Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Evelyn Matthei Fornet
- Jorge Pizarro Soto
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- V. ACUERDO DE LOS COMITÉS
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DE TABLA DE EQUIVALENCIA DE HECTÁREAS DE RIEGO BÁSICO.
- INTEGRACIÓN
- Mario Alberto Acuna Cisternas
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Juan Pablo Letelier Morel
- Luis Monge Sanchez
- Exequiel Silva Ortiz
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DE TABLA DE EQUIVALENCIA DE HECTÁREAS DE RIEGO BÁSICO.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Victor Perez Varela
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- INTERVENCIÓN : Osvaldo Palma Flores
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- INTERVENCIÓN : Edmundo Villouta Concha
- INTERVENCIÓN : Maria Angelica Cristi Marfil
- INTERVENCIÓN : Luis Pareto Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Ricardo Rincon Gonzalez
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Carlos Montes Cisternas
- INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Victor Perez Varela
- Julio Dittborn Cordua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Victor Perez Varela
- Julio Dittborn Cordua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Waldo Mora Longa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gonzalo Ibanez Santa Maria
- Victor Perez Varela
- Julio Dittborn Cordua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Manuel De Ortuzar Ibanez
- Victor Perez Varela
- Julio Dittborn Cordua
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Laura Soto Gonzalez
- Victor Reyes Alvarado
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Pablo Lorenzini Basso
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Luis Pareto Gonzalez
- Cristian Antonio Leay Moran
- Jaime Naranjo Ortiz
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Juan Jose Bustos Ramirez
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Waldo Mora Longa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Jorge Ulloa Aguillon
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- INDICACIÓN
- NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
- VII. PROYECTOS DE ACUERDO
- COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE INSCRIPCIÓN DE REGISTROS DE DOMINIO EN INTERNET.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Alejandro Navarro Brain
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Jose Francisco Encina Moriamez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Eugenio Tuma Zedan
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Rafael Arratia Valdebenito
- Juan Nunez Valenzuela
- Sergio Aguilo Melo
- Victor Barrueto
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- ANTECEDENTE
- MANDATO, A LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE EMOS Y ESVAL, PARA AGREGAR EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESSBÍO S.A.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Andres Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Laura Soto Gonzalez
- DEBATE
- COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE INSCRIPCIÓN DE REGISTROS DE DOMINIO EN INTERNET.
- VIII. INCIDENTES
- DÍA DEL HOSPITAL. PETICIONES EN MATERIA DE SALUD. Oficios.
- CANCELACIÓN DE MEDICAMENTO DEL REGISTRO DE FÁRMACOS. Oficios.
- CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA ZONA DE HUASCO Y PRORRATEO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE SANTA JUANA. Oficios.
- ADHESION
- Sergio Ojeda Uribe
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- EXTRAVÍO DE PERSONAS. Oficios.
- ADHESION
- Carlos Ignacio Kuschel Silva
- Gustavo Alessandri Valdes
- Haroldo Fossa Rojas
- Waldo Mora Longa
- Rosa Gonzalez Roman
- ADHESION
- PARTICIPACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO EN CAMPAÑA ELECTORAL POR ALCALDÍA DE SANTIAGO. Oficios.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- EXIGENCIA DE CHEQUES EN GARANTÍA EN HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. Oficios.
- ADHESION
- Haroldo Fossa Rojas
- ADHESION
- INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. Oficios.
- DEUDA DEL MUNICIPIO DE COQUIMBO CON PROFESORES. Oficio.
- ÍNDICE DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Oficio.
- PROGRAMA DE ATENCIÓN DENTAL IMPULSADO POR LA SEÑORA LUISA DURÁN DE LAGOS. Oficio.
- RECTIFICACIÓN DE JUICIO EMITIDO DURANTE SESIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. Oficio.
- DENUNCIA SOBRE CONTRATO A HONORARIOS AL EX INTENDENTE DE LA DÉCIMA REGIÓN.
- ANTECEDENTES SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES DE ALCALDE DE LOS VILOS. Oficios
- RECONOCIMIENTO POR OBRAS VIALES REALIZADAS EN LA DÉCIMA REGIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS DURANTE ELECCIONES MUNICIPALES. Oficios.
- REGULACIÓN DE CRIADEROS DE PORCINOS EN LOCALIDADES DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
- ADHESION
- Eliana Caraball Martinez
- Alejandro Navarro Brain
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Waldo Mora Longa
- ADHESION
- CIERRE DE LA SESIÓN
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343a, EXTRAORDINARIA
Sesión 1ª, en martes 3 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 11.18 a 14.35 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor; León Ramírez, don Roberto, y Mora Longa, don Waldo.
Presidencia accidental del señor Tuma Zedan, don Eugenio.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I.Asistencia 9
II.Apertura de la sesión 12
III.Actas 12
IV.Cuenta 12
V.Acuerdo de los Comités 12
Integración de comisión mixta sobre proyecto de tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico 12
VI.Orden del Día.
Normativa sobre instalación de antenas de telefonía móvil. Primer trámite constitucional. (Continuación) 12
VII.Proyectos de acuerdo.
Comisión investigadora sobre inscripción de registros de dominio en internet
37
Mandato, a la Comisión especial investigadora de Emos y Esval, para agre
gar el análisis del proceso de licitación de Essbío S.A 40
VIII.Incidentes.
Día del Hospital. Peticiones en materia de salud. Oficios 45
Cancelación de medicamento del registro de fármacos. Oficios 46
Construcción de defensas fluviales en la zona de Huasco y prorrateo de co
sto de construccióndel embalse Santa Juana. Oficios 47
Extravío de personas. Oficios 48
Participación de ministros de Estado en campaña electoral por alcaldía de
Santiago. Oficios 49
Exigencia de cheques en garantía en hospital de la Universidad Católica.
Oficios50
Información sobre funcionario de la Superintendencia de Bancos e Institu
ciones Financieras.Oficios 51
Deuda del municipio de Coquimbo con profesores. Oficio 51
Índice de pensiones de invalidez en administradoras de fondos de pensiones.
Oficio 51
Programa de atención dental impulsado por la señora Luisa Durán de Lagos.
Oficio 52
Pág.
Rectificación de juicio emitido durante sesión de acusación constitucional.
Oficio 53
Denuncia sobre contrato a honorarios al ex intendente de la Décima Región 54
Antecedentes sobre actividades comerciales de alcalde de Los Vilos. Oficios 55
Reconocimiento por obras viales realizadas en la Décima Región y traslado
de personas duranteeleccionesmunicipales.Oficios 56
Regulación de criaderos de porcinos en localidades de la Sexta Región. Ofi
cios 56
IX.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República, por el cual, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República, da inicio a la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público correspondientealaño2001(boletín N° 258905) 59
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente
la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales y la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial (boletín N° 233906) 73
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales hace presentes
las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín N° 2572
05) 74
4.Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín N° 249906)74
Oficios de S.E. el Presidente de la República, mediante los cuales hace pre
sentes las urgencias, con calificación de “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:
5.Modifica la ley N° 19.039, sobre propiedad industrial (boletín N° 241603)..75
6.Establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscali
zación de casinos de juego y salas de bingo (boletín N° 236123) 75
7.Introduce modificaciones a la ley N° 18.902, que crea la Superintendencia
de Servicios Sanitarios y deroga la ley N° 3.133, sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales y su reglamento (boletín N° 257009) 76
8.Reemplaza el Título IV de la ley N° 18.168, de 1982, ley general de Tele
comunicaciones (boletín N° 243615) 76
9.Adecua la legislación que indica conforme a los acuerdos de la Organización
Mundial de Comercio, OMC, suscritos por Chile (boletín N° 242103) 77
10.Sobre libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo (boletín
N° 103507) 77
Pág.
11.Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, estableciendo mayores
exigencias para inscribir un arma, prohibiendo el porte de las mismas y realiza otras modificaciones (boletín N° 221902) 78
12.Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía, recaído en el proyecto que penaliza los actos de discriminación (boletín N° 214217) 78
13.Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicacio
nes, recaído en el proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicio de Transporte de Pasajeros, e introduce otras modificaciones (boletín N° 249615) 86
Oficios del Tribunal Constitucional, por los cuales transcribe las resolucio
nes recaídas en el requerimiento formulado en contra del Tratado entre la
República de Chile y la República de Argentina sobre integración y com plementación minera (boletín N° 240810)
14.Resolución oficio N° 1546 93
15. Resolución oficio N° 1554 104
16.Resolución oficio N° 1565105
17.Oficio de la Excma. Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto
de las observaciones formuladas por S.E. el Presidente de la República al proyecto sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo (boletín N° 103507) 106
X. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Molina, pago de pasajes durante la pasada elección presidencial por parte de la municipalidad de Los Vilos.
Del diputado señor Aníbal Pérez, actuaciones de funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad de la Sexta Región, relacionada con el pago de sobreprecios en adquisiciones efectuadas por ese Servicio.
Del diputado señor Mora, responsabilidades de funcionarios del Since en otorgamiento a autorizaciones a los cursos impartidos por la Corporación de Desarrollo Social de la municipalidad de Calama; irregularidades cometidas en la licitación de camiones bulldozer y barredora vía leasing, por parte de la municipalidad de Calama.
Del diputado señor Fossa, antecedentes por los cuales el SAG dispuso la suspensión, importación, fabricación, venta, distribución y aplicación del pentaclorofenol.
Del diputado señor Errázuriz, declaración jurada de intereses de alcaldes, concejales y consejeros de la Región Metropolitana.
Ministerio del Interior
De los diputados señores Jaramillo, Alessandri, Olivares, Ortiz, Joaquín Palma y Urrutia, informe a autoridades regionales, provinciales y municipales de obligación de funcionarios de abstenerse de participar en campañas electorales en el marco de las próximas elecciones para alcaldes y concejales.
Del diputado señor Rocha, dependencia administrativa de Isla Mocha.
Del diputado señor Pedro Muñoz, fondos extraordinarios a la gobernación provincial de Última Esperanza, Duodécima Región, para que celebren convenio de transporte aéreo a ciudad de Puerto Natales.
Del diputado señor Molina, pago de pensión de invalidez otorgada a don Damián Alexander Vargas Astudillo, de la comuna de Los Vilos.
Del diputado señor Jarpa, instalación de planta de aguas servidas en la comuna de Coihueco, provincia de Ñuble.
Del diputado señor Velasco, creación comuna de Isla Negra.
Del diputado señor Reyes, acentuar labores de prevención, control y fiscalización del transporte de drogas ilícitas en las zonas fronterizas de las Regiones Novena y Décima.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De los diputados señores Osvaldo Palma, Felipe Letelier, Mora, Velasco y Álvarez, acusación de dumping en Brasil.
De los diputados señores Felipe Letelier y Navarro, créditos de Corfo con la Fundación Chile.
Del diputado señor Encina, traslado de medidores de agua potable en la localidad de Guanaqueros, Cuarta Región; mantención de sistemas de alcantarillados particulares de la Población Pablo Neruda, en la localidad de Tongoy, Cuarta Región; servicio de agua potable a familias que residen en el camino de Ovalle a Sotaquí.
De los diputados señores Felipe Letelier, Jaramillo, René García, Reyes, Pareto, Luksic, José Pérez, Rocha, Jarpa, Jiménez, Ascencio, Ortiz, Loren zini, Navarro, Seguel, Ojeda y de las diputadas señoras Caraball y Rozas, proceso de privatización de Essbío S.A.
Del diputado señor Delmastro, agilización de áreas de manejo, por considerarlas como solución de problemas del sector pesquero artesanal; situación de pescadores artesanales de caletas de pequeñas comunidades de la provincia de Valdivia.
Del diputado señor Pablo Galilea, puntos de ventas, cantidad de funcionarios, montos de ventas y fletes subsidiados correspondientes a la Undécima Región por parte de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas.
De la diputada señora Lily Pérez, reparación de estaciones del metro que resultaron dañadas por efecto de los últimos temporales.
Del diputado señor Molina, continuos cortes de energía eléctrica en la comuna de Isla de Maipo.
Del diputado señor Alvarado, entrega de autorización o acreditación a ciudadanos extranjeros para que cumplan funciones de inspector ad honorem de la pesca deportiva y el marco legal que lo posibilita.
Ministerio de Hacienda
Nómina de decretos tramitados con cargos a provisiones que se indican. Ministerio de Educación
De la diputada señorita Sciaraffia, planta de revisión técnica ubicada en establecimiento educacional.
Del diputado señor Ascencio, evaluación de la postulación de las iglesias de Chiloé como sitios del Patrimonio Mundial.
Ministerio de Justicia
De los diputados señores Bertolino, Ulloa, Joaquín Palma, Urrutia, Jaramillo y de la diputada señora Caraball, construcción complejo penitenciario en La Serena.
De los diputados señores Kuschel, Bertolino, Jiménez y Juan Pablo Letelier, estado de avance de diversos proyectos en la Décima Región.
Ministerio de Defensa Nacional
De los diputados señores Ascencio, Andrés Palma, Gutiérrez, Jaramillo, Ojeda, Reyes, Lorenzini, Pedro Muñoz, Navarro, Mora y de la diputada señora Caraball, situación del SLC Juan Agustín Tavie Mella.
Del diputado señor Encina, proyecto de construcción de retén Guanaqueros.
Del diputado señor Navarro, utilización de perros en servicios de seguridad.
Ministerio de Obras Públicas
Del diputado señor Reyes, construcción defensas costeras acceso a Caleta Estanquilla, Décima Región.
Del diputado señor Juan Pablo Letelier, pavimentación cuesta Quilicura, Sexta Región.
Cuadro resumen de oficios emitidos en el mes de agosto a parlamentarios.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
De los diputados señores Rincón y Jaramillo, Programa Chile Comuna Sexta Región año 1999.
De los diputados señores Leay y Seguel, situación sector Valdivieso de la comuna de Recoleta.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Del diputado señor Pablo Galilea, instalación de antena repetidora de televisión en la localidad de Repollal.
De los diputados señores Urrutia, Jaramillo, Sánchez y Mora, cambio de motores en taxis.
De los diputados señores Villouta, Alessandri, Elgueta, Gutiérrez, Jaramillo, Mora y Reyes, restricción vehicular a los móviles catalíticos.
Del diputado señor Encina, prórroga de escuela de conductores profesionales y adecuación de taxímetros.
Del diputado señor Venegas, licitación de casino de Empresa PortuariaSan Antonio.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor Navarro, depósito de minerales tóxicos de la empresa Promel.
De los diputados señores Juan Pablo Letelier, Gutiérrez, Jaramillo, Núñez y Ortiz, patrones que se tomaron en cuenta para definir las normas sobre riles.
Corporación de Fomento de la Producción
Memoria Anual de Corfo 1999.
Municipalidad de Tomé
De los diputados señores Van Rysselberghe, Ulloa y Masferrer, situación de desagüe de contaminantes a río Rafael.
Municipalidad de Fresia
Del diputado señor Kuschel, trabajos de revisión y mantención de las estructuras de las torres de agua potable rural.
Superintendencia de AFP
Información financiera de los fondos de pensiones y las sociedades administradoras.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (110)
NOMBRE
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Arratia Valdebenito, Rafael
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caminondo Sáez, Carlos
--Caraball Martínez, Eliana
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Delmastro Naso, Roberto
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García García, René Manuel
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--JocelynHolt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Letelier Norambuena, Felipe
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Mesías Lehu, Iván
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mora Longa, Waldo
--Moreira Barros, Iván
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Flores, Osvaldo
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Pareto González, Luis
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Pollarolo Villa, Fanny
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rocha Manrique, Jaime
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Van Rysselberghe Varela, Enrique
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Pablo Lorenzini. Asistieron, además, los senadores señora Evelyn Matthei y el señor Jorge Pizarro.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.18 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acta de la sesión 34a de la legislatura ordinaria N° 342 se declara aprobada.
El acta de la sesión 35a de la misma legislatura queda a disposición de los honorables señores diputados y señoras diputadas.
IV. CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ALVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
V. ACUERDO DE LOS COMITÉS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El señor Secretario dará lectura a un acuerdo de los Comités parlamentarios.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto, y teniendo presente la conmoción pública causada por el tema relativo a las indemnizaciones otorgadas por empresas del Estado, acordaron, por unanimidad, que, sin más trámites y en los términos planteados en el proyecto de acuerdo N° 472, se pongan los antecedentes a disposición de la Comisión de Economía para que, con el carácter de investigadora y en el plazo de sesenta días, emita el informe respectivo, teniendo como base el citado proyecto de acuerdo presentado por los diputados señores Prokurica, Pérez, doña Lily; Longton, Mora, Álvarez, Bertolino, Delmastro y Alessandri.
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA SOBRE PROYECTO DE TABLA DE EQUIVALENCIA DE HECTÁREAS DE RIEGO BÁSICO.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Me permito proponer a la Sala la siguiente nómina de diputados para integrar la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias surgidas con el honorable Senado en la tramitación del proyecto que modifica la tabla de equivalencia de hectáreas de riego básico establecida en la ley N° 18.910, orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario: señores Mario Acuña Cisternas, Pedro Álvarez-Salamanca Büchi, Juan Pablo Letelier Morel, Luis Monge Sánchez y Exequiel Silva Ortiz.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VI. ORDEN DEL DÍA
NORMATIVA SOBRE INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. Primer trámite constitucional. (Continuación).
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión general del proyecto que establece normas para regular la instalación de antenas de telefonía móvil.
Tiene la palabra el diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señor Presidente, la necesidad de contar con un espacio urbano adecuado y armonioso ha hecho que se haya legislado sobre la materia desde hace muchísimos años, como lo verifican disposiciones contenidas en la ley general de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza general de urbanismo y construcciones. Tal es así que cuando fue dictada esta última, a pesar de no existir los teléfonos celulares, se estableció una normativa sobre la instalación de antenas, que en esa época tenían otra finalidad en telecomunicaciones.
Hoy, algunos han querido entender que nuestra preocupación para regular, con acuerdo de las empresas, la instalación de antenas sería una oposición a la actividad empresarial. No es así. Queremos que haya teléfonos celulares y que la gente pueda acceder a ellos, pero no queremos que la actividad sea ilegal, por una parte, o que por la instalación de antenas se coarte la posibilidad de tener un espacio urbano armonioso, por otra.
Como lo hemos dicho en varias oportunidades, hay una diferencia brutal en la forma en que las empresas deciden la instalación de las antenas en los diversos barrios. En los sectores populares, arriendan la propiedad o, simplemente, la compran y la transforman en “territorio de antenas”. Esto, a los precios del metro cuadrado en Lo Barnechea, en La Dehesa o en Los Dominicos, prácticamente es imposible. Por eso, queremos que se instalen antenas y haya celulares, pero con los debidos resguardos.
En mi intervención en el primer trámite, dije que el artículo 2.6.3 de la citada ordenanza establece con claridad que en el caso de la instalación de antenas debe cumplirse con el requisito del distanciamiento adecuado. Incluso, describí el significado de la aplicación de la tangente trigonométrica de setenta grados en la Región Metropolitana.
Sin embargo, hace algunos años no durante el período del ministroOrrego, el Ministerio de Vivienda hizo una interpretación errada que llevó a la no aplicación de dicho artículo 2.6.3. Por tanto, en mi opinión, se ha incurrido en la ilegalidad y no se ha cumplido lo dispuesto en la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Por eso, si se trata de elevar a la categoría de ley la ordenanza, por lo menos tratemos que las disposiciones sean concordantes. Por eso, con el diputadoJuan Bustos hemos presentado una indicación con tal objeto.
