, al señor director del Fondo Nacional de Salud y al señor superintendente de Instituciones de Salud Previsional para que, en conocimiento de la tarea que efectúan hoy el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación Pro Ayuda a dicho Instituto, nos señalen de qué manera pueden apoyar el desarrollo de las tareas que he señalado.
Asimismo, solicito que se envíen, en mi nombre, felicitaciones al director del Instituto Nacional del Cáncer y a su personal por el eficiente trabajo que realizan.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora María Rozas y de los diputados señores Reyes, Pareto , Navarro , Lorenzini y Acuña.
VERIFICACIÓN DE PAGOS POR CONCESIÓN DE AUTOPISTA 5 SUR. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, la regionalización funciona en el papel, pero no en la práctica.
Por el contrato de acuerdo de la ruta Autopista 5 Sur se estableció, en la región del Maule, que durante la vigencia del plazo de concesión se mantendrá la obligación de la concesionaria de realizar al Ministerio de Obras Públicas los pagos por la infraestructura preexistente a dicha concesión. Es decir, estas autopistas tan especiales se hacen sobre lo que ya existía. Además, se reconoce públicamente y reiterose le dice a la concesionaria: “Páguenos durante los años de concesión por la infraestructura preexistente”, en este caso, desde 1999 hasta el 2007. Se señala en las bases de la licitación que se pagarán, el 1 de junio de cada año, 400 mil unidades de fomento, reajustadas anualmente en un 5 por ciento. Este año corresponden 420 mil UF, o sea, más de 6 mil millones de pesos.
Hasta aquí no habría nada de extraño. Sin embargo, me surge la siguiente pregunta: ¿Dónde están los 6 mil millones de pesos del año pasado y de este año? Espero que no se me conteste a los oficios que vamos a solicitar que están en el presupuesto nacional del Ministerio de Obras Públicas. Son platas de la Región del Maule y de la Octava Región y ya se cancelaron previamente con los peajes pagados en el pasado; por consiguiente, no tienen por qué ingresar al ítem nacional de Obras Públicas y destinarse a costear trabajos en regiones con el respeto que me merecen como la Primera, la Tercera o la Décima, ya que cada región debe actuar con lo que le corresponde.
Los temporales y las salidas de ríos de las últimas semanas nos han causado daños por más de 4 mil millones de pesos y esperamos que esa cifra o, proporcionalmente, parte importante de las 420 mil UF, se asigne, a la brevedad, para su reparación, y no se postergue la realización de las obras viales que tanto necesitamos en la región del Maule como los caminos de San Clemente-Mariposa, Gualleco-Curepto , Arco Oriente, la ruta sobre el puente del río Maule para el presupuesto cuyo estudio comenzará en unos meses más.
Asimismo, quiero resaltar que en el contrato de concesión se establece que, en caso de que no se hayan pagado las 420 mil UF, regirá una multa de 2 mil UTM y se harán efectivas las garantías.
Mi segunda pregunta es: ¿Pagó la concesionaria las 420 mil UF el mes pasado? Tengo mis dudas y, por lo tanto, quiero que se oficie a los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda para que, en primer lugar, nos respondan si han devuelto a la Región del Maule las platas correspondientes al año pasado, y si le devolverán las de este año. En caso contrario, que nos digan claramente si quedaron en el presupuesto nacional para que, cuando veamos los presupuestos, en noviembre u octubre próximos, se las descontemos al Ministerio de Obras Públicas.
En segundo lugar, que nos contesten si los montos que paguen otras regiones, en las cuales se construyan autopistas similares, también se distribuirán a nivel nacional.
En tercer lugar, si en junio pasado se cobraron las 420 mil UF correspondientes a este año. En caso contrario, que se nos diga específicamente si a la concesionaria se le ha cobrado la multa y las garantías. Así está establecido y la Región del Maule espera que se le devuelva lo que pagó durante varias décadas y que le pertenece.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada María Rozas y de los diputados Reyes, Pareto , Andrés Palma , Acuña y Jeame Barrueto.
