Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PROTOCOLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- RECHAZO A PETICIÓN DE ARCHIVO DE PROYECTO.
- PERMISO CONSTITUCIONAL
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Ignacio Walker Prieto
- Pablo Lorenzini Basso
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SECTAS RELIGIOSAS.
- PROTOCOLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.
- V. ORDEN DEL DÍA
- LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Haroldo Fossa Rojas
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jaime Rocha Manrique
- INTERVENCIÓN : Carlos Ignacio Kuschel Silva
- INTERVENCIÓN : Antonio Leal Labrin
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Jaime Mulet Martinez
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Pablo Lorenzini Basso
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- Informe del Grupo Interparlamentario Chileno.
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Sergio Paez Verdugo
- Carlos Cantero Ojeda
- Jaime Rocha Manrique
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Ivan Moreira Barros
- Edmundo Salas De La Fuente
- Carlos Caminondo Saez
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE INFORME DE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA
- Informe del Grupo Interparlamentario Chileno.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 15ª, en martes 14 de noviembre de 2000
(Ordinaria, de 11.17 a 14.51 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto.
Presidencia accidental de los señores Rocha Manrique, don Jaime, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Protocolo para el fortalecimiento del proceso presupuestario9
Rechazo a petición de archivo de proyecto13
Permiso constitucional14
Ampliación de plazo a Comisión investigadora de sectas religiosas14
V.Orden del Día.
Ley de Presupuestos del sector público para el año 200114
VI.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, que sustituye la denominación de la comuna de Navarino por comuna de Cabo de Hornos y establece una agrupación de comunas (boletín N° 262106)58
2.Oficio de S.E. el Vicepresidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que establece como medida de administración el límite máximo de captura por armador a las principales pesquerías industriales nacionales y la regularización del registro pesquero artesanal (boletín N° 257801)60
3.Informe de la Comisión especial de Presupuestos, recaído en el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 2001 (boletín N° 258905)61
4.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en las observaciones del Presidente de la República al proyecto, con urgencia calificada de “simple”, sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (boletín N° 103507)124
5.Informe del Grupo Interparlamentario Chileno que participó en la 104ª Conferencia Interparlamentaria de la U.I.P., realizada en Jakarta, Indonesia, del 15 al 22 de octubre próximo pasado175
VII. Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones:
De los diputados señores Walker, don Ignacio, y Lorenzini, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 13 y 18 de noviembre en curso, para dirigirse a Sao Paulo y Roma, respectivamente.
2.Oficios:
De la Comisión de Defensa Nacional por el cual solicita, a petición de S.E. el Presidente de la República, el rechazo de la solicitud de archivo del proyecto que modifica el artículo 10 de la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (boletín N° 168302).
De la Comisión investigadora de sectas religiosas por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para ampliar por 60 días, a contar del 22 de noviembre en curso, el plazo para emitir el informe acerca de la materia encomendada.
De la Comisión especial de Drogas por el cual comunica que se declara incompetente para tratar el proyecto de acuerdo N° 455, referido a redes de narcotráfico.
Contraloría General de la República
De la diputada señora Lily Pérez, modificación de plan regulador comunal para construcción de Supermercado Unimarc.
De los diputados señores García-Huidobro y Masferrer, posibles irregularidades cometidas por la directora ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
De los diputados señores Alessandri y Fossa, legalidad de participación de determinados funcionarios públicos en campaña electoral.
De la Corporación, Comisión Emeres.
Ministerio del Interior
De la Corporación, monumento al general Pinochet en la comuna de Puerto Cisnes.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
Del diputado señor Navarro, fiscalización efectuada a la isla Santa María con motivo del acuerdo tarifario suscrito entre la municipalidad de Coronel y la Empresa Eléctrica de la Frontera S.A.; autorización o permiso que Essbío S.A. habría otorgado a la Empresa Fosas del Sur para descargar residuos.
Ministerio de Defensa Nacional
Del diputado señor Bustos, evento denominado Segundo Encuentro de los Mil Tambores.
De los diputados señores Ojeda, Alessandri, Fossa, Mora, Kuschel y de la diputada señora González, búsqueda de personas.
Ministerio de Agricultura
Del diputado señor Jarpa, proyectos aprobados por el Consejo Directivo de la Fundación para la Innovación Agraria; incorporación Parcela N° 12, sector de Ranchillo Alto Calabozo, comuna de Yungay.
Del diputado señor Caminondo, proyectos de la Novena y Décima Regiones durante los años 1999 y 2000.
De los diputados señores Navarro, Rocha, Ojeda y Jaramillo, energía eléctrica rural.
Ministerio de Salud
Del diputado señor Navarro, mordeduras de perros.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Del diputado señor Masferrer, beneficiados con subsidios.
De los diputados señores Alessandri, René García, Van Rysselberghe y Masferrer, situación en la población Don Cristóbal, en Maipú.
Del diputado señor Caminondo, terrenos de EFE en Río Bueno.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor Delmastro, programas de prevención y alerta a la población por disminución de la capa de ozono.
De los diputados señores Felipe Letelier, Gutiérrez, Navarro y diputada señora Caraball, instalación de planta de celulosa en el valle de Itata.
Del diputado señor Navarro y diputada señora Caraball, listado de proyectos de Conama.
Comisión Nacional de Energía
Del diputado señor Kuschel, proyecciones de oferta y demanda de energía eléctrica en Chile.
Municipalidad de Río Bueno
Del diputado señor Kuschel, trabajos ejecutados y por realizar de revisión y mantención de las estructuras de las torres de agua potable rural; establecimientos educacionales y urbanos en esa comuna.
Municipalidad de Quinchao
Del diputado señor Kuschel, establecimientos educacionales rurales y urbanos en esa comuna.
Municipalidad de Curacaví
De los diputados señores Ulloa, García-Huidobro, Hales, Tuma, Masferrer, Navarro, Rincón, Rojas, Mora y Salas, dotar a los cuarteles de bomberos de esa comuna de implementos y equipos de rescate que se requieren para atender los accidentes que pudieren ocurrir en la Ruta 68.
Municipalidad de Las Condes
De los diputados señores Andrés Palma, Encina, Jaramillo, Felipe Letelier, Ortiz, Rincón, Sánchez y de la diputada señora Rozas, estacionamientos subterráneos.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (107)
NOMBRE
--Acuña Cisternas, Mario
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--JocelynHolt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Martínez Ocamica, Gutenberg
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soria Macchiavello, Jorge
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Patricio
--Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Sergio Aguiló, Alejandro García-Huidobro, Carlos Olivares, Ricardo Rincón, María Rozas, María Antonieta Saa e Ignacio Walker.
Asistieron, además, los ministros de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre, y de la Secretaría General de la Presidencia, señor Álvaro García.
También concurrió el senador señor Jorge Pizarro.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.17 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 9ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 10ª queda a disposición de los señores diputados.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PROTOCOLO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, solicito que se agregue como parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley de Presupuestos del sector público para el año 2001, el protocolo firmado ayer, por el ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; el director de Presupuestos, don Mario
Marcel en representación del Ejecutivo; el presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, senador Carlos Ominami, y los presidentes de las subcomisiones de Presupuestos, senadora Evelyn Matthei, senadores Sergio Páez, Sergio Bitar, Sergio Díez y quien les habla.
Dicho protocolo establece que los firmantes, compartiendo los principios fundamentales de disciplina fiscal, eficiencia, equidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, han logrado, en virtud de un amplio consenso, despachar de manera expedita el proyecto de Presupuestos del sector público para el año 2001, suscribiendo, al mismo tiempo, un conjunto de varios acuerdos tendientes a profundizar estos principios y a fortalecer el proceso presupuestario en general.
Esos acuerdos tienen por objeto elevar la transparencia y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, perfeccionar los procedimientos para la discusión presupuestaria, fortalecer el énfasis del Presupuesto 2001 en la generación de empleos y desarrollar estudios para enriquecer las discusiones presupuestarias futuras.
Señor Presidente, solicito que este protocolo que al final anexa el programa de evaluación de proyectos gubernamentales, que son veinte para el año 2001 se haga llegar a todos los señores diputados y sea un complemento de la ley de Presupuestos para el año 2001.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se procederá de la manera señalada por el diputado señor Ortiz .
¿Habría acuerdo?
Acordado.
“PROTOCOLO LEY DE PRESUPUESTOS 2001
“Los abajo firmantes, compartiendo los principios fundamentales de disciplina fiscal, eficiencia, equidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, han logrado, en virtud de un amplio consenso, despachar de manera expedita el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2001 suscribiendo al mismo tiempo un conjunto de acuerdos tendientes a profundizar estos principios y a fortalecer el proceso presupuestario en general. Dichos acuerdos tienen por objeto: a) elevar la transparencia y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas; b) perfeccionar los procedimientos para la discusión presupuestaria; c) fortalecer el énfasis del presupuesto 2001 en la generación de empleos, y d) desarrollar estudios para enriquecer las discusiones presupuestarias futuras.
“1.Eficiencia y transparencia.
“Evaluación de programas públicos.
“En el año 2001 se realizarán 20 evaluaciones de programas públicos. Con el objeto de que dichas evaluaciones puedan ser informadas al Congreso Nacional a más tardar a comienzos de junio del 2001, se ha definido de inmediato el listado de programas que serán objeto de evaluación, el que se incluye en el Anexo.
“Se seguirá perfeccionando la metodología de las evaluaciones de modo de fortalecerlas como un instrumento para la toma de decisiones. En particular se procurará que los paneles de evaluación entreguen recomendaciones más precisas para el mejoramiento de los programas en función de sus objetivos y que identifiquen indicadores que permitan monitorear su desempeño futuro.
“Dos de las evaluaciones por realizar en el 2001 consistirán en estudios en profundidad sobre impacto de programas públicos. Éstas corresponderán a los programas de promoción deportiva de la Digeder y el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Un informe de avance de dichas evaluaciones será presentado al Congreso Nacional a más tardar el 30 de agosto del 2001.
“Indicadores de desempeño.
“El Gobierno continuará perfeccionando y desarrollando el sistema de indicadores de desempeño ligados al presupuesto. Como parte de este esfuerzo, se extenderá el sistema hacia nuevos sectores, tales como Carabineros de Chile, sector hospitalario y otros.
“Información presupuestaria.
“A contar del primer trimestre del 2001 se reducirá desde 60 a 45 días el plazo para que el Ministerio de Hacienda entregue al Congreso la información sobre ejecución presupuestaria trimestral.
“Con el objeto de facilitar la actualización periódica de las proyecciones financieras de mediano plazo, los informes financieros sobre proyectos de ley con incidencia fiscal abarcarán un período de 4 años. En el caso de los proyectos de ley sobre temas previsionales, estos informes se extenderán al largo plazo.
“Honorarios.
“Durante el año 2001 no se podrá incrementar los gastos en honorarios en los servicios públicos con transferencias desde el Tesoro Público ni con recursos del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, respecto de los montos aprobados en la ley de Presupuestos, salvo en casos de emergencias debidamente calificadas. Esta restricción será incorporada en el decreto sobre normas de flexibilidad presupuestaria que, conforme a sus facultades, deberá dictar el Ministerio de Hacienda para el año 2001.
“En el presupuesto del sector público para el año 2002 se continuará con el proceso de regularización y racionalización de los contratos a honorarios iniciado en el presupuesto del 2001. Como parte de este esfuerzo, se regularán las facultades para el financiamiento de gastos en personal a través de otros subtítulos de gasto ya sea restringiendo dicho mecanismo o estableciendo la obligación de informar sobre la materia.
“Remuneraciones de directivos públicos.
“Durante el año 2001, el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un proyecto que regule las obligaciones y derechos de los funcionarios de exclusiva confianza del sector público.
“Programa de modernización de la gestión financiera del sector público.
“El Ministerio de Hacienda enviará a las Comisiones de Hacienda del Congreso Nacional, antes del 31 de diciembre del 2000, los antecedentes sobre los contenidos, costos y resultados esperados del programa de modernización de la gestión financiera del sector público durante los próximos 4 años. En particular, dicho informe especificará las metas del programa en materia de: a) desarrollo de un sistema en línea de información financiera; b) implementación de un sistema integrado de información sobre personal del sector público, incluyendo los contratos a honorarios; c) modificaciones a la contabilidad presupuestaria para un adecuado control de compromisos y medición del costo de capital, y d) mejoras en el rendimiento económico de la gestión de activos financieros del sector público.
“El mismo Ministerio de Hacienda remitirá a las Comisiones de Hacienda del Congreso Nacional antes del 30 de junio del 2001 un informe sobre el estado de avance de la ejecución de dicho programa.
“Balance estructural del sector público.
“El Ministerio de Hacienda enviará a más tardar el 30 de abril del 2001 un informe sobre el balance estructural del sector público estimado para el año 2000 y sus proyecciones actualizadas para el 2001.
“Respuesta a solicitudes parlamentarias.
“Una vez despachada la ley de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda, con la colaboración de los secretarios de las Comisiones de Hacienda, efectuará una recopilación de las solicitudes de información efectuadas en las diferentes subcomisiones de presupuestos y que no hayan sido respondidas aún por el Ejecutivo y oficiará a los ministros a objeto de que las respuestas correspondientes se remitan al Congreso Nacional en los plazos acordados o, en su defecto, en un plazo no superior a los 60 días.[1]
“Dicha recopilación incluirá, además, las propuestas efectuadas por las subcomisiones sobre presentación de las asignaciones presupuestarias, las que serán estudiadas por el Ministerio de Hacienda con vistas a la confección del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2002.
“2.Mejoramiento de los procedimientos para la discusión presupuestaria.
“A partir del año 2001 se establecerá una instancia de evaluación de la ejecución presupuestaria del año anterior que precederá a la presentación del proyecto de ley de Presupuestos. Dicha instancia se desarrollará en la primera quincena de junio de cada año y consistirá en un análisis por las Comisiones de Presupuestos, a través de las modalidades que éstas establezcan, de los antecedentes sobre el uso y rendimiento de los recursos presupuestarios en el período anterior.
“El Ejecutivo canalizará hacia esta instancia pre-presupuestaria el conjunto de antecedentes de que disponga sobre el desempeño de las instituciones y programas incluidos en la ley de Presupuestos durante el período fiscal anterior. En particular, éstos incluirán la información sobre ejecución financiera, resultado de las evaluaciones de programas públicos, indicadores de desempeño, programas de mejoramiento de gestión, estudios especiales, balances integrales de gestión, indicadores de gestión y estudios comprometidos con el Congreso Nacional.
“Sobre la base de los antecedentes así entregados y del análisis de las comisiones, éstas podrán entregar al Ejecutivo, a modo indicativo, orientaciones generales para el presupuesto siguiente, reconociendo, sin embargo, las facultades y responsabilidades exclusivas del Ejecutivo en la formulación de éste.
“3.Énfasis en la generación de empleo.
“Fondo de Contingencia Contra el Desempleo.
“El Fondo de Contingencia Contra el Desempleo (Fccd) podrá destinarse a diversos programas que incentiven la reinserción de trabajadores cesantes jefes de hogar en el mercado del trabajo. Esto incluye tanto diversas modalidades del programa pro-empleo como proyectos de inversión intensivos en mano de obra que sean desarrollados por los ministerios y servicios públicos. La creación y eventual operación del Fccd no involucrará un cambio respecto de la meta de generar un superávit estructural del 1% del PIB durante el 2001.
“El Ejecutivo dictará a más tardar el 15 de diciembre del 2000 el reglamento operativo del programa Pro-Empleo, copia del cual será remitida a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado. Dicho reglamento incluirá las principales modalidades y líneas de acción del programa.
“El reglamento establecerá la licitación pública como el principio general para la asignación de recursos a proyectos ejecutados por instituciones privadas y definirá con precisión las excepciones a dicha norma. Cada tres meses el Ministerio del Trabajo remitirá a las Comisiones de Hacienda una nómina de los proyectos financiados a través de este programa durante el período así como los recursos asignados, institución ejecutora y número de trabajadores involucrados en cada uno de ellos.
“Agilización de la inversión.
“El Ejecutivo estudiará y pondrá en práctica mecanismos de gestión de proyectos en el MOP, Minvu y Fndr orientados a acotar plazos y etapas previas a la ejecución de dichos proyectos, de forma de incrementar la proporción de inversiones en ejecución durante el primer semestre del año, atenuando de este modo la estacionalidad en el desempleo y en la actividad de la construcción. Durante el mes de marzo el Ejecutivo informará a las Comisiones de Hacienda del Congreso sobre las medidas adoptadas y el porcentaje programado de ejecución de las inversiones al 30 de junio del 2001.
“Los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas definirán un marco financiero y operativo para el programa de concesiones de infraestructura para el período 20012005, el que incluirá, en particular, una metodología para determinar los pasivos contingentes por concepto de garantías, así como el volumen global de subsidios a comprometer por las obras concesionadas en el período.
“4.Estudios.
“Sobre la base del análisis desarrollado en las subcomisiones y la Comisión Especial de Presupuestos, se concuerda desarrollar un conjunto de estudios en profundidad, cuyos resultados serán informados por el Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional. Los estudios a desarrollar son los siguientes:
“a.Evaluación integral programas habitacionales, considerando especialmente la efectividad de dichos programas en la satisfacción de las necesidades de vivienda de las familias de menores recursos.
“b.Análisis del valor económico estimado de las empresas públicas y su evolución durante los 90.
“c.Identificación y cuantificación estimativa del conjunto de pasivos contingentes del sector público.
“d.Proyección de los compromisos fiscales asociados a la garantía estatal de pensiones mínimas y sus determinantes legales, económicos y demográficos.
“e.Proyección financiera de la situación de los sistemas previsionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, identificando las medidas posibles para prevenir déficit futuros.
“f.Actualización de las estimaciones de costos de la Reforma Procesal Penal.
“(Fdo.): Nicolás Eyzaguirre Guzmán , Ministro de Hacienda; Carlos Ominami Pascual , Presidente de la Comisión Especial de Presupuestos; Evelyn Matthei Fornet , Presidenta Primera Subcomisión; Sergio Bitar Chacra , Presidente Segunda Subcomisión; José Miguel Ortiz Novoa , Presidente Tercera Subcomisión; Sergio Díez Urzúa , Presidente Cuarta Subcomisión; Sergio Páez Verdugo , Presidente Quinta Subcomisión.
“Santiago, 10 de noviembre de 2000.
“ANEXO
“Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales
“Selección de Programas 2001
“Ministerio del Interior.
“1.Programa Fondo Social.
“2.Programa subsidio consumo de agua potable y alcantarillado.
“Ministerio de Educación.
“3.Programa de escuelas de sectores pobres, P900.
“4.Programa fortalecimiento de la formación inicial de docentes.
“5.Programa Montegrande.
“Ministerio de Defensa Nacional.
“6.Programa de Promoción del Deporte (Fomento).
“Ministerio de Obras Públicas.
“7.Programa redes de medición.
“8.Programa grandes obras de riego.
“Ministerio de Agricultura.
“9.Programa inspecciones exportaciones.
“Ministerio de Bienes Nacionales.
“10. Programa saneamiento y normalización tenencia irregular.
“Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
“11. Programa subsidio directo a la micro y pequeña empresa.
“12. Programa planes de aprendizaje.
“13. Programas de reconversión laboral.
“Ministerio de Salud.
“14. Programas de Prevención al consumo de drogas, incluyendo los apoyados por el Ministerio del Interior.
“15. Programa de reforzamiento de urgencia y unidades críticas.
“Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“16. Programa equipamiento comunitario.
“Ministerio de Planificación y Cooperación.
“17. Programa asistencia y capacitación a microempresarios.
“18. Programa de Desarrollo Local.
“19. Fondo de tierras y aguas indígenas.
“Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
“20. Programa participación ciudadana.”
RECHAZO A PETICIÓN DE ARCHIVO DE PROYECTO.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión de Defensa Nacional en orden a rechazar el archivo del proyecto que modifica el artículo 10 de la ley orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISO CONSTITUCIONAL
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a los permisos constitucionales solicitados por los diputados señores Ignacio Walker y Pablo Lorenzini
¿Habría acuerdo?
Acordado.
AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN INVESTIGADORA DE SECTAS RELIGIOSAS.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar en 60 días el plazo de la Comisión investigadora de sectas religiosas para emitir su informe.
¿Habría acuerdo?
El señor PALMA (don Andrés).-
No.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 1 abstención.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Acordado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez , Bartolucci , Caminondo , Ceroni , Dittborn , Encina , Fossa , García (don René Manuel) , García (don José) , González (doña Rosa) , Hernández , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Krauss , Kuschel , León, Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Mesías , Monge , Moreira , Mulet , Ojeda , Orpis , Ortiz , Pérez (don José) , Prokurica , Reyes, Rocha , Rojas, Soto ( doña Laura) , Ulloa , Valenzuela , Velasco y Venegas .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ávila , Palma (don Osvaldo) , Palma ( don Andrés ) y Seguel .
Se abstuvo el diputado señor Elgueta .
V.ORDEN DEL DÍA
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2001.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto de ley de Presupuestos para el sector público correspondiente al año 2001.
