Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ORDEN DEL DÍA
- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Ivan Moreira Barros
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Sergio Aguilo Melo
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Ignacio Walker Prieto
- INTERVENCIÓN : Lily Perez San Martin
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Aldo Cornejo Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Enrique Krauss Rusque
- INTERVENCIÓN : Alberto Espina Otero
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- INTERVENCIÓN : Rosauro Martinez Labbe
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Zarko Luksic Sandoval
- INTERVENCIÓN : Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- INTERVENCIÓN : Maria Pia Guzman Mena
- INTERVENCIÓN : Edmundo Salas De La Fuente
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- INTERVENCIÓN : Carlos Abel Jarpa Wevar
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Pedro Hector Munoz Aburto
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMISIÓN INVESTIGADORA DEL TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Guido Girardi Lavin
- Alejandro Navarro Brain
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rafael Arratia Valdebenito
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Roberto Delmastro Naso
- Lily Perez San Martin
- Sergio Aguilo Melo
- Adriana Munoz D'albora
- Maria Antonieta Saa Diaz
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PROGRAMA SOCIAL EN FAVOR DE ESTUDIANTES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Jose Garcia Ruminot
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Luis Monge Sanchez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- COMISIÓN INVESTIGADORA DEL TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS.
- VII. INCIDENTES
- APROBACIÓN DE PROYECTO SOBRE CONSTITUCIÓN JURÍDICA Y FUNCIONA MIENTO DE LAS IGLESIAS.
- PROYECTO DE ACUERDO EN FAVOR DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS.
- APROBACIÓN DE PROYECTO DE LIBERTAD DE CULTOS. Oficios.
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Homero Gutierrez Roman
- OBLIGACIONES IMPUESTAS A CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR CONTABILIDAD COMPUTACIONAL. Oficio.
- ADHESION
- Homero Gutierrez Roman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Rosauro Martinez Labbe
- Sergio Velasco De La Cerda
- ADHESION
- DETERMINACIÓN DE MODALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LOCALIDADES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
- PROYECTOS PENDIENTES EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
- REVISIÓN DE LEGISLACIÓN PARA PERSONAL NO DOCENTE. Oficio.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- ADHESION
- CONSECUENCIAS DE LA CREACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Dario Paya Mira
- Julio Dittborn Cordua
- Jaime Orpis Bouchon
- Roberto Delmastro Naso
- Mario Bertolino Rendic
- Juan Masferrer Pellizzari
- Baldo Prokurica Prokurica
- Gustavo Alessandri Valdes
- Luis Monge Sanchez
- Maria Angelica Cristi Marfil
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 340ª, ORDINARIA
Sesión 20ª, en jueves 15 de julio de 1999
(Ordinaria, de 10.42 a 14.07 horas)
Presidencia de los señores Montes Cisternas, don Carlos; Acuña Cisternas, don Mario, y Tuma Zedan, don Eugenio.
Presidencia accidental de las señoras Caraball Martínez, doña Eliana, y Muñoz D’Albora, doña Adriana.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso
ÍNDICE
I. ASISTENCIA
II. APERTURA DE LA SESIÓN
III. ACTAS
IV. CUENTA
V. ORDEN DEL DÍA
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
VII.-INCIDENTES
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
I. Asistencia 5
II. Apertura de la sesión 8
III. Actas
IV. Cuenta 8
V. Orden del Día.
Constitución y funcionamiento de iglesias y organizaciones religiosas. Tercer trámite constitucional 8
VI. Proyectos de acuerdo.
Comisión investigadora del tráfico de desechos o residuos tóxicos
Programa social en favor de estudiantes
VII. Incidentes.
Aprobación de proyecto sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias
Proyecto de acuerdo en favor de estudiantes de escasos recursos
Aprobación de proyecto de libertad de cultos. Oficios
Obligaciones impuestas a contribuyentes que opten por contabilidad computacional. Oficio
Determinación de modalidad en la ejecución de proyectos para el tratamiento de aguas servidas en localidades de la Octava Región. Oficios
Proyectos pendientes en la provincia de Chiloé. Oficios
Revisión de legislación para personal no docente. Oficio
Consecuencias de la creación de la Corte Penal Internacional
VIII.Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que acordó disponer el archivo,
previo acuerdo de la Cámara de Diputados, de los siguientes proyectos:...... 58 a) Modifica el artículo 10 de la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, contenida en el DFL Nº 292, de 1953 (boletín Nº 168302)
b) Modifica el artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Con greso Nacional, relativa a la oportunidad en que han de ponerse en conoci miento de la Excma. Corte Suprema los proyectos que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales (boletín Nº 547-07)
Pág.
2. Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados al proyecto que modifica disposiciones del Có digo Penal que sancionan casos de corrupción, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de con formidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la
República (boletín Nº 117707).
Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamenta rios e Integración Latinoamericana, recaídos en los siguientes proyectos:
3. Acuerdo entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Checa sobre el trabajo remunerado de los familiares de los funcionarios de misiones di plomáticas y consulares y representantes ante organismos internacionales gubernamentales (boletín Nº 230810).
4. Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de Australia sobre empleo remunerado de personas dependientes del personal diplomático y consular (boletín Nº 233010)(S)
5. Moción de los diputados señores Paya, Dittborn, Orpis, Delmastro, Bertolino, Masferrer, Prokurica, Alessandri, Monge y de la diputada señora Cristi, do ña María Angélica, que extiende, en determinados casos, el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad con la ley de
adopción (boletín Nº 236813)
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (91)
--Acuña Cisternas, Mario
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bustos Huerta, Manuel
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Leal Labrín, Antonio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Seguel Molina, Rodolfo
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Francisco Huenchumilla y Alejandro Navarro.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 10.42 horas.
El señor MONTES (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor MONTES (Presidente).-
El acta de la sesión 13ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 14ª queda a disposición de los señores diputados y de las seño ras diputadas.
IV.CUENTA
El señor MONTES (Presidente).-
El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V.ORDEN DEL DÍA
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE IGLESIAS Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS. Tercer trámite constitucional.
El señor MONTES (Presidente).-
Corresponde conocer las modificaciones del Senado al proyecto sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín Nº 1111-07, sesión 17ª, en 13 de julio de 1999. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor MONTES (Presidente).-
Recuerdo a los señores diputados que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 2 de noviembre de 1993. Después de tres años de debate, en que cambió en lo fundamental, se remitió al Senado el 13 de diciembre de 1996, donde permaneció dos años y medio. Hoy vuelve con modificaciones.
Estamos convencidos de que se trata de un texto fundamental para la democracia, pues recoge principios de tolerancia y pluralismo, fundamentales en una sociedad que aspira a la modernidad y a la equidad. Por eso, concordamos en destinar toda la sesión a su debate, repartiendo el tiempo en pro porción al tamaño de las distintas banca das.
Se encuentran en tribunas los máximos representantes de las iglesias y organizaciones religiosas existentes en el país. Agradecemos su presencia en esta sesión.
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, hoy debe culminar un proceso legislativo histórico en nuestro país. Al llegar casi a los dos siglos de independencia republicana, Chile dará el paso de legislar sobre la libertad religiosa y de culto, distinción que arranca nada menos que del Edicto de Milán, con su fórmula latina “requendi religio nem quam quisque vult” (libertad de con ciencia) y “colendi religionem man” (liber tad de culto), que se ha incorporado en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en las constituciones políticas de distintos países y en documentos del Vati cano, como la Constitución Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, y Dignitatis Hu manae, relativo a la Dignidad Humana, sobre libertad religiosa. Esta última es la libertad garantizada por el Estado a todo ser humano de elegir y profesar sus propias creencias religiosas o no tener ninguna.
¿Por qué surge el problema de la libertad religiosa y su rica problemática moderna? Quizás, porque en la dignidad del ser huma no concurren dos criterios esenciales y contrapuestos: un pluralismo con la existencia de varias creencias religiosas con sus correspondientes organizaciones y su obligada institucionalización. A su vez, ellas poseen un exclusivismo de fe y eclesial, creyendo unas y otras estar en posesión de la verdad absoluta.
Por ello, hoy regulamos en la ley, por primera vez, la garantía constitucional del número 6º del artículo 19, sobre “la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.
Hace casi seis años, el Presidente Aylwin presentó un proyecto sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas. En su mensaje, afirmaba: “La aplicación del principio de igualdad ante la ley exige que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias”. Sin embargo, tal propuesta consideraba que el reconocimiento debía ser como persona jurídica de derecho privado y practicado por un procedimiento en que intervenían agentes políticos.
Cuando tal proyecto llegó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, el diputado que habla redactó una indicación sustitutiva del proyecto, patrocinada, además, por los diputados señores Gutenberg Martínez , Aldo Cornejo , Roberto León , Edmundo Salas , Sergio Aguiló y el ex diputado señor Ramón Elizalde , que fijó los dos pilares básicos del tema que hoy se trae a colación: igualdad ante la ley de todas las organizaciones religiosas, y la calidad de persona de derecho público, de la que sólo gozaban la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la Iglesia de la Arquidiócesis Católica Ortodoxa de Chile.
Tal indicación toca los cuatro temas fundamentales.
En primer lugar, la indicación que sustituyó el proyecto primitivo y que conoció el Senado, agrupaba aquellas normas generales que sustentan la explicitación de la garantía constitucional sobre libertad religiosa y de culto: la no discriminación, la igualdad, el deber del Estado para que las personas des arrollen libremente sus creencias y la consecución del bien común por parte de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas; asimismo, el concepto de estas entidades para los efectos de esta ley.
En segundo lugar, distinguía entre la libertad religiosa individual y sus facultades, y las que corresponden a las entidades religiosas, señalando sus límites en la moral, las buenas costumbres y el orden público, con forme a la Carta Fundamental.
En tercer lugar, señalaba un procedimiento simple para la existencia legal de las entidades religiosas: inscripción, en un registro público que debe llevar el Ministerio de Justicia, de la escritura pública en que consten sus estatutos y el acta de su respectiva constitución; un examen de cumplimiento de requisitos formales, un plazo de inscripción y publicación en el Diario Oficial, y un breve procedimiento judicial para impugnar la resolución del Ministerio de Justicia.
En cuarto lugar, otorgaba a las organizaciones que se someten a este procedimiento, la personalidad jurídica de derecho público, que les da estabilidad, seguridad y permanencia en el tiempo.
Todo lo anterior ha sido compartido por el Senado, el cual perfeccionó la redacción de su texto, trasladó la ubicación de algunas normas y omitió o suprimió algunas de sus disposiciones que consideró innecesarias, obvias o redundantes, y centró su discusión en el artículo 1º transitorio, de esta Cámara, que disponía:
“Artículo 1º.- El Estado reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar de las entidades religiosas que gocen de ella a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Esta norma, luego de un lato y acucioso estudio, a raíz del cual se consultó a diversos constitucionalistas, mediante un consenso explicitado a través de los medios de comunicación de las diversas iglesias y con signado en el texto del boletín de sesiones del Senado, se transformó en el actual artículo 20, el cual, en el fondo, mantiene la idea de la Cámara de Diputados, que establece:
“Artículo 20.- El Estado reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, sea ésta de derecho público o de derecho priva do, y la plena capacidad de goce y ejercicio de las iglesias, confesiones e instituciones religiosas que los tengan a la fecha de publicación de esta ley, entidades que mantendrán el régimen jurídico que les es propio, sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley.”.
Hago un paréntesis en mi intervención para señalar que cuando esta ley esté promulgada y publicada en el Diario Oficial, su texto se independiza de aquellas constancias, de aquellas actas que particulares quieran introducir de acuerdo con sus opiniones, en los distintos tramos legislativos.
Algunas voces, escasas por cierto, encuentran que la redacción de este artículo es ambigua, imperfecta y contradictoria.
A lo primero, respondo que en las disciplinas humanas reinan siempre la imperfección, la subjetividad y la apreciación del entorno histórico en que se realizan. Ya lo dijo el gran maestro Andrés Bello al pre sentar su Código Civil: “no pretendo ofreceros bajo estos respectos una obra perfecta. Ninguna tal ha salido de las manos del hombre”.
A lo segundo, no hay contradicción, sino reafirmación del principio de la igualdad, al agregarse la oración “sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a esta ley”. De no ser así, la propia Constitución, en su artículo 19, número 2, sería contradictoria, puesto que si afirma que garantiza la “igualdad ante la ley”, aparecería como opuesto agregar: “ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias”.
De esta manera se ha recorrido un largo camino, que pone fin a las discriminaciones entre las entidades religiosas, dado que pre domina la igualdad, el criterio, la prudencia, la tolerancia, entre todos los credos del país.
Invoco al Dios de nuestra conciencia y de la conciencia de los diputados y diputadas de esta Cámara, para agradecerles esta hermosa oportunidad de haber servido y contri buido a la paz religiosa en nuestro país, poniendo fin a tantos dolores, miserias, aflicciones, discriminaciones y desconfianzas.
Por ello, espero que esta Sala apruebe las modificaciones del Senado.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado don Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, ninguna iglesia debe pretender regir la totalidad del quehacer humano. El hombre religioso está siempre y necesaria mente en la verdad, en su verdad. El que no practica esa religión no debe estar necesariamente siempre en el error. El religioso se denomina a sí mismo creyente, fiel; el otro es infiel o pagano.
Esto tiene significación, referida a los que practican la religión de que se trate, no para los demás; incluso, no para otras religiones ajenas a la propia.
Un problema fundamental nace cuando personas de variadas creencias religiosas conviven en una sociedad civil. Ahí, el Estado debe crear las condiciones necesarias y las normas para una convivencia armónica, protegiendo los derechos de todos, garantizándolos, sin estar, por supuesto, en contra o a favor de ninguna; al contrario, a favor de todas, igualando sus derechos.
Ésta es la base de la norma legal: resol ver un problema jurídico, independiente mente de problemas internos. “A Dios lo que es de Dios; al César lo que es del César”.
Este proyecto está absolutamente de acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 19, números 2º y 6º, que nos iguala ante la ley consagrando la libertad de conciencia y culto, respectivamente. En efecto, establece un marco jurídico que las garantiza constitucionalmente, una ley marco que regula la acción de estas entidades religiosas diversas, las iguala ante la ley, no favorece ni debilita su acción, reconoce sus derechos, protege su existencia e iguala, evitando discriminaciones.
Esto se atiene a una función básica del Estado: el estar al servicio de las personas y en promover el bien común, creando condiciones sociales que permitan a toda la comunidad su mayor realización espiritual con respecto a los derechos y garantías constitucionales. Estos derechos los garantiza a todo lo que esté dentro del marco de la ley, de los valores y principios de la Nación consagra dos en nuestra Constitución. Constituyen los valores morales de nuestra sociedad, los cuales están garantizados así desde quienes están mandatados para preservar su existencia, bajo la responsabilidad del Presidente de la República.
Regula también cómo proceder para disolver una entidad religiosa: unas, por sus propios estatutos, y otras, por cumplimiento de una sentencia judicial a instancias del Consejo de Defensa del Estado.
Hoy estamos en un momento trascendente en la vida de nuestra Nación: estamos pagando una deuda histórica con nuestros ciudadanos y con nuestra Constitución; es tamos, finalmente, cumpliendo el artículo 19, número 2°, que establece la igualdad ante la ley. En Chile ya no habrá personas ni grupos privilegiados por ley, pues se garantiza la libertad de culto a ellas y a las diferentes entidades religiosas, igualando sus derechos.
Tengo el privilegio de pertenecer a este Parlamento, que hizo posible lo anterior. Dios ha sido generoso con nosotros. Me siento orgulloso de pertenecer a Renovación Nacional, cuyos parlamentarios nos hemos convertido en paladines de la libertad de culto.
Anuncio nuestro voto favorable al proyecto y a las enmiendas del Senado. Felicito a todos quienes posibilitaron este anhelado y justo proyecto.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por doce minutos, el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, las cosas hay que decirlas por su nombre: la Carta Fundamental de 1980 estableció, constitucionalmente, la libertad de culto, hecho que constituyó claramente un gran pasó.
Hoy nos congrega la aprobación de este proyecto de ley tan importante, con lo cual estamos siendo capaces, en lo que se refiere a fe religiosa, de construir igualdad, respetando las diferencias. El principio básico que consagra este proyecto es, precisamente, la igualdad -de ahí partimos-, y eso es lo más importante, por sobre todas las diferencias, demoras e incomprensiones ocurridas durante el trámite de esta iniciativa.
Por eso, debemos mirar hacia adelante. Ha quedado consagrado el principio básico de la igualdad; a eso apunta este proyecto, y el momento en que esta Cámara le dio el vamos a esta iniciativa, representa el triunfo del pueblo evangélico en nuestro país. Lamentablemente, por circunstancias que no es del caso discutir ahora, ella fue cambiando y demorando en el tiempo. Pero su valor radica en que, por sobre las diferencias políticas que nos puedan separar, fuimos capaces de aprobarla por unanimidad en sus dos prime ros trámites constitucionales.
Son cosas muy distintas la libertad de culto y la salvaguardia de los principios. La libertad de culto no es patrimonio de nadie, sino una obligación que debe garantizar el Estado, y así debe hacerse. Aquí no estamos regalando nada; como sociedad, teníamos la obligación de haber asegurado esa libertad de culto hace muchas décadas; pero no fuimos capaces de hacerlo, porque como lo sabemos hubo intereses religiosos poderosos que sobrepasaban al Estado. Al parecer, dichos intereses todavía tienen algún grado de influencia en esta década.
El Congreso Nacional trata hoy uno de los proyectos de ley de mayor profundidad y contenido social. Es difícil, entonces, imaginar una dimensión de los seres humanos en que cale más hondo, en esencia, el sentido de religiosidad. Desde una perspectiva u otra, los hombres buscan a Dios, intentan conocer su voluntad y seguir sus designios, cualquiera que sea el concepto que de Él se tenga.
En el nombre de Dios, vosotros sabéis que, a través de la historia, los seres huma nos han hecho los más grandes sacrificios que registra nuestra memoria. En el nombre de Dios, desde distintos credos, todos igualmente respetables, los hombres han peregrinado, conquistado y evangelizado. En esta labor evangelizadora han contribuido al desarrollo del conocimiento y se han inclinado reverentes frente a una cruz, un muro, una roca o cualquier otro símbolo que represente la infinita encarnación del bien y la bondad, según ellos la conciban.
El desarrollo, que comprende muchos otros aspectos del mero crecimiento económico, tiene una deuda impagable con las organizaciones y credos religiosos. En ellos, los hombres conocemos y desarrollamos los primeros principios de orden moral que, desde los estados más primitivos, nos mostraron la diferencia básica que existe entre el bien y el mal. ¡Cuánta falta hace al hombre contemporáneo inclinarse con mayor humil dad frente a los credos de sus padres y volver a distinguir, sin la soberbia del racionalismo, esa diferencia que hoy se pierde en un relativismo destructor de los valores humanos que vemos a diario!
Por ésta y muchas otras razones, es bueno, necesario y justo que nuestra sociedad tenga un estatuto jurídico que per mita el desarrollo de todos los credos religiosos -guste o no guste, irrite o no irrite, la libertad de culto está consagrada por la Constitución Política de 1980-, en los que se juegan los principios según los cuales existe un verdadero estado de derecho, la libertad de conciencia, la igualdad esencial de los seres humanos y la libertad de asociación. En eso, el proyecto también da un paso fundamental porque, sin restar nada a nadie, abre nuevos espacios y otorga nuevas condiciones al ejercicio de los distintos credos; mediante la libertad de conciencia, uno de los parámetros más útiles para medir el grado de libertad individual que un Estado entrega a sus habitantes.
No ha habido totalitarismo en el mundo que no haya empezado por perseguir las manifestaciones religiosas. Un Estado omnipotente presente en todos los ámbitos de la existencia se niega a reconocer que existen zonas que no pueden invadirse, y abomina del principio básico del cristianismo, resumido en el aforismo de “Dar al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. Con igual fuerza, el comunismo ateo y el nacionalsocialismo hitleriano buscaron exterminar las manifestaciones religiosas que socavaban y exponían la esencia inmoral de su organización.