REITERACIÓN DE REQUERIMIENTO SOBRE FUNDAMENTOS DE DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra la diputada María Rozas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, quiero plantear una situación que no sé si es peculiar o común para esta Cámara.
El 9 de mayo también en Incidentes, di a conocer una situación de incompatibilidad en relación con el Código del Trabajo, que fue modificado en 1992, donde, en democracia, se hicieron las primeras reformas laborales para fortalecer la organización sindical. Entre las normas que se enmendaron figura el descuento de la cotización sindical posterior a la negociación colectiva.
¿De qué estamos hablando? Cuando un trabajador participa en un proceso de negociación colectiva y recibe los beneficios, tiene la obligación de pagar el 0,75 por ciento de la cotización sindical, esté o no afiliado al sindicato. Eso dice, hoy, el artículo 260 del Código del Trabajo. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que el 26 de enero, un dictamen de la directora del Trabajo modificó lo establecido en la ley. Esa fue la denuncia que hice el 9 de mayo. Esta Cámara acordó mandar un oficio a la directora del Trabajo para que informara de esta situación; estamos a mediados de julio y, a pesar de haber sido reiterada dicha situación y de que se siguen produciendo anomalías que debilitan la organización sindical, no ha llegado documento alguno sobre la materia. ¿No es el Parlamento el que debe hacer las leyes? ¿La Dirección del Trabajo goza de autoridad para modificar la legislación que se discute en el Congreso?
En estos días, en que hemos escuchado el debate inoficioso respecto de proyectos de reformas laborales inexistentes, nos hemos encontrado con la sorpresa de que independientemente de la discusión que se da en la opinión pública, los trabajadores no sólo carecen de la posibilidad de un proyecto de reforma laboral consensuado por todos los actores, sino que, además, hay funcionarios de Gobierno, que se supone deben resguardar lo establecido por ley, a través de dictámenes como el Nº 0838 que sigue vigente, que provocan un enorme daño a la organización sindical.
¿Qué sentido tiene mandar nuevamente un oficio al ministro del Trabajo si van a pasar tres meses, en el transcurso de los cuales se seguirán debilitando las organizaciones sindicales por este dictamen de la Dirección del Trabajo que se sobrepone a lo acordado, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, en 1992?
Pido un pronunciamiento de la Mesa al respecto, pues el oficio se envió hace tres meses, se reiteró y aún no hay respuesta. Por lo expresado, sería válido pensar que no tiene sentido legislar martes, miércoles y jueves y dedicarse a algo más productivo, dado que hay funcionarios que mandan más que las leyes emanadas del Congreso.
¿Qué explicación puedo dar a los trabajadores, en especial a los de bahía, a quienes les siguen descontando sus recursos, si la Cámara manda el oficio, la Comisión lo reitera y no hay respuesta? Es decir, los trabajadores no tienen amparo desde el punto de vista legal ni de los fiscalizadores, pues atornillan al revés, y esta Corporación no tiene explicación sobre si opera la ley o el dictamen de un funcionario público.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señora diputada, le propongo lo siguiente: reiterar el oficio dirigido al Presidente de la República, que vayamos a conversar con el ministro del Trabajo a fin de plantearle nuestra protesta por esta situación y, además, utilizar el vehículo establecido formalmente con el ministro García , encargado de la relación entre el Gobierno y el Congreso, en el sentido de que establecimos la carpeta verde como espacio de solicitudes más directas.
La señora ROZAS (doña María).-
Señor Presidente, estoy dispuesta a realizar todas las gestiones necesarias, porque no son pocos los trabajadores afectados por esta situación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rincón para plantear un asunto reglamentario.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, además de lo propuesto por su Señoría, sugiero la aplicación del artículo 10 de nuestra ley orgánica, que reglamenta el tema. Incluso, hay dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la materia. Existe todo un procedimiento de apremios para las autoridades que se niegan a contestar oficios o que no atienden los requerimientos de la Corporación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Me parece buena su proposición y así se procederá, señor diputado.
Se enviará el oficio solicitado por la diputada señora María Rozas.
