Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA REFERIDAS A REBAJA DIFERENCIADA DE ARANCELES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Perez Arriagada
- INTERVENCIÓN : Maria Antonieta Saa Diaz
- ALCANCES SOBRE LA CUENTA.
- POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA. Acuerdo de los Comités.
- RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA REFERIDAS A REBAJA DIFERENCIADA DE ARANCELES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
- V. FÁCIL DESPACHO
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL PAÍS DE ORIGEN. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Cristian Antonio Leay Moran
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- DEBATE
- MODIFICACIONES AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN LATINA. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- DEBATE
- TRATADO ENTRE CHILE Y BRASIL SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDENA EN PAÍS DE ORIGEN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL PAÍS DE ORIGEN. Segundo trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- SUSPENSIÓN DE CLASES CON MOTIVO DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE JÓVENES.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Dario Paya Mira
- Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Ignacio Walker Prieto
- Luis Pareto Gonzalez
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Anibal Perez Lobos
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Sergio Velasco De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE ZONA FRANCA A LA PRIMERA REGIÓN.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Rosa Gonzalez Roman
- Salvador Urrutia Cardenas
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL SIDA EN POBLACIÓN CARCELARIA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Osvaldo Palma Flores
- Carlos Olivares Zepeda
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Manuel Rojas Molina
- Baldo Prokurica Prokurica
- Patricio Cornejo Vidaurrazaga
- Rafael Arratia Valdebenito
- Fanny Pollarolo Villa
- Jose Garcia Ruminot
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Rafael Arratia Valdebenito
- INTERVENCIÓN : Fanny Pollarolo Villa
- INTERVENCIÓN : Guido Girardi Lavin
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- ESTABLECIMIENTO DEL “AÑO DE LA EDUCACIÓN RURAL CHILENA”.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Sergio Velasco De La Cerda
- Edmundo Villouta Concha
- Juan Nunez Valenzuela
- Maria Victoria Ovalle Ovalle
- Patricio Walker Prieto
- Rosauro Martinez Labbe
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Homero Gutierrez Roman
- Miguel Hernandez Saffirio
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- ANTECEDENTE
- SUSPENSIÓN DE CLASES CON MOTIVO DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE JÓVENES.
- VII. INCIDENTES
- SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL.
- FACILIDADES PARA EL PAGO DE DEUDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE ALCANCES DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL. Oficios.
- APLICACIÓN DE NORMAS SOBRE PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN DE INFORMACIONES COMERCIALES. Oficio.
- SITUACIÓN QUE AFECTA A POBLADORES DE PUMALÍN, DE LA COMUNA DE CHAITÉN.
- HOMENAJE A LA COMUNA DE INDEPENDENCIA EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO. Oficio
- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CON LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.
- MEDIDAS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES PESQUEROS. Oficios.
- ADHESION
- Felipe Letelier Norambuena
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Alejandro Navarro Brain
- ADHESION
- APOYO GUBERNAMENTAL AL AGRO POR REBAJA GENERALIZADA DE ARANCELES.
- PACTOS ELECTORALES EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SITUACIÓN DE LA TELEVISIÓN EN CHILE.
- SISTEMA HABITACIONAL PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Oficios.
- ADHESION
- Juan Masferrer Pellizzari
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- ADHESION
- HOMENAJE AL INSTITUTO NACIONAL EN SU 185º ANIVERSARIO. Oficio
- HOMENAJE AL LICEO “ENRIQUE MOLINA GARMENDIA” EN SU 175º ANIVERSARIO. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Luis Pareto Gonzalez
- Zarko Luksic Sandoval
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Anibal Perez Lobos
- Juan Pablo Letelier Morel
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 24ª, en martes 11 de agosto de 1998
(Ordinaria, de 11.13 a 14.15 horas)
Presidencia de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Naranjo Ortiz, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
REDACCIÓN DE SESIONES
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
-o-
- Réplica a publicaciones de prensa referidas a rebaja diferenciada de aranceles. Aplicación del artículo 34 del Reglamento 11
- Alcances sobre la Cuenta 14
- Postergación de tratamiento de proyectos de la tabla del Orden del Día. Acuerdo de los Comités 16
V. Fácil Despacho.
- Convención interamericana sobre cumplimiento de condenas penales en el país de origen. Segundo trámite constitucional 16
- Modificaciones al Convenio Constitutivo de la Unión Latina. Primer trámite constitucional 20
- Tratado entre Chile y Brasil sobre cumplimiento de condena en país de origen. Primer trámite constitucional 21
VI. Proyectos de acuerdo.
- Suspensión de clases con motivo del Encuentro Continental de Jóvenes 25
- Extensión de los beneficios de zona franca a la Primera Región 27
- Medidas sanitarias para evitar propagación del sida en población carcelaria 29
- Establecimiento del “Año de la educación rural chilena” 32
VII. Incidentes.
- Situación del sector forestal 33
- Facilidades para el pago de deudas a pequeños y medianos agricultores de la Séptima Región. Oficio 34
- Información sobre alcances de Tribunal Internacional Penal. Oficios 35
- Aplicación de normas sobre publicaciones en el Boletín de Informaciones Comerciales. Oficio 36
- Situación que afecta a pobladores de Pumalín, de la comuna de Chaitén 36
- Homenaje a la comuna de Independencia en su séptimo aniversario. Oficio 37
- Reunión de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano con la Cámara Chilena de la Construcción 38
Pág.
- Medidas en favor de los trabajadores pesqueros. Oficios 39
- Apoyo gubernamental al agro por rebaja generalizada de aranceles 39
- Pactos electorales en elección presidencial 40
- Constitución de Comisión especial sobre situación de la televisión en Chile 41
- Sistema habitacional para el personal de Carabineros de Chile. Oficios 41
- Homenaje al Instituto Nacional en su 185º aniversario. Oficio 42
- Homenaje al liceo “Enrique Molina Garmendia” en su 175º aniversario. Oficios 42
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual inicia la tramitación de un proyecto sobre securitización y depósito de valores (boletín N° 2216-05) 45
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que perfecciona normas del área de salud (Fonasa) (boletín N° 2132-11) 51
3. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha rechazado la proposición de la Cámara de Diputados para disponer el archivo del proyecto que deroga el artículo 12 y modifica otras disposiciones de la ley N° 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de deudas previsionales (boletín N° 1436-07) 51
4. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical (boletín N° 2170-13) 52
5. Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical (boletín N° 2170-13) 64
6. Moción de los Diputados señores Bustos, don Juan; Elgueta, Pareto, Luksic, Hales, Pérez, don Aníbal, y Letelier, don Juan Pablo, que modifica el Código de Justicia Militar derogando, conforme a la Constitución Política, la integración de la Corte Suprema por el Auditor General del Ejército (boletín N° 2215-07) 67
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-De la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, por la cual solicita que la Cámara acuerde el trámite de Comisiones Unidas con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para el estudio del proyecto que tipifica el delito ambiental (boletín N° 2177-12).
-De la Comisión de Seguridad Ciudadana, por la cual solicita el acuerdo de la Corporación para que se le remitan los proyectos que a continuación se indican, actualmente radicados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia:
a) Regula la organización y funcionamiento de la vigilancia privada (boletín N° 1723-07).
b) Modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (boletín N° 1803-07).
-Del Partido Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el Diputado señor Pérez, don Víctor, asume como nuevo Jefe de Bancada.
-Del Partido Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el Diputado señor Pérez, don Víctor, integrará en forma permanente la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en reemplazo del Diputado señor Paya.
2. Oficios:
Corte Suprema
-De la Corporación, derechos de los niños de la Colonia Dignidad.
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor García-Huidobro, visitas efectuadas al Hospital Regional de Rancagua.
-De la Diputada señora Lily Pérez, investigación en la Municipalidad de La Florida destinada a revisar contrato suscrito con la empresa Omniun.
-Del Diputado señor Montes, retraso en la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ministerio del Interior
-Del Diputado señor Kuschel, estado de avance Proyecto Pavimentación Asfáltica de Maullín a Carelmapu, Décima Región.
-De la Diputada señora Rosa González, cumplimiento de medidas en beneficio de las provincias de Arica y Parinacota.
-Del Diputado señor Hales, degradación de la capacidad de vida en las comunas de Recoleta e Independencia.
-De los Diputados señores Silva y Juan Pablo Letelier, recursos para eficiente operación de draga en la ciudad de Valdivia.
Ministerio de Hacienda
-De la Corporación, elaboración de un plan de desarrollo de Taltal.
Ministerio de Educación
-Del Diputado señor Ignacio Walker, destrucción monumentos arqueológicos en localidades de Chalaco y Pedernal.
-Del Diputado señor Alvarado, postulación de Iglesia de Achao como sitio del patrimonio mundial ante la Unesco.
Ministerio de Defensa Nacional
-Del Diputado señor Huenchumilla, instalación de garita policial en la Población Langdon, comuna de Temuco.
Ministerio de Obras Públicas
-Del Diputado señor Huenchumilla, obras viales referidas a la comuna de Temuco.
-De los Diputados señores Aldo Cornejo, Ojeda, Arratia, Rosauro Martínez, Ascencio, Mulet, Fossa, Prokurica, Gutiérrez y Diputadas señorita Antonella Sciaraffia y señora Laura Soto, preservación del patrimonio arquitectónico de Valparaíso.
-Del Diputado señor Alvarado, muro de defensa costera en comunidad de Auchac, comuna de Quellón.
-De los Diputados señores Kuschel y José García y Diputada señora Cristi, doña María Angélica, estado avance obra de pavimentación camino que une localidades de Chamiza-La Arena y proyectos considerados para las islas de la provincia de Llanquihue.
-Del Diputado señor Correa, instalación de oficinas de información a la ciudadanía en proyectos de concesión, Séptima Región.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Del Diputado señor Bartolucci y Comités Parlamentarios de los Partidos Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista y Por la Democracia, eliminación del descuento del 4% que se aplica a ex trabajadores de Canaempu.
-De la Corporación, modificación leyes Nºs 10.393 y 10.662.
Ministerio de Salud
-De la Corporación, creación de centros para atención integral de discapacitados.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del Diputado señor Huenchumilla, trazado Avda. Costanera, sector Los Boldos; pavimento Avda. Costanera, comuna Temuco; ensanchamiento Avda. Costanera, comuna Temuco; existencia proyecto de pavimentación, comuna de Temuco.
-De la Diputada señorita Antonella Sciaraffia, pavimentación calles localidad de Pisagua.
-De la Diputada señora Laura Soto, situación de aguas lluvias en Concón.
-Del Diputado señor Kuschel, estado de avance proyectos comuna de Calbuco.
-Del Diputado señor Ortiz, proyecto mejoramiento Eje Paicaví en Concepción.
-Del Diputado señor José García, futuro puente sobre el Río Cautín de Temuco.
-De los Diputados señores Hales, Delmastro, Núñez, Jaramillo, Felipe Letelier, Valenzuela y Pedro Muñoz, infraestructura de aguas lluvias.
-Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, deuda habitacional Serviu.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-De la Diputada señora Marina Prochelle, proyectos Fosis que se ejecutan en las comunas de Osorno y San Juan de la Costa.
-De la Corporación, acciones para dar respuesta a demandas del pueblo indígena; mejora en condiciones de vida del pueblo indígena.
Municipalidades de Corral, Concepción, Sagrada Familia, Trehuaco, Colbún, Graneros, Nogales, Laja, Cerro Navia, Huasco, Placilla, Lago Verde, Santa Juana, Licantén, Pelarco, Lautaro, Yumbel, Mariquina, Florida, Río Verde, Curacaví, Tocopilla, Paillaco, Torres del Paine, Paihuano, Calle Larga, San Rafael, Coltauco, Quemchi, Antuco, Puqueldón, Pelluhue, Peumo, Punitaqui, Río Claro, Chimbarongo, Vilcún, Chiguayante, La Estrella y Purranque
-Del Diputado señor José García, personal no docente.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (110)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Allende Bussi, Isabel PS RM 29
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Coloma Correa, Juan Antonio UDI RM 31
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Cristi Marfil, María Angélica RN RM 24
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR IX 51
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Longueira Montes, Pablo UDI RM 30
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
Asistieron, además, los Ministros de Vivienda y Urbanismo, señor Sergio Henríquez, y de Transportes y Telecomunicaciones, señor Claudio Hohmann.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 11.13 horas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 20ª queda a disposición de los señores diputados.
IV. CUENTA
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
RÉPLICA A PUBLICACIONES DE PRENSA REFERIDAS A REBAJA DIFERENCIADA DE ARANCELES. Aplicación del artículo 34 del Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para el efecto señalado en el artículo 34 del Reglamento, han solicitado la palabra los Diputados señores Jaime Naranjo, Juan Antonio Galilea , Enrique Jaramillo , José Pérez y la Diputada señora María Victoria Ovalle.
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta , he considerado oportuno solicitar la palabra, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento, porque me parece extraordinariamente grave y delicado lo que ha ocurrido en estos últimos días.
Estamos enfrentados a la discusión sobre la rebaja de aranceles. Por cierto, sobre la materia hay puntos discrepantes aunque legítimos, pero lo que resulta preocupante es que a través de un medio de comunicación escrito, “El Mercurio”, se haya iniciado una campaña de distorsión para empañar la honorabilidad de algunos parlamentarios que sostenemos la tesis de que lo mejor para el país es la diferenciación arancelaria.
“El Mercurio”, en entrevistas a distintos economistas ortodoxos, ha señalado que quienes sostenemos la tesis de la rebaja diferenciada de aranceles estamos fomentando la corrupción, que somos sujetos corruptibles el día de mañana.
Me parece muy grave que por el solo hecho de plantear una opinión discrepante, que a lo mejor afecta intereses económicos que “El Mercurio” protege, se llegue al extremo de acusar a los 72 diputados que planteamos una posición clara y transparente, de ser propiciadores de la corrupción a futuro.
Quiero preguntar a los parlamentarios aquí presentes, muchos de los cuales aprobamos el acuerdo del Mercosur, que estableció una diferenciación arancelaria: ¿alguno de ustedes ha sentido que fomenta la corrupción, que es sujeto corruptible, porque hoy existe diferenciación arancelaria en el país?
“El Mercurio” llega todavía más lejos. En el fondo, acusa al propio Ministro de Hacienda , a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura, que apoyaron el acuerdo del Mercosur y el tratado con Canadá, de estar fomentando también la corrupción y de ser sujetos corruptibles, porque ellos diseñaron la estrategia para aprobarlos en esta Sala. Se trata de una acusación extraordinariamente grave.
Los mismos que nos atacan por defender la diferenciación arancelaria -que, honestamente, consideramos que es lo mejor para el país-, también nos acusan de proteccionistas. Sin embargo, son los primeros en decir que están abiertos a dar subsidios y compensaciones a la agricultura. ¿En qué quedamos? ¿Acaso los subsidios y la mantención de aranceles no constituyen protección para la agricultura?
Me parece demasiado grave lo que hay detrás de esta campaña de imponer la rebaja pareja de aranceles. ¿Qué se cree el señor Lamarca , que también nos acusa de sujetos corruptibles? ¿Que por ser presidente de la Sofofa es el dueño del país y que puede imponer una rebaja arancelaria para defender sus mezquinos intereses? Eso es lo que hay detrás de esto: los grandes quieren seguir engordando a costa de los pequeños, que cada día se achican más. Eso es lo que ocurrirá en el país con los pequeños y medianos industriales y agricultores. Habrá regiones que serán azotadas por la destrucción, porque la rebaja arancelaria significará desempleo, pobreza y menos desarrollo para muchas de ellas.
Detrás de la campaña por la rebaja arancelaria pareja, liderada por el diario “El Mercurio”, hay intereses extraordinariamente oscuros, que no sabemos qué esconden. Ojalá que, a raíz de ella, el día de mañana “El Mercurio” no cambie de dueño.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señora Presidenta , he solicitado hacer uso de la palabra, conforme al Reglamento, porque cuando la semana pasada un grupo de diputados promovimos una posición respecto del tema de aranceles, lo hicimos en forma seria y convencidos de que los argumentos están de nuestra parte.
Sin embargo, en los últimos días no sólo ha habido palabras descalificadoras respecto de quienes promovimos esa posición, porque se nos acusa de fomentar la corrupción y además de que estamos defendiendo intereses personales. Sin duda, es una descalificación que merece ser aclarada.
Quiero aprovechar la ocasión para poner en su lugar toda suerte de tergiversaciones de nuestra posición respecto de este preocupante y delicado tema.
En primer lugar, se ha dicho que no somos partidarios de la rebaja de aranceles. Eso es falso. Somos partidarios de ella y, junto con eso, queremos que se respete lo estipulado en acuerdos comerciales suscritos por nuestro país, en cuanto a que ciertos productos sensibles, acotados en esos acuerdos, tengan el trato especial que se convino cuando fueron aprobados. Nos parece que un cambio en las reglas del juego implica hacer trampa.
En segundo lugar, se nos ha sindicado de partidarios de los aranceles diferenciados y que éstos son una suerte de pecado económico. También es falso, porque no estamos abogando por aranceles diferenciados.
En los hechos, los acuerdos como el del Mercosur y otros ya han establecido aranceles diferenciados, toda vez que la desgravación no es igual para todos los productos. Por eso, no hay un solo arancel, sino varios. Que se pretenda borrar con el codo lo que se escribió con la mano es, precisamente, lo que reclamamos y no aceptamos.
Por lo demás, son muchos los países del mundo desarrollado con economías de libre mercado que utilizan aranceles diferenciados sin que nadie se escandalice, como ocurre en Chile. Eso debería ser motivo de un debate, pero no de descalificaciones.
Por último, se dice que nuestra postura perjudica a las grandes mayorías de consumidores que tendrían acceso a productos más baratos. Lo repetimos una vez más: no somos contrarios a rebajar aranceles; somos contrarios a hacerlo del modo en que lo ha planteado el Gobierno.
El beneficio para los consumidores tampoco es tan claro y tenemos derecho a ponerlo en duda. Cuando en nuestro país se rebajó el arancel único en forma pareja, los chilenos no sintieron su efecto, los productos no bajaron y las ganancias se quedaron en los bolsillos de importadores intermediarios como, seguramente, volverá a ocurrir. Eso es lo que tememos.
Aprovecho esta tribuna para hacer un llamado a tener un debate serio sobre la materia, a evitar tergiversar los argumentos del contrario, a deponer las descalificaciones personales y, sobre todo, a no abusar de los medios de comunicación, pues eso lleva a la imposibilidad de encontrar y de construir un acuerdo razonable respecto del tema.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señora Presidenta , no he cumplido más que cinco meses en el Parlamento. Estoy muy satisfecho y me parece agradable trabajar con gente tan especial. He conocido a personas interesantes que opiensan distinto. No son más que aquellos que luchan por sus principios e ideales. Son personas que trabajan para servir. No he sido interpelado, ni siquiera una palabra descomedida. Sé que es el comienzo. Soy tolerante.
Pero que un diario de gran prestigio nacional como “El Mercurio”, ataque en su editorial a personas que recién comenzamos y que queremos trabajar por Chile, acusándolas de corruptas, no me parece correcto y no lo comprendo. Estoy confundido.
Está equivocado el editorialista de “El Mercurio”. Por lo tanto, desde este sillón parlamentario solicito una explicación, la que, sinceramente, espero que llegue. De lo contrario, solicito que, por medio de esta honorable Cámara, llegue mi sentir a ese periodista, diciéndole que no soy corrupto. Siempre ha sido mi finalidad, al igual que todos los que estamos aquí, combatir la corrupción y cumplir lo que como mandato se nos entrega: fiscalizar.
Este mal informado periodista del editorial dice que la corrupción se esconde en nosotros. En gran medida, se esconde en quien muchas veces la usa como medio de protagonismo e información.
Apoyar una medida o estar en contra de ella no significa corrupción, sino defender a quienes representamos. Ello requiere estudio, dedicación, capacidad y no adoptar las medidas sin el tiempo de reflexión necesario. Eso le faltó al editorialista de “El Mercurio”: pensar en lo que se dice antes de traspasarlo a las líneas del diario.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Pérez.
El señor PÉREZ ( don José ).-
Señora Presidenta , diversos calificativos nos han afectado en los últimos días como consecuencia de haber suscrito un compromiso público, mediante el cual decimos en forma clara, precisa y categórica que no estamos dispuestos a una rebaja arancelaria pareja, porque afecta los intereses de los más modestos, de los más desposeídos, de quienes están trabajando con celo, fervor y constancia para salir adelante.
