Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- X. Otros documentos de la Cuenta.
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- INSUFICIENCIA DE RESPUESTAS A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN. (Reunión de Comités).
- VI. ORDEN DEL DÍA
- COMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Ivan Mesias Lehu
- RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN
- INTERVENCIÓN : Francisco Bartolucci Johnston
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Mario Alberto Acuna Cisternas
- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Proposición de la Comisión Mixta. (Votación).
- ANTECEDENTE
- COMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Ignacio Perez Walker
- Juan Pablo Letelier Morel
- Laura Soto Gonzalez
- Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- Victor Perez Varela
- Baldo Prokurica Prokurica
- Carlos Montes Cisternas
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- FACULTADES A COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR PARA INVESTIGAR CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Gustavo Alessandri Valdes
- Pablo Galilea Carrillo
- Mario Bertolino Rendic
- Baldo Prokurica Prokurica
- Osvaldo Palma Flores
- Victor Perez Varela
- Francisco Bartolucci Johnston
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Maria Angelica Cristi Marfil
- Lily Perez San Martin
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN CONDICIONES DE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN “PASO SAN FRANCISCO”, DE ATACAMA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Baldo Prokurica Prokurica
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL.
- VIII. INCIDENTES
- INCONVENIENCIA DE COBRO DE PEAJE EN LA CUESTA ZAPATA. Oficio.
- ADHESION
- Manuel Rojas Molina
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Eliana Caraball Martinez
- Pablo Lorenzini Basso
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Zarko Luksic Sandoval
- Sergio Correa De La Cerda
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. Oficio.
- ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE LOTEOS EN LA COMUNA DE MEJILLONES. Oficio.
- TEMPORALES EN LA NOVENA REGIÓN Y CIERRE DE PASOS CORDILLERANOS POR NEVAZONES. Oficios.
- ADHESION
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- PRECISIONES SOBRE ALCANCES DE ENMIENDAS A LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES.
- FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TOCOPILLA. Oficio.
- ADHESION
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Eugenio Tuma Zedan
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- ADHESION
- IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS RURALES DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- ADHESION
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- ADHESION
- EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE EMOS.
- INTERVENCIÓN
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN
- ALCANCES SOBRE ANUNCIO DE INSTALACIÓN DE PEAJE EN CUESTA ZAPATA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- INCONVENIENCIA DE COBRO DE PEAJE EN LA CUESTA ZAPATA. Oficio.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 40ª, en martes 14 de septiembre de 1999
(Ordinaria, de 11.10 a 15.23 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
V.Acuerdos de los Comités9
Insuficiencia de respuesta de oficios de fiscalización. Reunión de Comités9
VI.Orden del Día.
Complementación del artículo 29 del Código de Justicia Militar. Primer trámite constitucional (Continuación)10
Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Primer trámite constitucional. (Continuación)14
Modificación del artículo 117 de la Constitución Política de la República. Segundo trámite constitucional41
Normas sobre concesiones de energía geotérmica. Proposición de la Comisión Mixta. (Votación)42
VII.Proyectos de acuerdo.
Situación de Timor Oriental43
Facultades a Comisión de Gobierno Interior para investigar criterios de asignación de recursos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional45
Información sobre cambios en condiciones de convenio de programación “Paso San Francisco”, de Atacama48
VIII.Incidentes.
Inconveniencia de cobro de peaje en la cuesta Zapata. Oficio50
Información sobre adjudicación de propuesta pública de construcción de viviendas. Oficio51
Antecedentes sobre licitación de loteos en la comuna de Mejillones. Oficio52
Temporales en la Novena Región y cierre de pasos cordilleranos por nevazones. Oficios52
Precisiones sobre alcances de enmiendas a la ley de rentas municipales53
Financiamiento de programa sobre violencia intrafamiliar en Tocopilla. Oficio55
Implementación de obras de seguridad vial en zonas rurales de la Séptima Región. Oficio56
Pág.
Eventuales irregularidades en proceso de privatización de Emos56
Alcances sobre anuncio de instalación de peaje en cuesta Zapata. Oficio57
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual comunica que ha resuelto retirar la urgencia que ha hecho presente para el despacho del proyecto que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda (boletín Nº 229805)60
2.Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que modifica la ley Nº 12. 927, sobre seguridad del Estado con el objeto de acotar los delitos contra el orden público y las facultades de los Tribunales para requisar libros o textos, en delitos contra la seguridad del Estado (boletín Nº 232407)60
Oficios de su Excelencia el Presidente de la República mediante los cuales retira y hace presente las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas (boletín Nº 51307)61
4.Crea la Defensoría Penal Pública (boletín Nº 236507)61
5.Fomento a la música chilena (boletín Nº 228704)62
6.Donaciones con fines culturales contenida en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, y otras disposiciones tributarias (boletín Nº 228804)62
7.Oficio y antecedentes del honorable Senado, por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto que concede beneficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de Defensa del Estado, de la Dirección de presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras normas sobre racionalización del sector Hacienda (boletín Nº 229805)62
8.Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto que modifica los artículos 24A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar (boletín Nº 84702)64
9.Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, recaído en el proyecto que modifica el artículo 158 de la ley general de Pesca y Acuicultura excluyendo a las zonas marítimas del sistema de áreas silvestres protegidas del Estado (boletín Nº 162503)(S)69
10.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que establece normas sobre despachos de proyectos de ley modificatorios de disposiciones vigentes (boletín Nº 237507)72
X. Otros documentos de la Cuenta.
Certificado médico que acredita que el diputado señor Girardi debe guardar reposo por el plazo de un mes a contar del 31 de agosto del año en curso.
Ministerio del Interior
Del diputado señor Bertolino, catastro de vehículos de propiedad fiscal.
De las diputadas señoras Sciaraffia y Caraball y diputados señores Kuschel y Rojas, término al conflicto de los trabajadores eventuales que mantienen paralizadas las faenas del puerto de Iquique.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De la Corporación, proyecto que creará la Corporación de Promoción de Exportaciones.
De la Corporación, modificación de ley de propiedad industrial en relación con el comiso de bienes.
Ministerio de Hacienda
Del diputado señor Kuschel, tasas de interés y tipo de cambio; aplicación de medidas para recuperar la agricultura.
De los diputados señores Kuschel, Vilches, Longton, Prokurica, Osvaldo Palma, Ibáñez, Alvarado y Díaz, situación presupuestaria Servicio de Salud Llanquihue, Chiloé y Palena.
Del diputado señor Alessandri, razones para no aceptar como personas sujetos del contrato de seguros a los políticos, entre ellos a los diputados.
Del diputado señor Monge, reposición de oficina del Servicio de Impuestos Internos en la ciudad de Traiguén.
De la diputada señora Soto, exportación de minerales chilenos.
De los diputados señores Víctor Pérez, Melero, Kuschel, Osvaldo Palma y diputada señora Lily Pérez, situación de morosidad en que se encuentran los habitantes de las villas El Volcán 1 y 2.
Del diputado señor Naranjo, retención del IVA a productores de remolacha por parte de Iansa S.A.
Del diputado señor Sánchez, situación de endeudamiento de particulares y empresas de la Región de Aisén con el Banco del Estado de Chile.
Ministerio de Justicia
De los diputados señores Ortiz, Gutiérrez, Velasco y Tuma, situación de secretarios de los juzgados del crimen cuyos cargos han sido suprimidos.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Acuña, proyecto de construcción costanera lago Villarrica.
De las diputadas señoras Caraball y Lily Pérez y diputados señores Jaramillo, Velasco, Núñez, Patricio Cornejo, Ortiz, Osvaldo Palma, Alessandri, Gutiérrez y Tuma, información solución aguas lluvias ejes Santa Rosa y Gran Avenida.
I. ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (103)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Rafael Arratia, Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Carlos Olivares, María Antonieta Saa y Leopoldo Sánchez.
Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señor José Miguel Insulza, y de la Secretaría General de Gobierno, señor Carlos Mladinic.'
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.10 horas.
El señor MONTES (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).- El acta de la sesión 32ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 33ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor MONTES (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Montes, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.Votar en la presente sesión el proyecto que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, luego de que hagan uso de la palabra los señores diputados inscritos.
2.Votar en la presente sesión, al término del Orden del Día, el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas, después de que intervengan los señores diputados inscritos.
3.Votar, en la presente sesión, el proyecto de reforma constitucional que modifica el inciso primero del artículo 117 de la Constitución Política, relativo a la oportunidad en que deben reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional.
4.Votar, asimismo, al término del Orden del Día, el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de concesiones de energía geotérmica.
5.Facultar al señor Presidente para prorrogar el término del Orden del Día si fuere necesario.
6.Votar en general en la sesión ordinaria de mañana, miércoles, el proyecto de reforma constitucional que fortalece la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados.
INSUFICIENCIA DE RESPUESTAS A OFICIOS DE FISCALIZACIÓN. (Reunión de Comités).
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, en la Cuenta se informa de una serie de respuestas a oficios de fiscalización que diputados de Oposición, en virtud del artículo 48, Nº 1, de la Carta Fundamental, hemos remitido a varios ministerios. Nos llegaron muchas respuestas a preguntas básicamente relacionadas con asesorías, consultorías, contratos a honorarios y contratos a honorarios de abogados.
Sin embargo, todas las respuestas son exactamente iguales, pese a ser remitidas por distintos ministerios y subsecretarías; son parte de un formulario tipo y todas niegan la información solicitada por la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el 13 de julio, a través del diputado Bertolino , las bancadas de Oposición pidieron, en conformidad con el precepto constitucional citado, toda la información referente a consultorías y asesorías, y aún no se obtiene respuesta.
En razón de ello, solicito una reunión de Comités.
El señor MONTES (Presidente).-
La Mesa accede a su petición.
Se suspende la sesión.
Cito a los señores Comités a una reunión en la Sala de Lectura.
Una vez transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
Los Comités parlamentarios acordaron analizar, en la sesión que efectuarán mañana, el planteamiento del diputado señor Víctor Pérez en relación con la insuficiente respuesta a determinados oficios de fiscalización.
VI.ORDEN DEL DÍA
COMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar, a fin de radicar en forma definitiva el conocimiento de las causas asignadas a los ministros en visita extraordinaria de la jurisdicción militar.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, al igual que casi todos los diputados que han intervenido, entendemos que el proyecto puede analizarse desde dos puntos de vista: el jurídico y el político. Analizado desde una perspectiva jurídica, todos estamos de acuerdo en la necesidad de efectuar una gran reforma al Código de Justicia Militar, debido a la gran cantidad de normas que entraban la posibilidad de acceder a la justicia y otras que resultan francamente aberrantes, en particular las que permiten que tribunales militares juzguen a civiles por delitos de carácter civil.
Hace una semana, un juez militar de Osorno procesó, en calidad de instigadores, a varios estudiantes universitarios, acusándolos de tales por formar parte de un centro de alumnos que convocó a un acto que finalizó con maltrato de obra a Carabineros. No obstante que ahora se encuentran en libertad bajo fianza, llamó la atención que el fiscal militar vistiera un imponente traje de campaña, lo cual demuestra hasta qué punto opera la justicia militar en relación con los civiles.
En este tema, la necesidad de perfeccionar el artículo 29 del Código de Justicia Militar tiene por objeto radicar definitivamente las causas en los ministros en visita extraordinaria nombrados por corte marcial. Como señala el informe, la idea, desde el punto de vista jurídico, es hacer cumplir algunos de los principios fundamentales del Derecho Procesal, tales como el debido proceso, vinculado a la necesidad de que las personas que comparecen ante la Justicia Militar tengan un juicio justo; la radicación, a fin de que los tribunales a los que se les encomienda una causa continúen sustanciándola hasta dictar una sentencia definitiva; la inavocabilidad, fundamentada en la idea de que la causa no sea traspasada a otro tribunal invocando alguna razón determinada, y la llamada economía procesal. Se trata de principios que, en este caso, justifican plenamente la idea de modificar el artículo mencionado.
Con todo, la discusión ha resultado más interesante en el plano político. En primer lugar, quiero hacer un llamado a los diputados de la UDI, en particular al diputado señor Bartolucci , en cuanto a reflexionar acerca de la necesidad de contribuir con un gesto concreto a posibilitar que en nuestro país la verdad y la justicia no sean sólo palabras. En el discurso que pronunció la semana pasada, su Señoría señalaba, con la mejor de las intenciones, que este acuerdo puede ser el resultado de un esfuerzo general dentro de políticas más globales por adoptar. Sin embargo, el proyecto lo debemos votar hoy. Por ello, lo más importante es que los diputados no importa su tendencia que coincidan en la necesidad de modificar el Código de Justicia Militar, contribuyan en forma efectiva a que ésta sea cumplida. Por eso son muy importantes los votos que la UDI aporte a este proyecto.
Otro tema que no quiero dejar de mencionar se relaciona con dos intervenciones del diputado señor Alberto Espina : una, pronunciada con ocasión de la discusión de este proyecto, y otra, vertida en una conferencia efectuada el fin de semana recién pasado; ambas, a mi juicio, extraordinariamente importantes y reveladoras.
Según la primera la escuché con mucho respeto y con toda seguridad interpreta el pensamiento de muchos diputados de Renovación Nacional, el hecho que originó este proyecto lo que conocemos como “operación Albania”, constituía un acto aberrante que no tenía ninguna explicación. Además, su Señoría se refirió a la violación de los derechos humanos llevada a cabo durante largos años en el país. Ése fue el primer antecedente. Pues bien, este fin de semana escuché nuevamente al diputado señor Espina en una conferencia de prensa, en la cual reconoció que durante el gobierno militar hubo una sistemática violación de los derechos humanos. Como se sabe, no se trata de ninguna declaración novedosa; pero viniendo de un diputado que fue presidente de Renovación Nacional, con influencia relevante en la política, sus dichos deben interpretarse como una línea importante por seguir a fin de resolver los problemas que subsisten en el país en esta materia. Aquí no bastan las palabras, ni las excusas, ni justificar lo que vivimos durante el gobierno militar: lo importante es escuchar declaraciones que reúnan el sentimiento mayoritario del país.
Aún persisten dos problemas importantes: la verdad y la justicia, las que pueden alcanzarse sólo si somos honestos y aceptamos que hubo determinadas circunstancias que generaron los problemas que hoy debemos solucionar. Cuando el diputado señor Espina, ex presidente de Renovación Nacional, reconoce que durante 17 años de gobierno militar hubo una sistemática violación de los derechos humanos, está negando que hubo excesos, responsabilidades individuales o hechos lamentables que se justifican por el bien de Chile. Reitero, con ello está diciendo que efectivamente hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos y que hay responsabilidades que deben asumirse. Para que contribuyamos a la paz, a la democracia y a la reconciliación, no podemos eludir la justicia. Para lograr un estado de paz con significación real, contenido y arraigo en todos los sectores políticos, es necesario recoger la memoria colectiva de todos. No podemos construir una versión oficial desde el lugar en que se encuentran los que tienen el poder; la tarea es recoger la totalidad de las versiones que circulan sobre los hechos. A mi juicio, es muy importante que declaraciones como la del diputado señor Espina tengan continuidad; sin embargo, lo sería aún más si otras instituciones y personas toman ese camino. Considero que una declaración de las Fuerzas Armadas en la que, como instituciones, reconozcan que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y que, además, conlleve la declaración oficial de que nunca más se prestarán para que se cometan asesinatos, desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos como sucedió, por ejemplo, en la “operación Albania”, sirve, ayuda y contribuye en forma eficaz a enfrentar este tema con responsabilidad.
Hoy estamos analizando un proyecto breve, pero muy importante, destinado a modificar el artículo 29 del Código de Justicia Militar. Seguramente, mañana trataremos otro, relacionado con la facultad de los jueces civiles para investigar dentro de los recintos militares y policiales, que de nuevo pondrá en el tapete el tema de la justicia militar. Pero en el país se está discutiendo otra cosa, mucho más profunda que estas importantes reformas que estamos introduciendo: si algún día podremos entendernos, si podremos hablar el mismo lenguaje, compartir el mismo espacio y la misma historia, y así, contribuir a una efectiva reconciliación. Para que ello ocurra, debemos actuar con la verdad, decir las cosas mirando cara a cara a la gente, tal como ha sucedido con las declaraciones que comenté.
La Democracia Cristiana votará favorablemente la modificación, pues considera que, a pesar de ser pequeña, es importante y significa una contribución al proceso que hoy los chilenos estamos llevando a cabo.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, la paz social es fruto de la justicia, cuya función es investigar los delitos, juzgar y sancionar a los culpables y obtener la reparación del daño causado.
Los legisladores, representantes populares elegidos democráticamente, como lo expresó nuestra colega señora María Pía Guzmán , debemos entregar las herramientas necesarias al Poder Judicial para que cumpla tan importante labor.
Con el proyecto en estudio, relativo a los ministros en visita que investigan causas militares, estamos entregando elementos que permitirán que un mismo juez sea el que tenga conocimiento del proceso en la primera instancia. De esta forma, esperamos que la sustanciación de un proceso se haga en un tiempo adecuado y que la sentencia y condena de los responsables lleve tranquilidad a los afectados, y no como en el “caso Albania”, en que han transcurrido doce años sin que se haya dictado fallo, lo que ha provocado impaciencia, impotencia, intranquilidad y angustia en los familiares de las víctimas, y estupor en la mayoría de los chilenos.
Concuerdo con lo expresado por el diputado señor Riveros , en cuanto a que con esta iniciativa estamos dando las garantías mínimas de justicia y cumpliendo lo que dispone el Pacto de derechos civiles y políticos y la Convención sobre derechos humanos firmada en San José de Costa Rica.
Una vez más quiero recalcar lo expresado por el diputado señor Ascencio , en cuanto a que valoramos las declaraciones de parlamentarios de Renovación Nacional, en especial del señor Alberto Espina , sobre la necesidad de que en Chile se investiguen los delitos en que aparecen involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y que ellos sean juzgados y sancionados, cualquiera sea su condición, civiles o militares, porque necesitamos que en Chile exista una justicia clara y transparente y que no vuelvan a suceder hechos como el caso Albania, en que fueron asesinadas doce personas, incluidas dos mujeres.
Con esta normativa, damos cumplimiento al número 3º del artículo 19 de la Constitución Política, que dispone que corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. Por lo tanto, no estamos legislando para un solo caso, sino dando herramientas al Poder Judicial a fin de que cumpla en forma eficiente su importante labor.
En la Comisión de Relaciones Exteriores se encuentra en trámite el proyecto de acuerdo aprobatorio del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuya vigencia será universal, permanente, independiente, complementaria y que investigará los casos de genocidios, crímenes de lesa humanidad y de guerra. En sus fundamentos señala que el Estado tiene la responsabilidad de velar por el respeto a los derechos de las personas. Como esperamos que en Chile nunca más se cometan tales crímenes, y en el caso de que sucedan, a través del debido proceso sean investigados, juzgados y sancionados, no será necesario que dicha Corte Penal Internacional conozca hechos acontecidos en nuestro país.