INVESTIGACIÓN DE COMPRA DE TERRENOS POR MUNICIPALIDAD DE COIHAIQUE. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, puede hacer uso de la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, el 27 de diciembre de 1999, el concejo de Coihaique acordó, en sesión ordinaria Nº 136, la compra de algunos terrenos denominados Lote 45, Predio Anita , Lote 46 y Predio El arenal, para ser destinados a la construcción de un futuro relleno sanitario para la comuna del mismo nombre.
El 2 de junio de 2000 el municipio suscribió la correspondiente escritura de compraventa por la adquisición de un terreno denominado Lote 45, con una extensión de 45 hectáreas. El precio de la citada venta es de 13.770 unidades de fomento 210 millones de pesos aproximadamente, las cuales se pagarán de la siguiente forma: 4.400 UF al momento de la firma de la escritura de compraventa; 3.123 UF en el mes de julio; 3.123 UF en noviembre, y 3.124 UF en febrero de 2001.
La compraventa ha sido cuestionada por diversos sectores de la ciudadanía y por distintas razones. En efecto, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el Comité de Defensa del Medio Ambiente manifestaron su rechazo a la compra del citado predio y, consecuencialmente, a la construcción de un relleno sanitario en dichos terrenos, argumentando la inexistencia de un estudio de impacto ambiental, que permita a la comunidad estar segura de que la compra es adecuada.
Por su parte, el comité campesino Valle Hermoso, Coihaique Bajo y Medio, también manifestó su rechazo a la iniciativa. Señaló que en los terrenos donde se pretende ubicar el relleno sanitario quedan precisamente los manantiales de agua que desembocan en el río Coihaique, de cuyas aguas se abastece la comuna. Además, el comité propuso la ubicación del relleno sanitario en el sector Cuesta Colorada, terreno distante a 16 kilómetros de la ciudad.
En definitiva, la comunidad ha manifestado su rechazo a la iniciativa con el argumento de que dicho predio se ubica a 8 kilómetros en dirección este de Coihaique, en el sector hacia donde se está desarrollando el crecimiento natural de la ciudad. Además, la relativa cercanía del relleno sanitario al río Coihaique podría contaminar sus aguas, de las cuales se abastece la ciudad.
Otra de las razones que ha hecho fuerza en la ciudadanía para manifestar su opinión en contrario, dice relación con el costo excesivo que significa la adquisición de este terreno; el valor por pagar por el municipio es de más de doscientos diez millones de pesos, es decir, se están pagando cuatro millones seiscientos mil pesos por hectárea, en circunstancias que en cualquier terreno del sector y con las mismas características no se vende una hectárea en más de un millón de pesos. Sin duda, la situación debe ser revisada y fiscalizada por la Contraloría General de la República, toda vez que no resultan entendibles para la comunidad en general los motivos del alcalde y los concejales para autorizar con su voto la realización de esta compra en tales condiciones y, además, de otro hecho que también reviste la mayor gravedad.
En efecto, tanto el alcalde como los concejales estaban en conocimiento de la existencia de impedimentos legales relacionados con derechos mineros que no permitirían realizar trabajos en el subsuelo del terreno Lote 45, destinado a la instalación de un relleno sanitario. En documentos que se presentaron al tribunal competente, constan siete pedimentos mineros. El 21 de marzo de 2000 el tribunal dictó las sentencias constitutivas de las concesiones de exploración.
Resulta importante insistir en que el alcalde y los concejales estaban en conocimiento de esta última situación. Lo anterior, entre otros, se puede deducir de la carta del 29 de marzo de 2000, enviada al alcalde y concejales, en la que se informa de la situación.
Como se puede observar, el alcalde y los concejales, haciendo caso omiso de la oposición manifestada por los vecinos de la comuna y de una carta enviada por el titular de las concesiones mineras, continuaron con su cometido y, finalmente, adquirieron un terreno que, a la luz de los antecedentes, no reviste las condiciones ambientales mínimas para desarrollar un proyecto de esta naturaleza.
