Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Ominami Pascual
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- DEBATE
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Rafael Arratia Valdebenito
- Rodolfo Seguel Molina
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LA TABLA.
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
- V. HOMENAJE
- HOMENAJE AL COLEGIO “PADRE ALBERTO HURTADO”, DE CHILLÁN, EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE : Rosauro Martinez Labbe
- HOMENAJE AL COLEGIO “PADRE ALBERTO HURTADO”, DE CHILLÁN, EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
- VI . ORDEN DEL DÍA
- REBAJA DE ARANCELES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Mario Alberto Acuna Cisternas
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Carlos Caminondo Saez
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Patricio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- DEBATE
- REBAJA DE ARANCELES. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Arturo Longton Guerrero
- Waldo Mora Longa
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Alberto Espina Otero
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Baldo Prokurica Prokurica
- Osvaldo Palma Flores
- Roberto Delmastro Naso
- Haroldo Fossa Rojas
- Mario Bertolino Rendic
- Maria Pia Guzman Mena
- Lily Perez San Martin
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Krauss Rusque
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Francisco Bartolucci Johnston
- Luis Pareto Gonzalez
- Felipe Valenzuela Herrera
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Juan Antonio Coloma Correa
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 31ª, en miércoles 2 de septiembre de 1998
(Ordinaria, de 15.43 a 20.59 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg; de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Naranjo Ortiz,don Jaime
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- HOMENAJE
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
VIII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 9
III. Actas 9
IV. Cuenta 9
-o-
- Ampliación de plazo a Comisión Especial Investigadora 9
- Permisos constitucionales 9
- Réplicas a alusiones personales. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento) 10
- Postergación de tratamiento de proyecto de la tabla 12
-o-
V. Homenaje.
Homenaje al colegio “Padre Alberto Hurtado”, de Chillán, en el centenario de su fundación 13
VI. Orden del Día.
Rebaja de aranceles. Primer trámite constitucional 18
VII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que deroga el artículo 2º del D.L. Nº 480, de 1974, con el objeto de someter los pertrechos de propiedad del Estado, consignados o por cuenta de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a las normas comunes de desaduanamiento de mercaderías (boletín Nº 635-05) 75
2. Moción de los Diputados señores Prokurica, Longton y Mora, que tipifica como delito funcionario la falsedad de informes por parte de los funcionarios públicos ante el Congreso Nacional (boletín Nº 2227-07) 75
3. Moción de los Diputados señores Espina, Cardemil, Galilea, don José Antonio; Prokurica, Palma, don Osvaldo; Delmastro, Bertolino, Fossa, y de las Diputadas señoras Guzmán, doña Pía, y Pérez, doña Lily, que sustituye el Nº 1, del artículo 48, de la Constitución Política de la República para fortalecer la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados (boletín Nº 2228-07) 78
Pág.
4. Moción de los Diputados señores Krauss, Cornejo, don Aldo; Bartolucci, Pareto, Valenzuela, Errázuriz, Ceroni, Coloma, Jarpa y de la Diputada señora Cristi, doña María Angélica, que establece una reforma constitucional que modifica la forma de reemplazo ante la vacancia de los cargos de senadores y diputados (boletín Nº 2229-07) 80
VIII. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los funcionarios públicos relacionados con la medida de expulsión y posterior muerte del señor Harold Lieberman, por la cual solicita el asentimiento de la Corporación para prorrogar por 10 días, a contar del 3 de septiembre en curso, el plazo para evacuar el informe correspondiente.
-Del Diputado señor Arratia, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 2 de septiembre en curso.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor Leay, enajenación terrenos fiscales por particulares en la comuna de Independencia.
-Del Diputado señor García-Huidobro, fiscalización Serviu Sexta Región.
Ministerio de Justicia
-Del Diputado señor Orpis, estadística de infracciones a la ley N° 19.284.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del Diputado señor Van Rysselberghe, inmuebles adquiridos por el Instituto de Normalización Previsional.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-De los Diputados señores Osvaldo Palma, Naranjo, Fossa, Errázuriz y Diputada señora Lily Pérez, modificación decreto que establece zona de exclusión en La Florida.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Sánchez, normativa aplicable a taxis colectivos de la Undécima Región.
Banco Central de Chile
-Del Diputado señor Ávila, licitación para la impresión de billetes.
Municipalidad de Puerto Montt
-Del Diputado señor Kuschel, proyecto de saneamiento sector General Prat.
Comisión Nacional del Medio Ambiente
-Del Diputado señor Leay, emisiones de Nox proyecto Costanera Norte.
Municipalidad de Los Lagos
-Del Diputado señor Kuschel, permisos de circulación taxis colectivos.
Municipalidades de Santa Bárbara, Estación Central, Linares, Freire y San Ramón
-Del Diputado señor José García, personal no docente.
Municipalidad de Viña del Mar
-Del Diputado señor Aldo Cornejo, detención de patinadores en Avda. San Martín.
Municipalidad de Punitaqui
-Remite información presupuestaria de la comuna.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (108)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Espina Otero, Alberto RN RM 21
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Con permiso constitucional estuvieron ausentes los Diputados señores Gustavo Alessandri, Rafael Arratia y Juan Masferrer.
Asistieron, además, los Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Jorge Leiva; de Hacienda , señor Eduardo Aninat; de Agricultura, señor Carlos Mladinic; del Trabajo y Previsión Social, señor Germán Molina, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor John Biehl. Y el Senador señor Carlos Ominami.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 15.43 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 25ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 26ª queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
La Comisión Especial Investigadora de la actuación de funcionarios públicos relacionada con la medida de expulsión y posterior muerte del señor Harold Lieberman, solicita que se le amplíe, a contar de mañana, en diez días el plazo para entregar su informe.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobada la petición.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Montes y
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para conceder los permisos constitucionales solicitados por los Diputados señores Rafael Arratia y Rodolfo Seguel para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 2 de septiembre en curso.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Para referirse a una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Melero.
El señor MELERO .-
Señor Presidente , hace un tiempo, reclamé por la necesidad de que los señores diputados indiquen el lugar o país al cual se dirigen, porque así lo establece el Reglamento. Eso se cumplió aproximadamente durante dos meses, pero nuevamente se ha dejado de cumplir con esa exigencia reglamentaria.
Por lo tanto, para conocimiento de todos los colegas, le ruego a la Mesa que haga cumplir la norma reglamentaria correspondiente.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Así se procederá en el futuro, señor diputado .
RÉPLICAS A ALUSIONES PERSONALES. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento, han solicitado la palabra, por haber sido aludidos, los Diputados señores Eugenio Tuma y Gabriel Ascencio.
Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , ayer escuché con estupor en esta Sala la intervención del Diputado Jocelyn-Holt .
Lamento profundamente que el colega haya perdido todo sentido de la realidad en su empecinada oposición al convenio Chile-Perú. Ni la arrogancia ni la prepotencia del señor diputado podrán cubrir el grave error político que cometió, guiado permanentemente por pasiones y desmedidos apetitos de figuración. Su histrionismo tampoco puede tapar su rotunda equivocación en materias tan delicadas como las relaciones bilaterales con países hermanos.
Los diputados del Partido por la Democracia jamás firmamos una presentación al Tribunal Constitucional, sino que concurrimos de buena fe y respaldamos la petición de una sesión especial. Asimismo, firmamos el proyecto de acuerdo propuesto en esa ocasión. Ésas son las dos firmas a que se refirió el Diputado Jocelyn-Holt en el día de ayer, al denostar a parte de nuestra bancada. Pero lo que nuestro colega no dijo es que el proyecto de acuerdo ni siquiera fue discutido en la Sala, ya que los fundamentos presentados por el Canciller fueron contundentes. Por lo tanto, es imposible que los diputados que firmamos ese proyecto de acuerdo, con posterioridad hubiéramos respaldado la presentación ante el Tribunal Constitucional.
Pero el afán publicitario del Diputado señor Jocelyn-Holt no ha tenido límites, y no ha tenido la grandeza de reconocer sus errores. Por eso, víctima de su porfía y de su conducta, insistió en dicha presentación, sin importarle hacer uso indebido de la firma de sus colegas.
Al diputado no le bastó con infligir derrotas a la Concertación, con tensionar inútilmente las relaciones entre el Gobierno ni con deteriorar nuestra imagen internacional; quebrantó, además, la tradición de confianza que ha existido en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados, destruyendo la buena fe que hasta ahora había existido entre los parlamentarios en el respaldo a mociones, proyectos de acuerdo y peticiones de sesiones especiales.
Su actitud confirma la necesidad de aprobar a la brevedad el código de ética de la Cámara de Diputados. Su conducta es ajena a la tradición de la Corporación. Los diputados podemos discrepar, también podemos discutir y, a veces, las pasiones nos han llevado a límites como la agresión física; pero, hasta ayer, a nadie se le había ocurrido pedir firmas de los colegas para un propósito, y luego utilizarlas con otra finalidad.
Lo más lamentable es que esta conducta corresponde, posiblemente, a un afán de publicidad y exhibicionismo, porque no me lo explico de otra manera. Aquí no se trata de ser distraídos. En la Cámara nadie está preparado para operaciones como de las que fue víctima nuestra bancada. Es más, la irresponsabilidad de este parlamentario ha llegado a tal extremo, que ni siquiera fue capaz de cumplir el compromiso de caballeros a que llegó con el Ministro de Relaciones Exteriores -del cual todo el país fue testigo-, que lo obligaba a preocuparse de que todos los parlamentarios que habían firmado la presentación se desistieran. Quedó satisfecho con la conferencia de prensa que dio, sin importarle cumplir con la palabra empeñada.
Sólo gracias a los buenos oficios de funcionarios de ese Ministerio, de diputados de la Concertación y de la Oposición y de los diputados del PPD, a quienes denostó el Diputado señor Jocelyn-Holt , fue posible retirar su equivocada presentación. El miércoles en la mañana, a pocas horas de vencer el plazo para efectuar ese trámite, el señor diputado aún no contaba con las firmas necesarias. Eso no se llama astucia, sino, más bien, irresponsabilidad.
Que quede claro. Ocho diputados del PPD tenemos la convicción absoluta de no haber entregado nuestras firmas para presentar reclamación alguna ante el Tribunal Constitucional.
La reacción histérica y desmedida del Diputado señor Jocelyn-Holt no aplacará la tremenda verdad de que por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados un parlamentario defrauda la buena fe de sus colegas, al hacer uso indebido de sus firmas.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
De la misma forma en que se procedió en la sesión de ayer, de acuerdo con las atribuciones de la Mesa, no se incluirán en el boletín de sesiones las expresiones antirreglamentarias.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , después de las declaraciones del Diputado señor Tuma no sé si debo intervenir, porque jamás había escuchado a un diputado mentir tanto. Soy testigo de lo que ocurrió verdaderamente, y sus mentiras resultan increíbles.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Señor diputado, le he concedido la palabra para que se refiera a otra materia.
El señor ASCENCIO.-
Muchas gracias, señor Presidente .
Ayer fuimos aludidos en una información de prensa emitida por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, en la que expresaba su rechazo a una campaña destinada a desprestigiar el sistema, de la cual seríamos autores los Diputados Edgardo Riveros , Andrés Palma y el que habla.
Rechazamos enfáticamente la imputación de la mencionada asociación, puesto que nuestra preocupación apunta a determinados aspectos del sistema previsional y no tiene otro objetivo que defender los intereses de los afiliados, cuestión que debiera estar en el centro de la atención de dichas entidades.
Lamentamos que la asociación que representa a los propietarios de las AFP no se haya hecho cargo de los temas planteados, y opte por entrar al terreno de la descalificación.
En relación con la declaración de la asociación deseamos señalar lo siguiente:
1) La mencionada asociación expresa: “Es falso que los fondos de pensiones hayan registrado una rentabilidad negativa en los últimos tres años, como lo señalan los parlamentarios”. A continuación, dan las rentabilidades de los años 1996, 1997 y parte de 1998.
Nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué no mencionaron el año 1995, como lo hicimos nosotros en la conferencia de prensa aludida por ellos? Simplemente, porque ese año registraron una rentabilidad negativa que, con el pobre resultado obtenido en 1996 y 1997, no ha logrado ser recuperada.
Además, no mencionan la rentabilidad de las cuentas individuales, que es lo que interesa a los cotizantes por ser neta de costos, sino que la rentabilidad bruta representada por la cuota. Es una verdad indesmentible que para un afiliado que hoy cotiza por el salario mínimo, incluso sin agregar la rentabilidad negativa del presente año, entre 1995 y 1997 su rentabilidad es de -0.23 por ciento. Tres años y medio no es un eje de tiempo reducido. Puede reflejar una tendencia que es preciso revertir, y eso es lo que demandan los trabajadores afiliados al sistema. Tanto es así que se está tramitando en el Parlamento una iniciativa del Gobierno tendiente a crear un segundo fondo que proteja a quienes están próximos a pensionarse.
2) En su declaración de prensa, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones no se hace cargo de nuestra afirmación, en cuanto a que el sistema es caro para los afiliados -más de un quinto de su cotización mensual no va a la cuenta individual; es decir, de cada mil pesos que cotizan, más de 200 pesos son para gastos de administración y utilidades de los administradores-, sino que usan como argumento la desaparición de administradoras en los últimos años, porque no habrían estado en condiciones de enfrentar la fuerte competencia al interior del sistema.
Lo real es que el costo del sistema se refleja también en las altas utilidades que hemos catalogado de sorprendentes. De ninguna otra manera se pueden señalar aquellas si las siete AFP que concentran la mayor cantidad de afiliados y fondos administrados han obtenido, entre 1995 y 1997, una utilidad sobre el patrimonio promedio acumulado en ese período superior al 96 por ciento.
En relación con la referencia que se hace en la declaración de la asociación, acerca de que uno de los diputados aludidos fue gerente general de una AFP, señalamos que, lejos de inhibirlo para emitir opiniones, ello lo habilita por su conocimiento del sistema, de sus potencialidades y deficiencias. En efecto, el Diputado señor Edgardo Riveros fue gerente general de la Administradora de Fondos de Pensiones Magister -entonces de propiedad del Colegio de Profesores- desde 1986 -año en que se democratizó ese gremio- hasta 1990, actividad de la que se siente orgulloso y de la que se retiró para asumir un cargo público con plena aprobación de la institución y de sus cotizantes.
Por último, destacamos las concordancias que se han alcanzado con el Gobierno para que, en el marco del proyecto que crea el segundo fondo, se introduzcan indicaciones que perfeccionen algunos aspectos relativos a la rentabilidad y transparencia de la información, así como la voluntad de activar el proyecto sobre costos del sistema.
He dicho.
POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTO DE LA TABLA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Antes de entrar a la tabla dispuesta para la presente sesión, diversos señores diputados me han hecho presente que, en la práctica, resultará muy difícil discutir en esta sesión el proyecto que figura en el número 2 del Orden del Día, que modifica el artículo 194 del Código del Trabajo, en materia de protección a la maternidad.
Por lo tanto, propongo a la Sala dejarlo pendiente para la sesión del próximo martes, en las mismas condiciones y tiempos de duración fijados para esta sesión.
¿Habría acuerdo?
El señor PÉREZ (don Víctor) .-
Solicito una reunión de los Comités para abocarnos a este asunto y a otros.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Entonces, no habría acuerdo.
Voy a citar a reunión de Comités en cinco minutos más.
El señor LONGUEIRA.-
Pido la palabra por una cuestión de Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LONGUEIRA .-
Señor Presidente , la reunión de Comités implica suspender la tramitación del proyecto. Queremos discutir la forma de votarlo, dado que el Gobierno ha calificado de “suma” su urgencia; de lo contrario, nos van a forzar a rechazarlo en su totalidad, a pesar de que ésa no es nuestra voluntad, porque varios artículos requieren indicaciones que no han alcanzado a presentarse.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se ha solicitado reunión de los Comités, la que se efectuará a las 16.05 horas.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, pido que se suspenda la sesión por cinco minutos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
A solicitud del Comité de la UDI, se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
V. HOMENAJE
HOMENAJE AL COLEGIO “PADRE ALBERTO HURTADO”, DE CHILLÁN, EN EL CENTENARIO DE SU FUNDACIÓN.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Continúa la sesión.
En reunión de los Comités, se acordó rendir homenaje al Colegio Seminario de Chillán , actual “ Padre Alberto Hurtado”, con motivo de celebrarse cien años de su fundación.
En nombre de la Cámara de Diputados, doy un cariñoso saludo al obispo monseñor Alberto Jara Franzoy; a don Tito Castillo Peralta, director del diario “La Discusión”, de Chillán, y al señor Sergio Reyes Santelices, rector del colegio Padre Hurtado, de Chillán, quienes están presentes en las tribunas.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jarpa para rendir este homenaje en nombre de la Corporación.
El señor JARPA (de pie).-
Señora Presidenta , gracias por permitirnos rendir, en el valioso tiempo de la Corporación, un sentido homenaje al colegio, hoy “ Padre Alberto Hurtado ”, el cual se llamaba Seminario en el tiempo en que estudié allí.
Estimados señor obispo, señor director del diario “La Discusión”, de Chillán; señor rector del colegio Padre Hurtado , de Chillán; señor presidente de su centro de ex alumnos; señores profesores, alumnos, iniciaré mi intervención con la primera estrofa del himno que por mucho tiempo tuve el agrado de entonar.
“Con el alma henchida de gozo
y ansiosa del triunfo encontrar,
sólo en Cristo hallaremos reposo,
que es camino, que es vida y verdad”.
Quiero recordar en este hemiciclo a un hombre que durante toda su vida luchó para que esta comunidad permaneciera unida y que falleció precisamente en los inicios del año en curso, cuando el colegio cumple cien años de servir a la comunidad de Chillán y Ñuble. Me refiero al sacerdote Alberto Arraño , hombre colchagüino, quien con su alma campesina irradiaba bondad, amistad y sabiduría.
La comunidad del Colegio Seminario, integrada por alumnos, profesores, padres y apoderados, me acogió a la edad de cinco años y permanecí en ella durante doce años, hasta que egresé en 1961. En sus aulas me enseñaron a libar lo mejor de sus lecciones, a cumplir nuestra misión señalada y a servir a mi patria y a Dios. Allí me inicié en el gusto por el saber, aprendí a labrar nuestra fe de granito y me enseñaron a cumplir con mi deber, lo que está inserto en lo que llamo “El espíritu ignaciano”.
Ignacio de Loyola fue militar y sacerdote; un hombre al servicio de la humanidad y de Dios. Pero San Ignacio, más que un soldado, fue un caballero, quien luego de regalar su espada y de entregar su ropa señorial, entró a servir a los pobres vistiendo el sayal. Ese espíritu ignaciano está presente hoy, porque él nos propone abrir una espiritualidad asumiendo la realidad, a ser hombres de grandes ideales y de ambiciosos sueños; pero también nos invita a capacitarnos para amar y servir. Nos insta a que sigamos luchando por nuestros ideales, pero sin desconsolarnos porque la vida nos pone límites, es decir, utopía y realismo.
En esta ocasión deseo rendir un homenaje a todos mis maestros, pero sólo mencionaré a dos que me parecen muy significativos.
En primer lugar, al hermano Carlos Llonch , con quien finalicé mi enseñanza preparatoria para las humanidades. Me inculcó la disciplina, la excelencia, el amor a las ciencias, a las artes y al deporte, todo esto en comunidad. Fue para mí un ejemplo de justicia.
En segundo lugar, al padre Enrique Álvarez Castro , con quien terminé mis enseñanzas de humanidades. Me preparó para alistarme en la universidad e ingresar a la vida laboral; me abrió los ojos a través del conocimiento científico y humanista; me inculcó la obediencia, la humildad, el pluralismo; pero, por sobre todo, la caballerosidad. Fue él quien, años más tarde, bendijera mi matrimonio con mi actual esposa, Carmen Luz , en el Colegio de San Ignacio de El Bosque, de Santiago.
Bajo estos valores se ha formado un sinnúmero de ex alumnos, que ha sido una savia importante para el progreso material y espiritual de nuestra patria.
Permítanme ustedes recordar sólo a tres compañeros que egresamos en la promoción de 1961, quienes ya no están con nosotros, pero permanecen sus recuerdos: Willy George Lara , Jorge Morales Gana y un amigo de toda una vida, Osvaldo Erbetta Walker , abogado, notario, dirigente gremial y deportivo, por cuya labor fuera premiado por los medios de comunicación de Ñuble en 1978. Además, debo nombrar a quienes hoy laboran en la ciudad de Chillán: Abraham Cerda Vásquez , abogado integrante de la Corte de Apelaciones; José Luis Giner Izquierdo , empresario, galardonado también con un premio de los medios de comunicación de Ñuble en 1987; Alfredo Jungjohann Scheblein , médico cirujano, ex director del hospital Herminda Martín , de Chillán, y Félix Martínez Rodríguez , psicólogo y actual prorrector de la Universidad del Biobío.
También me siento muy unido a este colegio, porque no sólo me acogió a mí, sino también a mis familiares: a mis hermanos Jaime y Pedro ; a mis hijos Matías y Tomás, graduado en 1994; a mi hija Julieta , quien contrajera matrimonio justamente ese año con otro ex alumno del Colegio Seminario, Rolando León Velilla . Hoy están mis sobrinos José Pedro y Hanna , y espero que el día de mañana estén mis nietos Juan Rolando y Benjamín .
Señora Presidenta , deseo hoy transmitir -y quiero ser fiel en este hemiciclo-, estas enseñanzas que he recibido de mis maestros y de mis padres, las que sintetizaré en que lo más importante que tiene el hombre es la libertad, porque eso nos define como seres racionales, lo que nos permite superar y controlar nuestros instintos, y continuar con nuestro crecimiento espiritual. Pero para actuar con la verdad, es necesario conocerla, para elegir una buena opción. Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que la verdad no es absoluta; pero sí podemos decir que cada uno de nosotros tiene la verdad de uno mismo: existe la verdad de las cosas, la verdad de las circunstancias. Pero lo que sí es claro, y cada uno de nosotros lo puede aseverar, es que la verdad más importante es la coherencia, o sea, el equilibrio entre la teoría y la práctica.
Quiero terminar mis palabras agradeciendo a este colegio lo que me ha enseñado y que he tratado de aplicar en los cargos que me ha correspondido desempeñar, lo que se puede resumir bajo un solo lema: ser hombre es amar la verdad y la libertad.
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ, don Rosauro (de pie).-
Señora Presidenta , estimados colegas, amigos de Chillán, decía un místico que cuando él se sentía más lleno de la grandeza de Dios, andaba más liviano, sus pies marchaban ágiles y sus pulmones se llenaban de brisa, porque la presencia de la virtud plena en el corazón infunde seguridad, limpia y orea; se realiza la conjunción del modelo y el espíritu que lo contempla, y realizada ella, luce la conciencia esa honrada seguridad de quien ha cumplido su deber con amor, inteligencia y responsabilidad.
Señora Presidenta , cuando solicité este homenaje realicé un acto de conciencia. Sabía desde hace tiempo lo que tenía que decir en una oportunidad como ésta, en la que el Parlamento chileno detiene su labor para abocarse algunos instantes a entregar, desde las particulares visiones de cada uno de sus integrantes, su palabra de reconocimiento y afecto a todos aquellos que en distintas épocas y circunstancias han venido construyendo esa comunidad educativa llamada hoy “Colegio Padre Alberto Hurtado ”, orgullo de la Diócesis de Chillán y de todos aquellos que, de una u otra forma, hemos estado ligados desde siempre a este prestigioso establecimiento educacional.
Por eso, al alzar mi voz en este lugar, punto de encuentro de las diferentes expresiones que constituyen la sociedad chilena, no hago otra cosa que abrir mis ojos y tender mis manos para recoger aquellas ideas que están impregnadas en el aire de mi ciudad, Chillán , que en todos esos años llovían desde los tejados y las hojas de los árboles; iban empolvadas por todos los caminos y goteaban como una sentencia de los destiladeros de su historia.
Vengo, pues, lleno de esas voces y experiencias a invitarlos a recorrer, junto a la distinguida comitiva presente esta tarde, encabezada por el Padre Obispo de Chillán , Monseñor Alberto Jara Franzoy , la historia del Colegio Padre Alberto Hurtado que hoy recibe este merecido homenaje de la Cámara de Diputados de Chile en sus cien años de existencia.
Es una verdad indesmentible que la grandeza de las comunidades no está en su tamaño ni en las formas múltiples de la comodidad material que en todos los pueblos aparecen según sus necesidades y que se acumulan en las naciones prósperas, más que por el genio especial de raza alguna, por el acicate de la ganancia que hay en satisfacerlas. El pueblo grande no es aquel en que una riqueza desigual y desenfrenada produce hombres crudos y sórdidos, y mujeres venales y egoístas. Pueblo grande, cualquiera que sea su tamaño, es aquel que da hombres generosos y mujeres puras.
Quiso Dios que, por aquellos años de fines de siglo, un sacerdote, el prebístero Vicente Las Casas, representante de esa clase de hombres que hacen los pueblos grandes, profundamente motivado por la educación de la juventud, tuviera la visión, fuerza y abnegación necesarias para solicitar al Obispo de Concepción , padre Plácido Labarca , la fundación de un seminario en Chillán, ante el anuncio del cierre del Colegio Alberto Magno, abierto en 1887.
La tenacidad y fuerza de las convicciones de este sacerdote excepcional dio, a comienzos de l898, los frutos esperados al publicarse, bajo la firma del Obispo Labarca, el decreto que declaraba fundado un “Seminario para la educación y formación de jóvenes que aspiren al estado eclesiástico bajo la especial protección del Sagrado Corazón de Jesús, que será titular del Colegio”.
Las circunstancias económicas por las que atravesaba la diócesis de Concepción impidieron poner en práctica el señalado propósito. Por ello, se empezó a trabajar con la sección seglar, y de aquellos jóvenes alumnos se iban seleccionando los que tuvieran aptitudes y vocación para el sacerdocio, quienes eran enviados al Seminario de Concepción para continuar sus estudios.
Nacía así, en ese Chillán pintoresco, de calles polvorientas, de casas de adobe y del andar cansino de su gente, un colegio que, de la mano segura del padre Las Casas, su primer rector, financista y conductor por espacio de 18 años, se iría constituyendo poco a poco en un centro donde la calidad de su enseñanza, la disciplina en el trabajo diario y el amor a Dios, le iban imprimiendo un sello distintivo a sus alumnos que los hacían destacar en sus exámenes para la prosecución de estudios superiores, la vida eclesiástica o en cualquier actividad que emprendieran.
Así, pues, la majestad de este homenaje se extiende justicieramente al padre Vicente Las Casas, que vivió y practicó los ideales cristianos y el verdadero humanismo al orientar todos sus esfuerzos hacia la verdad, la solidaridad y el bien común. Sin duda, la personalidad del padre Las Casas fue decisiva no sólo en la fundación del seminario, sino en la solidez de los cimientos sobre los cuales levantó y proyectó este colegio. De allí la gratitud con que se le recuerda en un sitio muy especial del establecimiento, y su obra, acción y principios son venerados con cristiana devoción. Su acción fecunda se proyectaría en el tiempo con el quehacer de rectores que trabajaron sin cesar hasta hoy en la construcción de los saberes, y que se esforzaron por forjar el futuro de una comunidad con incansable afán. Esos hombres se llamaron: padres Héctor Luis María Acuña , Arturo Álvarez Silva , Luis Aladino Palma Venegas y Álvaro Lavín Echegoyen , con quien se inaugura una nueva etapa en la vida del seminario: la etapa jesuita. Era el año 1944.
Los anales de la historia del colegio nos dan cuenta de que el Obispo de Chillán de ese entonces, padre Jorge Larraín , preocupado por la precariedad de religiosos para desarrollar sus ministerios pastorales, convenció a los jesuitas para que se hicieran cargo del seminario, quienes, a poco andar, con su experiencia, espíritu apostólico, mística y compromiso, transformarían a este centro de educación en uno de los más importantes y destacados de la región. Reemplaza al padre Álvaro Lavín Echegoyen , que deja su cargo para asumir como viceprovincial de los jesuitas, el padre Carlos Pomar Mardones , quien, al cabo de un corto tiempo, también es nombrado viceprovincial de los jesuitas. Es sucedido, como rector, por el padre Gustavo Arteaga Barros , al que le siguen los padres Enrique Álvarez Castro , Ferencs Déak , Jorge Escobar Olavarría , Edwin Hodgson Bolados y Sergio Elizalde Bahamonde , en cuya gestión el establecimiento abre sus puertas a las jovencitas y, al hacerse mixto, deja de ser seminario. La trascendencia de ese hecho radica no sólo en acoger a la mujer, sino también en el cambio de nombre: “Colegio Padre Alberto Hurtado ”, reafirmación de la vinculación jesuita y reconocimiento al recordado sacerdote y actual beato que durante un corto período estuvo en el noviciado de Chillán. A la administración del padre Elizalde siguió la del padre Renato Hevia , quien será el rector que cerrará, hacia 1977, el ciclo de la Compañía de Jesús en el colegio y en la ciudad.
De esa manera, y a partir de 1978, el colegio vuelve a ser administrado por la diócesis. Permanecieron en él, por razones de continuidad, durante un año, los queridos y recordados jesuitas padres Cristián Brahm , Mario Vergara y Gonzalo Larraín . El Obispo de ese entonces, padre Francisco José Cox, expresó, en el momento del traspaso, que “recibía con agrado esta nueva responsabilidad porque le asistía la certeza de que sus desvelos y la amplia colaboración ya entregada por el personal del establecimiento le permitían divisar un futuro lleno de logros”.
Así ha sido, pues el pronóstico del Obispo Cox se ha cumplido plenamente con el liderazgo de los llamados rectores laicos, señores Arnoldo Acuña Acuña, René de la Rivera Donoso y Sergio Reyes Santelices, su actual rector.
Ésa es parte de la historia oficial; pero hay otra que no queda en los registros, porque se va tejiendo día a día en las aulas, en los pasillos y en los patios, historia que tal vez la conoce íntegramente la palmera centenaria que adorna el colegio. Es que éste y todos los colegios son casa y hogar por donde pasan alumnos, profesores, directivos, funcionarios, padres y apoderados, hombres y mujeres de todas las edades y características. Pasan los años de la vida del ser humano donde suceden también los primeros momentos de aprendizaje, de formación y de madurez; años en que cada cual transita su vivir con alegrías, dolores, desasosiegos y esperanzas; años en que las estaciones de todos los calendarios traen una nueva razón al pensamiento, una sostenida voluntad de existencia, un nuevo impulso en la aventura del trabajo sin descanso. Hombres y mujeres todos que han hecho esta historia de cien años con la fuerza de la solidaridad, la inteligencia y el amor.
Los caminos del “Colegio Padre Alberto Hurtado ” están diseñados a lo largo de Chile, y nos corresponde, en particular a quienes hemos tenido el privilegio, hace ya algunos años, de recibir sus enseñanzas, caminarlos cada día como si fuera el inicio de la aventura del descubrimiento para hacernos la vía segura de la libertad y la solidaridad. En una palabra, para construir, con todos aquellos que nos quieran acompañar, los caminos del porvenir de nuestro amado país.
A la sombra de este colegio se han formado distintas generaciones. Están los que ayer y hoy luchan por una mejor educación; los que resguardan la justicia, la salud y el bien común; los que unen a la comunidad a través de la información; los que han abrazado el camino del servicio a Dios, como el padre Larry Yévenes Canales, quien, en los próximos días, se ordenará sacerdote; los que laboran en la industria, el comercio y el servicio público; los que empuñan la mancera del noble arado en la apacible fertilidad de nuestro valle, y, en fin, todos cuantos se sintieron penetrados por el ansia suprema del saber y son incansables obreros del bienestar.
Por eso, recordar es volver la mirada al pasado y también, en parte, otear el presente, reconocer la huella y sentir el espíritu de esa pléyade de educadores que, desde la autoridad primera al popular y querido “flaco”, pasando por maestros de verdad como el padre Alberto Arraño , el padre Mario Vergara , el hermano Llonch , la señora Lucía Canales, don Gabriel Figueroa, don Guillermo Ibacache, don Leonardo Cofré, don Francisco Coloma, don Daniel Pino y la señora Benita Morales , hicieron y siguen haciendo colegio con su cotidiano laborar.
En mis palabras también está reflejado el regocijado honor de compartir esta tarde feliz con estos hombres nuevos aquí presentes, como el rector don Sergio Reyes Santelices y el presidente del Centro de ex alumnos, verdadero motor de la unidad y el trabajo de quienes ya no estamos en sus aulas, don Sergio Zarzar Andonie ; todos ellos, junto a la delegación de profesores, funcionarios, alumnos, ex alumnos, padres y apoderados, y a la directiva del Centro de Alumnos que preside don Adolfo Rodríguez Gutiérrez , mantienen vivo el espíritu del padre Vicente Las Casas y se afanan también en levantar la estatua de este colegio centenario y dejar su sello a las generaciones venideras.
Señora Presidenta , mi homenaje no estaría completo si no manifestara toda la gratitud que siento por el colegio “ Padre Alberto Hurtado ”, pues, como alumno, no sólo recibí en sus aulas una enseñanza de calidad en las diferentes asignaturas, sino también algo mucho más relevante. Los profesores, con cariño, pero con férrea disciplina, me fueron inculcando principios tan importantes, y que con la madurez que dan los años se justiprecian en la medida que corresponde, como la búsqueda de la verdad, el sentido social, la amistad, el respeto y la responsabilidad en las obligaciones y compromisos contraídos, valores que han sido fundamentales en el desarrollo de mi vida y que constituyen el ideario que guía mi desempeño público.
¡Gracias recordado Seminario por lo mucho que me has dado!
Al finalizar mi homenaje de ex alumno, déjenme decirles que tengo fe en el futuro, porque los he visto, mayores y jóvenes, hombres y mujeres, trabajando como el alfarero, con fe y paciencia, por proyectarse hacia el próximo milenio, para continuar de mejor forma dando cultura y una educación integral a todos aquellos que, como yo, un día llegamos temerosos, pero con la curiosidad reflejada en el rostro, en busca de la primera lección. Esa lección primera que jamás se olvida.
Para el Seminario de ayer y para el colegio ? Padre Alberto Hurtado ? de hoy, toda la gratitud, todo el esplendor del futuro, toda la esperanza y toda la felicidad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
De esta manera, la Cámara ha rendido homenaje al colegio “ Padre Alberto Hurtado”, de Chillán.
VI. ORDEN DEL DÍA
REBAJA DE ARANCELES. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Se reanuda la sesión.
En el Orden del Día, corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ortiz.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2218-05, sesión 26ª, en 12 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 30ª, en 1 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 12.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Antes de ofrecer la palabra al diputado informante , recuerdo a los Comités que deben hacer llegar a la Mesa la lista de sus oradores, con indicación del tiempo que durarán sus intervenciones. Sólo han cumplido este trámite dos Comités.
Solicito la autorización de la Cámara para que puedan ingresar a la Sala los dos asesores del señor Ministro de Hacienda , señora María Eugenia Warner y señor Jorge Kaufmann.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz, hasta por treinta minutos.
El señor ORTIZ .-
Señor Presidente , paso a informar, en representación de la Comisión de Hacienda, sobre el informe recaído en el proyecto de ley que rebaja la tasa de los aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas.
La Comisión de Hacienda trató el proyecto en las sesiones realizadas los días 13, 17 y 19 de agosto pasado.
La iniciativa tiene su origen en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República.
Asistieron a la Comisión los señores Eduardo Aninat , Ministro de Hacienda ; Jorge Leiva , Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción; Carlos Mladinic , Ministro de Agricultura ; Jean Jacques Duhart , Ministro de Agricultura subrogante ; Jorge Marshall , Vicepresidente del Banco Central de Chile , asesores del Ministerio de Hacienda y también altos funcionarios de otros servicios públicos.
Por otro lado, concurrieron, especialmente invitados, representantes de organizaciones gremiales, cuyos nombres y cargos figuran en el informe.
Según el mensaje, la iniciativa en informe tiene por objeto rebajar la tasa general del arancel aduanero, de manera uniforme y gradual, y establecer las fuentes de compensación recaudatorias necesarias para resguardar la estabilidad económica y fiscal, el ahorro nacional y la inversión social.
El proyecto consta de ocho artículos permanentes y dos transitorios.
Cuando se inició el estudio de esta materia, el Ejecutivo planteaba una posible rebaja de tres puntos, a contar del 1º de enero de 1999; de dos puntos, a contar del 1º de enero del 2000. Por argumentaciones, diálogos y reuniones con diferentes parlamentarios, el Gobierno acordó despachar el proyecto con una rebaja gradual de un punto por año.
La rebaja gradual del arancel aduanero se hará en cinco años, de manera pareja, sin diferenciaciones, desde el nivel actualmente vigente de 11 por ciento hasta llegar al 6 por ciento en el período indicado, según el siguiente cronograma: 1º de enero de 1999, la tasa de arancel del 11 por ciento baja al 10; el 1º de enero del 2000, al 9; el 1º de enero del 2001, al 8; el 1º de enero del 2002, al 7, y el 1º de enero del 2003, al 6 por ciento.
A contar del 1º de enero del próximo año hay un alza de cinco puntos porcentuales en las actuales tasas específicas que afectan al tabaco.
A partir del 1º de enero del 2000, en dos etapas anuales sucesivas, un aumento de los impuestos que afectan a las gasolinas.
Al respecto, se ha dado mucha información distorsionada. Lo que se plantea es un aumento de 20 pesos por litro el año 2000, más 20 pesos por litro a contar del 1º de enero del 2001. No se trata de un alza de 80 pesos, como han afirmado algunas personas a través de diversos medios de comunicación.
A contar del 1º de enero del año 2002, se dispone el aumento del impuesto de timbres y estampillas a los créditos.
A partir del 1º de enero de 1999, se modifica la ley Nº 18.480, que establece el sistema de reintegro simplificado para los exportadores, eliminando el beneficio de reintegro a los insumos nacionales o nacionalizados que se destinen a la fabricación, elaboración o producción de bienes exportados y reduciendo los porcentajes de los tramos superior y medio del reintegro simplificado.
En todas las reuniones de la Comisión se aclaró que el reintegro a los insumos nacionales que se aplicará el próximo año sólo afectará a no más de cinco grandes empresas a nivel nacional.
A partir del 1º de enero de 1999, la tasa máxima de reintegro simplificado se reduce de 10 por ciento a 9; el año 2000, de 9 a 8; el 2001, de 8 a 7, y el 2002, de 7 a 6 por ciento.
A partir del 1º de enero del 2003, las tasas de reintegro simplificado subsistentes, de 6, 5 y 3 por ciento, se refunden en una sola tasa única, pareja para todos, de 3 por ciento.
Finalmente, se corrige, a contar del 1º de enero del 2003, la definición de los productos exportados que califican para el reintegro, de manera de adecuarla a las prescripciones de la Organización Mundial del Comercio.
Quiero clarificar que hay un compromiso firmado por el país, por el cual debiera expirar el reintegro simplificado, a más tardar, el 31 de diciembre del 2002.
A partir del 1º de enero de 1999, también en este proyecto de ley, se modifica la ley Nº 18.634, sobre pago diferido de derechos de aduanas, suprimiendo el beneficio del castigo de la deuda para aquellas personas que acrediten ventas al exterior de los productos obtenidos o que presten servicios al exterior con los bienes de capital que se hubieren acogido al beneficio de pago diferido o de crédito fiscal.
Las ideas matrices y fundamentales del proyecto son las siguientes:
En primer lugar, fomentar y promover la competitividad en el país, incluyendo a todos los sectores productivos y, al mismo tiempo, respetar plenamente los compromisos que el país ha adquirido con la Organización Mundial del Comercio.
En efecto, la rebaja arancelaria propuesta, junto con sus mecanismos de compensación recaudatorios, pretende incrementar la competitividad de nuestro país, tanto del sector exportador como del no exportador, profundizando el proceso de inserción económica internacional del país y, al mismo tiempo, resguardar, algo que es vital para el desarrollo de Chile, los equilibrios económicos y fiscales básicos como medio eficaz para alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Frente a las dificultades que algunos sectores de la economía tendrán para adaptarse a los desafíos de la globalización, la iniciativa se complementa con el apoyo racional de las actividades económicas y regiones sensibles, tanto de la agricultura como de la pequeña y mediana empresa industrial. Para tal efecto, se destinarán recursos e instrumentos de desarrollo que garanticen simultáneamente un alto grado de focalización y la debida competitividad con las normas internacionales del comercio.
La reducción de recursos fiscales, producto de la rebaja de aranceles, se verá compensada para mantener el nivel de la recaudación fiscal existente.
Algunas autoridades han sido reiterativas en plantear, en especial el Ministro de Hacienda aquí presente, que la mejor señal que podemos dar al mundo, en un instante en que la economía mundial enfrenta situaciones complicadas, es que en Chile está en tramitación un proyecto de ley que significa, de hecho, fomento productivo, especialmente para la pequeña y la mediana empresa.
El proyecto de ley modifica la ley Nº 18.687, que fija en 11 por ciento los derechos de aduana de las mercancías importadas.
También se modifican los artículos 3º, 4º y 5º del decreto ley Nº 828, de 1974, en que se establecen diferentes tasas de impuestos a los cigarros puros, cigarrillos y tabaco, respectivamente.
Asimismo, se modifican diferentes leyes que, para avanzar, hago presente que se consignan en el informe.
Antecedentes presupuestarios o financieros.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de agosto de 1998, entrega una estimación de la reducción de ingresos fiscales derivada de la rebaja arancelaria en el período 1999-2003; así como de la mayor recaudación fiscal que en el mismo período se produciría por las medidas compensatorias propuestas en el proyecto, que implican, de hecho, aumentar el impuesto al tabaco, a las gasolinas, a timbres y estampillas, y la supresión del beneficio del castigo de la deuda que indica y del menor gasto fiscal que se produzca como consecuencia de las modificaciones al sistema de reintegro simplificado.
Las cifras globales que representan tales estimaciones son las siguientes:
La rebaja arancelaria durante el período 1999 al 2003 significa un menor ingreso fiscal de 1.119.766 millones de pesos.
La suma de los mayores ingresos, por aumento de impuestos y la reducción de gastos por menores beneficios, significa la cantidad de 1.116.389 millones de pesos en el período comprendido entre 1999 y 2003.
La contribución del aumento del impuesto al tabaco a los mayores ingresos fiscales es de 268.506 millones de pesos en este período.
La contribución del aumento del impuesto a la gasolina a los mayores ingresos fiscales es de 449.922 millones de pesos en este período.
La contribución del aumento del impuesto de timbres y estampillas a los mayores ingresos fiscales es de 142.857 millones de pesos en el período.
La supresión del beneficio por pago diferido de derechos de aduana representaría un mayor ingreso fiscal de 64.081 millones en este período.
La eliminación de los beneficios del sistema de reintegro simplificado a los exportadores representa un monto de 53.328 millones de pesos y la reducción del porcentaje en los tramos superiores y medio de 137.695 millones de pesos en el período.
El desglose de todas estas cifras se consigna en el informe.
Con fecha 18 de agosto de 1998, el Ejecutivo formuló indicación a los artículos 6º y primero transitorio del proyecto, que permiten invocar la franquicia de castigo de la deuda en los términos que se señala, la cual tendrá un costo fiscal de 30.963 millones de pesos por el año 2002, según consta en anexos I y II del informe.
Discusión y votación en general del proyecto.
El análisis preliminar del proyecto en la Comisión se inició con la intervención del señor Eduardo Aninat , Ministro de Hacienda , quien fundamentó la iniciativa destacando el carácter gradual que tendrá la desgravación arancelaria propuesta, teniendo como parámetros la mantención del equilibrio fiscal y la necesaria concordancia con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Sostuvo que se trataba del reemplazo de un impuesto indirecto por otros de igual naturaleza.
Puso especial énfasis, en su exposición, en el significado del comercio exterior para el país. Expresó que su gravitación tiene sus fundamentos en políticas adoptadas por gobiernos anteriores, las cuales se han mantenido en el tiempo y profundizado adecuadamente, por lo que en la actualidad se manifiestan en el hecho de que más del 45 por ciento del producto total bruto de Chile esté dado por su comercio con el resto del mundo. Planteó que el proyecto constituye una señal fundamental de que el desarrollo económico del país continúa basado en su vinculación con el exterior, procurándose mejorar los niveles de competitividad de la economía. Lo anterior es concordante con el hecho de que frente a una política cambiaria como la iniciada a partir del 25 de junio último, la iniciativa se hace cargo de las limitaciones de recursos externos en la economía, proponiendo medidas para aumentar los esfuerzos tendientes a mejorar la asignación de los recursos y fortalecer el ahorro interno. Sostuvo que avanzar en el proceso de desgravación es un estímulo para lograr una mayor creación de empleos y una sostenida mejoría en los salarios.
El resto de la argumentación del Ministro de Hacienda se encuentra en la página 9 del informe.
Por su parte, el Diputado señor Carlos Montes , si bien compartió los objetivos del proyecto, planteó sus inquietudes respecto de los efectos de la crisis asiática en la mayor competitividad de productos que ingresarán al mercado nacional como consecuencia de la rebaja arancelaria.
El Diputado señor Carlos Ignacio Kuschel manifestó sus aprensiones frente a las proposiciones que se enuncian en beneficio de la agricultura.
El Diputado señor Pablo Lorenzini explicitó las dificultades existentes hoy en día para lograr que los pequeños campesinos perciban los beneficios de una rebaja de aranceles.
El Diputado señor Julio Dittborn expresó su extrañeza por el hecho de que en los cálculos realizados para estimar el financiamiento del proyecto, no se tuviera presente la mayor recaudación producto del crecimiento del PIB.
El Diputado señor José García Ruminot agregó, respecto de los programas de fomento antes referidos, que éstos han sido burocráticos y han terminado “perjudicando a los supuestos beneficiarios por las deudas que llevan aparejadas”.
El Segundo Vicepresidente de la Cámara , Diputado señor Jaime Naranjo , planteó dudas de fondo respecto de la política de rebaja pareja de aranceles propuesta en el proyecto.
El Diputado señor Enrique Jaramillo estimó que la rebaja de aranceles es negativa, en especial para la Décima Región.
El Diputado señor José Antonio Galilea formuló la siguiente interrogante: ¿qué sentido tiene haber negociado los plazos para los productos sensibles en el marco del acuerdo Mercosur si el año 2003 se bajan los aranceles generales a cero?
A pesar de todas estas opiniones y de las que diferentes diputados dimos en favor del proyecto, tomando en cuenta la situación económica del país, se aprobó en general por unanimidad en la Comisión de Hacienda.
Asimismo, se encuentran a disposición de los señores parlamentarios, en la Comisión de Hacienda, las intervenciones de los señores Jorge Marshall , Vicepresidente del Banco Central de Chile ; Ricardo Ariztía , Mario Agliati , Dominique Hachette , Vittorio Corbo , Tomás Flores , Roberto Fantuzzi , Presidente de Asexma ; y Michel Hardy , de la Compañía Chilena de Tabacos.
Todos ellos dieron a conocer su posición respecto del proyecto.
El señor Jorge Marshall analizó los efectos macroeconómicos que conlleva la rebaja arancelaria del 11 al 6 por ciento, en relación con el tipo real, la inflación, la actividad económica, el bienestar de la población y el crecimiento del país.
A título de conclusión expresó que la reducción arancelaria propuesta tendería a producir efectos importantes en el bienestar de la población, tanto por una mejor asignación de los recursos productivos como por la reducción de los costos de la desviación de comercio de los acuerdos comerciales existentes. Adicionalmente, habría un efecto positivo en la tasa de crecimiento al aumentar la tasa de convergencia del nivel de conocimiento productivo de nuestra economía a los niveles de los países desarrollados. Según el Vicepresidente del Banco Central , estos efectos positivos se traducirían en mayor y mejor empleo con el consecuente aumento de los salarios.
El señor Ricardo Ariztía enfatizó, respecto de la rebaja arancelaria, que si bien está dirigida en el sentido correcto, existe urgente necesidad de mejorar la productividad de la economía chilena.
El señor Hernán Sommerville , en representación de los bancos, manifestó que el alza del impuesto de timbres y estampillas representa un significativo incremento en el costo del crédito en nuestro país.
El señor Mario Agliati restó eficacia en el corto plazo a la rebaja de aranceles propuesta, debido a la excesiva gradualidad, y aseveró que las compensaciones afectarán en mayor proporción a los sectores de menores ingresos de la población.
El señor Roberto Fantuzzi , Presidente de Asexma , manifestó un interés principal en que se logre un efectivo fomento al sector industrial manufacturero. En relación con el desmantelamiento del sistema de reintegro simplificado, estimó necesario que los recursos liberados anualmente se destinen a lo menos en el 75 por ciento a instrumentos de fomento productivo, orientados hacia el sector Pyme manufacturero urbano que lo genera.
En este camino, como corresponde en una democracia, los cuatro ministros que participaron en la discusión del proyecto llegaron a un acuerdo con los jefes de bancada de los partidos que conforman la Concertación y acordaron un protocolo de entendimiento con fecha 18 de agosto de 1998, el cual figura en el anexo III del informe.
¿Qué plantea dicho acuerdo?
-Mantener el mecanismo de bandas de precios actualmente vigente para los productos agrícolas sensibles.
-Adoptar las medidas pertinentes a fin de que la señal otorgada por las bandas de precios en la presente y próxima temporadas no varíe.
-Implementar programas especiales dirigidos al sector agrícola, lo que significará subsidio al riego y para el programa de obras medianas y menores, para lo cual se prorrogará por un plazo de diez años la vigencia de la ley Nº 18.450. Se incrementarán los recursos destinados al programa de recuperación de suelos degradados; se establecerá la revisión periódica de estos programas a nivel de los ejercicios presupuestarios sectoriales pertinentes, como asimismo del desempeño regional de dichos programas.
-Se reafirmó el compromiso del Gobierno de apoyar especialmente a la agricultura en el contexto del acuerdo Mercosur, precisando que los recursos asignados por tal concepto son adicionales a los asignados en el presupuesto de 1996. Se especificó la voluntad del Gobierno de mantener vigentes tales recursos en régimen más allá del año 2001.
En el fondo, ello significa que de aquí al año 2003 se aumentarán los recursos del sector agrícola en riego y recuperación de suelos degradados, en 50 millones de dólares.
Se fortalecerá un conjunto específico y bien focalizado de programas que favorezcan la asociación de pequeños productores para aprovechar mercados, información y capacidad de gestión. Se revisará en forma periódica el comportamiento de estos programas y su impacto regional. Se destinarán al fomento productivo, como recursos adicionales a los establecidos en el presupuesto vigente en 1998, dos tercios de los recursos liberados por el desmantelamiento obligatorio del reintegro simplificado a los exportadores, conforme a la evolución presentada en el Cuadro I que se adjunta al protocolo. Se destinarán los nuevos recursos preferentemente a programas que tiendan a corregir distorsiones que hoy dificultan a las Pymes para alcanzar la productividad y competitividad necesarias.
Por primera vez en este protocolo, que será parte de la historia fidedigna de la ley, se contempla la creación de nuevos mecanismos, como los fondos de garantía y/o de capital de riesgo.
En ese aspecto, permítanme hacer algunas consideraciones de fondo acerca de la situación de las Pymes exportadoras y su relación con los mercados externos.
No podemos desconocer que en nuestro país se produce una paradoja que debemos resolver. En efecto, mientras nuestro desarrollo depende cada vez más del buen comportamiento del sector externo de la economía -incluso, me atrevo a decir que ya no existe diferenciación entre economía interna y externa, porque ambas están interrelacionadas-, la base exportadora sigue siendo insuficiente y no está a la altura de las circunstancias.
No puede ser que sólo un cuatro por ciento de las 150 mil Pymes que existen en Chile se encuentren exportando; es decir, apenas 5.800 envían sus productos al exterior, cifra claramente insuficiente si queremos mantener las tasas de crecimiento del producto que hemos tenido hasta ahora.
Por eso, nos preocupa la competitividad internacional que afecta a nuestro sector exportador, mediano y pequeño, que puede poner en peligro algunos cientos de miles de empleos.
A este respecto, consideramos que el protocolo firmado por los cuatro Ministros está en el camino correcto para que, efectivamente, haya una promoción en el campo productivo y exista la posibilidad de la línea de trabajo de la Corfo, de Sercotec, de Sence, de ProChile, para que la pequeña y mediana empresa, que son las que dan más empleo, se sigan desarrollando como corresponde.
La Diputada señora Marina Prochelle observó que en el protocolo no existe una referencia a la promoción del turismo, aspecto que podría significar una alternativa interesante de explorar en ciertas regiones.
Los Ministros de Hacienda y de Economía no excluyeron la posibilidad de avanzar en la dirección señalada, en el marco de la implementación de los programas de fomento futuros, no obstante que en los proyectos Profos-Corfo está presente el turismo.
Sometido a votación en general el proyecto, fue aprobado por unanimidad.
Discusión y votación en particular.
Algunos artículos se aprobaron por unanimidad y otros con votación dividida, cuyo detalle figura en el informe que los señores diputados tienen en su poder.
Señora Presidenta , dejo constancia de que el proyecto no contiene disposiciones que deban aprobarse con quórum especial; que tampoco hay disposiciones o indicaciones rechazadas, y que los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 8º no fueron aprobados por unanimidad.
Por último, en virtud de lo expuesto y de los antecedentes entregados a la Sala, recomiendo la aprobación del proyecto en nombre de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , en vista de la completa exposición del Diputado señor Ortiz, me gustaría hacer resaltar algunos de los aspectos centrales de este proyecto.
Quiero enfatizar la señal que se daría en caso de aprobarse el proyecto, los temas de oportunidad, compensaciones, promociones y apoyo que acompañan indisolublemente a la iniciativa y los desafíos que esto significa para el país.
Como se ha dicho, lo que se propone es la reducción gradual en el tiempo y plenamente compensada del arancel general desde el 11 al 6 por ciento.
Se está hablando aquí -como se discutió, diseñó y consideró en los planteamientos de diversos diputados- de una rebaja gradualizada en el plazo de cinco años, que permite complementar y hacer más profundos y efectivos los convenios bilaterales y subregionales en que hemos estado actuando como país en los foros internacionales y, a través de su fórmula de financiamiento, compensación y diseño, alcanzar mayor crecimiento, sin dejar de cautelar el financiamiento y el apoyo que se requiere en lo social.
En dos palabras, este proyecto consiste -contrariamente a los fantasmas y a las tergiversaciones que a veces se le han formulado durante la discusión pública- en reemplazar un determinado impuesto que afecta a todo el sector exportador -pequeño, mediano y grande-, y sobre todo a los que reemplazan eficazmente importaciones en las regiones del país, por algunos impuestos selectivos, moderados y a plazo al consumo.
Ése es el meollo del proyecto que aquí se presenta.
¿Por qué la señal y por qué ahora? Porque Chile se ha destacado y diferenciado en el mundo como una economía especialmente abierta y competitiva, con aranceles bajos y parejos. Sin embargo, esa ventaja tradicional del país se ha ido perdiendo gradualmente, debido a que una serie larga de otros países competidores de Chile, incluidos nuestros países vecinos, han venido acelerando esa misma política en los últimos cinco o seis años.
Es así, por ejemplo, que el Informe Global de Competitividad, que se presenta todos los años en Davoz, Suiza, indicaba que ya Chile sólo ocupaba el lugar número 36 en lo que se refiere al nivel arancelario dentro de las 50 naciones más competitivas, siendo superado ya por dos países latinoamericanos importantes.
La señal que se pretende dar es la siguiente:
En este contexto externo, donde hay incertidumbres financieras a nivel global cada vez más difundidas, es precisamente donde la rebaja arancelaria constituye una oportunidad única para que entreguemos, como nación organizada, una señal específica a los mercados de que Chile continuará avanzando y profundizando su proceso de modernización.
Esta iniciativa propone una reforma estructural de largo plazo, que no debe ser debatida -y así lo pido a esta honorable Sala-, con una visión cortoplacista o sesgada. Estamos entregando, con una visión de Estado, más grados de certidumbre y confianza a nuestros sectores productivos -a la pesca, a lo forestal, a lo agroindustrial, a la industria manufacturera- y a los servicios a lo largo de todo el país, en un momento en que es especialmente importante dar más confianza y certidumbre a la imagen internacional del país.
Desde el punto de vista técnico de diseño del proyecto y de presentación del mismo, el Poder Ejecutivo entrega a la consideración de la honorable Cámara -y ciertamente con las mejoras que se le han introducido en la discusión en las Comisiones- un proyecto -diría- poco usual, ya que tiene el apoyo consensuado de una enorme cantidad de académicos, de prácticamente la totalidad de los gremios productivos, del Banco Central y de los analistas que se especializan precisamente en los temas de comercio exterior y de desarrollo.
Se ha estimado que esta rebaja gradual de cinco puntos porcentuales en el arancel representa un aumento general neto en el bienestar de la nación de 600 millones de dólares o más, la creación de casi 100 mil nuevos empleos en este lapso, la elevación acumulativa de la tasa de crecimiento en el largo plazo y un estado de competitividad y productividad para una serie de sectores productivos que es necesario alcanzar precisamente en este estadio de desarrollo del país. Sin embargo, sabemos que algunos subsectores específicos de la economía nacional necesitan tiempo para adaptarse a los cambios. Por eso, el Gobierno ha estado llano -y se ha trabajado para incorporar la idea, posición, análisis y argumentación de una serie de parlamentarios, especialmente de la Concertación-, para acompañar el proyecto con un protocolo formal que asegura principios de compensación y apoyo, específicamente orientados a la agricultura tradicional vulnerable y a áreas específicas de las Pymes industriales.
Dicho protocolo de acuerdo, que, suscrito, ha quedado incorporado, como señalaba el Diputado señor Ortiz, en el acta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, privilegia e implementa un conjunto de programas adicionales, específicamente orientados a incrementar la productividad de cierta agricultura y de la pequeña y mediana empresa, para complementar el proyecto arancelario con un mejor aprovechamiento de las ventajas de estos sectores.
Las medidas adoptadas para dicho efecto son tres: beneficios específicos para la agricultura, adicionales a los ya comprometidos con el proyecto del Mercosur; el fortalecimiento y focalización de los programas de fomento y promoción productiva orientada a la pequeña y mediana empresa de todo tipo, y el envío de un proyecto de ley de salvaguardia, antes del 30 de septiembre de este año, para resguardarnos y evitar escenarios o casos de importaciones excesivas.
Por lo tanto, aquí hay un balance y un equilibrio en la presentación de la iniciativa, una profundización de la misma, de modo tal que todos los sectores puedan aprovechar los beneficios de este importante proyecto de ley.
También existen compromisos de trabajo de los Ministerios de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción, y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para buscar la fórmula que dé garantías a todos los sectores parlamentarios de focalizar en mejor forma los recursos adicionales que se han programado, y seguir y monitorear el desembolso efectivo y eficaz de los mismos.
Pero queremos hacer todo esto con una visión de Estado que -quiero ser claro- no considera a la agricultura tradicional de Chile ni a la pequeña y mediana empresa industrial del país como sectores discapacitados o ineficientes, sino que, muy por el contrario, avanza con una visión de futuro para fortalecer su status productivo, favorecer su calidad de empleo y, sobre todo, la productividad de los recursos allí invertidos. No obstante, en un proyecto en que, como señala el informe financiero, el costo financiero fiscal alcanza a casi 400 mil millones de pesos, es necesario cautelar las medidas compensatorias fiscales que la aplicación gradual de las rebajas arancelarias amerita.
Hemos elegido los impuestos selectivos más moderados posibles, cuya viabilidad presentan las finanzas públicas del país. Se han gradualizado y calzado en el tiempo, con el fin de no incurrir en recaudación fiscal neta adicional o faltante; es decir, cautelando los equilibrios macroeconómicos y cumpliendo todos los compromisos con la Organización Mundial de Comercio. O sea, este proyecto también aprovecha la oportunidad para mejorar la calidad de nuestras instituciones orientadas al fomento del comercio exterior y a la sustitución de importaciones.
Todos sabemos que la compensación de los menores ingresos fiscales es indispensable por una serie de razones. Como todos los especialistas han indicado, en un mundo más incierto, con un ciclo económico adverso, sería impensable, inimaginable, que la honorable Cámara nos pidiera otorgar los beneficios arancelarios -que son consensuales-, sin financiar ni recaudar, gradualmente en el tiempo, los tributos específicos indirectos. Ése sería un proyecto irresponsable, que me atrevería a tildar de populista. El proyecto que se ha presentado aquí es de equilibrio fiscal, de profundidad de nuestra apertura y aprovecha esta oportunidad para avanzar.
Quiero subrayar especialmente ese último punto. Aquí tenemos la ocasión de dar al mundo una señal de Estado, de visión como nación, de que Chile, a pesar de la crisis asiática que golpea ya a más de catorce países, no retrocede, no permanece pasivo, sino que orienta sus decisiones con una perspectiva de mediano y largo plazo, pasando por sobre la coyuntura, pero en forma responsable; gradualizando la rebaja arancelaria, compensándola en el tiempo con los impuestos específicos más apropiados para el caso, complementando fuertemente el apoyo a la agricultura y a las Pymes industriales, y señalando al mundo que Chile sigue en la delantera y no en la retaguardia respecto de su profundización de orientación a un comercio exterior eficaz, de creación de empleos de calidad, con mejores salarios y especialmente orientado a apoyar el proceso de regionalización en todo el país.
Queremos que a la hora de la votación, los señores diputados y las señoras y señoritas diputadas presentes, ponderen también, con una visión regional de Estado de largo plazo, lo que se presenta con este proyecto de ley y que sepan que para el Gobierno pudo haber sido más cómodo permanecer con un arancel alto de 11 por ciento, no acometer esta reforma y no recurrir a las compensaciones; pero, de esa manera, nos arriesgaríamos a seguir perdiendo lugares en esta lucha de globalización, inevitable e inexorable para el mundo de fines del siglo XX.
He dicho, señor Presidente.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Recondo hasta por ocho minutos.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , el proyecto de ley que nos ocupa arranca de un concepto económico que no sólo compartimos. En efecto, también nos sentimos parte de su implementación y éxito en Chile, a través de la política económica del gobierno militar.
Por lo tanto, en lo conceptual, entiendo perfectamente las ventajas y beneficios de esta apertura unilateral de la economía que el Gobierno nos propone a través de la rebaja de aranceles. Sin embargo, en mi opinión -hago esta salvedad, porque ésta no es una visión compartida por la totalidad de mi bancada, por lo que no la represento con estos juicios-, lo conceptual permite un mínimo grado de flexibilización, tanto en los instrumentos como en la mente y en el corazón de las autoridades económicas.
¿Por qué digo esto? Porque esta flexibilidad estuvo presente cuando la Concertación, a partir de 1990, cambia la estrategia de apertura unilateral por una bilateral o multilateral, a través de acuerdos comerciales con países vecinos o del continente, como Canadá, México , los asociados al Mercosur, etcétera. Ese cambio demostró que es posible una flexibilización. ¿Por qué entonces hoy el Gobierno varía su criterio y plantea una posición rígida? ¿Por qué las consideraciones que tuvo en cuenta para incorporarse al Mercosur no son válidas hoy? No lo entendemos. Los criterios usados en esa ocasión siguen teniendo vigencia hoy. Los productos sensibles: carne, leche, trigo, azúcar, aceite, son de la agricultura tradicional, que preferentemente se producen desde la Octava Región al sur.
Los países del Mercosur representan el más bajo costo de importación para Chile, y ese acuerdo -con mayor rapidez a través de este proyecto de rebaja de aranceles- es, en la práctica, un vector de precios equivalente al libre comercio total en dichos bienes, que nos lleva inexorablemente al libre comercio y, en lo conceptual, es coincidente con el interés de este proyecto de ley.
En esa oportunidad, se tuvo en cuenta que el sector de agricultura tradicional enfrentaba el desafío de transitar con el mínimo de traumas posibles hacia el estado de libre comercio total, al que ha sido destinado como consecuencia del tratado con el Mercosur y luego con Canadá. Este desafío es más agudo y complejo, porque las economías del Mercosur, especialmente de Argentina y Brasil, producen los costos más bajos del mundo como consecuencia de sus ventajas comparativas y competitivas inigualables para Chile y, en particular, para las regiones del sur del país. Es decir, el tránsito de nuestros agricultores no será posible por la vía del aumento de productividad o de capitalización para alcanzar los niveles de costo que permitan competir. Esto, en el plano conceptual, debería significar que la correcta asignación de recursos en la economía hace inconveniente invertir en estos rubros y, por tanto, es más eficiente que esta actividad no exista.
Si esto es exactamente así, digámoslo con todas sus letras. ¿Por qué no se dice y se asume? Porque existe clara conciencia de que no es razonablemente posible someter a dos millones de chilenos a una incertidumbre tan grande. Tan claro es este razonamiento que la autoridad lo reconoció en el Mercosur y negoció una desgravación paulatina.
Estamos frente a un cambio de las reglas del juego de la agricultura tradicional que es inaceptable para cualquier sector productivo. Estamos frente a una coyuntura difícil y en medio de un ajuste económico que, con las altas tasas de interés actuales y los niveles de precios y rentabilidad, hacen impensable que el tránsito de la agricultura a mejores productividades sea posible ni siquiera un centímetro. Por tanto, este proyecto está profundizando la crisis de la agricultura tradicional.
¿Qué permitiría que el tránsito de la agricultura hacia el libre comercio sea menos traumático? Con este proyecto se empieza a definir el futuro para la agricultura tradicional y, como la autoridad no se atreve a decirlo, lo diremos nosotros.
El tránsito de la agricultura significa que cien mil familias de minifundistas -aproxi-madamente quinientas mil personas- más ciento veinticinco mil familias de pequeños agricultores, que constituyen grupos de productores de rubros de la agricultura tradicional, deberán abandonar el campo. Tendrán un plazo de cinco años para convencer a las nuevas generaciones que deberán formarse, educarse, para una ocupación distinta a la del agro, porque su destino ya no estará allí.
Otro grupo de ciento cincuenta mil familias de medianos agricultores, que no podrán hacer frente al tránsito hacia el libre comercio, deberán vender sus tierras o asumir que en los próximos años deberán trabajar más duro, pero para ser más pobres que hoy.
El Gobierno les exige esta definición, y los parlamentarios de la Concertación se suman a esta exigencia sin ofrecer una ayuda real que les facilite el tránsito hacia el libre comercio.
Es oportuno dejar en claro ante el país que los discursos de compromiso con la agricultura de los parlamentarios de la Concertación no es más que eso: discursos. Aquí está la carta-compromiso de 72 señores diputados para rechazar este proyecto por no otorgar posibilidades para enfrentar este tránsito obligado de la agricultura. Sin embargo, hoy, ante la presión del Gobierno, han borrado con el codo sus firmas a cambio de suscribir un protocolo de entendimiento que teóricamente otorga compensaciones que, en la práctica, son un chiste burocrático. En este protocolo se parte por comprometer la mantención de las bandas de precios para algunos productos, como si este instrumento hubiera estado en discusión en la negociación; por tanto, su permanencia no significa nada nuevo. Es una compensación con subida de impuestos. La creatividad propia de este Gobierno no ha sido capaz de encontrar otro mecanismo de compensación que meterle la mano al bolsillo a todos los chilenos.
No me extenderé en este tema, porque lo abordarán los Diputados señores Dittborn y Álvarez .
Lo mínimo que deberían haber exigido los parlamentarios de la Concertación antes de dar la espalda a la agricultura es conocer las cifras que se presentan como presupuesto vigente en aquellas áreas donde se quiere apoyar. Sólo de esa manera se conocerá el piso con el cual se está trabajando y podremos evaluar posteriormente su efectividad. Lo mínimo que se debe conocer es el ítem presupuestario al cual se asignarán estos recursos. Así quedará claramente fijado el destino de los mismos; es decir, para qué fines y para qué tipo de agricultores se entregan.
Según información del Ministerio de Agricultura, de 500 millones de dólares del Mercosur sólo se han entregado 52 -es decir, el 10 por ciento- durante 1997 y está pendiente...
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiempo, señor diputado .
El señor RECONDO.-
...el 90 por ciento para el período comprendido entre los años 1998 y 2001.
La coyuntura económica actual hace menos creíble el cumplimiento de estas compensaciones. La burocracia y la falta de transparencia oscurecen su destino. Los agricultores y campesinos ya no comulgan con ruedas de carreta, y -digámoslo hoy con claridad y honestidad- este proyecto del Gobierno -y sus parlamentarios- no soluciona sus problemas, sino, por el contrario, se los crea y mantiene para un futuro que será, a partir de hoy, mucho más incierto y angustiante. No me parece justo ni socialmente aceptable que un importante sector de chilenos acceda a la transición del libre comercio sin la ayuda que necesitan ante tan desiguales condiciones de competencia. Espero que el Senado de la República tenga una actitud de mayor racionalidad y flexibilidad para con ellos.
Por eso, votaré en contra del proyecto de ley en discusión.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor Diputado , ocupó 9 minutos; es decir, la totalidad del tiempo que tenía asignado.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señora Presidenta , el proyecto de rebaja de aranceles constituye una reforma estructural de grandes proporciones. Desde el principio planteamos nuestro acuerdo, porque servía para apoyar las metas de inflación y favorecía a los consumidores, y porque aumentaba la capacidad sistémica de la economía chilena.
Sostuvimos tres criterios básicos que, a nuestro juicio, fueron incorporados: una reducción gradual para evitar shocks sobre las pequeñas y medianas empresas exportadoras y sustituidoras de importaciones, una reducción pareja para evitar que la protección de algunos subsectores implicase la desprotección de otros, y una reducción compensada tributariamente, no sólo para mantener los ingresos y gastos fiscales históricos, sino para sustituir aranceles por impuestos más progresivos.
Sin embargo, consideramos que el diseño tributario es todavía perfeccionable. Hay que revisar el impacto del impuesto de timbres y estampillas que pueda afectar a sectores de menores ingresos. Hay que ver la manera de incorporar algunas disposiciones adicionales para convertir las empresas mineras en sociedades anónimas más transparentes, para incorporar, eventualmente, un impuesto a las ganancias de capital en parcelas de agrado y a la compraventa de terrenos urbanos eriazos o desocupados.
Este proyecto no sólo consiste en una rebaja gradual, pareja y compensada de aranceles. También incluyó el desmantelamiento de dos importantes instrumentos de fomento exportador: el desmantelamiento gradual del reintegro simplificado de exportaciones y el castigo del pago diferido de aranceles por importaciones de bienes de capital. Como se sabe, estos instrumentos están prohibidos por la OMC y Chile se comprometió a desmantelarlos de aquí al 2003. El desmantelamiento de ambos instrumentos libera recursos fiscales que representan un 22 por ciento de la compensación fiscal que requiere la reducción arancelaria. Ambos instrumentos representan alrededor del 40 por ciento del gasto total en fomento productivo realizado entre 1994 y 1997. Con estos recursos se elevaron de 3.000 a 5.000 las empresas exportadoras entre 1990 y 1997, y las exportaciones industriales subieron de 11 a 23 por ciento en ese mismo período.
En consecuencia, el proyecto combina reducción de aranceles y desmantelamiento del fomento exportador. Esta situación motivó dos grandes preocupaciones de la bancada socialista. No sólo se trata de compensar tributariamente la rebaja de aranceles. A nuestro juicio, es fundamental fortalecer el fomento productivo, orientado a tecnología, capacitación, producción limpia, capital de riesgo, y elevar la capacidad del país frente a la competencia desleal y práctica sistemática de dumping que se ha venido observando.
Apoyamos plenamente el protocolo de acuerdo, porque incorporó estos criterios básicos de manera satisfactoria, en particular, la revisión del sistema de salvaguardia. Nos parece que con estas condiciones el proyecto presenta una importante consistencia financiera y de política económica.
Sin embargo, pensamos que el proyecto también contiene una imperfección que debe ser corregida, en relación con el adelanto innecesario del desmantelamiento del castigo al pago diferido de aranceles de bienes de capital. Creemos que no podemos autolimitarnos al 2003. Al restringirse a esa fecha, se provoca un aumento de los aranceles por bienes de capital antes de lo que corresponde. Esto es inconsistente con los objetivos del proyecto de reducir aranceles.
Además, nos parece que es conveniente hacer una reflexión más amplia. Hacia el año 2003, los aranceles nominales estarán en 6 por ciento, pero los reales estarán, en promedio, entre el 3 y el 4 por ciento. Ello consolidará una apertura comercial y financiera. Chile, en este contexto, será altamente vulnerable a las inestabilidades y fluctuaciones comerciales y financieras, lo que conlleva a desafíos sociales, productivos y regionales de gran envergadura. En este marco es fundamental un enorme desarrollo y fortalecimiento del fomento productivo, lo cual exige que sepamos mantener la estabilidad macroeconómica y desarrollar un sistema de protección social más moderno y adecuado. Chile debe asegurar la gobernabilidad de los procesos de internacionalización de su economía.
Es necesario ir revisando y fortaleciendo nuestra institucionalidad regulatoria, adecuándola a los nuevos contextos, y es indispensable fortalecer y dar gran significado, en la conducción económica, al fomento productivo, especialmente diferenciado por regiones.
Ésas son piezas fundamentales de la estrategia de desarrollo económico con estabilidad para Chile en la próxima década.
Con este proyecto se está iniciando una discusión sobre un tema mucho más profundo que una mera reducción de aranceles: la estrategia de desarrollo económico de los próximos años.
Para terminar, quiero expresar mi preocupación por la oportunidad en que se materializa la reducción de aranceles y el desmantelamiento de los instrumentos de fomento exportador prohibidos por la OMC.
Como decíamos, ésta es una reforma estructural necesaria y debe iniciarse cuanto antes. Sin embargo, en el contexto de la crisis asiática, de la rusa, ante los riesgos de recesión mundial, debemos tomar todas las precauciones para evitar que esta reforma eleve nuestra vulnerabilidad económica, social y regional.
El tema del deslizamiento del valor del dólar debemos ponerlo en el centro del debate de la conducción macroeconómica. Es necesario que su valor esté de acuerdo con la situación real.
Quiero valorar la decisión del Presidente Frei de poner el problema del desempleo como el eje de la discusión presupuestaria y de política económica.
Es necesario comprometer a los empresarios en mantener los niveles de empleo. Deben entender que los abusos que se cometen con la rotación, con los despidos arbitrarios e injustificados están perjudicando al conjunto del país.
Es indispensable que el Estado también diseñe instrumentos para enfrentar solidariamente y con medidas efectivas de protección social el desempleo. Por ejemplo, el sistema de becas establecido en la ley sobre ampliación de jornada escolar, debe extenderse a los colegios con financiamiento compartido a fin de que los padres desempleados que tienen allí a sus hijos puedan enfrentar el pago.
Con respecto a las cuotas de viviendas Serviu que deben pagarse en el Banco del Estado de Chile, debe crearse un mecanismo que permita enfrentar ese gasto ante la eventualidad del desempleo.
También debe permitirse al desempleado acceder a la salud pública, no obstante haber estado afiliado a una Isapre.
En definitiva, no queremos enfrentar el desempleo como se hizo en otras oportunidades. Ahora se requiere un enfoque solidario y responsable del conjunto de la sociedad, del Estado.
La discusión sobre los aranceles también debe incluir el corto plazo, dada la coyuntura que se está viviendo.
Votaremos a favor del proyecto porque implica una reforma estructural de gran importancia. Además, el hecho de que la gradualidad sea pareja y compensada, asegura que será coherente con los objetivos globales de desarrollo del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Kuschel , hasta por cinco minutos, de acuerdo con el tiempo dispuesto por su Comité.
El señor KUSCHEL.-
Señora Presidenta , Renovación Nacional considera positiva la idea de la rebaja arancelaria general de 11 a 6 por ciento, en un plazo de cinco años. No nos gusta la forma, no nos gusta el cómo, y por eso rechazaremos el proyecto.
Se trata de una medida muy positiva para la competitividad del país, que fortalece el tipo de cambio y el sector exportador. Ella estaba pendiente desde 1996, cuando se aprobó la asociación al Mercosur, ocasión en que Renovación Nacional convino con el Gobierno en la necesidad de efectuar una rebaja unilateral, a fin de compensar las desviaciones de comercio.
Actualmente, las tarifas arancelarias no son uniformes como consecuencia de variados acuerdos comerciales, que arrojan un gravamen externo diferenciado que va desde 0 a 11 por ciento. Además, hay que considerar algunas sobretasas especiales, como las que se aplican a la ropa usada, a los automóviles, a las bebidas alcohólicas, así como otras protecciones paraarancelerias de importancia en productos y zonas del agro.
La última reducción se hizo en 1991 y fue de cuatro puntos. En esa oportunidad, las rebajas se aplicaron correctamente, esto es, sin compensación con otros impuestos. Primó la convicción de que la reducción de las tasas es positiva en sí misma por su efecto favorable en la asignación de los recursos, en el ingreso real de las personas y familias más pobres, en la posición competitiva del sector exportador y de toda la actividad productiva nacional.
Los aranceles también se han reducido sin compensación tributaria en el caso de los acuerdos comerciales y del Mercosur, a pesar de los dudosos efectos positivos de estos convenios en muchos casos.
La evidencia ha demostrado en estos años que con el solo crecimiento económico, la reducción regular de la evasión tributaria y una adecuación y reasignación del gasto público bastan para efectuar la compensación, sin necesidad de alzar más los impuestos.
El ideal de realizar un ajuste fiscal que ayude a mejorar las cuentas externas dañadas por la crisis asiática y la exagerada expansión del gasto en los últimos años, nuevamente se dice que no es posible.
Es evidente que las expectativas deterioradas podrían cambiar si, junto a la reducción arancelaria, se anunciara una moderación del gasto público, acorde con las nuevas proyecciones de aumento del producto y del menor precio del cobre.
Mirando al mediano plazo, el Fisco tendrá holgura financiera derivada de sus menores compromisos previsionales.
Rechazamos las formas de compensación de esta rebaja arancelaria. El alza del impuesto específico a los cigarrillos está llevando a que algo menos del 80 por ciento del precio final de cada cajetilla sea impuesto, y sólo cerca del 20 por ciento quede para repartirse en la producción y la distribución.
Como me dijo un joven hace poco, es más barata la droga que el tabaco. Es un verdadero “cogoteo” a la actividad del tabaco.
El alza del derecho de timbres y estampillas introduce un costo demasiado alto a las transacciones de servicio financiero y vuelve a alejarnos del propósito de ser un centro financiero en América.
Si una persona quiere cambiarse de un crédito, por ejemplo, de 9 por ciento anual a uno de 8 por ciento, con el impuesto le conviene quedarse en el crédito caro.
Mucho más grave es el alza del impuesto específico a la bencina especial. Junto con gravar el uso de los vehículos con convertidor catalítico, cuya compra el propio Gobierno estimuló, incluso eximiéndolos del calendario de restricción vehicular, afecta sobre todo a las regiones. Pero lo más grave es que en las ideas matrices se mencionan sólo aspectos relativos a situaciones en la Región Metropolitana, en circunstancias de que se aplicarán a todo Chile.
Con este tributo se encarece una gran proporción de los pasajes y fletes de las personas y sectores productivos de las regiones, especialmente de las más alejadas del centro del país. En realidad, éste es un impuesto a las regiones, a la clase media y a los más pobres.
Otros colegas se referirán al grave impacto que esta rebaja tiene sobre la agricultura, especialmente en la de las regiones Séptima a Duodécima, es decir, en seis de las trece regiones del país. Por eso, sólo quiero decir que el acuerdo alcanzado entre representantes del Ministerio de Hacienda y los diputados de la Concertación no es bueno y está mal concebido. No garantiza la superación de las falencias de la agricultura, sector que el Gobierno tampoco impulsará.
Por otra parte, los mecanismos para garantizar la libre competencia y la importación leal siguen sin operar. En la práctica, la agricultura chilena compite con la subvencionada y distorsionada en los países más ricos del mundo, cuyos productos llegan baratos y la Oficina de Distorsiones no actúa. Es más, las personas y las empresas han dejado de recurrir a ella.
En los años de gobierno de la Concertación, nunca se han cumplido los compromisos con la agricultura.
Por último, sólo quiero expresar mi malestar por la situación que afecta a la pequeña y mediana empresa, pero no tengo tiempo para profundizar sobre la materia.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , quiero precisar al Diputado señor Kuschel, al menos, dos aspectos, sin perjuicio de recoger, más adelante, algunas expresiones que vertió el Diputado señor Recondo.
El impuesto de timbres y estampillas entraría en vigencia el año cuarto de la reducción arancelaria. Es a bastante plazo y el recargo específico que se postula es, prácticamente, de la tercera parte o menos del 1 por ciento.
La actual estructura legal de ese impuesto no tiene cambio. No se va a gravar al sector exportador ni las operaciones hipotecarias, menos las que tengan implicancia en el mercado hipotecario social de vivienda.
El recargo a los créditos de consumo, especialmente a menos de un año, es decir, a cortísimo plazo, por el impuesto de timbres y estampillas, tiene un efecto moderado o parcial.
Según un cálculo que hemos hecho, una persona endeudada en un millón de pesos a menos de un año, tendría el recargo de 340 pesos al mes en el interés. Ése es el esfuerzo que se le pide. Es muy distinto a la alocución que escuchamos.
Respecto de los combustibles, quiero precisar que hemos entregado a la Comisión de Hacienda -y podemos hacerlo de nuevo- los cuadros actualizados del INE. Según la encuesta de gastos familiares, el grueso del gasto por este concepto en automóviles está concentrado en los quintiles cuarto y quinto, o sea, en los superiores, de ingresos más ricos.
Además, expresamente se ha dejado fuera cualquier gravamen al kerosén y al diesel. Por lo tanto, no hay ningún efecto sobre el transporte público.
La recaudación del primer recargo del impuesto a la bencina será a más de 19 meses. El otro, en un contexto de declinación sistemática del precio real del petróleo derivado y de la gasolina en Chile, será en una larga serie de más de diez años. Entregaré el documento con este antecedente a la Sala.
Gracias.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.
El señor ACUÑA.-
Señora Presidenta , ante el anuncio, hace varias semanas, del envío a la honorable Cámara por su Excelencia el Presidente de la República del proyecto que rebaja la tasa de aranceles a las importaciones e introduce modificaciones a normas tributarias y económicas, 17 diputados de la Democracia Cristiana, a través de una carta al Ministro de Hacienda , hicimos ver nuestras aprensiones por las dificultades por las cuales atraviesan muchas regiones, especialmente algunas comunas que representamos.
En esta oportunidad, debo reconocer la gran receptividad que el Gobierno del Presidente Frei ha tenido frente a nuestros planteamientos.
Así, se logró el acuerdo al que hizo referencia el Diputado señor José Miguel Ortiz en su informe.
Ese protocolo pretende mejorar la estructura y la tecnología de los pequeños y medianos agricultores de la zona sur, promover la asociatividad en regiones, mejorar la gestión, para lo cual se dan recursos y generan nuevos instrumentos.
Como han dicho diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, el sur de Chile produce carne, leche, remolacha y trigo, productos y cultivos tradicionales que tienen problemas.
Para nadie es un misterio que los 25 dólares per cápita para subsidiar a la agricultura son una cifra ínfima si se compara con los 934 de Suiza, 698 de Japón, 370 de la Unión Europea, 293 de Estados Unidos y 200 de Canadá.
Esa gran cantidad de dólares con que esos países subsidian a la agricultura justifican las compensaciones que solicitamos.
Ahora, como el Gobierno nos escuchó, contribuiremos con nuestros votos favorables, conscientes de la visión de Estado que debemos tener en proyectos de esta envergadura. Sin embargo, queremos precisar que con los 50 millones de dólares al año para aportes especiales a la agricultura, sólo se elevará el subsidio per cápita a que hice referencia de 25 a 28,5 dólares.
O sea, la ayuda es buena, pero no tanto. Se focalizará a la fosfatación de suelos y al fomento de obras de riego. Pero nada se dice de algo que también está en el protocolo, y que mencionaré para la historia fidedigna de la normativa en discusión: el compromiso del Gobierno de enviar un proyecto que prorrogue por un período de diez años la vigencia de la ley Nº 18.450, de fomento al riego.
Los recursos a que me refiero son para riego predial y para los programas de riego de obras medianas y menores, los Prom.
Estamos dispuestos a responder a la señal que nos ha dado el Gobierno. Nos preocupa la oportunidad. Las compensaciones no nos satisfacen del todo, pero el señor Ministro ha empeñado su palabra para que en la próxima ley de presupuestos -quiero resaltarlo en esta oportunidad- se incluyan las materias que faltan.
Por último, invito a los colegas de la Oposición de las regiones del sur a que enfrentemos en conjunto los desafíos a que hacía mención el señor Ministro , puesto que estoy cierto de que, a pesar de este proyecto y de las compensaciones, a la agricultura del sur le esperan momentos difíciles.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos y medio, el Diputado señor Rocha.
El señor ROCHA.-
Señora Presidenta , el proyecto de ley que hoy nos convoca es el producto de largas conversaciones. En efecto, a través de una mesa de diálogo se ha logrado un consenso que el país deberá reconocer.
El tema es sensible, porque el contenido del proyecto genera importantes consecuencias de tipo económico que, sin duda, causarán trastornos de gran magnitud, especialmente en algunos sectores. Sin embargo, se han escuchado planteamientos reticentes a aprobar esta iniciativa, y confío en la capacidad de las autoridades financieras y económicas del Gobierno para acoger dichas inquietudes.
Al realizar un elemental análisis del proyecto se puede advertir que los reclamos e inquietudes fueron modificando la iniciativa original. Desde ya, fue debidamente recogida la gradualidad, importante y básica aspiración de muchos diputados representantes, fundamentalmente, de las zonas agrícolas, en las cuales existe una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas.
Se mantienen las bandas de precios, materia fundamental destinada a proteger los productos sensibles a las fluctuaciones de los precios internacionales, teniendo especial cuidado de que las señales otorgadas por las bandas en ésta y en la próxima temporada, no sufrieran variación alguna, con el objeto de no afectar -como dice textualmente el protocolo de entendimiento- “las variables que incidieron en la decisión de siembra de los agricultores”.
Deseo destacar en forma especial la decisión del Supremo Gobierno de incrementar los recursos destinados al riego y, junto con ello, el compromiso asumido por el mismo de enviar un proyecto destinado a prorrogar por diez años la vigencia de la ley Nº 18.450.
Sin embargo, desde esta tribuna deseo pedir al Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para que, efectivamente, se cumpla con la finalidad de este proyecto de ley, de manera que los agricultores, especialmente los más pobres, puedan acceder a los subsidios y programas de riego. En el distrito que represento he podido comprobar que la ley en referencia no es aplicable, no porque sea mala o porque no haya recursos para cumplir con los objetivos, sino porque el elemento humano destinado a ejecutar los proyectos sencillamente no existe, con lo que se priva a importantes sectores agrícolas de los beneficios de dicha ley.
Según me he informado, en la provincia de Arauco sólo hay un profesional que está en condiciones de elaborar estos proyectos y debe distribuir su tiempo entre la Octava y Novena regiones, corriendo el riesgo de que los proyectos no seleccionados en los concursos no le sean pagados, a pesar de los recursos económicos y tiempo invertidos.
Además, pido que la prórroga de la ley de riego que se presente a este Congreso Nacional considere especialmente la situación de sectores mapuches que, por la forma de propiedad que los ampara -sin título de propiedad individual-, en muchos casos también quedan fuera de la ley, condenándoseles a la postergación y al atraso indefinidos.
Por eso, celebro que exista la decisión del Gobierno de revisar en forma periódica el cumplimiento de los programas dirigidos al sector agrícola, destacándose en este sentido el énfasis que deberá ponerse al examen regional de dichos programas.
En cuanto a las Pymes, también se ha convenido en evaluaciones semejantes a las agrícolas, lo que revela el interés del Gobierno por fortalecer este tipo de asociaciones, capaces de absorber mucha mano de obra.
Al intervenir en este debate, mi interés era recoger sólo algunos aspectos de este proyecto que se somete a nuestro conocimiento y decisión, y manifestar que lo apoyamos, en la convicción de que estamos contribuyendo, en forma clara y definida, a dar un fuerte impulso al sector productivo nacional.
Asimismo, en nombre de la bancada radical socialdemócrata, deseo expresar nuestro reconocimiento al Supremo Gobierno por haber tenido la capacidad de recoger los diversos planteamientos destinados a disminuir o atenuar los graves efectos que una materia como la contenida en este proyecto deberá producir en importantes sectores del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Caminondo .
El señor CAMINONDO .-
Señora Presidenta , el Ejecutivo ha tratado de presentar este proyecto como altamente favorable para el país, sin indicar que, entre otras cosas, la rebaja de aranceles trae encadenada un alza de impuestos, entre otros, a las gasolinas, lo que indudablemente hará subir los productos básicos y, por consiguiente, afectará a las personas de menores recursos. Seguramente, para muchas actividades económicas es favorable; pero el sector agrícola tradicional del país, sustituidor de importaciones, se verá perjudicado una vez más.
Durante la tramitación de diversos acuerdos internacionales, especialmente en el caso del Mercosur, se fijaron las condiciones arancelarias para diversos productos agrícolas: un gravamen en torno al 11 por ciento, fundamentalmente para los cinco productos agrícolas más sensibles: trigo, carne, leche, azúcar y aceite, productos que, al mismo tiempo, son subsidiados en los países de origen.
Este proyecto de rebaja de aranceles cambia violentamente las reglas del juego que el propio Gobierno fijó hace poco más de dos años, en virtud del acuerdo con el Mercosur. El sector agrícola del Biobío al sur, altamente deprimido, no puede competir si las normas del juego son cambiadas constantemente. Además, se deben tener en cuenta los importantes subsidios directos e indirectos que reciben los productores de esos países, con los cuales Chile debe competir.
La vida nacional es algo más que números, y el Estado tiene reglas superiores y más obligatorias que las leyes del dinero. Esta imprevista rebaja de aranceles representa riesgos y graves perjuicios para nuestra agricultura que, como forma de vida, tiene alcances que exceden los límites de la visión economicista de las sociedades. Es ella la que sirve de sustento a la mayor parte de las regiones del país, la que produce los alimentos básicos de todos los chilenos; es la base de una cultura nacional que por generaciones ha caracterizado a nuestro pueblo y a nuestra identidad nacional.
Los agricultores y los campesinos llevan años intentando ser escuchados por las autoridades del Estado. Han expuesto sus problemas y han hecho ver la extrema pobreza en que han ido cayendo sus regiones, cuyos índices demuestran que son los más atrasados dentro del desarrollo del país; pero no han sido escuchados. Al parecer, al Gobierno no le importa la suerte de los campesinos.
Por último, lamento profundamente que colegas de sectores agrícolas estén apoyando este proyecto, traicionando con ello la confianza de sus electores.
Mi voto negativo es en apoyo a los campesinos que represento en esta Cámara; es un llamado para que el Gobierno escuche a los sectores agrícolas y cumpla el compromiso adquirido con los agricultores en relación con los aranceles, con ocasión del convenio con el Mercosur.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni .
El señor CERONI.-
Señora Presidenta, estamos ante un proyecto que tiene la gran cualidad de haber sido discutido con anterioridad. Ha sido debidamente socializado, y considero muy importante el acuerdo logrado entre un grupo de parlamentarios y el Gobierno.
Estamos enfrentados a un proyecto que, sin duda, tendrá efectos positivos para nuestro país. Estamos hablando de una iniciativa que deberá traducirse en una disminución de los costos de importación de bienes y servicios y, por lo tanto, en una baja de los precios nacionales de los bienes que se internan al país. Es decir, representará un claro beneficio para los consumidores chilenos, hombres y mujeres, que viven en nuestras ciudades y en nuestros campos.
En las diversas reuniones de la Comisión de Hacienda hemos escuchado a distintas personas que han dado su opinión. Así, escuchamos a los Ministros de Economía, de Hacienda y de Agricultura, al Vicepresidente del Banco Central y al representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que este proyecto es positivo para el país en su conjunto.
Al escuchar al Vicepresidente del Banco Central, comprobamos que la rebaja arancelaria tendría un efecto en el tipo de cambio, produciendo un aumento de alrededor del 3 por ciento, lo que, por supuesto, significa un gran beneficio para el sector exportador chileno. Tampoco podemos olvidar que nuestra agricultura tradicional -uno de los sectores afectados- tiene un sector exportador potente.
El vicepresidente nos explicaba que esta rebaja tendrá un efecto positivo: mejorará el bienestar del país, puesto que producirá alrededor de 600 millones de dólares anuales. Es cierto que tendrá un leve impacto en el crecimiento anual del país, pero tendrá un impacto, lo que generará una potente señal para atraer mayor inversión al país.
Ahora, no hay duda de que este proyecto causa complicaciones y dificultades a sectores de la agricultura tradicional, a la pequeña y mediana empresas, a los productores de leche, carne de vacuno, trigo, cereales y remolacha, porque, obviamente, tendrán que enfrentar la importación de productos con precios más bajos. Sin embargo, debemos preguntarnos, frente a este panorama, ¿vale más quedarse atrincherados con lo que hoy tenemos?, ¿vale más quedarse con los acuerdos logrados con el Mercosur, que significarán, de todas maneras, una rebaja arancelaria cero en un tiempo más largo? Pues bien, a raíz de este proyecto, hemos logrado un acuerdo para otorgar mayores recursos al sector agrícola y a la pequeña y mediana empresas; es decir, hemos logrado un acuerdo que significa dar un nuevo impulso a los sectores afectados.
En definitiva, la solución para uno de los sectores complicados como es la agricultura tradicional no es quedarse sólo con lo logrado con el Mercosur; no es ésa la solución. Hoy la agricultura tradicional sólo está generando pobreza para los dueños de los predios -agricultores grandes y pequeños- y para la gente que trabaja en ese sector. Aquí se trata de terminar con esa agricultura pobre, porque ella tampoco permitirá el desarrollo de las regiones. Para lograr que ella salga adelante, obviamente necesitamos más recursos y apoyo para que los que puedan hacerlo se reconviertan a cultivos y rubros más rentables. Este proyecto de ley apoya a un sector de la agricultura, que es el exportador.
Por otra parte, a través de esta iniciativa hemos conseguido más recursos para el sector tradicional afectado. Esos recursos, bien destinados, le permitirán a la agricultura tradicional dar un nuevo paso para salir adelante.
Los parlamentarios que hemos decidido apoyar este proyecto lo hacemos porque creemos que es conveniente para el desarrollo del país y para que los sectores que generan trabajo en las regiones sigan surgiendo. El acuerdo complementario de esta iniciativa aportará mayores recursos a la agricultura tradicional, que es la más afectada, lo que le permitirá dar un paso más para salir adelante. Sin duda, esto hay que destacarlo, porque se trata de recursos adicionales a los otorgados con motivo del acuerdo con el Mercosur. Como se dijo, son 17 millones de dólares para 1999, y 30 millones de dólares para el 2000, y, a partir del 2001, se establecerán 50 millones anuales para ayudar al sector de la agricultura tradicional.
Hay otros recursos, a los que se referirá más adelante el Diputado señor Tuma , destinados a la pequeña y mediana empresa, y que están focalizados hacia el sector agrícola, para apoyar más los planes de recuperación de suelos -realizados con gran éxito-, para apoyar las empastadas y la adquisición de fertilizantes fosfatados, así como a todo el sistema de riego de los campos.
A raíz de esta iniciativa, hemos logrado un acuerdo con el Gobierno para prorrogar en diez años la ley sobre fomento del riego, y mantener los recursos que se destinan a través del Mercosur más allá del 2001, momento en el cual deberían extinguirse. En definitiva, como una forma de apoyar a uno de los sectores complicados, hemos logrado cuantiosos recursos. Por supuesto que con ellos no se soluciona la totalidad de los problemas de la agricultura tradicional, pero el tema es que, debido a la discusión de un proyecto de ley, no podemos pretender la solución de los problemas de la agricultura tradicional en su totalidad. El futuro gobierno de Chile deberá diseñar una política para ello. Es un problema que, en definitiva, deberá encarar la sociedad entera.
En resumen, consideramos que se han alcanzado cosas muy importantes para uno de los sectores complicados. No podemos dejar de destacar el anuncio del Gobierno de que enviará un proyecto de ley sobre medidas de salvaguardia para proteger a los productores nacionales ante el incremento masivo de importaciones de bienes. En definitiva, hemos obtenido una serie de medidas que significan un gran apoyo para la agricultura tradicional y la pequeña y mediana empresa.
¿Qué logramos con el rechazo de este proyecto? Absolutamente nada en favor de la agricultura. En cambio, con el compromiso de apoyar esta iniciativa, hemos logrado una serie de medidas y recursos importantes para dicho sector.
Ahora, se habla mucho de los efectos terribles que tendrá para la agricultura tradicional y algunos de sus productos; pero si escuchamos a los especialistas, a la gente que sabe de la materia, sobre las proyecciones hacia futuro, sabremos que uno de los cultivos más afectados en su precio y margen bruto será el maíz, que caerá en un 5,9 por ciento; el trigo, en un 4,35 por ciento; el arroz, en un 0,75 por ciento; la remolacha, en un 4,55 por ciento. Pero si los comparamos con los recursos que se dan al sector, creo que el resultado será más bien positivo.
Asimismo, no podemos dejar de decir que muchos productos serán beneficiados, como los de exportación. Por ejemplo, el tomate para uso industrial, el ajo, la uva de mesa, la manzana, la vid vinífera. Por otra parte, hay que preguntarse en qué forma se benefician otros sectores y ahí uno no puede dejar de decir que hay muchos sectores de gran importancia para nosotros y el país que se beneficiarán enormemente con el proyecto de ley, como lo es el más pobre del país, que consume, en gran medida, arroz, harina, pan, carne de vacuno, azúcar, que son productos que, por supuesto, tendrán una baja en sus precios.
En resumen, después de haber escuchado antecedentes serios de personas importantes y representativas del país, a ministros, al presidente de la SNA , quien ha manifestado su apoyo al proyecto, creemos que realmente es un proyecto beneficioso para el país en su conjunto, para la agricultura tradicional y el sector de la pequeña y mediana empresa y que hemos logrado, a raíz de esta iniciativa, concordar con el Gobierno un conjunto de medidas que, en definitiva, nos deja en buen pie para lograr salir adelante.
La gradualidad del proyecto, los recursos que se destinan para los sectores más complicados, los aspectos positivos que tiene para los consumidores, para el país en general, ha inducido a la bancada del PPD a apoyarlo absolutamente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn , hasta por ocho minutos.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , en verdad quería abordar los aspectos técnicos del proyecto, porque además de diputado , soy economista, y es evidente que, dado el tema, son dignos de tratar. Personalmente, y junto con otros diputados de la UDI, íbamos a votar a favor de la rebaja de aranceles y en contra del aumento de impuestos que la financiaba.
En nuestro partido, muchos pertenecemos a la generación que, durante el gobierno militar, tuvo la audacia y los conocimientos para abrir la economía chilena al mundo, cuando todavía se postulaban modelos autárquicos de desarrollo y, por lo tanto, lo consecuente en esta oportunidad era votar a favor de la rebaja arancelaria para seguir así con la apertura de nuestra economía al comercio internacional. Así, en lo personal, en la Comisión de Hacienda voté a favor de la rebaja de aranceles y de la apertura de Chile al comercio internacional y en contra del aumento de impuestos, porque estimo -como demostraré más adelante- que existen recursos para financiar una muy moderada y gradual rebaja de aranceles sin tener que aumentar la carga tributaria de los chilenos. Pero nuevamente el Gobierno ha usado una triquiñuela y mediante ella -que en esta ocasión ha consistido en cambiar las urgencias- nos ha impedido votar separadamente la rebaja arancelaria del tema tributario. Ello no debiera extrañarnos, porque el Gobierno ya nos tiene acostumbrados a este tipo de triquiñuelas políticas. Durante la discusión de la Ley de Pensiones en la Comisión de Hacienda, en que un diputado demócratacristiano, con mucha independencia, planteó opiniones discrepantes con las órdenes del partido, en esa oportunidad, fue cambiado por otro diputado que no tenía la menor idea de lo que estaba discutiendo; sin embargo, votó a favor de lo que el Gobierno planteaba.
Éste es el tipo de triquiñuelas que contribuye a desprestigiar la política y a la Cámara de Diputados en el país. No debe extrañarnos que cuando aparecemos en las encuestas con un bajísimo grado de credibilidad, se debe a este tipo de hechos. La rigidización que se ha hecho de esta votación, la obligación de votar el tema en bloque, impide que uno pueda votar como quiere y es una cosa que me parece absolutamente contraria a una sana actividad política. Ahora, debemos preguntarnos por qué el uso de esta triquiñuela en este caso particular. La razón es muy simple: la han usado, porque el Gobierno le tiene miedo a la votación particular de cada uno de los artículos del proyecto. Efectivamente, le tiene miedo, y digámoslo derechamente, a cómo los diputados de la Concertación votarían el aumento del impuesto a los combustibles.
La clase media del país -y es bueno que la gente lo escuche- si se aprueba el proyecto, estará obligada a pagar, a partir del próximo año, 40 pesos más por cada litro de bencina, en dos años. Eso significa, para una familia de clase media, que ocupa 40 litros de bencina a la semana, es decir, 160 al mes, un mayor gasto en combustible de casi 6.500 pesos mensuales, lo que no es despreciable.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , el señor Ministro le solicita una interrupción, con cargo a su tiempo.
El señor DITTBORN .-
Señora Presidenta , no se la concedo. El señor Ministro no concedió el cambio de las urgencias, que habría permitido votar el proyecto en forma separada; por lo tanto, me siento con la posibilidad de no concederle ese derecho.
Le tiene miedo a la Concertación, a cómo reaccionen sus diputados; pero es bueno que la opinión pública sepa, si se aprueba el proyecto -como es probable, porque los diputados de la Concertación tienen órdenes de votarlo favorablemente y de aprobarlo-, que los chilenos de clase media van a pagar alrededor de 6.500 pesos más al mes en bencina que, con un auto normal, consumen 40 litros de bencina a la semana. A los que fuman, el precio de cada cajetilla de cigarrillos les va a subir en aproximadamente 200 pesos; si una persona fuma una cajetilla diaria -que espero no sea así, porque dicen que hace mal-, le significa un mayor gasto de 6 mil pesos mensuales en cigarrillos, y el impuesto al crédito, que el Ministro lo mencionaba como algo muy marginal y muy menor, significa -él lo planteó de una forma políticamente muy hábil- que el aumento del impuesto de timbres y estampillas será de un 1,2 por ciento a 1,6 por ciento, es decir, un aumento del impuesto de un 30 por ciento a todo el crédito que se otorga en el país. Esto es lo que significará a la clase media, que ya tiene una carga tributaria alta, de acuerdo con estándares internacionales. Lo lamento, porque creo que al país le hace bien la apertura internacional y le hace muy mal que el Gobierno nos impida tener una discusión abierta sobre estos temas, y nos obligue a votar a fardo cerrado, como ovejas, un tema que merece una discusión mucho más profunda.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , me sorprenden extremadamente las expresiones del Diputado señor Dittborn, porque en una discusión muy larga en la Comisión de Hacienda no se le escuchó ni el tono, ni los adjetivos, ni varias de las argumentaciones que ha dado aquí, y que fueron aclaradas en su debida oportunidad en el seno de la Comisión de Hacienda.
Quiero también decirle que hubo una sesión especial, en el Palacio Ariztía, de las comisiones ampliadas de la Cámara, donde más de diez economistas atestiguaron sobre la incidencia y los efectos de los impuestos a que él alude, sobre la ventaja de la oportunidad de la rebaja arancelaria y, especialmente, de la necesidad de una compensación fiscal en momentos que él sabe muy bien, como persona, porque es un economista que sabe que no puede arriesgarse en el país un desequilibrio fiscal, un desequilibrio macro. Él lo sabe muy bien.
Además, quiero decir que sus observaciones sobre la incidencia del impuesto a los combustibles son erradas. Quiero reiterarle, y le voy a hacer llegar más antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas, que mientras el 40 por ciento de la población de relativos menores ingresos sólo aportaría, en conjunto y sumado, menos de 6 por ciento de esa recaudación, a plazo, el 64 por ciento de los hogares más pudientes -aquellos que tienen automóviles- aportarían el 20 por ciento.
El gráfico que el señor diputado exhibe demuestra, además, que esto se hace en el contexto de un precio a la gasolina relativamente estable, dadas las condiciones internacionales.
Aquí el problema de fondo es otro, y el Diputado señor Dittborn tiene que exponerlo con la franqueza que corresponde, porque además está en su derecho. El problema de fondo es la visión que él y algunos de sus colegas de la UDI tienen del rol del Estado. Según ellos, el Estado de Chile es grande, ineficaz, abultado, burocrático, no sirve y, por lo tanto, hay que seguir achicándolo y achicándolo. Cualquier proyecto de ley que se presente sobre cualquier materia, aunque sea sólo el reemplazo de un impuesto, como el arancel, por otro, y nada más que eso, siempre será utilizado para procurar poner un techo más bajo a la labor del Estado.
A nuestro juicio, hay una inconsistencia dramática en esa visión, porque, por un lado, se pide un empequeñecimiento, una restricción y una limitación permanente de los recursos del Estado, y, por otro, más funciones, más actividad en seguridad, más apoyo a la agricultura, más recursos para las Pymes, etcétera. En eso hay una visión completamente distinta del desarrollo económico y social del país.
Reitero que todos los estudios internacionales del Banco Mundial -no de la Concertación- demuestran que la carga tributaria promedio en Chile es de 17,5 por ciento del producto, estando exactamente en la media para abajo de países comparativos con el resto del mundo.
Ésa es la realidad y, por lo tanto, digamos las cosas como son. Queremos los beneficios, y en eso aplaudo al Diputado señor Dittborn, quien dice: “La rebaja arancelaria es positiva para el país, pero no queremos pagar ninguna cuenta; queremos que la siga pagando el Estado y, en forma indirecta, el gasto social”.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ ( don Rosauro).-
Señora Presidenta , el proyecto que nos convoca sobre rebaja de aranceles a las importaciones y que introduce modificaciones a otras normas tributarias y económicas, es muy importante y beneficioso para un sector del país, como se ha señalado. Pero ésa no es la realidad de Chile.
La decadencia sostenida que ha afectado a la agricultura en los últimos diez años queda de manifiesto, lo cual se comprueba por ser el sector de menor crecimiento en contraste con el ritmo de 7 por ciento en que crece el resto del país. Entonces, nos preguntamos: ¿dónde está la equidad?
También es importante señalar que hay 2 millones de trabajadores agrícolas, los cuales, junto a sus familias y a quienes también dependen del sector, suman 5 millones de chilenos. Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué parte de la política que impulsa el Gobierno, de acuerdos bilaterales que benefician al país, según se ha manifestado, se considera a estos chilenos que dependen del sector agrícola?
Las consecuencias de estos acuerdos quedan también de manifiesto en el mayor endeudamiento, la cesantía y la pérdida de confianza. No es posible creer que en cada uno de los acuerdos se hayan introducido compensaciones, cuando ha habido incumplimiento de todos los compromisos asumidos por el Gobierno. Al respecto, quiero partir señalando las 48 medidas a las cuales se refirió el ex Ministro señor Ortega . Después, los agricultores del sur de Chile se reunieron en San Carlos. Con posterioridad a esa convocatoria, lo hicieron todos los partidos políticos, con sus especialistas y técnicos en la parte agrícola, y elaboraron un informe. ¿Cuál es la respuesta y el resultado de ese informe?
Aquí queda de manifiesto el claro perjuicio que está recibiendo este importante sector del país. Están los acuerdos bilaterales; el acuerdo con Bolivia, que afectó a las oleaginosas; el acuerdo con Canadá; después, el convenio con el Mercosur, que ofreció 500 millones de dólares de compensación. ¿Dónde están esos recursos? Si preguntamos a los agricultores, nadie puede señalar que ha recibido esa compensación. Y no hace más de dos o tres semanas que todos los sectores políticos preguntaban dónde están los recursos provenientes del acuerdo con el Mercosur.
Ninguna compensación dice relación con el daño que se está ocasionando a este sector tan importante del país. La rebaja del valor de las importaciones se las cobramos a las regiones y a la gente más pobre a través del impuesto a la bencina.
Por eso quiero invitar a los parlamentarios que firmaron esa carta de apoyo a este sector para que lo respalden, pues representa no sólo una actividad laboral, sino, además, la reserva de nuestras tradiciones, porque hace soberanía, con su actividad, en diferentes zonas de nuestro territorio.
También invito al Gobierno para que señale claramente cuál es la política de Estado que ha implementado para darle alguna protección a ese sector.
Finalmente, señalo que votaré en contra del proyecto porque, primero, queremos que haya un tipo de cambio real y, segundo, porque si al impuesto a los timbres y estampillas, que va del 1,2 por ciento al 1,6, con lo cual aumenta en un 34 por ciento, le sumamos el interés bancario de 3 por ciento, nos encontramos con que la tasa del crédito para los agricultores realmente no tiene relación con lo que otros países ofrecen a este sector, quizás el más importante en la actividad laboral del país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI .-
Señora Presidenta , lo cierto es que aquí no hay ovejas. En política debemos ser consecuentes, aunque algunos no siempre actúen así. Tengo ejemplos en mi bancada, pero no daré nombres. Pensamos que a veces las cosas salen como deben, y, en otras oportunidades, no, pero hay consecuencias. En temas como éstos, cuesta concordar la conveniencia nacional con la partidaria, política y distrital.
Felicito al señor Ministro por su presencia aquí y su continua buena disposición durante la discusión del tema en Hacienda; pero me voy a referir, en forma más extensa, a los posibles resultados del protocolo y a quienes aplicarán las platas, materia en la que 72 diputados han logrado consenso.
En cuanto a Sag, Conaf , Indap, ¿dónde está el Ministro de Agricultura ? Él es el importante y no el Ministro de Hacienda . Él debería estar escuchando lo que decimos aquí, porque yo represento a un sector agrícola, y es ahí donde está el problema de los aranceles.
Corfo es importante, de acuerdo al ámbito donde vamos a aplicar los resultados del protocolo. ¿Dónde está el Ministro de Economía ? Señor Ministro de Hacienda , por favor, ponga orden en su casa.
La Séptima Región representa el 18 por ciento del PIB nacional agrícola y el 15 por ciento de la fuerza laboral. Somos, en términos de los productos sensibles, la principal región agrícola del país.
Crecimiento del PIB regional en el período 1990-1995, 9,3 por ciento; crecimiento del PIB agrícola en los mismos años, 11 por ciento; crecimiento del PIB regional en los últimos tres años, 1,1 por ciento; crecimiento agrícola, negativo.
El trigo, maíz, remolacha, arroz, representan, en la Séptima Región, el 80 por ciento de la superficie plantada; el 41 por ciento de nuestros agricultores tienen menos de cinco hectáreas, y el 90 por ciento, menos de 50. Los pequeños agricultores, gran parte de sector secano, figuran con rendimiento bajo; la mayoría vende en forma inmediata, en los mercados locales. Representamos el 30 por ciento de la molienda nacional en trigo, el 43 por ciento de la superficie sembrada nacional, el 60 en el caso del arroz y somos los segundos más importantes del país en producción de maíz.
El problema no está en la rebaja de aranceles. Técnicamente, eso es incuestionable, pero está dirigida al sector exportador, a aquellos que producen para el exterior. Lo dijo textualmente el vicepresidente del Banco Central cuando nos visitó: “Esta rebaja de aranceles no tiene efectos en la inflación, no tiene efectos en la actividad agregada, no tiene efectos en la tasa de crecimiento”. Lo dijo él y no yo. Pero tiene efectos en el aumento del tipo de cambio, de 2,5 a 3 por ciento. Es decir, afecta a los exportadores.
Y cuando digo que representamos el 30 por ciento, no hablo en nombre de los exportadores ni de las industrias que vemos alrededor de la carretera Panamericana, sino del pequeño campesino, del temporero. Como lo expresó una asesora en una reciente publicación del Ministerio de Agricultura, la reforma agraria, que se postuló como una medida de justicia social para los trabajadores agrícolas y de distribución de la tierra, terminó reagrupando la propiedad en unidades económicas de tamaño medio, en manos de propietarios que modernizaron la explotación, tecnificándola y sustituyendo la mano de obra -todo fantástico- por trabajadores temporeros. La situación que enfrenta este grupo de campesinos, en su mayoría, es de gran indigencia; viven de allegados y sus trabajos son temporales.
De eso se trata, señor Ministro . Entiendo el avance; formé parte de los 72 diputados que lo apoyaron y, como decimos los huasos, “más vale un pájaro en la mano que ciento volando”. Mi camarada Hernández -a quien entregamos nuestra representación en la firma del protocolo- explicará más adelante cómo funciona el sistema.
Le creo al señor Ministro y tengo confianza en que vamos a cumplir el protocolo. El problema es dónde van a quedar las platas, los 360 y los 117 millones de dólares, al igual que los 500 millones del Mercosur. ¿Dónde se van a invertir? ¿En los grandes canales de regadío, en las grandes reforestaciones? Creo que aquí faltó un addendum.
¿Quién entregará las platas? No queremos que las manejen en Santiago los ministerios; deseamos manejarlas en las regiones, en las provincias, incluso en las comunas, con participación de la gente afectada, para que ella decida. Si es un millón de dólares para una de estas comunas rurales, que sepan que de ese millón de dólares recibirán 200 mil dólares, 90 millones de pesos por año, u 8 millones por mes, en tales y cuales esquinas y para tales y cuales personas. Porque estos programas después se pierden y quedan en la nebulosa. Es cierto que las platas llegan, pero no donde corresponde. Ése es el punto.
Voy a respetar el respaldo que di en su oportunidad al Diputado señor Hernández para que me representara, y votaré favorablemente la propuesta de aranceles; pero quiero dejar al señor Ministro la tarea de que ojalá -esto posiblemente será en un próximo gobierno y quizás él ya no esté en Hacienda- tengamos su influencia para que esta idea se traduzca en lo que corresponde: que ese temporero, ese pequeño campesino, en los próximos cinco años tenga la posibilidad de salir de la agricultura tradicional y pueda entrar en otro tipo de agricultura.
Con la fe y la esperanza de que creemos en la persona humana, con la fe de que los aranceles y toda su historia es economía, y aquí hablamos de algo más que de economía, de personas, reitero que votaré a favor el proyecto sobre aranceles.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Silva hasta por cinco minutos.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , creo que hemos hecho un esfuerzo muy significativo en el avance de este proyecto y en la elaboración de un protocolo de acuerdo, en el que se ha recogido principalmente una compensación para aquellos sectores que pueden verse afectados por esta rebaja arancelaria que, nadie pone en duda, beneficia la economía global del país, focalizando los recursos en la pequeña agricultura y en la pequeña y mediana empresa, que son los sectores que nos interesa defender.