Antecedentes:
Informe de la Comisión especial de Presupuestos, boletín Nº 2589-05. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Debo recordar a la Sala que, según lo acordado por los Comités, el plazo para presentar indicaciones vence a las 12.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Si bien estamos de acuerdo en dicha hora, debemos tomar en cuenta el tiempo de retraso que hubo en el inicio de la sesión. Por ello, sugiero alargar el plazo a las 12.30 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, el plazo para presentar indicaciones se prorrogará hasta las 12.30 horas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En discusión el proyecto de ley de Presupuestos.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, al iniciar el debate quiero referirme, en términos generales...
La señora SOTO (doña Laura).-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señora diputada, ya entramos al Orden del Día y el diputado Lorenzini estaba haciendo uso de la palabra.
La señora SOTO (doña Laura).-
Perdón, pero quiero hacer uso de los cinco minutos que establece el artículo 34 del Reglamento para referirme a la situación que afecta al diputado señor Velasco .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Dicha petición tendría que haber sido solicitada en su momento. En todo caso, puede intervenir al término de la sesión.
Varios señores DIPUTADOS.-
¡Ahora!
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que la señora Soto interviniera de inmediato?
No hay acuerdo.
La señora SOTO (doña Laura).-
Pero yo lo pedí oportunamente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Puede hacer uso de la palabra para los fines que ha señalado al término de la sesión.
Puede continuar el diputado señor Lorenzini .
El señor LORENZINI.-
Como decía, al inicio de la discusión del proyecto de Presupuestos, quiero hacer presente a quienes nos escuchan y ven a través del canal de televisión de la Cámara, que no se hagan una mala impresión de lo que es el Presupuesto. Quienes hemos trabajado en el área presupuestaria en el sector privado, conocemos lo que es una discusión de presupuestos, que no es lo que se hace en este Congreso.
Las atribuciones parlamentarias en la materia son prácticamente nulas, y esto la ciudadanía debe saberlo, porque cuando se enteran que vamos a discutir el Presupuesto nos suelen pedir determinadas cosas en determinadas áreas. Al respecto, el inciso segundo del artículo 64 de la Constitución claramente señala: “El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos,...”. O sea, lo único que podemos hacer es disminuir los gastos en ciertos ítem.
¿Cómo se genera esta discusión presupuestaria? Aproximadamente por el mes de octubre nos entregan a los miembros de la Comisión Mixta, que está subdividida en cinco subcomisiones, el detalle general por ministerio. Más de 600 páginas sólo de números, que ni siquiera alcanzamos a chequear si están bien sumados, aunque espero que lo estén. De las 600 páginas de números distribuimos sólo el presupuesto, y en cada Comisión vemos algunos ministerios. Sólo el ministerio de Obras Públicas nos entregó más de 500 páginas, las que aprobamos durante tres horas.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura nos entregó, igual que el Ministerio de Obras Públicas, más de 500 páginas; es decir, si sumamos los antecedentes de los 22 ó 23 ítem presupuestarios, llegamos casi a cuatro mil páginas de detalles. De todo eso se pretende que este parlamentario, que es experto, que es economista, que sabe de presupuestos, en sólo dos o tres sesiones de dos o tres horas, además de la de hoy, dé su opinión del Presupuesto de la Nación para el próximo año. Por eso, el protocolo de acuerdo al que acaba de referirse el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado señor José Miguel Ortiz, constituye el gran avance del Presupuesto de este año, en términos tales que en la Quinta Subcomisión, con el apoyo de la diputada señora Marina Prochelle, de los diputados señores Jaramillo y Alvarado y del senador señor Páez, lo enviamos a la Comisión Mixta, donde fue acogido por el senador Ominami.
Debemos realizar el trabajo presupuestario durante todo el año, las comisiones de Presupuestos deben ser permanentes, en mayo o en junio deberíamos empezar a recibir los antecedentes. ¡Cómo es posible que no podamos opinar sólo opinar, en circunstancias que el Congreso Nacional es el que teóricamente aprueba los presupuestos del país sobre los macro-conceptos, nuestras ideas de inflación, de tasas de interés, de tipos de cambio, de precios del cobre y del dólar!
No pretendemos que el Ejecutivo realice lo que decimos, pero somos parte importante del proceso presupuestario, como cualquier entidad. Somos los directores. No sólo los gerentes y el gerente general de las empresas deciden los presupuestos. Éstos se someten a un directorio, el cual tiene la capacidad de cambiarlos. Pero nuestra ley no lo permite. En ese sentido, el Congreso está castrado. Es evidente que nuestra acción presupuestaria es nula. No vimos más de 50 indicaciones en la Comisión Mixta, de las cuales muchas estaban repetidas. Aquí vamos a ver cinco, seis, siete u ocho, es decir, la nada misma: estamos para parar el dedo.
Por eso quiero destacar que el Ejecutivo, en un gesto absolutamente positivo, de cara a la transparencia, en el protocolo se ha comprometido a que durante el año las Comisiones puedan trabajar en los presupuestos, podamos tener antecedentes, opinar e intervenir en los programas que se van a realizar, en los indicadores de gestión.
Hay que felicitar al Ejecutivo por este gran adelanto, ya que si no podemos cambiar la Constitución, al menos avancemos en la participación efectiva del Congreso en la decisión presupuestaria.
Junto con los diputados señores Ortiz y Silva hemos presentado una indicación relativa a la educación, a las universidades regionales, que se verá en su oportunidad. Desde hace dos o tres años se le están quitando los recursos a las universidades regionales y se los están dejando sólo a las metropolitanas o centrales. Este tema no lo vamos a poder discutir pero quería dejarlo planteado y seguramente las indicaciones van a ser declaradas inadmisibles, porque los parlamentarios no tenemos la posibilidad de redistribuir de acuerdo con nuestras regiones.
Ojalá que su Señoría, junto con el Secretario, declaren admisible la indicación, para que a partir del próximo año el Ejecutivo considere que también existen pequeñas universidades regionales que pueden impartir cursos de posgrado es decir, que no sólo pueden formar a los alumnos de pregrado para evitar enviarlos a las universidades santiaguinas, lo que les significa a los estudiantes desarraigarse de sus comunas y regiones.
Esto no tiene nada que ver con la Universidad de Chile. Se trata de dos temas distintos. Por lo tanto, en ese sentido, quiero recabar del Ejecutivo el compromiso de que en los presupuestos de los próximos años no se sigan disminuyendo los programas para el fondo de desarrollo institucional de las universidades regionales y que al menos se van a mantener en términos reales igual que ahora.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas en la discusión presupuestaria hemos comprobado la necesidad de que las Comisiones que participamos en octubre y noviembre, hagamos un seguimiento al Presupuesto de la Nación durante el año, porque en los escasos días que se dedican a su discusión, generalmente nos encontramos con un cúmulo de información que muchas veces es incompleta y, en el caso de que esté completa, es imposible analizarla y madurarla en términos adecuados y suficientes para dar una opinión fundada.
En líneas generales, quiero señalar dos aprensiones sobre la discusión de la ley de Presupuestos. Una de carácter general, atinente al Ministerio del Interior, fundamentalmente relacionada con los gobiernos regionales. En las partidas presupuestarias se contiene el marco presupuestario, pero en la ejecución, los gobiernos regionales, presididos por el intendente, tienen la facultad legal de desarrollar diferentes proyectos de inversión a lo largo del tiempo. Sin embargo, no existe una norma que limite el compromiso de gastos que pueden asumir los gobiernos regionales.
Quiero ejemplificar esta situación en la Décima Región. Un informe de la Contraloría General de la República de julio del presente año, señala que el gobierno regional ha comprometido recursos del orden de 60 mil millones de pesos por los próximos seis años. Esto se hizo mediante resoluciones que aprobaban proyectos de inversión por la cantidad de mil pesos, abriéndose el ítem. Posteriormente, en la misma resolución se señala que el complemento se irá haciendo con los recursos presupuestarios con que se cuente en los años siguientes.
Al cambiar una administración regional, las personas que acceden a cumplir esa función, los nuevos Cores, las nuevas intendencias, al revisar los marcos presupuestarios se encuentran con que tienen todo absolutamente comprometido por cinco o seis años, tiempo durante el cual la comunidad recibe la información de que sus proyectos están aprobados, pero no tienen fecha cierta de materialización.
Sin duda, eso merece la atención de la Cámara, con el fin de que en las partidas correspondientes la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda o del Ministerio del Interior establezcan glosas que limiten las facultades de los gobiernos regionales que les permiten comprometer recursos sin tener la certeza de contar con esas platas en el presupuesto que se les asigna.
Además, puede suceder que se aprueben los proyectos de inversión, pero por un criterio político distinto o una decisión unánime del consejo regional se reviertan las prioridades y las comunidades queden a la expectativa de proyectos que jamás se van a materializar. Así ha sucedido en la Décima Región en el ámbito de la educación, de la salud, de la electrificación rural, del fomento a la pesca artesanal.
Por lo tanto, dentro de este planteamiento general, una forma de corregir o evitar que situaciones como ésta ocurran en el futuro, sería establecer las glosas o las limitaciones correspondientes en la propia ley de Presupuestos que, lógicamente, es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por otra parte, quiero llamar la atención sobre algunos compromisos de su Excelencia el Presidente de la República y la ministra de Salud en la Décima Región, en la provincia de Chiloé, que dicen relación con el establecimiento de un servicio de salud autónomo durante los próximos años.
En una primera etapa se señaló, a través de mesas de trabajo, entre las fuerzas vivas de la comunidad, los colegios de profesionales médicos y el Ministerio de Salud, la necesidad de establecer una unidad técnica de gestión que evalúe los proyectos tendientes a que en el mediano plazo en Chiloé se derive a un servicio de salud autónomo que permita resolver las situaciones que se presenten a los pacientes de nuestra zona.
A raíz de ese compromiso se tomó el acuerdo, en reuniones sostenidas en la zona por su Excelencia el Presidente de la República y la ministra de Salud, de contemplar en la ley de Presupuestos una glosa especial que determine la cantidad de recursos asignados a la unidad de gestión en Chiloé para que pueda llevar adelante el funcionamiento de la misma, los gastos de operación y, fundamentalmente, la evaluación de los proyectos de inversión que se necesitan para mejorar, en el mediano plazo, la capacidad de resolución de los hospitales de Castro, Ancud, Quellón y Quinchao.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, terminó su tiempo. Puede continuar su intervención con cargo al tiempo de su bancada.
El señor ALVARADO.-
En los informes de la Comisión Mixta y de la subcomisión de Salud, aparece un preacuerdo de la propia señora ministra y de los representantes del sector salud de la isla de Chiloé, el cual no se ha cumplido, ya que no existen recursos para el funcionamiento de esa unidad de gestión.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Recuerdo a la Sala que los tiempos han sido distribuidos por los jefes de bancada de acuerdo con los minutos que corresponden a cada Comité, indicados en la convocatoria a esta sesión.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García.
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, nos encontramos abocados a la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 2001, oportunidad en que el Gobierno fija las metas y prioridades para el desarrollo económico y social del país.
Este año, junto con discutir cada una de las partidas y artículos que componen el proyecto, se ha firmado un protocolo que permite despachar la iniciativa de manera más expedita y, al mismo tiempo, se ha suscrito un conjunto de acuerdos entre el Gobierno y el Congreso Nacional, que tienen por objeto elevar la transparencia y eficiencia en el manejo de las finanzas públicas, perfeccionar los procedimientos para la discusión presupuestaria, fortalecer el énfasis del presupuesto 2001 en la generación de empleos y desarrollar estudios para enriquecer las discusiones presupuestarias futuras.
La firma de este protocolo nos permite anunciar nuestro voto favorable en general, sin perjuicio de las indicaciones que presentaremos en algunos momentos más.
No obstante lo anterior, a juicio de los diputados de Renovación Nacional, el proyecto merece las siguientes consideraciones, de las cuales deseamos dejar constancia porque nos parecen relevantes para medir el comportamiento del sector público durante la ejecución presupuestaria del próximo año.
Supuestos macroeconómicos.
El presupuesto de crecimiento proyectado para el próximo año, que alcanza al 6,2 por ciento, es exageradamente optimista, superando las proyecciones de todos los analistas económicos, las que, a lo sumo, llegan al 5,8 por ciento.
El crecimiento económico esperado para el próximo año se ve afectado por el bajo nivel de inversiones interna y extranjera. Durante el primer semestre de este año, la inversión fija ha disminuido en 3,3 por ciento con respecto al período anterior, lo que dificultará que se logre la meta del 6,2 por ciento.
Dada la sobreestimación en la meta de crecimiento, se sobreestiman también los ingresos y el gasto público, lo que afecta negativamente el ahorro nacional, postergando el crecimiento futuro. En otras palabras, el déficit del 0,1 por ciento que espera el Gobierno en las cuentas fiscales del 2001 puede ser mayor. Además, hay que considerar amenazas externas, como el debilitamiento económico en Asia, que podría influir negativamente en el precio del cobre, perjudicar al sector exportador, generar mayor incertidumbre en el tipo de cambio y disminuir los ingresos para el sector público. A ello se suma el alto precio del petróleo, que presumiblemente no caerá antes de abril del próximo año, lo que aumentará los costos de producción y dificultará el logro de la meta inflacionaria.
La meta de inflación, fijada en 3 por ciento, difícilmente podrá ser cumplida por los constantes incrementos en el precio del petróleo y el aumento en el tipo de cambio, que ya están ejerciendo una presión al alza sobre el precio de los bienes y servicios. La sobreestimación en los ingresos y el gasto público también presionan a que haya una mayor inflación.
Asimismo, a partir del 1º de enero próximo, el impuesto específico a las gasolinas aumentará a 6 unidades tributarias mensuales por metro cúbico. Ello se traducirá en una nueva presión inflacionaria. Por lo tanto, es de esperar que el Gobierno modifique este impuesto, ya que sus efectos pueden provocar nuevas distorsiones sobre las expectativas macroeconómicas.
Engaño en la inversión regional.
El Gobierno anunció que el presupuesto 2001 contemplaría un 46,3 por ciento de inversión de decisión regional. Sin embargo, al analizar el presupuesto nos damos cuenta de que el porcentaje destinado a decisión regional es mucho menor de lo que prometió el Ejecutivo.
Es necesario considerar que la inversión pública nacional comprende fondos en moneda nacional y extranjera. Sin embargo, el Gobierno, para llegar al guarismo del 46,3 por ciento, excluye la inversión en moneda extranjera, disminuyendo la base de la inversión pública nacional. En buenas cuentas, el cálculo del Gobierno no es sobre el total de la inversión pública, sino sólo sobre una parte de ella.
Además, existen divergencias en cuanto a lo que puede ser considerado dentro del ítem de inversión regional. El Gobierno incluye programas de pavimentación participativa, propios del Ministerio de Vivienda, al igual que Chile Barrio y los subsidios del programa especial de trabajadores para viviendas sociales.
El gobierno central también impone restricciones a los gobiernos regionales para el destino de sus recursos a través de las provisiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, de la inversión sectorial de asignación regional y de los convenios de programación.
Con estos ajustes, la inversión de decisión plenamente regional ni siquiera llega al 10 por ciento, ya que ésta sólo comprendería el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de libre disponibilidad y la inversión regional de asignación local.
Otro punto que consideramos inaceptable es la disminución de casi 3.800 millones de pesos en el programa de inversión regional de asignación local de mejoramiento urbano, recursos que son traspasados para un programa de generación de empleo del Ministerio del Trabajo. Es conocida la eficiencia de los programas municipales en la generación de empleo, por lo cual no se logra comprender cuál es el fin de este traspaso.
Falta de transparencia y tráfico de influencias.
La Partida del Ministerio de Planificación y Cooperación contempla la asignación “Trabajos Solidarios”, por la suma de 175 millones 537 mil pesos, en el ítem “Transferencias al Sector Privado”.
Consultado el Ejecutivo sobre el destino de estos recursos, se informó a la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional que correspondía a una transferencia a la entidad denominada “Corporación Justicia y Democracia”, presidida por el ex Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar y cuyo director ejecutivo es su yerno, don Carlos Bascuñán . Además, son directores de esta corporación los parlamentarios señores Enrique Krauss , Alejandro Foxley , Edgardo Boeninger y el senador institucional y ex canciller del gobierno del Presidente Aylwin, don Enrique Silva Cimma . Por otra parte, cabe señalar que la actual ministra de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss la asignación está incluida en una partida de su ministerio, es hija del diputado Enrique Krauss . Asimismo, en el directorio de la Corporación Justicia y Democracia se encuentra el hijo de don Patricio Aylwin, don Miguel Aylwin Oyarzún .
Lo anterior ratifica la percepción de don Claudio Vásquez asesor de don Víctor Jeame Barrueto , Presidente de la Cámara de Diputados, quien, durante la última reunión de la directiva central del Partido por la Democracia, entregó un documento que denuncia prácticas de nepotismo y cuoteo político en la Concertación.
Renovación Nacional rechaza estas irregularidades en la transferencia de recursos públicos hacia una corporación con clara identificación político-partidista, que deja de manifiesto el tráfico de influencias que ejercen altos personeros de la Concertación sobre funcionarios que deben estar al servicio del Estado y no de una camarilla política. Llamamos a los parlamentarios a rechazar esta asignación presupuestaria, y a los diputados y senadores implicados a que se inhabiliten en la respectiva votación.
Finalmente, anuncio que los diputados de Renovación Nacional, en conjunto con los colegas de la Unión Demócrata Independiente, hemos presentado una serie de indicaciones que pretenden que en el Presupuesto para el próximo año exista, por una parte, mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y, por otro lado, mejor asignación y aprovechamiento de los recursos públicos que son puestos a disposición del Estado por los contribuyentes, a través del pago riguroso de sus impuestos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, la discusión que estamos llevando a cabo hoy día es, a mi juicio, una de las más importantes que realiza el Congreso Nacional, por cuanto compatibiliza las demandas y las necesidades de los ciudadanos con la ejecución de un Presupuesto que, en parte, permitirá satisfacer esas demandas y el compromiso político contraído por el Gobierno con cada uno de los sectores de la ciudadanía.
Me referiré a las extraordinarias limitaciones que presenta este Presupuesto para el desarrollo del mundo rural, en especial, para la pequeña agricultura. En el presupuesto del Ministerio de Agricultura del presente año se destinaron 12.000 millones de pesos para los programas de mejoramiento de suelos que lleva a cabo el Indap. Como consecuencia de acuerdos entre el ministro de Agricultura y los pequeños agricultores se permitió que, tanto los indígenas como quienes tenían menos de cinco hectáreas de riego básico, pudieran acceder a un conjunto de beneficios, sin necesidad de aportar el 50 por ciento requerido, en principio, para acceder a ellos. Considero adecuada la decisión del Gobierno de hacer posible que los sectores más pobres y con economía de subsistencia puedan acceder a estos beneficios de mejoramiento de suelos y cambio de cultivos, a fin de que puedan entrar en la denominada competitividad, lo que es una utopía, porque a los propietarios de terrenos pequeños y, además, de mala calidad, la globalización les ha pasado por sobre la cabeza. Sin embargo, el Gobierno ha entendido que es necesario fomentar y subsidiar fuertemente el mejoramiento de suelos, razón por la cual ahora existe un decreto que permite que los pequeños agricultores accedan a un subsidio estatal del 100 por ciento.
Resulta incoherente lo que plantea el actual Presupuesto. Se dice que en el presente año crecerá en forma sustantiva la demanda para quienes estaban en condiciones de recibir el subsidio a cambio del 50 por ciento. Sin embargo, el nuevo Presupuesto se rebaja en 2.400 millones de pesos.
Desde el punto de vista del protocolo, me satisfacen los compromisos contraídos por los ministros de Hacienda y de Agricultura, en cuanto a reordenar las partidas, en la medida en que la demanda sea manifiesta y creciente. Quiero dejar constancia de nuestra preocupación en cuanto a que el Ejecutivo tenga la mejor voluntad a fin de destinar recursos para este gran instrumento que permitirá que los pequeños agricultores puedan mejorar efectivamente sus suelos, lo cual es vital para la producción y la superación de la pobreza.
En segundo término, también quiero referirme a un tema muy controvertido que dice relación con el presupuesto de la Universidad de Chile. Soy egresado de dicha universidad, valoro mucho lo que esa institución significa para el país, y creo que no deberíamos disminuir las posibilidades de que siga contribuyendo al desarrollo de la investigación, el arte y la cultura. Nosotros tenemos una visión general sobre el aporte que el Estado debe otorgar al desarrollo universitario; sin embargo, se produce una incoherencia cuando no existe la misma asignación de recursos para las universidades regionales derivadas. Por eso, no estoy dispuesto a aprobar el presupuesto para la Universidad de Chile, a menos que exista la expresa voluntad del Ejecutivo de entregar algunos recursos, aunque sólo sea a modo de señal. Sé que el cumplimiento de las metas que exige la macroeconomía impone algunas restricciones al Presupuesto que estamos aprobando hoy; pero considero insostenible que las universidades regionales no puedan acceder a recursos que les permitan aportar a la investigación y al desarrollo. En ese sentido, invito al Ejecutivo a buscar alguna fórmula que solucione el dilema de los parlamentarios, que no obstante ser “hinchas”, egresados de la Universidad de Chile, que deseamos seguir respaldando a esa institución que tanto enorgullece a la nación, al mismo tiempo queremos potenciar a las universidades regionales que no pueden realizar actividades similares a las que lleva a cabo la Universidad de Chile en las regiones. Debemos dar una señal sobre la importancia que revisten las regiones; los derechos de los estudiantes universitarios de regiones no pueden ser menos que los de la capital. De manera que, sin oponerme a que se le asignen recursos a la Universidad de Chile, planteo mi discrepancia con la falta de coherencia que existe en este aporte del fisco a las universidades.