Proyectos como el que hoy tratamos esperamos que sea aprobado son tremendamente importantes para el desarrollo de una sociedad chilena más tolerante y respetuosa de las personas. Estamos bajo el imperio de un principio de dignidad fundamental, porque no hay religiones de primera y de segunda clase. No queremos que nunca más, por alguna vía legal, se intente acallar los credos religiosos, especialmente al mundo evangélico, porque no puede considerarse, como se estimó en este país que alaba su democracia, que gritar la palabra de Jesucrito y de Dios constituye un ruido molesto. Esperamos que esas cosas del pasado no vuelvan a suceder, porque este proyecto de ley, señor Presidente, estimados colegas, está consagrando la igualdad en la fe religiosa y en el respeto a la misma.
Por último, en nombre de la bancada de la UDI, deseo anunciar nuestro voto favorable, como partido, a este proyecto de ley, cuya aprobación esperamos, porque de la misma forma en que los pobres no pueden esperar, tampoco el mundo evangélico pue de hacerlo. Y no puede seguir esperando, porque hoy día tiene mucho que ofrecer, mucho que aportar a nuestra sociedad en esta nueva etapa. Creemos que ésta es una buena oportunidad. A partir de esta etapa, queremos compartir todo lo que, a través de la espiritualidad y la religiosidad, ofrecen los evangélicos al desarrollo de una sociedad que está herida, de una sociedad que, tal vez por distintas responsabilidades, tiene demasiada confrontación; de una sociedad que espera solucionar sus problemas eco nómicos y de fe, porque en nuestro país hay muchos problemas de esa naturaleza.
También es justo destacar la intensa labor social que desarrolla el mundo evangélico en todo el país, que llega a los sectores más re motos; allí donde no hay nadie están los evangélicos levantando una iglesia -disculpen la expresión- con cuatro tablas, con fe, levantando a la gente. Y cuando lo consiguen, curiosamente, llegan otros.
Como diputado de un distrito urbano, en nombre de mi partido, quiero dar las gracias públicamente al pueblo evangélico. No son gracias, producto de una elección o de un cálculo electoral; hemos estado con ellos desde un principio, por cuestiones de con ciencia, de libertad, y hemos dado la cara frente a este problema en que en Chile, con tanta alabanza a la democracia, resulta que esa misma democracia, de una u otra forma, en ciertos sectores le negaban la oportunidad de la igualdad.
El proyecto que hoy discutimos contempla este otorgamiento de personalidad jurídica; pero no se trata de una concesión graciosa. La igualdad no es una concesión graciosa que entrega el Estado, sino que debe ser el reconocimiento de la autoridad de un derecho preexistente, derivado de la con fluencia del derecho de asociación y de libertad religiosa. Este reconocimiento es la culminación de una dura batalla de muchas iglesias que buscaban asentar este principio. El Estado no les da un derecho; sólo se los reconoce.
Durante largo tiempo, muchos parlamentarios hemos trabajado en la causa de la libertad religiosa, por lo cual sentimos una especial satisfacción. Estamos dando un paso importante; es un avance fundamental. No será el último, porque debemos seguir adelante. Por ello, también estoy de acuerdo con la posibilidad de que las distintas iglesias evangélicas puedan tener su oportunidad. El derecho a la oportunidad es lo que hoy se está por consagrar y que hemos reiterado en este proyecto de ley, que esperamos no tenga más trámites y se apruebe de una vez por todas.
Señor Presidente, estimados colegas, estamos dando un gran paso, un paso importante; estamos consagrando en la fe religiosa para establecer la igualdad, para estar jun tos, a pesar de las diferencias que nos pue den separar en el mundo político.
En el tema de la fe religiosa, en el tema de la libertad de cultos, debemos construir igualdad, y siempre respetar las diferencias.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, honorable Cámara, no hay duda de que éste es un momento de gran importancia para esta Cámara de Diputados, de gran importancia para nuestro país, de gran importancia para el mundo de las iglesias evangélicas.
Después de una larga tramitación de más de seis años, dentro de los cuales hubo di versas iniciativas de ley parlamentarias, estamos llegando al momento de reparar una injusticia por muchos años mantenida, una injusticia que implicaba tener un trato des igual entre las iglesias religiosas, en donde la mayoría de ellas, particularmente las evangélicas, habían sido discriminadas jurídicamente, con un estatuto jurídico inferior al que ostentaban otras iglesias, como la Iglesia Católica y la ortodoxa de Antioquía, lo que afectaba, naturalmente, el desarrollo de su propia fe.
Lo que hacemos aquí hoy nos debe satisfacer profundamente, ya que nos indica que progresamos como personas. Felizmente, nos hemos vuelto más tolerantes, más respetuosos con todas las religiones, y hemos ido dejando atrás la miopía que nos llevaba a pensar que había iglesias que, naturalmente, merecían un trato preferente, y tenían derecho a ser consideradas con mayor atención que otras en nuestra institución jurídica. Una posición aberrante, producto de épocas más oscuras, que, felizmente, el hombre va superando.
Hasta el momento de este proyecto de ley, estábamos infringiendo abiertamente el precepto constitucional de igualdad ante la ley, establecido en el número 2º del artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Además, no estábamos siendo suficientemente respetuosos de la libertad religiosa, valor tan esencial de las personas y de la consecuente libertad de culto, por cuanto no tenían todas las iglesias el mismo trato para la necesaria expresión de su fe.
Felizmente, honorable Cámara, el Ejecutivo, concretamente durante el mandato del Presidente Aylwin , se propuso subsanar esta grave deficiencia, y envió un proyecto de ley. Pero éste -hay que destacarlo- ha sido prácticamente rehecho en su totalidad por el actual Congreso. Desde este punto de vista, tenemos que relevar la labor desempeñada por parlamentarios de todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados y del Senado.
Este proyecto de ley, que, como digo, ha sido rehecho plenamente en la Cámara y en el Senado, recogió los anhelos y los planteamientos de las iglesias evangélicas, y atendió debidamente las inquietudes planteadas por las iglesias católicas y ortodoxas. Corregido y mejorado por este Congreso, estamos ante un proyecto de ley que trata de garantizar a todos los creyentes un trato igualitario ante la ley en las manifestaciones de su fe y en la organización que se debe dar a su iglesia.
Este proyecto permitirá a las iglesias el organizarse y constituirse como personas jurídicas de derecho público, sin tener que depender de una autoridad administrativa, ni de su inconveniente intromisión, como lo es actualmente, para obtener la personalidad jurídica de derecho privado, como se logra hoy, respetándose así adecuadamente el principio de separación entre la iglesia y el Estado. De esta forma, a partir de esta ley, todas las iglesias tendrán el mismo estatuto jurídico de persona jurídica de derecho público.
De acuerdo con lo que plantea el proyecto, nadie podrá ser discriminado por sus creencias. El Estado debe garantizar el desarrollo libre de las actividades religiosas de las personas, permitiendo que la oración o culto puedan manifestarse tanto en público como en privado. Las personas podrán recibir asistencia religiosa de su iglesia, donde quiera que estén, ya se encuentren en las cárceles, en cuarteles militares, en hospitales o en otras instituciones. Las iglesias podrán impartir sus enseñanzas religiosas, y los creyentes, recibirlas. Las iglesias tendrán plena autonomía para desarrollar sus fines propios, pudiendo establecer su organización interna, elegir sus cargos y jerarquías. Se regula por ley la manera de obtener la personalidad jurídica de derecho público, su patrimonio y las exenciones tributarias.
Señor Presidente, desde ese punto de vista, estimo conveniente comentar, al me nos, dos disposiciones. Me parece que fue muy productiva la discusión que hubo en el Senado en relación con el artículo 6º, que establece que “Las formas y condiciones del acceso de pastores, sacerdotes y ministros de culto, para otorgar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención y en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad, serán reguladas mediante reglamentos que dictará el Presidente de la República, a través de los ministros de Salud, de Justicia y de Defensa Nacional, respectivamente”. Aquí, hubo discusión porque, originalmente, se decía que las normas, que serían de carácter general, las iba a aplicar el Presidente de la República, dejando en la duda de si esto era una verdadera delegación de facultades en el Presidente. Por eso se precisó con claridad que esta facultad otorgada al Presidente era, ni más ni menos, la facultad reglamentaria que, habitualmente, se le concede al Presidente en las leyes. Por lo tanto, significa que el Presidente, velando por el principio del derecho que tienen todos a acceder a la atención debida de sus iglesias, simplemente fijará el procedimiento, la forma, y no irá a cambiar la esencia de la ley.
Me parece extraordinariamente positiva la forma en que se ha encarado en este proyecto de ley el tema de las iglesias católica y ortodoxa, es decir, el tema de sus estatutos. Ha sido sabio el planteamiento del proyecto, porque reconoce el ordenamiento, la personalidad jurídica, las capacidades de goce y ejercicio que ellas tienen hasta la fecha en nuestro ordenamiento jurídico, las cuales mantendrán sus estatutos; pero en ningún caso esto puede implicar esto es lo destacable un trato desigual entre dichas iglesias y las que actualmente se constituirán conforme a la futura ley. Es decir, se mantiene inalterable el principio de la igualdad absoluta ante la ley que debe existir por parte de todas las iglesias y, a pesar de ese estatuto diferente, no puede existir diferencia alguna desde el punto de vista del reglamento jurídico.
Termino señalando que esta iniciativa habla bien de nuestro país, porque, en un momento tan lleno de materialismo, nos hemos detenido para preocuparnos y prestar atención a las cosas del espíritu y ver cómo damos las máximas garantías para que se expresen las creencias. Con este proyecto abrimos paso para que la fe se extienda, facilitamos el acceso a ella y así ayudamos, indiscutiblemente, a construir un mundo mejor.
Por todo lo anterior, el Partido por la Democracia apoya con decisión el proyecto de ley.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y medio, el diputado señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.-
Señor Presidente, la verdad es que tal como lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, estamos terminando de legislar -después de un largo período- una materia de enorme envergadura para el desarrollo del país y de valores tan caros como el de la libertad, la igualdad, la tole rancia cultural y religiosa.
Es bueno recordar que este proyecto tal vez sea el de más larga tramitación desde que el Congreso reinició sus actividades en marzo de 1990. Siete años de tramitación para una iniciativa como la que hoy analizamos. En abril de 1992, nuestro colega Edmundo Salas presentó la primera iniciativa sobre la materia en la Secretaría de la Cámara de Diputados. En septiembre del mismo año, un grupo de parlamentarios como Juan Pablo Letelier, Octavio Jara, Víctor Jeame Barrueto y quien habla, pre sentamos el segundo proyecto sobre esta materia.
En octubre de 1993, el Presidente Aylwin , honrando un compromiso con iglesias y confesiones religiosas del país, envió un mensaje al Congreso Nacional para su estudio, recogiendo las ideas de las mociones de los parlamentarios con un conjunto de otros temas que el Gobierno, en su época, entendió que este proyecto debía incluir.
El ministro del Interior de aquel entonces, actual colega señor Enrique Krauss, fue el responsable de parte del Gobierno de colegislar con nosotros y llevar adelante el seguimiento de esta iniciativa en el Congreso. El propósito era uno solo: reparar una injusticia histórica, terminar con una discriminación irritante que sufrían en Chile todas las confesiones religiosas no católicas. Qué duda cabe que fue una tramitación extraordinariamente difícil; desde luego, enfrentaba tradiciones culturales e históricas del país arraigadas profundamente, que nacieron en tiempos de la Colonia, incluso, como se ha dicho, antes que el Estado de Chile. Difícil, porque el tema era extraordinariamente complejo. Recuerdo discusiones en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y, después, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que, no obstante la disposición de los parlamentarios para alcanzar el propósito de terminar con toda discriminación y diferencias odiosas en el trato que el Estado concedía a distintas confesiones religiosas, no sabíamos bien hay que decirlo cómo avanzar en un tema tan extraordinariamente complejo. Difícil, porque también se estaban involucrando en el tema instituciones de enorme influencia en el país, para bien o para mal. De manera que fue un trabajo extraordinariamente arduo.
Quiero decir, en honor al trámite que ha tenido en el Congreso el proyecto de ley, que no cabe duda de que, en su oportunidad, será valorado como un avance histórico en la legislación del país, en el que jugaron un papel muy importante los parlamentarios, porque del mensaje original al resultado final hay muchas diferencias, y cualquiera podrá comprobarlo. Jugaron un rol decisivo las organizaciones religiosas organizadas y estructuradas en el Comité de Organizaciones Evangélicas, COE. También hay que decir que su representan te legal, señor Juan Alberto Rabat, con gran tenacidad colaboró en ayudar a hacer claridad a los parlamentarios que no teníamos mucha versación en los temas sobre los que estábamos legislando. También es bueno decir que hay un colega que jugó un papel muy importante, porque cuando estábamos en momentos muy obscuros, realizó una propuesta sobre la base formal de una indicación sustitutiva y que fue la presentación de un nuevo proyecto de ley a tramitación, a comienzos de 1994. Se trata del colega don Sergio Elgueta, quien ha hecho un extraordinario aporte.
Es obvio que con esta iniciativa termina toda discriminación. Así lo han dicho los representantes del COE, incluso, los de la iglesia católica, y naturalmente estamos para ratificar todo lo hecho por el Senado. Por eso, todos debemos felicitarnos, porque si ha habido un proyecto participativo y con la colaboración de todas las organizaciones religiosas involucradas, es éste, en el que el Congreso jugó un rol muy decisivo y relevante.
Por todo ello debemos congratularnos, y, desde ya, anuncio el voto favorable del Partido Socialista.
He dicho.
(Aplausos).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ (don José).-
Señora Presidenta, estamos en el tercer trámite constitucional de un proyecto de ley de extraordinaria importancia.
En todo el mundo, el ser humano busca espacios de libertad, justicia e igualdad. Así lo venía haciendo el mundo evangélico en nuestro país desde hacía muchos años y hoy es posible que se cristalicen sus sueños y aspiraciones al aprobar este proyecto de ley, al hacerse justicia con el mundo evangélico que, por años, esperaba un trato justo como el que esperamos darle hoy.
Ya en la Constitución de 1925 se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, reconociendo, en su artículo 10, Nº 2, el libre ejercicio de todos los cultos y religiones.
Por su parte, la Constitución de 1980, en el artículo 19, número 6, consagra en términos generales la libertad de conciencia, asegurando, además, el libre ejercicio de todos los cultos religiosos.
Así planteada la libertad de cultos, en el plano religioso de la libertad de conciencia, es la libertad del fuero interno, que se en tiende siempre como un espacio absoluto e inviolable, como un derecho inalienable a pensar y a adherir a una verdad de cualquier orden que se presente en la inteligencia de la persona, sin presión de ninguna especie.
En esta perspectiva, entendemos por libertad de cultos, en su proyección objetiva, el derecho a expresar públicamente todas las creencias, individual o colectivamente. Es consubstancial a la libertad de cultos la igualdad en el tratamiento legal a todos los organizados, a todas las iglesias. Ésta es una cuestión que, por lo demás, quedó explicitada en las actas de la Comisión de estudios de la Constitución Política del Estado, donde se señala que cualquier discriminación significa violar el principio de la igualdad ante la ley, consagrado en la propia Constitución.
Esta breve reseña nos permite advertir la importancia que históricamente ha tenido el asunto sobre el cual nos hemos pronunciado. Y en esta evolución, no podemos desconocer el rol que ha jugado el movimiento laico y liberal, cuyos ideales fueron recogidos y alcanzaron su más fiel expresión en la política, en el Partido Radical.
En este marco se inspira el proyecto que hoy estamos por aprobar, reconociendo que su avance se debe, en gran parte, al interés manifestado por las iglesias cristianas, evangélicas y otros cultos existentes en el país, las cuales, haciendo uso del derecho a petición, solicitaron al Ejecutivo el estudio de un proyecto y estatuto jurídico respecto de la libertad religiosa, para así avanzar en la concreción del principio de igualdad ante la ley.
Esperamos que esta iniciativa satisfaga en parte el anhelo de igualdad y represente un avance de alcances históricos para que el mundo cristiano, católicos y evangélicos, puedan verse con la libertad que siempre anhelaron, con los espacios que siempre pretendieron conquistar para desarrollar los sueños del espíritu, con la libertad que debe ofrecer cada nación libre, como aspiramos a que sea la nuestra.
Quiero entregar el respaldo más absoluto e irrestricto de la bancada radical, a este proyecto de ley, porque históricamente nos hemos definido como un partido laico que respeta, en igualdad de condiciones, todos los credos.
Y en esta materia, quiero destacar el trabajo que siempre hemos realizado con nuestro colega Carlos Abel Jarpa , entregando el apoyo más pleno e irrestricto de la bancada radical a este proyecto de ley.
He dicho.
(Aplausos).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Ignacio Walker .
El señor WALKER (don Ignacio).-
Señora Presidenta, la libertad religiosa es, sin duda alguna, una verdadera conquista de la humanidad.
Flaco favor le hizo al mundo el emperador Constantino , en el siglo IV, al declarar al cristianismo religión oficial del imperio.
En el Medioevo, asistimos a la confusión total entre la Ciudad de Dios, para usar el término de San Agustín, y el orden temporal, al interior de una unidad jerárquica y orgánica.
Es, sin duda alguna, una conquista de la humanidad el haber restablecido las cosas en un sentido originario, por lo demás, auténticamente evangélico: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Así, vino a establecerse la libertad religiosa recogida en casi todas las constituciones democráticas del mundo.
Entre nosotros, el Estado confesional, contemplado en el artículo 4º de la Constitución de 1833, cedió ante la separación entre la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1925, lograda gracias a la acción, entre otros, de dos mentes esclarecidas como el entonces Presidente Arturo Alessandri Palma y Monseñor Crescente Errázuriz , logrando ambos un acuerdo pacífico que consiguió el beneplácito del Vaticano.
Por su parte, la Iglesia Católica recogió esta tendencia universal en torno de la libertad religiosa, al dictar su carta “ Dignitatis Humanae ”, en la década de 1960, complementada por la Constitución Pastoral de la Iglesia, la “Gaudium et Spes”, que reconoció “la justa autonomía de las realidades temporales”. Somos parte, pues, de una tendencia universal que reconoce no sólo la libertad de conciencia, que es el estatuto de los creyentes y no creyentes, sino fundamentalmente la libertad religiosa al interior de un Estado no confesional como el nuestro, a partir de 1925, y de un pueblo mayoritaria mente creyente.
Es en esa perspectiva como debe entenderse este tan añorado proyecto de ley, llamado “ley de cultos”, que pretende hacer efectiva en nuestra realidad aquello que contempla nuestra Constitución: la libertad religiosa, en consonancia con la igualdad ante la ley, ambos principios garantizados en nuestra Carta Fundamental.
Es por eso que la Democracia Cristiana votará a favor de este proyecto tal como viene del Senado.
Ha hecho muy bien el diputado Aguiló al reconocer la labor encomiable del diputado Sergio Elgueta en su tramitación.
Libertad religiosa e igualdad ante la ley.
A mi juicio, se suscitan importantes problemas debido a una inadecuada comprensión del principio de igualdad ante la ley.
¿Cómo lo entienden algunos? Suelen suscribirse dos teorías. Una que sostiene que el principio de igualdad exige que debe procederse en igualación fáctica de personas, instituciones o situaciones, y la de quienes dicen tratar de modo igual lo que es igual y de modo diverso lo que es diferente.
A mi juicio, ambas tesis son erradas. En efecto, el principio de igualdad ante la ley exige conferir un estatuto jurídico que se traduzca en una igualdad de trato de las personas naturales o jurídicas ante el derecho. Lo que ocurre es que el principio de igual dad, en algunos casos, exigirá obviar ciertas diferencias fácticas, como, por ejemplo, las diferencias entre ricos y pobres, para asegurar los derechos políticos de ambos; ésa es la “igualdad por equiparación. En otros casos, el principio exigirá recoger diferencias para establecer un estatuto diferenciado, por ejemplo, en materia tributaria, también entre ricos y pobres; es la “igualdad por diferenciación”.