Surgen, entonces, las legítimas dudas acerca del real motivo por el cual el concejo aprueba la compra del terreno, hecho agravado, además, por la advertencia de la existencia de las concesiones mineras.
Por ello, es lógico que la Contraloría General de la República, en cumplimiento de su función fiscalizadora de los gobiernos locales, se constituya en la municipalidad de Coihaique, a fin de investigar estos hechos, a todas luces irregulares, restablezca el derecho quebrantado y haga efectivas las responsabilidades pertinentes.
Quiero destacar que no estoy en contra del vendedor ni tampoco deseo asumir la defensa del empresario dueño de las concesiones mineras, menos aun cuando reconozco la necesidad de la comuna de Coihaique de contar con un relleno sanitario. Sin embargo, dados los hechos denunciados, cumplo con mi obligación de fiscalizar y de velar por el bien público.
En consecuencia, solicito, respetuosamente, a la Contraloría General de la República, pronunciarse respecto del sobreprecio pagado por los terrenos en cuestión, la forma de pago que compromete recursos de la próxima administración municipal y de la justificación que se tuvo para comprar estos terrenos en conocimiento de que existen concesiones mineras que serán motivo de litigios futuros.
Además, solicito que se envíe copia de mi intervención al Contralor General de la República.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
FUNDAMENTO DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD AERONÁUTICA PARA LA CUARTA REGIÓN Y ESTUDIO DE IMPACTO DE FUTURO AEROPUERTO INTERNACIONAL EN TONGOY. SITUACIÓN DE ASESOR DE CONACE. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, quiero que se oficie al ministro de Obras Públicas para que explique a la honorable Cámara qué lo llevó a nominar a un director regional de aeropuertos en la Cuarta Región.
Asimismo, necesito saber si se ha hecho el estudio de impacto para el caso de que se instale un nuevo aeropuerto internacional en Tongoy, por el que se llamaría a licitación. ¿Por qué? Porque estaría, aproximadamente, a cuarenta y cinco minutos de Coquimbo o La Serena, y para cada vuelo, las compañías aéreas exigen que los pasajeros estén con una hora de anticipación en sus oficinas. Si se considera que desde la Cuarta Región a Santiago hay una hora de vuelo y que el desplazamiento desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta el centro de la ciudad ocupa alrededor de cuarenta y cinco minutos, el viaje, desde que el pasajero sale de su casa y llega al lugar de destino, sería del orden de las tres horas y media a cuatro horas. Pero ocurre que en octubre será entregada la doble vía Santiago-La Serena, por lo que habrá competencia en el transporte hacia la capital. En esas condiciones, por carretera hasta el centro del país, la demora sería, más o menos, la misma que por avión.
Así, la Cuarta Región podría perder los vuelos comerciales, que en la actualidad son seis, tres en la mañana y tres en la tarde, y sufrir algo parecido a lo de Chillán, que por el hecho de tener una buena carretera no tiene el servicio de aviones.
Si se considera que la mía es una región turística por excelencia, no conviene que se pierda esa cantidad de vuelos al día. Por eso, reitero, quiero saber si el Ministerio de Obras Públicas ha hecho el estudio de impacto ante el eventual reemplazo del aeropuerto de La Florida por el de Tongoy y la competencia del transporte por carretera.
Por otra parte, quiero que se oficie al ministro de Justicia para que informe de la situación de un sociólogo, cuyas iniciales son J. A. y que actuaba como asesor externo en la Corporación para el control de drogas y estupefacientes, Conace , que depende del Ministerio de Justicia, quien fue detenido por consumir estupefacientes.
Es decir, dicho asesor externo, que estaba encargado de mejorar a personas de sectores poblacionales que habían caído en el flagelo de las drogas, las consumía, con el consiguiente desprestigio para Conace, donde, sin duda, trabajan muchas personas honestas.
¿Cómo se elige a los asesores externos? ¿Qué medidas se tomarán para que esto no vuelva a repetirse?
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
MEJORAMIENTO DE EJE VIAL DE CHIGUAYANTE. Oficio.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, en mi distrito, el número 44, que comprende Concepción, Chiguayante y San Pedro, existe un problema realmente serio.