No obstante, me preocupa la posibilidad de que se establezcan ordenanzas locales, comuna por comuna. No me imagino la existencia de 341 ordenanzas para que las empresas de celulares revisen, de modos diferentes, la instalación de ese mismo número de antenas.
Por ejemplo, la semana recién pasada llamé al señor Parraguez, jefe del área inmobiliaria, para pedirle que Smartcom suspendiera la colocación de una antena en la calle Los Ángeles, del sector Independencia. Lo hizo y ahora está a la espera de las nuevas normas. Los vecinos estaban indignados y en un estado de verdadero amotinamiento. Se evitaron actos de violencia, pero ¿qué podría pasar mañana?
Si se quiere normar, debe hacerse a nivel nacional, no local, porque en Puerto Cisnes, en Parinacota o en Santiago para Bellsouth las normas serían diferentes y las empresas, incluso, no podrían aplicar la tecnología. Además, algunos municipios establecerían una ordenanza local, pero otros, no, tal vez por incapacidad.
Repito, la ordenanza general de urbanismo y construcciones contiene una norma para los efectos del distanciamiento de las antenas. Si a ello se agrega que habría normas sobre el uso del suelo, su instalación quedaría mejor regulada.
Me parece bien que se eleve a la categoría de ley esa ordenanza. Por eso, apoyo la idea matriz del proyecto, porque en una oportunidad el Ministerio de Vivienda interpretó de manera equivocada el artículo 2.6.3 y, junto con deteriorar la vida urbana, terminó diciéndoles a los municipios: “Lávense las manos. Controlen cuando alguien quiera subir veinte centímetros una pandereta, pero no cuando se trata de una antena de setenta metros de altura”.
Por eso, frente a esa barbaridad, repito, me parece bien elevar a la categoría de ley la ordenanza, porque es la única manera de evitar interpretaciones erradas por parte de la autoridad, las que terminan dañando el espacio urbano y, por ende, a sus habitantes.
Por algo, Luca Pacioli llamó “proporción divina” a la proporción áurea, porque en esos tiempos las ciudades se parecían a la obra de Dios y no eran feas, como ocurre ahora, que son hechas a semejanza de los hombres.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Pérez.
El señor PÉREZ (don Víctor).-
Señor Presidente, para el país, en especial para determinadas comunas y sectores poblacionales, la aparición de las antenas de telefonía móvil ha significado un impacto muy grande.
Como lo han expresado aquí varios señores diputados, no estamos en contra del desarrollo de la industria de la telefonía celular, cuyo avance tecnológico permitirá un progreso espectacular, importante, sustantivo de las comunicaciones. ¡Y en buena hora que así ocurra! La modernización de la industria telefónica en Chile, en la cual la Cámara de Diputados tuvo una relevante participación, hará posible que para vastos sectores de la población el teléfono constituya un elemento cotidiano en sus vidas, en circunstancias que hace diez, quince o veinte años difícilmente podrían haber accedido a él. Por lo tanto, está fuera de discusión que deseemos generar obstáculos a esa industria.
Felicito a los autores del proyecto, cuyo objeto es regular esta materia para evitar la instalación indiscriminada de antenas. Todos hemos visto en las comunas de nuestros distritos que, de la noche a la mañana, aparecen antenas ubicadas al lado de algún establecimiento educacional, en patios traseros de viviendas de sectores poblacionales o residenciales. Además, hemos comprobado que las autoridades locales, al no contar con ninguna facultad para decidir al respecto, se excepcionan diciendo que están obligadas a otorgar los permisos municipales para su instalación.
Por otro lado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones desde hace mucho tiempo viene autorizando la instalación de antenas. Por ejemplo, la colocada en la comuna de Los Ángeles este año obtuvo su permiso mediante decreto emitido por la Subsecretaría en 1997. Es decir, está muy lejana la posibilidad de que las autoridades locales y, por ende, la gente, puedan reclamar, solicitar información o defender adecuadamente sus derechos.
Anuncio que nuestra bancada votará favorablemente, pero, como consideramos que el proyecto podría resultar insuficiente, junto con la diputadaLily Pérez y los diputados Gonzalo Ibáñez y Julio Dittborn presentamos una iniciativa muy similar a ésta, que incorporaba otras materias que nos parecían fundamentales. Sin embargo, dado que no figura incluida en la convocatoria a legislatura extraordinaria, incorporaremos su texto vía indicaciones, las cuales esperamos que, en definitiva, sean aprobadas tanto por la Comisión como por la Sala.
Queremos perfeccionar la iniciativa en discusión básicamente en dos aspectos. Primero, entregar herramientas a las personas para que puedan defenderse de la instalación de estas antenas, porque, tal como se establece en el proyecto una vez que se transforme en ley de la República, las autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones serán mucho más rigurosas en cuanto a su otorgamiento, ya que su tramitación tendrá una participación más cercana de la comunidad que la que hoy existe. No hay duda de que este proyecto genera un avance importante en ese sentido.
El artículo 1° del proyecto, que hoy esperamos aprobar, por lo menos, en general, da más atribuciones y mayor capacidad de regulación a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero ellas no nos parecen suficientes. A nuestro juicio, la ciudadanía debe contar con un instrumento que le permita reclamar y ejercer una acción cuando ha sufrido molestias que hemos calificado de graves, daños en sus bienes o en las personas, como consecuencia del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de instalaciones que generan ondas electromagnéticas. Queremos entregar a la gente este instrumento para que, por una sola vez, pueda reclamar ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del respectivo secretario regional ministerial, quien deberá resolver en un plazo de treinta días contados desde la recepción de la solicitud, debiendo necesariamente escuchar la opinión de la empresa concesionaria respecto de la cual se reclama. La decisión del ministro será apelable ante la respectiva corte de apelaciones, la cual conocerá del recurso en cuenta.
En nuestra opinión, con este procedimiento expedito y fluido estamos entregando un instrumento a los directores de escuelas, a los dirigentes sociales y a toda persona natural que, muchas veces, ve en la instalación de estas antenas un daño o un riesgo tanto para sus bienes como para las personas. Nadie puede dejar de reconocer y hoy es motivo de intensos debates el hecho de que las antenas de telefonía móvil causan daño a la salud de las personas. Por ende, si bien es cierto que el proyecto hace más rigurosa la autorización que debe conceder la Subsecretaría de Telecomunicaciones para su instalación, nos parece que las personas y los entes sociales deben disponer de un mecanismo para reclamar. Esa es la finalidad de la indicación que presentamos la diputadaLily Pérez y los diputados Gonzalo Ibáñez, Julio Dittborn y quien les habla.
Comparto el planteamiento del diputadoPatricio Hales en relación con el tema de las ordenanzas. No hay duda de que si permitimos que esas ordenanzas, de una u otra manera, fijen las atribuciones de cada municipio respecto de la instalación de antenas de telefonía móvil, se generaría tal grado de acciones disímiles que podrían provocar un entrabamiento en el sistema. Por eso, también formularemos indicación con la finalidad de fijar ciertas normas de carácter general que todas las empresas concesionarias, la Subsecretaría y las propias municipalidades deberán acatar.
Un aspecto fundamental de hecho, muchos diputados queremos traducirlo en una indicación es no aceptar la instalación de antenas dentro de un radio urbano cercano a establecimientos educacionales, hospitalarios u otros. A nuestro juicio, debe haber una franja circundante, que hemos fijado, tratándose de viviendas particulares, en 50 metros, donde no se pueda instalar una antena. Una norma de carácter general puede resultar mucho más eficaz que entregar todas estas atribuciones a una ordenanza, la cual puede establecer disposiciones absolutamente disímiles por cuanto la realidad es muy distinta en cada comuna.
Esperamos que estas indicaciones que voy a hacer llegar a la Mesa perfeccionen la iniciativa que estamos estudiando para, en el más breve plazo posible, tener normas claras y objetivas que, por un lado, permitan el desarrollo de la industria telefónica y, por otro, defiendan adecuadamente los bienes y derechos de las personas que quedan como vecinos de estas antenas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, con cierta tristeza e incluso dramatismo, junto con los diputados señores Pareto, Montes, Alessandri y otros, nos vimos en la obligación de presentar esta iniciativa por cuanto un sector económico muy importante en el país dedicado a las telecomunicaciones y en especial a la telefonía móvil, ha sido absolutamente insensible, voraz y agresivo en su proceder. Es así como ha atropellado a comunidades y poblaciones, afectando la salud de la población y, en muchas ocasiones, el patrimonio nacional, como es el caso de Graneros, donde, en el cerro La Compañía, destruyó el pucará más austral del mundo.
Estamos reaccionado frente a un accionar indebido de un sector cuya industria se expande en forma poco amigable y como señalaron otros destructiva en muchas ocasiones. Por ello nos hemos visto en la necesidad de establecer por ley ciertas normas.
Aun cuando el criterio que inspira el proyecto es obvio, discrepamos de los colegas Alejandro Hales y Víctor Pérez, quienes, al parecer, no entendieron el principio que inspira esta iniciativa y que es de la esencia del debate: preguntarle a la comunidad local los dueños de casa dónde se pueden instalar estas antenas.
Ahora, si estas empresas consideran que hay mala fe de parte de las autoridades locales, piensan mal, pues lo importante es precisar cómo se compatibiliza esta tecnología con el interés del país, lo cual se logra fijando zonas o lugares adecuados para este tipo de artefactos. Cuando me refiero a artefactos, debo aclarar que estamos ante dos tipos de lecturas: una es la estructura metálica, y, la otra, las antenas propiamente tales que causan daño a la salud. Son dos dimensiones distintas. La estructura metálica es fea, y al respecto las empresas han sido poco conscientes por cuanto como en otros países podrían haber implementado medidas de mitigación visual. Eso las convierte en indeseables para la comunidad porque dañan el patrimonio paisajístico y, también, el urbano. El otro aspecto importante son los efectos receptores y emisores que provocan un impacto sobre la salud.
Con respecto a la ubicación de las antenas, planteamos que se ubiquen tomando en consideración la opinión de cada comuna, por cuanto ello involucra intereses distintos. Se podrá pensar que aquellas que son similares en su naturaleza deberán tener ordenanzas similares. La ordenanza municipal de la comuna de Las Condes no puede ser igual que la de Requínoa, Sexta Región. La primera está llena de edificios con varios pisos y, en la otra, el más alto es el del Cuerpo de Bomberos, con dos pisos. O sea, no podemos pensar en normas similares para las 341 comunas del país por cuanto su diversidad es muy tremenda. Por ende, el primer principio es la consulta a sus habitantes, quienes tienen el derecho de contar con una ordenanza municipal que les permita compatibilizar la tecnología existente para no inviabilizar el funcionamiento de la red de comunicación que se necesita con el interés del desarrollo urbano equilibrado y adecuado.
Fijadas las reglas del juego a nivel local y presentado el proyecto, la Subsecretaría debe exigirles a las empresas informar dónde quieren instalar las antenas; porque el drama que tenemos hoy es que no están obligadas a ello. Informan de coordenadas, pero no sobre lo que existe alrededor. Al respecto tengo la duda que considero legítima de si son las empresas propiamente tales o los contratistas que instalan las antenas quienes deciden esto en forma antojadiza. El hecho es que durante la noche ocupan el terreno y, al día siguiente, aparece la estructura metálica.
Por tanto, solicitamos que antes de que la Subsecretaría apruebe un proyecto de telefonía móvil, se dé a conocer dónde se instalará la antena y todo lo relativo a su ubicación, tales como cercanías de colegio, poblaciones, etcétera.
Otro principio del proyecto radica en que se actúe preguntando a la autoridad local, y ésta deba fijar zonas; asimismo, la Subsecretaría ha de exigir que se detalle la ubicación de la antena. En esto está la idea de incorporar la participación ciudadana, aspecto al cual se refería el diputado señor Víctor Pérez.
En la ley orgánica constitucional municipal existe la facultad de reclamar por equis o zeta motivos estableciendo mecanismos para ello; pero los municipios carecen de la facultad de pronunciarse respecto de la instalación de las antenas. Ahora, con esta iniciativa se pone en vigencia uno de los mecanismos establecidos en dicho cuerpo legal. La idea no es reclamar ante la Subsecretaría ni los seremi, sino radicar esta facultad en la comunidad local, porque el distancia miento de estas decisiones causa perjuicios.
Por lo tanto, la idea de este proyecto es complementar el mecanismo de reclamo y participación ciudadana contemplado en la ley orgánica constitucional municipal con la ley de bases del medio ambiente. Esta última dispone que cualquier proyecto nuevo de esta naturaleza, debe someterse al sistema de impacto ambiental, refiriéndose a la red en sí y no a cada antena individualmente. Dicha ley agrega que se podrá hacer un estudio o una declaración; pero lo que nos interesa lograr con esta iniciativa es que la comunidad sea informada antes de la instalación de la antena así podrá pronunciarse, con el propósito de que no sea sorprendida por estas empresas que instalan una antena al lado de un colegio o en medio de un barrio, y que causan daño tanto en salud como en patrimonio al cambiar el paisaje urbanístico.
Todos los mecanismos de reclamación están previstos en la ley, y esperamos que tanto los reclamos como la participación ciudadana se realicen a nivel local. Esa es la democracia que le hace falta a nuestro país, para que a las empresas no les resulte tan fácil actuar a espaldas de la comunidad cuando intervienen de una forma que provoca un efecto tan directo sobre la calidad de vida de las comunidades.
Reitero que no tenemos ningún interés en dificultar el desarrollo de esta industria, pero queremos que se desarrolle en armonía con la comunidad.
Hay también otro concepto básico en el proyecto: el cumplimiento de requisitos para la instalación de antenas de telefonía móvil. La iniciativa incorpora una nueva norma en la legislación de carácter nacional y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicha norma no afectará las antenas bien instaladas, pero las que lo están mal tendrán un plazo para adecuarse a las nuevas exigencias. Éste es un criterio básico. Hoy hay situaciones anómalas de antenas muy mal ubicadas, producto del vacío legal existente y también de la voracidad de ciertas empresas. Si uno sale de Santiago por la norte-sur, a mano derecha se puede ver una antena instalada al lado de un colegio. ¡Qué contrasentido cuando hablamos de defender la salud de nuestra juventud!
En cuanto a antenas muy mal ubicadas, reitero la situación de Graneros, porque constituye un ejemplo de mentalidad inadecuada: en la cima del cerro La Compañía se instaló una antena, precisamente en el lugar donde está el pucará más austral del mundo y en el cual están los únicos vestigios de los asentamientos humanos preincaicos en el valle central. Una empresa los destruyó para instalar una antena, y cree que pagando 12 millones de pesos soluciona el problema y deja callada a la gente o a ciertas instituciones públicas.
Los parlamentarios deseamos garantizar que las empresas de telefonía móvil se adecuarán a las nuevas normas que establecerán requisitos para mantener las concesiones que les otorga el Estado en representación de todos los ciudadanos.
Es muy importante que nuestra Corporación dé una señal muy clara a la ciudadanía, porque aquí está en juego la salud de la población, el patrimonio nacional, el desarrollo paisajístico y urbano del país. Lo que las empresas pretenden hacer no es adecuado y sabemos que perfectamente podrían actuar de otra forma.
Estoy muy contento de saber que el diputado señor Hales tuvo éxito con una empresa específica en la comuna de Independencia. Lamento que ése sea un caso aislado. La política general es la de actuar entre gallos y medianoche para imponer la instalación de antenas a espaldas de la comunidad, ofreciendo dineros a ciertas personas e instituciones para obviar lo que es evidente. Esta tecnología, que hoy se demuestra poco amigable con las comunidades, debemos transformarla en amigable.
Algunos han planteado que así como los planos reguladores comunales se ratifican a nivel de gobiernos regionales no como un mecanismo para torcer la mano a la comunidad local, sino para tener una visión más global del territorio, aquí también después de que los municipios propongan una ordenanza municipal el gobierno regional o una comisión técnica del gobierno regional ha de armonizar las ordenanzas municipales relativas a la ubicación de las antenas.
No me cierro a esa posibilidad, siempre que la primera palabra la tenga la comunidad; siempre que las autoridades locales sean las primeras en emitir criterios acerca de en qué lugar quieren que se ubiquen las antenas; de lo contrario, ciertos sectores de la comunidad se verán perjudicados respecto de otros. Normalmente son atropellados los sectores con menos capacidad de presión, mientras que a las personas de mayores recursos económicos se las defiende con mayor énfasis. Los ejemplos en Santiago son increíbles: cuando una empresa quiso instalar una antena en el barrio alto, algunos colegas incluso quisieron hacer un “show” botando sus celulares al tarro de la basura y diciendo que no aceptaban esa situación. Lo cierto es que en esos barrios se logra parar estas cosas; pero si preguntamos a los habitantes de comunas tan populares como las de San Ramón o de El Bosque si las empresas consideraron su opinión, la respuesta es negativa; la verdad es que nunca les preguntan nada a los vecinos y éstos, como no tienen capacidad de expresión, tienen que aceptar que les impongan las antenas.
En Estación Central, comuna de trabajo, les instalan antenas sin preguntarles su parecer.
Sin perjuicio de incorporar un criterio, queremos que los gobiernos regionales después de que los municipios propongan la ordenanza municipal respecto de las zonas donde se pueden instalar las antenas, puedan emitir un juicio, no en contra del criterio general de los propietarios de las viviendas afectadas.
Por último, una afirmación. Algunos dirán que la tecnología de los celulares que todos o casi todos los que estamos aquí usamos no es dañina para la salud, tal como la industria del tabaco argumentó décadas atrás que el tabaco no lo es. Creo que habría que ser muy ciego, muy inconsciente, muy despreocupado para no asumir que los objetos que emiten y reciben señales de frecuencia electromagnética dañan la salud humana. No tengo la menor duda de que en un par de décadas vamos a ver testimonios de deformaciones cerebrales o de problemas de salud ocasionados por esta tecnología. Lo importante es que todos conozcamos el impacto que provoca sobre la salud y que cada uno asuma dicho impacto individualmente, de acuerdo con su buen saber y entender. Lo que me parece mal es que algunos argumenten que la mencionada frecuencia no tiene ningún impacto sobre la salud.
Las antenas también van a impactar la salud de la población. Es importante que en esta materia la industria dé señales de su voluntad de saberlo, tal como la Organización Mundial de la Salud está haciendo estudios; es importante que la industria se comprometa de manera tal que la tecnología que se desarrolle en el futuro sea cada vez más compatible con la salud humana.
Algunas personas vinculadas a la industria afirman que este proyecto no será aprobado en el Congreso. Espero que esos malpensados o que practican en forma inadecuada presiones sobre el Parlamento reciban una señal clarita de que todos los parlamentarios, sin importar su color político, quieren regular este tópico. No queremos más la ley de la selva de parte de las empresas cuando instalan sus antenas, sino una industria más amigable con las comunidades; queremos que se respete la opinión de las autoridades locales y que se escuche a los pobladores, a los vecinos de las diferentes villas y poblaciones antes de que instalen estas antenas.
Los diputados que presentamos el proyecto tenemos la convicción de que debemos aprobarlo en el plazo más breve posible, por cuanto hay algunas empresas que han tratado de acelerar la instalación de antenas en vez de esperar el resultado de este debate.
