Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- INTEGRACIÓN
- Rosa Gonzalez Roman
- INTEGRACIÓN
- DEBATE
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Carlos Cantero Ojeda
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- INTEGRACIÓN
- Exequiel Silva Ortiz
- Carlos Montes Cisternas
- Joaquin Palma Irarrazaval
- Cristian Antonio Leay Moran
- Lily Perez San Martin
- INTEGRACIÓN
- INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
- V. FÁCIL DESPACHO
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- DEBATE
- CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Primer trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 211, EN RELACIÓN AL TRATO IGUALITARIO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Nunez Valenzuela
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Julio Dittborn Cordua
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
- INTERVENCIÓN : Juan Jose Bustos Ramirez
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- DEBATE
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Patricio Alejandro Hales Dib
- INDICACIÓN
- MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 211, EN RELACIÓN AL TRATO IGUALITARIO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
- VII. HOMENAJE
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON PEDRO VIDELA RIQUELME.
- ANTECEDENTE
- HOMENAJE : Edgardo Riveros Marin
- HOMENAJE : Gustavo Alessandri Valdes
- HOMENAJE : Guillermo Ceroni Fuentes
- HOMENAJE : Carlos Abel Jarpa Wevar
- HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON PEDRO VIDELA RIQUELME.
- VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
- PLAN DE EMERGENCIA PARA PREVENIR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR VÍAS PÚBLICAS.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Osvaldo Vega Vera
- Rene Manuel Garcia Garcia
- Juan Nunez Valenzuela
- Felipe Valenzuela Herrera
- Adriana Munoz D'albora
- Eduardo Diaz Del Rio
- Edmundo Villouta Concha
- Eugenio Tuma Zedan
- Jaime Mulet Martinez
- Jaime Naranjo Ortiz
- Jose Perez Arriagada
- Roberto Delmastro Naso
- Felipe Letelier Norambuena
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Eliana Caraball Martinez
- Luis Pareto Gonzalez
- Alfonso Vargas Lyng
- Pablo Lorenzini Basso
- Sergio Correa De La Cerda
- Pedro Hector Munoz Aburto
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Carlos Abel Jarpa Wevar
- Samuel Venegas Rubio
- Pedro Pablo Alvarez Salamanca Buchi
- Maximiano Errazuriz Eguiguren
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Maria Isabel Allende Bussi
- Alejandro Navarro Brain
- Rosauro Martinez Labbe
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Jaime Rocha Manrique
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Patricio Alejandro Hales Dib
- INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- DICTACIÓN DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Arturo Longton Guerrero
- Pablo Galilea Carrillo
- Leopoldo Sanchez Grunert
- Rafael Arratia Valdebenito
- Jaime Orpis Bouchon
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Pablo Galilea Carrillo
- INTERVENCIÓN : Leopoldo Sanchez Grunert
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- AMPLIACIÓN DE JORNADAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PARA SU PERSONAL.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Antonella Sciaraffia Estrada
- Exequiel Silva Ortiz
- Waldo Mora Longa
- Roberto Leon Ramirez
- Sergio Velasco De La Cerda
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Juan Pablo Letelier Morel
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- PLAN DE EMERGENCIA PARA PREVENIR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR VÍAS PÚBLICAS.
- IX. INCIDENTES
- MEDIDAS DE APOYO EN FAVOR DE COMUNAS CON MAYOR CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Oficios.
- ADHESION
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Sergio Ojeda Uribe
- Alejandro Navarro Brain
- Victor Reyes Alvarado
- Edmundo Villouta Concha
- ADHESION
- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RADIOAYUDA EN AEROPUERTO DE OSORNO. Oficio.
- ADHESION
- Victor Reyes Alvarado
- Roberto Delmastro Naso
- Gabriel Ascencio Mansilla
- Jose Miguel Ortiz Novoa
- Exequiel Silva Ortiz
- Pablo Galilea Carrillo
- Felipe Letelier Norambuena
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- ADHESION
- CIERRE DEL DIARIO “LA ÉPOCA”. Oficio.
- FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 19.265 RESPECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS COMUNALES EN OSORNO Y LLANQUIHUE. Oficio.
- ADHESION
- Felipe Letelier Norambuena
- ADHESION
- ALCANCE SOBRE MEDIDAS COMERCIALES PROTECCIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN PROCESAL DEL ALCALDE DE PAPUDO. Oficio.
- EXCLUSIÓN DE EX PARLAMENTARIOS, EN BENEFICIOS OTORGADOS A EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
- ADHESION
- Alfonso Vargas Lyng
- Roberto Delmastro Naso
- Enrique Van Rysselberghe Varela
- ADHESION
- INFORMACIÓN ACERCA DE COBRO DE PEAJE EN LOCALIDAD DE CAMARICO. Oficio.
- ANIVERSARIO DEL LICEO “ENRIQUE MOLINA GARMENDIA”, DE CONCEPCIÓN.
- INCONSECUENCIAS EN DENUNCIAS DEL DIPUTADO ÁVILA.
- CREACIÓN DE CUERPO DE INSPECTORES MUNICIPALES ARMADOS EN LAS CONDES. Oficio.
- DECLARACIÓN DE ZONA TURÍSTICA A PANGUIPULLI.
- MEDIDAS DE APOYO EN FAVOR DE COMUNAS CON MAYOR CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Oficios.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jaime Orpis Bouchon
- Pablo Galilea Carrillo
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Nelson Jaime Avila Contreras
- Guillermo Ceroni Fuentes
- Eugenio Tuma Zedan
- Antonio Leal Labrin
- Victor Barrueto
- Anibal Perez Lobos
- Enrique Jaramillo Becker
- Patricio Alejandro Hales Dib
- Laura Soto Gonzalez
- Maria Antonieta Saa Diaz
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Zarko Luksic Sandoval
- Juan Jose Bustos Ramirez
- Francisco Huenchumilla Jaramillo
- Anibal Perez Lobos
- Andres Palma Irarrazaval
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jose Antonio Galilea Vidaurre
- Carlos Alfredo Vilches Guzman
- Cristian Antonio Leay Moran
- Waldo Mora Longa
- Dario Molina Sanhueza
- Jaime Mulet Martinez
- Jaime Enrique Jimenez Villavicencio
- Baldo Prokurica Prokurica
- Ricardo Rincon Gonzalez
- Rene Manuel Garcia Garcia
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 338ª, ORDINARIA
Sesión 23ª, en miércoles 5 de agosto de 1998
(Ordinaria, de 16.07 a 20.04 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg; de la señora Muñoz D’Albora, doña Adriana, y del señor Naranjo Ortiz, don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
REDACCIÓN DE SESIONES
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- FÁCIL DESPACHO
VI.- ORDEN DEL DÍA
VII.- HOMENAJE
VIII.- PROYECTOS DE ACUERDO
IX.- INCIDENTES
X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 8
II. Apertura de la sesión 11
III. Actas 11
IV. Cuenta 11
-o-
Integración de Comisión mixta 11
-o-
V. Fácil Despacho.
Convención interamericana contra la corrupción. Primer trámite constitucional 11
VI. Orden del Día.
Modificación del decreto ley Nº 211, en relación al trato igualitario en las transacciones comerciales. Primer trámite constitucional 19
VII. Homenaje.
Homenaje en memoria del ex Diputado don Pedro Videla Riquelme 40
VIII. Proyectos de acuerdo.
- Plan de emergencia para prevenir el escurrimiento de aguas servidas por vías públicas 44
- Dictación de reglamento de la ley general de Pesca y Acuicultura 48
- Ampliación de jornadas de funcionamiento del Servicio Médico Legal y asignación de riesgo para su personal 50
IX. Incidentes.
- Medidas de apoyo en favor de comunas con mayor contaminación medioambiental. Oficios 52
- Instalación de sistema de radioayuda en aeropuerto de Osorno. Oficio 53
- Cierre del diario “La Época”. Oficio 54
- Fiscalización del cumplimiento de la ley Nº 19.265 respecto de conservación de caminos comunales en Osorno y Llanquihue. Oficio 55
- Alcance sobre medidas comerciales proteccionistas de Estados Unidos. Oficio 56
Pág.
- Información sobre situación procesal del alcalde de Papudo. Oficio 58
- Exclusión de ex parlamentarios en beneficios otorgados a exonerados políticos. Oficio 59
- Información acerca de cobro de peaje en localidad de Camarico. Oficio 60
- Aniversario del liceo “Enrique Molina Garmendia”, de Concepción 61
- Inconsecuencias en denuncias del Diputado Ávila 62
- Creación de cuerpo de inspectores municipales armados en Las Condes. Oficio 63
- Declaración de zona turística a Panguipulli 64
X. Documentos de la Cuenta.
1. Moción de los Diputados señores Orpis y Galilea, don Pablo, que modifica el artículo 86 de la ley Nº 18.892, de Pesca y Acuicultura (boletín Nº 2211-01) 66
2. Moción de los Diputados señores Ávila, Ceroni, Tuma, Leal, Jeame Barrueto, Pérez, don Aníbal; Jaramillo, Hales, y Diputadas señora Soto, doña Laura, y señorita Saa, doña María Antonieta, que precisa sentido y alcance del término “pertrechos” (boletín Nº 2212-02) 67
3. Moción de los Diputados señores Elgueta, Luksic, Bustos, don Juan; Huenchumilla, Pérez, don Aníbal, y Palma, don Andrés, que modifica la ley de votaciones populares y escrutinios estableciendo limitaciones en cuanto a gastos que efectúen candidatos, y adopta medidas para la transparencia del proceso electoral (boletín Nº 2213-06) 68
4. Moción de los Diputados señores Galilea, don José Antonio; Vilches, Leay, Mora, Molina, Mulet, Jiménez, Prokurica, Rincón y García, don René Manuel, que establece aplicación de disposiciones que señala a oleoductos y poliductos que transportan combustibles en estado líquido (boletín Nº 2214-08) 71
- Oficios de la Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
5. Modifica el artículo 391 del Código Orgánico de Tribunales sobre notificaciones judiciales (boletín Nº 2169-07) 73
6. Modifica el Código de Justicia Militar (boletín Nº 2174-07) 74
XI. Otros documentos de la Cuenta.
1. Comunicaciones:
-Del jefe de bancada del Partido Unión Demócrata Independiente por la cual informa que la Diputada señora González, doña Rosa, reemplazará en forma permanente al Diputado señor Pérez, don Víctor, en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
-De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por la cual informa que acordó crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Mexicano, para su incorporación por los señores parlamentarios que así lo manifiesten.
2. Oficios:
Contraloría General de la República
-Del Diputado señor Jocelyn-Holt y de la Diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, aprobación de acuerdo de complementación económica entre Chile y Perú.
-Del Diputado señor Vilches, investigación realizada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Antofagasta.
-De la Diputada señora Lily Pérez, proyecto de contenedores de basura que está implementando la Municipalidad de La Florida.
Ministerio del Interior
-De la Diputada señora Lily Pérez, comunas en las que se implementará el anunciado programa de lavado y aspirado de calles.
-De la Diputada señora Lily Pérez y de los Diputados señores Prokurica, Vilches, Bertolino, José García, Van Rysselberghe, investigaciones emprendidas para esclarecer el denominado caso Copeva.
-De los Diputados señores Ávila y Krauss, convenio de Carabineros con la Fundación Paz Ciudadana.
-De los Diputados señores Urrutia, Sánchez, Jaramillo, Patricio Walker, Fossa, Ortiz, Reyes, Jarpa, Mora, Gutiérrez, Aldo Cornejo, Juan Bustos, propuestas formuladas para las comunas de Arica y Parinacota.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
-Del Diputado señor Navarro, estadísticas de robos y hurtos de energía eléctrica.
-Del Diputado señor Pablo Galilea, fiscalización en la Undécima Región.
Ministerio de Defensa Nacional
-De los Diputados señores Rocha y René García, situación que afecta a pescadores artesanales de la comuna de Lebu.
Ministerio de Obras Públicas
-Del Diputado señor Kuschel, proyectos y estudios de riego; drenaje provincias de Llanquihue y Palena; mantenimiento red vial comunal en Maullín; obras aeroportuarias en la comuna de Cochamó; mejoramiento red vial comunas de Puerto Montt y Calbuco; proyectos provincia de Chiloé.
-Del Diputado señor Pablo Galilea, puente sobre los ríos El Sucio y Las Vacas, comuna de Chile Chico.
-Del Diputado señor José Pérez, puente sobre el río Biobío.
-Del Diputado señor Jiménez, inversiones realizadas en algunos caminos de la provincia de Melipilla.
-De los Diputados señores Víctor Reyes, Delmastro, Fossa y Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano, proyectos viales en la Décima Región.
Ministerio de Agricultura
-De los Diputados señores Kuschel y Pablo Galilea, desarrollo productivo y social de las Regiones Undécima y Duodécima y de Palena.
Ministerio de Bienes Nacionales
-Del Diputado señor Rojas, denuncias sobre ventas irregulares en la Región de Antofagasta.
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
-Del Diputado señor Fossa, solución al problema de los pensionados del país.
-Del Diputado señor José García, densidad de semanas para jubilar en el ex régimen del Servicio de Seguro Social.
-De la Diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, programas de reinserción laboral.
Ministerio de Minería
-De los Diputados señores Vilches, Osvaldo Palma, Vargas, Bertolino, Delmastro, Ibáñez, Arratia, Valenzuela, Jaramillo y señora Lily Pérez, problemas de fundiciones.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
-Del Diputado señor Pablo Galilea, número de viviendas entregadas por el Serviu Undécima Región que permanezcan arrendadas con o sin autorización.
-Del Diputado señor Lorenzini, subsidios habitacionales Séptima Región.
-Del Diputado señor Paya, juicio Serviu Metropolitano con Constructora Copeva Ltda.
-Del Diputado señor Kuschel, Programa de Pavimentación Participativa en la Región de Los Lagos; estado de avance de proyectos de la comuna de Calbuco; viviendas y equipamiento en la Décima Región.
-De la Diputada señora Laura Soto, contrato de construcción de la Avenida Chile-Barros Luco, comuna de San Antonio; construcción 1.032 viviendas en la comuna de Concón.
-Del Diputado señor Huenchumilla, reparación pavimento en mal estado calle Milano, Villa Austral de Temuco ; reparación pavimento en mal estado Calle Bramante, Villa Austral , Temuco.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
-Del Diputado señor Kuschel, fondo de desarrollo de las telecomunicaciones.
-Del Diputado señor Molina, fondo de desarrollo de las telecomunicaciones.
-Del Diputado señor Felipe Letelier, concesión de radiodifusión sonora de carácter social y cultural en la comuna de Portezuelo.
-Del Diputado señor Errázuriz, cumplimiento de habilitación de los accesos a servicios contenidos en la cuenta única telefónica.
-Del Diputado señor Sánchez, prestación de servicio telefónico en las comunas de Cochrane y Chile Chico, Undécima Región.
-De los Diputados señores Kuschel y Pablo Galilea, medidas administrativas en ejecución y proyectadas en las Regiones Undécima, Duodécima y provincia de Palena.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del Diputado señor Delmastro, reglamento de evaluación de la ley Nº 19.300.
Ministerio de Planificación y Cooperación
-De las Diputadas señorita Antonella Sciaraffia y señora Laura Soto y de los Diputados señores Ojeda, Arratia, Vilches, Rosauro Martínez, Fossa, Prokurica y Gutiérrez, subsidios al consumo de agua potable y servicio alcantarillado aguas servidas.
-De la Diputada señorita Antonella Sciaraffia, materialización del proyecto de interconexión de la localidad de Pisagua con el Norte Grande.
Municipalidad de Temuco
-Del Diputado señor Huenchumilla, modificación plan regulador; diversas obras viales en esa comuna.
Municipalidad de Puerto Montt
-Del Diputado señor Kuschel, balance acumulado 1996-1997, proyección de ingresos y gastos 1998 y presupuesto 1998.
Programa de Reconocimiento al Exonerado Político
-Remite estadísticas al 30-06-98.
Comisión Nacional del Medio Ambiente
-Del Diputado señor José García, estudio calidad del aire en la ciudad de Temuco.
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
-Del Diputado señor Navarro, actos jurídicos realizados por ciertas familias pehuenches.
Consejo de Monumentos Nacionales
-Copia informativa de oficio remitido al Director de “El Mercurio ” por artículo publicado el 07-07-98.
Municipalidades de San Bernardo, La Florida, Traiguén, Timaukel, Portezuelo, Molina, Coihaique, Coihueco, Conchalí, Lota, Cañete, Cochamó, Loncoche, Chépica, Contulmo, Casablanca, Combarbalá, Frutillar, San Bernardo, San Ignacio, Fresia, Navarino, Taltal, Quellón, Pucón, Lumaco, Cartagena, Villarrica, Pichidegua, Andacollo, Olmué, Llanquihue, Santa Cruz, Curaco de Vélez, Los Sauces, Máfil, Quinchao, Panquehue, Nacimiento, Caldera, Chañaral, Osorno, Ercilla, Río Hurtado, Doñihue, Llayllay, San Javier, Primavera, Quilaco, Maule, Vitacura, Quinta Normal , Pelluhue y Lanco.
-Del Diputado señor José García, personal no docente.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (114)
NOMBRE (Partido* Región Distrito)
Acuña Cisternas, Mario PDC IX 52
Aguiló Melo, Sergio PS VII 37
Alessandri Valdés, Gustavo RN RM 20
Alvarado Andrade, Claudio IND X 58
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38
Álvarez Zenteno, Rodrigo IND XII 60
Arratia Valdebenito, Rafael PDC VI 35
Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58
Ávila Contreras, Nelson PPD V 11
Bartolucci Johnston, Francisco UDI V 13
Bertolino Rendic, Mario RN IV 7
Bustos Huerta, Manuel PDC RM 17
Bustos Ramírez, Juan PS V 12
Caminondo Sáez, Carlos RN X 54
Caraball Martínez, Eliana PDC RM 27
Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22
Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40
Cornejo González, Aldo PDC V 13
Cornejo Vidaurrazaga, Patricio PDC V 11
Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36
Delmastro Naso, Roberto IND X 53
Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23
Elgueta Barrientos, Sergio PDC X 57
Encina Moriamez, Francisco PS IV 8
Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29
Fossa Rojas, Haroldo RN VIII 46
Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59
Galilea Vidaurre, José Antonio RN IX 49
García García, René Manuel RN IX 52
García Ruminot, José RN IX 50
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UCCP VI 32
Girardi Lavín, Guido PPD RM 18
González Román, Rosa IND I 1
Gutiérrez Román, Homero PDC VII 37
Guzmán Mena, Pía RN RM 23
Hales Dib, Patricio PPD RM 19
Hernández Saffirio, Miguel PDC IX 49
Huenchumilla Jaramillo, Francisco PDC IX 50
Ibáñez Santa María, Gonzalo IND V 14
Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54
Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41
Jeame Barrueto, Víctor PPD VIII 43
Jiménez Villavicencio, Jaime PDC RM 31
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás PDC RM 24
Krauss Rusque, Enrique PDC RM 22
Kuschel Silva, Carlos Ignacio RN X 57
Leal Labrín, Antonio PPD III 5
Leay Morán, Cristián UDI RM 19
León Ramírez, Roberto PDC VII 36
Letelier Morel, Juan Pablo PS VI 33
Letelier Norambuena, Felipe PPD VIII 42
Longton Guerrero, Arturo RN V 12
Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38
Luksic Sandoval, Zarko PDC RM 16
Martínez Labbé, Rosauro IND VIII 41
Martínez Ocamica, Gutenberg PDC RM 21
Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34
Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16
Mesías Lehu, Iván PRSD VIII 42
Molina Sanhueza, Darío UDI IV 9
Monge Sánchez, Luis IND IX 48
Montes Cisternas, Carlos PS RM 26
Mora Longa, Waldo PDC II 3
Moreira Barros, Iván UDI RM 27
Mulet Martínez, Jaime PDC III 6
Muñoz Aburto, Pedro PS XII 60
Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9
Naranjo Ortiz, Jaime PS VII 39
Navarro Brain, Alejandro PS VIII 45
Núñez Valenzuela, Juan PDC VI 34
Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55
Olivares Zepeda, Carlos PDC RM 18
Orpis Bouchón, Jaime UDI RM 25
Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44
Ovalle Ovalle, María Victoria UCCP VI 35
Palma Flores, Osvaldo RN VII 39
Palma Irarrázaval, Andrés PDC RM 25
Palma Irarrázaval, Joaquín PDC IV 7
Pareto González, Luis PDC RM 20
Paya Mira, Darío UDI RM 28
Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47
Pérez Lobos, Aníbal PS VI 32
Pérez San Martín, Lily RN RM 26
Pérez Varela, Víctor UDI VIII 47
Pollarolo Villa, Fanny PS II 3
Prochelle Aguilar, Marina RN X 55
Prokurica Prokurica, Baldo RN III 6
Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56
Reyes Alvarado, Víctor PDC X 56
Rincón González, Ricardo PDC VI 33
Riveros Marín, Edgardo PDC RM 30
Rocha Manrique, Jaime PRSD VIII 46
Rojas Molina, Manuel UDI II 4
Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17
Salas De la Fuente, Edmundo PDC VIII 45
Sánchez Grunert, Leopoldo PPD XI 59
Sciaraffia Estrada, Antonella PDC I 2
Seguel Molina, Rodolfo PDC RM 28
Silva Ortiz, Exequiel PDC X 53
Soria Macchiavello, Jorge PPD I 2
Soto González, Laura PPD V 14
Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51
Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43
Urrutia Cárdenas, Salvador PPD I 1
Valenzuela Herrera, Felipe PS II 4
Van Rysselberghe Varela, Enrique UDI VIII 44
Vargas Lyng, Alfonso RN V 10
Vega Vera, Osvaldo RN VII 40
Velasco De la Cerda, Sergio PDC V 15
Venegas Rubio, Samuel IND V 15
Vilches Guzmán, Carlos RN III 5
Villouta Concha, Edmundo PDC IX 48
Walker Prieto, Ignacio PDC V 10
Walker Prieto, Patricio PDC IV 8
-Asistió, además, el Senador Carlos Cantero.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 16.07 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- El acta de la sesión 18ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 19ª queda a disposición de las señoras diputadas y señores diputados.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
-o-
INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Propongo integrar la Comisión mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, con los Diputados señores Exequiel Silva, Carlos Montes, Joaquín Palma, Cristián Leay y señora Lily Pérez.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
V. FÁCIL DESPACHO
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención interamericana contra la corrupción.
Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores , Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señorita Antonella Sciaraffia.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín Nº 2111-10, sesión 12ª, en 4 de noviembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 22ª, en 4 de agosto de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 6.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada informante.
Hago presente a la Sala que la Mesa, en cumplimiento de un acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interno, será rigurosa y estricta en la mantención del orden en el desarrollo de los debates de la sesión, recurriendo, si es procedente, a los llamados al orden y a las censuras.
Puede continuar la señorita diputada.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, informo sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención interamericana contra la corrupción, suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1996, en el marco de la Organización de Estados Americanos.
El mensaje describe esta Convención como un instrumento pionero en el ámbito internacional, que refleja la voluntad común de los países del continente de enfrentar el flagelo de la corrupción, tanto desde la perspectiva de los respectivos órdenes jurídicos internos como también a través de los mecanismos internacionales que se complementarán con otros acuerdos interamericanos vigentes en materias de extradición y de asistencia judicial.
Su fundamento social, político, económico, penal y ético, que nuestro país como signatario comparte, consta en las declaraciones que los estados miembros de la OEA formulan en el preámbulo de este instrumento.
En primer término, señalan que actúan convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.
Expresan, además, que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Actúan persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas y evita distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.
Reconocen, además, que a menudo la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos.
Finalmente, dejan constancia de su preocupación por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes.
Esta Convención, vigente internacionalmente desde el 6 de marzo de 1997, ha sido suscrita por 23 estados americanos y ratificada por 7 de ellos.
En nuestro país, los problemas que provoca la corrupción han preocupado tanto al Gobierno como al Congreso Nacional.
A nivel gubernamental, en 1994 se constituyó la Comisión Nacional de Ética Pública, cuyas sugerencias llevaron al Presidente de la República a proponer un proyecto de ley sobre probidad administrativa en el desempeño de los órganos de la Administración del Estado, actualmente en tercer trámite constitucional en la honorable Cámara.
De origen parlamentario son el proyecto que modifica disposiciones del Código Penal para sancionar casos de corrupción y el que establece normas sobre transparencia del gasto público, ambos en tramitación.