Una rebaja arancelaria pareja de seis puntos, como se planteaba inicialmente, afecta a los pequeños y medianos empresarios, a los pequeños agricultores y a la gente del campo, a quienes representamos.
Por eso no estamos de acuerdo con una rebaja de esta naturaleza. Creemos que hay que respetar el compromiso que se suscribió hace no más de dos años cuando se firmó el tratado del Mercosur. Hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. De allí que es imposible pretender confundir la actuación de estos 72 parlamentarios con actos vinculados con la corrupción, porque los débiles, los que no tienen recursos, jamás van a corromper a nadie. Corrompen solamente quienes tienen los recursos y pueden verse afectados por el punto que estamos defendiendo.
Seguiremos en la posición que hemos tomado. Si no hay una compensación clara para los pequeños agricultores y pequeños y medianos artesanos, no vamos a firmar el acuerdo en la forma planteada.
Quiero dejar constancia de mi más profundo malestar por la ligereza con que se ha calificado a hombres cuya acción no tiene otra finalidad que servir a su pueblo, a sus electores, al país, en los términos en que nos hemos comprometido.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora María Victoria Ovalle.
La señora OVALLE (doña María Victoria).-
Señora Presidenta , es increíble que una prensa que se dice veraz, imparcial y objetiva actúe una vez más en beneficio de un solo lado, desconociendo la realidad y tergiversando los hechos respecto de la actuación de 72 parlamentarios que no estamos de acuerdo con la rebaja pareja de aranceles.
Queremos rebaja de aranceles, pero diferenciada; de lo contrario, se afectará a los pequeños y medianos agricultores e industriales del país, quienes quedarán en una posición muy desventajosa, porque no podrán competir con los grandes productores extranjeros que entrarán al mercado nacional sin aranceles. Esto destruirá, especialmente, a la agricultura del secano costero.
Estamos defendiendo a los pequeños y medianos agricultores de los distritos que nos eligieron. Ellos confiaron en nosotros y tenemos la obligación de velar por sus legítimos derechos.
La prensa calla eso, no dice nada; sólo publica un lado de la medalla. ¿Por qué no ha dado a conocer nuestros argumentos para defender esta rebaja parcial de aranceles?
Se olvida este país -¡qué mala memoria tenemos!- de que, para llegar a un acuerdo en el Mercosur, durante años se negociaron los plazos y la forma en que se iban a rebajar estos aranceles. Por ejemplo, se negociaron a cambio de que nuestro vino no entrara a Brasil. ¿Dónde dice algo la prensa al respecto?
Quiero preguntar a los negociadores de ese entonces: ¿Van a disminuir las prohibiciones que tenemos para exportar nuestros productos? Nadie lo dice.
Repito, el poder de la prensa va hacia un solo lado, que siempre es el del más fuerte, y termina doblando la mano al débil, el único perjudicado, el que no tiene siquiera acceso al crédito, ni las ventajas de la economía de escala que sí tiene el grande.
Los parlamentarios que firmamos este acuerdo no estamos defendiendo a los más grandes -que ellos se defiendan solos-, sino a los pequeños y medianos empresarios y agricultores chilenos.
He dicho.
ALCANCES SOBRE LA CUENTA.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Galilea.
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señora Presidenta , en el segundo lugar del Orden del Día de esta sesión se encuentra consignado el tratamiento del informe de la Comisión de Vivienda recaído en la investigación sobre la calidad de la construcción de las viviendas sociales afectadas por los temporales.
La bancada de Renovación Nacional está muy preocupada porque dicho informe no consigna el voto de minoría de la Comisión, lo cual constituye un antecedente inédito en la Cámara. En esta oportunidad, no se ha dejado constancia de los argumentos y razones aducidos por los diputados de nuestra bancada, entre otros, para votar del modo como lo hicieron.
Solicito a su Señoría suspender la sesión para tratar el tema en reunión de Comités.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señora Presidenta , me parece justo el reclamo del Diputado señor José Antonio Galilea. Lo hemos conversado con otros miembros de la Comisión de Vivienda, incluso con la Presidenta de la Comisión , Diputada señora Eliana Caraball.
Existe un segundo informe, de 17 páginas, redactado por otros señores diputados.
No sé si será reglamentario, pero le solicito que considere la posibilidad de tratar el informe en otra sesión, previa lectura de ambos documentos por todos los señores diputados, de modo que podamos debatir sus proposiciones debidamente informados, lo que hoy, por razones de tiempo, no es posible.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta , el 17 de junio, hace casi dos meses, la Comisión de Derechos Humanos, constituida en comisión especial investigadora, informó el proyecto de acuerdo sobre denuncias por maltratos a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio.
La Democracia Cristiana desea saber cuándo se tratará dicho proyecto de acuerdo en la Sala y si está considerado dentro de las prioridades para sesiones especiales, porque es un trabajo muy completo, realizado con gran esfuerzo, y queremos que la Cámara lo trate a la brevedad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señora Presidenta , la letra b) del número 6 de la Cuenta señala que la Comisión de Seguridad Ciudadana solicita el acuerdo de esta Corporación para que se le remita el proyecto de ley, que actualmente se encuentra radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que modifica diversos textos legales para hacer más eficiente la función de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
Deseo consultar a la Mesa si existe un error al respecto, toda vez que ese proyecto, que dice relación con Investigaciones y Carabineros, debería ser enviado a la Comisión técnica, que es la de Defensa, ya que esas instituciones dependen del Ministerio de Defensa, el cual tiene su correlación en nuestra Cámara con dicha Comisión.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).- Señor diputado , la Mesa recoge su planteamiento y lo verá mañana.
Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda para formular un planteamiento sobre la tabla.
El señor OJEDA.-
Señora Presidenta , quiero reiterar lo que señalé hace un momento.
El 17 de junio de este año, la Comisión de Derechos Humanos despachó el informe relacionado con el proyecto de acuerdo aprobado por la Corporación sobre maltrato a conscriptos que cumplen con su servicio militar obligatorio.
Por lo tanto, pido a la Mesa que priorice el conocimiento y discusión de este informe, con el objeto de que sea visto lo antes posible, ya que, hace un tiempo, cuando la Comisión estudiaba este mandato de la Cámara, con justa razón recibimos algunas críticas de la prensa.
En segundo lugar, mañana se va a realizar una sesión especial relacionada con los medios de comunicación, particularmente con las radios satelitales.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Diputado señor Ojeda, ese tema no se relaciona con la Cuenta.
Sobre el primero, la Mesa recoge su preocupación y la planteará en reunión de los Comités.
El señor PAYA.-
Pido la palabra para referirme a la tabla, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , no corresponde abrir más debate sobre la tabla.
El señor PAYA.-
Pido la palabra para referirme a una cuestión de Reglamento.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra señor diputado.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta , deseo formular una pregunta muy simple, ya que quedó una confusión en el ambiente: ¿vamos a tener sólo tabla de Fácil Despacho en esta sesión?
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Los Comités están debidamente informados sobre esa situación, señor diputado.
El señor PAYA.-
Pero la Sala no lo estaba, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Se suspende la sesión por diez minutos, para resolver en reunión de Comités el tema de los proyectos incluidos en la tabla de la sesión de hoy.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
POSTERGACIÓN DE TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA. Acuerdo de los Comités.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Continúa la sesión.
Por acuerdo de los Comités, el proyecto y el informe que figuran en los Nºs 1 y 2 de la tabla del Orden del Día no serán tratados en esta sesión.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL PAÍS DE ORIGEN. Segundo trámite constitucional.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la Convención Interamericana para el Cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
Diputado informante es el señor Leay.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín Nº 1570-10 (S), sesión 36ª, en 12 de septiembre de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 6.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 19ª, en 21 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 7.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra para referirse al proyecto del cual es diputado informante.
Le ofrezco la palabra por última vez.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar sobre el proyecto de acuerdo relativo a la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero, adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1993, cuyo objetivo fundamental es resolver un problema que se presenta en la mayoría de los Estados por las condenas o penas privativas o restrictivas de libertad que sus tribunales aplican a personas que no son de esa nacionalidad, pero que han delinquido en su territorio, por lo que deben cumplir las respectivas penas en cárceles extranjeras.
Por una parte, la Convención precisa que no se trata de eludir las responsabilidades en que los condenados hayan incurrido o de aminorar las sanciones penales que les hayan sido impuestas en los países donde cometieron delitos, sino de ayudar a nacionales en situaciones difíciles, permitiéndoles, a lo menos, cumplir con su castigo en su propio país.
Por otro lado, indica que estas medidas van en beneficio directo de personas inocentes que sufren las consecuencias de actos ajenos, como es el caso de los familiares de los condenados, quienes se ven privados del derecho de tener alguna clase de contacto con ellos.
Informaciones proporcionadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores nos señalan que esta Convención ha sido suscrita por Canadá, Costa Rica , Ecuador , Estados Unidos de América, México , Panamá y Venezuela.
Conforme a los principios generales que la inspiran, los Estados partes se comprometen a permitir que las personas condenadas, nacionales de otro Estado parte, puedan cumplir sus penas en el Estado del cual son nacionales, para lo cual se comprometen a prestarse la más amplia cooperación en la transferencia de dichas personas.
Las condiciones generales establecidas para la aplicación de la Convención son muy semejantes a las que rigen para la extradición, como lo señala el mensaje, en cuanto a que la sentencia condenatoria debe ser firme y definitiva, que el hecho punible lo sea en ambos Estados, que no se trate de una condena a muerte, que reste un lapso mínimo por cumplirse y que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.
Condición determinante es el consentimiento expreso del condenado a su traslado, previamente informado de las consecuencias legales del mismo, lo que podrá ser verificado por el Estado receptor antes de efectuarse el traslado.
Al tomar la decisión relativa al traslado, los Estados partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a la rehabilitación social de la persona sentenciada, la gravedad del delito por ella cometido, sus antecedentes penales, su estado de salud y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor.
Además, el Estado sentenciador deberá proporcionar al Estado receptor cualquier información pertinente sobre la persona condenada, en especial sobre el tiempo de pena ya cumplido y el que pueda computársele por motivos de trabajo, buena conducta o prisión preventiva.
Los gastos del traslado serán compartidos por ambos Estados. Al Estado sentenciador corresponden los que se produzcan hasta la entrega de la persona condenada, y al Estado receptor, los que correspondan desde el momento en que asume la custodia de dicha persona.
En resguardo de los derechos de la persona trasladada, se dispone que ésta no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito sancionado en el Estado sentenciador y que ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo que se prolongue su duración más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador. Éste conserva su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por los tribunales y la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada.
Cabe hacer notar que esta convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia o a otras medidas relacionadas con infractores menores de edad u otras declaradas inimputables.
La Excelentísima Corte Suprema, consultada por la Comisión, opinó favorablemente sobre la posibilidad de que Chile adhiera a esta convención, por estimar conveniente para los intereses del país integrarse de esta forma a la comunidad internacional, permitiendo el beneficio recíproco a las personas que sean afectadas por las circunstancias que en ese instrumento se contemplan. Hace presente, además, que en el proyecto sobre Código de Procedimiento Penal se consideran reglas relativas a la aplicabilidad de los tratados de procedimiento penal chileno.
El Ministerio de Justicia, también consultado por la Comisión, informó que este instrumento es una forma de materializar el deseo de cooperar para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada y de promover la cooperación internacional en el campo del derecho penal.
Además, señaló que esta convención se enmarca dentro de las recomendaciones de las Naciones Unidas tendientes a que los estados miembros elaboren acuerdos bilaterales o multilaterales que faciliten el regreso de los reclusos a sus países de origen a cumplir sentencia.
Por otra parte, considera que, con la vigencia de estas normas, el cumplimiento de la pena se ajustaría a las exigencias humanizantes y de prevención especial que lleva consigo la pena privativa de libertad.
A modo de información, Gendarmería de Chile nos ha comunicado que, respecto de extranjeros, a noviembre de 1997 -en cifras globales-, hay 370 procesados y 309 condenados por acciones penales en el país.
Concluido el examen de esta convención, nuestra Comisión acordó, por unanimidad, recomendar su aprobación, para lo cual propone acoger el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo el honorable Senado.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Leay.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Repito, tiene la palabra el Diputado señor Cristián Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta , no comencé mi informe, porque esperaba que se le aclarara la consulta al Diputado señor Paya , lo que no costaba nada.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Supuse que los Comités habían informado a sus bancadas. Además, cuando terminó la reunión de los Comités, di a conocer a la Sala lo acordado, por lo que no corresponde el planteamiento del Diputado señor Paya.
Tiene la palabra para informar sobre el proyecto en cuestión.
Llamo al orden al Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta, entregaré el informe, pero quiero aclarar que este diálogo lo ha provocado su Señoría, no yo. No podía hablar al mismo tiempo que el otro señor diputado.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Llamo por segunda vez al orden al Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Señora Presidenta,...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Comience su informe, señor diputado.
Llamo al orden al Diputado señor Leay.
El señor LEAY.-
Lo que pasa es que me están hablando, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señora Presidenta , quiero referirme a esta convención por su importancia humanitaria y social.
Creo que, en este caso, se trata de atender al sufrimiento adicional que se agrega a aquellas personas que, privadas de libertad, se encuentran además desarraigadas de su país y de su familia, es decir, en total desamparo. Esta situación es contradictoria con el principal objetivo de privación de libertad del que delinque: buscar la forma de su rehabilitación social.
Creo, además, que en estos casos hay una segunda situación a que debe ponerse atención, cual es el sufrimiento de las familias que habitualmente corresponden a los grupos más pobres de la sociedad y que, por lo mismo, no tienen medios para vincularse y llegar hasta el país en que se encuentra su pariente detenido. Con la iniciativa estamos avanzando en cuanto a la voluntad de cooperación internacional en materia de derechos humanos y aspectos humanitarios. Dicha colaboración internacional debe identificarse y esperamos que en el próximo siglo el espíritu de globalización no sólo sea en materia de mercado y de lucro, sino también en aspectos humanitarios.
Por eso me parece importante la aprobación de este proyecto y hacer estas reflexiones en la Sala. Sólo quiero agregar que, con todo el valor que tiene esta convención, hay dos asuntos que nuestra diplomacia debiera evaluar y ver la forma de perfeccionar. Uno, la exclusividad que se otorga a los Estados para iniciar el procedimiento, excluyendo a los particulares, defecto que es susceptible de corregir, y dos, la discrecionalidad que se otorga a los Estados partes para denegar la solicitud de traslado.
Nuestra Cancillería debiera recoger y analizar esos aspectos; sin perjuicio de ello, reitero la valoración del tratado y anuncio con gusto el voto favorable de nuestra bancada.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar en contra del proyecto, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
MODIFICACIONES AL CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN LATINA. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba las enmiendas al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Joaquín Palma.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 1679-10, sesión 30ª, en 22 de agosto de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 19ª, en 21 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 5.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma.
El señor PALMA (don Joaquín).-
Señora Presidenta , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, pasa a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de la “Enmienda al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina”, adoptada por la resolución Nº 11 del XVI Congreso de la Organización, reunido en París, entre los días 6 y 7 de diciembre de 1994.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional y sin urgencia.
Se ha informado, a propósito del proyecto de acuerdo relativo a la sede de la Unión Latina en Chile, tratado hace pocos días por la Sala, que esta organización intergubernamental está integrada por 30 Estados de lengua y cultura de origen latino, cuyos fines son:
a) Promover la cooperación intelectual entre los países adheridos y reforzar los vínculos espirituales y morales que los unen.
b) Fomentar y difundir los valores de su común patrimonio cultural latino.
c) Procurar el mejor conocimiento recíproco de las características, instituciones y necesidades específicas de cada uno de los pueblos latinos, y
d) Poner los valores morales y espirituales de la latinidad al servicio de las relaciones internacionales, como medio de lograr la mayor comprensión y cooperación entre los países y la prosperidad de los pueblos.
Son Estados miembros: Argentina, Bolivia , Brasil, islas de Cabo Verde, Chile, Cuba, Ecuador , España , Filipinas, Francia, Guatemala, Guinea Bisseau , Haití , Honduras , Italia , México , Moldavia , Mónaco , Mozambique, Nicaragua, Paraguay , Perú, Portugal , República Dominicana, Rumania, San Marino, Santa Sede, Santo Tomás y Príncipe, Uruguay y Venezuela. Además, participan como observadores Angola, El Salvador y Panamá.
En total, son alrededor de mil millones de personas que tienen este patrimonio latino en alrededor de 30 países.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura también tiene acreditado un delegado en la Unión Latina.
Su estatuto jurídico lo establece su Convenio Constitutivo, suscrito por nuestro país el 16 de mayo de 1954, promulgado en el orden jurídico interno por el decreto supremo Nº 356, de 1987, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial del 14 de julio de 1987.
El órgano de la Unión facultado para modificar dicho Convenio es el Congreso, que reúne cada dos años a los representantes de los Estados miembros, según lo dispone la letra d) de su artículo X.
Es así como el XIV Congreso de la Unión, reunido en los locales de la Unesco, en París, entre los días 6 y 7 de diciembre de 1994, aprobó por la unanimidad de las delegaciones presentes y votantes una propuesta de Portugal y Uruguay para introducir dos modificaciones al artículo XIII del Convenio. Con la primera, se aumenta de diez a doce el número de miembros del Consejo Ejecutivo y, con la segunda, se faculta al Congreso para modificar dicha cantidad si se llegare a producir un cambio sustancial en el número de los Estados miembros de la Unión.
La participación que nuestro país ha mantenido en la Unión Latina, desde su constitución en 1954, en Madrid, España , y la suscripción con ella, en 1994, de un acuerdo para permitir que establezca una delegación general permanente en el territorio nacional, justifican que también se haga parte de las enmiendas al Convenio Constitutivo ya señaladas.
En consecuencia, la Comisión decidió, por unanimidad, recomendar su aprobación. Para ello propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, que dice lo siguiente: “Apruébanse las enmiendas al artículo XIII del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, adoptadas por la resolución Nº 11 del XIV Congreso de la Organización, reunido en París entre los días 6 y 7 de diciembre de 1994”.
En este proyecto no existen normas que requieran de quórum especial de votación.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En discusión el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
TRATADO ENTRE CHILE Y BRASIL SOBRE CUMPLIMIENTO DE CONDENA EN PAÍS DE ORIGEN. Primer trámite constitucional.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde la discusión en general del proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el tratado sobre transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Arturo Longton.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2190-10, sesión 11ª, en 30 de junio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de RR. EE., sesión 19ª, en 21 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor LONGTON.-
Señora Presidenta , la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado sobre transferencia de presos condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, suscrito en Brasilia, el 29 de abril de 1998, y sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional.
-Antecedentes generales y reseña del tratado en tramitación.
Al tenor del mensaje, este tratado se inscribe en el marco de la política de cooperación del Gobierno con todos los países del mundo, y en este caso específico se regula la cooperación entre Chile y Brasil en el campo del derecho penal, con el objeto de permitir que los presos condenados, en cualquiera de los dos Estados, puedan cumplir condenas en el país del cual son nacionales con el fin de promover y facilitar su rehabilitación social.
Por su objeto y contenido normativo, este tratado bilateral es concordante con los propósitos y principios que orientan el derecho internacional en relación con los derechos humanos -Chile ha suscrito muchos convenios sobre la materia-, y con la Convención sobre traslado de personas condenadas, adoptada en Estrasburgo, el 21 de marzo de 1993, por los Estados miembros del Consejo de Europa, a la que próximamente también adherirá nuestro país, después de ser aprobada por el Congreso Nacional, acogiendo, de ese modo, una invitación del Consejo de Europa.
Pero es con la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero -suscrita el 9 de junio de 1993 con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, actualmente en tramitación parlamentaria-, con la cual este tratado chileno-brasileño guarda especial relación.
En la Convención Interamericana los Estados miembros de la OEA se comprometen a permitir que las personas condenadas a penas privativas de libertad, nacionales de Estados de la región, puedan cumplirla en el Estado de su nacionalidad, para lo cual convienen en prestarse la más amplia cooperación en la transferencia de dichas personas, inclusive mediante la celebración de los tratados bilaterales que sean necesarios.
En este contexto normativo internacional, Chile y Brasil han celebrado el tratado bilateral sometido a vuestra consideración, inspirados en el deseo común, según lo expresado en su preámbulo, de promover la rehabilitación social de los condenados, permitiendo que sus nacionales puedan cumplir sus sentencias en su país de origen.
En lo sustancial, los diez artículos de este proyecto disponen lo siguiente:
1º Los chilenos condenados en Brasil y los brasileños condenados en Chile podrán cumplir en sus países de origen las penas privativas de libertad que se les haya impuesto por sentencia definitiva, firme y ejecutoriada por hechos constitutivos de delitos en ambos Estados.
El traslado debe ser consentido por el condenado y deberá restar por cumplir, a lo menos, seis meses de la pena privativa de libertad.
Esto está señalado en los artículos I, II y III.
2º Las autoridades centrales competentes para la aplicación del tratado serán los respectivos Ministerios de Justicia, sin perjuicio de que las decisiones de aprobación o rechazo que las partes adopten sobre las solicitudes de traslado del condenado sean notificadas al otro Estado por conducto diplomático.
3º El Estado remitente deberá trasladar al condenado al lugar convenido y el Estado receptor será responsable de su custodia y transporte hasta la institución penitenciaria o lugar donde deba cumplir la pena, inclusive de los gastos correspondientes a partir del momento en que el condenado pase a su custodia.
4º En la ejecución de la pena deberá observarse la legislación y los procedimientos del Estado receptor, pero el derecho a indultar, amnistiar o conmutar la pena se mantendrá radicado en el Estado remitente. El Estado receptor podrá, sin embargo, solicitar al Estado remitente la concesión del indulto o la conmutación.
El Estado receptor no podrá, en ningún caso, aumentar, prolongar, disminuir o revisar la pena impuesta por el Estado remitente y tampoco retener, detener, juzgar o sentenciar al condenado trasladado por el mismo delito que hubiera dado lugar a la pena en el Estado remitente.
5º La aplicación del tratado se hace extensiva a personas sujetas a vigilancia y a otras medidas relacionadas con delincuentes juveniles. En estos casos, las partes se comprometen a convenir el tipo de tratamiento que deberá dispensarse a las personas trasladadas.
6º El tratado tendrá vigencia por tres años, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración, a menos que fuere denunciado. En este caso, su efectos se mantendrán respecto de los condenados trasladados hasta el término de sus respectivas condenas.
Cabe hacer notar que la versión en castellano del tratado contiene diversos errores de texto, que no afectan el fondo de la normativa respectiva. Las partes podrán corregirlos por los procedimientos establecidos en el artículo 79 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que rige en el país como ley de la república, en virtud de su promulgación por decreto supremo Nº 381, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 22 de junio del mismo año.
Las disposiciones en que inciden dichos errores son:
a) En el número 2 del artículo V: “Qualquier” debe ser “Cualquier”.
b) En el número 3 “decisón” debe ser “decisión”.
c) En el número 6 del artículo V: En la cuarta línea, “tambiém” debe ser “también” y, en la décima línea, “caulquer” debe ser “cualquier”.
La aplicabilidad de los procedimientos de la Convención de Viena en situaciones como la descrita permite que la honorable Cámara pueda pronunciarse sin exigir la corrección previa de errores de menor entidad como los indicados.
Concluido el examen de la iniciativa, la Comisión decidió aprobar el proyecto por unanimidad, y recomienda su aprobación en los mismos términos propuestos en el mensaje, que dice:
“Artículo único.- Apruébase el Tratado sobre Tansferencia de Presos Condenados entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, suscrito en Brasilia el 29 de abril de 1998”.
Para los efectos de los Nºs 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar que en la convención no hay disposiciones que se encuentren en las situaciones previstas en dichas normas.
Es todo cuanto puedo informar.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta , tanto el proyecto que aprueba el tratado sobre transferencia de presos condenados entre Chile y Brasil, recientemente negociado por las cancillerías de ambos países, como el proyecto relativo a la convención interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, tratado en primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, sin duda, contribuyen a mejorar nuestra institucionalidad y el derecho internacional.
Sin perjuicio de concurrir con nuestro voto favorable, no debemos perder de vista que hay seres humanos que pueden beneficiarse con estas normas y que ellas facilitan las relaciones entre los Estados, más aún en el caso de Chile y Brasil, país este último con el cual pretendemos avanzar de modo acelerado para lograr una mayor integración económica, política, cultural y social.
De ahí los múltiples tratados firmados con nuestros vecinos del Brasil en diferentes áreas.
Pero también, porque queremos mirar hacia el futuro, debemos hacernos cargo de fenómenos del pasado. Para nadie es un misterio que el tratado llenará un vacío que posibilitó una situación muy innoble e inhumana que está viviendo un grupo de chilenos presos en Brasil hace más de ocho años, condenados en condiciones que a muchos nos merecen serios reparos respecto del debido proceso, porque al margen de los términos legales, fueron sujetos de una coyuntura nacional y terminaron siendo chivos expiatorios de una necesidad política interna de Brasil, con condenas que no guardan proporción alguna con el delito que se les imputa.
A estas personas, tanto chilenas como canadienses y de otras nacionalidades, se les responsabiliza de haber participado en el secuestro de un empresario brasileño, secuestro que fue frustrado en las primeras 24 horas y cuya víctima, gracias a Dios, no sufrió ningún tipo de lesiones.
Producto de la situación interna del Brasil, incluso cuando apelaron de la forma en que fueron tratados, se les aumentó la pena. En algunos casos, llegó a más de 27 años de régimen carcelario, situación que no guarda ninguna relación con lo ocurrido.
En atención a este fenómeno, en nuestras constantes relaciones con Brasil, durante los últimos cinco años se han buscado mecanismos para enfrentar la situación. Más aún, el Estado chileno siempre ha tenido un criterio de mucha apertura en estas materias, tal como lo demuestra el caso de la brasileña a la cual se le atribuyó vinculaciones presuntas con un grupo armado de nuestro país, que fue detenida en 1990 y sometida a proceso, producto de una relación política de Chile con Brasil.
Esa brasileña, Tania Cordero , fue expulsada del país y está viviendo en Brasil.
Los cinco chilenos han sido sometidos a condiciones muy inhumanas, muy injustas, de un rigor que se desconoce en cualquier otro caso en Brasil. Acusados de un delito político, en términos de la opinión pública, fueron sometidos a otras normas legales, motivo por el cual ha habido gran dificultad para que se repare su situación.
Este tratado, que se ha negociado después de mucha insistencia del Gobierno chileno, después de una campaña permanente de los familiares de los chilenos afectados, de un compromiso humanitario y político destacable del embajador de Chile en Brasil, don Heraldo Muñoz , en este caso, permitirá reparar una dramática injusticia producida con connacionales.
Sin perjuicio de que uno comparta o condene, con mayor o menor fuerza, el acto que se les imputa, no corresponde que connacionales sean sancionados, por resolución de tribunales de otro país, de una manera que contradice la igualdad ante la ley, con penas que no guardan relación con las que se aplican a delitos similares o aún más graves; y, peor todavía, que no existan los canales diplomáticos para permitir -este instrumento los posibilita- que esas personas sean transferidas a Chile para su reinserción a la vida nacional, después de una vinculación con nuestro sistema legal.
Con gran satisfacción, los diputados de la bancada socialista aprobaremos este tratado -con el reconocimiento que corresponde a la labor de la Cancillería y del embajador de Chile en Brasil-, mediante el cual esperamos que muy pronto este grupo de cinco chilenos pueda volver a nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE CLASES CON MOTIVO DEL ENCUENTRO CONTINENTAL DE JÓVENES.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Corresponde discutir y votar los proyectos de acuerdo.
El señor Prosecretario dará lectura al primero.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 99, de los Diputados señores Errázuriz, Paya, García-Huidobro, Ceroni, Ignacio Walker, Pareto, Aldo Cornejo y Aníbal Pérez:
“Considerando:
1. Que entre los días martes 6 y domingo 11 de octubre de 1998 se realizará en Chile el Encuentro Continental de los Jóvenes, con asistencia del Papa, su Santidad Juan Pablo II;
2. Que a este Encuentro concurrirán un millón de jóvenes, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, incluyendo a la juventud de América Latina, de América del Norte, del Caribe y de las Antillas;
3. Que el programa considera: martes 6, Día de la Acogida. Los jóvenes son recibidos y ubicados en sus lugares de alojamiento; miércoles 7, Día de las Buenas Noticias. Los jóvenes serán acogidos por las diócesis organizadoras con una Eucaristía. En la tarde, celebrarán los dones recibidos por Dios en sus vidas y anunciarán las buenas noticias que tienen para la sociedad; jueves 8, Día de la Reconciliación. Los jóvenes se reencontrarán con Dios y la humanidad a través de actos solidarios. Habrá un gesto de hermandad con el continente africano mediante una colecta. También se visitarán hogares de niños, ancianos, cárceles, barrios marginales y se construirán mil viviendas básicas para sectores de extrema pobreza. En la noche se celebrará la Fiesta del Perdón para la reconciliación con Dios, con los hermanos y consigo mismo; viernes 9, Día del Reino. Los participantes presentarán el mundo que quieren construir para el próximo milenio. Habrá catequesis, testimonios y trabajos grupales. Al final del día se efectuará un festival de música, teatro y baile, entre otras expresiones artísticas; sábado 10, Día de la Vigilia. En esta actividad -en la que se espera al Santo Padre -, los participantes compartirán los sueños que tienen para el próximo siglo. El momento más importante será aquel en que el Papa enviará un mensaje a los peregrinos, y domingo 11, Eucaristía Final. En la Misa, a la que está invitada toda la familia chilena, dos jóvenes recibirán de manos del Santo Padre , el sacramento de la Confirmación;
4. Que este Encuentro se efectuará simultáneamente en Santiago, San Felipe, Rancagua y Valparaíso, lugares donde se distribuirán los jóvenes que vienen desde el extranjero y donde tendrán lugar las actividades señaladas en el punto anterior;
5. Que a fin de facilitar la concurrencia de jóvenes en las cuatro ciudades indicadas, resulta aconsejable solicitar la suspensión de clases para los alumnos de Enseñanza Media los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar al señor Ministro de Educación que recomiende a las secretarías provinciales de educación la suspensión de clases para todos los alumnos de Enseñanza Media los días miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre de 1998 en la Región Metropolitana, provincia de Aconcagua, provincia de Valparaíso y provincia de Cachapoal a fin de que puedan asistir al Encuentro Continental de Jóvenes que se realizará en Chile esos días, en los lugares señalados”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señora Presidenta , como es de conocimiento público, el próximo 8 de octubre se realizará en Chile el encuentro continental de jóvenes católicos.
Por lo tanto, este proyecto de acuerdo apunta a posibilitar que los secretarios regionales ministeriales den los permisos necesarios para que los estudiantes puedan participar en esa actividad que comprometerá al país entero.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, dada la normativa reglamentaria que rige para los proyectos de acuerdo, estamos obligados a hablar a favor o en contra.
Pero este asunto requiere una reflexión más a fondo, porque nuestro Estado no es confesional. En el sistema educacional público hay alumnos que son católicos; otros, evangélicos; otros, no creyentes. En nuestro país existe una diversidad cultural.
Junto con considerar inoportuno este proyecto de acuerdo, quiero hacer una reflexión en el sentido contrario. Si en nuestro país se llevara a cabo un encuentro musulmán, ¿estaríamos pidiendo al Ministro de Educación que autorice a todos los alumnos no asistir a clases para ir a ese encuentro? Entiendo que no, porque se trata de una minoría respecto de la cual no existe la misma valoración.
No creo que sea responsabilidad del Ministro de Educación hacer este tipo de recomendaciones, por cuanto la política seguida sobre la materia durante estos años -lo digo no obstante haber tenido una formación católica- es que esta opción corresponde a la familia y no al sistema educacional.
Por ende, en ese contexto, corresponde a las familias de los jóvenes que participan en las comunidades cristianas decidir si sus hijos concurren o no a ese encuentro; pero no debemos seguir este camino, por cuanto en otras ocasiones quienes son minoría -en particular el pueblo evangélico-, han percibido situaciones de discriminación. Lamento mucho que haya personas poco tolerantes en las aulas.
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Advierto a los asistentes a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se procederá a desalojar las tribunas.
Se suspende la sesión.
-Después de algunos minutos:
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Continúa la sesión.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , ¿quedó tiempo para hablar a favor del proyecto de acuerdo?
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
No, señor diputado.
Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
EXTENSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE ZONA FRANCA A LA PRIMERA REGIÓN.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 100, de la Diputada señora Rosa González y del Diputado señor Salvador Urrutia.
“Considerando:
1. El cambio profundo que provocan, en la competitividad y sustentabilidad del sistema de zonas francas, los tratados de libre comercio que ha firmado y firmará Chile, con la baja paulatina a cero de los aranceles, lo que obliga a cambiar las ventajas arancelarias en ventajas en calidad y eficiencia de servicios portuarios, de intermediación, de transporte, de distribución y comercialización, de seguridad y financiamiento, etc.
2. La necesidad de que las ciudades-puertos de Arica e Iquique actúen coordinadamente ante los mercados mundiales, buscando complementarse e integrarse, más que competir aisladamente ante las grandes transnacionales del comercio, producción y transporte marítimo y también ante los crecientes flujos turísticos.
3. La constatación de esta nueva realidad ha llevado a muchos ciudadanos de Arica y ahora también de Iquique, encabezados por su alcalde , don Jorge Soria Quiroga, a plantear que, para favorecer la competitividad y el desarrollo futuro de toda la Primera Región , es necesario extender los beneficios de zona franca a toda la región, para que así, en el período de vida útil que le queda, 10 años aproximados, al sistema de zonas francas, Arica, Iquique y Parinacota se integren en igualdad de condiciones y se genere una masa crítica de negocios y empresas que haga de la Primera Región el centro de servicios e integración macrorregional que centro y sudamérica necesita y que permitirá un desarrollo permanente.
Esta Cámara acuerda:
Solicitar al Supremo Gobierno, por ser de su exclusiva iniciativa, dar curso a iniciativas legales que extiendan a toda la Primera Región los beneficios de zona franca, iniciativas adaptadas a la nueva realidad de los tratados de libre comercio”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señora Presidenta , en varias oportunidades, la Cámara ya ha conocido el tema de la falta de desarrollo económico que existe en Arica y Parinacota.
El Gobierno ha dictado una ley y está preparando la introducción de nuevas modificaciones a la misma, entre las cuales se incluyen algunas medidas que otorgan beneficios parciales de la zona franca a la provincia de Arica. Me refiero a la instalación de módulos de venta al detalle, con los beneficios de zona franca, y a que los centros exportadores puedan incorporar productos terminados, procedentes de países sudamericanos. Además, pedimos que el 15 por ciento de los ingresos brutos, que en la actualidad se distribuyen de modo que el 70 por ciento de esa cantidad queda para la provincia de Iquique y el resto, sólo un 30 por ciento, pasa al Fondo de Desarrollo Regional, cuando sean generados por Arica y Parinacota se repartan en similar forma, pero en beneficio de dichas comunas. Son medidas menores que, por iniciativa del Gobierno, apuntan a trasladar a las mencionadas provincias algo del éxito y beneficios que produce una zona franca. Incluso, el alcalde de Iquique, don Jorge Soria Quiroga , a quien agradezco públicamente, tuvo el gesto solidario de decir a toda la comunidad de la Primera Región , incluidas las de Arica e Iquique, que es partidario de que los beneficios de la zona franca se extiendan a toda la Primera Región ; es decir, que también favorezcan a Arica y Parinacota.
Con ese espíritu, hemos presentado este proyecto de acuerdo, a fin de dar una señal al Gobierno en cuanto a que la Cámara también apoya esta idea.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra para impugnarlo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad?
No hay acuerdo.
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL SIDA EN POBLACIÓN CARCELARIA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 101, de los Diputados señores Palma, don Osvaldo; Olivares, García, don René Manuel; Rojas, Prokurica, Cornejo, don Patricio; Arratia, señora Pollarolo, doña Fanny, y señor García, don José.
“Considerando que:
1º Corresponde a Gendarmería de Chile aplicar las normas adecuadas y convenientes del régimen penitenciario.
2º Es de público conocimiento que en nuestro país las cárceles y recintos penitenciarios son un foco de contagio y propagación del Sida.
3º El régimen penitenciario permitiría discriminar y diferenciar de acuerdo a políticas de segmentación encaminadas a la readaptación social y a salvaguardar la seguridad de los procesados y condenados.
4º Dentro de la seguridad del condenado o detenido está el no verse expuesto a contraer enfermedades a raíz de su reclusión, con mayor razón si éstas son mortales.
5º Faltas administrativas y de control, por parte de personal de Gendarmería, han determinado el contagio del Sida a personas que visitan recintos penitenciarios.
6º Se impone como contenido de la formulación de una política institucional el determinar, con absoluta certeza, la población penal portadora del Sida, de la que no lo es.
7º Por el hacinamiento, la promiscuidad derivada de este hecho y la alta ocurrencia de conductas homosexuales al interior de los recintos carcelarios, el contagio del Sida constituye una amenaza permanente para la población penal.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que establezca en la ley orgánica de Gendarmería disposiciones que obliguen a practicar a toda la población carcelaria del test VIH, incluyendo los nuevos ingresos y establecer el aislamiento preventivo a los portadores de Sida que se encuentren recluidos”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señora Presidenta , junto con el Diputado señor Osvaldo Palma hemos presentado este proyecto de acuerdo, aunque nuestro deseo era patrocinarlo como proyecto de ley, porque creemos sumamente importante que a los reclusos de las cárceles se les haga el test del Sida.
Recientemente, en Villarrica, hemos tenido que lamentar una muerte. Además, tenemos antecedentes de que existía cierta convivencia en la cárcel, pero, lo más trágico, es que algunos presos fueron trasladados a cárceles de la misma región. Les hemos seguido la pista, por lo cual podemos sostener que se ha vuelto a formar la misma convivencia entre los reclusos.
¿Qué se pretende, en el fondo? Este proyecto es para preservar la vida. Resulta que muchos reclusos salen contagiados y las familias no tienen conocimiento de que sus maridos, convivientes o pololos están infectado con el Sida. En consecuencia, al existir la obligación de practicar el examen a la gente cuando ingresa a la cárcel, por lo menos, si resulta positivo para alguien, se le puede aislar de manera que no tenga contacto con el resto de los reclusos. Cuando salgan personas contagiadas, que no lo estaban en el momento de su ingreso a la cárcel, por lo menos tendrán un test para probar que se contagiaron dentro de ella -no se trata de que este hecho salga publicado en un diario o sea difundido por la radio, ni mucho menos-, de modo que el familiar más cercano sepa que su marido, pololo o conviviente ha sido infectado y, entonces, poder evitar la propagación de esta trágica enfermedad.
Queríamos proponer un proyecto de ley en ese sentido. Desgraciadamente, los parlamentarios no tenemos las facultades para hacerlo, porque corresponde a materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por ello, con el Diputado Osvaldo Palma y los integrantes de todas las bancadas, hemos coincidido en que este proyecto es absolutamente necesario para detener, de alguna forma, este flagelo en el país.
He dicho.
El señor ARRATIA.-
Señora Presidenta, a quienes nos ha tocado conocer la realidad que se vive en las cárceles de Chile, nos preocupa tremendamente este problema.
Hoy, por razones que conocemos -a lo mejor, porque las cárceles están funcionando en malas condiciones o porque hay sobrepoblación de reos-, en los recintos penitenciarios se vive una situación de irregularidad en términos de que se producen fenómenos anormales de convivencia entre reclusos, reñidos con la moral. La consecuencia de esa situación es que el porcentaje de portadores de Sida dentro de las cárceles es mucho mayor que el existente en la población, en general.
Si bien solucionar el problema de las cárceles no se puede hacer de un año para otro, porque requiere de grandes inversiones, pensamos que mediante un control y, por ende, impidiendo los contactos, se puede evitar que esta enfermedad, que implica la muerte de los contagiados, se propague, de modo que sólo comprometa a los reclusos que la han contraído, pero no a sus familiares y a la población, en general.
Por eso me pronuncio a favor del proyecto de acuerdo, por cuanto vela por la vida de las personas y protege a los reclusos que en este momento no están infectados, quienes, desgraciadamente, no tienen cómo defenderse de este flagelo.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Arratia.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la Diputada señora Fanny Pollarolo.
La señora POLLAROLO (doña Fanny).-
Señora Presidenta , puede parecer una paradoja que yo, que firmé este proyecto de acuerdo, en este momento solicite la palabra para impugnarlo.
