Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- I. ASISTENCIA
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Jorge Pizarro Soto
- Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Maria Isabel Allende Bussi
- Juan Pablo Letelier Morel
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- PERMISO CONSTITUCIONAL.
- V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS
- VI. ORDEN DEL DÍA
- PRÓRROGA DE LA LEY N° 19.593, SOBRE SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INDICACIÓN DE NOMBRE DE AUTORES DE PROYECTOS DE LEY. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Galilea Vidaurre
- INTERVENCIÓN : Claudio Alvarado Andrade
- INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Jaime Orpis Bouchon
- INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Enrique Krauss Rusque
- Jaime Orpis Bouchon
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Juan Antonio Coloma Correa
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Andres Palma Irarrazaval
- INDICACIÓN
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Patricio Melero Abaroa
- INDICACIÓN
- REGULACIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES. Proposición de la comisión mixta.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Rodrigo Alvarez Zenteno
- INTERVENCIÓN : Enrique Jaramillo Becker
- INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
- RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Gustavo Alessandri Valdes
- INTERVENCIÓN : Gonzalo Ibanez Santa Maria
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Eduardo Diaz Del Rio
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Rosa Gonzalez Roman
- INTERVENCIÓN : Salvador Urrutia Cardenas
- INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- INTERVENCIÓN : Manuel Rojas Molina
- INTERVENCIÓN : Antonella Sciaraffia Estrada
- DEBATE
- INDICACIÓN
- Gustavo Alessandri Valdes
- Mario Bertolino Rendic
- Rodrigo Alvarez Zenteno
- INDICACIÓN
- INTERVENCIÓN : Jorge Ulloa Aguillon
- SUPRESIÓN DE HORA DE PROYECTOS DE ACUERDO E INCIDENTES. Acuerdo de los Comités.
- PRÓRROGA DE LA LEY N° 19.593, SOBRE SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Primer trámite constitucional.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Enrique Krauss Rusque
- Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Edgardo Riveros Marin
- Sergio Velasco De La Cerda
- Rodolfo Seguel Molina
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
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REPÚBLICA DE CHILE
CÁMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 7ª, en martes 17 de octubre de 2000
(Ordinaria, de 11.09 a 17.38 horas)
Presidencia de los señores Jeame Barrueto, don Víctor, y León Ramírez, don Roberto.
Presidencia accidental de los señores Huenchumilla Jaramillo, don Francisco, y Ortiz Novoa, don José Miguel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.
ÍNDICE
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia6
II. Apertura de la sesión9
III.Actas9
IV.Cuenta9
Permiso constitucional9
V.Acuerdos de los Comités9
VI.Orden del Día.
Prórroga de la ley Nº 19.593, sobre suspensión de la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Primer trámite constitucional11
Indicación de nombre de autores de proyectos de ley. Primer trámite constitucional14
Regulación de ofertas públicas de adquisición de acciones. Proposición de Comisión Mixta26
Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Primer trámite constitucional35
Supresión de hora de proyectos de acuerdo e Incidentes76
VII.Documentos de la Cuenta.
1.Mensaje de S.E. el Presidente de la República mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que modifica la ley Nº 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras operaciones de dinero que indica (boletín Nº 260305)77
2.Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte y realiza otras modificaciones (boletín Nº 249615)78
Pág.
Oficios de S.E. el Presidente de la República, por los cuales hace presentes las urgencias, con calificación de “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:
3.Establece normas legales para combatir la evasión tributaria (boletín Nº 257205)79
4.Sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (boletín Nº 249906)79
5.Moción de los diputados señores Krauss, Elgueta, Cornejo, don Aldo; Riveros, Velasco y Seguel, que establece la comparecencia de los detenidos ante los tribunales de justicia (boletín Nº 260207)80
VIII.Otros documentos de la Cuenta.
1.Comunicaciones de la diputada señora Allende, doña Isabel, y del diputado señor Letelier, don Juan Pablo, quienes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicitan autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 18 y 13 de octubre, para dirigirse a Argentina e Indonesia, respectivamente
2.Oficios:
Contraloría General de la República
Del diputado señor Recondo, irregularidades en el proceso de asignación de viviendas en la Décima Región.
Del diputado señor Mora, licitación de paseo peatonal por parte de la municipalidad de Calama.
De los diputados señores Jiménez, Vargas y Kuschel, indemnizaciones percibidas por ex gerentes de la Empresa de Correos de Chile.
Copia informativa de presentación de la Asociación Nacional de Espectáculos Nocturnos.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
De la diputada señora Lily Pérez, subsidio y convenio de pago sin intereses de Essar S.A.
Ministerio de Hacienda
Del diputado señor Longton, urgencia para proyecto que establece protección de los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Ministerio de Agricultura
De los diputados señores José Pérez, Ceroni, Girardi, Gutiérrez, Jaramillo, Felipe Letelier, Kuschel, Rosauro Martínez, Mora, Navarro, Ortiz, Pareto, Reyes, Vilches y diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Soto, doña Laura, compra de insumos y semillas que requieran para las próximas siembras de primavera los pequeños propietarios del sector rural.
De los diputados señores Lorenzini, Acuña, Jiménez, Ortiz, Vargas, Kuschel y de la diputada señorita Sciaraffia, doña Antonella, prórroga plazo deudores Cora, Séptima Región.
De los diputados señores José Pérez, Jiménez y de los Comités parlamentarios de los Partidos Socialista y Renovación Nacional, condonación de deudas de pequeños agricultores del sur del país.
Ministerio de Salud
De los diputados señores Navarro y Mora, programa de mejoramiento de postas rurales de la comuna de Florida, provincia de Concepción.
De los diputados señores Urrutia, Juan Pablo Letelier y Sánchez, auspicio oficial al Quinto Congreso Mundial de Medicina de Alta Montaña y Fisiología de Altura.
Ministerio Secretaría General de Gobierno
Del diputado señor Alessandri, asistencia de autoridades de Gobierno a tedéum evangélico.
De la diputada señora Adriana Muñoz, acceso de parlamentarios a medios televisivos de comunicación social.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Del diputado señor Huenchumilla, estado de funcionamiento del vertedero de Temuco, señor Boyeco.
Ministerio de Planificación y Cooperación
De los diputados señores José García, Fossa y Rosauro Martínez, contenido y alcance del acuerdo de Chile con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA relativo a campesinos mapuches condenados.
Consejo de Defensa del Estado
De los diputados señores Jiménez, Vargas y Kuschel, pago de indemnizaciones en Empresa de Correos.