Chiguayante, que es una comuna nueva, está estructurada sobre un eje vial que se denomina O’Higgins Manuel Rodríguez , en el cual, en las horas de alto tránsito, se produce un taco de vehículos que hace que la gente demore hasta dos horas en llegar a su centro de trabajo, en Concepción o sus alrededores.
La ciudadanía ha pedido que se mejore ese eje vial, para lo cual es necesaria una serie de obras que requieren estudios de ingeniería, en especial a través de la propia municipalidad. Por eso, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, para que informe si hay disposición para financiar los estudios y mejorar el eje estructural de la ciudad de Chiguayante.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
SOLUCIÓN DE CASO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN MEDIA EMBARAZADAS.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente, me quiero referir al lamentable incidente que ha involucrado a dos alumnas y a la escuela técnica Las Nieves, en Santiago.
Eventualmente, las alumnas habrían ingresado embarazadas, por lo menos una de ellas. Previa conversación con los padres, la dirección de la escuela acordó pedir su retiro del establecimiento educacional, lo que se hizo absolutamente en privado y guardando la debida consideración a las personas y a la dignidad de las niñas y de sus padres. Tengo entendido que éstos se enteraron en ese momento de la situación que afecta a sus hijas.
Eso, que podría ser un error hay otras maneras de corregirlo, como ha ocurrido, en esa misma escuela, en situaciones similares, a través de las buenas gestiones del Ministerio de Educación, como también sucedió en este caso, motivó airadas reclamaciones e imputaciones que afectan gravemente la fama y honor de dicho establecimiento.
La escuela Las Nieves tiene más de treinta años; por sus aulas han pasado quince mil alumnas y nunca se había visto envuelta en una situación de esta naturaleza. Pertenece a la Sociedad Protectora de la Infancia, benemérita institución a la cual la infancia desvalida del país le debe enormemente.
Hay una consagración al servicio de la juventud y a su buena formación en esa institución, que realmente merece destacarse y subrayarse. De todos modos, ha sido completamente dejada de lado en este incidente.
Creo que hay otras maneras para arreglar ese problema, como la que en definitiva se utilizó, sin entrar en descalificaciones, que son completamente gratuitas y ajenas a la verdad.
Además de rendir homenaje a esa escuela y a la institución que la patrocina, quiero agregar que no se pueden confundir casos de embarazo precoz con otros que forman parte del proyecto educacional de un establecimiento, como la figura exterior de un alumno, su presentación, modales, etcétera, respecto de los cuales se quiere también así fue aprobado por nuestro Parlamento terminar con toda potestad de los establecimientos educacionales para incorporar medidas al respecto en sus planes educacionales.
Cuando tratamos este tema en la Sala, hace unos días, sostuve que es menester dejar a los directores de establecimientos educacionales la libertad suficiente para ponderar estos casos y tomar las resoluciones adecuadas. En los establecimientos que reciben subvención fiscal, siempre existe la posibilidad de apelar ante el Ministerio de Educación o ante las instancias que éste establezca.
De aprobarse en definitiva el proyecto que acabamos de ver, quedará una situación tremendamente rígida, de inflexibilidad y de discriminación a la posibilidad de organizar proyectos educativos distintos.
Vuelvo al principio. Debemos dar a nuestras adolescentes, cuando quedan en estado de gravidez, las facilidades del caso para que terminen sus estudios, a fin de que puedan combinar las situaciones a que se ven enfrentadas, tanto como estudiantes como en su condición de madres precoces, pero, a la vez, es necesario reconocer a las instituciones educacionales de nuestra patria, tan beneméritas como la que se trata en esta ocasión, sus méritos y agradecerles debidamente el servicio que prestan a la juventud de nuestro país.
He dicho.
INCONSECUENCIA EN POLÍTICAS GUBERNAMENTALES FRENTE A LA CRISIS CARCELARIA Y AL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA.
El señor JAIME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo que corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira por siete minutos.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, sistema carcelario versus delincuencia.