Por último, celebro que en este proyecto de ley de Presupuestos se haya mejorado un conjunto de presupuestos, en especial en materia de salud, educación y justicia; pero considero que ello debe apuntar a hacer más eficiente la acción del Estado. Considero que existe una serie de entrabamientos, desde el punto de vista administrativo y reglamentario, que es necesario perfeccionar. En esta intervención quiero solicitar al Ejecutivo que considere la posibilidad de crear un comité ejecutivo capaz de tomar las decisiones que no adoptan los ministerios, hecho que mantiene entrampadas numerosas inversiones y proyectos productivos, culturales y de otra índole. En ese sentido, este Presupuesto será muy coherente, siempre y cuando tengamos la posibilidad de corregir algunas normas administrativas que entraban su ejecución, lo que satisfaría las aspiraciones de un país que quiere desarrollarse y seguir creciendo.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, para quienes hemos tenido la posibilidad de participar, año a año, en la discusión presupuestaria, siempre significa una aventura hacerlo entre tanta información, demasiada tal vez para digerirla en tan poco tiempo; mucha inquietud en cuanto a poder contribuir a mejorar el presupuesto, a incorporar elementos que no necesariamente están presentes entre quienes lo elaboran, que lo hacen enmarcados en políticas fiscales estrictas, en presupuestos y recursos siempre acotados y desde una perspectiva de carácter central que no tiene a mano, necesariamente, la clara voluntad de los servicios públicos, de los directores, de los entes y actores de ejecución de programas de diseño de políticas.
En el marco general, las necesidades de los diversos actores, especialmente direcciones nacionales de servicios públicos, no siempre guardan relación y esto es bueno que los colegas diputados lo sepan, con lo que queda plasmado en la demanda ministerial.
En el sistema de discusión presupuestaria hay un mecanismo un tanto perverso que obliga a muchos directores de servicios y a funcionarios públicos a defender un presupuesto en el cual no creen, porque establece una cifra que no permitirá cumplir con las expectativas de dicho organismo, por cuanto el recorte presupuestario siempre ha truncado esperanzas de un avance mayor.
Yo sé que aquí hay cifras económicas inmodificables. Tengo perfectamente claro, y los colegas también, que hay escasas posibilidades de modificar el presupuesto; pero, después de participar siete años en estos debates, estimo conveniente incorporar el concepto de sinceridad y de rechazo del presupuesto. Es decir, que cuando se plantea, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Pesca, se señale claramente cuál es el recurso que falta para el cumplimiento pleno del ciento por ciento de los objetivos de eficiencia y de eficacia que, además, están incorporados en las glosas, por cuanto se exige un cumplimiento muy claro en el desarrollo de la ejecución de los programas para el año venidero.
Al no estar incorporado el concepto del rechazo, el plus en el presupuesto que aprobamos o que se nos plantea para la aprobación respecto del necesario y que la propia institución ha definido como un concepto global óptimo, lo que tenemos es una arbitraria disminución en relación con las metas y objetivos a los cuales se somete el propio servicio, con contradicciones internas, las más de las veces absolutamente odiosas respecto de los beneficiados con los recortes o con el mantenimiento del presupuesto.
En el caso específico de la Subsecretaría de Pesca, y en el más particular del Servicio Nacional de Pesca, cuando se definen los aportes para el Fondo de Desarrollo de la Pesca Artesanal o para las áreas de manejo y concesiones de acuicultura, hay insuficiencias notables que no dan cuenta de los miles de solicitudes que están en tramitación, por cuanto 45 millones de pesos si observan la partida correspondiente lo corroborarán no reflejan las necesidades de estos miles de pescadores artesanales.
Por lo tanto, cuando tenemos la posibilidad de debatir modificaciones que garanticen prioridades políticas al interior de los servicios, ese espacio no está dado en la discusión de las Comisiones, sino aquí, en la Sala.
Quiero demandar, a lo menos, la posibilidad de que en los escasos minutos que tenemos podamos realizar un debate sobre las indicaciones que vamos a presentar, las más de las veces digámoslo con franqueza con el único objetivo de hacer factible la discusión, dado que los acuerdos protocolares que permanentemente se asumen, año a año, inviabilizan un debate serio, una posibilidad concreta de modificar con criterios políticos y técnicos algunas de las partidas que discutimos.
He comenzado a leer el protocolo que le ha llegado a la mayoría de ustedes, pero se advierte y digámoslo con franqueza que el debate final sobre qué vamos a votar se hace fuera de las comisiones y de la Sala, como parte de un acuerdo político.
Quiero señalar que, en general, el presupuesto va a ser apoyado por la bancada socialista, pero tenemos un conjunto de indicaciones respecto de las cuales lucharemos para que sean acogidas por el Gobierno.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Baldo Prokurica .
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, quiero plantear una preocupación respecto a este proyecto de ley de Presupuestos, porque las situación que vive la pequeña y mediana minería en las regiones del norte es francamente dramática.
Año a año cosa que se ha hecho durante los últimos diez años se han ido reduciendo los recursos en el presupuesto de la Empresa Nacional de Minería para fomentar la pequeña y mediana minería. El año pasado ya se redujo, respecto del anterior, de 14 millones a 9,2 millones de dólares, y éste considera un presupuesto de 7,5 millones de dólares, que, además de ser recortado, no contemplaba un ítem o una glosa para sustentar tarifas, que permita evitar que los vaivenes del precio internacional de la libra de cobre, muchas veces bastante díscolo, puedan afectar a pequeños productores que no tienen la posibilidad de negociar directamente y hacer inviables sus negocios.
Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda y, por suerte, superamos el problema de la glosa para sustentar tarifas, además de aprobar un proyecto de acuerdo que tiene por objeto solicitar al Presidente de la República que adopte esa medida. Sin embargo, la glosa, que reconocemos es un paso adelante, tiene una cantidad mínima de recursos y, eventualmente, podría subvencionarse por la vía del Tesoro Público.
En esto vemos una señal que, a nuestro juicio, es muy dañina, porque no valora la importancia que este sector tiene en la economía de estas regiones. Y digo esto porque, desde el ’90, en que había 5.100 productores mineros, hoy, en todo Chile, no quedan 200. Estos pequeños productores mineros, que entregaban su producción a la Empresa Nacional de Minería, han desaparecido y hoy están cesantes. Ciudades como Vallenar y la provincia de Huasco exhiben los índices de cesantía, de acuerdo al INE que, por supuesto, no comparto, porque siempre son menores que los correspondientes a la realidad, más altos del país. Son más altos que los que se registran en la zona carbonífera de Lota, porque llegan al 18 por ciento.
¿Por qué los gobiernos de nuestro país no éste ni los anteriores no han sabido reconocer la importancia de este sector desde el punto de vista social? Me pregunto: ¿No se han dado cuenta de que los recursos que se entregan para el fomento de la pequeña y mediana minería no son un regalo, sino que se generan de los negocios que hace la Enami con los pequeños mineros?
Yo comparo esta situación con la realidad del agro en Chile, al cual se destinan más de 80 millones de dólares cantidad muy superior a los 7 millones ya señalados que no tienen vuelta, porque son recursos que el Estado le inyecta al sector, y me alegra que así sea.
Llamo al Gobierno a que no siga ahorrando en esto, porque todos los recursos que se rebajan al fomento de la pequeña y mediana minería, después el mismo Estado, a través de las municipalidades, debe redistribuirlos entre esa gente, por la vía de los paquetes familiares, para que pueda comer.
Gracias, señor Presidente.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.
El señor SILVA.-
Señor Presidente, me alegro de que se haya firmado un protocolo como complemento de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos.
Quiero hacer resaltar que, a mi juicio, uno de sus puntos más importantes es el cumplimiento del compromiso presidencial que crea el fondo de contingencia para la promoción del empleo, uno de los grandes temas que estamos enfrentando a lo largo del país.
También quiero hacer resaltar este protocolo en lo que dice relación con la eficiencia de la evaluación de los distintos programas gubernamentales y con la transparencia de la información que, al respecto, se nos ha entregado a los parlamentarios.
En ese sentido, recojo lo que señaló el diputado señor José García , en relación con la Corporación Justicia y Democracia y a los antecedentes que ha entregado. Se trata de un gesto de transparencia. Se está pidiendo que en el presupuesto de la nación se defina en qué se usarán los recursos. El Congreso Nacional está en su derecho de votar a favor o en contra de estos recursos. Sin embargo, hay una serie de otras corporaciones que reciben recursos por otras vías ministeriales. Por ejemplo, me gustaría saber cuánto recibe la Corporación Paz Ciudadana a través del Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior, más allá de los militantes de la Concertación que forman parte de su directorio. Si queremos ser transparentes, es necesario saber cuántos recursos está recibiendo.
Hay un claro gesto de transparencia al aparecer en la ley de Presupuestos lo que se está consultando como recurso y para qué se está requiriendo.
En tercer lugar, más allá de los avances que se pueden haber logrado en el presupuesto en análisis, insisto en el excesivo centralismo que sigue existiendo y que se refleja en esta ley de Presupuestos. Así ocurre con el presupuesto de la educación superior, tema a que ya aludieron los diputados señores Tuma y Ortiz , y que tocamos con el diputado señor Lorenzini mediante una indicación presentada en la Comisión Mixta, lo que no significa que queramos negar los fondos que requiere la Universidad de Chile; pero también deben entregarse los recursos que requieren las universidades regionales para su desarrollo.
Uno de los argumentos aducidos fue que las Universidades de Chile y Católica realizan el 90 por ciento de la investigación en el país y que, por eso, requieren esos recursos. Postulo que el 90 por ciento de la investigación no se haga sólo en esas universidades. El mismo argumento que se usa a favor lo utilizo en contra. Propugno que la investigación se desarrolle en las universidades del norte, en las Universidades de Concepción y Austral de Chile, porque de esa manera potenciamos la descentralización del país. A raíz de los diversos estudios realizados, sabemos que la descentralización se potencia en la medida en que también se fortalezcan los recursos humanos y las capacidades que en ese sentido existen en las regiones.
El centralismo, asimismo, incide en el tema agrícola. A mi juicio, en el protocolo de la ley de Presupuestos no están reflejadas las necesidades de este sector y ello no se condice con los anuncios y compromisos que expresara el Presidente de la República con ocasión de algunos decretos a los que hizo mención el diputado señor Tuma .
Debemos seguir avanzando en los temas de la agricultura y de la minería, que son eminentemente regionales.
También está el tema de los recursos que se utilizan en el plan de descontaminación de la Región Metropolitana, que, por cierto, los necesita; ¿pero cómo, a la par de dicho plan, elaboramos un programa alternativo que signifique una desconcentración económica productiva de la Región Metropolitana, que sigue creciendo cada día y que, por lo tanto, seguirá teniendo problemas como el que he mencionado? Es un tema que deberíamos abordar como país, más allá de nuestras diferencias partidarias.
Descentralizar y potenciar las capacidades que tenemos en cada región, constituyen también una manera de abordar el desempleo.
Finalmente, pese a las sugerencias que quiero hacer respecto de algunos temas, reitero mi absoluta concordancia con la mayor parte de este protocolo que firmaron las personas mencionadas, en atención al realismo a diferencia de lo que algunos han expresado y al orden de las finanzas fiscales con que este año se ha planteado el presupuesto de la nación.
He dicho.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn .
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, al revés que en años anteriores, en que he analizado el presupuesto desde el punto de vista macroeconómico, fundamentaré las indicaciones que en esta oportunidad hemos presentado como Oposición. Me parece que todas deberían ser consideradas seriamente por los diputados de la Concertación. No se trata de indicaciones que alteren el presupuesto presentado por el Ejecutivo, sino que ellas le darán mayor transparencia y lo perfeccionarán.
Son seis grupos de indicaciones y paso a explicarlas.
El primer grupo dice relación con las glosas que establecen gastos reservados de los Ministerios del Interior, de Defensa lo hemos incluido para que no se diga que no queremos tocar su presupuesto, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia.
En todos ellos existen cuantiosos gastos reservados. Se trata de montos importantes y se impone la necesidad de dar cuenta de ellos a la Contraloría General de la República en forma global y reservada. Para que se entienda bien, el Presidente de la República, que tiene gastos muy importantes, sostiene: “Todos estos gastos han sido para fines de servicio”. Eso se entrega a la Contraloría General.
Consideramos que tales gastos reservados adolecen de una tremenda falta de transparencia que podría llevar a escándalos ojalá no sea el caso como el de las indemnizaciones a ejecutivos de empresas públicas que hemos conocido hace poco y que crecen en forma fértil justamente en aquellos lugares en que no existe transparencia, en que no hay obligación de dar información.
Lo que estamos pidiendo y por eso estamos presentando indicaciones a todas estas glosas son dos cosas muy simples. No estamos alterando el monto de los gastos reservados; sólo estamos diciendo que dichos gastos deben ser usados para fines propios del servicio. No es mucho pedir; parece razonable. Es decir, que ningún ministro pueda usarlos en comprar un pasaje a su señora o en cambiarle el auto; no estoy diciendo que ocurrirrá.
Por otra parte, aceptamos que se rinda cuenta de tales gastos en forma reservada, pero pedimos que se indique, pormenorizadamente y no en forma global, en qué se han usado.
No parece algo ideológico ni que merezca una confrontación Gobierno-Oposición pedir que los recursos de todos los chilenos para gastos reservados, repito, tengan dos características: que se obligue al jefe de servicio a informar de manera detallada en qué se usan y que se empleen en fines propios del servicio en el cual están consignados.
En segundo lugar, hay dos indicaciones que también dicen relación con gastos reservados y que, a mi juicio, es importante que los parlamentarios consideren.
Tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en el de Defensa existen gastos reservados que no se limitan en la ley de Presupuestos. En efecto, se dice que, durante el año, en un decreto supremo, se establecerá a cuánto ascienden dichos gastos dentro de los gastos totales de los ministerios. ¿Por qué se desconoce al Parlamento la atribución de fijar el monto de esos gastos?
Creo sinceramente que podemos fijar un monto alto, porque no estoy diciendo “restrinjámoslos”; pero, ¿acaso nuestras facultades, que ya son bastante menguadas, no sufren aún más cuando se nos dice que no tenemos atribuciones para fijar en la Cámara de Diputados el monto de los gastos reservados en estos dos casos, ya que éstos serán fijados, repito, con posterioridad, en un decreto supremo? Sinceramente, no veo por qué no podemos fijar aquí esos gastos reservados, tal como lo hacemos respecto de otros ministerios.
En tercer lugar, hemos presentado indicación para disminuir a la mitad los recursos que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá gastar en el financiamiento de la XV reunión de jefes de Estado. Quiero apelar a la conciencia social de mis colegas: esta XV reunión de jefes de Estado, que se va a desarrollar en el país, significará un gasto de 1.500 millones de pesos repito, 1.500 millones de pesos en tres días.
Pregunté en la Tercera Subcomisión y en la Comisión ampliada en qué se iban a gastar estos recursos. La respuesta fue “en hoteles, seguridad, transportes, papelería”. Realmente, me cuesta creer que se puedan gastar 1.500 millones de pesos en una visita de jefes de Estado que dura tres días. A mi juicio, no recibí una respuesta satisfactoria; porque la única explicación que se nos dio fue que costaba la mitad o mucho menos de lo que se había desembolsado por este mismo tipo de reunión de jefes de Estado en otros países. Pero ¿en qué se puede gastar 1 millón de dólares diarios? Aquí no se está realizando una construcción; son gastos operativos.
Mediante la indicación que hemos presentado le pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice un esfuerzo, pues bajamos este monto de 1.500 millones de pesos a 750 millones de pesos, es decir, a la mitad, para que se gaste sólo medio millón de dólares diarios, aunque también esta cifra nos parece alta. Reconocemos que no somos expertos en la organización de eventos de esta naturaleza; pero causa indignación que se gasten 1.500 millones de pesos en tres días de reuniones, en circunstancias que hay tantas necesidades que no se pueden satisfacer.
En cuarto lugar, presentamos una indicación que asimila a la Corfo al resto de los ministerios, porque es el único servicio público al que, en este proyecto de ley de Presupuestos, no se le establece una dotación máxima de personal. En una glosa se dispone que hay tres comités de Corfo que no tienen una dotación máxima, por lo que se puede contratar personal sin límite, sin tope. En consecuencia, no parece razonable que el proyecto de ley de Presupuestos deje este forado, que, obviamente, da para pensar mal, como que se podrían contratar alcaldes que no resultaron reelectos o amigos que no han encontrado trabajo. Reitero, uno se pone muy mal pensado ante una situación como ésta, por lo que estamos pidiendo que se fije una dotación máxima de personal para la Corfo, al igual como se dispone para todos los demás ministerios.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Señor Dittborn, se acabó su tiempo.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente, me faltó tiempo para justificar tres indicaciones; pero quiero agregar que sostuve una conversación con don Carlos Bascuñán en el día de ayer respecto del tema de los trabajos solidarios de la fundación privada presidida por el ex Presidente Aylwin, materia a la cual ya se refirió el honorable diputado señor García, don José. Acordamos, telefónicamente, que aprobaremos la destinación consultada en el proyecto de ley de Presupuestos, pero con el compromiso de que estos recursos serán fondos concursables a partir del Presupuesto del 2002, con el objeto de que otras instituciones puedan postular a estos recursos y organizar trabajos de verano y de invierno para estudiantes universitarios. Por lo tanto, voy a dar mi voto favorable a este proyecto, con el compromiso del Gobierno de que transformará estos recursos en fondos concursables en el próximo proyecto de ley de Presupuestos.
El señor ROCHA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Haroldo Fossa por 2 minutos.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, en dos minutos voy a referirme a la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, glosas 11, 13 y 14.
Las glosas 11 y 13, que se refieren específicamente a financiamiento de la pequeña y mediana empresa, no están detalladas, por lo que es difícil evaluar si las cantidades son correctas. No obstante, luego de un análisis genérico se determina que los recursos establecidos son absolutamente insuficientes para resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa, sobre todo cuando sabemos que debemos reactivarla, pues es el sector que genera más empleos.
En estas glosas tampoco se consulta el subsidio a la mano de obra, que estaría vigente al menos en el distrito que represento, que comprende la provincia de Arauco y la comuna de Lota.
Por lo tanto, me parece inviable un análisis detallado sobre asuntos tan importantes con estas cifras demasiado genéricas.
Con respecto a la glosa 14, sobre la Empresa Nacional del Carbón, Enacar , durante el análisis de la Subcomisión, solicité incluir un ítem para la compra de carbón exclusivamente a los pirquineros de la zona, valorizado en dinero o en volumen. Se habló de que se contraería el compromiso de contemplar un ítem para adquirir 45 mil toneladas de carbón en la zona de Arauco y de Lota, pero no se dejó en claro que esto es exclusivamente para favorecer a los pirquineros de la zona y no para la compra de otros tipos de carbón, incluyendo el carbón importado.
Por último, solicito que se incluya, en la partida del Ministerio respectivo, el financiamiento para la explotación del mineral La Chulita, de Curanilahue, mediante una combinación de fondos de Enacar o a través de recursos de ésta y de dineros privados de la zona.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, como miembro titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara y de la Comisión Mixta de Presupuestos, intervengo en representación de la bancada de diputados del Partido por la Democracia.
En nuestra institucionalidad política y económica, la ley de Presupuestos es, lejos, el instrumento más relevante de la política fiscal, pues permite la planificación ordenada de las actividades que desplegará todo el aparato estatal durante un año entero.
Este proyecto de ley de Presupuestos ha debido enfrentar los desafíos de una política antideficitaria, que ha permitido y debiera permitir reordenar con estrictez las cuentas públicas, única manera de mantener una economía sana, capaz de generar riqueza y, al mismo tiempo, de enfrentar las coyunturas difíciles, como las que hemos vivido en los últimos dos años, que se han traducido en desaceleración del crecimiento económico, caída del producto y, sobre todo, en una tasa de desocupación, lejos la más alta del último decenio.
Como hombre que trata de entender la economía, por supuesto que me siento feliz de que esta difícil tarea haya recaído en un equipo económico elogiado en el mundo occidental, liderado por el gran economista, que es nuestro ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre , por lo que el Presupuesto tiene la garantía de quien lo aplica.
En consecuencia, el Presupuesto debe tener un rol reactivador, y así lo han entendido las autoridades de Hacienda, a quienes hemos respaldado legal y sinceramente en lo que va de su gestión.
Ello lleva también a que nuestro Presupuesto atienda demandas de equidad en la distribución del ingreso. La gente común y corriente del sur de Chile hablo por mi distrito: pequeños y medianos campesinos, tiene claro que se hace un trabajo serio en favor de mejorar su calidad de vida, y ese norte, orientador de nuestras políticas económicas, no debe ser perdido por nosotros ni, por supuesto, tampoco por las autoridades. Este proyecto de ley lo demuestra.