Como patrocinante de este proyecto, que espero aprobemos por unanimidad, damos un paso muy importante y decimos al mundo que queremos que en Chile se investiguen, juzguen y sancionen las violaciones a los derechos humanos. Con ello, daremos una demostración clara de nuestra lucha contra la impunidad de quienes, amparándose en las instituciones, no afrontan sus responsabilidades. Además, estamos entregando herramientas a los tribunales para que hagan justicia y los chilenos podamos confiar en nuestro Poder Judicial. La justicia es lo que nos da la paz social. Por lo tanto, el Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, razón por la cual con el proyecto en debate también estamos reforzando nuestra democracia.
Por último, ya que en Chile todos los chilenos debemos buscar los caminos para llegar a la reconciliación, creo que ésta no es posible si no conocemos la verdad y no hacemos justicia. Hoy, al aprobar este proyecto, estamos dando pasos importantes para fortalecer el Poder Judicial, la justicia y, sobre todo, un camino para llegar a la tan ansiada reconciliación nacional.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente, el proyecto, originado en moción de diez señoras diputadas y señores diputados, se inspira en la dilación de la investigación de los crímenes de junio de 1987, llamada “matanza de Corpus Christi”, o más eufemísticamente, “operación Albania”.
En efecto, en marzo de 1998, se designó ministro en visita al juez Hugo Dolmestch , de la corte de apelaciones de Santiago, para que siguiera investigando el caso, quien, al dejar de pertenecer a la corte marcial, debió entregar la causa al ministro Milton Juica , quien, a su vez, sin haber agotado las diligencias, deberá entregar los antecedentes a otro ministro.
Obviamente, esta situación significa un retraso en el proceso y entorpece la administración de justicia, lo cual no es justo ni racional. El caso citado es emblemático. Sin embargo, se puede dar en cualquier otro de similares características, debido al cambio anual de los ministros que integran la corte marcial.
La modificación propuesta en el proyecto contribuye a establecer garantías judiciales mínimas para asegurar un rápido, eficiente y debido proceso.
En razón de eso, votaré favorablemente.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde someter a votación el proyecto.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, como en la Tabla hay varias iniciativas que requieren quórum especial para su aprobación, solicito a su Señoría que recabe el acuerdo de la Sala para votar este proyecto conjuntamente con el resto al final del Orden del Día.
El señor MONTES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
No hay acuerdo.
En votación el proyecto de ley que perfecciona el artículo 29 del Código de Justicia Militar.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado en general el proyecto. Como no ha sido objeto de indicaciones, también se aprueba en particular.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, la diputada señora Lily Pérez y el diputado señor Longton piden que incluya sus votos, porque no funcionó el sistema.
El señor MONTES (Presidente).-
Señor diputado, ya se efectuó la votación, pero se dejará constancia de ello.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Ascencio, Ávila, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Cardemil, Cornejo (don Aldo), Delmastro, Díaz, Elgueta, Encina, Espina, Galilea (don José Antonio), García (don José), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Krauss, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez (don Gutenberg), Mesías, Monge, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Riveros, Rocha, Salas, Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Se abstuvieron los diputados señores:
Bartolucci, Fossa, García (don René Manuel) y Recondo.
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde continuar la discusión del proyecto de reforma constitucional relativa al reconocimiento de los pueblos indígenas.
Están inscritos el señor Leal , la señora Lily Pérez , los señores Errázuriz , Tuma , Vilches , Espina, señora Fanny Pollarolo , señores Ascencio y Díaz.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, estamos frente a un debate de gran importancia, pues se plantea reparar un daño y una gran injusticia histórica: la construcción de nuestra nación desconociendo la identidad indígena, lo cual ha conducido a la marginalidad, a la exclusión y a la pobreza de muchos pueblos originarios de nuestro territorio.
Los criollos, sectores oligarcas especialmente ligados a la tierra, construyeron un estado-nación sobre la base de la derrota, de la masacre de los pueblos indígenas, porque ésa fue la pacificación en el siglo pasado, y se acostumbraron a pensar en los indígenas incorporados al peonaje.
Posteriormente, en nuestra historia, el liberalismo entregó a los criollos un aporte significativo: la igualdad ante la ley. Después de muchas luchas sociales, los indígenas fueron incorporados al cuerpo normativo ciudadano, pero sin que jamás hubiera un reconocimiento de carácter étnico.
El desarrollo de aquel tiempo estuvo basado en el hecho de dejar de ser indio, en la consideración de razas inferiores, de grupos étnicos primitivos, de culturas bárbaras que debían ser eliminadas por la civilización.
Ése es el criterio cultural con el cual se han conformado las naciones en América latina, sin reconocer que antes de la constitución de las propias naciones existían poderosas e importantes culturas indígenas que desarrollaron el concepto de continente. Junto a ello, se produjo la eliminación por la fuerza o por la conversión de los pueblos indígenas.
Por eso, cuando analizamos esta reforma constitucional, estamos planteando la necesidad de una visión completamente distinta, de un desarrollo con identidad, de reconocer la diversidad étnica y los derechos de los pueblos indígenas a decidir en forma autónoma las materias que les competen.
Contrariamente a lo que han dicho algunos diputados de Derecha, éste no es un tema de moda; la sociedad global abre nuevos espacios; numerosos autores, entre ellos Alain Touraine , han dicho que el tema étnico será uno de los grandes temas del siglo XXI, visión que comparto.
Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas es ampliar la identidad cultural del país; reconocer que existía un pueblo antes de la conformación del pueblo chileno es avanzar en una visión de civilización y de cultura. Incluso, cuando se habla del concepto de nacionalidad, nos estamos refiriendo a una construcción eminentemente cultural, que tiene que ver con la historia; pero que también tiene relación con la manera en que se ha construido la sociedad chilena.
En este sentido, la visión entregada por el diputado señor Cardemil , que respeto pero que no comparto radicalmente, sin embargo tiene la virtud de partir de la base de que hay una sola patria, una sola nación, las que han sido conformadas de una sola manera. Esto no es cierto. No es posible enfrentarse al mundo de hoy, al mundo globalizado negando las raíces de los pueblos y sin llevar en la maleta cultural, en la memoria histórica de los pueblos, el conjunto de nuestra historia.
Cuando aquí se dice que reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas es colocar en riesgo la unidad nacional, se está escindiendo la historia de Chile, al considerar que ésta sólo existe desde el momento en que los criollos reemplazaron la dominación española y el colonialismo. Eso es tener una visión reducida de lo que significa la propia historia, es renunciar a presentarse con el conjunto de la identidad cultural de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, idea bastante ridícula en un mundo que es cada vez más multicultural, en un mundo donde la Europa del 2020 va a ser completamente mestiza y donde, aunque les duela a algunos, el propio Chile, este país lejano, detrás de la cordillera, será completamente mestizo, tendrá una gran mezcla de razas y de culturas. Sin embargo, cuando esto sucede en el mundo, hay diputados, como el señor Cardemil , que niegan la posibilidad de que los pueblos indígenas sean reconocidos constitucionalmente, en circunstancias que conforman parte de aquello que él llama “el alma”; pero que, en el fondo, es la identidad, la cultura de un pueblo. ¡Cómo puede construirse el alma y la cultura de un pueblo si no se reconocen los pueblos que originariamente poblaron este territorio, si no somos capaces de entender que en la construcción cultural del concepto nación éste está completamente partido, dividido y es ajeno si no somos capaces de integrar el conjunto de las visiones!
Me parece bastante peligroso que nuestro colega Cardemil diga que si se aprueba esta reforma constitucional cualquier grupo de personas podría pedir mañana incorporarse a la Constitución en tal calidad. Lamento que el señor Cardemil asemeje a cualquier grupo de la sociedad a los pueblos indígenas, que tienen una valencia, una lengua, una cultura y una historia. A mi juicio, hay una profunda incomprensión cultural cuando él coloca en el mismo nivel a los sectores intermedios, como los gremios, sindicatos, con las etnias; es decir, las organizaciones de la sociedad, con los pueblos, lo que significa tener una visión limitada, conservadora, restringida, respecto de cómo se construyen las naciones.
Esta reforma constitucional que no es completa, ya que deseábamos avanzar en los temas relacionados con la autonomía y con un mayor poder de decisión sobre las materias que competen a los pueblos indígenas es un paso histórico, es una reparación por aquella guerra de pacificación que derrotó, masacró y excluyó a los pueblos indígenas de este territorio; es una manifestación de que estamos dispuestos a entrar en el mundo nuevo del siglo XXI, reconociendo los derechos de todos. No basta lo que hizo el liberalismo, que estableció la igualdad ante la ley; incluso, no basta lo que hizo el socialismo, que reconoció a todos en su calidad de trabajadores. A todos hay que reconocerlos en función de su cultura, de su identidad, de su lengua, de sus propias posiciones, porque ninguna de las culturas dominantes que construyeron la modernidad abordaron el tema étnico en su verdadera profundidad.
Hoy es imposible caminar por el siglo XXI refugiándose en un concepto cultural de nación atrasada y sin comprender la importancia que tendrán las etnias, las culturas autóctonas, en una visión multicultural, multirracial y verdaderamente pluralista, que rescate y una la diversidad sobre la base de acuerdos comunes. Si no caminamos en este mundo con una concepción cultural de esta naturaleza, Chile no será un país con capacidad para integrarse a la globalización económica, política y cultural con una verdadera identidad.
Finalmente, esto lo hacemos por los indígenas, pero no lo hacemos sólo por ellos; esta reforma constitucional es, en primer lugar, en favor de los que no son indígenas, porque tenemos el deber moral de repactar, de reconstruir el estatuto en virtud del cual se ha construido este país; tenemos el deber moral de reconocer nuestros errores, de garantizar que en este país puedan vivir todos los pueblos que constituyen la nación chilena, con igualdad de derechos reales y no sólo formales.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, antes de iniciar mis palabras para apoyar decididamente el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas, quiero saludar de un modo muy especial a la delegación mapuche de la comuna de La Pintana, que nos acompaña desde las tribunas.
(Aplausos).
Vaya para ellos nuestro reconocimiento. Su presencia en esta Sala revela el interés del pueblo mapuche por esta reforma constitucional. Al mismo tiempo, evidencia que el tema mapuche no es sólo de interés para las regiones del sur del país, ya que en la Región Metropolitana hay muchos mapuches. Tanto es así que en la comuna de La Pintana existe una organización para la cual la propia municipalidad ha creado un departamento especial, a cargo de don José Painaqueo , también aquí presente.
El proyecto de reforma constitucional que nos convoca tiene por objetivo agregar un inciso final al artículo 1º de nuestra Constitución Política, que dirá: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”.
Algunas reflexiones sobre este texto.
Primera, al decir que el Estado “reconoce” a los pueblos indígenas, se está señalando que su cultura, su lengua, su organización social y sus costumbres son reconocidas por el Estado chileno como existentes antes de esta reforma constitucional. No es la reforma la que otorga a los pueblos indígenas los valores que poseen. Se limita a reconocerlos, del mismo modo que las garantías constitucionales no importan un otorgamiento de esos derechos, sino un reconocimiento y amparo constitucional. El término “reconoce” tiene una importancia que va más allá de lo semántico. Significa la consagración constitucional de una realidad que permitirá la dictación de leyes que valoren y promuevan la cultura, lengua, organización social y costumbres de los pueblos indígenas.
La segunda reflexión se refiere al artículo único, que dice: “La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres...”. Me preocupa su redacción. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Nuestro Código Civil en ninguna parte dice que la ley promoverá nada. Repito que me preocupa esta redacción porque puede transformarse en letra muerta para los pueblos indígenas. ¿Por qué esta reforma constitucional no ordenó a la ley regular aquellas materias que se limita a promover? “Promover” significa “iniciar o adelantar una cosa procurando su logro”. Así he entendido este concepto y me temo que los pueblos indígenas se queden sólo con la declaración de intenciones de esta reforma constitucional. Si no se dictan pronto las leyes que hagan aplicable esta reforma, estaremos engañando a los pueblos indígenas.
En las próximas semanas, iniciaremos el estudio de la ley de Presupuestos para el próximo año. Ahí quiero ver recursos destinados al desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres de los indígenas. Eso es mucho más importante que una ley. Los indígenas de nuestro país necesitan recursos, no leyes; requieren dinero para capacitación, para encontrar fuentes de trabajo, para vivir dignamente. Eso es lo que quiero para lo mapuches de La Pintana y los indígenas de todo Chile.
¿Qué significa respetar a los pueblos originarios en el sentido que señala esta reforma constitucional? Comprender que la nacionalidad chilena tiene componentes de diversidad; que hay una nacionalidad común, pero sus fuentes tienen distintas expresiones, en especial aquellas etnias que aún presentan condiciones culturales diferentes y constituyen un número significativo de habitantes de este suelo, como son los mapuches, los pehuenches, los huilliches, los atacameños, los lafquenches, los aimaras y los pascuenses o rapa nui.
Señor Presidente, por su intermedio, deseo compartir esta reflexión con los mapuches de mi comuna de La Pintana, que se encuentran aquí.
¿Puede alguien desconocer que aún persisten conductas discriminatorias hacia los indígenas en el mundo de la educación y laboral para acceder al trabajo o cupos en igualdad de condiciones? Este proyecto está proponiendo un reforzamiento de nuestra nacionalidad por la vía de reconocer su diversidad. Aquí no se pretende crear un Estado dentro de otro Estado, sino reconocer la diversidad dentro de la nacionalidad. Así como en una universidad funcionan distintas facultades sin que ninguna de ellas sea un Estado dentro de otro pues una universidad es unidad en la diversidad, del mismo modo, la nacionalidad chilena es una sola, pero conformada por distintas etnias.
Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda tienen estatutos especiales para sus pueblos originarios. Esos tres países se formaron en la migración y nadie puede sostener que son subdesarrollados.
Así también esta reforma está reconociendo, jurídicamente, un hecho real, cual es que Chile está conformado por la integración de diversas etnias.
Venezuela ha ido más lejos. Permite que se establezca un régimen de excepción para proteger a las comunidades indígenas.
La ONU ha adoptado una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, considerándolos como una colectividad con derechos propios.
Se ha sostenido que esta reforma atenta contra el principio de igualdad ante la ley al darle un trato preferente a los pueblos indígenas. Eso no es así. En el caso de los mapuches, nadie puede discutir que son discriminados y, peor aún, en su situación si están en las grandes ciudades. Lo que se pretende es crear condiciones jurídicas para ponerlos en un mismo nivel de oportunidad que el resto de los chilenos.
En una carrera de 400 metros planos, el que corre por la pista exterior sale mucho más adelante que el que lo hace por la pista interior. Así, partiendo en distintas posiciones, todos correrán la misma distancia. Para que un mapuche que vive en La Pintana pueda encontrar trabajo, debe superar un doble obstáculo: primero, la discriminación natural que se hace con las personas que buscan trabajo y viven en La Pintana y, segundo, el hecho de tener apellido mapuche. Esos obstáculos hay que superarlos.
Esta reforma constitucional es un primer paso; pero el más importante será la ley que se dicte en función de esta reforma. Y para que dicha ley tenga efecto práctico, positivo insisto, hay que destinar recursos en la ley de Presupuestos del año 2000 para realizar acciones concretas y precisas destinadas a promover el respeto y el desarrollo de las culturas de los pueblos indígenas, de sus lenguas, organización social y costumbres. Se necesitan recursos para dar a los mapuches un trato igualitario y más justo. Ellos forman parte de nuestro país. Al mismo tiempo, se requiere darles más educación, capacitarlos para la vida laboral, mejorar sus condiciones de salud. Todo eso tiene un costo y quiero que mis amigos de La Pintana sepan que si no hay recursos especiales destinados a financiar la ley que podrá dictarse en virtud de esta reforma constitucional, seré el primero en denunciarlo. Jamás podría aceptar que, por enfrentar una elección presidencial en los próximos meses, se haga una reforma sin destinar los fondos correspondientes, los cuales deberán considerarse en la ley de Presupuestos que comenzaremos a debatir en noviembre próximo.
Termino mis palabras señalando que, con entusiasmo, votaré favorablemente esta reforma constitucional. Con ello, no pretendo la gratitud del pueblo mapuche, sino sólo que se haga justicia a un valioso grupo de hombres, mujeres y jóvenes que han contribuido a formar nuestra nacionalidad, a quienes he tenido la ocasión de conocer y apreciar durante casi veinte años en la querida comuna de La Pintana.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo .
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, quiero sumarme a las expresiones en el sentido de que estamos a punto de aprobar una reforma constitucional de enorme trascendencia.
En primer lugar, coincido plenamente con lo que planteó el diputado Huenchumilla en la sesión anterior, en la cual precisó y clarificó en una hermosa y profunda intervención, la finalidad de esta reforma.
Estamos abordando un tema político de fondo: qué somos como país. Es un tema de Estado y corresponde enfrentarlo desde el punto de vista de las necesarias modificaciones a la Constitución. Sabemos muy bien que este reconocimiento constitucional no es la solución a los inmensos problemas y carencias de nuestros pueblos originarios, como la grave situación económica, una mayor autonomía, clara representación en todos los niveles de nuestros órganos comunales, parlamentarios y donde corresponda. Nadie pretende que se logre todo eso; pero debemos tener claro que esta tarea hay que abordarla en serio y con urgencia.
En esta reforma se está poniendo en juego si somos capaces de asumir, en verdad, quiénes somos; de mirar cara a cara nuestra historia; de reconocer sus aspectos oscuros, elitarios, discriminadores, de tremenda violencia. Esta reforma, por lo tanto, no es fuego fatuo, iniciativa inútil, aspirina ni simple maquillaje, como varios parlamentarios de las bancadas de enfrente han expresado. Como digo, es la exigencia de mirarnos a la cara, de asumir si efectivamente estamos dando cumplimiento a nuestros compromisos ante el mundo, en cuanto a que exista una verdadera democracia que elimine toda forma de opresión y discriminación, o de reconocer que somos una sociedad que sigue discriminando a nuestros pueblos originarios. Esta reforma, en definitiva, exige que dejemos de mentirnos tanto.
Desde la llegada del conquistador, los pueblos indígenas han sido víctimas de gravísimas violaciones a sus derechos humanos más elementales. La historia de la Conquista fue de exterminio. También lo fue la llamada “pacificación de la Araucanía”. Nuestra historia republicana ha sido también de opresión, de exterminio y de despojo. Las leyes denominadas “indígenas” fueron un instrumento de asimilación y, por lo tanto, de pérdida de identidad de nuestras etnias. Por supuesto, la discriminación ha marcado la relación del Estado chileno con nuestras etnias originarias y la forma más extrema de violencia y de discriminación es negarle su historia y su propia existencia como pueblo. Chile lo ha hecho. Es la “discriminación pasiva” que denominan algunos estudiosos y que significa, ni más ni menos, ignorar al otro; despojarlo de su lengua, cultura, de su identidad como pueblo, o pretender hacerlo, porque nunca lo lograron, por cuanto allí estuvieron firmes, valientes, decididos, manteniendo su cultura, lengua, tradición y exigiendo sus derechos. Pero esta forma de violencia y de discriminación aún persiste, y nosotros, con una hipocresía que se está constituyendo en un verdadero rasgo nacional, hemos sido implacables en ella al ignorarlos y no reconocerlos.