La verdad es la siguiente: cuando mi colega Osvaldo Palma pidió mi opinión, coincidí con la importancia de legislar sobre el tema del VIH (Sida) por todo el impacto que esta enfermedad tiene no sólo al interior de las cárceles, sino, en general, en nuestra sociedad. Pero quiero hacer una aclaración sobre este punto. Hemos presentado un proyecto de ley, que se encuentra en la Comisión de Salud, y queremos aprovechar la oportunidad para pedir que sea tratado por la Sala.
Quiero plantear un enfoque diferente respecto de la materia. Es de conocimiento de las instituciones que han trabajado y trabajan en torno a este grave problema que las medidas represivas no tienen ningún efecto positivo. Al contrario, su efecto es negativo, puesto que las medidas coercitivas incentivan su ocultamiento.
El enfoque del tema del VIH -Sida- debe hacerse para proteger los derechos de las personas y buscar una toma de conciencia respecto de las actitudes sanas, a favor de la salud, de la solidaridad. Eso es fundamental.
Debemos debatir el tema; pero para realizarlo tenemos que -y sobre eso pido que haya acuerdo- propender hacia una legislación sobre la materia. Sobre ese punto coincido plenamente, y no insisto sobre la improcedencia del enfoque represivo.
He querido hacer uso de la palabra para decir sólo que éste es un tema complejo, que se debe discutir y legislar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar en contra del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta , comparto la opinión de la Diputada señora Pollarolo , porque el mundo está lleno de experiencias para enfrentar el Sida.
En Chile, setenta jóvenes se contagian a la semana de Sida y ya hay cerca de cincuenta mil enfermos.
El problema no se enfrenta con medidas de corte represivo, sino con una verdadera voluntad política de incorporar, por ejemplo, programas de prevención. En todos los países, mediante grandes campañas, con publicidad en los aeropuertos, en los baños, se promueve un instrumento de prevención, como es el preservativo, que en Chile está absolutamente satanizado.
El tema de fondo, parte del debate, es que junto con luchar contra el Sida, hay que propender a defender la libertad individual de las personas. Incluso, las personas infectadas con este mal son enfermos, y éstos, en todas partes del mundo, tienen derechos; tienen derecho a la confidencialidad, independientemente de que sean presos. Los presos enfermos también tienen derecho a ser tratados humana y confidencialmente.
Cada vez que se aborda el tema, las personas con Sida quedan expuestas a ser señaladas con el dedo y se les somete a brutales discriminaciones. No podemos propiciar la discriminación hacia los reclusos, sean condenados o procesados.
El gran drama del Sida en Chile radica en que no hay campañas nacionales públicas. Estos temas siguen siendo de doble discurso: se dice mucho y no se hace nada en la práctica. Somos cómplices de que se estén contagiando setenta jóvenes a la semana, porque el Sida se enfrenta en Chile con reclusión.
Las acciones del padre Baldo Santi son muy loables -yo lo alabo-, porque la Iglesia es la única que ha hecho algo sobre el tema, pero lo efectúa desde su perspectiva. Sin embargo, la sociedad no ha hecho nada para reincorporar a esta gente a la sociedad, a pesar de que se sabe que las personas afectadas por esta enfermedad no contagian a través del tacto, ni de los besos, ni por contacto personal, sino sólo por medio del acto sexual. Como lo señalaba la doctora Pollarolo , la represión genera en las personas portadoras de Sida aversión hacia la sociedad que los ha abandonado y por ello contagian al resto. Por lo tanto, el afecto, la solidaridad, la integración constituyen la mejor medida.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
ESTABLECIMIENTO DEL “AÑO DE LA EDUCACIÓN RURAL CHILENA”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 102, de los señores Velasco, Villouta, Núñez, Ovalle, doña María Victoria; Walker, don Patricio; Martínez, don Rosauro; Rincón, Ascencio, Gutiérrez y Hernández.
“Considerando:
1º Que el país tiene una deuda histórica con la Educación Rural dado que ésta ha jugado un rol fundamental en el desarrollo intelectual de la familia campesina.
2º Que la labor pedagógica efectuada por profesoras y profesores, por siempre ha sido prácticamente desconocida por la mayoría de la sociedad chilena.
3º Que este sector educacional, lejos el más sacrificado, cumple una doble vocación profesional: enseñar y tener que vivir en lugares muchas veces inhóspitos, aislados y con riesgos de subsistencia personal y familiar.
4º Que las escuelas rurales uni, bi y tridocentes se han caracterizado por la inadecuación de prácticas pedagógicas, con una enorme carencia de recursos para cumplir a cabalidad su trabajo de enseñanza-aprendizaje.
5º Que esta condición de alto riesgo pedagógico de las 3.338 escuelas rurales multigrado incompletas con 18.200 profesores y 96.540 alumnos, serán importantes vínculos en los inevitables cambios que está experimentando la sociedad en el mundo agro-rural en el contexto de modernización de la sociedad global.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República para que a través del señor Ministro de Educación decrete oficialmente 1999 año de la Educación Rural Chilena”.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco.
El señor VELASCO.-
Señora Presidenta , el país tiene una deuda histórica con la educación rural, que ha jugado un rol fundamental en el desarrollo intelectual de la familia campesina. La labor de los profesores rurales ha sido prácticamente desconocida por la mayoría de la sociedad chilena, aunque este sector docente es lejos el más sacrificado, ya que cumple en forma abnegada una doble vocación profesional: enseñar y vivir en lugares muchas veces inhóspitos, aislados y con riesgo de subsistencia personal y familiar.
Me tocó asistir al Octavo Encuentro de Educadores Rurales realizado en Punta Arenas...
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Señor diputado , ha llegado a su término el tiempo destinado a proyectos de acuerdo.
Solicito la unanimidad de la Sala para que termine su intervención el Diputado señor Velasco.
No hay acuerdo.
Queda pendiente la discusión de este proyecto de acuerdo para la próxima sesión ordinaria.
VII. INCIDENTES
SITUACIÓN DEL SECTOR FORESTAL.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Fossa.
El señor FOSSA.-
Señora Presidenta , el martes 4 del presente mes, la Corporación Chilena de la Madera A.G., entidad privada que reúne a todo el sector forestal del país en sus más diversas especialidades, como producción, plantaciones, manejo, medio ambiente y otros, ha cambiado su presidencia, cumpliendo una vez más con esta tradición cada dos años.
En efecto, ha dejado la presidencia el señor Fernando Léniz , ingeniero y empresario, de vasta trayectoria en el campo público y privado, y principal actor en el crecimiento de nuestro país. El señor Léniz no necesita mayor presentación. Vaya para él, desde esta Cámara, un debido homenaje tanto a su persona como a su quehacer.
Ha recibido la presidencia de la Corporación Chilena de la Madera , por los próximos dos años, el colega ingeniero forestal señor José Ignacio Letamendi Arregui , a quien manifestamos nuestros mejores deseos de éxito e incondicional apoyo a su gestión.
El señor Letamendi asume el cargo en medio de una delicada situación para el sector forestal. Efectivamente, los envíos forestales cayeron en más de un 7 por ciento en el primer semestre del presente año, cifra que se eleva a 13,2 por ciento si se excluyen los embarques de celulosa; los envíos de madera en trozos, a menos 78 por ciento; astillas pulpables, menos 30 por ciento, y un 26 por ciento negativo en tableros y chapas. Los precios FOB puerto de la bahía de Concepción han caído en un 30 por ciento, lo que representa una baja en las exportaciones de más de 50 millones de dólares.
La crisis asiática ha afectado, entre otros, los mercados del sudeste asiático y Japón , con bajas del 28 por ciento; los embarques a Indonesia, en 85 por ciento; a Corea del Sur, en 76 por ciento, y a Japón, en 27 por ciento. Sólo vemos una pequeña salida a nuestros mercados de exportación en el Medio Oriente, Estados Unidos y Europa, con un 50, 20 y 3 por ciento, respectivamente. Estas variaciones no han constituido salidas suficientes para evitar que en 1998 la actividad forestal tenga una baja del orden del 15 por ciento.
Muchos aserraderos e industrias de las Octava, Novena y Décima Regiones han debido paralizar, generando un desempleo directo de 5 mil puestos de trabajo y sobre el doble en forma indirecta. La Octava Región solamente sube del 5,1 por ciento de desempleo al 7,1 por ciento en los últimos meses.
No cabe duda de que, dentro de la Octava Región, el distrito 46, que represento -entre cuyas comunas están las de Arauco y Lota-, sigue siendo el más afectado.
Hacemos votos por que la situación se revierta lo antes posible y seamos capaces de manejar el sector adecuadamente. Sin embargo, queremos llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre la difícil situación que está viviendo el sector y que, lamentablemente, una vez más, afecta a los trabajadores del país.
He dicho.
FACILIDADES PARA EL PAGO DE DEUDAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Vega.
El señor VEGA.-
Señor Presidente , deseo plantear la situación que afecta a la zona costera prácticamente de toda la región central del país.
El año pasado, la situación económica de los pequeños y medianos agricultores fue desastrosa; ahora, tal como se presenta el año agrícola, lisa y llanamente, van a quedar arruinados. La Dirección de Riego ya les ha comunicado que no habrá riego para toda la superficie cultivable, y que se producirá una merma del 50 por ciento del recurso disponible. Los agricultores de las zonas de Parral, Retiro, Longaví , Cauquenes y también de las de secano de la Séptima Región no tienen cómo dar cumplimiento a sus compromisos con el Banco del Estado. Además, los pequeños y medianos parceleros con deudas contraídas con la Cora, que también deben contribuciones y las multas que durante todos estos años se les han aplicado, tampoco podrán dar cumplimiento a sus compromisos.
De igual manera, fue imposible, el año pasado, que los pequeños propietarios satisficieran las deudas que tienen con el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Por tal razón, este año también ellas deberían ser condonadas, porque el Indap, en lugar de gastar sus recursos, por ejemplo, en gastos de representación, debería ir en ayuda de los trabajadores más modestos del país.
Por las consideraciones expuestas, estamos estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de acuerdo, con el objeto de que a estos agricultores se les condonen todas esas obligaciones. Mientras tanto, deseo oficiar al Ministro de Hacienda o al presidente del Banco del Estado, para que los pequeños agricultores, de una u otra manera, tengan algún alivio en este período.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE ALCANCES DE TRIBUNAL INTERNACIONAL PENAL. Oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente , a medida que se conocen más informaciones respecto de los alcances del tratado que estaría firmando el Gobierno de Chile en Roma y cuyo objetivo es crear un Tribunal Internacional Penal, la preocupación aumenta.
Lo que está en juego es de extrema gravedad, porque dicho tribunal internacional, a diferencia de otros de similar naturaleza, tendría competencia y jurisdicción concedidas por las partes contratantes e, incluso, podría actuar fuera de los marcos nacionales, lo cual significa ceder soberanía, entendida como la capacidad de juzgar las causas pendientes, fallarlas y hacer ejecutar lo fallado.
El artículo 5º de la Constitución Política señala que la soberanía se ejerce por las autoridades establecidas por la misma Constitución y la ley, y no se puede enajenar. Al transferir potestad jurisdiccional a un tribunal exterior, como la Corte Internacional Penal, se está enajenando la soberanía.
Sin perjuicio de lo anterior, sorprende que los grandes impulsores de esta iniciativa hayan permanecido indiferentes frente a los grandes genocidios y crímenes de este siglo, como los cometidos por el marxismo internacional. Todo eso les pasó inadvertido. Seguramente, tendremos aquí un nuevo ejemplo de quienes gustan colar los mosquitos y dejar pasar los camellos.
Lo más preocupante es que se esté enajenando la soberanía, no diré al margen de la Constitución, sino por encima y al lado de toda constitucionalidad.
Por eso, reitero la petición de oficio que formulé hace quince días, a fin de que se envíe no sólo al Presidente de la República , sino también al Ministro de Relaciones Exteriores y a la Ministra de Justicia , para que informen a la Cámara acerca de los alcances del tratado, del cual sólo se puede obtener la versión de Internet, en la página web de las Naciones Unidas, pero no conocemos una información oficial avalada por nuestro Gobierno.
Pido que se nos haga llegar el texto del tratado, con la opinión fundada de las personas requeridas, acerca de si se enajena la soberanía al conferir competencia y jurisdicción a un tribunal no establecido en nuestras leyes. Además, que informen si ese tribunal, de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, caerá bajo la tuición de la Corte Suprema, y si se mantiene el artículo 80 A.- de la Carta Fundamental, en el sentido de que sólo al ministerio público le corresponde investigar las causas criminales en nuestro país y, por lo tanto, no hay cabida para una jurisdicción extranjera.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
APLICACIÓN DE NORMAS SOBRE PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN DE INFORMACIONES COMERCIALES. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Rosa González.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer profundamente a mis colegas el que hayan votado favorablemente el proyecto de acuerdo Nº 100, que considera a las provincias de Arica y Parinacota como zona franca y que queden en igualdad de oportunidades con Iquique, sentida aspiración de todos los ariqueños y los habitantes de Parinacota.
En segundo lugar, lamento que de nuevo hoy se haya desalojado de las tribunas a pobladores afectados por la precaria situación de sus viviendas, quienes sólo querían expresar públicamente lo que sienten.
Difícilmente podremos entender, sentados en esta Sala, lo que ellos están pasando al ver sus viviendas destruidas y la casi ninguna reacción al respecto.
Señor Presidente, solicito se oficie al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras para que nos informe sobre cómo está aplicando la normativa del decreto publicado el 11 de junio de 1988, relacionada con la ley de cheques y los servicios de informaciones comerciales.
Todos sabemos que Chile está atravesando una difícil situación económica y que la crisis está comenzando. Sin duda, esto afecta con mayor fuerza a Arica. Los pescadores artesanales se han declarado en cesación de pago.
Además, Dicom sigue entregando información en forma reiterada, a pesar de las precisas modificaciones introducidas el 11 de junio de l988 a la legislación que rige la materia, en el sentido de eliminar después de cinco años las informaciones sobre cheques y pagarés protestados. La situación de los pobladores es realmente difícil. No pueden surgir ni acceder a otro trabajo, porque las informaciones de Dicom sobre relaciones comerciales se mantienen durante mucho tiempo.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
SITUACIÓN QUE AFECTA A POBLADORES DE PUMALÍN, DE LA COMUNA DE CHAITÉN.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , en esta oportunidad quiero hacer presente una situación que afecta a habitantes del sector de Pumalín, comuna de Chaitén, provincia de Palena, Décima Región.
En ese sector, el Fisco es dueño de un predio denominado Rebeca de Pumalín, con una superficie de 1.600 hectáreas, el cual se encuentra inscrito a su nombre, a fojas 80, Nº 66, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Chaitén , correspondiente a 1988.
Más adelante, el Fisco inició un proceso de regularización de la propiedad que benefició a aproximadamente 10 familias radicadas en ese lugar. Tanto es así, que en 1993 pudieron inscribir los terrenos a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de esa comuna. Durante el proceso de saneamiento, un tercero presentó oposición, que de alguna manera paralizó temporalmente el trámite. En definitiva, el tribunal no dio lugar a la oposición, se continuó con el proceso de regularización y, ahora, los colonos son propietarios de sus tierras.
Con posterioridad, un tercero interpuso un juicio de reivindicación, con el objeto de expulsar a los colonos de terrenos de los cuales son legítimos propietarios, ya que están debidamente inscritos a su nombre. No obstante haberse hecho valer los mismos antecedentes por los cuales no se dio lugar a la oposición que tenía por objeto impedir que el Fisco saneara el dominio de dichos terrenos en favor de los colonos, en este juicio reivindicatorio el tribunal de Chaitén falla de manera inversa, lo cual hace que hoy esa gente esté expuesta a un eventual desalojo.
Señor Presidente , por su intermedio solicito se oficie al Presidente de la Corte Suprema , a fin de que tenga a bien investigar por qué razón en el tribunal de Chaitén, con los mismos elementos y antecedentes, se falla un juicio reivindicatorio en forma totalmente contraria a como lo había hecho dos años atrás.
Cuesta entender y comprender la situación, porque estamos hablando de pobladores que por décadas han vivido en lugares muy aislados del país y que ahora no han tenido la oportunidad de una adecuada defensa letrada.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , no corresponde oficiar a la Corte Suprema, porque significaría inmiscuirnos en otro Poder del Estado. En todo caso, dentro del propio Poder Judicial están los procedimientos para establecer esa situación.
El señor ALVARADO.-
Está bien, señor Presidente ; pero que al menos quede un testimonio de este asunto en la Cámara.
HOMENAJE A LA COMUNA DE INDEPENDENCIA EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO. Oficio
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES (de pie).-
Señor Presidente , mañana la comuna de Independencia celebra su séptimo aniversario. Quiero destacar este hecho en un momento en que la comuna hace un enorme esfuerzo por lograr su desarrollo y en que hemos expresado preocupación por el desarrollo desigual de la ciudad de Santiago, la que, por el conjunto de conflictos que enfrenta, se hace cada vez más invivible.
Independencia es una comuna de oportunidades.
En ella existe una densidad de alrededor de noventa habitantes por hectárea. Por lo tanto, cuando el planificador urbano, si es que existe, tome la decisión a nivel central de aumentar la densidad a 150 habitantes por hectárea, como pretende el plan regional, esperamos que considere que apenas al otro lado del río disponemos de grandes sectores con viviendas de uno y dos pisos, donde es posible hacer inversión inmobiliaria, como ya ha comenzado a realizarse.
A principios de siglo se invirtió en ese sector, y quedaron construcciones como el conjunto Capitol -donde estuvo el teatro del mismo nombre-, con la maravillosa aplicación de cerámicas españolas, los balcones neocoloniales y su túnel; el edificio del Stream Line, de estilo Bauhaus, construido durante los tiempos de los gobiernos radicales, cuando invirtieron en educación en el Liceo Rosa Ester Alessandri ; el art deco en Maruri, el neotudor en Picarte, en sus casas de dos pisos; las ocho viviendas inglesas pareadas de calle Nueva de Matte, la Casa Lily en Los Nidos, la Cervecera Ebner, la piscina de Kulcewsky y obras como la de Juan Martínez en la Facultad de Medicina, que han marcado el enorme peso que hubo en algún momento en esta comuna que hoy parece volver a recuperar su impulso.
Valoro los esfuerzos que se hacen, y pido que se oficie al alcalde don Antonio Garrido -felicitando en especial a don Pedro Cárdenas, don Gonzalo Durán, don Luis García, doña Margarita Vásquez y don Paul Inostroza -, al concejo, al Consejo Económico Social, a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, presidida por don Francisco Becerra. En esta comuna todavía, lamentablemente, existen un 25 por ciento de pobreza y alrededor de 450 familias organizadas en comités de allegados, dado que el problema habitacional es uno de los que más la afligen.
Valoro el esfuerzo municipal de inaugurar una casa para el adulto mayor, porque es una de las comunas con el porcentaje más alto de personas mayores.
Independencia es una comuna de esfuerzo, pujante, en la que hace cincuenta o sesenta años se instalaron poblaciones de buena calidad, como la tranviaria. Hoy, el Club Juventud Tranviaria reúne a jóvenes, adultos y adultos mayores, los que forman parte de las actividades permanentes y destacadas de esta comuna, de gran capacidad de agrupación y desarrollo social. En efecto, sus clubes deportivos, sus organizaciones de adultos, de mujeres, sus centros de madres, en fin, constituyen una comuna en la que vemos la posibilidad potencial de hacer lo que hemos planteado para Santiago, ciudad que no tendrá aire puro si no lleva a cabo un desarrollo urbano y un sistema vial adecuado; si no realiza inversión inmobiliaria que signifique construir en altura, dejando grandes espacios de áreas verdes.
Independencia, junto con estos grandes monumentos que recuerdan la historia, tiene también viviendas en deterioro, cuya demolición y cambio pueden dar paso a que la gente que vive ahí renueve sus posibilidades habitacionales y compre vivienda aprovechando el subsidio. En definitiva, se trata de permitir que la ciudad, en vez de extenderse, se densifique, ocupe menos suelos y tenga más áreas verdes, lo cual también es una de las carencias de la comuna. Necesitamos más áreas verdes, mayor desarrollo espacial y productivo y mejorar la infraestructura.
En la voluntad de los parlamentarios de trabajar por realzar el sentido de dignidad de nuestros habitantes, al hacer de la participación una herramienta efectiva, hacemos que la democracia se constituya en posibilidad para su propio desarrollo.
Cuando celebramos y homenajeamos los siete años de la comuna de Independencia y a su gente, lo hacemos pensando en que somos representantes de los ciudadanos. Como tal, traigo su palabra, tanto a los que votaron por mí como a los que no lo hicieron, y cuando pido que se oficien estas palabras, lo hago pensando en que la labor de representar del parlamentario es la de permitir que la dignidad propia del ciudadano la sienta también cuando ejerce la democracia. La democracia que no fortalece la participación, no recoge la actitud digna y la verdadera dignidad del ciudadano.
Con los ciudadanos de Independencia en la Cámara, hoy queremos fortalecer la idea de que más democracia es también más dignidad.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO CON LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier por un minuto y veinte segundos.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , ayer la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados participó en una importante reunión en la Cámara Chilena de la Construcción.
En el último tiempo hemos comprobado la necesidad de modernizar el Ministerio de Vivienda en relación con el desarrollo urbano y de legislar respecto de la construcción de viviendas, de la calidad de los materiales que se utilizan, de los estándares y, en definitiva, de la calidad de las viviendas.
Por ello valorizo la reunión sostenida ayer con la Cámara Chilena de la Construcción. Debemos hacer un sinnúmero de cosas en conjunto; ellos poseen mucho conocimiento y nosotros, la facultad de elaborar las nuevas normas que permitan dar respuesta a la demanda de calidad, de espacio y de dignidad de la vivienda en nuestro país.
He dicho.
MEDIDAS EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES PESQUEROS. Oficios.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Salvador Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente , agradezco al Comité Socialista estos minutos.
En esta oportunidad, quiero referirme a la crisis pesquera.
Nos hemos reunido con los pescadores en Mejillones, en Arica y en Iquique.
Dentro de las medidas que pueden mitigar la grave situación de los trabajadores del mar, hay dos que me motivan a solicitar que se envíen oficios. En primer lugar, al señor Ministro del Trabajo para que tenga a bien estudiar un proyecto de ley que permita que la ley sobre trabajos pesados, que se promulgó en junio del año pasado, se aplique con efecto retroactivo a quienes los hayan realizado en períodos previos a la dictación de dicha ley, ya que es una tremenda injusticia que trabajadores que efectuaron trabajos pesados por más de veinte o treinta años hasta el año pasado, sólo a partir de ahora podrán hacer uso del beneficio que les otorga dos años por cada cinco de trabajos pesados.
Es muy importante la aplicación retroactiva de esa normativa, ya que, además de ser una cuestión de justicia general, permitirá aliviar la actual situación de muchos de estos trabajadores, quienes podrían jubilar, pues con ese cambio en la legislación, reunirían los requisitos correspondientes para ello.
En segundo lugar, solicito que se oficie al Ministro de Economía, a fin de que se cree un fondo de protección del sector pesquero.
En el mundo de la pesca hay ciclos. Ha habido períodos largos, de cinco o más años, en los cuales las ganancias de la industria pesquera y de sus trabajadores han sido muy altas, pero cuando viene el tiempo de las vacas flacas -como la actual crisis, que comenzó hace un año y medio-, surgen tremendos problemas de deudas y de empobrecimiento.
Por lo tanto, sería muy conveniente legislar desde ya en ese sentido como se hizo respecto del cobre y en otros sectores económicos. La creación de este fondo permitirá que, en tiempos de bonanza, se deposite un porcentaje de las ganancias tanto de las empresas como de los trabajadores, con el objeto de tener un respaldo, un colchón, que proteja el nivel de vida de los trabajadores y no sufran un cambio tan dramático como el que están viviendo en estos momentos, en que, incluso, a algunos les han sido rematadas sus casas. Es bueno que aprendamos la lección.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría, junto con el texto de su intervención, con la adhesión de los Diputados señores Felipe Letelier , José Miguel Ortiz y Alejandro Navarro.
APOYO GUBERNAMENTAL AL AGRO POR REBAJA GENERALIZADA DE ARANCELES.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Dentro del tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente , en los últimos tiempos, la comunidad nacional ha sido informada por el Ministro de Hacienda respecto de una rebaja arancelaria generalizada.
Aquí no se trata de negarse por capricho a una medida de estas características. En general, y sobre todo los parlamentarios que representamos zonas rurales, sabemos perfectamente bien que las agriculturas de todo el mundo, de una u otra manera, son protegidas por sus Estados.
Sin embargo, en nuestro país, desde que tengo uso de razón, ningún gobierno ha implementado una política de protección en favor del pequeño agricultor y del campesino, por lo que muchas veces hemos sido víctimas de importaciones subsidiadas de diversas maneras.
Estoy de acuerdo con la rebaja arancelaria, pero ella no puede ser generalizada, porque afectará fuertemente al arrocero, al triguero, al ganadero en general y a un sinnúmero de actividades agrícolas nacionales.
Por lo tanto, solicito al Gobierno que diga de qué manera otorgará su apoyo concreto y dirigido a este sector, porque cuando firmamos el Mercosur -que sería eliminado por esta medida, al igual que los demás acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales-, nos dieron más recursos para el agro; pero, seguramente, se alfombraron oficinas y se compraron camionetas y computadoras, ya que los campesinos y los pequeños agricultores consiguieron muy poco.
He dicho.
PACTOS ELECTORALES EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Mixto, tiene la palabra el Diputado señor Iván Mesías.
El señor MESÍAS.-
Señor Presidente , las recientes declaraciones de altos personeros radicales de llevar un hombre de sus propias filas como candidato a la Presidencia de la República , ponen un nuevo ingrediente a la anticipada contienda electoral, que ya muestra en la cancha al Senador Andrés Zaldívar , al ex Ministro Ricardo Lagos , al ex Senador Piñera, al alcalde Lavín y a la ex parlamentaria comunista Gladys Marín.
Por lo tanto, es lógico que surja la siguiente interrogante: ¿No tiene acaso algo que decir en este asunto el Partido Radical?
Raúl Rettig , una de las glorias del partido, señalaba: “Es una necesidad que parte de los principios e ideas del radicalismo se incorporen al programa del nuevo gobierno de la Concertación y que, aunque esas ideas son más importantes que llevar un propio candidato, es legítimo pensar que un hombre de las filas del Partido Radical podría encabezar el programa común de un nuevo gobierno concertacionista”.
Pareciera ser que ésta será una contienda de grandes nombres y de programas que, pese a la diversidad de pensamientos que confluyen, representará también -no importa si a la Derecha, al Centro o a la Izquierda, y aún más, a los extremos- a grandes conglomerados.
Pues bien, en tales circunstancias, los propósitos de representatividad que parecieran surgir de unas primarias, aparte de señalar una mayoría traumática, en definitiva, excluirían a un enorme sector de personas que, si bien son simpatizantes de un programa, no tienen aún un candidato determinado, o si lo tuviesen, no lo proclaman porque podría ir en desmedro de otro candidato de la Concertación, por ejemplo.
En tales circunstancias y a fin de evitar un desmembramiento de fuerzas, se renueva la vigencia y oportunidad de la idea expuesta por el Senador democratacristiano Hosaín Sabag , de propiciar candidaturas presidenciales a través de pactos electorales, al igual que para las elecciones parlamentarias y de concejales, manteniendo, a su vez, las postulaciones unipersonales que contempla el artículo 26 de la actual Constitución.
Una elección en base a una lista que recoja, por ejemplo, las postulaciones de Andrés Zaldívar, Ricardo Lagos y de un candidato radical, sería más participativa, más democrática y más fraterna que unas primarias que bien pudieren resultar, si no una guerra fratricida, una verdadera batalla campal.
He dicho.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL SOBRE SITUACIÓN DE LA TELEVISIÓN EN CHILE.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable Diputado señor Enrique Krauss por diez minutos.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero referirme a un tema interno. Hace más de 30 días planteamos en Incidentes un tema que tuvo una notable repercusión en la opinión pública: el estado de la televisión chilena.
Posteriormente, el 16 de julio -hace prácticamente 25 días- celebramos una sesión especial, convocada por un número bastante importante de diputados, en la que se acordó crear una comisión especial que se abocara al estudio de la materia y que entregase una proposición a la Cámara de Diputados en 120 días. Hasta este momento, la comisión no se ha constituido.
Por lo tanto, solicito a la Mesa y, por su intermedio, a todos los jefes de Comités, que se proceda rápidamente a la constitución de esa comisión, que ciertamente formulará una proposición con altura de miras, como reclama el nuevo director de Canal 13, señor Jordán , ya que no hay punto más importante del foro democrático que la Cámara de Diputados para encarar esta materia.
SISTEMA HABITACIONAL PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE. Oficios.
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , en segundo lugar, me referiré a una materia que dice relación con una institución respecto de la cual se formulan críticas, algunas de ellas con fundamento, y que, sin embargo, es un elemento recurrente en la consideración de una cuestión que está golpeando permanentemente la inquietud ciudadana: la seguridad pública.
Carabineros de Chile, más allá de estas críticas, cumple una esforzada y sacrificada labor. Uno de los elementos que caracteriza la función de Carabineros es su traslado por todo el territorio nacional, lo que implica contar con un elemento clave para cualquier ser humano: la existencia de viviendas.
En la tradición institucional, Carabineros de Chile disponía de las denominadas “viviendas fiscales” para asignárselas a su personal. Desde 1975 no les han sido proporcionadas. En ese lapso han aumentado significativamente sus tareas y requerimientos, a tal punto que se estima que en la Región Metropolitana se requieren 600 viviendas; en Valparaíso, 300; en Concepción, 300; en Antofagasta, 100; en Temuco, 100; en Rancagua, 80; en Talca, 72, y en Curicó, 50.
Cuando se satisfacen las necesidades de viviendas fiscales para el personal de nombramiento institucional, en definitiva, se está contribuyendo directamente a mejorar la situación económica y la calidad de vida del personal. Incluso, se les está sustrayendo de la circunstancia de que, muchas veces, deben vivir en el mismo ámbito urbano en que viven los delincuentes respecto de los cuales tienen que actuar.
Por eso, sin perjuicio del esfuerzo realizado con fondos de la Mutualidad de Carabineros y de estamentos internos institucionales para dotar de viviendas al personal con asignación específica, con titularidad recaída en cada uno de ellos, es urgente acometer este proyecto que ya está en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional. Ese programa, que propicia un sistema habitacional para Carabineros, es una cuestión que debería ser planteada con urgencia.
Sobre ese particular, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Hacienda, a fin de que se pronuncien con la urgencia que el caso amerita.
He dicho
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los Diputados señores Masferrer y Ortiz.
HOMENAJE AL INSTITUTO NACIONAL EN SU 185º ANIVERSARIO. Oficio
El señor KRAUSS.-
Señor Presidente , ayer se cumplieron 185 años del Instituto Nacional, el primer foco de luz de la nación, según la expresión de su himno. En ese colegio, que fue la primera simiente de la educación fiscal del país, se consagraron las aspiraciones del gran soñador de la historia patria, don Mariano Egaña. Él creía que era conveniente establecer un instituto en cada cabecera de provincia y que, a imagen y semejanza del viejo Instituto Nacional, se pudiera escribir lo que el historiador don Julio Heise denominó uno de los capítulos más hermosos de la historia patria.
Esta fecha significativa, de alguna manera emblemática, merece ser reconocida, porque el país debe un gesto de gratitud a dicho Instituto. Muchos de nosotros se lo debemos, porque tuvimos el privilegio de integrar sus aulas.
Por lo tanto, quiero que sobre esta materia se dirija un oficio de saludo y de felicitación a su rector, señor Sergio Riquelme , profesorado y alumnos, en el entendido de que ese Instituto sigue siendo cuna de todos aquellos que llaman “Chile en la ilustración”.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, del Diputado señor Mesías, de quien habla y de todos los institutanos que hay en el Parlamento.
HOMENAJE AL LICEO “ENRIQUE MOLINA GARMENDIA” EN SU 175º ANIVERSARIO. Oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, el Diputado señor José Miguel Ortiz rendirá un homenaje al liceo Enrique Molina Garmendia en su 175º aniversario.
Nos acompañan en las tribunas el rector de ese establecimiento, señor José Inostroza ; el presidente del centro de padres y apoderados, señor Alejandro Albornoz , y el presidente del centro de alumnos, señor Mauricio Vergara. Todos ellos vienen acompañados por sus respectivas delegaciones.
Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente , es relevante el hecho de que en esta sesión se haya recordado un aniversario más del Instituto Nacional y, ahora, el de un establecimiento que nos vio por sus aulas en nuestros tiempos de adolescencia. El domingo recién pasado -9 de agosto-, el liceo Enrique Molina Garmendia cumplió 175 años de existencia, lo que significa que no menos de 170 generaciones han egresado de él.
Debido a ello, hago un reconocimiento muy especial a su rector actual, a las directivas de los centros de padres, de alumnos y también, en ausencia, a la directiva de ex alumnos, dirigida por el notario de Concepción, con quien fui condiscípulo, abogado Jorge Condeza.
Sin discusión, el liceo Enrique Molina Garmendia es un protagonista de la historia no sólo de la Octava Región, sino que también del país. Este establecimiento es heredero de una gran y rica tradición que hizo posible forjar muchísimas generaciones. Por eso, para miles de penquistas, ese liceo evoca hermosos recuerdos de su etapa de adolescencia.
Cómo olvidar -en el caso de la generación de los años sesenta- ese viejo edificio al frente del parque Ecuador ; como también esas hermosas jornadas literarias y artísticas de grandes profesores en el viejo teatro de Concepción. Entre otros, de Leonel Martínez que, por los antecedentes que tenemos, falleció en forma anónima, como lo hacen normalmente los maestros de nuestra patria. Gran orador, gran profesor de historia, que merecía un digno homenaje.
Yo tenía dos posibilidades: hacer un recuerdo sobre el significado de la fecha de fundación del liceo: 9 de agosto de 1823, o del significado de Enrique Molina Garmendia para la educación en general de nuestro país, en el sentido de expresar lo que él escribió sobre el tema “Educación y democracia”.
Dijo: “La educación debe estar decididamente al servicio de la democracia. Siendo la educación el mejor instrumento para hacer cambiar a los hombres, tal cambio debe inspirarse para consolidar y fortalecer el régimen democrático. En términos generales, la democracia es aquel régimen de convivencia social y política basado en la ley dictada por los ciudadanos calificados de un Estado o por sus representantes legítimamente elegidos. Es el régimen en que dichos ciudadanos intervienen por sí mismos o por medio de sus mandatarios y tienen el derecho de opinar libremente acerca de ellos; asegura a los ciudadanos la igualdad de oportunidades y las libertades esenciales para su vida pública y privada. La relación entre democracia y educación se funda en la necesidad de una conciencia moral y jurídica en los miembros que componen un Estado como condición innegable para que la democracia sea estable y plena. La democracia y la educación poseen, asimismo, una base común que es la libertad esencial del individuo. La democracia aspira, sobre todo, a ser una comunidad de hombres libres. La educación, por su parte, desarrolla las capacidades íntimas del sujeto.
“Para que la educación sea efectivamente un instrumento de la democracia, ésta debe ser gratuita. La gratuidad constituye una válvula de paz y seguridad social. Sólo de esta manera es posible comunicar a los ciudadanos los conceptos de solidaridad común y dar a la patria existencia real en el corazón de sus hijos. También la educación debe ser obligatoria” a lo menos en la primera parte del proceso educativo.
¿Por qué di a conocer estas frases? Porque en nuestro liceo tuvimos la oportunidad de tener a profesores como Juan Loveluck , docente en los Estados Unidos; monsieur Hernández , monsieur Camino, el físico Ramírez , Washington Figueroa , la señora Graciela Batarce que, por esas cosas de la vida, hoy es profesora de uno de mis hijos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción; la profesora Elena Díaz , actual concejala; rectores de fuste, como Julio Sáez , Ramiro Páez , Julio César Burotto , que en estos instantes, ya jubilado está junto a sus hijos en la ciudad de Temuco; el profesor Luis Leiva , que todavía nos acompaña con su manera tradicional en los paseos de nuestra ciudad de Concepción, y el actual rector José Inostroza.
Creí conveniente expresar estos pasajes de Enrique Molina Garmendia porque estos profesores, rectores, paradocentes, auxiliares han significado el faro, la luz, para hacer posible que, quienes fuimos alumnos del Liceo Enrique Molina Garmendia, estemos efectivamente dentro del concepto que significa vivir la democracia plena. En sus aulas nos enseñaron que es importante en la vida saber escuchar, dialogar, pero también saber opinar y defender las ideas cuando uno considere que son necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad en general.
Por eso, me alegra muchísimo que representantes de todos los estamentos de nuestra comunidad estén en las tribunas.
Asimismo, quiero recordar lo siguiente:
Existe la biblioteca liceana Rector Pedro Nolasco Cruz Silva , que se fundó en 1833 y que actualmente funciona a cargo de dos personas en el edificio del internado del liceo. Tiene más de veinte mil obras en sus estanterías, entre ellas, la colección completa del primer periódico del país, “La Aurora de Chile”, que sólo es factible de encontrar en no más de dos bibliotecas de nuestra Patria.
Por eso, hoy siento una profunda emoción y, por otro lado, un profundo agradecimiento y una gran estimación por lo que significaron, en la formación o preparación de toda nuestra generación, nuestros viejos profesores, paradocentes y auxiliares.
Hoy, nuestro liceo cuenta con una matrícula de más de dos mil quinientos alumnos y -reitero- sus dirigentes lo están representando en las tribunas de esta rama del Poder Legislativo. No me cabe la menor duda de que el día de mañana muchos de ellos también van a ser representantes populares. No en vano tuvimos un gran Presidente , Juan Antonio Ríos Morales, ex alumno de nuestro liceo Enrique Molina Garmendia. En la tarde, en el Senado de la República, también le rendirá homenaje un brillante ex alumno como lo fue el Senador Augusto Parra.
Termino expresando que, sin discusión, nuestro viejo liceo, como lo dice su himno, está en lo más profundo de nuestra alma.
Gracias profesores, gracias personal, gracias comunidad toda por lo que ha signi-
ficado nuestro viejo liceo Enrique Molina Garmendia para el desarrollo, no sólo de la provincia, sino de la región.
Solicito que el texto de este discurso de homenaje se haga llegar a su rector, profesores, alumnos y ex alumnos, exclusivamente en razón de que esperamos que sea parte de una rica tradición cuando año a año celebremos su aniversario.
He dicho.
-Aplausos.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Salas.
El señor SALAS.-
Señor Presidente , sólo quiero adherirme a las expresiones de nuestro colega José Miguel Ortiz y, como Comité Demócrata Cristiano, solicitar que se envíe su homenaje al rector del liceo Enrique Molina Garmendia.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 14.15 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República sobre securitización y depósito de valores. (boletín Nº 2216-05)
“Honorable Cámara de Diputados:
El proyecto de ley que se somete a consideración del honorable Congreso Nacional tiene por objeto introducir algunas modificaciones al Título XVIII de la ley de mercado de valores, que contiene la normativa aplicable a los procesos de securitización de activos.
I. LA SECURITIZACIÓN.
Este mecanismo se ha transformado en una alternativa de obtención de recursos utilizada cada vez con mayor frecuencia -y en importantes volúmenes- por los mercados financieros más avanzados. Nuestro país incorporó esta moderna técnica a su ordenamiento jurídico el año 1994, mediante la ley Nº 19.301.
La securitización es un proceso de ingeniería financiera que tiene por objeto transformar activos heterogéneos e ilíquidos en activos homogéneos y líquidos, mediante la emisión de títulos de deuda que tienen como respaldo los mencionados activos, a los cuales se les disminuye los riesgos que presentan para hacerlos atractivos para los inversionistas institucionales.
II. OBJETIVOS DE PERFECCIONAMIENTO NORMATIVO.
Transcurrido un tiempo prudente para apreciar las ventajas e inconvenientes de la actual legislación, ha parecido oportuno perfeccionarla, teniendo como principales objetivos la flexibilización de las regulaciones que afectan a las sociedades seguritizadoras, una mayor precisión en cuanto al objeto mismo de las operaciones de securitización y un fortalecimiento de la función supervisora de la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuanto al adecuado funcionamiento del mercado de emisión de títulos de deuda securitizados.
III. SECURITIZACIÓN Y VIVIENDA.
En el curso de estos años, sólo se han podido perfeccionar unos pocos procesos de securitización, en los cuales se han utilizado exclusivamente mutuos hipotecarios endosables. Sus resultados demuestran que ésta es una herramienta importante para proveer de recursos financieros a las entidades que intervienen en la industria de la vivienda.
En efecto, en nuestro país se utilizan tres sistemas principales para financiar viviendas. Uno, está constituido por las letras de créditos que emiten los bancos y sociedades financieras. Estos instrumentos han tenido un gran desarrollo, pues se trata de instrumentos semisecuritizados que tienen un importante mercado secundario entre los inversionistas institucionales. Los otros dos sistemas están constituidos por los denominados mutuos hipotecarios endosables y por los contratos de leasing inmobiliario. Para los dos últimos mecanismos de financiamiento la securitización es la gran herramienta para refinanciar los contratos ya celebrados y, de esta manera, obtener recursos frescos para celebrar nuevos contratos.
Por otro lado, se ha constatado la necesidad de, por una parte, aumentar los activos que pueden ser objeto de securitización y, por la otra, flexibilizar las normas que permitan realmente el funcionamiento de este proceso financiero y la disminución de sus costos, con el objeto de que los recursos lleguen a los usuarios finales al precio más bajo posible.
En relación con la flexibilidad antes mencionada, el proyecto elimina y/o sustituye una serie de restricciones que entraban los procesos de securitización y el acceso al financiamiento requerido para realizarlos.
IV. LAS PROPUESTAS DE CAMBIO.
Específicamente, el proyecto propone lo siguiente:
1. Ampliación de activos.
Se amplía los activos a securitizar, agregando las obligaciones y derechos sobre flujos de pago como, por ejemplo, aquellos emanados de las concesiones de obra pública que regula la ley Nº 19.171. Con ello se pretende dar un especial impulso a la securitización como alternativa para el financiamiento de las concesiones de obras de infraestructura de uso público, dada la magnitud de los recursos que demanda este sector de la economía.
2. Eliminación de topes.
Se elimina la limitación que actualmente impide que más del 50% de los activos de los patrimonios separados de una sociedad securitizadora hayan sido originados o vendidos por un mismo banco o sociedad financiera. Se mantiene, en tanto, el límite de un 15% cuando se trate de activos originados o vendidos por un mismo banco o sociedad financiera relacionada a la sociedad securitizadora. Lo anterior se basa en que estos bonos tienen como especial y único respaldo los activos comprados. Además, debe considerarse que son clasificados por dos clasificadoras privadas de riesgo que informan y advierten a los inversionistas de los posibles riesgos asociados a la compra de los mismos.
3. Supresión de normas de vinculación patrimonial.
Se suprime la relación de las normas de endeudamiento de las sociedades securitizadoras respecto de su patrimonio común, que hacían de esta industria una usuaria intensiva de capital. Ello implicó, en la práctica, frenar el desarrollo de esta forma de financiamiento al encarecerse excesiva e injustificadamente su costo, por lo que se propone eliminar estas restricciones. Cabe considerar que en los países en que la securitización funciona exitosamente y mueve ingentes recursos se han utilizado otros mecanismos, tales como el trust o el fideicomiso comercial, que no requieren regulación alguna en la relación de endeudamiento de los patrimonios. Así sucede en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y el Reino Unido. En Sudamérica, Colombia -que es el país que más desarrollo tiene al respecto- utiliza el fideicomiso comercial. Ambas figuras -trust y fideicomiso- implican la constitución de un patrimonio de afectación, sin necesidad de requerirse un capital especial.
4. Flexibilidad de formalidades.
Se propone, además, una serie de modificaciones al artículo 137 que facilitarán la constitución de patrimonios separados y, por ende, la fluidez de los procesos de securitización. En efecto, actualmente además de constituir un patrimonio separado es necesario adquirir previamente los activos que lo integrarán y enterar los colaterales que exijan los clasificadores de riesgos. También es necesario formar una sociedad con un capital proporcional al de las emisiones de título que efectuaren. Todo ello no implica un menor riesgo para los inversionistas y sí, en cambio, constituye una barrera de entrada a la industria y un encarecimiento importante del proceso que es conveniente terminar.
El proyecto facilita lo anterior al permitir que en la escritura de emisión, por una parte, se individualicen los activos que se propone comprar y que servirán de respaldo a la emisión de los títulos de deuda y, por la otra, se prometa que esos activos tendrán una determinada clasificación de riesgo por parte de Clasificadoras Privadas. El emisor, en tanto, se compromete a enterar los colaterales necesarios hasta que dicha clasificación sea obtenida.
Con esta fórmula, los inversionistas ven aumentados sus riesgos, en atención a que el precio de los bonos es percibido por el representante de los tenedores de títulos de deuda y destinado, por él mismo, al pago del precio de dichos activos o de las deudas asociadas a los mismos o a la constitución de los colaterales prometidos.
En el intertanto, estos recursos sólo pueden ser invertidos en ciertos y determinados instrumentos y sus títulos deben ser mantenidos en depósito en las entidades privadas de depósito y custodia a que se refiere la ley Nº 18.176 o bien en bancos o sociedades financieras en los términos del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 1997, Ley General de Bancos.
Finalmente, el resto de los recursos que provengan de la colocación de los títulos de deuda, sólo podrá ser cobrado y percibido por el patrimonio común de la securitizadora una vez que, cumplido todo lo anterior, se adicione a la inscripción de la emisión el certificado del representante de los tenedores de títulos de deuda que certifique que los activos prometidos se encuentran aportados y en custodia, libre de todo gravamen, prohibición o embargo y que se han constituido, en su caso, los aportes adicionales pactados.
5. Supresión de cierta regulación.
Se suprime la regulación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros del calce de plazo, monedas, índices, sistema de amortización y relación que debe existir entre los títulos de deuda que se emitan y los bienes adscritos al respectivo patrimonio separado.
Esta materia es propia de los contratos de emisión de bonos. Por lo tanto, se propone eliminar la letra a) del artículo 144 de la ley Nº 18.045. De esta manera, la sociedad securitizadora puede adaptar de mejor forma los requerimientos de los inversionistas con los flujos provenientes de los activos subyacentes en el bono.
6. Depósito y custodia.
Por último, con el objeto de permitir la emisión desmaterializada de bonos securitizados y mejorar la información para los tenedores de estos títulos, se introducen modificaciones en la ley Nº 18.876, que regula las entidades privadas de depósito y custodia de valores.
Se estima que las modificaciones propuestas en este proyecto significarán un importante avance en el desarrollo de los procesos de securitización, permitiendo así atraer recursos para financiar actividades que son importantes para el desarrollo del país a tasas de interés que serán atractivas y que se traducirán, en definitiva, en una disminución de los costos que deben asumir los usuarios finales.
En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración el siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Título XVIII de la ley Nº 18.045:
1. En el artículo 132:
a) En su inciso primero, intercálase entre el número “135” y la oración “y la emisión de títulos de deuda, de corto o largo plazo”, una coma (,) y a continuación la expresión “la adquisición de obligaciones y derechos sobre flujos de pago”.
b) Agrégase, al final de su inciso primero, la oración:
“Para los efectos anteriores se entenderá por flujo de pago toda obligación, existente o que se genere en el futuro, de pagar una o más sumas de dinero por la adquisición o el uso de bienes o por la prestación de servicios.”.
c) Derógase su inciso tercero.
2. En el artículo 135:
a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá adquirir letras hipotecarias y mutuos hipotecarios autorizados por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 252, de 1960; y demás mutuos hipotecarios endosables autorizados por el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980 y por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, créditos, derechos u obligaciones emanados de concesión de obra pública de la ley Nº 19.171, viviendas arrendadas con promesa de compraventa, en los términos dispuestos en los artículos 17 y 30, de la ley Nº 19.281, y otros créditos, derechos y obligaciones que consten por escrito y tengan el carácter de transferibles”.
b) En su inciso segundo, sustitúyese la frase inicial “Para los efectos de esta ley se entenderá que los títulos”, por la siguiente: “Para los efectos de este título se entenderá que los créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago”.
3. Sustitúyese el artículo 136, por el siguiente:
“Artículo 136. Las sociedades securitizadoras no podrán tener en cada uno de sus patrimonios separados más de un 15% de activos que hayan sido originados o vendidos por un mismo banco o sociedad financiera relacionada a la sociedad securitizadora. La misma restricción se aplicará a las administradoras de fondos de inversión de créditos securitizados a que se refiere la ley Nº 18.815, respecto de la inversión de cada fondo que administre.”.
4. Sustitúyese el artículo 137, por el siguiente:
“Artículo 137. En el contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado, deberán individualizarse los bienes, créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago que lo integran. Si en el contrato no se les puede individualizar, se deberán indicar sus principales características, su grado de homogeneidad, su número, el plazo en que se adquirirán, las demás menciones que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general e individualizarlos en una o más escrituras complementarias que se anotarán al margen del contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado. Copia de dicha escritura se enviará a la Superintendencia, dentro de los 5 días siguientes a su otorgamiento, para su incorporación a la inscripción de la emisión en el Registro de Valores.
Otorgado el contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado, las obligaciones representativas de éstos integran de pleno derecho el pasivo de éste.
Los bienes, créditos, derechos y obligaciones individualizados en la escritura de otorgamiento del contrato de emisión con formación de patrimonio separado o en las escrituras complementarias, integrarán de pleno derecho el activo de éste, desde la fecha de la respectiva escritura en que se les individualice.
La sociedad securitizadora no podrá gravar, enajenar ni prometer enajenar los bienes, créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago individualizados en el contrato de emisión o en sus escrituras complementarias, sin el consentimiento del representante de los tenedores de títulos de deuda, quien podrá autorizar o requerir la sustitución de tales bienes, créditos, derechos y obligaciones, siempre que los nuevos activos reúnan características similares a aquéllos que sustituyen, según se establezca en el respectivo contrato.
Sólo se entenderá cumplida la obligación de entero del activo del patrimonio separado por la sociedad, cuando se adicione a la inscripción el certificado que al efecto deba otorgar el representante de los tenedores de títulos de deuda, en el que conste que los bienes que conforman el activo se encuentran debidamente aportados y en custodia, libres de gravámenes, prohibiciones o embargos, que se han cumplido los otros requisitos determinados en la escritura de emisión o en las escrituras complementarias y, en su caso, que se han constituido los aportes adicionales pactados.
Una vez adicionado el certificado a que se refiere el inciso anterior, corresponderá a la sociedad cobrar y percibir el pago por los títulos de deuda que haya emitido, integrando el patrimonio común.
Si el certificado no ha sido adicionado, corresponderá al representante de los tenedores de títulos de deuda cobrar y percibir dicho pago, directamente si éste es un banco o institución financiera, o por medio de alguna de estas instituciones, si no tuviere tal carácter, ingresando estos recursos al respectivo patrimonio separado.”.
5. Agrégase como artículo 137 bis, el siguiente artículo nuevo:
“Artículo 137 bis. “El representante de los tenedores de bonos podrá invertir los recursos que reciba en virtud de lo establecido en el artículo anterior, en instrumentos financieros de renta fija, clasificados como mínimo en categoría “A” o “N-2” de riesgo por dos clasificadores privados o emitidos o garantizados por el Estado hasta su total extinción y cuyos vencimientos deberán considerar las oportunidades de desembolso de estos recursos por la constitución de los patrimonios separados.
Los valores en que el representante de los tenedores de bono invierta los recursos que administre, deberán ser mantenidos en depósito en las entidades privadas de depósito y custodia de valores a que se refiere la ley Nº 18.176, en conformidad a sus disposiciones, o en bancos o en sociedades financieras, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, de 1997, Ley General de Bancos.
El dinero percibido por el cobro de los títulos de deuda efectuado por el representante de los tenedores de los mismos y los intereses, beneficios y ganancias de capital que devenguen su inversión, deberá ser aplicado primeramente al pago de los créditos que han generado la constitución de gravámenes o garantías, contra la cancelación y alzamiento de éstas o al pago de los créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago a adquirir. Asimismo, cuando procediera, ese dinero y sus incrementos se aplicará al pago de los aportes adicionales pactados en la escritura. Cumplido lo anterior, y agregado el certificado referido a la inscripción pertinente, el remanente por los títulos de deuda emitidos será pagado a la sociedad, ingresando al patrimonio común.
Si dentro de los 60 días contados desde el inicio de colocación de la emisión, el representante de los tenedores de títulos no otorgare el certificado por encontrarse los bienes del patrimonio separado afectos con gravámenes, prohibiciones o embargos o por no estar éstos debidamente aportados o por lo haberse otorgado los aportes adicionales pactados, este patrimonio entrará en liquidación aplicándose a su respecto, las normas sobre liquidación de patrimonios separados, salvo que la Superintendencia prorrogue dicho plazo hasta por 90 días.
Pendiente el otorgamiento del certificado de formación de patrimonio separado, la sociedad podrá sustituir uno o más bienes, créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago por otros activos que reúnan características similares a aquéllos que sustituyen, según se establezca en el respectivo contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado; modificar dicho contrato con el objeto de reducir la emisión al monto efectivamente colocado a dicha fecha o proceder al rescate anticipado de todo o parte de los bonos efectivamente colocados mediante el procedimiento establecido en el contrato de emisión.
La sustitución de créditos, obligaciones y derechos sobre flujos de pago o la reducción de la emisión al monto efectivamente colocado, deberá efectuarse por escritura pública anotada al margen de la escritura de emisión. Copia de la escritura se enviará a la Superintendencia, dentro de los 5 días siguientes a su otorgamiento, para su anotación en el registro de la emisión.”.
6. En la letra c) del artículo 143, sustitúyese el punto y coma (;) que va a continuación de la palabra “autoricen” por una coma (,) y agrégase la oración: “y los casos en que el emisor podrá cambiar los activos, siempre que los nuevos activos reúnan características similares a aquéllos que sustituyen;”.
7. En el artículo 144, derógase la letra a), pasando las actuales letras b), c) y d) a ser a), b) y c), respectivamente.
8. Intercálase, a continuación del artículo 144, el siguiente artículo:
“Artículo 144 bis.- La Superintendencia podrá autorizar, mediante norma de carácter general, emisiones de bonos con formación de patrimonios separados utilizando un procedimiento que contemple una escritura pública general que establezca la realización de dos o más emisiones, con cargo a activos de una misma naturaleza y bajo similares condiciones, dentro de un período determinado de tiempo, no superior a dos años y que contenga las cláusulas generales aplicables a todas las emisiones del período y otra que considere las condiciones específicas de la emisión, ambas suscritas por la sociedad emisora y por el representante de los tenedores de bonos. Las menciones propias de cada escritura serán determinadas por la Superintendencia en la norma de carácter general que autorice el procedimiento para este tipo de emisiones.”.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.876:
1. En el artículo 5º, inciso primero, sustitúyese el punto aparte (.) por una coma (,) y agrégase la frase “lo que no significa que el depositante o su mandante, en su caso, dejen de tener el dominio de los valores depositados, para el ejercicio de los derechos políticos y patrimoniales, cuando corresponda”.
2. En el artículo 12, agrégase el siguiente inciso final:
“El ejercicio del derecho a voto y de los derechos patrimoniales que correspondan a los mandantes de los depositantes, se regirá por lo dispuesto en los incisos precedentes.”.
3. En el artículo 14, inciso tercero, sustitúyese la expresión “el certificado,” por la siguiente oración: “los certificados de que tratan el artículo 13 y el presente artículo.”.
4. Intercálase, a continuación del artículo 14, el siguiente artículo:
“Artículo 14 bis.- Los certificados que la empresa emita en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 14, tendrán mérito ejecutivo en contra de los emisores, y demás personas obligadas a su pago. Para el efecto de demandar su cobro, dichos certificados reemplazarán a los títulos de los valores depositados que representan, aun en los casos en que los títulos hayan sido refundidos en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 o consten del registro de anotaciones en cuenta de que trata el artículo 11.”.
5. En el artículo 25, sustitúyese la letra a) por la siguiente:
“a) Los depositantes o sus mandantes, en su caso, respecto de los valores entregados en custodia por éstos y demás operaciones que cada uno de ellos realice;”.
6. Sustitúyese el artículo 26, por el siguiente:
“Artículo 26.- La empresa deberá comunicar diariamente a la respectiva sociedad anónima las operaciones que sus depositantes y los mandantes de éstos, en su caso, hubieran realizado con acciones por ella emitidas. Con esta información, las sociedades anónimas deberán conformar y mantener un listado de los depositantes de acciones registradas a nombre de las empresas de depósito, con indicación de las cantidades que cada uno de los depositantes y sus mandantes mantenga en depósito. La lista estará a disposición del público, a lo menos, en la sede principal de la sociedad emisora.”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; EDUARDO ANINAT URETA , Ministro de Hacienda ; SERGIO HENRÍQUEZ DÍAZ , Ministro de Vivienda y Urbanismo ”.
2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.
“Honorable Cámara de Diputados:
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que perfecciona normas del área de salud (Fonasa). (Boletín Nº 2132-11).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere en el honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JOHN BIEHL DEL RÍO, Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
3. Oficio del Senado.
“Valparaíso, 6 de agosto de 1998.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha rechazado la proposición de esa honorable Cámara en orden a disponer el archivo del proyecto de ley que deroga el artículo 12 y modifica otras disposiciones de la ley Nº 17.322, que establece normas sobre cobranza judicial de deudas previsionales. (Boletín Nº 1436-07).
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 1.901, de 25 de marzo de 1998.
Dios guarde a V.E.,
(Fdo.): ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado ”.
4. Informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, recaído en el proyecto de ley que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical. (boletín Nº 2170-13-1)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en primer trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical.
A las sesiones que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistió el señor Julio Valladares Muñoz , Subsecretario del Trabajo.
-o-
I. ANTECEDENTES GENERALES.
El Proyecto de Ley que su Excelencia el Presidente de la República somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados tiene por objeto crear un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical, que recoge la experiencia de cuatro años del fondo que se estableció por la ley Nº 19.214, de 1993 y que tuvo por objeto contribuir a la promoción y desarrollo de un sindicalismo moderno y tecnificado en el marco de nuevas relaciones laborales más participativas e integradoras, conducentes al fortalecimiento del régimen democrático.
En el mensaje, con que acompaña esta iniciativa legal, su Excelencia señala que la profundidad y el sentido del proceso de transformación y cambio que viven las relaciones laborales derivados de la globalización y la innovación tecnológica, plantea a los actores sociales el surgimiento de nuevos temas laborales necesarios para resolver con eficiencia los desafíos que, en materia de productividad y competitividad, enfrentan las empresas. Es en este contexto, agrega, que la modernización de las relaciones laborales orientada a fomentar la cooperación al interior de las empresas, a hacer posible la adecuada gestión de sus recursos humanos, así como el desarrollo sindical orientado a promover la existencia de organizaciones sindicales tecnificadas y altamente participativas, constituyen imperativos de interés nacional necesarios para el sostenimiento de un desarrollo económico con equidad.
Manifiesta, asimismo, que las proyecciones de este fondo, como instrumento para la modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical, se sustentan en los resultados del funcionamiento del fondo para la Capacitación y Formación Sindical, creado en virtud de la ley Nº 19.214, de 1993, con una vigencia de cuatro años, cuya operación posibilitó la capacitación de 60.276 trabajadores y dirigentes sindicales a través del financiamiento de 1.821 cursos. Siendo la evaluación general del funcionamiento de dicho fondo positiva, es voluntad de su Gobierno continuar con el desarrollo de esta línea de financiamiento, más allá del período considerado inicialmente, con las reformulaciones que se indican.
Expresa su Excelencia que entre las modificaciones más significativas que se proponen incorporar a este fondo, se encuentra la extensión de sus beneficios a la pequeña y microempresa, en cuanto dichas unidades económicas representan a más del ochenta por ciento de la actividad empresarial del país y carecen, en la generalidad de los casos, de los recursos necesarios para implementar, en su gestión, técnicas administrativas y de política de recursos humanos que les permitan ajustarse adecuadamente a las normas de legislación del trabajo y de seguridad social, mejorar el clima laboral y promover relaciones individuales o colectivas de trabajo estables.
Para estos fines, agrega, se han introducido en la estructura de beneficios del fondo, dos programas. Uno referido a las organizaciones sindicales, que proyecta la experiencia acumulada por cuatro años, y otro destinado a financiar actividades de capacitación y de asesoría para la pequeña y microempresa.
Asimismo, se han introducido diversas modificaciones que tienen por objeto optimizar el funcionamiento del fondo, siendo las principales, las siguientes:
1. El perfeccionamiento de los llamados a postulación, asegurando a los potenciales beneficiarios la publicidad nacional y regional de la convocatoria y la especificación previa de los criterios de selección, así como la comunicación de resultados a todos los postulantes del proceso.
2. La ampliación de los temas de capacitación que financia el fondo, actualmente muy circunscritos a ciertos aspectos de legislación laboral, permitiendo de este modo acceder a una variedad de otros temas propios de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos humanos.
3. En cuanto a los ejecutores del sistema de capacitación, se consagra una ampliación en su participación de modo de hacerlo más competitivo, entendiendo que deben encontrarse inscritos en el registro que para tal efecto se llevará, con el objeto de establecer la competencia técnica de los mismos.
4. Respecto a los aspectos de financiamiento en la operación del fondo se establece la regulación, por su Consejo, de los montos asignables en base a valor hora por actividad, y de los gastos indirectos asociados a la actividad.
5. En cuanto al Consejo del Fondo, se flexibiliza su funcionamiento a través de la designación de miembros titulares y suplentes, estableciéndose una retribución por el desempeño de estas funciones en base a asistencia a las sesiones del Consejo, como una forma de compensar las responsabilidades que se asumen en el desempeño de éstas.
Señala, asimismo, que los objetivos del fondo se orientan a promover la tecnificación y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de las asociaciones gremiales de la pequeña y microempresa, con el fin de contribuir a la realización de sus objetivos y elevar la calidad y equidad en las relaciones laborales en las empresas.
Para ello, se plantea la creación de un fondo cuya finalidad única será financiar actividades de capacitación, formación y asesoría, a través de dos programas. Uno destinado al financiamiento de proyectos para organizaciones sindicales, y otro destinado al financiamiento de proyectos para asociaciones gremiales de la pequeña y microempresa. Son objetivos específicos de este fondo:
1. Financiar actividades de capacitación y formación sindical, tales como cursos y seminarios u otras análogas, cuyo contenido esté referido a la promoción y desarrollo de la organización sindical y sus afiliados, en aquellas materias vinculadas al cumplimiento de sus finalidades y, en particular, a temas laborales emergentes, de interés nacional, propios del desenvolvimiento económico y social y de los requerimientos del país en materia de modernización de las relaciones laborales.
2. Financiar actividades de capacitación, formación y asesoría a través de las organizaciones de la pequeña y microempresa, orientadas a sus dirigentes y empresas asociadas, tendientes a mejorar los niveles de conocimiento de sus afiliados en materias de legislación laboral y de seguridad social y su aplicación a la empresa, su capacidad de gestión de recursos humanos y de adecuación a los procesos económicos y tecnológicos. En síntesis, para desarrollar buenas y potenciadoras relaciones laborales en la empresa.
3. Contribuir al desarrollo de relaciones laborales más armónicas, a través de un mayor conocimiento y cumplimiento de la legislación en el ámbito laboral y de seguridad social.
4. Fortalecer y desarrollar las organizaciones sindicales en general y empresariales de la pequeña y microempresa, mediante el aumento de las capacidades de gestión requeridas para el desempeño de sus funciones y, en particular, de las capacidades de gestión y participación referidas al tratamiento de temas laborales emergentes.
5. Desarrollar en pequeños empresarios y trabajadores habilidades de negociación tecnificada y con respeto de los deberes y derechos de las partes.
Hace presente, del mismo modo, su Excelencia que, de acuerdo al proyecto, serán beneficiarios directos del fondo:
1. Los dirigentes sindicales y socios de organizaciones sindicales de cualquier nivel y sector de la economía. Podrán postular a la obtención de financiamiento del programa sindical una o más organizaciones sindicales, legalmente constituidas. También podrán hacerlo las instituciones especializadas inscritas en el Registro de Ejecutores , si cuentan con el patrocinio de una o más organizaciones sindicales.
2. Los dirigentes empresariales y asociados de asociaciones gremiales de la pequeña y microempresa, de cualquier nivel y sector de la economía. Podrán postular a la obtención de financiamiento del programa para asociaciones gremiales, una o más asociaciones gremiales de la pequeña o microempresa, legalmente constituidas. El proyecto entiende por tales aquellas que afilien a lo menos un 75% de empresas que empleen menos de 50 trabajadores cada una y cuyos ingresos anuales no excedan de 25.000 Unidades de Fomento.
El proyecto propone, asimismo, que pueden ser ejecutores de las actividades financiadas por el fondo las personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, que acrediten idoneidad y experiencia en actividades de capacitación, formación y asesoría relacionadas con las finalidades del fondo. Con tal propósito, se creará un Registro de Ejecutores , que tendrá requisitos de acreditación y que facilitará la calificación de su idoneidad cada vez que participen en proyectos o actividades a ser financiadas por el fondo. Están considerados en la categoría de ejecutores entre otros, las universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, consultoras, asesores y consultores independientes.
En cuanto a la administración y operación del fondo, expresa que la asignación de los recursos del fondo estará a cargo de un consejo de siete miembros, de dilatada trayectoria en la actividad sindical, gremial, académica o de capacitación, que con carácter resolutivo, operará dividido en dos salas, que se especializarán en cada uno de los respectivos programas del fondo. Estas salas adoptarán sus decisiones por la mayoría de sus integrantes, procurando la más adecuada distribución de los recursos disponibles entre las organizaciones postulantes, de acuerdo a los criterios que se establecen en el proyecto.
Los consejeros serán designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo, previa consulta a las organizaciones sindicales más representativas de los trabajadores, asociaciones gremiales de la micro y pequeña empresa y aquellas entidades especializadas más idóneas en materias laborales.
Durarán en sus funciones cuatro años, y elegirán entre sus miembros un presidente. Actuará como secretario ejecutivo del consejo un representante de la Subsecretaría del Trabajo, quien tendrá el carácter de ministro de fe. El decreto supremo que designe a los integrantes titulares del Consejo, establecerá la nómina de suplentes que lo integrarán en ausencia de uno o más titulares. Los miembros del Consejo serán remunerados por asistencia a las sesiones, con un límite anual que la propia ley fija.
Podrán financiarse total o parcialmente todos los costos necesarios para el desarrollo de las actividades de capacitación, formación y asesoría, según se trate. Las organizaciones beneficiarias del financiamiento, dentro de un plazo de treinta días desde que haya finalizado la actividad financiada por el fondo, deberán rendir cuenta documentada de su realización y de los fondos asignados.
Agrega el Mensaje que corresponderá al Consejo del fondo llamar a postulación ordinaria, una vez al año, pudiendo establecer convocatorias separadas para cada programa. Cada período de postulación no podrá ser inferior a treinta días y deberá asegurarse la publicidad nacional y regional de su convocatoria, con la debida especificación de los parámetros de referencia, criterios de selección, máximo de horas de actividades de capacitación, formación y asesoría a financiar y topes de valor de éstas, para el conocimiento previo de los potenciales beneficiarios y ejecutores. Los resultados de cada convocatoria deberán ser publicados e informados, por carta certificada, a todas las entidades postulantes. A aquellos postulantes no seleccionados se les deberá comunicar las observaciones que se le formularon a su postulación, para favorecer sus perspectivas de adjudicación en futuras postulaciones. En el evento de resultar un excedente de los recursos del fondo para un año calendario, el Consejo podrá convocar, en similares términos, a un período extraordinario de postulaciones.
El fondo operará con recursos provenientes del Presupuesto de la Nación, los que le serán asignados anualmente en la Ley de Presupuestos.
Por último, resalta que el Gobierno está convencido de la contribución fundamental que reporta la creación de este fondo a la modernización de las relaciones laborales y al desarrollo y promoción de organizaciones sindicales y empresariales de la micro y pequeña empresa más representativas y autónomas y está seguro que el presente proyecto incidirá, además, en el propósito de seguir avanzando en condiciones de mayor justicia y equidad, en el marco del crecimiento económico que el país se ha propuesto.
II. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
En conformidad con el Nº 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que la idea matriz o fundamental del proyecto es la de crear un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical.
Dicha idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto en 17 artículos permanentes y uno transitorio, cuyo contenido general se ha reseñado anteriormente.
III. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES O DE QUÓRUM CALIFICADO.
En el proyecto en informe, no existen disposiciones que revistan tal carácter.
IV. DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.
Vuestra Comisión recibió al señor Julio Valladares Muñoz , Subsecretario del Trabajo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, quien entregó estudios, notas y memorandos que quedaron a disposición de los señores diputados.
V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
Vuestra Comisión estimó que los artículos 1º, 3º, 12, 14, 15 y 16 permanentes y el artículo transitorio deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
VI. DISCUSIÓN EN GENERAL.
Durante la discusión general de este proyecto de ley, vuestra Comisión recibió y escuchó, en su sesión del día martes 7 de julio del año en curso, al señor Julio Valladares Muñoz , Subsecretario del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien, en síntesis, manifestó que el Ejecutivo , en la elaboración del presente proyecto de ley, tuvo como antecedentes la ley Nº 19.214, promulgada en mayo de 1993, que creó el Fondo para la Capacitación Sindical por un período de 4 años y que posibilitó el entrenamiento de 60.276 trabajadores y dirigentes sindicales hasta 1997.
Manifestó, asimismo, que el eje de la política laboral del Gobierno es fomentar “nuevas relaciones laborales” en las empresas, con mayor cooperación y diálogo entre empleadores y sindicatos para enfrentar los mejoramientos de productividad y competitividad, apoyando la tecnificación de las organizaciones sindicales para asumir los nuevos desafíos del siglo XXI.
En esa línea argumental resaltó que los objetivos del Fondo serán financiar acciones de capacitación sindical para las organizaciones sindicales de empresas, federaciones y confederaciones en temas como: calidad, competitividad, productividad, negociación colectiva, funcionamiento de los comités de capacitación en las empresas y en aquellos temas destinados a mejorar sus capacidades técnicas para desarrollar nuevas relaciones laborales en las empresas y mejores negociaciones colectivas.
Asimismo, se financiarán actividades de capacitación sindical que se refieran a materias vinculadas al desarrollo y fortalecimiento de la actividad sindical.
Del mismo modo, se propone financiar innovaciones en materia de relaciones laborales que desarrollen bipartitamente trabajadores y empresarios de las pequeñas empresas destinados a mejorar el cumplimiento de la normativa laboral e introducir técnicas de gestión modernas y participativas en las pequeñas empresas que mejoren el clima laboral en las empresas de menor tamaño. Estos proyectos de innovación en materia laboral deberán ser presentados por las asociaciones sectoriales, regionales o comunales de las pequeñas empresas.
Agregó que el Fondo estará administrado y dirigido estratégicamente por el Ministerio del Trabajo y la asignación de recursos del Fondo será realizada por un Consejo que estará integrado por personalidades ligadas al mundo laboral y que actuarán como Jurado para las 2 líneas del Fondo para evaluar y asignar el financiamiento de actividades destinadas a fomentar “mejores relaciones laborales”.
El monto de recursos será definido anualmente en la Ley de Presupuesto, en el primer año se consideran ochocientos millones de pesos para la línea sindical y cien millones de pesos para la línea de la pequeña empresa. El Fondo durará los próximos cuatro años.
Básicamente, expresó el señor Subsecretario del Trabajo , este proyecto perfecciona el antiguo instrumento que funcionó entre 1993 y 1997, y que era un fondo de extensión sindical.
Los cambios principales son tres: el primero busca la capacitación de los dirigentes sindicales y los socios de los sindicatos, sobre materias propias de la ley sindical y también, sobre materias de lo que se ha llamado el mejoramiento y modernización de las relaciones laborales y, en particular, todo lo que permita elevar la calidad de las relaciones laborales en las empresas, lo que se ha llamado en el artículo 2º una línea de temas emergentes, para que comprendan los temas de crecimiento económico, productividad de las empresas, y de esa manera la relación sindicato con las empresas.
La segunda gran innovación radica en que este Fondo no solamente tiene una línea destinada para las organizaciones sindicales y sus socios, sino también una línea para la pequeña empresa para capacitarse y mejorar el conocimiento y práctica de las normas laborales, por las continuas infracciones a ella que se registran en este nivel empresarial.
La tercera innovación tiende al mejoramiento de la administración y operación de los recursos públicos del Fondo, por lo que se genera un Consejo con mayores integrantes que los que había en el fondo anterior, estableciéndose un mayor apoyo económico, para que la dedicación de los consejeros se pueda desarrollar con mayor dedicación y profesionalismo y los organismos que van a prestar capacitación sean del mayor prestigio, para que tanto pequeños empresarios, como dirigentes sindicales y socios puedan tener una capacitación del más alto nivel.
Por su parte, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social compartió la necesidad de establecer este Fondo dadas las ventajas que significó el funcionamiento del Fondo anterior, en cuya tramitación le correspondió participar a ella. Estimó, asimismo, que este proyecto estimula la capacitación sindical, la tecnificación y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, en especial las de menor tamaño, y constituye un instrumento eficaz para lograr un mayor entendimiento entre trabajadores y empresarios, fomentando, al mismo tiempo, nuevas relaciones laborales en las empresas con el propósito de lograr una mayor cooperación y diálogo entre empleadores y sindicatos para enfrentar los mejoramientos de productividad y competitividad de nuestra economía.
En esta misma sesión, vuestra Comisión, sometió el proyecto de ley a votación en general, resultando aprobado por 8 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.
VII. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DISIDENTES AL ACUERDO ADOPTADO EN LA VOTACIÓN EN GENERAL.
En el debate habido en la discusión general diversos señores diputados señalaron su opinión contraria a la aprobación de este proyecto en atención a que, primero, dada su estructura, permitiría que el ciento por ciento de los recursos del Fondo se destinaran al programa contemplado en la letra a) de su artículo 2º, en detrimento del otro programa, el de la letra b), que, en definitiva, dejaría en cero el financiamiento de proyectos para asociaciones gremiales de la pequeña y micro empresa.
La segunda observación, se refiere a la integración del Consejo que asigna los recursos, la que podría ser un poco menos discrecional, puesto que, en resumen, el Presidente de la República nombra al consejero que quiere, en circunstancias de que la norma debería garantizar una conformación de éste más pluralista, representativa de todos los sectores posibles, ya sea por la vía del nombramiento compartido u otro que se estime conveniente a estos fines.
Asimismo, estimaron que el proyecto no deja claramente establecido el financiamiento de la capacitación para trabajadores que no están sindicalizados, en qué forma pueden tener acceso y en qué cantidad de recursos, duda que se extiende a la pequeña empresa.
Por último, estimaron ser contrarios a resolver problemas ad hoc. Señalaron que el Estado tiene el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, organismo público que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sujeto a los controles de ese Ministerio y de la Contraloría General de la República, por lo que, a juicio de ellos, mejor sería otorgarle recursos a este Servicio.
VIII. DISCUSIÓN PARTICULAR.
Vuestra Comisión, en su sesión ordinaria celebrada el día martes 7 de julio del año en curso, sometió a discusión particular el proyecto de ley adoptándose, por unanimidad, el acuerdo de aprobar, por la misma votación en general (8 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones), todos los artículos del proyecto de ley, con excepción de los artículos 2º, 4º, 6º y 9º que generaron mayor debate, respecto de los cuales se adoptaron los siguientes acuerdos:
Artículo 2º
Sometido a votación, resultó aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
Artículo 4º
Aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
Artículo 6º
La señora Muñoz , doña Adriana , y los señores Letelier, don Juan Pablo ; Alessandri y Riveros , presentaron indicación para reemplazar en el encabezado de su inciso primero, la palabra “procurando” por “disponiendo”, y en la letra a) del mismo inciso, la palabra “procurándose” por “garantizándose”.
Sometido a votación el artículo con dicha indicación, resultaron aprobados por 13 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Artículo 9º
Sometido a votación resultó aprobado por 8 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
-o-
IX. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS O DECLARADOS INADMISIBLES POR LA COMISIÓN.
En conformidad con sus facultades reglamentarias, el señor León ( Presidente ), declaró inadmisible la siguiente indicación:
-De los señores Alessandri , Dittborn y Fossa , para añadir la siguiente letra c), al artículo 9º del proyecto:
“c) Personas naturales que se interesen en participar en los cursos, seminarios u otros servicios que se provean con este Fondo.”.
X. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.
Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que oportunamente os dará a conocer el señor diputado informante , vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
“TÍTULO I
DEL FONDO
Artículo 1º.- Créase un Fondo para la Modernización de las Relaciones Laborales y el Desarrollo Sindical, en adelante el Fondo, cuya finalidad única será financiar actividades de capacitación, formación y asesoría, cuyos destinatarios principales serán los socios de organizaciones sindicales de cualquier nivel y sector de la economía, así como asociaciones gremiales de la pequeña y micro empresa, legalmente constituidas.
Las actividades de capacitación, formación y asesoría, financiadas de acuerdo a esta ley, estarán destinadas a promover la tecnificación y el fortalecimiento de las organizaciones respectivas, con el fin de contribuir a la realización de sus objetivos y elevar la calidad y equidad en las relaciones laborales en las empresas.
Artículo 2º.- Los recursos que aportará el Fondo para tales actividades, se distribuirán en dos programas:
a) Uno estará destinado al financiamiento de proyectos para organizaciones sindicales. Dispondrá de dos líneas de financiamiento.
La primera línea estará destinada a financiar actividades de capacitación y formación sindical, tales como cursos y seminarios y otras análogas, cuyo contenido esté referido a la promoción y desarrollo de la organización sindical y sus afiliados, en aquellas materias vinculadas al cumplimiento de sus finalidades, señaladas en la ley o en sus estatutos.
La segunda línea estará destinada a financiar actividades de capacitación y formación sindical en materias específicas que anualmente seleccione el Consejo a que se refiere el artículo 3º, en consulta con las organizaciones sindicales más representativas y entidades académicas o profesionales más idóneas en materia de relaciones laborales. Tales materias deberán corresponder a temas laborales emergentes, de interés nacional, propios del desenvolvimiento económico y social y de los requerimientos que derivan de ellos para la modernización de las relaciones laborales y acerca de los cuales se estime relevante promover el conocimiento y formación de las organizaciones sindicales, a fin de contribuir a elevar su capacidad de gestión y participación en el desempeño de las funciones que les corresponda desarrollar en tales temas.
A este programa no podrá destinarse menos de dos tercios de los recursos anuales de que disponga el Fondo, deducidos sus gastos de administración. Con todo, los fondos asignados a la segunda línea no podrán ser inferiores a un tercio del total asignado al programa.
b) El otro programa estará destinado al financiamiento de proyectos para asociaciones gremiales de la pequeña y micro empresa, que podrán consistir en capacitación, formación y asesorías para éstas y sus miembros, tendientes a mejorar los niveles de conocimiento de sus afiliados en materia de legislación laboral y de seguridad social y su aplicación a la empresa, su capacidad de gestión de recursos humanos y de adecuación a los procesos económicos y tecnológicos. Asimismo, este programa podrá financiar actividades de asesoría directa a nivel de empresa, respecto de los afiliados de tales organizaciones en los referidos temas.
El programa podrá considerar, además, el financiamiento de actividades de asesoría con el objeto de asistir a estas organizaciones en la detección y evaluación de sus necesidades para la formulación de proyectos concursables, de acuerdo a la reglamentación que dicte el Fondo y los límites de horas y valor de éstas fijados para cada período anual de postulación.
Artículo 3º.- El Fondo operará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación. Será administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo podrá celebrar convenios con organismos de la Administración del Estado con el objeto de que éstos organicen, administren y supervisen los programas a que se refiere el artículo segundo de este cuerpo legal.
Estos programas serán financiados total o parcialmente con los recursos del Fondo a que alude esta ley, y serán ejecutados por los organismos ejecutores señalados en el artículo 7º.
TÍTULO II
DEL CONSEJO
Artículo 4º.- Un consejo constituido por siete miembros, de dilatada trayectoria en la actividad sindical, gremial, académica o de capacitación, asignará los recursos destinados a financiar los proyectos que se presenten en los programas referidos en el artículo segundo. Dichos consejeros serán designados por el Presidente de la República mediante decreto supremo, previa consulta a las organizaciones sindicales más representativas de los trabajadores, asociaciones gremiales de la micro y pequeña empresa y aquellas entidades especializadas más idóneas en materias laborales.
El decreto supremo que designe a los integrantes titulares del Consejo, establecerá la nómina de suplentes que lo integrarán en ausencia de uno o más titulares.
Los consejeros que no sean funcionarios públicos, tendrán derecho a percibir por cada sesión a la que asistan la suma equivalente a 3 Unidades Tributarias Mensuales, con un tope anual de 54 Unidades Tributarias Mensuales.
Los integrantes del Consejo durarán en sus funciones cuatro años, y elegirán entre sus miembros un Presidente. Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo un representante de la Subsecretaría del Trabajo, quien tendrá el carácter de ministro de fe.
Artículo 5º.- El Consejo asignará los recursos para las actividades financiadas respecto de cada programa y línea, dividido en dos salas, cada una de ellas especializada en uno de los programas que contempla el Fondo. Las resoluciones adoptadas por cada una de estas salas se entenderán adoptadas por el Consejo. Cada sala será integrada por a lo menos tres consejeros, y las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus miembros. Será el propio Consejo el que designará a sus miembros para integrar cada una de éstas.
No obstante las facultades de dirección y administración de la Subsecretaría del Trabajo, ella no podrá intervenir, en caso alguno, en las resoluciones que adopte el Consejo del Fondo, respecto de las solicitudes de financiamiento que le corresponda conocer.
El Consejo podrá contratar, cuando lo estime conveniente y en forma previa a su resolución, evaluadores externos que informen los proyectos, con cargo a gastos de administración.
Artículo 6º.- El Consejo adoptará sus resoluciones disponiendo la más adecuada distribución de los recursos disponibles y atendiendo fundamentalmente a los siguientes criterios:
a) La ubicación geográfica de la o las organizaciones postulantes y la adecuada distribución regional de los recursos, garantizándose el financiamiento de actividades en todas las regiones del país. Al menos el cincuenta por ciento de los fondos anuales deberá destinarse a la capacitación, formación y asesoría de beneficiarios que no se ubiquen en la Región Metropolitana;
b) El número de asociados de la o las organizaciones postulantes y su representatividad dentro del área de actividad o de los servicios en la que se adscriben;
c) La tasa de crecimiento de la o las organizaciones postulantes o del área de actividad o de los servicios en la que se adscriben;
d) El costo de la actividad y su justificación, así como las posibilidades alternativas de financiamiento que puedan tener la o las organizaciones postulantes;
e) La existencia y desarrollo de una estructura para la formación sindical en la o las organizaciones postulantes, y
f) La calidad y experiencia de las personas naturales o jurídicas que impartirán las actividades de formación, capacitación y asesoría de que se trate.
TÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FONDO
Artículo 7º.- Serán ejecutores de las actividades de capacitación, formación y asesoría a que se refiere la presente ley, las personas naturales o jurídicas, con o sin fines de lucro, inscritas en el Registro de Ejecutores que se llevará al efecto.
Podrán inscribirse en el Registro entidades tales como universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, consultoras, asesores y consultores independientes, que acrediten idoneidad y experiencia en actividades de capacitación, formación y asesoría relacionadas con las finalidades del Fondo.
El Registro de Ejecutores contendrá los antecedentes de quienes se inscriban como tales, así como de aquellas actividades que realicen con financiamiento del Fondo y su evaluación. Los ejecutores estarán obligados a actualizar sus antecedentes cada dos años, conforme a los requerimientos establecidos por el Consejo.
Artículo 8º.- Se llamará a postulación ordinaria una vez al año, en la forma y oportunidad que determine el Consejo, el que podrá establecer convocatorias separadas para cada programa.
En el evento de resultar un excedente de los recursos del Fondo para un año calendario, el Consejo podrá convocar, en similares términos, a un período extraordinario de postulaciones.
Cada período de postulación no podrá ser inferior a treinta días y deberá asegurarse la publicidad nacional y regional de su convocatoria, según el caso, con la debida especificación de los parámetros de referencia, criterios de selección, máximo de horas de actividades de capacitación, formación y asesoría a financiar y topes de valor de éstas.
Artículo 9º.- Podrán postular a la obtención de financiamiento del Fondo, con cargo al respectivo programa:
a) Una o más organizaciones sindicales de cualquier nivel, legalmente constituidas. También podrán hacerlo respecto del programa de que son beneficiarias esas organizaciones, las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Ejecutores , si cuentan con el patrocinio de una o más organizaciones sindicales;
b) Una o más asociaciones gremiales de la pequeña y micro empresa legalmente constituidas. Para los efectos de esta ley se entenderá por tales aquellas que afilien a los menos un 75% de pequeñas y micro empresas, es decir, aquellas que emplean menos de 50 trabajadores cada una y cuyos ingresos anuales no excedan de 25.000 Unidades de Fomento. En todo caso, los proyectos que se financien con cargo al Fondo, deberán destinarse específicamente a micro o pequeñas empresas.
Artículo 10.- La postulación deberá contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
a) La individualización precisa y clara de la o las organizaciones postulantes, el área geográfica y de actividad a que se adscriben y el número de sus respectivos asociados;
b) La descripción de la actividad a cuyo financiamiento se postula, señalándose sus características, contenido, duración y beneficiarios, así como la indicación del programa y línea de acción específica a que se postula;
c) La individualización precisa y clara de la persona natural o jurídica que impartirá la actividad de que se trate, los antecedentes de su inscripción en el Registro de Ejecutores y la nómina de los profesores, consultores, expertos o asesores que tendrán a su cargo las actividades que se proponen;
d) La suma correspondiente al financiamiento que se solicita, el que podrá ser total o parcial, y su justificación. Deberán indicarse con precisión en la postulación, los montos asignados a gastos directos, indirectos y de administración del proyecto; y
e) Los demás antecedentes que determine el Consejo, de acuerdo a los criterios de selección que fije.
Artículo 11.- El Consejo publicará los resultados de cada llamado e informará de ellos por carta certificada a todas las entidades postulantes. En caso de no haber sido seleccionado, la carta que se envíe al postulante deberá indicar las observaciones que se formularon a su postulación.
Artículo 12.- Podrán financiarse, total o parcialmente, todos los costos necesarios para el desarrollo de la actividad de que se trate. No obstante, los gastos de alojamiento, alimentación y movilización de los participantes en actividades de formación y capacitación, sólo podrán financiarse en cuanto resulten indispensables para la realización de las mismas.
El Consejo podrá autorizar el financiamiento de acciones complementarias a la actividad principal, tales como selección y seguimiento de participantes, preparación y evaluación de la actividad, etc., cuando éstas se justifiquen debidamente en la postulación. Sin embargo, no podrá autorizarse el financiamiento de actividades a realizarse más allá de los 30 días siguientes a la conclusión de la actividad principal.
No podrá autorizarse para el financiamiento de actividades complementarias, más del 10% del monto total aprobado por el Fondo para la actividad principal.
Artículo 13.- Un Reglamento regulará el procedimiento y forma de postulación al financiamiento de proyectos por el Fondo y el funcionamiento del Consejo.
TÍTULO IV
DEL CONTROL
Artículo 14.- Las organizaciones beneficiarias del financiamiento de actividades de capacitación, formación y asesoría, deberán rendir cuenta de su realización y de los fondos asignados a éstas. Tal cuenta deberá ser documentada y efectuarse dentro de un plazo de treinta días desde que haya finalizado la actividad financiada por el Fondo. El incumplimiento de tal obligación por parte de la o las organizaciones respectivas, se considerará como un antecedente negativo para futuras postulaciones de financiamiento. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Consejo estimare grave dicho incumplimiento, podrá inhabilitar a la infractora para nuevas postulaciones, comunicando su decisión por carta certificada.
A solicitud del Consejo, se podrá contratar auditorías de gestión y contables respecto de los proyectos informados conforme al inciso anterior. Asimismo, el Consejo podrá solicitar la contratación de auditorías externas relativas a aspectos financieros y contables de la gestión del Fondo.
Artículo 15.- El que diere una aplicación indebida de los recursos provenientes de esta ley, será sancionado, conforme al artículo 470 del Código Penal, con las penas establecidas en el artículo 467 del mismo.
Artículo 16.- Se podrá destinar a gastos de administración del Fondo, hasta un 4% de los recursos anuales asignados a éste.
TÍTULO V
DURACIÓN DEL FONDO
Artículo 17.- El Fondo que establece esta ley tendrá una duración de cuatro años a contar de la fecha de vigencia de la misma. Transcurrido ese plazo se extinguirá por el solo ministerio de la ley.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo Transitorio.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el año 1998, se financiará mediante trasferencia desde el ítem 50-01-03-25-33-104 del Tesoro Público.”.
-o-
Se designó Diputado informante a don Manuel Bustos Huerta.
Sala de la Comisión, a 7 de julio de 1998.
Acordado en sesiones de 2 de junio y 7 de julio del presente año, con asistencia de los señores Bustos, don Manuel ; Dittborn, don Julio ; Fossa, don Haroldo ; Letelier, don Juan Pablo ; León, don Roberto ; Longton, don Arturo ; Muñoz , doña Adriana ; Paya, don Darío ; Pérez, don Aníbal ; Pollarolo , doña Fanny ; Prochelle, doña Marina ; Riveros, don Edgardo , y Seguel, don Rodolfo.
Asistieron, además, a la sesión del día 7 de julio de 1998, en reemplazo de la señora Pollarolo , doña Fanny , y del señor Longton, don Arturo , los señores Navarro, don Alejandro , y Alessandri, don Gustavo , respectivamente.
(Fdo.): PEDRO N. MUGA RAMÍREZ, Secretario Abogado de la Comisión ”.
5. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que crea un fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical. (boletín Nº 2.170-13)
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Julio Valladares, Subsecretario del Trabajo.
El propósito de la iniciativa consiste en crear un Fondo para la modernización de las relaciones laborales y desarrollo sindical fundado en la experiencia de la ley Nº 19.214, de 1993, que tuvo por objeto contribuir durante cuatro años a la promoción y desarrollo de un sindicalismo moderno y tecnificado en el marco de relaciones laborales más participativas e integradoras. La aplicación de la referida normativa posibilitó la capacitación de 60.276 trabajadores y dirigentes sindicales a través del financiamiento de 1.821 cursos.
Se expresa en el Mensaje que las innovaciones que se proponen en el proyecto, en general, persiguen extender los beneficios del Fondo para la Capacitación y Formación Sindical a la pequeña y micro empresa, incorporando dos programas dirigidos, uno, a las organizaciones sindicales que busca la capacitación de los dirigentes sindicales y de los socios de los sindicatos y, el otro, a las pequeñas empresas para otorgar capacitación y mejorar el conocimiento y práctica de las normas laborales y, asimismo, optimizar el funcionamiento del Fondo.
El señor Julio Valladares , Subsecretario del Trabajo hizo hincapié en la feble cultura laboral existente en el país que se manifiesta en una falta de diálogo entre las partes para resolver sus problemas, razón por la cual el proyecto serviría para aumentar el nivel de conocimiento de los instrumentos de negociación laboral y así mejorar las relaciones laborales en un número importante de empresas.
En la Comisión se puso énfasis en la dificultad de definir conceptos como modernización en las relaciones laborales, lo cual pasa por el respeto que se deben en la empresa empleadores y trabajadores; así como, en la constatación de desequilibrios existentes en la cultura laboral de los distintos sectores que conforman la empresa, lo que haría imperativo invertir en ellos y hacer más transparente las relaciones internas de las partes que forman la empresa.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que el proyecto representa un costo máximo de $ 400 millones para el año 1998, incluyendo los recursos para los dos programas, los gastos de administración (4%) y, el financiamiento de las acciones que se señalan en los artículos 3º, 12 y 14 del proyecto.
Por otra parte, la aplicación del proyecto durante el período 1999 al 2002 representa un costo de $ 907 millones para cada año que incluye los recursos para los ítemes señalados en el párrafo precedente.
El desglose de los montos antes señalados es el siguiente:
1.- AÑO 1998
a.- Financiamiento de proyectos para organizaciones sindicales $ 346 millones
b.- Financiamiento de proyectos para asociaciones gremiales de la $ 38 millones
pequeña y micro empresa
c.- Gastos de administración del Fondo (4%), el cual incluye contratación $ 16 millones
de evaluadores externos que informen los proyectos, según art. 5º
Costo Total $ 400 millones
2.- AÑOS 1999 – 2000 – 2001 - 2002
a.- Financiamiento de proyectos para organizaciones sindicales $ 775 millones
b.- Financiamiento de proyectos para asociaciones gremiales microempresa $ 96 millones
c.- Gastos de administración del Fondo (4%), el cual incluye contratación $ 36 millones
de evaluadores externos que informen los proyectos, según art. 5º
Costo Total $ 907 millones
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1º, 3º, 12, 14, 15 y 16 permanentes y del artículo transitorio.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
En el artículo 1º del proyecto, se crea un Fondo para la modernización de las relaciones laborales y el desarrollo sindical cuya única finalidad será financiar actividades de capacitación, formación y asesoría de socios de organizaciones sindicales, así como, de asociados a la pequeña y micro empresa, legalmente constituidas.
Los Diputados señores Álvarez , Dittborn , Galilea, don Pablo ; García, don José ; Huenchumilla , Palma, don Andrés , y Ortiz , formularon una indicación para intercalar entre las frases “cuyos destinatarios principales serán” y “los socios de organizaciones sindicales”, las palabras “los trabajadores y”.
Puesto en votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 2º, se especifica el tipo de programa que utilizará el Fondo para cumplir con sus objetivos.
En el artículo 3º, se señala que el Fondo operará con recursos asignados en la Ley de Presupuestos y será administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría del Trabajo.
Para organizar, administrar y supervisar los programas referidos en el artículo anterior el Ministerio del Trabajo podrá celebrar convenios con organismos de la administración del Estado, los cuales serán financiados con los recursos del Fondo y ejecutados con los organismos ejecutores que señala el artículo 7º.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 12, se especifican los gastos que podrán financiarse con cargo al Fondo, incluyendo los costos necesarios para el desarrollo de las actividades de formación y capacitación, y los gastos de alojamiento, alimentación y movilización de los participantes cuando resulten indispensables para la realización de las mismas.
En el inciso segundo, se faculta al Consejo para autorizar el financiamiento de acciones complementarias a la actividad principal cuando se justifiquen en la postulación. Sin embargo, no procederá el financiamiento de actividades a realizarse en un plazo superior a 30 días de concluida la actividad principal.
En la Comisión se debatió si sería suficiente un plazo de 30 días para hacer un seguimiento de las actividades cuyo financiamiento se habría autorizado, estimándolo suficiente la autoridad de Gobierno, señor Julio Valladares.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por 4 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.
En el artículo 14, se dispone que las organizaciones beneficiarias del financiamiento de las actividades de capacitación, formación y asesoría deberán rendir cuenta de su realización y de los fondos asignados a éstas en las condiciones que indica.
En el inciso segundo, se establece que se podrá contratar auditorías de gestión y contables respecto de los proyectos que señala y también contratar auditorías externas sobre aspectos financieros y contables de la gestión del Fondo.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo 15, se contemplan sanciones para el que diere una aplicación indebida a los recursos del Fondo.
Este artículo se consideró que no era de competencia de la Comisión, por lo que ésta se abstuvo de pronunciarse al respecto.
En el artículo 16, se señala que se podrá destinar a gastos de administración del Fondo hasta un 4% de los recursos anuales asignados a éste.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
En el artículo transitorio, se establece que el mayor gasto que origine el proyecto durante 1998, se financiará mediante transferencias desde el ítem 50-01-03-25-33-104 del Tesoro Público.
Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.
Sala de la Comisión, a 10 de agosto de 1998.
Acordado en sesión de fecha 4 de agosto de 1998, con la asistencia de los Diputados señores Palma, don Andrés ( Presidente ); Álvarez, don Rodrigo ; Dittborn, don Julio ; Galilea, don Pablo ; García, don José ; Huenchumilla, don Francisco ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Lorenzini, don Pablo ; Montes, don Carlos , y Ortiz, don José Miguel.
Se designó Diputado informante al señor Montes, don Carlos.
(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Abogado Secretario de la Comisión ”.
Moción de los Diputados señores Juan Bustos , Elgueta , Pareto , Luksic , Hales , Aníbal Pérez y Juan Pablo Letelier.
Modifica el Código de Justicia Militar derogando, conforme a la Constitución Política, la integración de la Corte Suprema por el Auditor General del Ejército. (boletín Nº 2215-07)
La existencia de una jurisdicción militar en el sistema de administración de justicia de un país, requiere, para su buen funcionamiento, de normas claras y precisas que regulen las relaciones entre esta jurisdicción especial y la estructura de los tribunales ordinarios de justicia.
Respecto de estos últimos, la modificación introducida en la Constitución Política de Chile por la ley Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997, alteró la naturaleza y la extensión de la composición de la Corte Suprema, determinándose, en el inciso segundo del artículo 75, que ella se compondrá de veintiún ministros, en cuyo nombramiento participan los tres poderes del Estado. El Senado debe aprobar el nombramiento que hace el Presidente de la República dentro de una quina propuesta por la misma Corte.
Al mismo tiempo, que el máximo tribunal ya no está integrado sólo por miembros provenientes del Poder Judicial, sino también por abogados extraños a la administración de la justicia, en número de cinco.
En la Corte Suprema, sigue radicada la superintendencia directiva, correccional y económica de los tribunales de la República, salvo aquellos excluidos por el artículo 79 de la Carta Superior.
De esta forma, la reforma constitucional del artículo 75 de la Carta Fundamental fijó el número de miembros y modificó la composición de la Corte Suprema, así como el sistema y la naturaleza de la generación del máximo tribunal. Esto es, alteró los fundamentos fundamentales de su organización, lo que provocó -claramente- una derogación tácita de las normas legales que regían su organización. Dicho de otra manera, la nueva regulación de una materia como la mencionada, en forma completa e íntegra, por un nuevo cuerpo de normas, hace perder vigor a todas las reglas que aisladamente o en conjunto regían sobre el particular.
No obstante que en el ámbito del derecho público, como lo es la organización del máximo tribunal del país. La derogación orgánica se observa con frecuencia y facilidad, no es menos cierto que ella siempre conlleva una incertidumbre en cuanto a su alcance, lo que hace compleja la tarea del intérprete llamado a aplicar las leyes.
En virtud de lo anterior, se hace necesaria y conveniente una ley específica que venga a resolver, por la vía de la derogación expresa, los problemas de interpretación que suscite la derogación orgánica en una materia tan importante como la referida.
Es el caso de la regla legal del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, que en virtud de su encabezado permitía la integración de la Corte Suprema con el Auditor General del Ejército, cuando ejercía la jurisdicción militar en tiempo de paz, lo que no contradecía el antiguo texto del artículo 75 de la Constitución, en consideración a que éste determinaba el procedimiento de conformación de la Corte Suprema, sin precisar el número de sus integrantes, cosa que quedaba encomendada al legislador.
En la actualidad la reforma constitucional aludida ha derogado orgánicamente las disposiciones que regían en todas estas materias, tanto de rango constitucional como las de menor jerarquía, por lo que la inclusión del Auditor General del Ejército entre los integrantes de la Corte Suprema tiene que entenderse derogada, por cuanto es ajena al texto y sentido del nuevo artículo 75 de la Constitución Política de la República.
De este modo, parece adecuado modificar explícitamente el encabezado del artículo 70-A del Código de Justicia Militar, para el correcto funcionamiento y desempeño de la Corte Suprema.
No obstante, la derogación expresa que se propone, parece conveniente que los Auditores Generales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, atendida la investidura que poseen en materias técnicas, reglamentarias y disciplinarias y que forman parte de la organización jurídica de los cuerpos castrenses sean consultados sobre asuntos específicos, dándoles un plazo de hasta 30 días para evacuar sus informes, teniendo por cumplida tal obligación, si no lo hicieren dentro del plazo, diligencia que en ningún caso será vinculante.
Por esas razones proponemos el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Modifícase el Código de Justicia Militar en su artículo 70 de la siguiente forma:
1. En el encabezado de este artículo: Suprímese la oración “integrada por el Auditor General del Ejército o quien deba subrogarlo”.
2. Agrégase el inciso final:
“Los auditores generales del Ejército, Armada, Aviación y Carabineros deberán ser oídos por la Corte Suprema antes de resolver los asuntos relacionados con su respectiva institución y a que se refieren el párrafo primero de este artículo y los números 5, 6 y 7. Para expedir su informe dispondrán de un plazo de treinta días, contados desde la recepción del oficio que ordene la consulta. Si no se evacuare en el plazo indicado, el trámite se tendrá por cumplido”.