También quiero referirme, con especial satisfacción, a las mejoras sustantivas en el área educacional, que se traducen en un incremento del 7 por ciento respecto del año 2000. Además, la atención primaria municipal tendrá un 21,4 por ciento de mayores recursos respecto de este año.
Asimismo, se promoverá la generación de empleos como prioridad fundamental, mediante el gasto directo de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, que suman más de 813 mil millones de pesos en obras nuevas, repartidas en el territorio de la nación.
Se dice hoy que, si fuera necesario, está prevista la creación de, al menos, 26.500 empleos adicionales, a los cuales deben agregarse, aproximadamente, los 9.500 empleos generados por proyectos específicos y los 10.000 empleos que se crearán a través de los programas de generación directa, a cargo de los Ministerios del Interior y del Trabajo y Previsión Social.
Las cifras son frías, pero esta no es una carrera de guarismos, sino de esfuerzos en favor de la mejora de vida de la gente, de generar las condiciones para que los jefes y jefas de hogar puedan llevar el pan a su humilde mesa. ¡Ese es el sentido de las políticas públicas implementadas por este Gobierno!
Termino refiriéndome a dos situaciones complicadas para mí y también para muchos millones de chilenos del área de la agricultura, respecto de las cuales formulé indicaciones y comentarios.
Una se refiere a la necesidad de mejorar el financiamiento del exitoso Programa de Recuperación de Suelos Degradados. Si es exitoso, queremos más; esa es la realidad cuando ya hemos llegado a un nivel que permite hablar de éxito. Se trata de mejorar la capacidad productiva de los predios ganaderos y de cultivo en las regiones del sur, pero, lamentablemente, se rebaja en un 14,33 por ciento el financiamiento para la situación de suelos degradados, lo que me parece grave. En razón de ello, el Ejecutivo, en respuesta a una petición del grupo parlamentario que ayer firmó el protocolo, se comprometió a revisar la situación financiera del programa durante la ejecución presupuestaria del 2001. Por ello, miro esto con optimismo y no con el pesimismo que estoy notando en algunas intervenciones de mis estimados colegas. En efecto, el Presidente de la República, a proposición del ministro de Agricultura y del Director Nacional de Indap, don Maximiliano Cox, modificó las normas que regulan el programa correspondiente, de manera de hacerlo más focalizado y más beneficioso para los minifundios de hasta 5 hectáreas de riego básico, los que podrán postular hasta por un ciento por ciento de bonificación.
Lo mismo sucede con las comunidades indígenas que ya requirieron un aumento presupuestario, por la vía de la reasignación.
El decreto Nº 288 representa un cambio profundo lo he dicho ya otras veces en el trato a la pequeña agricultura. A mi modo de ver, es revolucionario, por decir lo menos.
Por ello, estimo que el protocolo ha dado respuesta a la solicitud que hice en su oportunidad a la Comisión Mixta de Presupuestos, al consignar que, una vez que se fortalezca el Programa de Mejoramiento de Suelos del Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo se compromete reitero a revisar la situación financiera. Me doy por satisfecho porque allí está la respuesta a mi solicitud.
Por otro lado, existe la necesidad de introducir una glosa en el capítulo de Indap para entregar potestades públicas a 49 jefes de áreas contratados a honorarios, por lo cual tienen dificultades en el ejercicio de su competencia directiva, cuestión que es de fácil resolución por la vía de una indicación que he presentado y que tiene un precedente en el capítulo y glosas anteriores, correspondientes al Servicio Agrícola y Ganadero.
Comienza esta larga jornada, quizás la más seria y compleja de nuestra vida legislativa. Los parlamentarios del Partido por la Democracia entregamos a nuestras autoridades económicas esta viga maestra de nuestra economía con ánimo y optimismo, porque nuestra confianza está depositada en ellas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Como el diputado señor Navarro ha presentado cuatro indicaciones fuera del límite de la hora acordada, solicita, por mi intermedio, la unanimidad de la Sala para aceptar su ingreso.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001, iniciativa legal que, año a año, asigna los recursos para los gastos del Estado, no podemos debatirlo, a veces, con tanta liviandad.
Por eso, quiero señalar que el proyecto en discusión ha tomado como referencia del precio del cobre en los mercados internacionales el valor de 88 centavos de dólar la libra. Esa cifra, estimada como promedio del año 2001, puede ser inalcanzable por los antecedentes que voy a exponer, y me preocupa que podamos enfrentar el próximo año nuevamente un déficit fiscal, de la misma manera que ocurrió en el Gobierno del Presidente Eduardo Frei en 1998 y 1999, en que el país debió recurrir a sus cuentas de ahorro del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para cubrir realmente sus necesidades hasta el término del ejercicio de esos años.
Por eso, en forma responsable, quiero manifestar al ministro de Hacienda, presente en la Sala, que la cifra de 88 centavos, de la que Cochilco ha informado, ya se ha desvanecido como información, dado que, en los últimos días, los organismos internacionales competentes nos dan una cifra diferente y una proyección distinta. En efecto, el precio del cobre en los mercados internacionales alcanza hoy sólo a 82 centavos de dólar la libra, y lo más probable es que tenga serias dificultades para subir su promedio el próximo año.
Los antecedentes técnicos son variados. Uno de ellos es el crecimiento de la demanda del cobre. Otro se refiere a las recesiones de los países desarrollados. Además, están las razones de temporalidad que pueden afectar el promedio del precio del cobre.
El gráfico que estoy mostrando en esta ocasión ayer se hizo público señala los promedios de que estoy informando. De allí mi preocupación.
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, solicito que el señor ministro nos diga, en caso de haber déficit fiscal, a qué cuentas vamos a recurrir: si a las cuentas de ahorro o si vamos a hacer reasignaciones dentro de las partidas de los distintos sectores.
Fundamentalmente, mi preocupación es social, ya que muchos programas sociales quedarían desfinanciados si los recursos fueran insuficientes. Es sabido cómo se financia el Presupuesto de la Nación: con impuestos directos e indirectos; pero, fundamentalmente, con los ingresos del precio del cobre que, como han señalado los expertos, cada variación de un centavo en el precio promedio significa ingresos por 100 millones de dólares, de los cuales un porcentaje importante se destina a gastos del Estado.
Entonces, mi consulta queda planteada para anticiparnos a lo que podría ser la situación del próximo ejercicio presupuestario. Dentro de este tema, mi inquietud sectorial apunta a lo siguiente: como lo ha señalado el diputado señor Baldo Prokurica , el sector de los pequeños mineros tiene una asignación para fomento y gastos de 7,5 millones de dólares, o sea, el ministro ha cumplido con el compromiso adquirido en esta Sala con el diputado Prokurica y quien les habla, en el sentido de dejar una partida a la cual se pueda echar mano en caso de que el promedio del precio del cobre sea inferior al que estamos programando para el 2001. De la misma manera que criticamos cuando no se cumplen los acuerdos, quiero decir públicamente que el ministro cumplió su compromiso. En esta ocasión se procedió en la forma que he señalado. Como se trata de una indicación del Ejecutivo, pido a la honorable Sala que la apruebe cuando se voten en particular las partidas correspondientes, porque resguarda la posibilidad de que el sector de la pequeña minería cuente con los recursos para tarifas de sustentación en caso de que el promedio del precio del cobre sea inferior al programado.
Por último, no hay que inducir a engaño, pues sólo el diez por ciento de las inversiones del Estado se decide en las regiones. Este porcentaje, que ha demostrado con bastantes argumentos el diputado señor José García , nos abre los ojos en cuanto a que lo programado para que las regiones decidan sobre el particular aún está lejos de alcanzarse. Todavía están supeditadas a las decisiones centralistas y su sueño está muy lejos de alcanzarse.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, este es el undécimo Presupuesto de la Nación que analizamos. En mi opinión, es el proyecto de ley más importante que corresponde tratar al Poder Legislativo, pues en esta oportunidad debemos aprobar para el año 2001, 17.868 millones de dólares que se reparten a través de todos los ministerios.
Por eso, cuando se conformaron las cinco Subcomisiones mixtas de Presupuestos en las cuales se distribuye el estudio de las diferentes partidas, una vez más asumimos el compromiso de hacerlo en la forma más eficiente y transparente posible y, lo más importante, con toda la información necesaria.
Por ejemplo, un colega recordaba que se formularon indicaciones para disminuir los gastos reservados en todos los ministerios donde existe ese ítem. Como las cifras no mienten, quiero recordar que en 1989 los gastos reservados ascendieron a 35 mil millones de pesos. En 1990, el primer año de gobierno de la Concertación con el estadista Patricio Aylwin Azócar , se disminuyeron a 18 mil millones de pesos, es decir, prácticamente a la mitad. Para el año 2000 quedaron en 15 mil millones de pesos. Es importante que la opinión pública sepa y también dejarlo consignado en el acta, que es un documento público, que para 2001 estamos aprobando solamente 12 mil millones de pesos en gastos reservados. O sea, hemos reducido exactamente a un 35 por ciento los 35 mil millones de pesos de hace diez años. Más aún, entre 2000 y 2001 hay una reducción efectiva de 21 por ciento en la autorización máxima para gastos en honorarios.
Como me correspondió presidir la Tercera Subcomisión de Presupuestos, reitero que en el protocolo quedó absolutamente claro que en los servicios públicos no se podrán incrementar los gastos en honorarios con cualquier tipo de transferencia desde el tesoro público ni tampoco con recursos del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Creo que no se puede ser más claro, transparente y preciso, a menos que algunos colegas quieran que nuestro Gobierno no pueda cumplir sus obligaciones y políticas de Estado.
Quiero ser muy claro: el Presupuesto de 2001 marca una normalización de las finanzas públicas después de la contracción real, efectiva, que comenzó en 1999. ¿Quién puede discutir el aumento del gasto real de 5 por ciento en relación al 3,3 por ciento del presupuesto de 2000? Ello demuestra la seriedad, desde el punto de vista macroeconómico, del planteamiento del equipo económico del Gobierno, dirigido también por el Presidente de la República, y responde al gran objetivo de generar un superávit estructural del uno por ciento del PIB, lo que reitera el compromiso del Gobierno en cuanto a transparencia en el manejo de las finanzas públicas.
El Presupuesto comprende un gasto social equivalente al 70 por ciento del gasto público y otorga gran prioridad a dos temas que son preferentes también entre los parlamentarios: educación y salud, ambos con un aumento superior a 7 por ciento.
Con mucha franqueza, debo señalar que me preocupa el rechazo de los 6.200 y tantos millones de pesos del presupuesto de la Universidad de Chile para 2001 y que esto se transforme en otro tema, pues el rector de esa Casa de Estudios amenaza con renunciar si no le aprobamos su presupuesto, lo cual no me parece una buena decisión.
Quiero ser muy claro al respecto. A los integrantes de la Comisión les consta que durante todos estos años he apoyado el aporte a la Universidad de Chile, porque ella desarrolla más del 70 por ciento de la investigación que se realiza en el país. Es cierto que en su financiamiento está incluida la Orquesta Sinfónica y el teatro, pero también es cierto que la Universidad de Concepción financia a la Orquesta Sinfónica de Concepción, con un gasto de 500 millones de pesos al año y cero aporte fiscal.
Por su parte, algunos señores diputados, como el señor Montes, presentaron indicación para aportar 200 millones de pesos al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile.
Votaré por reponer la indicación, con el fin de aprobar los 6.200 y tantos millones de pesos para la Universidad de Chile, pero no me parece bien la forma como se ha planteado el tema. Creo que la situación topó techo y que debemos buscar un camino para solucionarla.
Hace unos cuatro años, en la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, cuando el diputado señor Montes planteó el tema del Instituto de Sismología, con el senador de la época, señor Cantuarias , de Oposición, en nuestra calidad de ex alumnos de la Universidad de Concepción y de representantes de regiones, propusimos conformar el Fondo de Desarrollo Institucional. Con el colega señor Pablo Lorenzini , economista que ha desempeñado altos cargos en instituciones privadas y públicas y con el diputado señor Exequiel Silva presentamos la indicación en la Comisión Mixta, pero, lamentablemente, el presidente la declaró inadmisible. En esa ocasión, logramos un aporte extraordinario de 2 mil millones de pesos extras para el Fondo de Desarrollo Institucional en Infraestructura, FDI, lo cual genera mano de obra y empleo.
Es bueno que los colegas sepan que, de las veinticinco universidades que dependen del Consejo de Rectores, han tenido acceso a dicho fondo veinte de regiones, y sólo cinco de la Región Metropolitana.
Ahora presentamos una indicación que no significa aumentar el Presupuesto de la Nación, sino derivar 2 mil millones de pesos asignados al Mecesup, que es el Mece de la educación superior, al FDI.
Hace pocos meses, doña Mariana Aylwin , ministra de Educación, tuvo la feliz iniciativa de crear el cargo de Vicepresidente del Consejo de Rectores. La nominación fue ganada por el actual rector de la Universidad de Concepción señor Sergio Lavanchy , y justo en este presupuesto, en el que es vocero de los veinticinco rectores, no se aumenta el FDI, lo que considero injusto.
Señor Presidente, tengo claro que en uso de sus atribuciones puede declarar inadmisible la indicación, pero pido que en la sesión de la tarde la ponga en votación, porque es un trasvasije de 2 mil millones de pesos del Mecesup, programa intelectual que no genera empleo ni infraestructura al FDI, que sí lo hace. Ello demostraría que es una realidad la participación en el Consejo de Rectores.
Votaré a favor del aporte a la Universidad de Chile sin pedir nada a cambio, pero creo que se debe tomar en cuenta la situación expuesta.
En el presupuesto del próximo año considero muy importante la aprobación de dos indicaciones del Ejecutivo a las partidas Ministerio de Educación y Tesoro Público, con las que se materializa el anuncio del Presidente de la República, don Ricardo Lagos , de crear un fondo especial para el desempleo el tema más cruel en la actualidad de 100 mil millones de pesos.
La glosa 18 del Tesoro Público autoriza, “a contar del 1º de abril de 2001, siempre que la tasa nacional de desocupación determinada por el Instituto Nacional de Estadísticas supere el 10 por ciento o cuando dicha tasa sea superior al 9 por ciento”, a traspasar los respectivos programas de generación de empleos para bajar los índices a cifras que no signifiquen tanto daño a las familias chilenas. Estos proyectos de generación de empleos están en el camino que nos corresponde a todos los parlamentarios.
Por otra parte, en el protocolo firmado ayer se enfatiza la transparencia y eficiencia. El año 2001 se evaluarán veinte programas públicos, los cuales estarán a disposición de los señores parlamentarios a más tardar los primeros días de abril del próximo año.
Además, la información presupuestaria se reducirá de 60 a 45 días. Por lo tanto, ningún parlamentario podrá decir que no tiene la información mensual del presupuesto para saber si se está invirtiendo en lo que el Congreso Nacional aprobó, como poder autónomo e independiente del Estado.
También viene en camino el mejoramiento de los procedimientos para la discusión presupuestaria. Se ha fijado una instancia en el protocolo que será parte de la ley de Presupuestos. Se hará un análisis en las comisiones de Presupuestos, a través de las modalidades que se establezcan, para que a mitad del próximo año empecemos a analizar en qué forma llegará el Presupuesto de 2002. Creo que eso también es un gran avance.
Por último, me referiré a la agilización de las inversiones. A través de la conversación y del análisis en las cinco subcomisiones, el Ejecutivo se dio cuenta de que había mucho trámite burocrático. Ahora, por ejemplo, se elimina la autorización previa para la compra de equipos computacionales, con lo cual habrá un avance de la tecnología, lo que permitirá más eficiencia en los servicios públicos y ministerios. Además, quedará absolutamente clara la evaluación diaria del Presupuesto de la Nación, o sea, de la plata de todos los chilenos.
Quiero agregar algo para ser justo, porque nobleza obliga. Al pan, pan, y al vino, vino. La semana pasada, en un medio de comunicación, se expuso que en duro debate, Eyzaguirre, vale decir, el ministro de Hacienda, se negó a aumentar aportes para Bomberos. Esto es falso, de falsedad absoluta, porque con quienes tuve una dura discusión, pero con argumentos, fue con el director y subdirector de Presupuestos. El ministro de Hacienda accedió a nuestra solicitud y se aprobaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los cinco millones de dólares para iniciar la renovación de la flota de carrosbombas del país y adquirir equipos de rescate. Es más, hubo un aumento importante en la partida en moneda nacional.
En consecuencia, anuncio que los diputados del Partido Demócrata Cristiano aprobaremos en general y en particular el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 2001, pues se enmarca en la eficiencia y la equidad.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, el diputado señor Julio Dittborn ha hecho una exposición general sobre el proyecto de Presupuestos, por lo que quiero referirme a una partida muy concreta: la del Conace.
Para ningún parlamentario ni para el resto de la ciudadanía es un misterio que el de la droga constituye uno de los grandes problemas del país. Me gustaría hacer un análisis a fondo no sólo de las cifras aritméticas sobre el aumento de las diferentes partidas, sino con el fin de saber si con el enfoque que se da al tema podrá revertirse el proceso. A la luz de los documentos que entregó el Conace y de los programas en desarrollo, creo que eso no ocurrirá.
¿Por qué lo afirmo? Ha habido dos hechos o hitos durante este año que nos deben hacer reflexionar. Hace cuatro meses, se dio a conocer el tercer estudio nacional sobre consumo de droga en escolares, que concluye que uno de cada dos alumnos de cuarto medio declara consumir drogas, y sobre el diez por ciento de los alumnos de octavo básico, es decir, niños de doce a trece años de edad, declara haberla consumido. O sea, la edad de consumo es igual o inferior a los diez o doce años.
Por lo tanto, si quisiera revertirse el proceso, en especial entre los escolares, deberían implementarse programas que reflejen el énfasis que quiere la ciudadanía para abordar el problema. Ello no es así, como veremos después.
Pero hay un segundo fenómeno, sobre todo en los sectores más modestos, enfocado más a la represión que a la prevención: la falta de defensa jurídica para la comunidad frente a los delitos de narcotráfico. Se da la paradoja de que los narcotraficantes tienen defensa jurídica, pero no la comunidad. La absoluta indefensión de la comunidad tampoco está reflejada en el proyecto de presupuestos, como lo veremos.
Partiré por el segundo punto, que es más corto. La semana anterior, el Consejo de Defensa del Estado, organismo que, de acuerdo con la ley, debe hacerse parte en los delitos de tráfico de droga, entregó un informe a la Comisión de Drogas que, en síntesis, señala que esa institución ha asumido sólo 2.575 causas en relación con el tema, pero ocurre que el número de causas por el delito de tráfico de droga es de ocho mil al año. De manera que en seis mil causas mucha gente modesta no tendrá defensa jurídica. Los narcos la tendrán, pero no la gente común y corriente.
Conversé con la directora del Conace y le expuse que, frente a esta indefensión, debió haberse establecido la facultad de contratar, en todas las comunas de alto riesgo, con gran nivel de tráfico y de consumo, un abogado de tiempo completo para que se haga parte en todos los delitos sobre la materia. Nada de esto se dice en el proyecto.
Debo advertir que los sectores más modestos, que no pueden contratar un abogado para defenderse, seguirán en la más absoluta indefensión y continuará el círculo vicioso: el delito no se denunciará, porque la gente no tiene defensa jurídica.
Esa es la línea gruesa del primer punto, bastante importante por lo demás.
En la prevención ocurre algo similar y me gustaría repetir lo que le comenté al ministro de Hacienda. A mi juicio, el proyecto descansa sobre ejemplos que han fracasado. Se espera que los sistemas comunales de prevención, Siscop, reviertan el proceso, con el 34 por ciento del presupuesto, es decir, la partida más importante. Pregunto a algún parlamentario o a una autoridad de Gobierno si ha resultado algún sistema comunal de prevención. Ninguno. Son pura burocracia y compromisos con organizaciones que no han dado resultados.
Quiero dar un ejemplo importante. Se destinan 1.255 millones de pesos a seiscientos proyectos focalizados, lo que da un total de 2.091.000 pesos por cada uno. ¿Qué se puede hacer con poco más de dos millones de pesos por proyecto? Nada.
Para revertir el proceso, debe haber proyectos que causen impacto, que sean de carácter masivo. Este error en el presupuesto se ha cometido sistemáticamente: se han aprobado proyectos “rascas”, que no contribuyen en nada.
Sólo se destinan a la prevención escolar 933 millones en los distintos programas que propuso el Conace, o sea, el trece por ciento. El 37 por ciento del presupuesto es una apuesta comunal a través de proyectos “rascas” que no darán resultados.
Aunque aprobaré el proyecto, quiero dejar constancia de estas aprensiones. Por lo anterior, a través de indicaciones, presenté dos glosas: una, para que la comunidad no siga en la indefensión frente al narcotráfico, de manera que con cargo al presupuesto se puedan contratar abogados, y otra, para que el grueso de los recursos destinados a la prevención se utilice en el ámbito escolar, que es donde está el problema.
Reitero: de nuevo hay una apuesta equivocada en el tema de la droga al confiar en sistemas fracasados que no han dado resultados.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, comparto la opinión expresada en reiteradas oportunidades, en el sentido de que el de Presupuestos es, tal vez, el proyecto más importante que se trata todos los años.