No digamos que no hay discriminación porque la ley y la Constitución no lo dicen. Sin duda existe y la siguen sufriendo nuestros pueblos originarios, porque hemos supuesto que somos una sociedad homogénea. Nuestra mentira ha sido el miedo a la diversidad, el prejuicio que, en el fondo, es la desvalorización del nativo, del indio que enfrentó al español, lo que nos ha empujado a negar la verdad: que somos una sociedad multiétnica y multicultural, de la cual debemos sentirnos orgullosos.
Nuestras etnias tienen derecho a exigir el reconocimiento constitucional y un desarrollo con identidad, lo que están demandando; pero también todos los chilenos tenemos el derecho y la obligación de constituirnos en toda nuestra rica diversidad, de valorarla y disfrutar de ella.
En nuestros pueblos originarios existe una riqueza extraordinaria. En mi distrito, lo veo en el pueblo atacameño. No es sólo su artesanía, folclor y baile maravilloso, sino su cosmovisión, su vínculo perfecto con la naturaleza, sus demandas de tierra y de agua, el respeto a su historia, a sus padres, a sus abuelos, esto es, a sus ancestros. Para la mayoría de una sociedad como la nuestra, tan alejada de lo humano, de las relaciones sociales y de la vida, es un factor de gran enriquecimiento.
Por eso, esta importante reforma constitucional es para todos. Sin duda, es sólo un paso en lo que queda por delante, en la suma del esfuerzo de todos a esa lucha que las etnias vienen dando con tanta fuerza, heroísmo, mucha incomprensión y represión, a veces.
Esta reforma tiene un valor tremendo en sí, por cuanto es un primer paso necesario, indispensable, de fondo. Y que no asuste a nadie, ni a los diputados señores Alessandri y Cardemil , porque está lejos de atentar contra la unidad nacional.
Debemos asumir lo que somos y dejar de ignorar una parte nuestra, que ha permanecido oculta, negada y desvalorizada, lo que nos permitirá avanzar en un auténtico sentido de unidad nacional. Reconozcamos, entonces, lo que somos de verdad y sintámonos orgullosos de eso, porque con ese paso lograremos un avance no sólo en los derechos y justicia de nuestros pueblos originarios, sino en la riqueza para todos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Mari mari pu papai, mari, mari pu peñi.
Señor Presidente, honorable Cámara, nos corresponde analizar en esta sesión, después de ocho años de haber sido presentado, el proyecto de reforma constitucional, de origen en un mensaje presidencial, que tiene por objeto el reconocimiento de los pueblos indígenas. Como el Ejecutivo califica las urgencias, el lapso transcurrido demuestra el verdadero interés del Gobierno por el tema.
Según el mensaje, el objetivo del proyecto es reconocer en la Constitución la existencia de nuestros pueblos indígenas y otorgarles una supuesta protección a sus derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, a poco andar y ante las críticas surgidas, el Ejecutivo modificó sustancialmente la iniciativa al retirar dos de sus propuestas y mantener sólo la orientada a reformar el artículo 1º de la Constitución.
A pesar de que, a nuestro juicio, la reforma propuesta adolece de dos problemas graves, no hemos querido sustraernos a su aprobación, pues consideramos necesario dar una señal clara a los pueblos indígenas respecto de nuestra preocupación por su futuro e integración al desarrollo.
En efecto, la reforma no contribuye en nada a solucionar la más sentida aspiración de los indígenas chilenos, cual es superar la condición de extrema pobreza y marginalidad en la que se encuentran sumidos. Además, no parece justificarse, por cuanto hoy ese reconocimiento se encuentra comprendido en el artículo 1º de la Constitución, dado que esa norma establece que es deber del Estado “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Es decir, no es necesaria una modificación como la propuesta para que el Estado cumpla con su deber de velar por el desarrollo e integración de las comunidades indígenas. Otra cosa es que no haya cumplido hasta hoy con ese deber.
Además, el Nº 22 del artículo 19 de la Carta Fundamental otorga la facultad de establecer, en determinadas circunstancias y condiciones, algunos beneficios para un sector de la población. Por lo tanto, la propia Constitución, al disponer que puede legislarse con el objeto de autorizar beneficios o franquicias, directas o indirectas, en favor de un determinado sector, permite que existan leyes que protejan y fomenten el desarrollo de los pueblos indígenas, sin necesidad de una reforma constitucional para ello.
Por otra parte, esta reforma tuvo una connotación racista, pues las personas adquieren derechos en virtud de consideraciones raciales, lo cual resulta inaceptable en un país donde la formación de la nacionalidad se basó en la integración racial y el mestizaje. En este sentido, debe recordarse que la integración no es antagónica a la idea de respeto a la diversidad cultural y a las tradiciones particulares de cada grupo.
Cuando hablamos de discriminación, no queremos decir que sea a “los mapuches”, “a los pueblos indígenas”, sino a nosotros mismos, ya que todos poseemos un rasgo de mestizaje. En consecuencia, cuando discriminamos a un mapuche, también nos estamos discriminando. Existe un complejo muy grande en el país para asumir nuestra “segunda pata”, la indígena; la primera es española. Al respecto, debemos sentirnos orgullosos de nuestras dos raíces y de poder potenciarlas en el futuro.
Las declaraciones de los lonkos que asistieron a la Comisión son bastante ejemplarizadoras de esta situación. Uno de ellos señaló que sus problemas fundamentales son económicos, ya que necesitan sustentar su agricultura, la cual hoy está muy abandonada; costear la educación de sus hijos y mejorar el acceso a la salud. Pusieron énfasis en que no hay dos pueblos ni dos naciones, ya que con mapuches y españoles se forjó la nación chilena.
Otro lonko dice que se siente orgulloso del Himno Nacional y que “se ha demostrado que el gran porcentaje de la nación chilena ha sufrido un profundo mestizaje”, que “aunque muchas veces nos diferencie el color de la piel, hay un pasado común y huincas y mapuches tienen un solo Dios, que es Chao Gneschen ”.
Como se puede advertir, esta reforma constitucional no es la vía más acertada para fomentar el desarrollo y protección de los pueblos indígenas. Más bien, se trata de una reforma política y electoral, que no servirá de mucho al momento de adoptar las medidas concretas que requieren con urgencia los sectores indígenas. Tampoco ayudará el reciente discurso del Presidente Frei , en el cual dio a conocer la esperada propuesta del Gobierno para dar solución a los problemas de los mapuches y de las demás etnias.
Es increíble que, hasta hace pocos meses, el problema mapuche no figuraba en la agenda de prioridades del Gobierno, como tampoco en las “Bases programáticas del segundo gobierno de la Concertación”. Es decir, ni como candidato ni después como Presidente, el tema fue considerado relevante. Sólo ahora, por lo coyuntural y por los problemas suscitados, ha sido catalogado como importante.
Habría que agregar que una de las pocas preocupaciones del Gobierno fue la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuyos catastróficos resultados conocimos a través del informe que rindió en la Cámara el diputado Luis Monge .
Es increíble que en las 138 páginas de las “Bases programáticas del segundo gobierno de la Concertación” no haya alusión específica ni explícita alguna a los problemas de los pueblos indígenas, en general, ni de los mapuches, en particular.
¿Por qué ahora existe tanta premura para otorgarle un reconocimiento constitucional? Es una buena pregunta. ¿Por qué incorporar una norma que no es más que una explicitación de una ya existente, o sea, un volador de luces?
El Presidente Frei y su Gobierno centraron su mirada en los problemas mapuches recién cuando éstos hicieron noticia, se transformaron en foco de conflicto y se acercaron las elecciones.
Ésta, por lo demás, es la tónica de la acción de los últimos dos gobiernos: reacción ante los problemas, pero jamás visión para anticiparse a ellos. Y luego, cuando han reaccionado, lo han hecho en forma tardía y exagerada.
En el discurso en que el Presidente anunció medidas para los mapuches chilenos, se plantean algunas tales como mejoramiento de caminos, construcción de obras de regadío, aumento de las rondas de las postas rurales, programas especiales de agua potable rural, reprogramación de deudas de Indap, aumento de becas indígenas, solución a demandas pendientes de tierras, formalizadas ante la Conadi, etcétera.
A simple vista, parece efectivamente un esfuerzo gubernamental serio por abordar los graves problemas sociales que afectan a los indígenas. Sin embargo, no hay aporte de recursos frescos, sino, en algunos casos, reasignación de fondos y, en otros, simplemente, anuncio como novedades de planes y medidas que hace tiempo están en marcha.
El discurso presidencial constituye una respuesta político-electoralista para salir del paso y endosar la solución del problema al próximo gobierno. Los sectores chilenos mapuches pasan, entonces, como muchos otros del país, esperando ansiosos el cambio.
Sería bueno que, más que de los compromisos internacionales, el Gobierno se preocupara de los compromisos con los chilenos mapuches y su agricultura.
La eficaz solución a los problemas que afectan a las comunidades indígenas pasa por propuestas serias y realistas. En este sentido, presentamos al Gobierno, junto con el diputado señor Luis Monge , un documento que se denomina “Una deuda con nuestras raíces”, en el cual, luego de hacer un análisis exhaustivo del problema, en compañía de las bases mapuches de los distritos que representamos, proponemos medidas concretas y urgentes que apuntan a solucionar los problemas de corto plazo que afectan a las diversas comunidades.
Por ejemplo, respecto del alto índice de cesantía que existe en la zona y que afecta a una gran mayoría de chilenos mapuches, proponemos crear un programa de empleo transitorio que alivie su situación.
Asimismo, se propone generar incentivos tributarios a las empresas de la zona, a fin de que contraten mano de obra local, en especial indígena. No basta con desarrollar proyectos de incentivo de utilización de mano de obra si las empresas locales contratan a trabajadores que provienen de los centros urbanos de la región o de regiones vecinas.
También se proponen incentivos tributarios para aquellas empresas interesadas en apoyar a las zonas rurales con alta presencia indígena, con el objeto de fomentar las donaciones, aportes en dinero o mejoras en infraestructura que vayan en directo beneficio de las comunidades afectadas, en áreas como salud, educación y cultura, a través de un fondo de desarrollo social, administrado por los municipios y las empresas involucradas, que permitan el diseño e implementación conjunta de los programas sociales dirigidos a los habitantes de las zonas rurales.
En materia de infraestructura, se requiere ampliar y mantener caminos, construir y mejorar los puentes. En general, medidas que tiendan a resolver los problemas concretos del pueblo chileno mapuche y no simplemente de parche.
Para concluir, con el objeto de contribuir a la superación de las carencias de este sector integrante de nuestra sociedad, se requiere realismo, visión y perseverancia para que, en conjunto con él y sin la actitud paternalista que se ha tenido hasta hoy, se logre la plena incorporación al desarrollo integral, al que todas las personas tienen un irrenunciable derecho por el solo hecho de ser hijos de Dios. Entretanto, el pueblo chileno mapuche deberá seguir esperando.
A pesar de que el pueblo mapuche no come constituciones, sino que requiere “cullín” y soluciones concretas para resolver sus problemas, apoyaremos esta reforma constitucional.
He dicho.
(Aplausos)
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, debemos partir reconociendo que los problemas mapuches no han sido resueltos. Subsisten, por ejemplo, los de sustentación, de comercialización de sus productos, de igualdad de oportunidades, de una agricultura que no los ha representado ni les ha hecho bien.
Cuando nos propusimos la reforma constitucional que hoy se debate, consideramos que con ella se saldaría la deuda. Es cierto que es necesaria para reconocer constitucionalmente al pueblo mapuche. Sin embargo, debe tenerse presente que, dentro de él, hay varias corrientes: los pehuenches, los araucanos, los huilliches. Por lo tanto, hay diferentes maneras de enfrentar el problema.
He recorrido el distrito que represento y he visto problemas candentes. Por ejemplo, el pueblo mapuche hoy vive el que deriva de la nevazón y de la gran cantidad de agua que ha caído en la zona precordillerana y mapuche. Ahí la acción del Gobierno ha sido prácticamente nula.
¿Qué dicen los mapuches al respecto?: “¡Qué sacamos, diputado, con que nos reconozcan si, en definitiva, seguimos agobiados con nuestras deudas, es poco el subsidio habitacional, nuestros niños no se pueden educar, hemos sido postergados!”.
Al hacer este reconocimiento, lo que queremos es que a la gente mapuche, realmente, le llegue el dinero para surgir en educación, salud, agricultura, en las cosas básicas que pide.
Hay discriminación con el pueblo mapuche. Yo comparto con ellos y llego a sus casas como si llegara a la mía. Lo he hecho durante toda mi vida. El campo que tengo está rodeado de comunidades mapuches. Por eso, aparte de decir lindos discursos, ¿qué han hecho los presentes por el pueblo mapuche?
A veces, cuando algunos han necesitado semillas, que Indap no se las da, han recurrido a mí y se las he prestado, de buena voluntad. Hay que decir estas cosas sin tapujos.
El pueblo mapuche, además del reconocimiento constitucional, quiere una ayuda efectiva. Se sabe que en la Conadi se han perdido l.800 millones de pesos. Al mal manejo, se agrega que el pueblo mapuche ha perdido 1.800 millones de pesos en beneficios.
En la discusión del proyecto que dio origen a la ley indígena, uno de los pocos que ha sido aprobado por unanimidad, indudablemente pusimos lo mejor de nosotros porque creíamos de corazón, de verdad, que se iba a favorecer al pueblo mapuche. Sin embargo, al poco andar, nos hemos dado cuenta que ha sido una ley de buenas intenciones.
Sé que el ministro Quintana está haciendo un esfuerzo gigantesco para que se canalicen bien las platas y el pueblo mapuche pueda obtener el pago de derechos de ausentes, de derecho a la tierra, de derecho para que los jóvenes puedan, como lo dice la ley, comprar o adquirir tierras.
En la Novena Región, donde existe el mayor número de indígenas, había inscritas treinta mil para el derecho de ausente, pero la plata sólo alcanzaba para mil. Miles de personas estaban inscritas para el derecho a la tierra, pero la plata únicamente alcanzaba para 60, con siete millones y medio cada una, según la Conadi. Esto significa que con este plan de ayuda, los 30 mil inscritos tendrían que esperar mil años para ver cumplida su aspiración a la tierra.
Por eso, aunque no basta la reforma constitucional para ayudar al pueblo mapuche, la vamos a apoyar con fe y entusiasmo. Sin embargo, exigimos que se destinen los fondos necesarios para cubrir sus aspiraciones básicas: caminos, escuelas, postas, condonación de las deudas a los agricultores por parte de Indap.
El pueblo mapuche es discriminado en las instituciones del agro, porque se les dice que no es viable como tal y que después no paga sus deudas para que se las condonen.
Si tuviera que nombrar un ministro de agricultura, elegiría a un indígena, porque no me explico cómo una familia de ocho o diez personas puede vivir en dos hectáreas de tierra.
Debemos ser consecuentes y hablar sin complejos. El pueblo mapuche mapuche significa “hombres de la tierra” merece ser fuertemente subsidiado en semillas, abonos y empastadas. Además, debemos incentivarlo para que dé una buena educación a sus niños, a fin de que, en el futuro, se conviertan en profesionales que puedan servir al pueblo mapuche y a todos los chilenos.
Esta reforma tiene por finalidad reconocer al pueblo mapuche como etnia; pero me gustaría aprovecho la presencia del ministro para decirlo que este reconocimiento viniera acompañado de los recursos que aquél requiere.
Con mucho entusiasmo y franqueza y de una vez por todas, señalo a los diputados de la Concertación y de Derecha que el problema mapuche no tiene color político. Es una realidad que hasta la fecha no ha sido resuelta; de manera que quien lo mire desde ese punto de vista está perdiendo su tiempo. Los mapuches son chilenos igual que los de Derecha, de Izquierda o de Centro Derecha, y tienen derecho a ser ayudados, a comer, y a no ser utilizados políticamente como ha sucedido en nuestra historia.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, hemos sido convocados esta mañana para discutir una reforma constitucional que tiene por objeto dar protección jurídica y beneficios a los pueblos indígenas.
Las personas encargadas de estudiar el tema consta en las actas que obran en nuestro poder hablan de muchos pueblos originarios de nuestra nación, como los mapuches, los pehuenches, los huilliches, los lafquenches, los atacameños, los aimaras, los pascuenses; pero los diputados que representan la zona norte y han intervenido esta mañana, olvidan que en la Tercera Región existen los coyas. Se trata de un pueblo de familias muy modestas que viven al interior de la cordillera y que constituye un orgullo para los chilenos. A través de los años ha logrado mantener su cultura y sus costumbres. Como no han sido nombrados, quiero reivindicar su nombre, porque los chilenos nos sentimos orgullosos de las raíces de todas las etnias. La gente que está presente en las tribunas es un reflejo de los chilenos que dieron origen a este país.
(Aplausos).
Pero hay algo más: este proyecto fue presentado durante el Gobierno del Presidente Aylwin, en 1991, y, a solicitud del Presidente Frei , archivado en 1996 como consecuencia de la demagogia que, muchas veces, ha instrumentalizado a los pueblos indígenas. Posteriormente, estuvo en tabla en 1997, y ahora, en 1999, cuando se acercan nuevas elecciones, se reactualiza y se utiliza una vez más a estas personas.
Son muchos los discursos que se dicen en esta Sala para las tribunas; pero cuando se trata de reivindicar a nuestros pueblos originarios, como los mapuches y los otros que he mencionado en esta oportunidad, debemos actuar con seriedad.
En mi opinión, una vez más el Gobierno ha demostrado debilidad para actuar. Por eso y a pesar de que los parlamentarios de Gobierno han señalado que no apoyaremos el proyecto, digo sin complejos que los diputados de Derecha le daremos nuestra aprobación, porque el país necesita reconocer sus raíces y respetar a la gente que dio origen a Chile, a fin de que puedan mirar el futuro con dignidad.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, quiero referirme a dos temas distintos. El primero dice relación con una intervención, en la sesión anterior, del diputado señor Navarro , ocasión en que calificó a nuestro sector político, luego de una intervención del presidente de mi partido, diputado señor Alberto Cardemil , de paleolítico, conservador, reaccionario y racista. Esos epítetos o calificativos odiosos que él ha empleado merecen aclararse y explicarse en la Sala para que la historia fidedigna del establecimiento de la ley consigne quiénes han sido los conservadores, los reaccionarios y los racistas, más aún cuando en las tribunas tenemos a representantes de un pueblo del cual todos en nuestra patria nos sentimos extraordinariamente orgullosos: los mapuches.
¿En qué se funda la grave imputación que se formula a los parlamentarios de la Centro Derecha?
En primer lugar, en lo que comenzó expresando el Presidente de Renovación Nacional, don Alberto Cardemil , que luego reafirmó el diputado don José Antonio Galilea y que en la sesión de hoy expresaron los diputados señores René Manuel García y Carlos Vilches : en sentirnos profundamente orgullosos y fielmente representados por las tradiciones, la cultura y la historia que durante siglos fue alimentando la nacionalidad chilena, la que el pueblo mapuche escribió con su sangre durante décadas y siglos.