I.ASISTENCIA
Asistieron los siguientes señores diputados: (98)
NOMBRE
--Aguiló Melo, Sergio
--Alessandri Valdés, Gustavo
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez Zenteno, Rodrigo
--Allende Bussi, Isabel
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Bartolucci Johnston, Francisco
--Bertolino Rendic, Mario
--Rozas Velásquez, María
--Bustos Ramírez, Juan
--Caraball Martínez, Eliana
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Cornejo González, Aldo
--Cornejo Vidaurrazaga, Patricio
--Díaz Del Río, Eduardo
--Dittborn Cordua, Julio
--Elgueta Barrientos, Sergio
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Fossa Rojas, Haroldo
--Galilea Carrillo, Pablo
--Galilea Vidaurre, José Antonio
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--González Román, Rosa
--Gutiérrez Román, Homero
--Guzmán Mena, Pía
--Hales Dib, Patricio
--Hernández Saffirio, Miguel
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Ibáñez Santa María, Gonzalo
--Jaramillo Becker, Enrique
--Jarpa Wevar, Carlos Abel
--Jeame Barrueto, Víctor
--Jiménez Villavicencio, Jaime
--Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
--Krauss Rusque, Enrique
--Kuschel Silva, Carlos Ignacio
--Leal Labrín, Antonio
--Leay Morán, Cristián
--León Ramírez, Roberto
--Longton Guerrero, Arturo
--Longueira Montes, Pablo
--Lorenzini Basso, Pablo
--Luksic Sandoval, Zarko
--Martínez Labbé, Rosauro
--Masferrer Pellizzari, Juan
--Melero Abaroa, Patricio
--Molina Sanhueza, Darío
--Monge Sánchez, Luis
--Montes Cisternas, Carlos
--Mulet Martínez, Jaime
--Muñoz Aburto, Pedro
--Muñoz D'Albora, Adriana
--Naranjo Ortiz, Jaime
--Navarro Brain, Alejandro
--Núñez Valenzuela, Juan
--Ojeda Uribe, Sergio
--Olivares Zepeda, Carlos
--Orpis Bouchón, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Ovalle Ovalle, María Victoria
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Arriagada, José
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez San Martín, Lily
--Pérez Varela, Víctor
--Prochelle Aguilar, Marina
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Recondo Lavanderos, Carlos
--Reyes Alvarado, Víctor
--Rincón González, Ricardo
--Riveros Marín, Edgardo
--Rojas Molina, Manuel
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sánchez Grunert, Leopoldo
--Sciaraffia Estrada, Antonella
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Soto González, Laura
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Velasco De la Cerda, Sergio
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Walker Prieto, Patricio
Con permiso constitucional estuvieron ausentes los diputados señores Juan Pablo Letelier, Edmundo Salas y Jaime Rocha.
Asistieron, además, los ministros de Relaciones Exteriores, señora Soledad Alvear; de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; de Justicia, señor José Antonio Gómez; secretario general de Gobierno, señor Claudio Huepe; secretario general de la Presidencia, señor Álvaro García, y de Planificación y Cooperación, señora Alejandra Krauss. Concurrieron, también, los senadores señores Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar.
II.APERTURA DE LA SESIÓN
Se abrió la sesión a las 11.09 horas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III.ACTAS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El acta de la sesión 1ª se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones.
El acta de la sesión 2ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
IV.CUENTA
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ÁLVAREZ (Prosecretario accidental) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
PERMISO CONSTITUCIONAL.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se concederán los permisos constitucionales solicitados por la señora Isabel Allende y por el señor Juan Pablo Letelier para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días.
Acordado.
Se suspende la sesión y se cita a reunión de Comités.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
V.ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor LOYOLA (Secretario).-
Reunidos los jefes de los comités parlamentarios, bajo la presidencia del señor Jeame Barrueto , adoptaron los siguientes acuerdos:
1ºConsiderar en la presente sesión, sobre tabla, hasta su total despacho y sólo con la relación del diputado informante, el proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte, y propone otras modificaciones.
2ºTratar en esta sesión, hasta su total despacho, el proyecto que establece la obligación de indicar, en el decreto promulgatorio de una ley, el nombre de los autores de la iniciativa, y el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas.
Estos dos proyectos se votarán al término de la discusión del último de ellos.
3ºConsiderar en la presente sesión, en el lugar en que se encuentre ubicado en la Tabla, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos.
Al término de la discusión, las proposiciones de la comisión mixta serán sometidas a votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Montes para un asunto de Reglamento.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿me podría reiterar el orden en que se tratarán los proyectos?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En primer lugar, se va a ver, sobre tabla, el proyecto sobre suspensión de la inscripción de taxis en el Registro Nacional, sin discusión y sólo con el informe de la Comisión.
Luego, se tratará el proyecto que se encuentra en el primer lugar de la Tabla del Orden del Día, iniciado en moción, que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa. En este caso, se procederá primero a su discusión; la votación se efectuará al final del Orden del Día.
En tercer lugar, se verá el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones. En este caso, no hubo unanimidad para votarlo al final del Orden del Día, como los otros, por lo cual se discutirá y luego se votará.
Por último, se tratará el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas, el cual se votará, como es obvio, inmediatamente después de terminar su debate. Para tales efectos, el Orden del Día se entenderá prorrogado por todo el tiempo que sea necesario.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Andrés Palma .
El señor PALMA (don Andrés) .-
Señor Presidente, como en este momento la Comisión Mixta de Presupuestos y algunas subcomisiones se encuentran sesionando simultáneamente con la Sala, le solicito que nos comunique con la debida anticipación el momento en que se efectuarán las votaciones, porque todos los proyectos son de quórum calificado y no queremos faltar a la votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Así se procederá, señor diputado.
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla .
El señor HUENCHUMILLA .-
Señor Presidente, sólo para pedirle una aclaración. ¿Se votará cada proyecto inmediatamente después de terminada su discusión o todos al final del Orden del Día?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cada caso es diferente. El primer proyecto que se acordó tratar sobre tabla se votará sin discusión, después que se rinda el respectivo informe. La moción del diputado señor Orpis y la reforma constitucional relativa a los pueblos indígenas, se votarán al final del Orden del Día. Por último, el proyecto sobre Opas se discutirá y votará de inmediato.
El señor HUENCHUMILLA .-
Pero, en principio, su señoría había señalado que el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas se votaría inmediatamente después de agotado su debate. Sin embargo, ahora dice me parece correcto que se votará al final del Orden del Día.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Es lo mismo, señor diputado, porque es el último proyecto que se tratará.
El señor HUENCHUMILLA .-
Gracias, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).- Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Tuma .
El señor TUMA .-
Señor Presidente, entonces no existiría limitación de tiempo para el Orden del Día, y los proyectos deberán discutirse hasta su total despacho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Así es, señor diputado.
VI. ORDEN DEL DÍA
PRÓRROGA DE LA LEY N° 19.593, SOBRE SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, y le introduce otras modificaciones.
Diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la señora Caraball , doña Eliana .
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 2496-15, sesión 46ª, en 3 de mayo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Informe de la Comisión de OO.PP., sesión 1ª, en 3 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 13.
Informe adicional de la Comisión de OO.PP., sesión 6ª, en 12 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 4.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En ausencia de la diputada Caraball , el informe será rendido por el diputado señor Vilches .
El señor VILCHES.-
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en moción de los diputados señores Francisco Encina , Juan Pablo Letelier y Aníbal Pérez , que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.593, que suspendió la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros e introduce otras modificaciones en ella.
El proyecto tiene por objeto prorrogar por dos años la vigencia de la ley Nº 19.593, la cual, a partir del 17 de noviembre de 1998, había suspendido por dos años la inscripción de taxis, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Además, propone suprimir la posibilidad de cambiar la inscripción de los taxis ya inscritos, de una región a otra, que la ley señalada autoriza durante el período de su vigencia.
Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del subsecretario de Transportes, señor Patricio Tombolini , y del asesor legislativo de la Subsecretaría de Transportes, señor Patricio Bell Avello .
Cabe hacer presente que la Comisión despachó el informe en cuestión y, posteriormente, acordó solicitar a la Sala que le fuera devuelto, con el objeto de reestudiar algunas disposiciones, a lo cual ésta accedió con fecha 4 de octubre del año en curso.
Fundamentos del proyecto.
En la moción se indica que es absolutamente necesario prorrogar por un nuevo período la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, debido al explosivo crecimiento que ha experimentado el parque automotor en los últimos años, lo cual ha traído como consecuencia un notable aumento en los niveles de congestión vehicular, principalmente en la Región Metropolitana, afectando, además, los índices de contaminación.
Un grado importante de incidencia en este aumento dice relación con el excesivo parque de taxis, en cualquiera de sus modalidades, lo que ha llegado a límites intolerables. En 1990, el número de permisos de circulación para taxis llegó a 55 mil, cifra que en 1997 ascendió a 114.663.
Fue este crecimiento inorgánico y desordenado de taxis lo que llevó a la dictación de la ley Nº 19.593, que suspendió por dos años la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros.
Sin embargo, en la actualidad, pese a encontrarse congelada la inscripción de taxis en dicho registro, a juicio de los patrocinantes, continúa siendo excesivo el número de vehículos de alquiler en comparación con la población del país, situación que se agravaría si se levantara esta medida.
Los autores del proyecto plantean que una mayor regulación de esta actividad, a partir de ciertos parámetros definidos por las autoridades del ramo, que establezca con claridad el papel que habrán de jugar los taxis básicos y colectivos en el transporte público, permitirá terminar con el sobredimensionado parque. El aumento del número de taxis debe ser concordante con las necesidades de la población y con el crecimiento de las ciudades. Asimismo, este incremento no debe entorpecer la satisfacción de otras demandas de la ciudadanía, en especial, la que exige un medio ambiente sano y ciudades descongestionadas.
Mientras la autoridad estudia esta regulación, hoy subsisten los fundamentos invocados al iniciarse la tramitación de la ley Nº 19.593; es decir, el explosivo crecimiento de taxis, con la consiguiente congestión vehicular y contaminación ambiental que generan.
Por último, se señala que se ha detectado que muchos taxis básicos y colectivos que se utilizaban en la Región Metropolitana han terminado circulando en provincias, aprovechando que la ley Nº 19.593 así lo permite, con lo cual el fin buscado con dicha ley no se ha obtenido del todo, por lo menos en lo que respecta a las regiones.
Respecto de las ideas matrices, para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose por tales las contenidas en la moción.
De acuerdo con esto último, la idea matriz es prorrogar la vigencia de la ley Nº 19.593 por dos años, a contar de la publicación de la presente ley, y prohibir el cambio de inscripción de un taxi de una región a otra.
El texto vigente del artículo único de la ley Nº 19.593 señala lo siguiente: “Suspéndese por el plazo de dos años, contados desde la publicación de esta ley, la inscripción de taxis, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros establecido en el artículo 3º de la ley Nº 18.696 y artículo 10 de la ley Nº 19.040.
“Esta medida no afectará el derecho a solicitar el reemplazo, cambio de modalidad o cambio de inscripción de una región a otra, de los taxis actualmente inscritos en el Registro mencionado, conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.
A la discusión y votación en general del proyecto en la Comisión concurrió el subsecretario de Transportes, señor Patricio Tombolini , quien expuso el parecer del Ejecutivo sobre la moción. Indicó que lo propuesto por el proyecto de ley ha sido conversado con los autores de la moción, de manera que estas materias sean reguladas mediante una norma de rango legal, con el objeto de evitar las presiones de los gremios sobre la autoridad.
Planteó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es partidario de mantener la suspensión de la inscripción de taxis, en cualquiera de sus modalidades, en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, por un plazo de sesenta meses, contado desde la expiración del plazo de dos años contemplado en la ley Nº 19.593. El plazo se justifica afirma el Gobiernoen que la mayoría de las veces los taxis se venden en cuotas de hasta cuarenta y ocho meses.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha establecido un programa de retiro gradual y progresivo de los taxis que vayan cumpliendo la edad de servicio 18 años, el que comenzaría a aplicarse a partir del año 2002.
Señaló, finalmente, que de no aprobarse el proyecto de ley con estos contenidos, habrá que acordar un conjunto de medidas con los gremios que agrupan a los taxistas y regularlas en el decreto supremo Nº 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reglamento de los servicios nacionales de transporte público de pasajeros.
El proyecto cuenta con 3 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
En el artículo 1º se señala: “Prorrógase la vigencia de la ley Nº 19.593 por el plazo de cinco años, a contar de la fecha de su expiración”.
En el artículo 2º se dispone: “Introdúcense las siguientes modificaciones en el inciso segundo del artículo único de la ley Nº 19.593”. En su número 3 se señala lo siguiente:
“El reemplazo del vehículo deberá efectuarse con vehículos de una antigüedad no superior a cinco años, con excepción de la Región Metropolitana, donde sólo podrá efectuarse con vehículos nuevos, cuyo modelo corresponda al mismo año de fabricación o al posterior a aquel que se solicita reemplazo.
“El cambio de modalidad deberá efectuarse con vehículos nuevos, cuyo modelo corresponda al mismo año de fabricación o al posterior a aquel en que se solicita su inscripción en dicho Registro”.
En el artículo 3º se dispone que “Para prestar servicio de taxi, en cualquiera de sus modalidades, los vehículos deberán contar con un motor de 1,5 litros de cilindrada o superior y no podrán tener una antigüedad superior a doce años”.
Este artículo es muy importante, porque modifica la norma de 1,8 litros de cilindrada establecida en la legislación vigente.
Entre las disposiciones transitorias, se formuló indicación para aprobar el siguiente artículo 1º transitorio:
“Artículo 1º transitorio.- Para los efectos de adecuar la antigüedad de los vehículos actualmente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros a lo establecido en el inciso primero del artículo 3º de esta ley, se efectuará un retiro programado según el siguiente calendario:
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los presentes.