Al respecto, la imagen que uno percibe es la de una economía sana, con sus cuentas nacionales en orden, un país en paz, preparado para soportar las tormentas que suelen amenazarlo o como las que lo han afectado, por ejemplo, la crisis asiática, que tanto daño nos causó.
En esta materia debe actuarse con grandeza y generosidad. No hay espacio para la política chica, porque una decisión errada o tomada sin los fundamentos éticos y elevados que son exigibles, puede acarrear graves perjuicios a muchos compatriotas.
Todavía los mineros del carbón de Lota y Arauco recuerdan con dolor, frustración y rabia, cuando diputados y senadores de Derecha propusieron, en la Comisión Mixta de Presupuestos rebajar a 10 mil pesos la partida asignada para la industria del carbón. ¡Qué burla para ellos! ¡Qué burla más cruel para esos trabajadores que antaño contribuyeron con fuerza a que esta economía fuera mejor!
Hoy, en cambio, veo con satisfacción que los presupuestos propuestos para los establecimientos de Trongol, Curanilahue y Carville, de Lebu, fueron aprobados en la comisión respectiva y espero que también lo sean en la Sala.
Dentro de esas partidas están considerados los recursos para la compra de carbón a que se refirió el diputado señor Fossa , lo cual lleva algo de tranquilidad a aquellos trabajadores. Habrá, entonces, tranquilidad y gratitud en Arauco, en especial en Curanilahue y Lebu.
Los mineros no quieren irse a sus casas con jubilaciones anticipadas, como ya ocurrió en Lota. Por el contrario, quieren seguir ganándose, con su esfuerzo, el pan de cada día.
Por otra parte, me preocupa la forma en que se abordó el tema de la Universidad de Chile. Se quiere dejar la sensación por lo menos, es lo que deduzco de que sólo se está obteniendo recursos para invertirlos en Santiago y se habla de que la investigación también debe hacerse en provincias.
En esto hay un error. La Universidad de Chile está ejerciendo su ministerio a través de todo el país y tiene derecho a pedir a este Congreso que mantenga los recursos propuestos por el Ejecutivo. De lo contrario, se causará un grave daño a esta institución tan fundamental para el desarrollo del país.
Quiero decir en forma muy sintética cómo la Universidad de Chile trabaja a lo largo del país. Por ejemplo, con la Universidad de Magallanes, en el programa antártico; en geología, con la Universidad Católica del Norte; en estudios altiplánicos, con la Universidad de Tarapacá; en marea roja, con las Universidades Católica y Austral; en biomedicina y biodiversidad, con la Universidad de Concepción, y en microbiología, con la Universidad de Santiago. Más aún, recientemente con las universidades de Santiago, de Concepción, Austral de Chile, La Frontera y de Talca firmó un convenio para el desarrollo de un programa de doctorado en el área de biología y fisiología vegetal.
Lo anterior significa que el esfuerzo que hace la Universidad de Chile abarca a todo el país y que la provincia se ve fortalecida y beneficiada con los distintos programas que ha desarrollado durante su trabajo.
Pretender reducir estos recursos es empequeñecer un poco el debate o, por último, obligar a la Universidad a concursar, como a cualquiera organización, sin pensar en el daño que se causa. Por ejemplo, de aprobarse la indicación a que me estoy refiriendo, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile debería despedir a los músicos que han llevado la cultura no sólo a Santiago, sino que a todo el país.
Por lo anteriormente señalado, quiero que este esfuerzo de la Universidad de Chile sea reconocido y que aprobemos la partida en la forma propuesta por el Ejecutivo.
Termino señalando que los diputados del Partido Radical Social Demócrata aprobaremos, en general, el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2001.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo que corresponde al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Carlos Kuschel.
El señor KUSCHEL.-
Señor Presidente, éste es el tercer año que discutimos, en un contexto de elecciones, un presupuesto con poca actividad económica y alto desempleo, pero con excelentes cifras macroeconómicas y muy malas cifras microeconómicas.
¿Qué pasa? Que la excelente macroeconomía no se traslada a la microeconomía, porque el puente está cortado. ¿Cuál es el puente? A mi juicio, son las situaciones tributarias y anímica ambiental del pequeño y mediano empresario. Estamos con muchos problemas de regulación ambiental, el tema tributario mencionado, la inseguridad laboral y los problemas sectoriales, en pesca y en la pequeña y mediana agricultura y en la pequeña y mediana minería.
Quiero solicitar al Gobierno un programa de reducciones tributarias, verdadero e importante, no como el que se está planteando en estos días por la prensa, que permita trasladar los beneficios del éxito macroeconómico a todas las empresas, a lo largo y ancho del país.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, quiero referirme, en primer lugar, al tema que dice relación con el presupuesto de fomento de la pequeña y mediana minería. Valoro el hecho de que, en el marco del debate con el Ejecutivo, haya habido consenso para la incorporación de una glosa en el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para los pequeños mineros. Sin embargo, no me parece que deba ser financiada con recursos de otras glosas, en caso de ser necesario, sino que con fondos autorizados por ley, si se requiriere, pero de ninguna manera disminuyendo el ítem para fomento de que dispone la Enami.
Se ha dicho durante el debate que este año el presupuesto de la Enami sería mayor que el anterior, sobre la base de que el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre para los pequeños mineros no estaba incorporado en el presupuesto propuesto para la Enami y para el fomento de la pequeña minería. Sin embargo, la manera de incorporar el punto d) cambia la filosofía, el espíritu del acuerdo, puesto que no tenemos certeza de que el precio del cobre se mantenga en el escenario internacional actual en los niveles de los meses anteriores. Hoy, es de 81 centavos de dólar y llegamos a 87. No existe ninguna duda de que el conflicto del Medio Oriente, aparte de producir un alza en el precio del petróleo que hoy se consigna nuevamente conlleva una rebaja del precio internacional del cobre. Si se mantiene bajo los 80 centavos de dólar, nuevamente en el año 2001 la pequeña minería, los pirquineros y los trabajadores artesanales van a requerir un fondo de estabilización para completar la tarifa.
Por tanto, solicito al ministro de Hacienda, por intermedio del Presidente de la Cámara, revisar la redacción de la indicación que se ha presentado al respecto, especialmente al punto d) y mantener el espíritu que originalmente la incorporó: establecer una glosa del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre relacionada con el precio que alcance en el mercado internacional durante el año 2001, de modo que si éste baja de los 80 centavos de dólar, el Fondo de Estabilización actúe de manera automática. Para ello existía la voluntad política de todos los sectores de aprobar una ley que garantizara que esto fuera así.
Debo señalar que durante estos años hemos adoptado innumerables medidas para asegurar que la pequeña minería tenga la ayuda que corresponde. Pero si se mantuviera este Fondo con recursos de los ítem correspondientes a los costos operacionales, al fondo de capital de riesgo y a las pérdidas para los poderes de compra, la Enami no tendría recursos en el año 2001 para financiar los proyectos concursables dirigidos a la pequeña minería ni tampoco los programas de asistencia a la pequeña minería, trabajadores artesanales y pirquineros.
Por esta razón, solicito reitero al ministro de Hacienda que mantenga el espíritu con el cual se incorporó la letra d) y se abrió la glosa del Fondo de Estabilización, de manera que si en determinado momento el precio internacional del cobre así lo amerita, exista una ley aprobada por unanimidad para financiarlo.
También debo recordar al ministro de Hacienda que respecto de este punto hubo un compromiso del Presidente Ricardo Lagos con la pequeña minería de Chile, y nos interesa que se cumpla, por cuanto ellos han hecho un gran esfuerzo durante estos años. Hemos valorado mucho lo realizado por la Enami durante los meses de esta nueva administración para generar mecanismos que vayan en ayuda de los pequeños mineros. Pero si baja el precio internacional del cobre no queremos que se vuelva a vivir una situación que deteriore al mundo minero, especialmente a las comunas mineras donde ya existe una tasa de desocupación mucho más alta que en el resto del país: en Vallenar, sobre el 18 por ciento; Chañaral y Diego de Almagro, 20 por ciento; en Taltal, un porcentaje similar. Son comunas que requieren que la Enami disponga de recursos para asistencia y fomento, pero, al mismo tiempo, que opere el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Restan cinco minutos al Comité del Partido por la Democracia, que puede ocupar en la segunda ronda.
En el tiempo de la UDI, tiene la palabra el diputado señor Melero, por cinco minutos.
El señor MELERO.-
Señor Presidente, me voy a referir al presupuesto del Ministerio de Salud y en forma concreta a la partida del subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y cómo se relaciona este punto con un tema que ha sido de preocupación nacional, especialmente del Parlamento: la deuda hospitalaria.
Las cifras oficiales entregadas por el Ministerio de Salud revelan que la deuda hospitalaria por ese concepto ha crecido en los últimos dos años a una tasa acumulativa mayor del 3 por ciento, por lo que al terminar el 2000 alcanzará a 43 mil millones de pesos, aproximadamente. Esta situación, como todos sabemos, está dificultando fuertemente la atención de la gente en los hospitales de Santiago y de regiones, lo que se evidencia por las largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, suspensión de exámenes de laboratorios y, en definitiva, una peor atención de salud a las personas.
Esta deuda de 43 mil millones de pesos según el Ministerio, y 60 mil millones de pesos según el Colegio Médico se generó en la autorización para endeudarse establecida en la ley de Presupuestos del año 2000, que era de 27 mil millones de pesos. Esto significa que el Ministerio de Salud ha tenido una sobre-ejecución presupuestaria que podría llegar a 1,6 veces el monto autorizado para endeudarse. En efecto, la ley de Presupuestos del año 2000 permitió al Servicio de Salud un gasto en bienes y servicios de consumo ítem 22 de 147 mil millones de pesos y un endeudamiento por 27 mil millones. Además, de acuerdo con información del Ministerio de Salud, durante el año 2000 el Ministerio de Hacienda le entregó 18 mil millones de pesos como recursos adicionales, con el fin de pagar la deuda de arrastre de los hospitales y los compromisos pendientes del año 1999. A pesar de estos cuantiosos aportes extraordinarios, actualmente los servicios de salud mantienen una deuda de arrastre de 43 mil millones de pesos que al 30 de agosto estaba vencida en más de 240 días. A esto se le suman los proveedores, a quienes les deben facturas de hace dos, tres y hasta cuatro años, con una deuda de 38 mil millones a la fecha.
Dicha deuda representa el 26 por ciento del presupuesto total de bienes y servicios de consumo, lo que significa que en promedio los servicios de salud están endeudados en 3,1 meses del presupuesto, siendo aceptable, para un manejo eficiente de los recursos, un endeudamiento de uno o dos meses como límite máximo para su ejecución presupuestaria.
Al respecto debo señalar que la magnitud de lo adeudado por los servicios de Salud 14 en total es más preocupante. Por ejemplo, la mitad está endeudada en más de cuatro meses de su respectivo presupuesto de bienes de servicios y consumo, lo que puede ser aún más grave en algunos hospitales y representa peligro de desabastecimiento y, por lo tanto, la respectiva mala atención a los usuarios más pobres del país.
De este promedio 3,1, el más endeudado de los servicios de salud es el Metropolitano Occidente, con siete meses impagos del gasto del presupuesto mensual de bienes y servicios de consumo. Si para un particular sería difícil poder vivir si tuviera comprometido siete sueldos del año, imagínense cómo lo es para un servicio de salud tener comprometido siete meses de su gestión presupuestaria de este ítem. Vemos que el Metropolitano Occidente tiene 6,9 meses comprometidos; Valdivia , 6,7; Aisén 6,2 ; Metropolitano Oriente, 5,4; Arica , 5,3; Concepción , 4,8. De manera que me parece importantísimo enfrentar las causas del endeudamiento del sistema hospitalario para poner los atajos correspondientes en la ley de Presupuestos y en la ejecución presupuestaria del próximo año, por cuanto esto cuestiona fuertemente las políticas de salud y de equidad que el Supremo Gobierno ha señalado.
Las causas hay que buscarlas en la forma en que se administran los establecimientos públicos, en consideración a que no puede aducirse la escasez de recursos como una de ellas. Vale la pena recordar que en los últimos 10 años el presupuesto del sector ha aumentado en un 170 por ciento, llegando a la fecha a 1 billón 200 mil pesos, lo que significa un aumento del 7 por ciento para la gestión de este año.
Es necesario reconocer que gran parte de los problemas financieros del sector público se originaron en el inadecuado sistema de incentivos con el cual funciona. El financiamiento de los prestadores públicos no está orientado a la gestión, y los directivos de los establecimientos no son responsables ni cuentan con las herramientas para mejorarlas.
En segundo lugar, los recursos estatales para financiar las instituciones de salud se traspasan fundamentalmente teniendo en cuenta elementos históricos, como las remuneraciones, infraestructura, equipamiento, etcétera, sin considerar su adecuada utilización en la efectiva solución de los problemas de salud de las personas.
La solución, a nuestro juicio, debe estar en las medidas adoptadas por el Supremo Gobierno en cuanto a otorgar aportes extraordinarios, como ha sido hasta ahora, pero exigiendo algo a cambio. No podemos seguir con la política de que nadie controle la gestión en el gasto; el Ministerio de Hacienda sufre la presión, entrega miles de millones de pesos y no hay nada a cambio. Para solucionar la deuda, esta forma ha resultado inoperante. Ésta crece, sigue creciendo y nadie le pone atajo. Y lo que es más grave, constituye un incentivo para continuar endeudándose tal como se ha comprobado en la forma que he señalado.
A nuestro juicio, el problema tiene que ser enfrentado en tres aspectos: primero, los hospitales deben ser abastecidos de manera suficiente para atender a la población beneficiaria en forma adecuada. De continuar la situación de endeudamiento, los proveedores privados pueden cortar los suministros. Se debe cancelar lo adeudado a los proveedores para evitar quiebras y asegurar el empleo tan necesario en este momento. Además, los recursos para pagar las deudas no deben constituirse en incentivos para que los establecimientos se endeuden cada vez más.
Estamos de acuerdo con la indicación a la glosa 06, que obliga al Ministerio de Salud a informar sobre la gestión y el resultado de la deuda a las Comisiones de Salud y de Hacienda de la Cámara y del Senado, señalando, además, los componentes y orígenes de la deuda.
Creemos importante lo establecido en el protocolo agregado en cuanto a que el Gobierno continuará perfeccionando y desarrollando el sistema de indicadores de desempeño ligados al presupuesto.
Como parte de este esfuerzo, se extenderá el sistema hacia nuevos sectores: Carabineros, hospitales y otros.
Esperamos muy sinceramente que esta gestión cambie y que no sigamos por el camino tan ineficiente, inoperante y perjudicial para la salud pública del país: sólo entregar más recursos sin exigir una gestión y administración adecuada.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar mi concordancia con la propuesta del Ejecutivo de avanzar hacia un superávit estructural, con lo que ello implica para el país, en términos de administración de finanzas públicas. Esa decisión es de una trascendencia histórica tremendamente importante para un país como el nuestro, cuya potencia o desarrollo económico depende mucho de mercados externos; es decir, somos una economía con un grado de vulnerabilidad que requiere de saneamiento de las finanzas públicas. Mi única duda es qué mecanismo usar para aumentar aún más el ahorro del país, que sigue siendo nuestra mayor debilidad.
Adicionalmente, considero importante avanzar hacia un debate menos apasionado del rol del Estado en la regulación y en la economía. Cuando se habla de las pyme, sin duda, nos referimos al rol de fomento del Estado, que es muy importante, y aunque todavía estamos a cierta distancia de lo que me gustaría, creo que también hemos avanzado en esa dirección.
En esta ocasión quiero referirme a algunos temas más puntuales. El primero de ellos dice relación con la regionalización de los recursos y la inversión regional. En ese contexto, manifiesto mi tremenda aprensión a una lógica, a mi juicio equívoca, de cómo se entiende la regionalización. No entiendo la regionalización como la “coredización” de la inversión pública. Aquí ha habido una inclinación a pensar que las decisiones en las regiones sólo son regionales cuando el consejo regional incide en la distribución de los recursos. A mi juicio, eso puede ser una tremenda causa de preocupación en ciertas regiones que sufren no sólo de diversidad territorial, sino de una concentración al interior que tiende a producir distorsiones territoriales de tremenda inquietud.
Insisto ante el Ejecutivo en el sentido de que se avance hacia un concepto de regionalización más amplio. En las regiones, los ministerios tienen la capacidad para tomar decisiones en inversión, sea en vialidad, sea en infraestructura educacional, etcétera, porque no sólo los cores tienen esta función.
Quiero dar un ejemplo sobre el error que podemos cometer. Los cores pueden decidir inversiones en pavimento de caminos de larga extensión, pero ¿quién se hará cargo de su mantención? Es decir, ¿qué vinculación hay entre las decisiones de los cores y el Ministerio de Obras Públicas?
Planteo mi inquietud ante la “coredización” de nuestra inversión regional.
En otra materia, quiero manifestar mi inquietud sobre el desarrollo rural. Se aborda la inversión de agua potable rural como una forma de seguir llevando infraestructura importante, entendiendo que aquí se va a invertir en obras nuevas y en mantener y ampliar las ya existentes. Pero me inquieta que nos quedemos cortos en otros instrumentos de desarrollo rural, como el Indap. En los últimos años hemos vivido crisis climáticas y de precios, y el financiamiento del Indap sigue dependiendo de las recuperaciones. Este año tenemos un problema dramático en las siembras de primavera en muchas regiones.
Solicito que el Ejecutivo, más allá del debate presupuestario, repiense mecanismos de seguros o de fondos para el Indap, que le permitan compensar sus ingresos cuando hay fluctuación de precios como las que hemos tenido en este tiempo.
En otra materia, creo que las inversiones en obras de riego son tremendamente importantes. Espero que los estudios permitan indicar cuán importante es avanzar hacia la segunda etapa de Convento Viejo y hacia la segunda etapa del embalse Los Cristales de la cuenca del río Claro, en la comuna de Rengo, para incorporar más hectáreas de riego, que es algo que necesita en particular el valle central para aumentar su competitividad.
Adicionalmente, quiero manifestar mi inquietud sobre cuatro puntos específicos. Hubo debate sobre los recursos al Teatro Municipal de Santiago. En principio, no tengo ninguna objeción ni me asiste ninguna duda respecto de que es una contribución a la cultura que salga a regiones. Sin embargo, hay usos alternativos de esos recursos.
En el Congreso se nos presentó el proyecto “Arte en Camino”, encabezado por un grupo de trabajadores del medio artístico, que propone el teatro itinerante y la creación de espacios para mostrar sus creaciones en regiones. Me parece que junto con autorizar los recursos para el Teatro Municipal es necesario crear otro instrumento, y confío en que el ministro de Hacienda acogerá esta petición, para incluirlo en el uso de los recursos a la cultura el próximo año.
En segundo lugar, manifiesto mi inquietud en las políticas de los programas habitacionales que van a los sectores de menores ingresos, específicamente la vivienda progresiva de primera y segunda etapa. A veces en los debates presupuestarios se tiene una visión demasiado urbana, en desmedro de lo rural. Hoy estamos obligando a que la asistencia técnica sea obligatoria para muchos programas de vivienda y ese requisito está creando un cuello de botella para muchos de ellos, por lo cual solicito que se revise.
Por último, en septiembre de este año hubo un debate respecto del servicio militar obligatorio. Se habló de que el país iba a avanzar hacia el servicio militar cada vez más voluntario. Para ello se necesitan recursos que permitan establecer estímulos a fin de que la juventud haga el servicio militar voluntariamente. Eso no está considerado en el actual proyecto de ley de Presupuestos. Debemos garantizar la existencia de esos recursos para que efectivamente los cambios que vamos a hacer en el decreto de movilización se implementen en forma eficaz.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente, el ejercicio anual de la discusión del proyecto de ley de Presupuestos tiene la limitante que todos conocemos en materia de atribuciones parlamentarias, sobre todo respecto de las indicaciones de aumentar partidas presupuestarias que se consideren necesarias.
Sin embargo, estimo importante aprovechar la oportunidad que nos da esta discusión para explicitar, aunque sea de modo testimonial, algunas inquietudes para que sean consideradas en presupuestos futuros, más aún cuando éste es el primero que elabora el gobierno del Presidente Lagos.
Las opiniones respecto de los temas generales o macros del presupuesto las expuso con gran claridad nuestro jefe de bancada, diputado señor José García. Por lo mismo, comentaré algunas materias específicas de interés regional.
En primer lugar, quiero referirme al presupuesto de salud, donde claramente debemos reconocer un aumento. Sin embargo, por todos son conocidos los millonarios déficit de la gran mayoría de los servicios de salud del país, que bordean los 43 mil millones de pesos, como ya se dijo.
Este problema, sin duda, compromete el funcionamiento del sistema en la atención de los pacientes. Se le echa la culpa a la gestión de los centros hospitalarios, pero la verdad es que en muchos casos, además de la gestión, se debe a un financiamiento insuficiente.
En el caso del Servicio de Salud de Aisén, que actualmente tiene un déficit de alrededor de 700 millones de pesos, es fiel reflejo de lo recién señalado.