Esta ley dará un plazo razonable para que quienes hoy tienen mal instaladas sus antenas se adecuen, tal como ocurre en toda otra materia. Así sucede cuando se cambia una norma de vivienda y urbanismo, pues todos debemos adecuarnos a ella en los plazos que corresponden.
Tenemos la esperanza de que el proyecto se aprobará en forma unánime en la Cámara, para que toda la comunidad sepa que, independientemente de nuestras ideas, existe consenso sobre la necesidad de regular una industria que no ha sido muy amigable con los vecinos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
El señor PALMA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, el problema de la instalación de antenas de telefonía móvil, como bien señala el informe, es sólo una parte del todo; hay mucho más que estudiar en el tema.
Las radiaciones electromagnéticas y la relación con la salud de las personas es algo conocido sólo en parte. Se sabe que son dañinas, que alteran diversos procesos neurofisiológicos y que pueden generar tumores. En definitiva, alteran la vida humana, pero se desconoce lo peligroso e irreversible del daño que pueden causar; porque no es lo mismo un zumbido de oído, un dolor de cabeza, insomnio, cansancio crónico o un signo de estrés, que un cáncer.
La Organización Mundial de la Salud recomienda prevenir el exceso y la innecesaria exposición a radiaciones por no tener seguridad ni conocimiento completo del alcance de su daño; además, en medicina, la prevención es la acción principal y siempre la más conveniente.
El Instituto de Salud Pública, con los conocimientos actuales y de manera preventiva, también recomienda evitar toda exposición innecesaria e injustificada a las antenas de radiotelefonía móvil, sobre todo en el caso de niños y jóvenes, y se aconseja evitar su instalación en lugares densamente poblados, y las ciudades son lugares densamente poblados.
La radiación electromagnética por radiodifusión comenzó como muy bien se señala en el informe hace muchos años en 1922, para ser exactos, con el inicio de las primeras transmisiones radiales en Chile, y su potencia es mayor que la que emiten las antenas de telefonía móvil, ya que alcanzan muchos miles de vatios; en consecuencia, el daño puede ser también mucho mayor.
Por otro lado, las sanciones son insuficientes. Por lo tanto, hay que legislar para normar los vacíos legales que permiten la instalación de aparatos que puedan alterar la salud de las personas.
Estoy de acuerdo en que se debe legislar a fin de normar definitivamente esta materia, y esta legislación debe estar en armonía con lo que es bueno para la salud de los humanos, con la belleza, con la estética como muy bien lo expuso el diputado señor Hales, con la naturaleza y con el medio en que vivimos.
Muchos de los problemas actuales que afectan a los humanos nacen de vivir entre cemento y acero, instalados de acuerdo con la función que desempeñan y con la conveniencia de la ingeniería, pero nunca con la conveniencia de las personas, lo que hace inhóspito y peligroso nuestro medio. Se está dejando de pensar parece raro porque son los seres humanos los que piensan en las personas; quizás habría que agregar que se está dejando de pensar inteligentemente. Hay que pensar y creer que los derechos humanos, como el derecho a la salud, a la prevención de la enfermedad, a la belleza, también son derechos importantes que deben ser considerados por la autoridad, antes que muchas cuestiones secundarias. Primero, lo humano; después, lo material; primero, siempre, lo importante y trascendente.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, uno se tendría que preguntar por qué es necesario un proyecto de ley para una cosa tan pequeña como ésta, cuando hay países más grandes que no las tienen. Lo que ocurre es que en el caso de Chile la situación obedece a patrones culturales, educacionales, que tienen que ver con el empresariado y con los ciudadanos en general.
Este proyecto de ley nació, efectivamente, cuando se empezaron a instalar antenas de telefonía móvil por todo el país, sin ninguna planificación ni programación, y sin estudios previos para saber cuánto daño y perjuicios se les podía causar a terceras personas. Tuvieron que surgir varios problemas para que esta Corporación se preocupara de estudiar un proyecto de ley que regulara su instalación.
Hace tres o cuatro años, con el diputado señor Pareto concurrimos a la Dirección de Aeronáutica Civil, a fin de que nos informaran sobre quién regula, quién controla, quién fiscaliza, quién ordena este tipo de instalaciones, y nos encontramos con un tremendo vacío.
¿Por qué se tiene que legislar sobre esta materia? Contesto con respeto y con energía: cuando las cosas se hacen sin sentido de responsabilidad social, nacional, y sin respetar los entornos de los demás, nos vemos obligados a legislar.
Quiero decirle a este sector de empresarios que en esta Cámara nadie se va a oponer a que se instalen antenas de telefonía móvil, sobre todo cuando estamos ante una tremenda revolución tecnológica y científica de las comunicaciones; pero en esta materia se ha actuado de manera irresponsable y voraz, pensando siempre en la ganancia y tal como decía el colega Osvaldo Palma en la cosa material, en la utilidad más que en la situación de las personas.
Me alegro de haber escuchado discursos como el del colega, porque ese debe ser el norte de cada acción de un empresario, un científico, un técnico, un político, un profesional. Siempre hay que pensar en el bien de las personas; pero en este tema se ha actuado al revés: se ha pensado siempre en las utilidades, en las ganancias, y poco se ha pensado en un proyecto armónico a través del cual la tecnología conviva con el hombre, con la vecindad, etcétera. Por eso, el proyecto tiene importancia. Hay que regular y ordenar, porque no es posible que prolifere la instalación de antenas a lo largo del país.
Dejo planteada la idea, porque el avance tecnológico es tan súbito, que hoy se pueden instalar antenas que, a la vuelta de los años, pueden quedar obsoletas. Por eso, les pediría a los empresarios estar atentos a esa evolución.
En la sesión anterior, el diputado señor Montes señaló que, en lugar de pensar en poner miles de antenas a lo largo del país, podríamos tratar de buscar otras alternativas; porque nos consta que se actúa sin ningún miramiento cerca de colegios, de instituciones de salud, de poblaciones. Por eso, el proyecto reviste importancia. Me interesa que en este campo al empresariado le vaya bien desde todo punto de vista; pero también debe entender que reviste especial importancia no dañar la salud de las personas que viven en los sectores aledaños a los lugares donde se instalan las antenas.
En consecuencia, manifiesto mi inquietud y pienso que se requieren estudios médicos exhaustivos sobre las consecuencias que tiene la instalación de antenas de telefonía móvil sobre la salud de las personas, ya que, según información que ayer me entregó la Universidad Tecnológica Metropolitana, los daños serían incalculables.
En definitiva, estamos contestes en orden a respaldar el proyecto, por los argumentos que aquí se han dado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, la idea propiciada por algunos señores diputados y entusiastamente también por nosotros como parte de este proyecto, está centrada fundamentalmente en dos aspectos: primero, en hacer posible que estas antenas por cierto, algo muy legítimo cumplan con dos requisitos: que presten el servicio para el cual fueron instaladas y que sirvan a las personas. Sin embargo, este servicio no debe generarles problemas al menos, en el mismo nivel, que es, precisamente, lo que ha ocurrido con la proliferación de estas instalaciones, respecto de las cuales no existe absolutamente ninguna norma reguladora.
En consecuencia, nuestro partido en particular, el diputado que habla, como coautor del proyecto, y, entre otros, el diputadoVan Rysselberghe defiende esta iniciativa, precisamente, porque apunta a buscar una forma de resolver un problema que se está produciendo, básicamente, en los sectores urbanos y, con mayor intensidad, en las comunas más densamente pobladas.
Debo decir con toda sinceridad que este tema cruza el arco político partidista. Es así como los conciudadanos de mi distrito y el diputado que habla nos sentimos ofendidos cuando vemos estas antenas en medio de una villa o de una población, de lo cual los vecinos se dan cuenta sólo cuando comienzan los trabajos de instalación de estas verdaderas piezas de mecano, que como lo decía muy bien el diputadoVan Rysselberghe generan problemas de contaminación visual y, además como lo dijo el diputadoJuan Pablo Letelier, son feas. Por lo tanto, la exigencia de que estas empresas cuenten con autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones es, a todas luces, prudente.
En segundo lugar, también es necesario señalar que no sólo acepto, sino que comprendo la necesidad de que las comunas y sus autoridades tengan la posibilidad de opinar respecto de esta materia. No parece normal que en nuestra casa hagan “zamba y canuta”, sin que nadie informe al dueño de casa sobre lo que se va a hacer, qué es lo que está ocurriendo. Digámoslo con claridad: no importa qué empresa, sino que hoy día, precisamente debido a una desregulación, se produzcan estos verdaderos ataques a la comunidad.
En ese sentido, expreso mi completo acuerdo para que los municipios exijan a quienes pretendan instalar antenas que lo hagan en determinadas áreas. Ahora bien, alguien podría preguntar así lo conversamos recién con los diputados Montes y Juan Pablo Letelier, cómo podrán los municipios definir un área técnica. En realidad, son las propias empresas las que deben presentar alternativas sobre los lugares más aptos en las diferentes comunas. Pero es importante señalar que, sin duda, los problemas han disminuido y el impacto ha sido menor en las comunas en las cuales existe una ordenanza municipal. Por eso, considero que este proyecto de ley será no sólo una colaboración y una ayuda para las empresas, de manera que no hagan gastos inútiles, sino que también la comunidad podrá tener cierto grado de certeza al respecto.
Entre los argumentos a favor de esta iniciativa se han señalado los eventuales problemas de salud que las antenas podrían ocasionar a las personas. Ese mismo argumento me ha llevado durante muchos años a cuestionar la fluoración del agua potable; el hecho de que se haya comprobado que produce claros efectos en la salud de las personas me ha llevado a mantener esa posición. Pues bien, quiero pedir a todos los colegas en particular, a los coautores de la iniciativa que también asuman esa situación. Según estudios efectuados por la Organización Mundial de la Salud, las ondas que emiten las antenas producen alteraciones en la salud de las personas, lo cual, desde luego, debe ser motivo de preocupación para todos y cada uno de los diputados presentes en la Sala.
Por otra parte, quiero anunciar que, junto con el diputadoVan Rysselberghe, presentaremos una indicación les ruego a los colegas que la suscriban también, a fin de que este proyecto obligue a los municipios a elaborar una ordenanza dentro de una fecha determinada. Si no logramos que exista una ordenanza relacionada con esta materia, sin duda, en la práctica no estaremos contribuyendo lo suficiente a solucionar el problema. Este proyecto más la obligación de que los municipios dicten una ordenanza sobre la materia, en primer lugar, mejorará el impacto técnico de las antenas y, en segundo término, evitará la verdadera agresión de que somos objeto los vecinos en los distintos barrios de nuestros distritos.
Por estas razones, vamos a presentar la indicación señalada, a fin de que los municipios estén obligados a elaborar una ordenanza que regule este tipo de instalaciones. Consideramos que ello no sólo ayudará, sino que colaborará a que esta normativa tenga un grado de precisión que, en la práctica, signifique que los municipios del país se vean beneficiados.
Para terminar, pido a los colegas que aprueben este proyecto y que la Comisión despache rápidamente el segundo informe, a fin de pedirle al Senado de la República dado que ahora la Concertación también tiene mayoría allí, que, sin escudarse en eventuales mayorías o minorías, lo despache a la brevedad. En la medida en que solucionemos un problema real de nuestros vecinos, estaremos cumpliendo con el rol que se nos ha asignado.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
El señor VILLOUTA.-
Señor Presidente, este proyecto es muy interesante y beneficia en forma especial a los habitantes de la Región Metropolitana. Sin embargo, los diputados de regiones también debemos preocuparnos del tema, por cuanto el número de personas que usan celular constituye una verdadera cadena, lo que ha hecho necesario aumentar el número de antenas en diversos lugares. Como es lógico, tal vez debido a los costos, estas instalaciones se están realizando en los sectores urbanos habitados principalmente por familias modestas, donde los terrenos son mucho más baratos.
Quiero referirme concretamente a un fallo de la municipalidad de Murcia, España, del 14 de abril de 2000, que obligó a la empresa española Iberdrola sociedad anónima a desmantelar una antena y a pagar una indemnización a los residentes. Este hecho demuestra que existe inquietud internacional al respecto, y considero que hay que preocuparse muy seriamente sobre el particular porque ya ha habido situaciones concretas. Es conocido el caso de una persona que tuvo problemas de arritmia nunca antes los había sufrido por transportar el celular en el bolsillo de su camisa.
De manera que se trata de un asunto respecto del cual deben preocuparse las instituciones de salud, y le recomendaría a la Comisión que va a ver este proyecto en segundo trámite, pedir informaciones a los organismos de salud mundial y revisar esta sentencia que voy a entregar a la Secretaría porque es bastante larga, que en su punto principal obligó a la compañía a pagar una multa. La sentencia judicial toma como medida más segura la proporcionada por el prestigioso instituto sueco Karolinska, que concede los premios Nobel. Según esta institución, “0,3 microteslas estarían dentro del umbral de lo permisible. En la vivienda afectada se llegaron a medir hasta 4 micro teslas”.
Este antecedente debe servir para que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones haga medidas desde 0 metro a 5, 10, 20, 40, 100, 1.000 metros, etcétera, porque las emisiones de las antenas pueden afectar la salud humana en sectores más amplios.
Tal como decía el colega Letelier, las municipalidades tienen que preocuparse de fijar reglamentos; ver los planos reguladores y fijar una estructura reglamentaria rígida para controlar estas instalaciones antes de que las consecuencias en la salud sean mayores.
Ya se han detectado casos de daño a la salud de personas cuyas viviendas están ubicadas bajo líneas de alta tensión. Por eso estas líneas están emplazadas fuera de los sectores urbanos.
En Santiago, atendí a un grupo de vecinos de la comuna de Independencia que están muy preocupados por el tema; están recopilando firmas, y sé que las juntas de vecinos y las uniones comunales van a actuar de consuno en una acción para que el Gobierno adopte las medidas que ellos están reclamando.
Sin duda, esta copia del fallo de Murcia, que dejo a disposición de la Secretaría, puede dar índices y conocimientos muy exactos de todos los estudios que se hicieron para llegar a las conclusiones que nosotros ya estamos proyectando en esta moción parlamentaria, en el sentido de que debe haber un mayor control y reglamentación clara en la forma en que se va a salvaguardar la salud de la familia.
Muchas gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los parlamentarios que han tomado la iniciativa de legislar en esta materia y destacar que es inconcebible que en el país siempre se legisle o se parche después de que se presenta el problema. Somos muy poco capaces de prevenirlos.
Así como aparecieron las antenas de telefonía móvil, que surgieron como monstruos insertos en nuestros barrios, en nuestras plazas, hay también otros problemas pendientes, respecto de los cuales sería conveniente legislar, y que tienen que ver con la ejecución de obras de adelanto en las comunas. Por ejemplo, la extensión de la red de agua potable requiere romper las veredas y los jardines exteriores; pero ocurre que después que Emos da término a las obras, viene Metrogas y las vuelve a destruir. No hay una regulación sobre la materia y no se hacen todos los trabajos de una vez por todas, sino que, primero, tenemos los hoyos del agua; luego, los del alcantarillado y, finalmente, los del gas. En definitiva, eternamente, estamos destruyendo las vías de circulación y jardines.
No puede ser que el alcalde de una comuna, a pesar de lo que dice la ley, no tenga en sus manos todas las herramientas para ir controlando estas situaciones. ¿Cómo es posible que la municipalidad o el director de obras no puedan intervenir frente a la solicitud de instalación de una antena de telefonía móvil?
Hoy, nadie tiene la competencia para salvar la situación y por eso se ha planteado este problema. Quiero denunciar que en las comunas que represento, La Reina y Peñalolén, esto ha sido un problema gravísimo. Desde todas las entradas de la comuna de La Reina, lo primero que se ve es una enorme antena de la telefonía móvil. Tenemos en Bilbao con Tobalaba, en la plaza Guillermo Chadwick, en la plaza de La Reina, en la plaza Ossandón.
También, vecinos han formulado denuncias sobre la materia. Una de ellas es la de don Luis Grandón, presidente del centro de padres del Colegio La Salle, quien informó que, de la noche a la mañana, entre el 18 y 19 de septiembre, se instaló una antena al lado de su casa. Es decir, esta intromisión tan agresiva se puede realizar a escondidas en la ciudad, como si fuera una cosa vandálica. Imagínense la sorpresa de encontrarse con esta enorme antena a los pies de su casa. Sabemos que algunas tienen más de 35 metros de altura. Esto es inconcebible.
Por eso, pido a quienes estudian en la Comisión lo relacionado con las antenas de la telefonía móvil, que obtengan la urgencia para su tramitación, ya que es necesario como se ha dicho legislar con rapidez.
Me preocupa, además, el plazo que van a tener las antenas que ya están instaladas para adecuarse a la nueva ley: un año después de aprobada. Creo que es demasiado, porque, por ejemplo, en las proximidades de muchos colegios hay antenas; también en las plazas, donde los niños y la gente van a recrearse. Hay personas que sufren por el ruido que producen. Una señora me decía que se iba a volver loca con el zumbido de oídos que producen las vibraciones de las antenas. Entonces, en esos casos especiales y en otros más graves, las medidas tienen que ser bastante más rápidas, más eficientes y más efectivas. Por lo tanto, la Comisión debe reestudiar el tema del plazo, porque un año puede ser mucho.
Por otra parte, se ha establecido que el concejo va a tener las facultades de aprobar las ordenanzas que van a determinar dónde y cuándo se pueden instalar estas antenas. Creo que no basta con ello, sino que el concejo debería aprobar o rechazar la instalación de una antena, porque cada caso es distinto y siempre existe algún resquicio.
Es importante la ordenanza. Ojalá no demore su elaboración, como se dijo aquí. Me interesaría presentar una indicación para que sea el concejo, el que, a pesar de que pueda tener incidencia en la ordenanza, otorgue el último visto en la instalación de antenas.
En la telefonía móvil es donde se está haciendo una de las inversiones más importantes en el país. En 1999 se invirtieron 800 millones de dólares. Da trabajo a más de 40 mil personas y ya estamos llegando a 3 millones los usuarios. Por ello quiero señalar que no se debe entender esta legislación como una forma de perjudicar el negocio de la telefonía móvil, sino como una manera de resguardar a la ciudadanía frente a una situación agresiva, frente a una intromisión en la propiedad, en el barrio, de los avances y de la modernización. Se deben compatibili zar los beneficios de la modernización con el mejor desarrollo de las personas.
Hay varias materias en las cuales ya deberíamos estar legislando, por ejemplo, en internet.
En el caso que nos ocupa, considero muy importante la nueva normativa legal y espero que resulte tan completa y eficiente que no produzca alteraciones en la vida de las personas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pareto.
El señor PARETO.-
Señor Presidente, comparto lo manifestado por los distintos señores diputados respecto del proyecto en estudio, patrocinado por diputados de casi todas las tendencias políticas representadas en esta Corporación y por quien habla.
No se trata de perjudicar o limitar la expansión de la telefonía celular, sino de reglamentar el sistema, pues en algunos sectores, fundamentalmente populares, los ha afectado en su entorno y patrimonio.
En algunas comunas del Gran Santiago se ha actuado en forma distinta. Al respecto, quiero destacar lo hecho en la comuna de Ñuñoa, donde las antenas fueron ornamentadas, de manera que presten un servicio a la ciudad, gracias a un buen acuerdo al cual no todos los alcaldes han logrado arribar.