Es evidente que la gran discusión consiste en cuándo debe equipararse y cuándo debe diferenciarse. Es un problema de la teoría de la justicia; pero lo conceptual está claro, ya sea por equiparación o diferenciación, como categorías de la igualdad, tienen como objetivo dar un trato igualitario a to das las personas, naturales o jurídicas, ante el derecho. Evitar los privilegios y la discriminación, evitar perjudicar a un grupo en beneficio de otro.
En síntesis, hemos señalado que el principio de igualdad supone conferir a las distintas iglesias un trato igualitario, lo que no exige privar a determinadas instituciones u organizaciones religiosas de los derechos que posean, puesto que la igualdad de trato no implica que se deba privar a alguien de un derecho.
El punto es, entonces, para terminar, que conceder un trato diferenciado no puede jamás llegar a constituir una discriminación arbitraria, pues ella sí atentataría contra la igualdad ante la ley, basada en esta igualdad de trato.
Es importante que se deje constancia para la historia de esta ley, que la declaración del legislador de que no se establezca un trato desigual, contemplado en el artículo 20, debe entenderse en cuanto a esta no discriminación arbitraria, que es un corolario fundamental de la igualdad ante la ley, y lo que debe procurarse es un trato igualitario entre las iglesias y confesiones religiosas.
Ésa es y debe ser la legislación justa y equitativa para todos, que debemos plasmar en este proyecto de ley.
Termino, con dos precisiones ante la historia de la ley.
En primer lugar, cuando se habla de la definición de iglesias o confesiones religiosas, en el sentido de que profesen una de terminada fe, debe entenderse, lógicamente, fe religiosa, fe en Dios, para evitar las iglesias empresas que vemos en otros países, las sectas u otras organizaciones que no son propiamente religiosas. Segundo, que el Ejecutivo deberá establecer con rigor la potestad reglamentaria en la concesión de personalidad jurídica para este efecto.
Por eso, en la perspectiva de establecer un efectivo trato igualitario, en consonancia con los principios de igualdad ante la ley y libertad religiosa, la Democracia Cristiana votará a favor el proyecto, tal como viene del Senado.
He dicho.
(Aplausos).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).-
Señora Presidenta, para los creyentes, tal vez Dios se encuentra en esta Sala, porque las distintas corrientes políticas hemos concordado en que el proyecto en estudio no sólo es anhelado por una gran mayoría de chilenos, sino que también termina con una odiosa diferencia y discriminación, pues las voces de algunas iglesias han sido consideradas por sobre las de otras confesiones religiosas.
La relevancia del proyecto va más allá, incluso, que la libertad religiosa. Tiene que ver también con que cuando se consulte una materia que diga relación con la fe, nunca más se considerará sólo la voz de una iglesia.
(Aplausos).
Es importante destacar que el proyecto establece el marco jurídico, es decir, es una ley marco, un rayado de cancha para las distintas entidades religiosas.
¿Qué críticas hemos escuchado respecto de esta iniciativa? En el Senado, algunos dijeron que puede permitir la creación de sectas. No estoy de acuerdo. Hoy es mucho más fácil que proliferen las sectas, porque no existe una ley marco que regule y fije criterios para el otorgamiento de personalidad jurídica a estas organizaciones.
En el polémico artículo 6º, algunos sectores lograron establecer que las entidades mantendrán el régimen jurídico que les es propio; pero, ¡gracias a Dios!, finalmente se agregó la frase “sin que ello sea causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyen en conformidad a esta ley”. Es decir, a pesar de que se buscó mantener un estatus jurídico distinto para algunos sectores, se logró evitar la discriminación, con el agregado final al artículo 6º, actual 20.
Además, y esto es muy importante, el Consejo de Defensa del Estado podrá, eventualmente, disolver cualquier organización que no se adecue a las leyes y principios que incorporen la búsqueda espiritual en nuestra sociedad. Eso, de alguna forma, operará como defensa ante cualquier intento que no signifique la búsqueda de la luz, que es lo que todos pretendemos.
La relevancia del proyecto ha quedado refrendada en lo siguiente: que la luz se puede buscar de distintas formas, que existen diferentes caminos para hacerlo. Lo fundamental es la búsqueda de la luz y del bien común, sin importar la forma en que se tome el camino; lo trascendente es el objetivo; la búsqueda de Dios, de la luz. Ésa es una señal muy valiosa de pluralismo, de tolerancia, de convivencia en nuestro Chile para comenzar el próximo milenio. Eso es algo muy importante, porque nunca más una confesión religiosa tendrá privilegios por sobre otra, no sólo jurídicos o económicos como sucede hasta hoy, sino también en lo referente al apoyo espiritual de todos nosotros, los chilenos.
He dicho.
(Aplausos).
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ.-
Señora Presidenta, el texto del proyecto despachado por el Senado, en particular en lo referente al artículo 6°, actual 20, compatibiliza y hace efectivos importantes principios, garantías constitucionales tan básicas como la igualdad ante la ley, la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho de asociación y otros de igual importancia.
Además, se reconoce la igual dignidad de todas las personas, en especial de las instituciones. Por ello, la bancada de la UDI considera que se trata de una legislación justa y equitativa, razón por la cual anuncio su voto favorable.
El proyecto termina con posibles inequidades jurídicas y permite a todas las iglesias y confesiones religiosas situarse en un plano de igualdad en cuanto a su organización y funcionamiento. Además, las deja en las mismas condiciones desde el punto de vista institucional, al establecer una situación de igualdad que favorece la libre expresión de todas las creencias que no se opongan al bien común y a las buenas costumbres. Todo ello permitirá a los cristianos y a los fieles de otras creencias conocer estos planteamientos y luego escoger libremente entre cualquiera de ellas. En la práctica, también facilitará la profesión de distintos credos en las escuelas, hospitales, regimientos y cárceles del país. Esto soluciona una situación muy injusta que nosotros, como diputados, conocemos en los respectivos distritos.
Otro punto destacable radica en que el texto original adolecía de serias imperfecciones, que provocaron fuertes discrepancias entre las distintas iglesias, diferencias que en su momento parecían insalvables; sin embargo, la buena voluntad de los representantes de las entidades involucradas y el trabajo de la Cámara y del Senado, permitieron modificar casi completamente el proyecto, el que fue enriquerido, producto de esa apertura.
Es oportuno darle las gracias a Dios por este proyecto consensuado que nace del Congreso Nacional de Chile, que se transformará en la legislación pionera de Latinoamérica en este tema y que, sin lugar a dudas, servirá de modelo a otras naciones.
Como cristiano, quiero dar una opinión personal: espero que la ley no sólo termine con las inequidades existentes entre las distintas iglesias cristianas, ya que adquirirá relevancia únicamente si es capaz de incentivar una competencia positiva entre los seguidores de Jesús; una competencia leal y con igualdad de oportunidades traerá grandes bendiciones para Chile, porque obligará a cada uno de los cristianos a esforzarse para llevar a cabo de la mejor forma la gran misión que nos encargó Jesús : “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”.
Hoy en Chile y en el mundo el ser huma no sufre. Los cristianos tenemos la certeza de que la luz del Evangelio es la mejor res puesta a los dolores y vacíos del hombre. Con iguales herramientas ya no existen ex cusas para quedarnos cómodamente en nuestras casas; debemos salir a compartir las respuestas que el mensaje de Jesús le da al hombre de hoy.
Bienvenida sea desde hoy, para efectos pedagógicos, lo que denomino libre competencia en el ámbito espiritual. Mal que mal las iglesias o las sectas, en los casos respectivos, no se miden ni juzgan por su tamaño, recursos económicos o años de existencia, y aunque algunos lo creen así, los cristianos pensamos que la medida son sus frutos. Nuestro Señor y Salvador , Jesús , así lo dice, y lo voy a citar en el Evangelio de San Mateo: “Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos”.
El tamaño de la iglesia no importa. Él mismo señalaba: “Cuando dos o más se juntan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos”. Lo que importa son los frutos y es la hora de esos frutos, la hora en que Chile necesita buenos frutos y necesita a Cristo. Éste es el momento.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Se cita a reunión de Comités en la Sala de la Presidencia a las 13 horas.
Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, tras siete años de discusión, de postergación y, por qué no decirlo, de conflictivas y arduas negociaciones entre la Iglesia Católica y el Comité de Organismos Evangélicos, la semana recién pasada el Senado aprobó esta nueva ley de culto.
Creo que el abrazo fraterno y cordial que al término de la sesión se produjo entre el representante de la Conferencia Episcopal señor Enrique Palet y el Obispo Evangélico señor Francisco Anabalón , da cuenta de su plena aceptación, de su conformidad con lo aprobado y, lo más importante, empieza una nueva etapa en las relaciones de las confesiones religiosas en el país.
Esta normativa, más allá de explicitar la importancia y el papel protagónico de la Iglesia Católica en la historia de Chile, también reconoce y recoge lo que han sido los planteamientos de fondo y más sentidos de las distintas iglesias, particularmente de la Iglesia Evangélica de Chile, y permitirá la más amplia libertad de culto en el país en plena igualdad de condiciones.
Eso es lo que uno puede colegir de esta iniciativa: busca hacer efectiva la garantía constitucional que establece el artículo 19 de la Constitución; como decía anteriormente, una garantía de libertad de conciencia religiosa y de culto en un plano pleno de igualdad jurídica.
Además, contempla el otorgamiento de personalidad jurídica de derecho público a las entidades religiosas, dispone un procedimiento para ello y, algo muy importante, establece un régimen patrimonial. Adicionalmente, se mantiene inalterable la situación jurídica de la Iglesia Católica y de la Ortodoxa, que ya tenían personalidad jurídica de derecho público en el país.
Y digámoslo en esta Sala claramente: a este respecto, la Iglesia Católica ha expresa do públicamente que no busca ningún privilegio y que no se opone a que otras confesiones obtengan un reconocimiento del Estado; ha dicho que sólo reclama la mantención de un rango jurídico que ya tiene.
En nuestro país, nadie puede poner en duda el importante avance que ha experimentado la iglesia evangélica en todos los ámbitos de la nación, como el social y el cultural. Por este solo hecho, era necesario, prudente y justo que se les concediera por ley este nuevo rango jurídico que permitirá una plena igualdad de derechos ante la ley a todas las confesiones religiosas.
Finalmente, creo que con esta legislación se da un paso muy importante para terminar con la discriminación y con la intolerancia espiritual en el país, que no respondía, por cierto, a los criterios de la sociedad democrática, plural y moderna que todos los sectores de la nación queremos construir.
Por ese motivo, los diputados del PPD vamos a aprobar este importante proyecto de ley.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aldo Cornejo por tres minutos.
El señor CORNEJO (don Aldo).-
Señor Presidente, las razones por las cuales cada uno de nosotros apoyó en su momento este proyecto en la Cámara aprobado por unanimidad son conocidas. Por lo tanto, es redundante repetirlas.
Sin embargo, como es un proyecto que viene del Senado, en mi opinión, corresponde fijar nuestra posición respecto de un texto que, en algunos casos, difiere de lo que aprobó la Cámara en su momento.
En ese sentido, después de la larga tramitación del proyecto, en primer lugar, es bue no reiterar su propósito y sentido original, en cuanto a constituirse en una ley que sea el marco regulatorio de los derechos de las entidades religiosas existentes en el país.
En segundo lugar, tiende a establecer que cualquiera discriminación entre las personalidades jurídicas de las entidades religiosas viola expresamente las garantías constitucionales de igualdad ante la ley establecidas en nuestra Carta Fundamental.
Por último y en particular el artículo 20 establece que, más allá del tipo de personalidad jurídica que las entidades religiosas posean, tienen los mismos derechos, incluidas las que se constituyan en conformidad a la nueva ley.
Más allá de estas tres afirmaciones, quiero referirme a un tema formal, pero que tiene alguna significación. El artículo 3º del Código Civil señala que sólo toca al legislador, de manera obligatoria, interpretar la ley. El proyecto despachado por el Senado, al final, deja una constancia que sólo tiende a interpretar el artículo 20 aprobado por esa rama del Congreso.
En consecuencia, al menos en términos personales, quiero señalar que no es un buen método legislativo interpretar normas ya aprobadas por el propio Senado, por la vía de una constancia en la iniciativa, porque, como lo expresa el Código Civil, debería hacerse a través de una ley. Por lo tanto, reitero que no es un buen sistema dejar constancias o explicar un texto aprobado con el objeto de que el día de mañana se constituya en un elemento de interpretación en el caso de surgir alguna controversia.
De manera que me parece importante dejar establecido que al legislador le corresponde hacer esa interpretación sólo por ley, como dice el Código Civil, y no por la vía de una constancia que no forma parte del cuerpo normativo que la Cámara despachará hoy.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Krauss hasta por ocho minutos.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente, en el curso del debate se ha mencionado, con justificada razón, que se está culminando una larga tramitación para encarar una situación discriminatoria que producía incomodidad y hasta agravio a sectores de la sociedad chilena.
Con esta legislación se soluciona una deuda largamente pendiente, porque, por características históricas y sociológicas, desde la emergencia del protestantismo en nuestro país, precisamente aquí, en Valparaíso, en los inicios de la República, existieron elementos que significaron una falta de consideración equitativa respecto del aporte que realizaban los credos protestantes a la educación, a la cultura, a la salud, al perfeccionamiento social y, sobre todo, espiritual.
El esfuerzo desplegado, permanente y constante, ha logrado materializar el objetivo, en forma gradual: obtener este reconocimiento, atravesando las distintas etapas de nuestra historia, desde el establecimiento de las leyes laicas hasta el hito fundamental de la gestión del entonces Presidente Arturo Alessandri Palma : la separación de la Iglesia del Estado. Lo dispuesto en el artículo 10, número 2º, de la Constitución de 1925, que consagra el principio de la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, fue recogido en la Constitución de 1980. Y para explicitarlo en la práctica, en la realidad cotidiana del ejercicio del ministerio de las distintas creencias y religiones, era imprescindible que, de acuerdo con la línea doctrinal unánimemente aceptada en nuestro país, tales iglesias, confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto fueran reconocidas como tales por la autoridad y se les concediera personalidad jurídica de derecho público.
Este mecanismo de una ley nominativa es el que hoy estamos aprobando. Luego de este esfuerzo que se ha detallado y reconocido con mucha generosidad en las distintas instancias, desde la proposición de algunos parlamentarios, la primera de ellas del diputado señor Edmundo Salas ; el trabajo del Ministerio del Interior, el esfuerzo realizado por la Cámara y por el Senado, las modificaciones introducidas a través de la indicación del diputado señor Sergio Elgueta , se ha logrado que por fin exista este instrumento.
Sin duda, es una materia compleja. Es tamos legislando sobre un área vinculada con el espíritu, con la fe, con un sentimiento que ciertamente puede cargarse de emociones y también de pasiones.
Respecto de esa materia, en la secuela de la tramitación del proyecto, se planteó la necesidad de respetar los derechos adquiridos por aquellas iglesias que ya habían conseguido personalidad jurídica de derecho público, como la Iglesia Católica. Numerosos testimonios, desde el reconocimiento como sujeto y agente del derecho internacional, y un conjunto de leyes reconocían su vigencia como persona jurídica de derecho público. Luego, también estaba la iglesia de Antioquía en Chile.
Era imprescindible definir esta materia y, tal como se ha señalado, recoger la apreciación que invariablemente sostuvo la Iglesia Católica y que figura en numerosos testimonios de la historia del establecimiento de la ley que hoy se despachará en tercer trámite constitucional. A través de su Conferencia Episcopal, en declaración pública de todos los obispos, señaló que “no se opone a la existencia de leyes que permitan a las iglesias evangélicas y otras confesiones religiosas obtener del Estado el reconocimiento, la personalidad y el ordenamiento jurídico que cada una de ellas necesite para desarrollar su misión en Chile, ya sea con fórmulas del derecho público, derecho privado o mixtas”.
Para definir esa materia, que es compleja, difícil y a ratos tremendamente tensionada, el Senado introdujo el artículo 20, cuyo tex to es suficientemente claro para resolver el tema que interesa: el reconocimiento a la intangibilidad de las personas jurídicas de derecho público existentes en materia religiosa y amplia perspectiva para que todas las otras que cumplan la regulación de la ley puedan tener sus derechos, con un sentido plenamente igualitario, por decirlo en términos vulgares, no efectuando igualdades hacia abajo, sino igualdades hacia arriba. El artículo 20, no obstante que su sentido literal es absolutamente claro, se complementó con una constancia, probablemente innecesaria desde el punto de vista de la hermenéutica de la ley, suscrita por todos los senadores, con excepción de aquellos que, por distintas razones, no participaban en la votación respectiva, como los senadores señores Ignacio Pérez, Juan Hamilton , Francisco Javier Errázuriz y Augusto Pinochet .
En ese sentido, evidentemente se ha lo grado un avance que corresponde reconocer y que permite declararse satisfecho. Pudo ser perfecto, pero don Valentín Letelier en señalaba a sus alumnos que las leyes que traten de cuestiones de Estado, y ésta es una de ellas, deben dictarse de manera de suscitar las menores resistencias posibles, tratando de que no existan ni vencedores ni vencidos.
Hoy día, respondiendo a los vientos de la historia, a una Iglesia Católica que se identifica, desde el punto de vista teológico, con las tradiciones judeocristianas, y que, como dijo un gran teólogo chileno en una entrevista reciente, el padre Beltrán Villegas , no puede desconocerse la exégesis que implican teólogos protestantes, no sólo los anglicanos del siglo actual, sino el propio Lutero o Bultman , y que, a través de acoger la oración sacramental de Cristo, invita a que seamos una sola cosa, ut unum sit.
Éste es el sentido de la iniciativa que despacharemos y que, como se ha señalado, la Democracia Cristiana, situada ya en sus orígenes, apoyará las modificaciones introducidas por el Senado.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Espina hasta por cinco minutos.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, una de las características de las sociedades democráticas y de los Estados de derecho es que garantizan la libertad religiosa, la igual dad ante la ley y la libre expresión de los cultos. Quizás sea porque quienes ahogan la libertad saben que el punto de partida para hacerlo es inhibir la libertad que cada individuo tiene legítimamente para profesar una religión o participar en una iglesia.
De manera que es propio de una sociedad democrática establecer reglas del juego claras y transparentes para que las personas puedan expresar libremente sus creencias religiosas, practicarlas, difundirlas y enseñarlas.
Quiero hacer ciertas precisiones en forma muy breve respecto del texto que modificó el Senado, compartiendo lo dicho por el diputado señor Aldo Cornejo , en el sentido de que, en el tercer trámite constitucional, tenemos el deber de dejar establecidos en la historia fidedigna de la ley, ciertos puntos que parecen importantes.
El primero se refiere al artículo 4º del proyecto de la Cámara de Diputados, al cual el Senado le suprimió la frase “enseñen y difundan”. Esta norma señala: “Para los efectos de esta ley, se entiende por iglesias, confesiones o instituciones religiosas a las entidades formadas” se sustituye el vocablo “formadas” por “integradas” “por personas naturales que profesen una determinada fe, la practiquen, enseñen y difundan”.
Quiero dejar constancia de que las expresiones “enseñanza y difusión” aparecen incorporadas en el nuevo texto del artículo 6º, letra c, donde se consagra que las entidades religiosas pueden recibir y además lo pongo con mayúsculas IMPARTIR enseñanza o formación religiosa por cualquier medio. Ello, para que no se entienda que hay una limitación a las iglesias para enseñar o di fundir sus creencias y visiones de la sociedad y, por cierto, del mundo espiritual.
En segundo lugar, la Cámara de Diputa dos establecía en el artículo 6º que, dentro de la libertad religiosa, estaba recibir asistencia religiosa de su propia confesión en dondequiera que se encuentre. El Senado reemplaza el texto, señalando que “La forma y condiciones del acceso de pastores, sacer dotes y ministros del culto, para otorgar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención y en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad, serán reguladas mediante reglamentos que dictará el Presi dente de la República...”.