El financiamiento per cápita que es igual en todo el país es abiertamente perjudicial para las zonas extremas. Daré un solo ejemplo: en la zona central, el litro de oxígeno cuesta entre 380 y 450 pesos; en Coihaique se compra a 1.800 pesos. Los altos costos de traslado que se deben pagar en charter de avionetas a comunidades apartadas y la atención de 40 localidades dispersas en mil kilómetros de extensión, constituyen una realidad absolutamente distinta a la del resto de Chile, como lo demuestran los estudios de costos per cápita para la región, los que hasta el momento el Ministerio se niega a reconocer.
Por eso, hemos propuesto perfeccionar el modelo de financiamiento del sistema público, ya que resulta inexplicable y contradictorio que se estén invirtiendo 9 mil millones de pesos en la ampliación del hospital de Coihaique para mejorar la atención en salud y, al mismo tiempo, el Estado sea incapaz de solucionar en forma definitiva los déficit permanentes que han llevado a esa zona a no tener remedios y a adeudar sumas millonarias en agua, luz y calefacción. La ampliación del hospital aumentará el déficit, porque los gastos serán mayores, pero se mantendrán los ingresos.
Por eso, insistimos en modificar la actual estructura de financiamiento, reconociendo la realidad distinta de cada región.
En segundo lugar, las regiones extremas cuentan con un mecanismo de bonificación a las inversiones de los pequeños y medianos empresarios, más conocido como decreto con fuerza de ley Nº 15, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo. Sin embargo, el presupuesto del 2001 le asigna sólo 1.235 millones de pesos, cifra que sólo fue reajustada, en circunstancias que existían compromisos del anterior Gobierno de la Concertación en orden a aumentarlo sustancialmente.
Esta herramienta, que resulta fundamental para impulsar el desarrollo de las zonas extremas, debe fortalecerse en el futuro si realmente se quiere contribuir al desarrollo armónico del país. Por ejemplo, a Aisén se le asignaron 340 millones de pesos para este año, cifra equivalente a unas pocas indemnizaciones. Resultó ser absolutamente insuficiente, por cuanto, de 199 proyectos que se presentaron y que cumplían con todos los requisitos para obtener el beneficio, sólo se pudo bonificar 79 de ellos, quedando fuera 120 por falta de recursos.
Por la falta de recursos tampoco se ha podido superar el problema de la cesantía, aspecto que frena la contratación de mano de obra y el desarrollo de la zona, lo que demuestra la necesidad de que en el futuro se incrementen estos presupuestos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, me referiré fundamentalmente a la partida 17 del Ministerio de Minería, en especial al subtítulo 25, sobre transferencias corrientes, que son los recursos que el proyecto de ley de Presupuestos autoriza o transfiere a la Empresa Nacional de Minería.
Durante los últimos cuatro o cinco años, el presupuesto ha disminuido en forma sostenida. En 1997, se destinaron 8.943 mil millones de pesos; en 1998, 7.722 mil millones; en 1999, 7.128 mil millones, y el año 2000, 5.507 mil millones de pesos, en moneda de este año. Paralelamente, han disminuido los productores de la pequeña y mediana minería.
Hace seis años, con la Empresa Nacional de Minería como recordaba el diputado señor Prokurica trabajaban alrededor de 1.900 pequeños y medianos mineros; hoy, sólo existen alrededor de 380 y tantos pequeños y medianos productores.
Por eso, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos en la Subcomisión Nº 5 a la que asistí en reemplazo del diputado señor Lorenzini , miembro de dicha Subcomisión me preocupé de la situación. Llegamos a un acuerdo con el presidente ejecutivo de Enami, con la subsecretaria de Minería y con los representantes del Ministerio de Hacienda.
La Subcomisión aprobó la glosa Nº 1 de la partida 17, la cual no está reflejada en la indicación presentada por el Ejecutivo. Es indudable que el espíritu de crear un ítem para que durante el año 2001 existiera un fondo de sustentación del precio del cobre para los pequeños y medianos mineros, radicaba en que, si hubiera necesidad de obtener recursos, no fuera con cargo a los fondos de fomento de la ley de presupuestos que son similares, más o menos, a lo que se gastó en los ejercicios presupuestarios anteriores.
Tal como viene redactada la indicación, en la letra d) de la glosa Nº 1 se señala que, en caso de que opere el fondo de estabilización del precio del cobre para pequeños mineros, el gasto debiera efectuarse con cargo a una disminución de las cantidades consignadas en los anteriores conceptos de gasto. Es decir, si existe un problema con el precio del cobre para los pequeños y medianos mineros, habría que recurrir al fondo, pero sacando recursos de los gastos de fomento, lo que indudablemente es como pillarse la cola.
Sin duda, ese no fue el espíritu que tuvo la Subcomisión Nº 5, ni el acuerdo al que se llegó y al que concurrimos con nuestra voluntad. Si hemos aceptado porque no nos queda otra opción que durante los últimos cinco años disminuyan paulatinamente los recursos para la pequeña y mediana minería, y tolerado, en los últimos años, índices de cesantía de dos dígitos, y en el presente año el lamentable récor de tener la comuna con la más alta cesantía, o que figure en el primero o segundo lugar, dependiendo del mes, como es la comuna de Vallenar lamento que no esté el ministro de Hacienda, pero se encuentra el director de Presupuestos, hoy no es posible seguir en la misma situación, ya que, como lo recordaba el diputado señor Leal , Vallenar tiene un 18,4 por ciento de desempleo.
Acaban de cerrar la compañía minera Maricunga en la comuna de Copiapó, del distrito que representa el diputado señor Leal , lo que producirá mayor cantidad de cesantes.
En consecuencia, he presentado una indicación con otros colegas parlamentarios, a fin de crear efectivamente el fondo de estabilización de precios del cobre para pequeños mineros, pero con cargo al Tesoro Público y no a los recursos destinados a fomento. De lo contrario, habría que aprobar el proyecto original, sin la creación de dicho fondo.
Voy a rechazar la indicación del Ejecutivo porque existe el compromiso del Presidente de la República y confío en su palabra para la creación del fondo de estabilización, en caso de que el precio del cobre quede por debajo de los 85 centavos de dólar la libra.
De ocurrir esa contingencia y salvo que busquemos otra forma de redacción de la glosa respectiva rechazaré la indicación del Ejecutivo. La otra posibilidad es que se acepte la indicación que he presentado junto a otros parlamentarios.
Espero que se ha haga la rectificación del caso. Los recursos para la pequeña y mediana minería son necesarios. Durante los últimos cinco años ha existido una disminución sostenida de los fondos asignados a la Empresa Nacional de Minería. Por lo demás, está el compromiso del Presidente de la República, don Ricardo Lagos , de crear un fondo de estabilización del precio del cobre para los pequeños y medianos mineros.
Por lo tanto, anuncio que rechazaré la indicación del Ejecutivo, salvo que se acepte la que presenté, que es fiel reflejo de lo que se discutió en la Quinta Subcomisión de Presupuestos, o que se llegue a otra fórmula que signifique que los recursos para fomento no se destinen a dicho fondo; de lo contrario, estaríamos disminuyendo los de la Empresa Nacional de Minería. Deseo salvar esta contingencia, a fin de que, en el caso de que el precio del cobre disminuya, se opere con otros recursos, pero no con los de fomento.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Restan cuatro minutos al Comité de la UDI.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, deseo hacer dos consideraciones generales.
En primer lugar, tal como han señalado diversos señores diputados, desde el punto de vista macroeconómico, este Presupuesto es moderno, estable y de futuro. Coincido con el diputado señor Juan Pablo Letelier en cuanto a que la idea de un superávit estructural es, probablemente, su mejor contribución a la discusión nacional.
En segundo lugar, a modo de comentario general, puedo decir que el resultado de este proyecto de ley de Presupuestos no se medirá desde el punto de vista macro, sino microeconómico, sobre todo, por su impacto en el empleo y en el cumplimiento de las promesas electorales formuladas por el Presidente Ricardo Lagos , en la enseñanza media y superior, en la calidad de la vivienda y, en general, en las políticas económicas.
A continuación, quiero referirme a tres aspectos específicos. En primer lugar, lamentamos que este Presupuesto no haga más aportes regionalizadores. Habría sido bueno que el Gobierno diera una carta de navegación mucho más grande para los próximos seis años. En el caso de las regiones extremas como lo dijo el diputado Pablo Galilea , habría sido mejor hacer más aportes al DFL Nº 15, y legislar por la mantención del DL Nº 889, que bonifica la contratación de mano de obra en esas regiones.
En segundo lugar, queremos pedirles oficialmente al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos que se agregue una partida para la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, por la suma de 100 millones de pesos. ¿Por qué? Todos sabemos que uno de los principales problemas que afectan a la salud pública es el aumento de la radiación ultravioleta causada por el agujero que existe en la capa de ozono. El único instrumento que sirve para medir dicha radiación fue prestado por el Gobierno de Brasil, el cual ha pedido que se lo retornen. De manera que quedaremos sin la posibilidad de medir el efecto del agujero en la capa de ozono que produce aumento de la radiación ultravioleta en todo el cono sur de nuestro país.
Por eso, le solicitamos oficialmente al Ministerio de Hacienda existe consenso en la región que haga un aporte extraordinario a la Secretaría Regional Ministerial de Salud magallánica por la suma de 100 millones de pesos para la adquisición del instrumental necesario básicamente un equipo llamado Brewer MX 4, que permitirá predecir el comportamiento de la capa de ozono y tomar las medidas que hoy están adoptando los colegios e instituciones públicas, en general.
Por último, quiero referirme a un tema que será debatido en la sesión de la tarde. Desde ya, anuncio mi oposición a que se conceda la suma de 6.200 millones de pesos a la Universidad de Chile. No lo digo porque obedezca a una situación especial con dicha universidad, sino porque considero que rompe el esquema de financiamiento universitario, que es público, accesible para todo el mundo y, sobre todo, concursable. La mayoría de los programas financiados de esta forma pueden serlo por otras universidades, como los programas relacionados con la marea roja, formación de especialistas médicos, agroforestales, políticas públicas, bioética, etcétera. De manera que sería mucho más adecuada una política de concurso público en lugar de este monopolio de fondos que me parece absolutamente inadecuado y que rompe el modelo de financiamiento universitario.
Ojalá se hubiera incluido en el proyecto la prórroga del decreto ley Nº 889 y se hubieran aumentado los fondos establecidos por el DFL Nº 15.
Reitero mi petición al ministro de Hacienda y al director de Presupuestos en cuanto a que se asigne a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes la suma de 100 millones de pesos, de manera que pueda adquirir el equipamiento que nos permitirá controlar los problemas del ozono.
Para terminar, anuncio mi oposición al tema relacionado con el aporte de 6.200 millones de pesos para la Universidad de Chile.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo del Comité de la UDI.
En el tiempo que le resta al Comité Socialista, tiene la palabra el honorable diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, este debate presupuestario ha sido distinto al de otros años, puesto que ahora existe un conjunto de acuerdos básicos para los supuestos macroeconómicos. Puede haber un margen de discusión, pero hay acuerdos fundamentales sobre los supuestos.
Considero que ha existido una importante valoración del enfoque conceptual con que se presentó y se planteó el tema del déficit en un período más largo. Es destacable la información que se nos ha entregado, la cual tiene un valor cualitativo. Sería muy importante que los parlamentarios que no forman parte de la Comisión Mixta de Presupuestos pudieran acceder a esta información, porque ella se ha ido perfeccionando y desarrollando cada vez más.
El problema principal tiene que ver con que no es posible discutir el Presupuesto sin las políticas. Es nuestra mayor insuficiencia y debilidad, porque la asignación de recursos tiene que ver con objetivos, propósitos, y en el procedimiento que seguimos normalmente tenemos que entrar a discutir de lleno las cifras y las partidas presupuestarias como tales.
Hay que buscar formas de debate que permitan evaluar globalmente los recursos, en función de objetivos. Por ejemplo, en el plano económico, es muy importante discutir qué estamos haciendo en desarrollo productivo, qué rol está cumpliendo el Estado en el fomento y desarrollo de la pequeña empresa. En esto, además de globalizar el debate, a lo mejor nos falta creatividad para ver cómo logramos conseguir recursos para impulsar ciertas iniciativas. No estamos a favor de un Estado empresario, puramente regulador o subsidiario; somos partidarios de un Estado con liderazgo, que sea capaz de poner a la pequeña empresa en una perspectiva distinta, de ofrecer alternativas al capital extranjero, aliado a pequeñas y medianas empresas chilenas, por ejemplo, para procesar el acero o el cobre. Necesitamos un Estado con ese tipo de liderazgo, y para materializarlo hay recursos: las AFP los tienen. Eso se logra con un sistema de ingeniería financiera que permita trasladar parte de esos recursos al desarrollo productivo y no tenerlos en circuitos aparte. Es decir, necesitamos un debate cualitativo, por ejemplo, sobre este eje.
Asimismo, es necesario debatir el tema de las políticas sociales, porque en esta área existen problemas serios, aunque hoy el más apremiante es el del desempleo, que está ligado a lo que señalé anteriormente, y creo que no podemos enfrentarlo con fondos de contingencia ni con programas municipales. Un programa de empleo estructural, más permanente, tiene que ver con replantear el rol de la pequeña y mediana empresa dentro de nuestra economía, con la forma de financiarlo y con el rol de procesador de materias primas y de incorporación de valor agregado. Es una discusión de más largo plazo.
Respecto de las políticas sociales, existe un debate pendiente sobre cómo vamos a reconstruir la forma en que se vinculan los chilenos; es decir, el tejido social. Asimismo, muchos otros temas, como el relativo a la seguridad ciudadana, a las drogas, a la falta de participación de la juventud, que muchas veces se critica, tienen su origen en el hecho de que nuestra sociedad, el tejido social, los vínculos entre las personas, la forma en que se convive, se ha ido debilitando o deteriorando. Sin embargo, no discutimos sobre ello. Cuando vemos un presupuesto en el caso de Digeder de 27 mil millones de pesos, que no está orientado hacia un objetivo social, sino, al parecer, sólo a la formación de talentos deportivos; cuando se trata de una de las principales partidas presupuestarias para construir vínculos y relaciones entre las personas, uno piensa que hay discusiones pendientes.
También hay que analizar la forma en que vamos perfeccionando la manera de responder a las necesidades, que hoy no son las mismas de hace diez años. En vivienda, presentamos dos indicaciones: una, tendiente a que el próximo año el Ministerio de Vivienda tenga, al menos, un programa piloto orientado al primer quintil que no tiene acceso a los programas vigentes. Asimismo, incorporamos una glosa que permite al ministerio comprar terrenos fuera del perímetro urbano, a fin de abaratar su adquisición. Ambas cosas están ligadas a los programas de viviendas sociales que permitan ayudar a los sectores que hoy no pueden acceder a los beneficios.
En educación tenemos un serio problema: en las zonas en las cuales se edifican viviendas no se construyen colegios. Y no se trata de que no haya dinero, sino de que el fondo de infraestructura educacional está orientado a complementar la jornada escolar completa, pero no a cumplir su objetivo: construir colegios en los sectores donde no existen.
Respecto de salud argumentaré más ampliamente en la sesión de la tarde, durante la discusión en particular, las desigualdades son muy grandes. Hay servicios, como los que atienden el barrio alto, que tienen muchos recursos; sin embargo, los servicios de salud de la zona oriente cuentan con menos fondos. Esa desigualdad es producto de la inercia, materia que debemos discutir, a fin de aumentar la eficiencia con que hacemos las cosas.
Otro eje importante como dijo un diputado hace un momento es el relativo a la cultura. Tenemos que discutir cuántos recursos estamos destinando a la cultura y a la investigación. Es un problema de país, porque no existe ninguno con perspectivas de desarrollo que no asigne muchos recursos a la cultura, a la investigación y, también, a la modernización del Estado, porque eso es lo que permite mirar hacia delante. Necesitamos más discusión de políticas y no sólo de cifras.
Nuestra bancada está absolutamente convencida de que la Universidad de Chile requiere y necesita los 6 mil millones destinados a proyectos prioritarios.
Otra cosa son los fondos concursables, que en este momento alcanzan a 25 mil millones de pesos, los que, cuando se inició el programa de la Universidad de Chile no existían. Además, al fondo de desarrollo institucional hay que agregar el Mece superior. La Universidad requiere de estos recursos.
Además ¿cómo se hará sismología? ¿Con fondos concursables? Sismología requiere recursos sostenidos en el tiempo, porque eso no se improvisa. Se trata de crear y atender una red sismológica.
¿Se financian con fondos concursables las actividades que una orquesta sinfónica realizará durante un año? No, se requieren recursos especiales.
¿Cómo se forman los especialistas médicos? Se requiere un aprendizaje permanente.
La bancada socialista está absolutamente de acuerdo con destinar fondos para la Universidad de Chile. Este aspecto hay que modificarlo en el presupuesto del próximo año y hacerlo de otra manera.
Es todo cuando puedo decir.
Muchas gracias.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo del Comité del Partido Socialista.
Tiene la palabra el diputado señor García, don René Manuel .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, es muy importante discutir el Presupuesto de la Nación, pero lo es más el reflejo que proyecta a la gente; es decir, cómo le llegan los fondos que su Excelencia el Presidente de la República y los ministerios van dando a las personas. Por ejemplo, en la zona que represento, que es agrícola, siempre, invariablemente, cuando los agricultores van a pedir algo, escuchan la vieja cantinela: se acabó la plata.
Aquí tenemos un buen ejemplo para decir a los agricultores que el presupuesto de Indap no es menor. Son 92 mil millones de pesos, y si advertimos que atiende, más o menos, a 100 mil pequeños agricultores, les corresponde casi un millón de pesos por agricultor.
No obstante, siempre los programas se distribuyen a dedo. Esto es preocupante, porque este año se apreció cómo gente, hasta hace un mes y medio, todavía no tenía los fondos para comprar su semilla y su abono para poder sembrar.
En consecuencia, para conectar esto con lo que estaba diciendo al principio, no preocupa cómo se haga el presupuesto, sino cómo somos capaces de distribuirlo para que las personas vayan percibiendo lo que la Cámara de Diputados aprueba en el presupuesto cada año.
Por ejemplo, ocurre una injusticia tremenda con un grupo de personas de Curarrehue, que no encuentro ya a quién planteársela. En el país, hay zonas de extrema pobreza, que no las señalamos los parlamentarios, sino que las define el gobierno. Una de ellas es la comuna de Curarrehue que, de conformidad con el plan de electrificación, tiene luz eléctrica desde hace meses. Aprovechando que está presente el director de Presupuestos, le voy a señalar que 130 familias, todas de comunidades indígenas, ven pasar sólo la energía eléctrica, porque no han podido conectarse a la red toda vez que no disponen de los 130 mil pesos para pagar la conexión. Eso lo hemos denunciado en todas partes y lo hemos hablado con la ministra Alejandra Krauss , con la señora intendenta, con todas las autoridades que deben ayudar a esta gente para obtener este beneficio permanente.
Espero que con el gran aumento de recursos que ha tenido la respectiva legislación y el presupuesto de la Conadi, se vaya en ayuda de esas personas que no cuentan con medios económicos.
Es más, se puede hacer un convenio, con el objeto de prestarles esos dineros, porque ninguno de estos agricultores, por modestos que sean, se van a negar a devolverlos en cuotas que no afecte más su actual presupuesto.
Estoy poniendo este ejemplo, pero hay muchas comunas como ésta que deben afrontar la misma situación.
En consecuencia, cuando uno hace un presupuesto serio, responsable, es para que ese adelanto llegue a las personas y no tengamos que andar dando explicaciones a la gente sobre por qué no tiene la luz.
¿Yo le pregunto al director de Presupuestos, por su intermedio, señor Presidente, si lo que estoy planteando no lo considera una tremenda injusticia, después del tremendo esfuerzo que han hecho todos para que esta gente sólo vea pasar la luz? Me molesta que no se ayude a las personas que realmente lo necesitan.
No entiendo por qué se le exige a la gente que opta al subsidio rural una libreta de ahorro, en circunstancias que en el campo no hay urbanización. En la ciudad, justamente se exigen estos ahorros para poder tener urbanización. No hay norma legal que exija que para otorgar el subsidio rural debe haber urbanización, a no ser que se trate de villorrios de 50 casas que se están construyendo.
Cuando uno es parlamentario, esas son las cosas que reclama. Al final, tenemos que dar puras explicaciones.
No constituyen un gasto los recursos utilizados en caminos, en infraestructura, en construcción de puentes y en otras obras. Esa es una inversión, porque favorece a todos y cada uno de los habitantes, del más modesto al más importante de los ciudadanos chilenos.
Pero no puedo entender cómo hoy, que estamos fomentando y queremos tener más turismo en Chile, industria que genera recursos de entre mil y 1.200 millones de dólares, no tengamos un Ministerio de Turismo. Me parece francamente increíble. Eso tampoco sería gasto, sino una inversión, porque se trata de plata limpia que no genera ningún gasto al país, sino que aprovecha la infraestructura del país para desarrollar el turismo.
Esas son cosas que uno ve y que le preocupan.
También se ha engañado a la gente. La han hecho hacer proyectos en Indap para efectuar muchas cosas, pero, al final, se cae en lo mismo, porque una vez aprobados siempre le dicen lo mismo: ¡Se acabaron los recursos!