Indudablemente, no sólo en esta oportunidad el país ha constatado la crisis carcelaria que estamos viviendo. Pareciera que el problema de las cárceles en Chile siempre se dejara para después, hasta que se produzca la crisis. Definitivamente, debemos entender que estamos enfrentados a una crisis carcelaria y a otra referente a la delincuencia. Mucho se ha hablado de que la delincuencia siempre ataca a unos pocos; a los que tienen menos, a quienes no cuentan con seguridad en sus hogares, a los sectores más desposeídos y a los de clase media; pero el tiempo ha ido demostrando que la delincuencia ataca a todos por igual, de la misma forma que el desempleo.
En los mensajes presidenciales se dedica una buena parte a sostener la importancia del Internet, pero ¿cómo nos vamos a acoplar a ese adelanto tecnológico si todavía tenemos problemas tan importantes como la delincuencia y el desempleo?
No es que falte acuciosidad, sino compromiso. Por una parte, la infraestructura carcelaria está en crisis, no da abasto y sus muros no pueden contener a los más de 34 mil reclusos que espera tener el sistema carcelario en el año 2000.
Por otra parte, la asociación de empleados de Gendarmería me refiero a una institución que tiene más de 5 mil funcionarios de los 7 mil existentes en el país, sostiene públicamente en los diarios del país, como una mala señal, que no tienen capacidad para dar seguridad a los recintos penitenciarios.
Por otro lado, nadie sabe dónde está la Concertación. Hemos oído al senador Bitar hacer declaraciones increíblemente confusas, en las que pide hacer un catastro de las órdenes de aprehensión de más de mil delincuentes que andan sueltos, y que se efectúe todo un operativo, a través de la policía, para encontrarlos y meterlos en las cárceles, pero se da el caso de que no existe esa infraestructura.
Por otra parte, hoy escuchamos al Gobierno asegurar que no se van a rebajar penas, en circunstancias que la política de la Concertación, en estos últimos años, ha sido rebajar penas. ¡Qué bueno es este cambio de actitud! Lo importante es dar una lucha sin tregua a la delincuencia en nuestro país. ¡Ya es demasiado!
Hemos visto que desde el más grande empresario hasta el más modesto trabajador son víctimas de la delincuencia. En esto debemos ser responsables y tener un solo discurso: no puede haber rebajas de penas. Los delincuentes deben purgar sus penas en las cárceles. Esta situación no se soluciona exclusivamente con penas más duras, sino con el cumplimiento de la ley y sin dar tregua a la delincuencia. Por eso, cuando hemos tenido un debate intenso en la Cámara de Diputados, una discusión pública acerca de la pena de muerte y existen jueces que públicamente sostienen que les da pena aplicar la pena de muerte, nos preguntamos: ¿Acaso a los delincuentes, asesinos y violadores les da pena cuando atacan a sus víctimas, muchas de ellas niñas y niños inocentes, que son violados y masacrados?
¿Qué señal estamos dando? ¿Por qué tanto complejo en aplicar mano dura en situaciones en las cuales debemos tener una sola conducta: aplicar la ley vigente? No puede ser que estemos más preocupados de los derechos humanos de los delincuentes que de las propias víctimas; que hoy sucedan cosas tan increíbles como estos cambios de opinión permanentes de los líderes de la Concertación, porque electoralmente les conviene.
Los invito a tener una sola línea, una sola conducta y mayor consecuencia. Debemos aplicar la ley y luchar intensamente contra la delincuencia.
Pero de la misma forma en que aplicamos la ley y mejoramos las cárceles para producir una rehabilitación efectiva, también debemos preocuparnos de las más de 600 mil familias chilenas que no tienen trabajo. Hay que generar la confianza necesaria para que en Chile exista trabajo, salud y lucha contra la delincuencia. Eso es lo que la gente demanda, no reformas constitucionales y políticas, porque eso no da de comer al pueblo.
Por ello, llamo a todos los parlamentarios, sin distinción política alguna, a que en la lucha contra la delincuencia y para generar confianza a fin de dar trabajo en nuestro país, estemos todos unidos.