A estas iniciativas nacionales se suma este instrumento internacional que, según el artículo II, tiene los propósitos siguientes:
1º Promover y fortalecer los mecanismos nacionales en cada uno de los estados partes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
2º Promover, facilitar y regular la cooperación internacional a fin de dar eficacia a las medidas y acciones necesarias para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Los principales compromisos que contraen los estados miembros son extensamente desarrollados en el informe puesto a disposición de los señores diputados, de modo que, por razones prácticas, pasaré a reseñar las opiniones recibidas por la Comisión en aspectos específicos relevantes de su articulado.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Perdón, señorita diputada.
Llamo al orden a los Diputados señores Maximiano Errázuriz, Carlos Kuschel y Jaime Rocha.
Puede continuar, señorita diputada.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Por la importancia y complejidad de las materias reguladas en esta convención, la Comisión requirió informes especiales a los ministerios de Hacienda , de Justicia y Secretaría General de la Presidencia, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado. A continuación daré a conocer lo sustancial de cada uno de ellos.
El Ministerio de Hacienda transmitió los informes que sobre los alcances de este instrumento internacional elaboraron la Dirección de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Tesorería General de la República.
A propósito de la norma que compromete a los Estados a dictar leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción -Nº 7 del artículo III-, la Dirección de Impuestos Internos señaló que por el carácter general de la norma, ella no modifica disposiciones tributarias vigentes, de manera que no ve inconveniente en su aprobación.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó que la norma que impide a un Estado ampararse en el secreto bancario para negarse a proporcionar la asistencia requerida por otro Estado en un caso de corrupción,...
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Perdón, señorita diputada.
Llamo al orden al Diputado señor Nelson Ávila.
Puede continuar, señorita diputada.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
...tiene precedente en otros instrumentos y que la disposición del artículo XVI de la Convención no presenta inconvenientes, por cuanto su aplicación queda subordinada a lo que permitan el derecho interno o los acuerdos internacionales que vinculen al país con el Estado requirente.
La Tesorería General de la República , a propósito del compromiso de crear, mantener y fortalecer los sistemas adecuados para la readecuación y control de los ingresos del Estado que impidan la corrupción, informó que se pondrá énfasis en diversas medidas preventivas, estructurales y administrativas internas, con el objeto de hacer más eficaces las acciones contra la corrupción.
El Ministerio de Justicia informó que la figuras delictivas previstas en la Convención, básicamente, ya se encuentran en el Código Penal o están en vías de ser incorporadas a él, en virtud del proyecto de ley que lo modifica para sancionar casos de corrupción.
Precisó, a vía de ejemplo, que las figuras de corrupción contempladas en el Nº1 del artículo VI, ya se encuentran en los delitos de cohecho, de fraude y de exacciones ilegales y de malversación pública penados entre los artículos 235 al 250 del Código Penal.
Agregó que la figura del aprovechamiento para beneficio personal de informaciones reservadas, prevista en el artículo XI, letra g) de la Convención, ya se contempla en la violación de secretos sancionada en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal.
En cuanto a la figura del enriquecimiento ilícito, señalada en el inciso primero del artículo IX y contemplada en el proyecto de ley que modifica el Código Penal, hizo notar que las dudas de constitucionalidad que se han formulado a su respecto quedan desvirtuadas por la norma convencional que indica que su tipificación se hará por los Estados partes, con sujeción a sus constituciones y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
Destacó el Ministerio de Justicia, por último, que esta convención contribuye a fortalecer los mecanismos de colaboración jurídica internacional en materia de asistencia jurídica, extradición y destino de los bienes derivados de la comisión de los delitos de corrupción.
La Contraloría General de la República informó que estima de toda conveniencia la incorporación de esta convención a nuestro ordenamiento jurídico, en la medida en que en ella se respeten los principios fundamentales de la normativa interna chilena.
El Consejo de Defensa del Estado formuló diversos comentarios doctrinarios y de derecho positivo sobre el alcance de las definiciones de funcionario público, función pública y de bienes adoptadas en esta convención, lo mismo que acerca de ciertos actos de corrupción, como el cohecho, el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito.
En este último aspecto, observó que el apartado 2 del artículo VI de la Convención, en cuanto prevé su aplicación “en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella”, es contradictorio, en lo penal, con el principio de legalidad previsto en el inciso tercero del artículo 19, in fine, de la Constitución Política, y en el artículo 18 del Código Penal, por lo que consideró que dicho precepto convencional no es viable en nuestro país.
Esta observación fue desestimada por la Comisión, por cuanto la norma en cuestión requiere acuerdo previo entre los Estados interesados, al que el Gobierno chileno no podría concurrir sino en conformidad al ordenamiento constitucional vigente, juicio compartido, por lo demás, por los ministerios de Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Perdone que la interrumpa, señorita diputada.
Llamo al orden a los Diputados señores Montes, Ceroni y Hernández.
Puede continuar la Diputada señorita Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Sobre el delito de soborno transnacional, el Consejo de Defensa del Estado estimó difícil su incorporación al orden interno. Su afirmación se apoyó en la constatación de que el derecho penal de cada país protege de preferencia los bienes jurídicos que pertenecen o hacen relación a él; sólo en muy limitada medida los de la comunidad internacional y no los de otros Estados. Además, sostuvo que habría que reconocer como uno de los posibles sujetos activos del delito a personas jurídicas, lo que no le parece fácil aceptar.
A propósito de estas dificultades que observa el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia informó que el Gobierno de Chile, con fecha 17 de diciembre de l997, firmó en París la Convención sobre soborno en relaciones económicas internacionales, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Afirmó que dicha convención, más la modificación de la ley interna que deberá aprobarse sobre su base, permitirá que los tribunales chilenos puedan conocer de aquellas conductas constitutivas de soborno ejecutadas por personas naturales chilenas, por sí o en representación de empresas o de sociedades chilenas en el extranjero.
Acerca de la imposibilidad en que se coloca el Estado de excusarse de entregar información en casos de corrupción aduciendo el secreto bancario, según lo dispone el artículo XVI de la Convención, el Consejo señaló que esta norma estaría en conflicto con el artículo 114 de la ley de Bancos.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señorita diputada , disculpe que la interrumpa.
Por haber hecho uso del celular, llamo al orden al Diputado señor Tuma.
Puede continuar la Diputada señorita Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Al respecto, la Comisión hace notar que el Estado requerido queda facultado para hacer aplicación de la norma convencional de conformidad con su derecho interno, con sus disposiciones de procedimiento o con los acuerdos internacionales que vinculen a los Estados interesados, de manera que jurídicamente el referido conflicto no debería producirse.
Por último, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia hizo presente, a propósito del alcance del concepto función pública y funcionario público en el marco de la Convención, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del honorable Senado, al informar el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar los delitos de corrupción, acordó precisar que tienen el carácter de funcionarios públicos quienes ejerzan funciones públicas en los organismos de la Administración del Estado, en el Congreso Nacional, en el Poder Judicial y en los demás organismos consagrados en la Constitución Política de la República.
Reconoció que no existe ni puede existir una sola conceptualización de la función pública y de los funcionarios que la cumplen, válida para todo efecto, más aún dada la diversidad jurídica de los Estados partes de la Convención. Ello explica que el concepto que se enuncia en el artículo I de la Convención sea sólo para efectos de ella misma.
Acerca de la tipificación del delito de cohecho, en los términos del artículo VI de la Convención, recordó las normas aprobadas por la citada Comisión del honorable Senado, las que concordarían con el alcance de este instrumento en tramitación.
Por último, respecto del enriquecimiento ilícito, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia compartió los juicios del Consejo de Defensa del Estado, en cuanto a que en estas materias se pretende estimular a los Estados a tipificar este acto de corrupción como delito, al tenor del artículo IX de la Convención, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, lo que deja indemnes los fundamentos de nuestro derecho penal y constitucional.
Asimismo, la Comisión escuchó al Subsecretario de Relaciones Exteriores , señor Mariano Fernández Amunátegui , y al jefe de la división jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, abogado señor Carlos Carmona Santander , acompañado de la asesora de esa división, abogada Susana Rioseco Zorn.
El Subsecretario informó que esta convención marca el vivo interés de nuestro país de participar en todas las manifestaciones internacionales de la globalización y representa la voluntad política de favorecer la lucha contra delitos de importancia regional. Agregó que éstos son especialmente importantes cuando se cometen en connivencia con factores más allá de las fronteras, haciendo necesario reforzar la cooperación internacional.
Acerca de la aplicabilidad de la Convención a casos de corrupción no expresamente previstos en ella, informó que ello será posible sólo por acuerdo de las partes, lo que asegura que no se afectará en ningún caso la legalidad interna.
Finalmente, sostuvo que la aplicación de este instrumento deberá ser dinámica y flexible, según la exigencia de la prevención y represión de la corrupción.
Por las consideraciones expuestas, más los antecedentes proporcionados en el informe a disposición de los honorables colegas, la Comisión decidió, por la unanimidad de los diputados presentes, recomendar la aprobación de la Convención interamericana contra la corrupción y adoptar, para tal efecto, el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales de menor importancia.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Llamo al orden al Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente , quiero que aclare ante la Sala por qué me llamó al orden.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Por el hecho de conversar de espaldas a la Mesa.
Existe un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno,...
El señor PALMA (don Andrés).-
Yo no estaba conversando.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señor diputado , tengo la palabra. Si me lo permite, voy a contestarle.
He dicho que existe un acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interno.
Hay preocupación por los problemas de imagen de la Corporación, en términos del comportamiento de los diputados, que se traduce en conversaciones o diálogos, en la utilización de los celulares cuando algún colega hace uso de la palabra. Esto se discutió ayer y hubo acuerdo en que la Mesa use sus facultades para los efectos de que en la Sala se guarde debida consideración.
La Mesa ha tocado la campanilla para advertir a los colegas que hay una situación de ese tipo, y seguirá aplicando el Reglamento de acuerdo con esos términos.
Les pido todas las consideraciones del caso, porque no es una tarea agradable ni de gusto, sino sólo de manejo de la Corporación.
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Gracias por darme la palabra, señor Presidente.
Su Señoría me ha llamado la atención por algo que no está contemplado en el Reglamento y, por lo tanto, no tiene facultades para hacerlo.
Lamentablemente, mi padre murió hace diez años. A él le hubiese aceptado un llamado de atención; pero, en el caso suyo, yo contribuí a elegirlo, como también a la Comisión de Régimen Interno; por eso no acepto que me trate como padre a un hijo menor. No he faltado al Reglamento ni a la compostura que debe tenerse en la Corporación, y si la Mesa tiene una visión equivocada, entonces podremos aplicar en su momento los procedimientos para su censura.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Está en su derecho, señor diputado , pero la Mesa hará uso de las atribuciones que le corresponden.
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri, hasta por cinco minutos.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , desearía entrar derechamente al proyecto en debate, pero no puedo sustraerme de felicitar a la Mesa por la implementación de estas medidas. No es pertinente discutir aquí quién tiene la razón, sobre todo cuando se trata de puntos de vista de dos distinguidos diputados de la Democracia Cristiana, y la contienda podrían trasladarla a su Comité.
Ahora bien, entrando en materia, anuncio que aprobaremos con mucho entusiasmo el proyecto de acuerdo en debate. La iniciativa nació -como lo señaló con tanta propiedad la diputada informante en un completo y magnífico informe- a raíz de la Convención de Caracas, de 1996.
En primer lugar, nos congratulamos de que, no obstante haber sido aprobadas en 1996, ya esté conociendo la Cámara estas normas sobre probidad, situación que no ocurrió con la creación, en 1994, de la comisión sobre ética pública, que el gobierno de la época tuvo la buena idea de crear, y que, sin embargo, todavía está pendiente, aun cuando se trata de temas más o menos similares.
Digo que apoyamos con entusiasmo la aprobación de esta convención, porque -como se ha dicho- tiende a promover y fortalecer los mecanismos nacionales en cada uno de los Estados partes, a fin de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
La Convención tiene una concepción novedosa frente a muchos otros convenios que hemos aprobado. En este caso, no hay una superposición del derecho foráneo sobre el nacional; por el contrario, la Convención establece el compromiso de los Estados partes de crear -en el seno de los organismos correspondientes-, mantener y fortalecer la aplicación de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
También contiene un concepto novedoso e interesante como sistema: la protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo su identidad.
“Los actos de corrupción -dice- a los cuales se aplica la Convención y que los Estados Partes se comprometen a tipificar como delitos en su derecho interno...”. Es decir, cada Estado, en un acto soberano, legislará sobre esas materias. La Convención promueve la legislación, pero no se superpone a ella.
Hay otros conceptos interesantes que quiero destacar, aunque sea en forma breve.
La Convención consigna que en el derecho que tendrá que dictar cada uno de los países signatarios deberá establecerse que la circunstancia de haber cometido actos de corrupción por motivaciones políticas, no basta por sí sola para considerarlo un delito político. En otras palabras y dando un ejemplo muy libre -ciertamente, nada tiene que ver con la realidad-, si en una Comisión como la que investiga el caso de Emeres se lograra determinar que, para entregar la concesión de la basura a determinada empresa, una municipalidad tuvo que pagarle 100 millones de pesos -entregados en un maletín y en billetes- a alguien que dijo ser representante de determinada candidatura a la Presidencia de la República , esa persona no se podría asilar en que ese hecho constituye un delito político o conexo con una situación política.
Habida consideración de los informes entregados, primero, por la diputada informante y, luego, por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y todos los organismos consultados estuvieron contestes en que esta Convención debía ser aprobada a la brevedad posible.
Por eso, anuncio nuestro voto favorable.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente , he seguido con mucho interés la exposición que se nos ha hecho de esta Convención, y lamento no estar de acuerdo del todo con mi colega Gustavo Alessandri ; sobre todo, no soy tan entusiasta como él frente a esta Convención.
Se podría decir que se trata de una más, que hay que aprobarla porque todas son más o menos lo mismo: palabra muerta. Sin embargo, creo que debemos ponernos en el otro lado, en el de los funcionarios públicos, que son los sujetos -digámoslo así- pasibles de esta Convención, los sujetos pasibles de corrupción.
En primer lugar, considero que todavía queda un debate pendiente acerca de qué es corrupción, cuáles son los principios sobre los cuales se sustenta una sana actividad pública y por qué esos principios son aquéllos y no otros. Éste es un tema mayor, y quiero subrayarlo en esta ocasión porque creo que a medida que pasa el tiempo se hace más indispensable abordarlo.
Pero también creo que en este tipo de convenciones falta algo muy importante. Lo que origina la corrupción es el enorme tamaño que suele tener el Estado, el Gobierno, en nuestros países, especialmente en Chile. El número de funcionarios que son pagados con fondos fiscales y que manejan fondos fiscales es enorme. Una convención de esta naturaleza comenzará a ser efectiva en la medida en que disminuyamos el tamaño del Estado, como una forma de reducir drásticamente el número de personas que van a ser objeto pasible de esta convención, y al disminuir el tamaño del Estado y el número de personas que reciben remuneraciones fiscales, será posible colocarlas en un nivel digno. Creo que en todas las sociedades -específicamente, en la nuestra- existe una condición que es causa directa del alto nivel de corrupción: en general, el bajo nivel de remuneraciones existente en la Administración Pública.
Por eso es menester ocuparse de estos temas antes de aprobar estas convenciones. Hay que ser muy imaginativo para fijar las remuneraciones de nuestros funcionarios públicos. Pienso que las remuneraciones extraordinarias establecidas para los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas es un primer paso, pero no podemos quedarnos en eso; nos queda muchísimo trabajo por delante en estas materias antes de entrar en declaraciones más o menos retóricas acerca de la moralidad de funcionarios que solemos mantener en un estado de discriminación.
Por eso, en atención a que el objetivo me parece muy laudable, pero el medio no tanto, voy a abstenerme.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Está inscrito, a continuación, el Diputado señor Ávila. De acuerdo al Reglamento, en los proyectos de Fácil Despacho corresponde dar la palabra a dos diputados.
Por lo tanto, solicito el acuerdo de la Sala para que el señor diputado sea el tercero en intervenir, permitiendo así mayor pluralismo.
Acordado.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Ávila. Después, la diputada informante podrá contestar las observaciones que considere pertinentes.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , mi propósito es sólo resaltar un punto del informe: específicamente, el establecimiento de sistemas de protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que, de buena fe, denuncien actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad.
Traigo esto a colación, porque hay personas que califican de delatores a los funcionarios públicos que aportan antecedentes para el conocimiento de irregularidades surgidas en la institución de la cual forman parte. Peligroso calificativo, puesto que significa, ni más ni menos, estigmatizar a quienes, movidos por el honesto interés de dar transparencia a la gestión pública, acuden a instancias competentes, como lo es un diputado de la República , a fin de entregarle antecedentes legítimos, que constituyen prueba irrefutable de determinadas situaciones anómalas. Por lo tanto, están haciendo una contribución patriótica.
Rechazo de modo categórico el apelativo ligero e irresponsable con que se les pretende estigmatizar. Los funcionarios públicos que contribuyen a la transparencia en el manejo de los recursos públicos no son delatores; muy por el contrario, deberían ser estimulados.
Por lo tanto, me complace que en el informe se considere este aspecto, que es relevante en la lucha contra la corrupción. En nuestro país debería surgir una iniciativa tendiente a proteger a estos funcionarios que -como señalo- con su información contribuyen a dar transparencia a la gestión pública en el ámbito del Estado.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Ofrezco la palabra a la diputada informante para que conteste las consultas formuladas.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , sólo quiero señalar la importancia que reviste la aprobación de esta Convención.
Más allá de las normas específicas que señalé en mi informe, se trata de dar una señal, como país, de que estamos efectivamente en contra del flagelo de la corrupción.
Comparto en gran parte lo señalado por mi colega Ibáñez , en cuanto a que los funcionarios públicos tienen sueldos muy bajos, que no son dignos de la labor tan importante que realizan. Sin embargo, quiero precisar que la gran mayoría de ellos cumple su función con mucha honra y honestidad. Fui seremi hasta hace muy poco tiempo, y sé que un funcionario público valora el hecho de que los malos elementos, las personas corruptas, sean sacados de los servicios para que no se generalice.
Por eso, porque como país debemos ser coherentes en el combate contra la corrupción, votaré a favor del proyecto aprobatorio de la Convención.
He dicho.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Aprobado.
Despachado el proyecto de acuerdo.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
VI. ORDEN DEL DÍA
MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEY Nº 211, EN RELACIÓN AL TRATO IGUALITARIO EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales.
Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Juan Ramón Núñez.
Antecedentes:
-Moción, boletín Nº 1824-03, sesión 59ª, en 2 de abril de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informe de la Comisión de Economía, sesión 21ª, en 23 de julio de 1998. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , me corresponde informar sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley Nº 211, en relación con la discriminación en el precio y en los términos de las transacciones comerciales.
La iniciativa se originó en moción de los Diputados señores Eugenio Tuma , Maximiano Errázuriz, Aníbal Pérez , Arturo Longton y de los ex Diputados señores Armando Arancibia , Mario Hamuy , Hosaín Sabag , José González y señora Martita Wörner.
Antecedentes generales.
En nuestro país, la Constitución Política de la República incluye entre las garantías una norma que asegura la igualdad ante la ley.
Para reforzar este principio se agrega en el texto constitucional que ni la ley, ni autoridad alguna, podrá establecer diferencias arbitrarias.
A mayor abundamiento, en el artículo 19, Nº 22 de la Carta Fundamental, se reitera en forma expresa la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.
Por último, el artículo 98 de la Constitución Política de la República, al regular la actividad del Banco Central, en su inciso cuarto dispone: “El Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación con personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza”.
Es necesario definir y precisar el concepto de discriminación en el derecho comercial.
La Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo II, Editorial Civitas S.A., España , de 1995, nos entrega una definición al decir, en una de sus acepciones, que la legislación contra la competencia desleal emplea el término discriminación como rúbrica de un precepto aplicable, tanto a la negativa a mantener relaciones comerciales con un tercero, como al trato desigual a un tercero en las relaciones comerciales. La particularidad de esta norma consiste en el establecimiento de criterios de deslealtad diferentes según el discriminado, sea un consumidor, un cliente profesional o un proveedor.
En nuestra legislación, el primer antecedente que existe sobre represión de monopolios se encuentra en la ley Nº 13.305, del 6 de abril de 1959. Este texto reguló las normas destinadas a reprimir las prácticas monopólicas que afectan la buena competencia en los mercados. Luego de un período de vigencia de 14 años, el 22 de diciembre de 1973, se promulgó el decreto ley Nº 211, que fijó normas para la defensa de la libre competencia. Este texto legal, se justificó diciendo que el monopolio impide el normal abastecimiento de los mercados, ya que mediante el control de la oferta y la demanda es posible determinar precios artificiales y lesivos para el consumidor, que esta clase de actividades no incentiva la producción, que protege al productor o distribuidor ineficiente, que tiende a la concentración del poder económico y, finalmente, que distorsiona el mercado en perjuicio del consumidor.
Con el objeto de precisar lo preceptuado anteriormente, el texto legal, en su artículo 2º dispone que se considerarán entre otros, como hechos, actos o convenciones que tiendan a impedir la libre competencia, los siguientes:
a) Los que se refieran a la producción, tales como el reparto de cuotas, reducciones o paralizaciones de ellas.
b) Los que se refieran al transporte.
c) Los que se refieran al comercio o distribución, sea mayorista o al detalle, tales como el reparto de cuotas o la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por una persona o entidad, de un mismo artículo de varios productores.
d) Los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como acuerdos o imposición de los mismos a otros.
e) Los que se refieran a la libertad de trabajo o de los trabajadores para organizarse, reunirse, o negociar colectivamente, como los acuerdos o actos de empresarios, sindicatos, u otros grupos o asociaciones, tendientes a limitar o entorpecer el libre curso de negociaciones colectivas dentro de cada empresa o los que impidan o entraben el legítimo acceso a una actividad o trabajo.
f) En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia.
El artículo 2º del decreto ley Nº 211 refuerza la idea contenida en el artículo 1º de ese texto legal, ya que se encuentra redactado en términos muy amplios, por lo que se hace necesario describir ciertas conductas que vulneran la libre competencia.
Síntesis de las ideas fundamentales del proyecto de ley en informe.
La iniciativa legal tiene como idea matriz o fundamental incorporar a la legislación vigente disposiciones que permitan desalentar y sancionar conductas que constituyan competencia desleal o discriminación en los precios o en los términos de las transacciones comerciales.
Dentro de los considerandos del proyecto, los diputados patrocinantes señalan:
Que el actual ordenamiento jurídico no contempla normas eficaces que permitan desalentar y sancionar conductas que atentan contra la libre competencia.
Que la Cámara de Diputados ha denunciado en reiteradas oportunidades la existencia de competencia desleal o de conductas monopólicas en las distintas áreas productivas, por ejemplo, en el mercado farmacéutico.
Que el Estado no dispone de los instrumentos jurídicos ni administrativos que permitan sancionar los actos contra la libre competencia y, por tanto,
Que se requiere introducir normas a la legislación chilena para solucionar el problema señalado.
Durante la discusión del proyecto de ley, la Comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento de la Corporación, celebró una sesión para recibir las observaciones de las personas o instituciones que se vinculan a la materia, escuchando a las siguientes: don Manuel Melero Abaroa , Secretario General de la Cámara Nacional de Comercio , Servicios y Turismo; don Mauricio Huberman Rodríguez , Presidente de la Unión de Farmacias de Chile Asociación Gremial; don Luis Farah , Director de la misma institución, y don Víctor Carvajal Game , Primer Vicepresidente de la Unión de Farmacias de Chile.
En el debate de la Comisión, el Diputado señor Eugenio Tuma apoyó la iniciativa legal en análisis, sosteniendo que ella busca velar por la transparencia del mercado y evitar la ocurrencia de discriminación respecto de proveedores y consumidores. Insistió en que al no hacerse una aplicación igualitaria de las condiciones de comercialización, existirá discriminación y, por lo tanto, competencia desleal.
La Comisión aprobó la idea de legislar por seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
En la discusión particular se trataron los siguientes artículos:
Artículo 1º (Letra a) del artículo único del texto propuesto por la Comisión).
Este artículo tiene por objeto incorporar en el artículo 2º del decreto ley Nº 211, una letra nueva, como f), pasando la actual letra f) a ser g), del siguiente tenor:
“Discriminar en las condiciones de venta de los productos a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior, por parte de proveedores a los intermediarios en la comercialización de dichos productos al consumidor.
Para los efectos previstos en la letra c) incurrirá también en responsabilidad el comprador que acepte o solicite condiciones discriminatorias en su beneficio”.