Al respecto, debo precisar que las facultades del Presidente de la República nunca pueden ser restrictivas y contrarias al espíritu del legislador, cual es que en las instituciones mencionadas se permita, sin discriminación o arbitrariedad, que otras religiones u otras iglesias distintas a las que actualmente están difundiendo su visión, mañana puedan hacerlo con pleno acatamiento a la igualdad ante la ley. De manera que la facultad del Presidente de la República no puede ser vista como una restricción para que las iglesias difundan en estos organismos la enseñanza de sus credos a quienes libremente así lo deseen.
El tercer punto se refiere al artículo 7º, donde se suprime una norma incorporada por la Cámara de Diputados sobre la prohibición de la existencia de entidades y el desarrollo de actividades destinadas al satanismo.
Al respecto, quiero decir con claridad que me hubiese gustado que una norma de esta naturaleza quedara en la ley. Entiendo que se suprimió por estimarse que la legislación común del Código Penal podrá actuar cuando se trate de organismos de fachada que, abusando de la buena fe de las iglesias que trabajan por el bien común, mañana puedan constituirse para utilizar una ley con un buen propósito y la usen en otros fines. De manera que aclaro ese punto para evitar controversias en el futuro.
En aras del tiempo, quiero referirme al ya mencionado artículo 20.
Es cierto que establece la intangibilidad de los derechos de las iglesias actualmente existentes, pero también que, en caso alguno, puede significar hacia el futuro así lo dice esa norma legal romper el principio de igualdad ante la ley o establecer discriminaciones arbitrarias en contra de iglesias distintas de las que cuentan con ese fuero. Ese principio fundamental ha inspirado la vigencia de esta legislación.
Asimismo quiero hacer un reconocimiento a los pastores y representantes de las entidades religiosas y de las iglesias, por su voluntad para perseverar en la lucha por la igualdad ante la ley; por su persistencia para continuar, a pesar de las dificultades del proyecto, avanzando hasta que hoy se logre materializar como ley de la República; por su paciencia al ser capaz de levantar esos obstáculos, y por su sabiduría para haber llegado a un gran acuerdo que les permita tener una ley vigente.
Concluyo apuntando a un aspecto adicional del proyecto y sólo quiero mencionarlo, con la autorización de la Cámara.
Vivimos en una sociedad donde la competencia materialista sobrepasa todos los límites de una normal convivencia entre personas que viven en un mismo país. Mu chas veces, el fin termina justificando los medios. Una ley de esta naturaleza, no hay duda, evita tener ciudadanos que vivan des arraigados, sin vínculos culturales, carentes de afectos, egoístas y en una sociedad invertebrada. Creo que el mayor valor de una ley de este tipo es luchar contra esos disvalores de la sociedad actual y transformarse en un instrumento de unidad de todos los chilenos.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García hasta por tres minutos.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, no soy abogado y no me voy a referir a la parte jurídica del proyecto, porque ya la han abordado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra.
En realidad, hoy me siento feliz de estar en la Cámara de Diputados para aprobarlo. Los que creemos en Dios sabemos que las autoridades que están aquí son puestas por Él para servir a la sociedad en su conjunto.
Quiero hacer una reseña del proyecto que estamos tratando y que ha permanecido seis años en el Parlamento.
Han pasado 800 proyectos de ley y no nos habíamos dado un minuto para analizar uno sobre las iglesias católica, evangélica y todas las del país.
Siento gran orgullo de poder estar aquí, por cuanto tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Bautista, de Temuco, como también en el Colegio La Salle, y empecé a ver que no había diferencia en alabar a Dios, en llegar al frente común de difundir su palabra. Las diferencias estaban, no en la palabra de Dios ni en los sacerdotes o pastores, sino en la parte jurídica. Pero no hay que desconocer el trabajo de hormiga que hacen los pastores que están difundiendo su palabra, en bien de la unidad y del sentido común de que Dios está por sobre todas las cosas.
Hoy tenemos la oportunidad de demostrar a algunos países y civilizaciones que no se puede reprimir la palabra de Dios, y quiero dar un solo ejemplo para que vean la fuerza que tiene la religión y la fe.
No ha habido gobierno ni totalitarismo que haya resistido irse contra las iglesias. Eso demuestra que todo está regido por las leyes de Dios y que todo lo que Él hace es por el bien común. Somos los hombres los que tratamos de dividirnos por cosas peque ñas. Todo lo que los pastores hacen, todo lo que se dispone en el proyecto es para unir en un solo norte la difusión de la palabra de Dios. Creo que eso es lo más grande que puede hacer un ser humano.
Por esa razón, quiero rendir un público homenaje a los hombres que han dedicado su vida, a pesar de las adversidades, a difundir esta palabra.
Gracias a todos los religiosos del país por iluminarnos, por hacernos ver muchas veces cosas que creemos dichas y por guiarnos cuando tenemos un camino oscuro. Ése es el consejo de un pastor, de un sacerdote, porque ellos nunca ponen su voluntad sobre Dios, por cuanto están para servirlo. Real mente doy gracias a Dios que me haya pues to como autoridad del país para dar la oportunidad a las iglesias de difundir su palabra en igualdad de condiciones.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sánchez, hasta por dos minutos.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, después de muchos años de denodados esfuerzos de un importante sector de las iglesias protestantes chilenas, estamos reunidos para lo que puede ser el último trámite del proyecto de la tan demandada ley de libertad de cultos, que permite, por primera vez en la historia patria, garantizar el pleno derecho de los chilenos a profesar cualquier credo religioso, incluyendo sus manifestaciones, en un pie de igualdad entre cada confesión.
Esta normativa, que ha sido sabiamente consensuada en el Senado de la República lo que hay que reconocer, sienta las bases de un nuevo derecho eclesiástico del Estado, entendido como un conjunto de normas y principios jurídicos que, fundados en la libertad de credo estatuida constitucionalmente, promueve, respalda y asegura el ejercicio cívico de dicha libertad y norma las relaciones del Estado laico con las distintas entidades religiosas.
Por otra parte, la iniciativa legal ha sido debidamente morigerada, a fin de garantizar los estatutos y fueros de la Iglesia Católica Romana, entidad religiosa anterior a la Re pública y que, desde hace casi dos mil años, tiene una sólida organización y también una institucionalidad jurídica propia, cuya vigencia plena seguirá respetando el derecho nacional chileno, a través del Derecho Canónico.
La igualdad de los credos en Chile no ha sido tarea fácil y por ello vaya mi saludo y reconocimiento a los pastores y feligreses de las muchas iglesias y cultos protestantes, especialmente a los protestantes patagónicos, que han hecho una labor no sólo apostólica, sino que también social, digna de encomio en la región que represento. Ello, por cierto, no resta valor a la querida Iglesia Católica, también representada en la Patagonia chilena, mi región, por cientos de misioneros, muchos procedentes de Italia, que han dado su vida por el progreso de gente de esas remotas tierras y a quienes han querido y servido como hermanos.
El señor MONTES (Presidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor SÁNCHEZ.-
Tan sólo en esta perspectiva, un recuerdo emocionado para el padre Antonio Ronchi , recientemente fallecido.
La eterna búsqueda de la verdad es un ideal, una utopía, que no es propiedad de nadie, pero es patrimonio de todos la libertad de buscarla. Esta ley viene a reafirmar esto último al normar los derechos de todas las entidades religiosas.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señor Presidente, al votar favorablemente este proyecto, en la sesión del 6 de noviembre del año 1996, expresé, citando las palabras de don Arturo Alessandri Palma , del 30 de julio de 1919 en el Senado, que frente a esta nueva iniciativa, “lo único que quiero y pido es bandera de parlamento que cubra por igual a todas las religiones y doctrinas, un pabellón neutral donde puedan cobijarse los hombres venidos de una u otra fe, con la sola condición que sean virtuosos”.
Evocación aquélla con la cual quise significar que sólo aspiro a que nuestra sociedad transite definitivamente por los caminos de la tolerancia, respetando la dignidad del ser humano y creando las condiciones para que cada persona pueda expresar con la más absoluta libertad, sus creencias y su fe.
Esas convicciones, señaladas en esa oportunidad, no han perdido vigencia. Muy por el contrario, son una constante que en toda circunstancia histórica debemos cautelar y profundizar, si de verdad anhelamos construir una democracia que vaya más allá de un sistema político o de gobierno y se transforme en una forma o estilo de vida, que nos permita mirarnos a la cara, respetarnos en la diversidad, comprendiendo que la belleza de la vida humana es producto de un proceso maravilloso, una conjunción de múltiples elementos en sucesiva evolución, cuyos orígenes nos llevan irremediablemente a un Creador, Dios para quienes somos cristianos, Alá para los islámicos, Buda para los hindúes, o como quiera llamarle cada uno en perfecta consonancia con su cultura, tradición y libertad.
De allí que las creencias religiosas constituyan una cosmovisión del universo y de la vida, en el sentido de que son una represen tación de él, dentro de la cual las personas se ubican, y encuentran así sentido a su existencia.
Decía Cicerón que religión venía del latín “relegere”, cuyo significado es “considerar, examinar con cuidado”. Lactancio y San Agustín , hacían derivar el concepto del término “religare” o “religo”, que significa “fijar, reunir, retener, amarrar, volver a ligar”, idea, por lo demás, muy aceptada dentro de la concepción cristiana.
Autores diversos son partidarios del latín “religio”, que equivale a “conciencia escrupulosa”, lo que en opinión de Ortega y Gasset, significa que ser religioso es “vivir no licenciosamente, es decir, ser cuidadoso de una realidad trascendente”.
En mi modesta opinión de ciudadano común, respetuoso de todas las creencias, diré que religión es la suma de esos conceptos, pero que no son solamente abstractos o exclusivamente metafísicos, sino que tienen, como lo concibe Ortega y Gasset, un efecto práctico en el diario devenir, orientado evidentemente al desarrollo de sentimientos humanitarios y a la concreción de ideales de bien común y progreso social.
De ello emana la satisfacción que mi espíritu siente al estar presente en esta oportunidad histórica, donde hombres, como decía don Arturo Alessandri , venidos de una u otra fe, pero virtuosos y bien intencionados, han dado una muestra de consecuencia con sus convicciones religiosas y han coincidido en un proyecto que, más allá de sus naturales y legítimos intereses, compatibiliza los dos bienes más preciados de todo grupo humano: libertad e igualdad. Libertad para profesar determinadas creencias, para no ser discriminado, para recibir e impartir enseñanza por cualquier medio, para practicar en público o en privado actos de oración o de culto; e igualdad en la entrega de asistencia religiosa, sea en cárceles, hospitales o establecimientos de las Fuerzas Armadas y de Orden, en el acceso a beneficios como exenciones tributarias o donaciones y contribuciones voluntarias, así como en el establecimiento de su propia jerarquía y en la difusión de su credo por cualquier medio.
Señor Presidente, estimados colegas, obispos y representantes de las diversas iglesias presentes en esta mañana luminosa y esperanzadora, hemos reconocido derechos adquiridos y dignificado el quehacer religioso de un significativo grupo de compatriotas, que, a partir de hoy, propagarán con mayor libertad por las calles y campos de nuestra patria su mensaje de amor, paz y unidad.
Que la fecundidad de vuestra obra traiga los beneficios que Chile espera, cimiente nuestro progreso y fortalezca una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
Con la esperanza de que así sea, voto favorablemente.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por 5 minutos y medio, el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, estamos frente al tercer trámite constitucional de una iniciativa de ley que, sin duda, tiene valor histórico. Es un proyecto de ley marco, que pretende establecer la libertad de culto y la igualdad religiosa en Chile, y también el reconocimiento del derecho de ser tanto creyente como no creyente en nuestra sociedad.
Esta etapa en que estamos es de tremen da importancia y, por lo mismo, es necesario emitir un juicio sobre la constancia que se entregó en el Senado respecto del artículo 20. En lo personal, no me parece un método correcto de legislar, menos aun cuando la Corporación entera participa de una constancia que pudiese ser mal entendida o mal interpretada en lo futuro. Quiero dejar establecida nuestra opinión. Lo que vale es lo que aprobaremos en el artículo 20, en la letra y en el espíritu, y no debe tratarse de dar otras interpretaciones en caso de conflicto en el futuro.
Sin duda, este proyecto de ley marco es un paso hacia la tolerancia y el respeto; pe ro, más allá de su texto, quiero hacer una reflexión.
El filósofo Humberto Giannini habla de la tolerancia y dice que puede ser una virtud si se la entiende sólo como la disponibilidad para escuchar al otro, con el riesgo que ello siempre implica. Es muy distinta la práctica que existe en nuestro país de entender la tolerancia como “aguantar” al otro, sin que ello signifique respeto activo. Entiendo que esta ley no puede resolver ese problema. Es más, en el trámite de estos siete años hemos sido testigos de una iniciativa que comenzó tratando de proponer un concepto de iglesia que no tiene nada que ver con la realidad, tratando de definir a las iglesias por cantidades y contenidos de lo que deben pensar, incluso, proponiendo, en un primer momento, una intervención indebida de la autoridad respecto de cómo uno puede creer en su Dios o dioses, si fuere el caso.
El paso que hemos dado con este proyecto de ley es tremendamente importante y espero que, culturalmente, seamos capaces de dar los pasos siguientes.
Sin duda, el contenido de su artículo 6º nos debe hacer reflexionar. A mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que exista una letra b), por ejemplo, que diga que uno, a su muerte, tendrá derecho a recibir una sepultura digna en cementerios públicos. Es consecuencia de la odiosa discriminación que hubo en nuestro país durante tantos años, cuando los no católicos, y muchas veces los evangélicos, eran tirados al mar o dejados botados en la calle. Es curioso cómo nuestra legislación debe dejar constancia de esta discriminación para evitar que caigamos en esas prácticas en el futuro.
Asimismo, es tremendamente importante la letra c), nueva, que plantea la forma y condiciones del acceso de pasto res, sacerdotes y ministros del culto para otorgar asistencia religiosa en recintos hospitalarios, cárceles y lugares de detención, y en los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad, las cuales serán reguladas mediante decreto. Debemos estar conscientes de lo que eso implica. Entre otras cosas, entiendo que se terminará con los capellanes militares, o habrá de todas las denominaciones religiosas, lo cual obliga a una reflexión de fondo en el sentido de cómo se llegará a la aplicación práctica de la ley; qué pasará en nuestro país, donde los recursos públicos son usados para enseñar un tipo de religión y no necesariamente todas. Aquí iniciamos el tránsito hacia la tolerancia que, repito, va más allá de la ley. Los medios de comunicación de nuestro país han sido espectaculares lo digo con respeto para silenciar las manifestaciones del pueblo evangélico.
El señor MONTES (Presidente).-
Le queda un minuto, señor diputado.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
La marcha de Cristo de años atrás no existió, pero siempre hay vía crucis.
Pido que seamos capaces, como Corporación y representantes del pueblo, de dar los pasos para garantizar que esta nueva ley marco se transforme en tolerancia efectiva, en el sentido de respeto activo.
Por último, quiero referirme a un punto de debate que dice relación con el artículo 8 antiguo.
Algunos tienen dudas de si se tiene que calificar el tipo de fe que debe existir dentro de una iglesia. Entiendo el interés en calificarla de fe en Dios; pero, a la vez, lo encuentro terriblemente peligroso. Soy creyente y me pregunto quiénes somos, como Estado, para decir en lo que deben creer las personas, si lo que pretendemos es garantizar la libertad religiosa y la tolerancia. Anuncio que votaremos favorablemente la iniciativa. Además, quiero destacar que estamos contentos del paso que se está dando. Esperamos que esta ley marco sea entendida como un instrumento de tolerancia y de respeto activo, pero que no sirva para aguantar las diferencias de nuestra sociedad.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, por un minuto, el diputado señor Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar constancia del ejemplo dado al país por la Iglesia Católica y las confesiones evangélicas, de cómo se han puesto de acuerdo en un proyecto que, en pocos días más, será ley de la República.
En segundo término, en la comuna de Estación Central está instalada la catedral evangélica más importante, sin desmerecer a las demás. Y, a través de muchas décadas, he podido constatar el esfuerzo, el trabajo tesonero y lo que realizan en la comunidad. Por ello, quiero rendir homenaje a sus obispos, que han mantenido esta iglesia durante tantos años, entre ellos, a Manuel Umaña, ya desaparecido, y a Javier Vásquez, presente en las tribunas.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Zarko Luksic.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, sólo deseo destacar tres aspectos de la iniciativa en estudio.
En primer lugar, el proyecto es fruto de una larga e injusta espera. Como se ha seña lado, la Constitución de 1925, al igual que la de 1980, establecía la garantía constitucional de la libertad religiosa y de culto. Este proyecto de ley es el desarrollo de esa garantía constitucional, reiterada por la Carta Fundamental vigente. Es decir, han debido transcurrir más de 75 años para dar cumplimiento a un derecho fundamental establecido en nuestra Carta Magna.
En segundo término, el estatus jurídico que se otorga a las iglesias, órdenes y fundaciones religiosas es de un carácter especial, es el de una personalidad jurídica de derecho religioso. Desde mi punto de vista, el estatus preciso no es personalidad jurídica de derecho privado ni de derecho público, creada por una ley particular, pero posee todos los efectos jurídicos de una personalidad jurídica de derecho público creada por ley. Eso le da estabilidad, un estatus dentro del ordenamiento jurídico, una presencia que es fundamental. Por eso, llamo la atención sobre esos dos puntos.
Por otra parte, me alegro de esta larga espera, que fue como cruzar el desierto hasta llegar a esta buena tierra, que es la ley que declara la igualdad de confesiones.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en los dos minutos de que dispongo, quiero compartir la experiencia de trabajo conjunto, no sólo en mi zona, sino también a nivel nacional, a raíz de la invitación que nos hizo hace algún tiempo el senador Andrés Zaldívar a fin de trabajar y mejorar la iniciativa.
En esas reuniones, el pastor Ricardo Ramírez , de la Asamblea de Dios, cuyo obispo es don Renato Silva ; y don Francisco Ana balón, presidente del Comité de Organizaciones Evangélicas, COE, y demás iglesias evangélicas, me explicaban su trabajo y conversábamos acerca de nuestras cercanías, igualdades y diferencias.
Por ello, hoy no puedo dejar de manifestar mi satisfacción por la aprobación de este proyecto y citar dos intervenciones de la sesión del 2 de septiembre de 1998. Ahí, monseñor Javier Prado sostiene que “el mejoramiento de la condición jurídica de otras iglesias o confesiones debería realizarse sin menoscabo de los derechos fundamentales que ella misma tiene desde siempre en Chile, como derechos adquiridos, constitucional, internacional y legalmente”.
Por otra parte, en esa misma sesión, el obispo Anabalón expresaba que ellos jamás querrían que en el proyecto hubiera un artículo, un inciso, una línea que afectara el estatus jurídico de la actual Iglesia Católica.
Por eso, en ese espíritu, basado en esas dos intervenciones que reflejan el acerca miento que cada día debiera ser más fuerte entre estas iglesias cristianas, me siento contento y comparto la satisfacción de los asistentes a las tribunas, como don Enrique Palet , la comunidad católica de Melipilla, de los obispos Anabalón y Vásquez y demás pastores evangélicos, al ser testigos del aporte que el Congreso Nacional hace para que nuestro país sea un poco más justo de lo que era hasta el día de ayer.
He dicho.
(Aplausos).
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Pía Guzmán.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, a mi juicio, está de más seguir reconociendo y aplaudiendo el trabajo realizado durante estos años, lo cual ha sido muy bien expresado por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. No obstante, debemos destacar la labor, el esfuerzo y el diálogo paciente que permitió perfeccionar este proyecto de ley.
Sin embargo, como legisladora, aunque signifique nadar contra la corriente, debo hacer presente, en conciencia, dos deficiencias que contiene el proyecto modificado por el Senado. Digo esto, porque el intérprete no sólo es la ley, como señalaba el diputado señor Aldo Cornejo, sino porque también hay una interpretación judicial, la que se realiza según las normas del Código Ci vil, donde se consigna la necesidad de dejar establecida una historia de la legislación.
La primera deficiencia está relacionada con la enmienda al artículo 4º, ya que no define lo que es fe religiosa; ni siquiera menciona esta última acepción. Sólo dice “fe”. De acuerdo con lo señalado por los artículos 19, inciso primero, y 20 del Código Civil, la interpretación debe estar radicada en lo que se entiende como fe religiosa, según el Diccionario de la Real Academia Española, a saber: “Religión. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”.
De manera que esa definición de fe religiosa debiera quedar incorporada en la historia de la ley para su ajustada interpretación, según los artículos antes mencionados.
Muy relacionado con lo anterior, está el artículo 8º, que fue aprobado en la Cámara y suprimido en el Senado por hacer referencia expresa al Nº 6 del artículo 19 de la Constitución, que establece: “La libertad de con ciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”. El artículo 8° de la Cámara contiene idénticas expresiones.
Sin embargo, es importante dejar constancia de que tanto la supresión del inciso segundo del artículo 8º, que dice que “Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley las entidades y las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de fenómenos psíquicos o parasicológicos, prácticas mágicas, supersticiosas, espiritistas u otras de naturaleza ajena o diferentes al conocimiento y culto religioso.”, como la del tercero, que dice que “Queda prohibida la existencia de entidades o el desarrollo de actividades destina das al satanismo.”, se realiza en la medida en que las actividades que se señalan en estas disposiciones se entienden, desde ya, contrarias a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.
El artículo 9º, nuevo, que consigna el Senado, es muy importante en cuanto reconoce el ordenamiento y la personalidad jurídica de derecho público de las iglesias reconocidas por el Estado. Pero, para la interpretación de la ley, dicho reconocimiento no implica un trato desigual, concepto poco utilizado en el lenguaje jurídico. Por lo tanto, siempre debe ser entendido a la luz de los derechos garantizados en la Constitución, de manera específica en el inciso segundo del número 2) del artículo 19, según el cual “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Por último, es realmente notable que a pocos meses del término de un milenio y a casi dos mil años del nacimiento del cristianismo, quienes adoramos al mismo Dios padre estemos abocados al estudio de un proyecto que -espero- signifique la unidad en la búsqueda de la paz espiritual y social que tanto necesitamos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Edmundo Salas.
El señor SALAS.-
Señor Presidente, han pasado siete años desde que el 1 de abril de 1992 presenté la primera moción sobre libertad de culto, a la que adhirieron los seño res José Miguel Ortiz, Hosaín Sabag diputado en ese entonces, Juan Pablo Letelier y Ed mundo Villouta.
Mi ánimo fue abrir un debate público en el país por la injusticia que ha sufrido la iglesia evangélica durante más de un siglo, para que Chile tomara conciencia de lo que había ocurrido, del trabajo silencioso que realizan ése y otros credos, y para buscar un camino de entendimiento entre las iglesias católica y evangélica, que son mayoritarias, y unir a quienes creemos en Dios.
Desde entonces, pasaron tres años para que la Cámara aprobara el proyecto y se enviara al Senado. Parece mucho; pero la verdad es que no es tanto, porque debieron pasar 113 años para que se eliminara de la Constitución de 1812, en su artículo 1º, la frase “la religión católica-apostólica es y será la de Chile”. Después, en la Constitución de 1925, se estableció y se aseguró, en el artículo 10, número 2º, la manifestación de todas las creencias religiosas, es decir, la libertad de culto y de religiones que estén dentro de las buenas costumbres, la ética y la moral. En consecuencia, han pasado 187 años, en total, para que la iglesia evangélica reciba el justo trato.
El proyecto no es común, como lo son aquellos que se refieren a aspectos materia les. Éste, en cambio, regirá la vida espiritual de los chilenos. El propio Lucas, en la Biblia, en el versículo 21, número 19), dice: “Con vuestra perseverancia y tolerancia salvaréis vuestras almas.” Esto significa que, en nuestro trabajo, se ha hablado del amor, de la solidaridad, del sentir el problema del otro, de la caridad, de las leyes que se dictan para hacer más justo y equitativo el pasar de quienes tienen y de quienes no tienen.
Sin embargo, se sabe a ciencia cierta, que cuando la persona crea en Dios y se acerque a él, mediante la misión de los pastores y obispos, es decir, el día en que todos asumamos a Jesús en nuestro corazón, no será necesario legislar para repartir la riqueza de los más ricos entre los más pobres, con el objeto de que no se repita Lázaro en nuestro país, que recogía las migajas de debajo de la mesa de los ricos; y, motu proprio, ayudemos a buscar caminos de entendimiento, para que amor y solidaridad no sean palabras de cliché, huecas, sin sentido; porque sin obras, las buenas intenciones son letra muerta.
Se han promulgado muchas leyes; pero, ¿cómo se puede revertir la situación del joven que ha entrado en la droga, en el vicio, sino a través de la fe, de la prédica de los pastores, a quienes hoy rindo homenaje?
En mi niñez, ayudaron a mi formación para que fuera un buen cristiano que buscara el camino del entendimiento, del amor y, sobre todo, de la caridad, entendida como el perdón que debe entregarse a quienes nos ofenden. En este sentido, entre más grande la ofensa, más grande será el perdón de Dios.
De eso trata este proyecto. La futura ley evitará la humillación de los pastores para entrar a los hospitales y a las cárceles a asistir a quienes lo necesitan, y no lo digo peyorativamente, porque ella hará justicia con los evangélicos.
Discúlpenme, querido colegas; pero quiero agradecer a todos ustedes, porque, como políticos, fueron consecuentes al aprobar el proyecto hace tres años. Entonces, se escucharon discursos de bien. Me crié en la iglesia evangélica y me alegro de que el país los vea como seres humanos, como personas con una creencia cristiana.
Asimismo, agradezco a mi bancada, al colega Sergio Elgueta , quien se esforzó intelectualmente para buscar la fórmula que ha permitido que el proyecto del ex Presidente Aylwin llegue a esta etapa.
Las modificaciones del Senado implican un gran acuerdo que ha dejado con formes y contentas a todas las iglesias católica, evangélica y otras que predican el bien.
Agradezco a Dios. Ojalá resulte una bue na ley y que el espíritu nos invada, para que en la Cámara busquemos los acuerdos o entendimientos que posibiliten solucionar, además de los de carácter religioso, los problemas humanos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, desde hace muchos años esperábamos este día. Hoy, al aprobar esta Cámara, en su último trámite, el proyecto que establece la igualdad de todas las iglesias y otorgarles personalidad jurídica de derecho público, no sólo se hace justicia a quienes profesan di versos cultos, sino que también consagramos en una ley la norma constitucional que establece la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos en igualdad de condiciones jurídicas.
Este proyecto en nada afecta a la Iglesia Católica; pero significa un gran avance para las otras, especialmente las evangélicas. Durante más de cinco años, he venido patrocinando, en forma gratuita, la personalidad jurídica de iglesias evangélicas en Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo , y he sido testigo de su extraordinario trabajo para rehabilitar al delincuente y al drogadicto.
El año pasado, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa del Estado objetaron mi patrocinio a las solicitudes de personalidad jurídica so pretexto de que constituía una gestión administrativa prohibida a los parlamentarios. Recurrí de protección en contra del Consejo y del Ministerio, y gané, en la Corte Suprema, por cinco votos contra cero, lo que me permitió continuar realizan do estas gestiones gratuitamente.
Con la nueva ley ya no será necesario que los estatutos de una corporación evangélica sean sometidos a la consideración del Consejo de Defensa del Estado, éste demore tres meses en evacuar su informe y, luego, la corporación deba hacer una escritura pública complementaria para acoger las observaciones del Consejo. Ahora bastará registrar los estatutos y el acta constitutiva en la oficina de partes del Ministerio de Justicia. Por ese solo hecho, la corporación tendrá su personalidad jurídica una vez publicada en el Diario Oficial.
Es cierto que el Ministerio puede hacer observaciones dentro de 90 días; pero no tendrán el mismo carácter de las que efectuaba el Consejo ni habrá escritura pública complementaria.
Hoy es un gran día para todos: para quienes profesan una fe, para quienes tienen una creencia y para quienes deseaban, desde hace mucho tiempo, que su culto estuviera en igualdad de condiciones con los otros.
Demos gracias a Dios.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, este proyecto nos sitúa a las puertas de obtener un gran avance cualitativo en una de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución.
En efecto, el hecho de que la Constitución asegura a todas las personas la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, no ha estado hasta ahora plenamente acorde con la necesaria igualdad de reconocimiento y trato jurídico que tales creencias y cultos deben tener ante la ley, para no hacer de la voluntad del constituyente una mera declaración formal sin expresión real en el ordenamiento jurídico.
Tal situación se hace más grave si se considera que determinadas iglesias u organizaciones religiosas cuentan con una normativa de derecho público que les reconoce y garantiza su existencia y actuación jurídica frente a otras que sólo pueden aspirar a una personalidad jurídica de derecho privado, que no se condice con su verdadero carácter fundacional ni con las íntimas creencias de sus integrantes; pero, sí, estas últimas pue den constatar que su estatuto jurídico resulta de un nivel inferior dentro del ordenamiento jurídico del Estado.
En síntesis, no es posible permitir que se siga manteniendo una situación artificiosa de reconocimiento y garantías de las liberta des de conciencia, de manifestación de to das las creencias y del ejercicio de todos los cultos, si tales libertades resultan incompatibles frente a notorios vacíos en el plano de las igualdades mínimas que pueden garantizar su legítima expresión.
Por otra parte, el proyecto se ha basado tanto en el verdadero espíritu de las liberta des constitucionales, en las cuales se fundamenta, como, de manera coadyuvante, pero no menos importante, en el de la garantía de igualdad ante la ley.
En mi opinión, dichas garantías han tenido dos trascendentales expresiones legislativas en el último tiempo. La primera, la eliminación de la odiosa discriminación que clasificaba a los hijos desde el punto de vista de la filiación, y la segunda, el proyecto que nos ocupa.
No de otro modo puede entender un partido con profunda raigambre democrática, desde el punto de vista de su doctrina y de su acción política, aquello que lleva a eliminar toda diferencia arbitraria que afecte a la dignidad fundamental inherente a todo ser humano, como también la discriminación que coarte la íntima expresión y el desarrollo de la fe y de las creencias religiosas, si pensamos en una verdadera comunidad de personas libres y autónomas para decidir acerca de cuáles son sus vías de crecimiento personal dentro de nuestra sociedad.
Desde otra perspectiva, las fuentes del humanismo cristiano nos guían por la lucha en pro del reconocimiento y garantía de toda iniciativa que fortalezca la dignidad de la persona, concebida como un ser social para el cual todo otro ser humano es significativo en lo que concierne a su existencia y desarrollo.
Desde la perspectiva de la fuente del humanismo cristiano, ello nos permite coincidir en cuestiones fundamentales con los sostenedores de otras corrientes humanistas de distinto origen, aunque discrepemos con aquellos que piensan más en igualdades artificiosas para consagrarse en la cúspide del poder político o de aquellos que realzan las libertades económicas individuales frente al reconocimiento de las libertades públicas y, principalmente, frente a los derechos humanos de tercera generación.
Sin embargo, si bien adherimos a determinados valores y principios, somos también defensores de las libertades e igualdades básicas que permiten a los otros sostener, practicar, comunicar y actuar conforme a las suyas propias.
Por lo expuesto, por motivos de convicción y no de concesión, los diputados del Partido Demócrata Cristiano creemos que el proyecto debe ser aprobado; porque la democracia debe ser construida y perfecciona da en un permanente y dinámico proceso de evolución, cuyo norte ha de ser la consecuencia con los valores y principios que la fundamentan.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Saludamos al Vicepresidente y a un grupo de miembros del Senado colombiano, presentes en tribunas, que se encuentran conociendo el funcionamiento del Parlamento chileno.
(Aplausos).
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada señora Laura Soto .
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, alguien dijo que el nuevo milenio será espiritual o no será. En mi opinión, los discursos que hemos oído en esta oportunidad dan una muestra inequívoca de que vamos por el mundo espiritual, de que los seres humanos -por lo menos en nuestro país- estamos cansados y queremos dejar atrás el consumismo, el hedonismo y todo aquello que desprecie a la gente más pobre y vulnerable.
Ése es el sentido de este proyecto. A pesar de ser abogada y de haber estado desde el comienzo con este proyecto, sólo me referiré a él desde el punto de que el ser humano es esencialmente trascendente y, por lo tanto, la libertad de conciencia y de culto es inherente a la dignidad. El hombre y la mujer necesitan de aquello superior, cualquiera que sea el nombre que le demos. Efectiva mente, caminamos por un mundo en que la humanidad ha ido avanzando. Ha habido épocas tristes en que se ha perseguido la verdad, a los cristianos y donde los evangélicos han quedado discriminados.
Estamos dando un paso adelante y, después de siete años en que nadie en el país ha quedado indiferente, podemos congratular nos y decir con orgullo que estamos en un momento decisivo, en un día importante desde otro punto de vista. Hoy lo sacamos del contexto de las necesidades propias, casi siempre económicas, para hablar del mundo espiritual.
Éste es un momento de real trascendencia. Queremos dar las gracias a quienes estuvieron detrás de esto: al diputado Elgueta ; Enrique Palet, Humberto Lagos , el Pastor Ana balón; en fin, tantos, que no es posible nombrarlos. Muchas gracias a todos.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Solicito autorización de la Sala para insertar en la versión los discursos de los diputados señores Francisco Encina, Edgardo Riveros, Sergio Ojeda y de quienes lo soliciten. Además, para completar los discursos de los parlamentarios que no los pudieron leer en su totalidad.
¿Habría acuerdo? Acordado.
Los textos de los discursos que se acordó insertar son los siguientes:
El señor GUTIÉRREZ.-
Señor Presidente, deseo asociarme, así como lo han hecho otros señores parlamentarios, a la satisfacción que sentimos por la aprobación cierta de esta ley tan esperada sobre libertad de culto o libertad religiosa. Como se ha dicho, este proyecto de ley ha cumplido ya más de 7 años de tramitación en el Congreso, lo que constituye un período ciertamente largo, pero, en este caso, plenamente justificado por el contenido y significado de la ley que se está aprobando. Porque no hay duda que este proyecto, en su larga tramitación, no solamente concitó el interés de la gran mayoría de nuestra población, sino que, al mismo tiempo, suscitó una franca controversia, a veces muy tensa, en diferentes sectores.
Hemos conocido varias declaraciones de los señores obispos de la Iglesia Católica, plenamente justificadas, acerca de algunos puntos contenidos en la ley. Asimismo, hemos tenido la oportunidad de asistir a numerosas reuniones de pastores de las iglesias evangélicas de nuestro distrito, donde estos personeros nos han manifestado su preocupación por el curso que iba tomando a lo largo del tiempo el proyecto de ley. Y en mi condición de católico, he tenido muchos encuentros y reflexiones con sacerdotes y obispos para analizar este proyecto, desde el punto de vista de la Iglesia Católica.
En resumen, creo que este proyecto no ha dejado a nadie indiferente, y hoy es un día indudablemente histórico, porque a partir de esta fecha, todas las iglesias tendrán, en nuestro país, todos los derechos y estarán protegidas por la misma legislación. A partir de esta fecha, estará superada toda forma de discriminación en relación a las iglesias, cualquiera que sea el culto que se profese. En virtud del artículo 7º de la ley, podrán las entidades religiosas ejercer libremente su propio ministerio, practicar el culto, celebrar reuniones y fundar y mantener lugares para estos fines; establecer su propia organización interna y jerarquía, capacitar, nombrar, elegir y designar en cargos y jerarquías a las personas que correspondan y determinar sus denominaciones; enunciar, comunicar y difundir, de palabra, por escrito o por cualquier medio, su propio credo y manifestar su doctrina.
Inauguramos, en consecuencia, una era de tolerancia religiosa, sin discriminaciones, me atrevería a decir con un sentido de gran colaboración entre todas las iglesias, cuyo único norte es la creencia en un Dios y el servicio a los hombres como hijos de Dios. Y la verdad es que esta conducta de unidad frente al trabajo espiritual y social en con junto, católicos y evangélicos, ya se había iniciado hace bastante tiempo, y ahora, con esta ley, no vamos a hacer más que continuarla, aunque en mucho mejor forma.
De hecho, estamos asistiendo a los oficios religiosos, a los que nos invitan las iglesias evangélicas, hace ya bastante tiempo, como también participando conjunta y fraternalmente en muchas iniciativas de carácter social. En el caso del distrito 37, que corresponde a la ciudad de Talca, y que tengo el honor de representar en esta Cámara, existe una actividad muy intensa de las iglesias evangélicas, y en el transcurso de la discusión de este proyecto de ley, hemos tenido la oportunidad de reunirnos, en varias ocasiones, con los pastores de estas iglesias. En la ciudad de Talca existen más de 40 iglesias evangélicas, entre las cuales se encuentran la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Metodista, la Iglesia Wesleyana, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Bautista y muchas más, dirigidas por distinguidos pastores, personas de mucha fe y voluntad de servicio.
Deseo, desde aquí, enviar un afectuoso saludo a la Confraternidad de Pastores de la Iglesia Evangélica de Talca, a don René Arévalo, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, a don Luis García Merino, de la Iglesia Presbiteriana, y a través de ellos, a todos los pastores que trabajan por la causa evangélica en la ciudad de Talca, señalándoles que hemos cumplido una gran meta, y que se ha logrado gracias a su esfuerzo, por que no todo se hace en Santiago, ni por me dio de las autoridades nacionales, sino que también hay una importante participación de las regiones, y me consta que las iglesias de las regiones y provincias han hecho aportes muy significativos.
Señor Presidente, ya al borde del siglo XXI, cuando el cristianismo va a cumplir 2 mil años de vida, la ley de libertad de culto que se está aprobando, constituye un hito histórico, que pone a nuestro país a la cabeza en materia de tolerancia religiosa. Ello elimina una fuente de antagonismo y división que no debió haber existido nunca, y permite que, a futuro, todos los chilenos, sin diferencia alguna, trabajemos en conjunto por el bien común y por nuestro querido país.
He dicho.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, honorables colegas, finalmente, después de seis años de discusión, el Senado y la Cámara de Diputados hemos llegado a un acuerdo para establecer un estatuto jurídico que otorgue un trato igualitario a las distintas iglesias. De este modo se garantiza el pleno derecho de los chilenos y chilenas a ejercer sus distintos credos con una institucionalidad similar.
La concreción de este proyecto de ley de la República es una aspiración muy sentida del Partido Radical Social Demócrata, que como colectividad humanista laica, desde sus inicios en el siglo pasado, tiene dentro de sus postulados la libertad de culto.
Con esta ley, todas las iglesias podrán organizarse y constituirse como persona jurídica de derecho público, sin tener que depender de una autoridad administrativa ni de su inconveniente intromisión para obtener un reconocimiento de derecho privado, garantizando, así, a todos los creyentes el ejercicio libre e igualitario de su fe.
Con esta ley se dejan atrás tiempos de división y de intolerancia, exaltando no sólo la libertad de culto y la libertad religiosa, sino su primer antecedente: la libertad de conciencia. Se insiste en el respeto que el Estado y la sociedad deben tener hacia quienes no han sido tocados por el dedo de la fe y que, como librepensadores, se mantienen al margen de las confesiones religiosas.
Los diputados radicales socialdemócratas resaltamos la buena disposición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa de Antio quía para colaborar y llegar a un entendimiento que permita la libre expresión y la garantía de la profesión de fe de todos los credos religiosos.
Compartimos, a su vez, el llamado que hiciera la Conferencia Episcopal en mayo pasado, en el cual expresaron: “A los responsables de todas las confesiones religiosas, en particular a nuestros hermanos con quienes compartimos la fe en Jesucristo, les pedimos aunar esfuerzos y orar para que, cercanos ya a la celebración de los 2000 años de la encarnación y nacimiento de Jesús el Salvador, trabajemos juntos en forma fraternal, contando con las herramientas jurídicas que cada cual necesita para desempeñar en Chile su misión religiosa y de ser vicio al país”. Esta petición se hace realidad en esta hora en que celebramos con alegría la aprobación de este proyecto, y su pronta promulgación como ley.
Desde esta Corporación, saludo muy especialmente a los fieles y creyentes de las parroquias, templos y asambleas de la Provincia de Ñuble; a los pastores, hermanos, sacerdotes, diáconos y laicos de las comunas de Chillán, San Ignacio , Pinto , Yungay , El Carmen, Coihueco , Pemuco y Chillán Viejo ; a todos los catequistas, comunidades religiosas y congregaciones de la Región del Biobío. Por esta buena nueva que hoy llega, que nos permitirá avanzar en tolerancia, reconciliación, crecimiento y renovación espiritual.
He dicho.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, al pronunciarnos en este tercer trámite constitucional acerca del proyecto de ley sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas, es mi interés destacar los siguientes aspectos:
1º Durante toda la trayectoria seguida por el proyecto, desde octubre de 1993, en que se presenta la iniciativa del Presidente de la República de entonces, don Patricio Aylwin , se ha buscado dar pleno cumplimiento a los principios y disposiciones consagrados constitucionalmente como también en los Tratados Internacionales. En particular, la igualdad ante la ley, que no existe discriminación en razón de las creencias religiosas y la plena libertad de conciencia del proyecto que hoy discutimos.
2º Desde el punto de vista jurídico se consagra la naturaleza de la ley marco en tercer trámite constitucional. Tal como fue indicado por el informante en representación de la Comisión Especial del Senado, senador Mario Ríos , recogiendo el informe de la Cámara de Diputados y que valora el trabajo desarrollado por esta Corporación, en particular de nuestro colega Sergio Elgueta , se deben destacar tres elementos preceptuados: Reconocimiento de una misma persona jurídica de las entidades religiosas, en es te caso de derecho público.
Normas comunes para todas las entidades.
Facultades del Estado para establecer los acuerdos con las diferentes entidades religiosas.
3º Se ha tenido la conducta concordante en el sentido de no afectar o desconocer el estatuto jurídico de derecho público, que tienen la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Antioquía. El Senado, en este sentido, ha buscado despejar cualquier duda al respecto.
Para ello es conveniente poner atención en la disposición que modifica el artículo
1 transitorio en la versión de la Cámara de Diputados, artículo 20, bajo el epígrafe Disposición Final en la del Senado. Especial atención debe tener a este res pecto la forma verbal de futuro que tiene en dicha disposición el verbo mantener, tal como lo explica el informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, senador Hernán Larraín .
4º A partir de este reconocimiento, el proyecto, tanto el despachado en su oportunidad por esta Cámara en el primer trámite constitucional, como el que conocemos con las modificaciones introducidas por el Senado, logra cumplir con los objetivos buscados al legislar sobre la materia. Esto es, hacer posible la igual dad jurídica de las iglesias, permitiendo a aquellas que tienen existencia a través de una personalidad de derecho privado y aquellas que se constituyan en virtud de esta ley, alcanzar aquella de derecho público, con todos los efectos jurídicos y prácticos de este estatus.
Por último, deseo expresar que coincido con lo señalado por el Ministro del Interior, Raúl Troncoso , en el Senado, cuando se despachó el proyecto la semana pasada en esa rama del Congreso: “Hace más de un siglo que las leyes laicas permitieron iniciar un proceso de neutralidad jurídica del Esta do frente a la religión.
“Tal como sucedió con dichos cuerpos normativos, mediante esta iniciativa se pretende saldar una deuda histórica con las iglesias evangélicas. La aprobación de ella permitirá iniciar el próximo siglo con igual dad de condiciones para todas las iglesias”.
Por las razones expuestas, estimo favorable aprobar las modificaciones efectuadas por el Senado, haciendo con ello posible el despacho del proyecto para su pronta entra da en vigor como ley de la República.
He dicho.
El señor MUÑOZ (don Pedro).-
Señor Presidente, honorables colegas, culmina hoy su trámite legislativo un proyecto largamente esperado. En efecto, éste viene a poner fin a una larga discriminación en diversos ámbitos y que, en definitiva, ponía en cuestión el derecho constitucional de todas las personas a profesar la religión o culto que deseen, conforme a sus propias creencias y principios.
Los diversos credos existentes en nuestro país tenían hasta esta fecha un estatuto muy precario, que los homologaba a cualquier corporación, sin darles una connotación especial, y los dejaba expuestos a la arbitrariedad y discrecionalidad de la autoridad administrativa.
Por otra parte, no se reconocía sino accesoriamente, la naturaleza particular de sus bienes y actividades, ni la jerarquía e investidura de sus principales dignatarios, dificultando, con ello, en la práctica, el libre y público ejercicio del culto.
Tales dificultades, expuestas desde hace varias décadas, no habían podido ser repara das, pese a numerosos intentos, sino hasta esta iniciativa legal.
Ella establece un estatuto especial que reconoce la igualdad de todas las confesiones y fija normas particulares a las que deben ajustarse, tanto en cuanto a su constitución, que se simplifica considerablemente, restándole atribuciones a la administración, como en cuanto al régimen de bienes, franquicias tributarias y facultades de los pasto res o ministros de culto.
Resulta importante destacar el acuerdo final logrado en torno al texto de este proyecto. Ello, por cuanto, afortunadamente, se concordó, no sin dificultad, en una pro puesta aceptada por las diferentes confesiones.
No se trata pues y es bueno que así se haya entendido de perjudicar a unos para dar a otros, sino, reconociendo la existencia y derechos adquiridos por los credos existentes, se otorgan las mismas posibilidades a todos.
El texto legal que hoy aprobamos marca, sin duda, un hito en la materia, significando un paso trascendental en un área tan sensible e importante, como es el culto a la divinidad, motivo de permanente cuestiona miento y reflexión para el ser humano, tan necesario en estos días.
Así, se sientan las bases de un nuevo trato a los diversos credos que, con la sola limitación del respeto al orden público, la moral y las buenas costumbres, pueden desarrollarse libremente, asegurando, entonces, el Estado a todos los ciudadanos, el pleno respeto a este derecho fundamental.
Por lo anterior, votaré afirmativamente este proyecto, según las modificaciones introducidas por el Senado, en el entendido que ellas perfeccionan el proyecto, ponen fin a una larga tramitación y reparan, en definitiva, una situación que se extendía por demasiado tiempo, con lo que se avanza en el camino de la igualdad, la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
He dicho.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, es tamos en presencia de un proyecto de ley que efectivamente consagra derechos, y que, más allá de una disposición meramente enunciativa, concreta y materializa clara y directamente disposiciones constitucionales, que las hacen realidad. Se habla de que la Constitución asegura la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. La aprobación de este proyecto es la materialización de esta libertad, que, entendida como tal, debiera contener un sentido de igualdad en el trata miento y ejercicio de los credos religiosos. Es un derecho humano que asiste al sujeto, ya que todo hombre tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y como un derecho humano consagrado en la Declaración Universal, éste debe ser tal y aplicarse como corresponde. Y como lo seña la V Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada en Nairobi en 1975, la libertad religiosa está consagrada como un derecho humano básico, por cuanto significa la libertad de tener o adoptar una religión o creencia de gusto propio, así como la libertad de manifestar esa religión o creencia a través del culto, de la observancia, de la práctica y de la enseñanza, tanto en público como en privado. Y como lo señala su Santidad Juan XXIII, en la Encíclica Pacem en Terris, pertenece igualmente a los derechos de esa persona, la libertad de dar culto a Dios, de acuerdo con los rectos dictámenes de la propia conciencia y de profesar la religión priva da y públicamente.
Las iglesias evangélicas han tenido la iniciativa para impulsar una legislación sobre esta materia, teniendo como fundamento la necesidad de igualar en la desigualdad, de corregir las imperfecciones y de satisfacer las igualdades y las necesidades de ejercicio del culto religioso.
Estas iglesias no han pretendido obtener un privilegio ni conseguir un derecho que no les corresponde. No ha sido su intención menoscabar el derecho de otras religiones. Sólo desean colocar un estatus jurídico a la altura y en el lugar que a estas entidades, como instituciones públicas, les corresponde; sacar las del derecho común y situarlas en el ordenamiento institucional del derecho público. El otorgamiento de la personalidad jurídica no es una concesión graciosa del Estado, sino el reconocimiento de la autoridad de un derecho preexistente, derivado de la consecuencia del derecho de asociación y del derecho de la libertad religiosa. Es una obligación del Estado y un deber de los organismos públicos pert nentes, garantizar y mantener este derecho.
El estudio legislativo realizado en el Senado ha centrado el debate en el reconocimiento de una personalidad preexistente, histórica y constitucional de la Iglesia Católica. Nos alegramos de que la discusión se haya zanjado con la aprobación del artículo
20 del Senado, lo que conforma a todos los actores de este debate. La Iglesia Católica ha señalado que está de acuerdo y no se opone a la legítima aspiración de las iglesias evangélicas y de otras confesiones religiosas, en cuanto a obtener del Estado el reconocimiento del estatuto jurídico que necesiten para ejercer su misión, en este caso una personalidad jurídica de derecho público, inclusive similar a la que ella posee, sin que ello signifique perjudicar o menoscabar a la Iglesia Católica. Su actitud de aceptación de esta fórmula jurídica implica su conformidad a la solución planteada.
En la aprobación del artículo menciona do se enfatiza la igualdad y el hecho de que las entidades existentes a la fecha de publicación de ésta, mantengan un régimen jurídico propio. No será causa de trato desigual entre dichas entidades y las que se constituyan en conformidad a la ley.
¿Qué se consagra en este proyecto?:
1. Garantizar la libertad religiosa y de cultos en los términos de la Constitución Po lítica de la República, que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, no registra una verdadera igualdad, sino una mera tolerancia religiosa.
2. Establecer su propia organización interna y jerárquica.
3. Constituirse como personalidad jurídica de derecho público y no ya como entidad privada, que la desmerece, por cuanto estas entidades religiosas tienen otras características de superior jerarquía y no pueden asimilarse a las organizaciones gremiales y productivas. No se aviene con la naturaleza y características propias de sus fines espirituales y de bien común y dificulta el ejercicio de los derechos protegidos por la garantía constitucional. Esto en contraposición a la calidad del derecho público de las Iglesias Católica y Ortodoxa.
4. Se le consagra la dignidad que este nuevo trato significa para las iglesias evangélicas cristianas.
En fin, señor Presidente, este proyecto de ley unifica actitudes, uniforma la ley y establece reales igualdades entre los credos religiosos cuando al profesar la adoración a Dios, no deben ser diferentes cuando se habla de Dios, se trabaja por Dios; nada debe separarnos y nada debe diferenciarnos; por el contrario, todos somos iguales.
He dicho.
El señor MONTES (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones del Senado. En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONTES (Presidente).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Álvarez Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Bartolucci , Bustos (don Manuel) , Bustos (don Juan) , Caminondo , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Correa, Delmastro , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Errázuriz , Espina, Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jiménez , Jocelyn-Holt , Krauss , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Montes, Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Ojeda , Orpis , Ortiz , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Reyes, Rincón, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Sánchez , Seguel , Soto ( doña Laura) , Ulloa , Valenzuela , Van Rysselberghe , Vargas , Ve lasco, Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
El señor MONTES (Presidente).-
Agradecemos la presencia de todas las autoridades de las iglesias que nos han acompañado esta mañana.
VI.PROYECTOS DE ACUERDO
COMISIÓN INVESTIGADORA DEL TRÁFICO DE DESECHOS O RESIDUOS TÓXICOS.
El señor MONTES (Presidente).-
El Señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 266, de los diputados señores Girardi, Navarro, Sánchez, Arratia, Acuña, Delmastro, señora Pérez, doña Lily; Aguiló; señora Muñoz, doña Adriana, y señorita Saa, doña María Antonieta.
“Considerando:
1. Que en la mayoría de los países desarrollados, el manejo y disposición de residuos tóxicos para la salud humana se encuentra regulado minuciosamente por sus legislaciones. Con lo cual, mantenerlos en depósitos resulta caro y las sanciones por el no cumplimiento de las normas que lo regulan son altas.
2. Que la Convención de Basilea prohíbe el tráfico transfronterizo de residuos tóxicos. No obstante la Convención, las empresas que producen estos residuos los están enviando a países subdesarrollados bajo el subterfugio de que son residuos reciclables y reutilizables.
3. Que, a nivel mundial, circulan publicaciones de empresas que ofrecen terrenos en países subdesarrollados para el depósito de desechos tóxicos. En una de estas publicaciones, editada por un organismo denominado “ Pacific Chemicals Engineering, ltd.”, se ofrecen terrenos en el desierto de Atacama, en Chile, para depositar estas sustancias altamente tóxicas para la salud y el medio ambiente, a valores inferiores a los que saldría tratar y almacenar estas sustancias con las exigencias legales de seguridad que se exigen en los países de origen.
4. Que en nuestro país existe insuficiencia normativa en materia de tratamiento de residuos tóxicos y es el Ministerio de Salud el organismo, por disposición expresa del Código Sanitario, encargado de determinar cuándo un residuo es o no peligroso para la salud y permitir o no su ingreso al país.
5. Que el carbón de petróleo, también de nominado Pet Coke, ha sido declarado por el Ministerio de Salud como residuo peligroso para la salud. No obstante ello, durante los dos últimos años han ingresado ilegalmente al país más de
1.000.000 de toneladas de esta sustancia para su uso industrial. Tal es el caso de las importaciones realizadas por Edelnor en Mejillones, Electroandina en Tocopilla, Guacolda en Huasco, Polpaico en la Región Metropolitana y aparentemente Ventanas en la V Región. Todas ellas empresas que producen energía termoeléctrica y que ocupan el Pet Coke como combustible, el cual ha sido adquirido a las empresas que lo producen al precio simbólico de US$ 1 la tonelada.
6. A la importación ilegal del Pet Coke, debe agregarse el hecho de que su manipulación y acopio se ha realizado con clara infracción de las normas de los artículos 90 y siguientes del Código Sanita rio (sobre sustancias tóxicas o peligrosas para la salud) y de la ley de bases del Medio Ambiente.
7. Que, producto de lo anterior, el Ministerio de Salud, a través de la circular Nº 13, de 12 de abril de 199, ha reiterado la prohibición de ingreso de Pet Coke, señalando entre otros considerandos que en este residuo "los contenidos de vanadio, níquel y azufre del material sometido a combustión pueden originar emisiones a la atmósfera y/o generación de cenizas que conduzcan a niveles de exposición inaceptables tanto para la población laboral como para la población general involucrada".
Señala, además, que “Particularmente importante resulta en el análisis sanitario, lo referente al níquel, dado su potencial carcinogénico comprobado, lo que ha llevado a la Oficina Regional para Europa de la OMS a no establecer ningún límite de concentración segura para el níquel en el aire...”.
Conjuntamente con lo anterior, ha instruido a los directores de los Servicios de Salud del país, que se proceda a detener la utilización de estos productos y a instruir los respectivos sumarios sanitarios.
8. Que, paradojalmente a lo dictaminado por el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), a través de oficio del 2 de junio de 1999, no teniendo atribución legal para hacerlo, les ha señalado a sus directores regionales que después de evaluar lo expresado por el Ministerio de Salud, ha llegado a la conclusión de que el coke de petróleo es “un producto” y su utilización debería ser regulada a través del control de emisiones y residuos generados por ello. Es decir, la Conama, no considera el Pet Coke como residuo y por lo mismo, no se debería controlar su ingreso al país, sino controlar sus emisiones, una vez que esté siendo utilizado.
Por lo anterior, los diputados abajo firmantes venimos en proponer el siguiente proyecto de acuerdo:
La Cámara de Diputados acuerda formar una Comisión Investigadora del tráfico de desechos o residuos tóxicos peligrosos para la salud humana que se está produciendo hacia Chile. Investigar también el cumplimiento de la normativa que protege a la población de estos residuos por parte de los diversos organismos públicos y proponer normas que permitan un control más riguroso y seguro de la producción, importación, manejo, utilización y eliminación de estas sustancias”.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Señor Presidente, este proyecto de acuerdo se vota por última vez.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
En votación.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
PROGRAMA SOCIAL EN FAVOR DE ESTUDIANTES.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario).-
Proyecto de acuerdo Nº 267, de los diputados señores García, don José; García, don René Manuel, y Galilea, don José Antonio.
“Considerando:
1. Que los efectos de la crisis económica internacional se dejan sentir con mayor fuerza en los hogares más modestos, privando a sus integrantes de sus ingresos o rebajándolos significativamente.
2. Que lo anterior afecta a niños y jóvenes, especialmente en la continuidad de sus estudios.
3. Que ello se hace más patético en el caso de los jóvenes, quienes, en muchos casos, han carecido de los medios económicos para cubrir sus necesidades básicas que exige su condición de estudiante, llegan do, incluso, a no tener los recursos para obtener su pase de rebaja del pasaje escolar.
4. Que todo lo anterior lleva a muchos jóvenes a interrumpir sus estudios, sin re anudarlos jamás, hipotecando de por vida su desarrollo personal, laboral y familiar.
5. Que la educación es la principal herramienta de ascenso en la escala social y, por lo tanto, evitar la deserción escolar es una tarea nacional que debe ser estimula da en todos los jóvenes en situación de pobreza y de riesgo social.
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al señor Presidente de la República con el propósito de que disponga que los Ministerios de Hacienda, Educación y Planificación y Cooperación, evalúen la puesta en práctica de un programa social que consista en otorgar un estímulo a los jóvenes en las situaciones descritas, a través de un subsidio pecuniario que permita cubrir las necesidades más básicas de su condición de estudiante, evitando la deserción escolar y facilitando su plena incorporación a la igualdad de oportunidades”.
El señor ACUÑA (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado don José García .
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, la crisis económica ha impacta do fuertemente los hogares más modestos, ya sea porque ha privado de su empleo al jefe de hogar o porque ha disminuido sus remuneraciones. Esto afecta la educación de los niños y de los jóvenes.
En mi distrito me ha correspondido constatar, lamentablemente, que muchos jóvenes han suspendido sus estudios porque sus padres no han podido financiar las necesidades más básicas de su condición de estudiante. Esto es más angustiante y dramático en el caso de las comunidades mapuches y de las familias que viven en los sectores rurales de nuestras comunas.
Por lo tanto, se hace imprescindible ir en ayuda de estos jóvenes, de estos niños, para que permanezcan en el sistema de educación, porque muchas veces lo que se adopta como medida transitoria en orden a dejar que los niños no concurran a la escuela por un año, significa que nunca más vuelven al colegio, no terminan su enseñanza básica y, por lo tanto, hipotecan todo su futuro, su potencial de desarrollo y gran parte de sus capacidades y habilidades.
Existen becas indígenas, en número insuficiente, para los estudiantes de las etnias. Sin embargo, los niños chilenos pobres no tienen acceso a ningún tipo de beneficios. Cuando se trata de la educación de los niños, no se debe mirar su origen, sino la condición de pobreza, de indigencia en que se encuentra su familia e ir en ayuda de ellos; porque la educación es la única herramienta efectiva que les podemos dejar para salir adelante, del círculo vicioso de la pobreza y para lograr que sean personas útiles a su familia y a la respectiva sociedad.
En este proyecto de acuerdo se le solicita al Presidente de la República que disponga que los Ministerios de Hacienda, de Educación y de Planificación y Cooperación, evalúen la puesta en práctica de un programa social que consista en otorgar un subsidio monetario a los niños y jóvenes que se encuentran en condiciones de pobreza e indigencia, para cubrir las necesidades más básicas de su condición de estudiante, evitando con ello la deserción escolar.
Por eso, llamo a todos mis colegas a votar favorablemente este proyecto de acuerdo, a fin de que sea acogido por el Ejecutivo y se evalúen los beneficios sociales que involucra una iniciativa de esta naturaleza.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Monge.