Al margen del protocolo firmado, que dicen que es trasparente, debieran explicar por qué estas instituciones siempre condonan las deudas y ayudan a las mismas personas y no a todos los que postulan libremente. Eso hay que decirlo aquí, porque los presupuestos deben favorecer al mayor número de chilenos y no solamente a los compadres o a los amigos de los que dirigen las instituciones.
En las instituciones del agro hay que tener una política para todos los agricultores, no solamente para unos pocos. Le voy a citar cifras, señor director, aunque le dé risa. Antes de la campaña presidencial, en las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue repartieron los bonos de los 100 mil pesos, pero cometieron un error gigantesco: fue un bono sectario. Se le dio a menos del 10 por ciento de los agricultores. Veamos, entonces, el resultado de la elección. En Lonquimay, Lavín sacó el 78 por ciento; en Melipeuco, el 79 por ciento, y en Curarrehue, casi un 80 por ciento. Eso demuestra que a la gente no le interesan los regalos, sino que le importa que la ayuda se dé en forma permanente.
Por eso queremos que estas políticas se amplíen al mayor número de gente, para que todos sean los beneficiados y puedan alimentar a sus familias como corresponde.
Ese es el presupuesto que la gente quiere recibir. No nos vamos a las cosas macros, sino que a las micros, para ver si realmente reciben las ayudas que el presupuesto está planteando.
Por eso, señor Presidente, como no tenemos más facultades que aprobar, reducir o rechazar los gastos del presupuesto, en esta oportunidad, con la transparencia que se le está imprimiendo, gracias a lo que se ha generado en el país, no porque se hayan puesto transparentes, sino porque el país ha visto cómo se han malgastado los dineros, ojalá esta transparencia dure.
Por eso, votaré favorablemente el proyecto en debate y tengo la esperanza de que lo que he dicho ayude a las comunidades indígenas.
Por otra parte, hoy tenemos la oportunidad histórica, con los recursos presupuestarios y fondos de tierra que tenemos, de que no se compren más a dedo las tierras para los indígenas, sino que se liciten. En la actualidad, en la Novena Región y en todas partes donde hay oferta, con los recursos disponibles ahora, tenemos muchas oportunidades de comprar el doble de terrenos.
Por eso, es bueno que toda la tierra que se compre, en beneficio del pueblo mapuche, sea por oferta y licitación y no por la gente que decidía a dedo cómo comprar a precios exorbitantes para favorecer a determinadas personas.
Por otro lado, agilicemos pronto la aplicación del decreto ley Nº 701, porque la gente está desesperada y no ve cómo cobrar sus indemnizaciones.
Por las razones expuestas, votaré a favor del proyecto. Ojalá que esta transparencia dure y que la gente vea reflejado el trabajo del Parlamento en hechos concretos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini, por cuatro minutos.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente, en la misma línea de los diputados señores René Manuel García y Montes, concuerdo plenamente con que la discusión parlamentaria de un presupuesto debe basarse obviamente, primero, en objetivos, en metas y en programas. Eso dice el organigrama de las etapas de discusión presupuestaria. Concuerdo con el diputado señor Montes en que la discusión debe basarse primero en políticas, en parámetros, en índices. Eso significa decía el colega que hay análisis pendientes.
Quiero recoger eso, aprovechando la presencia del ministro y del director de Presupuestos. Aquí está pendiente una gran discusión. Creo que esta tarde podremos tener respuesta a muchas interrogantes.
El Ministerio de Economía, con sus distintas subsecretarías y direcciones, tiene un ingreso de 607 mil millones de pesos. El 50 por ciento más de 300 mil millones, proviene de la venta de activos. Los desembolsos de dicho Ministerio están referidos básicamente a inversión real por 111 mil millones e inversión financiera por 400 mil millones.
Si se desglosa el presupuesto de dicha cartera, resulta que la Corfo, una de las instituciones que está dentro de su presupuesto, representa el 90 por ciento de sus ingresos y gastos. Por lo tanto, si analizamos ese Ministerio, debemos analizar la Corfo. El resto, con mucho respeto por otras direcciones, es chimuchina, como diría algún muchacho desconocedor del lenguaje económico.
En ese sentido, si uno analiza la Corfo, se da cuenta de que sus ingresos por activos son del orden de 400 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante procede de venta de activos reales. ¿Qué estoy diciendo? Que el presupuesto del Ministerio de Economía, basado en el de la Corfo, proviene de la venta de activos.
¿Privatizaciones? Están escondidas en un gran bolo.
Con el diputado señor Ortiz recordábamos lo acontecido el año pasado. El gran argumento que nos dieron este año para privatizar a Essbío, más allá de las consideraciones técnicas, estaba en el presupuesto. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos las platas, parlamentarios de la Octava Región, si ya tenemos esto ingresado? ¡Cuidado, señor ministro y señor director de Presupuestos! Para tranquilidad de las regiones en las cuales están las empresas que se privatizarán en 2001, me recuerdan que, respecto de la empresa sanitaria del Maule, Essam , el Presidente de la República dijo: “Momento; vamos a analizar con calma los resultados de los estudios que se están haciendo; vamos a ver el método y la forma de privatizar. Quédense tranquilos diputados y senadores”. En esto hemos estado juntos con el diputado señor Aguiló y con el senador señor Gazmuri . Me van a decir que otra vez están escondidos en la partida correspondiente a los cien millones de dólares provenientes de la privatización de estas empresas. ¿O acaso está la Zofri o Colbún?
Evidentemente, necesitamos claridad. Como decía el diputado señor Montes: transparencia, reglas claras, perspectiva de futuro.
Entonces, queremos que en la tarde nos contesten qué está considerado. ¿Estamos estimando ingresos y amarrando privatizaciones antes de que las hayamos discutido políticamente con el Presidente de la República y otras autoridades de Gobierno, o nos están diciendo que estos ingresos provendrán de privatizaciones que no tenemos claras? El Presidente de la República lo ha dicho, cumpliendo lo que manifestó en la Séptima Región durante su campaña: “Vamos a ver cuál es el sistema nuevo; no necesariamente la venta de acciones”.
Aquí existe un sistema de venta de gestión e inversión temporal. Hemos planteado la venta por zonas geográficas y la de las distintas áreas de una empresa de este tipo, sea su distribución, recolección, o sus propias plantas de tratamiento. Hemos planteado una especie de capitalismo popular regional: que empresarios de las regiones compren y sean dueños de sus empresas.
Si esto está en la Corfo, miremos los desembolsos. ¿Adónde van? Las únicas partidas grandes de los desembolsos que hay en la Corfo, aparte de los sueldos, salarios y algunas transferencias, son las Pyme, algo por lo cual el diputado señor Mulet ha venido bregando hace mucho tiempo: 95 mil millones. Servicio de la deuda pública. No creo que con las privatizaciones la paguemos.
260 mil millones casi los mismos 299 mil millones por venta de activos, están yendo a la compra de títulos y valores, al mercado de capitales. Quiero saber qué parte de lo que se obtiene con estas privatizaciones quedará en la región, si todos los recursos provenientes de la venta de Essbío está en el mercado de capitales, en juegos financieros.
Quiero dejar planteada la pregunta al ministro o al director de Presupuestos: ¿Qué significan estos cien o doscientos millones de dólares incluidos por venta de activos? ¿Cuáles son las empresas? ¿ Zofri , Colbún , Essar , Essam ? En fin, las que queden. ¿Van a ser privatizadas? Porque ahí sí que se acaban los argumentos, y toda la discusión que ha prometido el Presidente de la República no serviría de nada. Por lo tanto, quiero que, con transparencia y claridad, nos digan qué hay allí.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier por cinco minutos.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, en primer lugar, respaldo todas las políticas de apoyo al mundo agrícola en la línea señalada por distintos colegas, como los diputados señores Jaramillo y René Manuel García , porque no se trata de posiciones políticas. Somos bastante transversales en luchas por intereses puntuales.
Reconozco el trabajo de mi colega Enrique Jaramillo , representante del Partido por la Democracia en la Comisión Mixta que estudió el presupuesto de 2001.
Quiero referirme específicamente a la partida del Ministerio de Obras Públicas.
Cuando se dictó la ley sobre concesiones, las regiones pensaron que serían muy beneficiadas por tener muchos más recursos; es decir, disponer de aquellas platas que, ahora sí, el Estado chileno podía invertir en las grandes obras de infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos.
Es cierto que se hizo mucho, como el colega René Manuel García lo ha reconocido respecto de varias materias en regiones; y que la dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es un organismo que ha sido fundamental para el progreso del país.
Hace tres años, junto a colegas parlamentarios de distintas bancadas, conversábamos con el entonces ministro de Hacienda don Eduardo Aninat , y le señalábamos la importancia de renovar el “pool” de maquinaria, especialmente de camiones, de las trece regiones de Chile. No es posible que en la Octava Región la segunda más importante del país en población, extensión, solamente contemos con un buldózer; es decir, esto es vergonzoso. Hace tres años que queremos renovar los equipos. Hoy estoy pidiendo que compremos 100 camiones para renovar y fortalecer esta dirección tan importante para el país.
Pero hay más, señor Presidente. Hace seis años que se dictó una ley destinada a crear las corporaciones viales para las Regiones Octava, Novena y Décima. Debo decir con mucho énfasis que fue un fracaso, ya que se han dilapidado 9 millones de dólares en forma irresponsable.
Por lo tanto, quiero llamar la atención del Ejecutivo hacia el hecho de que esa ley también establece que si estas corporaciones no cumplieran su objetivo, deben pasar a manos de la dirección de Vialidad.
Por su parte, el colega Víctor Reyes , de la Décima Región, pidió un informe completo al respecto, en el cual se señala que de las 18 corporaciones que existen en las tres regiones, no se puede mencionar ni siquiera una como ejemplo.
Por eso, señor Presidente, pido que se cumpla con lo que establece la ley y que nos preocupemos de fortalecer la dirección de Vialidad, para lo cual hay que entregarle más recursos. Aquí tengo la ley de Presupuestos del 2000, que le asigna 317.127.330.000 pesos, mientras que el proyecto de ley de Presupuestos del 2001 sólo le concede pequeños aumentos.
De tal manera que solicito al Ejecutivo, de la forma más atenta, que pongamos el acento en beneficiar no a una región, sino a estas tres regiones del país.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la honorable diputada señora María Angélica Cristi .
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, durante el debate del proyecto de ley de Presupuestos del 2001, hemos visto una vez más que se ha establecido un protocolo para evaluar su aplicación.
Este es mi tercer período como diputada, y todos los años he visto cómo los parlamentarios plantean formas para evaluar y hacer transparente la concreción de los distintos programas del Presupuesto, así como para establecer indicadores de desempeño, para lo cual se adopta una serie de compromisos destinados a dar a conocer la aplicación del Presupuesto durante el año de su aplicación, para que el Ejecutivo entregue más información y los parlamentarios tengan mayor participación en su elaboración; pero esto nunca se ha logrado hasta la fecha.
Por lo tanto, espero que este nuevo protocolo que se nos plantea este año se haga realidad, con el fin de que podamos conocer la aplicación del Presupuesto, a más tardar, en junio del año que viene.
Por otra parte, este protocolo tiene un anexo en el que se propone la evaluación de varios programas y proyectos gubernamentales para el año 2001.
A propósito de estos proyectos que se propone evaluar, me habría gustado que se hubieran incluido varios más; porque se informó profusamente y como gran novedad que el nuevo Presupuesto disponía el concurso de 200 nuevos proyectos sociales. Hasta la fecha, a pesar de que lo hemos pedido a los Ministerios de Hacienda y del Interior, no hemos podido obtener el listado de esos 200 proyectos concursables que están repartidos en los distintos ministerios. Lo más probable es que muchos de ellos sean muy atingentes a las funciones de los distintos ministerios; pero me parece que no todos tienen la misma priorización respecto de las necesidades por satisfacer. Hay una serie de proyectos, mayores y menores, que totalizan más de 700 mil millones de pesos. No me cabe duda de que tales recursos podrían haberse concentrado en muchos de los proyectos más urgentes.
Considero que en el Presupuesto no hay una priorización de las urgencias. Por ejemplo, no la hay para fomentar el empleo, para mejorar la salud, para aumentar la seguridad ciudadana e, incluso, para mejorar el Fondo Común Municipal, que el propio Gobierno quiere reforzar, medida que estimo absolutamente necesaria.
En esta lista de proyectos figura, entre otros, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis , el que, sin duda, podría pasar a formar parte del Fondo Común Municipal, porque es el indicado para solventar las necesidades sociales, que son difícilmente evaluables, tarea a la cual los municipios no tienen acceso.
Considero que muchos de esos fondos se convierten en una caja negra, en una especie de herramienta de los distintos ministerios para atender a la comunidad y dejar contentos a diferentes sectores. Hay distintos fondos sociales de diferentes ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, junto con un fondo para atender el tema de la seguridad ciudadana, tiene otro para problemas sociales; pero existen muchos más, respecto de los cuales no sabemos a quiénes se entregan, cómo se manejan ni la evaluación de su rentabilidad.
Creo que es urgente conocer esos fondos, sus destinos y la evaluación de todos ellos.
Después del tema de los fondos, quiero detenerme en el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace , organismo dependiente del Ministerio del Interior, al cual se le ha aumentado su presupuesto a 8 mil millones de pesos. El honorable diputado señor Orpis ya se refirió ampliamente a ese tema. Me parece increíble que de esos 8 mil millones sólo se destinen 900 millones de pesos a la prevención del consumo de drogas a nivel escolar. Recientemente, nos informamos de los altos índices de consumo de drogas por parte de los escolares y de la urgente necesidad de reforzar los programas sobre prevención del uso de drogas a nivel educacional.
A su vez, el Ministerio de Educación destina 200 millones de pesos a la prevención del consumo de drogas y alcohol, lo que me parece absolutamente insuficiente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con alrededor de 180 millones para este efecto, lo que me parece aún más insuficiente.
En consecuencia, uno se pregunta lo siguiente: si los Ministerios de Educación y de Salud deben controlar y manejar el tema de la prevención del uso de drogas, ¿por qué se crea una instancia adicional que sólo dedica 900 millones de pesos para ese fin, en circunstancias que es un problema que el país debe abordar con absoluta urgencia? Son cosas que uno no entiende y que, realmente, producen confusión respecto de las prioridades que deben fijarse para solucionar los problemas urgentes.
Por otra parte, año tras años discutimos el presupuesto del Ministerio de Salud y siempre llegamos a la conclusión de que aquí hay un problema de gestión, de administración, de falta de recursos o de mal uso de ellos; pero la verdad es que, a la larga, nunca se ha dado una solución a los problemas de salud, lo que nos ha llevado a que en la actualidad tengamos el dramático antecedente de que hay 220 mil personas en lista de espera para ser atendidas por médicos especialistas o para cirugía. Muchos de estos 220 mil enfermos presionan por la atención que otorga el Ministerio de Salud, debido a los problemas de cesantía que vive el país o a que muchas personas pasaron de las isapres al Fonasa, hecho que se suma a los 40 mil millones de la deuda hospitalaria nacional, drama del cual se informaba hace unos pocos días a raíz de la situación del hospital Gustavo Fricke , que evidencia una verdadera crisis hospitalaria.
Ante esto, uno se pregunta de nuevo: ¿por qué no se prioriza lo más urgente?
El propio Colegio Médico ha insistido en revisar el proyecto de ley de Presupuestos y ha efectuado un desglose de las distintas partidas. Por ejemplo, ha hecho resaltar que el Ministerio de Salud pidió 20 mil millones de pesos para los programas de reforzamiento de la atención primaria; pero sólo se le otorgaron 10 mil millones de pesos, es decir, justo la mitad de lo solicitado. Todos sabemos que la atención primaria es la clave para ir resolviendo los problemas del sector salud del país, como el recargo de las urgencias, de la atención en los hospitales, etcétera.
Otros programas urgentes de reforzar son los de salud mental y todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas. El Ministerio de Salud había pedido 2.700 millones de pesos, pero se le entregaron apenas 885 millones de pesos.
La atención de la salud mental casi no existe en el país. Hace algunos días veíamos, por ejemplo, el drama del aumento de las anorexias, de las bulimias, de las neurosis, de las esquizofrenias. Chile tiene uno de los más altos índices de problemas en salud mental, acrecentado si le agregamos lo que dice relación con prevención de drogas y alcoholismo. En muchos países los programas de salud mental tienen la primera prioridad, y en el nuestro siguen quedando a la cola. ¡No puede ser! Es urgente que el Gobierno asuma la responsabilidad de dar a los organismos de salud los medios para atender la salud mental.
Otro tema, a propósito de salud, tiene que ver con el Fondo Nacional del Discapacitado, Fonadis . Otro fondo adicional. ¿Por qué el Fonadis no es parte del sistema de salud? ¿Por qué tiene que ser un fondo agregado, lo que significa administración y recursos adicionales? Si bien aumentó 2 mil millones de pesos, aproximadamente, el Fonadis aún es insuficiente para atender la discapacidad en el país. En Chile hay más de 600 mil discapacitados, y sabemos del drama de las personas para conseguir los distintos medios que necesitan para atender su discapacidad. ¡Realmente, es increíble!
Por último, quiero referirme al Programa Chile-Barrio, destinado a atender y a erradicar a los más de 900 campamentos que existen en el país, con un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Además, hay un proyecto de largo plazo de Chile-Barrio, de 168 mil millones de pesos, de aquí al año 2003.
Al respecto, quiero hacer dos peticiones. Una, que se adelanten esos fondos para la erradicación de campamentos, a fin de crear 60 mil empleos al año. También pido que los fondos destinados a la erradicación de campamentos, contados hasta 1996, se extiendan, porque hay muchos nuevos y en la comuna de Peñalolén existe el campamento más grande de Chile, con dos mil familias, en los terrenos del señor Miguel Nassur , y que no puede dejarse desamparado ni como una casualidad, porque es un urgente drama social emergente. Por ello, he presentado una indicación, para incluir, en el Programa Chile-Barrio, el campamento de Peñalolén.
Es todo lo que puedo adelantar en mi tiempo.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros, por dos minutos.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, sólo haré dos reflexiones.
Primero, comparto plenamente la idea de que un Presupuesto de la Nación debe tener una matriz, una línea política, y no sólo ser un elemento para cuadrar cifras y generar un ejercicio contable. Cuando aquello se logra, creo que se está cumpliendo con el objetivo de un Presupuesto. Por ejemplo, no considerar, en el tema de las políticas sociales, la línea del deporte como un elemento que también cumple una finalidad social, es un error. Cuando se privilegia sólo el alto rendimiento y no el deporte que se realiza en cada base o sector social del país, estamos equivocados. De manera que eso hay que modificarlo. Sin embargo, cuando se cumple ese objetivo, se logran éxitos, y en el ámbito de viviendas ha habido un buen factor que ayuda a esta comprensión. Por ejemplo, la indicación, aceptada por el Ejecutivo, en cuanto a que los terrenos adquiridos con cargo a la asignación se utilizarán en los programas habitacionales previstos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, según evaluación efectuada por la respectiva Secretaría Regional Ministerial y aprobada mediante oficio de dicho Ministerio, ayuda no sólo a la vivienda urbana, sino también a la vivienda rural.
En el ámbito rural, hay un programa muy exitoso: el de los villorrios agrícolas, mediante el cual mucha gente obtiene el subsidio, pero después no tiene cómo solucionar el problema de pago del terreno, ya sea porque no tienen acceso al crédito por cuanto el monto no corresponde al préstamo hipotecario o, simplemente, porque su condición de sujeto de crédito no está suficientemente acreditada, debido a que muchos postulantes tienen sólo trabajos de temporada.
El hecho de que el Ministerio adquiera terrenos a fin de ponerlos a disposición de la gente para permitirles utilizar el subsidio obtenido o ganado, es un buen paso, porque la glosa, así estructurada, soluciona no sólo el problema del terreno urbano, sino también el del rural, en todos los programas que desarrolle el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre ellos los de villorrios agrícolas.
Por eso, quiero contraponer los dos elementos: realizar un eje articulado que tiene un signo estratégico, con el hecho de no diseñarlo, pues se desarticula un factor esencial de ordenamiento de un Presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia, por un minuto y medio.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, deseo destacar, en la partida del Tesoro Público, dos cifras que apuntan a fortalecer a las regiones extremas, lo que es un hecho muy positivo.
Por una parte, se mantiene y se aumenta en, prácticamente, 2 mil millones de pesos el presupuesto del decreto ley Nº 889, que bonifica la mano de obra en las zonas extremas de Chile. Ello asegura que el beneficio continuará el próximo año, aunque el Gobierno está elaborando una ley para establecer una nueva manera de administrarlo. Sin embargo, los empresarios y los trabajadores de las zonas extremas ya podrán saber que el financiamiento está asegurado y aumentado para el próximo año.
Igualmente, el Fondo de Fomento y Desarrollo para las regiones extremas que establece el DFL 15 ha sido aumentado considerablemente, tal como lo solicitamos los parlamentarios y las fuerzas vivas de las zonas extremas. De poco más de mil millones fue aumentado a 2.400 millones de pesos y fracción, un incremento de más del ciento por ciento, lo que apunta exactamente a incentivar la radicación de pequeñas y medianas empresas en las zonas extremas.
Tengo la satisfacción de haber leído hoy en la prensa de Arica que el intendente dio a conocer el informe del Comité Resolutivo, que decide a quién se adjudica el Fondo y en el cual participan también tres empresarios privados, con numerosos proyectos que, en el caso de Arica, han sido beneficiados con el 20 por ciento. Hay algunos con 90 millones; otros, con 4 millones, y hasta con 1 millón; o sea, una amplia gama de actividades productivas se está beneficiando, gracias al Fondo, que sólo este año contó con poco más de mil millones de pesos. De manera que los 2.400 millones de pesos y fracción que se proponen para el 2001 aseguran que muchos más empresarios van a ser beneficiados y que las zonas extremas tendrán un apoyo real del Gobierno, como lo han solicitado la ciudadanía, los parlamentarios y todos los que tienen interés en que haya crecimiento y desarrollo económico en zonas extremas, como Arica y Parinacota , distrito que represento.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma, por 10 minutos.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, quien haya estado siguiendo el debate tanto en la Sala como en las tribunas, o en el canal de televisión de la Cámara de Diputados o, en la página web de la Corporación en Internet, tal vez se pregunte si estamos en una hora de Incidentes prolongada o no logre entender por qué las intervenciones de los señores parlamentarios en esta sesión se refieren a temas tan variados. Eso es porque con plata se compran huevos, y si no hay recursos para las cosas que se quieren hacer, simplemente no se pueden efectuar, y la ley de Presupuestos fija lo que haremos el próximo año.
Señalo esto porque, sin duda alguna y me parece muy positivo para la idea que quiero desarrollar a continuación, casi todo lo que se ha expresado en la Sala significa pedir que el Gobierno gaste más recursos. Tal vez con la excepción de la intervención del diputado señor Dittborn y puede que se me escape alguna más, en todas se ha pedido que el Gobierno gaste más recursos de los que están dispuestos en el proyecto de ley de Presupuestos. Eso me parece muy positivo para la coyuntura actual, porque en este presupuesto se ha introducido, por primera vez, una regla muy positiva que planteó el ministro señor Eyzaguirre , que apunta a diferenciar las proyecciones estructurales del presupuesto público de las coyunturales o efectivas de cada año. Así, el objetivo de las finanzas públicas, sobre el cual basan sus opiniones y evaluaciones los inversionistas externos y privados, y que nosotros debemos considerar en nuestro análisis, habla de la regla del superávit estructural del uno por ciento del producto.
Para quienes no son expertos en la materia, esto significa trataré de decirlo de manera sencilla que en el largo plazo, el presupuesto debiera tener un superávit de uno por ciento en promedio, y que en la planificación presupuestaria no se debieran considerar elementos de fluctuación anuales que a veces tienen una importancia muy grande. Por ejemplo, si el precio del petróleo durante este año como ocurre, está muy por encima de lo que se espera sea su precio permanente, no lo consideremos como elemento que defina nuestro comportamiento de coyuntura, sino sólo de largo plazo.
¿Por qué hago este análisis? Porque el presupuesto contiene elementos muy meritorios, como la reasignación por concurso entre distintas reparticiones públicas de un fondo equivalente al 2 por ciento del presupuesto inercial. Además, con motivo de su discusión, no sólo se han introducido programas de evaluación por parte de expertos que ya tenemos por cuatro años, sino también dos programas públicos de evaluación de impacto, es decir, se van a desmenuzar los programas para saber si efectivamente están sirviendo a la población. Sin embargo, creo que en cuanto a lo que ha definido como su primera prioridad, este presupuesto no es el mejor que podríamos tener.
Su primera prioridad es generar empleos. Si bien contempla, como inversión pública, la creación de unos 42 mil empleos adicionales para el próximo año, en la intervención del Presidente de la República del 31 de octubre se anunció la creación de un fondo de contingencia de hasta 100 mil millones de pesos para enfrentar el tema del desempleo, lo cual, a la larga, corresponde a una reasignación de recursos para estimular la mantención de determinados puestos de trabajo. O sea, no son recursos adicionales.
¿Cuál es la coyuntura que estamos viviendo en la economía? Tenemos una economía que crece en forma sostenida y una proyección para el próximo año también de crecimiento sostenido, pero que no es impulsado por la demanda interna, sino por la externa. Lo que necesitamos es activar, impulsar la demanda interna para que haya mayor gasto interno y más empleo. Eso lo puede hacer el sector privado o el público y, sin alterar la regla del superávit estructural, podríamos tener una mayor demanda por parte del sector público que haga crecer, que impulse la demanda interna, de manera que se generen más empleos.
Esto puede ir en contra de las reglas de la ortodoxia, pero a favor de reglas más antiguas que las del consenso de Washington y del Fondo Monetario Internacional.
¿Qué necesita nuestra economía? Más gasto interno, que no está siendo impulsado por el sector privado, cuyos principales ahorrantes se han transformado en rentistas de la economía. Esto no lo digo sólo yo, lo dijo primero el ex senador Sebastián Piñera y, después, si no me equivoco, el presidente de la Sofofa, señor Lamarca . Aquí, gente que obtuvo grandes recursos, en lugar de provocar mayor demanda en la economía, está depositándolos en fondos de inversión de largo plazo dentro del país o fuera de él, lo cual no estimula la demanda. Para ello, necesitamos un mayor impulso y ésa deberá ser tarea del Gobierno.
Creo que el presupuesto es muy bueno en el largo plazo, pero puede ser mejor en la coyuntura. Eso requiere aceptar lo que casi todos los parlamentarios han señalado, producto de sus necesidades domésticas: que es posible y necesario un mayor nivel de déficit, de gasto, sin alterar la regla de superávit estructural o entender esto como un mayor gasto permanente, y cuando la economía tome su trayectoria, su velocidad de crucero, de crecimiento de largo plazo, impulsada también por la demanda interna y no sólo por la exportaciones, volver ese mayor nivel de gasto, de déficit, al que debiera tener a nivel estructural.
¿Cuál es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo? Que si aumentamos el gasto, si calentamos la economía, si la tiramos para arriba, generaremos mayor empleo y demanda y podremos aplicar frenos; pero si esperamos que otros lo hagan, tendremos que atenernos a sus decisiones. Si después queremos aplicar frenos, no será necesario, porque la economía tardará mucho más en reactivarse.
Creo que en esta discusión en general es necesario mirar en su globalidad lo que el presupuesto en discusión significa para el conjunto de la economía. Insisto en que me parece muy bien el análisis estructural, pero creo que es necesario ser más audaces en el coyuntural. Me parece muy bien, y es un avance importante, la reasignación del 2 por ciento de los gastos inerciales, a través de concurso entre los distintos servicios, para que compitan entre sí, mejoren su eficiencia y la de todo el Estado.
También me parece muy bien que exista evaluación, pero no considero óptimo seguir en un tranco que no es el más grande que podemos dar hoy para el conjunto de la economía. Si queremos más empleo, estimulemos la demanda, incrementemos el gasto. Por lo que se ha dicho, creo que sería casi unánime el respaldo a esa política en la Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
Corresponde votar en general el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 20001.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Ávila , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Patricio) , Correa , Cristi ( doña María Angélica ), Díaz , Elgueta , Encina , Espina, Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , JocelynHolt , Krauss , Leal , Leay , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Martínez (don Gutenberg) , Melero , Mesías , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Núñez , Orpis , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Pareto , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Riveros , Rocha , Rojas, Salas , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soria , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta y Walker (don Patricio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
Dittborn e Ibáñez .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se deja constancia de que el artículo 3º reunió el quórum constitucional requerido.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado también en particular, con la misma votación.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto del articulado, con excepción de los artículos 1º y 2º, que contienen las cifras, y del 17, que fue objeto de indicaciones.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
La votación en particular del proyecto se llevará a efecto en la sesión de las 16 horas.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 14.51 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Informe del Grupo Interparlamentario Chileno.
“Valparaíso, 8 de noviembre de 2000.
El Grupo Parlamentario Chileno que participara en la 104ª Conferencia Interparlamentaria de la U.I.P., efectuada en Jakarta, Indonesia, del 15 al 22 de octubre próximo pasado, cumplo con hacer llegar a vuestra Excelencia el correspondiente informe en el que da cuenta de su cometido, para el conocimiento de esa Corporación.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): SERGIO PÁEZ VERDUGO, Presidente del Grupo Interparlamentario ante la U.I.P.; SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Secretario del Grupo Interparlamentario Chileno ante la U.I.P.
A S.E. EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”.
Informe de la delegación parlamentaria que participó en la centésimo cuarta conferencia interparlamentaria, celebrada en Jakarta, del 15 al 21 de octubre de 2000.
“Honorable Senado:
Honorable Cámara de Diputados:
La delegación de parlamentarios chilenos que participó en la 104ª Conferencia Interparlamentaria, efectuada en Jakarta, del 15 al 21 de octubre de 2000, pasa a informaros de su cometido.
Esta delegación estuvo integrada por los siguientes señores senadores: Sergio Páez Verdugo (Presidente) y Carlos Cantero Ojeda, y por los diputados señores Jaime Rocha Manríquez, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Iván Moreira Barros, Edmundo Salas De la Fuente y Carlos Caminondo Sáez. Asistió en su carácter de integrante del Comité de Derechos Humanos de parlamentarios compuesto de cinco miembros participando activamente en el diario y arduo quehacer de éste, el diputado señor Juan Pablo Letelier Morel.
Tanto las sesiones plenarias de la Conferencia, las reuniones del Consejo Interparlamentario del Comité Ejecutivo y de las Comisiones de Estudio se llevaron a efecto en dependencias del Jakarta Convention Center.
Este evento mundial fue convocado en conformidad con el artículo 10 de los estatutos de la Unión Parlamentaria para debatir, principalmente, las siguientes materias:
1)La prevención de los golpes militares y de otro origen en contra de los gobiernos democráticamente electos y contra el libre deseo de los pueblos expresado, a través del sufragio directo y acciones para tratar las graves violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios.
2)Financiamiento para el desarrollo y un nuevo paradigma del desarrollo económico y social para erradicar la pobreza.
3)Cabe destacar que durante la realización del evento fue debatido, como ítem suplementario, aquél relativo a los embargos y las sanciones comerciales a ciertos países y las consecuencias humanitarias que ello implica, tanto para las naciones afectadas como para la economía global.
4)Por otra parte, como tema de emergencia, fue debatido y aprobado un proyecto de resolución propuesto por Argelia, Marruecos e Indonesia, destinada a poner fin a la tensión y violencia en el Medio Oriente, para proteger a los civiles y adoptar acciones que salven el proceso de paz.
La ceremonia inaugural de la Conferencia tuvo lugar en el edificio del Parlamento, con la intervención de su Excelencia el Presidente de la República de Indonesia, señor K.H.
Abdurrahman Wahid; del señor Akbar Tandjing, Presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, y de la señora Najma Heptulla, presidenta del Consejo Interparlamentario.
Durante el desarrollo de la Conferencia todos los señores senadores y diputados integrantes del Grupo Chileno participaron activamente y con singular dedicación en los debates de la Conferencia, en las Comisiones de Estudio y en el intercambio de opiniones y experiencias con parlamentarios de otras delegaciones o en el seno de las agrupaciones interparlamentarias internacionales que, por afinidades ideológicas o de intereses regionales, funcionan en estos eventos.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que vicepresidente de esta Conferencia fue elegido el honorable diputado Carlos Caminondo, y que los siguientes señores parlamentarios pronunciaron sendos discursos, en las instancias que pasan a indicarse:
1.Honorable senador Sergio Páez, en el debate general ante el plenario de la Conferencia, quien expuso acerca del permanente acoso mediático que deben enfrentar hoy en día los legisladores, cuya característica común es la de resaltar imágenes negativas de su función pública, tendencia prevaleciente en la mayoría de los medios de comunicación social, alimentando el desconcierto ciudadano y, luego, el desinterés, la desvinculación y el menosprecio por la actividad parlamentaria. Al efecto, exhortó a la U.I.P. a crear una comisión especial permanente encaminada al análisis global de este fenómeno y a buscar y proponer las soluciones teóricas y prácticas que la gravedad del problema requiere.
2.Honorable senador Carlos Cantero, ante la Comisión encargada de debatir y proponer un proyecto de resolución sobre el tema de un nuevo paradigma destinado al financiamiento del desarrollo y a la erradicación de la pobreza, quien planteó que en la planificación estratégica el rol del Estado resulta insustituible como articulador e integrador de la sociedad civil y el sector privado, en la visión de mediano y largo plazo; resurgiendo, así, la demanda por órganos de planificación, que estén pensando o repensando el futuro, mejorando el sistema de toma de decisiones y ampliando el consenso social sobre las políticas de desarrollo. Lograr un desarrollo territorial armónico con mayor equidad, hace necesario impulsar políticas sectoriales para fortalecer los sistemas de regulación del Estado y políticas de compensación territorial para generar sinergía en las zonas menos integradas al desarrollo.
3.Honorable diputado Jaime Rocha, ante la comisión que tuvo a su cargo estudiar y evaluar un proyecto de resolución sobre el tema de prevención de los afanes golpistas encaminados a deponer gobiernos democráticamente elegidos, quien destacó la importancia de cultivar en las distintas áreas educacionales de cada país, como asimismo en los círculos sociales, culturales y de toda índole existentes en los mismos un verdadero “amor a la democracia”, sin perjuicio de extender la implementación de la llamada “cláusula democrática”, en todos aquellos tratados internacionales que se propugnen, de tal suerte de dejar automáticamente al margen de los mismos a aquellos estados que adoptan gobiernos de facto.
4.Honorable diputado Eduardo Salas, ante la comisión que se ocupó del tema suplementario relacionado a las sanciones de bloqueo u otras de carácter comercial adoptadas en contra de un país, quien, en términos generales, las condenó por el efecto perverso que ellas poseen sobre los pueblos que habitan esos territorios más que sobre los gobiernos que los rigen.
En cumplimiento de los usos y costumbres de la Unión Interparlamentaria en lo que dice relación con los temas específicos consultados para esta Conferencia, el Grupo Chileno oportunamente hizo llegar a su Secretaría General, en sede en Ginebra, sendos documentos conteniendo los proyectos de resolución que proponía nuestro país para ser considerados en tal evento, como, igualmente, los fundamentos en que éstos se basaban. Ello, con el propósito de que estuvieran impresos y a disposición de los demás parlamentarios participantes antes de que se iniciara el debate de cada tema por parte de las respectivas comisiones de estudio, objetivo que se logró con singular éxito en la medida que muchas de sus proposiciones fueron plenamente acogidas en los acuerdos adoptados, en definitiva, por la Conferencia.
Así, en materia de asuntos económicos y sociales, el proyecto de resolución adoptado consensuadamente por la Comisión de Estudio correspondiente y relatado ante el plenario de la Conferencia por el representante de Francia, señor Y. Tavernier, fue ratificado por la unanimidad de las delegaciones participantes.
Los principales puntos consultados en dicha resolución consisten en efectuar un llamado a los países a lograr su desarrollo con medidas humanitarias tales como facilidades crediticias para empresas pequeñas y medianas e impulsando iniciativas en materias de salud, educación y servicios, la protección de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente, incluyendo por una parte, la creación de nuevos empleos y, a la vez, preservando los recursos necesarios para las generaciones futuras; urgir a los países receptores de instaurar mecanismos legales y sociales que permitan asegurar que los fondos allegados son efectivamente usados en el desarrollo económico y social de sus pueblos y en el bienestar de sus habitantes; expresar la necesidad de erradicar aquellos esfuerzos nacionales encaminados a satisfacer prioridades militares o a participar en el comercio internacional de armas y a dirigirlos hacia objetivos más productivos y pacíficos; reafirmar que la lucha contra la pobreza y la desigualdad requiere de la existencia de un estado efectivo, democrático y transparente, respetuoso de los derechos humanos, que también combata la corrupción que siempre golpea más fuertemente a los pobres; urge a los parlamentarios del mundo a jugar un rol central en la implementación de medidas de desarrollo asistido, tanto en sus propios países como en el área internacional.
En lo que dice atingencia con el tema relativo a los golpes contra gobiernos democráticamente electos, el proyecto de resolución adoptado por el Comité de Estudio correspondiente fue relatado ante el plenario de la Conferencia por el señor D. Oliver, de Canadá, y ratificado por asentimiento unánime. Sus puntos resolutivos más importantes apuntan a condenar los abusos contra los derechos humanos parlamentarios y del resto de los ciudadanos con ocasión de golpes militares y de otra naturaleza; urgir a todos los parlamentos a exhortar a sus respectivos gobiernos a propiciar el aislamiento internacional de los regímenes que llegan al poder a través del derrocamiento no democrático de gobiernos de elección popular, considerando la aplicación de sanciones efectivas contra ellos y otras medidas prácticas; efectúa un fuerte llamado s los parlamentos de urgir a sus gobiernos a direccionar el actuar de las organizaciones internacionales y regionales a las que pertenecen para que promuevan una cultura democrática, de buen gobierno y respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos; destaca el rol importante y vital que posee la educación en la formación de una cultura democrática de paz y de no violencia; urgir a todos los parlamentos y gobiernos a asegurar la plena y equitativa participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a las mujeres, las minorías y los grupos vulnerables en los procesos democráticos y democratizadores; requerir del Secretario General de la Unión Interparlamentaria examinar la factibilidad de establecer un mecanismos para monitorear y denunciar las violaciones a los derechos humanos y a las libertades cívicas, reportando acerca de sus resultados a los cuadros directivos de la Unión en la próxima Conferencia.
En cuanto al ítem suplementario, el cual fuera estudiado por el Comité de Asuntos Políticos, de Seguridad Internacional y de Desarme, y cuyo proyecto de resolución fuera relatada por el señor J. Laloy, de Bélgica, luego de considerar que las sanciones económicas deben ser evitadas en lo posible, pero que pueden ser un útil y legítimo instrumento que permita al Consejo de Seguridad para asegurar la paz y la seguridad internacional, y que cuando deban ser impuestas han de ser cuidadosamente ideadas y correctamente implementadas, efectúa una serie de recomendaciones al Consejo para que se asegure que son universalmente aceptadas en el caso que se trate y las consideraciones que debe tener en cuenta antes y durante su aplicación. Además, demanda que los abastecimientos de medicamentos y de alimentos sean sistemáticamente excluidos de cualquiera uni o multilateral sanción impuesta sobre cualquier país. Por último, insta a la elaboración de un instrumento de derecho internacional codificando los estándares humanitarios a ser respetados cuando las sanciones económicas sean aplicadas, que consulte la existencia de una instancia jurídica que conozca de las apelaciones que puedan ser interpuestas por el país afectado por ellas.
En lo que respecta al punto de emergencia, la Unión Interparlamentario adoptó, por una abrumadora mayoría, una resolución propuesta, como se señala, por Argelia, Marruecos e Indonesia, llamando a “poner fin a la tensión y a la violencia en el Medio Oriente, a proteger a los civiles y tomar acciones que salven el proceso de paz”. Sin que se lograra una condena directa a Israel, como lo había propuesto la mayoría de las delegaciones árabes e islámicas, la resolución “deplora profundamente los trágicos eventos que han tenido lugar en los territorios palestinos desde la provocadora visita del señor Ariel Sharon a AlHaram AlSharif, en Jerusalén (mezquita del Domo de la Roca).”.
Por su parte, el otro organismo estatutario de la Conferencia, el Consejo, celebró sendas sesiones, como es habitual, a comienzos y a fines del evento, adoptando los siguientes acuerdos principales:
a)Escuchó y aprobó el reporte de actividades efectuadas durante el período por el Comité Ejecutivo.
b)Recibió y aprobó una relación progresiva acerca de la cooperación entre la Unión Interparlamentaria y el sistema de las Naciones Unidas.
c)El Secretario General rindió cuenta del progreso habido en los planes para la construcción de una nueva sede para la Unión en Ginebra.
d)Aprobó la propuesta del Comité Ejecutivo acerca de los programas de la Unión y las contribuciones de los parlamentos a ella afiliados para el año 2001.
f)Ratificó el acuerdo de celebrar la próxima Conferencia la 105ªen la Habana, Cuba, entre los días 1º y 7 de abril del año venidero, en la cual, sin perjuicio del ítem general relativo a la situación política, social y económica en el mundo, se tratarán los principales siguientes:
Necesidad de asegurar la observancia de los principios del derecho internacional para resguardar la paz y la seguridad mundial.
La educación y la cultura como factores esenciales en promover la participación de hombres y mujeres en la vida política y como un requisito previo para lograr el desarrollo de los pueblos.
Finalmente, cabe destacar la inapreciable ayuda y las múltiples atenciones dispensadas a esta delegación parlamentaria por el embajador de nuestro país ante el gobierno de Indonesia, Excelentísmo señor James Sinclair, y por todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores allí destacado.
Debe señalarse que toda aquella documentación aludida, de una u otra forma, en este informe queda a disposición de los señores senadores y diputados en la Secretaría del Grupo Interparlamentario Chileno.
Valparaíso, noviembre de 2000.
(Fdo.): SERGIO MALAGAMBA STIGLICH, Secretario del Grupo Interparlamentario Chileno”.