Se aprobó una indicación de los Diputados señores Villouta , Ascencio , Tuma y quien habla para agregar el vocablo “arbitrariamente”, a continuación de la palabra “discriminar”.
Se aprobó una segunda indicación del Diputado señor Hales para intercalar entre las frases “Discriminar en las condiciones de” y “de los productos”, la frase siguiente: “comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución”.
Por último, se aprobó una tercera indicación del Diputado señor Hales para adecuar el texto a la indicación anteriormente aprobada y cuyo objeto es establecer en forma indubitable que la discriminación arbitraria no puede producirse en ninguna de las etapas de una transacción comercial, la que fue aprobada por la unanimidad de la Comisión. En consecuencia, el artículo 1º del proyecto se aprobó por asentimiento unánime.
Artículo 2º (Letra b) del artículo único del texto propuesto por la Comisión).
Este artículo tiene por objeto agregar un artículo nuevo al decreto ley Nº 211, signado como 2º bis. Establece la obligación para productores, importadores, distribuidores mayoristas y distribuidores en general, de exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos y servicios, incluyendo los descuentos y rebajas por volumen, por pronto pago y por servicios conexos que se ofrecen. La Comisión lo aprobó sin debate, por ocho votos a favor y uno en contra.
La Comisión acordó facultar a la Mesa para que realice las modificaciones de forma y concordancia en el texto del proyecto que informo.
Por último, este proyecto no contiene normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, ni tampoco artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Fue aprobado en general por mayoría de votos y no existen artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.
En consecuencia, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone la aprobación del proyecto que acabo de informar.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , sin duda, el debate que sostendremos a continuación relativo al decreto ley Nº 211, desde mi punto de vista, plantea varios aspectos que son bastante de fondo para lo que es un sistema transparente de libre competencia.
Entiendo y asumo que la motivación de los autores se vincula con el tema de la libre competencia y, en esa perspectiva, perfeccionar los mercados para que sean lo más transparente posible. Tomando como base estos dos principios y, con la finalidad de lograr estos objetivos, se requieren dos elementos esenciales, constituidos básicamente por una legislación que los contenga y por organismos eficaces que hagan cumplir estas normas.
Ésa debería ser la perspectiva del análisis; es decir, si nuestra legislación contempla o tipifica adecuadamente normas relacionadas con la libre competencia y si existen o no los organismos a la hora que haya que investigar estos atentados en contra de la libre competencia y sancionarlos adecuadamente.
La moción se centra en torno al tema de la discriminación en las transacciones comerciales. Ése es el tema del debate. Tal como se consigna en el informe, este concepto tiene un amplio desarrollo a nivel constitucional, pero, básicamente, en la no discriminación que debe tener el Estado y sus organismos respecto de los particu-lares.
En nuestra legislación, la norma que se refiere a la libre competencia está contemplada en el decreto ley Nº 211, especialmente en sus artículos 1º y 2º.
Entrando directamente al debate, desde mi punto de vista, en materia conceptual, el texto original de la moción que, posteriormente, fue corregido en la comisión, partía de una premisa falsa, por cuanto lo que sancionaba era un atentado en contra de la libre competencia por discriminación a secas, lo que, a mi juicio, desnaturaliza lo que es la esencia de una transacción comercial, perjudicando eventualmente, de paso, a los propios consumidores.
Todos sabemos que no es lo mismo el valor cuando se adquieren productos por unidad que por volumen, o cuando se cancela al contado o a plazo, o cuando por lo menos se aseguran determinadas cuotas en la distribución. Este concepto de la discriminación sin apellido, afortunadamente, se superó en el curso del debate y se incorporó la expresión que no debería existir una discriminación arbitraria.
Por lo tanto, debemos pasar a una segunda etapa de análisis que, básicamente, consiste en si es válida o no la existencia de una discriminación arbitraria dentro de una transacción comercial, y lo primero que deberíamos analizar es si esa norma está contemplada o no en el decreto ley Nº 211, y creo que lo está. Si analizamos el texto de su artículo 1º, veremos que sanciona al que ejecute o celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o contravención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto de carácter interno como las relativas al comercio exterior, y el artículo 2º, en su letra f) establece una norma que es aún más amplia, porque sanciona, en general, cualquier acto u otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia; es decir, estamos en presencia de una norma absolutamente amplia; pero quiero volver a la reflexión planteada, y mi verdadera pregunta es si es válido o no que exista una discriminación arbitraria en las transacciones comerciales, es decir, en las relaciones entre privados. A mi modo de ver, es plenamente válido que exista una discriminación arbitraria en las transacciones entre privados, siempre y cuando no atente en contra de la libre competencia, y quiero graficarlo con un ejemplo muy simple. Imaginemos que una tienda determinada, que ofrece sus productos en las mismas condiciones de volumen, de precio y de pago, acepta venderle a una persona y a otra no. Si no hay problemas de libre competencia, la persona a la cual le fue denegada la compra puede ir a la competencia. Pero si hay problemas de libre competencia, estaríamos frente a un atentado contra ella; en consecuencia, sería perfectamente válido atacar la discriminación arbitraria a través del decreto ley Nº 211.
Por lo tanto, respecto de este gran primer tema de debate, me parece peligroso incorporar en la legislación, directamente, que la discriminación arbitraria es un atentado per se en contra de la libre competencia, ya que, en caso contrario, considero que ella es perfectamente válida.
Lo que hace el proyecto es acotarla. A mi juicio son más pertinentes las normas amplias que hoy se consagran en los artículos 1º y 2º del decreto ley Nº 211, a fin de que los tribunales determinen si efectivamente ese tipo de discriminación atenta o no contra la libre competencia.
Quiero pasar a un segundo aspecto, relacionado con los reclamos formulados por algunos invitados a la Comisión contra la falta de eficacia de los tribunales señalados en el decreto Nº 211, para investigar los atentados contra la libre competencia. Desde mi punto de vista, ése es otro tema distinto, que en parte está siendo abordado por el Senado en cuanto a dar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica. Los estudios técnicos están prácticamente terminados para abordar el tema del tribunal de la competencia.
Muchas veces -no es la primera legislación en que ocurre- por ineficacia de la ley, por falta de tribunales adecuados y porque no se ha investigado o sancionado, terminamos, por la vía legal, regulando los distintos mercados a través de disposiciones sustantivas.
Es efectivo que existe una debilidad en cuanto a la posibilidad de juzgar y de investigar atentados en contra de la libre competencia. Es una debilidad que estamos tratando de superar y en los próximos meses esperamos discutir aquí todo lo referente a los tribunales económicos, que es la manera adecuada de resolver el tema. Sin embargo, no creo que sea conveniente acotar ciertos principios cuando la práctica comercial está evolucionando, las relaciones son cada vez más complejas y, muchas veces, más ricas que la propia legislación.
Por eso, en términos sustantivos, estimo que la normativa contenida en los artículos 1º y 2º del decreto ley Nº 211 es plenamente adecuada para asegurar la libre competencia en el país. Lo importante es que los tribunales puedan actuar con eficiencia.
Quiero dejar sentado, como concepto y precedente, que, desde mi punto de vista, en la medida en que la discriminación arbitraria no atente contra la libre competencia, ese concepto es totalmente válido en las transacciones comerciales.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señora Presidenta , siempre seré un defensor del trabajo de la Corporación.
A propósito de este proyecto, quiero recordar que hace algunos años varios parlamentarios expresamos nuestra preocupación sobre el tema de las cadenas farmacéuticas del país.
¿Por qué comienzo expresando esto? Siempre se critica a este Poder del Estado y, a veces, por sus propios integrantes. Seguramente, no se dan el tiempo necesario para revisar, de vez en cuando, las actas de las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, con el fin de analizar el rol que los parlamentarios estamos cumpliendo.
Hace algún tiempo, la Cámara denunció la existencia de competencia desleal o de conductas monopólicas en distintas áreas productivas.
El Diputado señor Orpis abordaba el tema de la libre competencia, pero aquí también se han analizado los monopolios. La realidad es que en el rubro farmacia se ha demostrado que se quiere llegar a un monopolio.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
¡Llamo al orden a los Diputados señores Longton, Alessandri, Errázuriz y Delmastro!
El señor ORTIZ.-
Quiero recordar que hace algunos días la Corte Suprema resolvió sancionar a las grandes cadenas farmacéuticas, porque se les comprobó que llegaron a un acuerdo en los precios.
La denuncia sobre las cadenas farmacéuticas se inició con la presentación de un proyecto de acuerdo. También se realizó una sesión especial sobre el tema, en la que se dieron a conocer cosas terribles, como el hacer quebrar las farmacias de barrio para, luego, fijar precios con grandes márgenes de comercialización.
Por eso me pareció correcto que un grupo de parlamentarios presentara un proyecto que, en el fondo, está contra la discriminación de precios y el cumplimiento de la libre competencia.
Quiero recordar que los diputados, como integrantes del Poder Legislativo, debemos garantizar a todos los chilenos la igualdad de oportunidades. Por eso creo que el proyecto está encaminado en tal sentido, porque la Constitución Política del Estado es reiterativa en cuanto a que no debe existir la discriminación arbitraria en el trato que el Estado y sus organismos deben dar a los conciudadanos en materia económica.
Recuerdo, además, que en las investigaciones que realizó la Cámara llegamos a la conclusión de que el sistema de fiscalización vigente es bueno, pero no tiene la cantidad de personas suficiente, ni reglas actualizadas para cumplir efectivamente con el papel de prevención en todo tipo de situaciones económicas.
El proyecto constituye un paso adelante, motivo por el cual lo apoyaré. Pero debe ser el comienzo para, más adelante, dar al Estado un apoyo mayor en instrumentos jurídicos y administrativos, que permitan sancionar los actos contra la libre competencia, a fin de que las actividades económicas no se transformen en monopolios.
En el informe de la Comisión de Economía, entre las personas invitadas figuran el presidente , el primer vicepresidente y un director de la Unión de Farmacias de Chile, quienes reconocen, muy claramente, que ha habido discriminaciones en el rubro. Por lo demás, lo mismo ocurre en otras actividades económicas.
Sólo quiero recordar una cifra. En Chile hay 980 mil personas que se dedican precisamente al comercio nacional. Por lo tanto, la iniciativa constituye un paso adelante. Esperamos tener la comprensión de todos los señores diputados y senadores para ir avanzando en algo tan prioritario como es la igualdad de trato en todas las actividades que se realizan en nuestro país.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señora Presidenta , en primer término, quiero expresar al Diputado señor Ortiz que las conductas monopólicas, a las cuales ha hecho referencia como origen o motivación del proyecto, están claramente definidas en la letra d) del artículo 2º del decreto ley Nº 211. Por consiguiente, estaría de más comenzar a restringir la normal operación de la libre competencia con proyectos de ley que consideren situaciones que están claramente determinadas.
Debemos entender que la libre competencia no es más que la facultad de fijar precios y condiciones con plena libertad y con la sana intención, obviamente, de atraer clientes por las ventajas comerciales que se puedan ofrecer.
Los mecanismos de resguardo de esta libre competencia ya están establecidos en el decreto ley Nº 211, el cual establece normas que tienden a evitar el acuerdo de voluntades para vender a precios superiores a los que se lograrían en un mercado libre. En otras palabras, oferta y demanda deben operar sin distorsiones, y esa garantía la entrega, sin lugar a dudas, el decreto ley Nº 211.
¿Qué pretende el proyecto? Prohíbe discriminar en las condiciones de venta, ya sea al contado, a plazo, en las tasas de interés u otras. Por otra parte, establece la obligación de informar en forma pública de las condiciones de venta, ya sea descuentos por volúmenes, por pronto pago, etcétera. En otras palabras, pretende otorgar a todos los clientes el mismo precio y demás condiciones de venta.
Pero, sin duda, las discriminaciones en una transacción comercial pueden ser múltiples y de muy diversas condiciones y naturaleza. En ese sentido, no vamos a pretender que, a través de una ley, se fijen estos parámetros de comercialización.
En otro sentido, quiero señalar que la discriminación en los precios, por menor riesgo en el pago a plazo o por mayor volumen, constituye una forma legítima de competencia comercial, pues, en este caso, el precio refleja riesgos o costos reales.
El descuento por volumen es una práctica general, porque los costos fijos de la operación se dividen por un mayor número de unidades. El descuento por menor riesgo en el pago de saldo de precio es otra decisión económica técnicamente correcta. Por lo tanto, no es ilícita y, en consecuencia, a menor riesgo, menor precio.
Entonces, pretender regular por ley las discriminaciones que acontecen en el mundo y en el ámbito comercial, me parece exagerado.
Termino manifestando mi desacuerdo con el proyecto de ley y, al contrario de lo que señaló el Diputado señor Ortiz , no lo considero un paso adelante, sino un paso atrás en las normas de la libre y sana competencia.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señora Presidenta , el proyecto que hoy discutimos surge como una respuesta legislativa a las conclusiones a que arribó la Comisión de Economía de la Cámara en el estudio de la situación que afecta al mercado farmacéutico en Chile.
Por lo demás, en los tres períodos legislativos, la Cámara, y, particularmente, la Comisión de Economía, se han preocupado de conocer las denuncias de abuso y discriminación producidas en el mercado farmacéutico, sin perjuicio de que esta misma situación también ocurre en otros mercados.
No es efectivo, como señalaba un señor diputado , que la competencia va a resolver el problema de la discriminación, por cuanto si un cliente se siente discriminado por un proveedor determinado, puede dirigirse a otro. Pero ocurre que no es desconocido que, por ejemplo, en el mercado farmacéutico, hay un único proveedor de un medicamento determinado, como ocurre en el país con muchos artículos y servicios.
Si no establecemos una regulación adecuada, que impida que los comerciantes sean tratados en forma arbitraria por un proveedor, no estamos dando la señal que la Corporación debe entregar a las tres investigaciones efectuadas en el mercado farmacéutico y a las muchas denuncias de monopolio y arbitrariedades en las transacciones comerciales en nuestro modelo económico.
Se ha dicho que el decreto ley Nº 211 es suficiente, pues legisla sobre la discriminación. En verdad, no es así, sino que en términos bastante genéricos establece disposiciones tendientes a impedir conductas anticompetitivas, pero en ninguna parte precisa que una venta arbitraria constituye una condición que disminuya sustantivamente la competencia.
El objeto del proyecto es, como dijo el Diputado señor José Miguel Ortiz , buscar la forma de dar igualdad de oportunidades. De manera que pido a la UDI que no se enfrasque sólo en defender a determinados sectores de la economía, pues ello atenta contra los derechos de la gran mayoría de chilenos que tiene el deseo y la capacidad de emprender nuevas actividades. Con este proyecto debemos dar una señal importante y precisar que la Cámara de Diputados está en contra de la discriminación arbitraria en los precios y en las condiciones de venta.
Un grupo de parlamentarios nos hemos formado la convicción de que las distorsiones que se observan en el sector farmacéutico, que lesionan la libre competencia y la igualdad de oportunidades de los agentes económicos medianos y pequeños, están presentes en las diversas ramas productivas del país, y se expresan a través de conductas o prácticas comerciales de concentración de la oferta o acuerdos de precios entre proveedores y compradores. Así ha quedado demostrado en los conflictos que han enfrentado los productores de leche, las farmacias y las cadenas de alimentos.
Nuestro sistema jurídico dispone de una normativa especial de defensa de la libre competencia, comprendida en el decreto ley Nº 211, de 1973. Una de las características de dichas normas es la generalidad respecto de la tipificación de la conducta que atenta contra la libre competencia, dejando así la flexibilidad suficiente para que los afectados y la autoridades utilicen la institucionalidad antimonopólica para desalentar y sancionar este tipo de acciones.
Es claro que dicha institucionalidad ha quedado absolutamente rezagada respecto de la evolución de nuestra economía, opinión compartida y expresada por diversos sectores con motivo de la discusión y aprobación del proyecto que fortalece la Fiscalía Nacional Económica. Pero seamos francos: luego de 20 años de profundas transformaciones, el Estado no cuenta con los dispositivos necesarios para actuar con rapidez y eficacia frente a las conductas que contravienen las normas de la libre competencia. Los agentes públicos fueron desprendidos de su capacidad de acción directa o interventora, pero no han sido dotados, al mismo tiempo, de los mecanismos de regulación necesarios para salvaguardar las reglas del libre mercado.
Más allá de las transformaciones de fondo que demanda nuestra legislación sobre defensa de la libre competencia, creo firmemente en la necesidad de incorporar una normativa eficaz que permita sancionar la competencia desleal, tal como la discriminación en los precios y en los términos de las transacciones cuando tales conductas están orientadas a eliminar la competencia en el mercado.
En ese sentido, quiero ser muy enfático. El proyecto nunca ha planteado el término de la venta por discriminación cuando se exige el cumplimiento de determinados requisitos, como escala de volumen o pronto pago, sino que busca desalentar y sancionar las prácticas discriminatorias arbitrarias que se ejerzan en el mercado, en los precios y en los términos de las transacciones, cuando el objetivo es desplazar a otro agente del mismo. Entendemos por prácticas discriminatorias todas las condiciones de los precios y las transacciones cuando ellas están disponibles para unos, pero no para otros.
Por lo tanto, quedan fuera de discusión todas las rebajas de precio o mejores condiciones por economía de escala, sea a través de volúmenes u otras condiciones generales y prácticas lícitas presentes como ocurre también con el descuento por pronto pago.
Por ello es importante reiterar que lo que se persigue es sancionar la discriminación arbitraria, que significa negar condiciones de venta o precios a clientes que cumplen con los requisitos y características dispuestas para un oferente del mercado y para otros clientes.
La moción recoge la experiencia norteamericana en esta materia, en particular las normas contenidas en la ley Robinson Patman , que son primordialmente antidiscriminatorias.
La disposición más importante que se incluye en la sección segunda de la ley Clayton prohíbe la venta de productos similares, dentro de los Estados Unidos, a precios que discriminen entre compradores competidores, si el efecto de dicha discriminación pudiera ser disminuir sustancialmente la competencia.
Conocemos las características y la forma como se han ido conformando los mercados en los distintos rubros, y en Chile suele ocurrir que en cada uno de los mercados la demanda la concentran las grandes cadenas. Sin embargo, en Estados Unidos se puede ver que una gran cadena compite con un pequeño comerciante que está al lado, porque puede comprar en las mismas condiciones. Muchos pequeños comerciantes se unen para conseguir descuentos por volúmenes, hacen un esfuerzo por el pronto pago y pueden competir. En nuestra economía no se da esa igualdad de oportunidades a la pequeña y mediana empresa.
La normativa en discusión establece que constituirá delito si cualquier persona dedicada al comercio, en el curso de dicha actividad comercial, discrimina, directa o indirectamente, en términos de precio o entre diferentes compradores de productos básicos de un mismo grado y calidad.
La ley también sanciona las prácticas indirectas, como la discriminación en el abastecimiento de servicios, rebajas, descuentos, compensaciones, y proscribe el pago, por parte de un vendedor, de comisiones de corretaje y rebajas similares a compradores y a sus representantes. A su vez, prohíbe a los vendedores pagar a los clientes cualquier servicio o facilidades proporcionadas por los mismos en el procesamiento, manejo o venta de productos, a menos que dicho pago esté disponible para cualquier otro cliente competidor.
También se restringen los servicios y facilidades que pueda dar un vendedor a cualquier comprador, a menos que éstas estén a disposición de todos los compradores en las mismas condiciones.
Bajo esta normativa, se consideran como conductas discriminatorias las prácticas de facturación preferencial, el otorgamiento de artículos gratis o mercaderías de bonificación, concesiones de fletes o entrega, términos de créditos preferenciales, privilegios de devolución, arreglos de almacenaje preferencial, garantía de baja de precios, entre otras formas de descuentos o de favoritismo. Pero es bueno recordar que se aplican cuando no están dadas las condiciones para que estén al alcance de todos en igualdad de condiciones. De este modo, se busca garantizar que los medianos y pequeños empresarios puedan competir sobre una misma base y evitar que las grandes empresas obtengan ventajas en los precios para eliminar la competencia y sacar a los competidores menores del mercado, situación que también se estaría produciendo en el país en el área de las telecomunicaciones, como lo hemos visto en la Sala.
A través de esta normativa quedaría prohibida la discriminación en el abastecimiento de servicios, como ocurrió en el caso de la CTC con Startel, que para sacar de la competencia a las compañías de telefonía móvil hicieron una oferta discriminatoria o de preferencia a una compañía subsidiaria.
La diferenciación en los términos de la venta, en el pago de comisiones de corretaje y rebajas a compradores o representantes, constituye una posibilidad para la discriminación, que puede ser arbitraria cuando no es general para todos.
Reitero que todas estas prácticas se transforman en ilícitas cuando las condiciones son negadas de modo arbitrario para compradores competidores que cumplen con los requisitos establecidos por el distribuidor.
Con la aplicación de este principio, también constituiría discriminación todo servicio o facilidades proporcionados por un cliente en relación con el procesamiento o venta de productos cuando las condiciones no rigen para cualquier otro cliente. Del mismo modo, incurre en discriminación todo vendedor que proporcione servicio o facilidades a un comprador en relación con la venta de un producto para su reventa, a menos que dichas facilidades también se otorguen a todos los compradores.
Una de las ventajas de la legislación norteamericana en la configuración de los ilícitos es que ellos no requieren demostración de un perjuicio competitivo. En la actualidad, la legislación antimonopólica requiere demostrar la lesión o el daño.
La ley norteamericana tampoco permite la defensa basada en la justificación de los costos, puesto que estamos en presencia de una situación en la cual a uno de los compradores, cumpliendo las mismas condiciones de venta, se le ha negado la oportunidad de adquirir los productos.
En la iniciativa se consagra la responsabilidad tanto del vendedor como del comprador. Este último incurrirá en falta cuando reciba pago de corretaje ilícito o acepte, a sabiendas, discriminación de precios de un vendedor. De este modo, se desalienta la presión indebida que algunos grandes compradores realizan sobre los proveedores para obtener condiciones favorables en perjuicio de compradores competidores.
El objeto de la norma -conocida como la disposición del comprador- es imponer sanciones a compradores que usan su poder económico para obligar a sus abastecedores a otorgar condiciones discriminatorias en los precios. Este principio ha sido incorporado en la iniciativa legal, la cual establece que, para los efectos previstos en la ley respecto de la conducta de discriminación, incurrirá también en responsabilidad el comprador que acepte o solicite condiciones discriminatorias en su beneficio.
Esta normativa reviste especial importancia, pues es vital para la transparencia del mercado desalentar la presión que pueden ejercer las grandes cadenas de distribución en los proveedores.
Con el propósito de prevenir estas conductas, es fundamental establecer la obligación de los productores, importadores, distribuidores, mayoristas y, en general, de todos los distribuidores, de exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, incluyendo descuentos por volumen, pronto pago u otros servicios conexos.
En el proyecto queda absolutamente despejada la duda de quienes pudiesen presumir que, a través de su articulado, se limitan las condiciones de venta en el mercado o se impide traspasar las economías de escala a los productores, perjudicando, por consiguiente, a los consumidores.
Nada de ello está presente en las motivaciones o en el espíritu de esta norma. Es importante concurrir al debate desprendidos de prejuicios que inhiban una discusión abierta y franca sobre las prácticas discriminatorias existentes en el mercado.
Es evidente que las utilidades a que aspiran algunos agentes en el mercado muchas veces son contradictorias con las reglas de la libre competencia. La excesiva concentración en el mercado no promueve la eficiencia de los agentes productivos y termina debilitando la estructura competitiva de la economía.
Es obvio que dichas prácticas perjudican de manera irreparable a los agentes medianos y pequeños, por lo cual hemos sido testigos, en los últimos cinco años, de que l.600 farmacias han cerrado sus puertas.
Reitero, lejos está del espíritu de la iniciativa amparar la ineficiencia o la menor competitividad de algunos segmentos del mercado a través de la tipificación de la discriminación. Por el contrario, resguardar las normas de la libre competencia es la mejor forma de promover la competitividad de la economía.
La iniciativa está orientada a asegurar la entrada y permanencia en el mercado de los agentes medianos y pequeños. La discriminación arbitraria en los precios y términos de las transacciones puede ocasionar perjuicios irreparables en la competitividad de los afectados, lo cual hace necesario tipificar con claridad este ilícito y establecer las sanciones.
La actual legislación somete a los afectados a dilatados procesos, quienes, en el período de investigación y resolución, quedan indefensos y expuestos a sufrir los efectos de la discriminación que puede ocasionar su salida del mercado.
En esta materia no podemos ser ingenuos, porque toda discriminación se ejerce de manera sutil, encubierta, no confesa y, en algunos casos, cuando es arbitraria, hasta inconsciente. Por ello es fundamental precisar esta figura y dar una señal de la importancia que tiene para el país y para el mercado la existencia de los actores productivos en los distintos niveles y dimensiones.
Nuestros exportadores ya conocen cómo se pueden disfrazar las conductas proteccionistas, que no son otra cosa que la discriminación hacia competidores extranjeros, acusándolos de competencia desleal, basados en frágiles y dudosos argumentos, como lo vimos ayer en la Comisión de Economía cuando se trató el tema del salmón.
Sin lugar a dudas, la propuesta debe ser enriquecida, y, de algún modo, está ligada a la modernización que requiere nuestra institucionalidad antimonopólica, como lo han indicado algunos parlamentarios en el seno de la Comisión. Y si somos rigurosos, quizás no es lo más conveniente incluir esta propuesta -podemos pedir que la iniciativa vuelva a la Comisión para analizar esta idea- en las normas sobre libre competencia; se podría establecer en otro cuerpo legal, como las normativas civiles, para que los jueces atiendan, en un procedimiento sumario, los casos de discriminación arbitraria. Lo importante radica en que el cuerpo normativo que acoja la iniciativa contenga mecanismos ágiles que le otorguen eficacia legislativa a la propuesta. En este sentido, la Comisión está abierta a recibir las sugerencias e indicaciones que los honorables colegas deseen realizar sobre esta materia y así mejorar el proyecto.
A mi juicio, el Parlamento debe dar una señal a los agentes económicos respecto de la necesidad y conveniencia de garantizar, especialmente a los pequeños empresarios, la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, sobre la misma base y evitar que sólo las grandes empresas obtengan ventajas originadas en conductas discriminatorias en cuanto a precios y condiciones de venta que podrían sacar de la competencia a pequeñas empresas.
En definitiva, esta iniciativa está directamente ligada a la necesidad de cautelar efectivamente la libre competencia en el mercado, entregando nuevas herramientas jurídicas a quienes se vean afectados por conductas contrarias a la libre competencia.
Si hay alguien que piensa que el proyecto está especialmente dirigido a defender de las conductas discriminatorias a la mediana y pequeña empresa, tiene toda la razón. Efectivamente, estamos defendiendo la igualdad de oportunidades, por cuanto estoy convencido de que bajo la actual legislación no están debidamente protegidos quienes son afectados por actos discriminatorios en el mercado, puesto que cuando los organismos competentes se pronuncian, muchos de los reclamantes han sido eliminados ya del mercado y su salida queda sólo como un testimonio de lo que algunos llaman “imperfecciones del mercado”, las que, en realidad, son odiosas discriminaciones que amparan la concentración de la riqueza y transforman la libre competencia en una ilusión.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Llamo al orden al Diputado señor Mulet por estar haciendo uso del teléfono celular en la Sala.
Tiene la palabra el Diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señora Presidenta , el Diputado señor Tuma ha contribuido a confundirnos con su larga explicación sobre este muy breve proyecto, porque ha introducido una gran cantidad de elementos; entre ellos, los salmones, los teléfonos y otros productos o servicios, que nada tienen que ver con lo que vamos a votar hoy.
Aún más, el señor diputado ha insistido en esta antigua caricatura de que como en la UDI defenderíamos a los grandes monopolios, el socialismo protegería a la pequeña y mediana empresa y al pobre contribuyente, caricatura que, por burda y antigua, ya nadie cree.
Trataré de explicar brevemente a los colegas parlamentarios qué vamos a votar hoy. Votaremos un proyecto que tiene dos características: en primer lugar, es inútil, porque no logra su objetivo, y, en segundo lugar, es dañino, por razones que voy a explicar.
Es inútil, porque sanciona lo que llama “discriminación arbitraria en las condiciones de comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución de productos...”. Pero el artículo 2º, letra f), del decreto ley Nº 211, hoy vigente, establece textualmente penalizar o castigar “En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia”.
La discriminación arbitraria es obviamente una forma de arbitrio.
De manera que me pregunto por qué inteligentes parlamentarios han dedicado largas horas a redactar un artículo que, a mi juicio, no añade absolutamente nada, por cuanto la actual legislación entrega facultades para penalizar cualquier acción que atente en contra de la libre competencia, ya que después de enunciar una larga lista de acciones de esta clase, el legislador estableció, por si quedare algún arbitrio no especificado, la frase penalizar “cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia”.
Repito, me parece inútil introducir una nueva letra f), que, además, es genérica y muy vaga, porque habla sobre la discriminación arbitraria, pero no especifica qué debe entender el juez por tal ni le añade elementos de juicio para penalizar esa conducta.
Por lo tanto, la inutilidad de la nueva letra f) es indiscutible.
En segundo lugar, el proyecto es dañino, porque su artículo 2º bis prescribe que los productores, importadores, distribuidores, mayoristas y, en general, las personas que se dedican a la venta de productos, “estarán obligados a exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios,...”
Pregunto: cuando un productor o mayorista vende un servicio, ¿sabe cuáles son todos los criterios que está usando para vender ese servicio o cobrar determinado precio por él?
Voy a poner un ejemplo concreto. Si una persona concurre a un banco a pedir un crédito, ¿podría el ejecutivo de cuentas colocar un cartel que enumerara exhaustivamente todas las características por las cuales va a fijar una tasa de interés al crédito por conceder? Me parece imposible cumplir con ese requisito, salvo en algunos productos de carácter muy masivo, en que haya muy pocos elementos de discriminación. Las personas que han estado involucradas en el comercio de cualquier producto saben que la discriminación es inherente al comercio. A un buen deudor le cobro una tasa de interés inferior que a uno malo. Eso es así. No me pueden obligar a establecerlo a priori en un papel colgado en la entrada de mi sucursal bancaria.
De manera que el artículo 2º bis me parece dañino e irreal, porque, en la práctica, creo que no podemos obligar a las personas que se dedican a vender, a colocar a priori este tipo de información.
Señora Presidenta , por su intermedio, le concedo algunos minutos al Diputado señor Orpis para responder a parte de la intervención del Diputado señor Tuma.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis hasta por dos minutos.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , se han hecho algunas imputaciones que no me parecen ni justas ni correctas.
En primer lugar, en mi intervención jamás utilicé palabra alguna para amparar a los monopolios o restringir la libre competencia.
Por lo tanto, creo que tales imputaciones no deberían formularse en un debate que pretende realizarse con altura de miras.
Simplemente he señalado que no me parece que sea un atentado en contra de la libre competencia el hecho de que exista una discriminación arbitraria que, precisamente, no atente en contra de ella.
Éste ha sido el fundamento de mi argumentación, lo que no significa que esté amparando a grandes cadenas o a grandes monopolios; porque, en definitiva, tal como lo expresé en mi intervención, lo que ha fallado aquí no son las normas sustantivas, sino el tribunal que investiga y que sanciona, lo que no se resuelve en esta iniciativa legal, sino en una de otra naturaleza.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Patricio Hales.
El señor HALES.-
Señora Presidenta , junto al Diputado señor Bustos , formularé una nueva indicación, además de la que presenté en la Comisión de Economía, para precisar y aclarar el sentido de este proyecto, que ha sido criticado con tanta dureza por el Diputado señor Dittborn , cuya argumentación, tan caricaturesca, señala que podría entenderse de nuestros argumentos que la defensa del consumidor estaría en un régimen supuestamente socialista y que el enemigo o demonio sería la libre competencia y el capitalismo.
El proyecto no demoniza a la libre empresa; por el contrario, las prácticas abusivas son las que crean un clima de detrimento en contra de ella y hacen sentir al pequeño y al mediano empresario que el libre mercado no es tal, que la libre competencia no tiene rasgos de libertad y que cuando le dicen que compita, en verdad siente que no compite, con lo que surge la idea de que los pequeños y medianos empresarios, y para qué mencionar a los microempresarios, no tienen oportunidad alguna.
¿Cuál es la atracción que vemos quienes hemos vivido un proceso de renovación de nuestras concepciones, lo que, incluso, nos ha llevado a abandonar la idea de construir una sociedad socialista, para fortalecer las mejores condiciones que nos ofrece el libre mercado? La gran atracción, el gran interés, es el desarrollo de la capacidad de emprender. Quienes defendimos al socialismo, vimos en la práctica las enormes dificultades que debían enfrentar quienes querían usar su energía, su inteligencia y su creatividad, los cuales eran aplastados por un Estado que, representado por un conjunto de burócratas que invocaban los principios que iluminaron la Revolución de Octubre, la Revolución Francesa y las ideas de justicia social, dictaba normas que hacían desaparecer la capacidad de emprender y de crear. Pero el libre mercado no ha hecho desaparecer las condiciones de injusticia, y a pesar de que la receta socialista habría sido ineficaz, la del libre mercado no ha logrado resolver los dramas que continuamos viviendo. No me refiero al conjunto de los dramas de la pobreza y de las dificultades sociales, sino a la esencia de la discusión del proyecto: la idea de que la competencia sea libre. Quienes hemos asumido una idea de renovación, lo hicimos sin tragarnos el conjunto de las injusticias que contiene la libre competencia en la sociedad de mercado, y si se habla de economía social de mercado, queremos que justamente comprenda esas condiciones.
Rechazamos la idea de que esta discusión está sesgada y dividida en la caricatura de quienes estamos por la idea de una sociedad socialista, porque hace tiempo que lo dijimos en las condiciones que hemos expuesto en la misma argumentación. Expresamos que no era eso lo que queríamos. Entonces, partimos de la idea básica -obviamente, coincido plenamente con el Diputado señor Dittborn - de que la discriminación es esencial para el comercio. Conocemos, por la práctica personal, en la vida diaria, que el comprador y el vendedor buscan las mejores condiciones y eso, de alguna manera, es una petición discriminatoria.
Pero, ¿dónde está el drama de la desaparición de la idea de competir y la pérdida del estímulo o de la capacidad de emprender que siente tanta gente? Piensen que 2 millones 900 mil trabajadores de la pequeña empresa sienten las peores condiciones. Los salmones, dice el Diputado Dittborn , no vienen a colación, y sostiene que el Diputado Tuma , con su intervención, ha contribuido a confundir la idea matriz. Para nada; el Diputado Tuma ha representado la opinión de nuestras bancadas y, además, su opinión certera y personal, que compartimos muchos diputados que asistimos ayer a la Comisión de Economía para apreciar las absurdas y abusivas condiciones discriminatorias a que se ha sometido a los salmoneros chilenos, emprendedores productores, no representantes del socialismo, ni del utópico ni del marxista, sino, a lo mejor, de lo más esencial de la representación empresarial, los cuales sufren discriminaciones abusivas que les imposibilitan sentir que están en un régimen de libertad y en la posibilidad de competir.
El propio Diputado señor Orpis aducía, con justa razón -coincido con él-, que nuestro Gobierno no ha tenido fuerza para generar condiciones políticas y el clima adecuado, nacional e internacional, a fin de crear una plataforma de lucha adecuada que produzca, verdaderamente, una condición de escándalo por la situación de abuso -que se nos la describió ayer en la Comisión de Economía- a que se ha sometido a esos productores de salmones.
Pero lo que sufre el salmonero, lo sufre el farmacéutico, el pequeño almacenero o empresario, el que quiere construir sin poseer una gran constructora. Lo sufren todos.
Entonces, quizás para mayor precisión del artículo único que introduce modificaciones al decreto ley Nº 211, hemos concordado en la siguiente indicación a su letra f): Sustituir la expresión “discriminación arbitraria” por “discriminación abusiva”, de manera que no quedemos confundidos, sino con la certera tipificación, porque lo arbitrario es aquello que se toma por propia decisión. Podría ser que lo arbitrario involucrara un acto de generosidad, una decisión, incluso hasta torpe; que no constituyera una intención de abuso o que dejara las reglas sin precisar su sentido.
El proyecto que discutimos, pese a su brevedad, abre la posibilidad de un debate sobre temas patentes del mundo de hoy y acerca del cambio que Chile vive y del que somos protagonistas -digámoslo francamente-, con pasión o entusiasmo, porque vemos que en un par de años más aquí se decide una candidatura presidencial en un país en que nadie discute la libre competencia; pero queremos crear las mejores condiciones de oportunidad. La gran atracción o interés es que esa capacidad de emprender que ofrezca la economía de mercado pueda desarrollarse en igualdad de oportunidades.
En las audiencias públicas de la Comisión de Economía, hemos escuchado que todos los días desaparecen las condiciones de libertad, de competencia y de oportunidad , y eso forma parte de una cuestión, para nosotros, de principios. Cuando decimos igualdad de oportunidades, no estamos diciendo que el flojo tenga la misma oportunidad que el que trabaja, sino que todos aquellos que laboran en lo profesional, en lo artesanal, como asimismo en lo comercial y empresarial, estén con nosotros en esta idea de modernidad con equidad.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señora Presidenta , lamento el rumbo que está siguiendo esta discusión, en que se pretende hacer aparecer a los autores de este proyecto como opuestos a la libre competencia y, a los contrarios a él, como los que tienen el monopolio de ella.
Este proyecto ha sido firmado y patrocinado, prácticamente, por diputados de todas las tendencias políticas: los señores Tuma , Aníbal Pérez, Longton ; los ex Diputados señores Arancibia , Hamuy , Sabag , José Luis González ; la ex diputada señora Wörner y el que habla. ¿Podría alguien afirmar que el 85 por ciento de los parlamentarios de esta Cámara somos contrarios a la libre competencia?
Creo, verdaderamente, que este proyecto de ley apunta a facilitar la defensa de los consumidores y no a coartar la libre competencia. Se ha dicho que el decreto ley Nº 211 es amplio. Claro que lo es; pero, precisamente por ser demasiado amplio, hace muy difícil que los tribunales de justicia puedan tener un criterio uniforme para determinar cuándo se ha atentado contra la libre competencia.
En la letra f) del proyecto se señala: “Los que se refieran a la discriminación arbitraria en las condiciones de comercialización, tanto en la compra como en la venta y distribución de los productos...”. Es decir, no se sanciona cualquier discriminación, sino la arbitraria. ¿Y qué se entiende por discriminación arbitraria? Aquella que no obedece a ningún criterio uniforme, a algo que queda entregado exclusivamente a la voluntad del que incurre en discriminación.
Pero el artículo 2º bis se refiere a otra cosa más importante. Dice: “...los productores, importadores, distribuidores mayoristas y en general los distribuidores, estarán obligados a exhibir en sus establecimientos u oficinas las condiciones generales de contratación de sus productos o servicios, incluyendo descuentos o rebajas por volumen, por pronto pago y servicios conexos que se ofrecen rebajados.” Es decir, evita que, tratándose de circunstancias similares, a algunos les ofrezcan condiciones distintas de las que a otros. Creo que la opinión pública ha sufrido las consecuencias de esto y pienso no sólo en el poblador de La Pintana o de Puente Alto, sino también en ese vecino de Lolol, en la Sexta Región; o de Calbuco, o de Pica, al interior de Iquique. ¡Estoy pensando en los miles de consumidores chilenos que no saben verdaderamente cuáles son las condiciones en que están contratando! Se ha argumentado que es muy difícil hacer una lista de cuáles son dichas condiciones; que si dos personas van al mismo banco a pedir un crédito, a cada una se le dará uno distinto, dependiendo de las modalidades de pago y del tiempo que demore éste. Obviamente, pueden discutirse las garantías; pero no me parece justo que, cuando dos personas solicitan un crédito de un mismo monto y pagadero en un mismo plazo, a una se le cobre un interés distinto respecto de la otra. Eso es arbitrario y este proyecto trata de evitar las discriminaciones de esa naturaleza.
Por otro lado -lo señalaba el Diputado señor Ortiz -, no sólo hay que pensar en los consumidores, porque, aunque son importantes, a veces nos cegamos exclusivamente con ellos. Estoy pensando también en los miles y miles de pequeños comerciantes que tienen locales y que, como consecuencia de una competencia arbitraria, pueden verse con sus negocios liquidados, lo cual significaría no sólo la pérdida de sus recursos, sino también del trabajo familiar.
Por eso, a los diputados que están en contra del proyecto y que han querido ver en sus autores a adversarios de la libre competencia, les digo que por favor no lo tomen así. No pretendemos actuar en forma estatista. La libre competencia es muy buena; siempre lo es; pero deben existir ciertas regulaciones, porque, de lo contrario, sencillamente, como todo en la vida, los más poderosos terminan aplastando a los más débiles. Por ejemplo, cuando en una carrera de 400 metros planos unos parten más adelante y otros más atrás, se debe a que estos últimos cubrirán un circuito menor, pero todos correrán los 400 metros. Cuando en un partido de golf, o de cualquier deporte, hay un “handicap” y los mejores jugadores dan cierta ventaja a los otros, se posibilita que todos partan en igualdad de condiciones.
Creo que este proyecto protege, en primer lugar, a los consumidores y, en segundo lugar, a las miles de familias y personas que trabajan en estas actividades. Si queremos defender la libre competencia, facilitémosles la labor a los tribunales para que determinen cuándo se atenta contra ella; pero no creamos que, por ponerle limitaciones o un rayado de cancha a los tribunales, la estaremos limitando.
Por eso, espero que este proyecto de ley, aun cuando no cuente con el apoyo unánime de todos los diputados, al menos tenga el apoyo de muchos de ellos, sin que se vea, en quienes lo aprueben, una actitud contraria a la libre competencia, y, en quienes lo rechacen, su defensa exclusiva.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, en el minuto y medio que resta al Orden del Día, el Diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta , con el objeto de realizar mi intervención, le solicito que recabe la unanimidad de la Sala para prorrogar por cinco minutos el Orden del Día.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Diputado señor Recondo?
No hay acuerdo.
Diputado señor Recondo, si no hace uso de la palabra ahora, quedará inscrito para la próxima sesión, junto con los Diputados señores Juan Bustos y Gonzalo Ibáñez.
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta, le pido que recabe nuevamente la unanimidad de la Sala para que puedan intervenir los tres diputados que faltan y, de ese modo, el proyecto se vote hoy y pase a segundo informe.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
¿Habría acuerdo para proceder así?
Acordado.
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Recondo.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta , en general, comparto plenamente los argumentos que diputados de mi bancada han sostenido sobre el proyecto; sin embargo, trataré de explicar por qué razón mi voto será distinto al de quienes me han precedido en el uso de la palabra, al menos de mi bancada.
Como se ha dicho, el proyecto tipifica una conducta, llamada nueva conducta, lo que es discutible, pero, al menos, tipifica la conducta de discriminación arbitraria señalada en el artículo 2º del decreto ley Nº 211.
En realidad, en la discusión general de la Comisión voté en contra de la idea de legislar, porque originalmente sólo se tipificaba la discriminación, y me parece que la discriminación en sí es absolutamente legítima en una economía de libre competencia como la que desarrolla el país.
La discriminación en la actividad comercial significa tener la posibilidad de ofrecer un producto con precio diferente cuando las condiciones son absolutamente objetivas: pronto pago, grandes volúmenes de mercadería y la condición de riesgo que representa el cliente.
Por esa razón, voté en contra de la idea de legislar. Sin embargo, en la Comisión se modificó la tipificación de la conducta y se incorporó el término “arbitraria”.
Comparto lo planteado por el Diputado señor Dittborn , en cuanto a que la letra f) del artículo 2º del decreto ley Nº 211 considera cualquier arbitrio que tenga por finalidad entorpecer, eliminar o restringir la libre competencia. Es decir, el artículo flexibiliza la situación para que el juez sancione cualquier conducta que, en definitiva, se considere arbitraria.
Esa flexibilidad me parece necesaria y pienso que el decreto ley Nº 211, especialmente en el artículo 2º, la contempla muy bien. En definitiva, entrega a los tribunales, y en este caso a la Fiscalía Nacional Económica o a las comisiones respectivas, la facultad para determinar cuándo efectivamente existe una conducta que atente contra la libre competencia.
Sin embargo, me ha hecho mucha fuerza una situación muy puntual, la que, hasta ahora, la legislación y los tribunales competentes han sido claramente incapaces de controlar: las conductas monopólicas o atentatorias contra la libre competencia en el mercado farmacéutico chileno.
La discriminación que se da en este mercado, que es válida cuando ella es objetiva, permite obviamente que los laboratorios o los proveedores entreguen productos a precios distintos, bajo condiciones muy objetivas, como dije anteriormente: pagos al contado, volúmenes, etcétera.
¿Qué ha sucedido en este mercado? Ha permitido aprovechar positivamente el concepto de la economía a escala y...
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Le resta un minuto, señor diputado.
El señor RECONDO.-
Perdón, señora Presidenta. ¿Por qué un minuto? El acuerdo fue terminar el Orden del Día con la participación de los diputados inscritos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Sí, pero por cinco minutos. Le queda un minuto.
El señor RECONDO.-
Señora Presidenta , creo que no fue ése el acuerdo. Pero, en fin, trataré de acotar mi intervención.
En este mercado, la discriminación arbitraria se traduce en condiciones que se otorgan a ciertas farmacias o compradores, que son distintas y claramente poco transparentes y que la actual legislación y los tribunales han sido incapaces de detectar, a pesar de muchas presentaciones hechas por distintas farmacias a las comisiones preventivas o resolutivas.
Sin embargo, en la Cámara de Diputados, en 1993, se constituyó una comisión especial investigadora del mercado farmacéutico en Chile, y en ella se llegaron a algunas conclusiones muy claras. En una se dice que se pudo detectar la existencia de conductas discriminatorias de unos cuantos laboratorios en su trato con las farmacias, donde algunas tienen acceso a listas de precios privilegiadas, como en el caso de las cadenas, distintas de las que se ofrecen a las demás.
Adicionalmente, en otra de las conclusiones de esta comisión investigadora se constató que el decreto ley Nº 211 o ley antimonopolio, que creó la Fiscalía Nacional Económica, no contiene tipificaciones de conductas desleales, lo que limita considerablemente la aplicación de sanciones por parte de este organismo.
Además, esta comisión investigadora formuló algunas proposiciones y, entre ellas, leo textualmente: La modificación del decreto ley Nº 211, sobre libre competencia, a fin de que sus disposiciones garanticen la efectiva transparencia en el mercado farmacéutico.
Estas modificaciones deben plasmarse en, a lo menos, lo siguiente: tipificación precisa de las conductas punibles que atenten contra la libre competencia. Esto debe concretarse en la incorporación de un párrafo, en el decreto ley Nº 211, que tipifique las prácticas desleales.
En mi opinión, la razón por la cual no se ha podido regularizar la situación del mercado farmacéutico, que ha generado daño a algunas empresas, ha sido por un problema de los tribunales. Actualmente existe un acuerdo entre el Ejecutivo y el Parlamento en el sentido de tramitar, a la mayor brevedad, la generación del tribunal económico, el cual me parece que será competente para resolver favorablemente las arbitrariedades que se quieren tipificar con mayor precisión en este proyecto de ley.
Los beneficios de la libre competencia apuntan directamente al consumidor. En el caso de la discriminación, en los distintos mercados de las grandes farmacias se ha beneficiado con los bajos precios a una masa consumidora muy considerable. Igual situación se ha presentado en los supermercados y en otros lugares.
Por esta razón y teniendo en consideración que el decreto ley Nº 211 favorece y protege la libre competencia, sólo estoy de acuerdo en tipificar, en el artículo 2º, la conducta de discriminación arbitraria para permitir que los actuales tribunales, las comisiones resolutivas, tengan una herramienta adicional para poder intervenir y corregir las imperfecciones que se han comprobado en el mercado farmacéutico en Chile.
Por ese motivo, votaré favorablemente el proyecto de ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Juan Bustos.
El señor BUSTOS (don Juan).-
Señora Presidenta, está bastante claro que todos estamos por la defensa de la competencia, pero no podemos entenderla como la violencia de todos contra todos, sino que dentro del marco de la modernidad, es decir, dentro del estado de derecho, dentro de las regulaciones propias de un estado de derecho.
Eso ha permitido todo un desarrollo desde el siglo pasado hasta ahora, especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, con el planteamiento, en primer lugar, de la protección de la libre competencia como algo esencial para que pueda darse la competencia. Aquí la libertad aparece como esencial. En esa dirección está el decreto ley Nº 211.
Pero el desarrollo posterior respecto de la protección de la competencia no se detiene sólo en los aspectos de la libre competencia. Como señaló muy bien el Diputado señor Tuma -nadie puede discutir que en Estados Unidos se protege la competencia y la libre competencia y que están todas las regulaciones que van en la dirección de la limpia y transparente competencia-, también la igualdad de oportunidades es fundamental para los efectos de proteger la competencia.