Sabemos perfectamente que nuestra sociedad y todos los chilenos valorarán el esfuerzo que en esta Cámara de Diputados podamos desarrollar en el futuro.
He dicho.
IMPORTANCIA DEL FERROCARRIL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. Oficios.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, haciéndome eco de la voz ciudadana, una vez más me permito referirme en esta Sala a la necesidad de contar con un servicio ferroviario de pasajeros y de carga a la zona sur del país.
Esta vez Chile ha tomado conciencia de las consecuencias de los temporales, que muchas veces pasan inadvertidas. El país se impactó tremendamente por la falta de infraestructura, que dejó ver lo que en realidad somos, y por la pobreza en que nos encontramos insertos. En fin, de allí nace esta voz ciudadana que clama porque algunos lugares quedaron prácticamente aislados; algunas localidades de la comuna de Los Lagos, declarada zona de catástrofe, como Antilhue, Pishuinco , Huellelhue y Purey quedaron desconectadas de la capital provincial y regional, es decir, Valdivia.
Debido a ello, a petición del alcalde de Los Lagos, señor Simón Mansilla , solicité con urgencia la intervención del presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, señor Nicolás Flaño , a fin de que se estableciera un servicio extraordinario de trenes entre Valdivia y las localidades mencionadas, porque como ya lo dije la infraestructura vial ha quedado prácticamente intransitable hasta el día de hoy. Son numerosos los caminos cortados y, por supuesto, los intransitables.
En la zona se prestan servicios turísticos en forma quincenal o mensual. Es así como allí opera una máquina de vapor con algunos carros de pasajeros, ofreciendo un feliz momento a quienes durante el buen tiempo disfrutan de los paisajes del sur, en especial de la comuna de Los Lagos. Sin embargo, ese tren, que debió haber servido en la emergencia, no lo hizo y, lamentablemente, la petición del diputado que habla no ha sido escuchada.
Como ya lo dije, curiosamente, Los Lagos fue declarada zona de catástrofe, y cuando algunas comunas, provincias o regiones tienen esa característica, hay que tomar decisiones urgentes, dejando de lado la tradicional burocracia que tanto mal hace a todos los chilenos y que es causal de la mala predisposición de la ciudadanía hacia los políticos. Pues bien, yo no quisiera estar incluido entre ellos.
Me sumo a los ciudadanos que dicen que estamos perjudicando a la gente con esta burocracia propia de tiempos pasados, cuando ni siquiera existía tecnología adecuada para efectuar cualquier tipo de transporte. Cientos de trabajadores y jóvenes estudiantes de las localidades cercanas me refiero a Purey, Antilhue , Pishuinco y Huellelhuedeben viajar a Valdivia en buses, lo que no pueden hacer desde hace ya algunas semanas. Por eso, mi intención era que el servicio de turismo que Ferrocarriles del Estado tiene allí, también sirviera para el traslado de trabajadores y estudiantes en la situación de emergencia que vive el sur. Pero en este país impera la burocracia.
Al margen de la penosa situación descrita, quiero hacer presente la importancia que cobra el ferrocarril en situaciones de emergencia climática como ésta. Ello se debe a distintas razones; las principales, a mi juicio, están vinculadas con la resistencia de su infraestructura y al buen nivel de ingeniería civil aplicado, hace casi cien años, a ese sistema de transporte. En consecuencia, son razones de seguridad en las comunicaciones las que obligan a invertir más fuerte y decididamente en el ferrocarril al sur. Los últimos eventos climáticos nos dan un nuevo argumento.
Por lo tanto, solicito que se oficie a los ministros del Interior y de Defensa Nacional, a fin de que, a través de la Oficina Nacional de Emergencia, de sus dependencias, informen técnicamente sobre la importancia relativa en materia de seguridad ciudadana y manejo de catástrofes que reviste la mantención de la línea férrea del país. Creo que el Ministerio de Defensa puede dar una respuesta, especialmente a las regiones al sur de la capital.
Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención al ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.45 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.