El proyecto tiene como única finalidad buscar la seguridad de los vecinos, pues de la noche a la mañana, sin conocimiento alguno del municipio, se instalan estas antenas, las cuales, en los últimos días, han proliferado debido a que se tiene conocimiento de esta iniciativa, cuyo trámite seguramente demorará algún tiempo, pues todos sabemos que no puede despacharse de inmediato ya que debe estudiarse tanto en la Cámara como en el Senado. Hoy, si alcanzamos, será votada en general, y luego irá al Senado. Por eso, debemos tener cuidado las empresas se están apurando para seguir con el actual sistema, y pedir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en especial a la Subsecretaría del ramo, que paralice las autorizaciones hasta que exista una normativa mínima sobre el particular.
Quiero manifestar que se ha provocado un gran perjuicio a vecinos de muchas comunas, como ocurre en la de Estación Central, pues basta que cualquier empresa, arriende o compre una modesta vivienda a fin de instalar una antena para deteriorar todo el entorno y el patrimonio de muchas personas, conseguido con gran esfuerzo, quienes son perjudicados con esas instalaciones.
Espero que el proyecto sea aprobado a la brevedad, entregándose facultades a los municipios para la autorización de la instalación de antenas de telecomunicaciones, pues hoy no tienen ninguna, hecho que ignora la población afectada.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ceroni.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, estamos ante un proyecto muy positivo, que demuestra la preocupación de los parlamentarios por la protección de los derechos de los ciudadanos.
No cabe duda de que con la legislación actual se produce un conflicto de intereses. Nadie puede desconocer la importancia de las telecomunicaciones, en particular de la telefonía celular o móvil, y la necesidad de que siga ampliándose y cooperando activamente en el desarrollo económico del país.
Hay que dejar en claro que no se trata de una iniciativa en contra del desarrollo de la telefonía móvil o que ponga trabas a las inversiones en esta área. Discrepo absolutamente de lo señalado en la prensa por el presidente de la Asociación de TelefoníasMóviles, don Guillermo Pickering, quien afirmó que este proyecto pone trabas y que ahuyentará la inversión. Se trata de un criterio alarmista, pues no es ése el objetivo. Precisamente, las opiniones del señor Pickering son negativas para la inversión. Aquí, la idea es proteger el derecho de la gente a vivir en un medio ambiente adecuado y mantener el valor de sus propiedades. Una persona adquiere un bien raíz de acuerdo con el entorno que tiene al momento de comprarlo y, sin duda alguna, la instalación de una antena cerca de su propiedad la desvaloriza. Estamos tratando de proteger ese derecho.
También estamos velando por la salud de los ciudadanos. Si bien no hay informes médicos categóricos y determinantes, existen opiniones que señalan que las antenas de telefonía móvil constituyen un peligro para la salud. Ante la duda, debemos optar por proteger a las personas. El peor escenario es el actual, porque, si no legislamos, tanto las empresas como los ciudadanos deberán defender sus derechos ante los tribunales, lo cual, sin duda, resulta muy injusto, porque los particulares cuentan con pocos recursos y, en definitiva, los dejaríamos en una verdadera indefensión. El proyecto zanja el tema, lo ordena mejor y protege los intereses de las personas mediante una norma muy sencilla, con la cual nadie resulta perjudicado. Establece la dictación de una ordenanza, aprobada por los dos tercios del concejo, a fin de que la decisión sea lo más objetiva posible. Aquí no habrá corrupción, pues la decisión para determinar los lugares adecuados para instalar las antenas deberá ser objetiva, tal como se hace respecto de las industrias o de las actividades comerciales, de manera que la gente sepa claramente cuál es el sector adecuado para vivir con tranquilidad, con su salud protegida y sin que se desvalorice su propiedad.
Creo que el proyecto sólo puede provocar la adhesión de todos los parlamentarios, pues no atenta contra el desarrollo y protege la salud e intereses de los ciudadanos.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, sin duda, en el debate de este proyecto resulta tentador expresar una crítica certera a la instalación de antenas de telefonía móvil. Las opiniones entregadas por algunos parlamentarios, como el diputado señor Osvaldo Palma, han destacado la preocupación por el entorno, el medio ambiente y la belleza de nuestras ciudades, elementos y juicios que comparto plenamente. Pero este proyecto y esta materia ya han sido discutidos en otros países. Hay una legislación comparada ausente en la discusión habida en la Comisión especializada de la Cámara.
En segundo lugar, la instalación de antenas de telefonía móvil no obedece a un capricho de las empresas. Aquí hay que compatibilizar la normativa con los aspectos técnicos. Una antena o torre de antenas se instala según una medición técnica que optimiza la retransmisión de las señales. Esta materia también ha sido estudiada profusamente en los medios científicos para ver cuánto podría perjudicar a las personas la radiación electromagnética de las antenas cuando las instalaciones están cerca de sus domicilios. Se ha analizado este aspecto, pero, hasta el momento, no se ha demostrado que produzca daño en la salud de las personas.
Aún más, se ha establecido una normativa internacional que dispone que los teléfonos celulares deberán traer en el futuro cercano una etiqueta que señalará la radiación que emiten, para que las personas puedan elegir entre un modelo y otro y decidir cuál aparato utilizarán.
Así las cosas, el proyecto, presentado por varios diputados, tiene un objetivo loable, pero necesita mucho perfeccionamiento para que técnicamente tenga valor y la normativa que se desarrolla a partir de esta legislación pueda ser útil, clara, transparente, no perjudique el medio ambiente y, a la vez, evite los focos de corrupción.
Diputados, como el señor Hales, han señalado que esta normativa que modifica la ley general de Urbanismo y Construcciones y entrega a las municipalidades la responsabilidad de autorizar o no la instalación de una antena, podría transformarse en una corrupción, porque ¿qué facultades técnicas tendría una municipalidad para rechazar o aprobar una instalación? ¿Sólo las relativas a aspectos panorámicos y de paisajismo, o tendría personal técnico y atribuciones técnicas que le daría la ley para rechazar la instalación de una antena?
Entonces, para enriquecer el proyecto, es necesario reforzar las normas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que en la actualidad da las autorizaciones técnicas para la instalación de antenas. En una parte de estas normas se ha avanzado significativamente, pero el proyecto está pobre de disposiciones técnicas, las que es preciso incrementar. Hay dos formas de hacerlo: mediante indicaciones o aprobando algún artículo que establezca que un reglamento reemplazará la falta de normas técnicas.
Asimismo, se ha sostenido que las antenas se han instalado con mucha libertad. Creo que todas ellas han contado con las autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ese es un hecho comprobado, por cuanto en Chile no se puede instalar una antena sin la autorización de la autoridad técnica respectiva.
Señor Presidente, el diputado señor Juan Pablo Letelier me ha solicitado una interrupción, la que, por su intermedio, le concedo.
El señor LEÓN (Vicepresidente).- Señor diputado, hay diez parlamentarios inscritos para hacer uso de la palabra y, además, se ha solicitado el cierre del debate. Por lo tanto, le pido que termine su discurso, porque someteré a votación el cierre del debate que pidió un Comité. El diputado señor Letelier también está preocupado de que avance rápido la tramitación del proyecto.
El señor VILCHES.- Señor Presidente, lamento que no se puedan dar interrupciones para enriquecer el debate. La discusión se perfecciona cuando un parlamentario tiene fundamentos para pedir una interrupción y puede, por último, contradecir lo que uno está señalando. Lamento mucho que debamos intervenir en esta forma tan pasiva.
Continuando mi discurso, debo manifestar que el proyecto es absolutamente necesario, siempre que cuente con normas técnicas estables y bastante coherentes para permitir que no se haga de esto una caza de brujas y se señalen temores por cosas que no existen, tendientes a evitar que la comunidad use un servicio que en la actualidad es prácticamente de primera necesidad, el cual se desarrolla dentro de las posibilidades económicas del país.
La significativa utilidad de la telefonía móvil terminará con el servicio de larga distancia. Esto no lo puede discutir nadie, porque es efectivo. Hoy, la telefonía fija ya está ofreciendo planes para hacer llamadas de larga distancia con valores menores. Además, pronto llegará al país una tecnología que permite la instalación de teléfonos inalámbricos de red fija, la cual también requerirá antenas de repetición, porque no habrá cables. Esa será una real competencia a la telefonía fija con cables.
Entonces, considero oportuna una legislación eficiente y de alta tecnología, que permita decir a la comunidad cuáles son los riesgos verdaderos y los que no existen.
En materia de normas de urbanismo y construcciones existe una preocupación permanente. Yo les digo: ¿a quién no le interesa el traslado de esos basureros instalados en las ciudades, que son realmente feos, horribles? Sin embargo, no hemos levantado la voz para decirlo. Comparto el criterio de que la basura que se extrae en todas partes debe depositarse según un sistema digno, porque en la actualidad se pone en artefactos ubicados en las esquinas de las calles, donde se estacionan los autos, por lo cual constituyen un peligro para quienes transitan en esos lugares. En otras partes, se ponen en los jardines para recoger la basura del sector.
Hay sistemas distintos y mucho más bellos que los utilizados en la actualidad.
Hay instalaciones de alta tensión que, como está demostrado, provocan daño a la salud humana. Las tenemos en los campos de Chile, en el centro de las ciudades; incluso vemos a diario torres de alta tensión en Peñalolén y en cualquier lugar del país. También deberemos normar esta materia, porque los países desarrollados ya han obligado a hacer la conducción de los cables de alta tensión en forma subterránea.
Finalmente, anuncio que aprobaremos el proyecto en general, y que hemos formulado indicaciones que representan un aporte para este proyecto, por cuanto ponen las cosas en su lugar desde el punto de vista técnico, para evitar que esto sea un foco de corrupción, de tramitación y de freno al desarrollo de estas tecnologías en el país.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Ha llegado a la Mesa una petición de los Comités de la Democracia Cristiana para cerrar el debate. Hay diez diputados inscritos para hablar.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor MONTES.-
Propongo que se conceda a cada diputado inscrito un lapso más reducido para intervenir, que podría ser de dos o de tres minutos, con el objeto de asegurar la votación del proyecto al final de la sesión, ya que se trata de un tema de interés general.
He dicho.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Señor diputado, como señala el Reglamento, corresponde votar el cierre del debate. En caso de no ser aprobado, se procederá de la forma que señala su Señoría.
El señor SALAS.-
Estamos de acuerdo en que hablen los diputados inscritos, siempre que se limite el tiempo de sus intervenciones y alcancemos a aprobar el proyecto en esta sesión.
El señor LEÓN (Vicepresidente).-
Informo a la Sala que se ha retirado la petición de cierre del debate.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que las intervenciones sean de cinco minutos.
No hay acuerdo.
¿Habría acuerdo unánime para reducir las intervenciones a tres minutos?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón, por tres minutos.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, me limitaré rigurosamente a ocupar los tres minutos que me concedieron.
Agradezco que no se haya cerrado el debate, porque eso nos permite manifestar juicios o criterios sobre un proyecto que genera consenso unánime, relativo a la necesidad de legislar de manera más adecuada respecto de la instalación de las antenas de telefonía celular. No obstante, debemos formular las siguientes consideraciones:
Primero, se trata de una industria que crea empleos y, lo más importante, es una alternativa real frente a la telefonía fija, ya que permite abaratar los costos de comunicación, cuestión esencial en la sociedad actual.
Segundo, si bien es cierto que el proyecto eso es lo loable pretende prevenir posibles situaciones conflictivas para la salud, así como el desmedro patrimonial, tanto público como privado, no se puede desconocer que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en el ámbito de las facultades que le otorga el artículo 7° de la ley respectiva, ha actuado en conformidad con ellas y dictado normas que permiten la protección de las personas, desde mayo de este año, cuando Christian Nicolai asumió la Subsecretaría, luego de recoger los planteamientos de distintos sectores, no sólo ciudadanos, sino que también parlamentarios.
El punto es cómo damos hoy un paso más para tener una legislación que contribuya a regular esta materia en mejor forma.
Sin embargo, no hay que confundir los temas. Las materias urbanísticas son propias del área de vivienda y no de las telecomunicaciones. En consecuencia, se requieren normas que posibiliten una adecuada coherencia entre las facultades que se otorgan a dicho organismo y las que se conceden a las municipalidades, con el objeto de no bloquear el funcionamiento del sistema.
Las ordenanzas que vamos a aprobar significarán 400 soluciones distintas para la instalación de antenas de telefonía móvil, porque deben contar con el acuerdo de los respectivos concejos municipales. Es mejor otorgar facultad a los gobiernos regionales para generar ordenamientos de unidades territoriales mayores que las que se producirán a nivel exclusivamente municipal, las cuales implican más de 400 soluciones que, eventualmente, pueden ser distintas e incluso contradictorias.
Hago un llamado a reflexionar sobre este tema, porque es parte de la discusión que, de una u otra forma, tendrá la Comisión cuando analice este proyecto.
En definitiva, estoy de acuerdo con la idea de legislar, por lo que anuncio que la votaré favorablemente; pero considero que deben hacerse las adecuaciones para que el proyecto solucione verdaderamente el problema, armonizándolo con el avance experimentado por esta tecnología, la cual, repito, es bastante importante y permite la existencia de una alternativa concreta frente a la red fija, tanto en términos de competencia como de disminución de costos.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, sobre este proyecto, cada uno ha dicho lo que quiere, en circunstancias que se pretende algo muy simple: regular la instalación de las antenas. Lo demás se ha venido agregando, ya que cada uno expone lo que desea.
Voy a poner un solo ejemplo. Ayer, en un programa de televisión, vimos que una empresa telefónica compró una propiedad ubicada en la parte posterior de una población, abrió la reja de un pasillo que permanecía cerrado por razones de seguridad e invadió la población. Esos son los problemas que queremos evitar.
Nadie está en contra de la tecnología, de que se abaraten las llamadas de larga y corta distancia, ni de una inversión que, de acuerdo con lo que señaló aquí el señor Pickering, asciende a 200 millones de dólares; en definitiva, nadie está en contra del progreso de un país.
Aquí se ha dicho que debemos conceder a los gobiernos regionales la facultad de otorgar permisos para la instalación de antenas de telefonía móvil. ¡Qué contradicción más grande, ya que todo el mundo está de acuerdo en que a las municipalidades les corresponde ordenar su territorio! En consecuencia, vamos a “bypassear” las municipalidades y a quedar en lo mismo, porque el gobierno regional puede velar por una región, pero no por una comuna, que es parte de su territorio.
La única aprensión que tengo, la cual merece un mayor estudio de mi parte, como diputado autor del proyecto, es la relacionada con los dos tercios del concejo; pero no me cabe duda de que el departamento de obras municipales debe dar o denegar el permiso para la instalación de estas antenas. Todos los otros pasos para instalarlas están cubiertos por la ley. El único problema es que la municipalidad no tiene ninguna facultad para determinar el territorio donde se deben instalar estas antenas.
Señor Presidente, solicito oficiar a la Asociación de Municipalidades, con el objeto de que se nos informe a cuánto ascienden los derechos que han pagado las empresas por instalar las antenas en las comunas del país. Ninguna ha pagado ni siquiera un peso, porque, aunque no se trata de la construcción de un edificio, deberían pagar los permisos de construcción o de edificación. En consecuencia, creo que no hay que darle más vueltas al asunto, por cuanto lo demás vendrá por añadidura.
Quiero recordar a los honorables colegas que la Comisión que estudió la ley 3-A, en la cual me correspondió participar, no tomó en cuenta los celulares, porque hace seis años había solamente 10 mil en el país. Hoy hay 3 millones de teléfonos móviles. O sea, con la tecnología que tenemos, esto avanza muy rápido y cada una hora se duplica el conocimiento del mundo en este aspecto.
En consecuencia, el único problema es determinar quién dirá la última palabra en relación con estas autorizaciones. A mi juicio, resulta claro que debe concederlas el departamento de obras municipales, en concordancia con la Subtel y cumpliendo con todos los otros requisitos establecidos por ley.
Por lo tanto, no debemos empantanarnos mucho para aprobar este proyecto, que significa dar un paso hacia delante. Nadie puede estar en contra del progreso, de las empresas y de las inversiones en nuestra patria. Aquí queremos regular, por ejemplo, lo que decía el alcaldeSabat.
Debo informar que la comuna de Providencia es la que tiene más antenas en Santiago, pero no se ven, porque se llegó a un acuerdo para ponerlas sobre los techos de los edificios, donde no molestan a nadie. Entonces, en vez de elevarse 60 metros, tienen dos o tres metros de altura. O sea, las cosas se van regulando y no se trata de poner trabas.
Señor Presidente, le reitero mi petición para que solicite el asentimiento de la Sala a fin de oficiar a la Asociación de Municipalidades, con el objeto de que nos informe a cuánto ascienden los derechos que han pagado las empresas por la instalación de antenas en las comunas del país.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, cuando elaboramos este proyecto con el honorable diputado señor Juan Pablo Letelier, pensábamos qué hacer para que creciera la telefonía celular sin afectar a la comunidad, a las personas. Buscamos bastantes equilibrios porque, en verdad, esto no es fácil, ya que, sin lugar a dudas, faltan muchos instrumentos técnicos.
Valoro mucho el acuerdo de esta Sala respecto de aprobar la idea de legislar y sobre la necesidad de ir perfeccionando distintos aspectos.
Me preocupan dos cosas. En primer lugar, en algunas intervenciones, no muchas, se ha cuestionado el efecto que sobre la salud de las personas tendría la instalación de las antenas. Otros han dicho aquí que la radiación electromagnética no provocaría gran daño, y algunos coinciden con esa opinión; pero hay un conjunto de evidencias que demuestran que esto no es así y que provocan daño. Muchos sostienen que el efecto es de largo plazo, con latencias de hasta más de 30 años. La vinculación entre las ondas electromagnéticas y determinados cánceres no se da rápidamente, de acuerdo con todos esos estudios.
Quiero informar a la Sala que la Comunidad Económica Europea resolvió crear seis comisiones en noviembre de 1999, nada más que para profundizar en este tema de las ondas electromagnéticas. Una, para ver los efectos directos e indirectos que tienen en las genotoxinas; otra, a fin de estudiar las células alteradas a nivel embrionario humano, y cómo se diferencian y proliferan a partir del impacto de estas ondas electromagnéticas; una tercera comisión, para determinar el efecto que tienen esas ondas sobre el desarrollo de genes y proteínas; una cuarta, para estudiar su efecto en el sistema inmunológico; la quinta, con el objeto de determinar la transformación celular que esa medida está provocando, y una sexta, para proponer un conjunto de sistemas de apoyo estadístico, y otros para el resto de las comisiones.
El asunto es serio; no es un problema menor. Además, pone en debate el tema de las torres de alta tensión que emiten ondas electromagnéticas de mucho daño para la salud.
Es curioso que en esta materia el peso de la prueba recaiga en la comunidad, en quienes estamos diciendo que las ondas electromagnéticas provocan daño, y no en aquellos que instalarán las antenas, los que deberían convencer a las autoridades y a todos que por la manera de colocarlas no provocan daño en la salud; pero simplemente las instalan y después dicen que no causan problemas y que el estudio hecho puede ser o no efectivo. En verdad, aquí algo se ha tergiversado.
Al respecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, con los elementos disponibles, ha establecido, como norma técnica, que debe haber 435 microwatts por centímetro cuadrado como nivel máximo de exposición en las zonas de libre circulación de las personas. A lo mejor, mañana habrá que elevar o bajar esa cifra, lo cual dependerá del avance en los estudios.