En segundo lugar, la circunstancia de sentirse uno orgulloso de sus raíces lo lleva a ser muy responsable respecto de las necesidades que ese pueblo tiene. Por ello, debemos asumir que los pueblos indígenas de nuestra patria son una parte de nuestra nación que, con el tiempo, va adquiriendo aún mayor dimensión, particularmente en las sociedades que se globalizan y se masifican, y en donde el sentido del espíritu, de la libertad, de la nacionalidad, empieza a postergarse. Por lo tanto, el legado del pueblo mapuche en los tiempos modernos adquiere mayor consistencia y mayor valor espiritual.
El tercer punto dice relación con un hecho concreto, respecto del cual quisiera que el ministro Quintana contestara en esta Cámara, integrada por chilenos democráticamente electos.
En los diez años de gobierno de la Concertación, la Oposición ha actuado, para con ella, con extraordinaria lealtad. Cada vez que nos han presentado una iniciativa legal ha sido apoyada, respaldada y mejorada durante su análisis y enriquecida en su debate.
En el transcurso de esos diez años se constituyó la Conadi, como gran logro de los avances que el pueblo mapuche necesita. ¿Cuál ha sido el resultado, respecto del cual los parlamentarios socialistas lo digo con toda franqueza esconden la cabeza como el avestruz? Una investigación efectuada en la Cámara de Diputados, cuyas conclusiones fueron aprobadas en forma unánime por todos los sectores políticos, indica que 1.800 millones de pesos destinados a ayudar, a impulsar, a desarrollar, a modernizar el trabajo, las funciones, el desarrollo espiritual y material del pueblo mapuche, desaparecieron por actos de corrupción o irregularidades. Así lo estableció la Cámara de Diputados.
En consecuencia, resulta paradójico que quienes han gobernado durante diez años, hoy se transformen en paladines de la defensa de lo que son los legítimos intereses y derechos de un pueblo que forma parte de la nacionalidad chilena, porque han sido absolutamente incapaces, ya no de hacer muchas cosas, sino de evitar el robo de platas en los organismos públicos que han dirigido.
Si se consulta no sólo al pueblo mapuche que vive en el sur o en el norte del país, sino a los que viven en Santiago, si han recibido subsidios o ayuda para tener mejores niveles de educación, acceso a mejor salud y si han posibilitado realmente que sus pueblos se desarrollen en el ámbito económico y espiritual, la respuesta es que la ayuda ha sido muy poca, prácticamente nula; y el resultado triste es que cuando uno mira las estadísticas, según las encuestas y los datos respecto de la sociedad chilena, el pueblo que vive en la mayor miseria económica, no espiritual a lo ancho y largo de Chile, es el mapuche.
Por eso, los sectores concertacionistas no pueden transformarse de la noche a la mañana, con una desfachatez infinita, en los paladines de algo que durante diez años han sido incapaces de llevar adelante.
En política llega un momento en el que cada uno tiene que mirar de frente y decir las cosas como son. Cuando se dice que hay que tener respeto por el ancestro del pueblo mapuche, por su dignidad; cuando se dice que éste es un debate político, yo pregunto: ¿dónde está el derecho de esos pueblos a tener el auténtico beneficio de recibir el apoyo del Estado para que puedan progresar objetivamente?, ¿dónde está la esforzada ayuda del Estado prometida durante estos diez años?, ¿dónde está el rol subsidiario del Estado, que fomenta, respalda y apoya a los más pobres de este país? No está en ninguna parte. Por eso, finalmente, la gente tiende a distanciarse de las autoridades públicas, las cuales se desprestigian porque sus promesas y discursos no se transforman en hechos concretos. Ésa es la pura y santa verdad.
En consecuencia, hemos presentado una indicación, patrocinada por los diputados señores René Manuel García , Huenchumilla , José Antonio Galilea , Alessandri quien ha hecho un trabajo completo sobre esta materia, la señora Lily Pérez , Bartolucci y Cardemil , a fin de perfeccionar la iniciativa en debate.
Aun cuando la norma en discusión contribuye a un justo reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, su texto discrimina claramente. Sin embargo, la buena voluntad de los diputados que he mencionado, encabezados por los señores Cardemil y Huenchumilla , permitirá corregirla.
Dicha norma señala:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, ...” y agrega: “...y garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen,...”.
La frase “y garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen,...” discrimina respecto de los pueblos indígenas, porque significa que en aquellos asuntos que no les competen, la Constitución Política no les garantiza igualdad de oportunidades. En consecuencia, se presentó una indicación para modificar esa parte de la norma, con la siguiente redacción:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
Como esta indicación ha sido fruto de un acuerdo de todos los parlamentarios que han trabajado en ella, junto al ministro señor Quintana , esperamos la concurrencia de una amplia mayoría para aprobarla, ya que constituye un avance, un reconocimiento merecido y justo. No se puede seguir engañando a un pueblo que merece nuestro mayor respeto. Tenemos una deuda social con el pueblo mapuche, la que se ha postergado eternamente, porque a la hora de adoptar medidas prima la demagogia por sobre la voluntad política para solucionar el drama que afecta a un pueblo del que por lo menos en Renovación Nacional nos sentimos profundamente orgullosos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, recientemente, el Obispo de Magallanes ha expresado que sólo es posible construir la unidad nacional respetando la diversidad de Chile. Esta afirmación es válida no sólo para las delicadas materias sobre violaciones a los derechos humanos, sino que constituye una condición sine qua non para construir una sociedad democrática, pluralista e integrada, que es el propósito de la reforma constitucional sobre los pueblos indígenas.
Debemos reconocer que con la Derecha tenemos visiones distintas respecto de la construcción de la unidad nacional. Mientras para ellos la discusión de esta reforma es baladí, artificial, sin sentido e innecesaria, para nosotros, la Constitución, el Estado y la convivencia ciudadana deben representar un pacto social de carácter democrático donde a cada uno de los actores y de las instituciones se les reconozcan sus prerrogativas, y sus derechos les sean garantizados. No basta con declarar que todos somos iguales, y no da lo mismo que la Constitución reconozca expresamente nuestra diversidad étnica y cultural o mantenga ese silencio sobre los pueblos indígenas, que no es otra cosa que la negación de una buena parte de nuestra sociedad.
La Derecha nos invita a una discusión seria; hagámosla con respeto y sin descalificaciones y caricaturas, especialmente hacia los dirigentes de las organizaciones indígenas.
¿Con qué derecho los diputados de Oposición se transforman en jueces de los líderes indígenas para tildarlos de ideologizados y politizados? ¿Hay algo más politizado e ideológico que esta simplificación y caricatura criollista que en una sesión anterior propuso el diputado señor Cardemil , para definir pretensiosamente el alma nacional?
Nuestra cultura no se resume en unos aperos, ponchos y alegorías criollas. Nuestra identidad y nuestro ser colectivo es complejo, matizado, mutable y muy diverso. No es verdad que el pueblo mapuche y los pueblos indígenas compartan los mismos valores, las mismas concepciones religiosas y de organización social que priman en la sociedad urbana. Tal aseveración expresa insensibilidad y falta de rigor para conocer la riqueza de las culturas de los pueblos originarios.
Sólo el lenguaje, que permite nombrar las cosas en forma diferente, constituye una forma distinta de aproximarse a la realidad. A esto se suma la estructura social, la conformación de la familia extendida, el rol político y social de los lonkos y de las machis. ¿Cuál es la historia común que pretendería contarles el diputado señor Cardemil a los pueblos indígenas de la Patagonia, hoy exterminados? ¿Trataría de hacer entender a los onas sobre su equivocación al representar los ocho espíritus o les explicaría a los yaganes sobre su equivocada concepción dual del Dios bueno y el Dios malo?
Sobre el orgullo nacional de estos pueblos originarios, basta citar las notas que en 1910 escribió el sacerdote misionero Antonio Coiazi , quien expresa que a los cristianos se les consideraba malos porque “nos quitaron la tierra y el campo, nos quitaron la posibilidad de cazar, nos persiguen y matan y nos roban a las mujeres”. Ya no es posible preguntar a los onas o a sus dirigentes qué pensarían de una reforma constitucional, puesto que ya no existen; y no fueron los españoles quienes negaron el derecho al desarrollo de estos pueblos y concluyeron su extinción. De este etnocidio somos responsables los chilenos.
No queremos repetir esta historia de exclusión con los pueblos aimara, coyas, rapa nui, pehuenches, lafquenches, picunches, huilliches o yaganes. Ellos tienen el legítimo derecho de preservar sus tradiciones y forma de vida si así lo quieren, y también tienen el derecho de modificarlas si así lo decidieran.
A pesar de nuestra difusa historia común y de las diversas interpretaciones que sobre ella tenemos quienes compartimos la nacionalidad chilena, somos muy celosos al momento de defender nuestra autonomía personal y colectiva. Ese mismo derecho es el que reclamamos hoy para los pueblos indígenas de Chile. Nuestra fortaleza institucional no se expresa negándolos o subsumiéndolos en definiciones genéricas; ellos tienen identidad propia, costumbres, territorio, historia, mitología, sentido religioso y organización social común. No tenemos derecho a negarlos, porque hacerlo revelaría debilidad cultural y espiritual, temor sólo explicable en esa identidad difusa que algunos pretenden simplificar.
Los diputados de la Derecha han anunciado que votarán favorablemente el proyecto; pero todos sabemos que se trata de un juego al que estamos habituados en la política nacional: sus diputados votan favorablemente un proyecto y, después, en el Senado, sus senadores lo rechazan.
La bancada del Partido por la Democracia respaldará esta reforma constitucional que, no obstante ser tardía e insuficiente, nos permite dar un paso adelante para terminar con el “gueto” social, económico y cultural a que hemos relegado a los pueblos indígenas. Aprobamos esta reforma constitucional porque es el inicio de un nuevo trato a los pueblos originarios de Chile, que enriquecen el alma nacional.
He dicho.
(Aplausos)
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente, lamento mucho la forma en que ha derivado la discusión de este proyecto, que, a juicio de todos los diputados que han intervenido y seguramente de todos los asistentes a esta Sala, es extraordinariamente importante.
Digo esto, porque todos debemos convenir en que se trata de una iniciativa respecto de la cual, necesariamente, debe existir absoluta unidad y consenso de todos los parlamentarios. Sin embargo, mientras el diputado René Manuel García comparto completamente su apreciación afirma que este proyecto no tiene color político, los diputados Díaz y Espina aprovechan la ocasión para hacerle una pasadita política al Gobierno, pidiéndole rendición de cuentas e iniciando una discusión, que puede ser muy larga, acerca de quién ha hecho más, o menos, en esta materia.
Así, el diputado Díaz preguntaba por qué no se había hecho presente la urgencia para este proyecto; por qué costó tanto sacar adelante la ley indígena; por qué ha costado tanto tramitar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; y por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo respecto de esta reforma constitucional que parece tan simple. Para que todos nos entendamos, es, simplemente, porque no hemos logrado acuerdo con la Derecha, porque este proyecto requiere 80 votos para ser aprobado.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor ASCENCIO.-
Le digo al diputado señor José Antonio Galilea que no grite; después podremos conversar. Podemos tener distintas opiniones, pero aquí no hemos logrado consensuar un acuerdo con la Derecha, que acaba de dar el sí a una indicación que podría salvar el proyecto. Pero si empezamos a discutir quién ha hecho más y quién ha hecho menos, comparemos los 10 años de Gobierno de la Concertación volvemos a lo mismo de siempre con los 17 años del gobierno militar. ¿Quién rompió efectivamente el concepto de comunidad del pueblo indígena? ¿Quién les dio títulos de dominio individuales, haciéndolos pedazos para, luego, comprarles sus tierras? ¿No fue el gobierno de Pinochet el que los destrozó de esa forma? ¿Quieren iniciar esta discusión? Claro que podemos hacerlo. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué?
Manifestaciones en las tribunas.
El señor ASCENCIO.-
Por cierto, podemos discutir todos estos temas. Seguramente, el ministro podrá dar cuenta de todo lo que ha hecho el Gobierno de la Concertación por los pueblos originarios, por el respeto que les tenemos, por cosas y soluciones concretas; pero no utilicemos este asunto como una forma de ganar puntos.
Alguien se refería a que todos estábamos de acuerdo, pero no es así. Al final, toda la Concertación votará a favor del proyecto; ningún diputado ha manifestado que votará en contra. Todo este lío se armó porque el diputado Alberto Cardemil dijo que votaría en contra. Entonces, ¿quién está a favor y quién en contra? Es evidente que debemos ponernos de acuerdo. Les pido a los colegas que seamos serios, para lo cual empecemos por ponernos de acuerdo.
En realidad, no podré leer, por falta de tiempo, una carta, muy emotiva, del Consejo general de caciques huilliches de Chiloé, firmada por don Carlos Lincomán . Dicho consejo nos pide a todos los parlamentarios, en particular a los de Chiloé, que aprobemos esta reforma constitucional, que les reconozcamos rango constitucional a nuestros pueblos originarios. Puede que se trate de una pequeña reforma, pero es extraordinariamente importante. Ese consejo nos pide también que aprobemos el mencionado Convenio 169, que, probablemente, discutiremos muy pronto. De nuevo tendremos que vernos las caras cuando tratemos esa materia, y de nuevo invitaremos a los diputados de la Derecha a que lo aprueben, lo cual generará una discusión muy interesante.
Pero hoy día estamos discutiendo esta reforma constitucional, que es muy simple, y anuncio que, a petición del Consejo general de caciques de Chiloé, los diputados democratacristianos la aprobaremos, porque consideramos que es un gran avance para nuestro pueblo.
He dicho.
(Aplausos).
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, en primer lugar, cabe observar que, no obstante tratarse de una reforma constitucional muy concreta, breve y clara, han aflorado temas de fondo que, ojalá, en el futuro podamos discutir con mayor profundidad. Me refiero a temas como la integración y discriminación.
Digamos la verdad: en Chile, los pueblos mapuche, aimara, rapa nui y demás etnias que componen nuestra sociedad han sido históricamente discriminados. Incluso, estudios indican que más del 50 por ciento de los chilenos lo cual es una contradicción dice que si tuviera que contratar empleados en su empresa, no aceptaría a personas de origen mapuche. Ésa es la verdad. Por lo tanto, estamos hablando de un asunto que si bien es sólo nominal porque quedará escrito, me parece es una opinión muy personal muy importante dejar expresa constancia en nuestra Constitución Política de que existen diversas etnias que integran la nación chilena.
En segundo lugar, sostengo, con mucha fuerza, que la discriminación de que es y ha sido objeto el pueblo mapuche no cambiará como consecuencia de esta reforma constitucional; deben introducirse cambios de fondo, culturales; deben asumirse las diferencias existentes al interior de las distintas etnias que conforman la nación chilena. Estoy muy orgullosa de ser mujer y de ser chilena y, por lo tanto, también lo estoy de las etnias que componen nuestra sociedad.
Pero quiero preguntarles a los diputados y diputadas presentes, ¿quién sabe cómo se dice “buenos días” en mapudungun? ¿Quién sabe cómo se dice “buenos días” en pascuense? ¿Quién sabe cómo se dice “buenos días” en aimara? Muy pocos, porque, a pesar de que somos chilenos y de que todos nos consideramos como tales según nuestra Constitución Política todos lo somos, existe una tremenda ignorancia respecto de las etnias y de nuestros orígenes ancestrales e indígenas.
(Aplausos en las tribunas.)
Uno de los diputados que me han llamado mucho la atención en el tema de los cambios culturales quiero decirlo es Carlos Ignacio Kuschel , que habla poco en la Sala, pero exhibe obras: es autor del único diccionario mapuche-español que conozco y lo ha repartido a todos los colegios y escuelas de su región.
Si hablamos de cultura, tenemos que reconocer los méritos. No importa si éstos son de la Derecha, de la Izquierda o del Centro. Los temas culturales y de diversidad no son patrimonio de la Concertación, ni de la Derecha, ni de la Oposición, son de los chilenos.
Me gustaría que el compromiso de apoyar esta reforma que hoy se va a expresar en la Sala, se manifieste en el futuro no sólo con buenas palabras y buenos discursos, sino que también cuando haya que destinar recursos a la agricultura, por ejemplo, como decía el diputado señor René Manuel García ; cuando haya que destinar, tal vez, fondos adicionales para que en los colegios también se enseñe el idioma mapuche...
(Aplausos).
...y cuando definitivamente reconozcamos que, dentro de nuestra enseñanza, es importante la expresión de la diversidad cultural.
Sinceramente, creo que el aporte de esta modificación tiene mucho más sentido que las propias palabras que se incluirán en la Constitución Política. Es el sentido de cómo un país en el cambio de siglo y de milenio enfrenta la modernidad, la que también tiene que ver con reconocer que todas las personas que nacimos y habitamos en Chile, tenemos igualdad de oportunidades.
Hoy digamos la verdad, las etnias no tienen igualdad de oportunidades en Chile. Integrantes de algunas de ellas sólo ocupan cargos menores y son sumamente discriminados en sus salarios y también por su apariencia. ¿Por qué le vamos a exigir a una persona de origen mapuche que use el pelo en la forma como nos gusta a nosotros? ¿Por qué le vamos a exigir que tenga un hábito cultural similar al nuestro? Es al revés. Lo decía el diputado señor Eduardo Díaz , y por ello quiero salvarlo un poco de la crítica que se le hacía. El diputado señor Díaz fue una de las personas que me acompañó cuando se hizo el estudio de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Obras Públicas, y comprobamos en terreno la expropiación de un cementerio mapuche. Debemos darle la misma valoración a un cementerio mapuche y a uno católico cuando son expropiados. Ésos son los temas de fondo.
(Aplausos).
Por ello, es un paso adelante este reconocimiento a la integración de nuestra nación chilena de las diversas etnias: mapuche, aimara, pascuense, todas las que mencionaba el diputado señor Carlos Vilches . Son muchos. Por eso es importante que quede explícito. Lo relevante es la igualdad de oportunidades; que el día de mañana no sean los mapuches, como dicen algunos, sino que sean los chilenos de la Novena Región los que enseñen una lengua distinta en cada colegio del país.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, era inevitable que salieran al baile los candidatos presidenciales, lo que denota la “seriedad” con que se toman estos temas.
Los únicos que saben de verdad cuál ha sido su historia, quiénes los han maltratado más y de quiénes han recibido mayor apoyo, son, precisamente, las minorías étnicas: mapuches, pehuenches, aimaras, etcétera.
Acá es muy fácil hacer discursos y caer en la comparación. Decir a los cuatro vientos cuánto se hizo o no se hizo. Ellos saben los mapuches concretamente, y todas las minorías étnicas del acuerdo de Nueva Imperial, y todos los chilenos son testigos de quiénes estuvieron a favor, de quién fue esta iniciativa, quién la propuso, quién quería que fuera algo más, y quién estuvo de acuerdo con lo que es la Conadi. Nosotros queríamos que fuera otra cosa, superior, mejor para los pueblos indígenas. Pero no olvidemos que en este Parlamento siempre lo hemos dicho una minoría veta a la mayoría, por las reglas del juego establecidas.