El señor MONGE.-
Señora Presidenta, quiero manifestar mi apoyo a quienes redactaron este proyecto de acuerdo, porque va en la línea de otro, aprobado el año pasado por amplia mayoría de esta Sala, que patrocinamos conjuntamente con otros diputados, que tendía a crear un subsidio del orden de los 25 mil pesos para cada joven en edad escolar, como una forma de revertir las deserciones escolares, sobre todo en las zonas rurales, en donde la natural tendencia de los padres de familia es derivar a los jóvenes hacia faenas productivas.
Dadas las condiciones de extrema dificultad que existen en la actualidad, es importante que este proyecto de acuerdo sensibilice a las autoridades, porque el futuro del país está en manos de nuestros jóvenes estudiantes.
Por eso, anuncio mi voto favorable a este proyecto de acuerdo.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra. En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Nuevamente no hay quórum.
Se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos.
Transcurrido el tiempo reglamentario:
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En votación el proyecto de acuerdo.
La señora CARABALL, doña Eliana(Presidenta accidental).-
No hay quórum
Por lo tanto, la votación de este proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.
VII.INCIDENTES
APROBACIÓN DE PROYECTO SOBRE CONSTITUCIÓN JURÍDICA Y FUNCIONA MIENTO DE LAS IGLESIAS.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier .
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señora Presidenta, hace un instante aprobamos, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre constitución jurídica y funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas, que llevaba siete años en el Parlamento.
Me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a esta Corporación, porque después de tantas décadas de espera de las di versas iglesias y corrientes religiosas de nuestro país, hemos terminado por aprobar un proyecto muy sentido por ellas.
Sin duda, quienes somos cristianos nunca entendimos por qué en Chile existía una norma odiosa por decirlo de alguna manera, según la cual no todas las iglesias eran iguales ante la ley. Ello ocurre especialmente con los parlamentarios que pertenecemos a zonas rurales, que nacimos y crecimos al lado de las iglesias católica y evangélica. Como digo, no entendíamos esa actitud un tanto discriminatoria entre unas y otras, no obstante que decíamos y decimos tener el mismo Dios.
Me alegra mucho todo esto, sobre todo, porque he sido testigo en los campos chile nos, en mi provincia de Ñuble y en parte de Biobío, de cómo los evangélicos, con el frío del invierno o con el sol del verano, recorren de un lugar a otro, llevando con fe la palabra de Dios.
Debe hacerse un reconocimiento de la labor social que las iglesias católicas y evangélicas realizan en torno a un sector no menor de la población, que, producto, muchas veces, del desempleo, del ocio tenemos una fuerte presencia de alcoholismo en los campos chilenos, se van por el mal camino; hoy, muchas de estas personas se han con vertido en evangélicos y han dejado el vicio del alcohol, del trago, y hoy son ciudadanos productivos, constructivos de nuestra sociedad. Estas cosas hay que decirlas.
Cuando una iglesia estoy hablando, en primer lugar, de la iglesia evangélica realiza en los campos esta labor social, es digno de reconocerla, de aplaudirla y de respaldar la. También reconocemos la tremenda labor que, especialmente, la iglesia católica realizó en los tiempos en que en este país no se res petaron los derechos fundamentales de las personas. Cuando los derechos humanos fue ron violados en nuestro país, las iglesias, particularmente la iglesia católica, jugaron un rol muy importante en la defensa de aquellos que éramos perseguidos sólo por pensar de una manera distinta. Esto también hay que decirlo hoy, cuando tenemos una normativa que les da igualdad de condiciones a todas estas iglesias y a todos estos credos.
Me siento muy contento, como lo dije al inicio de mi intervención, y muy honrado. Me alegra mucho que el Partido por la Democracia haya sido uno de los propugnado res de esta idea, especialmente nuestro querido amigo Humberto Lagos Schuffeneger , quien nos ayudó inicialmente, junto con parlamentarios como aquí se ha dicho como el diputado señor Elgueta , y muchos otros que, incluso, ya no son parlamentarios. También hay que recordarlos por la manera muy activa y positiva con que participaron en este proyecto.
Una vez más me alegro de que el Congreso Nacional, los legisladores, quienes estamos al frente de hacer las leyes, modificarlas, perfeccionarlas, hayamos arribado a uno de los proyectos más importantes.
Como decía la última oradora, la diputa da señora Laura Soto , frente al consumismo, al individualismo, a la mezquindad, al materialismo, a la transculturización, a la violencia y a la mentira, hoy, cuando tenemos una ley en la que todas las iglesias son iguales ante ellas mismas, estamos dando un fuerte respaldo legislativo a algo que es importan te.
Termino diciendo que si hay algo importante en la vida es que volvamos a ser hombres de fe. Hemos predicado a los cuatro vientos una cultura solidaria, una cultura de amigos, de hermanos. Estoy convencido de que los parlamentarios luchamos por una sociedad de amigos y una sociedad en la que, ojalá, nos queramos como hermanos de un mismo país, que nunca más se pierda el respeto sólo por tener ideas, posiciones o visiones distintas.
Hoy hemos dado un gran paso, entre los miles de proyectos que hemos legislado. Como decía el ex Presidente de esta Cámara de Diputados, don Gutenberg Martínez , más de 400 proyectos se legislan al año. Eso deben saberlo los chilenos. A eso venimos: a trabajar en las comisiones, que es el trabajo más rico, a discutir y a despachar en esta Corporación proyectos como el que acabamos hoy de aprobar.
He dicho.
PROYECTO DE ACUERDO EN FAVOR DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta, es sólo para sumarme a lo dicho por mi estimado colega, diputado señor Felipe Letelier . ¡Claro que fue un proyecto de trascendencia nacional el que se vio hoy en la Cámara!
Ahora quiero referirme al proyecto de acuerdo Nº 267, el que, lamentablemente, no logró ser aprobado por falta de quórum; pero estamos conscientes de que en la próxima sesión se votará de nuevo, porque con taremos con el quórum necesario.
Este proyecto de acuerdo es muy importante para los estudiantes de regiones. Por ejemplo, en las ciudades de Río Bueno y La Unión se podía apreciar, sobre todo al inicio del período escolar, cómo eran cientos los jóvenes que postulaban a la universidad. Hoy ya no son más que decenas. Ha bajado enormemente su número.
Por eso es necesario llamar a los colegas, los honorables diputados, a estar presentes en la próxima sesión, a fin de aprobar este proyecto de acuerdo.
He dicho.
APROBACIÓN DE PROYECTO DE LIBERTAD DE CULTOS. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana. (Presidenta accidental)
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el diputado señor José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, no podría referirme a otro tema sino al que se ha abordado en el día de hoy, que ha sido, indudablemente, un sueño y una aspiración del mundo cristiano.
Creo que la Cámara de Diputados y el Senado han dado un ejemplo al mundo entero, al permitir que las religiones que se practican en Chile tengan un trato igualitario.
Me felicito de haber estado presente hoy en la Sala, de haber intervenido y presencia do una votación unánime para aprobar este proyecto de ley. Al mismo tiempo, quiero felicitar a todos los evangélicos y católicos de mi país, que fueron capaces de ponerse de acuerdo, de darse un abrazo, y entender que, para alabar a Dios, no puede haber diferencias de ninguna naturaleza.
Qué importante es el trabajo que hacen las religiones en nuestro país. Indudable mente, tratan de moldear al ser humano, de hacerlo cada vez más humano, más fraterno, más solidario, más preocupado de su medio, de su comunidad, de su entorno. Es un trabajo realmente importante.
Es por ello que debemos estimular a quienes hacen este trabajo anónimo, sin rentas de ninguna naturaleza y con un sacrificio enorme, al recorrer los más vastos rincones del país, para abrir el espíritu, el corazón de hombres y mujeres, de jóvenes, de ancianos, de personas que se encuentran en los centros asistenciales, de aquellos que están ya partiendo de esta vida. A ésos les entregan un consuelo espiritual, y con ellos conversan y los tranquilizan en momentos tan difíciles de su vida.
De manera que quiero felicitar al mundo cristiano de mi país por este paso trascendente que se ha dado, y porque les permite proyectarse en un futuro, en igualdad de condiciones, entre las diversas religiones que se disputan el mundo de los creyentes.
Las religiones tienen que traspasar las fronteras de razas, de credos, de colores, porque para adorar a Dios, para creer en aquello divino, se necesita sólo tener fe en uno mismo y en aquella iglesia en la que decide libremente trabajar y servir junto a sus hermanos por el bien común y la redención de la humanidad.
Finalmente, señora Presidenta, felicito a todos y cada uno de los diputados que hoy estuvieron atentos a llevar adelante el proceso de votación y discusión de este importan te proyecto que enaltece el quehacer del Congreso chileno y de nuestra Patria.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana. (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el señor Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ.-
Señora Presidenta, como otros diputados que han hecho uso de la palabra, también quiero expresar algunas ideas y reflexiones en relación con el acto y la sesión que hemos vivido, porque ha sido de enorme importancia, y la verdad es que habría sido preferible que todos los diputados hubiéramos expresado nuestros pensamientos. No pudo ser así porque aquí hay una especie de discriminación en cuanto al orden para hacer uso de la palabra, y por eso también salimos perjudicados los diputados de regiones. En todo caso, quiero obviar esa situación discriminatoria, interviniendo en esta ocasión para felicitarnos por el paso que en conjunto hemos dado los parlamentarios de todas las bancadas, porque es un acto importante, con el que inauguramos una nueva era religiosa ya al borde del 2000, que yo llamaría la era plena de la tolerancia. A lo largo de su historia, la humanidad ha estado llena de luchas tremen das por materia religiosa. Debemos recordar que para imponerse, los cristianos sufrieron martirios horribles, porque en su época, la Iglesia Católica fue absolutamente discriminada, perseguida y martirizada a través de sus personajes más prominentes. Lo mismo ocurrió en los siglos XVI y XVII con la Iglesia Evangélica, y las grandes luchas religiosas que se extendieron en Europa entre católicos y protestantes, que todos conocemos. Existen negros episodios de la historia en que los actuales evangélicos lucharon duramente por imponer su manera de adorar a Dios. Pero también quiero decir que con las iglesias evangélicas, paulatinamente, hemos venido desarrollando un trabajo muy hermoso de hermandad, de trabajo conjunto, y que este proyecto, que próximamente será ley, va a continuar con este trabajo. Ya hemos caminado juntos con la iglesia evangélica, de tal manera que no será una novedad que continuemos haciéndolo en el futuro. De hecho, desde el Presidente de la República hacia abajo, en la actualidad participamos en los oficios religiosos de la iglesia evangélica, asistimos a sus actos religiosos para las festividades de Fiestas Patrias u otras ocasiones importantes para ellos y seguimos con mucho interés sus ritos religiosos. Creo que todos los diputados hemos estado presentes en iglesias evangélicas en más de algún momento y hemos participado en sus reuniones, y estamos haciendo un trabajo social en conjunto con ellos. Así que ha habido unidad en el trámite legislativo de la futura ley y en el futuro continuaremos trabajando en conjunto.
Concretamente, quiero saludar y felicitar a las iglesias evangélicas del distrito
37, correspondiente a Talca, porque aun que las regiones pasamos a segundo lugar en cada acto que se realiza en el Congreso y, en general, en el país, quiero decir que en las regiones también ha habido un de bate y el proceso de esta nueva ley de culto, de tolerancia religiosa, se ha seguido con un gran interés, y los parlamentarios hemos sostenido reuniones continuas sobre la materia.
En consecuencia, solicito que se oficie, felicitando a las más de cuarenta iglesias evangélicas existentes en mi distrito, a cada uno de sus pastores con los cuales me he reunido en infinitas oportunidades, cuya lista de nombres haré llegar a la Mesa. Por ejemplo, a don René Arévalo , pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Talca, a don Luis García Merino y a otros importantes pastores que en Talca desarrollan una labor social de extraordinaria importancia.
A todos ellos mis saludos y felicitaciones por el acto realizado hoy.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana. (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios en la forma en que lo ha solicitado su Señoría, adjuntándoles el texto de su intervención a cada una de las personas que figuren en la lista.
OBLIGACIONES IMPUESTAS A CONTRIBUYENTES QUE OPTEN POR CONTABILIDAD COMPUTACIONAL. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana. (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta, con fecha 8 de enero de 1992, el Director del Servicio de Impuestos Internos, en uso de las facultades que le concede el Código Tributario, publicó la resolución Nº 42, mediante la cual se dejó en absoluta libertad a los contribuyentes para optar al sistema de contabilidad que estimaran conveniente, para lo cual no era necesario presentar solicitud alguna.
Ante esta libertad y vistas las grandes ventajas que implicaba llevar la contabilidad computacional, las empresas y contadores independientes se incorporan a este sistema, llevando consigo a sus respectivos clientes. Con esto, el sistema manual quedó obsoleto y tanto las grandes empresas como las pequeñas determinan sus utilidades o pérdidas en forma computacional. Cuando hablamos de pequeñas empresas, nos referimos a restaurantes, talleres mecánicos, mercados particulares, fruterías, pequeños agricultores, etcétera.
Con fecha 7 de julio del presente año, el Servicio de Impuestos Internos, haciendo uso de las mismas facultades, publicó la resolución exenta Nº 4.228, de 24 de junio del presente año, que, en concreto, señala lo siguiente: en primer lugar, deja sin efecto desde luego la resolución Nº 42, ya mencionada, obliga al contribuyente que opta por llevar contabilidad computacional a solicitarlo por escrito a Impuestos Internos y a Internet.
Para optar a llevar contabilidad computacional, el contribuyente debe comprometerse, entre otros detalles, a lo siguiente: a contratar correo electrónico o usar el de su contador, el cual queda facultado para recibir comunicaciones del Servicio; a declarar y pagar todos los impuestos por esta vía, a presentar todas las declaraciones, informes y otros en la forma en que lo de termine el Servicio por esta misma vía; a tener en cada establecimiento un computador, ya que el libro de compras y ventas también debe ser computacional; a abrir cuenta corriente bancaria para el pago de sus impuestos, única forma de hacer pacto o arreglo con los bancos. Los contribuyentes que actualmente llevan contabilidad computacional tienen plazo hasta el 30 de noviembre de 1999 para someterse a estas obligaciones, y, en caso contrario, a contar del 1 de enero del próximo año, deberán volver al sistema manual.
En síntesis, esta resolución obliga al contribuyente a contratar Internet, comprar computadores y software, y abrir cuenta corriente bancaria para cumplir con todas las exigencias señaladas. Al respecto, cabe resaltar que la gran mayoría de los contribuyentes no está en condiciones de asumir estos costos y un número no menos importante está impedido de abrir cuenta corriente, lo cual, sin duda, lo deja en una situación de desigualdad ante la ley, porque, sin duda, con esta resolución se infringe claramente lo establecido en el artículo 19, número 2º, de la Constitución Política del Estado.
En virtud de estas circunstancias, para corregir estas deficiencias y evitar estos perjuicios y alteraciones que se van a producir, y haciéndome eco de las inquietudes del Colegio de Contadores, Consejo Provincial de Osorno, que tengo entendido es general en el país, solicito que se oficie al ministro de Hacienda para que la Dirección de Impuestos Internos deje sin efecto la resolución exenta Nº 4228, ya señalada, por los perjuicios y alteraciones que está provocando.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Gutiérrez, Ortiz, Rosauro Martínez y Velasco.
DETERMINACIÓN DE MODALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LOCALIDADES DE LA OCTAVA REGIÓN. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta, desde la creación de Essbío, en mayo de 1990, esta empresa, netamente regional, ha desarrollado una exitosa gestión que se traduce en un aumento de los clientes de 235.408 el año de su puesta en marcha, a 333.861 en diciembre de 1998, lo que significa un incremento de un 41.8 por ciento.
Respecto del alcantarillado, el aumento de clientes es de 160.279 en 1990 a 275.326 en 1998, es decir, el incremento asciende a un 71,8 por ciento.
Estas cifras corresponden a un 99,2 por ciento de cobertura en agua potable y de 82,7 por ciento de cobertura en alcantarilla do.
Cabe destacar que Essbío S.A. ha cumplido el ciento por ciento de su obligación legal de cobertura respecto del agua potable y del alcantarillado de aguas servidas, y la que falta se debe a urbanizaciones que no constituyen obligación legal de esa empresa.
Las inversiones han generado importantes flujos presupuestarios. Por ejemplo, en 1990 éstas alcanzaron a 1.616 millones de pesos; en diciembre de 1998, a 8.912 millones de pesos. ¿Qué han significado estos resultados financieros? Que esta empresa exhiba un crecimiento que ninguna empresa estatal de la Octava Región puede igualar.
En 1990, las utilidades ascendieron a 2.034 millones de pesos, y en 1998, subieron a 6.929 millones.
En 1999, la empresa hizo una gran inversión en el tratamiento de aguas servidas, sin descuidar los demás servicios que entrega a sus clientes.
Una de las políticas que más distingue a Essbío, y lo reconocen todos los parlamentarios de la Octava Región, es su permanente apoyo al desarrollo regional. Lo ha hecho sistemáticamente y en forma creciente con el programa de mejoramiento de barrios, que redundó en el suministro de los servicios sanitarios a los habitantes de menores ingresos de la Octava Región. En ello, hubo una estrategia conjunta de Essbío, de los parlamentarios, del gobierno regional y de las municipalidades, lo que ha permitido invertir en la zona en los últimos cuatro años del 35 al 37 por ciento de los recursos que el programa de mejoramiento de barrios dispone para todo el país. No podemos dejar de mencionar otros aportes de Essbío a pro gramas especiales implementados por el Gobierno en la región.
Un ejemplo. En Lota, tras el cierre de Enacar, se invirtieron más de 3.000 millones de pesos en proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Por otra parte, dentro del Plan Arauco, se destinaron recursos a las localidades de Los Álamos y Curanilahue, y a Talcahuano, donde se construyó el alcantarillado del sector Las Canchas y del emisario submarino en la bahía de San Vicente.
¿Cual es el tema pendiente? El de las aguas servidas.
Es cierto que ésta es una de las prioridades de Essbío para cumplir con las metas del Gobierno de entregar cobertura en un ciento por ciento de agua potable y alcantarillado en el 2000; y un 70 por ciento en lo relacionado con las aguas servidas en el 2002, lo cual se cumplirá a través de la ejecución de proyectos en, prácticamente, veinte localidades de la Octava Región, entre otras, en Concepción, Talcahuano, Chiguayante y Los Ángeles.
Proyecto de tratamiento de aguas servidas en Concepción y Los Ángeles
En 1996, un equipo de primera clase de profesionales y funcionarios de Essbío señaló que el tratamiento de aguas servidas de la gran Concepción, el 50 por ciento de Talcahuano y Chiguayante, Los Ángeles y Chillán sería abordado con participación de los privados a través del sistema BOT, que es construcción, operación y transferencia, y que los trabajos se iniciarían a fines del mismo año.
Pues bien, de haberse aceptado en 1996 el planteamiento de Essbío, hoy los sistemas estarían funcionando y se habrían cumplido en nuestra región las metas de cobertura fijadas por el Gobierno; pero nos encontramos con la triste realidad: el Ministerio de Hacienda sólo autorizó el endeudamiento para Chillán a partir de 1998; y, por otro lado, Corfo decidió que era conveniente que la empresa se endeudara con la banca priva da con su propia capacidad, a fin de abordar esos proyectos.
El resto de los proyectos, cuyo costo no suma más de 50 millones de dólares, según información real y fidedigna, se postergarían hasta la posible privatización de Essbío, situación que, como diputado por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, no comparto.
En este instante, se ha puesto término, según informaciones que tengo, al estudio de la institución bancaria que se contrató para una posibilidad de aplicar el sistema de BOT para solucionar los temas pendientes que tenemos en la Octava Región.
Quiero recordar que esta modalidad se enmarca en la política de Gobierno definida a través del instructivo sobre empresas públicas firmado por el Presidente de la República el 26 de mayo de 1998 y que quedó claramente establecido en el texto y en la historia de la ley, como marco regulatorio para el sector.
Por lo anterior, solicito que oficie al Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo, a los ministros de Economía y de Hacienda y en especial al Presidente de la República, en cuanto a que la decisión que le corresponde tomar en los próximos días sea una feliz noticia para todos los que somos parte de la Octava Región. Esto es, a fin de que efectivamente los proyectos pendientes se hagan a través del sistema BOT y no por medio de la privatización.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, acompañando el texto de su intervención.
PROYECTOS PENDIENTES EN LA PROVINCIA DE CHILOÉ. Oficios.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señora Presidenta, hace ya mucho tiempo que los vecinos de Chiloé, especialmente de Ancud, esperan la materialización de proyectos muy importantes.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Vivienda, a fin de que nos informe acerca del avance de los siguientes proyectos de pavimentación:
Primero, el de las calles Caicumeo, avenida La Paz y Pudeto; segundo, el de la calle Bellavista y, tercero, el de la calle Lord Cochrane. Los tres corresponden a la ciudad de Ancud y es responsabilidad del Ministerio de Vivienda realizar los proyectos y ejecutar las obras.
En segundo lugar, la comunidad de la isla Aulín, en la comuna de Quemchi, a través de sus dirigentes está solicitando la construcción de una rampa de embarque. Señalan que dentro de las islas Butachauque su comunidad es una de las más alejadas del centro del sector Metahue , lugar donde se localizan los principales servicios públicos el más cercano a estos habitantes, tales como la posta, el registro civil, correos, etcétera.
Por esa razón, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, al intendente de la región y al alcalde de Quemchi, con el fin de que incorporen en las planificaciones el proyecto de construcción de una rampa de embarque para la isla de Aulín en la comuna de Quemchi, y su respectivo financiamiento.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
REVISIÓN DE LEGISLACIÓN PARA PERSONAL NO DOCENTE. Oficio.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
El señor MARTÍNEZ (don Rosauro).-
Señora Presidenta, en períodos de crisis económica, con fuertes índices de cesantía y de pobreza, surgen planes, programas y estrategias para enfrentar esos flagelos. En ese momento, junto a las medidas de orden eco nómico y de corto plazo, todos coincidimos en que la educación es una herramienta eficaz para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. Esto lo ha comprendido la sociedad chilena; se han hecho esfuerzos, aunque todavía insuficientes, y en tal sentido se ha fijado un gran de safío: mejorar su calidad. Preocupación presente en los niveles educativos, políticos y académicos.
Sabemos que la calidad de la educación se verifica en el aula y más propiamente en la escuela o liceo, que es la entidad donde se imparten y promueven los conocimientos de la cultura, las artes y las ciencias en forma programada y sistemática; donde se promueven y transmiten valores y hábitos personales, sociales y educativamente deseables para los niños, hombres de una sociedad futura. Al ser la escuela o la unidad educativa una verdadera comunidad, donde existen responsabilidades distintas, pero no menos importantes en el cumplimiento del objetivo final, que es la formación del alumno, es necesario observar su funcionamiento y la realidad de cada uno de sus estamentos. En ese sentido, junto a los profesores coexiste un conjunto de funcionarios que, en mi opinión, tienen una importancia fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los establecimientos educacionales. Son los no docentes o, como prefiero llamarlos, colaboradores de la función educativa, dedicados, además de sus labores habituales, a efectuar acciones de tipo social y, en general, tareas de apoyo al proceso educativo, que exigen gran dedicación y mucha responsabilidad y que, por cierto, inciden de manera directa en el quehacer educativo. Sin duda, será mayor el compromiso y motivación de los funcionarios de un establecimiento educacional que han tenido la oportunidad de capacitar se y perfeccionarse, y que tienen el reconocimiento y estímulo que toda persona re quiere para desempeñar su labor. Ello se traducirá en un ambiente de armonía. En una palabra, en una verdadera comunidad del aprendizaje, donde todos estén comprometidos con el proyecto educativo de la escuela o liceo.
Como se recordará, en l996, y después de varios años, aprobamos un proyecto que se tradujo en la ley Nº 19.464, que fue la salida del momento tras el retiro del estatuto no docente, cuerpo jurídico vigente, que estableció normas y concedió aumento de remuneraciones para el personal no docente perteneciente a los establecimientos educacionales administrados por los departamentos de educación y las corporaciones creadas para ese efecto. Transcurridos ya casi tres años de la aplicación de la citada ley, creo del todo necesario revisar algunos de sus puntos, en particular aquellos que en su momento dejamos para una nueva oportunidad que, a mi juicio, es ésta.
Tal vez, en el trabajo distrital uno va recogiendo el sentimiento de los funcionarios y, en particular de sus dirigentes, a quienes recibimos hace algunas semanas en la Comisión de Educación.
Respecto de algunas materias especialmente sensibles para ellos y que constituyen, en mi opinión, factores objetivamente discriminatorios, el artículo 5º de la ley Nº 19.464 reconoce al personal no docente el derecho a participar en programas de perfeccionamiento que establezcan los municipios o las corporaciones municipales, como también en aquellos que formule el Ministerio de Educación. Eso está vigente, pero, en la práctica, no se da. Y no me refiero solamente a los municipios, sino fundamentalmente al Ministerio de Educación.
Recuerdo que en aquella oportunidad se discutió una indicación que señalaba que el Ministerio de Educación, por medio del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica deberá elaborar programas anuales, sin perjuicio de los que las municipalidades o corporaciones municipales contraten directamente en otras entidades reconocidas por el Estado. En ese momento se nos dijo que esa función no estaba dentro de las atribuciones del mencionado Centro de Perfeccionamiento. Por tanto, la indicación era inadmisible, pues implicaba incluir nuevas atribuciones y ello es facultad exclusiva del Presidente de la República.
Me pregunto, ¿cómo el Ministerio podrá cumplir con lo que establece la ley si existe un impedimento para que el organismo responsable del perfeccionamiento y la acreditación genere actividades de ese tipo?
Otro tema sensible dice relación con el actual artículo 14, que dispone que el personal no docente de las corporaciones privadas sin fines de lucro, creadas por las municipalidades, tiene derecho a negociar colectiva mente, a fin de establecer las condiciones de trabajo, empleo y remuneraciones, sin que rija para esto la prohibición del artículo 304 del Código del Trabajo para negociar colectivamente en los establecimientos educacionales que se señala.
Recuerdo que en la Comisión de Hacienda se discutió la posibilidad de hacerla extensiva al personal no docente que se des empeña en los departamentos de educación municipal, idea que fue desechada por la naturaleza jurídica de tales funcionarios, pero que nuevamente se plantea dentro de sus demandas más sensibles.
En la letra b) del artículo 2º de la ley Nº l9.464, donde se establecen los requisitos para el ejercicio de la función que la ley define como de paradocencia, se exige la posesión del título respectivo. Sin embargo, señala también la posibilidad de incorporación al servicio acreditando la licencia de enseñanza media, lo cual dificulta la aplicación práctica de la norma y el espíritu del legislador, que fue exigir personal calificado para el desempeño de esa función.
Pero, además, quedaron otras materias pendientes para ser estudiadas en otro momento. Entre ellas, las siguientes:
1º La asignación de zona, que se paga a todos los servidores de la Administración del Estado y que se incrementa a través de la USE en los porcentajes respectivos y que no se hace extensivo a los funcionarios no docentes, por la naturaleza del cuerpo jurídico que los rige.
2º La posibilidad de jubilar con la última renta más una indemnización especial para aquellos funcionarios que cumplen los requisitos, tal como ocurrió con la ley Nº 19.410, que otorgó este beneficio a los profesores durante un tiempo determinado.
3º La inclusión de los funcionarios no docentes de los departamentos de educación, por cuanto no es justo ni equitativo que no obtengan los mismos derechos, en circunstancias que desarrollan una función de apoyo educativo funda mental.
4º Ampliar la asignación de desempeño por condiciones difíciles que contempla la ley Nº 19.070, que se entrega a la unidad educativa que presenta determinadas características, sea de naturaleza socioeconómica o por condiciones de acceso, de manera que pueda beneficiar, también proporcionalmente, a los no docentes, atendida la circunstancia de que es una asignación que va a la escuela por la situación de riesgo que ésta involucra.
5º Extender las becas para los hijos de los profesores a los paradocentes. Este beneficio establecido en la ley de Presupuestos, destinado a los hijos de los profeso res que cursan estudios en la educación superior, debería incluir también a los hijos de los no docentes; ello, por una cuestión de equidad y como una forma de reconocer el esfuerzo de sus familias y de los jóvenes por superarse.
Señora Presidenta, cuando uno, como parlamentario, comienza a hablar sobre temáticas como éstas, tan sensibles pero tan reales, porque son cuestiones de la vida diaria, cuesta de verdad resumir lo que se quiere expresar.
Sé que existe un conjunto de situaciones que no he incluido, pero estoy convencido de que las señaladas son motivo de preocupación constante de los funcionarios no docentes de la educación, y en ese espíritu solicito que se oficie al ministro de Educación, para que, si lo tiene a bien, se sirva estudiar una iniciativa que incluya los siguientes temas: política de capacitación y perfeccionamiento no docente del artículo 5º de la ley Nº 19.464, ampliación de la negociación colectiva, clarificar el artículo 2º, letra b), sobre requisitos para la función de paradocencia, asignación de zona, la posibilidad de jubilar con la última renta más una indemnización especial, tal como ocurrió con la ley Nº 19.410; incorporar a los funcionarios no docentes de los departamentos de educación, ampliar la asignación de des empeño por condiciones difíciles estipulada en la ley Nº 19.070, extender la beca para los hijos de los profesores a los no docentes.
Creo que, en la medida en que enfrentemos estos problemas y se haga un esfuerzo por solucionarlos, tendremos asegurada una parte importante del éxito de procesos como la reforma educacional en sus objetivos principales. Eso nos interesa y nos compromete a todos.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con el texto de su intervención para mejor comprensión, con mi adhesión y la de los diputados señores Ortiz e Ibáñez.
CONSECUENCIAS DE LA CREACIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.
La señora CARABALL, doña Eliana (Presidenta accidental).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señora Presidenta, en estas semanas, la Cámara de Diputados ha iniciado el conocimiento y análisis del tratado que crea la Corte Penal Internacional, en orden a su eventual ratificación.
Mis temores acerca de lo que ese tratado puede significar para el país se han visto claramente confirmados. Aprobarlo no constituye un ejercicio de la soberanía, según dispone y permite el artículo 5º de la Constitución, sino una enajenación de ella y, por ende, de la independencia del país, y no me parece que ni legisladores ni el Presidente de la República estemos autorizados para ello.
Es enajenación, desde luego, pues el tratado concede a esa corte jurisdicción y competencia para conocer de hechos ocurridos en todo el territorio chileno y cometidos por chilenos, para ordenar el arresto de chilenos y su traslado hasta la sede de la corte en La Haya, para juzgarlos, condenarlos y hacer cumplir la condena. Ello, sin pedir autorización alguna a los tribunales chilenos, pudiendo incluso pasar por sobre la autoridad de cosa juzgada de sentencias dictadas por estos últimos.
Quienes defienden la existencia de este tribunal no entienden por qué tanta preocupación, cuando el país ya habría hecho cesión de partes de soberanía al firmar, por ejemplo, acuerdos comerciales dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio. Pero estamos en un contexto muy diferente: aquí está en juego la suerte de nuestros mismos connacionales, de su propia libertad y de la garantía de que su conducta en Chile sólo será juzgada por nuestros tribunales. Para eso, entre otros fines, organizamos un país. Creemos en nuestra capacidad para hacer respetar la justicia y el derecho por nosotros mismos. El hecho de aceptar un tratado como éste significa, pues, negar nuestra capacidad para regirnos por nosotros mismos y afirma la necesidad en que estaríamos de recurrir a un tribunal de fuera de nuestras fronteras para arreglar nuestra justicia penal.
El gran argumento que respalda el intento de crear esta instancia internacional lo constituye la mejor defensa y promoción de los derechos humanos, hasta el punto de que se intenta hacer aparecer a quienes nos oponemos a esta creación como contrarios a esos derechos, a la defensa de la justicia y de la dignidad de las personas. Este modo de argumentar es intolerable; como al que más, me preocupa el respeto y vigencia del derecho, de la justicia y de la dignidad de las personas. Estoy consciente de las debilidades de nuestro sistema judicial y de la necesidad de robustecerlo. No dudo tampoco de que, por muchos esfuerzos que hagamos, nunca alcanzaremos la perfección en este punto. Pero una corte penal internacional constituye, sin duda, un remedio peor que la enfermedad y administrado al precio de que el país deje de ser tal y se convierta en provincia de un orden internacional cuyos centros de poder van a ser remotos, desconocidos y de una cultura muy diferente a la nuestra.
Más importante que crear un nuevo tribunal me parece la tarea de precisar con claridad los conceptos relativos a los derechos humanos, pues mientras más corre el tiempo, más equívocos se vuelven. En el hecho, está sucediendo lo mismo que con la “causa de los pobres” que invocaban antaño marxistas y socialistas y que, llevada a la práctica en más de la mitad del planeta, arruinó regiones enteras, arrasó con economías y culturas centenarias, empobreció a millones de personas, hundiéndolas en abismos de miserias inconcebibles hasta entonces, y a otras tantas simplemente ter minó por eliminarlas del registro de los vi vos. Mis temores se acrecientan cuando percibo que, por extraña coincidencia, los que ahora más rasgan vestiduras por los derechos humanos estuvieron, en su momento, detrás de esos horribles experimentos y se especializaron en engañar a la gente agitando la “culebra” de la “causa de los pobres”. En sus manos, los derechos humanos se han convertido en eso: en una nueva culebra, hecha para cautivar a los ingenuos y para terminar por liquidar una vez más la dignidad real de las personas que con tanto empeño dicen defender.
Porque, cuando de derechos humanos se habla ¿a qué derechos nos estamos refiriendo? ¿Al derecho a la vida de la criatura que está por nacer o al derecho de la madre al libre uso de su cuerpo, el “free choice” de que hablan nuestros vecinos del Norte? ¿Al derecho a la honra de las personas o a la libertad de expresión que invocan quienes buscan enlodar esa honra? ¿Al derecho de los hijos a contar con sus padres para su adecuada formación o al derecho de éstos a rehacer su vida? ¿No se esgrime el derecho a la limpieza del medio ambiente para inhibir acciones empresariales que son fruto del derecho al trabajo y al emprendimiento?
Hace algunos años, los partidos hoy gobernantes pujaron hasta que se eliminó el antiguo artículo 8º de nuestra Constitución, alegando el derecho de cada uno a hacer sus propias opciones políticas e ideológicas, aunque ello produjera los horrores del comunismo. Pero cuando el primo hermano del comunismo aquí en Chile, esto es, el nacionalsocialismo criollo amenaza con realizar un congreso ideológico, buscan sumarse, en perfecta contradicción con su anterior postura, al repudio colectivo y merecido que ha despertado esa iniciativa. ¿No sucederá lo mismo con la tortura? Hoy la condenamos, pero mañana, frente al secuestro de un menor cuando su vida se vea amenazada, ¿no podrá esgrimirse el derecho a la vida de éste frente a la integridad física del agresor o de uno de ellos?
En síntesis, mucho caudal se hace de la libertad de cada uno para hacer sus propias opciones morales, pero ¿son ellas compatibles entre sí? ¿Sobre qué base resolver los conflictos?
Toda la ciencia jurídica apunta a ese fin: a resolver los conflictos estableciendo criterios que permitan en cada caso saber qué es de cada uno, porque no todo puede ser de todos. Así se construye la paz social, según el viejo aforismo: la obra de la justicia es la paz. En cambio, con el uso indiscriminado de los derechos humanos parece que todo pudiera ser de todos y que basta que uno se mire al espejo y diga: “Yo soy persona” para que pueda elaborar su propia declaración de derechos humanos y, después, esgrimirla por el mundo. El despertar de este sueño ha sido para muchos tremendamente ingrato, porque a poco andar han podido experimentar que nunca falta un derecho ajeno para verse obligado a limitar, cuando no a suprimir, uno propio, y cómo los conflictos se institucionalizan por esta vía y no encuentran otra solución, sino la fuerza que cada parte pueda exhibir.
A los peligros propios que significa con ceder jurisdicción y competencia en territorio chileno a una instancia internacional, se agregan estos otros que derivan de la incertidumbre y equivocación que rodea al concepto de los derechos humanos, peligro de confusión que también amenaza a nuestra propia cultura jurídica. Por eso, me parece que la tarea prioritaria pasa por una labor de esclarecimiento antes que por entregar nuestra capacidad de conocer y juzgar nuestros problemas a tribunales extranjeros.
He dicho.
La señora CARABALL, doña Eliana. (Presidenta accidental).-
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.07 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los diputados señores Paya, Dittborn, Orpis, Delmastro, Bertolino, Masferrer, Prokurika, Alessandri, Monge y de la diputada señora María Angélica Cristi.
Extiende en determinados casos el beneficio del fuero maternal a mujeres que adoptan un hijo en conformidad a la ley de adopción. (boletín Nº 2368-13)
“1. Que el fuero maternal constituye un principio generalmente aceptado en las legislaciones laborales con el fin de proteger la maternidad.
2. Que con este fuero se pretende otorgar una protección legal a aquellos trabajadores que se encuentren en un estado de vulnerabilidad o que requieran de cierta autonomía frente al empleador. Así, los beneficiados con él, sólo pueden ser despedidos en virtud de una calificación judicial del mérito que arrojen las causales invocadas por el empleador.
3. Que nuestra actual legislación lo consagra en el artículo 174 y 201 del Código del Trabajo para aquellos casos en que la maternidad supone la existencia previa de un embarazo. Es decir, se restringe la institución del fuero maternal en materia laboral a todas aquellas mujeres que se convierten en madres en virtud de un parto.
4. Que no existen razones de ninguna especie para no otorgar este beneficio a aquellas mujeres que en virtud del proceso de adopción establecido en la ley respectiva se convierten en madres, pues es un principio de derecho que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.
5. Que producto de lo anterior se produce una situación de discriminación respecto de aquellas mujeres que habiendo manifestado ante un tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a la ley de adopción y habiéndoseles otorgado el cuidado personal o tuición del menor, deben además cumplir con las obligaciones necesarias para desempeñarse adecuadamente en el ámbito laboral y poder de esta forma generar los ingresos necesarios para ella y su familia.
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Modifícase el Código del Trabajo en la forma que a continuación se indica:
1. Agrégase al artículo 201 un inciso segundo, tercero y cuarto.
“Tratándose de mujeres que manifiesten al tribunal su voluntad de adoptar un hijo, en conformidad a las disposiciones de la ley de adopción, el plazo de un año establecido en el inciso precedente se contará desde la fecha en que el juez mediante resolución judicial dictada al efecto, confíe a la mujer trabajadora el cuidado personal del menor en conformidad al artículo 19 de la ley de adopción o bien le otorgue la tuición en los términos del inciso tercero del artículo 24 de la misma ley.
En los casos del inciso segundo del artículo 199 y del artículo 200, el plazo de un año se contará desde que hubieren expirado los permisos que se le confieren a la mujer trabajadora en virtud de los referidos artículos.
Sin perjuicio de lo antes indicado, cesará de pleno derecho el fuero establecido en los incisos precedentes desde que se encuentre ejecutoriada la resolución del juez que decide poner término al cuidado personal del menor o bien aquella que deniegue la solicitud de adopción. Cesará también el fuero en el evento de que la sentencia que acoja la adopción sea dejada sin efecto en virtud de otra resolución judicial”.
2. Intercálase en el antiguo inciso segundo (producto de la modificación propuesta inciso quinto) lo siguiente:
a) Entre la frase “Si por ignorancia del estado de embarazo” y la frase “se hubiere dispuesto el término de contrato”, lo siguiente:
“...o del cuidado personal o tuición de un menor en el plazo y condiciones indicados en el inciso segundo precedente...”.
b) Entre la frase “certificado médico o de matrona” y la frase “..., sin perjuicio del derecho a remuneración...”, lo siguiente:
“o bien un certificado del tribunal que haya otorgado la tuición o cuidado personal del menor, según sea el caso,...”.