Otro argumento que me preocupa surge de las intervenciones de los diputados señores Rincón y Víctor Pérez, quienes descartan la intervención de los municipios. Aquí hay una incomprensión del proyecto, ya que éste dice que la norma técnica la establecerá la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero ¿quién se preocupa de definir la distribución de las antenas en el espacio o territorio? ¿Quién conoce la comuna, los lugares donde hay gente y aquellos donde no existe población? El municipio debe tener un rol, pero, como en la aplicación práctica de todas las normas técnicas, debe velar y preocuparse de su cumplimiento.
Además, es muy importante enfatizar que, una vez aprobado el proyecto de ley, todas las antenas que no cumplan con las normas deberán ser retiradas, porque ahora están provocando daño en los colegios. Los municipios tienen la función fundamental de controlar que se cumpla esa disposición.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
El diputado señor René Manuel García ha solicitado a la Mesa que recabe el acuerdo de la Sala para oficiar a la Asociación de Municipalidades respecto de las empresas que han pagado los derechos por la instalación de este tipo de antenas.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, uno de los factores esenciales del proyecto es llenar un vacío legal existente, por cuanto las personas que se sienten afectadas no tienen dónde recurrir ni cuentan con normas que les permitan protegerse. Las actuales facultades de las autoridades competentes, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones, no son suficientes y, por lo tanto, es necesario legislar sobre la materia. En este aspecto, hay que felicitar la iniciativa presentada por nuestros colegas.
Además, es clarísimo porque a diario uno se encuentra con este tipo de situaciones que las personas son sorprendidas con estas instalaciones, las que se hacen en sitios eriazos o, como muy bien lo ha señalado el diputado señor Pareto, en patios de casas habitaciones y en medio de poblaciones o de construcciones de la más diversa naturaleza.
Cualquier duda que exista en materia de impacto en la salud pública debe servir como elemento central para legislar sobre este tema. Ante la duda, hay que actuar en resguardo de la calidad de vida, aunque no afecte directamente la salud, como en el caso del entorno urbanístico. Se trata de establecer normas que, en materia de antenas de celulares, respeten el ordenamiento urbano. De manera que, a mi juicio, es correcta la visión planteada por el diputado señor Montes en cuanto a hacer confluir las materias técnicas reguladas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones con las urbanísticas, donde hay competencia de los municipios y de otras autoridades.
Asimismo, se trata del otorgamiento de facultades precisas y no de normas genéricas, porque, al tenor de la intervención del subsecretario de Telecomunicaciones en la Comisión, quedó de manifiesto que esa Subsecretaría tiene facultades genéricas que, llevadas a la práctica, por su falta de precisión, al final se transforman en letra muerta, razón por la cual las personas a quienes nos interesa proteger quedan desguarecidas.
Hablo a partir de experiencias concretas: en la calle Urmeneta, en pleno centro de la ciudad de San Bernardo, sus vecinos están reclamando por la instalación de antenas parabólicas; lo mismo sucede en la calle Baquedano, de esa misma ciudad, o en la localidad de Linderos, en la zona de Buin. Son situaciones específicas que a uno lo motivan para decir que debemos legislar oportunamente, esto es, apoyar el proyecto.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente, aunque ya casi todo está dicho, quiero insistir en algunos aspectos del proyecto.
En los últimos años, se ha registrado en el mundo entero un explosivo aumento de la telefonía móvil o celular. Tal como lo señala la moción, este sistema de comunicación ha experimentado un crecimiento vertiginoso en el país, ya que los 4.886 suscriptores en 1989 llegaron a 2 millones 200 mil en 1999, estimándose para este año en una cifra superior a los 3 millones.
En mi distrito, Curicó también ha sido víctima de la colocación de antenas entre gallos y medianoche. Sucede que la actual ley general de Telecomunicaciones dispone que la Subsecretaría del rubro es el organismo encargado de autorizar técnicamente la instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, pero no es competente para autorizar la instalación de antenas, salvo que se ajusten a las disposiciones técnicas del Servicio de Telecomunicaciones. Además, los planos reguladores, por lo general, son muy vagos respecto de la instalación de antenas y se refieren sólo a su altura en algunos barrios residenciales, pero deja desprotegidas a poblaciones completas en las que no existe limitación alguna.
La moción reconoce que, a pocos años de haberse implementado, miles de personas utilizan ese servicio, que se ha convertido en uno de los rubros de la economía nacional que ha demostrado mayor dinamismo. Sin embargo, no todo es positivo.
Para implementar la telefonía móvil, se han instalado antenas por todo el país, sin considerar el impacto que pueden ocasionar tanto en el paisaje urbanístico de las ciudades como en la salud de las personas, situación que nadie discute, por lo cual es imprescindible establecer normas claras sobre la materia.
Por ello, la moción exige a los concesionarios de telefonía móvil que la instalación de antenas cuente con la autorización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la municipalidad respectiva, considerando factores como densidad poblacional y la existencia de otras antenas similares.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia.
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, estamos aquí normando una materia de la más alta importancia, que apunta a la modernización del país, porque, cada vez más, nos veremos enfrentados a nuevas tecnologías que no son conocidas. Por lo tanto, debemos adelantarnos y dictar normas que, en vez de dañar a la población, la beneficien.
Concedo una interrupción al diputado señor Hales, con cargo a mi tiempo.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de la interrupción el diputado señor Hales, por los tres minutos.
El señor HALES.-
Señor Presidente, agradezco la interrupción que me concedió el diputado señor Urrutia.
Con todo respeto, quiero explicar al diputado señor Juan Pablo Letelier no es que no lo haya entendido que es probable que él no conozca la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Su artículo 2.6.3. dispone, en el primer párrafo, que deberá velarse por los distanciamientos que deben tener las construcciones. Y en sus párrafos posteriores, señala, específicamente eso motivó la indicación que planteamos con el diputado Bustos para las antenas de todo tipo e instalaciones de telecomunicaciones en general, que estas obras deberán someterse también a la norma de distanciamiento.
Además, quiero decirle al honorable diputado es conveniente que también lo sepa la Sala que, incluso, está especificada la relación de altura que debe existir a medida que uno se va distanciando del vecino. Eso no siempre es fácil de comprender porque está determinada por la función trigonométrica establecida por la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo, la que, en el caso de la Región Metropolitana, es la tangente trigonométrica de 70 grados. Es decir, se tienen distintas relaciones para 1,5, 2,5 y 4 metros de distanciamiento.
En ese sentido, hay una efectiva regulación y se debe tener en cuenta que, aun cuando figura en la ordenanza general de construcciones, la interpretación del ministro de Vivienda anterior fue equivocada con el diputado Leay lo hicimos presente cuando retiramos una antena de Bellsouth de la población “Escritores de Chile”, en la comuna de Recoleta; otra de la calle Lircay, en esa misma comuna, y, ahora, en que conseguimos la paralización de la instalación de la antena de Smartcom de la calle Los Ángeles, comuna de Independencia, al afirmar: “Mire, basta con que manden un aviso, porque, en otra parte, el artículo 2.6.3. así lo dispone”. Reitero que expresamos que dicha interpretación fue equivocada, porque el artículo 2.6.3. de la Ordenanza indica que se respete la relación entre el distanciamiento y la altura; o sea, a medida que usted se va levantando tiene que distanciarse cada vez más de los vecinos. Eso posibilita resguardar los terrenos pequeños en los que no podrán instalarse antenas altas, y, así, proteger la ciudad. Eso sí, hay que dejar en claro que deseamos la participación local, municipal; pero también una norma general, porque debe haber una sola regla muy nítida a lo largo de Chile y no 341 reglas. Nos interesa la participación de la dirección de Obras Municipales para hacer respetar el referido distanciamiento, como, asimismo, en los planos reguladores. No queremos una nueva anarquía, porque, además, se puede abrir paso a la corrupción si se decide operar por medio de 341 ordenanzas distintas, y no habrá empresa que pueda cumplir con eso.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Ha concluido el debate.
En votación en general el proyecto de ley.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Se va a agregar la votación de los parlamentarios presentes que no alcanzaron a formularla.
Un señor DIPUTADO.-
Señor Presidente, repita la votación.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Se repetirá la votación.
El señor PALMA (don Andrés).
- ¿Por qué repetirá la votación, señor Presidente? ¿Hubo dudas?
El señor TUMA (Presidente accidental).-
No hubo dudas; sólo queremos confirmar y dejar constancia de la votación de los parlamentarios.
El señor PALMA (don Andrés).-
Desde el punto de vista reglamentario, su decisión no procede, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Señor diputado, no tiene mayor incidencia en el proyecto.
El señor PALMA (don Andrés).-
Entonces, no procede, señor Presidente.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Procede si lo estima la Mesa.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Aprobado.
Por haber indicaciones, el proyecto se remitirá nuevamente a la Comisión de Obras Públicas para los efectos pertinentes.
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
El señor RIVEROS.-
Señor Presidente, quienes votaron favorablemente el proyecto en la primera votación, ahora aparecen sin hacerlo porque, en definitiva, no entendieron lo que su Señoría estaba haciendo.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Se considerará el voto favorable de los diputados señores Riveros, Krauss, Elgueta y Vargas.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Bertolino, Rozas (doña María), Bustos, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Correa, Delmastro, Díaz, Dittborn, Elgueta, Fossa, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González (doña Rosa), Gutiérrez, Hales, Jaramillo, Jarpa, Krauss, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Masferrer, Melero, Mesías, Monge, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Osvaldo), Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pareto, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rincón, Riveros, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Ulloa, Urrutia, Vargas, Vega, Vilches, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo 1°
Numeral nuevo
1. De los señores Ibánez, Víctor Pérez y Dittborn, para intercalar el siguiente numeral, nuevo:
“...Agréganse los siguientes incisos al artículo 7°:
“Las personas naturales y jurídicas que tengan antecedentes que justifiquen haber sufrido, estar sufriendo o que puedan amenazar sufrir molestias graves o lesiones o daños en sus bienes producto del funcionamiento de servicios de telecomunicaciones o de instalaciones que generen ondas electromagnéticas, podrán recurrir en cualquier momento y por una sola vez ante el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, para que disponga fundadamente la modificación o el cese del todo o parte de la concesión, para subsanar los problemas producidos, en caso que así ocurriere. Igual derecho tendrán aquellas personas que sientan transgredidos los derechos establecidos en el inciso segundo del artículo 15. La prestación se efectuará ante el respectivo secretario ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, correspondiente a la región en donde resida el reclamante o estén ubicados los bienes.
El ministro deberá resolver el reclamo en el plazo de 30 días, contados desde la recepción de la solicitud, debiendo necesariamente escuchar la opinión de la empresa concesionaria respecto de la cual se reclama.
La decisión del ministro será apelable para ante la respectiva Corte de Apelaciones, quien conocerá del recurso en cuenta. El ministro remitirá los antecedentes a la Corte en el plazo de 10 días siguientes a la fecha de su interposición.”.”.
Numeral 1
2. Del señor Vilches para sustituir en el primer párrafo del inciso segundo que se incorpora, la coma (,) que figura enseguida de la palabra “antena”, por la conjunción copulativa “y”, y para suprimir la expresión “y la existencia de otras antenas de igual o similares características”.
3. De los señores Vilches y Ortiz para suprimir el segundo párrafo del inciso segundo que se incorpora
4. Del señor Krauss para reemplazarlo por el siguiente:
“1. Incorpórase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno a ser tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, respectivamente: “En el caso de proyectos técnicos sobre la instalación de antenas de servicio público de telefonía móvil entre los antecedentes a que se refiere el artículo anterior deberán incluirse los relativos a la ubicación específica de la antena, su cercanía a sectores poblacionales, la existencia de otras antenas de igual o similares características en el sector inmediato, la densidad de potencia de propagación de la onda y las medidas de seguridad que se adoptarán para proteger a las personas.”.”.
5. De los señores Ibánez, Víctor Pérez y Dittborn, para reemplazarlo por el siguiente:
“1. Modifícase el artículo 15 de la siguiente manera:
a) Intercalánse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, respectivamente:
“En el caso de instalación de antenas o equipos de generación de ondas electromagnéticas, en el radio urbano, dichas instalaciones no podrán estar ubicados en establecimientos educacionales, de culto, de salud o comunitarios. Tratándose de inmuebles particulares ubicados en una franja circundante de 50 metros en torno al equipamiento o antena, se requerirá el acuerdo unánime de sus propietarios, el que deberá constar por escritura pública. La solicitud de concesión o modificación deberá señalar expresamente, cuando se requiera instalar antenas en radios urbanos, las distancias respecto de los inmuebles vecinos y acompañar las autorizaciones otorgadas por los propietarios respectivos.
Asimismo ese emplazamiento de antenas y equipos deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo N° 2.6.4 del decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”.
b) Sustitúyese en el actual inciso cuarto, que pasa a ser sexto, el guarismo “10” por “30”.”.
6. De los señores Vilches y Ortiz para reemplazar el segundo párrafo del inciso segundo que se incorpora, por el siguiente: “Toda oposición que tenga por finalidad cuestionar el proyecto técnico, así como las antenas y otros equipos técnicos destinados a su operación, se someterá al procedimiento que establece el inciso quinto del presente artículo. En caso que la objeción formulada afectare sólo a una parte del proyecto técnico involucrado, el Ministerio deberá otorgar la concesión o modificación respecto de la parte no impugnada. Sólo deberá otorgarse concesión o modificación respecto de la parte impugnada del proyecto técnico, sus antenas o equipos, una vez que se encuentre ejecutoriada la resolución que hubiere rechazado la oposición deducida.”.
7. Del señor Mora para agregar el siguiente inciso, a continuación del inciso segundo que se agrega al artículo 15:
“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará también a la instalación de antenas o equipamientos que generen ondas electromagnéticas o radiación, como las torres portadoras de cables de alta tensión y otros similares.”.
Numerales nuevos
8. De los señores Ibánez, Víctor Pérez y Dittborn, para intercalar el siguiente numeral, nuevo:
“...Modifícase en el inciso primero del artículo 16, la expresión “inciso segundo” por “inciso cuarto”.”.
9. De los señores Ibánez, Víctor Pérez y Dittborn, para intercalar el siguiente numeral, nuevo:
“... Agrégase el siguiente número 5, nuevo, al artículo 23:
“Muerte o lesiones a personas o daños a bienes debido al mal funcionamiento o uso inadecuado de equipos e instalaciones técnicas que sirven al ejercicio de la concesión o por incumplimiento reiterado y grave de las normas de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, cuando la salud o seguridad pública esté comprobadamente amenazada por los equipos, instalaciones u operaciones de éstos.”.”.
10. Del señor Krauss para suprimirlo.
11. De los señores Vilches y Ortiz para suprimir en el inciso final que se agrega al artículo 24 A, lo siguiente:
“En ningún caso podrá conceder esta autorización cuando la Dirección de Obras Municipales hubiere denegado el permiso a que se refiere el artículo 116 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1976, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ley General de Urbanismo y Construcciones.”.
Al artículo 2°
Numeral 1
12. De los señores Vilches y Ortiz para suprimir la letra a).
13. De la señora Soto Reyes, Jimenez, Lorenzini, Kuschel, Pareto, Leay y Naranjo, para , para reemplazar en el inciso segundo que se incorpora, el punto seguido que sigue a la palabra “móvil”, por una coma (,), agregando a continuación lo siguiente: “el que no podrá extenderse sin la opinión formal de la junta de vecinos correspondiente a la jurisdicción donde se pretenda instalarlas.”.
14. De los señores Hales y Bustos para agregar en el inciso segundo que se incorpora mediante la letra a), el siguiente párrafo final:
“Esta ordenanza deberá ser concordante con las disposiciones que sobre esta materia determina la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a las normas sobre distancia mientos y ángulos de rasantes exigidos para antenas y otras instalaciones de telecomunicaciones. A falta de la Ordenanza Especial o en tanto ésta sea aprobada por el Concejo Municipal, las antenas correspondientes al servicio público de telefonía móvil se considerarán como fachadas sin vano, aplicándose a su respecto las normas de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones sobre esta materia, siendo responsabilidad de la respectiva Dirección de Obras Municipales velar por su cabal cumplimiento.”.
Al artículo 3°
15. Del señor Krauss para suprimirlo.
16. De los señores Rincón y Mora para suprimirlo.
Al artículo transitorio
17. Del señor Krauss para suprimirlo.
18. De los señores Vilches y Ortiz para contemplarlo como artículo 4° permanente, con la siguiente redacción:
“Las disposiciones de esta ley se aplicarán a las presentaciones de solicitudes de permisos o concesiones de servicios de telecomunicaciones efectuadas a partir de la fecha de publicación de esta ley en el Diario Oficial.”.
19.De los señores Ulloa y Van Rysselberghe para agregar el siguiente artículo 2° transitorio, nuevo, pasando el actual a ser 1°: “Las Municipalidades del país estarán obligadas a contar con una ordenanza que regule con mayor precisión esta materia, la que deberá ser publicada 120 días después de publicada la presente ley.”.
VII. PROYECTOS DE ACUERDO
COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE INSCRIPCIÓN DE REGISTROS DE DOMINIO EN INTERNET.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 470, de los señores Navarro, Muñoz, don Pedro; Encina, Velasco, Tuma, Jarpa, Arratia, Núñez, Aguiló y Jeame Barrueto.
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
Considerando:
1. Que en nuestro país el fenómeno de expansión y crecimiento de la red Internet ha ido en constante aumento, lo que se traduce en que así como durante el año 1996 se contabilizaron casi 7 mil registros de nombres de dominio en el Net work Information Center Chile, este año, sólo entre junio y julio, se registraron 6.984 tramitaciones de registros. A fines de agosto, existía un total de 56 mil dominios registrados en el país, más del doble de los 25 mil que existían a marzo del 2000.
2. Que a pesar de las iniciativas, tanto gubernamentales como parlamentarias, de regular los procedimientos de acceso, mantención y desarrollo de actividades o acciones relacionadas con áreas empresariales, institucionales o informativas, y con objetivos educativos, comerciales o de simple entretención, es evidente la falta de regulación que todavía existe en Chile sobre esta materia.
3. Que en particular es preocupante que, además de esta falta de normativas, se perciba una falta de políticas claras, tanto en el sector privado como público, con el fin de utilizar la red Internet para las metas y objetivos que le son propios y que permiten, por omisión, la generación de hechos que sin tener la configuración de delitos propiamente tal, claramente aten tan o perjudican el accionar de instituciones, empresas o de personas naturales.
4. Que en especial, esta situación se verifica en el proceso de registro de nombres de dominio CL, denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), que es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por delegación de la Iana (Internet Assigned Numbers Aut hority) de acuerdo a sus principios contenidos en el documento RFC 1591: Do main Name System Structure and Dele gation. NIC Chile actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de Iana con el propósito de llevar el registro de nombres de dominio; no obstante, no tiene facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas u obligaciones.
5. Que NIC Chile está facultado para cobrar tarifas de inscripción, revalidación, modificación, eliminación o mantención de un nombre de dominio, publicando las tarifas vigentes en el servidor web del dominio CL, siendo el requisito esencial para mantener la vigencia de una inscripción de dominio el pagar oportunamente todas las tarifas que le sean aplicables.
6. Que el registro de un nombre de dominio bajo el dominio CL se hace a través de correo electrónico o el www, no admitiéndose a tramitación sólo las solicitudes para nombres que ya se encuentran inscritos en el registro del dominio CL, manteniéndose en este listado por un plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, a objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
7. Que ha sido este proceso el que se ha visto afectado por la actuación de personas naturales y jurídicas y empresas organizadas para el efecto, que inscriben uno o más nombres de dominio en el registro CL, con el solo propósito de obstruir o dificultar la inscripción por parte de los verdaderos interesados o, en su defecto, para negociar comercialmente, por un valor varias veces mayor, la posesión del referido registro.
8. Que esta situación antes descrita ha afectado a personas de figuración pública, entre los que se pueden citar la mayoría de los ex Presidentes de la República; el nombre de las regiones, las provincias y las comunas del país; la Iglesia Católica; el Poder Judicial; medios de comunicación; héroes patrios como Arturo Prat; deportistas e instituciones deportivas como Marcelo Ríos, Iván Zamorano y Colo Colo. También han sido perjudicadas empresas individuales y sus agrupaciones sectoriales como en el caso de la Sofofa y Asexma.
9. Con igual preocupación es posible constatar que los nombres de dominio vinculados al Poder Ejecutivo y al nombre Chile se ven igualmente afectados. En el caso del nombre Chile, a nivel mundial, no se encuentra inscrito en la mayoría de los dominios nacionales, entre ellos muchos de los dominios en los que Chile mantiene una presencia importante, ya sea porque son mercados de destino de exportaciones o por tratarse de países con los que Chile mantiene lazos políticos. En el caso del Ejecutivo, agentes independientes que inscriben nombres de dominio con la perspectiva de venderlos a precios exorbitantes, ya inscribieron el nombre gobiernodechile.com en Estados Unidos. Por lo anterior, no es descartable la posibilidad de que nombres de dominio sensibles para el Estado chileno sean inscritos y utilizados de manera que perjudiquen la imagen internacional del país.
La Cámara de Diputados acuerda:
1. Facultar a la Comisión de Ciencia y Tecnología para que se constituya como comisión investigadora, en un plazo máximo de 30 días, para abordar la problemática actual y futura que puede generar la inscripción de registros de dominio, tanto particulares como corporativas, y especialmente las relacionadas con el patrimonio cultural e histórico del país, así como de organismos e instituciones del Estado, por parte de personas e instituciones organizadas para ello, especialmente considerando el incremento de los registros de dominio en Chile, emitiendo un informe que explique detalladamente los procedimientos y alcances del proceso de registro de nombres de dominio en el dominio general CL, así como en las formas punto com (.com), punto net (.net) y punto org (.org), junto a las propuestas legislativas y reglamentarias para evitar los problemas ya señalados”.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputadoSalvador Urrutia
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, desde luego, este proyecto de acuerdo apunta a la integración plena de Chile a la red de internet, de la globalización de las comunicaciones y de la información. Sabemos que ha habido muchos problemas legales, causados por personas que están inscribiendo nombres de dominio en la red de internet, con lo cual ejercen una acción de absoluto aprovechamiento, de chantaje, de negociación indebida contra los verdaderos dueños del nombre o la marca que inscriben. Existe una organización internacional, Iana, cuya filial en Chile, NIC, depende de la Universidad de Chile; pero el sustento legal en la materia es muy precario y es necesario que la Cámara investigue sobre el tema y proponga soluciones que eliminen el caos o anarquía que existe en la actualidad.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto todavía resta tiempo.
Tiene la palabra el diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente, me parece extraordinariamente interesante este proyecto de acuerdo, que ha presentado el diputado señor Alejandro Navarro. Indudablemente, el avance tecnológico del país requiere regularizar la situación particular del uso de la red de internet, y cuando él plantea la problemática de la inscripción de registros de dominio en ella, apunta a un hecho realmente serio, que ha traspasado incluso las fronteras de los países. Por tanto, se ve perjudicada la generación intelectual de muchas personas que se han incorporado masivamente al trabajo por internet.
Espero que, por el bien del país, el proyecto de acuerdo sea aprobado por unanimidad; además, parte importante de la intervención del Presidente de la República, contenida en el Mensaje del 21 de Mayo, estuvo centrada en la importancia del acceso al conocimiento tecnológico, en particular en todo lo que lleva implícito internet.
Por eso, me asiste el convencimiento de que las bancadas del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, de la UDI, de Renovación Nacional y del Partido Radical Social Demócrata apoyarán esta iniciativa, la que, además, ha sido firmada por parlamentarios de todas ellas. Ojalá que sea aprobada por unanimidad.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
MANDATO, A LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE EMOS Y ESVAL, PARA AGREGAR EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE ESSBÍO S.A.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental).-
Proyecto de acuerdo N° 471, de los diputados señores Navarro, Ortiz, Pérez, don José, y Jarpa.
“Vistos:
Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 297 del Reglamento de la honorable Cámara, y
Considerando:
Razones que justifican una comisión investigadora
1. Los antecedentes de que ya disponen los parlamentarios patrocinadores, los que obran en poder del señor Contralor General de la República; los contenidos en el Ordinario N° 730, del 30 de marzo del 2000, del señor alcalde de la I. Municipalidad de Concepción, Dr. Ariel Ulloa Azócar en respuesta al entonces presidente del SAE, Eduardo Arriagada Moreno; y a los fundamentados nuevos antecedentes proporcionados por el Comité Regional de Defensa de Essbío, encabezado por el ex Presidente del Directorio de Essbío S.A., abogado don Hernán Ugarte Correa, e integrado por los directores Dr. Edgardo Condeza Vaccaro, dirigente nacional del Partido Socialista; Juan Inostroza Leiva, presidente regional de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; Ernesto Riquelme Reyes, presidente de la Federación Regional de Dueños de Camiones, y Antonio Deij Escribano, presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.
2. El rechazo ampliamente mayoritario de toda la región del Biobío a la privatización de Essbío S.A., expresado por casi todas las municipalidades individualmente y por el Capítulo Regional de municipalidades unánimemente, desde que hace dos años el SAE incorporó sorpresivamente a la empresa entre las sanitarias que serían privatizadas el año 1999, adelantándose lo que se había dejado para una segunda programación. Ello provocó la reacción contraria del entonces intendente de la Región, don Martin Zilic Hrepic, conocedor, mejor que nadie, junto con los alcaldes, del aporte líder de esa empresa al Gobierno Regional, en su esfuerzo por superar la extrema pobreza en las poblaciones sin alcantarillado. Lo anterior se ve reflejado en una inversión sorprendente en los últimos cinco años, recibiendo un porcentaje superior al 35% de los recursos nacionales del Programa de Mejoramiento de Barrios (P.M.B.) que el Estado, por intermedio de la Sub dere aporta a los municipios para ese objetivo específico, lo cual supera en más de un 300% al nivel promedio del aporte de todas las sanitarias, públicas y privadas, a la cobertura de alcantarillado en aquellas localidades en que la obligación legal de construir la red de alcantarillado corresponde a las municipalidades, en tanto que las sanitarias sólo tienen la responsabilidad legal de entregar “factibilidad” de conexión del nuevo servicio a la matriz de agua potable y/o la conexión a los colectores de alcantarillado, según corresponda.
3.El rechazo casi unánime de toda la comunidad organizada que desde el 28 de enero de 2000, fecha en que se comunicó oficialmente la decisión presidencial de vender la empresa, se ha expresado de múltiples maneras: concejos municipales, ordinarios y extraordinarios; solicitudes de las juntas de vecinos a cabildos abiertos y consultas populares a la ciudadanía; recolección pública y espontánea de firmas de apoyo a Essbío S.A. y rechazo a la privatización por la vía de vender acciones, etc.; y finalmente el acuerdo a iniciativa de todos los actores regionales mencionados, además de sindicatos, asociaciones de jubilados, profesores, trabajadores de la Salud, gremios de pescadores artesanales, del comercio, comunales y regionales, Am pich, etc., de constituir una gran organización que los represente a todos en forma orgánica, encauzando, coordinando y dirigiendo toda esta campaña que, hasta el 14 de abril, se había expresado libre y espontáneamente. Se formó así el denominado Comité Regional por la Defensa de Essbío S.A., con el lema de “Essbío, agua para todos”.
4. De todos los antecedentes conocidos se desprende nítidamente que todo el proceso P.S.P. de Essbío S.A. estaría viciado desde su origen, porque el único acuerdo adoptado por el Consejo Corfo y el Consejo S.A.E., fue repetir el modelo de Es val, de Emos, de Essal y de Essel, es decir, sólo vender acciones. De suerte que la idea posterior de “estudiar otras modalidades diferentes de incorporar capital privado en Essbío” creando una primera fase en el trabajo del Banco de Inversiones, fue sólo una estrategia engañosa para tranquilizar a los parlamentarios, autoridades, directorio de Essbío S.A., alcaldes y opinión pública regional y presentar lo impresentable, pero con la autoridad que da el timbre de un banco consultor de prestigio internacional, que nadie pudiera poner en duda lo que él dijera: “que la venta de Essbío S.A. es lo único conveniente para superar los problemas de recursos de la empresa y lo mejor para el país, la región y los trabajadores”, fuera aceptado sin mayores problemas y acatado sin oposición regional ni nacional.
5. Lo anterior representó para el siempre escuálido erario nacional, un derroche o despilfarro de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones o US$ 300.000) pagado al banco por un estudio inútil e innecesario; recursos públicos que deberían haberse invertido en los programas gubernamentales por la superación de la pobreza.
6. La contratación del banco consultor, en su primera fase no sólo fue un gasto inútil de US$ 300.000 que debió evitarse porque el banco no tenía otra opción sino recomendar la venta.
En efecto, la modalidad de contratación del SAE colocó al Banco de Inversiones Paribas frente a la siguiente alternativa:
A) Si recomiendo B.O.T. y lo implemento gano un honorario de US$ 470.000.
B) Si recomiendo venta accionaria gano los US$ 1.300.000 de la primera fase (no de ducible de la fase dos), más US$ 330.000, por concepto de comisiones porcentuales sobre los paquetes accionarios y otros, lo que suma US$ 1.630.000.
En estas condiciones, ¿alguien en su sano juicio pudiera pensar en otra recomendación del banco que no fuera la venta de acciones?
Es grave que el Comité P.S.P.Essbío, llamado a actuar de contraparte técnica ante los posibles errores, abusos y falsedades del banco, estando en pleno conocimiento de hechos que le fueron acreditados y de los que quedaron convencidos, haya aceptado el informe sabiendo y conociendo todas las debilidades que contenía, con lo cual se configuró, al respecto, una situación irregular.
7. A propósito del Comité P.S.P. los parlamentarios hemos recibido numerosas denuncias referidas a la escasa transparencia con que este comité y el consejo del SAE están administrando en materia de propuestas, licitaciones de estudios y de contratos que debe hacer en cada uno de estos procesos.
Por ello se deben investigar las situaciones referidas a:
Aspectos tales como los considerados en el punto II.5, del anexo N° 6, de las bases de licitación sobre “Control de la Administración por parte del Adjudicatario”, en que la Corfo, en su calidad de licitador se compromete, a través de un Pacto de Accionistas, “a votar a favor de uno o más candidatos al directorio que proponga el adjudicatario, con el objeto de asegurarle a éste la mayoría de los directores (de Essbío) y, de tal manera, asegurarle el control de la gestión y administración de la sociedad”. Lo anterior vulnera claramente la ley N° 6.640 y el DFL N° 211 de 1960, que rige a Corfo, y tampoco respeta lo establecido en el artículo 2° de la ley N° 19.085 y por las leyes N°s 18.777 y 19.549 que rigen la venta de acciones en las sociedades sanitarias, en ninguna de las cuales se permite a la Corfo renunciar al ejercicio de las facultades inherentes a su calidad de accionista en las sociedades que integre, y menos aún a renunciar a un atributo tan esencial como lo es el de nombrar directores en dichas sociedades cuando disponga del número de acciones suficientes.
Llamar o invitar a una limitada y privilegiada nómina de consultoras y profesionales, haciendo discriminaciones desde todo punto de vista inaceptable.
Contratos que se repiten en los diversos comités P.S.P.
Llamar a licitaciones privadas sólo a las elegidas de siempre, en circunstancias que, por el monto del contrato, legalmente deberían ser licitaciones públicas. Para no incurrir en objeciones de parte de la Contraloría, en estos casos, simplemente dividen la materia en dos contratos, burlando así la ley.
En las propuestas por invitación, o no existen bases técnicas y económicas o son incompletas de modo que ellos pueden manejar a su arbitrio y sin transparencia las contrataciones, perjudicando a las que ofertaron mejores precios, en beneficio de propuestas más caras.
Aun cuando se han presentado requerimientos a la Contraloría, ésta al contestar la denuncia de los diputados, se limitó a fundamentar sólo la juridicidad de la que está investida la Corfo para la administración y disposición de su patrimonio.
Esta Cámara de Diputados ya ha aprobado la creación de las Comisiones investigadoras para los procesos de licitación de Emos y Esval. En cuanto a Emos ésta ya se encuentra en funcionamiento y sobre Esval aún no se constituye. Es por ello, que en relación a los contenidos del presente proyecto, la Cámara de Diputados acuerda:
Mandatar a la actual Comisión investigadora para la licitación de Esval, para que incorpore a sus fines y objetivos los contenidos del presente proyecto de acuerdo investigando el proceso de licitación que afecta a Essbío S.A., manteniendo los plazos reglamentarios asignados a dicha comisión investigadora para informar la situación de Esval”.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, cuatro parlamentarios de la Octava Región, en el convencimiento de que es lo lógico, firmamos un proyecto de acuerdo para que el tema relativo a la empresa de Servicios Sanitarios de Biobío, Essbío, licitada hace pocos días con la venta del 42 por ciento de sus acciones, sea incorporado a la Comisión encargada de investigar la licitación de Emos, en actual estudio, y de Esval, la que debe constituirse en los próximos días. Los diputados señores Alejandro Navarro, José Pérez, Jaime Rocha, Abel Jarpa y quien habla, solicitamos a la Sala aprobar este proyecto de acuerdo.
Queremos que se investigue esta situación, porque en los últimos cinco años el 35 por ciento de los recursos nacionales del Programa de Mejoramiento de Barrios que el Estado, por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, aporta a los municipios para este objetivo específico, quedaron en la Octava Región. Ello fue posible gracias a la gestión de todos los funcionarios de Essbío S.A. Por ese motivo, en forma muy seria, clara, precisa y transparente, siempre nos opusimos a su privatización.
Por eso, nos dolió mucho cuando el 28 de enero del presente año, el entonces Presidente de la República, señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, tomó esa decisión, sin escuchar nuestros planteamientos, en especial los que le hicimos llegar en forma escrita, firmados por los parlamentarios, sugiriéndole que se hiciera un aporte a través del BOT.
Respetamos dicha decisión, pues somos hombres de derecho y creemos en los Poderes del Estado y en la legislación. Pero, como diputados de la República, estamos haciendo uso de nuestras atribuciones fiscalizadoras. La mejor señal que podemos dar es aprobar por unanimidad el proyecto de acuerdo, que no significará una nueva comisión investigadora. En el fondo, estamos solicitando refundir en una sola comisión investigadora los temas de Emos, Esval y Essbío.
Asimismo, en el entendido de que lo que abunda no daña, deseo insistir en algo que se ha dicho con anterioridad. En nuestra región se llevó a cabo un plebiscito, en el cual el 98,9 por ciento de la gente, en forma libre, secreta e informada, votó por la no privatización de Essbío.
Comprendo la inquietud de los funcionarios de esa empresa ante su futuro destino; más aún, si la decisión de Estado está tomada. En lo personal, apoyo las gestiones encaminadas a obtener una indemnización, como corresponde, después de los muchos años que entregaron a la empresa Essbío, la que ha sido un ejemplo señero en la región y ¡por qué no decirlo! dentro de todas las sanitarias del país.
Por último, me gustaría que su Señoría solicitara la unanimidad de la Sala para incorporar el estudio de la licitación que afecta a Essbío a la Comisión investigadora para la licitación de Esval y de Emos.
He dicho.
El señor TUMA (Presidente accidental).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, no me opongo a la investigación de procesos de privatización del presente ni del pasado. A mi juicio, está muy bien investigar. Pero, en este caso, me asisten dudas, porque el proceso está en marcha. Y no parece razonable una investigación sobre un proceso inconcluso. Más bien, parece la superposición de distintos actores para una decisión administrativa.
He querido intervenir justamente por esto último. Tengo en mis manos el boletín de la Biblioteca del Congreso Nacional, Visión semanal, del 18 al 24 de septiembre de 2000, en cuya página 14 se habla de la privatización de Essbío. Se señala que las actuales autoridades del Sistema de Administración de Empresas del Estado firmaron un protocolo de acuerdo con los dos sindicatos de trabajadores de Essbío, que establece mecanismos de protección para el sector laboral, que integran 694 trabajadores, ante el próximo cambio de propiedad de la empresa y eventuales despidos.
Por lo tanto, parte del tema, planteado muy legítimamente por el diputado señor José Miguel Ortiz, ya ha sido resuelto, según la información pública.
Por otra parte, según esta misma información, el 42 por ciento de la empresa Ess bío se vendió en 282 millones de dólares. Es posible que para el valor patrimonial de la empresa, ése sea el mejor resultado de una privatización realizada en la historia de Chile, comparable, tal vez, sólo con el proceso de privatización de Colbún o de Emos.
El resultado ha sido muy positivo y no quisiera que un acuerdo de la Cámara hiciera aparecer dicho proceso como de otro orden.
Por lo general, cuando se pide una investigación, es porque se han detectado irregularidades. En este caso, los resultados no dicen eso.
La comunidad de la región del Biobío, legítimamente, ha expresado su oposición a la privatización. Sin embargo, el diputado señor José Miguel Ortiz ha reconocido que existe la facultad legal, que aprobamos varios de los parlamentarios que estamos presentes, que permite que el Gobierno privatice parte o la totalidad de las acciones de las sanitarias, en este caso de Ess bío.
Por eso, he querido intervenir para discrepar de quienes han dicho que hay que investigar porque ha habido irregularidades en el proceso, aunque no tengo inconveniente en que se investigue, porque confío en que no las ha habido.
Es más: estoy seguro de que los resultados conocidos de este proceso de licitación 282 millones de dólares por el cuarenta y dos por ciento de la empresa y acuerdo con los trabajadores para indemnizarlos en caso de eventuales despidos, a raíz del cambio de propiedad son positivos, reflejan un correcto desempeño de los funcionarios públicos y significan que se ha resguardado el patrimonio nacional.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Queda un minuto para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.
La señora SOTO (doña Laura).-
Señor Presidente, sin perjuicio de considerar legítimo el planteamiento de los parlamentarios de la Octava Región, me parece que no es procedente porque se acaba de formar la comisión de Esval; se trata de cuestiones distintas y se puede empañar o enredar la investigación, algo que nadie quiere para uno u otro caso. Por lo tanto repito, no procede, máxime si se considera que se ha dado un tiempo acotado para la investigación de Esval.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En votación el proyecto de acuerdo.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Se abstuvieron los diputados señores:
VIII. INCIDENTES
DÍA DEL HOSPITAL. PETICIONES EN MATERIA DE SALUD. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA.-
Señor Presidente, hoy se celebra en Chile el Día del Hospital. El 3 de octubre de 1553 se fundó el hospital de Nuestra señora del Socorro, hoy San Juan de Dios, en el cual recibí mi formación como médico oftalmólogo, en la cátedra del profesor Juan Arentsen Sauer.
Como médico, para mí es un día muy especial, pues en los hospitales laboran miles de hombres y mujeres para aliviar el dolor de nuestros semejantes. Precisamente en ellos se entrelazan la tristeza con la alegría, la angustia y el dolor con el alivio, la vida con la muerte.
En el hospital en que recibí mi formación de médico, después me desempeñé profesionalmente por más de veinte años. Por eso, son profundos los lazos de afecto y amistad con mis colegas trabajadores, que han marcado mi vida personal y familiar.
En este día, quiero saludar a todos los trabajadores que se desempeñan en los hospitales de Chile, y en forma muy especial a aquellos que lo hacen en los de El Carmen, Yungay, Bulnes, San Carlos, Coelemu, Quirihue y en el base de Ñuble, que es el de Chillán. En ellos trabajan personas abnegadas y dispuestas a aliviar el dolor de nuestros semejantes.
Por eso, con motivo del Día del Hospital, quiero señalar, además, mi preocupación por mejorar la salud en el país, tanto para los usuarios de los servicios como para quienes laboran en ellos, y entregar una breve cuenta de mis realizaciones durante estos años por la situación hospitalaria de la provincia de Ñuble.
El 18 de junio de 1998 pedí que se oficiara al ministro de Salud para que se entregaran los recursos suficientes a fin de construir la unidad de neurosiquiatría en el hospital de Chillán. La respuesta la envió en octubre de ese año. En ella expresa que entre 1991 y 1996 se habían destinado nueve mil millones de pesos para la primera y segunda etapas de la modernización del hospital Herminda Martín.
Al mismo tiempo, agregaba que se estaba estudiando la posibilidad de entregar los fondos necesarios en el presupuesto de 1999. Como ello no ocurrió, en septiembre de ese año pedí que se oficiara al ministro de Salud con el objeto de hacerle presente la necesidad de firmar el convenio de programación entre el gobierno regional del Bio-bío y el Ministerio de Salud, pues, precisamente en él, se contempla la construcción de la segunda etapa de la modernización del hospital de San Carlos y la tercera etapa del hospital Herminda Martín, de Chillán.
Con ese motivo, también pedí que se oficiara al ministro del Interior para que, considerando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se estudiara la posibilidad de firmar dicho convenio de programación. La respuesta fue que su manejo es de nivel regional y, por lo tanto, esa materia le corresponde al gobierno de la región, aunque, no obstante, se habían hecho las consultas del caso y en la programación de ese convenio figura la modernización de los hospitales de Chillán y de San Carlos.
Por último, en vista de la situación hospitalaria de nuestro país, en agosto de este año pedí que se oficiara a la ministra de Salud para que se entreguen los recursos necesarios al servicio de salud de Ñuble, cuyo déficit es de l.600 millones de pesos, de los cuales l.l00 millones corresponden a la deuda del hospital Herminda Martín, de Chillán.
Para finalizar, pido que se oficie, primero, tanto a la ministra de Salud como al ministro de Hacienda para que, con recursos adicionales del presupuesto del año 2000, se busque una solución a este déficit hospitalario.
También, a la ministra de Salud y al intendente de la Región del Biobío para que dispongan las medidas que permitan firmar el convenio de programación entre ambas instituciones, a fin de completarlo en 2001 y de iniciar la segunda etapa de modernización del hospital de San Carlos y la tercera etapa del hospital Herminda Martín, de Chillán, que corresponde a la unidad de neurosiquiatría.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CANCELACIÓN DE MEDICAMENTO DEL REGISTRO DE FÁRMACOS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
El señor CORNEJO (don Patricio).-
Señor Presidente, el fármaco denominado anfetamina es un poderoso estimulante del sistema nervioso central, pero también se utiliza para disminuir el apetito por los alimentos y en el síndrome hiperkinésico del niño.
Durante 1999 se vendieron 65 mil frascos de anfetamina de 10 miligramos, de 30 cápsulas cada uno es decir, aproximadamente dos millones de cápsulas, cifra que excede en mucho las necesidades terapéuticas para la bulimia y la hiperkinesia en Chile sólo en el mercado privado, sin considerar las anfetaminas que se usan en el sistema público.
Es de general conocimiento el uso, tráfico y consumo ilícito de este fármaco en muchos sectores de la población chilena.
Cabe hacer notar que existe una variante de este fármaco, la metamfetamina, 4,5 veces más potente que la anfetamina, de la cual se vendieron 62.291 frascos, en 1999, en la forma de marca denominada cidrín, del laboratorio Abbott, cantidad que representa el 96,3 por ciento de las anfetaminas vendidas en Chile.
Hoy se dispone en el mercado farmacéutico de alternativas más eficientes para el tratamiento de la obesidad, como el orlistat y la cibutramina, que no producen dependencia. Para el síndrome hiperkinésico también existen alternativas menos riesgosas.
Por ello, solicito que se oficie a la ministra de Salud y al director del Instituto de Salud Pública, a fin de que se disponga la cancelación del registro de la anfetamina y de la metamfetamina, con arreglo a la letra b) del artículo 13 del decreto N° 1876, de 1995, Reglamento del Sistema Nacional de Productos Farmacéuticos, Alimentos de Uso Médico y Cosméticos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA ZONA DE HUASCO Y PRORRATEO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE SANTA JUANA. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente, quiero solicitar que se envíen los siguientes oficios:
1. Al ministro de Obras Públicas y, por su intermedio, a la Dirección de Obras Hidráulicas, para que informe a esta Corporación sobre las obras de prevención que el Ministerio ha realizado en las riberas del río Huasco y sus afluentes, atendido que es previsible, dadas las nevazones ocurridas durante el presente invierno, que los deshielos provoquen mayores corrientes de agua que las habituales y se produzcan situaciones de emergencia que dañen a los sectores agrícolas y poblacionales que se encuentran dentro de la cuenca del río Huasco.
Tenemos especial preocupación por el afluente del río El Huasco, río El Carmen, ubicado en la comuna Alto del Carmen, lugar donde en ocasiones anteriores han ocurrido hechos de esa naturaleza en las localidades denominadas La Vega, El Rosario y otras.
De no construirse las defensas fluviales correspondientes, pequeños agricultores, fundamentalmente, sufrirán importantes disminuciones de terrenos, riesgo de perder sus cosechas y la posibilidad de que se corten los caminos y no poder cruzar el río en lugares desde donde deben sacar sus productos agrícolas.
Asimismo, en relación con el río El Tránsito, revisten particular importancia los sectores de Chollay y de El Tránsito mismo, donde también han sucedido situaciones de este tipo, y respecto del río Huasco, hacia la ciudad de Vallenar, han sido afectados, fundamentalmente, los sectores de Freirina, Los Guindos, Los Loros, Las Tablas o Huasco Bajo en general.
Lo anterior porque, históricamente, cuando en la cordillera de los Andes cae nieve más allá de lo habitual, en noviembre o diciembre los ríos alcanzan su máximo cauce como consecuencia de los deshielos por los cambios de temperatura. Esta es una situación que afecta en forma muy importante a pequeños y medianos agricultores y a pobladores que se enfrentan al riesgo de perder incluso sus viviendas.
Nos interesa saber qué ha dispuesto el Ministerio de Obras Públicas para este año como medida de protección, en especial con el fin de reforzar los puentes, las pasarelas peatonales y lograr la infraestructura necesaria tendiente al uso agrícola ideal de la zona. 2. A su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que informe a esta Corporación las conclusiones a las cuales arribó la Comisión designada en la Tercera Región para definir la oportunidad, forma, personas y porcentaje que deben pagar los agricultores del valle de El Huasco por el embalse Santa Juana construido con recursos del Estado, en cumplimiento de una disposición de las autoridades en tal sentido.
Como existía indefinición sobre la materia, el 10 de agosto planteamos a su Excelencia el Presidente de la República cuando estuvo de visita en la provincia de El Huasco y al ministro de Obras Públicas, la necesidad de fijar el monto, por cuanto los agricultores, al no saber cuánto debían pagar por una obra de esta envergadura, tan importante para la ciudad de El Huasco, no estaban decidiendo sus inversiones. El Presidente se comprometió públicamente a que en 45 días el sector público, representado por las autoridades correspondientes, y el sector privado, en representación de los agricultores, propietarios y poseedores de las tierras del valle de El Huasco, llegara a un acuerdo.
Han pasado los 45 días y, por lo tanto, deseo que el Presidente de la República nos informe acerca de las conclusiones a que arribó dicha comisión, antecedente de extraordinaria importancia para las decisiones sobre inversión agrícola que se deben hacer en el valle de El Huasco gracias a la construcción del embalse Santa Juana.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Sergio Ojeda, Carlos Kuschel y señora Rosa González.
EXTRAVÍO DE PERSONAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, se habla de entre 3 a 5 ó 6 mil las denuncias por presunta desgracia al año hechas ante los organismos policiales y los tribunales de justicia. De ellas, sólo el 75 o el 80 por ciento se resuelven; el resto permanece en la nebulosa, y de las personas extraviadas nunca más se vuelve a saber.
El extravío de una persona es un hecho doloroso; más aún si se trata de niños. La pérdida o extravío de un niño altera brutalmente la convivencia de una familia. Quizás sea el mayor drama al que se vea expuesto un grupo familiar. Ignorar su paradero o desconocer la identificación y motivos del victimario del execrable acto criminal, cuando hay delito, confunde el alma, perturba la emoción y traiciona la razón. Así lo da a entender y a conocer la Corporación chilena de niños y adultos extraviados “Ayúdame”, constituida el 6 de julio de 1999, y que surge de la necesidad de un grupo de padres y familiares cuyo dolor común es el drama de haber perdido un familiar. Han deambulado por distintos estamentos judiciales, policiales y medios de comunicación con el fin de dar a conocer su problema y mantener viva la esperanza del encuentro.
Denunciamos ante el país, al igual como lo hicimos en días pasados en una conferencia de prensa en el Palacio Ariztía, la cruda realidad, señalando con firmeza la gran cantidad de niños y adultos extraviados. La sociedad y el Estado no deben desconocer este grave problema, que se multiplica periódicamente. Exigimos una actitud más decidida de los organismos del Estado para prevenir los extravíos y también para aclarar la muerte o destino de las personas perdidas.
Además, denunciamos la discriminación y prejuicios de las autoridades que investigan el extravío, quienes lo recepcionan y tramitan muy livianamente. Generalmente parten de una base errada e irónica al decir que seguramente se fueron, se arrancaron de la casa, se aburrieron del hogar, son drogadictos, alcohólicos o sencillamente tenían problemas con sus padres, o bien, que ya aparecerán. En este caso les piden a los familiares que esperen 48 horas más por si aparecen; si ello no ocurre, continúa la investigación o se hace la denuncia ante el tribunal correspondiente. Con estas falsas hipótesis, se desperdicia un tiempo precioso.
También denunciamos el verdadero adormecimiento de los procesos por presunta desgracia que se tramitan en los tribunales de justicia.
Al respecto, solicito que se oficie al Ministerio de Justicia para que plantee la modificación del sistema procesal penal en el sentido de que en la investigación de la desaparición por presunta desgracia no se sobresea la causa por la no existencia del cuerpo de la persona extraviada; también que dicha cartera sugiera al Poder Judicial mayor eficiencia y prontitud en estas investigaciones.
Otro oficio al Ministerio del Interior para que solicite al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte en las causas por personas extraviadas para contar con una mayor fundamentación y apoyo.
Por último, solicito que se oficie a los Ministerios de Defensa y del Interior para que pidan a Carabineros e Investigaciones de Chile que informen si en estas instituciones existen departamentos especializados de búsqueda de personas extraviadas. En caso de que no existan, se los estructure con personal capacitado.
El problema que planteo es grave, por lo que debe concitar el interés de todas las instituciones del Estado y de la sociedad en general. Pido que todos se integren a esta verdadera red de apoyo y protección, como también que los organismos públicos sean mucho más activos al respecto.
Hemos dado a conocer cifras muy variables, porque no hay datos concretos respecto de esta materia. Pero es importante y preocupante la cantidad de personas que hoy se encuentran extraviadas, respecto de las cuales no existen noticias de ningún tipo.
Aprovecho la oportunidad de agradecer y expresar el reconocimiento a las empresas que han incluido la fotografía de niños extraviados en los envases o boletas de servicios de los productos que expenden. Eso ha permitido ubicar a alguno de ellos. Esperamos que las demás empresas, y también los honorables diputados, se integren y colaboren con esta red de solidaridad y ayuda que se ha implementado en esta verdadera campaña de búsqueda de las personas que se encuentran inubicables, hecho que ha generado drama, dolor y preocupación en muchos hogares chilenos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados señores Carlos Kuschel, Gustavo Alessandri, Haroldo Fossa, Waldo Mora y la diputada señora Rosa González.
PARTICIPACIÓN DE MINISTROS DE ESTADO EN CAMPAÑA ELECTORAL POR ALCALDÍA DE SANTIAGO. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, en nombre del Comité que represento en esta Corporación, deseo protestar formalmente por el brutal tráfico de influencias que están instrumentalizando los miembros del gabinete ministerial y los señores subsecretarios.
Un grupo de vecinos de Santiago-Centro me decía: “Los señores ministros están “apatotados” con sus subsecretarios a los sones de la campaña de la señora Marta Larraechea”.
Estamos presenciando un lamentable espectáculo: una intervención electoral, que ni siquiera conocimos en los tristes días de la Unidad Popular. Actos como éstos acarrean desprestigio a la clase gobernante y, ciertamente, hacen perder la credibilidad en la imparcialidad y honestidad política del Ejecutivo.
Como contraargumento se dice que los ministros son libres de hacer lo que quieran en sus horas de descanso. Salta a la vista que se trata de una falacia, porque los secretarios de Estado no se pueden desdoblar: son ministros tanto de día como de noche, y siguen siéndolo incluso hasta cuando por razones fisiológicas deben concurrir al baño. También en ese privado lugar mantienen su calidad de ministros. Entonces, ¡no se nos venga a decir que fuera de las horas de trabajo pueden hacer y deshacer!
Con estos hechos no sólo se ha roto una antigua tradición de respeto a la imparcialidad política, sino que se está dando un muy mal ejemplo a la nación entera.
Muchos se preguntan, ¿qué va a suceder cuando la señora candidata, que asiste con custodia policial a las actividades político electorales, sea derrotada en las urnas? Nosotros, sin tener acceso a la bola de cristal, pensamos que la respuesta es muy clara: habrá cambio de gabinete. Pero cualquiera que sea la resolución final, el mal creado por esta lamentable actitud está hecho y costará algún tiempo devolver la respetabilidad a la institución de los ministros de Estado.
Espero que estas opiniones no sean mal interpretadas. Reiteramos el respeto que nos merece su Excelencia el Presidente de la República y el ministro del Interior, a quien rogamos hacerle llegar, en nombre del Comité de Renovación Nacional, nuestros puntos de vista.
Asimismo, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que el señor contralor tenga la gentileza de hacernos saber si en opinión de ese organismo son aceptables estas actuaciones de los señores ministros.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa.
EXIGENCIA DE CHEQUES EN GARANTÍA EN HOSPITAL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. Oficios.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, deseo denunciar un hecho que me ha sorprendido enormemente.
La señora Magnolia Leiva Banda, esposa de don Luis Peña, quien mantiene al día sus imposiciones en Fonasa, tuvo una crisis vesicular, luego de la cual le informaron que debía someterse a una operación.
Concurrió al hospital de la Universidad Católica, donde se le exigió un cheque en garantía. Como ni su esposo ni sus hijos tienen cuenta corriente, yo le facilité el cheque solicitado. La señora Magnolia fue operada, y a los dos días de haber regresado a su casa, nuevamente empezó a sentir grandes dolores y debió volver al hospital de la Católica, esta vez en ambulancia.
Una vez llegada allí, en camilla, se le dijo que no se la ingresaría si no entregaba un cheque en garantía, en circunstancias que ya contaban con el otro que, abierto y sin establecer siquiera que era en garantía, ha había sido recibido por ese establecimiento hacía tan sólo algunos días.
No aceptaron ninguna razón. Tuve que actuar personalmente y dar el nuevo cheque en garantía exigido por el hospital de la Universidad Católica.
Lamento este suceso y solicito que sea puesto en conocimiento de la señora ministra de Salud, con el ruego de que nos haga saber sus comentarios sobre la materia.
Finalmente, pido que se oficie al eminentísimo Gran Canciller de la Universidad Católica, monseñor Francisco Javier Errázuriz, para hacerle presente, muy respetuosamente, que, como hermano en la fe católica, me he sentido conturbado con este acto muy difícil de calificar.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Haroldo Fossa.
INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONARIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Hacienda y al superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, para que respondan las siguientes consultas:
Desde qué época es funcionario de esa institución don Luis Morand Valdivieso; si es efectivo que se desempeñó como interventor del antiguo Banco Nacional y qué responsabilidad, función o participación le cupo como funcionario de la Superintendencia en la negociación y posterior compra del Banco Bhif por parte del Banco Bilbao de Vizcaya. En caso de que le hubiese correspondido alguna participación, con qué ejecutivos, tanto de nivel gerencial como abogados o juristas, le tocó participar para sacar adelante la negociación respectiva.
Hago estas consultas para aclarar una serie de informes que me ha enviado la Superintendencia, los cuales he solicitado que se le remitan al ministro de Hacienda y al superintendente, pero me devuelven los documentos firmados por el señor Luis Morand Valdivieso.
Con anterioridad intervine para saber si tanto el ministro como el superintendente conocen las respuestas que se me han enviado.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
DEUDA DEL MUNICIPIO DE COQUIMBO CON PROFESORES. Oficio.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República para que informe a la Cámara sobre la situación actual de la deuda que la municipalidad de Coquimbo mantiene con los profesores municipalizados, dado que se había comprometido a dejar todo arreglado el 30 de septiembre recién pasado, tanto el entero de cotizaciones como el pago de deudas a distintas instituciones como Coopeuch, cajas de compensación y Caja de Ahorros de Empleados Públicos, entre otras.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
ÍNDICE DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Haroldo Fossa.
El señor FOSSA.-
Señor Presidente, todos sabemos que el sistema actual de previsión social, basado en el principio de capitalización individual, entregó a la empresa privada la administración de los fondos de pensiones y algunas prestaciones previsionales, entre las que se encuentra un capítulo muy importante dentro de la seguridad social: la invalidez de los afiliados al sistema, que efectuaron cotizaciones dentro de los 12 meses anteriores al siniestro.
El marco legal que regula esta actividad está contenido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. Su artículo 4° señala que tendrán derecho a una pensión de invalidez los afiliados no pensionados por esta ley que, sin cumplir los requisitos de edad para obtener pensión de vejez o jubilación no lo dice así la ley, pero es lo que conocemos como jubilación y a consecuencia de enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales sufran un menoscabo permanente de su capacidad de trabajo.
Por su parte, el mismo decreto ley consagra en su artículo 11 la responsabilidad de la evaluación a comisiones médicas, las que existen a nivel regional y central, que deben aplicar normas de uso exclusivo para tal efecto.