Aquí no se puede hacer una discusión en los términos planteados particularmente por el diputado señor Espina, quien se refirió a los diez años de gobierno democrático, porque nosotros luchamos por el cambio de la dictadura militar no ustedes, y gracias a este cambio, diputado señor Espina, su Señoría está participando en este Congreso. Ustedes fueron colaboradores del gobierno militar, fueron partícipes de la apropiación de las 350 mil hectáreas que les quitaron a los pueblos mapuche y pehuenche en el sur. Entonces, no vengamos a decir aquí lo que no corresponde.
(Aplausos).
Yo represento una zona campesina, guasa, y me molesta que saquemos ventajas de estas pequeñeces.
Aquí algunos pretenden enlodar a quien fuera un gran ministro. La misma Derecha lo dijo: “Nos gustaría tener un ministro como Lagos en la Derecha”. Y hoy quieren embarrarlo, quieren ensuciar su imagen, actitud que me parece muy mezquina frente a este gran proyecto que requiere de la unidad de todos nosotros, como también lo han dicho otros colegas.
Termino haciendo un llamado para que los pueblos, las minorías étnicas participen de una manera igualitaria en esta sociedad; pero sin discursos, sin descalificaciones, sin sacar provecho político mezquino, electoralista. Además, el pueblo ya sabe, amigos de la Derecha, y tiene muy claro por quién votará, lo que no variará por mucho que disfracemos a los candidatos de mapuches, de obreros, de campesinos. ¡El pueblo sabe por quién votará!
Ojalá que en esta ocasión la Derecha concurra favorablemente con todos sus votos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, la unidad de la nación chilena es un imperativo que nos reclama la historia, el presente y el futuro. Somos un país pequeño que habita en el confín del mundo. Enfrentamos los desafíos propios de un pueblo que quiere mejorar sus condiciones de vida y, para ello, debemos enfrentar una comunidad internacional cada vez más hostil, porque las naciones más desarrolladas buscan imponer sus propias reglas del juego, con desprecio por el esfuerzo y trabajo de los hombres y mujeres que luchan por alcanzar mejores niveles de progreso y bienestar en los países más pequeños, con menores riquezas naturales y, por lo tanto, con mayores exigencias para alcanzar el ansiado crecimiento económico y desarrollo social.
Hoy debemos pronunciarnos sobre una reforma constitucional que reconoce como integrantes de la nación chilena a nuestros pueblos originarios. Quiero expresar que entiendo esta reforma como una contribución a la unidad de la nación chilena, por cuanto reafirma que nuestros pueblos originarios son naturalmente chilenos, respetuosos de nuestro ordenamiento constitucional y legal, representados por nuestros emblemas nacionales, con plena participación en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de nuestra patria.
Esta reforma constitucional reafirma el concepto de Estado unitario y, por lo tanto, jamás podrá invocarse para sustentar aspiraciones separatistas e independentistas que algunos grupos, de muy escasa representación, desean.
Recuerdo que el primer libro que me impactó siendo niño fue “Lautaro, joven libertador de Arauco”, que relata cómo Lautaro defendió a su pueblo, su territorio y su gente. Me sentí orgulloso de él; me sentí orgulloso de todos sus descendientes, y hoy que soy diputado por Temuco y Padre Las Casas, comunas que cuentan con una importante población mapuche, me sigo sintiendo orgulloso de ellos, porque, a pesar de los años transcurridos, han sabido mantener su cultura, su religiosidad y, en muchos aspectos, nos brindan a diario una verdadera lección, por ejemplo, en el respeto a los ancianos, que muchas veces nosotros no realizamos con la misma intensidad.
Por lo tanto, siento que todos somos chilenos, que todos tenemos legítimas razones para sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios y que, de una vez por todas, tenemos que terminar con las divisiones, con las odiosidades y, fundamentalmente, con la pobreza y la marginalidad a la que, por décadas, han sido condenados muchos de ellos.
Si esta reforma constitucional contribuye a ese objetivo, bienvenida sea y votémosla todos favorablemente. Pero tengamos plena conciencia de que aquí existe una deuda gigantesca y que el verdadero progreso llegará en la medida en que le demos igualdad de oportunidades, en que ampliemos las becas indígenas, en que evitemos la deserción escolar de miles y miles de niños que, por vivir en el campo, tienen una dificultad adicional para completar sus estudios de enseñanza media y continuar en la universidad o en un centro de formación técnica.
Los pueblos originarios tienen nuestra misma inteligencia, son iguales a nosotros en su dignidad de seres humanos, pero lo cierto es que no han tenido me atrevería a decir, por varios cientos de años la misma oportunidad que muchos otros chilenos para salir adelante junto a sus familias.
Entonces, no nos engañemos: esta reforma constitucional es un buen primer paso, pero que no venga mañana ningún ministro de Hacienda a decirnos que no hay dinero para satisfacer las necesidades de nuestros pueblos originarios, porque nada sacaremos con aprobarla si no vamos a tener dinero para mejorar sus caminos, postas rurales y escuelas; para darles mayor subsidio para la tierra, para darles mayores oportunidades de educación. ¡Ése es nuestro verdadero desafío!
Señor Presidente, voto a favor de esta reforma constitucional porque la considero vital reitero para la unidad de la nación chilena, porque no quiero más divisiones, porque no quiero más separaciones y, fundamentalmente, porque quiero que nuestros hermanos mapuches tengan las mismas oportunidades, las mismas posibilidades que tenemos todos los que hemos nacido en esta hermosa patria chilena.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (Juan Pablo).-
Señor Presidente, en las palabras del diputado señor José García hay varios conceptos que considero de la máxima importancia.
Sin perjuicio de aquello, quiero demostrar cuáles son algunos de los matices que hay respecto del tema, que tiene que ver con el racismo no de 10 ni de 20 años, sino de 500 años, existente no sólo en Chile, sino en toda América latina desde que fuimos, según algunos, descubiertos; según otros, sin duda, conquistados.
Se habla hoy de la importancia de la unidad de la nación chilena. Comparto la tesis política del colega José García , de que somos un Estado unitario y de que esta reforma constitucional no puede servir a futuro a ningún propósito contrario a ese concepto, pero entiendo y quizás aquí esta el matiz que la unidad nacional se construye, día a día, entre iguales y no entre hermanos menores y personas respecto de las cuales algunos llegan incluso a dudar y hay que decirlo de que tengan nuestras mismas capacidades.
Somos una sociedad racista; somos tremendamente discriminatorios desde hace muchos años, desde hace décadas y siglos, y el objetivo de este proyecto, en primer término creo yoes vencer esa tremenda barrera de racismo que hay en nuestro país contra los pueblos indígenas, contra una forma de ser chilenos.
Espero que marque el inicio de una transformación de ese ser nuestro que signifique construir la unidad en la tolerancia, que signifique respetar al otro por lo que es y no aguantarlo porque es distinto a uno. Siempre confundimos los conceptos, y creo que es necesario partir comprendiendo que los integrantes del pueblo rapa nui, no pascuense, son distintos a nosotros, pero valen tanto como nosotros. No tienen que ser mapuches aunque ellos sean más numerosos, tienen el mismo derecho a todo por ser pueblos originarios, porque a veces en estos discursos y lo digo con respeto al pueblo mapuche, que es, sin duda, la etnia originaria más numerosa olvidamos que en esta ley el objeto es poner en situación de igualdad a la diversidad de pueblos originarios que hay en el territorio nacional. Entiendo eso sí que esta construcción de la unidad nacional es cotidiana, permanente y no se resuelve con esta reforma, aunque sí contribuye.
Pero y es aquí donde tengo una discrepancia con la indicación que se quiere someter a votación, para avanzar en la construcción de esta unidad nacional de aquí en adelante, necesitamos una discriminación positiva en favor de los pueblos indígenas; necesitamos enfrentar y generar mecanismos de discriminación positiva para aquellos que han sido postergados por nuestro racismo, por nuestro clasismo y por nuestra imposición cultural durante tantos años.
De ahí la importancia, por lo menos para mí, de la definición de mecanismos. Y aquí no puedo dejar de referirme a un caso, que lo tenemos que poner a prueba en esta reflexión. Cuando hay una ley de pueblos indígenas, más allá de esta reforma constitucional, tendremos que ver qué es lo que pasa en Ralco, para definir si estamos de acuerdo realmente con una discriminación positiva en favor de los pueblos originarios o ésta es una ley para decir: los reconocemos, pero no hay un interés en defender la diversidad con una discriminación en su favor. Tengo la impresión de que ahí es donde está nuestra diferencia, y no digo que ella sea entre Concertación y Oposición. Creo que al interior de la Oposición hay gente que comparte esta tesis. Pero el tema de fondo es saber si queremos mecanismos de discriminación positiva en favor de los pueblos originarios. Y soy partidario de que existan; soy partidario de que en una controversia, como la originada por Ralco, hoy, la ley indígena prevalezca por sobre la ley eléctrica. No estoy dispuesto a compartir criterios un poco ligeros, como el de la colega Lily Pérez cuando dijo que en un caso équis, se expropió un cementerio indígena. Quiero ser más cuidadoso con el concepto de lo que son esos cementerios, del catastro que existe y de cómo se hace uso de esas tierras.
En el caso puntual de Ralco vamos a poner a prueba a esta sociedad, vamos a ver si cree en la discriminación positiva en favor de los pueblos indígenas. Por ello, tengo una duda severa en cuanto a si el concepto de mecanismo que se quiere eliminar con la indicación es bueno o malo. No entraré al debate de la realidad social a que están sometidos los indígenas y los trabajadores campesinos de este país.
Es cierto que durante siglos los pueblos originarios fueron desplazados de sus tierras. En las últimas décadas, a partir de una ley promulgada en 1978, que permitió la entrega de títulos individuales, vimos cómo muchos fueron despojados de sus tierras y las comunidades, fuertemente golpeadas. Esta es una de las causas del conflicto con muchas de las forestales en el sur, ya que se metió en el mercado tierras que no deberían haber sido incorporadas a él, porque necesitábamos una discriminación positiva, tal como intentamos hacerlo en la isla de Pascua con una ley en favor del pueblo rapa nui, que como todos sabemos ha tenido sus bemoles.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al colega José Antonio Galilea .
El señor MONTES (Presidente).-
Con cargo al tiempo de su Señoría, puede hacer uso de una interrupción.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Agradezco la interrupción al diputado Juan Pablo Letelier .
Sólo para hacer claridad sobre algo que él señalaba.
La ley indígena que este Congreso aprobó por unanimidad es, ciertamente, en su base fundamental, una discriminación positiva hacia los pueblos originarios, lo cual fue posible sin que existiera reforma constitucional alguna. Una discriminación positiva por un tiempo más largo o más corto, eventualmente puede ser un elemento de ayuda para sacar a un determinado sector del país de cierta situación.
Debo decir al diputado Juan Pablo Letelier que con la mayor buena fe hemos planteado esta indicación; que la analice en su contexto, porque estimamos que aun con esa redacción siempre será posible dictar como se ha hechouna ley que permita discriminar positivamente en favor de un determinado sector del país.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Puede continuar el diputado Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, cuando hablamos de la historia del establecimiento de esta ley y de la discriminación positiva en favor de un grupo o grupos, o sectores de nuestro país, sin duda es necesario ser honestos. Un colega recordaba el tiempo que lleva este proyecto en el Congreso. Pues bien, la razón por la que no se aprobó antes es porque hubo sectores de la Oposición que se oponían al concepto “pueblo”, no porque la Concertación no haya querido promoverlo; había colegas en contra de él, pues significaba reconocer lo que para algunos es complejo.
El Consejo de todas las tierras habla de una nación dentro de una nación. Creo que hay grupos y etnias con su propia identidad, su lenguaje e incluso con sus símbolos que pueden convivir dentro de un Estado moderno. No me asusta esa diversidad. A algunos les preocupa y se opusieron a este concepto; si no se acepta la indicación propuesta también votarán en contra de esta reforma. Es cierto que en ella se permiten mecanismos de discriminación, y es un gran avance que ello quede explícitamente señalado en la Constitución Política. No es banal dicho concepto, creo que es muy importante, y adicionalmente lo es que en la Constitución se reconozca que hay grupos y sectores en nuestra sociedad, lo que también asusta a algunos.
Entiendo la importancia del espíritu de la indicación y comparto la lógica del colega José García , del Estado unitario. Creo que esa construcción de unidad se hace con grupos y sectores diversos de nuestra sociedad que no debemos pretender hacer homogéneos en ningún momento, sino dejarlos que se construyan con la tolerancia y el respeto a lo diverso.
Por ende, no estoy convencido de que la indicación que se propone sea útil; al contrario, soy partidario de que se establezcan en la Constitución mecanismos de participación especial para los pueblos indígenas y el reconocimiento de grupos y sectores. En esa forma se hará mejor la historia necesaria para construir en nuestro país un mundo de mayor tolerancia y sin racismo hacia los pueblos originarios.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Bartolucci.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, represento en esta Corporación a una de las etnias más singulares de las que existen en nuestro país. Me refiero al pueblo rapa nui.
Soy diputado del distrito 13, el que comprende Valparaíso y las posesiones insulares de Juan Fernández y Pascua. En representación de esa etnia, anuncio mi voto favorable al proyecto.
Sin embargo, hubiese preferido que en vez de establecer la expresión “pueblos indígenas”, se hubiese señalado que el Estado reconoce las etnias autóctonas. Y quiero dejar expresa constancia de este punto, porque en muchas oportunidades el pueblo rapa nui ha expresado que no se siente identificado con la expresión “indígenas”. En los pocos minutos que se me concedieron, no me extenderé sobre el punto, pero sí quiero dejar constancia de ello.
Se me ha dicho que no es posible reemplazar en el primer párrafo de esta reforma constitucional la expresión “pueblos indígenas” por “etnias autóctonas”, por lo que ya de alguna manera aquí se expresó. En consecuencia, no insistiré en una indicación que no tiene destino alguno; pero dejo constancia de que el pueblo rapa nui no se siente indígena, ni interpretado por esa expresión.
Ahora, en el tema de fondo, puedo señalar con mucha autoridad en esta Cámara que, sin lugar a dudas, existen en nuestro país etnias diferentes que lo integran. Hay quienes conocen la realidad de los pueblos aimara, mapuche u otros más al sur. Yo conozco al pueblo rapa nui, el cual tiene un origen distinto, y aunque sea de raza polinésica es parte de nuestra nacionalidad. Por eso, bien dice la reforma cuando prescribe que el Estado reconoce a estos pueblos y que ellos conforman la nación chilena. Está bien redactada la primera parte de esta reforma y creo que toma los dos aspectos importantes. Por eso, en varios pasajes me pareció que la discusión no tenía mucho sentido, o bien muchos de los diputados que han usado de la palabra no conocieron la indicación completa. La primera frase es correcta: se reconoce la existencia de pueblos de origen étnico distinto al nuestro. Y eso es así, y son pueblos efectivamente, como lo es, por ejemplo, el rapa nui, pero ellos integran la nación chilena. Y aquí surge el tema de la diversidad. Como bien se ha dicho, no hay que temer a esta realidad, pues es efectivo que en Chile existen distintas etnias. El punto radica en que sepamos convivir con ellas, integrarlas a la nación chilena y reconocerles lo que les es propio. Por lo demás, la indicación sustitutiva lo señala en los siguientes términos: “La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres”. Es decir, no sólo se reconoce la existencia de etnias que constituyen pueblos llamados “indígenas”, sino, además, se señala expresamente que debe promoverse el respeto a su cultura. En este sentido, considero que la indicación está bien redactada.
El tercer punto se relaciona con la forma de integración de los pueblos indígenas a la nación chilena. La indicación sustitutiva señala que el Estado garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que todos los demás chilenos. Ello debe entenderse como una consideración de orden general, pues, como bien se ha explicado, la indicación en comento no impide la posterior dictación de leyes o medidas que ayuden a promover el desarrollo económico de estas etnias. Quiero subrayar este aspecto a fin de que quede consignado en la historia fidedigna de la ley: tal como ha quedado redactada la indicación, nada obsta para que más adelante el gobierno central o los gobiernos regionales impulsen medidas que tiendan a favorecer a los pueblos autóctonos.
Como ya anuncié, votaré favorablemente la indicación en debate, no sólo porque reconoce la existencia de nuestras etnias autóctonas llamadas en la indicación “pueblos indígenas”, sino porque las entiende como parte de la nacionalidad chilena. Además insisto, la indicación se compromete a promover el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organizaciones sociales y costumbres, así como a garantizar a sus integrantes la participación en el devenir y desarrollo de nuestro país en iguales términos, sin discriminaciones, como todos los demás chilenos, en el entendido de que, así como el Estado de Chile puede determinar la entrega de beneficios económicos o de desarrollo social a cualquier sector del país, puede hacer lo propio con los pueblos que en esta reforma se denominan “indígenas”.
Hemos elaborado una reforma constitucional adecuada, que debiera dejar satisfechos tanto a quienes guardaban ciertas reservas respecto de la unidad del país como a aquellos que querían avanzar en el reconocimiento de estas etnias que forman parte de la nacionalidad chilena. Con esta reforma vamos a responder a ambos aspectos y a promover el respeto y el desarrollo de estas culturas. El reconocimiento de sus integrantes como parte de nuestra nacionalidad, asegura su participación en todos los aspectos de la vida nacional.
He dicho.
(Aplausos).
La señora PÉREZ, (doña Lily).-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señor Presidente, pido hacer uso de la palabra en virtud del inciso 2º del artículo 34 del Reglamento.
El señor MONTES (Presidente).-
Señora diputada, no es posible acceder a su petición en este momento. Puede reiterar su petición al término de la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en consideración a que cuento con sólo un minuto y medio para desarrollar mi intervención, quiero transformar mi reflexión en un saludo a quienes en este momento se encuentran en las tribunas y, a través de ellos, hacerlo extensivo a mis hermanos mapuches de la provincia de Arauco, a quienes represento.
Ellos me han pedido que vote a favor esta reforma, y así lo voy a hacer. Sin embargo, tengo la convicción de que este proyecto que reforma nuestra Constitución se trata de una iniciativa bien inspirada no soluciona los distintos problemas de nuestras etnias ni mucho menos las reivindicaciones a sus legítimas aspiraciones. Sin embargo, estoy convencido de que en un segundo mensaje, con el perfeccionamiento de la ley Indígena, la transformación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
sacando todo aquello que es politiquería y el otorgamiento de los financiamientos que correspondan, se podrá solucionar en gran medida la situación actual.
Anuncio que votaré favorablemente el proyecto y reitero mi saludo a todas las etnias, en especial a la mapuche, con la que convivo y trabajo en la provincia de Arauco. Formulo un llamado a las dirigencias mapuches y a las relacionadas con otros grupos a fin de que depongan su actitud beligerante, violentista y poco conciliatoria. Este paso que estamos dando va en ese camino. Mi llamado, modesto y personal pienso que lo comparten todos mis colegas sólo busca que esos grupos depongan definitivamente estas actitudes, a fin de lograr la convivencia pacífica que nos merecemos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.-
Señor Presidente, intentaré hacer un esfuerzo de racionalidad y reflexión respecto de los temas que han ocupado nuestro debate, a fin de encontrar un camino que nos sirva a todos al momento de pronunciarnos sobre esta importante materia.