Si no hay igualdad de oportunidades para intervenir en el mercado, tampoco tenemos libre competencia ni competencia. Por eso hoy resultan esenciales los conceptos de limpia y de transparente competencia, los cuales, por ejemplo, se han profundizado mucho en la ley de valores, donde las modificaciones van dirigidas no sólo a proteger la libre competencia en la materia, sino que también la limpia y transparente competencia.
Para la época actual, este decreto ley es deficiente y defectuoso en razón de los nuevos planteamientos de profundización en la protección de la libre competencia. Por eso aparece sumamente conveniente la modificación propuesta por el artículo único, tanto en relación con la letra f) del artículo 2º como con la introducción del artículo 2º bis.
Tanto en la letra f) nueva como en el artículo 2º bis se contemplan aspectos que en modo alguno están contenidos en el decreto ley Nº 211, justamente, porque miran a la igualdad de oportunidades, a que no se afecte la competencia desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades por ninguna circunstancia: ni porque la persona tiene otra ideología, es de otra raza o pequeña en su capacidad.
Es decir, hay aspectos de igualdad de oportunidades que afectan exactamente igual a la competencia y a la libre competencia.
La transparencia, que aparece muy clara en el artículo 2º bis -es decir, que la información en el mercado debe ser completa, veraz y para todos los participantes-, resulta fundamental también para la competencia, para los efectos de la igualdad de participación en el mercado.
Por ello estimo muy adecuado el proyecto y sólo, al igual que el Diputado señor Hales , firmé una indicación con el objeto de precisar más la idea de la perspectiva de la limpia y transparente competencia, con el objeto de sustituir la expresión “arbitraria” por “abusiva”, justamente, porque se trata de eliminar los aspectos abusivos.
Ya en las leyes monopólicas se eliminaron -y así está desde sus orígenes- los acuerdos abusivos; es decir, aquellos que excluían a otros del mercado de alguna manera y que, por lo tanto, perjudicaban la competencia.
El proyecto está en esa dirección y creo que todos unánimemente deberíamos votarlo, sin que existan diferencias. Digo esto al Diputado señor Dittborn.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Gonzalo Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señora Presidenta , son muy apreciables las palabras pronunciadas por los Diputados señores Hales , Juan Bustos y Maximiano Errázuriz ; sobre todo las de los dos primeros, porque resulta curioso ver que quienes hasta no hace mucho tiempo eran contrarios a la libre competencia, a la economía de mercado, hoy se proclaman como sus más decididos defensores. Pero corren un riesgo similar a las personas que aprenden a manejar muy tarde: siempre se nota. En este caso, los cuidados del sacristán pueden terminar por matar al señor cura.
Este excesivo celo por cuidar la economía de mercado y la libre competencia tiene bemoles que es necesario destacar e impugnar.
Creo que, como regla general, se impone la racionalidad que debe existir entre quienes venden y quienes compran. Siempre hay excepciones patológicas negativas; pero, muchas veces, por tratar de remediar esos casos malignos, se termina por liquidar el sistema; es decir, el remedio resulta peor que la enfermedad. Ser fiel a los clientes es un principio de sana administración de las empresas -comprendido por cualquier persona, sin que haya tenido que ir a la universidad para ello-, y una buena venta no se reputa como tal mientras no sea seguida por otras, de manera que una persona llegue a ser cliente habitual de un determinado proveedor.
Por eso, es mucho mejor -aunque no sea perfecto- entregar a compradores y vendedores la decisión de determinar los precios, las condiciones y los plazos respectivos. Está claro -ello se advierte en la administración moderna de negocios- el sentido de sociedad -lo que los norteamericanos llaman “partnership”- entre compradores y vendedores, entre clientes y proveedores, de modo que se dan cuenta que están en un mismo negocio.
Por eso, en la medida en que haga pender sobre los productores una espada de Damocles, este proyecto terminará por afectar a los clientes y a los consumidores; sobre todo, rematará en lo que terminan muchas de estas regulaciones que se proponen y que se votan con la mejor buena fe: en un crecimiento de la burocracia destinado a vigilar la libertad. Como decíamos recién al tratar el proyecto aprobatorio de la Convención contra la corrupción, se generan nuevas oportunidades de corrupción, y en la medida en que existan estas burocracias, los precios y las condiciones serán discutidas con ellas -con la consiguiente corrupción-, en vez de ser discutidas libremente en el mercado.
Por eso, considero conveniente rechazar el proyecto.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Cerrado el debate.
En votación general el proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 16 votos. Hubo 3 abstenciones.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Aprobado en general el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
Leay,
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El proyecto vuelve a la Comisión de Economía para segundo informe.
-El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:
Al artículo único
Letra a)
-De los señores Juan Bustos y Hales para sustituir en la letra f), nueva, que se propone para el artículo 2º, la palabra “arbitraria” por “abusiva”.
VII. HOMENAJE
HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON PEDRO VIDELA RIQUELME.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
A continuación, corresponde rendir homenaje en memoria del ex Diputado señor Pedro Videla Riquelme, recientemente fallecido.
Se encuentran presentes en las tribunas la señora Mónica Maldonado viuda de Videla, su hijo, familiares y amigos.
En representación de la Cámara, los saludo y les entrego nuestro reconocimiento.
Tiene la palabra el Diputado señor Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS (de pie).-
Señora Presidenta , honorables colegas, tengo el honor de rendir homenaje a una gran persona, a un hombre bueno, comprometido medularmente con los principios del Cristianismo.
Pedro Videla Riquelme fue integrante de la Cámara de Diputados en forma ininterrumpida durante veinte años: desde 1953 hasta 1973. Llegó a ser Vicepresidente de la Corporación y por sus cualidades humanas recibió el afecto de sus colegas, sin distinción de posiciones políticas, así como también el de los funcionarios.
Muy joven se vinculó al servicio público. En 1951 fue elegido regidor por San Bernardo , en representación de la Falange Nacional. En esa oportunidad, compartió sus funciones municipales con otras dos personas que más tarde, con dispares posiciones, también destacaron en el acontecer político de nuestro país: Hugo Gálvez Gajardo y Juan Acevedo Pavez.
A partir de 1953, la ciudadanía del entonces cuarto distrito de Santiago, integrado por las antiguas provincias de Maipo, San Bernardo , Melipilla y San Antonio , lo eligieron diputado en cinco períodos consecutivos.
Su mensaje y acción marcaron de manera profunda, desde la juventud, a toda una generación que vio en su liderazgo e ideales una forma de compromiso efectivo con la justicia para los más desposeídos y humildes de nuestra sociedad.
Formó parte de esa generación que, a la luz del Evangelio, adoptó un compromiso para desarrollar la acción política. En esas tierras, individualizadas por el cerro Chena , la maestranza de ferrocarriles, el río Maipo, la cuesta de Chada, la laguna de Aculeo, los campos de Viluco y la generosa tierra de Valdivia de Paine, fue plasmando sus ideales junto a otros jóvenes sanbernardinos, cuando la humanidad sufría el impacto de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas. Era un grupo compacto, y Pedro Videla era uno de ellos. Otro de los que asumía con fuerza el mismo compromiso era Patricio Aylwin ; uno de los menores, su hermano Andrés.
Desde temprano, Pedro Videla mostró cualidades y sensibilidades especiales. Sus amigos de juventud lo recuerdan como un gran trabajador. Invencible, pese a que recién terminaba las humanidades, tenía condiciones de gran poeta. Así, como poeta laureado, dirigiéndose a la reina de las fiestas de la primavera, se trenzó en memorables duelos poéticos con Elmo Rodríguez y Mario Arroyo , dos consagrados de entonces.
Deportista, con marcas destacables en salto triple y buen arquero de fútbol. Conocedor físico y social del mundo que lo rodeaba, y con gran espíritu de aventura para proyectarse hacia lo universal; pero, sobre todo, atesoraba lo sencillo de la vida.
Recuerdo la primera oportunidad en que escuché a Pedro Videla. Fue en una charla que dio a estudiantes del Liceo de Hombres de San Bernardo , a comienzos de los 60. Puso especial énfasis y logró hacernos entender a quienes lo escuchábamos la diferencia entre individuo y persona. Era un llamado a la solidaridad, a la responsabilidad social y a no dejarse arrastrar por el egoísmo. Era una invitación a cambios profundos en nuestra sociedad, para lograr mayores niveles de justicia. Un par de años después, no en una charla, sino en una conversación personal, pude ratificar que era un idealista, y fue precisamente ese idealismo el que le permitió atraer a su pensamiento político prácticamente a todos sus amigos de juventud, a quienes embarga una genuina emoción al recordar sus anécdotas, mensajes y amistad. Algunos de ellos hoy están presentes en esta sesión en que rendimos homenaje en la rama del Poder Legislativo a la que dedicó los mejores años de su vida.
En lo personal, recuerdo con especial gratitud sus consejos oportunos y sus muestras de constante amistad. De ello siempre fui tributario, no obstante que había dejado las filas de la Democracia Cristiana para fundar la Izquierda Cristiana. Un testimonio de esa actitud fue su generoso apoyo en la última campaña electoral, tal como anteriormente había sido tributario de ello Andrés Aylwin.
Pedro Videla no gustaba de las grandes concentraciones, a pesar de que era un orador de fuste. Prefería la conversación directa y distendida. Era una persona que uno sentía como interlocutora. Para él nada era más importante que las personas que en ese momento tenía en frente. Sin duda, uno de sus mayores adversarios era el sistema horario, porque ello conspiraba contra el diálogo sin límites de tiempo.
Fue valiente en la adversidad, y de ello es prueba su actitud ante los acontecimientos que vivió nuestro país en 1973. Junto a su esposa Mónica , no escatimó esfuerzos, enfrentando altos riesgos para ir en ayuda de aquellos que sufrían persecución y veían peligrar su integridad física. Así, dio muestras concretas de un rasgo sobresaliente de su personalidad: su generosidad, que fue acompañada en su vida por las virtudes de la sencillez y la humildad, con una claridad poco común para combinar sueños, aspiraciones y realidad.
Todo esto es lo que a Pedro Videla le permitió realizarse en el servicio público, no alejándose de la gente, compartiendo con autenticidad sus alegrías, esperanzas y penas. Esto explica por qué un hombre que -mirando las cosas con criterio tradicional- pudo avanzar en la política a posiciones estelares, no lo hizo, lo que implica una forma de renunciamiento.
Por eso, al hacer un recuento de la vida de Pedro Videla , se puede dar un claro sustento de lo que pudo ser y de lo que quiso ser. Eligió con decisión esto último, lo que marca un estilo político que es necesario tener en cuenta para atemperar nuestras conductas.
Sufrió intensamente con la ruptura de nuestra democracia y luchó con decisión por su recuperación. En 1990, su compañero de ideales de juventud, Patricio Aylwin , elegido Presidente de la República , le pidió que asumiera la Embajada de Chile en Marruecos. Fue su último cargo en el servicio público. Sin embargo, estuvo comprometido hasta el último momento con la pasión de su vida: la política, pero ésa con letras mayúsculas: la del servicio a sus semejantes.
Sus ideales también han marcado a su familia, a sus hermanas, a sus sobrinos. Cuarenta y dos años de matrimonio con Mónica Maldonado son un testimonio de compañerismo y amor. A ella y a su hijo Pedro, que hoy se encuentran en las tribunas, alcanza este homenaje. Su hija Paula, sin duda, reservó a su padre un lugar de privilegio junto a nuestro Señor, allá en la eternidad.
Pedro Videla tenía un claro concepto de la amistad y, en función de ella, sabía agradecer, entregar y perdonar. Hoy pareciera cobrar más fuerza esa frase de novela que se le escuchara reiteradamente: “Algún día nos juntaremos todos los amigos en la mesa redonda y nos miraremos de frente”. Él era de aquellas personas que no necesitaban esconder la mirada.
Nos honramos de haber rendido homenaje no sólo al ex Diputado y ex Embajador , sino a un amigo, a un gran ser humano que sabía entregar humanidad.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Alessandri.
El señor ALESSANDRI (de pie).-
Señora Presidenta , apenas han pasado unos cuantos días desde que rendimos homenaje a Humberto Palza , cuando nuevamente nos golpea la noticia de la partida a la eternidad de otro de los nuestros. Ha fallecido Pedro Videla Riquelme , diputado durante cinco períodos -como aquí se ha dicho- por el cuarto distrito de Santiago, que estaba compuesto por los departamentos de San Bernardo, Maipo , Talagante , Melipilla y San Antonio , de la provincia de Santiago.
Porque tuve el privilegio de ser no solamente su colega en ese hemiciclo, sino también su amigo, traigo hasta el seno de esta Corporación el testimonio de la gran calidad humana de Pedro Videla , de sus profundas convicciones democráticas, de su entereza cívica y de una condición de hombre de espíritu superior que no se da frecuentemente en nuestra actividad, de suyo áspera, absorbente y algo belicosa, que no nos deja mucho tiempo libre para las expansiones espirituales.
Pedro Videla era poeta y soñador. Amaba el arte en todas sus expresiones y se extasiaba ante el mensaje de otras épocas ya idas, que nos transportan en el tiempo y que nos deparan las cosas antiguas, las expresiones del arte que crearon hombres y mujeres de otros tiempos que también soñaron y buscaron belleza, armonía y elegancia.
De convicciones sólidas y firmes, defendía con entereza. No dejó jamás que el debate, por ardoroso que fuera, llegara hasta la expresión descalificadora del adversario. Pedro Videla era un caballero y su fina sensibilidad le marcaba una línea de conducta que hizo de él una valiosa herramienta de difusión y penetración de las ideas que sostenía y defendía con denodada pasión. Si hubiera vivido en otras épocas, seguramente se habría enrolado en las huestes de San Bernardo y habría corrido presuroso a liberar el santo sepulcro del dominio del Islam. Tenía el temple y el alma de un cruzado caballero.
Ahora que se ha ido, el recuerdo de su lucha y de su fina personalidad nos impacta dolorosamente, pero con su ejemplo nos estimula para perseverar en esta actividad parlamentaria, donde la confrontación de ideas y el análisis honesto y sereno de los diversos puntos de vista nos conducen al encuentro de metas que aseguren el porvenir de las nuevas generaciones en el incansable bregar por hacer patria, que es la razón suprema que nos inspira a todos los que aquí nos reunimos.
Señora Presidenta , aunque Pedro Videla ya no militaba en la Democracia Cristiana, en nombre de los diputados de Renovación Nacional y de la UDI, queremos dar el más sentido pésimo a nuestros colegas, porque él siguió siempre siendo un democratacristiano de corazón.
En iguales términos, queremos expresar a su distinguida esposa, Mónica Maldonado , a su hijo Pedro, a toda su familia y a los que lo querían de verdad, nuestra más profunda y sincera condolencia.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI (de pie).-
Señora Presidenta , estimados colegas, en esta oportunidad me ha correspondido rendir homenaje póstumo, en nombre del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, al ex Diputado don Pedro Videla Riquelme.
Este homenaje, más que recordar a don Pedro Videla , que al igual que nosotros representó a la ciudadanía en este hemiciclo, pretender rescatar para la memoria colectiva, la brillante trayectoria de un hombre y servidor público, a fin de dejar un testimonio de su trabajo y esfuerzo para ejemplo de las generaciones futuras.
Pedro Videla , como se ha dicho, nació en 1919, una época de grandes cambios en el país. Hijo de don Tomás Videla y de doña Clara Riquelme, nació en la localidad de San Bernardo, donde realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios, ya que más tarde debió trasladarse con su familia a la zona de Parral. Después, regresaría a Santiago para estudiar Derecho, en la Universidad de Chile, carrera de la cual egresó en 1944.
Fue durante sus años de universidad que don Pedro se interesó y demostró aprecio por la cuestión pública. Por lo mismo, en 1942, se transformó en uno de aquellos jóvenes que, con su espíritu innovador, formaron la Falange Nacional. Para entonces, no sólo estudiaba, sino que también cumplía labores como oficial del Registro Civil de San Bernardo , y dedicaba gran parte de su tiempo a su pasión, la poesía, con la cual ganaría importantes certámenes literarios en los más diversos puntos del país.
Por su gran vocación social se dedicó a impartir clases en el liceo nocturno de San Bernardo, a la vez que participaba como presidente de la Central de Trabajadores de su localidad y Vicepresidente de la Cámara de Comercio Minorista y también era integrante de varias organizaciones de jóvenes. Esta incesante actividad lo llevaría a ser elegido regidor por su comuna y, más tarde, diputado por la Agrupación Departamental de Melipilla, San Antonio , San Bernardo y Maipo , representación que mantendría por cinco períodos consecutivos. Durante ellos, se dedicó principalmente a los temas sociales, en especial a los del mundo del trabajo y los trabajadores, de quienes se sentía parte y representante ante el Parlamento. Además, cumplió importantes funciones como jefe de los comités de su Partido, la Democracia Cristiana, en nombre de quien desempeñó también la función de Primer Vicepresidente de la Cámara , en 1968.
Pedro Videla realizó una gran labor durante los años 80 para lograr la recuperación democrática del país y, debido a este quehacer, el ex Presidente Aylwin lo nombró embajador en Marruecos. Sus últimos días se desarrollaron en su ciudad natal, San Bernardo , donde era querido y respetado como un ciudadano ilustre.
Señora Presidenta, rindo este homenaje en nombre de la bancada del Partido por la Democracia y el Partido Socialista, y damos nuestras condolencias a su familia, amigos y camaradas de la Democracia Cristiana.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Abel Jarpa.
El señor JARPA (de pie).-
Señora Presidenta , distinguidos familiares, honorables colegas, rindo sentido homenaje, en nombre del Partido Radical Social Demócrata, y en el mío propio, a don Pedro Videla Riquelme , quien, como aquí se ha dicho, durante cinco períodos consecutivos ocupó un sillón en esta Corporación.
Militante de la Falange Nacional, que posteriormente se constituyó en la Democracia Cristiana, representó la Octava agrupación de los departamentos de Maipo, Melipilla , San Bernardo y San Antonio. Muchas de sus mociones se transformaron en leyes que beneficiaron especialmente a las municipalidades que todavía recuerdan su tiempo de regidor, a la infraestructura educacional, a la salud, como también a grandes opciones para los trabajadores.
Cuando era estudiante universitario tuve la oportunidad de conocerlo en amables tertulias en la casa del ex parlamentario Carlos Sívori , junto a colegas de ese entonces, como don Renán Fuentealba , Miguel Jarpa y nuestro actual Diputado señor Luis Pareto. En ellas pude comprobar siempre su bonhomía y su alegría de vivir, en estas charlas donde no había prisa, donde había una discusión franca y amena, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de las diferencias políticas, siempre buscando la verdad y la confraternidad.
Don Pedro Videla Riquelme nació en San Bernardo. Estudió en la escuela pública y en el liceo de San Bernardo y, como se expresara aquí, egresó de la Escuela de Derecho en 1944. Se desempeñó como oficial civil, como profesor de Historia y Geografía, Economía Política y Educación Cívica, siempre comprometido con las ciencias sociales y con la juventud. Fue dirigente estudiantil, tanto en el liceo como en la universidad; regidor; escritor, galardonado en numerosas ocasiones por diferentes premios municipales; viajero empedernido que le permitió conocer prácticamente todos los países del mundo y culminó su carrera como Embajador de Chile en Marruecos.
Cuando se le preguntó, en una oportunidad, cuál era su vocación parlamentaria, él expresó: servir a los trabajadores de mi patria y del mundo, con toda mi voluntad, a pesar de mis limitados recursos. Creo que en esa frase podemos encontrar su generosidad, sencillez y humildad.
Vaya para su esposa, doña Mónica Maldonado , para su hijo Pedro, familiares, numerosos amigos, y al Partido Demócrata Cristiano, nuestro recuerdo y afecto en estos momentos de pesar.
Tal como lo hiciera en 1955 don Pedro Videla Riquelme , al despedir a un destacado líder Conservador de ese entonces, don Carlos Estévez Gazmuri , quiero finalizar con las palabras que como poeta dijo: “Dios que recibes a quienes te aman, a quienes te ignoran, aun a quienes te humillan, recibe a tu lado a quien durante la existencia fue un ejemplo de bondad”.
He dicho.
-Aplausos.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
En esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al ex Diputado don Pedro Videla Riquelme. Que en paz descanse.
VIII. PROYECTOS DE ACUERDO
PLAN DE EMERGENCIA PARA PREVENIR EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS POR VÍAS PÚBLICAS.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
El señor Prosecretario dará lectura al primer proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 76, de los Diputados señores Hales, Palma, don Osvaldo; García, don René Manuel; Núñez, Valenzuela, Diputada señora Muñoz, doña Adriana; Diputados señores Díaz, Villouta, Tuma, Mulet, Naranjo, Pérez, don José; Delmastro, Letelier, don Felipe; Rincón, Diputada señora Caraball, doña Eliana; Diputados señores Pareto, Vargas, Lorenzini, Correa, Muñoz, don Pedro; Sánchez, Jarpa, Venegas, Álvarez-Salamanca, Errázuriz, Jiménez, Diputada señora Allende , doña Isabel; Diputados señores Navarro, Martínez, don Rosauro; Ceroni y Rocha.
“Considerando:
1. Que son recurrentes y habituales en las grandes ciudades de nuestro país, especialmente Santiago, las emergencias, en períodos invernales normales, producto del rebase y colapso de los sistemas de alcantarillado que son inundados por las aguas lluvias que no son recogidas por un sistema para ellas;
2. Que a consecuencia de la intrusión de aguas lluvias en el sistema de alcantarillado -en tanto éstos operan por escurrimiento de las aguas y no por presión- emergen en diversos puntos de la ciudad aguas servidas que escurren libremente por la superficie de las calles y que, por el principio de vasos comunicantes, devuelven dichas excretas por las uniones domiciliarias de las viviendas, bloquean la evacuación de los artefactos sanitarios y rebasan con aguas con materias fecales sobre antejardines, patios y piletas;
3. Que lo anterior constituye un grave riesgo sanitario para la población, más aún cuando no se encuentra advertida de que el agua que escurre por las calles está contaminada con heces fecales y no adopta las medidas de prevención y resguardo correspondientes;
4. Que este problema tiene su origen en la ausencia de una adecuada red de aguas lluvias, así como en la incapacidad de los alcantarillados para recibirlas, por lo cual el decreto supremo Nº 267 del Minvu de 1980 prohibió -en ese entonces- la conexión de aguas lluvias a las redes de alcantarillado, estableciendo que cuando el alcantarillado público pertenezca a un sistema separado de las aguas pluviales éstas no podrán disponerse conjuntamente con las aguas servidas;
5. Que, de otro lado, tampoco se establecieron normas respecto a la evacuación de aguas lluvias ni se otorgó competencia sobre esta materia a ninguna autoridad, sin perjuicio de que en caso de colectores unitarios -esto es, los destinados a evacuar conjuntamente aguas lluvias y servidas- la Ley General de Servicios Sanitarios determinó que seguirían siendo explotados por las respectivas empresas sanitarias;
6. Que, en este contexto, y para superar la ausencia de autoridad responsable en este ámbito, en 1997 se dictó la ley Nº 19.525 que dispuso la responsabilidad para una red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de las aguas lluvias a cargo del Ministerio de Obras Públicas y una red secundaria de responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
7. Que esta normativa constituye ciertamente un avance en la solución futura del problema de fondo, no obstante no permite abordar adecuadamente las emergencias que se producen y seguirán ocurriendo hasta que los referidos sistemas estén en operación, lo cual por las inversiones demandadas y la magnitud de la proyección y construcción de las obras dentro de la ciudad no sucederá antes de 7 ó 10 años;
8. Que en este sentido, y para evitar el grave riesgo que significa el libre escurrimiento de aguas servidas, el deterioro de la salud y la degradación de la vida en ciudad, es necesario que el Ministerio de Vivienda elabore un Plan de Emergencia y disponga la proyección y ejecución de medidas inmediatas de aliviamiento de las aguas lluvia en los lugares donde al llover se produce la intrusión con rebase de los alcantarillados, estableciendo soluciones tales como las indicadas del estudio encargado por esa Secretaría de Estado denominado “Técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos”, de 1996, entre las cuales se pueden señalar, a título ejemplar, construcción de pozos absorbentes, colectores de alivianamiento, zanjas de drenaje o áreas verdes de desahogo;
9. Que, en función de lo anterior, es necesario que ese Ministerio se coordine con las respectivas empresas de obras sanitarias, a objeto de elaborar planos de las zonas y puntos críticos donde las aguas lluvias colapsan los alcantarillados, detectar los sumideros irregulares conectados a ellos e implementar las medidas de alivianamiento.
En atención a las consideraciones antes expuestas, los diputados que suscriben vienen en proponer el siguiente
Proyecto de acuerdo:
Oficiar al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo para que considere y disponga la elaboración de un Plan de Emergencia que prevenga e impida el escurrimiento de aguas servidas por vías públicas y la inundación a nivel domiciliario como consecuencia del colapso de los sistemas de alcantarillado que ocasionan las aguas lluvias, disponiendo la ejecución de medidas de aliviamiento. Asimismo, para que disponga que la elaboración de este plan se realice en coordinación con las respectivas empresas sanitarias -donde corresponda- a objeto de elaborar planos de las zonas críticas donde las aguas lluvias colapsan los alcantarillados y detectar los sumideros irregulares conectados a ellos”.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Hales.
El señor HALES.-
Señora Presidenta , el conjunto de diputados patrocinantes del proyecto de acuerdo, frente a la crítica y a la constatación de las dificultades de los problemas de la vida en ciudad, hemos formulado una propuesta para buscar una solución.
Así, hemos denunciado que, cuando llueve, en esta ciudad y en otras muchas a lo largo de Chile, como lo hemos dicho en esta Cámara con más detalles, se inundan los sistemas de alcantarillados, rebasándose las aguas servidas en las calles.
Esa situación tendería a resolverse de aquí a unos diez años en la ciudad de Santiago, cuando se puedan ver los resultados de la aplicación de la ley Nº 19.525, aprobada el año pasado, que vino a llenar un vacío legal, al disponer que los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas deben hacerse responsables de la recolección de las aguas lluvias.
Las ciudades pueden seguir esperando diez años, aceptando aguas lluvias en las calles, porque éstas provienen de las nubes, del cielo, pero no que se rebasen los alcantarillados.
Con el proyecto de acuerdo, queremos pedir que se ponga en práctica el trabajo que ya el Ministerio de Vivienda, con la asesoría de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, aprobó en enero de 1997, con el título de “Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos”.
Las normas del decreto que las contiene son de carácter indicativas y no resolutivas, razón por la cual no obliga al Ministerio de Vivienda a aplicarlas.
Mucha gente con la cual hemos conversado a propósito de estas inundaciones, nos han preguntado qué soluciones se están sugiriendo, porque los municipios no tienen recursos. Efectivamente, no los tienen y por eso pedimos que se pongan en práctica las técnicas de la zanja de drenaje, los pozos de infiltración, los pavimentos porosos, la técnica del pavimento celular, las zanjas con vegetación, los canales para drenaje urbano y distintas soluciones alternativas en una magnitud extraordinariamente eficiente, capaz de poner en práctica una fórmula de emergencia.
Ahora que no llueve, alguien dirá que no es el momento de discutir algo que es para otra situación climática. Justamente, éste es el momento y diría que la propuesta concreta del proyecto se resume en tres puntos:
1. Que las empresas sanitarias elaboren los planos de las zonas críticas. Emos, en Santiago, ya tiene algunas cosas detectadas. Es necesario ahora que en otras ciudades de Chile se señale cuáles son los lugares donde se están inundando los alcantarillados y devolviendo las materias fecales a las calles.
2. Que se indiquen cuáles son los sumideros irregulares, porque, ¡cuidado!, existen municipios que se enorgullecen del hecho de destapar los sumideros en invierno. Al parecer, no saben que cuando se destapan los sumideros, las aguas lluvias entran al alcantarillado y lo revientan más adelante.
3. Que se haga resolutivo el estudio mencionado, de manera que, antes que se ponga en práctica la legislación definitiva, tengamos al menos una solución para el alcantarillado.
He dicho.
La señora MUÑOZ , doña Adriana (Vicepresidenta).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la Diputada señora Eliana Caraball.
La señora CARABALL (doña Eliana).-
Señora Presidenta , junto con sumarme a lo señalado por el Diputado señor Hales , quiero decir que en un país como el nuestro, en que las catástrofes son parte de nuestro diario vivir y los recursos siempre son escasos frente a las necesidades, toda inversión que se haga para superar estas emergencias debe formar parte de la solución definitiva del problema de que se trata.
Así, en este caso, los colectores de alivianamiento, las zanjas de drenaje, los pozos absorbentes o cualquiera que sea la manera de enfrentar esta emergencia, ésta deberá ser estudiada y construida de tal manera que no haya que demolerla para dar paso a la solución definitiva, sino que se integre al plan de evacuación de aguas lluvias definitivo, cuando éste se construya.
De esta manera, uno de los puntos que señalaba el Diputado señor Hales como constitutivos de este proyecto de acuerdo, cual es el estudio de dónde se producen estas situaciones de emergencia, son muy importantes. Ello, porque los recursos que se pretende invertir deben formar parte de la solución definitiva.
He dicho.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no hubo quórum.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se va a repetir la votación.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
DICTACIÓN DE REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.
La señora MUÑOZ, doña Adriana (Vicepresidenta).-
Se dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 85, de los Diputados señores Longton, Galilea, don Pablo; Sánchez, Arratia y Orpis
“Considerando que:
1º El Gobierno no ha dictado el Reglamento establecido en el artículo 86 de la ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura.
2º El mencionado reglamento es aquel que debe establecer las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso de que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación.
3º La demora en la dictación de dichas normas precisamente provoca los daños que sus disposiciones evitarían de encontrarse en vigor. Es así como en la XI Región se sufrirá una disminución en la temporada 98-99 en aproximadamente un 11%, teniendo como principal causa el aumento de las enfermedades y epidemias en los salmones.
4º Por falta de regulaciones legales o reglamentarias, han sido los particulares y sus organizaciones gremiales los que mediante sugerencias y recomendaciones a sus asociados, han intentado preservar la calidad sanitaria de sus cultivos.
5º Lo señalado no ha sido comprendido por la autoridad, la que a través de la Comisión Antimonopolios, además de prohibir a los productores sugerir conductas para combatir las plagas, ha aplicado multas por lo anterior.
6º Representa una contradicción el tolerar la demora del Gobierno en no reglamentar y, por otra parte, aceptar el criterio de que la industria no pueda recomendar a sus asociados sugerencias que resguarden su patrimonio sanitario, requisito esencial para un sostenido desarrollo de la actividad acuícola.
La Cámara de Diputados acuerda:
Solicitar a su Excelencia el Presidente de la República requiera al Ministro de Economía y a la Subsecretaría de Pesca la dictación, en 60 días, del Reglamento establecido en el artículo 86 de la ley Nº 18.892, General de Pesca y Acuicultura”.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA (don Pablo).-
Señor Presidente , en virtud de no haberse dictado un reglamento sanitario, establecido en el artículo 86 de la Ley General de Pesca y tomando en consideración que ésta fue promulgada hace más de seis años, hemos patrocinado este proyecto de acuerdo para que el Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca lo establezcan en un plazo de 60 días.
La demora en la dictación de dichas normas ha provocado inconvenientes en el desarrollo de la salmonicultura en regiones como Aisén, que se traducen en un aumento creciente de epidemias y enfermedades, debido a la distribución de especies. De existir barreras sanitarias reglamentadas, podrían contribuir a preservar el patrimonio ambiental de regiones que tienen ese privilegio, como única ventaja comparativa para desarrollar industrias de este tipo.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Leopoldo Sánchez.
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente , simplemente quiero reforzar lo dicho por el Diputado Pablo Galilea.
Es importante destacar lo que hoy significa para el país el volumen de exportaciones y, dentro de él, el porcentaje en que participan los sectores agrícola, pecuario, forestal y acuícola, fundamentalmente el de la salmonicultura.
Si Chile quiere mantenerse en el esquema exportador de productos alimenticios, debe cuidar su imagen. De hecho, hay varios proyectos que apuntan en ese sentido, uno de ellos es la denominación de origen, que está en discusión en comisiones.
La imagen país se debe preservar e incrementar precisamente dando las herramientas y los instrumentos legales a las instituciones y servicios que pueden, de una u otra manera, otorgar seriedad a lo que significa la calidad, la genuinidad en algunos casos, el origen en otros, y la condición sanitaria.
Creo, en particular, que en el ámbito agrícola el Servicio Agrícola Ganadero ha tenido un rol destacadísimo en la apertura de mercados internacionales, precisamente por lo que ha significado la protección de ciertas áreas libres de enfermedades, el control de algunas y, en definitiva, en la sujeción de determinadas reglas en el intercambio de productos, tanto dentro del país como desde el país hacia el exterior, y la certificación de las mismas.
En ese mismo sentido, y demostrando una experiencia muy exitosa en dicho ámbito, la creciente actividad de la acuicultura, el cultivo del mar y de los recursos hídricos en general, en particular de la salmonicultura, de creciente importancia, debe ser capaz de generar toda una reglamentación que resguarde áreas libres de determinados problemas sanitarios.
Por lo tanto, me parece de absoluta pertinencia y necesidad, en aras de preservar y de valorar lo que es la imagen país y la respetabilidad de Chile como exportador, sancionarlo mediante este reglamento. Como ha dicho el Diputado Pablo Galilea, hace seis años que debiera haberse dictado o, por lo menos, en un tiempo prudencial, con el objeto de reforzar y hacer más aplicable el control sanitario dispuesto en la ley de pesca.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.
Ofrezco la palabra.
En votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
No hay quórum.
Se va a repetir la votación.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvo el Diputado señor
AMPLIACIÓN DE JORNADAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL Y ASIGNACIÓN DE RIESGO PARA SU PERSONAL.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
El señor Prosecretario dará lectura al siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ).-
Proyecto de acuerdo Nº 95, de la Diputada Sciaraffia, doña Antonella, y de los Diputados señores Silva, Mora, León, Velasco, Rincón y Ortiz:
“Considerando:
1º Que cada vez que una persona fallece es necesario certificar dicho hecho mediante una autopsia, siendo el Servicio Médico Legal, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, el ente facultado para realizar este trámite.
2º Que debido a que el Servicio Médico Legal no cuenta con los recursos humanos necesarios, los días sábados, domingos y festivos no existe órgano alguno que realice dicha autopsia.
3º Que en razón de lo anterior, los familiares de personas fallecidas en estas fechas deben enfrentarse a la penosa situación de no poder disponer de los cuerpos de sus difuntos hasta el día hábil siguiente.
4º Que esta situación ha sido aprovechada por empresas funerarias inescrupulosas que ofrecen los servicios profesionales de médicos que se desempeñan en el Servicio Médico Legal, quienes cobran por la prestación de un servicio que les corresponde de acuerdo a su función.
5º Que, en definitiva, se ven afectados los más pobres de nuestro país, toda vez que no cuentan con los recursos necesarios para pagar dichos servicios profesionales.
6º Que, por otra parte, los funcionarios del Servicio Médico Legal no reciben asignación de riesgo, no obstante las estadísticas demuestran la frecuencia de enfermedades físicas y psíquicas en el desempeño de sus funciones.
Venimos en presentar el siguiente proyecto de acuerdo:
Ofíciese al Presidente de la República , con el fin de que instruya a los Ministros de Hacienda y de Justicia con el objeto de que se destinen los fondos que sean necesarios para que al personal del Servicio Médico Legal se le pague una asignación de riesgo, y este organismo pueda prestar sus servicios los días sábados, domingos y festivos”.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra la Diputada Antonella Sciaraffia.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella).-
Señor Presidente , lo único que pretende el proyecto de acuerdo es sensibilizar al Ejecutivo para que entienda un problema que se presenta a la gente de escasos recursos.
Cuando fallece una persona durante el fin de semana, la familia, además de sufrir el tremendo dolor que significa perder a un ser querido, debe enfrentar el problema de que el cuerpo se mantiene en el Instituto Médico Legal hasta el siguiente día hábil, porque no atiende los fines de semana ni festivos, lo que resulta tremendamente doloroso. No es posible que en nuestro país no exista un mínimo de sensibilidad para resolver este problema.
Además, los funcionarios que laboran en los servicios médicos legales están expuestos a sufrir impactos de carácter psicológico y a afrontar riesgos sanitarios. A pesar de ello, no se les otorga la asignación de riesgo que sí perciben otros funcionarios públicos.
Por las dos razones expuestas, con el proyecto de acuerdo se solicita al Ejecutivo que entregue mayores recursos a los servicios médicos legales, tanto para que puedan funcionar los sábados, domingos y festivos, como para otorgar una asignación de riesgo a estos funcionarios que tanto la merecen.
Por ello, solicito a los honorables colegas aprobarlo por unanimidad.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , la Diputada señorita Antonella Sciaraffia , autora del proyecto de acuerdo, ha explicado claramente los problemas que se generan, en especial en localidades pequeñas, cuando fallece un miembro de una familia de escasos recursos. El fin de semana no existen médicos ni recursos para efectuarle la autopsia, y las personas afectadas deben sufrir doblemente desde el punto de vista emocional, primero por la autopsia y luego porque no pueden retirar los cuerpos de sus seres queridos y, para hacerlo, deben esperar hasta el lunes.
Por supuesto, me parece absolutamente lógico que el personal de sanidad tenga también un estímulo, porque se trata de un área bastante especial, por el riesgo de tipo sanitario.
Por lo anterior, votaré a favor el proyecto de acuerdo.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Para impugnar el proyecto, tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , la Diputada Antonella Sciaraffia ha planteado, con gran lucidez, un drama social. Diría que se trata de un escándalo público que existe en nuestro país, me refiero a la corrupción de muchos funcionarios del Servicio Médico Legal que cobran a las familias de escasos recursos treinta o cuarenta mil pesos por hacer la autopsia y entregar el cuerpo antes del día hábil siguiente. Aquí hay un tema que debe atacarse en el fondo y no por el camino propuesto.
Me opongo a la propuesta, porque no creo que el problema se resuelva con una asignación de riesgo. No es ése el tema, sino -a ello sí concurriría con mi apoyo- que el Ministerio de Justicia, de una vez por todas, porque se le ha planteado el problema en reiteradas ocasiones en proyectos de acuerdo, asuma con el director nacional del Servicio Médico Legal que hay situaciones irregulares en la gran mayoría de los hospitales del país, donde las personas que tienen esta responsabilidad -no es que no trabajen; lo hacen- coimean y cobran en forma escandalosa a la gente de bajos ingresos. Disculpe que me exprese en estos términos, señor Presidente , pero aquí se trafica con el dolor de esas familias. Ése es el tema de fondo.
Hace poco hubo una denuncia al respecto, pero se declaró culpable al auxiliar del servicio, en circunstancias de que el problema es que el Ministerio de Justicia debe reformar el Servicio Médico Legal, asignarle recursos para que las personas trabajen en condiciones dignas y asegurar que haya médicos de turno que no cobren a las familias de bajos ingresos cuando deben hacer una autopsia si la muerte ha sido causada por un accidente o por alguna circunstancia que amerite ese trámite.
No creo que la situación se resuelva a través de la entrega de fondos para establecer una asignación de riesgo, porque eso tiende a distorsionar el asunto. El problema fundamental, planteado por la Diputada Sciaraffia , es el abuso que se comete con la gente. Por lo tanto, deberíamos redactar otro proyecto de acuerdo que apunte en esa dirección.
Esta iniciativa podría constituir un avance para la solución de otros problemas, pero no el relativo a las condiciones de trabajo ni a la falta de implementos en el Servicio Médico Legal. Daríamos una señal errónea a la comunidad nacional si dijéramos que a través de este mecanismo se resuelve la situación, lo que no ocurrirá hasta que se garantice la existencia de personal de turno en los hospitales las 24 horas del día, sábados, domingos y festivos; es decir, este tema no se solucionará a través de una asignación de riesgo, sino mediante la creación de cargos para ese fin.
Señor Presidente , por su intermedio concedo una interrupción a la Diputada señorita Sciaraffia.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Su Señoría sabe perfectamente bien que, de acuerdo con el Reglamento, no se pueden conceder interrupciones.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente , con el acuerdo unánime de la Sala, usted puede conceder una interrupción. Creo que todos tenemos un mismo propósito.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Antes de eso, pido el asentimiento unánime de la Sala para votar ahora el proyecto de acuerdo.
Acordado.
¿Habría acuerdo para conceder la palabra a la Diputada Antonella Sciaraffia?
No hay acuerdo.
En votación.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Se abstuvieron los Diputados señores:
IX. INCIDENTES
MEDIDAS DE APOYO EN FAVOR DE COMUNAS CON MAYOR CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Oficios.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Zarko Luksic hasta por cinco minutos.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente , los altos índices de contaminación del aire en el Gran Santiago no tienen efectos similares en todas las comunas que integran la Región Metropolitana.
No obstante contener en su territorio comunal pocas fuentes fijas y móviles, Pudahuel tiene, en forma casi permanente, los más altos índices de contaminación del aire. Esta situación, sin lugar a dudas discriminatoria e injusta, es provocada por la ubicación geográfica de la comuna y por el ir y venir de los vientos que perjudican a los vecinos que residen en Pudahuel. Por esa razón, en los consultorios y centros de salud se agolpan las madres con niños afectados por graves trastornos respiratorios.
Cuando existe este tipo de discriminaciones, el Estado se preocupa de establecer mecanismos para equilibrar situaciones como la señalada. Por ejemplo, el Fondo Común Municipal y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tienen como finalidad, precisamente, ir en ayuda de aquellas comunas que no reciben los ingresos necesarios para solventar los gastos de apoyo e infraestructura en sus respectivas comunas. Por ello, sugiero crear un fondo de solidaridad medioambiental u otro instrumento que vaya en beneficio de comunas como Pudahuel y otras que, a pesar de no generar las principales fuentes de contaminación, sí son afectadas por las razones enunciadas.
Por tanto, solicito que se oficie al Ministerio Secretaría General de la Presidencia y a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para que informen qué instrumentos de compensación y de equilibrio solidario se están aplicando en beneficio de las comunas que reciben con mayor impacto la contaminación atmosférica, y en caso de que no hubiere dicho instrumento, que informen sobre la eventual creación de alguno de ellos.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Ortiz , Ojeda , Navarro , Reyes y Villouta.
A los demás señores diputados que deseen adherir al oficio, les ruego entregar su nombre al Secretario.
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RADIOAYUDA EN AEROPUERTO DE OSORNO. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , el equipo ADF, automatical direction fly, de radioayuda para la aproximación y aterrizaje de los aviones en el aeródromo de Cañal Bajo, en Osorno, se encuentra en malas condiciones.
Tenemos el triste privilegio de contar con el aeropuerto más atrasado del país en este tipo de instrumentos. La falta de equipos modernos origina problemas en el aterrizaje, sobre todo en días de lluvia y nubes bajas. En repetidas oportunidades los aviones han debido desviarse hacia el aeropuerto El Tepual, en Puerto Montt, con las consiguientes molestias e incomodidades de los pasajeros, la pérdida de tiempo que altera sus programas y compromisos, y los gastos excesivos que esas situaciones significan para las empresas aéreas.
La cantidad de pasajeros ha aumentado en forma considerable y el desarrollo de la zona necesita de estos vuelos. Por ello, es imprescindible instalar un equipo moderno: un VOR, sistema de alineación en la pista, instrumento preciso que permite el acercamiento y aterrizaje de los aviones con facilidad y sin problemas para el aeropuerto. Incluso los aviones pueden aproximarse sólo con el uso de dichos instrumentos. Esto permite operar a las líneas aéreas en condiciones IMC, vuelo en toda condición, y vuelos IFR, instrumental fly rules, lo cual es una garantía y seguridad para las líneas aéreas y los pasajeros.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Defensa Nacional para que recabe de la Dirección de Aeronáutica Civil el pronto envío del sistema de radioayuda para la navegación aérea VOR, que ya he señalado, al aeropuerto de Cañal Bajo, en Osorno.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Reyes, Delmastro , Ascencio , Ortiz , Silva , Pablo Galilea , Felipe Letelier , Vilches y de todos los que se acerquen a la Mesa para entregar su nombre al señor Secretario.
CIERRE DEL DIARIO “LA ÉPOCA”. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Velasco hasta por cinco minutos.
El señor VELASCO.-
Señor Presidente , al cabo de 128 días de esfuerzo por encontrar una solución a su cuadro de crisis financiera, “La Época” ha dejado de circular. La edición del viernes 24 de julio fue la última que se distribuyó en el país.
Durante el período de extrema dificultad que se inició el 19 de marzo pasado, los trabajadores tomaron la firme decisión de asumir su gestión temporal. Sostuvieron múltiples conversaciones con el objeto de encontrar un socio estratégico que les permitiera abrir una nueva etapa de proyección y desarrollo. Lamentablemente, sus intentos fracasaron.
Es tremendamente doloroso tener que referirnos en esta oportunidad al cierre definitivo de un medio de comunicación con el cual los demócratas de Chile nos hemos sentido tan profundamente identificados desde hace más de once años.
En este contexto, la desaparición de “La Época” es una de las noticias más amargas del período de transición. Por todo lo que este hecho significa, no podemos silenciar nuestra amargura y desconcierto ante lo ocurrido, al igual como nos sucede con los medios de comunicación “Apsi”, “Análisis”, “Cauce” y “ Fortín Mapocho ”, que fueron paladines del retorno a la democracia.
Todos fuimos testigos de la proeza periodística que significó la aparición de este diario, inspirado en un concepto muy profundo de pluralismo e independencia, que, a partir del 18 de marzo de 1987, dio testimonio de su consecuencia con los principios que le dieron origen.
Su breve historia la conoce y la aprecia la opinión pública, justamente porque fue una experiencia novedosa, basada en valores éticos intransables, el principal de los cuales era ser expresión y tribuna de todas las ideas y de todas las opciones en los diversos campos del quehacer nacional e internacional.
Por eso, no es raro que cuando se conocieron sus dificultades, desde todos los sectores de la vida nacional surgieron voces de aliento a sus periodistas y de simpatía por la trayectoria de ese prestigioso medio de comunicación.
Éste no es el momento para recordar las variadas etapas de esta verdadera epopeya periodística, de vistosa presentación, redactado con pulcritud, y ajeno al sensacionalismo malsano y a la tergiversación.
“La Época” marcó pautas muy señeras que ahora añoraremos. Aunque en su equipo fundacional figuran personas con identidad política, que en lo personal nadie negó, su compromiso de no ser un diario partidista, sectario o de una visión unilateral lo cumplió sin tregua ni renunciamiento.
Es sabido que en la sociedad que se creó para fundar el diario “La Época” figuraron personas de la más variada gama política y que sus representantes en el directorio de la empresa tuvieron la digna actitud de no interferir en la línea periodística, que fue conducida con un profundo sentido profesional, dedicada a dar todas las informaciones en su más amplia dimensión, abriendo espacio a temas de importancia cada vez más crecientes en nuestra prensa, como el de la cultura o el tratamiento pluralista y no egoístamente interesado de los asuntos relativos a las múltiples expresiones de la vida democrática. Las actividades de los partidos, de las organizaciones empresariales y gremiales, así como la de los grupos de participación ciudadana, tuvieron en ese diario un tratamiento acogedor, desprejuiciado y respetuoso. Por mucho que “La Época” expresara sus opiniones editoriales con valentía y convicción, es preciso reconocer que sus páginas estuvieron abiertas con generosidad a las expresiones de todas las corrientes del pensamiento. Con razón algunos distinguidos colegas señalaron que el diario que ahora ya no está con nosotros fue “un fogón democrático”. Como tal, y siguiendo las ideas que impulsaron su nacimiento, eliminó de su estilo toda forma tendenciosa que, por desgracia, a veces es bastante frecuente en otro tipo de periodismo.
He querido decir estas palabras como un reconocimiento ciudadano a un esfuerzo periodístico que quedará grabado en la historia de nuestra recuperación democrática con el sello indeleble de la altura de miras y de la consecuencia. Es triste que las leyes crueles del mercado, que no siempre aprecian el enorme valor de estos testimonios, hayan impedido que este excelente diario pudiese continuar editándose.
Como antiguo lector y ocasional colaborador de sus respetables páginas, deseo dejar constancia de mi sincero homenaje a quienes, a través de estos años, hicieron posible la supervivencia de “La Época”.
Solicito que mi discurso sea enviado al último director de este importante medio periodístico nacional.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se procederá según lo solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Núñez , Ascencio , Ortiz , Reyes, Felipe Letelier , Vilches , Vargas , Joaquín Palma , Navarro y de quien les habla.
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 19.265 RESPECTO DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS COMUNALES EN OSORNO Y LLANQUIHUE. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes por cuatro minutos.
El señor REYES.-
Señor Presidente , en 1993 se promulgó y publicó la ley Nº 19.265, a cuya aprobación adherimos y concurrimos con nuestros votos, por la cual se autorizó a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para invertir hasta 9 millones de dólares en la adquisición de equipos y maquinarias para complementar la dotación destinada a la conservación de caminos comunales en las Regiones Octava, Novena y Décima.
La misma ley dispuso que dichos equipos y maquinarias serían distribuidos, por partes iguales, en las respectivas direcciones regionales de vialidad, las que, a su vez, procederían a entregarlos en comodato a las corporaciones sin fines de lucro que entre sus funciones tuvieran las de dedicarse a la conservación de caminos comunales. Además, dispuso que correspondería a la Dirección de Vialidad establecer las normas y asesorar y controlar, en los aspectos técnicos, el uso de los implementos entregados a las corporaciones.
En 1994, por decreto supremo Nº 214, del Ministerio de Obras Públicas, se procedió a reglamentar la citada ley, estableciendo las exigencias a que deberían ajustarse las corporaciones para su constitución y las condiciones a cumplir para recibir las maquinarias en comodato.
El hecho es que dicha ley y la posibilidad de solución que ofrecía la permanente demanda de los sectores rurales por la conservación de los caminos comunales y vecinales, despertaron grandes y justificadas expectativas, en el sentido de que podrían contar con importante apoyo para la satisfacción de dicha necesidad. Sin embargo, ello no ha ocurrido en la práctica y es una situación reiterada recibir opiniones críticas respecto del quehacer de las corporaciones viales, particularmente de las constituidas en las provincias de Llanquihue y Osorno, las que provienen de autoridades comunales, de dirigentes de organizaciones y de habitantes de las localidades rurales.
Valorando y reconociendo el positivo fundamento y origen de la ley, se hace necesario evaluar el cumplimiento de los objetivos que se tuvieron en vista para aprobarla, como también fiscalizar su correcta aplicación, toda vez que se trata de importantes recursos públicos destinados a atender una necesidad prioritaria de las comunidades rurales de las regiones beneficiadas.
Señor Presidente , para lo señalado, le solicito se sirva disponer que se oficie, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas , a objeto de que se sirva informar sobre lo siguiente:
1º Corporaciones viales constituidas en la Décima Región y dotación de equipos y maquinarias entregadas a cada una, en especial a las corporaciones de las provincias de Llanquihue y Osorno.
2º Cumplimiento dado por las corporaciones y la Dirección de Vialidad a los artículos 2º al 7º del decreto Nº 214, del Ministerio de Obras Públicas, y respectivos antecedentes demostrativos.
3º Evaluación del Ministerio respecto de la ley y de su aplicación, proyectos de conservación de caminos ejecutados y programados, y recursos destinados a tal objetivo.
4º Fiscalización que ejerce el Ministerio, a través de la Dirección de Vialidad, a las corporaciones de Llanquihue y Osorno para el correcto uso de los equipos y maquinarias asignados a las mismas, como también para su adecuada mantención técnica.
5º Convenios suscritos por las corporaciones de Llanquihue y Osorno con municipalidades, corporaciones similares u otras entidades públicas y privadas, y resultados de los mismos.
6º Por último, todo antecedente que permita una visión completa y objetiva respecto de la aplicación de la ley Nº 19.265, del funcionamiento de las corporaciones y de los resultados obtenidos como consecuencia de la vigencia de dicho cuerpo legal.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión del Diputado señor Felipe Letelier.
ALCANCE SOBRE MEDIDAS COMERCIALES PROTECCIONISTAS DE ESTADOS UNIDOS. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable Diputado señor Gustavo Alessandri por siete minutos.
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara, deseo hacer algunas consideraciones.
Ha llegado a nuestro país el excelentísimo embajador de los Estados Unidos, señor John O’Leary , quien deberá presentar sus cartas credenciales dentro de algunos días.
En la diplomacia moderna, el lenguaje directo y claro ha sustituido al circunloquio y al discurso de frases hechas y almibaradas. A su vez, la mera vida social, el cóctel, el baile y el sarao han sido sustituidos por la agencia comercial, velando el agente o embajador por que la competencia comercial -viga maestra para el mercado libre- sea lo más justa y eficiente con el país donde se está acreditado.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Señor Alessandri, le ruego que me disculpe por esta interrupción.
¡Llamo la atención al honorable Diputado Salas!
Puede continuar el Diputado señor Alessandri con el uso de la palabra.
El señor ALESSANDRI.-
Tenemos mucho que conversar en Chile con el excelentísimo señor embajador respecto de su futura misión en nuestro país, y por eso nos preocupa el grado de conocimiento que tenga de las vicisitudes de nuestros tratos comerciales, en los últimos años, entre su país y Chile, porque ellos no han sido todo lo felices que habríamos deseado.
El caso de las uvas envenenadas -que parece el título de una novela de Agatha Christie- será un garbanzo en el zapato para los productores nacionales, mientras se siga eludiendo el pago de una compensación legítima, de acuerdo con la ley internacional, el derecho de gentes y la ética comercial entre naciones libres y apegadas a la ley.
La calificación unilateral del “dumping” hace inexistente la libre competencia al declarar lesivos para el interés de una de las partes lo que no es sino el legítimo derecho de aprovechamiento, por parte de una nación, de una ventaja comparativa que, por razones estructurales de su economía, suelo o clima, le permite contar a su favor con un factor natural que mejora su competencia comercial. Por eso, es legítima la contrariedad que experimentan nuestros productores de salmones y hoy, también, los de champiñones.
Al comparecer ante el Senado de los Estados Unidos, el excelentísimo señor Embajador trazó un perfil de lo que sería su misión en Chile, en términos que no dejan lugar a dudas: ella será de prioridad comercial, con especial énfasis en la defensa de las empresas y productos estadounidenses.
Esta descarnada opinión -ante el Senado de su país- nos facilita en alto grado nuestro ánimo de conversar sin tapujos con el señor Embajador.
Nuestra Cancillería, y también los dirigentes gremiales involucrados, tendrán por fin un legítimo interlocutor que entiende que las relaciones comerciales entre los países trae propósitos claros de defensa de los intereses comerciales de la nación que representa y, a la vez, el propósito de hacer de este país un buen socio de los Estados Unidos.
Nosotros también queremos ser buenos socios del país del norte y hacia allá tiende nuestra adhesión tanto a la democracia como al libre mercado, que debe ser entendido como un régimen económico con vigencia dentro de las fronteras nacionales como fuera de ellas.
Entendemos la sociedad o asociación como un régimen bona fide, de buena fe, en que ambas partes se someten a reglas idénticas y estables, con estricto apego a la Organización Mundial de Comercio y sin la precariedad de los derechos de internación que se pueden alterar unilateralmente mediante arbitrarias sobretasas.
Deseo señalar también cómo es efectivo que un empresario, cuando es exitoso en la competencia con los Estados Unidos -la primera potencia del mundo, campeón de los derechos humanos-, en la producción y venta de muchos productos, y en especial de elementos bélicos o utilizables como instrumentos bélicos, es acosado por el poder militar, económico y político de esa nación, estigmatizado con acusaciones atroces que, sin embargo, no ameritan un juicio penal o civil en los Estados Unidos o en cualquier otro punto del globo, lo que racionalmente permite suponer que los hechos cuya autoría se le imputa, o son acusación falsa o no constitutivos de delito, sino sólo una competencia no deseada para la industria bélica norteamericana.
Porque, la verdad sea dicha, nuestro compatriota, don Carlos Cardoen , está anclado en Chile, inmovilizado por la amenaza de secuestro por los servicios político-militares de los Estados Unidos. El señor Cardoen ha pedido un juicio justo para dilucidar las tremebundas acusaciones orales norteamericanas sin conseguirlo. Un juicio en Chile sobre una extradición apegada a la ley chilena y de acuerdo con los usos y prácticas diplomáticas, que sería algo lícito, inobjetable y que garantiza que la acusación en su contra sería formulada de acuerdo y bajo el amparo de ley, le ha sido denegado.
Chile está en la obligación de hacer presente al nuevo Embajador de los Estados Unidos que a las uvas, los salmones y los champiñones se une esta desavenencia entre el verbo y la práctica, entre la arbitrariedad y el derecho. Nos interesa profundamente que el señor Embajador comprenda que solamente si llegamos a una convivencia sin recelos y temores de que se manejen arbitrariamente los factores que regulan el intercambio de productos entre las naciones y que no se continúe persiguiendo inicuamente a un nacional de nuestro país, se abrirá tanto a los Estados Unidos como a Chile un ancho sendero de cooperación y buenos negocios. Sería lamentable que no lo lográramos, pero las señales favorables deben venir más del lado del pecador que del penitente, del todopoderoso que del pequeño.
En este orden de ideas, le deseamos éxito en su misión al señor O’Leary, como también al nuevo embajador de Chile en Washington.
Para finalizar, ruego a su Señoría que transmita estas observaciones al señor Ministro de Relaciones Exteriores.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los Diputados señores Velasco , Ortiz , Ascencio , Núñez , Seguel , Fossa , Martínez, don Rosauro ; Delmastro , Vargas , Bertolino , Palma, don Osvaldo ; Letelier, don Felipe ; Correa , Ibáñez , Van Rysselberghe , Jaramillo , Leal y García-Huidobro.
INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN PROCESAL DEL ALCALDE DE PAPUDO. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Alfonso Vargas.
El señor VARGAS.-
Señor Presidente , el alcalde democratacristiano de Papudo fue declarado reo, sometido a proceso y ha estado preso acusado de malversación de fondos públicos. La decisión de someterlo a proceso la adoptó la titular del Juzgado del Crimen de La Ligua , jueza Liliana Contreras Retamal , tras estudiar la acusación, que por el delito indicado, interpusiera la Contraloría Regional.
Las versiones de prensa son contradictorias. Algunas, incluso, dicen que estaría preso por error, lo que haría más grave aún la situación.
Por lo tanto, solicito que se oficie a la Contraloría Regional de la Quinta Región para que informe respecto de este hecho.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
EXCLUSIÓN DE EX PARLAMENTARIOS, EN BENEFICIOS OTORGADOS A EXONERADOS POLÍTICOS. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Dentro del lapso que aún resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bertolino.
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente , esta Cámara conoció, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.234, que establece beneficios previsionales para exonerados por motivos políticos.
Esta iniciativa, al ser despachada en segundo trámite por el Senado, hizo extensivos a los parlamentarios los beneficios que se otorgan a través de ella a todos los exonerados de la Administración Pública, después del 11 de septiembre de 1973, sin otro requisito que el haberse encontrado en ejercicio de sus cargos a esa fecha.
Al pronunciarse la Cámara revisora sobre el proyecto en referencia, incurrió, a nuestro parecer, en una distinción injusta y discriminatoria para con un reducido número de parlamentarios que hasta el último momento de su interrumpido ejercicio estuvo luchando por los fueros del Parlamento y las libertades fundamentales que se vieron conculcadas mediante la violencia y hasta con el homicidio. Esas causales, entre otras, fueron desencadenantes de que se produjeran los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.
Quienes nos hemos preocupado de documentarnos sobre el período inmediatamente anterior a la intervención militar, junto a nuestros recuerdos de la anarquía que asoló a nuestro país y de la cual no escapó ningún rincón de Chile, por apartado que estuviera de la capital de la provincia en que vivíamos, tenemos claro que el Congreso Nacional estuvo a la altura de las circunstancias y alertó muy firme y honestamente al Presidente de la época de que su gobierno se dirigía inexorablemente al despeñadero, como también, desgraciadamente, el país.
Tan dramática y lesiva para los superiores intereses nacionales era la situación de encajonamiento, inmovilismo y anarquía en que se debatía el gobierno y la sociedad chilena, que el 23 de agosto de 1973, apenas dieciocho días antes del 11 de septiembre, esta Cámara tomó un trascendental acuerdo con sólo los votos de nacionales y democratacristianos, por el cual se declaró y denunció a la faz del país que el gobierno del señor Allende, legítimo en su origen, había pasado a ser ilegítimo por su ejercicio. Producido el derrocamiento del gobierno, ya incapaz de superar sus propias deficiencias para ejercerlo, el Congreso Nacional vio cerrar sus puertas y sus miembros fueron privados de su cargo, emolumentos y beneficios de todo orden.
El proyecto que nos ocupa, que indemniza a los exonerados de la Administración Pública por las mismas razones que se dieron para clausurar el Congreso, incluyó a los parlamentarios entre los beneficiarios. Al conocer el Senado este proyecto, no le formuló mayores observaciones, salvo una: excluyó a parlamentarios en actual ejercicio, pero que también lo fueron al 11 de septiembre de 1973, de los beneficios que otorga el proyecto en análisis, lo que no puede ser más injusto y falto de razón valedera. ¿Por qué este castigo para los contados senadores y diputados de hoy que también lo fueron en 1973, y que combatieron por la democracia y el sentido común defendiendo el porvenir de Chile?
Un viejo aforismo de derecho dice: “Donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.” Nada hay que justifique esta sanción para quienes han conservado la adhesión de sus antiguos electores y se cuentan hoy entre nosotros. Sólo nos diferenciamos en que ellos hicieron historia, y nosotros todavía no.
Por eso, habría procedido rechazar la indicación del Senado que deja al margen a unos cuantos parlamentarios de ambas Cámaras, no obstante que cumplen con todos los requisitos para el goce de los derechos que este proyecto confiere a los exonerados por razones políticas.
Como, por acuerdo de los Comités, no hubo debate sobre este asunto, no pudimos fijar nuestra posición en la Cámara y por eso lo hago ahora.
Por tal motivo, solicito que se oficie al Presidente del Senado y al Ministro de Hacienda para que tomen nota de lo que he expuesto.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría al señor Ministro de Hacienda , con la adhesión de los Diputados señores Vargas , Delmastro y Van Rysselberghe.
En el caso específico del Presidente del Senado , no corresponde hacerlo. Su Señoría puede hacerle llegar directamente su intervención.
INFORMACIÓN ACERCA DE COBRO DE PEAJE EN LOCALIDAD DE CAMARICO. Oficio.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA.-
Señor Presidente , el 1º de septiembre próximo se pone en funcionamiento el cobro de peaje en la localidad de Camarico, provincia de Talca, iniciándose así el sistema de concesiones de la ruta 5 sur en el tramo comprendido entre Talca y Chillán. Todo estaría muy bien si la ubicación de este peaje quedara efectivamente entre Chillán y Talca, pero la localidad de Camarico está situada al norte de Talca y, por consiguiente, los usuarios de la ruta 5 que viajan al norte de esa ciudad, o entre ella y Curicó, tendrán que pagar 1.200 pesos en ambas direcciones, sin que hasta el momento se hayan realizado los mejoramientos sustanciales para levantar el estándar de la carretera. Efectivamente, como algunos cruces para ingresar a Lontué, a Molina e Itahue permanecen iguales, constituyen un serio peligro para el flujo vehicular.
La gente está dispuesta a pagar un costo por un mejoramiento efectivo, porque, sin duda, permite un tránsito más seguro y, lógicamente, con menos riesgo de accidentes. El sistema de concesiones es bueno por esa razón y porque permite destinar más recursos al mejoramiento de los caminos vecinales, pero no se puede abusar y cobrar por trabajos que aún no se han efectuado.
Muchísimos estudiantes, que deben trasladarse entre diversas ciudades ubicadas al norte de la capital regional, tendrán que pagar un mayor costo por transitar, en circunstancias de que no ha habido ningún mejoramiento. Habría correspondido esperar que el tramo comprendido entre Santiago y Talca, que se acaba de licitar a un consorcio español por una cifra millonaria estuviese terminado, cosa que ocurrirá en dos o tres años más, y sólo entonces los usuarios de la Región del Maule gozarán de un beneficio efectivo. Ahora, están pagando injustamente por nada.
Por eso, solicito enviar, en mi nombre, un oficio al Ministro de Obras Públicas , para que señale por qué se ha comenzado a cobrar un impuesto en circunstancias de que no se está otorgando beneficio alguno a los usuarios.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
ANIVERSARIO DEL LICEO “ENRIQUE MOLINA GARMENDIA”, DE CONCEPCIÓN.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado señor Van Rysselberghe.
El señor VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente , a pocos años de la independencia de nuestro país, específicamente el 9 de agosto de 1823, se creó el Instituto Literario de Concepción, que hoy recibe el nombre de Liceo “Enrique Molina Garmendia”.
El próximo domingo, este establecimiento educacional estará de aniversario: cumplirá 175 años de historia, de tradición y de instrucción académica. Desde el siglo pasado hasta nuestros días, este liceo es un polo de desarrollo intelectual, moral y científico, que ha formado innumerables generaciones de jóvenes, quienes, desde su lugar de influencia, han aportado, y lo siguen haciendo, al desarrollo del país.
Cabe destacar que los rectores de este establecimiento han sido visionarios y emprendedores. Por ello, al amparo del Liceo “ Enrique Molina ” y bajo la dirección de don Francisco Fierro , se forma la Escuela de Derecho, que hoy es parte de la Universidad de Concepción. Asimismo, don Javier del Villar , rector del liceo entre los años 1888 y 1891, apunta desde aquel entonces hacia la preocupación descentralizadora, que aún nos caracteriza. Ya en esos años señalaba: “Juzgo que no sólo la zona central del país, sino también la boreal y la austral tienen derecho legítimo a que existan en su seno establecimientos idénticos al Instituto Nacional y aún, si ello pudiera ser, una universidad propia”.
Continúa don Javier del Villar : “La nación ha avanzado para que no sólo la capital sea el centro privilegiado dispensador de los conocimientos que han de formar a los abogados, médicos e ingenieros”.
El espíritu descentralizador, presente en todos los directores que a lo largo del tiempo han gobernado este notable liceo penquista, tiene otra expresión concreta en don Enrique Molina Garmendia , quien, en 1916, impulsa la creación del Bachillerato en Concepción, ¡única alternativa de formación profesional de este tipo, no radicada en la capital! Más tarde, este ilustre académico, junto a don Luis David Cruz Ocampo , crea la Universidad de Concepción, a la que desde 1935 dedica sus mejores esfuerzos, para lo cual don Enrique Molina tuvo que dejar la rectoría del liceo.
Por razones de tiempo, no me extenderé en destacar las cualidades de otros rectores del liceo “ Enrique Molina ”. Pero no puedo dejar de mencionar que en este establecimiento se ha forjado parte importante de la historia de Concepción.
No es casualidad que las inquietudes descentralizadoras se mantengan en el tiempo y se expresen en las distintas manifestaciones de la actividad social, cultural y económica de nuestra zona. Hoy, como en el pasado, Concepción mantiene su vocación regionalizadora. Seguramente por ello, el ex Presidente Aylwin eligió a Concepción para firmar la ley de regionalización. Tampoco es casual que los parlamentarios de las distintas bancadas de nuestra región adviertan, una y otra vez, sobre los peligros del centralismo. No es fruto del azar que en nuestra tierra haya nacido la Corporación para la Regionalización del Biobío, organización que reúne a notables personajes y cuya meta es lograr un desarrollo integral de nuestro país. Entre ellos, cabe destacar el esfuerzo de don Claudio Lapóstol.
Todas estas expresiones regionalistas, con claro sesgo descentralizador, no nacen de la nada ni son fruto de la fortuna; ello tiene una tradición histórica y educacional que lo sustenta. Esta tradición descansa en el liceo “Enrique Molina”, establecimiento al que, en este nuevo aniversario, no sólo debemos felicitar como un centro de formación, sino, además, por la contribución y esfuerzo realizado en la formación de un sentimiento de pertenencia de la comunidad con nuestra varias veces centenaria ciudad de Concepción.
Más que felicitar desde el hemiciclo al cuerpo directivo, a profesores, alumnos y apoderados del liceo “ Enrique Molina ”, por cumplir éste un año más, hoy quiero agradecer, en nombre de las personas que represento, a toda esa comunidad educativa por mantener vivas las tradiciones y el espíritu de un establecimiento que, teniendo sólidas raíces en el pasado, puede mirar con optimismo y confianza el futuro.
Vayan, pues, mis felicitaciones y agradecimientos a toda la gente que, de una u otra forma, es parte de esa gran institución educacional.
He dicho.
INCONSECUENCIAS EN DENUNCIAS DEL DIPUTADO ÁVILA.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Señor Presidente , en medio de las graves vicisitudes por las que atraviesa el Gobierno del país, sometido a cambios intempestivos e inconsultos de sus ministros más importantes; en medio de las restricciones que impone una crisis de carácter mundial, aumentada por la falta de previsión del propio Gobierno; en medio de una severa tensión en nuestras relaciones con Argentina, debido a la falta de consecuencia del Gobierno de esa nación en torno a sus compromisos respecto de la zona de Campo de Hielo Sur, para no señalar sino los problemas más acuciantes que enfrenta nuestra patria, el Diputado señor Nelson Ávila se encarga de revisar las cuentas de las Fuerzas Armadas y Carabineros y de sus miembros, a ver si puede encontrar una falla, por mínima que sea.
Los objetivos de su acción, dice él, son la probidad y la transparencia públicas. La verdad es que me parecen otros, más cercanos al enlodamiento de esas instituciones y la búsqueda de publicidad gratis.
La acción de este diputado recuerda la de aquellos otros personeros señalados en los evangelios, que gustaban de colar los mosquitos, pero dejaban pasar los camellos. ¿Cómo no va a ser irrisorio el escándalo y la polvareda levantados a propósito de algunas importaciones menores realizadas por personal de la Fuerza Aérea de Chile, bajo el rubro de pertrechos, si se las compara con otras realidades de despilfarro e ineficiencia, cuando no de escándalo, considerablemente mayores? Por ejemplo, la recaudación tributaria en Chile se ha duplicado en los últimos ocho años, pasando de 6.900 millones de dólares a 13.500 millones de dólares. Sin embargo, no se nota que los problemas del país se hayan atenuado.
Se aducirá que el exceso se ocupa en financiar el llamado gasto social. La salud estatizada, sin ir más lejos, que consumía mil millones de dólares en 1990, hoy consume 2 mil millones; pero la calidad, en vez de mejorar, empeora.
¿Dónde están, por otra parte, los 60 millones de dólares que se gastaron en exceso en el colector de Esval? ¿Dónde están los ministros que, como los generales Eitel von Mühlenbrock y Ettore Rossi , hayan renunciado por los casos de Refinería de Petróleo de Concón, Digeder , Serviu Concepción, Codelco , Dipreca y tantos otros? Los 500 millones de dólares anuales que nuestro país destina a educación superior estatizada ¿estarán todos bien gastados?
Es cierto que a los mosquitos también hay que colarlos y eliminar toda falta de probidad; pero ello sin olvidar dónde están los verdaderos problemas del país y las grandes fuentes de corrupción.
Los enclaves socialistas que aún quedan en nuestra patria y que son muchísimos y muy grandes, constituyen, sin duda, el lugar predilecto para que la corrupción siga creciendo.
Por eso, me permito dudar acerca de la finalidad de denuncias como las del Diputado Ávila , que más parecen cortinas de humo que efectiva preocupación por la moralidad pública.
Las Fuerzas Armadas, principalmente, pero también las de Orden, constituyen la columna vertebral de la nación y nunca podremos agradecerles en forma suficiente lo que han hecho por el país. Sin embargo, en vez de dedicarse a robustecerlas y a dotarlas de los medios materiales y humanos para que puedan cumplir cabalmente con su misión, la Concertación de partidos que nos gobierna ha elegido el camino de debilitarlas y de cercenarlas en su capacidad operativa.
Por el bien, la dignidad y la seguridad del país y de sus habitantes, es hora, por una parte, de alterar esta mala política y de cambiar radicalmente su rumbo, y, por otra, de gastar esfuerzos como los del Diputado Ávila en enderezar los curcos de verdad que crecen en el país; y para encontrarlos él no necesita sino mirar la viga en el ojo propio y no tanto la paja en el ojo ajeno.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Ha concluido el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente.
CREACIÓN DE CUERPO DE INSPECTORES MUNICIPALES ARMADOS EN LAS CONDES. Oficio.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente , quiero referirme a la insólita resolución anunciada hoy por el alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín , de crear un verdadero cuerpo de inspectores municipales armados para combatir la delincuencia.
Se trata de una resolución grave, que vulnera la Constitución Política y representa un peligroso intento de constituir una verdadera policía alternativa a las fuerzas de seguridad y de orden.
Quiero recordar que el artículo 6º de la Constitución establece: “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”.
Además, el inciso segundo del artículo 7º señala: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
Asimismo, el inciso tercero del artículo 90 de la Constitución preceptúa: “Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior...”.
Quiero recordar que el artículo 92 dispone: “Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta”.
Por lo tanto, el solo anuncio del candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín , de constituir una policía armada municipal es inconstitucional y constituye un intento de crear una fuerza policial propia que vulnera la integridad de las fuerzas de seguridad y de orden, a la cual tanto aludía mi querido amigo, el Diputado señor Ibáñez.
Pensemos en lo que significaría si cada alcalde, so pretexto de combatir la delincuencia, creara su propia policía armada. Esto constituye un acto sedicioso, ya que se trata de la constitución de una banda armada.
Detrás de esto, más allá, incluso de las irregularidades constitucionales, el candidato presidencial de la UDI deja en claro una concepción autoritaria del combate a la delincuencia, al margen del estado de derecho. Es un hecho peligroso para quien quiere gobernar el país y demuestra que el señor Lavín no da garantías de estabilidad institucional.
Su visión es preestatal, integrista, feudal, y nada tiene que ver con un Estado democrático de derecho, moderno, donde las instituciones se regulan en función de la ley y de la Constitución.
Lo que corresponde es potenciar a Carabineros e Investigaciones. Liberar a Carabineros de funciones administrativas y de tránsito; ligar a la comunidad a las tareas de seguridad ciudadana.
El candidato de la UDI, Joaquín Lavín , coloca con esto en riesgo los derechos y las libertades ciudadanas, ya que ninguna municipalidad ni institución puede poseer cuerpos armados propios.
Quiero recordar que, coherente con esta propuesta del señor Lavín , hace algunos meses él había señalado que era necesario colocar los rostros de los delincuentes en las calles, incluso de aquellas personas que obtenían su libertad después de haber cumplido su condena o de aquellas que, habiendo sido encarceladas, los tribunales decidían que no habían cometido delito.
Quiero pedir a los colegas de la Derecha que piensen en la gravedad de este acto, de este anuncio de una persona que quiere ser Presidente de la República, que dice que va a constituir con ex suboficiales de las Fuerzas Armadas una policía armada municipal, al margen de Carabineros. Es un hecho que atenta contra Carabineros de Chile e Investigaciones.
Por eso, solicito que se oficie al Ministro del Interior , a fin de hacerle presente la preocupación de la bancada del PPD y del parlamentario que habla -estoy seguro que también de otras bancadas- frente a este hecho absolutamente insólito que hemos conocido de parte del candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín.
He dicho.
El señor NARANJO ( Vicepresidente ).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de las bancadas democratacristiana, del PPD y socialista.
DECLARACIÓN DE ZONA TURÍSTICA A PANGUIPULLI.
El señor NARANJO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , es posible que el nombre de Panguipulli no diga mucho a algunos chilenos; pero para los habitantes de esa zona el nombre de Chile representa ese esplendor futuro del que habla nuestro Himno Nacional y con el que se sienten plenamente comprometidos. Panguipulli quiere crecer; desea abrirse al mundo y necesita ser parte de ese gran proyecto que nuestro país ha diseñado para sí.
Pero, ¿cómo puede hacerlo una zona alejada de los grandes centros en que tradicionalmente se han hecho las inversiones y decretado los beneficios del progreso? Pues bien, poseemos algo que no hemos pedido ni comprado a nadie, sino que está allí, puesto por el Supremo Hacedor en la naturaleza: un lugar de privilegio por su belleza y condiciones naturales.
Las dimensiones de esa suerte de paraíso superan a las de varios países europeos, y millones de personas, que llegan de remotos lugares, quedan deslumbradas. En su perímetro están ubicados lo que la tradición regional llama los siete lagos de la fortuna: Pirihueico, Panguipulli , Neltume , Pellaifa, Riñihue , Calafquén y Pullinque. Frente a esa impresionante geografía -como protegiéndolos de los depredadores o de aquellos propietarios que, llenos de soberbia, se han apropiado indebidamente de más de un tercio de las playas de esos lagos y han impedido el libre acceso que garantiza la ley-, está el paso de Huahum, como un privilegio, y las extensiones incalculables de bosques nativos que contienen esa rica fauna que poblara la tierra en sus orígenes y que hoy, por desgracia, ha ido desapareciendo en la mayor parte del planeta.
La Cámara de Comercio de Panguipulli me ha pedido que exprese desde esta alta tribuna el sentir de los habitantes de dicha zona, en cuanto a que aquellas tierras que, con decreto o sin él, constituyen un verdadero santuario de la naturaleza, sean declaradas zona turística, reservando, naturalmente, zonas para un futuro desarrollo industrial.
Existen procedimientos para ello. Las autoridades zonales están abocadas a cumplir cada paso que las normativas legales les señalen. Contamos con la simpatía y la solidaridad de muchos parlamentarios y con la comprensión y las orientaciones técnicas de
la Secretaría Nacional de Desarrollo Regional, a fin de que, a través de un decreto supremo, Panguipulli logre esa condición de zona turística. Ello permitirá mantener la irrenunciable protección del medio ambiente, abrir esa región privilegiada al disfrute de todos los chilenos y de muchos extranjeros y transformarla, de hecho, en una gran industria natural capaz de otorgar, a través del turismo, bienestar y prosperidad a sus habitantes y aportar al desarrollo en el que está empeñado el Gobierno y el país.
He dicho.
El señor NARANJO (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité del Partido Socialista, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 20.04 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción de los Diputados señores Orpis y Pablo Galilea.
Modifica el artículo 86 de la ley Nº 18.892, de Pesca y Acuicultura. (boletín Nº 2211-01)
En enero de 1992 fue dictada la ley Nº 18.892 sobre Pesca y Acuicultura. En su artículo 86, dicho cuerpo legal estableció que el Ministerio de Economía mediante la dictación de un Decreto Supremo, previos informes fundado de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca debían dictar un reglamento que estableciera las medidas de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo y especies que constituyan plagas, aislar su presencia en caso que éstas ocurran, evitar su propagación y propender a su erradicación. El mismo reglamento determinará las patologías que se clasifican como de alto riesgo y las especies hidrobiológicas que constituyan plagas.
Han transcurrido más de seis años desde que entró en vigencia la ley y dicho reglamento aún no se ha dictado.
La ausencia de una norma de esta naturaleza coloca en grave riesgo la subsistencia y sustentabilidad de los recursos pesqueros especialmente el salmón, al carecer la autoridad de instrumentos adecuados y los particulares normas a las cuales deben atenerse en caso de producirse eventos de esta naturaleza.
Lamentablemente, el art. 86 de la ley Nº 18.892 no estableció un plazo para los efectos de su dictación de dicho reglamento, situación que podría dilatarse indefinidamente en el tiempo con todo el riesgo que ello implica.
Un ejemplo categórico lo constituye lo que está ocurriendo con la industria del salmón en la XI Región. En la temporada 1998-99, se prevé una baja en la producción de aproximadamente un 11%, teniendo como principal causa el aumento de las enfermedades y epidemias a que se ve expuesta esta especie.
A raíz de la ausencia de una normativa como la expuesta, el sector ha hecho una serie de recomendaciones a sus asociados, es decir, actuar por la vía de la autorregulación. Sin embargo, tales medidas fueron objetadas por la comisión antimonopolios, con lo cual, en la actualidad, una actividad de tanta trascendencia para varias regiones y el país en su conjunto, se encuentra en la más absoluta indefensión ante posibles enfermedades o plagas que puedan afectarla.
Por las razones expuestas, los autores de esta moción proponemos modificar el art. 86 de la ley Nº 18.892 en el sentido de colocar un plazo para la dictación del mencionado reglamento.
PROYECTO DE LEY
Para modificar el art. 86 inc. 1 en el siguiente sentido:
Para agregar a continuación de la coma que sigue a la palabra “pesca” la siguiente frase:
“Dentro del plazo de 60 días desde que entre en vigencia la presente modificación legal”.
Moción de los Diputados señores Ávila , Ceroni , Tuma , Leal , Jeame Barrueto , Aníbal Pérez , Jaramillo , Hales y las Diputadas señoras Laura Soto y María Antonieta Saa.
Precisa sentido y alcance del término “pertrechos”. (boletín Nº 2212-02)
En la estructura de todo concepto indeterminado es identificable un núcleo fijo o “zona de certeza”, configurado por datos previos y seguros; una zona intermedia o de incertidumbre, “halo del concepto”, más o menos precisa; y, finalmente, una “zona de certeza negativa”, también firme, pero en cuanto a su exclusión.
Así, el concepto “pertrecho” tiene una zona de certeza que es su carácter militar; una zona intermedia constituida por los elementos que razonablemente caben en él; y, una zona de certeza negativa formada por todo aquello que no es pertrecho, como bienes suntuarios, muebles de rattán, etc.
Entonces el vocablo “pertrecho” es un concepto jurídico indeterminado. Obedece a la aplicación de la ley. No se puede decidir su contenido discrecionalmente. Para ello, la administración carece de facultades. En consecuencia, algo es pertrecho o no lo es. No procede definirlo. Sólo corresponde aplicar la ley ejerciendo las potestades públicas que el ordenamiento jurídico expresamente contempla.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Aduanas actúa de manera discrecional, al pretender dar alternativas al contenido del concepto, definiendo el núcleo fijo o zona de certeza.
De este modo, no está aplicando la ley. Obvia el objetivo y finalidad de la franquicia, al aceptar cualquier cosa como elemento constitutivo del concepto. Pugna en una situación ilegal e ilegítima, interviniendo en el plano del legislador, al reglamentarlo, sencillamente por la vía de los hechos.
Atendida dichas circunstancias es necesario corregir semejantes actuaciones. Para ello, forzosamente habrá que especificar algo que aun cuando resulta obvio y comprensible, ha sufrido una peligrosa degradación. De hecho, sus actuales interpretaciones están significando una gravísima pérdida patrimonial para el Estado. A la vez que, una ostensible distorsión comercial en ciertos rubros.
Ésa es la motivación del siguiente,
PROYECTO DE LEY
Agrégase como inciso final, nuevo, al artículo 1º del decreto ley Nº 480, de 1974, el siguiente:
“Se entenderá como pertrechos, aquellos bienes consignados por las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Dirección General de Investigaciones, cuyo destino sea el resguardo de la soberanía nacional, el orden público y la seguridad interior”.
Moción de los Diputados señores Elgueta , Luksic , Juan Bustos , Huenchumilla , Aníbal Pérez y Andrés Palma.
Modifica la ley de Votaciones y Escrutinios, estableciendo limitaciones en cuanto a gastos que efectúen candidatos, y adopta medidas para la transparencia del proceso electoral. (boletín Nº 2213-06)
Las reciente elecciones parlamentarias abocaron a la sociedad chilena a procedimientos de marketing comercial y gastos electorales, por algunos candidatos, de tal envergadura y cuantía, que pueden implicar, en los hechos, la destrucción de todo el sistema democrático en cuanto a expresión de la libre voluntad de los electores.
Ponderaciones prudentes han estimado los gastos de algunos candidatos a diputados en cantidades superiores a los US$ 2.000.000, en algunos distritos donde viven personas pudientes, y en cantidades superiores a los US$ 500.000 en distritos donde viven, principalmente, personas de escasos recursos o de clase media.
Para que se pueda ponderar adecuadamente lo que significan estos gastos (que en las cantidades citadas fluctúan entre aproximadamente $ 230.000.000 y los $ 1.000.000.000), podemos señalar que ellas corresponden a las dietas de un parlamentario por períodos que fluctúan entre 15 y 60 años.
Por otra parte, estas cantidades son evidentemente mayores tratándose de las candidaturas senatoriales por corresponder éstas a circunscripciones electorales más extensas.
La primera gran interrogante es saber de dónde surgen estas sumas de dinero tan cuantiosas y en qué medida al provenir ellas, principalmente, de poderosos sectores financieros o de otros poderes fácticos, comprometen seriamente la independencia de los parlamentarios elegidos. Por otra parte, si bien es efectivo que no en todos los distritos se han implementado campañas por sumas equivalentes a las señaladas, no es menos efectivo que se puede afirmar, en términos generales, que los gastos electorales resultan inalcanzables para los sectores populares y medios de la población.
Pensamos que esta realidad de que algunos candidatos convierten las elecciones en verdaderas ferias, implica un gravísimo atentado en contra de la igualdad ante la ley (artículos 5 y 19 Nº 2 de la Constitución Política), pues dificulta o hace absolutamente imposible el acceso al Parlamento de personas pertenecientes a los sectores económicamente modestos de la población. Tememos, fundadamente, que si no tomamos medidas legales urgentes, podríamos estar caminando hacia un tipo de sociedad gobernada por los más poderosos económicamente o por aquellos que favorezcan a los que controlan los grandes poderes financieros. Ello constituiría el comienzo de una corrupción generalizada y la destrucción de nuestra democracia.
También los gastos excesivos por algunas candidaturas y la forma como se emplean los recursos, constituyen un gravísimo atentado en contra de la libertad de elegir que tienen los ciudadanos, pues enormes diferencias en los gastos de propaganda, sistemas subliminales de influir sobre las conciencias, ciudades que pierden su identidad bajo capas de pintura y millonarios afiches, centenares de activistas rentados que manipulan la verdad, pagos importantes que efectúan los candidatos de cuentas atrasadas de luz, agua, vivienda o contribuciones, regalos pequeños distribuidos masivamente o erogaciones más cuantiosas efectuadas a organizaciones sociales o a “caciques electorales”, engañosos campeonatos o competencias deportivas con el nombre de los candidatos, etc., etc., son todos elementos cercanos al cohecho y que manipulan, engañan o fuerzan la voluntad de los electores para elegir en conciencia.
Pensamos que esta aberrante corrupción en el proceso electoral desprestigia gravemente a la política y a los políticos; atenta contra la dignidad de los ciudadanos e implica desvirtuar una legítima confrontación de ideas, realizaciones y programas entre los candidatos, transformando las contiendas electorales en un verdadero mercado, absolutamente desvinculado de factores morales o de connotación ética.
En el ánimo de subsanar los vicios hoy existentes y velando por la transparencia de los procesos electorales -que es la idea matriz del proyecto-, se sugieren, entre otras, las siguientes medidas:
-Limitar los gastos que puedan efectuar los candidatos, sea en la elección de concejales, parlamentarios o Presidente de la República;
-Disponer que los candidatos lleven contabilidad obligatoria de las entradas y gastos de sus campañas;
-Limitar los montos de las donaciones electorales y someter dichas donaciones a determinadas exigencias;
-Considerar como donación todo servicio gratuito efectuado por empresas y, en general, todo pago hecho por éstas para efectuar trabajos electorales;
-Establecer sanciones y tipos delictuales en relación con la infracción de las normas relacionadas con la transparencia del proceso electoral.
Cabe señalar que este proyecto fue presentado en su oportunidad por los Diputados Andrés Aylwin y Sergio Elgueta y que fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados con fecha 25 de octubre de 1995, y que al ser votado en la Sala no alcanzó el quórum constitucional, por lo que atendido que las razones que motivaron su presentación mediante el boletín Nº 1146-07 se mantienen vigentes, es que venimos en presentar el siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
a) Agrégase, dentro del Título I, nuevo Párrafo 7º, bajo el nombre de “De los límites a las donaciones y gastos electorales de los candidatos”, pasando los actuales párrafo 7º, 8º, 9º, 10º y 11º a ser 8º, 9º, 10º, 11º y 12º, respectivamente.
b) Incorpóranse, dentro del nuevo párrafo 7º, los siguientes artículos nuevos:
“Artículo 35 bis.- Los candidatos a Presidente de la República , Senadores, Diputados y Concejales estarán obligados a llevar un libro de entradas y gastos que incluirá todos los ingresos y egresos de su campaña electoral. Las partidas de entradas serán anotadas en el libro en el plazo de 10 días hábiles contados desde que fueron efectuados los respectivos ingresos o egresos.
Al inscribirse, los candidatos deberán designar un encargado financiero de la campaña, quien será responsable del mantenimiento del libro y de la documentación contable a que se refiere este artículo, así como del cumplimiento de las limitaciones y demás disposiciones establecidas por esta ley.
Artículo 31 bis a.- Los candidatos a Concejal no podrán recibir donaciones por cantidades superiores a 25 Unidades Tributarias Mensuales, cuando el donante fuere una persona natural, o a 80 de esas unidades, si el donante fuera una persona jurídica.
Las donaciones que una misma persona natural o jurídica efectúe en favor de diversas candidaturas en un mismo año calendario, no podrán exceder, en conjunto, de 75 o de 240 Unidades Tributarias Mensuales, respectivamente.
Los límites establecidos en los dos incisos anteriores se elevarán al doble, o al triple, según se trate de candidatos a senadores o a diputados o a Presidente de la República.
Todas estas donaciones estarán exentas del trámite de insinuación.
Artículo 31 bis b.- Ningún candidato a senador o diputado podrá gastar en su campaña electoral una cantidad superior a 0,02 Unidades Tributarias Mensuales por cada elector de la circunscripción o del distrito que pretenda representar.
Si se tratare de candidatos a Presidente de la República, tal cantidad se elevará al doble. Si fueren candidatos a concejal, se restringirá a la mitad. Dichas limitaciones se relacionan con los electores inscritos en todo el territorio nacional, en el primer caso, o en la respectiva comuna en el segundo.
Artículo 31 bis c.- A los 30 días de finalizado el proceso electoral, los candidatos deberán rendir informe detallado de las entradas y gastos de su campaña, mediante declaración jurada autorizada ante notario, extendida en triplicado, quedando una copia en poder del candidato y otra en poder del notario. La tercera copia será enviada al Servicio Electoral, dentro del tercero día desde que haya sido extendida.
Artículo 31 bis d.- Desde el momento de la inscripción oficial de las candidaturas en el Servicio Electoral, queda prohibido a los candidatos efectuar cualquiera erogación o donación a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, incluido el patrocinio de eventos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo.
Artículo 31 bis e.- Se presumirá legalmente que todo gasto superior a los límites que fija esta ley constituye renta del candidato, afecta a la tributación del decreto ley Nº 824, de 1974, y que el exceso se ha originado en donaciones objeto, asimismo, del tributo correspondiente.
Artículo 141 bis.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere, la declaración de una o más partidas del libro de entradas y gastos a que se refiere el artículo 35 bis, a través de la cual se ocultare o simulare indebidamente un gasto que, considerado en su conjunto incidiere en un resultado que significare un gasto excesivo, será sancionado con una multa equivalente a un 300% del tributo que genera el exceso considerado renta.
A la misma sanción estará afecta la persona natural o jurídica que done más de lo que conforme a esta ley está permitido donar, y el candidato que reciba de una misma persona natural o jurídica, más de lo que puede recibir, en cuyos casos el monto de la multa será calculado sobre el exceso de lo donado o de lo recibido según corresponda.
El no cumplimiento oportuno de las obligaciones de llevar libros y de rendir informes de las entradas y gastos podrá ser sancionado con multas de 10 a 50 unidades tributarias mensuales”.
Moción de los Diputados señores José Antonio Galilea , Vilches , Leay, Mora, Molina , Mulet , Jiménez , Prokurica , Rincón y René Manuel García.
Establece aplicación de disposiciones que señala a oleoductos y poliductos que transportan combustibles en estado líquido. (boletín Nº 2214-08)
En Chile no existe una legislación que establezca los mecanismos para constituir las servidumbres a los bienes raíces en la instalación de las redes de oleoductos, poliductos y ductos que transporten fluidos distintos a los comprendidos en la Ley de Servicios de Gas.
Es de pleno interés nacional suplir este vacío legal, para lo cual debe ser prioritario crear una normativa que permita un mayor y mejor acceso a la actividad de transporte por ductos, siendo esenciales los aspectos que dicen relación con la instalación, construcción y mantención de las redes respectivas, junto con la fijación de las pautas de seguridad y supervisión del Estado.
Hoy existe la inviabilidad práctica y jurídica que tiene cualquier empresario para decidir y llevar a cabo, con la certeza que se requiere, la instalación de una red de ductos, ya que la normativa común no otorga ni asegura el derecho de constituir las servidumbres y derechos de paso necesarios para una obra de este tipo.
La inexistencia de instrumentos jurídicos que hagan obligatorio gravar los predios por donde pasarán los ductos, que constituye un requisito imprescindible, impide de hecho la extensión de las redes y el ingreso de nuevas empresas al sector, dificultando y entorpeciendo su crecimiento y desarrollo.
En la actualidad el derecho de paso para los oleoductos y poliductos privados sólo pueden constituirse de conformidad a lo que dispone el Libro II, Título XI, artículos 820 y siguientes del Código Civil, lo que significa que se debe constituir servidumbres de oleoducto y tránsito, debiendo obtener de cada uno de los dueños de los predios sirvientes un acuerdo voluntario contractual y económico específico. Se establecen también en ellas las condiciones y prohibiciones que tiene el propietario del predio sirviente respecto de la faja afecta al gravamen y el monto de la indemnización por la restricción del uso, además de los pagos por los perjuicios si los hubiere.
Si no hay acuerdo ya sea en el monto de la indemnización, o a cualquier otro aspecto del contrato, la servidumbre no puede constituirse, no habiendo forma legal de hacerlo.
Puede comprenderse claramente que los proyectos de oleoductos y poliductos se extienden por una gran cantidad de kilómetros, y en ese trayecto perfectamente puede suceder que alguno de los predios por el cual debe atravesar el ducto de acuerdo al proyecto su propietario se niegue a constituir una servidumbre en su propiedad raíz lo que pone en grave situación a la empresa de oleoductos que puede ver fracasado su proyecto de miles de millones de pesos ante esta negativa. A veces la imposibilidad de pasar por un predio hace imposible la realización del proyecto por el aumento desmesurado del costo que éste puede alcanzar al variar las condiciones iniciales.
Normalmente el trazado de las redes se hace en base a estudios técnicos que tienen en consideración variados factores, como condiciones del terreno, construcciones cercanas, caminos presentes y futuros, etc.
Por ello, no resulta ni equitativo ni razonable que las modificaciones del trazado de un oleoducto dependan de la sola factibilidad de obtener o no los permisos para su paso, quedando sujeto al arbitrio de un solo propietario.
La situación actual, es que existen distintas leyes que regulan la constitución de derechos de paso de otras obras lineales, permitiendo constituir las servidumbres de paso mediante procedimientos que resguardan tanto los derechos de los propietarios de los predios sirvientes como la factibilidad de desarrollar los proyectos sin que éstos queden sujetos a la voluntad arbitraria de un tercero ajeno al mismo, como es lo que ocurre cuando un solo propietario entre cientos se opone al paso de una red de transporte.
Existen las siguientes leyes que regulan la constitución de las servidumbres: a) el D.F.L. Nº 323 de 1931 y sus modificaciones, Ley de Servicios del Gas; b) el D.F.L. Nº 4 de 1959, y sus modificaciones, Ley de Servicios Eléctricos; c) artículos 120 y siguientes del Código de Minería que establece las servidumbres mineras necesarias para la explotación de la concesión; y, d) la Ley Nº 9.618 que creó la Empresa Nacional de Petróleo, haciendo extensiva las normas del Código de Minería para la constitución de las servidumbres.
Como se puede apreciar, en los proyectos de redes de transportes el tema de las servidumbres es fundamental par la concreción de los mismos, por lo cual la legislación nacional como la extranjera se ha preocupado de regular esta materia de tal forma de compatibilizar el desarrollo de las redes y los legítimos derechos de los propietarios afectados con el paso de éstas.
La única red de transporte lineal que en Chile ha quedado fuera de este sistema son las redes de oleoductos y poliductos privados, siendo éstas fundamentales para el desarrollo de las distintas regiones del país al permitir el transporte de combustible en forma más eficiente, segura y a un menor costo, tanto económico como social.
Por otra parte, en la actualidad sólo Enap, empresa estatal a través de la normativa legal que la creó, puede constituir servidumbre en los predios que afecten a sus proyectos y el propietario de ellos no puede oponerse. Pero sí lo puede hacer si este proyecto es de empresarios privados contra la libre competencia y el desarrollo del país.
Para lograr solucionar este vacío legal, y permitiendo que se puedan realizar proyectos que logren el desarrollo de nuestro país en el transporte por red, proponemos el siguiente proyecto de ley que haga extensivo el Título IV de la Ley de Servicios de Gas, contenida en el D.F.L. Nº 323, de 1931, y sus modificaciones, a las redes de oleoductos, para cuyos efectos proponemos el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.- Las normas contenidas en el Título IV, artículos 22-B a 22-K, del Decreto con Fuerza de Ley Nº 323 del año 1931, modificado por la ley Nº 18.856, Ley de Servicio de Gas , serán aplicables a la constitución de las servidumbres, a la instalación, operación y mantención de oleoductos y a los poliductos que transporten propano y butano en estado líquido, así como otros combustibles en igual estado”.