He traído esto a colación porque, curiosamente, los índices que se manejan en este momento de pensiones por invalidez son extraordinariamente bajos y muy por debajo, sobre todo si se considera lo que aparentemente reflejan actividades estimadas riesgosas, como la pesca y la metalmecánica, entre otras.
Paradójicamente, la cuestión de la invalidez tiene dos efectos: por un lado, una empresa podría aprovechar de declarar inválidos para obtener pensiones a gran parte de su personal y así liberarse de algunos pagos; por otro lado y curiosamente también, se trata de no llevar al día las declaraciones de estas pensiones, porque podrían alterar los índices de las compañías aseguradoras y, en definitiva, del sistema previsional.
En Concepción, un grupo de consultores sociales, encabezados por el distinguido profesional don Jorge Retamal Villegas, en conjunto con un sindicato de la industria pesquera presidido por Mario Carrillo, han llevado a cabo un interesante y muy completo estudio sobre la materia. De ahí he extractado mis aprensiones, conversadas y analizadas en forma permanente con ellos.
Por esta razón, solicito que se oficie, a título de ejemplo, por un lado, al superintendente de AFP, para que informe la cantidad de afiliados a las AFP Aporta, Fomenta y/o Aporta y Fomenta que obtuvieron pensión por invalidez en los últimos 36 meses, e individualizar a su empleador.
En el mismo orden, solicito que se oficie al señor superintendente a fin de que informe qué isapres y en cuántos casos se requirió la declaración de invalidez. Espero que, sin violar el secreto médico, se nos indique, por ejemplo, cuáles fueron los cuatro diagnósticos principales que motivaron la declaración de invalidez.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
PROGRAMA DE ATENCIÓN DENTAL IMPULSADO POR LA SEÑORA LUISA DURÁN DE LAGOS. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, la Primera Dama de la Nación ha impulsado un programa destinado a la atención bucal de personas de escasos recursos. Es una iniciativa que merece aplausos, porque el problema de los dientes, especialmente en las personas de escasos recursos, es extraordinariamente grave.
Sin embargo, seis o siete personas de La Pintana y de Puente Alto se han acercado a mi oficina para plantear que el costo de la atención dental en el programa de la Primera Dama les significa 80 mil, 90 mil o 100 mil pesos, y cuando han solicitado que les rebajen el valor o que las atiendan gratuitamente, se les ha contestado que soliciten un préstamo en un banco o institución financiera para pagar la atención.
No quiero utilizar este hecho, en vísperas de una elección municipal, como una estrategia de la Oposición para tratar de desacreditar un programa de la Primera Dama, el cual está bien inspirado.
Por eso, solicito oficiar a la Primera Dama de la Nación, adjuntando copia de mi intervención, a fin de que estudie la factibilidad de disminuir el costo de esta atención dental y, en algunos casos, de hacerla en forma gratuita, aunque sea a costa de reducir el número de beneficiarios, ya que la gente que ha hablado conmigo lo ha considerado una burla, no sólo por el alto costo que se les cobra, sino por el hecho de que se les haya sugerido endeudarse en una institución financiera para poder acceder a la atención dental.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría.
RECTIFICACIÓN DE JUICIO EMITIDO DURANTE SESIÓN DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. Oficio.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán, por un minuto.
La señora GUZMÁN (doña Pía).-
Señor Presidente, pedí este minuto porque en la última sesión, cuando se trató la acusación constitucional, tuve un emplazamiento del diputado señor Salvador Urrutia, por lo cual siento el deber de contestarle en este momento.
Efectivamente, cuando llegué a la Sala, el diputado señor Urrutia estaba señalando que era parte de la cultura chilena hacer cosas especiales respecto de aquellas personas que eran familiares o amigos de quienes desempeñaban altas jefaturas, sin que esos jefes participaran en ello. Cuando contesté, manifesté mi sorpresa y emití un juicio sobre la habitualidad de dichas conductas, entendiendo que la aceptación señalada respecto de esa conducta me parecía, a lo menos, como que era correcta y buena.
Sin embargo, al revisar la transcripción de los discursos, tanto de él como del mío, pude advertir que, efectivamente, me extralimité en dicho juicio, ya que evidencié mi sorpresa, entendiendo que si la certeza de dicho juicio hubiera sido manifestada por alguien de las bancadas de la Oposición, de la UDI o de Renovación Nacional, simplemente nos hubieran tapado con una serie de epítetos, a los que estamos acostumbrados, pero que, obviamente, no queremos oír por considerarlos muy injustos.
Por lo tanto, debo reconocer que, dentro del fragor y la pasión del momento, me excedí en mi juicio, ya que, efectivamente, el diputado señor Urrutia no señaló que estas conductas eran correctas, buenas o queribles, sino, por el contrario, que eran malas, no deben ocurrir y que debe existir igualdad en el trato. Agregó que eso era lo ideal, pero que la realidad le ha demostrado que eso no siempre sucede.
Por lo tanto, quisiera dejar plena constancia de esto y solicito a la Secretaría, por su intermedio, que esta intervención se haga llegar al diputado señor Urrutia.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se accederá a lo solicitado por la diputada señora Pía Guzmán.
DENUNCIA SOBRE CONTRATO A HONORARIOS AL EX INTENDENTE DE LA DÉCIMA REGIÓN.
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, la opinión pública ha estado bastante conmovida en estos días con las denuncias respecto del pago de indemnizaciones en empresas públicas.
Adicionalmente, ocurren hechos similares que no han tenido la misma connotación, como son algunos contratos a honorarios realizados entre ex autoridades públicas que ocuparon cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República. Me refiero puntualmente a un contrato a honorario suscrito entre la Dirección Nacional de Obras Portuarias, representada por don Juan Rusque, y el ex intendente de la Décima Región, señor Rabindranath Quinteros Lara.
La resolución exenta N° 1.183, de la citada Dirección General, revela exactamente los fundamentos por los cuales se contrata al señor Quinteros y la tarea que se le asigna. Llama la atención que para asesorar a esa Dirección en la construcción de la infraestructura portuaria pesquera artesanal de las obras, ampliación rampas Pargua-Chacao, construcción del muro de defensa Achao y conservación de obras portuarias menores de la Décima Región, correspondiente al Programa de Inversiones del año 2000, se contrate a un dentista, el ex intendente señor Quinteros, y que ello se haga 13 días después de que él dejara el cargo de intendente y también 13 días después de asumir como director de Obras Portuarias el señor Juan Rusque, quien recientemente había sido director del Servicio Nacional de Pesca.
En la fecha de ese contrato, 23 de marzo del 2000, las tres obras para las cuales fue contratada la asesoría estaban prácticamente terminadas. Por eso, parece raro y llama la atención que en uno de los considerandos se insista en que la materialización de estas obras hace impostergable contratar al señor Quinteros para asesorar a los estamentos del Servicio en la etapa de toma de decisiones y/o ejecución de las obras aludidas.
Adicionalmente, la resolución N° 1.183, de la Dirección General de Obras Públicas, que ratifica el convenio a honorarios, de acuerdo con todas las normas vigentes, debió estar registrada en la Contraloría y, además, tener el trámite de toma de razón. Ninguno de los dos trámites se ha cumplido, lo que haría ilegal el pago de los honorarios al ex intendente Quinteros.
Como tengo poco tiempo, no voy a dar a conocer el listado de los oficios que quisiera solicitar, ya que, antes de intervenir, hice un oficio de fiscalización dirigido al contralor general de la República, donde se detalla la investigación que se pide efectuar a ese organismo a fin de clarificar exactamente el sentido del contrato a honorarios y las irregularidades que, a nuestro juicio, se han cometido. Es necesario que la Contraloría realice esta investigación para esclarecer si efectivamente el contrato a honorarios obedece a las normas vigentes y si se cumplieron los trámites de registro y toma de razón de la resolución por la Contraloría.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Diputado señor Recondo, ¿podría aclararme su petición?
El señor RECONDO.-
Señor Presidente, como no tengo más tiempo, no daré el listado de todos los oficios en esta oportunidad; pero entregaré a la Secretaría el oficio de fiscalización, a fin de que la Contraloría General de la República haga una investigación.
ANTECEDENTES SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES DE ALCALDE DE LOS VILOS. Oficios
El señor MORA (Vicepresidente).-
En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Molina.
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en los últimos días el país se ha visto conmovido por las denuncias relacionadas con el pago de indemnizaciones desproporcionadas a algunos ejecutivos de empresas públicas.
Pues bien, estos hechos conocidos por la opinión pública, de alguna manera han dejado de lado otra serie de denuncias relacionadas con las actuaciones de algunos ediles, reñidas con el buen comportamiento o la probidad que deben tener en el desempeño de sus funciones.
Hace algunas semanas, conocimos la destitución del alcalde de Viña del Mar y el caso del alcalde de Calama. Hoy día, una de las comunas de la provincia de Choapa, que represento en la Cámara, se ha visto alarmada por una serie de rumores algunos comprobados sobre situaciones irregulares protagonizadas por Carlos Salinas, alcalde de la comuna de Los Vilos.
En efecto, desde hace mucho tiempo vengo revisando algunas publicaciones aparecidas en la prensa local, una de las cuales expresa: “Concejal Juan Hisis: graves acusaciones contra el alcalde Salinas”. Se dice que las investigaciones de la Contraloría no han llegado a resultado alguno. Otros medios de comunicación denuncian irregularidades en el municipio de Los Vilos, dan detalles de contratos con pagos dobles y de otorgamiento irregular de patentes para expendio de bebidas alcohólicas. Respecto de las denuncias sobre irregularidades en el municipio de Los Vilos, la Contraloría expresa que hubo pagos duplicados a taxi de propiedad del alcalde. En fin, diversos medios de prensa, como “La voz del Choapa” y otros periódicos, formulan una serie de denuncias similares.
Sin embargo, he decidido referirme a este tema, por cuanto el 31 de agosto del año en curso, en el diario “El valle del Choapa”, en una sección denominada “El chuchoqueo político en Choapa”, bajo el titular “Receta para empresarios con problemas económicos”, se señala lo siguiente:
“En Los Vilos está la receta para todos los empresarios que no han podido superar la crisis financiera que afecta a todo el mundo y que podría ser patentada por el alcaldeCarlos Salinas, según dieron a conocer personas muy allegadas a su labor.
“Los admiradores de este hombre público dijeron que es el más próspero de la provincia de Choapa y, tal vez, de la Cuarta Región de Coquimbo, ya que se inició como pescador en una caleta para superar, en tiempo récor, todas las dificultades del mundo y mostrarse hoy día como un triunfador de la economía social de mercado. A su haber tiene tres camiones que nunca están sin trabajo, que le han reportado muchas satisfacciones económicas y que le permiten mirar con optimismo el futuro de Chile, aunque no sea reelegido alcalde.
“Ya lo sabe: si quiere ser experto en economía, póngase en contacto con el edil, quien con su humilde sueldo de alcalde ha logrado prosperar en tan corto tiempo”.
Ha llegado a mis manos un documento ignoro quién lo elaboró, que me permite traer a esta Corporación el tema, porque están las fotocopias de los certificados de inscripción y las anotaciones vigentes de los camiones de propiedad del señor Carlos Salinas.
No soy quién para calificar las actividades económicas de ningún particular y menos de una autoridad, como el alcaldeCarlos Salinas. Sin embargo, todos los antecedentes aparecidos en la prensa jamás desmentidos y las situaciones denunciadas, como, por ejemplo, que dichos camiones han dejado sin trabajo a otros empresarios que retiran ripio, dejan mucho que desear, al menos por la imagen que debe proyectar una autoridad como el alcalde de una comuna.
Señor Presidente, con el objeto de que la comunidad de Los Vilos conozca a fondo estas situaciones y de hacer claridad sobre estas materias, pido que se oficie al Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de que nos informe sobre las declaraciones de las actividades realizadas por dichos camiones de propiedad del alcalde; asimismo, para conocer las actividades que ha estado realizando el Consejo de Defensa del Estado, al cual algunos concejales de la zona le han hecho llegar antecedentes al respecto.
Pido también que se oficie a la Contralo ría General de la República, a fin de que nos informe sobre todas las actividades fiscalizadas por ese ente contralor. Según los antecedentes que aparecen en la prensa, existen dictámenes contrarios al comportamiento de una autoridad como es el alcalde de Los Vilos.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
RECONOCIMIENTO POR OBRAS VIALES REALIZADAS EN LA DÉCIMA REGIÓN Y TRASLADO DE PERSONAS DURANTE ELECCIONES MUNICIPALES. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel, a quien el Comité de la Unión Demócrata Independiente le ha cedido dos minutos.
El señor KUSCHEL.-
Agradezco al Comité de la UDI el tiempo que me ha concedido.
Señor Presidente, deseo solicitar que se oficie al señor Presidente de la República y al ministro de Obras Públicas, con el objeto de agradecerles las obras que se han venido realizando, sobre todo en los últimos siete años, relacionadas con caminos y puentes en la comuna de Cochamó, que la transformarán completamente, por cuanto dispondremos de otro paso internacional, se incorporará toda una zona a la actividad turística y se mejorará la actividad agrícola.
En segundo lugar, solicito que se tomen las medidas necesarias y con la debida anticipación para el traslado de las personas el día de las elecciones municipales, en particular, desde las islas, campos y cordillera de las provincias de Llanquihue, Chiloé y Pale na, porque siempre somos muy diligentes para traer a las personas a votar, pero después se nos olvida trasladarlas a sus casas. Por eso, sería conveniente organizar con anticipación las dos actividades.
Por último, quiero expresar mi adhesión a los oficios solicitados por el diputado señor Recondo a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, relacionado con los contratos que afectan al ex intendente de nuestra región.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
REGULACIÓN DE CRIADEROS DE PORCINOS EN LOCALIDADES DE LA SEXTA REGIÓN. Oficios.
El señor MORA (Vicepresidente).-
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, quiero expresar en esta Sala una gran inquietud: la necesidad que existe de regular en mejor forma el funcionamiento de los criaderos de animales, específicamente de porcinos.
En la Sexta Región, que represento ocurre algo similar en algunos sectores de la Región Metropolitana, se está desarrollando una actividad económica muy importante: la producción de carne de cerdo. Existen, por lo menos, dos industrias -Superpollo y El Monte- que han sido muy exitosas en la producción de carne de porcino, hasta el punto que nuestro país es uno de los que ha tenido mayor auge en este rubro: ha aumentado mucho el consumo interno y también las exportaciones, lo que es muy positivo.
Sin embargo, todo esto presenta ciertas externalidades, efectos secundarios que son dramáticos. A eso quiero referirme. Hay comunidades tales como Angostura, en San Francisco de Mostazal; las comunas de Codegua y de Graneros, el sector de Los Chinos la comuna de Requínoa, en el sector de Totihue, Pichiguao y Pimpinela; sectores de Rengo, como Apalta y Esmeralda por mencionar sólo algunos, donde están instalados los planteles de engorda de animales.
Si uno entra en estos recintos, son impecables. No hay ni una mosca. Lo que ocurre es que las aguas servidas de esos planteles se acumulan en ciertos depósitos, que producen un proceso de descomposición orgánico y provocan un hedor insostenible e inaguantable para los vecinos. Ese proceso de no tratamiento de las aguas servidas muchas veces vertidas en cauces de riego, o en las cuales sólo a veces hay un proceso de extracción de los sólidos de los líquidos sufre un efecto de descomposición algunos dicen que a causa de fenómenos del nitrógeno; otros expresan que por otros motivos lo que produce un olor inaguantable para las comunidades vecinas.
Las comunidades que menciono han visto degradadas su calidad de vida en forma brutal debido a estas industrias. Aquéllas estaban primero y han visto dañadas su calidad de vida y su patrimonio en forma tremenda.
Cuando este proceso avanza, en particular en ciertas épocas del año, la situación se torna insoportable. Las personas tienen que cerrar sus ventanas a ciertas horas del día, en particular al atardecer, por cuanto cambian las corrientes de viento por el cambio de temperatura, y el aire se hace irrespirable. Uno entra en viviendas de ciertos sectores, y en ellas no hay un lugar en la pared ni en el mantel de la mesa de la casa, para poner un dedo, donde no haya una mosca.
Esta Corporación intentó regular la instalación de chancheras hace un tiempo, tratando de ubicarlas a cierta distancia de lugares densamente poblados. Por desgracia, el Senado de la República no hizo caso a esta necesidad, usando argumentos múltiples, como que la ley de bases del medio ambiente garantizaba el proceso de regulación adecuado para aquello. Esto ha demostrado ser absolutamente falso, porque después de más de seis años que ese proyecto de ley llegó al Senado, donde duerme el sueño de los justos, probablemente archivado en esa Corporación, se ha demostrado que aún existe el problema.
Para todo ciudadano que viaja a San Fernando y pasa el límite entre Requínoa y Rengo, a la altura de Pichiguao, como a las 7 de la tarde, ya se empieza a sentir un hedor insoportable.
Lo que sí ha ocurrido en este último tiempo es que la Conama ha empezado a dictar ciertas normas sobre olores molestos. La Asociación de Productores de Chanchos ha firmado pactos y acuerdos con la autoridad en 1999. Quiero traer a conocimiento de esta Corporación que no los han respetado en lo más mínimo, como tampoco las normas. Algunos argumentarán que hay que perfeccionar las normas para medir olores; quizás eso sea cierto. Pero lo que no está en discusión es que esta industria está provocando un tremendo daño.
Lo que ocurre y esto es algo que quiero decir con mucha tranquilidad de espíritu es que en la sociedad en que vivimos, si uno es pobre o campesino, lo tratan como ciudadano de segunda o tercera clase. Si esta situación estuviera ocurriendo en Lo Barnechea, en Vitacura, en Providencia, en Las Condes o quizás en algún sector del barrio alto de Concepción, o aquí mismo, en la Ciudad Jardín, probablemente la reacción sería distinta; pero como se trata de familias pobres, de localidades rurales surgidas de asentamientos campesinos de 30 años atrás, no existe la misma atención de parte de las autoridades.
Junto con formular esta denuncia en esta Corporación, que tiene que ver con la calidad de vida de miles de ciudadanos, quiero solicitar el envío de los siguientes oficios. Primero, al Ministerio de Salud para que informe sobre la calidad de agua en todas las comunas que he mencionado anteriormente, como Mostazal, Codegua, Graneros, Requínoa y Rengo, donde están instalados los planteles de Súper Pollo. Asimismo, junto con investigar las calidades de agua, que haga mediciones, de acuerdo con las normas de la Conama, si es que le corresponde a ella creo que el Departamento de Protección del Ambiente tiene esta responsabilidad sobre la situación de olores que existen en esas localidades. Pido también que le informe a esta Corporación si alguna vez ha tomado alguna medida de protección de la calidad de vida de esa gente, y si ha existido alguna multa. Pongo sólo el ejemplo de Totihue, donde los sólidos son extraídos y dados como alimento al ganado de ese sector, ubicado, muchas veces, a poca distancia de una escuela.
Adicionalmente, solicito que la Conama nos informe sobre las nuevas normas de olores, por cuanto la ausencia de disposiciones adecuadas quizás sea el argumento que se usará mañana para evitar la regulación de este sector.
He vuelto a presentar el proyecto de ley para que el Congreso Nacional se aboque al estudio de esta regulación, en la esperanza de que, en esta ocasión, el Senado tenga una actitud distinta de la que asumió hace seis años.
He dicho.
El señor MORA (Vicepresidente).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Navarro, Jarpa y Mora.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
Se levantó la sesión a las 14.35 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones