Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- IX. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ELECCIÓN DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA.
- INTEGRACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INTEGRACIÓN
- ELECCIÓN DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- INTERVENCIÓN : Maria Victoria Ovalle Ovalle
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Maria Isabel Allende Bussi
- PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMISIÓN ESPECIAL SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE CATÁSTROFES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Julio Dittborn Cordua
- Osvaldo Palma Flores
- Jaime Orpis Bouchon
- Alejandro Navarro Brain
- Sergio Correa De La Cerda
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PROVISIÓN DE VACANCIA DE SENADORES Y DIPUTADOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Enrique Krauss Rusque
- Edgardo Riveros Marin
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Baldo Prokurica Prokurica
- Rosa Gonzalez Roman
- Laura Soto Gonzalez
- Felipe Valenzuela Herrera
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Waldo Mora Longa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN ESPECIAL SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE CATÁSTROFES.
- VII. INCIDENTES
- PARTICIPACIÓN DE OFICIALES DEL EJÉRCITO EN ACTOS PÚBLICOS.
- ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR EL CONSUMO DE TABACO. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Jaime Mulet Martinez
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- PRÓRROGA DE VIGENCIA DE FRANQUICIAS A LOS DEUDORES DE CASETAS SANITARIAS. Oficio.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Osvaldo Vega Vera
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- DESTINACIÓN DE TERRENOS AL EJÉRCITO EN TERCERA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Homero Gutierrez Roman
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- ACTITUDES INCONSECUENTES DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE GOBIERNO SOBRE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCIÓN DE LAS BANDAS DE PRECIOS. Oficios.
- ADHESION
- Osvaldo Vega Vera
- Rosauro Martinez Labbe
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- EXIGENCIA DE ROTULAR Y ETIQUETAR ALIMENTOS ORIGINADOS EN MATERIAL TRANSGÉNICO. Oficio.
- AGILIZACIÓN DE APROBACIÓN DE TRATADO QUE PROHÍBE PRUEBAS NUCLEARES. Oficios.
- ADHESION
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 341ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 6ª, en martes 19 de octubre de 1999
(Ordinaria, de 11.10 a 14.39 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos;Acuña Cisternas, don Mario, y Hales Dib, don Patricio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Elección de Segundo Vicepresidente de la Cámara9
V.Orden del Día.
Perfeccionamiento de normativa del área de la salud. Tercer trámite constitucional9
VI.Proyectos de acuerdo.
Comisión especial sobre medidas de prevención en caso de catástrofes37
Reforma constitucional sobre provisión de vacancia de senadores y diputados38
VII.Incidentes.
Participación de oficiales del Ejército en actos públicos40
Adopción de medidas para evitar el consumo de tabaco. Oficio41
Prórroga de vigencia de franquicias a los deudores de casetas sanitarias. Oficio42
Destinación de terrenos al Ejército en Tercera Región. Oficios43
Actitudes inconsecuentes de funcionarios y autoridades de Gobierno sobre funcionamiento y mantención de las bandas de precios. Oficios46
Exigencia de rotular y etiquetar alimentos originados en material transgénico. Oficio48
Agilización de aprobación de tratado que prohíbe pruebas nucleares. Oficios49
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la atribución que le confiere el artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda (boletín Nº 2298-05)50
Pág.
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, en lo relativo al costo de los servicios que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones (boletín Nº 1656-13)50
3.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira de la convocatoria el proyecto que crea bonificación a la mano de obra en las regiones de Magallanes y Aisén y en las provincias de Arica, Parinacota, Chiloé y Palena (boletín Nº 2281-03)50
4.Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que perfecciona normas del área de la salud (boletín Nº 2132-11)51
5.Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en los aspectos que indica (boletín Nº 2398-06)51
6.Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto de acuerdo que aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (boletín Nº 2293-10)52
7.Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto de acuerdo, con urgencia calificada de “simple”, que aprueba el Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y al patrimonio, y su protocolo (boletín Nº 2302-10)52
8.Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que perfecciona normas del área de la salud (boletín Nº 2132-11)53
9.Oficio del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la honorable Cámara de Diputados, el proyecto de acuerdo sobre aprobación del Convenio entre la República de Chile y Canadá para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio, y su protocolo, suscritos en Santiago, el 21 de enero de 1998 (boletín Nº 2303-10)56
IX.Otros documentos de la Cuenta.
1.Oficios:
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Del diputado señor Navarro, recursos ingresados al país en virtud del D.L. Nº 600, entre los años 1974 y 1998; clasificación de empresas vitivinícolas.
Del diputado señor Lorenzini, transacción de fondos de retiro de trabajadores en bolsas de valores.
Del diputado señor Kuschel, créditos otorgados en la Décima Región.
Ministerio de Educación
Del diputado señor Villouta, cifras de inscritos para rendir la Prueba de Aptitud Académica en los últimos tres años.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
De los diputados señores Alessandri y Bertolino, obras de alcantarillado en Población Héroes de Iquique, comuna de Maipú.
De los diputados señores Bertolino y Mulet y Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente.
Del diputado señor Huenchumilla, pavimentos participativos comuna de Temuco, Novena Región.
Del diputado señor José García, apertura y pavimentación calle Los Araucanos, población Los Caciques, comuna Padre Las Casas.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (101)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Gustavo Alessandri e Iván Mesías Lehu.
Asistieron, además, los ministros de Salud, señor Álex Figueroa, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 42° de la legislatura ordinaria Nº 340 se declara aprobada.
El acta de la sesión 1ª de la legislatura extraordinaria Nº 341 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El señor MONTES (Presidente).-
Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, en sesión extraordinaria efectuada el viernes pasado, la Comisión de Educación conoció y rechazó el veto al proyecto de ley relativo a los profesores a contrata, y quisiera saber por qué no se dio cuenta de ello.
El señor MONTES (Presidente).-
El oficio llegó tarde y no se alcanzó a incluir en la Cuenta, señor diputado.
ELECCIÓN DE SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde elegir Segundo Vicepresidente de la Corporación.
La elección se realizará en votación secreta, por el sistema de cédulas, y en un solo acto.
El señor Secretario procederá a llamar a votar a los señores diputados.
Verificado el escrutinio:
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Secretario va a dar el resultado de la votación.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Han votado 69 señores diputados y se ha escrutado igual cantidad de cédulas.
El resultado de la votación es el siguiente: por el diputado señor Patricio Hales, 41 votos; por el diputado señor Arturo Longton, 23 votos; por el diputado señor Jorge Soria, 1 voto. Hubo 4 votos en blanco.
El señor MONTES (Presidente).-
En consecuencia, ha sido elegido Segundo Vicepresidente de la Corporación el diputado señor Patricio Hales Dib.
(Aplausos).
V. ORDEN DEL DÍA
PERFECCIONAMIENTO DE NORMATIVA DEL ÁREA DE LA SALUD. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, las modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto que perfecciona normas del área de la salud.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 2132-11. Documentos de la Cuenta Nº 8, de esta sesión.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo. Su señoría dispone de dos discursos de cinco minutos.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, me corresponde informar, en su tercer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, que modifica en esencia el régimen legal del Fondo Nacional de Salud, introduce cambios en la ley Nº 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud, crea el régimen de prestaciones de salud y elimina gradualmente la cotización adicional del 2 por ciento establecida en el artículo 8º de la ley Nº 18.566, y que, además, contiene disposiciones, que le fueron incorporadas durante su tramitación, tendientes a eliminar el denominado “cheque de garantía” solamente para las prestaciones de urgencia.
Las modificaciones propuestas por el honorable Senado al texto aprobado por esta Cámara son las siguientes:
En el artículo 1º, que introduce modificaciones al decreto ley Nº 2.763, de 1979, en su numeral 1, a fin de dar cumplimiento a los programas de cobertura nacional y a aquellos en que la ley obligue a que sean financiados por el Estado, se agrega: “La dictación de estas normas se entenderá sin perjuicio de las modificaciones o innovaciones que apruebe en relación a las iniciativas que con fines de mejoramiento de calidad o eficiencia le sean propuestas por uno o más servicios de salud o por prestadores públicos individuales de salud”.
Se intercala un numeral 2), nuevo, que modifica el artículo 16 de la siguiente forma:
Se sustituye la denominación “San Felipe Los Andes” por “Aconcagua”, con el objeto de que el Servicio de Salud San Felipe Los Andes pase a denominarse Servicio de Salud Aconcagua, con lo cual se recoge una sentida aspiración no sólo de los trabajadores de ese servicio de salud, sino también de toda la comunidad aconcagüina.
Se reemplaza la frase “Cuatro en la Región del BíoBío” por “Cinco en la Región del BíoBío”, para aumentar el número de los servicios de salud en esa región.
Se sustituye la frase “Uno en la Región de la Araucanía”, por “Dos en la región de la Araucanía”, también para dar cabida a dos servicios de salud en esa región, pues existe uno en la Araucanía Sur y otro en la Araucanía Norte.
El numeral 2 ha pasado ser 3, sin enmiendas.
El numeral 3 ha pasado a ser 4, con las siguientes modificaciones:
En el segundo párrafo de la letra b) del artículo 27, se sustituye la palabra “Subsecretario” por “Ministro”, para indicar que los convenios que los servicios de salud celebren con organismos, entidades y personas para proveer prestaciones a los beneficiarios de la ley Nº 18.469, en la modalidad de atención institucional a que se refiere dicha ley, sólo procederán en “casos excepcionales, por resolución fundada del Ministro de Salud y por el plazo máximo de un año”.
En el tercer párrafo de la letra b) del artículo 27, se agrega la oración: “Tratándose de la Modalidad de Atención Institucional el Ministerio de Salud se encargará de velar por el efectivo cumplimiento de las normas que éste imparta en relación con la calidad, acceso y la oportunidad de la salud”.
En el segundo párrafo de la letra e) del artículo 27, se sustituye el vocablo “tareas” por “funciones”.
Los numerales 4 a 7, por lo tanto, han pasado a ser 5 a 8, respectivamente, sin enmiendas.
En el artículo 2º, que modifica la ley Nº 18.469, se agrega en su numeral 1, un inciso cuarto del siguiente tenor: “Con todo, en los casos de emergencia o urgencia debidamente certificadas por un médico cirujano, el Fondo Nacional de Salud pagará directamente al prestador público o privado el valor por las prestaciones que hayan otorgado a sus beneficiarios, de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la presente ley y en el decreto ley Nº 2.763, de 1979. Asimismo, en estos casos, se prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma dicha atención. El Ministerio de Salud determinará por reglamento las condiciones generales y las circunstancias bajo las cuales una atención o un conjunto de atenciones será considerada de emergencia o urgencia”.
En el numeral 2, letra a) del inciso tercero del artículo 13 propuesto, ha agregado la expresión “o urgencia” a continuación del vocablo “emergencia” las tres veces en que ésta aparece.
En el inciso noveno del artículo 13, ha reemplazado la frase “que cancelen una inscripción o apliquen multas,” por “que apliquen sanciones de cancelación, suspensión o multas superior a 250 Unidades de Fomento”; ha suprimido la expresión “en única instancia y”, que figura luego de la frase “el Ministro de Salud resolverá”, y ha agregado las siguientes oraciones finales: “De las resoluciones que dicte el Ministro podrá reclamarse, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación, ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del afectado. La Corte resolverá en única instancia y conocerá en cuenta, debiendo oír previamente al Ministro. La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno la aplicación de las sanciones”.
Ha intercalado, en el inciso undécimo del artículo 13, que se sustituye, a continuación de la oración que concluye “mediante resolución fundada.”, la siguiente: “De esta resolución se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva”.
El numeral 5 se ha reemplazado por el siguiente:
5.Modifícase el artículo 31 de la siguiente manera:
a) Agrégase, al final del inciso primero, la siguiente oración: “Para el caso de las atenciones de urgencia o emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, se entenderá que el Fondo Nacional de Salud ha otorgado un préstamo a sus afiliados por la parte del valor de las prestaciones que sea de cargo de éstos si, una vez transcurridos treinta días desde que el Fondo Nacional de Salud ha pagado al prestador el valor de las atenciones otorgadas, el afiliado no ha enterado directamente al Fondo dicho monto”.
b)Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
“Con todo, el Director del Fondo estará facultado, previa autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda, para castigar en la contabilidad del servicio a su cargo los créditos que por concepto de préstamos médicos estime incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los mecanismos de cobro”.
En la letra a) del artículo 3º, ha eliminado en su encabezamiento la expresión “cuarto, quinto y sexto.
Ha agregado, a continuación de los tres incisos que se incorporan al artículo 22, los siguientes, nuevos:
Asimismo, en las situaciones indicadas en los incisos cuarto y quinto de este artículo, se prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma dicha atención.
Para los efectos de la aplicación de este artículo se entenderá que las instituciones han otorgado un préstamo a sus cotizantes por la parte del valor de las prestaciones que sea de cargo de éstos, si una vez transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde que la Isapre ha pagado al prestador el valor de las atenciones otorgadas, el cotizante no ha enterado dicho monto directamente a la Isapre.
Dicho préstamo deberá pagarse por el afiliado en cuotas iguales y sucesivas, con vencimientos mensuales, en las que se incluirá el reajuste conforme al Índice de Precios al Consumidor y un interés equivalente a la tasa de interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional, a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 18.010. Las cuotas mensuales no podrán exceder del 5% de la remuneración o renta imponible, tratándose de los afiliados dependientes, independientes o pensionados, ni de una suma equivalente al precio del plan de salud contratado, en el caso de los voluntarios. Para los efectos de la aplicación de este mecanismo, la institución no podrá exigir a los usuarios cheques para garantizar el préstamo que se haya otorgado.
“Para hacer efectivo el pago del crédito, la Institución notificará al afiliado y al empleador o entidad pagadora de la pensión, el monto que deberá enterarse mensualmente por el cotizante por concepto del préstamo otorgado y el plazo que durará el servicio de la deuda.
“El pago del crédito se realizará por el afiliado en forma directa, si fuere independiente o voluntario, o a través del empleador o entidad previsional, si fuere dependiente o pensionado. En este último caso, el empleador o entidad pagadora de la pensión deberá retener y enterar en la Institución de Salud Previsional, la cuota mensual correspondiente, de conformidad con los plazos y procedimientos previstos en los artículos 30 y 31 de esta ley.
“Para el solo efecto del pago de este crédito, en caso de incumplimiento por parte del afiliado que deba pagar en forma directa, se aplicará lo dispuesto en los incisos quinto y sexto del citado artículo 31, salvo en lo que se refiere a la aplicación de las sanciones penales previstas en la ley Nº 17.322.
“Sin perjuicio del sistema de crédito y pago enunciado en los incisos anteriores, el afiliado y la respectiva Institución de Salud Previsional podrán convenir otra modalidad de hacer efectivo el pago que corresponda al afiliado de acuerdo al plan de salud correspondiente.
“Facultase a la Superintendencia para impartir instrucciones sobre los requisitos, modalidades y garantías del otorgamiento y servicio del crédito establecido en este artículo y, en su caso, para resolver sobre la aplicación de esta disposición a otros créditos que las Isapres otorguen a sus afiliados”
Los artículos 4º y 5º no han sido objeto de modificaciones.
En el artículo 6º, se ha reemplazado su inciso tercero por el siguiente:
“Con todo, dichos establecimientos se relacionarán con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supervisión de su funcionamiento a través del Servicio de Salud respectivo”
Ha consultado el siguiente artículo transitorio, nuevo:
“Artículo 3º.- Sólo a los contratos que se celebren, adecuen o renueven a partir de la vigencia de esta ley, les será aplicable la presunción de otorgamiento del préstamo a que se refiere el artículo 3º de esta ley”
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Propongo a la Sala que quienes usen de la palabra se refieran al conjunto de modificaciones al proyecto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra la diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señor Presidente, antes de referirme al proyecto de ley que nos convoca, quiero felicitar al diputado señor Patricio Hales por su nominación como Segundo Vicepresidente de esta Corporación.
Hoy nos abocamos a debatir el proyecto de ley que perfecciona normas en el área de salud. Cabe hacer presente que las disposiciones, recientemente aprobadas, relativas al cheque de garantía, fueron incorporadas luego de que la iniciativa cumpliera su primer trámite constitucional. Me detendré en este punto porque quiero que el Gobierno reconozca su lento actuar en esta materia.
En diciembre del año pasado, el diputado señor Guido Girardi, en compañía de la diputada Lily Pérez, los diputados Palma, don Andrés, Acuña y la diputada que habla, presentamos un proyecto de ley que elimina el cheque de garantía y el uso de cualquier otro instrumento mercantil utilizado con ese fin para atenciones de urgencia en hospitales públicos y clínicas privadas.
Como en estos momentos el país vive un clima de campaña electoral, todos quieren atribuirse el mérito de la presentación de esta iniciativa; pero hay que hacer honor a la verdad: por muy terrible que resulte decirlo, el único que tiene un mérito especial es don José Carril, quien, el 26 de septiembre recién pasado, pagó con su vida la demora del Gobierno en actuar. De no haber ocurrido esa desgracia, el diputado señor Girardi todavía estaría recolectando firmas en el Paseo Ahumada, y el Gobierno jamás le habría puesto “suma urgencia” al proyecto que hoy debatimos. Al menos a los familiares de don José Carril, que están sufriendo un inmenso dolor, les queda el consuelo de que su muerte no fue en vano, pues no existirá más el cheque de garantía y, gracias a esto, quizá no vuelva a ocurrir otra muerte tan espantosa. Vaya mi homenaje para su familia. Por su parte, el Gobierno deberá soportar el peso de su inercia y de su imperdonable atraso en actuar en un tema tan imperioso.
El proyecto en debate toca otro punto también conflictivo: el 2 por ciento del subsidio que reciben las personas y que les permite afiliarse a las isapres. En lo personal, no era partidaria de abolir dicho subsidio, pero sí redistribuirlo. Considero negativo que las personas que reciben un gran sueldo obtengan un mayor subsidio, pues lo correcto era otorgarlo a quienes perciben remuneraciones inferiores a 250 mil pesos. Me pareció sumamente injusto que el proyecto fuera en desmedro de quienes ganaban menos, pero el Gobierno no aceptó el cambio en la Comisión.
Soy ferviente partidaria de una salud mixta, con hospitales independientes que atiendan en forma óptima, y con un plan básico garantizado para toda la población, a fin de que nadie se sienta desprotegido y todos tengan una cobertura adecuada, sin que ello termine arruinándolos u obligándolos, incluso, a hipotecar sus casas; pero, también, que quienes cuentan con recursos puedan acceder, a través de las isapres, a una excelente atención.
Me parece muy bien el remezón que el tema ha producido, pues debemos reconocer que ambos sistemas sufren graves deficiencias: por un lado, el Fonasa adolece de falta de recursos, de especialistas, de prestaciones básicas en regiones, como laboratorios, ecografías, etcétera. Cada vez son menos los médicos que atienden por este sistema. A pesar de ello, el artículo 27 del proyecto en discusión no le otorga al Fonasa todas las atribuciones deseables. A mi juicio, éste debiera tener amplias facultades para decidir qué comprar, dónde hacerlo, precios y oportunidades sólo en consideración a su compromiso con el usuario y su financiamiento. Sin embargo, existe la limitante de que el monto de las prestaciones no puede exceder el l0 por ciento de su presupuesto anual y, además, quien debe aceptar la compra de todas estas prestaciones es el subsecretario de Salud, o sea, volvemos a las tramitaciones burocráticas que hacen imposible la agilidad que se requiere, sobre todo cuando está de por medio la vida humana.
¿Podrá el Fonasa, con todas esas limitaciones presupuestarias y de profesionales, abarcar más afiliados? Los recursos que se traspasarán no serán todos los requeridos. En mi región, por ejemplo, el Servicio de Salud le rebajó un porcentaje considerable; pero me parece muy bien que lo intenten y que las isapres compitan dando un buen servicio, con mejores planes, más baratos y cubriendo enfermedades catastróficas y a los afiliados de la tercera edad, pues considero una aberración que a quienes han efectuado cotizaciones durante toda su vida, las isapres no los atiendan cuando llegan a viejos, o no cubran las enfermedades catastróficas. Esas injusticias debemos corregirlas y legislar para solucionar lo relativo a la tercera edad y a enfermedades catastróficas.
En resumen, las intenciones del Gobierno de fortalecer al Fonasa son buenas en la medida en que puedan responder a las ingentes demandas de la población para recibir mejor atención en salud. Para ello es indispensable tener al frente una atención privada fuerte y buena, que sienta que tiene competencia y que despliegue así su esfuerzo en bajar costos que se traduzcan en mejorar los planes, a fin de que sus afiliados no se retiren del sistema. Se trata de un gran desafío que la Concertación, en diez años, no ha sido capaz de liderar. La prueba es tangible, pues en todas las campañas políticas y encuestas la salud figura en primer lugar en la lista de las preocupaciones de la población. Es un tema que desde l989 está en el tapete; sin embargo, seguimos con una salud deficiente. Debemos poner todo el empeño, no político, sino de país, para superar estos problemas. Para ello se requiere un sistema mixto: fuerte en la empresa privada, que con su ingenio se las arregle en este minuto y vea cómo cobrará a quienes no pueden pagar, y, por su parte, el Estado debe proporcionar los recursos y hacer una buena distribución de los ingresos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, desde que se formó el sistema de salud previsional en Chile, dando paso a un modelo que podríamos denominar de “doble faz”, pues coexisten un sistema de atención de salud público y otro privado, se produjo una simbiosis entre ambos, en virtud de la cual este último, permanentemente, usufructuó del primero.
Desde la reinstalación del Congreso Nacional, en l990, los parlamentarios de la Concertación hemos estado bregando por introducir cambios en el actual sistema. Primero, la cuasiguerrilla legislativa para modificar la ley de isapres y evitar abusos de parte de estas instituciones en contra de sus afiliados; segundo, se reforzaron las facultades de la Superintendencia del ramo y, tercero, hoy día, al fin, mediante el proyecto en estudio, que concluye su tramitación esta mañana, podemos dar por terminado el subsidio cruzado desde el sector público al privado, del 2 por ciento del valor de los contratos de salud.
Las isapres ayer lo decía en forma clara y contundente el ministro de Salud han ganado enormes cantidades de dinero en las últimas dos décadas. Es cuestión de ver los edificios, la infraestructura que ha surgido con gran despliegue económico a lo largo del país.
Llegó el día en que el Estado, siempre presionado por atender mejor las demandas de salud de la población, se dedique a lo suyo: a financiar y gestionar la atención de los más pobres, y a velar, a través de la Superintendencia de Isapres, por el resguardo del estatuto de derechos de los usuarios del sistema privado.
Pero, como nuestro país se ha convertido en el de los caraduras, hoy resulta que quienes defienden con mayor celo el modelo privatizador de salud previsional, lloran amargamente la pérdida del subsidio estatal. Sí, señores, de un subsidio de dinero del Estado, del mismo que ellos denuestan a diario acusándolo de ineficiente y respecto del cual pretenden su minimización. Pues bien, hoy el Estado les dice: “Sigan solos su camino, señores empresarios de la salud privada; yo me dedico a lo mío, y subsidios ya no hay”. Aunque, atención, quedan algunos puntos por revisar y no son menores, como la contribución a los planes nacionales de prevención, mediante vacunación u otras medidas de análoga naturaleza, que es necesario revisar con mayor profundidad.
Hoy también abordamos el tema del cheque de garantía, que se pretende eliminar para que no terminen en la cárcel quienes, ante la urgencia de internar a un pariente o amigo, no dudan en arriesgar su patrimonio y su libertad personal. Nuevamente, al igual que con el dos por ciento de las isapres, la lucha del gobierno y de la Concertación ha sido en contra del ánimo de lucro voraz de los agentes del mercado de la salud.
Cuando uno habla o se entrevista con personas que han quedado con deudas en clínicas, se entera del nivel de dolor, de drama humano, de quienes, muchas veces, aparte de perder a un ser querido, quedan en la calle, en la bancarrota total y absoluta. Así, la enfermedad termina con el enfermo en el cementerio y con la familia en la ruina. Al momento de negociar en las clínicas, mejor dicho, de rogar por facilidades de pago, éstas se encargan de recordar la existencia de documentos de cobro ejecutivo, y hasta ahí llega la audiencia de súplica, salvo contadas excepciones.
Pero ¿qué le pasó a este país, otrora solidario y justo, en que la salud pública se preciaba de ser una de las mejores de América hispánica? ¿Qué les sucedió a los médicos, que de pronto se convirtieron en empresarios de la salud, en regentes de isapres o en socios de clínicas? ¿Qué les pasó a los chilenos que, muchas veces por arribismo, pese a sus escuálidos recursos, terminan afiliados a una isapre? ¿Qué le pasó al Estado, que durante años ha subvencionado el lucro de unos pocos empresarios? La respuesta es una sola: se implementó en Chile un modelo de capitalismo salvaje, en que todo podía ser regido por el principio de maximización de la utilidad, de la ganancia, del dinero. El mercado creó espejismos, transformó en bienes simbólicos, que daban status, la pertenencia a uno u otro sistema, y muchos administradores del Estado cayeron también en la trampa del discurso único neoliberal. Eso le pasó a Chile y, por lo que sucedió, no dejaremos en manos de los que implementaron ese modelo la responsabilidad de conducir el país. No dejaremos la responsabilidad de conducir el país a aquel que publicitaba una dictadura gritando a los cuatro vientos y con financiamiento estatal, según se ha sabido en las últimas semanas, que las guaguas chilenas eran más gordas, que se podía comprar ropa usada y que había mayor capacidad de endeudamiento.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, hoy es un día especial para los que vivimos la salud de todos como objetivo prioritario y trascendente. Se aprueba un proyecto que mejora en muchos aspectos la salud en Chile. Los humildes, la clase media y todos serán beneficiados en gran medida con este proyecto.
La iniciativa del Ejecutivo, mejorada por el Parlamento con la asesoría y puntos de vista de todos los sectores involucrados, logra el compromiso de muchos para servir a todos. Nadie es ajeno a la salud propia; tampoco nadie, menos el Parlamento, debe ser ajeno a la de los demás. Falta mucho por hacer.
Fonasa atiende a 8 millones y medio de personas, el 60 por ciento de la población, y a más del 80 por ciento de la tercera edad; la mayoría, de bajos ingresos.
El proyecto mejora el acceso, oportunidad y calidad de la atención en hospitales y consultorios públicos y la libre elección en consultas, pensionados y clínicas privados, disminuyendo los copagos; mejora la identificación de beneficiarios, evitando la evasión de pagos; mejora la fiscalización de pagos y morosidad, aumentando recursos, ya que no es menor la cantidad que se evade; mejora la atención de beneficiarios al facultar la celebración de convenios con prestadores externos; exime del uso de garantía a beneficiarios Fonasa sólo en casos de urgencia vital, situación ampliada y solucionada con nuestros proyectos aprobados la semana pasada, liberando a todos de la entrega de instrumentos mercantiles en blanco o incompletos, que eran condicionantes de toda atención de salud; optimiza la relación ingreso de las personas con tramos; agrega el número de beneficiarios dependientes del afiliado y permite que la clasificación refleje la real capacidad familiar de pago; mejora la libre elección en emergencias ambulatorias, en consulta de especialidades y exámenes de diagnósticos; mejora el financiamiento para atenciones institucionales mediante convenios con organismos ajenos al sistema, equivalentes a 10 por ciento del presupuesto, que es mucho dinero; crea la libre elección de atenciones materno infantiles; mejora beneficios al aumentar la bonificación de 60 a 90 por ciento en emergencias y hasta en 80 por ciento en consultas ambulatorias y exámenes diagnósticos; descentraliza y aumenta decisiones a regiones, logrando optimizar más aún los recursos; deroga cotización adicional del 2 por ciento y suprime gradualmente este subsidio, que no beneficia a los más necesitados.
Todos esos y otros beneficios se logran con el proyecto. Hay mucho por hacer y mucha gente esperando el trabajo del Parlamento. Por ahora, con esta iniciativa se soluciona una gran cantidad de problemas.
Hay muchos necesitados de salud que verán con sonrisas de satisfacción los resultados de nuestros esfuerzos. Disminuirá el dolor.
Hoy falta menos en Chile. Trabajando así, el prestigio de este valioso y necesario poder del Estado se verá recuperado y fortalecido. Ésta es la Cámara de Diputados que la gente quiere. Ésta es la Cámara de Diputados que debe sumarse tras un objetivo común más que dividirse por objetivos diversos o intereses de grupos, lejos de los intereses de las personas.
Es necesario y corresponde en justicia destacar el excelente trabajo de la Comisión de Salud de la Cámara, que sumó experiencias, voluntades y esfuerzos. Hubo objetivos diversos y el resultado final ha sido, sin duda, el bien común, la salud de la mayoría, la salud de todos.
Además, todos deben sentirse satisfechos; hemos avanzado juntos hacia el progreso de Chile.
También es destacable la labor del Ejecutivo, representado por el ministro y el subsecretario de Salud y su excelente equipo asesor, que tuvo siempre la voluntad de avanzar en los miles de detalles del proyecto.
La salud es un problema muy diferente y especial, y en forma especial y diferente debe evaluarse. Las personas tienen derechos y algunos son evidentemente primarios. Nuestra Constitución garantiza a todos la igualdad de oportunidades.
Al legislar sobre salud, deben exigirse las condiciones de solidaridad y pensar más en los que menos tienen, porque son los que más necesitan.
Al igual que toda Renovación Nacional, votaré a favor del proyecto, en el afán de elevar el bienestar de las personas en algo tan preciado como es la salud.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, por segunda vez la Cámara se aboca al análisis de un proyecto de ley que busca, entre otras cosas, eliminar el cheque de garantía y perfeccionar el funcionamiento del Fonasa. Digo segunda vez, porque el viernes recién pasado esta Corporación se dedicó a estudiar por primera vez el tema del cheque de garantía, después de nueve años y medio de gobiernos de la Concertación, período en que nunca fue posible que el Presidente de la República calificara la urgencia o incorporara estos proyectos en la legislatura extraordinaria.
Sin lugar a dudas, su rápida tramitación ha dejado en claro la voluntad de este poder del Estado de terminar en eso ha habido amplio consenso con el cheque de garantía para asegurar el pago de prestaciones. No hay discusión en cuanto a la necesidad de eliminar ese procedimiento. Es bueno que así sea para el bienestar de la gente y para la claridad de los sistemas de salud público y privado de Chile.
Digo público y privado, porque una vez más es importante recordar a veces se olvida que el cheque de garantía se pide y se seguirá pidiendo hasta que el proyecto se convierta en ley en el sector público, en los hospitales, en los sistemas de libre elección y en los pensionados, hospitales y clínicas privados del país, es decir, en los sectores público y privado. Sin embargo, a veces en la discusión el dedo acusador recae sólo sobre el sistema previsional privado, como si el Estado no fuera también ejecutor de cheques en garantía o no se hubiera condicionado la atención de salud en el sector público a la entrega de documentos mercantiles.
Es difícil prever los impactos económicos y sociales que tendrá el procedimiento establecido para recuperar el préstamo que, tanto las isapres como el Fonasa otorgarán a los beneficiarios del proyecto, porque, sin lugar a dudas, se pueden generar algunas situaciones y, aprovechando que hoy sí está en la Sala el ministro de Salud ojalá pudiera atender mis palabras plantearé algunas dudas que me surgen de cómo se actuará en esta materia.
En primer lugar, no se legisla respecto de quienes no son cotizantes de algún sistema de salud; sólo se considera a los afiliados a isapres y al Fonasa. ¿Qué ocurre con quienes no pertenecen a ningún sistema previsional? Quedan absolutamente en el aire. A ellos se les podría seguir exigiendo el cheque de garantía.
En segundo lugar, quiero saber si el Ministerio de Salud, y ojalá el de Hacienda, han medido el posible impacto que puede tener esto sobre los recursos de todos los chilenos y de los cotizantes en el sistema público del Fonasa, para conocer más o menos lo que significará en las políticas de salud del país y si eventualmente, por aplicar esta norma, se dejan de hacer otras cosas.
En tercer lugar, quiero saber qué ocurre con una persona que se atiende en un hospital público o en una clínica privada, afiliada al sistema de isapres, para una intervención quirúrgica importante, cuyo costo es de 7 millones de pesos, de los cuales su seguro de salud paga una parte y queda con una deuda de 4 millones de pesos, que se enterará con el 5 por ciento mensual. Al año siguiente sufre un accidente de tránsito o requiere de una segunda intervención quirúrgica, cuyo costo asciende a 10 millones de pesos. En ese caso, al afiliado quedará con otra deuda, sin capacidad de destinar un 5 por ciento adicional para pagarla.
De manera que el repitiente, por así decirlo, de una intervención en un hospital público o privado no va a tener cómo pagar su segunda intervención.
La situación no está contemplada en el proyecto, por lo que me gustaría saber si el señor ministro de Salud, autor de la indicación, ha pensado en este caso. No quiero ir más allá, porque desgraciadamente esto se repite no sólo cuando se producen accidentes, también sucede en otras situaciones, como en los partos. La mayoría de las mujeres chilenas no tiene un solo hijo, sino dos, tres o más, y los partos también se cobran como intervenciones. Resulta que tener un hijo mediante cesárea es más caro, por lo que la paciente va a quedar con una deuda de 2 ó 3 millones de pesos; con el nacimiento de otro hijo, su deuda aumentará en 2 ó 3 millones. Ahora, si es muy prolífera y tiene cinco o seis hijos, imagínense la deuda que adquirirá, y no la podrá pagar, porque ya tiene comprometido el 5 por ciento de su sueldo. En definitiva, con esto generamos incentivos para no procrear.
Además, las deudas no se extinguen tras la muerte de quien la contrajo, sino que la hereda la familia.
En fin, hay una serie de imprecisiones y de situaciones que pueden generar lo contrario a lo que estamos buscando, que es, junto con eliminar el cheque de garantía, un procedimiento adecuado para estos casos. Hubiésemos deseado un sistema más flexible, no tan constreñido al 5 por ciento de las remuneraciones del deudor. Me parece que este tema está excesivamente reglamentado en el proyecto de ley. Habría sido más conveniente establecer un mecanismo más flexible, con un mayor grado de libertad, que permitiera a las personas convenir en su contrato la forma de pago con el Fonasa o con la isapre. En el proyecto estamos utilizando algunas potestades más bien reglamentarias, con lo que podemos empujar del sistema privado al sector público de salud a las personas de ingresos medios.
En esta Sala puede que algunos señores diputados se alegren mucho por eso. Al respecto quiero señalar que soy partidario de un sistema mixto para Chile, donde haya afiliados al sistema privado y otros, al sistema público. En él, al Estado le corresponde el rol insustituible en la entrega de salud a quienes no tienen recursos para pertenecer a sistema alguno.
Por otra parte, también quiero formular, por su intermedio, señor Presidente, una tercera pregunta al señor ministro de Salud: ¿se ha evaluado la eventual recarga que podría significar para el sistema de atención público el traspaso de las personas que no podrán seguir cotizando en el sistema privado debido a la eliminación del 2 por ciento del subsidio a los cotizantes de las isapres? Estas instituciones actualmente atienden a 3.800.000 beneficiarios en Chile, que no corresponden a los más ricos del país, porque en el sistema privado de salud hay mucha gente de los sectores medios y medio bajo, que puede verse obligada a abandonarlo.
Además, quiero decir, para que no se generen sobre expectativas en la opinión pública, que la eliminación del cheque de garantía es única y exclusivamente para las atenciones de urgencia y de emergencia calificadas por un médico cirujano. El cheque de garantía se seguirá cobrando en las clínicas y en los hospitales para el sistema de libre elección. Si usted se va a intervenir mañana de vesícula o de apendicitis, también se lo van a exigir. Esto figura en el otro proyecto que se está tramitando en la Cámara de Diputados.
He insistido en este tema. Me gustaría ver la solidaridad del Gobierno sobre la materia, que se concretaría con la llegada de una indicación del señor ministro de Salud durante esta tarde, tal como nos aseguraron, que establece que el Fonasa también se va a poner con los recursos para ser solidario en el sistema de libre elección y no solamente en la urgencia, que es la punta del iceberg, es lo más fácil. ¡Que no se engañe ni una persona! Aquí se eliminó el cheque de garantía sólo respecto de las urgencias. Vamos a ver si en lo que resta de la tarde o mañana el Gobierno tiene una actitud consistente y nos respalda con su firma, porque, de lo contrario, no se puede avanzar en la atención que no es de urgencia.
En resumen, este proyecto es un avance para terminar con un mecanismo inadecuado: la exigencia de un cheque de garantía para asegurar el pago de una atención de urgencia.
En segundo lugar, se ha establecido un procedimiento que deja en la nebulosa los resultados finales y el impacto social y económico que puede tener sobre el sistema de salud privado, de lo que no vamos a hacer cuestión hoy día, pero que, sin duda, tendremos que evaluar sus consecuencias. Ojalá que no sean negativas.
En tercer lugar, todavía queda mucha tarea pendiente en esta materia, puesto que recién estamos abordando el tema de las urgencias, como lo he señalado.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, este proyecto de ley, con justa razón, ha concitado gran atención de la opinión pública, porque en el debate que se está llevando a cabo no sólo abordamos problemas dramáticos, como es la exigencia del cheque de garantía en las atenciones de urgencia, sino que se abre una discusión de fondo sobre el tema de la salud, sobre su modelo y sobre cómo la concebimos: si es o no un derecho y si todos los ciudadanos deben acceder a ella de manera igualitaria o si debe ser un bien que se transa en el mercado.
En primer lugar, es indispensable que la opinión pública tenga claro que con este proyecto de ley se está apuntando directamente a beneficiar a una inmensa mayoría de los chilenos, especialmente de sectores medios y pobres, porque está destinado a mejorar el sistema público de salud a través del mejoramiento del Fonasa. Este es el primer y gran objetivo. El sistema público asegura la equidad, el cumplimiento igualitario de los derechos y el acceso a la atención de salud no por la capacidad de pago, sino porque es un derecho básico.
¿Cómo mejora el sistema del Fonasa? Ya lo ha planteado el colega Osvaldo Palma: mejora su financiamiento, trasladando ese subsidio cruzado del 2 por ciento al sistema público. Y estamos hablando de bastante dinero, ya que el año recién pasado significó 16 mil millones de pesos en las utilidades de las isapres. Esto debe saberlo claramente la opinión pública.
También se hace más justo el sistema del Fonasa; esto es muy importante, porque disminuye el copago en la libre elección, aumenta el beneficio otorgado por el Fonasa en 80 por ciento del valor de la prestación y también mejora los tramos C y D.
Estos son temas importantes, que vemos en nuestros distritos que afectan a mucha gente.
Se trata de situaciones a las cuales hay que dar respuesta y frente a las cuales la Derecha tiene que decir algo.
Con este proyecto también estamos terminando con el cheque de garantía en las atenciones de urgencia, lo que coincide con la iniciativa que discutimos la semana recién pasada. Efectivamente, falta abordar el tema del cheque de garantía para el resto de las prestaciones. Estoy entre las personas que está esperando que el Gobierno fije urgencia a la moción presentada por algunos colegas diputados, para complementar el proyecto en discusión y solucionar este vacío.
Por último, un tema muy importante y, sin duda, elemento del debate de estos últimos días, que tenemos que analizar a fondo. Se ha planteado aquí que los copagos en las urgencias sean cancelados en cuotas mensuales no superiores al 5 por ciento de las remuneraciones o la renta del deudor. Se trata de un proyecto muy de fondo, que tiene que ver con beneficios sociales que afectan a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
Al respecto, tengo las siguientes consultas: ¿Por qué la Comisión de Salud del Senado demoró diez meses en poner en debate este proyecto? ¿Por qué los senadores de la Derecha, de la Oposición, específicamente el senador Bombal, obstruyó el debate de esta iniciativa que beneficia a la inmensa mayoría de los compatriotas? ¿Por qué? ¿Qué explicación hay? ¿Qué dicen los colegas de enfrente ante este hecho concreto, real? ¿Fue indispensable que se produjeran nuevos dramas respecto de la exigencia del cheque de garantía? ¿Fue necesario que el Gobierno calificara de “suma” la urgencia al proyecto? ¿Por qué no se pudo discutir antes?
En julio planteamos esto a la opinión pública, y concretamente le expresamos al candidato de la Derecha que pidiera a sus senadores poner en discusión en la Comisión de Salud un proyecto tan importante para la gente. ¿No se habla tanto de las necesidades de la gente? Entonces, que se vea en actos, en obras, no sólo en discursos. Pero aquí no se vio en obras ni en actos.
Me doy cuenta de que los diputados de enfrente están complicados. Claro, hay una esquizofrenia, una contradicción, sobre todo en los de Renovación Nacional, entre el discurso sincero sé que lo es del diputado señor Osvaldo Palma, quien nada tiene que ver con la actuación de algunos parlamentarios, y el comportamiento de los senadores de la Oposición que bloquearon el proyecto. Tampoco nada tiene que ver con los lobbies y las presiones que hoy hacen las isapres, como lo vimos ayer en el programa “Medianoche”, específicamente. Creo que la inmensa mayoría de nosotros vio a los representantes de las clínicas y de las isapres dando argumentaciones que hoy, desgraciadamente, también está asumiendo el colega Melero: plantear nuevamente la necesidad de seguir haciendo y expandiendo su negocio donde no corresponde.
¿Cuál es el razonamiento que hacen para criticar una medida tan justa como la de pagar según la capacidad económica de cada uno, de modo que las personas no se vean asfixiadas frente al drama? ¿Cuál es la respuesta que se da al pago de no más de un 5 por ciento del ingreso, que es lo justo, solidario, moral y ético? Que no lo van a poder pagar. Lo decía ahora de una manera algo más sofisticada el colega señor Melero. Bueno, pregúntense por qué. No van a poder pagar porque personas con esos ingresos, naturalmente, no deben estar en un sistema privado que hace negocio, ya que si éste no lo hiciera y actuara movido por un factor solidario, sería distinto.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Ruego a los asistentes a las tribunas no hacer manifestaciones.
Puede continuar la diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Por supuesto que en esta situación el sistema público es el que debe dar atención a estos compatriotas. Sin duda, están mal ubicados ahí, pero no es por casualidad, sino porque la lógica del negocio, del mercado, los lleva a eso. No es que sean malas personas. La lógica del negocio es maximizar utilidades y expandirse. ¿Qué buscan las empresas privadas que producen objetos? Expandirse, crecer, ser más grandes, llegar a ser más; como se dice, ampliar mercados. Claro que en salud eso es una aberración. ¿Cómo van a ampliar mercados con personas que no tienen ingresos para financiar ese tipo de prestaciones, que quedan asfixiadas o “acogotadas” económicamente después de alguna intervención.
Por eso las isapres quieren el cheque de garantía, porque, efectivamente, significa la amenaza de la cárcel, de las órdenes de detención, de la pérdida del crédito, para que las personas de alguna manera paguen; dramáticamente, haciendo que sus familiares se comprometan, que la deuda ya no sólo sea del paciente y de su familia directa, sino de los amigos. Ese es el drama que estamos viendo.
Entonces, es indispensable, por una parte, asegurar que el proyecto sea aprobado y, segundo, abrir este debate. Debemos hacer una reforma a fondo en salud y acotar el negocio en esta materia a quienes les sobre el dinero, de manera que éstos paguen por su salud, por un gran hospital. Ese no es problema. Pero el Estado tiene que hacerse cargo del resto, solidariamente, como lo plantea el programa de la Concertación. El tercer Gobierno de la Concertación será, entre otras cosas, para que la salud efectivamente pase a ser un derecho al que accedan igualitariamente todos los chilenos. ¡Eso es lo moral, lo ético y lo que quiere la inmensa mayoría de los chilenos!
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el señor ministro de Salud, don Álex Figueroa.
El señor FIGUEROA (Ministro de Salud).-
Señor Presidente, en el último tiempo hemos visto una extraña coincidencia entre algunos parlamentarios de la UDI y las declaraciones de la Asociación de Isapres, y me he preguntado el porqué de ella.
Ayer me encontré con la sorpresa de que la declaración pública de la Asociación de Isapres A.G. fue publicada como inserción en un diario vespertino.
Dicha inserción señala una serie de análisis y antecedentes que orientan a la opinión pública para que piense que el proyecto de ley en discusión perjudica a la gente.
No solamente eso, sino que, al mismo tiempo, se hace eco de una campaña del terror que yo, por lo menos, no escuchaba ni veía desde el plebiscito de 1988, en que la Concertación ganó votando que no.
En el punto 4 de esta inserción queda meridianamente clara la politización electoral del tema que está haciendo la Asociación de Isapres A.G., favoreciendo a uno de los comandos, al que han apoyado algunos de los diputados que hoy han intervenido: el del señor Lavín.
Han politizado la discusión al decir: “Queremos dejar en evidencia frente a la opinión pública nuestro malestar, puesto que con ambas medidas, se da la paradoja de que en vez de facilitar el acceso... a la salud pública o privada, dándoles a las personas la opción para elegir, se está forzando paulatinamente la eliminación del sector privado como alternativa”. Está claro que eso es absolutamente falso. Continúa la inserción: “se está apremiando la salida de las personas más modestas del sistema” otra campaña del terror “obligándolos a inscribirse en Fonasa”. Nadie obliga a nadie, y si alguien se quiere cambiar al Fonasa, después de la aprobación de este proyecto de ley, va a tener más protección, más seguridad y más recursos para atenderse mejor. Sigue la inserción: “sistema que no resuelve satisfactoriamente las demandas de salud de la gente...”. Hemos escuchado a algunos señores diputados señalar lo mismo. Continúa: “se está concentrando a la gran mayoría de la población en el sistema de salud público” nuevamente el terrory aquí viene la intervención electoral: “y paradojalmente, mientras algunos proponen crecer con igualdad, medidas como éstas conducen a aumentar la brecha entre ricos y pobres”. Firma la Asociación de Isapres, Asociación Gremial.
Me pregunto ¿por qué la Asociación de Isapres hace esta declaración, atacando al principal lema de la campaña del candidato de la Concertación? Después he buscado y encontrado la respuesta en este documento que es oficial al porqué de esta ligazón entre la Asociación de Isapres y el ataque al candidato de la Concertación, favoreciendo con esta campaña del terror al candidato de la Derecha, que coincide plenamente con los discursos de algunos parlamentarios. Voy a leer esto.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
Diputado señor Melero, lo llamo al orden. No le corresponde intervenir; su Señoría pudo hacerlo tranquilamente.
El señor FIGUEROA (Ministro de Salud).-
Presidente del directorio de Banmédica: Máximo Silva. Director, Gonzalo Ibáñez Langlois. No voy a mencionarlos a todos, porque sabemos que algunos son especialistas, no sólo en difamar públicamente, sino también en iniciar procesos. Pero aquí aparecen dos isapres, en las cuales -¡fíjense bien!-figura como director una persona respetable en Isapre Cruz Blanca y en Aetna. Es el mismo señor, ex parlamentario, que ha hecho algunas encuestas telefónicas que dan ganador a un candidato: al señor Lavín. Es el señor Sebastián Piñera, director de dos isapres y miembro del comando de Joaquín Lavín.
Ahora entiendo la inserción de la Asociación de Isapres en un diario vespertino de ayer.
Por lo tanto, los que aquí han politizado el debate no han sido el Gobierno ni la Concertación, sino, desde un comienzo, la gente que está apoyando a Joaquín Lavín.
Y quiero decir algo muy concreto. El Gobierno está por fortalecer y modernizar el Fonasa eso hace este proyecto de ley, porque está preocupado de la salud de la mayoría y no quiere mantener las amarras legales que le dejó el señor Büchi a ese Fondo en la década del 80. Además, desea eliminar el subsidio del 2 por ciento y pasárselo a la gente que tiene menos recursos y más necesidades, y, al mismo tiempo, dejar establecido por ley que las instituciones de salud privadas y públicas deben cubrir las atenciones de urgencia de sus afiliados.
¿Por qué un seguro va a cubrir la salud de la gente cuando está sana y no cuando está a punto de morir? ¿Qué es más importante que la vida?
(Aplausos en las tribunas).
Asimismo, para contestar algunas cosas que aquí se han señalado, debo manifestar que las isapres, en la campaña del terror en que hoy están empeñadas, avaladas con las maniobras dilatorias que hemos escuchado, han planteado el caso de una persona que gana 300 mil pesos y tiene una deuda de 2 millones de pesos con una clínica privada por una atención de urgencia. Les respondo que con el sistema que propone el Senado, que es justo, equitativo, transparente porque por primera vez en la ley de isapres estamos protegiendo a la gente y no los intereses económicos de esas instituciones, no tendría esa deuda de 2 millones de pesos si el plan que le ofrece la isapre le cubriera efectivamente la atención de urgencia, la enfermedad catastrófica y no la discriminara por ser mujer o adulto mayor.
(Aplausos en las tribunas).
Ese es el tema de fondo; de eso estamos conversando.
Se pregunta en forma abierta: ¿Por qué no se pone un incentivo para que la gente que no está afiliada a una isapre, al Fonasa o no tiene previsión también quede cubierta? Yo les digo una sola cosa: esa gente ya está cubierta por el Fonasa y los hospitales públicos en la atención de urgencia, donde no le piden cheque de garantía, porque en ellos está funcionando el sistema de la solidaridad.
Asimismo, es importante preguntarse: ¿Qué queremos? ¿Un sistema previsional de salud que cubra a la mayoría de la población del país o no?
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONTES (Presidente).-
¡Llamo al orden al diputado señor Molina!
El señor FIGUEROA (Ministro de Salud).-
Por lo tanto, después de la aprobación de este proyecto de ley por la honorable Cámara de Diputados, la señal que el Congreso Nacional les estará dando a todas las personas independientes es: “Intégrense al Fonasa o a las isapres, porque ahora, al haber condiciones justas y claras, tendrán más seguridad y mayor cobertura”.
Además, este proyecto de ley realiza otra cosa que no he escuchado de las bancadas de Derecha: hace justicia a los hospitales públicos que en la actualidad están atendiendo a muchos niños, mujeres y adultos mayores que pertenecen a isapres, las mismas que hoy están atacando al comando de Ricardo Lagos, asociadas con el comando del señor Lavín. Reitero que esos niños están siendo atendidos en los hospitales públicos. ¿Quién paga? El Fonasa, la gente pobre, el Estado. Este proyecto de ley termina con un viejo axioma en nuestro país: que las pérdidas las pagan la gente y Estado, y las ganancias se privatizan. Lo que estamos haciendo acá es asegurarle al hospital público que la isapre le pagará y no le dejará deuda. En definitiva, le decimos a la gente: “Opte por el Fonasa o por la isapre, pero tenga la certeza de que estará protegida”.
Se habla de números. Respecto del subsidio del 2 por ciento con el cual también se ha hecho campaña del terror para llevar agua a su molino, debo destacar que su eliminación comenzará en abril del 2000 y no inmediatamente, como quizá le gustaría a algunos que sucediera. Felizmente, no es así.
Pero ¿cuánto han ganado los dueños de las isapres desde 1984 hasta la fecha? Por parte baja, a lo menos 160 mil millones de pesos. ¿Cuánto gastan en administración, ventas, publicidad y en algo que está tan de moda, en asesorías, que nadie explica para qué sirven o cuál es su resultado concreto en la salud de la gente?: 120 mil millones de pesos que pertenecen a todos los chilenos que hoy cotizan en las isapres.
(Aplausos en las tribunas).
Y ahora están amenazando con subirle a la gente el valor de los planes. Es el mismo argumento que escuchamos en 1988: “Si llega la Concertación, va a venir el caos, la debacle”. ¡Pero si a la gente ya le subieron el costo de su plan! La gente está pagando, por concepto de cotización adicional al año, casi 100 mil millones de pesos que salen de su bolsillo. ¿Cuál es el argumento? “Si usted quiere tener mejor plan, ponga un poco más.” “Usted cumplió 60 años; si quiere mantener el plan, coloque un poco más”. “Usted, que es mujer, que entró en el climaterio y, por lo tanto, tiene más riesgo, si quiere mantener el plan, coloque un poco más”. Esa es la cotización adicional que hoy, prácticamente, equivale a los gastos de administración, ventas y asesorías que se están haciendo.
Digámosle la verdad a la gente: el Gobierno le dará seguridad y protección, porque nosotros defendemos el derecho a la vida en cualquier circunstancia y no el afán de lucro.
Gracias.
(Aplausos)
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, el señor ministro leyó un párrafo del diario “La Segunda” de ayer, donde se habla que mientras algunos proponen crecer con igualdad, medidas como éstas conducen a aumentar la brecha entre los ricos y los pobres. Y hoy, en un rasgo de pudor, de vergüenza, esta misma inserción aparece en el diario “El Mercurio”, pero suprime la frase “crecer con igualdad”. ¿Por qué se omitió? Ayer era verdadero lo que señalaba “La Segunda” y hoy no lo es porque no figura en el diario “El Mercurio”. Si ésa no es una intervención política en una institución o instituciones que deben ser neutras, no sé qué será hacer política.
En el fondo, la argumentación del diputadoMelero fue todo lo contrario de lo que dice su candidato, Lavín, porque él, después, se preguntaba cómo se va a pagar esto. Y la respuesta era lógica: la mantención del cheque de garantía. Sin embargo, su candidato dijo: “Yo voy a suprimirlo”. ¿Quién entiende eso? ¿Tiene razón Melero o Lavín? Mienten hoy y mienten mañana. No importa; es así.
En el fondo, acá hay una propuesta de la Derecha para mantener el llamado “cheque de garantía”. ¿Cuál es la garantía de ese documento? La ley general de cuentas corrientes bancarias y cheques señala que carece de valor la expresión “en garantía” colocada en un cheque. En consecuencia, no debería existir el cheque de garantía. Pero ¿cuál es la caución, lo que vale, lo que interesa? Este documento garantiza la libertad personal del individuo. Si una persona entrega un cheque en blanco, el que, con posterioridad, es llenado por un tercero, por carecer de fondos, sin duda, será privada de su libertad.
Aquí se está frente al viejo ejemplo que coloca Shakespeare en su obra “El mercader de Venecia”, el de la libra de carne: “Yo lo garantizo con una libra de carne”. Entonces, ¿qué le contesta el deudor?: “Está bien, afianzo mi deuda con la libra de carne; pero cuando me cobre, usted me tiene que sacar la libra de carne, pero sin sangre”. Ese viejo cuento está inserto aquí, en la lucha entre una salud solidaria y otra que vive alrededor del lucro.
Señores de la Derecha, el dinero es como el excremento, como la caca. Cuando se acumula, permanece hedionda e infecta todo lo que toca; pero cuando se desparrama, fertiliza. Entonces, usemos la solidaridad; fertilicemos con el dinero que están ganando las isapres. No hagamos caca, excremento, mierda, acumulando la riqueza para que unos cuantos gocen de ella, mientras miles de chilenos están postergados en su salud.
Estamos en contra del cheque de garantía, pero la redacción dada al proyecto, a mi juicio, no es adecuada. Por desgracia, no podemos perfeccionarla. Un inciso nuevo, que se propone agregar al artículo 2º, dice que “se prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago...”. Yo pregunto: si una persona llega al servicio de urgencia y, en vez de que se lo exijan, se presta para dar un cheque voluntariamente, porque ésta será la excusa que darán los prestadores, el cheque siempre existirá, ya que lo que se prohíbe es la palabra “exigir”. Es decir, hay una fórmula para eludir esta prohibición. Después del diálogo entre dos personas, una absolutamente apremiada, la que está en la administración dirá que la entrega del documento fue voluntaria.
Quiero creer que la intención así debe ser interpretada la disposiciones que esta norma prohibitiva debe aplicarse en cualquier situación en que el prestador recepcione este tipo de instrumento. Por lo tanto, ese documento carecerá de todo valor. Deseo dejarlo establecido así, para que después no se alegue que el cheque fue dejado en forma voluntaria. Se trata de que jamás exista ese cheque en las cajas de los servicios de urgencia de los hospitales públicos o privados.
Asimismo, cuando se habla de instrumento financiero, no sólo se refiere a los warrants, bonos o debentures. Esa expresión, a mi modo de ver inadecuada, debería decir “instrumentos mercantiles de crédito”, porque eso son las letras, los pagarés, los vales vista u otro documento que el Código de Comercio y otras leyes señalan que constituyen medios de crédito, de garantía o de pago.
Con estas observaciones, nuestra bancada aprobará las modificaciones del Senado, en especial la que elimina el cheque de garantía.
He dicho.
El señor HALES (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en primer lugar, lo felicito por su elección como Vicepresidente de la Corporación.
En cuanto al proyecto, es probable que ésta sea la discusión más lamentable efectuada en la Cámara. Cuando se enfrenta el problema más importante y decisivo para la vida de los chilenos, es increíble que se llegue a este debate.
No me referiré al discurso de la diputada señora Fanny Pollarolo, sino al del señor Figueroa. No corresponde a un ministro de Estado, menos al de salud, politizar ese tema. Lo ha hecho en los días previos y ahora en la Sala, perdiendo la gran oportunidad de hablar sobre la salud de los chilenos y de cómo mejorarla.
Por otra parte, me habría gustado mucho que el debate se diese con la verdad. En la Comisión de Salud hemos tenido una experiencia muy interesante, encaminada a trabajar siempre por el bien de la salud, sin criterio político. Esto se logró hasta hace muy poco. Lamentablemente, ahora se ha perdido.
Pero vamos a las mentiras que se han dicho aquí. En cuanto al cheque de garantía, los miembros de la Comisión de Salud sabemos que durante dos años todos estuvimos de acuerdo con su supresión. Virtualmente, la materia fue iniciada con un proyecto presentado, en 1991, por el diputadoGustavo Alessandri. No se aprobó porque el ministro de la época jamás fue capaz de presentar una propuesta que explicara cómo se pagaría.
Es obvio que la eliminación del cheque de garantía es un anhelo de todos, pero es lo más complicado que existe. La actual proposición es una solución. Sin embargo, hubiese sido mucho más importante trabajar en una propuesta seria relacionada con un seguro de salud, como existe en todo el mundo y al que muchos podríamos optar.
Por otro lado, aquí siempre se ha dado a entender, en forma tácita, que los hospitales públicos no piden cheque de garantía. Eso no es cierto. Personalmente, muchas veces he dado cheques en garantía para niñas que iban a ser mamá y no tenían cómo ser atendidas. La diputada señora Lily Pérez entregó uno en el hospital Roberto del Río, por una señora que llevó de emergencia. El diputado señor Baldo Prokurica presentó un recurso de protección el ministro ha debido ir a dar las explicaciones correspondientes, porque los hospitales no reciben a sesenta y tres niños de su región. Es decir, en los hospitales públicos también se pide el cheque de garantía. Por lo tanto, digamos la verdad.
A todo esto, hay que sumar algo peor. El Presidente de la República ha pedido públicamente a los parlamentarios de la Oposición aprobar la eliminación del cheque de garantía. No sé por qué lo hizo, cuando siempre hemos estado de acuerdo en su supresión. Además, él debe buscar la forma de pago, sin perjudicar a nadie. En consecuencia, todo esto parece una falacia.
Asimismo, deseo recordar que hace varios meses, cuando el diputado Girardi comenzó la guerra contra las isapres, me di cuenta que venía una marejada política. Al respecto, aclaro que no defenderé a esas instituciones y que estoy de acuerdo en que deben mejorar mucho; pero no se puede tender una cortina de humo para tapar las deficiencias del sector público, atacando a las isapres. Una cosa es mejorar la salud pública y otra superar la atención de las isapres.
Ahora, no entiendo el complejo dramático que ha provocado el hecho de que las isapres ganen plata. Si atendieran a todos los adscritos y ganaran plata, ¡qué nos importa! Ojalá la salud pública también ganara plata. De hecho, se sabe de su déficit en todas sus áreas.
Por eso, algunos quieren que se quede con esos pocos recursos que se les entrega a las isapres, que no le servirá para nada, ya que los quince mil millones de pesos que significa el dos por ciento, comparado con el billón ciento treinta y un mil millones de pesos que recibe la salud pública, es apenas un l,2 por ciento. Con esa diferencia no podrá atender bien a trescientas mil personas, pero se le quiere allegar recursos no sé para qué, porque harto mal los usan los hospitales públicos.
Con el propio diputado señor Girardi hemos conocido los problemas que tiene un hospital de su distrito. Debe más de ochocientos mil millones de pesos al año y ha debido pedir un préstamo para funcionar. Además, se sabe de varios establecimientos que están quebrados. El San José, recién construido, un tremendo hospital, que costó millones, carece de sistemas y no puede ser operado.
Si se preguntara a los chilenos si están contentos con la salud pública, si en la salud primaria los atienden a tiempo, sin hacer colas ni pagar adicionalmente por los exámenes, la mayoría contestaría que tiene miles de problemas. Por lo demás, ¿cuántas personas mueren a la espera de una operación?
Por eso, algunas expresiones son inaceptables y poco éticas. Si se quiere mejorar la salud, debemos preocuparnos en verdad de la pública y de la privada, pero no a través de un proyecto que pretende cambiar el Fondo Nacional de Salud.
¿Por qué no hubo mayor honestidad y se dijo que las isapres no convenían y debía cambiarse el sistema? No basta con destruir esta modalidad para arreglar otra, cosa que tampoco se va a conseguir.
Por lo tanto, repudio el hecho de que se haya politizado el problema de la salud y no acepto que se diga que nosotros fuimos los primeros que lo politizamos, como tampoco acepto que se nos achaque la defensa de las isapres, porque en innumerables reuniones hemos manifestado las áreas en que hay falencias.
Hay treinta isapres. En tercios, uno es bueno, otro es mediocre y el último es malo. Ese es el problema. Las isapres buenas deben poner la cara por las malas. Sin embargo, no se puede desconocer la inversión que han hecho. Basta ver las inversiones realizadas por Consalud en Viña del Mar la nombro porque es la que más he visto para entender el esfuerzo que ha hecho para dar una buena atención a los chilenos.
Tampoco el ideal es la estatización de la salud, lo cual casi en ninguna parte del mundo ha resultado. En Inglaterra, por ejemplo, ha tenido éxito sólo con una enorme competencia, mayor que en la salud privada.
Si se quiere que la salud pública atienda bien a ocho millones de chilenos, debe empezarse por usar y focalizar bien los recursos, por trabajar seriamente, por preocuparnos de la prevención, de los ancianos y de miles de situaciones que hoy podrían resolverse si en verdad el Ministerio de Salud se preocupara más de los enfermos que de la política.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, en realidad, ha habido mucha demagogia, porque se han planteado varias preocupaciones de última hora, que no se habían escuchado en el pasado.
Algunos comentarios carecen de sustentación. Por ejemplo, me gustaría que se dijera que Chile, con 200 dólares per cápita, tiene indicadores en su sistema público que quisiera cualquier país europeo que gasta cerca de 1.500 dólares per cápita.
Se olvidan esas cosas y que Chile tiene una crisis en su sistema público por falta de recursos, que el Estado sólo representa el 36 por ciento de lo se gasta en salud, que hubo en el país un embate privatizador que trasladó la responsabilidad de financiar la salud de las personas. También se olvida que en Europa, por ejemplo, el Estado pone sobre el 70 por ciento del financiamiento, porque allá hay solidaridad y se va en ayuda de la gente que tiene menos.
Aquí, en el tiempo de la dictadura, la ley se hizo de espaldas a la gente, como traje a la medida de los dueños del país. Quienes hicieron la ley durante la dictadura, hoy son los propietarios de las isapres.
De ahí para adelante, uno puede entender lo que ha pasado, porque cambió radicalmente y avalo lo que dijo el ministro de Salud el derecho a la salud, que hoy lo tiene la gente según el tamaño del bolsillo.
La Derecha quiere “isaprizar” la salud, privatizarla. Y ha hecho todo para lograrlo.
Por ejemplo, se está discutiendo el término del subsidio. ¿Por qué se estableció ese 2 por ciento? Para incentivar a la gente a abandonar el sistema público, para privatizar la salud. Para “isaprizarla”, como decía Büchi, se ofreció un subsidio. No era para la gente del Fonasa, no podía recibirlo quien decidía quedarse en ese sistema. Era sólo para el que se cambiaba.
Por lo tanto, ese subsidio es un instrumento de privatización, de “isaprización”. Pero la gente que recibe el 2 por ciento tiene planes miserables, vergonzosos, que violan la ética, la responsabilidad que puede tener el Congreso Nacional. No cubren más del 20 por ciento del costo de las prestaciones. ¡Cómo puede ser un seguro de salud! ¡Cómo pueden decir que es así cuando la gente adscrita a una isapre, que gana menos de 500 mil pesos, está en una situación de indefensión tremenda, con grandes riesgos, incluso de hipotecar su vida.
Eso no se ha dicho, se ha olvidado: esa gente paga a las empresas su 2 por ciento más el 7 por ciento, es decir, un 9 por ciento, pero cuando llega el momento de atenderse, debe ir al consultorio.
He trabajado en ellos y por eso lo sé. El 23 por ciento de la gente que llega a los consultorios son pacientes de isapres que no fueron atendidos en las clínicas, porque son muy caras y exigen pagarés o cheques en garantía.
Se olvida que el 15 por ciento de las camas complejas de hospitales y el 12 por ciento de las de urgencia, son utilizadas por gente adscrita a las isapres, que gana menos de 500 mil pesos, a las que el sistema privado no les resuelve el problema.
¿Por qué se ha olvidado esto? Porque para las isapres es un tremendo negocio, el mejor de todos: reciben el 7 por ciento y el 2 por ciento, que significan cerca de veinte mil millones de pesos, pero las prestaciones las entrega el servicio público. ¡Qué mejor negocio que recibir la plata y no entregar las prestaciones! Además, no reembolsan al sistema público lo que gasta en el sistema privado.
¡Eso es lo que se quiere! Según los lavinistas, algunos no tienen independencia política. A lo mejor, pero otros tienen patrones, que son los dueños del país. Las isapres llaman y los lavinistas corren en fila a hacer lo que ellas quieren. Entonces, hay que oponerse a la eliminación del subsidio del 2 por ciento, porque eso daña el patrimonio de las isapres. No importan los intereses de la gente, de las que se olvidan, al igual que de los derechos humanos.
El cheque de garantía existe porque en Chile hay planes miserables y no por otra razón. A quien tiene una cobertura en las isapres del veinte por ciento, una clínica, para resarcirse, le exigirá un cheque de garantía.
No es cierto que en el sistema público se pida por doquier el cheque de garantía. Nosotros formamos una asociación. Ninguna sola persona, de los más de cien afiliados que tenemos en este momento con problemas graves, ha tenido dificultades con ese documento en un hospital. Puede haber excepciones, pero en el sistema privado es algo sistemático. Todos los días se violan los derechos de las personas al exigírseles ese cheque, con la más brutal de las agresiones. ¿Qué consentimiento puede haber cuando a un padre, en la posta, le dicen: “Mire, si no deja el cheque de garantía, su hijo va a morir?” Eso no es consentimiento, sino la más brutal de las agresiones al ser humano.
Durante mucho tiempo se olvidó todo esto. Lo que ha dicho la diputada señora María Angélica Cristi es cierto: el proyecto ha estado en la Cámara, en la Comisión de Salud, pero la Derecha no quería darle curso y preguntaba quién va a pagar. ¿Cómo se les va a pagar a las isapres? Ella misma lo preguntaba. Pedían un nuevo seguro. Es decir, para que la gente tenga derecho a la atención, según la indicación del propio senador Bombal, hay que pagarles más a las isapres, las cuales, en ese caso, les darán una tarjetita a los afiliados. Pero ¿y la gente que no pudo hacerlo? Bueno, de nuevo, los que tienen el bolsillo grande tendrán atención de urgencia y no deberán entregar cheque de garantía. Sin embargo, los que tienen el bolsillo chico no tendrán posibilidad de enfrentar sus problemas de salud.
Creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. El diputadoMelero dijo que habría deudas sobre deudas. Bueno, si quieren resolver el problema exijamos a las isapres que no avergüencen más a nuestro país ofreciendo planes con coberturas inferiores al 80 por ciento. ¿Cómo pueden permitir que las isapres entreguen a una pobre persona que gana 200 mil pesos mensuales una cobertura de un 20 por ciento? Los casos los tenemos por cientos.
El señor Pedro Arriaza tiene una deuda de 17 millones de pesos, que debe pagar durante veinte o treinta años. Ello, porque la isapre le cubrió el 20 por ciento, es decir, pagó sólo 3 millones de pesos. Eso es lo que la Derecha está tolerando.
El problema se resuelve con más reformas. Me gusta que exista en Chile un sistema privado, pero sin abusos, sin indignidad. ¿Por qué no puede haber un sistema privado que quiera y respete a sus afiliados y los trate con solidaridad y afecto, sin que esté permanentemente viendo cómo les sacan el jugo en las prestaciones?
Las letras chicas de los contratos son brutales. Incluso, la ley permite a las isapres establecer cláusulas de exclusión. Todo eso lo hemos tolerado y nunca he oído decir a nadie de la Derecha que está en contra de ese tipo de situaciones.
El diputado señor Melero pide procedimientos más flexibles. ¿Qué quiere decir con eso? Él no está de acuerdo en que la gente pague el 50 por ciento como monto máximo, pero procedimiento más flexible significaría que las isapres podrían exigir a la gente, como sucede hoy, que hipotecaran sus casas y entregaran sus bienes para pagar, con lo cual se complicaría la vida a los afiliados. ¡No es posible proceder así!
En definitiva, ese tipo de indicaciones demuestra que cuando los patrones mandan, los lavinistas corren a protegerles los intereses, y aquí claramente se está protegiendo a las isapres con estas insinuaciones sobre procedimientos más flexibles, con la letra chica. Si se ponen en la ley procedimientos más flexibles, las isapres se ampararán en la letra chica para exigir el pago inmediato del 50 por ciento, lo cual significará a las personas tener que deshacerse de sus bienes. Rechazo esa proposición, porque significaría hipotecar la vida de los afiliados al sistema isapre.
El otro día me referí a una joven de 20 años que tuvo un parto prematuro. Su hijo falleció y ella quedó con 20 millones de pesos de deuda, en su caso, por toda la vida, y todo debido a la letra chica. Hoy, esa joven enfrenta una querella criminal, tiene una hija fallecida y su vida hipotecada por veinte o treinta años.
No pretendemos recargar el sistema público. Este ya está recargado, porque la gente que recibe el subsidio del 2 por ciento está siendo atendida por el sistema público en este momento.
Por último, quiero responder a un par de afirmaciones que el diputado señor Melero hizo sobre mi persona. Señaló que algunos de nosotros, y yo en particular, estamos afiliados a una isapre. Sí, lo estoy desde 1986 y porque en ese momento pensaba que era un sistema transparente, honesto, decente y sin abusos. Pero no por tener un plan razonable y la posibilidad de una jubilación racional voy a aceptar, como ellos, un sistema AFP absolutamente indigno. Ellos están imposibilitados de criticar porque los patrones se enojan. ¡Eso no puede ser! Siento que tengo la razón, justamente, porque soy médico y me doy cuenta del sufrimiento de la gente que no tiene capacidad de pago, que envidia estos sistemas abusivos.
Dijo también el diputado que yo tenía una relación de parentesco con el candidato lavinista. Es cierto, pero muchas veces eso no me enorgullece, porque no me enorgullezco de los silencios frente a principios y valores permanentes. Además, como sabe el colega Melero, otro miembro de la familia Lavín ha sufrido muy duramente estos “silencios” que existieron en el pasado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, hoy insistiré en algunos conceptos que hice valer cuando hace casi un año votamos, en primer trámite constitucional, la reforma de la ley Fonasa, sistema íntimamente ligado a la medicina chilena en los últimos cincuenta años.
En primer lugar, en 1945 mi padre llegó a Chillán para desempeñarse como oftalmólogo, donde además formó parte del servicio de beneficencia pública y del Seguro Obrero Obligatorio. Posteriormente, cuando esas dos instituciones se fusionaron para crear el Servicio Nacional de Salud, siempre estuvieron presentes los sistemas de salud público y privado. Se tenía claro de aquí fluye el principio solidario que los establecimientos públicos aseguraban una mejor salud y los profesionales, técnicos y auxiliares cumplían a cabalidad su función fundamental. De allí la ley Nº 15.076, que los obligaba a dedicar seis horas a la atención del sector público y dos horas para el sector privado.
Siguiendo el ejemplo de mi padre, ingresé a la Escuela de Medicina imbuido más que nada del concepto de que la medicina es un servicio, una vocación, y que lo más importante es asistir a nuestros semejantes, cualquiera que sea su condición social, política, económica, filosófica o religiosa, como si fueran los seres más queridos para nosotros.
Si hoy estuvieran presentes algunos profesores y maestros, les resultaría incomprensible que en la Cámara de Diputados estemos discutiendo el cheque de garantía. Les resultaría incomprensible que a una persona que tiene en riesgo su vida se le negara la atención por falta de dinero. Sin embargo, eso es lo que hoy está ocurriendo en esta Corporación.
Y no es de extrañar, porque este sistema de salud, solidario, donde se daba la mejor atención al público, cambió radicalmente a finales de la década del 70. Primero, en las universidades, porque la educación en medicina ya no era gratuita y, por lo tanto, sin compromiso con la sociedad; y después en las isapres, donde el rol solidario cambió a un rol asegurador, y la medicina dejó de ser un servicio para tornarse en un negocio lucrativo, para lo cual se entregó a las isapres un 2 por ciento que les permitió obtener un 27 por ciento sobre su capital, convirtiéndose éste en uno de los negocios más lucrativos dentro de la medicina.
Ese es el tema que estamos discutiendo hoy. Sin embargo, como consecuencia del trabajo de quienes laboramos en Salud profesionales, técnicos, administrativos Chile exhibe índices biomédicos, como dijo el doctor Girardi, que constituyen la sana envidia de otros países, sobre todo por las cantidades que se gastan en salud.
Es así como la tasa de mortalidad general entre 1960 a 1994 disminuyó de un 12,4 por mil habitantes a un 5,6, es decir, menos de la mitad; la mortalidad infantil, que en 1960 llegaba a 120 por mil recién nacidos, hoy ha bajado a la décima parte, es decir, a un 12 por ciento, y las expectativas de vida han aumentado de 56 años a 74,4, a partir de l960.
¿Ustedes creen que con esos índices hoy nos debemos sentir seguros de la medicina? ¡No! Es así como entre los mayores problemas de la ciudadanía, la salud se encuentra en tercer lugar, después de la pobreza y de la seguridad ciudadana.
¿Por qué podemos explicar esto? Porque la percepción de nuestra gente depende de las amenazas epidemiológicas o de las enfermedades congénitas que pueda tener, de la respuesta del sector ante esas decisiones, y de la percepción que tienen las personas respecto de los sistemas de salud.
Quisiera alertar en cuanto a las amenazas que hoy siente nuestra población. En Santiago, el 25 por ciento de las familias tiene una persona que sufre de una enfermedad aguda, y el 40 por ciento tiene una enfermedad crónica. Cada día esto será mayor. En la medida en que aumenta nuestro promedio de vida, la población va envejeciendo, lo que trae consigo un aumento de la posibilidad de enfermedades hipertensivas y del tipo neoplástico.
El señor MONTES (Presidente).-
Le quedan tres minutos de su discurso, señor diputado.
El señor JARPA.-
Actualmente, Fonasa atiende al 75 por ciento de la población, y aún más, al 75 por ciento del primer quintil; también atiende a las personas de mayor edad, ya que sobre sesenta años, el 75 por ciento corresponde a Fonasa, y menos del 10 por ciento, a las isapres.
A mi juicio, este proyecto es fundamental, ya que mejora las condiciones de los sectores más postergados, los de más bajos ingresos, permite apoyar las enfermedades catastróficas y dar una mejor atención.
Voy a ceder algunos minutos al diputadodon José Pérez.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Hago presente a la Sala que los Comités acordaron, por unanimidad, prorrogar el Orden del Día, a fin de que, adicionalmente, cada una de las bancadas pueda hacer uso de la palabra por cinco minutos.
Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el diputadodon José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, agradezco a mi colega Carlos Abel Jarpa los minutos que me ha cedido.
Sin duda, este tema es de extraordinaria importancia y todo indica que hoy esta Cámara decidirá algo que debió haber hecho hace mucho tiempo, como es poner término al cheque de garantía.
En el último tiempo han fallecido personas por no haber recibido atención asistencial al no contar con este documento y, a través de los años, no sabemos cuántos se han tenido que conformar con pasar a mejor vida por la misma razón, porque bien sabemos que los libretos de cheques no los reparten los barcos maniceros de las plazas y sólo ciertas personas pueden tener la posibilidad de obtenerlo o de facilitar un cheque en blanco, porque aparte de ser ilegal e inconstitucional, está expuesta a tener que responder por altas sumas de dinero que la pueden llevar a la cárcel o a tener que arrancar para no ser detenidos.
Esta es una situación caótica y muy compleja. Por eso, llama la atención que ciertos colegas digan que el tema se ha politizado. Lamentablemente, muchos temas se politizan en el Congreso y no se dice la verdad.
El diputado señor Melero ha señalado y ha insistido en ello en reiteradas oportunidades que la Concertación tuvo que esperar nueve años y medio para tramitar este proyecto y poner fin al cheque de garantía. Tuvo que esperar nueve años y medio, porque antes no tuvo acogida en el Senado. Pero hay que decir la verdad. ¿Dónde tuvo su origen este cheque de garantía? A principios de los 80, durante el régimen militar. ¡Pero eso no lo dicen! Estuvo diez años vigente, tiempo en el cual sólo cuatro personas porque en esa época no había Congreso tenían que decidir ponerle término, porque afectaba a la gente. Sin embargo, no hubo esa voluntad. Nadie se preocupó de los más necesitados.
Por eso, ahora, democráticamente y como se hacen las cosas, se está poniendo término a este abuso de exigir un cheque de garantía, especialmente para la gente modesta.
En consecuencia, los diputados radicales vamos a apoyar gustosos este proyecto, porque de esa manera damos apoyo a la gente que más necesita, y esperamos que haya isapres humanizadas y que desaparezcan aquellas que han encontrado un negocio lucrativo en la salud, lo que es una vergüenza nacional.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Arratia.
El señor ARRATIA.-
Señor Presidente, no podía estar ausente en este tema, porque soy miembro de la Comisión de Salud y por lo que he oído durante el transcurso del debate.
Me voy a referir a algunos elementos importantes de considerar y que debido al fragor político no han sido mencionados.
En primer lugar, sin lugar a dudas, la modificación a la ley Fonasa fortalece el sistema.
En segundo lugar, permite que Fonasa recaude inmediatamente los fondos, sin que éstos pasen al tesoro fiscal.
En tercer lugar, permite y esto contradice lo que se ha dicho, en orden a que los partidos de la Concertación no quieren nada con el sistema privado que hasta el 10 por ciento de la contratación de los servicios se haga en el sistema privado. Precisamente, es una forma de demostrar que no se trata de destruir el sistema privado de salud, sino de desarrollar un sistema mixto más justo. Además, modifica los tramos de la atención de salud, bonificando las prestaciones de libre atención.
Sin embargo, quiero ir más allá. La Democracia Cristiana ha hecho un referéndum, y dentro de los diez temas planteados para privilegiar en el futuro está, por amplia mayoría, el de la salud. Esto es sólo una demostración de lo que piensa la gente.
Pero esto no sólo ha sido privilegiado por la Democracia Cristiana, sino también por la Concertación, al incluir en la convocatoria dos proyectos: uno referente al cheque de garantía y, el otro, dándole urgencia a la modificación de la ley Fonasa.
El seguro de salud que actualmente nos rige es un sistema que no inventamos nosotros. En las décadas de los años 60 y 70 cualquiera persona que llegaba a un servicio de salud era atendida en forma gratuita. El sistema tenía muchos defectos, pero a nadie se le pedía un cheque de garantía. No fue la Concertación la que creó el sistema de las isapres a comienzos de los años 80, y no es malo, en la medida en que se considere un sistema complementario y no absoluto.
Quienes plantean que el sistema privado de salud es la solución para el país, copian de los modelos americanos, cuando ni siquiera éstos han podido solucionar el problema de salud a través del sistema privado. Actualmente, más de cuarenta millones de norteamericanos no tienen acceso al sistema de previsión de salud. ¿Entonces, de qué modelo hablan? Sin embargo, cuando en Chile se inventó un sistema para tratar de librar del gran costo que tenía para el Servicio Nacional de Salud la atención de medicina, privatizando, por un lado, un sector importante de la salud y, por otro, municipalizándola, se lo lleva a extremos y a calamidades como las que hoy tenemos.
El cheque de garantía no es una invención nuestra, sino una consecuencia del sistema que se implementó a partir del año 80. ¡Esto hay que decirlo! Si hoy las municipalidades más pobres tienen problemas es porque el sistema municipalizado de salud no soluciona los problemas de la gente; si hoy existen problemas con el cheque de garantía es precisamente porque la gente está harta de oír hablar del problema y de que no hay solución. En 1996 algunos diputados presentamos un proyecto de ley sobre la materia; de manera que no somos nosotros los que nos negamos a ello. En 1998, se presentó otro y el diputadoMelero que tanto habla del asunto se opuso. No es una invención nuestra. Hoy, debido a las próximas elecciones presidenciales, vemos que hay apuro por solucionarlo. ¿Por qué ahora y no en 1996 ó 1998, cuando tuvieron las cartas en la mano?
Estamos a favor de un sistema de salud mixto, pero que no se preste para abusos, y el actual se presta para ello. A quienes dicen que la supresión del 2 por ciento irá en perjuicio de los afiliados a las isapres de menores ingresos, yo les digo que ello beneficiará a la gente más pobre, que está en los niveles A, B o C del Fonasa y que no tiene recursos suficientes para recibir atención de salud. Se trata de una reasignación de fondos. A quienes argumentan que el subsidio del 2 por ciento debe mantenerse, les pregunto: ¿acaso los taxistas, los pescadores, los pequeños campesinos o los pequeños comerciantes reciben el 2 por ciento de subsidio? ¿Por qué tenemos que privilegiar a empresas que obtienen cientos de millones de pesos en utilidades, que pueden destinar 120 mil millones de pesos a gastos de administración que nadie sabe a dónde van, y entregarles un 2 por ciento de subsidio, sabiendo que hay tanta gente necesitada que no tiene cómo atenderse?
Entonces, no entremos en el tema político, que lo dijo Pedro, Juan o Diego; nosotros consideramos que esta iniciativa es justa y, por eso, la Democracia Cristiana votará a favor de este proyecto, porque consideramos que es el inicio de una gran reforma de la salud de este país, que ha sido postergada durante los últimos veinte años.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, me parece vergonzoso lo que hemos escuchado y que la discusión haya derivado en este debate.
La verdad es que no tenemos capacidad para mirar hacia adelante; estamos mirando por un espejo retrovisor y nos pasamos las culpas unos a otros, preguntándonos quién inventó el cheque de garantía y cómo se atiende o no se atiende a la gente. Me gustaría que tuviéramos un poco más de visión para solucionar este problema de una vez por todas.
A quienes no lo han hecho, quiero leerles el inciso nuevo que el Senado agrega al artículo 13. Dice: “Con todo, en los casos de emergencia o urgencia debidamente certificados por un médico cirujano, el Fondo Nacional de Salud pagará directamente al prestador público o privado el valor de las prestaciones que hayan otorgado a sus beneficiarios, de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la presente ley”, etcétera. ¿Y quién calificará la atención?
Quiero profundizar un poco en los sistemas de salud. A mí no me importa lo que haya sucedido antes; quiero ver un país con futuro, que ofrezca salud a sus habitantes. Si seguimos ahondando en el tema, nos daremos cuenta de que todos han hablado sobre la salud, pero nadie ha dicho que los dos problemas principales que existen en el país, la salud y la educación, se han transformado en un negocio, problema que también habrá que abordar con el correr del tiempo. Hoy día, las universidades también existen sólo para las personas que tienen dinero, pero no para los alumnos sin recursos que tienen capacidad. Hay que ir corrigiendo estos problemas, pero no sigamos mirando hacia atrás; miremos hacia adelante. También nos echamos la culpa sobre quién ha hecho esto o lo otro.
Quería pedirle al ministro pero no lo veo en la Sala en este momento; sembró la cizaña y se fue que me hubiera dicho cuáles son los diputados que votaron en contra de este proyecto, que me nombre uno solo que hubiera votado en contra. El Senado y la Cámara lo aprobaron por la unanimidad de los miembros presentes en la Sala; de manera que no nos echemos la culpa unos a otros. Todos nos dimos cuenta de que era un sistema que no funcionaba y por eso estamos tratando de arreglarlo de la mejor manera posible. Da lo mismo que hayan pasado ocho, diez o veinte años; lo importante es que de ahora en adelante la gente no dependerá de un cheque de garantía para que sea atendida de urgencia. Eso es por lo que tanto hemos peleado.
Ahora, si se trata de echarse flores, puedo decir que aquí tengo el proyecto que, en 1991, presentamos con el diputado Alessandri; pero cuando fuimos a hablar con el señor Julio Montt, ministro de Salud del ex Presidente Aylwin, nos dijo que el proyecto no era viable. Después, nos enteramos de que ese ministro tenía intereses en las isapres.
Felicito a la Comisión de Salud, a quienes estuvieron a favor de la supresión del 2 por ciento de subsidio y a quienes hoy quieren eliminar el cheque de garantía. Esa es la única verdad, y todos estamos de acuerdo en eso.
Ahora, sin animosidad ni nada parecido, pregunto qué pasa cuando una persona sufre una enfermedad o una desgracia dos o tres veces. También habría que legislar al respecto. Digo esto, porque hay que sacar cuentas. Hablamos del cinco por ciento, pero, ¡por Dios que tenemos mala memoria! El cinco por ciento para pagar el costo de una enfermedad, el 25 por ciento para pagar el dividendo, el 18 por ciento de IVA, el 20 por ciento en salud. Entonces, el sueldo queda reducido al 20 por ciento; es decir, a una persona que gana 100 mil pesos, le quedan 20 mil pesos para vivir. De manera que el problema es más profundo que hablar sólo del cinco por ciento. Hay que buscar un mecanismo que entregue una verdadera atención de salud a las personas; ese es el fondo del problema. No desperdiciemos la oportunidad histórica que tenemos hoy día de profundizar en la modificación del sistema, pero no nos culpemos unos a otros. Hay una cuestión que ya está zanjada: la unanimidad de los parlamentarios votaron a favor de este proyecto.
Entonces, ¿qué nos queda? Aprobar esta iniciativa. No crear falsas expectativas. Ver las cosas que haremos a futuro. Yo preferiría que las personas no tuvieran que sufrir el vejamen de decir que son indigentes para recibir atención médica, que tengan que rebajarse a esa condición para mendigar un poco de salud. ¡Por favor!, todos queremos que el Estado tenga un rol subsidiario en los temas que le corresponden digámoslo sin miedo, como lo hemos pedido muchas veces para la agricultura y para la pesca. El diputadoArratia decía que no hay personas que reciban el 2 por ciento de subsidio. Hoy día, por ley, a las grandes empresas, como las telefónicas, se les garantiza un 10 por ciento de utilidades, que es mucho más que el 2 por ciento que estamos discutiendo. Hay muchos temas que debemos abordar con franqueza.
Por eso, me felicitaría de verdad que no entráramos en temas discordantes, echándonos la culpa unos a otros, que éste es pariente de ése o de aquél. Lo importante sería que el Estado entregara un alivio a la gente que no tiene recursos, y que ese fuera el primer paso para profundizar en la reforma de la ley sobre salud. La salud en Chile debe ser un derecho y no un negocio.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, en estos tres períodos parlamentarios, éste ha sido uno de los debates más dantescos verificados en la Cámara en que me ha tocado participar.
Cuando un ministro de Estado asiste a un debate de esta naturaleza, lo menos que se puede esperar es que éste se realice con altura de miras, porque más allá de los asuntos coyunturales que han estado presentes en el debate político, un ministro de Estado debe asumir la responsabilidad de la salud del país.
La primera enseñanza que podemos sacar del debate es que estos temas no deberían discutirse pensando en la campaña presidencial o de cualquier otro tipo. Cuando es un sistema de salud el que está en juego, cabe esperar un debate más sereno, profundo y, sobre todo, con altura de miras, porque está de por medio la salud de todos los chilenos. Pero, en lugar de escuchar a un ministro de Estado, en esta sesión hemos escuchado a un demagogo y a una persona absolutamente “cara de palo”. Y rasgan vestiduras respecto del cheque de garantía. ¿Por qué no lo incluyeron en la ley del Fonasa, sino que lo proponen sólo cuando el proyecto está en el Senado? Creo que el tema es mucho más profundo.
Por tratarse de un sistema de salud, en un debate de esta naturaleza habría esperado que un ministro de Estado señalara que este proyecto mejorará dicho sistema, sea privado o público. Pero, lejos de eso, se ha dedicado a difamar. Estamos en el Parlamento para legislar, y lo menos que podemos esperar de un ministro es una actitud de Estado, pero no la de un parlamentario más.
Aquí se han formulado muchas críticas. Seguramente, los sistemas de salud privado y público tienen muchas imperfecciones que deben corregirse y solucionarse.
Muchas veces existe un doble estándar. Cuando uno recorre el distrito, las ciudades, en ciertos aspectos que se encuentran bajo la tuición y responsabilidad del propio ministro de Salud, ve, en los hospitales y consultorios, que la gente debe hacer cola a las seis de la mañana. No sé con qué pretexto se pone tanto énfasis en criticar la salud privada y no se mira lo que pasa con la salud pública.
Me gustaría que se hiciera un debate mucho más profundo en que, más allá de la coyuntura política, podamos asegurarles a los chilenos mejores condiciones de salud. Más allá del cheque de garantía, me habría gustado determinar, a pesar de las diferencias, cuál es el sistema de salud que queremos en nuestro país, con todas sus imperfecciones. ¡Ése debiera haber sido el centro del debate! Lamentablemente, no he visto eso, sino una guerrilla política.
En verdad, se siente mucha impotencia. Hace algunos años se trató de incorporar al sistema de salud un solo elemento: la productividad, cuando el señor Massad fue ministro de Salud, quien duró muy poco tiempo en ese cargo. Tenemos mucho que hacer en el sistema de salud.
En definitiva, este debate no nos conduce a ninguna parte. Muchas veces, tomamos decisiones tremendamente apasionadas, en medio de una polémica y de una coyuntura política; ojalá no tomemos decisiones erradas para el futuro del país.
Me quedo con una sola reflexión final: hace algunos meses, en una encuesta publicada en un periódico de circulación nacional y realizada entre más de cien personas, el ministro de Salud apareció como uno de los tres peor evaluados, lo cual me deja tranquilo, porque en el debate efectuado y en su intervención sólo ha venido a ratificar lo que muchas personas influyentes del país han dicho al respecto.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, dejar atrás la negra historia del cheque de garantía es un gran avance para la medicina y para la salud. En los temas de urgencia, supeditar la atención a compromisos monetarios previos sería semejante a que, en un incendio, si existiese un sistema privado de bomberos, se exigiera al afectado una garantía para que actuaran. La opinión pública está consciente de que en Chile existe un sistema absurdo e inhumano, que debe terminar, y en ello ha habido consenso.
Es indudable que esta iniciativa legal crea condiciones para que el sistema privado se fortalezca porque tiene grandes ineficiencias, una de las cuales es el alto costo en gastos de administración. Ello debiera ser corregido cortando, en parte, el cordón umbilical que lo une a los beneficios del Estado, ya que el 2 por ciento era una forma de ayudar a mantener la ineficiencia en ese sector. Ahora habrá un esfuerzo mucho más fuerte en el sector privado para crear atenciones integradas de salud que incluyan la prevención, la construcción de clínicas, para, de esta manera, disminuir los costos y prestar mejor atención a sus beneficiarios. Asimismo, por medio de este proyecto crearemos una mejor coordinación entre el sistema privado y público para favorecer la atención a sus afiliados. El 10 por ciento del gasto en la atención institucional podrá ser destinado a convenios con el sector privado; igualmente, se planificarán mejor las atenciones de urgencias o de especialidades en falencia, todo lo cual favorecerá a este doble sistema, en el que había una completa separación, y así tendremos una colaboración entre ambos, que es lo que necesitamos.
Por lo tanto, nos alegramos de haber participado en la elaboración de este proyecto de ley y en su aprobación.
Antes de terminar, le cedo una interrupción al diputado señor Ávila.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, con el término del cheque de garantía se derrumba todo un símbolo de la mercantilización de la salud. Creo que hoy se ha dado la primera derrota del chacotero electoral. Sus representantes en el Congreso, a marcha forzada, por cierto, han tenido que acatar el sentimiento de la ciudadanía. ¡Qué bueno es someter a consideración del Congreso los proyectos más sensibles para la ciudadanía en época electoral!
Claramente, no han podido utilizar las máscaras con que su candidato se pasea por todo el país, engañando ignominiosamente a los distraídos que aún quedan en Chile.
Por eso, celebro esta oportunidad en que se ha desenmascarado a la Derecha, al menos en uno de sus bastiones, como es la salud convertida en un negocio. Por lo tanto, ha sido el primer signo de avance que, luego, a partir del próximo milenio se profundizará, como todos sabemos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente, nadie duda de que estamos tratando un tema muy de fondo, como es la salud en Chile. Por supuesto, ninguno de nosotros puede estar plenamente satisfecho con el actual sistema de salud.
Pero aquí hay una lógica muy extraña. Varios diputados opositores, de la Derecha, lamentan muchísimo que se haya querido politizar el debate; que quieren nacer de hoy para adelante; que la memoria no exista. Entonces, no podemos hacer referencia a que la salud se privatizó durante la dictadura. No quieren que señalemos que en Chile, en los años sesenta, quiéranlo o no, se destinaba a la salud el 2,5 por ciento del presupuesto del PIB, y que era un país que estaba orgulloso de una salud pública que acogía a todos, que no discriminaba. Hoy, tenemos esta dramática realidad, frente a la cual, por fin, eliminaremos el subsidio del 2 por ciento a las isapres. ¿Y a qué estamos asistiendo? A una gran campaña de terror. Se dice, una y otra vez, que lo único que deseamos es estatizar la salud. Aquí no se dice la verdad. Lo cierto es que las isapres gastan millones de millones de pesos en propaganda innecesaria y no dan cobertura a sus afiliados. Eso es lo dramático, porque se engaña a la gente. No se le dice que se le cubrirá menos de ese porcentaje; no se le advierte que no se cubrirá nada en una enfermedad catastrófica. No se le hace presente que quedará endeudado hasta el fin de los días él o sus familiares. Por ello, decimos que es bueno decir la verdad.
Quiero recordar porque la memoria es necesaria que en 1992 el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que modificaba una ley, sobre instituciones previsionales de salud. Las disposiciones de ese proyecto extendían las facultades fiscalizadoras de la superintendencia de isapres en el orden administrativo y médico, como en el relativo a las licencias médicas.
En la Cámara de Diputados, el ex diputado señor Bayo y la diputada señora Cristi presentaron una indicación para limitar la fiscalización de las isapres por parte de la superintendencia. En el Senado, el senador señor Francisco Prat, el ex senador Enrique Larre y la ex senadora señora Olga Feliú, también presentaron indicación en el mismo sentido. Eso no se dice, porque, en definitiva, no quieren que haya fiscalización en el sistema de isapres. Tampoco se dice que las isapres no dan una salud solidaria; asimismo, que no basta con ese 2 por ciento, que es absolutamente necesario para potenciar el sistema de salud pública. ¡Sí, señores diputados! Queremos un sistema que, fortalecido, ayude a todos aquellos a los cuales las isapres discriminan masivamente. Queremos que los chilenos no sufran la angustia que hoy deben padecer cuando no tienen cómo pagar una deuda de salud; cuando no hay programas que los cubran; cuando no hay un sistema solidario que debería complementar el sistema público, en el cual está la mayoría de los 8 millones y medio de afiliados. Por eso decimos la verdad. Aquí lo único que se quiere es perpetuar un sistema que, evidentemente, discrimina entre los que tienen más y los que tienen menos. Se olvida que fue la dictadura la que estableció como norma que la salud se regiría por las leyes del mercado. Somos muchos los que deseamos que la salud no se rija más por esa lógica. De una vez por todas, apliquemos un sistema más solidario, que resuelva el problema de fondo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Debo aclarar a los señores diputados que el acuerdo de los Comités fue que, una vez terminado el tiempo del Orden del Día, cada bancada disponía de cinco minutos más.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto que perfecciona las normas del área de la salud.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
Se deja constancia de que se contó con el quórum correspondiente.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Arratia, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Molina, Monge, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Navarro, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Velasco, Venegas, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE CATÁSTROFES.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a los proyectos de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 311, de la diputada señora González, doña Rosa ; de la diputada señorita Sciaraffia , doña Antonella ; y de los diputados señores Dittborn , Palma, don Osvaldo ; Orpis , Navarro y Correa, que en su parte dispositiva dice:
“La Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Gobierno Interior y la Comisión de Vivienda se constituyan en comisión especial para efectos de analizar las medidas y planes existentes para enfrentar un terremoto y maremoto en la I Región. La referida comisión deberá evacuar su informe en el plazo de 30 días a contar de su constitución, indicando expresamente el resultado de esta evaluación y las medidas que aconseja se adopten en esta materia”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Hago presente a los señores diputados que este proyecto de acuerdo se vota por última vez.
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votó por la negativa el diputado señor
Se abstuvo el diputado señor
REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PROVISIÓN DE VACANCIA DE SENADORES Y DIPUTADOS.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 312, de los señores Krauss , Riveros , Errázuriz , Prokurica , González, doña Rosa ; Soto, doña Laura ; Valenzuela , Ibáñez y Mora:
“Considerando:
Que las normas vigentes para llenar las vacantes de diputados y senadores, contempladas en el inciso tercero del artículo 47 de la Constitución Política, establecen que ellas se proveerán con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del parlamentario que cesó en el cargo, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo.
Que, sólo en caso de no ser aplicable la regla descrita y faltaren más de dos años para el término del período del que hubiere cesado en el cargo, la vacante será proveída por la Cámara que corresponda, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio de entre los incluidos en una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiere motivado la vacante.
Que este procedimiento se ha aplicado recientemente en términos ejemplares con ocasión de la vacancia producida por el lamentable deceso de nuestro colega don Manuel Bustos Huerta (Q.E.P.D.).
Que un proyecto de reforma constitucional que propicia que este sistema se aplique de modo general en todas las vacancias que pudieren producirse se encuentra actualmente pendiente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Cámara.
Que, como una forma de fortalecer la expresión orgánica de la ciudadanía, sería oportuno avanzar en el estudio y eventual despacho de esa reforma.
La honorable Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República la inclusión en la actual convocatoria extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional del proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 47 de la Constitución Política estableciendo que todas las vacancias de senadores y diputados se proveerán por acuerdo de las respectivas ramas del Congreso de entre los integrantes de una terna propuesta por el partido a que perteneciere quien hubiere motivado la vacante”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Riveros .
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, el objetivo de este proyecto de acuerdo es solicitar al Ejecutivo incluir en la convocatoria extraordinaria de sesiones el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 47 de la Constitución Política, a fin de consagrar una única forma de reemplazo en caso de fallecimiento, imposibilidad física u otro motivo grave, de algún parlamentario, sea senador o diputado. La actual norma se puede reformar en función, primero, de que el reemplazo ocurra en cualquier momento; vale decir, no sólo cuando restan más de dos años para el cumplimiento del período respectivo y, en segundo lugar, que la vacancia se llene única y exclusivamente por el partido político que representa ese parlamentario en el Senado o en la Cámara de Diputados. De manera que, una vez producida la vacancia, ella la ocupe quien integra la lista parlamentaria.
Al aprobarse un proyecto de acuerdo en este sentido, el Ejecutivo queda en condiciones de incorporar la iniciativa en la legislatura extraordinaria. Creo que este sería el mecanismo más adecuado, por ejemplo, ante el sensible fallecimiento de nuestro ex colega Manuel Bustos , lo cual representa una clara demostración de que esta vía es idónea para generar los efectos señalados en el proyecto de acuerdo sobre la reforma constitucional. En todo caso, creemos del todo necesario e importante, incluso para quienes no están de acuerdo con dicha reforma, que este tema, entre otros, sea discutido aun cuando estamos en la legislatura extraordinaria.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, con el diputado Enrique Krauss planteamos esta reforma constitucional precisamente por estimar inapropiados los reemplazos realizados hasta ahora en virtud del actual mecanismo constitucional. No estamos de acuerdo con que ellos se hagan mediante una elección complementaria, que significa toda una convulsión colectiva y un gasto enorme para el erario, como ha ocurrido en otras oportunidades. Por ello, deberíamos buscar un mecanismo más justo. En algunas oportunidades, el compañero de lista es una simple figura decorativa que ocupa un espacio o, simplemente, se transforma en verdadero adversario más que compañero del candidato que triunfa, pues su único fin es obtener votos a costa de éste.
En consecuencia, desde este punto de vista, además de las razones muy bien fundadas aducidas por el diputado señor Riveros , creo que este proyecto merece la aprobación de los parlamentarios de todas las bancadas, a fin de hacer justicia no sólo a la voluntad del partido, a la gente que vota por un candidato, sino también para atenernos a la lógica electoral, dado que la gente vota por un candidato porque pertenece a un partido político determinado. Recuerdo a un candidato posteriormente fue elegido senador que me decía con espanto: “¿Qué va a ocurrir si me sucede algo y deba reemplazarme la persona que me acompañó como candidato, la que, desde todo punto de vista, es absolutamente inapropiada para asumir el cargo?”.
Por ello, solicito que este proyecto de acuerdo sea aprobado por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum, se repetirá la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
No hay quórum de votación.
Se va a llamar a los señores diputados durante cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Por no haberse reunido el quórum, queda pendiente la votación.
El señor PROKURICA.-
Pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, ¿cuántos permisos constitucionales se han concedido?
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Dos, señor diputado.
VII. INCIDENTES
PARTICIPACIÓN DE OFICIALES DEL EJÉRCITO EN ACTOS PÚBLICOS.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Naranjo .
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a los hechos acaecidos el fin de semana recién pasado.
Con estupor, la opinión pública ha tomado conocimiento de la detención, practicada por Carabineros, de cuatro oficiales del Ejército, quienes participaban en desórdenes callejeros acaecidos el sábado 16 de octubre en las cercanías de la embajada de España. Considero que este hecho reviste la mayor gravedad, por cuanto esos miembros del Ejército saben perfectamente que, de acuerdo con el propio reglamento disciplinario de su institución, tienen estrictamente prohibido participar en actos públicos que generen desórdenes o en actos políticos de esa naturaleza.
Aún más, considerando la posibilidad cierta de que esto pudiera ocurrir, el propio comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta , envió, con fecha 19 de marzo de este año, un comunicado a todas las unidades de su institución mediante el cual señalaba al personal la necesidad de abstenerse de participar en manifestaciones públicas y políticas. Incluso, la Contraloría General de la República establece claramente, en virtud del decreto Nº 1.445, que este tipo de actos son inapropiados e inadecuados.
De ahí que la presencia de estos miembros del Ejército en los lamentables hechos ocurridos frente a la embajada de España constituya una grave falta a la disciplina y una acción deliberante ejercida por los mismos. Por ello, resulta difícil entender las versiones que han circulado en cuanto a que el Ejército habría determinado no tomar ninguna medida contra dichos oficiales. Si eso ocurre, se sentará un precedente que, posteriormente, los propios miembros del Ejército y sus altos mandos, incluido su comandante en jefe, lamentarán, porque si bien esta acción de deliberación y participación en actos públicos de por sí constituye un hecho de la mayor gravedad, puede ocurrir que estos mismos actos se repitan al interior de las instituciones armadas y se dirijan, incluso, en contra del comandante en jefe del Ejército. Si hoy no se aplican sanciones o no se adoptan medidas disciplinarias, ¿con qué autoridad se podrán tomar en el futuro?
A mayor abundamiento, estos hechos evidencian una situación aún más grave: los procesos formativos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, en particular del Ejército, no están dando resultados. Aquí estamos frente a procesos formativos que no inculcan valores de obediencia, no deliberación, acatamiento de la disciplina y del reglamento, y otros de carácter democrático. Por consiguiente, esto amerita no sólo que se dé una explicación a la opinión pública respecto de estos lamentables hechos y las medidas que se adoptarán sobre el particular, sino también una reflexión de las instituciones armadas sobre los programas formativos que están entregando a sus miembros, ya que todo parece indicar que no están en la línea correcta. Como parlamentarios, como integrantes de un ente fiscalizador, seguiremos atentamente la situación, pues creemos que corresponde tomar medidas disciplinarias. En caso contrario, insisto, se sienta un precedente que implica dar manga ancha para que otros miembros de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden participen en actos de esta naturaleza.
Quiero recordar que cuando las esposas de determinados funcionarios de Carabineros protestaron por los bajos sueldos de sus maridos, ese personal fue expulsado de la institución. Entonces, uno espera que haya una correlación al interior del Ejército, donde los involucrados participaron directamente en esta acción del todo antidemocrática, deliberante y de la mayor gravedad.
Esperaremos con atención las medidas que, creemos, corresponde adoptar.
He dicho.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EVITAR EL CONSUMO DE TABACO. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, hemos conocido con estupor, aunque sin mucha sorpresa, el reconocimiento que la tabacalera Philip Morris hizo respecto de los efectos dañinos y mortales que provoca el consumo de tabaco. Aunque tal daño era conocido y comprobado, resulta arrollador y claro el mea culpa de la empresa.
En la discusión que la honorable Cámara tuvo a raíz del proyecto que restringe el consumo de tabaco, hoy ley de la República, hicimos presente la situación mencionada. Nuestro argumento consistió en proteger la salud de los que fuman y de los que no lo hacen, aparte de defender el sagrado derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Logramos restringir el consumo de tabaco, aunque hubiésemos querido ir mucho más lejos, pero nos encontramos con aquellos que por sobre el derecho a la vida y el medio ambiente, les interesaba el derecho de propiedad y el de la libre empresa: no importa que la gente se muera y que el aire se contamine; sólo importa el afán de lucro y los intereses privados por sobre el interés común.
Ahora sabemos lo que ocurre con el tabaco, conocemos su efecto letal: el cáncer al pulmón, problemas cardíacos, los enfisemas y el feroz ataque a la laringe. No basta entonces con restringir; nuestra acción debe tender ahora a limitar más el consumo, como una forma de evitar el desastre.
En la discusión del citado proyecto se vertieron opiniones tajantes, que bien vale la pena repetir: se dijo que el tabaco es el principal agente causante del cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que el tabaquismo es una enfermedad adictiva, transmisible y epidémica. Se dijo también que el cáncer es la segunda causa de muerte en el país, que el tabaquismo es una enfermedad que provoca serias alteraciones fisiológicas y que tiene una relación indiscutible con las enfermedades cardiovasculares o cardiopatías. El tabaquismo es una enfermedad y el fumador es un enfermo. El testimonio de la Asociación de Laringectomizados ausencia de laringe por consumo de tabaco es elocuente y dramático.
El Gobierno debe tomar en cuenta la confesión de la empresa tabacalera y los antecedentes señalados, evaluarlos y, aparte de adherirse o hacerse parte de una demanda en contra de los tabacaleros, iniciar una campaña intensa para restringir aún más el consumo de tabaco.
Por lo anterior, solicito se oficie al ministro de Salud, con el objeto de hacerle ver esta situación, producto de la confesión de la empresa tabacalera, manifestarle nuestras preocupaciones por la gravedad del consumo de tabaco, que se acrecienta y confirma con dicha confesión, y pedirle que se inicie una intensa campaña, con el objeto de restringir o prohibir el consumo de tabaco, y que se realice una evaluación de la ley, por ser ésta tenue frente a la gravedad que reviste el consumo de tabaco, a fin de dictar una mucho más rigurosa, que evite los efectos letales que he mencionado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio señalado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Homero Gutiérrez, Jaime Mulet y Mario Acuña.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE FRANQUICIAS A LOS DEUDORES DE CASETAS SANITARIAS. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, el 23 de septiembre de l997 se dictó el decreto Nº 2.l82, del Ministerio del Interior, con el objeto de establecer un sistema de renegociación y de subvención para las llamadas casetas sanitarias, que se adquieren a través de un sistema de ahorro, subsidio y préstamo.
En l997 se dictó el decreto, porque había una gran cantidad de pobladores que no había enterado sus dividendos y, por consiguiente, estaban impedidos de acceder a la propiedad definitiva de las viviendas. Se permitía que con una cantidad módica de dinero los pobladores pagaran los costos de una escritura, y la municipalidad, que tiene a su cargo el sistema de infraestructura sanitaria, les otorgara la escritura de la propiedad, con lo cual pasaban a ser propietarios sin deudas.
El artículo 11 del mencionado decreto establecía el plazo de un año para acogerse al beneficio, que venció el 17 de noviembre de l998. Cuando se hizo el balance de la situación, pudo apreciarse que muy pocos pobladores habían accedido al beneficio, razón por la cual se hizo una gestión a través de la Cámara para que el Presidente de la República prorrogara por un año la vigencia del decreto, a fin de que un mayor número de personas renegociara su deuda y optara a la subvención. El plazo termina el 17 de noviembre del presente año. Sin embargo, he recibido cartas de distintos presidentes de juntas de vecinos de la ciudad de Talca, entre ellos, de las poblaciones “José Miguel Carrera” y “Padre Hurtado ”, todas afectas a este sistema de viviendas, y también del alcalde de Talca, quien manifiesta su preocupación porque sólo el 40 por ciento de los pobladores se ha acogido a los beneficios del decreto. De manera que nos encontramos frente al mismo problema de l998, es decir, no todos han accedido al sistema. Las razones son claramente conocidas: este año hemos sufrido una crisis económica muy fuerte, existe un alto índice de cesantía, que a nivel nacional supera el 12 por ciento, pero que en Talca es mucho más alto, porque en algunos sectores llega a 16 por ciento. Por lo tanto, hay razones de peso, fundadas, irrefutables, que les impidieron acogerse en esta segunda oportunidad al beneficio.
Por consiguiente, solicito oficiar a su Excelencia el Presidente de la República, para darle cuenta de esta situación y pedirle nuevamente que prorrogue la vigencia del decreto Nº 2.182 en atención a la crisis económica y a la fuerte cesantía, lo que ha hecho imposible que los pobladores se acojan a este beneficio, hasta noviembre del año 2000, lo que sería una tercera oportunidad para que los pobladores se acogieran al beneficio indicado.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ojeda, Vega, Sánchez y Acuña.
DESTINACIÓN DE TERRENOS AL EJÉRCITO EN TERCERA REGIÓN. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado por Caldera, Tierra Amarilla, Vallenar , Freirina , Huasco y Alto del Carmen, señor Jaime Mulet .
El señor MULET.-
Señor Presidente, me alegra mucho que nombre a las comunas que tengo el honor de representar en la Cámara, en particular a Caldera, porque me voy a referir a un problema que, a mi juicio, la afecta gravemente.
Quiero denunciar la posición de algunas autoridades de la Región de Atacama lo hago muy responsablemente, en particular del intendente regional y de autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales, en orden a facilitar la entrega de 24 mil hectáreas de terrenos que pertenecen al Fisco, vía destinación, al Ejército, para crear un centro de entrenamiento.
No es que tenga problemas con los militares, pero es una exageración que el Ejército de Chile, que tiene más de un millón y medio de hectáreas en diversos lugares del país como se ha reconocido públicamente, pretenda hoy tener en Atacama 24 mil hectáreas más de terrenos que pertenecen a los atacameños y a todos los chilenos.
En Atacama no queremos un centro de esta naturaleza, ni menos al lado de Caldera, zona turística y pesquera, a pocos kilómetros de la playa. Tal vez en otro lugar, pero no en la Región de Atacama, porque no podemos pasar el problema de Caldera a otra de nuestras comunas, máxime por los argumentos que voy a señalar.
No se trata de un terreno cualquiera. Si bien es cierto que en Atacama nace el desierto que lleva el nombre de la Región, también tenemos el desierto florido. Precisamente, en parte de la zona que se pretende entregar, cuando el clima nos acompaña, cada cierto tiempo florecen zonas muy hermosas, y también se desarrolla una fauna única en la Región y en el país. Además, se desarrollan actividades turísticas, como el raid costero de Atacama, de fama nacional, y otras relacionadas con diferentes aspectos del turismo.
Se argumenta que el Ejército no tiene terrenos en la Región de Atacama y que en ésta hay muchos terrenos fiscales, de manera que podría entregar estas hectáreas al Ejército. Pero se olvida y no se dice que tuvo alrededor de 1.500 hectáreas en la Región. Curiosamente, en 1989, a poco tiempo de que las Fuerzas Armadas tuvieran que entregar el poder que detentaban, el Ejército vendió los terrenos que tenía en Atacama, cerca de la ciudad de Copiapó y que destinaba a sus prácticas. Es decir, Atacama entregó los terrenos al Ejército y éste los vendió a un valor bastante superior al comercial. ¿Quién se interesó en esos terrenos en aquella época, pagando más allá del valor comercial? La Corporación de Fomento de la Producción, que también estaba en manos del Ejército. O sea, el Ejército tuvo terrenos en Atacama y los vendió a sobreprecio a una institución fiscal que estaba en sus manos. Según averiguaciones, después la Corfo los licitó a un valor que no fue el que pagó al Ejército.
Entonces, si entregaron un terreno, ¿por qué hoy pretenden 24 mil hectáreas en forma gratuita, por la vía de la destinación, lo que perjudicaría a una inmensa zona con características tan peculiares desde el punto de vista ecológico?
Ha habido accidentes en Atacama, han muerto niños. Se me viene a la mente un pequeño de apellido Antivilo , de la comuna de Caldera. Como consecuencia de las prácticas realizadas en esa zona, muchas veces han quedado elementos o proyectiles, y la explosión de uno de éstos le costó la vida al pequeño Antivilo .
Además de lo que se pretende que espero que el ministro de Bienes Nacionales comprenda y aborte este proceso, existen muchas otras razones que voy a explicar.
Atacama ha desarrollado una serie de proyectos y las zonas se han clasificado. Existe un proyecto de plan intercomunal costero, en el que se está trabajando hace varios años, y debido a los estudios realizados, parte de esa zona que se pretende entregar al Ejército debido a los estudios realizados, está calificada como de protección ecológica por las propias autoridades y otra como zona rural de protección paisajística y de recursos naturales. También hay un estudio que señala que parte de esas 24 mil hectáreas me refiero a partes importantes está calificada de zona de turismo ecológico. ¡Vaya contradicción! Las propias autoridades de la Región de Atacama es lo que me duele que han llegado a estas conclusiones sobre la base de lo expresado por estudios, hoy pretenden “hipotecar” esas zonas por la vía de la destinación, lo que impediría desarrollar las actividades para las cuales los estudios han demostrado que son aptas.
Sin duda, se limita el desarrollo turístico de la zona de Caldera. Como señalé, el inicio del terreno está casi a siete kilómetros de la playa, según se me ha informado.
Los riesgos y los accidentes también existen. Es extraordinariamente grave tener un campo de esta naturaleza al lado de una ciudad.
Además, se restringe el desarrollo de la propiedad minera existente en el sector, ya que será imposible que las pertenencias mineras puedan desarrollarse en ese lugar; en definitiva, coarta.
Por lo demás, Atacama tiene terrenos con estas características en muchas zonas, y se elige la que está ubicada al lado de la comuna de Caldera. Realmente, no lo entiendo, y más que criticar al Ejército, critico a las autoridades de la Región, que han facilitado las cosas para que pueda crearse este campo de entrenamiento, sin compensación alguna para Atacama.
No lo acepto. No estoy dispuesto a que en Atacama se entregue un terreno gratuitamente para ese tipo de ejercicios, sin consultar a la ciudadanía y en perjuicio de los intereses de Atacama.
Hace días, un poeta me recordaba una frase que decía: “Quien no quiere a su patria chica, quien no quiere a su tierra, a la tierra que lo vio nacer, a su ciudad, a su región, mal puede querer a su patria grande”. Quiero recordar esa frase a quienes hoy en Atacama están facilitando las cosas al Ejército en esta materia.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor MULET.-
Señor Presidente, solicito que me permita concluir mi intervención, para lo cual pido, por su intermedio, que la bancada del Partido por la Democracia me conceda dos o tres minutos.
El señor SÁNCHEZ.-
Con todo gusto.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Puede continuar su Señoría, con cargo al tiempo del Partido por la Democracia.
El señor MULET.-
Señor Presidente, hay otro argumento que quiero dar a conocer.
En 1979, a la Región de Atacama debemos recordar que estábamos bajo el régimen militar y teníamos un intendente militar, lo mismo que en la Cuarta Región se le cambiaron los deslindes. Atacama perdió por una decisión de orden administrativo, que violaba todos los principios de división territorial que existen entre los valles transversales, que tradicional e históricamente se usaron en nuestro país, en especial al dividir una provincia o una región de la otra por el principio denominado “divortia aquarum” o división de las aguas, más de un millón de hectáreas que se las cercenaron corriendo el mapa lo digo en términos vulgares, corriendo el deslinde para beneficiar a la Cuarta Región, donde había un intendente que era general, y en la Tercera, uno que era coronel, a lo que no pudimos oponernos, porque no existía democracia para hacerlo. Gracias a esa gestión del Ejército, se le quitó más de un millón de hectáreas a la Región de Atacama. Hoy día se da el absurdo de que en la provincia de Elqui, de la Cuarta Región, nacen ríos que desembocan en la cuenca del valle del Huasco, sin compensación alguna.
Deseo recordar esa responsabilidad que recayó en las autoridades de la época, todos militares, porque, como parlamentario, haré todo lo posible para defender la integridad del territorio de mi querida Región de Atacama.
Por lo tanto, solicito oficiar al señor ministro de Bienes Nacionales, a fin de que suspenda la destinación que se pretende hacer de estos terrenos, acompañando copia de mi intervención, para que se informe también que el Ejército de Chile tuvo terrenos en Atacama y que los vendió, como ya indiqué.
También solicito oficiar al señor ministro del Interior, con el objeto de que el señor intendente, en su carácter de presidente del consejo regional, exponga el texto de mi intervención, para hacer resaltar la contradicción que existe entre los estudios que ha hecho el gobierno regional por encargo del consejo regional, a que hice referencia, con la destinación que se pretende hacer de una zona que tiene características especiales, destinadas, como lo indiqué, para el turismo, reserva ecológica, etcétera, etcétera.
Además, pido oficiar a la Corporación de Fomento de la Producción, con el fin de que remita a esta Cámara de Diputados los antecedentes que dicen relación con la venta de terrenos de la Tercera Región que le hizo el Ejército de Chile en 1989, el monto pagado por la Corfo y las razones que tuvo para adquirirlos.
Por último, solicito que se remita copia de mi intervención al señor alcalde de la comuna de Caldera, en su calidad de presidente del concejo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Homero Gutiérrez, Leopoldo Sánchez y Mario Acuña.
ACTITUDES INCONSECUENTES DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE GOBIERNO SOBRE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCIÓN DE LAS BANDAS DE PRECIOS. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional y de la UDI, tiene la palabra el honorable diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, cuando nuestra alicaída agricultura del sur de Chile, a pesar de sus problemas, creía estar pasando por un momento de parcial tranquilidad y sus agentes estaban dedicados a producir, como es su costumbre, aparecen tres hechos que la ponen en situación de verdadera emergencia.
El primero de ellos, las desafortunadas declaraciones formuladas a comienzos de mes y en diversos medios por el señor Alejandro Jara , director general de relaciones económicas de la Cancillería, no sé si a título personal o representando a su ministerio, sobre lo negativo de las bandas de precios.
Este funcionario peca, por una parte, de ignorancia, porque no entiende el efecto de las bandas en el largo plazo y las razones en que se fundamentan y, por otra, de rebelde, porque se atreve a enmendar la plana a los ministros del Gobierno y al propio Presidente de la República, que las defienden y han asegurado su mantención.
En una situación organizada de gobierno, sería deseable que funcionarios como el mencionado se abstuvieran de hacer comentarios públicos contradictorios con la línea oficial, pues crean inquietud y preocupación. Es curioso que habiendo pasado más de diez días desde que salieron sus declaraciones en los medios de comunicación, ningún ministro, tampoco el de Agricultura, utilice los mismos medios para llamarlo al orden y, sobre todo, devolver la tranquilidad al sector.
Este sujeto señala la conveniencia de modificar las bandas, pero más bien parece partidario de eliminarlas. A esos dichos, sólo quiero replicar que estas bandas son un tímido instrumento, el mecanismo mínimo para enfrentar los gigantescos subsidios que reciben ciertos productos que entran a Chile y que arruinan actividades de las que viven miles de chilenos.
Además, me gustaría ver cómo está trabajando este funcionario y cuáles son los resultados de su trabajo para lograr que los países poderosos terminen con sus subsidios. En eso debería estar concentrado el señor Jara . El día que este sujeto sea eficiente y lo logre, yo mismo iré a pedir que se eliminen las bandas de precio.
El segundo hecho que tiene preocupado al agro del sur también dice relación con los problemas de las bandas, es el modo burdo y tinterillero con que se están burlando las bandas. Se conocen con el nombre de “perforaciones”. Esto ocurre en el caso de las oleaginosas, del trigo y del azúcar.
En cuanto a las oleaginosas, las perforaciones se producen porque ingresan al país mezclas de aceites vegetales con otros, que buscan eludir y neutralizar el efecto de las bandas, lo cual a estas alturas ya no sólo está perjudicando a los agricultores dedicados al rubro, sino que también a la industria, cadena productiva que, de no mediar solución, corre serio peligro de desaparecer.
En el caso del azúcar, entra como producto de grado dos o como glucosa, con lo que se evita pagar el mayor arancel que impone la banda, lo que también está provocando problemas a los productores.
Las mezclas de harina burlan las bandas del trigo y de la propia harina, todo lo cual está dejando en la más completa indefensión a la producción nacional, frente a los subsidios y apoyos que otorgan otros países a sus productores.
Hay que corregir estos problemas, incluso ampliar las bandas a productos como la leche, lo que se justificaría por las enormes distorsiones de precios que existen en el mercado internacional.
El tercer hecho que preocupa a la agricultura, quizás el más grave de todos, es el incumplimiento del Gobierno con los compromisos que contrajo y que firmó.
En efecto, el Ministerio de Agricultura ha dejado en evidencia que en el proyecto de ley de Presupuestos faltan más de 50 millones de dólares comprometidos por el Gobierno para la agricultura con motivo de la aprobación del Mercosur y de la rebaja de aranceles.
El Gobierno no está cumpliendo un acuerdo que firmó. Como voté en contra del Mercosur y de la rebaja de aranceles, porque no creo en los compromisos del Gobierno ni cuando empeña su palabra, me siento autorizado para emplazar a los parlamentarios, senadores y diputados, que creyeron en el Gobierno y votaron a favor del Mercosur y de la rebaja de aranceles, a demandar del Gobierno un poco más de seriedad. A los diputados de Gobierno usted está incluido entre ellos, señor Presidente que de buena fe creyeron en el ex ministro de Agricultura señor Mladinic y en el ministro de Hacienda señor Aninat , les demando utilizar su influencia ante el Gobierno, reclamar públicamente este incumplimiento flagrante, hacer respetar la palabra, a no pasar por cómplices de este verdadero escándalo y a honrar los compromisos en los que participaron, con el objeto de lograr entre todos que se repongan los recursos que faltan.
Llamo la atención que si eso no ocurre, numerosos programas agrícolas, algunos muy exitosos y otros de claro beneficio para agricultores modestos y que abren posibilidades a nuestras regiones, deberán terminarse.
La gente, en los últimos años, planificó sobre la base de esos compromisos, que hoy el Gobierno no quiere cumplir, lo que en castellano tiene un solo nombre: engaño.
Solicito que esta intervención sea enviada a los ministros de Hacienda, de Agricultura y Secretario General de Gobierno, señor Mladinic , a la sazón ministro de Agricultura. Además, pido que el señor ministro de Agricultura informe a la Cámara sobre lo siguiente:
1.Si tiene o no información de que las bandas de precios, hoy existentes, están siendo burladas y, en caso positivo, qué se está haciendo al respecto.
2.Si existe voluntad del Gobierno de extender las bandas de precios a otros productos, por ejemplo, la leche.
3.Si el ministro de Agricultura comparte o no la opinión del señor Alejandro Jara , director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y, de no ser así, por qué no lo ha desmentido públicamente.
También solicito que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores para que informe al señor Jara , funcionario de su dependencia, sobre la posición del Gobierno y del Presidente de la República, don Eduardo Frei , respecto de las bandas de precios y le solicite abstenerse de hacer comentarios críticos públicos respecto de una política oficial del Gobierno.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, a los cuales se adjuntará copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Vega, Rosauro Martínez, Sánchez y del que preside.
EXIGENCIA DE ROTULAR Y ETIQUETAR ALIMENTOS ORIGINADOS EN MATERIAL TRANSGÉNICO. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado por Coihaique , Puerto Aisén, Puerto Cisnes, Melinka , Lago Verde, Chile Chico, Puerto Ibáñez , Cochrane , Villa O’Higgins y Tortel , señor Leopoldo Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, gracias por nombrar todas las comunas de mi distrito. Creo que para sus habitantes, que se encuentran tan aislados, es motivo de alegría ser mencionados siquiera en una ocasión como ésta.
Tengo dos temas que tratar. Uno es complementario del que acaba de exponer el diputado señor José Antonio Galilea y dice relación con el material transgénico y la comercialización de aceites comestibles para uso humano en Chile. No existe información acerca de cuánto aceite se está produciendo a partir del maíz o de otras semillas oleaginosas con material transgénico.
Hace pocos días hemos planteado con el diputado señor Girardi la necesidad de que, de una vez por todas, Chile exija la rotulación y etiquetado de aquellos productos para consumo humano y animal que se expenden en el país, muchos de los cuales usan materias primas extranjeras con manipulación genética.
Creo que cuando se está abordando el tema de las bandas de precios, si el país exigiera etiquetar los productos para dejar claramente establecido el material transgénico a partir del cual se han elaborado, parcial o totalmente, haríamos un gran servicio a la producción nacional de oleaginosas y de otros productos, como estímulo a la actividad agrícola.
Por ello, me sumo a lo expresado por el diputado señor José Antonio Galilea respecto de las bandas de precios y pido oficiar al ministro de Salud, en general, acerca de la necesidad de rotular aquellos alimentos de consumo humano que se fabrican a partir de material transgénico y, en particular, respecto de las oleaginosas, sobre el origen de la materia prima a partir de la cual se están fabricando los aceites comestibles en Chile y cuándo van a ser rotulados los que provienen de material transgénico, conforme a las exigencias de un mundo que pretende cautelar la salud de las personas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
AGILIZACIÓN DE APROBACIÓN DE TRATADO QUE PROHÍBE PRUEBAS NUCLEARES. Oficios.
El señor SÁNCHEZ.-
En segundo lugar, haré un comentario sobre una materia internacional que nos afecta como país.
En Estados Unidos se vivió la semana pasada un verdadero terremoto político, luego del histórico rechazo por el Senado de ese país del tratado de prohibición completa de pruebas nucleares, una de las promesas electorales del actual Presidente William Clinton .
Los ciudadanos del mundo quieren paz, indiscutiblemente; también los de Estados Unidos. Por lo tanto, este rechazo es de la mayor gravedad para un mundo globalizado, como el actual.
El gobernante demócrata sufrió este revés de parte del senador de extrema derecha Jesse Helms , el mismo del embargo a Cuba y de la legislación Helms-Burton, que impide a los inmigrantes ilegales el acceso a los servicios más básicos de salud y educación en Estados Unidos. Este conservador extremista se encargó de aunar criterios para decir no a la propuesta del Ejecutivo, inspirada en preclaros principios humanistas.
Hasta el momento, cinco potencias nucleares declaradas Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China han firmado el tratado de no proliferación nuclear, pero sólo Inglaterra y Francia lo han ratificado. El tratado no entrará en vigor hasta que los 44 Estados que poseen energía nuclear lo hayan ratificado.
La actitud del Senado estadounidense pone en entredicho el esfuerzo de muchos años por terminar los ensayos nucleares, después del escándalo internacional por las explosiones en Mururoa realizadas por Francia.
Nuestro país ha suscrito el tratado de no proliferación nuclear, hoy sometido al trámite de ratificación parlamentaria.
Por ello, pido que se oficie formalmente al Senado para agilizar la aprobación del proyecto de acuerdo sobre el tema, y también al ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que informe sobre los alcances de la decisión del Parlamento norteamericano, dadas sus repercusiones hemisféricas.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado que preside.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.39 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.