Por eso se pretende que los recursos asignados vayan a programas específicos, como el riego y la recuperación de suelos degradados en el sector agrícola, y el fomento a la pequeña empresa a nivel rural y ur-bano.
Con el protocolo hemos dado gradualidad al proyecto, pues no debe olvidarse que en primera instancia el Gobierno pretendía enviar una rebaja de aranceles de cinco puntos de una vez; pero, a través de estos acuerdos, hemos tratado de proteger a los sectores más débiles de las zonas que representamos.
Aquí no hay triquiñuelas. La triquiñuela la pretenden hacer quienes desean dividir la votación para, por un lado, recoger los beneficios del proyecto que se producirán por la reducción arancelaria y, por otro, no asumir los costos de la carga impositiva. La triquiñuela la intentan efectuar los que quieren dar respuesta a los grupos económicos que los financian y, a la vez, aparecer diciendo a la gente, a los pequeños agricultores y empresarios, que los están defendiendo.
Este doble discurso lo hemos escuchado permanentemente. Aquí no hay monigotes. Los monigotes son aquellos que responden en forma permanente -sobre todo en los sectores de la UDI- al senador vitalicio. Ésa es la verdad.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor SILVA .-
Aquí se ha hecho un esfuerzo sincero por llegar a un acuerdo que, por un lado, recoja la rebaja arancelaria con la cual todos concuerdan que beneficia al país y, por otro, permita paliar las dificultades que se presentarán en algunos sectores.
Lamento que les duela lo que he dicho, pero todos sabemos que lo que estoy expresando es la pura y santa verdad no sólo respecto de este proyecto, sino que sistemáticamente.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señora Presidenta, soy partidario de la rebaja de aranceles, pero, con la misma convicción, rechazo tenazmente el alza de impuestos que propone el proyecto.
El Gobierno ha dicho que se trata de una iniciativa indivisible. Por lo mismo, anuncio mi voto de rechazo por las siguientes razones:
En primer lugar, el aumento del impuesto al combustible perjudicará principalmente a la gente de más escasos recursos y a la clase media. También perjudicará directamente a las regiones, más aún cuando se ha invocado que tal gravamen disminuirá las externalidades negativas provocadas por la contaminación y congestión vehicular del Gran Santiago.
La pregunta que me hago es por qué las regiones deben pagar dicho costo.
En segundo lugar, el aumento del impuesto de timbres y estampillas, del orden del 34 por ciento, representa un significativo incremento en el costo del crédito en nuestro país, pues no sólo se verán afectadas las personas naturales, sino también las empresas pequeñas y medianas que requieren del crédito para obtener capital de trabajo y desarrollar sus actividades productivas.
Por otro lado, el incumplimiento permanente de los acuerdos que el Gobierno ha contraído en materia de reformas tributarias y recursos de compensación, como los 500 millones de dólares relacionados con los acuerdos comerciales, me hacen pensar que el mecanismo acordado con diputados de la Concertación para atenuar el impacto de la rebaja arancelaria en el sector agrícola y en la pequeña y mediana empresa, además de ser insuficiente, genera dudas respecto de su aplicación y de la correcta focalización de los recursos comprometidos.
Por eso hemos propuesto al Gobierno, a través del Ministro de Hacienda , la elaboración de una ley de fomento a la agricultura, que englobe materias como el fomento al riego, fertilización de praderas, cláusulas de salvaguardia agrícola, caminos rurales y otros que se pretenden implementar con medidas administrativas o leyes que están expirando y que deberían estar articuladas en una normativa que dé garantías de su cumplimiento.
Con su política, el Gobierno está fomentando una reforma agraria al revés, porque obliga al propietario agrícola a concentrar la propiedad, de modo de acceder a las economías de escala. De esta manera, en lugar de defender, está perjudicando el pequeño y mediano productor.
Renovación Nacional no abandonará al pequeño y mediano productor del país, que ha sido la base del desarrollo de su actividad, donde se concentra la mayor contratación de mano de obra.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta , agradezco a mi bancada, la socialista, que me permita discrepar.
Aun cuando valoro el esfuerzo que hace el Gobierno y el objetivo que busca a través de este proyecto, considero que el instrumento económico que está utilizando para el fin que persigue no es el más adecuado en este momento, más aún cuando el escenario económico internacional se encuentra inestable y no se han dimensionado en toda su magnitud sus efectos en el país.
Se argumenta que queremos dar una señal para diferenciarnos de las otras economías emergentes. Me pregunto, ¿vale la pena correr ahora este riesgo, cuando ya se visualiza que el próximo año viene con bastantes turbulencias económicas que generarán desempleo en el país?
Voto que no, porque, en un cuadro internacional inestable, esta medida afectará a los sectores económicos más sensibles de la agricultura y de la industria.
Voto que no, porque el proyecto sólo beneficia a las grandes empresas del país, a costa de sacrificar a las medianas y pequeñas empresas del campo y la ciudad, las cuales nada aportarán en las compensaciones tributarias. ¿Es acaso eso justo?
Voto que no, porque afectará las ya alicaídas economías regionales desde la Séptima Región al sur, cuya base económica son la agricultura y la pequeña y mediana industria que generan riqueza y empleo.
Voto que no, porque esto es contradictorio con otros acuerdos económicos internacionales que en su momento aparecían como las reglas claras que en materia de desgravación arancelaria íbamos a tener para los sectores más sensibles. Estos productores quieren trabajar, pero necesitan un horizonte definido para adecuarse a las transformaciones y a la globalización económica en las cuales también quieren participar. No se oponen a los cambios; sólo requieren tiempo.
Voto que no, porque los países que han seguido este camino, primero preparan a los sectores sensibles del campo y de la ciudad con instrumentos de fomento productivo y luego bajan los aranceles. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario: bajamos los aranceles y después ofrecemos instrumentos productivos.
Tal vez, cuando se comiencen a implementar ya no existirán esos productores sensibles, lo que de alguna manera ya ha ocurrido con los acuerdos del Mercosur. Ellos se pierden muchas veces en la burocracia o bien van a parar a los menos necesitados.
Además, ¿quién garantiza que las compensaciones se concretarán si figuran sólo en un protocolo y no son materia de ley? Cualquiera crisis o emergencia futura las postergará, como ya ocurrió con el Mercosur.
En consecuencia, no resulta ni solidario ni presentable ante la opinión pública que, mientras se recortan recursos a un área tan sensible como la salud, ahora, sorprendentemente, tengamos dinero para inyectar en un sector productivo.
Por último, no puedo dejar de hacer un comentario ante lo ocurrido con la Sociedad Nacional de Agricultura. Esta organización ha señalado siempre que defiende a todos los productores agrícolas del país. Sin embargo, hoy ha hecho una elección, tal vez histórica: ha privilegiado a los grandes empresarios del país en desmedro de los pequeños y medianos productores de la Séptima Región al sur. Quiero decirles a ellos, con la mayor seriedad, que la Sociedad Nacional de Agricultura los ha dejado abandonados, les ha dado vuelta la espalda y los ha dejado condenados a la suerte del viento.
Porque creo que el proyecto beneficiará a los grandes empresarios y perjudicará a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, y que también afectará a la clase media del país, lo votaré en contra.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle , hasta por cinco minutos.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señora Presidenta , Chile es el único país que a las puertas del siglo XXI dice tener aranceles parejos. Todos los países con los cuales hemos suscrito convenios bilaterales tienen aranceles diferenciados e iguales a cero en todos sus insumos.
Nosotros no queremos ser avales de la destrucción de la agricultura y de la pequeña y mediana empresa, que debe competir con mercancías producidas con arancel cero en sus insumos. Eso es imposible.
Los productos que se venden en el mercado local no pueden competir con un 11 por ciento más. Si además se les rebajan los aranceles a los que se importan, dígame, señor Ministro Aninat , ¿cómo vamos a defender la “pega” de los chilenos, que usted dice que quiere cuidar? Los pequeños agricultores se quedarán sin “pega”, porque sus productos no valdrán nada en el mercado nacional. Sin embargo, a todos los que los exportan les devolvemos el 11 por ciento de arancel. ¡Miren que injusticia!
Al señor Ministro de Agricultura , que fue el negociador de los acuerdos con el Mercosur para rebajar en forma programada los aranceles, le quiero preguntar -por-que ahí hay también un punto muy importante- a costa de qué llegó a esos acuerdos. Defendiendo nuestra agricultura tradicional, pero a costa de muchas otras concesiones a Argentina y a Brasil, con los productos de una agricultura nueva y pujante, como la del vino, las pasas, las ciruelas secas. ¿Cómo vamos a arreglar eso si ahora usted les rebaja inmediatamente los aranceles? ¿Cómo nos van a compensar y a devolver ellos lo que usted cedió? Debemos negociar de nuevo el acuerdo con el Mercosur, Ministro . De lo contrario, al adelantar la rebaja de aranceles estamos entregando a Argentina y a Brasil garantías que no serán recíprocas. Eso me parece de cajón. Entonces, quiero que el Ministro diga si vamos a renegociar el convenio con el Mercosur, porque eso es imprescindible. Le está cediendo a los países vecinos cosas que negoció, ¿a cambio de qué? Quiero mi parte de vuelta si les va a anticipar algo a ellos.
Yo defiendo aquí a los pequeños productores de Chile, que tienen un huerto, que secan sus ciruelas, que producen pasas. Usted le dio la oportunidad a Argentina, y eso quedó como reserva, para que ese país tenga la ventaja a costa de que el trigo y la carne tengan una rebaja programada. Ahora Chile, unilateralmente, quita esa rebaja. ¿Argentina y Brasil nos devolverán las ventajas que les dimos? Ésa es mi pregunta.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda .
El señor ANINAT ( Ministro de Hacienda ).-
Señora Presidenta , la Diputada señora Ovalle de Errázuriz me ha hecho dos observaciones: una, respecto de los empleos, y, otra, sobre la diferenciación arancelaria.
Por muchos meses, hemos tenido largos debates sobre el último tema. La Comisión de Hacienda -podría ver las actas en detalle- ha invitado a muchos especialistas a debatir la materia.
En primer lugar, hay que distinguir la situación de una rebaja unilateral de aranceles con toda la globalización, con todos los países, versus con uno o dos países en un acuerdo bilateral. No hay relación entre una y otra situación.
En segundo término, en las comisiones he escuchado objeciones de parte de diputados respecto del arancel diferenciado -aun-que hoy los he visto más silenciosos, incluso a los de las bancadas de Oposición- como método de seguir profundizando una apertura con el exterior.
Sabemos que la economía política de ese mecanismo es bastante cuestionable, compleja. Se sabe dónde comienza, pero nunca dónde termina.
Por otro lado, no existe información o modelo de predicción para saber exactamente qué tipo de valor agregado, valor añadido en la producción, se quiere privilegiar y a costa de quién.
Permítame decirle muy derechamente, señora diputada , que hay una larga y sustanciosa literatura conceptual, empírica y pragmática, en la historia del país, que señala que entre más diferenciación y proteccionismo se aplicó, más fue el pago y costo que soportó la propia y verdadera agricultura que usted dice defender.
La invito a repasar toda esa experiencia histórica de Chile, que usted sabe muy bien.
En cuanto a la diferenciación de aranceles, usted se refiere a las pasas y ciruelas. Le pregunto, ¿qué producto final quiere proteger? ¿Una semilla o el trigo? ¿La remolacha o el azúcar procesada? ¿La leche o sus derivados? ¿O la carne? ¿Y a qué nivel? ¿Qué pasa con la agroindustria? Porque veo a la señora diputada preocupada por los empleos. Pero resulta que los mejores empleos, los que pagan mejores salarios, no mínimos, como muchas veces se usa y se abusa en el mismo campo al que usted alude, están precisamente en la línea de la producción agroindustrial. Hay consenso en que aranceles más bajos y parejos favorecen y promocionan las exportaciones y la sustitución de importaciones en la larga línea agroindustrial que ha triunfado en el país.
Su Señoría conoce sectores productivos de ese subsector, pues está cercana a ellos en su propia zona; por lo tanto, tendría que respondernos cómo se produce ese extraño milagro de que habiéndose bajado los aranceles de ciento por ciento a 35, a 15 y ahora a 11 por ciento, haya habido enorme incorporación, a la lista de exportaciones, precisamente de esos rubros agroindustriales, con buen empleo, y no con salarios mínimos, sino mucho mayores.
Ésa es nuestra gran preocupación, y no seguir distribuyendo rentas económicas con el dedo: a unos sí, y a otros no.
Gracias.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura .
El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-
Señora Presidenta , simplemente quiero hacer una aclaración.
Los acuerdos de libre comercio y los que constituyen las uniones aduaneras, son las dos excepciones de los tratados internacionales que ha firmado Chile en la Organización Mundial de Comercio, que le permiten vulnerar la cláusula “nación más favore-cida”.
En el Parlamento, diputados y senadores, independientemente de sus bancadas, siempre han solicitado que la soberanía del país para modificar sus aranceles -cuando lo estime conveniente- en virtud de la cláusula de nación más favorecida, no sea entorpecida por la firma de estos acuerdos.
Otras naciones, como las que forman parte de la Unión Europea o del Mercosur, han acordado limitar su soberanía y no aplicar ni rebajas ni alzas de aranceles si no es con la venia de los demás países firmantes.
Aquí, siempre se ha solicitado lo contrario: que Chile pueda decidir, a su arbitrio, cuándo aumentar o bajar los aranceles.
Por lo tanto, los acuerdos firmados con los distintos países de América Latina y con los miembros del Mercado Común del Sur, no vulneran esa capacidad.
Por eso, hoy, los señores diputados podrán pronunciarse a favor o en contra de la rebaja de aranceles, haciendo uso de esa soberanía que no ha sido limitada por los acuerdos internacionales.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Monge , hasta por 8 minutos, de acuerdo con la distribución de tiempo de su Comité.
El señor MONGE .-
Señora Presidenta , desde hace mucho tiempo, la agricultura del sur viene reclamando reglas del juego claras, estables en el tiempo y con un horizonte libre de sobresaltos para dedicarse a producir los alimentos que la población del país requiere.
Tan sólo dos años atrás, parecía que estas reglas del juego habían quedado finalmente determinadas con ocasión de la aprobación del ingreso de Chile al Mercosur, tratado altamente riesgoso para la subsistencia de la agricultura que sustituye importaciones, dado el perfil y el componente de la oferta exportable de los nuevos socios comerciales y cuyos efectos nocivos ya los perciben nítidamente quienes viven y trabajan desde la Séptima Región al sur.
El acuerdo con Mercosur, que marcó el inicio por parte del Gobierno de la política de suscripción de acuerdos bilaterales de comercio, alteró sustancialmente el exitoso proceso de apertura uilateral de la economía chilena al exterior y literalmente echó por tierra la política de aranceles bajos y parejos imperantes en la economía chilena.
Así, el horizonte arancelario fue perforado con un sinnúmero de disposiciones, glosas, cuotas de excepción y preferencias, todas de difícil administración y fiscalización en un escenario de países con realidades económicas muy diversas entre sí y con grados de seriedad y confiabilidad también muy dispares.
En otras palabras, el propio Gobierno alteró la política arancelaria, lo cual hoy, al decir de su Ministro de Hacienda , le parece altamente inconveniente.
Luego de arduas y costosas negociaciones para el país, en términos de concesiones y de compensaciones, se acordó en dicho tratado establecer un régimen de desgravación arancelario, diferenciado y decreciente en el tiempo, para cultivos o rubros a los cuales se otorgó el carácter de sensibles -la carne y los cultivos tradicionales-, los que, en conjunto, comprenden nada menos que el 54 por ciento de la producción del agro chileno e involucran un total de 2.406 millones de dólares.
El proyecto que nos ocupa, que pretende rebajar el arancel general del país, de un 11 a un 6 por ciento, altera sustancialmente, para la agricultura, el marco fijado en esa oportunidad, como también los frágiles márgenes de protección transitorios con que cuentan esos rubros y anticipan varios años, dependiendo del caso de cada producto, los efectos finales esperados, como consecuencia de la suscripción de todos los convenios bilaterales en que ha sido embarcado el país.
Se debe tener presente que, a diferencia de otros productos o manufacturas, los productos agrícolas sensibles están condenados indefectiblemente a tener arancel cero, cualquiera sea el arancel común al término del plazo de gracia que se les ha concedido, lo cual equivale a no tener ninguna protección frente a la oferta externa, generalmente contaminada con cuantiosos subsidios otorgados por los países de origen.
He seguido con mucha atención la discusión pública del proyecto y, en particular, los debates en el seno de la Comisión de Hacienda, y he llegado a la convicción de que, no obstante algunos efectos beneficiosos para ciertas actividades productivas, el proyecto constituye un verdadero hachazo para las actividades productivas de mi región y de mi provincia, con el agravante de que su aprobación implicará una transferencia neta de recursos de esas regiones hacia Santiago o, si se quiere, de los productores del sur a la industria manufacturera o intermediarios, del orden de 60 millones de dólares al año, durante un período prolongado de tiempo y, por supuesto, menores ingresos para miles de agricultores chilenos. Traducido al castellano: desempleo, crecimiento negativo, pobreza, emigraciones y desesperanza.
Es sabido también que, dadas las limitaciones de los mercados agrícolas internos y sus consabidas imperfecciones, un eventual efecto beneficioso que se podría esperar del proyecto, como sería la baja de precios al consumidor de productos de origen agrícola, es hoy una ilusión de teóricos. En los últimos diez años, pese a la caída del tipo de cambio y a las rebajas arancelarias anteriores, los precios pagados al productor han tenido una caída general del orden del 40 por ciento, mientras que los precios al público de los mismos productos han subido por encima del IPC.
Cada punto de rebaja del arancel significa, para el sur, 12 millones de dólares de menores ingresos anuales, lo que equivale a que en el quinto año -o sea, cuando el arancel alcance la rebaja de cinco puntos- alcanzará a 61 millones de dólares.
Como si esto fuera poco, el Gobierno, además, pretende hacer un negocio adicional con el proyecto y embolsarse olímpicamente la friolera de 200 millones de dólares promedio por año, a costa del bolsillo de todos los chilenos, incluyendo, por supuesto, el de quienes viven de la agricultura. O sea, mucho más de lo que significa el menor ingreso fiscal por concepto de la rebaja arancelaria, estimada en 87 millones de dólares por año.
Dicho de otro modo, el Gobierno quiere hacer llover sobre mojado a los agricultores sureños. Por un lado, les disminuye sus expectativas de ingreso, al cambiar las reglas del juego, y por otro, les mete las manos al bolsillo, al subirles, por ejemplo, en cuarenta pesos el litro de bencina, insumo fundamental e imprescindible para quienes viven lejos de las ciudades, y en un 34 por ciento el impuesto a los créditos que deberán pagar cada vez que necesiten financiar alguna actividad productiva.
Esta mayor recaudación tributaria también significará una transferencia neta de recursos desde las regiones hacia el gobierno central, por un monto de varios millones de dólares adicionales.
Éstas son las razones de fondo que me llevan a oponerme al proyecto que se somete a consideración de la Sala.
Quiero destacar y agradecer el gesto inédito de 72 diputados, de todas las bancadas, que manifestamos públicamente nuestra solidaridad hacia quienes viven del cultivo de la tierra, a través de una declaración pública en la que nos opusimos, no a una rebaja arancelaria, sino a que por esa vía se alteraran los marcos de desgravación establecidos para los productos agrícolas sensibles en los acuerdos comerciales, petición que no fue atendida por el Ejecutivo .
Estimados colegas, espero que hoy, de cara al país agrícola, esa señal de esperanza que entregamos a los miles de hombres y mujeres de las zonas rurales de nuestra patria, se concrete al momento de votar rechazando el proyecto por la forma en que ha sido planteado. De otro modo, al aprobarlo, causaríamos una nueva decepción y habríamos contribuido a consumar un nuevo atentado en contra del agro chileno, que ya no admite más postergación ni atropellos.
La seguidilla de negociaciones y cabildeos, encabezados por el Ministro de Hacienda , y las presiones partidistas ojalá no les hayan minado la moral combativa. Espero que no estén dispuestos a vender la dignidad del campesinado por un plato de lentejas, tal como ocurrió hace dos años con los 500 millones del Mercosur, de los cuales una ínfima proporción llegó a los potreros y el resto se ha gastado en burocracia, intermediarios, despilfarros surtidos y finalidades ajenas al sector, todo dentro de un marco de absoluta discrecionalidad y falta de transparencia.
No creo en las compensaciones y menos en las que se negocian con los gobiernos que, en los hechos, demuestran que no creen en la agricultura y que borran con el codo lo que escriben con la mano.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla , hasta por diez minutos.
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente , uno de los activos que tenemos como país es nuestra concordancia en el sistema económico, en la forma de crecimiento y en la manera de encarar el futuro en esta materia.
Por eso, desde que el Gobierno anunció que iba a mandar un proyecto de rebaja de aranceles, hemos asistido a un rico debate público, a un gran intercambio de ideas entre los parlamentarios y el Gobierno y también al interior de la Comisión de Hacienda, que le correspondió conocer este proyecto de ley. De manera que hemos tenido la oportunidad de reiterar nuestra apreciación, en cuanto a que el sistema económico que nos rige goza del mayor consenso y adhesión de todos los sectores políticos.
En ese esquema se inserta esta iniciativa sobre rebaja de aranceles. Como parlamentario y ciudadano cabe que me pregunte si esta apertura económica significa seguir en el camino correcto que Chile asumió, hace ya más de quince años, dadas las circunstancias que viven nuestro país y el mundo. Creo que el debate nos ha llevado al convencimiento de que el camino de la rebaja unilateral de aranceles, en este caso, es el más adecuado para lograr, a la larga y a futuro, el desarrollo económico y el crecimiento social que necesitamos.
Sin embargo, justo cuando este proyecto llega a la Sala para ser debatido, nos encontramos con una situación mundial de la economía que le ha producido a todo el país un conjunto de dudas respecto de la oportunidad de la política económica imperante. ¿Por qué digo esto? Porque asistimos a un asentimiento casi unánime de los economicistas del mundo, en cuanto a que hoy resulta imposible estar al margen de una economía globalizada, integrada y, por lo tanto, debe producirse una gran apertura de todos los países. Pero, al mismo tiempo, esto que hoy es una fortaleza aparece también como una debilidad, porque cuando las economías son tan interdependientes, las crisis de países lejanos producen los problemas que está viviendo gran parte del mundo.
En el pasado, los economistas nos dijeron, a través de la Cepal, que el desarrollo se lograba de otra manera, hacia adentro; nos hablaron de la industrialización, de la sustitución de importaciones. Hoy nos dicen que no, que es hacia afuera. Cuando esto sucede en el mundo, sería bueno que el Gobierno dijera una palabra para el país; sería conveniente tener un signo claro para que la gente sepa el momento que estamos viviendo y conozca las señales necesarias, desde el punto de vista económico, para el tránsito que debemos realizar hacia el futuro.
Una segunda reflexión es si sería bueno y oportuno, en este momento en que hay una crisis internacional, que nos abramos como país, desde el punto de vista de la rebaja de aranceles, aunque sea gradual, tal como lo establece el proyecto. Pensamos que hay elementos de juicio encima de la mesa. Las personas que fueron a la Comisión de Hacienda -destacados economistas de todos los sectores- señalaron que, no obstante la crisis, a la larga, el proyecto era conveniente para Chile. Sin embargo, creo que para muchos sectores del país esto todavía no está muy claro; se siente cuando uno conversa con la gente, con los sectores medios, con los trabajadores, con los grupos económicos de medianos y pequeños productores; se advierte cierta sensación de inseguridad por lo que está pasando y por lo que vendrá.
Entonces, este debate es valioso, porque los diputados estamos aportando nuestras visiones como representantes de distintos sectores. Pero creo también que sería muy conveniente que el Gobierno fuera más pedagógico sobre la materia, que no usara un lenguaje tan técnico, sino que diera confianza y tranquilidad a la gente, en cuanto a que este proyecto, a pesar de las turbulencias o crisis externas, de todas maneras, política y económicamente, es viable y bueno para el país.
Una tercera reflexión, se refiere al problema que generaron los acuerdos bilaterales. Mucha gente, sobre todo del sur, quedó con la impresión de que al firmarse el acuerdo con el Mercosur se originaba un horizonte de desgravación, con determinados plazos y preferencias. Hoy, la decisión de rebajar en forma unilateral los aranceles aparece, no para los técnicos, sino para el común de la gente, como una suerte de contradicción. Sé que hay explicaciones correctas sobre la materia, en cuanto a que los acuerdos bilaterales producen algunos efectos perversos no deseados, como la desviación de comercios debido a la mecánica de los sistemas productivos. Pero sería bueno explicarlo claramente; la economía se basa en la confianza y en señales, y sería muy conveniente aclarar a todos los productores del país este asunto.
Una cuarta reflexión se refiere al tema de los impuestos.
Lamento las expresiones de mi estimado colega Julio Dittborn , a quien suelo escuchar con mucha atención en la Comisión de Hacienda, porque es economista y conoce el tema. Entonces, no me parece correcto que en la Sala, cuando la sesión es transmitida por televisión, el señor diputado juegue a la demagogia, porque ello lo rebaja. Creo que no está bien. El señor diputado hace un gran aporte a la Comisión y quienes no somos economistas aprendemos de sus intervenciones. Pero hoy no ha estado en la línea que le conocemos. El Diputado señor Mora -a quien se refirió- es una persona muy leal con su Gobierno; cuando asistió a la Comisión de Hacienda, lo hizo porque sabía perfectamente a lo que iba. Creo que uno de los valores fundamentales del ser humano es la lealtad con las personas y con los gobiernos a los cuales ayuda, apoya y sirve. Estoy cierto de que el Diputado señor Dittborn también ha tenido esa lealtad con el gobierno militar, y lo respeto por eso. Considero que el Diputado señor Mora ha actuado de la misma manera.
Por otro lado, quiero decirle al Diputado señor Dittborn que no hay triquiñuelas del Gobierno, por la sencilla razón de que el hecho de calificar de “suma” la urgencia del proyecto nada tiene que ver con las indicaciones ni con la posibilidad de dividir la votación; dicha urgencia sólo dice relación con la mayor premura con que debe tratarse una iniciativa. En todo caso, aunque el proyecto tuviera calificación de simple urgencia, no podrían presentarse indicaciones, puesto que en materias relacionadas con impuestos y con la administración financiera del Estado, los diputados no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Esta prohibición está establecida en la Constitución de 1980, y es un buen sistema que yo comparto; no hay que eliminarlo porque ha operado bien, y el Diputado señor Dittborn no puede distorsionarlo con su presentación. Por otro lado, si acogiéndose al artículo 146 del Reglamento pidiera división de la votación, aun cuando hubiera simple urgencia, incurriría en una proposición inconstitucional.
De manera que aquí no hay subterfugios ni triquiñuelas, como dice el señor diputado; simplemente hay un proyecto que ha sido tratado de conformidad con las normas que hemos aprobado y con las cuales todos estamos de acuerdo.
Termino anunciando que votaré favorablemente el proyecto, no obstante haber otras materias que me habría gustado tocar en mi intervención.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Jorge Leiva, Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción.
El señor LEIVA ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-
Señor Presidente , el artículo 5º del proyecto de ley tiene especial relevancia para las materias que maneja el Ministerio de Economía. Por esa razón, conjuntamente con el Ministro señor Aninat hemos trabajado en su elaboración y tramitación en la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
Por desgracia, hoy en la tarde tuve que asistir al Senado, que discutía la ley austral. Por eso, acordamos con el Ministro señor Aninat que, mientras tanto, él intervendría aquí, y que yo me incorporaría después de que esa iniciativa fuera despachada en el Senado.
La parte del desmonte del reintegro simplificado, que en el proyecto se establece de manera gradual hasta el año 2002, corresponde a una política general que acordó el Gobierno con el sector privado. En los foros de desarrollo productivo se trabajó con distintas organizaciones gremiales, y en mayo del año pasado se anunció públicamente un programa nacional de la competitividad, que contemplaba que aquellos instrumentos de desarrollo productivo que fueran incompatibles con las normas de la OMC, se desmontarían de acuerdo con esos compromisos, pero los recursos que involucraban el reintegro simplificado serían utilizados en otros instrumentos de fomento compatibles con las normas de la OMC. Eso es, precisamente, lo que está contenido en el actual proyecto.
De manera que la iniciativa recoge compromisos internacionales contraídos por nuestro país y acuerdos logrados con los distintos sectores interesados, para poder cambiar los instrumentos de fomento productivo hacia nuevos instrumentos que nos permitan mantenerlos en el tiempo.
He querido destacar sólo este punto, para no repetir todos los argumentos dados por el Ministro de Hacienda respecto de las bondades de este proyecto y de los beneficios que traerá al desarrollo económico del país. En todo caso, hay otros aspectos que van más allá del efecto propio de una reducción de aranceles, que tienen que ver con el desarrollo productivo del país.
Gracias, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Ministro de Agricultura , señor Carlos Mladinic.
El señor MLADINIC ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , sólo para tratar de responder, modestamente, algunas de las inquietudes planteadas por el Diputado señor Huenchumilla.
Él decía que a la gente le puede resultar difícil entender la presentación de un proyecto sobre rebaja arancelaria, precisamente en los momentos en que se vive una crisis financiera mundial, como lo estamos observando día a día en la prensa.
En verdad, en un país pequeño como el nuestro, abierto al mundo como mercado, los aranceles también representan un costo para quienes orientan su actividad a las exportaciones, debido a que una parte sustancial de sus materias primas son importadas y, por lo tanto, ellos solventan este costo. De manera que en la medida en que baje el costo de sus insumos, sin duda, esos productores se verán beneficiados.
El punto es que en una situación como la actual resulta imposible avanzar en un proyecto como éste, que significa, por una parte, una reducción de ingresos fiscales, como son los aranceles, y, por otra, el impacto que podría tener en el gasto total de la economía el rebajar un impuesto, si éste no fuera compensado con otros. Por lo tanto, este proyecto enviado por el Gobierno tiene esa característica: compensa con otros tributos el ingreso fiscal que se rebaja, precisamente porque estamos en una situación mundial que obliga al país a ser extremadamente cuidadoso con el impacto que la iniciativa tendrá en el gasto total en la economía.
En la medida en que, por una parte, rebajemos una cantidad de ingresos fiscales, pero, por otra, que los sustituyamos, el impacto sobre el gasto total de la economía se neutraliza y por ahí estamos obteniendo una ganancia de competitividad para el sector exportador, sin que signifique un aumento en el gasto total de la economía. Estamos permitiendo el desarrollo de un sector exportador. Esto es especialmente interesante en el caso de la agricultura. Tal vez no haya otro sector que se beneficie más con una rebaja arancelaria que el agrícola exportador que, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Agricultura, representa el 47 por ciento de la agricultura nacional. Se beneficia netamente de una rebaja de aranceles, porque para la agricultura exportadora todo peso de arancel es gasto y ningún punto arancel es una protección, porque vende sus productos fuera del territorio nacional y, por lo tanto, no se ve beneficiada por esa protección. Sólo se ve afectada por los costos que implica pagar esos aranceles. Para la agricultura exportadora éste es un beneficio neto.
Si éste es un proyecto que beneficia, claramente, a una parte de la agricultura, el punto es, entonces, ¿qué pasa con aquella que sustituye importaciones? Estaban frente a tres posibles alternativas: la primera, simplemente no se hacía la rebaja, castigando a la agricultura exportadora que seguía soportando el pago de aranceles y un tipo de cambio deprimido también o de acuerdo con ese nivel arancelario; la segunda, se establecía un arancel para la agricultura exportadora y otro para la sustitutiva de importaciones, pero eso tenía parte de los riesgos que aquí han sido sucesivamente explicados por el Ministro Aninat y, la tercera, era reconocer, definitivamente, que en Chile existen, a lo menos, dos agriculturas: una orientada a la exportación que, claramente, se beneficia con una rebaja arancelaria y, la otra, que sustituye importaciones y que requiere de un apoyo adicional para soportar el mayor grado de competitividad. Esta agricultura, geográficamente, está ubicada básicamente en la parte sur y centro sur del país, y afronta dificultades serias de calidad de los suelos y de riego, y lo que se ha hecho a través del Protocolo que forma parte del proyecto, ha sido incorporar más recursos a programas que apuntan directamente a mejorar los suelos y la seguridad de riego para el sector. De esta forma, no se perjudica a la agricultura exportadora y, al contrario, se la beneficia con una rebaja arancelaria y se apoya la competitividad del sector que compite con productos originarios en otros países. Es la fórmula que ha permitido avanzar en forma pareja a la agricultura chilena, sin castigar a una en desmedro de la otra.
Otro punto que mencionó el Diputado señor Huenchumilla tiene que ver con lo que él llamaba “los efectos no deseados de los acuerdos comerciales”. Se refería específicamente a lo que se conoce como desviación de comercio, esto es, traer productos de un país no porque sean los mejores, más baratos y de mejor calidad, sino porque un beneficio fiscal que obtienen al no pagar aranceles, los hace preferibles por nuestros consumidores. Ése es el efecto no deseado, pero no olvidemos que también hay un efecto deseado, que es la creación de comercio, lo que permite que en este país se logre tener insumos y otro tipo de productos a menor precio y de mejor calidad de lo que obteníamos.
Tal vez, es muy temprano para sacar conclusiones de los impactos que han tenido los acuerdos de libre comercio respecto de los fenómenos de desviación y de creación, pero sí puedo citar un estudio reciente de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en que distintos memoristas avanzan rama por rama de la actividad económica y analizan los efectos de esos acuerdos y su impacto tanto en creación como en desviación de comercio, y la verdad sea dicha -estos estudios pueden obtenerlos los señores diputados- los impactos en desviación son absolutamente despreciables, de manera que estos acuerdos comerciales han tenido más el efecto deseado, que es la creación de comercio, y el no deseado: la desviación de comercio.
Por último, quiero insistir en el punto mencionado por el Diputado señor Huenchumilla. Si en este proyecto se trata de compatibilizar una situación de crisis internacional con una rebaja arancelaria, esa compatibilización está absolutamente radicada en que es un proyecto compensado. Buscamos mejorar la competitividad del productor nacional, sin afectar el gasto total en la economía, cosa que sí sucedería si, simplemente, rebajáramos los aranceles y no hubiera una compensación tributaria que permitiera nivelar ese gasto.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García , hasta por cuatro minutos.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Señor Presidente , me alegro de que haya hablado primero el Ministro de Agricultura , porque felizmente reconoce que este proyecto sólo beneficia a un 47 por ciento de los agricultores y perjudica al 53 por ciento.
La pregunta que habría que hacerse es si el Gobierno, que tantas veces nos ha echado la culpa a nosotros, después de este discurso, está dispuesto a seguir por este camino. Claramente nos hemos dado cuenta de que está favoreciendo a los grandes importadores y que no se preocupa de la pequeña agricultura ni de la de sustentación, que es la que nos preocupa.
Parece que después de este discurso, los pequeños agricultores, las comunidades mapuches y todo el sector que no es exportador, sigue condenado a ser pobre y a ir abandonando los campos, porque ésa parece que fuera la razón de hacer todos los proyectos y convenios internacionales, es decir, ir en contra de la agricultura y no a su favor. Al respecto, se ha dicho que han venido grandes economistas de todos los sectores; efectivamente ése ha sido el error: han venido los economistas y no los agricultores que son los afectados, porque esta ley sirve a los teóricos y no a los prácticos que son los que trabajan la tierra, los que la hacen producir y los que, en definitiva, tienen que alimentar al país. Por eso votaremos, con toda nuestra fuerza, en contra de este proyecto de ley, que nos parece la sepultura de la agricultura.
Por otra parte, hace algunos días, el Ministro abordó el tema de la sequía, y dijo con desparpajo y muy plantado ante la televisión, “Qué importan 30 mil hectáreas de trigo, para eso tenemos convenios y lo traemos de afuera”. Con ese criterio, creo que no tenemos nada que hacer en la agricultura del país.
En consecuencia, es bueno que esto se discuta, se debata y se vea quiénes son los que efectivamente defienden a los agricultores y a la gente de trabajo, y no sólo a quienes les interesa hacer convenios internacionales en desmedro de nuestra gente. Le diría al señor Ministro que si su Gobierno fuera serio, votaría a favor del proyecto, porque ningún ministro de agricultura ha cumplido los compromisos contraídos. Si usted me dice que el impuesto al tabaco beneficiará a la agricultura, da lo mismo; pero el impuesto a la bencina es el que va a perjudicar a toda la gente. Le hablaré no como economista, sino como hombre de campo que ve cómo sufre la gente sin trabajo en las diferentes regiones. Si usted sube la bencina, suben los pasajes, los fletes, todo. ¿Qué hace el comerciante cuando le llegan los productos? Sube en la misma proporción los alimentos y, en definitiva, quien termina pagando es el más pobre. Por lo tanto, esta ley es contraproducente debido al alza de los impuestos, y usted sabe muy bien que los ricos se defienden solos y, por lo general, pueden compensar sus impuestos, pero el que necesita es el que no puede hacerlo. Y dejémonos de complejos, hoy tenemos que hablar con fuerza y entusiasmo de lo que es el subsidio para la agricultura chilena. Sin ningún complejo, decimos que la agricultura no resiste más, y el Gobierno en vez de preocuparse de destruirla, debe preocuparse de subsidiarla, ya que es la única alternativa viable que hoy tiene, y al Presidente y al Gobierno que hoy subsidien la agricultura les garantizo que no tendrán más problemas, porque hoy -y Dios nos pille confesados, cómo está la agricultura- si viene una guerra o cualquier problema con los países que nos alimentan, vamos a ser sometidos por el estómago, mientras que si tenemos la despensa llena, nuestros trabajadores contentos y los productores haciendo lo que deben hacer, vamos a estar bien.
Por esas razones, votaremos en contra, y lo vuelvo a repetir, si el Gobierno fuera serio y cumpliera sus compromisos, probablemente votaríamos a favor. No pedimos más teoría, sino que efectivamente se ayude al productor chileno y no se hagan más convenios contra la agricultura del país.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Tomás Jocelyn-Holt , hasta por seis minutos.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señor Presidente , este tema puede tocarse desde el punto de vista de la rebaja, del protocolo agrícola o de la fuente de financiamiento, pero me quiero hacer cargo de uno de los comentarios del Diputado Dittborn , que es importante en este debate, el de la triquiñuela, pero no desde el punto de vista mencionado por el Diputado señor Huenchumilla sobre la posibilidad de presentar indicaciones o el argumento de la lealtad al cual también aludió. Quiero verlo desde el punto de vista de lo que es reemplazar un impuesto por otro.
Un proyecto de esta índole hay que examinarlo desde el punto de vista de su eficiencia, del grado de impacto que produce en la productividad, el costo de insumos, el poder de compra.
Partamos de la base de que los aranceles son un impuesto que afecta a la producción, porque incide en la capacidad de producción de las empresas, porque producen con un impuesto que afecta sus costos. Digámoslo con sinceridad: cuando el Diputado señor René Manuel García dijo que votaría a favor del proyecto si el Gobierno fuera serio, quiso decir que el Protocolo de compensación agrícola es bueno, pero duda de que se pueda implementar.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Exactamente.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Perfecto. Para quienes confiamos en el Gobierno, entendamos que hay una inquietud agrícola recogida. Ahora bien, respecto de la bencina, el argumento urbano, que afecta a la clase media, que tocó el Diputado señor Dittborn , ésta no es la primera vez ni tampoco será la última en que tocamos el impuesto a la bencina; como tampoco es la primera, ni será la última que tocaremos a tabacos, ni la primera o última vez que tocaremos -no en este caso- a alcoholes. Lo haremos de nuevo, ya sea para financiar un plan de descontaminación, para incrementar las pensiones o por finalidades macroeconómicas para controlar gastos. Eso lo sabemos todos, por varias razones. Primero, porque estos impuestos recaudan muy bien; segundo, porque nos afectan a todos ya que, de alguna manera, los aranceles nos afectan a todos, a algunos en particular, como la bencina. Digámoslo, aunque se analice desde el punto de vista de proporción de gastos que los hogares destinan a gasolina o como montos absolutos, no es más regresiva de lo que algunos diputados han tratado de presentarnos acá, sino todo lo contrario. Aquí se bajan los aranceles en una proporción mayor de lo que se incrementa la bencina. Hagamos, entonces, un análisis del costo del beneficio de sustituir aranceles por impuestos como la bencina.
¿A quiénes representamos? Nuestra gente no gana en dólares, gana en pesos; no se dedica al sector sustituidor ni tampoco a las exportaciones, gana en pesos porque se dedica al sector servicios, por lo menos los diputados urbanos; la gente más pobre del país es consumidora neta. Desde ese punto de vista, analizar lo que significa el incremento del impuesto a la bencina, en este país, en comparación a dos fechas, es más barato comprar y andar en auto hoy que hace 14 años, 25 por ciento más barato, en términos reales, por lo menos la bencina y, también, que cuando asumimos el Gobierno, hace ocho años; la bencina es diez por ciento más barata en términos reales de lo que era entonces, a pesar de que le hemos subido el impuesto. La Concertación ha subido el impuesto a la bencina y es más barata, en términos reales, por el precio internacional que ha venido cayendo. Digámoslo con toda sinceridad: en Chile, hoy, es más barato comprar y andar en auto que hace algunos años y eso nos permite una flexibilidad suficiente para recurrir a este impuesto y hacer algo en beneficio total de la economía.
La última idea que quiero compartir, desde el punto de vista urbano, cuando nos preocupamos de la contaminación o vemos las imágenes en televisión de niños con problemas broncopulmonares tosiendo en consultorios atochados, producto de una crisis ambiental, la pregunta es, ¿quién quiere asumir los costos de las decisiones de lo que significa eso? Hablamos de gravar a la clase media por usar un automóvil. Muchas veces me ha tocado conversar en las ferias con personas que tienen camionetas o camiones que, desde luego, son mucho más contaminantes que otros vehículos, y les pregunto: ¿usted tiene un niño en estas condiciones? ¿o no? ¿Asume el costo o no? ¿Sí o no? Vamos a tener que decirle la verdad a la gente. No se puede llorar y quejarse de una crisis ambiental en Santiago si no estamos dispuestos a disuadir el uso del automóvil privado, que está bastante subsidiado, por lo demás. Ésa es una decisión que hay que tomar, tener la valentía de decirlo, porque no lo vamos a tener sólo ahora en aranceles. Reitero, volveremos a discutir en la Sala incrementos a la bencina, alcoholes y tabacos, y creo que hay un buen expediente de argumentos para defenderlos, en beneficio del bien común, de contrastar el interés privado y, también, para lograr otras cosas que todos hemos querido hacer, pero nadie se atreve a decir exactamente cuáles son los costos asociados a ellas.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José) .-
Señor Presidente , el proyecto, en los términos planteados inicialmente, afectaba seriamente a la agricultura tradicional que represento en el distrito 47 de la provincia de Biobío.
Además, como soy agricultor, conozco bastante bien la agricultura, que por años viene arrastrando una serie de dificultades que han sido y siguen siendo bastante serias. Pero esto no es de los últimos años, sino que es de larga data.
Quiero recordar a los colegas de la Oposición que hace cerca de 15 años, a un sabio Ministro de Agricultura se le ocurrió recomendar a los agricultores productores de leche que si la lechería no era negocio, que se comieran las vacas. Nadie levantó la voz para decir que ésa era una atrocidad.
Entonces, en el último tiempo, cuando 72 diputados nos hemos opuesto a firmar el proyecto, pues en los términos planteados inicialmente era inconveniente para nuestro sector y también para la pequeña y mediana empresa, hemos tenido capacidad y los pantalones bien puestos para conversar con el gobierno de la Concertación, con nuestro gobierno, y llegar a un acuerdo que, sin duda, beneficia a esos sectores.
No nos olvidemos de que sólo en los últimos años se han hecho una serie de obras de riego importantes para los agricultores.
Tenemos un acuerdo suscrito, mediante el cual podremos seguir trabajando en algo tan importante como es la recuperación de suelos degradados, fomento para la incorporación de empastadas, proyectos de riego y drenajes de suelos, que son tremendamente importantes.
Sin duda, este acuerdo favorece al sector que representamos y, por ello, estamos dispuestos a votar favorablemente el proyecto en los términos que ahora se ha planteado y en la forma en que se ha acordado con el Ministro Aninat y con el gobierno de la Concertación.
Por lo tanto, hemos arribado a un acuerdo que nos permite avizorar con algún grado de tranquilidad mejores posibilidades de vida para nuestra agricultura.
Creemos sí que los organismos técnicos del Estado, encargados de entregar asistencia técnica y crediticia a nuestros agricultores, tienen que preocuparse de hacer prácticas acordes con los tiempos modernos y con las técnicas hoy vigentes en Chile y en el mundo para aumentar sus cultivos. No solamente deben ser meros bancos que faciliten recursos a la agricultura, sino que deben preocuparse de implementar técnicas adecuadas para mejorar los rendimientos y, por consiguiente, hacer más rentables los cultivos.
Votaré favorablemente el proyecto, por considerarlo beneficioso para el sector que represento.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , el país optó por un modelo económico globalizado y abierto, que todos los sectores políticos, de uno u otro modo, hemos respaldado. Sin embargo, ¿cómo compatibilizar los intereses de los distintos grupos productivos del país para adoptar aquellas medidas que permitan al sector exportador y a quienes sustituyen importaciones competir de mejor manera y beneficiar también a los sectores más desfavorecidos, como son la agricultura y la pequeña y mediana empresa?
Ése es el debate que deberíamos hacer. Es la invitación que hacía el Diputado señor Huenchumilla a reflexionar respecto de cuál es el tipo de país que estamos construyendo: con justicia, con igualdad de oportunidades y con posibilidades reales de desarrollo.
En la actualidad, tenemos un déficit en nuestra balanza comercial, en nuestra cuenta corriente, fundamentalmente porque la estructura productiva exportadora del país está basada en productos primarios. El cobre, que ha tenido una baja ostensible y permanente; la pesca que, por razones de captura, ha disminuido sus exportaciones; la madera que, por razones de mejor oferta o de masificación de la oferta de los países del Asia, también ha bajado su precio. De tal modo que el país está recibiendo menos recursos, porque no somos capaces de exportar en mejores condiciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Llamo al orden al Diputado señor Ceroni .
El señor TUMA.-
Entonces, el punto está en cómo logramos aumentar y diversificar nuestras exportaciones.
Cuando se presentó el proyecto y anunció el Presidente Frei que vendría con una rebaja arancelaria de 3 por ciento el primer año y después se incrementaria de 1 en 1, hasta llegar a 5 en tres años, muchos parlamentarios que representamos zonas que están desfavorecidas desde el punto de vista de la competitividad, creíamos que era inconveniente, y lo sería mucho más una vez conocidos los efectos de la crisis asiática.
Pero digámoslo con franqueza. La situación de los agricultores, especialmente de los más pequeños, con o sin Mercosur, con o sin rebaja arancelaria, va a ser siempre la misma, a menos que, como país, tracemos una estrategia y una definición para implementar programas y políticas necesarios para la superación de la pobreza, especialmente de los sectores campesinos más pobres; para que la pequeña y mediana empresa reciba eficazmente mayores recursos en instrumentos de fomento productivos. Porque, en materia de las Pymes y del fomento productivo, por acuerdos internacionales con la Organización Mundial de Comercio, estamos obligados a desmontar los recursos destinados a reintegro simplificado y, en definitiva, esos 77 millones de dólares en régimen van a alcanzar a beneficiar a la gran masa de pequeños y medianos productores, entre los cuales incluimos también a los agricultores.
¿Cómo se distribuye este millonario recurso del Estado en las empresas exportadoras? El 60 por ciento se lo lleva el 10 por ciento de las empresas exportadoras, que son las más grandes. Y con el proyecto estamos dando un sentido de equidad a la inversión del Estado, al distribuir sus recursos, que son escasos, precisamente en los sectores que más los necesitan y a los que más potencialidad podemos dar, no sólo para permitirles exportar, sino también para seguir sustituyendo importaciones.
Las medidas implementadas no en el proyecto original, sino en el protocolo de acuerdo que los diputados de la Concertación logramos con el Ministerio de Hacienda, favorecerán a 4 millones 200 mil trabajadores que dependen de la pequeña y mediana empresa. Allí se establecen medidas que van a permitir, primero, a los exportadores, a partir del año 2000, acogerse a reintegro general, porque va a desaparecer el reintegro simplificado.
Por lo engorroso del sistema, sólo el 20 por ciento de los exportadores puede recurrir al reintegro general, razón por la cual en el protocolo de acuerdo se plantea el compromiso de que, a los 90 días de promulgada la legislación que estamos discutiendo, se establezca una simplificación del sistema, de modo que los exportadores, especialmemte los pequeños y medianos, puedan acceder a este reintegro general.
También se ha consignado en este protocolo un instrumento de protección, un mecanismo de salvaguardia, para evitar la competencia desleal. Se trata de impedir el ingreso al país de importaciones favorecidas por la desvalorización excesiva de la moneda extranjera o por la aplicación de un subsidio directo o indirecto, especialmente de parte de los países del Asia.
Estos temas han sido abordados en esta Cámara y hay consenso en el Gobierno en la necesidad de hacer llegar a este Congreso un proyecto de ley que permita crear los tribunales económicos y hacer mucho más eficaces las medidas de resguardo de la libre competencia y de la transparencia en el mercado.
Luego, existe el compromiso de que, en el curso de la tramitación del proyecto de ley, será modificado el precepto de las importaciones de bienes de capital para que sigan gozando del beneficio hasta el 31 de diciembre del 2002.
Me pongo en el caso de que no tengamos los recursos adicionales para la agricultura, al margen de los dispuestos en el presupuesto de la nación y en el compromiso de que se está cumpliendo, respecto de los 500 millones de dólares que serán distribuidos en el sector. Al respecto, quiero formular una observación, que contradice lo planteado por el Diputado señor René Manuel García . En mi región hay 606 agricultores que han recibido este año, por mejoramiento de suelos degradados, 1.258 millones de pesos.
El señor GARCÍA (don René Manuel) .-
Son 75 mil.
El señor TUMA.-
Son los agricultores más grandes de la región. En consecuencia, planteo -aquí está el Ministro de Agricultura - que necesariamente se revise la política de distribución de recursos, con el objeto precisamente de favorecer a los agricultores más pequeños, que son los que, en la mayoría de los casos, cuando llegan a la ventanilla de Indap, ya no queda plata, está cerrado o ya no les corresponde.
Con la inyección de 50 millones de dólares para la agricultura, más los 67 millones de dólares para los Pymes, con los cuales también se benefician los agricultores, tenemos una situación absolutamente distinta a la actual realidad.
En definitiva, con o sin este proyecto arancelario, si no hacemos un gran esfuerzo por optimizar los instrumentos de fomento productivo, a través del mejoramiento de los suelos, el riego y la capacitación, no vamos a cambiar la estructura productiva exportadora del país.
En la línea que planteaba el Diputado señor Huenchumilla , el cambio debería ir por la potencialidad de muchos exportadores, por una mayor diversificación y beneficio y por una igualdad de oportunidades, especialmente para el pequeño productor, el campesino, el mapuche, que hoy no recibe ningún beneficio, con o sin rebaja arancelaria y tampoco respecto de los 500 millones de dólares que se están distribuyendo en la agricultura.
Por esa razón, junto con las medidas complementarias que se requieren, el proyecto va a ayudar a la competitividad, de manera que, en forma eficaz, tengamos más recursos disponibles para ayudar al pequeño campesino, al pequeño agricultor y a la pequeña y mediana empresa.
Por eso, la bancada del PPD en forma unánime va a respaldar el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hernández .
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , quiero iniciar esta intervención valorando en dos aspectos la carta que junto con 72 diputados firmáramos con ocasión del anuncio que hiciera el Gobierno de la presentación del proyecto de ley.
Es primera vez que los diputados que representamos a zonas rurales, fuimos capaces de motivar a colegas parlamentarios de zonas urbanas a apoyarnos en una presentación donde expresábamos nuestra preocupación por lo que el proyecto de ley pudiera significar para los sectores rurales.
En segundo lugar, conseguimos sentar en una mesa de conversación a las autoridades económicas del Gobierno respecto de este tema. De tal manera que caricaturizar esta carta -que con mucha fuerza presentáramos- y el acuerdo logrado no es lo conveniente, porque ha sido un paso importante que nos permite visualizar de mejor manera y con mayor tranquilidad el futuro de nuestros sectores rurales, porque conseguimos que el Gobierno cambiara un proyecto de ley que, originalmente, afectaba en forma importante la actividad agrícola tradicional. Lo solucionamos, en parte, con tres elementos de sustentación que me parecen relevantes: la gradualidad, que aminora los efectos negativos; la compensación, que permite introducir recursos nuevos que serán focalizados para potenciar la actividad agrícola, y la protección a sectores productivos, a través de un proyecto que genera y crea un instrumento de protección mucho más eficiente, como es una ley de salvaguardia.
En ese contexto, es muy valorable lo que hicimos desde la génesis de la presentación de nuestras dudas respecto de la iniciativa en estudio, hasta lo que hemos conseguido hasta ahora. Por esa razón, la votaremos favorablemente.
Sí tenemos una responsabilidad adicional para que no vuelva a pasar lo que ocurrió con los recursos del Mercosur, o sea, que no sepamos en qué se gastan ni en qué se gastarán. Lo peor es que muchas veces tenemos plena conciencia de que se están utilizando mal y no actuamos con la fuerza suficiente para hacer cambios que permitan utilizarlos debidamente a fin de que lleguen a la gente. Ésa es la primera gran responsabilidad.
La segunda, consiste en velar para que en la próxima ley de Presupuestos figuren los recursos anunciados y comprometidos por el Gobierno, debidamente explicitados y en las glosas que correspondan, y con una actitud de fiscalización clara respecto de su uso y destino.
De manera que hemos dado un paso importante. Dicen que lo enemigo de lo bueno es lo mejor. Con un grado de racionalidad, debemos aceptar y entender que los sectores vulnerables que nos preocupan, porque los representamos en este Parlamento, pueden tener un cierto grado de tranquilidad, lo que también depende de la responsabilidad con que nosotros también asumamos nuestro compromiso.
Por último, quiero decir algo que venimos repitiendo desde hace bastante tiempo. Creemos que no sólo la agricultura, sino la ruralidad del país requieren de un tratamiento especial. Hemos planteado al Gobierno que las soluciones que aparecen como de parche no ayudarán a resolver los serios problemas que afectan a muchas regiones que viven y dependen de la ruralidad, en las que no sólo hay una actividad productiva de por medio, sino una forma de vida de miles y miles de chilenos que hoy ven con incertidumbre lo que pueda pasar con ellos.
Por eso, así como fuimos capaces de convocar a 72 diputados y al Gobierno, con las autoridades máximas de los sectores económico y agrícola, invito a los colegas y al Ejecutivo a asumir el compromiso de iniciar el estudio de un proyecto de fomento y desarrollo de la ruralidad, con recursos permanentes en la Ley de Presupuestos, con planes y programas establecidos de manera clara y con una focalización que permita resolver los problemas que se viven en las regiones, porque sucede que hoy los programas se hacen y se evalúan desde Santiago . Este centralismo odioso no sirve a las regiones para atender las realidades del mundo rural. Pero eso pasa por la capacidad de generar un gran acuerdo que nos permita elaborar una ley de fomento y desarrollo de la ruralidad, que aporte a la solución de los problemas que hoy viven los hombres y mujeres de nuestros campos.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente , hoy discutimos en la Cámara una rebaja generalizada de aranceles, principio que algunos economistas señalan como verdadero dogma de fe.
En verdad, no soy economista. Al igual que mi colega señor José Pérez , soy agricultor, y conozco a nuestros hombres de campo, a los que se levantan a las seis de la mañana, que trabajan de sol a sol, que se ilusionan con las siembras que efectúan y trabajan todo un año para llegar a las cosechas y recibir nada, y muchas veces ser engañados y estafados por empresas inescrupulosas.
Hoy asistimos a una sesión en la cual nuestros colegas oficialistas han dado una voltereta política que nos asombra. A muchos de los diputados que intervinieron, hace 15 días los escuché señalar las razones para oponerse al proyecto. Sin embargo, hoy dicen justamente lo contrario. En verdad, cuesta entender el sentido de sus argumentaciones.
Se ha firmado un protocolo, en el cual el Gobierno promete una serie de cosas y compensaciones, pero sabemos en qué consisten esos acuerdos. Hace unos días hablaron conmigo algunos funcionarios de la Tesorería General de la República, que participaban en un movimiento gremial, porque el protocolo firmado con el Gobierno, por el cual se les prometía aumentar los sueldos por la mayor fiscalización al sector privado, no se había cumplido. Para que les entregaran esos recursos, tuvieron que hacer un movimiento gremial.
También hemos visto lo que sucedió con el gremio de los camioneros, debido a que luego de firmar un protocolo con los Ministros de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de ver cómo...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado .
El señor CORREA.-
... solucionaban el problema de los aparcamientos, finalmente tuvieron que realizar una paralización de tres mil camiones en la carretera para que el Gobierno solucionara el asunto.
El problema no está en los aranceles, sino en la competencia desleal de los productos que llegan subsidiados desde el exterior. En la medida en que el Gobierno solucione ese problema, el de los aranceles será menor.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier hasta por seis minutos.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , estamos frente a una peculiar paradoja: todos decimos estar de acuerdo en que es beneficioso para el país mantener un proceso de apertura de la economía -así lo ha dicho el colega Dittborn , entre otros-, que es positivo avanzar en esa línea y, por ende, es buena esta apertura. La discusión es si ella se compensa, por un lado, financieramente, y, por otro, social y territorialmente, y si los instrumentos propuestos son los más adecuados.
Soy partidario de continuar con el proceso de apertura, no sólo porque hemos perdido cierto dinamismo interno, sino porque la historia no depende de nosotros y muchos de nuestros competidores, tanto en América Latina como en otros continentes, han abrazado este esfuerzo de la apertura económica. Tenemos aliados económicos, amigos con los cuales comerciamos, que han avanzado a ritmos más rápidos que nosotros. Es una necesidad continuar este proceso, sobre todo en un mundo cada vez más globalizado. Pero es malo mentirle al país, es malo negarle a la gente los hechos de la causa: Chile necesita seguir un camino de apertura.
También es importante señalar que, en esta época de ciertas turbulencias, el proceso de apertura creciente debe ser más gradual. Agradecemos y felicitamos al Gobierno por haber aceptado una señal del Parlamento, en el sentido de llevar el proceso en forma más gradual.
Respecto de las compensaciones, una es financiera, y otra, social y territorial. Sobre la primera no me pronunciaré mayormente, excepto en un tema. Si en el país existieran condiciones políticas, en particular en la Oposición, en el sentido de compensar esto de otra forma, sin duda podríamos promover otras fórmulas, como la aplicación de impuestos directos -en el país son bastante bajos-, de modo que quien lleve la mayor parte de la carga sean los grandes intereses económicos y no que se distribuya como aquí se propone. Sin perjuicio de lo anterior, quien lleva la mayor parte de la carga financiera son los quintiles de mayores ingresos.
Nos preocupan, y se lo hemos planteado al Ministro de Hacienda , algunos instrumentos, en particular el aumento del impuesto de timbres y estampillas, que puede afectar en forma especial a ciertos sectores sociales, tema que, creemos, debe reestudiarse en el Senado.
En cuanto a la compensación social y territorial, debo hacer notar que, por primera vez en la historia de nuestro país, se habla de una compensación que permita el fomento productivo de las Pymes. Eso hay que decirlo con mucha fuerza, porque en nuestro país la reducción arancelaria que se conoce fue la de una apertura indiscriminada, sin ningún tipo de fomento productivo, que llevó a la quiebra a ciertos sectores de la industria nacional y tuvo un costo social muy alto, tanto en términos de empleo como de redistribución de la actividad económica territorial. Eso no ocurrirá en esta ocasión.
Se ha armado un paquete de fomento productivo como nunca antes se ha tenido en nuestro país, con más de 50 millones de dólares en régimen en los próximos tres años para la agricultura, adicionales a los del Mercosur.
Seamos honestos, por lo menos en la Cámara de Diputados, en reconocer que cuando el Senado debatió el tema del Mercosur fue poco prolijo al definir hacia dónde iban los recursos. Sólo a partir de este debate tenemos un esquema concreto de cómo será el flujo de esos recursos durante los próximos años y, por primera vez, existe un documento oficial firmado en la Cámara de Diputados, que garantiza que los aportes serán adicionales a los 500 millones de dólares en régimen, por lo cual habrá más recursos focalizados hacia el sector agrícola y las Pymes. En lo agrícola, para los sectores más retrasados, en particular de la Séptima Región hacia el sur, para mejorar suelos sumamente degradados que no tienen otra opción que la producción triguera.
Seamos honestos cuando hablamos de la agricultura en Chile. Existen dos agriculturas -por eso la SNA está dividida-: una que necesita mayor apertura, tanto por insumos como por conquista de mercados; pero también hay otra, atrasada, la de la remolacha, del maíz, del trigo, del tabaco, del tomate, de todos aquellos productos vinculados con la industria que elabora, en que el problema no lo constituye el mercado externo, sino las distorsiones internas. El problema de los remolacheros se llama Iansa, y el de los maiceros son los poderes compradores. Para fomentar el desarrollo agrícola necesitamos perfeccionar los mercados internos. De ahí la importancia de los instrumentos de fomento productivo a todo nivel.
Termino con una última reflexión: por primera vez hemos logrado, en relación con el sector agrícola, hablar del tema del riego y de asegurar recursos de riego para los pequeños y medianos productores, que es la única posibilidad de innovación tecnológica a fin de que amplios sectores de nuestro país puedan cambiar de rubro, competir en un mundo que cambia, sin pérdidas de empleos, como ha sucedido en otras épocas en nuestro país. La mejor forma de asentar el desarrollo rural y el desarrollo empresarial en el Chile intermedio es con fomento productivo.
Por eso, votaremos a favor el proyecto.
Una última cosa: un punto de arancel es insignificante comparado con la fluctuación del tipo de cambio diario en nuestro país. Para la exportación o importación de productos son más duras las variaciones del tipo de cambio. Digamos las cosas como son: un punto en el arancel no va a destruir ni la agricultura ni la pequeña y mediana empresa. Lo que necesitamos es una política cambiaria más sólida y permanente en el tiempo, tanto interna como externa.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Walker hasta por tres minutos.
El señor WALKER (don Patricio).-
Señor Presidente , tengo la sensación de que estamos en presencia de uno de los proyectos más importantes que hemos tratado en los últimos meses.
Sin duda alguna, nuestra agricultura tiene problemas de competitividad y de productividad. Cuando se analiza la situación de productos como el maíz, el trigo, la remolacha, la leche, la carne, y los comparamos con los de otros países, nos damos cuenta de que, efectivamente, existen problemas que debemos abordar y solucionar.
Hay agricultores que por tradición, por historia, muchas veces actúan como entes aislados. También tenemos problemas, porque los costos actuales de la actividad agrícola son demasiado altos. En consecuencia, es necesario fortalecer y estimular medidas que mejoren la competitividad y la productividad agrícola. Por eso me parece fundamental que aprobemos esta rebaja arancelaria y que incorporemos con más fuerza la economía de escala en la producción agrícola.
Este proyecto fortalecerá la integración y el intercambio comercial con otros países. Tengo en mi poder cifras que señalan que, entre 1991 y 1996, nuestras exportaciones hacia Argentina, Bolivia , Colombia , Ecuador , México y Venezuela, países con los cuales tenemos acuerdos y tratados sobre rebajas de aranceles, aumentaron en 165 por ciento. Por el contrario, en el mismo período, las exportaciones hacia países con los que no se adoptaron tales acuerdos, como Estados Unidos, Japón , Taiwán e Indonesia, crecieron sólo en 77 por ciento.
Estoy convencido de que este proyecto ayuda a nuestros compatriotas. A los consumidores, porque van a encontrar productos a precios más bajos; a los industriales, porque tendrán insumos más baratos y nuevos mercados a los cuales acceder, y a nuestros exportadores agricultores, porque lo más importante para ellos es el tipo de cambio, pues sus deudas y costos se fijan en uefes o en pesos, los que, en definitiva, no guardan la misma proporción, dado que el tipo de cambio estaba muy bajo.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Perdone que lo interrumpa, señor diputado .
¡Llamo al orden al Diputado señor René Manuel García!
Puede continuar el Diputado señor Patricio Walker.
El señor WALKER (don Patricio).-
Para los exportadores chilenos, la subida del dólar es, tal vez, una de las medidas más fundamentales que trae consigo esta rebaja de aranceles.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea hasta por 16 minutos.
El señor GALILEA (don José Antonio) .-
Señor Presidente , en este debate se ha puesto el acento en la rebaja de aranceles que promueve el proyecto. La gente que nos escucha puede quedarse con la sensación de que ése es su único efecto, porque poco se ha dicho en esta discusión, particularmente por quienes lo defienden, que su segunda meta es el aumento de los impuestos a los chilenos. Quienes han intervenido antes para hablar sobre el proyecto sólo han puesto sobre la mesa las bondades de la rebaja de aranceles, pero no han dicho nada respecto del perjuicio que causa a la gente el aumento de impuestos.
Además, el proyecto es bastante curioso, porque una de sus características y peculiaridades es que nadie está demasiado conforme con él, lo que pude comprobar en las largas sesiones de la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, los favorecidos por la baja de aranceles alegan que la disminución de un punto anual es insignificante y no producirá ninguno de los efectos beneficiosos naturales que implica esa medida.
En segundo lugar, resulta obvio decir que la preocupación de los perjudicados es evidente, por el daño que les provoca y por el cambio de las reglas del juego respecto de lo firmado hace algún tiempo.
En tercer lugar, está un grupo que es indiferente a la rebaja de aranceles, porque poco entienden respecto de estos temas, pero que tienen una claridad absoluta en cuanto a los perjuicios que les causará el aumento de impuestos.
Después de muchas horas de sesiones en la Comisión de Hacienda, estimamos que los beneficios de este proyecto no aparecen suficientemente claros. Lo digo, porque en la Comisión quedó en evidencia una enorme discrepancia entre las exposiciones del Ministro de Hacienda y del vicepresidente del Banco Central de Chile. De esa discrepancia dio cuenta la propia prensa, que tituló que Hacienda y el Banco Central discrepaban respecto de los aranceles. El vicepresidente del Banco Central nos dijo que el crecimiento del producto interno bruto que iba a generar este proyecto sólo alcanzaría al 0,05 punto en un año; es decir, llegaría a 0,5 punto en diez años. Además, nos señaló que el proyecto no tiene efectos en cuanto a la inflación; que la supuesta alza que se generaría en el tipo de cambio con esta rebaja de aranceles sólo se traduciría en 15 pesos por dólar, siempre que dicha rebaja sea de cinco puntos en un solo momento; o sea, representa un aumento de 2,5 a 3 por ciento. ¡Gran expectativa respecto al aumento del tipo de cambio! Y en relación con la actividad económica, ni expansión ni contracción; efecto neutro.
Quiero detenerme dos minutos en uno de los efectos que produce esta rebaja arancelaria, que aparece como más beneficioso para el común de las personas, cual es la de contar con un tipo de cambio real más alto, materia sobre la que existe unanimidad en Chile. Además, al término de esta exposición llamaré la atención sobre algo que me parece que a estas alturas ya debiéramos tener suficientemente claro respecto de las recetas ortodoxas que muchas veces se dan.
Como decía, la teoría indica que una rebaja de aranceles debiera generar un aumento del tipo de cambio, pero las demostraciones del pasado han dejado en evidencia que, por diversas razones, ello no siempre ocurre. ¿Qué pasó en 1991? Se rebajó el arancel de 15 por ciento a 11 por ciento, pero lo único que ha hecho el tipo de cambio desde esa fecha hasta ahora es caer; en junio de 1991, fecha en que se produjo la rebaja arancelaria, se necesitaban 21 dólares para comprar una uefe; un año después, 24 dólares; en 1994, 26 dólares, y hoy se necesitan 31 dólares. Se podría argumentar que eso no ocurrió porque el Banco Central, por diversas razones, se vio obligado a intervenir el tipo de cambio. ¿Qué garantía tenemos aquí de que esta conducta del Banco Central no va a seguir persistiendo en el tiempo, más aún si el efecto sobre el tipo de cambio será de 15 pesos?
Además, no existe ninguna seriedad cuando se sostiene que el Banco Central es autónomo e independiente del Gobierno, porque cuando conviene se dice que el Banco Central está en plena sintonía con las autoridades del Ministerio de Hacienda.
En mi concepto, se debe pedir que los economistas más ortodoxos de este país, de todos los sectores políticos, se pongan de acuerdo sobre cómo funciona la teoría en la realidad, ya que muchas de las cosas que se dicen que se producirán como efecto de este proyecto y de muchas otras medidas económicas, en la práctica no están ocurriendo y la gente no lo está sintiendo.
Además, debemos solicitar que exista concordancia entre lo que dice el Ministerio de Hacienda en la Comisión y lo que finalmente dicen y hacen las autoridades del Banco Central, ya que así se eliminarían muchos de los problemas que tiene el país.
Se hace mucho hincapié en que una de las bondades del proyecto es que permitirá a los consumidores, sobre todo a la gente modesta, el acceso a bienes y a productos más baratos; pero el Banco Central nos dijo en la Comisión que esto no se producirá, porque la reducción de precios se neutralizará con el supuesto aumento del tipo de cambio.
Por lo tanto, a lo menos, es legítimo poner en duda que estas medidas benefician realmente a los consumidores, a quienes les preguntaría, ¿cuál fue el efecto de la rebaja arancelaria de 1991, en cuanto a acceder a productos, a insumos y a bienes más baratos? Cuando ingresamos al Mercosur, también se nos dijo que íbamos a tener acceso a productos más baratos; pero aun cuando la carne se va a desgravar en un plazo determinado, se abrieron cuotas para este producto. Aquí hay un cuadro que demuestra que lo único que ha ocurrido a partir de entonces es que el precio a los consumidores sube invariablemente, mientras que el precio a los productores baja de manera permanente. Este cuadro y muchos otros lo demuestran. Algo pasa. Insisto en que la teoría muchas veces no camina de la mano con la práctica.
Por otra parte, los chilenos no vivimos en las mismas condiciones, por lo que me parece legítimo preguntarse por qué se aplican recetas generales a todo el país, en circunstancias de que no se genera igualdad de oportunidades a las personas que se encuentran en diferentes puntos del territorio nacional.
Los economistas -lo digo con respeto- deberían meditar sobre estas diferencias, sobre todo porque en muchos de nuestros debates oímos quejas de que es necesaria una mejor distribución de la riqueza.
Por la zona que represento, no puedo dejar de referirme al efecto del proyecto sobre el sector agrícola. No voy a gastar mi tiempo en demostrar cómo afecta a un sector importante de la agricultura en el sur de Chile, porque lo reconoció el propio Ministro cuando señaló que estaba en condiciones de establecer compensaciones para los afectados por este proyecto -no se entendería el establecimiento de compensaciones si no se reconocen sus efectos negativos- y lo ha admitido hace un momento el propio Ministro de Agricultura , cuando expresó que con la iniciativa se beneficia el 47 por ciento de la agricultura; pero nada dice respecto del otro 53 por ciento.
Quiero hacer hincapié en que el proyecto cambia las reglas del juego que firmó el Gobierno hace dos años como compromiso con motivo del convenio con el Mercosur. Quiero poner un solo ejemplo: si la decisión política es rebajar, en el año 2005, los aranceles a cero, toda la parafernalia de desgravar los productos declarados como sensibles y listados en el Mercosur, como la carne, el trigo, el azúcar y otros, va a quedar en nada, por lo que habremos entregado muchas cosas en la negociación a cambio de nada.
Cuando nos preguntan qué reclamamos, digo que pedimos para este proyecto el mismo criterio que se tuvo con el Mercosur, es decir, que no se cambien las reglas del juego para esos productos listados y aceptados en la votación del Mercosur como sensibles. Se me dice que ésos son aranceles diferenciados, pero no recuerdan que los mismos están en este país completa y totalmente diferenciados, no sólo en relación con productos determinados, sino respecto de países determinados. No se aplica el mismo arancel cuando se trae un saco de trigo desde Argentina que cuando se importa de Canadá o de Estados Unidos. De modo que, si de distorsiones se trata, tenemos una doble distorsión: por productos y por países.
Uno puede preguntarse hasta cuándo un solo sector de la economía -el mismo de siempre- debe terminar pagando los costos de estas medidas y de los acuerdos que se han firmado con Bolivia, el Mercosur, Canadá y las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos para retener el IVA a ciertas producciones. Repito, todas esas medidas recaen sobre la agricultura.
Entonces, es lícito decir que, como aquí se están poniendo sobre la mesa medidas en favor de la agricultura, pero, en forma simultánea, se establecen otras que la perjudican, lo menos que se puede esperar es que se disponga una suerte de compensación por las medidas perjudiciales para ese sector.
Respecto de las compensaciones, quiero referirme a una sola, porque aquí se ha hablado mucho de ellas: la cláusulas de salvaguardia. ¡Cómo se puede pagar el costo de un sector afectado con cláusulas de salvaguardia, en circunstancias de que deberíamos tener este tipo de medidas de por sí en el país! ¡Aprendamos la lección de los norteamericanos respecto de los salmones!
Se me dirá que existe una Comisión de Distorsiones, pero los que conocemos el tema agrícola sabemos cómo funciona: hay que llegar con el cadáver a dicha Comisión para que después de muchos meses, cuando el daño ya se ha provocado, probablemente se tome alguna medida, cuestión que ocurre en forma permanente.
El Diputado señor Naranjo me ahorra comentarios en relación con las serias y respetuosas dudas que tenemos respecto del grado de cumplimiento de los compromisos que se suscriben.
Dicho diputado señaló, además, que tiene un tremendo signo de interrogación respecto de cómo se han gastado los recursos destinados al sector agrícola, provenientes del acuerdo con el Mercosur. ¿Qué confiabilidad puede tener un nuevo protocolo? ¿Quién puede demostrar que vamos a ser capaces de generar la fiscalización y la presión política suficientes para que las nuevas compensaciones que se ofrecen lleguen realmente a destino?
Por último, a propósito de eso, le pregunté a don Vittorio Corbo , en la Comisión de Hacienda, cómo se defendían los países con tesorerías pobres de los productos subsidiados de afuera, y me indicaba que con sobretasas arancelarias. Ya hablamos de la Comisión de Distorsiones encargada de la materia. Entre paréntesis, pasó por aquí un proyecto modificatorio de dicha Comisión; pero es cosmético: no apunta para nada a resolver las falencias de ese organismo, con un dólar real más alto; hasta ahora, un sueño.
Llevamos años insistiendo en la necesidad de generar mayor competitividad por esa vía, y nada ha ocurrido. No hay voluntad para estas materias.
Entonces, no se nos puede pedir que sigamos confiando en protocolos, acuerdos y compensaciones, porque al final no se cumplen.
Además, se pretende modernizar al sector agrícola a empujones. El Diputado señor Naranjo tiene toda la razón cuando señala que, en definitiva, lo que se ha hecho aquí es poner a los bueyes detrás de la carreta. Primero, la presión, las medidas perjudiciales y, luego, las medidas compensatorias para aminorar esos efectos.
No; nuestro partido tiene una decisión tomada a este respecto, y no vamos a abandonar a los sectores productivos rural y urbano del país. Este proyecto, amarrado con un alza de impuestos para compensarlo completamente, de algún modo genera, con ambos efectos, muchas veces causas y determinaciones perniciosas para la ciudadanía. ¿Dónde está el esfuerzo público respecto de sus compensaciones financieras?
En materia de aumento de los combustibles sólo quiero hacerme cargo de una afirmación francamente irritante para los parlamentarios -por los menos para mí- que representamos regiones.
En el mensaje presidencial se señala que es preciso alzar este impuesto para incentivar el uso racional de los automóviles particulares y reflejar de mejor manera los costos que debe soportar la sociedad por la contaminación, la congestión vehicular y la utilización de la infraestructura pública. ¡Pero si éstos son problemas de Santiago y no de las regiones! Este argumento del mensaje refleja el hecho de que tenemos una mentalidad tan centralista que creemos que los problemas de Santiago son los de Chile entero y que como los problemas de las regiones son locales, sus habitantes deben preocuparse de solucionarlos. Creo, francamente, para quienes representamos regiones, que esa lectura es insostenible e inaceptable.
Se dice también que uno de los efectos de este proyecto es el aumento de competitividad. ¡Pero si economistas de la Sofofa sostuvieron que el aumento del impuesto a timbres y estampillas va a generar un efecto neutro respecto de esta materia, porque grava a la producción!
No me detendré en el listado de 72 señores diputados que firmaron un compromiso en la Cámara; pero sí puedo decir que a los pocos días después de firmarlo, varios señores diputados de distintas bancadas firmaron una declaración pública en el sentido de que no se estaba solicitando ninguna compensación económica nueva para la agricultura, sino sólo que se gasten los 500 millones de dólares acordados cuando se aprobó el Mercosur.
Entonces, es poco serio ponerse un día la camiseta de la zona que se representa y, al día siguiente, la camiseta política de su partido, porque de esa manera este Congreso pierde confiabilidad.
Votaremos en contra, porque este proyecto que rebaja aranceles y aumenta impuestos representa, además, un chantaje por su indisolubilidad; porque los compromisos generados en el Senado, en términos de compensarlo armoniosamente con un gesto público y privado, no han ocurrido y se compensa completamente con el bolsillo de los contribuyentes. Es un cambio en las reglas del juego para los agricultores del sur de Chile que siguen permanentemente afectados y porque no creemos en las compensaciones.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el Diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , se cuenta que Benjamín Franklin sostenía que en la vida había sólo dos cosas inevitables: la muerte y pagar impuestos. Realmente, con el transcurso de los años de gobierno de la Concertación uno tiende a pensar o a confundirse si ese sabio americano vivió realmente en los Estados Unidos, en el siglo XVIII, o bajo un gobierno de la Concertación, porque el subtítulo de la historia económica del gobierno de la Concertación podrá ser: “Impuestos, más impuestos, muchos impuestos.” No hay ninguna medida económica importante, buena o mala, que no se haya adoptado por este gobierno sino subiendo los impuestos. En cualquier materia, como aranceles, pensiones o educación, la única solución es subir los impuestos. Nunca ha adoptado una medida, por ejemplo, contra sus propios gastos burocráticos o para financiar proyectos con excedentes de la supresión de programas que ya no tienen sentido. Recuerden que, cuando se pretendía reducir el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud, lo único que se logró fue su cambio de nombre, y ahora, en vez de INJ, tenemos que decir INJU. Pero, sin duda alguna, con eso no desaparecen las consecuencias de los errores económicos, y seguimos gastando el dinero en programas equivocados.
Se nos dice que esta rebaja de aranceles debe ser compensada, y se presenta como una virtud; pero, en realidad, no es tal. El crecimiento económico perfectamente daba para compensar los menores recursos sin necesidad de nuevos impuestos, y no tiene razón el Ministro señor Mladinic al explicar ahora que esto es por la situación de crisis. Jamás se ha planteado una crisis. Si el Gobierno, recién, en días pasados, ha empezado a reconocer que existe crisis económica. Esto no era compensado por la situación económica.
Cuando pedimos que no se suban los impuestos, sino que, sencillamente, se utilice el crecimiento económico, no estamos empleando -como dice el Ministro Aninat - demagogia ni populismo, sino sólo exigiendo eficiencia a un gobierno; no malas medidas como estas alzas de impuesto que sin duda son regresivas. Acá nos han obligado a votarlas en bloque, en circunstancias de que perfectamente podíamos votarlas separadas -como en el tema de las pensiones, que también tenía financiamiento separado-, si hubiéramos contado con la unanimidad de los Comités; si se le hubiera quitado urgencia al proyecto; si sencillamente hubiéramos estado dispuestos a tener la voluntad política de no votar como ovejas, sino la de analizar cada tema, porque en la rebaja de aranceles el alza de cada uno de los impuestos tenía importancia. Sin embargo, para obligar a una votación de mayoría nuevamente se recurre a una sola votación. ¿Por qué? Porque diputados de la Concertación estaban dispuestos a expresar que estos impuestos eran regresivos y afectaban a familias de recursos medios y bajos.
Analicemos los tres impuestos.
El impuesto al crédito sube en un 34 por ciento y, digámoslo claramente: no lo van a pagar las grandes empresas ni los grandes grupos económicos, porque tienen la asesoría tributaria adecuada, conocimientos suficientes o utilizan contratos a los cuales las personas no pueden acceder habitualmente, como los de cuenta corriente mercantil. Además, cuentan con algunos tipos de reconocimiento de deudas, analizan en mejor forma el concepto de operaciones de crédito en dinero y, por tanto, no quedan gravados con impuesto de timbres y estampillas. Esto lo van a pagar las personas de pequeños y medianos ingresos, aquellas que requieren comprar un auto, invertir en una pequeña máquina, un crédito a corto plazo, a un año, o con documentos a la vista. Lo tendrá que pagar, por ejemplo, cualquier profesor, taxista o persona de recursos medios o bajos que tenga un hijo en una universidad privada que le exigirá pagarés o letras de cambio gravadas con este impuesto. Reitero, con seguridad, que las grandes empresas, por un contrato de cuenta corriente mercantil, reconocimiento de deuda u operación vinculada, no pagarán el impuesto de timbres y estampillas, pero sí quienes concurren a una notaría a firmar una letra o un pagaré. Lo van a pagar todas las personas de ingresos pequeños y medianos.
Respecto del impuesto a la bencina, encuentro insólito lo que se nos ha dicho. Se nos presentaba como una virtud el hecho de que no fueran 80 pesos por litro sino sólo 40 pesos a contar del 1° de enero del 2000. Una familia media pagará, en un año cronológico, 40 pesos mensuales más por litro de bencina; es decir, más o menos, 6.500 pesos al mes.
Pero esto no afecta sólo a esas personas; afecta al pescador que tiene un motor fuera de borda, al pequeño maderero propietario de una motosierra, al pequeño comerciante que tiene un vehículo con el cual va a comprar al proveedor los recursos.
Realmente, se esgrimen argumentos absolutamente falsos. Es cierto que los dos quintiles de más altos ingresos del país usan bencina; pero analicemos cuánto representa ese gasto en sus ingresos. Es evidente que es mínimo; pero para los que tienen pequeños recursos es muy alto.
Por tanto, no se recurra a argumentos demagógicos.
Han explicado muy bien que la medida es para disminuir la contaminación. Las regiones no estamos con ese problema. Magallanes, región productora de petróleo, tiene el precio más alto de bencina y ahora se lo van a subir. Se nos dice que, como resultado del gobierno de la Concertación, se han bajado los precios de la bencina. Pero, ¡Dios mío!, ésos son términos de intercambio internacional. Cuando asumió el Gobierno, el precio de barril de petróleo era de 28 dólares y hoy es 12 dólares. Ésa es la razón.
No obstante, acá hay una diferencia. Todos los diputados, algunos ya por bastantes años, no pagan bencina -digámoslo claramente- y el Gobierno tampoco. Usamos nuestros vales de bencina, y este proyecto va a afectar a la gente que sí tiene que sacar el dinero de su bolsillo para pagarla.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ÁLVAREZ .-
Devolvámolos todos. No me pida a mí, señor ministro , lo que usted no está dispuesto a hacer. Pero lo desafío sólo a lo siguiente: sean valientes, no aumenten el impuesto a la bencina desde el 1° de enero del 2000; háganlo el 1° de diciembre de 1999, a doce días de las elecciones y no dieciocho después de ellas. O sea, que estén dispuestos a hacerlo cuando el impuesto sí le va a afectar a la gente.
Por último, en el caso del tabaco -ya anunciamos nuestro requerimiento ante el Tribunal Constitucional-, hay una absoluta desproporción de justicia tributaria. Nuestra Constitución prescribe que no pueden establecerse tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Tenemos un 76 por ciento de impuesto en un bien; es decir, de cada veinte cigarrillos que se venden -insisto: los compran personas de pequeños y medianos recursos-, quince se los fuma el Estado.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ÁLVAREZ .-
Señor Presidente , creo que lo mejor que ha hecho el señor Pareto en esta Cámara es el acuerdo del 22 de agosto de 1973. Por favor, que me deje terminar.
El impuesto es de tres coma una veces sobre la base imponible. Las empresas se verán afectadas; pero no las estamos defendiendo; defendemos el principio constitucional de que nunca en nuestro país puede haber impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos; porque esta alza del tabaco no es por razones de salud; si no, hubiéramos establecido acuerdos con las compañías, como se hace en los Estados Unidos y Europa, para que ellas paguen. Además, en el fondo, la Concertación está jugando con la salud, porque éste es un bien de demanda inelástica. La gente seguirá comprando y, precisamente, en eso confía la Concertación para obtener una recaudación mayor.
Me hubiera gustado que estuviera aquí el Ministro señor Aninat , porque, lamentablemente, los Ministros de Agricultura y de Economía no sirven para estos efectos. ¡Si a duras penas defienden los proyectos de sus ministerios, no podrían acá defender los tributarios!
Nos dicen que esto no es regresivo, que no afecta a las clases media y baja. Insisto: el problema de los impuestos radica en que la mayoría de los diputados no tributan por la mayor parte de sus ingresos -todos lo sabemos-; pero a los sectores de recursos medios y bajos sí les importa esta alza, y por eso no estamos dispuestos a aceptarla.
Rousseau decía que hay gobiernos más voraces, más devoradores, con más sentido de rapiña en cuanto a cobro de impuestos, que otros. Bueno, el gobierno de la Concertación es de ese estilo y, además, no lo anuncia. Acá, los Diputados señores Montes y Jocelyn-Holt nos han expresado que continuarán con alzas tributarias, y eso no lo vamos a aceptar. Queríamos bajar los aranceles y estábamos dispuestos a hacerlo, pero jamás a seguir subiéndole los impuestos a la gente de recursos bajos y medios del país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra, hasta por trece minutos, el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente , hemos escuchado intervenciones de diverso tono y calidad a favor y en contra de un proyecto, muy importante para el país, que señala rumbos significativos en los ámbitos económico y social, y, por lo tanto, también en el político.
Hemos escuchado a parlamentarios de la Concertación defender el proyecto, lo cual es más o menos obvio porque representan al Ejecutivo ; también a un diputado de la Concertación oponerse a la iniciativa, lo cual no es muy obvio porque es de gobierno; pero, en realidad, hemos escuchado tres discusiones al respecto.
Algunos han reflexionado sobre el significado profundo del proyecto, tomándolo como un todo. Por una parte, hay una baja de impuestos y, por otra, un alza. Eso quiere decir que es fiscalmente compensado; que se baja un impuesto y se sube otro de manera de mantener para el Fisco el mismo nivel de ingresos que se genera mediante la recaudación tributaria. No sirve analizar la baja, por un lado, y el alza, por otro, porque no estamos hablando de un proyecto parcial que signifique solamente bajar o subir unos impuestos, porque aquí se bajan unos y se suben otros. Ése es el enfoque correcto y me detendré en un momento más sobre él.
Hemos escuchado a algunos parlamentarios de la Derecha que, en su análisis parcial, han sostenido que no debe bajarse el impuesto a los aranceles, como si hacerlo fuera tremendamente perjudicial para los comerciantes, para los productores, para los consumidores y, en general, para todos; pero, igualmente, algunos parlamentarios de la Derecha, como quienes me han antecedido en el uso de la palabra, tampoco hablan del conjunto. Se refieren a una parcialidad, y dicen: “No podemos subir los impuestos”, como si el proyecto fuese de alza tributaria, y no lo es. Lo correcto: se bajan los impuestos al comercio exterior, es decir, los aranceles, y para mantener el nivel de ingresos del Fisco, se suben otros que, en este caso, son los impuestos a los tabacos, a las gasolinas y a los timbres y estampillas.
En esa perspectiva, si tomamos de verdad el significado del proyecto, la reflexión que pidió el Diputado señor Huenchumilla hace un rato es lo más importante que hoy debemos hacer en la Corporación. No tomar parcialmente, no irse por el lado de la fácil demagogia, sino analizar en verdad qué significa, en la actual coyuntura nacional e internacional, bajar los aranceles y subir otros impuestos para compensar los menores ingresos fiscales.
Nuestro país tiene serias limitantes económicas. Tenemos un bajo nivel de educación, y el Gobierno está empeñado en llevar adelante una gran reforma educacional que dé a los chilenos la posibilidad de percibir mejores ingresos. Tenemos una insuficiente infraestructura para desarrollar nuestras actividades económicas, y los sectores público y privado, en conjunto, están invirtiendo en carreteras, y pronto lo harán en puertos. Tenemos -es probable que sea el área más deficitaria del país- un bajo nivel de ahorro, comparado con el que se necesita, y dependemos del sector externo para financiar en conjunto las inversiones.
Concretamente, ese bajo nivel de ahorro nos ocasiona problemas por la crisis económica internacional. Sus efectos se deben a esta situación de Chile y no a otras variables. Si financiáramos toda la inversión con ahorro propio -no diré que seríamos invulnerables a ella-, en la práctica, casi no nos afectaría.
Por último, hace muchos años, a raíz de un modelo de desarrollo que adoptamos como país, impusimos un costo especial a la producción de bienes para transar internacionalmente, mediante una política de economía cerrada con aranceles altos. Pero hace muchos años también, y a un costo muy elevado para quienes producían bienes en ese momento, hicimos una reforma radical.
Digo “hicimos” como país, porque en ese entonces no estábamos en el Gobierno, y se adoptó una política de aranceles parejos y bajos, que buscaba reducir costos y estimular el desarrollo de nuestra economía de exportación.
En esa línea, hoy, la baja de los aranceles complementa el proceso de reforma educacional y favorece los estímulos al ahorro y la reducción de costos para la producción, inclusive el desarrollo de nuestra infraestructura. Es correcta para la asignación de recursos.
La Oposición dice: “Entonces, bajemos los aranceles sin subir impuestos”, como si sobrara la plata. En Chile no sobra la plata.
Entre otras cosas, hace un rato, parlamentarios de la Oposición pedían subsidio para la agricultura. Eso demuestra que no sobra la plata. Necesitamos más gasto fiscal. El subsidio a la agricultura es gasto fiscal y no puede salir de la nada. No es gasto privado.
Para financiar el gasto fiscal a fin de subsidiar la agricultura, los ingresos del Fisco deben mantenerse, si se reasignan, o elevarse, si son recursos nuevos.
Pero, en la actual coyuntura, no sobran los recursos del Fisco. Necesitamos rebajar gastos que el Parlamento autorizó al Gobierno para el presente año; pero ha habido una gran discusión sobre ello, en especial por la rebaja que se impuso en el sector salud.
Ha debido reducirse el gasto fiscal, porque los recursos no sobran. Ha caído el precio del cobre y han disminuido las utilidades de muchas empresas de exportación, lo cual significa menores ingresos. En consecuencia, hay que apretarse el cinturón.
No sobran recursos para bajar los aranceles. Simultáneamente, necesitamos mayores ahorros, y el que más aporta, en términos netos, como sector, es el Fisco. Como sus ingresos están bajando, aportará, por lo tanto, menos al ahorro.
Si yo pudiera modificar el proyecto, adelantaría al día actual la totalidad de los impuestos que se suben y mantendría la baja gradual de aranceles. Eso permitiría incrementar el ahorro nacional si el Parlamento no autoriza al Fisco nuevos niveles de gastos, a fin de conservar los empleos el próximo año, en que la crisis internacional afectará en este sentido.
Si se tomara como país una decisión racional y no demagógica, debería decirse: “Muy bien, incrementemos el nivel de ahorro”. Ello sería muy simple: se subirían los impuestos que se han mencionado para compensar la reducción gradual de los aranceles, y se tendría un colchón de ahorro para los años de vacas flacas, es decir, para los años de crisis externa.
Eso sería lo racional; porque lo que se necesita, justamente, es tomar decisiones que permitan mantener los niveles de empleos y dar estabilidad a la economía nacional.
En esa lógica, un signo claro es aprobar el proyecto de ley. Si un diputado de Oposición y otro de Gobierno piden rechazarlo, se da una señal de inestabilidad económica importante. Los motivos por los cuales cada uno ha expresado su rechazo, son todos parciales.
Hay como una federación de demandas parciales; pero, como dijo bien el Diputado señor Naranjo , aunque se opuso al proyecto, debemos pensar con una opción de país y ver cuál es el interés nacional que está en juego.
Hay que dar una señal muy nítida, en el sentido de que el país continuará avanzando por la senda de aumentar la competitividad, de bajar los costos de importación de insumos y de maquinarias, porque los necesitamos a fin de mejorar nuestra competitividad y generar empleos y mayor bienestar.
Esta señal sería coherente con la que han entregado ayer el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central respecto de la meta de inflación y de crecimiento para el próximo año. La comprenderían todos los inversionistas. Pero, si se rechaza el proyecto de aranceles, se generará una gran incertidumbre, y las especulaciones producirán fluctuaciones de precio, pérdidas a los pequeños productores, de todos los sectores de la economía, y mayor nivel de desocupación.
La actitud del Parlamento ha de ser responsable y no demagógica. Debe entender que está en juego una política nacional, que es necesario mantener.
Sería mejor incrementar los niveles de ahorro; pero, por ahora, lamentablemente, no es posible modificar el proyecto.
Es cierto que algunos sectores se verán afectados. La modificación de estructuras tributarias -bajan determinados impuestos y se suben otros-, genera costos adicionales a algunos y beneficios a otros. Para el conjunto del país, en general, y para los productores que utilizan insumos importados, en particular, la baja de los impuestos significará un beneficio adicional.
En cuanto a los sectores afectados, el Gobierno está dispuesto a cumplir el protocolo, aun cuando el Diputado señor Álvarez ha dicho que no es posible confiar en ese documento -parece que quienes reciben un premio del diario “La Segunda” después se enfervorizan en la Corporación-. El Diputado señor Montes dice que fue porque ingresó a la UDI.
El Gobierno ha cumplido rigurosamente todos los compromisos que se han suscrito a propósito de las leyes de presupuestos.
Además, en la Comisión discutimos ampliamente, por ejemplo, el tema del Mercosur, y propusimos normas que ojalá pudiéramos convertirlas en ley. Estaban en el discurso original de Renovación Nacional, y lamento que lo hayan cambiado, porque sus representantes habían comprometido su apoyo al proyecto si se establecía la fiscalización, por parte del Parlamento, para que la asignación de los recursos fuera rigurosa.
Es cierto, como dijo el Diputado señor Hernández , que eso será tarea nuestra en la ley de presupuestos; pero, desde el punto de vista económico y nacional, en lugar de otorgar un subsidio, vía precio, que se difunde, que nadie sabe quién lo recibe, sería mucho mejor entregar un subsidio directo al productor afectado.
Ésa es la política que aprobamos en el protocolo. La política para los pequeños agricultores y para los pequeños y medianos empresarios será realidad a través de instrumentos concretos, que también hemos discutido y aprobado.
Así conseguiremos que efectos negativos se transformen en positivos para aquellos sectores que deseamos que mejoren su competitividad, que generen más empleo y que tengan mayores niveles de ingreso.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
El señor Secretario dará cuenta de los pareos.
El señor LOYOLA ( Secretario ).-
Se han registrado los siguientes pareos: del señor Longton con la señora Allende; de la señora Guzmán, doña Pía, con el señor Cornejo, don Aldo; de la señorita Sciaraffia, doña Antonella, con la señora Prochelle, doña Marina; del señor Vargas con el señor Walker, don Ignacio; del señor Rojas con el señor Sánchez, y del señor Girardi con el señor Ulloa.
La señora PÉREZ ( doña Lily) .-
Señor Presidente , con el Diputado señor Aguiló estamos pareados.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Los pareos fueron dados a conocer por el señor Secretario . Si están los dos presentes, bastaría con que no votaran.
De hecho, los pareos deben presentarse antes de la Cuenta, de acuerdo con el Reglamento, y el que su Señoría menciona llegó a la Mesa fuera de plazo. No es que no se haya presentado.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 38 votos. No hubo abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Por no haber indicaciones renovadas, se declara aprobado también en particular.
Despachado el proyecto.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 20.59 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción del Diputado señor Andrés Palma que deroga el artículo 2º, del decreto ley Nº 480, de 1974, con el objeto de someter a los pertrechos de propiedad del Estado, consignados o por cuenta de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a las normas comunes sobre desaduanamiento de mercancías. (Boletín Nº 635-05).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Moción de los Diputados señores Prokurica, Longton y Mora.
Tipifica como delito funcionario la falsedad de informes por parte de los funcionarios públicos ante el Congreso Nacional. (boletín Nº 2227-07)
Con ocasión de los múltiples oficios que debe cursar la Cámara de Diputados a diversos funcionarios públicos de diferentes jerarquías y rangos, ya sea en el ejercicio de la facultad fiscalizadora que la Constitución y la ley le otorgan a esta Corporación, o bien como parte de las tareas que le competen a las distintas comisiones especiales o investigadoras, o, por último, para requerir determinados antecedentes de organismos que conforman la Administración Pública, se ha podido advertir que no siempre los agentes públicos que deben responder tales requerimientos, son veraces en los informes que emiten, sean verbales o escritos, todo lo cual entraba la función fiscalizadora.
Las razones para distorsionar la verdad en los informes que han de expedir dichos funcionarios, pueden obedecer a diversas causas, como por ejemplo, motivaciones de carácter político-partidista, presiones o amenazas de parte de autoridades superiores o políticas, lealtades malentendidas, afán de ocultamiento de irregularidades en las que se puede o no tener una cuota de responsabilidad, y en fin, una serie de otras justificaciones de índole similar.
Si bien es cierto que han existido varias iniciativas legislativas destinadas a combatir la corrupción y el tráfico de influencias, como asimismo, garantizar la probidad administrativa, no es menos cierto que en dichas mociones no se ha abordado el aspecto de la veracidad con que han de actuar los funcionarios públicos en los asuntos atingentes a sus respectivos servicios, cuando, por diversas razones, deben emitir informes, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Poder Legislativo.
Tampoco se considera al deber de veracidad de los miembros de la Administración Pública, en asuntos del servicio, como parte de las obligaciones funcionarias, que se contemplan en el Título III de la ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo. Por su parte, el artículo 10 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sólo contempla una medida disciplinaria de carácter pecuniaria, previa instrucción del sumario administrativo correspondiente, para los Jefes Superiores de los respectivos servicios, cuando no proporcionen, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la misma ley, los informes y antecedentes específicos que les soliciten las Cámaras o sus organismos internos reglamentarios, o se vulnere la reserva o secreto de tales antecedentes o no comparezca si ha sido citado por las Comisiones de alguna de las ramas del Congreso, o si tal inasistencia se ha verificado por parte de los funcionarios de su dependencia.
El agente que forma parte de la Administración Pública y que, por mandato de la ley o de disposiciones reglamentarias le corresponde informar asuntos del servicio, ya sea en el ejercicio de las facultades que el propio ordenamiento legal le confiere, o bien por delegación de funciones otorgada con arreglo a la normativa propia que lo rige, es un depositario de la fe pública, ya que lo que expresa en sus informes, se tiene por parte de sus destinatarios o auditores, en su caso, como la expresión fiel y genuina de la verdad.
El funcionario público debe tener cabal comprensión, por ende, que su cometido no constituye el desempeño de un empleo más, como cualquier otro, sino que implica la materialización de una elevada vocación de servicio público, y por lo tanto, en las tareas que cumple, ejerce un verdadero mandato de confianza que implícitamente le ha conferido la comunidad toda, a quien verdaderamente se debe.
Al distorsionar la verdad, en cualquier medida, dando por cierto algo que no lo es, se afecta gravemente el principio de probidad administrativa, ya que se erosiona la credibilidad pública de quienes, por mandato legal están obligados a sustentarla y acrecentarla. Nada justifica por tanto, las “mentiras piadosas” o “blancas”, ni pueden existir razones de Estado, por muy poderosas que sean, que sirvan de pretexto para amparar la mendacidad del agente estatal.
El funcionario público debe demostrar probidad y honestidad en todos sus actos de administración, por lo cual corresponde reprimir, con igual fuerza que la corrupción y el tráfico de influencias, la falta de veracidad funcionaria, en todos sus niveles, y sea cual sea el grado de jerarquía de quien está obligado a informar asuntos de su servicio. A este respecto, las autoridades deben dar ejemplo a sus subordinados, sin ejercer presiones para que se oculte la verdad.
En este mismo orden de ideas, cabe señalar que en el artículo 370 Nº 1 del Código de Justicia Militar se establece que será castigado con la pena de presidio o reclusión menores en sus grados mínimo a medio, el militar que, sin cometer otro delito de mayor gravedad, diere, a sabiendas, un informe falso o por escrito, sobre asuntos del servicio.
Nos parece que aun cuando al personal castrense se le exige “un acendrado culto por la verdad” (artículo 13 del Reglamento de Disciplina de las Fuerzas Armadas), resulta injusto y discriminatorio circunscribir sólo a dichos funcionarios -que a la postre también forman parte de la administración estatal- la penalización de la falta de veracidad, cuando se actúa, a sabiendas de ello, en informes oficiales, aunque sean, incluso de palabra, eventualidad esta última que constituye un caso inédito en nuestra legislación penal.
Para el caso ya descrito, se requiere la concurrencia del dolo específico, manifestada en la expresión “a sabiendas”, que significa que el sujeto activo debe tener plena conciencia de la ilicitud en que está incurriendo, sea que el informe se emita por escrito o simplemente en forma verbal.
Del mismo modo, para este caso, se aplica el denominado “principio de la subsidiariedad”, que consiste en que se debe sancionar la falsedad de informe, con arreglo a esta disposición punitiva, cuando el agente no haya perpetrado otro delito de mayor gravedad, como sería -para el caso de los mismos militares- cometer una falsedad sobre un documento oficial, con abuso de su cargo, evento en el cual, debe aplicarse la pena prevista para alguna de las conductas que tipifica el artículo 367 del mismo Código, que exige el elemento específico del abuso de cargo, y aplica sanciones de mayor gravedad.
En el Código Penal, en su artículo 193, se establecen penas muy elevadas -presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo- para los empleados públicos que, abusando de su oficio, cometan falsedad, en algunas de las formas que contempla cualquiera de los numerales que dicha disposición contiene.
De lo expuesto precedentemente, se puede colegir que, en la actualidad, si un empleado público incurre en una falsedad de informe, sea verbalmente o por escrito, sin que haya mediado abuso de su oficio, su conducta será atípica, al faltar el elemento antes mencionado, y por ende, tal acción quedará despenalizada.
Proposición:
A fin de asimilar la penalización de los empleados públicos que incurran en falsedad de informe ante las ramas del Congreso, a la sanción que para semejante conducta se contempla para los funcionarios del orden militar, se considera necesario agregar a la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a continuación de su artículo 10, un artículo 10 bis, que contemple la figura que se ha analizado, con una penalidad que se estima debe ser de presidio o reclusión menor en su grado mínimo.
Para los efectos de este delito, y para evitar cualquier tipo de interpretaciones, que se aparten del verdadero objetivo de esta ley, se debe considerar como empleados públicos, a todos aquellos a que se refiere el artículo 260 del Código Penal, lo que también se debe incluir en esta disposición.
En virtud de las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del honorable Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.-
Agrégase, a continuación del artículo 10 de la ley Nº 18.918, el siguiente:
“Artículo 10 bis.-
El empleado público que, sin cometer otro delito de mayor gravedad, diere a sabiendas, a las Cámaras, a sus Comisiones, o a sus Oficinas de Informaciones, un informe falso, de palabra o por escrito, será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado mínimo.
Para los efectos de este artículo, se reputan empleados públicos, todos aquellos a que se refiere el artículo 260 del Código Penal”.
Moción de los Diputados señores Espina, Cardemil , José Antonio Galilea , Prokurica , Osvaldo Palma , Delmastro , Fossa , Bertolino y de las Diputadas señoras Pía Guzmán y Lily Pérez .
Sustituye el Nº 1) del artículo 48 de la Constitución Política de la República para fortalecer la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados. (Boletín N° 2228-07)
Uno de los desafíos más relevantes de un Estado de Derecho, es contar con un eficiente y oportuno mecanismo de fiscalización de los actos que realizan los poderes públicos.
Cuando los sistemas de fiscalización se muestran insuficientes, la sociedad se arriesga a que los actos de la vida real se aparten de los medios y fines que el ordenamiento jurídico dispone. En este mismo sentido, si la ciudadanía percibe que no existen instrumentos de fiscalización verdaderamente útiles y capaces de prevenir y sancionar los actos irregulares y de corrupción que se realicen en la administración pública, la democracia se debilita y la estabilidad de una nación se ve paulatina y progresivamente afectada.
La Constitución Política de la República establece que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, las de “fiscalizar los actos de gobierno”. Durante los últimos años, diversas autoridades e instituciones públicas y privadas han hecho ver que la forma y el procedimiento en que se materializa la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados es insuficiente y requiere perfeccionarse mediante las modificaciones legales respectivas.
Es así como la Comisión Nacional de Ética Pública, constituida por iniciativa del Presidente de la República e integrada por las principales autoridades del país, propuso una mejor regulación de las normas que rigen el actuar de las comisiones investigadoras, teniendo como objetivo su fortalecimiento, la ampliación de su ámbito, la rebaja de los quórum exigidos para su formación, la protección de los derechos constitucionales de las personas aludidas en la investigación y la determinación del destino y efectos jurídicos de los informes de dichas comisiones.
En otras palabras, la referida comisión fue claramente partidaria de fortalecer la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados.
Durante los últimos años, se han presentado numerosas iniciativas sobre la materia, las cuales, por distintas razones, no han logrado tener avances sustantivos durante su tramitación legislativa. La más importante de ellas fue la modificación constitucional contenida en el informe de fecha 2 de abril de 1996, elaborado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que, respecto a las materias de fiscalización, contó con un amplio respaldo de todos los sectores políticos.
Si bien esta iniciativa finalmente no prosperó, ello obedeció a que contenía otras materias respecto de las cuales no fue posible lograr el consenso necesario que permitiera su aprobación. Sin embargo, tal como se señaló, en lo relativo al perfeccionamiento de la facultad de fiscalización que corresponde a esta honorable Cámara de Diputados, sí existió una voluntad mayoritaria para impulsarla y materializar su aprobación.
Con el objeto de hacer una realidad este consenso mayoritario, presentamos el presente proyecto de ley que fortalece la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, incorporando los necesarios resguardos. Las materias que se abordan son las siguientes:
Obligación de dar respuesta a las peticiones de antecedentes. Se establece la obligación por parte del Gobierno de contestar, por intermedio del Ministro que corresponda, las solicitudes de antecedentes que cualquier diputado le formule con el acuerdo de un tercio de los miembros presentes en la Cámara. La respuesta debe darse dentro del plazo de 30 días.
Así, se asimila el tratamiento constitucional de la obligación y plazo de respuesta de la solicitud de antecedentes que hagan los diputados a la vigente respecto de los acuerdos u observaciones de la Cámara.
Citación de Ministros. Otro mecanismo para fortalecer la labor de fiscalización es la citación a los Ministros para que se le formulen preguntas específicas sobre materias vinculadas a su cargo. La reforma institucionaliza un mecanismo de consulta directa entre los diputados y las autoridades ministeriales.
En concreto, se propone que la Cámara, con el voto conforme de a lo menos dos quintas partes de los diputados en ejercicio, pueda citar a un Ministro de Estado hasta por cuatro ocasiones en un año, a fin de efectuarle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo.
Consagración Constitucional de las Comisiones Investigadoras. Las comisiones investigadoras carecen hoy de consagración constitucional y legal, estando contempladas sólo en el Reglamento de la Cámara de Diputados.
La reforma busca establecer a nivel constitucional este importante instrumento de apoyo a las facultades fiscalizadoras, las cuales se crean a petición de a lo menos dos quintas partes de los diputados en ejercicio. A la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional le corresponderá determinar las atribuciones y funcionamiento de las comisiones y deberá contener las garantías y resguardos que aseguren el respeto de los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por la investigación en alguna forma.
El informe de la Comisión deberá ser conocido por la Sala para el ejercicio de las facultades que procedan.
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, se propone a la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.-
Sustitúyese el número 1) del artículo 48 de la Constitución Política por el siguiente:
1) Fiscalizar los actos del Gobierno, para lo cual la Cámara puede:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República , quien deberá darles debida respuesta por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de treinta días. La obligación del Gobierno se entenderá cumplida al entregar la respuesta.
Cualquier diputado , con el voto favorable de a lo menos un tercio de los miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno. Éste deberá dar debida respuesta, por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del plazo señalado en el párrafo precedente;
b) Citar a un Ministro de Estado , a petición de a lo menos dos quintos de los diputados en ejercicio, a fin de formularle consultas específicas respecto de actos propios de su Ministerio con el objeto de obtener la necesaria información que permita a la Cámara y a los diputados ejercer a cabalidad las funciones que les son propias. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado más de cuatro veces dentro de un año calendario.
Lo anterior, es sin perjuicio del derecho que confiere a los Ministros de Estado el artículo 37.
El Presidente de la Cámara determinará la sesión a la que deberá concurrir el Ministro , la que deberá tener lugar no antes de los siete días ni después de los quince días siguientes a aquél en que acordó la citación. La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder las consultas que motiven su citación, así como las que se planteen durante la sesión y que estén directamente vinculadas con la materia objeto de su comparecencia;
c) Crear, a petición de dos quintos de los diputados en ejercicio, comisiones fiscalizadoras destinadas solamente a obtener y reunir información sobre determinados actos del gobierno que permitan a la Cámara y a los diputados ejercer a cabalidad sus funciones.
La Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional determinará las atribuciones y funcionamiento de estas comisiones. Asimismo, esta ley adoptará las garantías y resguardos que cautelen el debido respeto a los derechos de las personas que aparezcan, en una u otra forma, mencionadas durante el proceso de fiscalización.
El informe de la Comisión deberá ser conocido por la Sala para el ejercicio de las facultades constitucionales que procedan.
En ningún caso los actos de fiscalización a que se refiere este número afectarán la responsabilidad política de los ministros, y”.
Moción de los Diputados señores Krauss , Aldo Cornejo , Bartolucci , Pareto , Valenzuela , Errázuriz , Ceroni , Coloma , Jarpa y de la Diputada señora María Angélica Cristi .
Reforma constitucional que modifica la forma de reemplazo ante la vacancia de los cargos de senadores y diputados. (boletín Nº 2229-07)
1. El constituyente de 1980 reemplazó en el inciso tercero del artículo 47 el procedimiento de la Constitución de 1925 en lo que respecta al despeje de las vacancias de los cargos de diputados y senadores. El artículo 36 de esta última carta disponía que “si un diputado o senador muere o deja de pertenecer a la Cámara de Diputados o al Senado, por cualquier causa, antes del último año de su mandato, se procederá a su reemplazo en la forma que determine la ley de elecciones, por el término que le falte de su período”. Esta situación daba lugar a las “elecciones extraordinarias para diputados o senadores”, las que, de acuerdo con las normas de la referida ley de elecciones, eran convocadas por decreto supremo que ordenaba practicarlas y establecía el día en que se realizarían, el cual no podía ser anterior al cuadragésimo siguiente a la fecha del decreto.
La actual normativa no contempla las “elecciones extraordinarias”, a las que, por error, denomina “complementarias”, calificación que corresponde a las que se ordenare repetir “en el caso de que ellas influyan en el resultado general de la circunscripción respectiva”. La norma en vigencia dispone que las vacantes de diputados y de los senadores elegidos por votación directa que se produzcan en cualquier tiempo se proveerán con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del parlamentario que cesare en el cargo, habría resultado elegido si a esa lista hubiera correspondido otro cargo. En caso de no ser aplicable la regla anterior y faltar más de dos años para el término del período del que hubiera cesado en el cargo, la vacante será provista por la Cámara que corresponda por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiera motivado la vacante.
2. La eliminación de las elecciones extraordinarias supera un sistema que, teniendo usual origen en circunstancias fortuitas, provocaba tensiones políticas que alteraban la convivencia ciudadana e incrementaban injustificadamente el número de elecciones. La idea de recurrir a un procedimiento indirecto para llenar las vacancias es positiva. Sin embargo, la solución prioritaria dispuesta en la materia por las reformas introducidas a la Constitución en 1989 desconoce, a nuestro juicio, el natural compromiso de los candidatos con los partidos políticos que los patrocinan, en el caso, de mayoritaria ocurrencia, en que ellos son militantes de esas colectividades.
Consecuente con lo anterior, en el sistema electoral vigente es determinante el rol asignado a los partidos políticos y la vinculación entre ellos y los postulantes a cargos parlamentarios es una relación indisoluble, conforme lo prueba, entre otros casos, la inserción en la cédula única o la participación en la propaganda televisiva. En este sentido aparece como más objetiva la fórmula subsidiaria actualmente establecida, esto es, proveer la vacante por la Cámara respectiva, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, que era, por lo demás, la fórmula establecida originalmente en la actual Constitución. Resulta razonable adicionar que esa elección se verifique de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiera motivado la vacante.
3. El sistema establecido en la reforma de 1989 en cuanto a proveer, en primer término, las vacantes con el ciudadano que habiendo integrado la lista electoral del parlamentario que cesó en el cargo habría resultado elegido si a esa lista hubiera correspondido otro cargo, sería inobjetable si ambos postulantes hubieren pertenecido a un mismo partido político, pero pierde sustentación si es que esa vinculación se sustenta sólo en un pacto electoral, como lo es en nuestra realidad nacional, más allá de que, en ocasiones, el pacto electoral se pudiere proyectar a un compromiso político.
4. La iniciativa que se propone pretende estabilizar las representatividades logradas por el respaldo de la opinión pública expresada en las elecciones generales. El equilibrio surgido de ese pronunciamiento ciudadano pudiere ser perturbado si en el lapso que comprende un período parlamentario, es decir, cuatro años, se incorpora al Congreso Nacional quien no se identifique o contraríe las opiniones del diputado o senador al que deba reemplazar, pudiendo, inclusive, tener como título un porcentaje mínimo de votación.
En el ánimo de perfeccionar la institución parlamentaria y reconocer el rol que en ella corresponde a los partidos políticos presento a la aprobación de la honorable Cámara el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único.-
Reemplázase el inciso tercero del artículo 47 de la Constitución Política de la República por el siguiente:
“Las vacantes de diputados y las de senadores elegidos por votación directa, que se produzcan en cualquier tiempo, serán provistas por la Cámara que corresponda, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiera motivado la vacante”.