Nuestro debate ha adolecido de altibajos, de lo cual todos somos responsables. Ha habido intervenciones más preocupadas de descalificar o de hacer esgrima política, pero otras, pronunciadas desde todas las bancadas, han sido profundas, de gran envergadura, preocupadas de captar la esencia de la discusión. Una de ellas mi intención al destacarla no es desmerecer otras fue la pronunciada por el autor de esta iniciativa, el diputado señor Francisco Huenchumilla . Los discursos de guerrilla han servido para entender bien qué nos divide, pero los más profundos son de utilidad para establecer algunos puntos que nos unen, lo que no sólo es importante, sino que se lo debemos al país.
La reforma constitucional en debate concita tres cuestiones centrales: una, vinculada con la unidad nacional, otra que respecta a la diversidad nacional, y un tercer aspecto que es la eficacia, la forma y el fondo de la reforma misma.
En cuanto a la unidad nacional, creo que hemos avanzado. El tema, expuesto con mayor o menor talento por diputados de estas bancadas, ha sido captado, entendido, reconocido y puesto en el nivel que corresponde. Esta es la Cámara de Diputados y el valor de la unidad nacional, el esfuerzo histórico de integración de una nación que se transforma en Estado, ha quedado aliado como un valor importante. Esto, de alguna manera, ha sido un aporte de estas bancadas.
Por otra parte, se ha puesto énfasis en la diversidad nacional. Esto también es relevante y, hay que reconocerlo, ha sido enfatizado por los diputados de las bancadas de enfrente: el país no es una unidad monolítica. Chile está integrado por razas, personas y elementos culturales distintos que han conformado, a lo largo de la forja histórica, la nación chilena. El Estado tiene perfecto derecho a reconocer que la diversidad es un valor que también puede promoverse, desarrollarse y entenderse, que enriquece la unidad nacional. Hoy quiero validarlo con toda tranquilidad y calma, pero también con firmeza.
Entonces, estamos de acuerdo en un elemento de unidad nacional que hay que preservar, y en un elemento de diversidad nacional o étnica que puede promoverse y desarrollarse. En consecuencia, falta definir la forma de hacerlo. Creo que todos estamos de acuerdo en que la reforma del artículo 1º de la Constitución es importante por sus características, ubicación en la geografía constitucional e influencia en el resto del edificio constitucional, respecto de la cual debemos tener, a lo menos, un mediano cuidado.
¿Cuáles eran los puntos que nos llamaban la atención y preocupaban por la forma de expresar los valores de la unidad y de la diversidad? Lo ha dicho muy bien el diputado señor Alberto Espina . No nos hagamos los sordos: la forma como queda la norma constitucional, de aprobarse el texto que se propone, tiene problemas. En una de sus frases se expresa que el Estado “garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que les competen”, lo que está consagrado por ley. Entonces, la pregunta es perfectamente legítima: ¿qué pasa con los asuntos que no les competen? ¿Acaso el Estado no debe reconocer a los pueblos indígenas, así como a cualquier chileno o estamento de chilenos, participación en los asuntos que no les competen en cuanto a etnias? Es obvio que debe hacerlo. Por lo tanto, una reforma fruto del apasionamiento se puede transformar en un elemento negativo más que positivo.
Además, se agrega: “en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”. ¡Atención, señor Presidente, distinguidos colegas! Estamos introduciendo en la Carta Fundamental palabras, vocablos, voces que nunca son inocuas. Efectivamente, como sostenía el ministro, la expresión “sectores” existe en la Constitución, cuando dice que ningún sector podrá arrogarse atribuciones que no le competen; pero está usada en sentido negativo, peyorativo, en cuanto a que no puede atribuirse más prerrogativas de las que la ley le establece. Por lo tanto, a mi juicio, la inclusión de la palabra “sectores” en el artículo 1º de la Constitución será más negativa que positiva.
Por otra parte, la expresión “grupos” no existe en la Carta Fundamental. Estamos introduciendo un vocablo, una voz, un sustantivo que puede significar más problemas que los que se quieren solucionar.
Con el ánimo de colaborar, de flexibilizar, de afianzar ideas importantes para esta Corporación, como la unidad y la diversidad nacional, hemos estudiado una indicación que, a juicio nuestro, mejora sustancialmente el proyecto y evita los problemas señalados. Fue conversada con el ministro del Mideplan, encargado por el Ejecutivo para tramitar esta materia, y él ha manifestado su acuerdo. También fue conversada con el diputado señor Francisco Huenchumilla , que asumió el protagonismo en estas materias y se ha mantenido firme en su postura, y la estima adecuada.
La indicación reemplaza la frase final del texto que se propone, por la siguiente: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde, en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
El diputado que habla entiende que la aprobación de la indicación implica un acto de madurez que honraría a todas las diputadas y diputados de esta Sala. Nos podemos dar gustos pequeños viene una confrontación electoral por palabras más o palabras menos, que pueden significar mucho, pero la indicación que propongo a la Mesa mejoraría sustancialmente la norma, permitiría la aprobación unánime del proyecto y afirmaría una idea que le sirva al país, a las etnias y a los pueblos mapuches, sin transformarse en un incordio y en un problema mayor que el que se desea solucionar.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Acuña.
El señor ACUÑA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer la altura de la discusión llevada a cabo en este hemiciclo. Ello demuestra el interés de todos los parlamentarios por participar e introducir en el debate nacional un tema de extraordinaria importancia. Por lo tanto, entendemos que habrá una aprobación casi unánime del proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno.
Quiero saludar a todos los miembros de comunidades y asociaciones indígenas presentes y extender este saludo a los miembros de la comunidad nacional.
Al verlos a ustedes acá, me viene a la memoria una carga de angustia por el daño que les causaron nuestros antepasados y, de alguna forma, lo poco que hemos hecho para remediar los errores de ese pasado que, si bien hoy son historia, nos pesan sobremanera:
“Vosotros sois el cimiento y la memoria, el mañana y el más allá; sois la levadura del futuro, raíz de sabiduría, refugio de verdad, hermana de la piedra y el arado, manantial de agua viva, artesano y constructor. Naciste entre el Inti y la Pachamama. Te hiciste dueño del cielo y la tierra; cultivaste todo lo que se puede sembrar. Con tus manos diste forma a la montaña; con tu espíritu diste luz al despertar”.
“Grita el recuerdo, vuela tu alma, llora la vida. Se levanta la voz y se escucha tu lamento por toda esta tierra”.
“¿Cómo fue posible exterminar tu existencia? La mano poderosa hizo temblar, robó, asesinó e impuso tragedia. En nombre de Cristo, exterminaron muchos seres: al aimara, al azteca, al mapuche. Esclavizaron el hermano de la pureza. Destruyeron las culturas que existían en el norte, en el centro y en el sur de América, para entrar con sus costumbres foráneas. Si hasta les llamamos erróneamente indios por el equívoco de un navegante confundido”.
Pero la historia nos exige y reclama una reivindicación concreta y justa. Nos exige, además, pedir perdón a nuestros hermanos y ofrecerles un compromiso mayor con sus comunidades y su cultura, que no sólo signifique un bonito discurso y un parafraseo de buenas intenciones. Debemos posibilitar un espacio de mayor participación a nuestros hermanos mapuches e indígenas y hacerlo con el compromiso de todas las entidades que conforman este país llamado Chile.
Espero profundamente que este paso que damos hoy sea uno de los muchos que debemos seguir dando, no sólo reconociendo la legitimidad de sus territorios y culturas, sino una real incorporación a nuestra nación.
Gracias por su paciencia, gracias por su sabiduría, gracias por darnos la mejor enseñanza de humanidad. Sin duda, en ustedes se reafirma que Dios sigue pintando la esperanza.
Los invito, además, a unificarse en una gran comunidad, sin divisiones que los aten y los compliquen, sin odiosidades que los hagan perder lo hermoso que representan, con más altura frente al desaliento y un mayor compromiso con ustedes mismos.
Señor Presidente, honorables colegas, en mi intervención quiero representar a las comunas del distrito que me ha honrado con el cargo de parlamentario, donde hay gran presencia de hermanos mapuches: Toltén , Cunco , Curarrehue , Loncoche , Gorbea y Villarrica .
Están presentes en las tribunas asociaciones mapuches de Renca, la Lonco Calfucura, Huilcundre , Rayen Huilcaín , Catri Huala , Taín Alquín , Quiñe Pulinahuén . Además, representantes de Cerro Navia y, por supuesto, del Consejo de todas las tierras.
Señor Presidente, ha llegado la hora de la verdad en nuestro hemiciclo, y espero que todos aprobemos esta reforma constitucional.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Se cierra el debate por no haber más diputados inscritos.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, solicito que suspenda la sesión y cite a reunión de Comités.
El señor MONTES (Presidente).-
Convoco a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONTES (Presidente).-
Continúa la sesión.
Reunidos los Comités parlamentarios, han resuelto por unanimidad que este proyecto de reforma constitucional vuelva a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, por un plazo muy determinado: el mes de octubre, con el objeto de oír la opinión de otras organizaciones y dirigentes.
(Aplausos).
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. Segundo trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Carta Fundamental, en lo relativo a la oportunidad en que han de reunirse las dos Cámaras para aprobar una reforma constitucional.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín Nº 2089-07, sesión 38ª, en 16 de septiembre de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
Informe de la Comisión de Constitución, sesión 39ª, en 9 de septiembre de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MONTES (Presidente).-
Por acuerdo de los Comités, el diputado Elgueta rendirá , por dos minutos, el informe y, posteriormente, se votará el proyecto. Se requiere, para su aprobación, del voto conforme de las dos terceras partes de los diputados en ejercicio.
Tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, como es sabido, cuando el Congreso Nacional despacha un proyecto de reforma constitucional, el Congreso Pleno, 60 días después de su aprobación, tomará conocimiento de él y procederá a votarlo sin debate. Si en esa sesión no se reúne la mayoría absoluta, se cita para el día siguiente y dicho proyecto se vota sin debate con los diputados y senadores que asistan.
La Constitución de 1833 exigía dos congresos sucesivos para aprobar una reforma constitucional. Lo mismo dispuso la Constitución de 1980, y sólo después del plebiscito del 30 de julio de 1989 se redactó una disposición similar a la contenida en la Constitución de 1925, que señala el plazo de 60 días.
Ese plazo fatal de 60 días que hoy poco se justifica y que algunos denominan “de meditación” o “de reflexión” para el cambio de la Carta Fundamental, prácticamente, no tiene razón de ser. El proyecto constituye un avance en el sentido de fijar un plazo para la convocatoria, entre treinta y sesenta días, que determinará el Presidente del Senado y, si en el día señalado no se reúne la mayoría del total de los miembros del Congreso, la sesión se realizará ese mismo día, una hora después, citada también, previamente, por el Presidente del Senado.
Con los diputados Krauss y Riveros hemos presentado indicación a este proyecto de reforma constitucional para suprimir la instancia del Congreso Pleno, puesto que resulta absurdo haber consagrado la posibilidad de que un proyecto de reforma constitucional, habiéndose debatido por ambas cámaras, sea rechazado en un Congreso Pleno. No obstante que este proyecto constituye un avance, la idea, en definitiva, es suprimir ese trámite, puesto que repitono obedece a ninguna razón válida.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación en general el proyecto de reforma constitucional.
Durante la votación:
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, ¿cuántos votos se requieren para aprobarlo?
El señor MONTES (Presidente).-
76 votos, señor diputado.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobada en general la reforma constitucional con el quórum correspondiente.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Coloma, Cornejo (don Aldo), Cornejo (don Patricio), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez ( don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina), Prokurica , Recondo , Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Rojas, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor MONTES (Presidente).-
Señores diputados, existe una indicación que propone eliminar los tres primeros incisos del artículo 117 de la Constitución Política. Si hubiese unanimidad, podría votarse ahora.
Como no la hay, vuelve a Comisión para segundo informe.
Despachado el proyecto.
El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:
De los señores Krauss, Elgueta, Riveros y Aldo Cornejo para derogar los incisos primero, segundo y tercero del artículo 117 de la Carta Fundamental.
NORMAS SOBRE CONCESIONES DE ENERGÍA GEOTÉRMICA. Proposición de la Comisión Mixta. (Votación).
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el informe de la Comisión Mixta relativo al proyecto de ley sobre concesiones de energía geotérmica.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobado el informe de la Comisión Mixta.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña, Aguiló, Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Ascencio, Ávila, Bartolucci, Bertolino, Bustos (don Manuel), Bustos (don Juan), Caminondo, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Coloma, Cornejo (don Aldo), Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Encina, Errázuriz, Espina, Fossa, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), Girardi, González (doña Rosa), Gutiérrez, Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Jiménez, Jocelyn-Holt, Krauss, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Recondo, Reyes, Rincón, Riveros, Rocha, Salas, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Soto (doña Laura), Tuma, Urrutia, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vargas, Vega, Velasco, Venegas, Vilches, Villouta, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
SITUACIÓN DE TIMOR ORIENTAL.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Walker para plantear un punto de Reglamento.
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente, diputados de todas las bancadas hemos presentado un proyecto de acuerdo sobre la situación crítica que vive Timor Oriental y quisiera solicitar, por su intermedio, la unanimidad de la Sala para tratarlo ahora.
El señor MONTES (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para tratar de inmediato el proyecto de acuerdo sobre Timor Oriental?
Acordado.
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 303, de los señores Walker, don Ignacio; Letelier, don Juan Pablo; señora Soto, doña Laura; señores Cardemil, Pérez, don Víctor; Prokurica, Montes, Acuña, Galilea, don José Antonio, y Jarpa:
“Considerando:
1. Que el pueblo timorense (Timor Oriental), en la consulta popular del día 30 de agosto pasado, por una abrumadora mayoría de un 78,6 por ciento, en circunstancias que el 98 por ciento de los inscritos en los registros electorales concurrieron a votar, rechazó la propuesta del Gobierno de Indonesia acerca de un estatuto de “autonomía especial” para Timor Oriental dentro del Estado unitario de Indonesia, manifestándose, por tanto, a favor de la independencia de la actual provincia de Indonesia;
2. Que dicha consulta popular surgió de una decisión del propio Presidente Habibie, de comienzos de año, en orden a que fuera el pueblo timorense el que decidiera sobre su futuro, lo que quedó formalmente consagrado en el acuerdo de fecha 5 de mayo de 1999, suscrito entre los gobiernos de Indonesia y Portugal y Naciones Unidas.
El referido acuerdo otorga a Naciones Unidas la responsabilidad de organizar y llevar a cabo la consulta popular, mientras que el Gobierno de Indonesia asume la responsabilidad íntegra por la seguridad de todo el proceso;
3. Que, conforme lo estipula dicho acuerdo, el Gobierno de Indonesia asume la responsabilidad por la seguridad del proceso en torno a la consulta popular (artículo 3); dicho Gobierno adoptará las medidas de tipo constitucional para hacer efectiva la voluntad ciudadana manifestada en las urnas y traspasará la autoridad, para el caso del triunfo del rechazo a la propuesta sugerida, a Naciones Unidas (artículo 6), mientras que ésta mantendrá una presencia adecuada en el período que medie entre la consulta popular y el proceso de implementación de la decisión ciudadana, cualquiera que ésta sea (artículo 7);
4. Que, conforme todas las informaciones de prensa disponibles y al testimonio de los observadores internacionales, representantes del gobierno de Chile ante la consulta popular, diputados Juan Pablo Letelier e Ignacio Walker , mientras que Naciones Unidas habría cumplido a cabalidad con su responsabilidad de organizar y llevar a cabo dicha consulta popular, el Gobierno de Indonesia no habría cumplido con ninguno de los compromisos señalados anteriormente, siendo especialmente grave el clima de violencia e intimidación que ha rodeado a dicha consulta popular.
Por las informaciones disponibles, lo anterior ha sido fruto de la acción de las milicias o grupos paramilitares que han actuado con total impunidad, sembrando el terror entre la población timorense, a vista y paciencia, con la tolerancia, si no con la colaboración, tanto del ejército como de la policía, mientras que el Gobierno de Indonesia no adoptó ninguna medida para hacer frente a esa violencia inducida desde las fuerzas señaladas;
5. Que la situación descrita reviste aún mayor gravedad frente a la violencia sistemática desatada con posterioridad a la consulta popular, desconociendo en los hechos la voluntad expresada por la inmensa mayoría del pueblo timorense. Es así como se desató una ola inusitada de violencia afectando a la población timorense, personal de Naciones Unidas, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas, observadores internacionales, entre otros sectores nacionales e internacionales;
6. Que todo lo anterior obliga a la comunidad internacional a reaccionar enérgicamente, para instar al Gobierno de Indonesia a cumplir a cabalidad con los compromisos suscritos ante la misma comunidad internacional, de modo tal que se respete la voluntad soberana del pueblo timorense, manifestada en las urnas;
7. Que reviste una especial gravedad la situación que ha vivido la familia de don Américo do Santos y la señora Fernanda , la que tuvo la amabilidad de hospedar por una semana a los representantes de Chile. Su casa fue quemada e íntegramente destruida, mientras que no se sabe del paradero de sus miembros.
Es por todo lo anterior que la Cámara de Diputados acuerda:
1. Felicitar al pueblo timorense y a Naciones Unidas por haber sido capaces de llevar a cabo un proceso ejemplar en términos electorales, lo que permitió la inscripción de la inmensa mayoría de los timorenses, mientras que un 98 por ciento concurrió a votar y un 78,6 por ciento se manifestó en forma clara y decidida a favor de la independencia.
2. Condenar en términos enérgicos la incapacidad (o falta de voluntad) del Gobierno de Indonesia para garantizar la seguridad del proceso electoral, habiendo amparado formas inusitadas de violencia, especialmente de parte de milicias o grupos paramilitares, con la tolerancia, si no la colaboración, directa o indirecta, de la policía y el ejército;
3. Hacer un llamado a la comunidad internacional y especialmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que adopte todas aquellas medidas, incluyendo la posibilidad de una fuerza de paz multinacional respecto de la cual el Gobierno de Indonesia ha manifestado, ahora último, su buena disposición que permitan restablecer la seguridad y la paz, a la vez que hacer cumplir en forma precisa y efectiva la voluntad del pueblo timorense manifestada en forma inequívoca en las urnas, con una clara postura a favor de la independencia;
4. Instar al Gobierno de Indonesia a cumplir con su acuerdo del 5 de mayo, con Naciones Unidas y el Gobierno de Portugal, a fin de garantizar la seguridad en el territorio de Timor Oriental, velar por un traspaso efectivo de la autoridad a Naciones Unidas a la vez que permitir a esta última mantener una presencia adecuada hasta ver materializado y concluido satisfactoriamente el proceso hacia la plena independencia de dicho pueblo, incluyendo las facilidades para el ingreso de una fuerza de paz que permita colaborar en términos efectivos a los objetivos anteriores;
5. Solicitar al Gobierno de Chile que siga prestando toda la colaboración que hasta ahora ha dado a Naciones Unidas y los distintos foros en que tenga participación, a la vez que considere formar parte de la fuerza de paz que para ese efecto se establezca por parte de dicha organización internacional; y
6. Requerir de dicho Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, una información precisa y acabada sobre el paradero de don Américo do Santos y familia, una investigación sobre los hechos que condujeron al incendio y destrucción de su vivienda y las máximas garantías de seguridad para dicha familia”.
El señor MONTES (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad, sin discusión, el proyecto de acuerdo.
FACULTADES A COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR PARA INVESTIGAR CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 301, de los diputados señores Alessandri, Galilea, don Pablo; Bertolino, Prokurica, Palma, don Osvaldo; Pérez, don Víctor; Bartolucci, Vilches y diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Pérez, doña Lily.
“Considerando que:
1º 117 mil millones de pesos fueron asignados y distribuidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del Ministerio del Interior, para programas de mejoramiento urbano y equipamiento comunal en todo el país, con el propósito de combatir la cesantía que afecta a más de 700 mil familias chilenas.
2º La distribución de los fondos carece de mecanismos técnicos y sociales que lo justifiquen. No hubo un coeficiente que efectivamente midiera los factores de cesantía, pobreza y densidad poblacional a nivel comunal u otros parámetros diferentes a los intereses políticos de los partidos gobernantes. De hecho, hasta la fecha ni siquiera se dispone de índices de cesantía a nivel comunal; tanto el INE como la Universidad de Chile han determinado el desempleo sólo a nivel regional y provincial.
3º Los montos del total de proyectos a postular por cada comuna fueron previamente asignados, con un tope en la Región Metropolitana que varía entre los 640 millones y los 50 millones de pesos, sin existir una razón lógica o científica entendible respecto de los factores para determinar el máximo entre una y otra comuna.
4º La distribución comunal de los montos refleja una falta de proporcionalidad evidente que no guarda relación con los índices de pobreza y cesantía que las afectan.
5º La situación a nivel regional es igualmente incomprensible y discriminatoria, pues los índices de cesantía, tampoco coinciden con la asignación. Por ejemplo, a la II Región de Antofagasta, que registra un 7,0% de cesantía, se le asignaron 27 mil 950 millones de pesos. En cambio, a la V Región, afectada por un 15% de desempleo, la región con el índice más alto del país, se le asignaron 13 mil 810 millones de pesos.
6º Las cifras informadas por la autoridad no resultan coherentes, ya que se pretende beneficiar durante tres meses a 65 mil trabajadores con un costo por persona de 500 mil pesos, lo que arroja un costo total de 32 mil millones de pesos y no 117 mil millones como lo ha señalado la autoridad.
La Cámara de Diputados acuerda:
Otorgarle competencia a la Comisión de Gobierno Interior para que se constituya como Comisión Especial Investigadora, en conformidad al artículo 297 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que investigue y determine los criterios de asignación de estos recursos efectuada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del Ministerio del Interior.
La Comisión deberá desarrollar la investigación en el plazo de 45 días”.
El señor MONTES (Presidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, el Supremo Gobierno ha destinado 117 mil millones de pesos para combatir el desempleo. Sin duda, es una iniciativa loable. Pero se han dado las más variadas interpretaciones respecto de si el Gobierno hizo bien o mal al “premiar” con mayores recursos a alcaldes de la Concertación; de cómo se ha castigado a cesantes que habitan en comunas regidas por alcaldes del Pacto Unión por Chile, etcétera.
Es tan monstruosa la situación que hemos constatado, que en este minuto apoyo a la Mesa en su afán de incentivar la labor fiscalizadora de la Corporación. Por eso, sin más trámite, ruego a los señores diputados que creen en la transparencia y en la honesta conducción del Estado, votar favorablemente el proyecto de acuerdo que otorga competencia a la Comisión de Gobierno Interior en los términos señalados.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Homero Gutiérrez para impugnar el proyecto de acuerdo.
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, a primera vista, el proyecto puede ser calificado como viable y positivo. Sin embargo, es redundante, porque sobre el tema ya se ha formulado, por oficio, una petición de antecedentes. Entonces, lo aconsejable es conocer la respuesta del Gobierno a dicha comunicación.
Por lo demás, entrando un poco más a fondo sobre el tema, por el acuerdo se solicita conocer los criterios que el Ejecutivo aplicó para asignar los recursos destinados a combatir la cesantía. La formación de una comisión investigadora es más bien para tomar conocimiento de eventuales irregularidades cometidas por el Gobierno y no para conocer sus criterios sobre implementación de ciertas políticas, como sucede en este caso. Por lo tanto, a mi juicio, no cabe investigación alguna.
Por ello, al igual que muchos otros señores diputados, votaré en contra del proyecto de acuerdo, que constituye otra muestra de demagogia y afán de investigar, con sustento o sin él, todo lo que hace el Gobierno.
El señor MONTES (Presidente).-
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado señor Aguiló .
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que se nos somete a consideración constituye un acto de creatividad infinita, pues, desde 1990 a esta parte, es la primera vez que alguien sugiere que se constituya una comisión investigadora para estudiar criterios sobre una determinada materia. Normalmente, tal como se ha recordado, las comisiones investigadoras tienen por objeto tratar graves irregularidades, faltas serias, situaciones anómalas en las que haya incurrido la autoridad. A mi juicio, debemos tomar con más rigurosidad las facultades fiscalizadoras de la Cámara, en virtud de lo cual este acto creativo carece de sentido.
Además, basta con que un conjunto de parlamentarios solicite a la autoridad pertinente explicitar los criterios aplicados. Preguntar, por ejemplo, si la distribución de los 117 mil millones de pesos se hizo de acuerdo con las tasas de desempleo por provincias, por regiones o según la cantidad de recursos que estaban disponibles por los Isar, Inversiones sectoriales de asignación regionales. En fin, puede que haya habido un conjunto de criterios, respecto de los cuales procedería consultar, y la autoridad, enviar las respuestas. Con toda seguridad, si el diputado señor Alessandri solicita información, tendrá contestación en los próximos días. Ahora, si ella revelare anomalías o irregularidades graves, sólo entonces pensaríamos en constituir una comisión investigadora para investigarlas. Por eso, votaremos en contra del proyecto de acuerdo.
El señor MONTES (Presidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MONTES (Presidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN CONDICIONES DE CONVENIO DE PROGRAMACIÓN “PASO SAN FRANCISCO”, DE ATACAMA.
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 302, de los diputados señores Vilches y Prokurica.
“Antecedentes:
En el Convenio de Programación “Paso San Francisco”, suscrito con fecha 31 de agosto de 1997, entre el ministro de Obras Públicas y el Gobierno Regional de Atacama, han sido detectadas diferencias en la redacción entre el documento oficial aprobado por Decreto Supremo (Hacienda) Nº 61 de 9 de marzo de 1998 y el texto del convenio que aprobó el Consejo Regional de Atacama.
La tramitación de este convenio fue la siguiente:
1. El Consejo Regional de Atacama, en su sesión ordinaria Nº 5/97, de fecha 18 de febrero de 1997, en su acuerdo Nº 3, aprobó por unanimidad el Convenio de Programación “Paso San Francisco”.
2. El Gobierno Regional de Atacama, mediante resolución exenta Nº 139, de fecha 25 de febrero de 1997, tuvo por aprobado, por parte del Consejo Regional de Atacama, el Convenio de Programación “Paso San Francisco”.
3. El Gobierno Regional de Atacama, mediante Ord. Nº 194, de fecha 14 de marzo de 1997, dirigido al ministro de Obras Públicas, remitió seis ejemplares del Convenio de Programación “Paso San Francisco”, aprobado por la resolución antes mencionada, para la firma del ministro ya citado, y posterior devolución al Gobierno Regional.
4. La Dirección de Planeamiento del ministerio de Obras Públicas, a través del Ord. Nº 1272, de fecha 8 de septiembre de 1997, remitió cinco ejemplares del Convenio de Programación “Paso San Francisco”, al señor secretario regional ministerial de Obras Públicas, don Fernando Enrique Gramegna Trigos , debidamente firmados por el titular del ministerio y para la obtención de la firma del señor Intendente Regional de Atacama, don Eduardo Morales Espinosa .
Es del caso precisar que el texto de estos cinco ejemplares es diferente al texto aprobado por el consejo regional de Atacama, y que en su oportunidad se habría remitido al señor ministro de Obras Públicas.
5. La secretaría regional ministerial de Obras Públicas-Atacama, mediante Ord. Nº 0880, de fecha 12 de septiembre de 1997, remitió al señor director de planeamiento, don Matías De la Fuente Condemarín , dos (2) ejemplares, en su nuevo texto, del Convenio de Programación antes mencionado, firmados por el señor intendente de la región.
6. El gobierno regional de Atacama, mediante Ord. Nº 651 de 12 de septiembre de 1997, remitió al señor ministro de Hacienda, el Convenio de Programación “Paso San Francisco”, en su nuevo texto, para la dictación del respectivo decreto supremo.
7. El Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo Nº 61, de fecha 9 de marzo de 1998, aprobó el Convenio de Programación ya citado, en la versión distinta a la aprobada por el Consejo Regional de Atacama y, por ende, a la remitida al señor ministro de Obras Públicas.
Las diferencias de redacción más significativas tienen relación con los porcentajes máximos en el valor que se pueden modificar los proyectos, que fue aumentado de 15% aprobado primitivamente por el Consejo, a un 25%, y con una cláusula sobre porcentaje en aportes adicionales por modificaciones del convenio, no establecida en el texto aprobado.
En base a las consideraciones precedentemente expuestas, sometemos a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, que instruya al ministro de Obras Públicas con el objeto de que investigue y sancione a los responsables de las modificaciones al Convenio de Programación “Paso San Francisco”, y también que instruya al ministro de Hacienda para que se investigue en dicha Secretaría de Estado sobre la forma en que se aprobó un convenio de programación distinto al acordado por el órgano legalmente facultado para ello.
Asimismo, se solicita al señor contralor general de la República que informe las razones por las cuales ese organismo no habría detectado los cambios al convenio y tampoco habría reparado en la falta de acuerdo del Consejo Regional de Atacama a esos cambios. Adicionalmente, se solicita al titular del ente contralor, información sobre los procedimientos utilizados para velar por la legalidad de los actos relacionados con los Convenios de Programación”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, con respecto al Convenio de Programación “Paso San Francisco”, suscrito con fecha 31 de agosto de 1997, entre el entonces ministro de Obras Públicas, don Ricardo Lagos , y el intendente de Atacama, don Eduardo Morales , se han detectado diferencias entre el documento oficial aprobado por el decreto supremo de Hacienda Nº 61, del 9 de marzo de 1998, y el texto del convenio que aprobó el propio Consejo Regional de Atacama.
Solicito que se apruebe el proyecto de acuerdo, cuyo objeto es requerir la información que corresponde acerca del cambio de condiciones en dicho convenio de programación. En efecto, el documento oficial, suscrito por el ministro de Obras Públicas de entonces, don Ricardo Lagos , fue modificado por circunstancias desconocidas. Originalmente, en todas las obras adicionales que contempla el convenio el gobierno regional aportaría un 15 por ciento. En cambio, con la modificación que comento, ese porcentaje sería del 25 por ciento. Tal diferencia significa muchos recursos. Pero, lo más importante es que no ha habido transparencia en la ejecución del proyecto y, por ende, en la utilización de fondos del Estado.
Por eso, reitero, solicito que se apruebe el proyecto de acuerdo, para que el Contralor General de la República, previas investigaciones del caso, informe por qué el organismo contralor no habría detectado los cambios en el convenio al tomar razón de él.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar en contra, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Durante la votación:
El señor PARETO.-
Pido que se considere mi voto a favor.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bustos
Se abstuvo la diputada señora
VIII. INCIDENTES
INCONVENIENCIA DE COBRO DE PEAJE EN LA CUESTA ZAPATA. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en días pasados, el ministerio de Obras Públicas, a través de uno de sus voceros, anunció la posibilidad de establecer un peaje de menor valor que el actual en la cuesta Zapata , que une las comunas de Curacaví y Casablanca, como parte, según se entendió, de la licitación de la ruta Santiago-Valparaíso, adjudicada hace poco.
Más allá de tal anuncio, quiero plantear una realidad que hemos analizado con el diputado señor Jiménez y que comparten, según entiendo, los representantes de Casablanca. La plaza que se establecería, más que afectar a quienes utilizan la cuesta para no pagar el peaje actual, perjudicaría de manera significativa a los habitantes de Curacaví y Casablanca.
Dichas comunas están bastante aisladas y su nexo natural y obvio, en muchos aspectos, es, precisamente, la cuesta Zapata , porque diferente es pagar peaje si se recorren ciento veinte kilómetros que veinte, o menos. Como el valor es el mismo, las personas de ambas localidades utilizan esta alternativa.
Particularmente delicado es el hecho en torno a Curacaví. Desde un punto de vista jurídico, hay situaciones obligatorias. Por razones difíciles de explicar, esta comuna vive en bastante aislamiento y, en el plano judicial, los juzgados, en los ámbitos penal, criminal, de menores, están en Casablanca. Se trata de alrededor de cuatro mil causas. Por ejemplo, en una de menores, la gente de Curacaví debe viajar a Casablanca. Esto se hace, muchas veces, a través de un vehículo que se arrienda y se va por la cuesta. Si se agrega un peaje al trayecto, es obvio que la dificultad será mayor para lograr justicia. No tenemos claro si el ministerio de Obras Públicas ha considerado esta situación especial.
Por lo tanto, con el diputado señor Jiménez , la hacemos presente y pedimos que se oficie al ministro de Obras Públicas, para que se explicite nuestra preocupación por el peaje que se ha anunciado en la cuesta Zapata , pues podría afectar gravemente la relación entre las comunas de Curacaví y Casablanca y, desde luego, la calidad de vida de sus habitantes, en particular en el plano judicial, por lo que pedimos que se deje sin efecto dicha medida.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Manuel Rojas, Jaime Jiménez, Eliana Caraball, Pablo Lorenzini, Gabriel Ascencio, Zarko Luksic, Sergio Correa y Mario Acuña.
INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, en días pasados, el ministro de Vivienda y Urbanismo, con gran publicidad, hizo un llamado extraordinario para 3.700 programas especiales de trabajadores, de construcción de viviendas, uno de los pilares del plan de reactivación económica anunciado hace poco por el Presidente de la República.
El proceso comenzó el 20 de agosto, a través de una circular que el ministerio de Vivienda envió a diversas entidades que normalmente se dedican a organizar a los grupos para postular a dicho programa.
Lamentablemente, en la Región del Maule, donde se entregaron cuatrocientos subsidios, las propuestas favorecieron sólo a la corporación habitacional de la Cámara de la Construcción. Se dejó fuera a otras seis instituciones o entidades organizadoras que cumplían con los requisitos y representaban a más de trescientos postulantes.
Las autoridades del Serviu esgrimieron como razones que estas instituciones habrían presentado la boleta de garantía a través de las empresas constructoras y no directamente, exigencia que no está establecida en las bases.
Jamás, en los programas anteriores, se había hecho tal exigencia. Siempre la boleta de garantía fue presentada por las constructoras. Es más, si así fuera, las instituciones favorecidas también habrían quedado fuera de las bases, porque la boleta de garantía la dieron a nombre del Serviu y no del ministerio de Vivienda, como lo establecen claramente las bases de la licitación.
Llama poderosamente la atención que alrededor de 2.500 de los 3.700 subsidios, es decir, el 68 por ciento, hayan sido adjudicados a una sola empresa a nivel nacional, marginando a instituciones tales como la Sociedad de Fomento Fabril, la Apiat, Asociación de Pequeños Industriales y Artesanos; el colegio de Profesores y varias otras que se han formado en provincias y regiones, las cuales habían participado con mucho éxito en varias oportunidades anteriores. De paso se perjudicó a muchos postulantes que ya estaban organizados.
Hablamos de una adjudicación cercana a los 3.500 millones de pesos a una sola empresa. Como medida de reactivación, creemos que habría sido más lógico haber repartido dicha cantidad.
También extraña que el ministerio de Vivienda y Urbanismo haya hecho un llamado extraordinario, en circunstancias que de los 11.500 subsidios PET destinados para este año sólo alrededor de 2.000 están en proceso de adjudicación. En nuestra opinión, aquí hay algo que se debe investigar.
Por las razones señaladas, pido que se oficie, en mi nombre, al contralor general de la República, a fin de que se efectúe una investigación acerca de la forma de adjudicar esta propuesta pública que, como dije, favorece a una sola empresa, lo cual contraviene las bases y perjudica a una gran cantidad de postulantes al subsidio PET.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE LOTEOS EN LA COMUNA DE MEJILLONES. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado señor Manuel Rojas .
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, recientemente tuve una conversación con personeros de la Segunda Región, específicamente con el secretario ministerial de Bienes Nacionales. Las comunidades regional y nacional han visto la fiscalización que se ha estado llevando a cabo y que recién comienza.
Mediante oficio ordinario, se pidió al seremi de Bienes Nacionales que nos informara sobre materias que le competen directamente, como indicar el número de personas que trabajan a honorarios y a contrata, y los loteos de terrenos que se han estado llevando a cabo en balnearios de la Segunda Región. Para sorpresa mía, el seremi me respondió que primero consultará al ministro y que posteriormente verá si es factible entregar información al respecto.
Llamo también la atención sobre el hecho de que, en tiempos pasados, cuando a la entonces ministra Adriana Delpiano le solicité estos antecedentes, demoró más de un año en enviarlos. Tengo la esperanza de que el ministro Galilea lo haga a la brevedad, pues según declaraciones que ha hecho a la prensa de Antofagasta, ya existe claridad respecto de la situación que afecta a Bienes Nacionales desde 1980 a la fecha.
Por lo tanto, pido ojalá que tenga una respuesta positiva, que se oficie al ministro de Bienes Nacionales a fin de que, de una vez por todas, entregue información respecto de los loteos efectuados en los balnearios El Huáscar, Punta Itata, Punta Chacaya, comuna de Mejillones, específicamente en el sector donde se construye el megapuerto, y en el balneario Hornitos; quiénes fueron los adjudicatarios de los terrenos y si la licitación fue pública o privada, con el objeto de tener claridad en la investigación que estamos llevando a cabo, la cual ya está arrojando muestras de responsabilidad en los hechos conocidos a nivel nacional.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
TEMPORALES EN LA NOVENA REGIÓN Y CIERRE DE PASOS CORDILLERANOS POR NEVAZONES. Oficios.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, en las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue, Novena Región de la Araucanía, se están viviendo situaciones dramáticas.
Los temporales que han afectado a buena parte del territorio nacional y muy especialmente a nuestra región, tienen a cientos de familias que viven en sectores rurales de esas comunas, en condiciones de grave aislamiento, sin posibilidad de proveerse de alimentos y de abastecerse de elementos mínimos para su subsistencia.
Como si eso no fuera suficiente, la mortalidad de animales por falta de alimentación y bajas temperaturas, que ya alcanza a varios miles, amenaza con terminar con los pocos bienes de estas modestas familias.
Es preciso aclarar que las comunas mencionadas son esencialmente ganaderas y conformadas por pequeños crianceros que fueron afectados por la sequía el año pasado. Ahora, nuevamente las inclemencias del tiempo no sólo les impedirán recuperarse, sino que acentuarán más aún la pobreza en que viven.
A este escenario desolador y preocupante se suman las dificultades para llegar con ayuda a los diversos lugares. En efecto, el mal tiempo imperante en la zona ha hecho imposible que vehículos aéreos y terrestres puedan transportar alimentos y forraje para mitigar la situación.
Tal vez lo más grave es la imposibilidad de que las autoridades comunales y regionales se pongan de acuerdo respecto de la gravedad del problema. Mientras en los municipios se sostiene un determinado diagnóstico, las autoridades regionales lo rebaten y se esmeran en minimizarlo, a través de los medios de comunicación. Ciertamente, me quedo con la opinión de los alcaldes y autoridades locales, puesto que ellas tienen verdadero y directo conocimiento de las circunstancias y consecuencias de los temporales. Si el Gobierno central da crédito a las versiones de la autoridad regional, en lugar de lo que indican las autoridades locales, la ayuda llegará tarde y será insuficiente.
Por otra parte aquí me permito hacer un paréntesis, es penoso comprobar que cuando se cierra el paso Los Libertadores y los camiones portadores de negocios no pueden cruzar, en un par de días un ejército de maquinarias abre y despeja la vía. Pero en la cordillera de la Novena Región, cuando los caminos están cerrados para las personas, no hay tanta maquinaria y demoran semanas en despejar los accesos a las distintas localidades.
Como representante en el Congreso de esta zona, me preocupan las versiones de autoridades regionales que tienden a disminuir los efectos de la situación que se vive en la cordillera, porque, a partir de esa equivocación, no se abordará la emergencia con la premura necesaria.
Por lo anteriormente señalado, pido que, en mi nombre, se envíen los siguientes oficios:
1.Al ministro del Interior, para que, por su intermedio, los alcaldes de las mencionadas municipalidades informen a esta Cámara sobre la situación que afecta a sus comunas.
2.También al ministro del Interior, para que el intendente de la Araucanía informe respecto de la evaluación que el gobierno regional tiene de la emergencia que se vive, y detalle en qué consiste la ayuda que se está enviando, cantidad y medios utilizados y el plazo en que quedarán despejados los diversos lugares de las comunas mencionadas.
3.Al ministro de Agricultura sé que está visitando la zona, para que informe sobre las acciones que su Cartera está impulsando en beneficio de los agricultores afectados y en qué plazo llegará la ayuda a los ganaderos perjudicados por el mal tiempo.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviarán los tres oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Mario Acuña.
PRECISIONES SOBRE ALCANCES DE ENMIENDAS A LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Jeame Barrueto .
El señor JEAME BARRUETO.-
Señor Presidente, días atrás, la diputada Lily Pérez y los diputados señores Manuel Rojas y Julio Dittborn informaron a través del diario “La Segunda”, su rechazo a la modificación de la ley de rentas municipales, porque, a juicio de ellos, un alza de los impuestos afectaría a la clase media, a las empresas en general y a los profesionales.
Lo planteado por los parlamentarios mencionados no corresponde a la verdad o, para decirlo más duramente, es mentira. El proyecto busca incrementar los ingresos municipales y producir mayor equidad en su distribución entre los distintos municipios.
Su aplicación significaría 37 mil millones de pesos más de recaudación para los municipios, la mitad constituida prácticamente por el aumento del tope de las patentes industriales y comerciales y por la eliminación del monto exento del impuesto territorial, que significaría la otra mitad.
Estamos hablando de una gran cantidad de recursos frescos para los municipios, en especial para los de las comunas más necesitadas, es decir, para las más pobres, donde es más necesaria la inversión social.
La Derecha rechazó este proyecto en la Comisión.
En consecuencia, me gustaría saber qué piensa Joaquín Lavín , quien, al igual que sus parlamentarios, se llena la boca con la pobreza, pero cuando tienen la oportunidad de hacer un gesto concreto para allegar recursos a los más pobres, se niegan a hacerlo.
¿No será que una vez más les están cuidando los bolsillos a los más ricos? Esta pregunta no es gratuita. Si examinamos el contenido del proyecto, aparece con mucha fuerza esta evidencia.
El objetivo del proyecto es aumentar recursos a través de dos vías: en primer lugar, el tope de las patentes industriales sube de 4 mil a 8 mil UTM. Esto sólo afecta a las cuatrocientos cincuenta empresas cuyo capital es el más grande del país.
En segundo lugar, sube el valor de las contribuciones por la vía de eliminar el monto exento a aquellas viviendas cuyo avalúo fiscal sea superior a 31.000.000 de pesos. Estas viviendas tienen un valor comercial aproximado de 90.000.000 de pesos y están casi totalmente concentradas en cinco comunas: Las Condes, Vitacura , Providencia, Lo Barnechea y Viña del Mar. Ello sólo afectaría a ochenta y cuatro mil viviendas, es decir, al 3,3 por ciento del total, que suman dos millones seiscientos ochenta y dos mil.
¿A quién se está afectando con el aumento de estos impuestos y patentes?
En forma directa, a los inmensamente ricos. Se trata de un proyecto muy progresivo, cuya cualidad es sacar recursos a los más ricos para destinarlos a los municipios más pobres. El alza de las patentes industriales no afecta a ningún empresario ni profesional, sino a aquellas empresas cuyo capital propio tributable sea de 20.600.000.000 de pesos. Entre estas empresas se encuentra Codelco, Ferrocarriles del Estado, Embotelladora Andina , Cristalerías Chile , Enersis , Forestal Arauco , etcétera.
Además, se está haciendo justicia tributaria, porque hoy, debido al tope de las patentes industriales y comerciales, empresas pequeñas y medianas pagan la misma patente que las grandes empresas, a pesar de que estas últimas son las que hacen un mayor uso de servicios municipales y comunales.
En consecuencia, no resiste argumento alguno el afirmar que con esto se está afectando, en general, a la clase media, a la gente de trabajo y a los empresarios. Esto sólo afectaría a aquellos de mayores recursos, yo diría, del quintil superior, incluso menos que eso, en la distribución del ingreso.
Por ello considero que este proyecto es uno de los más progresivos que se ha discutido en la Cámara. No tiene nada de regresivo, como han señalado los diputados de la Derecha. Es el más progresivo, porque el origen de los recursos que obtiene es muy preciso, y su destino, muy claro.
Este proyecto modifica la forma de distribución del Fondo Común Municipal, garantizando además su carácter redistributivo. Así, por ejemplo, Vallenar recibirá $ 180.000.000 más; Quilaco , $ 127.000.000 más; Conchalí, $ 395.000.000 más; Talcahuano , $ 1.293.000.000 más; Pedro Aguirre Cerda , $ 240.000.000 más; Maipú , $ 2.670.000.000 más; etcétera.
He dicho.
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN TOCOPILLA. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Fanny Pollarolo .
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señor Presidente, en esta oportunidad quiero referirme a un tema al cual la sociedad le ha otorgado gran relevancia porque afecta a miles de mujeres y niños, y daña a tantas familias.
Se trata del problema de la violencia que se desarrolla al interior de tantos hogares, sobre todo, en relación a lo que ocurre en una de las comunas de mi distrito, específicamente en Tocopilla.
La experiencia a la que me voy a referir muestra el absurdo de cómo un problema de tanta magnitud y significado para la salud mental y la calidad de vida, no cuenta con el financiamiento necesario para dar las respuestas que se requieren.
Sin embargo, siento un gran orgullo de la muy buena respuesta que se ha dado en Tocopilla, la que he tenido la oportunidad de conocer en detalle.
En la oficina que se preocupa del tema sobre violencia intrafamiliar existe un grupo humano extraordinario, que lleva tres años desarrollando este tema. Ha sido capaz, con su coordinadora y un pequeño equipo, de multiplicar su trabajo a través de un apoyo ejemplar que ha dado el equipo de salud del hospital, por intermedio de su médico general y de una doctora de mucha mística y capacidad técnica, que ha sabido articular una muy adecuada red, coordinándose con el equipo municipal, con Carabineros e Investigaciones, con el juzgado, con la Corporación de Asistencia Judicial, etcétera.
Sin embargo, a pesar de esta gran experiencia y de que la demanda está en aumento, la labor que desarrollan es de gran calidad, ya que atienden a todo el grupo familiar, tanto a la víctima como al agresor; realizan un trabajo individual y de grupo, capacitan a monitoras para tareas de prevención, atienden en grupo a las madres maltratadoras para ayudarlas a superar su conducta, forman grupos de autoayuda para las mujeres víctimas. Incluso, en días recientes me enteré de que se había postulado a un proyecto Fosis para trabajar con niños, para los cuales desarrollan un programa muy entretenido de cine, y eso que en Tocopilla no se cuenta con cine.
Doy a conocer este trabajo de difusión, de prevención y de mucha calidad técnica para la recuperación de estas personas, con el fin de mostrar cómo en una pequeña comuna Tocopilla puede surgir un trabajo con tanta mística y entusiasmo. No obstante ello, este trabajo no tiene un financiamiento estable. El primer año fue financiado por la municipalidad; el segundo, pasaron seis meses esperando el sueldo del equipo, hasta que llegó el apoyo del Fondo Regional, y el tercero no cuenta con financiamiento, lo que constituye un absurdo. Incluso voy a decir una barbaridad, lo más absurdo es que, con justa razón, el ministerio de Salud le otorgó al programa de este grupo el premio de calidad. Sin embargo, el mismo ministerio que evaluó y valoró dicho programa, no le asegura financiamiento para su continuidad.
En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Salud, a fin de que explique la razón por la cual no se otorga financiamiento a un programa tan relevante y para que vea la posibilidad de proveer recursos especiales que den continuidad a un trabajo fundamental para las familias, en especial, para las mujeres y niños tocopillanos.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Jiménez, Lorenzini, Tuma y Acuña.
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS RURALES DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, el 20 de abril de 1999 hace más de cuatro meses, solicité al ministro de Obras Públicas que informara a esta Cámara sobre cuándo, cómo, dónde y en qué plazo se cumplirían todas las obras complementarias, acordadas con los alcaldes de la Región del Maule, respecto de la autopista concesionada.
En aquel oficio se planteó también el problema de la seguridad vial, que lo que existía correspondía al 80 por ciento de la autopista, que el 20 por ciento restante era lo que falta por hacer, especialmente para ofrecer seguridad vial, y que dentro de las obras complementarias no se habían construido pasarelas.
Pues bien, sólo después de cuatro meses he recibido respuesta del ministerio de Obras Públicas. ¡Ésa es la capacidad de fiscalización que tenemos los parlamentarios! ¿Qué me dicen? “El tema que preocupa al diputado Lorenzini es la seguridad vial. Este tema constituye una de las prioridades fundamentales del ministerio de Obras Públicas. El objetivo será percibido en plenitud durante el presente año, cuando el sistema de doble vía esté operando en plenitud”. ¡Linda respuesta! “No se preocupe, diputado. Las obras complementarias incluidas en los protocolos de acuerdo firmados con los diferentes municipios de la zona serán materializadas”. Y termina diciendo: “Si tomamos estas obras, los plazos establecidos se ubican entre el año 2000 y 2001”.
Hace algunos días, por segunda vez en pocos meses, un niño de ocho años, de la localidad de Maule, al cruzar la autopista para llegar a la escuela de Chacarillas, fue atropellado por un camión, porque no hay pasarela. Estamos preocupados de los grandes temas nacionales, pero no de nuestros niños de las comunas rurales. Ya lo decían los diputados Jiménez y Coloma : construyamos grandes autopistas, cobremos peajes, usemos lo que está construido. Pero ese niño segunda víctima, que hoy se encuentra grave, fue atropellado a las ocho y media de la mañana, mientras cruzaba la carretera rumbo a su escuelita. Eso no puede aceptarse.
Por eso, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya de inmediato el seremi correspondiente para que disponga la construcción de una pasarela frente a la ciudad de Maule. Así esos cientos de niños podrán acudir con tranquilidad a su escuela de Chacarillas, antes de que ocurran otros accidentes con consecuencias fatales.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Jiménez.
EVENTUALES IRREGULARIDADES EN PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE EMOS.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, con su venia, me voy a poner de pie durante un minuto, porque acaba de consumarse una de las mayores operaciones realizadas en nuestro país: esta tarde la empresa Emos ha pasado a manos de los privados, de los extranjeros, de los españoles.
Desde aquí, vaya un saludo a sus trabajadores, quienes, a partir de ahora, verán la diferencia que existe entre pertenecer a una gran empresa de prestigio nacional y trabajar en empresas de otro país. Ya ocurrió con Esval y está sucediendo con Colbún. Son los procesos impulsados por nuestros privatizadores, algunos de la Concertación, que no se detienen en su afán de buscar sólo el dinero, el billete, la inversión, sin pensar en las familias de los miles de trabajadores que ahora se encuentran en problemas. Envío un saludo a los trabajadores de Emos, muchos de los cuales, posiblemente, en los próximos días tendrán que buscar un nuevo trabajo.
Pero quiero ser absolutamente transparente al respecto. Hace algunas semanas, junto con el diputado Jaime Jiménez , presentamos un recurso de fiscalización a la Contraloría General de la República, porque, a nuestro juicio, en su toma de razón no consideró una serie de antecedentes. Sin embargo, entiendo que se dio curso a la operación.
Por lo tanto, con el debido respeto, nos reservaremos el derecho de evaluar en los próximos días si ese organismo procedió de acuerdo con sus obligaciones. De existir faltas al deber, haremos uso de las facultades que nos entrega la Constitución Política y actuaremos en consecuencia.
Trabajadores de Emos, no les voy a decir que descansen en paz, sino que sigan luchando por su empresa. Esperamos que, con el cambio de gobierno, los privatizadores vuelvan a donde deben estar y donde los hemos visto después de muchas privatizaciones: en sus propias empresas. Saludo a los trabajadores de Emos.
He dicho.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Jaime Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, junto con adherir entusiastamente a las palabras de mi colega Pablo Lorenzini , con quien hemos estado dando dura batalla para defender a la empresa Emos que, a nuestro juicio, nunca debió salir de manos del Estado por su eficiencia y por el rol social que cumple, quiero reiterar nuestra disposición a seguir trabajando, buscando otros caminos, a fin de establecer la verdad de los hechos. Asimismo, utilizaremos todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para corregir las irregularidades legales ocurridas en el último tiempo durante el proceso de privatización de dicha empresa.
ALCANCES SOBRE ANUNCIO DE INSTALACIÓN DE PEAJE EN CUESTA ZAPATA. Oficio.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en esta ocasión quiero referirme a un tema que no es menor.
En días pasados, también dentro del ámbito de las privatizaciones, se anunció que se entregaría en concesión un nuevo peaje en la ruta cuesta Zapata , que une las localidades de Curacaví y Casablanca.
Quiero hacer un fuerte llamado de atención respecto de este tema, porque, a mi juicio, es otro de los abusos que se pretende consagrar y que se le han infligido a la comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, que pertenece al distrito que represento. Al efecto, junto con el diputado Coloma hemos estado trabajando por evitar este abuso que se pretende cometer contra la comuna de Curacaví, que también tiene implicancias para Casablanca. Actualmente, se encuentra presa entre las dos barreras que existen para entrar y salir del pueblo. Cuando los vecinos de Curacaví pretenden viajar a Santiago, tienen que pagar peaje en Lo Prado; si quieren ir a Casablanca o a Valparaíso, deben pagar peaje en el sector de Zapata. Adicionalmente, quienes toman decisiones desde el escritorio, sin analizar sus implicancias sociales, anuncian que se instalará un nuevo peaje, esta vez en la cuesta Zapata , vía alternativa que usan los vecinos de Curacaví y Casablanca para viajar de un lugar a otro.
Considero conveniente informar que, administrativamente, Curacaví depende de la gobernación de la provincia de Melipilla; judicialmente, de la comuna de Casablanca, puesto que allí están los tribunales; en lo que respecta a Investigaciones, depende de Valparaíso; en cuanto a Carabineros, de Santiago, y en el plano de la educación, de la comuna de Talagante. Como ustedes pueden ver, se ha ido conformando un verdadero Frankenstein del desarrollo comunal, que ahora se vuelve en contra de los habitantes de Curacaví.
Por eso, alzo mi voz para protestar pública, formal y categóricamente por la instalación del peaje mencionado, porque se trata de un abuso más. La semana pasada le solicité al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputado Luis Pareto , que oficiara en nombre de esa comisión la petición fue acogida por la unanimidad de sus miembros al Presidente de la República, para pedirle que dejara sin efecto tal medida.
En esta oportunidad, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el objeto de que revise la medida anunciada, porque a los vecinos de Curacaví no se les puede negar el derecho a transitar libremente por nuestro territorio, a esas cuatro mil personas que deben viajar a Casablanca debido a las causas radicadas en sus tribunales. Consideramos que el ministerio de Obras Públicas debería revisar la situación y, por eso, solicito que se le oficie en tal sentido, a fin de que se deje sin efecto la medida anunciada.
Además, sería conveniente que quienes planifican desde un escritorio, por lo menos en este mes de la patria y de las cuecas hay una, dedicada a Curacaví, que alaba la chicha baya-fueran a darse una vuelta por el pueblo. A lo mejor, después de tomarse un trago de chicha podrían entrar en razón y entender verdaderamente el grado de irracionalidad que encierra esta medida. Esperamos que se corrija y que no tengamos que recurrir a otros medios para lograr revertir la situación. Incluso, estamos dispuestos a utilizar la vía legal para defender un derecho constitucional: el libre desplazamiento de todos los chilenos y la igualdad que les asigna la propia Constitución. Aquí, francamente, se les está mirando en menos y aplicando un tributo adicional a los vecinos de Curacaví, lo que no estamos dispuestos a aceptar. Por eso, junto con oficiar para que revise esta medida, quiero, además, que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe cómo se distribuyen los recursos recaudados en los peajes de Zapata y Lo Prado en la mantención de la ruta y de los caminos alternativos cercanos a Curacaví, porque aquí está en juego la política de mantención y de distribución de esos recursos, motivo por el cual se han instaurado dichos peajes en esa zona. Pido, asimismo, que se envíe copia de mi intervención a los concejos municipales de Curacaví y de Casablanca, para solicitarles que esta materia sea discutida y nos hagan llegar su opinión respecto de este tema que tanto ha afectado a esa zona y sobre el cual ya hemos hecho oír nuestra voz junto con el diputado señor Coloma . Además, el alcalde de Curacaví, don Pedro Julio , ha instaurado una mesa de trabajo, que esperamos se amplíe, y ojalá podamos contar con su presencia en la comisión de Obras Públicas para defender los derechos de Curacaví y su legítima aspiración a desarrollarse con posibilidades de futuro y no con las trabas que hoy vemos en esa zona. He dicho.
El señor TUMA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las l5.23 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones.