Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- VII. Otros documentos de la Cuenta.
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rafael Arratia Valdebenito
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Eduardo De Praga Diez Urzua
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. OBJETO DE LA SESIÓN
- INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE PAGO DE HONORARIOS. Proyectos de acuerdo.
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Ignacio Perez Walker
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Jose Francisco Encina Moriamez
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- PROYECTOS DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Baldo Prokurica Prokurica
- Victor Perez Varela
- Lily Perez San Martin
- Arturo Longton Guerrero
- Gustavo Cardemil Alfaro
- Pablo Longueira Montes
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- Maria Pia Guzman Mena
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Gustavo Alessandri Valdes
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Mario Bertolino Rendic
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Carlos Recondo Lavanderos
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Pablo Galilea Carrillo
- Claudio Alvarado Andrade
- Osvaldo Vega Vera
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Sergio Correa De La Cerda
- Roberto Delmastro Naso
- Eduardo Diaz Del Rio
- Alfonso Vargas Lyng
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- Maria Rozas Velasquez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- PARLAMENTARIOS QUE SE PAREAN
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maria Antonieta Saa Diaz
- Maria Isabel Allende Bussi
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE PAGO DE HONORARIOS. Proyectos de acuerdo.
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 9ª, en martes 2 de noviembre de 1999
(Especial, de 18.03 a 20.50 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos, y Acuña Cisternas, don Mario.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Objeto de la sesión.
Informe de la Contraloría sobre pago de honorarios. Proyectos de acuerdo9
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que modifica el inciso final del artículo 24 de la ley Nº 18.591, de 1987, con el objeto de prorrogar los beneficios que otorgan una bonificación a la mano de obra en las regiones I, XI y XII y en las provincias de Chiloé y Palena (boletín Nº 241705)46
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto de reforma constitucional que regula los plebiscitos nacionales (boletín Nº 235007)46
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho de los proyectos refundidos que establecen normas sobre cobro de prestaciones de salud y sobre instituciones de salud previsional (boletines Nºs 169211 y 227611)47
VII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicación:
Del jefe de Comité de la Democracia Cristiana, por la cual informa que el diputado señor Arratia reemplazará en forma definitiva al diputado señor Jiménez, en la Comisión investigadora del racionamiento eléctrico.
2.Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Sánchez, resultados finales de proceso de control de ejecución de proyecto “Aporte de construcción mini central hidroeléctrica de Lago Verde en la Undécima Región”.
De la diputada señora Pérez, doña Lily, y diputados señores Sánchez y Vega, irregularidades en Corporación Municipal de La Florida relacionadas con administración del personal y gestión interna de los consultorios de atención primaria de salud.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Bertolino, vehículos de propiedad fiscal autorizados para circular sin disco correspondiente en días que señala.
Del diputado señor Molina, fecha de entrega de recursos financieros para construcción del Barrio Artesanal de Combarbalá.
De los diputados señores Hales, Jaramillo y Navarro, resguardos establecidos en proyecto de ley, para precaver localizaciones inadecuadas de fábricas e industrias en áreas urbanas.
Del diputado señor Kuschel, avance proyectos de electrificación rural Peñasmó 2ª Etapa y sector AntenasLa CampanaPutenío, de Calbuco.
Del diputado señor Álvarez-Salamanca, recursos para ejecutar obras en comunas de Río Claro, San Clemente, Constitución y San Rafael, de la Séptima Región.
Del diputado señor Navarro, proyectos financiados para el año 2000 en la Octava Región, con cargo a recursos aprobados por Consejo Regional para inversiones menores.
De los diputados señores Navarro, Jaramillo y Tuma, inclusión de calefacción en construcción y habilitación de Escuela Diego Portales, de Santa Juana.
De los diputados señores Ascencio, Velasco, Villouta, Jiménez, Palma, don Joaquín; Ortiz y Acuña, recursos para proyecto de abastecimiento de agua potable para sector Pulelo, comuna de Ancud.
Del diputado señor Navarro, aplicación de ley Nº 19.234, sobre exonerados políticos y sus posteriores modificaciones.
De la diputada señora Saa, doña María Antonieta, funcionamiento de Programa de Exonerados Políticos.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Del diputado señor Ávila, menores de edad dados en adopción internacional a ciudadanos daneses, entre 1973 y 1980.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De los diputados señores Núñez, Masferrer, Ulloa e integrantes del Comité del Partido Demócrata Cristiano, resultados de investigación respecto de cobros por mantención de medidores de electricidad.
De los diputados señores Jiménez y Coloma, instalación de depósito de basuras en Lonquén, provincia de Talagante.
Del diputado señor Huenchumilla, avances de proyectos de agua potable rural y alcantarillado en sector LladquihuePitraco, de Labranza, y Villa San Francisco, de Población Pichi Cautín.
Del diputado señor Delmastro, aprobación de proyectos para reparación de suelos húmedos en comunas de la Décima Región.
Del diputado señor Acuña, proyecto de agua potable rural para Chucauco y El Tume.
Del diputado señor Hales, realización de curso “Aplicación del Reglamento de la ley general de Servicios Eléctricos”.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Huenchumilla, funcionamiento de programa Aporte suplementario por costo capital adicional destinado a sostenedores de establecimientos educacionales.
Del diputado señor Alvarado, fondos para reposición de escuela rural del sector Caipulli, comuna de Ancud.
De la diputada señora Pérez, doña Lily, y diputado señor Pérez, donVictor, contratación de abogados externos.
Del diputado señor Rocha, fondos para pago de asignación de perfeccionamiento para docentes de Contulmo.
Ministerio de Obras Públicas
De los diputados señores Navarro y Velasco, incorporación de obras de arte a puente Llacolén.
Del diputado señor Navarro, establecimientos industriales que deben cumplir normativa del D.S. Nº 609, de 1998, del Ministerio de Obras Públicas, en la Octava Región.
Del diputado señor Kuschel, proyectos de apertura en canal Caicaén y Catrué, comuna de Calbuco.
Del diputado señor Molina, avance proceso de licitación del embalse El Bato, comuna de Illapel.
De la diputada señora Prochelle, doña Marina, calidad de agua potable de los servicios de Osorno y Purranque.
Cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de septiembre.
Ministerio de Agricultura
Del diputado señor Jarpa, declaración de zona de emergencia para algunas comunas de la provincia de Ñuble.
Del diputado señor Navarro, ayuda entregada a comunidades afectadas por nevazones en localidades del Alto Biobío, Curarrehue, Lonquimay y Melipeuco.
Del diputadoJaramillo, asignación de recursos para reactivación económica del sector agrícola.
De los diputados señores Jaramillo y Galilea, don Pablo, incorporación de comunas rurales de Panguipulli, Lago Ranco y Futrono al Plan de desarrollo de zonas de pobreza rural.
Del diputado señor Huenchumilla, planteamientos de Asociación comunal de pequeños agricultores Flor del Copihue.
De la Corporación, situación del sector lechero y necesidad de establecer salvaguardias.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (108)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
--Asistieron, además, los ministros de Obras Públicas, señor Jaime Tohá; de la Secretaría General de Gobierno, señor Carlos Mladinic, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza. También asistió el senador señor Sergio Díez.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 18.03 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria,
se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 3ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 4ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor MONTES (Presidente).- El diputado señor Prokurica ha solicitado una reunión de Comités.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
V. OBJETO DE LA SESIÓN
INFORME DE LA CONTRALORÍA SOBRE PAGO DE HONORARIOS. Proyectos de acuerdo.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
Corresponde “debatir la oportunidad y forma de la entrega del informe de la Contraloría General de la República, que contiene un listado de profesionales que trabajan en la Administración del Estado o que apoyan la gestión pública contratados por el Estado en la modalidad de honorarios a suma alzada; la publicación parcial y sesgada de un informe en medio de un proceso electoral; la forma como se ha visto afectada la honra y seguridad de las personas y de cómo la Cámara de Diputados de Chile debe actuar sobre estos hechos ahora y en el futuro en su calidad de ente fiscalizador de los actos de gobierno”.
Estos son los términos de la convocatoria del grupo de diputados que solicitó esta sesión.
El tiempo previo de 15 minutos lo distribuirán los jefes de bancada de la Concertación.
Tiene la palabra la diputada Isabel Allende hasta por cinco minutos.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, sin duda, la transparencia y probidad de las actuaciones públicas constituyen un principio inherente del concepto mismo de democracia. Pero, del mismo modo, el principio de responsabilidad con que sus autoridades ejercen sus atribuciones constituye también una base de nuestro sistema político.
Las democracias no sólo corren el riesgo del desprestigio por la falta de transparencia con que sus autoridades actúen, sino también por la falta de responsabilidad de quienes ejercen las facultades fiscalizadoras.
En este contexto, recientemente hemos sido testigos de un acto que, sin lugar a dudas, constituye un abuso inexcusable en el ejercicio de la facultad fiscalizadora de esta Cámara: la publicación en los medios de comunicación de una lista de personas que trabajan a honorarios en la Administración Pública, mostrándola simplemente como una expresión más de irregularidades administrativas del Gobierno, fue un hecho que podríamos calificar, a lo menos, como irresponsable. Como señaló el propio Contralor General de la República, “Con este acto lo único que se ha logrado es hacer aparecer a un conjunto de personas honorables como eventuales delincuentes o transgresores de la ley”. Cita de “El Mercurio”, cuerpo B, domingo 24 de octubre.
Ese es el punto y no otro; la falta de ética con que diputados denunciantes actuaron enlodando no sólo el prestigio de muchos servidores públicos, sino también el de la propia Cámara de Diputados. Los argumentos en torno de la búsqueda de transparencia y probidad que se han intentado levantar por parte de la Derecha son sólo pretextos que esconden un objetivo real: buscar el desprestigio de la Administración Pública y obtener con ello dividendos electorales. En este sentido, nuevamente las palabras del Contralor son reveladoras: “Debo confesar que, a lo menos, pecamos de ingenuos. Nunca se nos pasó por la mente que se iba a hacer publicidad en estos términos. Yo era un convencido de que la Cámara de Diputados iba a hacer un análisis de todas las situaciones respecto de aquellos casos donde le pareciera que podría haber eventuales conductas indebidas y que pedirían la intervención de la Contraloría. Jamás imaginé que se iba a publicar un listado”.
Colegas, el correcto ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara exige un manejo ético de la información, donde primero hay que investigar, probar irregularidades y luego denunciar. En este caso particular, no hubo ese manejo ético, ya que los diputados denunciantes nunca informaron a la ciudadanía que la Contraloría General de la República tomó razón de todos los decretos publicados, sin que haya señalado ilegalidades o falta administrativa alguna. En definitiva, los diputados denunciantes nunca realizaron una investigación seria ni formularon acusación con fundamento; sólo mostraron, en forma distorsionada, información que ha sido pública y que año a año se ve en la ley de Presupuestos, la que, como toda ley, es pública, como ya se ha señalado.
¿Cómo se sienten todos esos profesionales a honorarios cuyos nombres aparecieron en los diarios? ¿Quién quiere ahora trabajar a honorarios en el sector público cuando ello acarrea el riego de ser denunciado por la prensa con carácter de escándalo?
Lamentablemente, los diputados Pérez han encontrado una forma de denunciar indirectamente a centenares de personas sin responsabilizarse de ello.
Según datos entregados a “El Mercurio” por Mario Marcel , destacado economista, en Chile los gastos a honorarios representan el 1.7 por ciento del gasto en personal del gobierno central; en 1998, la municipalidad de Las Condes destinó al pago de honorarios un 7.5 por ciento de sus gastos de personal, es decir, 4.4 veces lo que gastó el Gobierno. ¿Significa esto para la Derecha que Joaquín Lavín cometió alguna irregularidad administrativa?
Por otra parte, se ha abierto debate acerca de la legitimidad de la contratación a honorarios en la Administración Pública. Resulta sorprendente, por decir lo menos, que quienes históricamente han sido contrarios a aumentar la planta administrativa del Estado ahora se muestran reacios al sistema de honorarios, que constituye un medio necesario y flexible de provisión de recursos humanos de un alto nivel técnico, y que en países como el nuestro se relaciona con la necesidad de potenciar la eficacia de la gestión del Estado a través de una estructura reducida y flexible de recursos humanos, técnicamente calificada y orientada a cometidos específicos. Sin ese sistema, el Estado no podría realizar un número importante de tareas.
Por eso decimos que constituye un doble estándar cuando la Derecha vetó recientemente en el Tribunal Constitucional el proyecto presentado con el objeto preciso de racionalizar las contrataciones a honorarios.
En suma, creo que para ejercer la facultad fiscalizadora ella no sólo debe hacerse de acuerdo con normas legales y la ética, sino también debe implicar la buena fe y la responsabilidad en el uso de la información.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, hemos solicitado esta sesión especial fundamentalmente para defender la función fiscalizadora de los parlamentarios y la honra de cientos de mujeres y hombres chilenos injustamente afectados.
A quienes creemos en la democracia y luchamos por conquistarla y defenderla nos preocupa su preservación, el cuidado de sus instrumentos, el fortalecimiento de la separación de los poderes y, muy especialmente, el correcto y justo ejercicio del poder.
Quienes trabajaron activamente durante la dictadura del general Pinochet, ya sea en las plantas ministeriales, a contrata o a honorarios, ya como alcaldes, directores o gerentes de las empresas que entonces tenía el Estado, o que trabajaron gratis para la dictadura por estar sobrados de recursos, se erigen hoy como paladines de la fiscalización de un Parlamento en el que entonces no creían, por cuanto preferían las comisiones legislativas. ¡Vaya conversión! Pero ¿hasta qué punto se han convertido en demócratas y fiscalizadores? Tenemos derecho a ponerlo en duda. Honestamente, creo que muchos no se han convertido, siguen siendo autócratas y recelan de la democracia. Hoy, simplemente, usan otro disfraz. A cualquier precio usan una de las facultades fundamentales de la Cámara de Diputados, engañando al pueblo, a la gente sencilla que no entiende bien este lenguaje de las contratas, de los honorarios y de las plantas.
Creo que los colegas Lily Pérez y Víctor Pérez no ejercieron con responsabilidad la facultad fiscalizadora de la Corporación; hicieron un trabajo a medias, incompleto ex profeso, exponiendo sin remordimientos a personas contra las cuales no había un solo cargo, y todo con fines publicitarios y propagandísticos para favorecer a su candidato, Lavín , quien también fue funcionario pagado por la dictadura de Pinochet. Pareciera que ellos creen que el fin justifica los medios.
Hoy, aprovecho la oportunidad para defender a cada uno de los funcionarios públicos, profesionales, administrativos y auxiliares de nuestro país, de nuestra Administración Pública, que forman parte de las plantas o están contratados en las modalidades contempladas en el Estatuto Administrativo, a contrata o a honorarios, los cuales laboran sobrecargados de trabajo, con sueldos bajísimos y que poco a poco, durante los gobiernos de la Concertación, han ido recuperando el poder adquisitivo que perdieron durante el gobierno militar. ¿Cómo hoy día se les puede tratar tan mal? ¡Qué injusticia! Les recordaría a los colegas de la Derecha que los gerentes de las empresas del Estado y los interventores de los bancos durante la dictadura, aparte de recibir un sueldo u honorario acorde con el mercado, se autoadjudicaron muchas veces las empresas cuyos intereses, se suponía, cautelaban, en perjuicio de todos los chilenos. ¿Han pedido acaso los diputados Pérez y Pérez esos listados en la Contraloría? Podría haber sorpresas en el comando de Lavín, ¿cierto? ¿Están dispuestos a derogar el artículo 3º transitorio de la ley orgánica del Congreso Nacional y permitir la fiscalización de ese período? Díganlo con el corazón. Hoy, a cualquier precio, quieren el poder para Lavín, incluso ensuciando la honra y la reputación de distinguidos profesionales y expertos, poniendo en riesgo también la seguridad de alguno de ellos, engañando a chilenos y chilenas de buena fe con la manipulación que hicieron del informe de la Contraloría General de la República. El informe entregado indica el período, la labor, el nombre, ministerio y monto de los honorarios cobrados. ¡A cualquier precio pretenden conquistar el poder para Lavín! Hubo gente que antes lo hizo con las armas; hoy ustedes lo pretenden conseguir con malas artes. No lo lograrán.
Para terminar, quiero formular dos preguntas. ¿Están dispuestos a aumentar las plantas de los ministerios para que sean funcionarios de esa categoría quienes ejecuten programas, por ejemplo, sobre violencia intrafamiliar, de jefas de hogar, de mejoramiento de la calidad de la educación media y básica, centros de información de derechos de la mujer, etcétera, que hoy trabajan a honorarios? ¿Van a cambiar su posición? ¿Están dispuestos la pregunta la formulo a través del Presidente, por la deshonra que han provocado injustamente a tanta gente y por la manipulación del informe de la Contraloría, a someterse a la Comisión de Ética de la Cámara?
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora María Antonieta Saa .
La señora SAA (doña María Antonieta) .-
Señor Presidente, esta sesión especial se encuentra revestida de especial importancia porque dice relación con la forma en que se está haciendo uso de la facultad de fiscalizar que posee nuestra Corporación. En defensa de la transparencia en el ejercicio de la función pública, debemos evaluar cómo se utiliza la información que entregan los organismos del Estado a los parlamentarios que la solicitan y cómo resguardamos la honra y el prestigio de personas que pueden verse afectadas ante interpretaciones sesgadas de la información recibida.
Lamentablemente, esta sesión no surge como consecuencia de la reflexión acerca de estos tópicos, sino a causa de las declaraciones y denuncias realizadas por dos colegas de esta Cámara: me refiero a los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez , quienes han pretendido ver supuestas irregularidades en los contratos a honorarios de diversas reparticiones del Estado sobre la base de información pública que les hizo llegar la propia Contraloría General de la República. Estos diputados, por medio de argumentos falaces, han intentado que la opinión pública crea que los listados que han entregado a la prensa corresponden a antecedentes de una supuesta investigación de la Contraloría acerca de los pagos por asesorías. Esto es absolutamente falso. Todos los antecedentes corresponden a decretos en que la Contraloría realizó la toma de razón, sin hacer reparo de ilegalidad alguna. Cualquier persona puede solicitar información sobre esta materia al organismo contralor.
Además, los colegas han pretendido crear la sensación de que por medio de la contratación de personal a honorarios, se estarían pagando sueldos fabulosos y aumentando el costo de los ministerios en desmedro de los funcionarios de planta. Parecen olvidar que durante el gobierno autoritario se redujeron las plantas funcionarias del Estado, en especial la de profesionales y técnicos; se estableció el principio de flexibilidad, que permite contratar personas a honorarios, conforme a la necesidad del servicio, y se determinó que las cantidades asignadas a estos pagos por ministerio están contempladas en el presupuesto de la Nación que el Congreso aprueba cada año.
¿Acaso los diputados de Derecha nos van a decir que desde la reapertura del Congreso han aprobado las partidas correspondientes del presupuesto, ignorando los gastos contemplados en ellas? No pueden alegar ignorancia, pues ello hablaría muy mal de su calidad de legisladores y de fiscalizadores.
Por ello, los emplazo a que expliquen dónde está la supuesta falta de transparencia en la contratación de personal a honorarios; que digan con qué criterio cuestionan la labor funcionaria de profesionales que optan por el servicio público, en circunstancias que en el sector privado sus rentas podrían ser mucho mayores.
En su supuesta denuncia, los diputados de Derecha tampoco han precisado la naturaleza de la función para la cual fueron contratadas las personas, ni el tiempo por el cual la ejercieron. Así, indicando sólo las cifras globales del pago total de asesorías, pretenden insinuar que destacados expertos han incurrido en actos de corrupción, descalificando, de esta manera, a personas honorables que lo único que han hecho es prestar un servicio profesional al Estado.
Sólo como ejemplo de esta denuncia irresponsable, me referiré al caso de Eric Campaña. Dicen que recibió del MOP alrededor de 20 millones de pesos en honorarios, pero no precisan que este destacado profesional recibió ese dinero en pagos mensuales por un año y, casualmente, olvidaron aclarar que tiene a su cargo nada menos que los proyectos de modernización de los aeropuertos de todo el país.
Se citan los gastos realizados por Eric Goles por asesorías a Conicyt. ¿Acaso los denunciantes encuentran escandaloso que la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología tenga como asesor a honorarios a un Premio Nacional de Ciencias, reconocido internacionalmente por su calidad académica y profesional?
No quiero dejar de mencionar el caso de Ricardo Lagos Weber, hijo del candidato presidencial de la Concertación, quien estaba contratado a honorarios por la Cancillería. ¡Para qué, se preguntarán algunos! Nada menos que para defender los tan queridos intereses comerciales del país en el Tratado de Libre Comercio con Canadá, protegiendo las industrias salmonera y del pisco y representando a Chile en la Apec. Por cumplir labores como ésa, los profesionales mencionados y todos quienes figuran en la lista entregada por los colegas de Oposición, han sido colocados en tela de juicio respecto de su integridad moral y funcionaria.
Los diputados Pérez y Pérez han realizado un ejercicio que podríamos denominar de prevaricación parlamentaria, un torcido ejercicio de la función fiscalizadora guiado por pequeños intereses electorales. Han sido motivados no por la transparencia de la función pública, sino por la idea de enturbiar la reputación de las personas y de provocar dudas acerca de la idoneidad de las autoridades de gobierno, con el único fin de obtener algún dividendo en favor de su candidato presidencial, señor Lavín . Como dice el prestigioso abogado señor José Zalaquett , la fiscalización democrática debe tener criterios éticos para juzgar a los propios fiscalizadores. Hay que proceder con recta intención, lo que implica medir todas las situaciones con la misma vara y actuar sin motivos ulteriores, pues de lo contrario se puede terminar socavando la propia función fiscalizadora.
La Derecha, como en otras ocasiones, no ha dudado en atacar a personas ni en desnaturalizar la función de organismos democráticos. Sólo me queda agregar que no se usó el mismo criterio cuando se fiscalizó en esta Cámara los llamados “pinocheques”. En esa ocasión, se puso en peligro el Estado de Derecho y se renunció a la fiscalización.
Quiero pedir disculpas a los funcionarios públicos agredidos injustificadamente, que han debido, muchos de ellos, soportar amenazas y descrédito. Hago aquí un reconocimiento a la labor desarrollada por estos funcionarios.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, el contralor general de la República hará su ingreso a la Sala y usará de la palabra por el lapso de diez minutos. Si algún diputado desea hacer alguna consulta, el tiempo utilizado se descontará a la bancada a que pertenezca.
Asimismo, y si le parece a la Sala, puede hacer ingreso a la misma el jefe de auditoría, señor Hernán Llanos .
Acordado.
Tiene la palabra el contralor general de la República, señor Arturo Aylwin .
El señor AYLWIN (Contralor general de la República).-
Señor Presidente, el objetivo de nuestra intervención es simplemente explicar la acción de Contraloría en esta materia. Como bien se sabe, existen distintos tipos de contratos a honorarios: asimilados a grados, a suma alzada o con cargo a diferentes proyectos. Por otra parte, la ley obliga a la Contraloría General de la República a proporcionar información sobre estas materias.
Cabe hacer presente que todos estos contratos a honorarios han aumentado en la última década por cuanto es evidente que el sector público ha sido reducido y ha habido un incremento muy significativo de la actividad administrativa, en especial en algunas áreas muy sensibles, como obras públicas, planificación urbana, telecomunicaciones, aspectos computacionales, salud y otros. La Contraloría ha tomado razón de los decretos y resoluciones relativos a estas materias, que no están exentos.
Por otra parte, elaboró un registro que contiene todos los contratos a honorarios asimilados a grados o que han sido contratados a suma alzada. Cada cierto tiempo se envía la información, en forma global, a la Dirección de Presupuestos. También ha efectuado una labor fiscalizadora en terreno, lo que permitió detectar, en ocasiones, algunos problemas que dieron origen a juicios de cuentas y sumarios, en especial cuando se ha verificado que no se cumplieron cabalmente las contrataciones.
Las peticiones concretas efectuadas por el Congreso a la Contraloría, que legalmente está obligada a contestar, son múltiples. Desde el 1 de septiembre de este año, hubo peticiones de la diputada señora Lily Pérez y del diputado señor Víctor Pérez ; después se han recibido veinte oficios, a través de la Oficina de Informaciones de la Cámara, solicitando información, y últimamente han llegado otras veinte solicitudes pidiendo nuevos antecedentes. Ello, sin perjuicio de las informaciones requeridas, para los mismos efectos, por el Senado. La Contraloría ha estado trabajando para enviar dicha información a la Cámara y a los parlamentarios correspondientes, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.
Además, se terminó de preparar la información correspondiente a los contratos asimilados a grados o a suma alzada de personas naturales de todos los ministerios y servicios. Se hizo un listado por sectores, por ministerio, por orden cronológico, señalándose claramente el nombre, objetivo, período y la materia a que se referían tales contrataciones. Se envió información de ese listado a los diputados señor Víctor Pérez y señora Lily Pérez a la Cámara de Diputados, entregándola también a la Corporación. Debo reconocer, muy hidalgamente, que aquí se produjo un error de parte nuestra, porque dicha información debió ser entregada en forma simultánea, pero hubo un desfase de dos días.
Cabe hacer presente que parlamentarios de diversos sectores piden información, lo que se hace, así lo hemos entendido siempre, en el ejercicio de las funciones que les son propias. No es responsabilidad de la Contraloría el uso que se pueda dar con posterioridad a dicha información.
Dada la complejidad del tema al que estamos abocados, quiero señalar que se han adoptado varias medidas por la Contraloría. Desde luego, toda las futuras informaciones sólo se harán llegar a la Cámara de Diputados o al Senado, y a los parlamentarios se les informará del hecho de haberla enviado.
Por otra parte, se están revisando todos los datos para evitar cualquier error, y continúa el trabajo de fiscalización en terreno que, sin duda, es lo más importante; pero son tantas las peticiones y tanto lo que se pide, que quiero hacer presente a la honorable Cámara que estamos bastante complicados, porque no podemos paralizar nuestra función fiscalizadora para atender la totalidad de las peticiones y la urgencia con que se solicitan.
Por último, quiero destacar que es necesario buscar mecanismos para una mayor racionalización de los honorarios, de las peticiones de los parlamentarios a la Contraloría, de las rentas y de la dotación del personal de la Administración Pública, y aclarar un tema de gran trascendencia, como es la publicidad y saber qué información es reservada y cuál pública. En verdad, no existe norma que establezca que los registros del personal sean secretos.
En todo caso, es voluntad de la Contraloría asesorar y apoyar todas las iniciativas que tome la Cámara de Diputados para ir perfeccionando este mecanismo de control. Lo vivido en estos días ha sido muy delicado, muy sensible para la Contraloría, pues aparece como protagonista en una contienda que le es absolutamente ajena. Creo que esta experiencia debe servir de base para que mejoremos los sistemas de fiscalización, de remuneraciones, de contrataciones y también los mecanismos de control de la Contraloría General de la República. Está fuera de dudas que hoy día, para actuar con eficiencia y eficacia, la administración necesita de expertos, de profesionales del sector privado. Una de las características de la administración moderna es, precisamente, que haya cada vez más apoyo y participación de los particulares.
Creo que la ciudadanía espera de todos nosotros que el tema sea analizado con altura de miras y con gran respeto hacia la función pública.
Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).-
Los Comités acordaron que las consultas se formularan de inmediato, porque el señor contralor se retirará de la Sala, pues no desea estar presente en el curso del debate.
Agradezco la presencia del señor contralor.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss .
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, el contralor general de la República terminó su intervención invitándonos a reflexionar, con seriedad y respeto por la función pública, acerca de los hechos que motivan la convocatoria a esta sesión.
Tiene razón, porque, junto con lo que ha importado desde el punto de vista de la repercusión pública, de lo que se ha afectado a personas que legítimamente se han desempeñado en la administración del Estado, es importante que aquí, en la Cámara de Diputados, analicemos si efectivamente lo ocurrido corresponde al ejercicio de una facultad fiscalizadora.
El Nº 1) del artículo 48 de la Constitución establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la fiscalización de los actos del Gobierno. ¿Cuáles son los procedimientos a través de los cuales se puede ejercer esta facultad fiscalizadora?
Hago referencia al texto de un proyecto de acuerdo citado por nuestro colega y ex Presidente de la Corporación, don Gutenberg Martínez , en que se establece que para ejercer la facultad fiscalizadora, la petición de antecedentes y la adopción de acuerdos y observaciones al Ejecutivo, los diputados están investidos de las siguientes facultades:
En primer lugar, la que establece el artículo 48, inciso primero del Nº 1) de la Constitución Política de la República, que faculta a la Cámara de Diputados no a sus integrantes, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, para adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de la República.
En segundo lugar, el inciso segundo del mismo Nº 1) del artículo 48, faculta a cualquier diputado para solicitar determinados antecedentes al Gobierno, siempre que su proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara.
En ambos casos, como se ha dicho, se trata de formulaciones acordadas por la Cámara y tramitada por la Secretaría de la misma.
En tercer lugar, el artículo 294 del Reglamento de nuestra Cámara faculta a los diputados para pedir antecedentes de carácter público u opinar sobre los actos del Gobierno. Este procedimiento, que no requiere acuerdo de la Sala y que es firmado por el Presidente y por el Secretario de la Corporación en nombre del diputado que lo solicita, es tramitado por la Secretaría de la Cámara.
En cuarto lugar, los artículos 9º y 10 de la ley orgánica del Congreso Nacional, reiterados en el artículo 293 del Reglamento de la Corporación, facultan a la Oficina de Informaciones para solicitar los informes y antecedentes específicos a los organismos de la Administración del Estado, materias respecto de las cuales los mismos artículos de la ley orgánica del Congreso y del Reglamento de la Corporación radican también en las comisiones permanentes, especiales e investigadoras.
En consecuencia, la facultad fiscalizadora, la formulación de observaciones, el planteamiento de denuncias respecto de las acciones del Ejecutivo, no corresponden a cada diputado en particular. No tenemos facultad fiscalizadora como personas, como integrantes de la Corporación. Esa facultad está radicada en la Corporación, sin perjuicio de la que disponemos para requerir los antecedentes y las informaciones que estimemos pertinentes a través de los mecanismos o procedimientos a que he hecho referencia.
En el caso que nos ocupa, ¿se ha cumplido con esos requisitos? No cabe duda de que no ha sido así. Se ha requerido una información respecto de la cual el contralor ha insinuado que ha existido una utilización derivada del hecho de que hubo una disonancia en la entrega de los antecedentes a la Cámara y a los parlamentarios que la reclamaban. No cabe duda de que si esa información revestía las características de constituir un acto de fiscalización, es decir, de representar acciones arbitrarias, ilegales o irregulares por parte del Ejecutivo, debió plantearse aquí en la Cámara, y no se ha hecho.
Quiero reiterar la necesidad de actuar con responsabilidad en el ejercicio de estas facultades. En ese sentido, ¡cuán conveniente sería que, así como el contralor está preocupado de definir determinadas normas en su accionar en el ámbito que le corresponda, también la Cámara estableciese, a través de dictámenes de las comisiones que se estimaren pertinentes, y de esta Sala, de qué manera vamos a ejercer la facultad fiscalizadora y de qué manera se ejercerá con responsabilidad y con sentido de ética política y social!
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton .
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, creo que una de las intervenciones hasta ahora más claras y que no necesita interpretación es la del contralor.
Está claro que la mayoría de los chilenos pagamos impuestos. Son dineros que van a las arcas fiscales, administrados por funcionarios de Gobierno, y en el presupuesto de la nación están reflejadas su administración e inversión.
Cuando cualquier ciudadano compra un kilo de pan, que vale alrededor de 500 pesos, está pagando cerca de 90 pesos en impuestos. Por lo tanto, es importante saber adónde van esos dineros. También es cierto que al chileno que elude, que engaña, que trata de no pagar impuestos o paga menos, se le priva de libertad; tiene una pena bastante grande.
Por lo tanto, un ciudadano tiene derecho a saber en qué se emplean sus impuestos, esos recursos que se aportan al Estado. Es obvio. Y el Gobierno, que administra los recursos del Estado, tiene la obligación de informar a los ciudadanos qué hace con esos recursos que le aporta hasta el más humilde ciudadano.
Nosotros somos los representantes de esas personas. Hemos sido elegidos democráticamente, unos con más votos y otros con menos, pero definitivamente hemos sido elegidos. Entiendo que los ministros de Estado son designados por el Presidente de la República. Es decir, desde el punto de vista democrático, tenemos mucha más legitimidad quienes hemos sido elegidos por el pueblo que quienes han sido designados por el Presidente de la República.
Aunque les duela, ministro señor Mladinic , digo esto porque ustedes nos han faltado el respeto muchísimas veces. Y por favor, más respeto por quienes hemos sido elegidos por el pueblo.
Por otro lado, los mecanismos de fiscalización están fijados en la propia Constitución. Lamento que algunos diputados vengan hoy a plantear poco menos que todos nos cortemos las manos y no fiscalicemos, precisamente a quienes hemos estado luchando por que la Cámara tenga mayores facultades fiscalizadoras.
Hace un par de semanas, la Cámara aprobó una reforma constitucional para que la misma tenga mayores facultades. Pregunto a los representantes de Gobierno: ¿Por qué el Presidente de la República no le puso urgencia y la tendrá guardada hasta mayo del próximo año?
En el ejercicio de la fiscalización, llevada a cabo por personas que hemos sido legítima y democráticamente elegidas, tenemos razón en solicitar, porque estamos cumpliendo un mandato. Nadie entendería si hiciéramos vista gorda, es decir, que pidiendo una información, viendo irregularidades o que esa información aparece poco clara, mantuviéramos silencio. Ningún ciudadano del país entendería por qué actuaríamos de esa manera.
Nadie ha criticado que se paguen honorarios; lo que se critica son los montos. Daré algunos ejemplos.
En 1990, el Ministerio de Economía pagaba 213 millones en honorarios; en 1999, paga 1.370 millones. El Ministerio de Hacienda, que debe dar ejemplo de austeridad, pagaba 96 millones de pesos; hoy, paga 3.174 millones. Quiero saber si hoy el Ministerio de Hacienda es más eficiente, transparente y da más información, porque cada año que pasa da menos información y está más reservado y más renuente a hacerlo. El Ministerio de Educación, de 72 millones a 4.533 millones. El Ministerio de Agricultura hay que saber si la agricultura ha mejorado, de 272 millones a 3.114 millones de pesos.
En verdad, es mejor hacer un resumen y decir que los 24.618 millones de pesos que se gastan anualmente en honorarios equivalen a un gasto mensual aproximado de 2.052 millones de pesos, lo que implica que se podría contratar a 5.648 profesionales de planta, con el pago mínimo, es decir, 363.300 pesos mensuales; también podríamos contratar 12.459 administrativos de planta, con el sueldo mínimo, o sea, 164.699 pesos.
Señor Presidente, ya que se ha dicho que esta denuncia se ha planteado por motivos electorales, ¿en qué cambia la situación si fuese efectivo que ella se hizo por motivos electorales? Supongamos que tiene dichos motivos, ¿no habría de todas maneras poca claridad y excesos en la contratación de personas a honorarios? ¿O esto cambia porque la denuncia tiene motivos electorales? Creo que no.
Por otra parte, las razones electorales no provienen de nosotros, sino que claramente del Gobierno. ¿Por qué? Porque incita a un grupo de personas que han sido nombradas por algunos diputados para que se querellen en contra de esos parlamentarios que están cumpliendo un mandato constitucional.
Esto es para la risa, porque quienes cumplen con sus obligaciones, son perseguidos y se interponen querellas en su contra, mientras que quienes tienen que rendir cuenta ante la Cámara de Diputados, no lo hacen y se votan a víctimas. ¡Esto es inaceptable!
Quienes tienen que dar aquí una explicación clara, fuerte y decidida sobre esta materia son los representantes del Gobierno, porque han tratado de engañar y enredar a la gente en estas últimas semanas, en concomitancia con muchos medios de comunicación.
Finalmente, hago una denuncia fuerte y clara en contra de Televisión Nacional de Chile, que ha estado coludida permanentemente en esa campaña gobiernista.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el ministro Mladinic .
El señor MLADINIC (Ministro Secretario General de Gobierno).-
Señor Presidente, en esto hay que tratar de ver exactamente de qué se trata.
Lo que se está discutiendo se refiere a partidas de honorarios que figuran en glosas establecidas año a año en las respectivas leyes de presupuestos. Cuando los señores diputados aprueban la ley de presupuestos correspondiente a determinado año, en la partida gastos de personal de cada ministerio o servicio, según corresponda, hay una glosa que dice: “El servicio respectivo podrá imputar hasta un monto máximo de tanto a honorarios, dentro del total de gastos de personal aprobado”.
Por lo tanto, el diputado señor Longton ha contribuido a aprobar año a año, cada vez que se sanciona la ley de Presupuestos correspondiente, los montos a que ha hecho referencia.
En un protocolo firmado por las distintas bancadas en 1996 se estableció la forma como el Ejecutivo tendría que informar de estos gastos al Parlamento es un formulario trimestral, lo que se ha venido cumpliendo por el Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, los montos que se han gastado corresponden exactamente a lo aprobado por el Congreso en la ley de Presupuestos correspondiente.
Ahora bien, si alguien estima que alguno de esos montos ha sido malversado o gastado en forma ilegal, si se ha contratado a alguien que no existe o a una persona que no realiza su trabajo, ese caso particular debiera ser investigado.
Quien debe juzgar o calificar el trabajo realizado por los funcionarios de planta o a honorarios es, por cierto, el jefe superior del servicio correspondiente; no tiene nada que ver con la facultad fiscalizadora que todo el mundo reconoce a la Cámara de Diputados. Los jefes superiores del servicio respectivo tendrán que decir: “La calidad de este funcionario permite que sea calificado en lista 1, 2 ó 3”. “Su trabajo es bueno o malo”, porque ellos conocen el trabajo diario que realizan sus subalternos.
Por lo tanto, estamos hablando de dineros aprobados en cada ley de presupuestos para cada servicio, que equivalen al 1,7 por ciento del total del gasto en personal. Por cierto, no se puede gastar más allá de estos montos, ya que en ese caso es necesario hacer la modificación pertinente en la ley de presupuestos del próximo año.
De manera que estamos hablando de dineros aprobados por el Congreso en su totalidad. Si hay alguna acusación por una mala utilización en particular, eso debe ser investigado.
En cuanto a nuestra legitimidad, debo expresar que el Estado de Derecho establece tres poderes, y la verdad es que la legitimidad del Ejecutivo nos parece tan alta como la del Poder Judicial. No creo que los jueces de este país sean menos legítimos porque no hayan sido elegidos por votos populares.
Por cierto, tengo un especial respeto por el Congreso porque representa al pueblo. Justamente lo que caracteriza a las dictaduras es su no existencia. Por eso me alegro mucho de que este Ejecutivo tenga uno que lo fiscalice. Ojalá que nuestra Patria siempre lo tenga.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, podríamos pasar muchos minutos discutiendo sobre algunas teorías jurídicas respecto de cuál es nuestro rol de fiscalización o cuáles son nuestras atribuciones; también podríamos detenernos en analizar la prudencia o imprudencia de algunas de las declaraciones públicas que han formulado algunos parlamentarios; pero en lo que deberíamos estar todos de acuerdo llamo a mis colegas de Gobierno a unirse sobre esta materiaes que lo más vergonzoso en esta polémica han sido las expresiones de un ministro, que estaba presente en la Sala hasta hace algunos momentos.
Por lo tanto, no puedo comenzar mi intervención sin señalar que, como Congreso, no podemos aceptar las expresiones de un ministro que se refirió a dos de nuestros colegas como a “perros”, porque cualquier intento posterior que tienda a dejar establecido que no quiso decir eso, sino que se habló en términos generales, no es más que un resquicio.
Lo mismo sucede con las expresiones de mi amigo el señor Mladinic , quien dijo que quizás ese ministro se había referido al Quijote; debo precisarle que en esa obra no aparece nada relacionado con ladridos de los perros. Ese dicho es muy posterior a la época en que se escribió la obra.
Por lo tanto, estimo que el ministro aludido debiera leer “El Quijote”, para que recuerde los consejos que este personaje da a Sancho respecto de cómo manejar la ínsula Barataria . Allí le señala que lo más importante para un ministro o para una autoridad es ser prudente, no usar palabras soeces y no mostrar espíritu odioso, que es lo que se ha hecho aquí.
En consecuencia, señor Presidente, a través de usted, le digo al señor ministro, que acaba de ingresar a la Sala, que no podemos aceptar en ningún tipo de debate que ahora se pretenderá ocultar a través de un resquicio se trate de perros a dos de nuestros colegas, a dos parlamentarios elegidos con importantísimas votaciones. Eso es absolutamente intolerable, ya que lo que se ha buscado en esta oportunidad, con prudencia o cometiendo algún error eso podemos discutirlo, es un elemento de transparencia.
Debemos recordar que inicialmente se negó la información tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Ante esa búsqueda de transparencia y luego de que se publicó esa lista acción que, repito, podemos discutir si se hizo o no con la debida prudencia, obtuvimos una respuesta absolutamente inusitada y violenta por parte del Gobierno. Inusitada y violenta, porque existía el derecho, por lo menos, de formular ciertas preguntas; el derecho de preguntarse por qué han aumentado estas contrataciones de 3.500 millones de pesos a 25 mil millones de pesos desde 1990 a la fecha. ¿Es tan malo el sistema de administración pública? ¿Requerimos de tantas contrataciones y asesores?
También tenemos derecho a preguntarnos si deben sentirse tan afectados y reaccionar de manera tan inusitada por supuestos ataques a la honra, ya que esa materia está radicada en los tribunales de justicia, que es el tercer Poder del Estado a que se ha aludido, que debe acoger o rechazar los argumentos de quienes se sienten afectados; pero no debería ser motivo de deshonra el hecho de aparecer como un funcionario público, si es que no se ha cometido ningún error o ninguna falta. Además, tenemos todo el derecho de solicitar explicaciones. Sin duda alguna, muchas de las partidas aquí señaladas merecen explicaciones. Algunas, por las personas que están involucradas; otras, por lo montos. Porque he escuchado a mucha gente decir que son profesionales extraordinariamente destacados, absolutamente técnicos o que han sido contratados para cargos técnicos de primera línea. Lo que pasa es que uno tiene el justo derecho a preguntar por qué sólo figuran en esa lista profesionales concertacionistas, en circunstancias que se trata de cargos tan técnicos. ¿Por qué figuran sólo ellos? ¿Por qué muchos casos huelen tanto a “pituto” político? ¿Por qué surgen tantos nombres, tan claramente vinculados a figuras de la Concertación, si son cargos técnicos? Es la pregunta que tenemos derecho a hacernos y que la gente tiene derecho a hacerse.
Además, se ha señalado que esto se hizo en el pasado. Si es así, mal está, pero habría que recordar los primeros discursos del Presidente Frei no los últimos cuando decía que ninguna de las prácticas se iba a repetir.
Como decía el diputado señor Longton , tenemos todo el derecho a exigir respuestas, porque aquí hay plata pública involucrada, impuestos que se pagan; no es dinero privado.
A veces, resulta insólito dar respuestas como la de Marco Antonio, de Shakespeare, diciendo: “Honrados, todos ellos honrados son”. No. Creo que tenemos el derecho de preguntarnos si todos ellos son tan honrados, y le diría a mi amigo el diputado señor Mulet , quien señalaba que nos hemos aprovechado de la gente humilde que no entiende esto, que no, que la gente humilde entiende muy bien y que lo que realmente no entiende es cómo se gasta y, sobre todo, cómo se malgasta su plata.
Termino diciendo que, más allá de que se aduzca que hay un examen de la Contraloría General de la República sólo hace un examen de la calidad formal, que nosotros aprobamos el Presupuesto. Por supuesto, que lo aprobamos, pero no las contrataciones, y tenemos el derecho a saber quién fue contratado y cuál fue la eficiencia del control.
Recordando aquellas viejas expresiones de Calígula, de que él era capaz de nombrar cónsul a un caballo porque tenía las atribuciones, nosotros damos las atribuciones para, claramente, contratar gente; para, claramente, buscar profesionales adecuados; pero también tenemos el derecho a exigir eficiencia como clara respuesta.
Finalmente, junto con la transparencia, el gran elemento es un problema de gestión, porque tenemos que preguntarnos si esos profesionales sirvieron o no al país, si sirvieron o no para bajar la cesantía, si sirvieron o no para bajar la pobreza del país. Creo que la respuesta generalizada de todo el país es que, sencillamente, no han servido.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leal , hasta por cuatro minutos.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, la forma indiscriminada en que han sido entregadas listas de profesionales que trabajan a honorarios para la Administración Pública, recuerda las listas negras tan típicas del autoritarismo.
No hay denuncias precisas. La diputada señora Lily Pérez formuló dos: que los señores Alejandro Artus y Sergio Cortés eran estudiantes y que estaban ganando remuneraciones a honorarios, sin ser profesionales. Espero que la señora diputada, que es una persona honesta, les pida disculpas a estos dos profesionales, un ingeniero civil y un economista, que son titulados y que ustedes injuriaron públicamente por televisión.
Tengo en mi poder una lista de 380 profesionales, entre los cuales hay varios dirigentes políticos de la UDI, que trabajaron en una sola repartición: la Secretaría Nacional de la Juventud; pero no me parece digno ni propio de la fiscalización entregarla, porque no me consta que alguno de los que aparece allí no haya cumplido con el contrato a honorarios para el cual fue contratado en su momento.
El problema no es entregar listas, sino irregularidades concretas que puedan cometerse en el ejercicio de la función pública.
Como el diputado señor Longton habla de que la gente tiene que saber lo que se hace con los impuestos, lo que se hace con los recursos del Estado, quiero mostrarle algo que lo va a sorprender.
(Muestra un gráfico).
Esto se hacía con los recursos del Estado durante el régimen militar. Aquí está Patricio Contesse , presidente ejecutivo de CodelcoChile, que paga 75 millones de pesos a la Central Nacional de Informaciones. ¡Este es un contrato concreto, con los fondos de todos los chilenos, para pagar a la CNI durante cuatro años, 2.500 millones de pesos para que desarrollara una labor represiva en las organizaciones sindicales y, en particular, en las divisiones de CodelcoChile!
Quiero decir que los contratos señalan explícitamente los tengo aquí y se los voy a hacer llegar a la diputada señora Lily Pérezque CodelcoChile no se hace responsable por las muertes que puedan producirse en el ejercicio del cumplimiento del contrato entre el contratista la CNI y CodelcoChile. Este contrato está firmado por don Patricio Contesse ; por don Pablo Baraona , presidente del directorio de CodelcoChile; por don Jorge Selume , director de Presupuestos; por don Pablo Ihnen ; por don Germán Villegas Frademann , y por el miembro del directorio de Codelco, don Hernán Büchi . ¡Esto se hacía con las platas durante los años de la dictadura: se entregaban para reprimir a los trabajadores!
Quiero decir que este fin de semana 3 mil trabajadores de la división El Salvador y sus familias han firmado una carta que mañana voy a entregar al presidente de la Corte Suprema, en la que piden una investigación exhaustiva de estos hechos. Mañana vamos a entregar toda, absolutamente toda la información, al magistrado Muñoz , quien instruye la causa por el asesinato de Tucapel Jiménez, porque estos documentos prueban que aquí no hubo un asesinato frío, aislado, sino que una política represiva al movimiento sindical en los años del régimen militar, por los hombres de Pinochet y por los que hoy acompañan a Joaquín Lavín , quienes le compraron los libros. Esa misma gente pagaba la represión en Chile, en contra del movimiento sindical.
Estos son datos precisos de la constitución de la sociedad Eprocom , a través de la cual CodelcoChile entregó dos millones de dólares para financiar las campañas electorales de Hernán Büchi y de muchos parlamentarios en 1989.
¡Esos son actos de corrupción! Entonces, ¡fiscalicemos todo! ¡Voten para eliminar el artículo 3º de la ley orgánica del Congreso Nacional, a fin de poder llevar a cabo una profunda investigación y establecer las sanciones que correspondan contra quienes han usufructuado de los impuestos, de las platas de los chilenos, pagando represión, pagando corrupción, haciendo fraude de los chilenos o colocando en riesgo la vida de los chilenos!
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo , hasta por cinco minutos.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, quiero reclamar en la Sala por el ejercicio indebido que los colegas Víctor Pérez y Lily Pérez han hecho de nuestra función fiscalizadora, que es exclusiva y excluyente. Creo que ellos no se han hecho cargo de la responsabilidad que implica hacer mal uso de una función significativa no sólo para el prestigio de la Cámara, sino para la función política y para la democracia.
Es real que es una función compleja porque se trata de fiscalizar el mérito político. Por lo tanto, hay una carga de subjetividad. Es así, pero no puede ser pura subjetividad. En esta función fiscalizadora hay reglas explícitas o tácitas que no deben vulnerarse. Hay límites o deberes de los que nadie puede eximirse, lo que tiene que ver con la seriedad con que debe realizarse esta acción, para que responsablemente se pueda concluir sobre la conveniencia o inconveniencia de los actos que realice el Ejecutivo y que se están fiscalizando.
Por lo tanto, me resulta extraño que personas, de cuya inteligencia no podemos dudar, hayan actuado y sigan defendiendo una actuación que no tiene seriedad ni responsabilidad, porque fiscalizar es hablar sobre los méritos de los actos del Ejecutivo, es decir, cómo ha actuado, qué irregularidad ha cometido. No es entregar cualquier información, ni mucho menos una que es entregada en un clima de denuncia, de escándalo y, además, tergiversada, al desinformar. Es muy lamentable que hayan actuado así y que, además, sigan defendiendo esa actuación. ¿Qué hicieron ellos? Crearon una situación de expectación pública respecto de actos perfectamente normales y habituales. Lo han reconocido; no hay nada irregular. Sin embargo, el clima en que lo entregaron fue no sólo de algo irregular, sino de algo escandaloso. La ya famosa frase de la colega Lily Pérez , de que “los pillamos”, expresa eso: un tono de escándalo; pero los actos son todos regulares. Arrojaron a la cara del país un conjunto de informaciones sin evaluación, sin estudios serios, con grandes irregularidades e, incluso, errores. La propia revista “Qué Pasa” y no voy a dar detalles porque seguramente todos la habrán leído dice claro, de manera cariños a que este caso se ha caracterizado por la falta de rigurosidad de la dupla Pérez , que dio a conocer estos datos sin contrastarlos como es debido. Por último, afirma que no hay indicios de corrupción, que se trata de cantidades mal planteadas, por largos períodos, de profesionales calificadísimos. Aquí rechazo las afirmaciones del colega Longton en el sentido de que el gasto en honorarios, en 1989, fue mucho más bajo que el correspondiente a 1999, desde el punto de vista de la proporción entre dicho gasto y la inversión total. En efecto, en el caso del Ministerio de Obras Públicas al cual se refiere en forma específica la revista “Qué Pasa”, que, por lo demás, ha sido el más “bombardeado” por los colegas, no sólo se ha contado con profesionales de alta calificación para tareas muy complejas que antes no se hacían, sino que se enfrentan con menos gastos; es decir, con mucha más eficiencia. Entonces, ¿cuál es el juicio que cabe ahí? ¿Es denunciarlos como supuestos aprovechadores o felicitarlos por su espíritu de servicio público?
En estos descargos, los colegas han reiterado que sólo se limitaron a informar, a dar a conocer públicamente estos ingresos. Pero esa explicación es muy triste; no tiene ninguna lógica, fundamento ni peso. Insisto, no es propia de personas inteligentes. Creo que están en la postura de no querer reconocer el error, porque esto no es fiscalización. Tanto es así, que aún los colegas no pueden precisar dónde está la inconveniencia de los actos del Gobierno, dónde están las irregularidades. Si personas inteligentes están actuando de esta manera, tan sin fundamentos, uno tiene la obligación inevitable de pensar que aquí hay otra intención. De verdad, el clima electoral le está jugando una mala pasada a la inteligencia de estos dos colegas que, además, cometieron el error, quizás más grave, de dar mal trato a profesionales. En ese sentido, los llamo a que pidan disculpas. Aquí se hizo aparecer, se dio una falsa imagen. ¿Con qué derecho se expuso a profesionales sembrando dudas sobre su honorabilidad? Creo, realmente, que el hecho de lanzar una piedra y esconder la mano se llama cobardía moral. Llamo a estos dos colegas a que no caigan en esta actitud, pidan disculpas y reconozcan su error.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .
El señor JARPA.-
Señor Presidente, a raíz de lo sucedido con el seudo escándalo de los contratos a honorarios, el abogado y profesor José Zalaquett hacía los siguientes alcances en la prensa:
1ºLa transparencia en la actuación pública es inherente y poder fundamental de una democracia; por lo tanto, debe permitirse la información pública con la debida cautela.
2ºEs importante ocuparse de la honra de las personas y de la responsabilidad de quienes cumplen su importante función fiscalizadora.
3ºLa contratación a honorarios es necesaria para una buena gestión pública y fundamental para que las políticas de gobierno puedan realizarse con eficiencia. (Esto lo digo porque durante mucho tiempo me he desempeñado como funcionario público). No son aceptables las prebendas ni las sinecuras.
4ºEstas funciones deben realizarse sin ningún tipo de discriminación; de ahí la importancia de los contratos a honorarios.
5ºQuienes cumplen esta función deben hacerlo con apego a la ley y a la probidad.
6ºEs necesario el financiamiento de las actividades políticas y eleccionarias.
7ºLa fiscalización es inherente a la democracia.
Quienes estamos por fortalecer la democracia entendemos la relevancia de la función fiscalizadora de los actos públicos; pero también es importante que para cumplir dicha función nos pongamos de acuerdo en los valores éticos. Me parece peligroso que en actos normales ya que, como dije, es necesario contratar a honorarios para cumplir con la función pública, lo cual realizan también las empresas privadas, como es la fiscalización, se ponga en riesgo la honorabilidad de funcionarios públicos en un ejercicio que en Chile no es habitual. Lo demuestra el informe de organismos internacionales que nos coloca en el primer lugar de Latinoamérica en probidad. Me preocupa porque esta fiscalización se ha hecho con fines electorales; pone en riesgo la honra de personas, instituciones; desprotege la política y a los políticos, siguiendo una práctica habitual durante la dictadura.
Termino coincidiendo con el profesor Zalaquett . Es esencial para la democracia realizar la función fiscalizadora a través de la opinión pública y de la prensa; pero reitero también es importante que quienes cumplan con dicha función lo hagan con ciertos criterios éticos. Al respecto, es fundamental señalar la recta intención; que todas las actuaciones se realicen con el mismo rasero y sin motivos ulteriores. De no proceder así, terminaremos socavando esa función tan importante para la democracia, como lo es la fiscalización, la cual, insisto, debe hacerse con recta intención.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker .
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, en lo personal, siento que tengo, al menos, dos motivos para ejercer a cabalidad mi calidad de fiscalizador.
En primer lugar, porque soy diputado. Esta facultad es exclusiva y privativa de la Cámara de Diputados. En segundo lugar, porque soy diputado de Gobierno. Por ello tengo una doble exigencia para fiscalizar.
Por lo mismo, creo que tenemos derecho a exigir que la fiscalización sea ejercida en forma adecuada. En este caso, claramente, ha existido, a lo más, un remedo de fiscalización, en un clima artificial que desprestigia la verdadera función de fiscalización de la Cámara de Diputados y me temo que, también, a quienes han montado tan triste espectáculo.
Noto mayor serenidad en el tono de los diputados de Oposición que han intervenido hoy, y lo atribuyo a que han descubierto dos cosas: una, que, en el fondo, la forma como han llevado a cabo la facultad de fiscalización ha sido contraproducente desde el punto de vista de su candidato presidencial, y, otra, porque se han dado cuenta de que ésta no es la forma adecuada y correcta de ejercerla.
Frente a un tema como éste hay que recurrir a los principios y, aquí, hay tres envueltos:
En primerísimo lugar, el principio de probidad. Toda la información de la Administración del Estado es y debe ser pública. La publicidad de sus actos es un principio fundamental, pero si afecta derechos de terceros y las personas contratadas a honorarios son terceros, tienen que ser consultados. Así lo acabamos de establecer en la ley orgánica sobre probidad administrativa. Así quedó exactamente.
Segundo principio: respeto por la vida privada de las personas. Esto significa no sólo protegerse de las invasiones ilegítimas externas, sino ser dueño de la información privada relativa a la propia persona. Esto es lo que acabamos de aprobar en la ley sobre honra, intimidad y vida privada de las personas. Dos leyes aprobadas recientemente: sobre probidad administrativa y sobre vida privada de las personas.
El principio en cuestión es que la información no es sólo de la Administración del Estado, sino también de los terceros; en este caso insisto, las personas contratadas a honorarios, a quienes debe respetarse lo referente a su vida privada.
El tercer principio es el control de los recursos, lo que está establecido en dos cuerpos legales. En primer lugar, en la ley de Presupuestos. Junto con dicha ley, que aprobamos año a año y donde se encuentran consignados estos gastos, el 16 de diciembre de 1998 suscribimos un protocolo de acuerdo sobre la ley de Presupuestos de 1999. En él se consigna todo un capítulo de evaluación de la estructura institucional y del funcionamiento de servicios públicos, a través del Comité interministerial de modernización de la gestión pública; del Ministerio de Hacienda, que autoriza contratar evaluaciones; de los programas sociales de fomento productivo y desarrollo institucional. Asimismo, se establecen claras obligaciones para que, sobre estos aspectos, el Ministerio de Hacienda informe de manera periódica como lo ha hecho en forma invariable a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado.
Es más, el protocolo consagra que en el primer semestre de 1999 se fijará un procedimiento que permita poner a disposición de las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara la información contenida en el registro de los decretos o resoluciones afectos a toma de razón, relativos a la contratación de personas, naturales o jurídicas, sobre la base de honorarios u otras formas de pago similares, lo que ha hecho de manera exacta y rigurosa el Ministerio de Hacienda.
En el caso de las empresas que reciben aporte estatal, se exige contabilidad separada y balance y estado financiero independientes, auditados por empresas externas. Es decir, el protocolo que suscribimos a fines del año pasado, y que se ha cumplido de manera rigurosa, es una forma adicional a la ley de Presupuestos para controlar el gasto público.
Se cuenta también con la ley de administración financiera del Estado, que establece un control financiero en este sentido. Dicho control puede ser de dos tipos: de gestión control administrativo o de la propia administración o de legalidad, el que realiza la Contraloría General a través del acto de toma de razón de las auditorías o de las solicitudes de información.
¿Qué ha hecho el Gobierno sobre el control de gestión que realiza la propia Administración? Por primera vez, tal vez, en nuestra historia, el Presidente de la República emite el instructivo Nº 3816, de 1997, para auditar integralmente el uso de las consultorías externas por parte del Gobierno, como forma de control de apoyo a la gestión. Todo esto es público y transparente. Es así como los gobiernos de la Concertación han enfrentado el tema.
El informe de 1997 constata la ausencia de la normativa estándar que regula la adjudicación y administración de contrataciones de esta naturaleza. Más aún, en la página Nº 12, parte absolutamente distorsionada por los diputados denunciantes, dice: “En un 60 por ciento de los casos no existen mecanismos formales para obtener una verificación directa de la utilidad o provecho del producto de la consultoría”. No dice que no hayan sido de utilidad o provecho, sino que no hay mecanismos formales, normas administrativas que regulen en la Administración del Estado esta situación creada por una gestión moderna del mismo. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta década hemos dotado al Estado de Chile con leyes, aprobadas por el Congreso; de nuevas atribuciones en materias como medio ambiente, telecomunicaciones, pesca, concesiones de obras públicas, MeceMedia, en el campo de la reforma educacional; transportes, relaciones económicas internacionales. Es obvio que estas mayores atribuciones con que hemos dotado al Estado deben ser financiadas, con personal adecuado, de tres formas: a través de la planta, a contrata y a honorarios, lo cual es perfectamente legítimo y lícito.
Entonces todos estos instrumentos: la ley de presupuestos; el protocolo que suscribimos el año pasado; el instructivo del Presidente Frei para velar por la probidad administrativa; la ley de probidad administrativa que consagra derechos cuando afectan a terceros; la ley que acabamos de aprobar sobre la honra y vida privada de las personas, tienen por objeto contar con auténtica probidad en la Administración del Estado.
Entonces, ¿de qué se acusa verdaderamente al Gobierno? ¿En qué consiste la denuncia de los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez ? Se acusa al Gobierno de haber subcontratado servicios mediante el pago de honorarios. Es decir, se trata de presentar como algo irregular, ilegítimo, ilegal aquello que es perfectamente regular, legítimo y legal, sembrando en el camino un manto de sospecha sobre procedimientos regulares y sobre personas honorables.
Por eso, pedimos esta sesión para objetar tal procedimiento. No para poner en entredicho la facultad de fiscalización de la Cámara, ya que insisto los diputados de Gobierno tenemos doble razón para ejercerla. Queremos expresar que así no se hacen las cosas, que eso no es fiscalización, pues afecta la honra de las personas. En resumen, todo lo que he dicho demuestra que el Gobierno y el Congreso nos hemos empeñado en asegurar la probidad administrativa en nuestro país.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez .
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, de repente siento que estamos perdiendo el tiempo, porque si todo era regular, legal, transparente y estaba tan bien, ¿por qué el Gobierno lleva más de cinco meses ocultando información al Congreso Nacional y descalificando a los fiscalizadores? Si quienes deben dar explicaciones al país, mirando a los ojos, de cara a los chilenos, no somos quienes fiscalizamos. El Gobierno debe explicar por qué a comienzos de los años 90 se gastaba por concepto de honorarios 3.800 millones de pesos al año y, en este año, se han gastado 25.600 millones de pesos.
¿Qué se podría hacer con esa plata? Entregar 30 mil nuevos créditos universitarios, más de 13.200 pensiones asistenciales, más de 35 mil nuevos subsidios y, algo muy importante para los chilenos: conseguir anualmente una dotación superior a los 5 mil efectivos policiales en la calle.
Ustedes hablan de respeto, de seriedad; pero cuando escuchamos a la mayoría de los diputados oficialistas, de Gobierno, nos damos cuenta de que no tienen idea de lo que están hablando. Si la tuvieran, no nos hubieran descalificado por los medios de comunicación, como ha sido testigo el país. Ustedes no pueden hablar de respeto y de responsabilidad, porque quienes han faltado el respeto a esta Cámara de Diputados han sido el Gobierno, pues se ha negado de manera sistemática a entregar información, y el ministro Insulza , su vocero en el tema.
Si todo estaba tan bien y era tan regular y transparente, ¿por qué no entregaron la información?
El contralor dijo: esta no es información privada ni reservada.
Si quieren hablar del pasado, diputado señor Antonio Leal , hablemos del pasado.
Al respecto, el tema es que el gobierno militar fue juzgado en 1988, al perder el plebiscito. El punto no es que cada vez que ustedes carecen de argumentos, saquen el tema del gobierno militar para empatar moralmente. Es decir, si eventualmente en el gobierno militar se cometieron irregularidades en la gestión pública, entonces ¿eso los faculta para realizar en democracia el doble de irregularidades públicas?
Me parece una argumentación pésima e infantil. Es como decir que si en el pasado se mató a alguien, ustedes ahora, en democracia, también pueden hacerlo.
Varios diputados, que no están presentes, no firmaron la petición para esta sesión especial, y les quiero dar las gracias por su apoyo silencioso. Esto significa que dentro de la Concertación todavía hay gente decente.
Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
¿Quiénes son ustedes para hablar de ética? Muchos han faltado a la ética pública, han denostado a las personas, han tratado de asesino a todo el mundo y nunca han pedido una disculpa.
¿Desde cuándo es un deshonor trabajar para el Estado? Si los contratos se publican en el Diario Oficial, ¿por qué les asusta tanto que ahora se publiquen las listas de honorarios? ¿Por qué les da miedo que se sepa cuánto gana la gente a honorarios? ¿Por qué han ocultado información y han denostado y amenazado? Porque ahora se sabe que, por ejemplo, un embajador de carrera, con veinticinco años de servicio, percibe 850 mil pesos mensuales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en circunstancias que a una persona a honorarios se le pagan dos millones y medio mensuales.
Este hecho pisotea y vulnera la carrera de miles de chilenos, de todas las ideas políticas, incluidos partidarios de la Concertación, que se sacan la mugre, quienes, por carecer de un “pituto”, no han obtenido un honorario oneroso para el Estado.
Otra cosa importante. Los ministros han dicho que no ha habido doble sueldo; que se trata de profesionales que no están en la planta, sólo a honorarios. Si es así, señores de la Concertación, ¿por qué el vocero de los supuestos querellantes por una injuria que nunca hemos provocado insisto: no es un deshonor trabajar para el Estado, el señor Belmar , es funcionario de planta del Ministerio de Salud?
El diario “La Hora”, en un ejemplar de la semana pasada, refrenda este antecedente. Dice que este señor es el jefe de la división del ambiente del Ministerio de Salud. Con su foto, anuncia la querella en contra de nosotros; pero resulta que el país se enteró, como dice el informe de la Contraloría General, que a él le pagaron 9.252.000 pesos por dar seminarios en los servicios de salud.
¿Quién ha denostado la función pública? El Gobierno. ¿Quién creó la expectativa pública? El Gobierno, al negarse a dar información. ¿Quién generó en los chilenos la expectación de saber qué venía? El Gobierno.
Además, un funcionario de Gobierno, a honorarios, ha dicho que se ha comprobado cito el diario “Las Últimas Noticias” del 22 de octubre que los funcionarios a honorarios son más eficientes que los funcionarios de planta. O sea, ¡funcionarios públicos, quedan notificados!
Pero ¿quién dice eso? Álvaro Elizalde , presidente de la juventud del Partido Socialista, quien ganó 14.843.000 de pesos por asesorar, en el área de comunicaciones, al Ministerio del Interior, en circunstancias que no ha superado el segundo año de universidad. Lo ha dicho su tío, hoy, por teléfono.
Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Por eso, para hablar de la honra de las personas debe haber claridad, y me duele mucho que si me dejan continuarlos parlamentarios de Gobierno no sean capaces de escuchar a la gente. Hay cartas de militantes de la Democracia Cristiana, que se identifican con nombres y apellidos, y hoy las compartí con una diputada de esa colectividad; de miembros de la comisión política del Partido Radical, de quienes tenemos la autorización para dar sus nombres, que piensan que en esta materia debe haber transparencia. ¿Por qué no escuchan a las bases? ¿Por qué no escuchan a la gente?
Si quieren que se investigue el pasado, seremos los primeros en poner la firma.
Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Esa actitud es para desconcentrarme; pero, ¿a ustedes les llega tanto apoyo como a nosotros en un día o en un fin de semana?
El país debe juzgar. Con el diputado señor Víctor Pérez y varias personas más hemos fiscalizado para que haya transparencia. No es un deshonor trabajar para el Estado ni hemos acusado a nadie de nada. Hemos acusado al Gobierno, que no ha respetado al Parlamento y ha ocultado información.
Una omisión en la causa. En la nómina están sólo los honorarios de 1999. Faltan los de 1998 y 1997, los decretos exentos y los antecedentes de las empresas del Estado, que también hemos pedido que sean investigadas, porque es bueno que los chilenos sepamos qué se hace con los recursos fiscales.
El diputado señor Antonio Leal no saca nada con mostrar una lista del gobierno militar. Estamos absolutamente de acuerdo...
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Diputada señora Lily Pérez , le ruego dirigirse a la Mesa.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Entiendo que estén nerviosos y no me dejen continuar; pero nosotros no nos haremos cargo de las descalificaciones. Nos han tratado pésimo el país lo sabe, pero nunca contestaremos en los mismos términos, porque tenemos una educación distinta y respetamos a la gente.
Lo que importa es que, de cara al país, se diga qué se hace con los impuestos. Las empresas privadas tienen al Servicio de Impuestos Internos como ente fiscalizador. Las empresas estatales deben tener los ojos del Parlamento. Pero, lo dijo alguien de la Contraloría con mucha sabiduría: en un país chico como el nuestro, con tanta prensa y tanto “pituto” político, ustedes enfrentan dos problemas. Primero, siempre les van a ocultar información, y, segundo, siempre los van a descalificar.
Creo que eso ha quedado demostrado. El Gobierno ha dado respuestas infantiles, y ni los parlamentarios que lo apoyan ni los ministros han dado argumentos de peso que justifiquen el aumento del 600 por ciento de los gastos en honorarios. ¿Por qué recurren al pasado cuando se toca algo del presente y del futuro?
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Diputado señor Felipe Letelier , llamo al orden a su Señoría.
Señora diputada, le ruego que continúe y que se dirija a la Mesa.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Cuesta entender que alguien sin calidad moral quiera erigirse en juez de quienes queremos hacer un país transparente.
Finalmente, la gente deberá juzgar. En todas las bancadas, de la Concertación y de la Oposición, hay personas muy decentes; pero, lamentablemente, los que han jugado con la honra de las personas y han generado una expectativa y un ambiente carnavalesco por los honorarios, han sido quienes más nos han denostado, quienes más nos han descalificado, quienes más nos han amenazado. ¿Por qué? Por miedo a que el país sepa la verdad.
Tenemos sólo la tercera parte de la información, y no la entregó el Gobierno. Aquí se ha mentido, porque la Contraloría General, sí, entregó la información.
A pesar de que un diputado de Gobierno ha dicho al diario “La Hora”, el viernes pasado, que la Contraloría “nos filtraba información por relaciones políticas”, para mí, el contralor, aun cuando es hermano de un ex Presidente de la República de la Concertación, merece el mayor respeto, y la Contraloría es el último referente moral que queda en materia de probidad administrativa.
Por tanto, no acepto que diputados del oficialismo le saquen la mugre a la Contraloría y quieran rebajar su presupuesto, porque viene con 1.800 millones de pesos menos, y, además, tengan la desfachatez, por decirlo de alguna forma, de “sacarle el piso” a la Contraloría.
Me duele que haya aquí quienes se asilan en las palabras “tolerancia” y “democracia” para tratar de asesino a todo el mundo, sacarle la madre a todo el mundo, tratar de canalla a todo el mundo, faltarle el respeto a los carabineros, conducir sin licencia y tener actitudes soeces. Pero no quieran erigirse en jueces quienes han faltado a la verdad y han denostado el servico público.
Hemos presentado un proyecto de acuerdo sobre el particular y espero que la Cámara lo apruebe, porque con ello se demostrará que algunos diputados están realmente interesados en que haya claridad total y que en el próximo gobierno confío que sea el nuestro todos los honorarios serán públicos y las cosas, transparentes. A algunos eso no les gusta, y les irrita la frase que he usado, “los pillamos”.
He dicho.
Manifestaciones en las tribunas.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio; de lo contrario, dispondré su desalojo.
El señor HUENCHUMILLA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en nuestro trabajo parlamentario normalmente tenemos sesiones como ésta, en las que se tratan temas complejos y las posiciones son muy extremas; pero para que podamos tener un buen debate, pido a su Señoría que aplique el Reglamento.
En primer lugar, creo que la Mesa ha sido muy permisiva con la actitud de las tribunas.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor HUENCHUMILLA.-
En segundo lugar, podemos tener un debate muy fuerte, pero el Reglamento dice que debemos tratarnos en tercera persona y dirigirnos a la Mesa. Por lo tanto, lo único que pido es que en el resto de la sesión se aplique rigurosamente el Reglamento, a fin de tener un debate respetuoso. Eso es lo único que garantiza la discusión de temas de fondo y no sólo de aspectos formales.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Obras Públicas.
El señor TOHÁ (Ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, por algún motivo, el Ministerio de Obras Públicas ha estado en el centro de estas acusaciones. En aras de la brevedad, quiero señalar que hemos desmentido categóricamente las cinco acusaciones relativas a esta Cartera, entre ellas, aumento excesivo de los honorarios y del monto individual de cada uno de ellos, y estudiantes recibiendo sueldos de profesionales. Pedí a los dos parlamentarios denunciantes que por lo menos pidieran disculpas a las dos personas cuyos nombres han circulado en todo Chile como estudiantes cobrando sueldos de profesionales, cuestión que hasta el momento no se ha producido.
Los antecedentes que hemos entregado indican que nunca un pago de honorarios se ha duplicado en un mismo período, asunto que también fue materia de denuncia por ambos parlamentarios.
Pero me quiero centrar en el fondo de esta acusación, cual es que en este Gobierno, en particular en el Ministerio de Obras Públicas, el monto de los honorarios ha subido de manera injustificada.
Cabe señalar al respecto que, en 1990, la planta del Ministerio era de 7.787 funcionarios, y hoy es de 7.307; o sea, diez años después y luego de haber asumido otras tareas, hay 500 personas menos. Entre esas tareas se pueden mencionar captación de aguas lluvias, manejo de cuencas, agua potable rural, defensa contra aluviones.
Para determinar si lo que se paga en honorarios o en sueldos es excesivo o no en cualquiera parte, incluso en la más artesanal de nuestras empresas se calcula cuánto se paga en función de lo producido y eso lo sabe hacer cualquier artesano. Si una empresa tiene dos empleados sabrá si son muchos o pocos en función de lo que produce.
¿Cuál es el asunto de fondo? En 1989, se pagaron por concepto de remuneraciones 25 mil millones de pesos, y de honorarios, 890 millones de pesos.
¿Qué no se dice en estas informaciones? La producción del Ministerio de Obras Públicas: caminos, puentes, aeropuertos, puertos. En ese año se invirtieron en total 132.950 millones de pesos y, en 1999, 758.943 millones en moneda del mismo año. ¿Qué significa esto? Que en 1989 las remuneraciones representaban el 19,5 por ciento de la inversión y, hoy, el 6,5 por ciento. Esa es la realidad. ¿Y cuánto representaban los honorarios en 1989? El 0,7 por ciento de la inversión y, en 1999, el 0,5 por ciento.
Estos son antecedentes oficiales del Ministerio, de la Contraloría General de la República, del Banco Central de Chile. El tema de fondo aquí es cómo desprestigiar la obra que hoy realiza el Ministerio de Obras Públicas.
Rechazamos de la manera más vehemente, tajante y definitiva que haya habido aumentos en el pago de honorarios y de remuneraciones en nuestro Ministerio. Todo lo contrario, quien sepa sacar bien una cuenta verá que no sólo no han aumentado, sino que han disminuido, según lo demuestran las cifras oficiales que he entregado.
Muchas gracias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez , hasta por doce minutos.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, sin duda, tenemos una discrepancia de fondo con el Gobierno y con los parlamentarios de la Concertación. Ellos han querido que la información sea secreta y nosotros, que sea pública. Nosotros queremos fiscalizar y los parlamentarios de la Concertación no quieren que lo hagamos.
Incluso podríamos hacer una objeción reglamentaria, porque en la solicitud de los parlamentarios de la Concertación para realizar esta sesión especial se dice que su finalidad es que la Cámara pueda establecer una opinión corporativa al respecto para evitar que aparezcan diputados pronunciándose sobre el tema en forma personal.
¿Qué significa eso? ¿Significa que nosotros, diputados elegidos popularmente, no podemos tener opinión personal sobre el tema de los honorarios o sobre cómo el Gobierno gasta los recursos? Con esa interpretación, el día de mañana no sé qué podrían hacer los diputados señores Ávila o Girardi .
Ese es, en definitiva, el objeto de esta sesión: tener una opinión corporativa, es decir, que la mayoría imponga un determinado criterio y nadie más pueda hablar. Por eso, tenemos una discrepancia de fondo y es bueno un debate al respecto, para que la conozca la opinión pública.
Nosotros hemos fiscalizado con la idea de dar transparencia a este asunto, y lo importante es que, a partir de hoy, sin duda, en este país el tema de los honorarios por asesorías y consultorías debe ser público. Nadie puede sentirse deshonrado porque trabaja para un ministerio o para un servicio público, y menos que el país sepa porque es Chile el que paga cuánto gana y qué es lo que hace. Si alguien se siente deshonrado porque
El país sabe cuánto le pagan, esa persona claramente está equivocada.
Estos datos como dijo el contralor y, en reiteradas oportunidades, muchas personas son públicos. Por lo tanto, tenemos el legítimo derecho de entregarlos a la opinión pública para que conozca los ingresos y la situación de las personas que trabajan en la Administración Pública.
Sin embargo, la discrepancia sigue. No quieren que fiscalicemos, no quieren que demostremos que, por la vía de los contratos a honorarios, el Gobierno ha generado una planta paralela de cargos públicos, con remuneraciones discrecionales, infringiendo, a nuestro juicio, el espíritu del Estatuto Administrativo.
La gente tiene que saber y sabe que funcionarios de larga carrera en la Administración Pública ascienden en la Escala Única de Remuneraciones después de mucho esfuerzo; pero que hay otros señores que no tienen carrera, que no tienen nada que recorrer, que no juegan con las mismas reglas. Esos señores conforman una planta paralela cuyas remuneraciones se fijan en una simple reunión entre el ministro el jefe del servicio y esa persona.
¿Qué pasa con los funcionarios de carrera adscritos a la Escala Única de Remuneraciones?
Es bueno que el ministro de Obras Públicas explique porque eso hemos estado buscando desde el principio a la opinión pública y a esta Corporación las razones por las cuales se pagan determinadas remuneraciones. Lo que no dijo el señor ministro fue y olvidó un detalle muy importante que la Cámara y a mí me tocó jugar un rol fundamental en eso y el Senado trabajaron en la propuesta del Ministerio de Obras Públicas para las funciones críticas. ¿Qué se nos dijo en esa ocasión? ¡En la Administración Pública necesitamos profesionales que tengan una buena remuneración! ¿De qué remuneraciones estaba hablando el ministro de entonces, para esas funciones críticas, en que se le quitaba la estabilidad de sus cargos a los profesionales del Ministerio de Obras Públicas?: De 800.000 pesos, 900.000 pesos y, en el mejor de los casos, de 1.000.000 de pesos. Ese era el rango para el mejoramiento de las normas.
Sin embargo, señor ministro, se han fijado discrecionalmente remuneraciones de 3.000.000 de pesos, de 3.500.000 de pesos, con una brecha fundamental, dramática, con quienes trabajan en la Administración Pública.
No quieren que fiscalicemos, desde un punto de vista político, la existencia de personeros concertacionistas que resultan elegidos por el Gobierno y la Administración para realizar funciones a honorarios. Sin duda, puede ser legal que algunos ex ministros o sus corporaciones obtengan honorarios y realicen consultorías. ¡Tal vez! Pero desde un punto de vista político no nos parece aceptable, porque, por cierto, un ex ministro va a tener mejores posibilidades que un ciudadano común y corriente de adjudicarse esos contratos. Por tanto, en ello no hay igualdad ni crecimiento con igualdad, porque siempre el ex ministro va a tener la posibilidad real y concreta de tener acceso a ese contrato.
¡No quieren que fiscalicemos! ¡Esa es la cuestión central!
Desde hace mucho tiempo hemos venido pidiendo esta información. El 13 de julio, a petición del diputado señor Bertolino , con la aprobación mayoritaria de los diputados que en ese momento estaban presentes, se solicitó al Gobierno información sobre las asesorías, honorarios y consultorías de los años 9798.
Esa solicitud se hizo en virtud de lo dispuesto en el número 1) del artículo 48 de la Constitución Política, la máxima expresión de nuestra facultad fiscalizadora. ¡Hasta hoy, los ministros no han respondido a ese requerimiento!
El 16 de julio lo pedimos a través de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados. Primero, contestaciones evasivas, las respuestas tipo de los ministerios y de las distintas subsecretarías, en que nos expresaban, primero, que no nos entregarían la información; después, que sí; luego, nuevamente que no. Eso nos obligó a recurrir a la Contraloría. Y recién ahora, después de cinco meses, tenemos acceso a esa información.
¡Ese es, en definitiva, el tema central! ¡Aquí ha habido un Gobierno que ha impedido y ha obstaculizado la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados! Eso ha sido tan evidente, que el 21 de septiembre, el Presidente de esta Corporación se vio obligado a enviar una carta al Presidente de la República, para hacerle ver la forma en que el Gobierno estaba entorpeciendo la labor fiscalizadora.
El Presidente de la Cámara de Diputados señaló que constituía una dificultad la falta de solución a lo que la Mesa representa, el elevado número de solicitudes, de antecedentes o informes de carácter público que el Gobierno no hace llegar.
Para ejemplificar la protesta de la Mesa de la Cámara, se citó la solicitud que hicimos con la diputada señora Lily Pérez , respecto de los honorarios de abogados, cuya respuesta todavía no remiten las autoridades de Gobierno.
Aquí se ha dicho que jamás hemos pedido la información sobre los honorarios. El Presidente de la Cámara de Diputados desmiente esa afirmación, cuando da el ejemplo de los honorarios de los abogados, al Presidente de la República.
Por eso tenemos una discrepancia de fondo que tiene que resolver la gente, porque al conocer esta información se ha podido dar cuenta de cómo se usan sus recursos. Será ella quien establezca si esos problemas se resolvieron bien o mal, si los recursos han servido para algo o para nada, si estamos mejor o peor que antes. La gente se ha dado cuenta de que el Congreso Nacional ha aprobado recursos para este Gobierno, los que han sido usados para pagar honorarios inmensamente superiores, cinco o seis veces más que en 1990, por consultorías y asesorías.
La pregunta es si estamos cinco o seis veces mejor. Eso es lo que tiene que saber la gente. Eso es lo que tiene que saber la ciudadanía, y no la van a poder engañar. Esa es la razón fundamental de este ataque descomunal del Gobierno en contra nuestra. Todos los días hablan dos o tres ministros, el Presidente de la República, parlamentarios de la Concertación, porque, en definitiva, saben que este tema le ha interesado a la opinión pública, porque la gente quiere saber verdaderamente cómo se usan sus recursos.
La gente sabe que el nombramiento, el grado y la remuneración de un funcionario de planta que trabaja en la Administración Pública deben ser públicos. Por eso, no puede entender el argumento jurídico, bastante débil, de que deben mantenerse en secreto las remuneraciones de quienes trabajan a honorarios, que no se debe informar sobre quienes trabajan en consultorías y asesorías. Asimismo, resulta insostenible el argumento de que hay que preguntarles a ellos si se puede informar a la Cámara de Diputados y a la opinión pública sobre el particular. Se trata de recursos públicos, y quienes trabajan en la Administración Pública se deben a la gente, al pueblo, a la ciudadanía y, por lo tanto, tienen pleno derecho a saber en qué se gasta la plata.
En el último tiempo, todos hemos estado de acuerdo en efectuar sesiones para tratar el tema mapuche. Fue necesario cambiar al director de la Conadi, porque tenía una serie de dificultades en el manejo de ese sector tan sensible, y se nombró un nuevo director. Pues bien, leyendo la lista, nos enteramos de que el director de la Conadi, que debe recorrer gran parte del sur de Chile, con un horario que supera las ocho horas diarias de cualquier funcionario público a veces, debe trabajar 12 ó 14 horas, tiene contrato a honorarios y asesora ambientalmente a otro servicio. Consideramos muy difícil que una persona que cumple una función tan fundamental, tenga, además, tiempo disponible para asesorar al Gobierno en otras materias. Eso es lo que queremos que nos expliquen.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Aquí nos han dado distintas respuestas. Algunos parlamentarios han dicho que nosotros entregamos una información parcial y que no dijimos que se trataba de remuneraciones anuales. Quiero decirles a los ministros y a los colegas que, de los 664 casos sobre los cuales informó la Contraloría, sólo 229 son contratos anuales; los restantes son por uno, tres, cuatro y cinco meses. Lo que importa es el tipo de contrato a honorarios, que puede pagarse en dos o tres cuotas; y es importante que la opinión pública lo sepa.
Para terminar, considero que estas discrepancias deben ser resueltas por la opinión pública. Son datos públicos, no secretos, y vamos a ejercer nuestra función fiscalizadora, les guste o no les guste a los diputados de la Concertación, que, en realidad, no tienen muy buen currículo en la materia. Ahí están todas las comisiones investigadoras, todos los oficios de fiscalización: quienes se han opuesto realmente para llegar a un resultado han sido, precisamente, los diputados de la Concertación. De manera que en fiscalización y transparencia, no vamos a aceptar que nos vengan a dar clases.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el ministro Secretario General de Gobierno.
El señor MLADINIC (Ministro Secretario General de Gobierno).-
Señor Presidente, así como el ministro de Obras Públicas, señor Tohá , ha explicado los aumentos de honorarios relacionados con su Cartera entre 1990 y 1999 según la información entregada, en 1999 han aumentado mucho en relación con lo que existía en 1989, quiero decir que, en el caso del Ministerio Secretaría General de Gobierno, se explica únicamente porque en 1989 el ciento por ciento aprobado en la ley de Presupuestos para el Ministerio era para gastos reservados.
Por lo tanto, se han disminuido en más del 90 por ciento los gastos reservados,
de manera de poder explicarle en forma transparente a la gente que esto se gasta en honorarios, esto en personal, esto en bienes y servicios, esto en inversión, etcétera. Antes, toda la partida era para gastos reservados. De 8.000 millones de pesos, los gastos reservados han disminuido a 800 millones, de manera que parte de esos 7.200 millones de diferencia se destinan a honorarios, remuneraciones, bienes y servicios, etcétera.
Pero quiero referirme a otro tema. Insisto: si los gastos en honorarios han ido aumentando es porque la ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento, así lo ha permitido. Año tras año, los señores parlamentarios como está ocurriendo en este momento revisan las partidas servicio por servicio, y pueden votar en contra, independientemente de si son mayoría o no. He revisado las actas de las distintas comisiones, y he comprobado que no hay votación en contra de las partidas de honorarios, lo que quiere decir que quienes estudian en detalle el respectivo servicio consideran adecuados para su administración los recursos destinados a honorarios que autorizan con sus votos en la ley de Presupuestos. La posición de alguien puede perder porque está en minoría, pero puede votar en contra y decir: “Señor, yo no estoy de acuerdo con ese monto, porque no sirve, porque está siendo mal utilizado, porque ese servicio no lo necesita”. Al revisar las votaciones registradas en las distintas comisiones los invito a hacerlo se puede comprobar que, año tras año incluso, ahora, en las salas de comisiones se aprueban partidas para honorarios porque, de acuerdo con los antecedentes que se les entregan, los diputados consideran que son necesarias.
Aquí se ha dicho que llama la atención que algunos funcionarios de planta tengan, a la vez, contratos a honorarios, figura que está perfectamente permitida por la ley. Ahora, si alguien cree que no debería ser así, puede promover un proyecto de ley que establezca que en el futuro ningún funcionario de planta podrá celebrar un contrato a honorarios con ninguna empresa del Estado o con ninguna otra repartición pública. Pero esos contratos son perfectamente legítimos, la Contraloría General de la República ha tomado razón de ellos y han sido aprobados en la ley de Presupuestos. Si hay alguna observación al respecto, debe argumentarse ante la Contraloría que tal contrato no cumple con las normas pertinentes. Se trata de recursos aprobados por el Parlamento. De manera que no hay nada de secreto ni de ilegal, porque los dineros están aprobados por ley.
Respecto de si los honorarios no deberían diferenciarse de las remuneraciones de la escala única, no está dispuesto así por la ley. Si lo queremos así, deberíamos establecer legalmente que no se paguen honorarios o que éstos no pueden superar los montos contemplados en la escala única. No está dispuesto así; por lo tanto, todo lo que se ha hecho está perfectamente de acuerdo con el Estatuto Administrativo. Además, una cantidad importante de los contratados a honorarios son de la exclusiva confianza del Ejecutivo, el cual, para desarrollar sus funciones, tiene derecho a elegir a las personas adecuadas. Tal como las tiene este Gobierno, las tuvieron los gobiernos anteriores y las podrá tener también el próximo. La gente sabe eso.
Ahora, en las municipalidades, por cierto, hay alcaldes de Gobierno y de Oposición, y estos últimos también eligen personal de su confianza, de su pensamiento. Justo y legítimo, siempre y cuando se haga de acuerdo con las normas y con la legislación vigente. Creo que estos casos como lo dijo el señor contralor se ajustan a la legislación vigente. Si se quiere hacer de otra manera, debería promoverse una modificación de la ley, o votar en contra de la ley de Presupuestos, cosa que como digo no ha ocurrido.
Muchas gracias.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez .
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, en efecto, las atribuciones de la Cámara han sido transgredidas y obstaculizadas, entre otros, por el propio ministro Secretario General de Gobierno, quien, por primera vez, se ha mostrado tan locuaz en esta materia. Sin embargo, para que la gente lo sepa, jamás ha contestado la información requerida.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡No es cuestión de Reglamento!
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Pero no se alteren.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No es cuestión de Reglamento, señor diputado.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, sólo quiero decir que, sin duda, la participación de los ministros altera fuertemente el debate en esta Sala, en particular, después de que esos mismos ministros han ocultado durante mucho tiempo la información solicitada por la Cámara.
Gracias.
El señor LEAL.-
¡Dejen hablar a los ministros! ¡No tengan miedo!
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Quiero aclarar, como lo sabe la Sala, que los ministros pueden hacer uso de la palabra en cualquier momento.
Tiene la palabra el diputado señor Nelson Ávila .
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que soy partidario de la fiscalización en los términos más amplios que sea posible concebirla. Por lo tanto, no me quejo del resultado de una acción de esta naturaleza, si se enmarca en principios éticos y se ejerce por encima de consideraciones político partidistas.
Creo que le hace bien a la Cámara y a la Administración del Estado, que se ejerza en plenitud, sin restricciones de ninguna naturaleza, una herramienta que la interpreto de modo mucho más amplio de lo que establece nuestro Reglamento. La considero básicamente una herramienta ciudadana en manos de sus representantes, que somos nosotros, para cautelar el principio de probidad pública, básico en el desarrollo de una democracia con instituciones sanas. De lo que abomino efectivamente es de las verdades a medias y del doble estándar.
En relación con lo primero, no cabe sino lamentar que en una oportunidad como ésta, por falta de la más elemental ecuanimidad, no se reconozca, como causa primigenia de todo lo que estamos viviendo y discutiendo hoy, la ley Nº 18.972, dictada por Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990. Nadie ha examinado la inmoralidad que significa, de parte de un gobierno que expira, dejarle amarrados los brazos a quien asume con una disposición legal que “aperna” a todos los funcionarios de confianza del gobierno fenecido. Eso no se dio nunca en la historia republicana del país. Nada dijeron cuando fue necesario organizar una planta paralela para poder gobernar por parte de los gobiernos de la Concertación, debido a que debieron necesariamente contratar personal de confianza, porque ¡por supuesto que el Presidente Aylwin no iba a gobernar con los agentes de la Dina que estaban repartidos en toda la geografía del aparato del Estado!
Digo aún más en torno de la fiscalización. La considero, al igual que la justicia, figuras emblemáticas de una democracia sana. Ambas deben tener una venda en los dos ojos. Lo que ha hecho la Derecha, y por eso la enrostro, es que le han puesto un parche negro en el ojo derecho, convirtiendo la fiscalización en un acto de piratería, porque la han utilizado para enlodar personas, para carcomer las bases de la institucionalidad democrática...
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ÁVILA.-
...y son incapaces de mirar su propia casa.
Señores, yo los voy a poner a prueba esta noche. ¡Vamos a ver qué hacen con el señor Juan Masferrer , diputado de la UDI!
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ÁVILA.-
Un ciudadano acudió a él en procura de una elemental justicia ante el vejamen de que estaba siendo objeto por parte del ex alcalde UDI, de Algarrabo, quien le exigió una coima para entregarle un permiso de construcción y, eventualmente, una patente municipal. Ese señor, después de recorrer toda la jerarquía política de la UDI, sin tener eco alguno, vino a la Cámara y le entregó los antecedentes al diputado señor Juan Masferrer , que lo engañó vilmente haciéndole creer que emitía oficios de fiscalización, los cuales eran falsos, como lo puedo demostrar aquí, firmados por él mismo, y cuyo envío no consta en la Secretaría de la Cámara ni en la Oficina de Informaciones de nuestra Corporación. Este señor mintió a un ciudadano que acudió a él en busca de protección, porque estaba siendo objeto de un acto de corrupción. Pero no sólo mintió una vez, sino que doblemente, a raíz de que en una entrevista en radio Cooperativa se excusó diciendo que él no participaba de este acto, por cuanto estaba en manos de la justicia. ¡Falso, señor! Los antecedentes pasaron a la justicia recién en marzo, tres meses después de que usted emitiera estos documentos.
Por lo tanto, próximamente haré entrega formal de un escrito a la Comisión de Ética, para que este señor, que ha degradado la función fiscalizadora y deshonra a este Parlamento, sufra las consecuencias que corresponde a quien miente de una manera descarada.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Señor diputado, ha terminado el tiempo de su bancada.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¡Llamo al orden a los diputados señores Ávila y Masferrer !
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¡Llamo al orden a los diputados Ávila y Masferrer !
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¡Llamo al orden a los diputados Ávila y Masferrer !
Suenan los timbres silenciadores.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina .
El señor ENCINA.-
Señor Presidente, nadie cuestiona la facultad fiscalizadora de la Cámara.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ENCINA.-
Además de eso, claramente la Oposición cumple su rol en este aspecto; pero el problema está en que no puede hacerlo denostando y afectando la honra de las personas. Este es el tema que discutimos hoy.
Cuando la diputada señora Lily Pérez dice que no quiere volver al pasado, la barra brava que trajo saca afiches de Pinochet. ¿Esa es la que no quiere volver al pasado? ¿Esa es la vuelta al pasado que ellos quieren?
Los diputados Víctor Pérez y Lily Pérez no actuaron con justicia al pretender enlodar la honra de cientos de personas inculpándolas de recibir cifras millonarias por trabajos efectuados por ellas. No fueron prudentes al dar a conocer la lista, sin calcular los daños que pudieron causar a esas personas. No dijeron la verdad al dar a conocer altísimas cifras que, en definitiva, eran muchas veces contratos por un año, y no por un mes, como aparecían.
Resulta inadmisible que, inspirados en un presunto ánimo fiscalizador, se permita atacar arteramente a personas serias y profesionales responsables que trabajan en la Administración Pública.
En definitiva, la mentira de la UDI contamina y afecta gravemente no tan sólo a la Cámara, sino también a la sociedad. De aquí en adelante, muchos profesionales lo pensarán dos o tres veces antes de trabajar en la administración del Estado.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ruego a la Sala poner atención. Faltan dos intervenciones antes de que termine la sesión.
El señor ENCINA.-
Si el objetivo era, en este clima electoral, dañar a una de las candidaturas, incluso haciendo mención al hijo de uno de los candidatos, porque eso estaba siempre detrás, resulta que del otro candidato tengo el contrato de los dos hermanos, cuando él era asesor de Odeplan. Entonces, ¡por favor, tratemos de poner las cosas en su justa medida! Ese es el tema de fondo.
En definitiva, tenemos que ser justos, decir la verdad y actuar con prudencia en este tipo de cosas. Eso es lo que pedimos, y ojalá la Cámara de Diputados pueda hacerlo en el futuro.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball .
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, a estas alturas de la sesión y dado el tono que ha ido tomando, uno se pregunta si valía la pena realizarla, porque la verdad de las cosas es que se pretendía avanzar en un tema fundamental para la Cámara de Diputados, cual es el de la fiscalización, y lo que yo estoy objetando es la forma en que ésta, en este caso concreto, se ha llevado a cabo.
A estas alturas, no tengo claro y creo que la opinión pública tampoco por qué los diputados Pérez y Pérez hicieron públicas las listas contenidas en el informe de la Contraloría, con lo cual no queda claro si las personas que en ellas aparecen son delincuentes o víctimas, porque verdaderamente aquí esa situación no ha quedado clara para nada.
Tampoco tengo claro por qué se publicaron esos nombres si esas personas no habían cometido delito alguno. Y si lo han cometido, ¿por qué los mismos diputados tratan de quitarle importancia al hecho, diciendo que no es una vergüenza ni un delito prestar asesoría al Estado? ¿En qué quedamos, entonces? ¿Para qué se publicó la lista? No cabe duda que es para llamar la atención de la opinión pública sobre un hecho respecto del cual ellos estiman que hay delito o poca trasparencia por parte del Estado.
Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señor Presidente, he tenido mucho respeto con todos los oradores, de manera que solicito igual tratamiento.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
¡Llamo al orden a los señores diputados que están interrumpiendo!
Puede continuar, señora diputada.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
En este caso, como en otros, la tarea fiscalizadora de la Cámara de Diputados sobre los actos de gobierno debe cumplirse con acuciosidad, lo que no significa arrogarse patente de corso para arremeter contra la honra de personas que han prestado o prestan servicio al Estado.
En efecto, manifestar preocupación y querer enterarse de cómo se gastan los dineros que el presupuesto nacional entrega a los distintos ministerios para cumplir sus tareas es, por cierto, legítimo. Lo que no parece legítimo es partir por publicitar con escándalo listas de nombres con montos de dineros que estas personas habrían recibido y el ministerio o repartición que lo habría pagado, sin especificar a qué corresponden dichos montos, si son honorarios mensuales o anuales o si es una cantidad recibida por una sola vez y a cambio de qué trabajo.
Más aún, lo decoroso y legítimo sería, si las sumas involucradas en las tareas de asesorías o contratos por servicios merecen dudas razonables, analizar si ha habido irregularidad en los procedimientos y, una vez determinado que así había ocurrido, ver los casos concretos afectados por esa irregularidad y hacer la denuncia correspondiente.
La mera publicación de listas de nombres indicando montos de dineros, con características de escándalo público repito, lejos de cumplir con una tarea fiscalizadora, lo que está haciendo es acusar a personas concretas de situaciones irregulares que, naturalmente, no se pueden probar, porque se trata de una acusación al bulto, sin estudios ni análisis previos, lo que ha provocado un tremendo daño personal y familiar a cada uno de los profesionales mencionados.
Peor aún resultan las explicaciones posteriores que han dado los diputados Pérez y Pérez para justificar un hecho injustificable, en orden a señalar que sólo han dado a conocer una lista que les ha entregado la Contraloría General de la República, pero no se dice que no es una lista de irregularidades, sino que sólo informa de los contratos de los cuales ha tomado razón, de acuerdo a las normas legales vigentes. En consecuencia, es un abuso tanto para la buena fe de la opinión pública como para la honra de las personas, dar a conocer esta lista en el contexto de escándalo por supuestas irregularidades y malos manejos en la contratación de esas asesorías.
La verdad es que, si esas personas están en esa lista, es precisamente porque han sido contratadas dentro de la legalidad vigente y la Contraloría ha tomado razón de sus contratos, situación por la cual ellos están ahí consignados. Pero, en verdad, se les trata de hacer aparecer como vinculadas a irregularidades que estaría investigando el organismo contralor.
Este abuso, que, a mi juicio, han cometido los diputados Pérez y Pérez , nace de la confusión que se genera en la opinión pública por el doble carácter que tiene la Contraloría: de organismo contralor de las instituciones públicas para que éstas cumplan con toda la normativa vigente en sus actos y contratos, aparte de la toma de razón y de su función fiscalizadora, en el sentido de iniciar y desarrollar sumarios cuando se sospecha o haya razones fundadas de irregularidades o delitos que cualquier organismo público pueda haber cometido, tarea que cumple de oficio o a petición de parte.
Por esta razón, nada avanzaremos en el verdadero propósito de fiscalizar los actos de gobierno a que nos obliga la Constitución y la ley orgánica del Congreso Nacional con actitudes de este tipo, pues la opinión pública merece todo nuestro respeto y, por lo tanto, hay que medir muy bien lo que se denuncia. El engaño y aun la sensación de tal que pueda sentir la opinión pública hace que reaccione airadamente en contra de los políticos.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Termino de inmediato, señor Presidente.
La falta de respecto que la opinión pública siente contra los políticos, en general, es debido a la poca percepción que se tiene de los verdaderos propósitos de la fiscalización y de los posibles intereses mezquinos que guiarían la acción fiscalizadora que trata de llevar adelante la Cámara de Diputados.
Cumpliremos nuestra misión si ponemos nuestro empeño en conocer la verdad, afecte a quien afectare, antes que obtener protagonismo basado en acusaciones ambiguas, las que, una vez verificadas, pierden validez y se sepultan en el silencio para evitar el bochorno público de tener que reconocer que no se fue lo suficientemente responsable como para hacer bien la tarea, y que los acusados no eran tales, sino personas honorables cuyo único pecado fue prestar un servicio al Estado, cumpliendo con la ley en todo momento.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiempo, señora diputada.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Me preocupa en esto la parte negativa, no sólo sobre los efectos de la publicación de la mencionada lista, sino especialmente la que puede provocar en cuanto a la tarea fiscalizadora de la Cámara, ya que ésta deriva de la soberanía popular, que nos ha entregado este mandato y nos obliga, en consecuencia, a ser absolutamente transparentes con acusaciones seriamente fundadas y responsablemente ejecutadas, de modo que no quede la menor duda de que lo que estamos denunciando es efectivo y merece, por lo tanto, la preocupación pública.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, estamos en presencia de un debate que calificaría de paradójico. Escuchamos a gente por la que uno siente mucho aprecio el diputado señor Álvarez , por ejemplo decir que los honorarios son “pitutos” políticos y que tenemos el derecho de preguntarnos si todos los que los reciben en este país son gente honrada; decir que si no se ha cometido ningún error o falta, no tiene por qué ser desacreditante que aparezca el nombre de un funcionario público en una lista publicada por un diario.
Hago mención a estas palabras textuales o casi textuales del diputado señor Álvarez , no sólo por el aprecio que muchos de nosotros sentimos por el trabajo que él realiza a pesar de que discrepamos muy profundamente de sus expresiones, sino porque hace algunos minutos, en la Sala del Senado, el mismo parlamentario junto a los diputados señores Alvarado , Dittborn , José García , Bartolucci , Pablo Galilea , la diputada señora Marina Prochelle y a los senadores Díez, Novoa , Prat , Urenda y senadora señora Evelyn Matthei , han aprobado, junto con parlamentarios de la Concertación, recursos que pueden transformarse en honorarios por 21.696 millones de pesos, si mi suma es adecuada puedo estar equivocado, correspondiente sólo a nueve reparticiones públicas. O sea, aquí se viene a decir que quienes reciben honorarios no son gente honrada, por cuanto constituyen “pitutos”; que no tienen ninguna calidad moral, que esto es desfachatez, que se ha mentido; pero, al mismo tiempo, gente muy valiosa de los partidos de la Oposición contribuye a aprobar unánimemente en las subcomisiones del Presupuesto todas las indicaciones, haciendo muchas preguntas sobre el sentido de estos recursos; asimismo, aprobamos todos los recursos destinados a honorarios en la Primera Subcomisión, donde, entre otros, estaban el senador Novoa y, en algún momento, el diputado Alvarado .
Entonces, aquí no estamos en un debate sobre los honorarios ni respecto del uso de los recursos públicos. ¿Y qué estamos discutiendo, entonces?
Aquí hay dos debates. Uno, que yo comparto con el diputado Víctor Pérez , pero con una discrepancia de fondo. Él ha dicho: “Llevamos cinco meses trabajando este tema”. (Venía con la diputada Lily Pérez cuando nos pasaron un parte a mí y otro a él). Y la diputada Lily Pérez ha expresado: “No tienen idea de lo que están hablando”. Estoy de acuerdo con los dos. El diputado Víctor Pérez manifiesta: “Tenemos una discrepancia de fondo”, y la diputada Lily Pérez sostiene: “No tienen idea de lo que están hablando”. Yo sostengo que tenemos una discrepancia de fondo y que tampoco tienen idea de lo que están planteando. No saben nada de honorarios, de cómo se maneja el Estado, nunca han estado en las discusiones presupuestarias sobre esta materia, no sólo desde hace cinco meses, sino, por lo menos, desde hace diez años, y con protocolos...
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés).-
¡Que bajen los carteles, señor Presidente!
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ruego a los señores diputados que bajen los carteles.
¡Llamo al orden a los diputados Víctor Pérez , Lily Pérez y Díaz!
Puede continuar el señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés).-
No tienen idea de lo que están hablando y tenemos una discrepancia de fondo.
Cuando era pequeño, me enseñaron que el ladrón cree a todos de su misma condición. Ellos consideran que estos son robos porque ellos robaron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¡Son ladrones!
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés).-
El diputado Víctor Pérez recibió honorarios, ¿qué hizo con ellos? Si él cree que aquí hay robo, mentira y engaño es porque ésa es su condición. Esa es la honestidad que ellos tienen; ellos ven todo con los ojos de su quehacer. El diputado Víctor Pérez y la diputada Lily Pérez ven la realidad con “pitutos”, porque son “pituteros”; con falta de transparencia, porque nunca la han tenido.
Esa es la verdad de este debate. Aquí hay dos visiones de país: una, la de quienes creen en la honestidad de las personas y piensan que es posible construir este país a partir de la confianza en la gente. La otra visión es la de quienes se han aprovechado siempre, y se siguen aprovechando ahora, de los recursos que tienen.
Señor Presidente, hay diferencias muy grandes en esta Sala, que se dejan ver. Hay gente honesta tanto en las bancadas de la Oposición como, por cierto, en las del Gobierno; pero también hay gente que no lo es, y ella ha conducido este debate. Lo han hecho porque no creen en la honestidad. Han dicho, con dolor: ¿Cómo vamos a explicar lo que se ha dicho sobre nosotros? Es más difícil explicar lo que se ha dicho sobre ellos, porque es verdad. Si fuera mentira, no habría nada que explicar, pero ellos han utilizado todo esto para sembrar un manto de dudas sobre gente honesta porque no tienen esa condición: no creen en la honestidad de las personas, no confían en la gente ni confían en los servidores públicos. Por eso han hecho todo este alboroto.
He dicho.
(Aplausos).
PROYECTOS DE ACUERDO
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse de los proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primero.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo de los señores Prokurica , Pérez, don Víctor ; Pérez, doña Lily ; Longton , Cardemil , Longueira , Álvarez , Guzmán , doña Pía ; Kuschel y Alessandri , en calidad de autores; en calidad de adherentes, los diputados señores Álvarez-Salamanca , Bertolino , García, don René ; Recondo , Vilches , Galilea, don Pablo ; Alvarado , Vega , Galilea, don José Antonio ; Correa , Delmastro , Díaz , Vargas y la señora Ovalle , doña María Victoria .
“Considerando que:
1ºEl Gobierno no reconoce las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y no comprende que el ejercicio de su poder requiere como contrapartida un Congreso en que sus parlamentarios tengan el acceso más expedito posible a la información acerca de la labor del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución Política y a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
2ºLos ministros de Estado requeridos, constitucional y legalmente, evitan responder verazmente los oficios que les dirige esta Cámara, informando, mediante un simulacro de contestación, antecedentes irrelevantes para efectuar un control efectivo de sus acciones.
3ºEsta actitud del Ejecutivo afecta a todo tipo de oficios: los despachados en conformidad al artículo 48 Nº 1) de la Constitución, del artículo 9º de la ley orgánica del Congreso Nacional, como del artículo 294 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
4ºCerca de un 40% de los oficios que envía la Cámara, a distintas autoridades de gobierno, se encuentran sin respuesta de acuerdo a la información entregada por la Secretaría de la Cámara y difundida por el Presidente de la Cámara de Diputados.
5ºLa Carta de la Modernización Parlamentaria Iberoamericana, suscrita en este Congreso el 6 de septiembre de 1997 por representantes de 21 parlamentos, entre ellos el nuestro, estableció en su punto 3º que: “Los parlamentos deben perfeccionar, en el fondo y en la forma, el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con objeto de profundizar y extender su control de los actos de gobierno”.
6ºEs misión de todo diputado el impulsar la transparencia y la publicidad de las actividades públicas que en la actualidad tienden a ser reservadas. La prensa y el propio Congreso deben informar, por todos los medios que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos, sobre la acción del gobierno como asimismo de la coherencia y solidez de este actuar.
7ºDentro de las facultades que confieren la Constitución y la ley a la Cámara de Diputados y como una herramienta fundamental en la labor investigadora, se encuentra la posibilidad de que esta Corporación pueda solicitar los informes y antecedentes específicos que estimen pertinentes de los organismos de la Administración del Estado, de las empresas en que el Estado tiene representación o aportes de capital mayoritario y de las personas jurídicas creadas por ley.
8ºLa entrega de la información solicitada por la Cámara, en ejercicio de esta función, es fundamental para el desarrollo de la labor fiscalizadora. Esta importancia es reconocida en el artículo 10 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, que establece sanciones para los jefes superiores de los organismos requeridos que se nieguen a entregar la información solicitada por la Cámara.
9ºPrecisamente en el ejercicio de esas facultades y en conformidad a esa normativa, en especial, el artículo 9º de la ley orgánica del Congreso Nacional y el artículo 293 del reglamento de esta Corporación, la Cámara de Diputados solicitó, con fecha 16 de julio del año en curso, a través de su Oficina de Informaciones, antecedentes respecto de los pagos que los ministerios y algunas otras reparticiones públicas efectuaban por concepto de asesorías externas y honorarios.
10º Pocos días antes, el día 13 de julio, la Cámara de Diputados, con el voto de la mayoría de los diputados presentes, y en virtud del artículo 48 Nº 1), inciso 1º de la Constitución Política, despachó un oficio a su Excelencia el Presidente de la República para que respondiera, por medio del ministro de Estado correspondiente, sobre el uso de los recursos públicos para cancelar elevadas sumas en asesorías. Oficio que hasta el día de hoy carece de respuesta, por lo que se verifica por parte del ministro Secretario General de la Presidencia un desacato a la Constitución.
11º Ni el Presidente de la República y una gran parte de los ministerios no contesta a la fecha estos requerimientos y otros si bien formalmente han contestado, basados en una serie de razones, han negado la información. Esta actitud, ha impedido a esta Corporación desempeñar en forma adecuada su función fiscalizadora en relación a esta materia.
12º Producto de la renuencia de las autoridades en cumplir la obligación de contestar los oficios, el Presidente de la Cámara de Diputados envió hace algunas semanas una carta al Presidente de la República en que le reprocha esta situación y le manifiesta lo inconveniente del proceder gubernamental.
13º El ministro Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza , ha pretendido engañar a la opinión pública al señalar que: “jamás llegó un documento que exigiera la entrega de los referidos antecedentes”, siendo que esta Cámara despachó en el mes de julio los oficios
Nºs 809 y 817 dirigidos a los subsecretarios General de Gobierno y General de la Presidencia.
14º Frente a la insistencia de diputados de la Oposición por conocer a fondo los montos y utilidad de los gastos realizados por el gobierno en asesorías y honorarios, el ministro Secretario General de la Presidencia ha reaccionado insultando en forma grosera a los parlamentarios y a esta Cámara.
15º En los casos en que procede, se han efectuado las denuncias correspondientes ante la Contraloría General de la República a fin de aplicar al jefe superior del organismo requerido las sanciones establecidas en el artículo 10 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.
16º No obstante lo anterior, y debido que hasta el día de hoy prácticamente ningún ministerio ha entregado la información, esta Cámara sigue impedida de cumplir con una función que le encomienda y reconoce la propia Constitución. Siendo los únicos antecedentes de que ésta dispone, enviados por la Contraloría General de la República y que no superan más de un tercio de la información solicitada.
17º El desconocimiento de las facultades que la Constitución Política del Estado y demás cuerpos normativos citados entregan a esta Cámara, lesionan gravemente una de sus funciones más importantes y con ello principios básicos de una democracia como la probidad y la transparencia.
La Cámara de Diputados acuerda:
1ºRepresentar al Presidente de la República y demás autoridades de gobierno, la necesidad de reconocer y respetar las facultades propias que tiene esta Corporación en materia de fiscalización y en consecuencia la obligación de los ministerios y demás organismos del Estado de dar respuesta completa y oportuna de los oficios que en ejercicio de esa facultad envía esta Corporación.
2ºSolicitar al Presidente de la República, que en busca de la transparencia de la gestión pública, instruya a sus ministros y demás funcionarios del aparato estatal a dar respuesta a los oficios enviados por esta Cámara, en especial a los remitidos desde el mes de julio del año en curso en relación a asesorías externas y honorarios y prestar toda la colaboración que requiera en este tema la Contraloría General de la República.
3ºProfundizar el análisis que en la ley de Presupuestos realiza actualmente esta Corporación sobre la utilidad, eficiencia y transparencia de los gastos efectuados por el Gobierno en materia de asesorías, consultorías y contratos a honorarios.
4ºRechazar enérgicamente las expresiones del ministro Secretario General de la Presidencia, don José Miguel Insulza , que ha descalificado groseramente la acción fiscalizadora de diputados, miembros de esta Corporación, y requerir públicas disculpas de sus palabras.
5ºAmpliar las solicitudes de información acerca de asesorías contratadas y honorarios cancelados, en los años 1998 y 1999, a todos los organismos de la Administración del Estado, a las empresas en que el Estado tenga representación o aportes de capital mayoritario y a las personas jurídicas creadas por ley.
6ºSolicitar a su Excelencia el Presidente de la República, en conformidad al artículo 48 Nº 1), inciso 1º, de la Constitución Política, que informe acerca de los pagos efectuados por los organismos públicos en asesorías y honorarios con cargo a los gastos reservados asignados en la ley de Presupuestos del año 1998 y 1999”.
Me permito informar a la honorable Cámara que la Secretaría ha registrado el pareo de la diputada señora María Rozas con el diputado señor Alberto Cardemil .
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
El señor LONGTON.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su señoría.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, quedó claro que la Concertación no quiere transparencia.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Secretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 321, de las diputadas señoras María Antonieta Saa e Isabel Allende y de los diputados señores Francisco Huenchumilla y Carlos Jarpa .
“Considerando:
1.Que la facultad de fiscalizar los actos del Gobierno, pertenece por mandato constitucional a la Cámara de Diputados en su conjunto.
2.Que la sustancia de esta facultad constitucional radica en el hecho de que la Corporación está compuesta por representantes ciudadanos y, por lo mismo, debemos vigilar por que los asuntos públicos sean llevados de forma eficiente y transparente. Por lo demás, la transparencia y publicidad en las actuaciones públicas es consustancial con la idea de democracia y el que los ciudadanos puedan pedir y recibir este tipo de información es un derecho reconocido en la legislación nacional e internacional.
3.Que la transparencia en las actuaciones públicas no sólo debe traducirse en conocer en qué se gasta y cómo se gastan los fondos de la nación, sino también de qué manera está siendo financiada la actividad política y las campañas de los representantes ciudadanos.
4.Que es un deber y un derecho de los miembros de la Cámara de Diputados, velar por que esta función fiscalizadora sea ejercida sin segundas intenciones, dentro de un marco ético acorde con la alta investidura que ostentamos cada uno de los miembros de la Corporación. Por ello, se debe velar por que en su ejercicio no se produzca daño a la honra de las personas ni de las instituciones.
5.Que la utilización de la facultad fiscalizadora con fines diversos a aquellos para los cuales fue institucionalizada, puede precisamente crear efectos contrarios a los que se pretende evitar, es decir, puede terminar corroyendo y destruyendo el espíritu de esta importante función parlamentaria.
Por tanto:
La Cámara de Diputados ha adoptado el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda, en su calidad de órgano representantivo del Estado, reafirmar su compromiso con la ciudadanía en orden a velar por que la función fiscalizadora se cumpla con estricto apego al espíritu con que está consagrada en la Constitución Política de la República y vigilar que los asuntos públicos se ventilen con absoluta transparencia, ética y responsabilidad.
Acuerda, además, declarar que en su calidad de entidad fiscalizadora no ha realizado ningún tipo de acción tendiente a publicar listados de personas contratadas a honorarios por diversos servicios públicos, y que los listados que se han entregado a la opinión pública corresponden sólo a acciones de diputados que las han realizado a título personal.
Reitera además su reconocimiento a todos aquellos funcionarios del Estado que realizan una labor digna y honesta a favor de la Nación”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 20.50 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.