También se formuló indicación para aprobar el siguiente artículo 2º transitorio:
“Artículo 2º transitorio.-
En la Región Metropolitana, hasta el 31 de mayo de 2005, el reemplazo de vehículos podrá efectuarse con vehículos de una antigüedad no superior a 5 años”.
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.
Es cuanto puedo informar.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el proyecto de ley.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado el proyecto en general y en particular.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alessandri , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Rozas (doña María) , Bustos , Ceroni , Cornejo (don Patricio) , Díaz , Elgueta , Encina , Galilea (don José Antonio) , García (don José) , Guzmán (doña Pía) , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , JocelynHolt , Krauss , León, Lorenzini , Luksic , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Melero , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Núñez , Ojeda , Ortiz , Ovalle (doña María Victoria), Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Reyes, Riveros , Rojas , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Velasco , Vilches , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Dittborn , Fossa , Ibáñez y Kuschel .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado , Bertolino , Errázuriz , González (doña Rosa) , Monge y Recondo .
El Presidente informa a la Sala de la presencia en las tribunas de una delegación de estudiantes del Liceo de Punitaqui.
INDICACIÓN DE NOMBRE DE AUTORES DE PROYECTOS DE LEY. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa.
Diputado informante es el señor Orpis .
Antecedentes:
Moción, boletín Nº 2486-07, sesión 41ª, en 13 de abril de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 8.
Informe de la Comisión de Constitución, sesión 16ª, en 13 de julio de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa. Se trata de una moción parlamentaria.
La legislación vigente en materia de promulgación de las leyes no contiene normas especiales acerca del contenido de este trámite. Tampoco regula la forma en que han de publicarse las leyes. El artículo 69 de la Constitución Política establece: “Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley”.
La Carta Fundamental no detalla la forma de efectuar la promulgación; sólo dice que debe hacerla el Presidente de la República, con la firma del ministro respectivo. Para cumplir esta orden, el Presidente debe dictar un decreto promulgatorio, que pasa a la Contraloría General de la República para su registro. En dicho decreto, que, en definitiva, es el que se publica en el Diario Oficial, se emplea tradicionalmente la siguiente fórmula: “Teniendo presente que el honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley:” se transcribe el texto. “Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República”. Luego viene el lugar y la fecha, el nombre del Presidente de la República y de los ministros que correspondan, para terminar con la frase: “Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda atentamente a Ud.”, seguido del nombre y cargo del subsecretario que corresponda.
En el oficio de ley por el cual se comunica al primer mandatario la aprobación de un proyecto de ley por el Congreso Nacional, no existe ninguna mención sobre el origen del mismo, es decir, si fue por mensaje o por moción y, en este último caso, el nombre de los autores de la moción.
Por ello, la iniciativa en estudio tiene dos fundamentos importantes, respecto de los cuales es necesario que la Sala tome conciencia, pues muchas veces hemos discutido sobre nuestras prerrogativas. Lo que se pretende es, precisamente, reivindicar la acción parlamentaria. A juicio de los autores de la moción, lo más sagrado del ser humano es el respeto y protección de la autoría intelectual. Así está consagrado en nuestra legislación. Hay leyes que protegen la propiedad intelectual, la propiedad industrial; pero en esta materia no ocurre lo mismo. Para todos los efectos de lo que sucede en un país y su constancia histórica, dicha autoría intelectual jamás fue respetada. Tratándose del Presidente de la República, no existe problema, porque siempre se consignará su nombre en el decreto promulgatorio.
A muchos parlamentarios les ha ocurrido que, luego de iniciar una moción, aparece ante la opinión pública como proyecto del Presidente de la República. Incluso, muchas veces se producen equívocos en la invitación que hace el Jefe de Estado a la ceremonia en la cual se promulga la ley. No se trata en todo caso de invitaciones más o invitaciones menos a la firma del decreto promulgatorio, sino de respetar la autoría intelectual de quienes presentaron la moción.
Una de las razones que se señala en los informes de los diferentes institutos para no tener una opinión favorable respecto del proyecto en estudio consiste en que las mociones se inician con un texto determinado, el cual va variando en el transcurso del debate legislativo. A mi juicio, ese argumento también es válido respecto del mensaje del Ejecutivo, pues muchos de ellos se van modificando durante el trámite legislativo, incluso en cuestiones de fondo.
Por otra parte, creo que sería una manera muy importante de respetar al Congreso Nacional y de reivindicar la función parlamentaria si los autores de la moción fuesen mencionados en el decreto promulgatorio.
Ideas matrices y contenido del proyecto:
El proyecto consta de un artículo único que establece que, en el decreto promulgatorio, el Presidente de la República deberá establecer expresamente el nombre de los autores de la moción.
Discusión y aprobación del proyecto:
Después de analizar la iniciativa y sus fundamentos, en la Comisión hubo coincidencia acerca de la necesidad de legislar sobre la materia.
Como consecuencia del debate suscitado, se perfeccionó su texto en el sentido de mencionar a los autores de un proyecto en el oficio de ley por el cual el Congreso Nacional comunica al Presidente de la República su aprobación; en el decreto promulgatorio y en el Diario Oficial, pues los tres instrumentos están íntimamente relacionados entre sí.
A raíz de lo anterior, se presentó una indicación sustitutiva, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión.
Constancias reglamentarias:
Por tratarse de un artículo que incide en materias relacionadas con la tramitación interna de las leyes y modifica la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, tiene el carácter de norma orgánica constitucional.
El proyecto fue aprobado en general y en particular, por unanimidad, en la Comisión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, la publicación de las leyes reviste suma importancia. No obstante, he leído un editorial del diario “El Mercurio” que considera a las leyes como meros formulismos jurídicos, aseveración que estuvo tan de moda en otros tiempos.
La publicación de las leyes es exigida por el artículo 72 de la Carta Fundamental y los artículos 6º y 7º del Código Civil, que distinguen la promulgación de la publicación. Para algunos autores, la publicación es requisito de la esencia de la ley, o sea, sin ella la ley no existe. En cambio, para otros, es condición de su eficacia, es decir, la ley no está vigente. De acuerdo con la primera teoría, no hay ley sin publicación; según la segunda, ella no obligaría a nadie. En la propia doctrina cristiana, en la “Suma Teológica”, Santo Tomás dice que la aplicación de la ley se realiza por ponerla en conocimiento a quienes compete, mediante promulgación o publicación. Francisco Suárez , en su obra “Tratado de la ley y el dios legislador”, sostiene que la publicación o proposición se llama promulgación, y mientras ella no ocurre no es verdadera ley. De la misma manera, fray Domingo de Soto, en el “Tratado de la justicia y el derecho” postula los mismos conceptos. Por su parte, Thomas Hobbes , en el “Leviathan” dice que si la ley establecida no se da a conocer, no es ley.
Para los tratadistas chilenos, como Claro Solar y el padre Francisco Vives , ello es de la esencia; para Arturo Alessandri Rodríguez , así como para Hugo Rosende uno de los estudiosos de esta materia, la publicación es una cuestión de eficacia de la ley. Así se publicó en un artículo de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, titulado “La promulgación y la publicación de la ley”. Además, estos autores consideran este tema como una cuestión de derecho natural.
La publicación genera dos efectos: en primer lugar, la ley comienza a regir y, en segundo lugar, se presume conocida por todos.
Por último, la ley puede publicarse de varias maneras. Por ejemplo, a través de los códigos, autorizados por la Editorial Jurídica. Respecto de la ley de Presupuestos, se publica un resumen. Como dije anteriormente, ello tiene su raíz en el inciso final del artículo 72 de nuestra Carta Fundamental.
Ahora bien, el proyecto, al exigir en la publicación el nombre de los diputados y senadores autores de la moción o la constancia de que es mensaje presidencial, agrega un requisito más. Por ello, me merece varias observaciones, que creo de interés considerarlas al analizar la calidad, profundidad y seriedad del proyecto.
En primer lugar, si aceptamos que se mencionen los diputados y senadores autores de la moción o que se señale que se inició por mensaje, la publicación de la ley está cumpliendo una tercera finalidad. Ya no es de la esencia o de su eficacia, sino que, además, pasa a tener este requisito formal de indicar una especie de historia resumida de la iniciación de este mandato de la voluntad soberana.
En segundo lugar, pregunto: ¿Esta mención que establece el proyecto formará parte de la ley misma, como su número y su articulado, atendido el propio concepto de la ley, del artículo 1º del Código Civil, que define la ley como una “declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.”? Entonces, ¿ella formará parte de la ley misma o será una cuestión accesoria que no tenga importancia, que no se refiera a su eficacia? Supongamos que en la publicación se omitiera el nombre de uno de los autores. ¿Quedaría esta ley en una situación de precariedad jurídica, de nulidad? ¿Podrían aceptarse casaciones de fondo si se citara una ley que estuviera incompleta por no contener los nombres de las personas que aparecen como autores?
En tercer lugar, si en el Congreso Nacional no existe un registro, ¿cómo podría cumplirse con la obligación señalada en el inciso segundo del proyecto? Tal vez en el Congreso Nacional debería existir un registro único que comprendiera tanto a senadores como a diputados, con el objeto de no tener estas dos ramas totalmente independientes y separadas y de saber la hora, el tiempo en que esas ideas creadoras de un proyecto de ley se asentaron en un registro. De aprobarse el proyecto, sería del todo conveniente para el futuro que este registro existiera en cada rama, aunque lo mejor sería tener un registro único.
En cuarto lugar, me asalta una serie de dudas sobre lo que sucede con los proyectos sustituidos totalmente por indicaciones o aquellos modificados esencialmente en el transcurso de la tramitación. ¿Se considerará autores también a los que presenten las indicaciones que lo sustituyen totalmente o lo alteran sustancialmente, o lo seguirán siendo sólo aquellos que presentaron el proyecto? Posteriormente, cuando éste se perfeccione de manera esencial, fundamental, ¿esta alteración será considerada o no en la iniciativa?
El Instituto Libertad y Desarrollo, en su revista Nº 485, de julio de este año, comenta este proyecto y termina considerándolo inconveniente. Algunos de sus párrafos me parecen absolutamente acertados. Desde luego, repite las consideraciones que ya he señalado y agrega: “De este modo, la ley no es el resultado de la iniciativa parlamentaria o presidencial; es el fruto del ejercicio de la soberanía a través del Poder Legislativo. Mencionar a los autores de la moción sería distorsionar la realidad y desinformar por esta vía a la opinión pública”.
Ese trabajo concluye con la siguiente frase: “El proyecto presenta, en teoría, una vertiente positiva, en la medida en que propone transparentar un elemento propio de la tramitación de los proyectos de ley, pero en la aplicación práctica de la norma propuesta se producirían tales distorsiones que la moción resulta negativa en sus efectos”. Eso es lo que dice el Instituto Libertad y Desarrollo, que inspira en teoría a quienes presentaron el proyecto. Pero, por lo que veo, no han concordado con las ideas que dicho Instituto indica en su revista Nº 485.
Por otra parte, el proyecto se refiere a la ley misma y no al decreto promulgatorio, lo cual me hace pensar que existe una contradicción entre los incisos primero y segundo. En el inciso primero se dice: “La publicación de las leyes, efectuada en conformidad al artículo 7º del Código Civil, deberá indicar el nombre de los diputados o senadores de la moción o la circunstancia de haberse iniciado por mensaje”.
En el inciso segundo se dispone: “...a título informativo, la referida mención, la que será citada en el correspondiente decreto promulgatorio”.
¿En qué quedamos? ¿Se va a publicar en el decreto promulgatorio o en la ley misma? Si se publica en la ley, tiene los inconvenientes que he señalado. Naturalmente, el decreto promulgatorio, norma que deriva del Presidente de la República, que tiene menor nivel dentro del esquema jurídico chileno, podría contener esta información.
En consecuencia, lo apropiado sería que el decreto promulgatorio de la ley respectiva la indicara.
Hice presentes algunas de estas observaciones en la propia Comisión y las hago hoy en la Sala, no obstante que hay indicaciones al proyecto, por lo cual lo votaré favorablemente, con el objeto de que vuelva a Comisión y ahí se estudie en mejor forma.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor José Antonio Galilea .
El señor GALILEA (don José Antonio).-
Señor Presidente, quiero dar lectura a la intervención del honorable diputado señor Roberto Delmastro sobre esta materia, quien no ha podido estar presente por razones personales.
“El prestigio de la labor parlamentaria sólo puede ser protegido, mejorado, difundido y consolidado por la acción y el quehacer de nosotros mismos, los parlamentarios.
“Es un hecho comprobado y real que este prestigio se ha deteriorado en forma alarmante y preocupante en el último tiempo, como lo demuestran múltiples sondeos y estudios de opinión pública, lo que, a mi modesto entender, es injustificado. Sin embargo, poco o nada hacemos o hemos hecho en el pasado para revertir esta situación o para ayudar a mejorar esa imagen deteriorada de uno de los poderes del Estado, pilar fundamental y vital de nuestra vida democrática.
“De acuerdo con nuestra Constitución, el campo y espectro de temas que los parlamentarios tenemos para proponer iniciativas es bastante restringido, ya que se limita a proyectos que no impliquen recursos económicos fiscales y que no signifiquen cambios sustanciales a la Constitución de la República.
“Más aún, el Ejecutivo imprime la velocidad de tramitación de los proyectos, de lo que ha resultado que cientos de mociones parlamentarias duermen o su despacho demora años.
“Hace algunos meses, cuando se promulgó el proyecto de ley sobre el fuero maternal de la madre adoptiva, originado en una moción del honorable diputado señor Jaime Orpis y de quien habla, y que este Congreso aprobó, nació la presente iniciativa, que tiene por objeto corregir un error que se comete muchas veces, ya sea por acción u omisión: no nombrar ni consignar el nombre del o de los autores de las mociones, lo que contribuye a opacar y a dejar en el anonimato la labor parlamentaria y, consecuentemente, la imagen pública del Congreso Nacional y de sus miembros.
“Este proyecto pretende reivindicar el prestigio y el trabajo de los parlamentarios, toda vez que cuando se promulgue una iniciativa originada en moción, se deberá consignar el o los nombres de sus autores, tanto en el oficio de la cámara respectiva al Presidente de la República como en el texto promulgado.
“He dicho”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Claudio Alvarado .
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, este proyecto, originado en una moción de dos colegas, tiene importancia y transcendencia, ya que permitirá poner en conocimiento de la opinión pública el nombre del autor o de los autores de las iniciativas que benefician a la comunidad.
Muchas veces nos quejamos de las pocas atribuciones de que disponemos. No obstante eso, todos comprometemos nuestros mejores esfuerzos para aportar ideas, fundamentos y planteamientos en la elaboración de proyectos que beneficien a todos los habitantes de nuestro país.
El Ejecutivo tiene muchas ventajas en relación con el Congreso Nacional. Por ejemplo, maneja las urgencias, lo que lleva a postergar el tratamiento de mociones; en la legislatura extraordinaria sólo se estudian los proyectos que se incluyen en la convocatoria, por lo que muchas veces se tramitan únicamente los mensajes del Ejecutivo, mientras que las ideas de los parlamentarios no son reconocidas como lo merecen.
He ahí la importancia del proyecto de ley, ya que va a permitir que la comunidad reconozca el aporte del Congreso, porque no es justo que, cuando de aquí surgen ideas en beneficio de la comunidad y éstas llegan a buen fin, a veces ni siquiera se mencione, se nombre o se reconozca nuestro esfuerzo intelectual.
Muchas veces en los mensajes del Ejecutivo se hace notar a determinados parlamentarios que han contribuido con sus ideas para que se transformen posteriormente en leyes; pero, también, muchas veces el gobierno de turno destaca a unos parlamentarios, en perjuicio de otros. En consecuencia, este proyecto establece un poco de equidad o de justicia para todos.
Por esa razón, desde ya anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Baldo Prokurica .
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, en lo personal, considero importante y justo aprobar este proyecto de ley, originado en una iniciativa de los diputados señores Roberto Delmastro y Jaime Orpis , que tiene por objeto modificar la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso, mediante la agregación de un nuevo artículo 58, en virtud del cual se establece la obligatoriedad de indicar, en las leyes que se publiquen, el nombre de los parlamentarios autores de la moción o dejar constancia de que la ley se ha iniciado en mensaje.
La forma en que se ha tramitado este proyecto retrata de cuerpo entero el valor que le damos a nuestro trabajo, ya que lo he visto por lo menos seis veces en tabla, pero recién ahora lo estamos estudiando.
La gente tiene la imagen de que el Congreso Nacional hace pocas cosas y que los parlamentarios no cumplen con sus obligaciones. Ello, en parte, por el desconocimiento del trabajo que realizamos aquí. Desde ese punto de vista, el proyecto viene a hacer justicia en esa materia.
Por otra parte, en Chile se respeta bastante poco la propiedad intelectual y da lo mismo quién inventó o a quién se le ocurrió una idea que a veces resuelve muchos problemas de la gente.
Repito, ésta, que es una medida muy simple, como dije recién, se postergó por lo menos cinco veces su estudio en la Sala.
Considero que la iniciativa debe ser aprobada, por cuanto su finalidad es sacar del anonimato a los parlamentarios, quienes, al contrario de lo que la mayoría ciudadana piensa, también desarrollan una importante labor legislativa, la que muchas veces es opacada por la actividad del Ejecutivo en esta materia, el que tiene iniciativa en la mayoría de los temas y, además, califica las urgencias en la tramitación de los proyectos.
Al respecto, quiero destacar lo sucedido a dos parlamentarios, los señores Jorge Morales y Hugo Álamos , autores de un proyecto que traslada los feriados que se registran en la semana para los días lunes. Los ministros se comprometieron en su oportunidad a invitarnos a la promulgación de esa ley; pero, hasta aquí, no ha llegado la invitación. Incluso, algunos de ellos han dicho en la prensa lo bueno que ha sido ese proyecto.
Sin embargo, no es el único caso, ya que también nos correspondió, junto con el honorable diputado señor Jaime Orpis , formular indicación a un proyecto en el que se establecía la posibilidad de mejorar las condiciones para que los discapacitados obtuviesen carné de chofer, la que figuraba en una iniciativa nuestra, gestión de la que nadie se enteró.
Por lo tanto, considero un detalle los cuestionamientos de algunos diputados respecto de lo que podría ocurrir cuando una moción sea reemplazada por un mensaje, ya que lo que se plantea aquí es el reconocimiento de una cuestión que es justa: dar a cada uno lo suyo, y que la gente conozca al parlamentario que trabajó, que pensó y que ideó un proyecto de ley.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el honorable diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO.-
Señor Presidente, considero que este proyecto aborda uno de los problemas que se ha generado especialmente en los últimos diez años del proceso legislativo: poner en cierta igualdad de condiciones al Ejecutivo sin lugar a dudas, es el principal y gran patrocinante de iniciativas de ley que se transforman en leyes de la Repúblicacon parlamentarios autores de mociones que se transforman en leyes.
Además, hay una desproporción entre la legislatura ordinaria y la extraordinaria, que prácticamente nos deja sólo cuatro meses para tratar nuestras mociones, mientras que el Ejecutivo dispone de ocho para tramitar los proyectos que le importan.
De allí que una de las modificaciones a la Constitución Política propuesta por la Alianza por Chile justamente busca que exista una sola legislatura, y en esencia, a mi juicio, va al fondo de la acción colegislativa entre los proyectos de ley provenientes del Ejecutivo y las mociones de los parlamentarios, de forma tal que en los fundamentos, en la esencia, en la justicia sobre autoría y reconocimiento histórico que deben tener las iniciativas, me parece que apunta en la dirección correcta.
Además, pienso que si queremos hacer bien las cosas y darle la proyección que requieren, también es importante reconocer retroactivamente a los autores de mociones, tanto senadores como diputados, desde el 11 de marzo de 1990 hasta la fecha.
De allí que propondré a la Sala un artículo transitorio, además del artículo único que modifica la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer que los nombres de los diputados o senadores autores de mociones publicadas en el Diario Oficial a partir del 11 de marzo de 1990 hasta la entrada en vigencia de la presente ley, se incluiyan en un texto refundido y por una sola vez, que señalará, además, el título de la moción de la cual fueron autores. De esa manera corregiremos la distorsión a la que hice mención al inicio de mi intervención, ya que en los últimos diez años muchos parlamentarios entre los que, desde luego, me incluyohemos sido autores de mociones, y nuestros nombres como verdaderos iniciadores después han quedado en el olvido. Con esa disposición, quedaría un complemento justo, lo que generaría, asimismo, un contexto amplio, con una visión del último decenio que hace justicia a quienes también hemos sido autores de iniciativas en períodos legislativos anteriores.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, comparto plenamente el espíritu de la moción. Reconocer en el texto que promulga la ley los nombres de aquellos parlamentarios que la impulsaron, hace justicia a su trabajo, a su inteligencia y a su preocupación. Al mismo tiempo, favorece la imagen del Parlamento como un todo, porque, a la fecha, queda la impresión de que el Ejecutivo es quien asume todo el trabajo en la actividad legislativa, y los parlamentarios aparecemos sólo como un órgano consultivo que no tiene iniciativa propia sobre la materia. Por ello, al dejarse constancia de los autores de una moción, el Congreso Nacional retoma su legítimo lugar en la información que debe tener la ciudadanía respecto de quiénes impulsan y redactan las leyes, que finalmente apoyan con su voto.
También creo que la idea del diputado señor Melero , respecto de hacer un consolidado de los últimos diez años, desde que Chile recuperó la democracia en 1990 hasta la fecha, permitirá salvar las omisiones que inevitablemente se producirían si partimos desde la fecha de promulgación de esta iniciativa. Aunque parece un hecho menor, sin embargo es de enorme trascendencia que el trabajo parlamentario quede claramente demostrado en la historia y en los medios de comunicación, no sólo en el Diario Oficial, sino en todos los que la ciudadanía lee, escucha y ve en el país.
Pienso que la difusión adecuada, a través de Relaciones Públicas y del canal de televisión, va a ser una tarea importante de la Cámara de Diputados de aquí en adelante, respecto del rol que cumplen los parlamentarios en la formulación inicial de una propuesta legal. Todos nos hemos dado cuenta de que ese rol es absolutamente ignorado por la opinión pública, en gran parte debido a que existía la debilidad de no colocarlo en el texto promulgatorio y también porque no nos habíamos preocupado de que cada vez cobra más importancia el denominado derecho de autor.
Así como otras disciplinas humanas la literatura, el arte, el cine, etcétera ya tienen muy claro este concepto, ahora corresponde que el Congreso Nacional también concrete esta iniciativa que va a hacer justicia al trabajo hasta ahora anónimo, esforzado, inteligente y perseverante porque elaborar una ley requiere, sobre todo, perseverancia de tantos parlamentarios.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los autores de la moción, diputados señores Orpis y Delmastro , por cuanto esta iniciativa, como han dicho otros parlamentarios, en cierta medida repara una injusticia que se comete diría con casi todos los parlamentarios que, en más de una oportunidad, han presentado alguna moción que posteriormente ha sido ley de la República, pero quedando en el olvido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de sus autores. Desde ese punto de vista, me parece importante hacer un reconocimiento a la labor de esos diputados.
En segundo lugar, también es un reconocimiento a muchos parlamentarios que en forma anónima trabajan arduamente en la actividad legislativa, tanto en las comisiones como en la Sala, y que a menudo son olvidados por los medios de comunicación y no son presas del flash de las cámaras fotográficas o de las luces de la televisión, en circunstancias que cumplen una labor tan importante como es la elaboración de las leyes.
Por eso, me parece importantísima esta iniciativa que pone fin a una situación injusta que, además, la hemos sufrido muchos parlamentarios. En varias oportunidades, mociones que han significado mejorar evidentemente las condiciones de vida de los chilenos, en los ámbitos de la educación, de la salud, de las finanzas, etcétera, cuando la ley es promulgada por el Ejecutivo se ignora a aquellos parlamentarios que fueron autores de la moción, a los que trabajaron intensamente en el proyecto y, al final, el trabajo legislativo se diluye injustamente.
Por ello, la bancada del PPD apoyará esta iniciativa que, como decía, pone remedio a una injusticia para muchos parlamentarios.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Orpis .
El señor ORPIS.-
Señor Presidente, ya no en mi calidad de diputado informante, sino que de autor de la moción, junto con el diputado señor Delmastro , en primer lugar, quiero agradecer al resto de los parlamentarios la acogida que ha tenido el proyecto, cuyo tema de fondo es respetar la autoría intelectual. ¡Ese es el tema de fondo planteado en el proyecto!
Quiero hacerme cargo de algunos argumentos, señalados especialmente por el diputado señor Elgueta , para demostrar la falta de equilibrio que existe en la materia respecto del Ejecutivo. Él preguntaba qué pasa si un proyecto de ley, que es una idea, en el curso del debate parlamentario sufre modificaciones sustanciales. Al respecto, muchos proyectos del Ejecutivo han sufrido modificaciones sustanciales y, a pesar de ello, siguen siendo del Presidente de la República. A mi juicio, deberíamos poner en práctica un principio fundamental del derecho: ante la misma razón, debe existir la misma disposición. Por lo tanto, si se desea proteger la autoría intelectual del Presidente de la República, no veo por qué no se procede de la misma manera respecto de los parlamentarios.
Ilustraré la situación con un hecho concreto. Algo señalaba el diputado señor José Antonio Galilea . Este proyecto surge, porque junto con el diputado señor Delmastro presentamos un proyecto para otorgar fuero a la madre adoptiva, que fue aprobado por el Congreso. Un día vimos por televisión la ceremonia de promulgación de la ley que otorgaba fuero a la madre adoptiva. Y para todos los efectos, también para la ciudadanía, se trataba de un proyecto de ley del Presidente de la República, en circunstancias que se había originado en una moción. Más allá de estar o no presentes en el lugar, la exigencia de fondo es el respeto por la autoría intelectual.
Si este mismo hecho le pasara a un artista, a alguien con un invento registrado, sin duda, el tema no le sería indiferente a la opinión pública, porque, tal como lo señalé en el informe, lo más sagrado que debe respetarse en un ser humano es su creación intelectual.
Es evidente que los proyectos de ley se perfeccionan con el debate parlamentario, pero hay una idea original que debe ser respetada desde el principio hasta el final, independientemente de las modificaciones sustanciales que se puedan introducir a un mensaje o a una moción.
Por eso, junto con tratar de reivindicar la labor parlamentaria, y más allá de ella, queremos ser consecuentes con una serie de proyectos de ley que se están perfeccionando en el Congreso Nacional y respetar la autoría intelectual, lo que debe partir por nosotros mismos.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma .
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, varios señores diputados han hecho uso de la palabra para referirse a las bondades del proyecto, cuestión que comparto. No cabe duda de que en el ejercicio de la labor parlamentaria uno se encuentra con muchas situaciones, con una especie de ignorancia colectiva respecto de las personas que en su momento plantearon medidas o proyectos, que terminaron siendo ley. Por lo tanto, me parece adecuado y conveniente hacer un seguimiento respecto del esquema o iniciativas parlamentarias que llegaron a buen éxito.
Adicionalmente, deseo plantear dos cosas sobre el tema. En primer lugar, en caso de aprobarse esta iniciativa, lo razonable sería hacerla extensiva a las reformas constitucionales que se planteen en su momento. No veo cuál es el argumento para no hacer una referencia equivalente en las reformas constitucionales, ya que existe una relativa equivalencia. Plantearé indicación en ese sentido.
El otro hecho vinculado a este tema, más complejo, es determinar la responsabilidad del Gobierno en el envío al Congreso, con posterioridad, de proyectos similares a los presentados por parlamentarios, los que llegan a buen término debido a la urgencia que se les da. Recuerdo muy bien un proyecto de ley muy importante relativo al Fogape, del cual uno de sus autores fue el diputado señor Alvarado . En su momento, no se conoció en la Cámara, pero se le planteó al Gobierno, el cual, después de treinta días, lo hizo suyo, con algunas modificaciones menores. Fue tramitado, con las urgencias que puede plantear, y quedó como un proyecto de ley del Ejecutivo, en circunstancias que la idea matriz nació de una inquietud del diputado señor Alvarado .
No debemos permitir que en la historia fidedigna del establecimiento de una ley, su autoría sea utilizada o maniobrada mediante las urgencias o las ventajas de que goza el Ejecutivo en el proceso de formación de la ley. El diputado señor Orpis planteaba la situación que se produce al no existir esta norma: muchas veces los proyectos aparecen como del Gobierno, en circunstancias que su origen fue parlamentario. Pero también se da el caso de que muchas veces, teniendo origen parlamentario, con el uso de las urgencias se “baipasea” esa autoría y los proyectos se plantean como provenientes del Ejecutivo.
Me preocupa la situación, porque, más allá de la autoridad que ostentamos ahora, se dará una tendencia natural en proyectos relevantes. Como el proyecto va a volver a la Comisión, sería necesario abordarlo de alguna manera para lograr la transparencia adecuada en esta materia.
Por lo tanto, reconociendo las bondades del proyecto, y asumiendo algunos de los planteamientos del diputado señor Elgueta también manifestados en su momento en la Comisiónen el sentido de que el proceso legislativo es bastante más complejo y hay una serie de indicaciones que entran y salen, me parece que, de todos modos, la iniciativa tiene un buen planteamiento. A mi juicio, debe extenderse a las reformas constitucionales y, adicionalmente, también debe preverse la situación de que planteado un proyecto por un parlamentario, éste, con posterioridad, es asumido en otra iniciativa por el Ejecutivo, la que, en definitiva será ley de la República, olvidándose de la autoría parlamentaria original, que merecería ser recordada.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Huenchumilla .
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, como idea, me parece excelente el proyecto de ley; por lo tanto, estoy en condiciones de votar favorablemente la idea de legislar. No obstante, el texto de su artículo único me parece que debe ser objeto de una modificación a fin de que tenga una redacción unívoca en los términos recién planteados por el diputado señor Elgueta , debido a la contradicción aparente que existe entre los incisos primero y segundo.
Lo lógico sería que los nombres de los autores de la moción quedaran registrados en el decreto promulgatorio respectivo de la ley. Los nombres no forman parte del contenido de la ley misma, sino que constituyen un accesorio importante.
Sin embargo, quiero hacer la siguiente reflexión en torno de la filosofía de este proyecto de ley. (Por eso, me asiste la duda de extenderlo también a los proyectos de reforma constitucional, porque ahí hay una filosofía distinta). La Constitución Política de la República establece una estructura en virtud de la cual determinadas materias sólo son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y otras, también pueden ser propuestas por diputados o por senadores. O sea, la Carta Fundamental contempla un mecanismo en virtud del cual, para poner en movimiento el aparato legislativo, se requiere en algunos casos iniciativa del Ejecutivo, y en otros, también pueden tenerla los senadores y diputados. Por lo tanto, me parece perfectamente lógico que quien pone en movimiento el aparato legislativo, el autor de la idea, de la iniciativa, el que da el impulso inicial, sea el que se consigne en el decreto promulgatorio, porque las indicaciones al proyecto, naturalmente, se hacen sobre la base de la iniciativa que llega al Poder Legislativo en virtud del impulso inicial de los autores de la moción. Sin ese impulso, no habría indicaciones y, por lo tanto, no podríamos decir que aquellos que sustituyeron el proyecto primitivo o la moción, en definitiva, son los autores de su contenido. Probablemente, en términos sustantivos, sí, pero no para los efectos de lo que importa en la estructura de la Constitución respecto de cómo se inician las leyes.
Por eso, me parece que la filosofía del proyecto está en la dirección correcta, en orden a que el decreto promulgatorio debe contener los nombres de los diputados o senadores que pusieron en marcha, en este caso el aparato legislativo del Estado en términos procesales, se habla del “aparato jurisdiccional”, para tener una norma con fuerza obligatoria de ley.
En consecuencia, con esa filosofía, pero con las necesarias correcciones de redacción me imagino que uno de los autores de la moción escucha la posición de este diputado para eliminar la aparente contradicción entre el inciso primero y el segundo, en cuanto a que el decreto promulgatorio contuviera el nombre de los autores de la moción respectiva, vamos a aprobar la idea de legislar, sin perjuicio de que con posterioridad, en virtud de las indicaciones respectivas, podamos tener un proyecto que cumpla cabalmente no sólo con la letra de la Constitución, sino con la filosofía que inspira los proyectos y las mociones de ley de acuerdo a la Carta Fundamental.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Así, se da por terminado el debate del proyecto, que será votado, según el acuerdo de los Comités, al final del debate del último proyecto que ha de tratarse hoy día.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece la obligación de indicar en el decreto promulgatorio de una ley el nombre de los autores de la iniciativa.
Esta iniciativa contiene disposiciones de ley orgánica constitucional, por lo que necesita 67 votos para su aprobación.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 9 votos. No hubo abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alessandri , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Rozas (doña María) , Ceroni , Coloma , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Espina, Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don José) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Leal , Leay , León, Longton , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Ojeda , Olivares, Orpis , Ortiz , Palma (don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Rincón, Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Caraball (doña Eliana) , Errázuriz , Gutiérrez , Hernández , Krauss , Luksic , Reyes, Seguel y Velasco .
El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
Al artículo único
1. De los señores Krauss y Orpis para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo único.- Agrégase en la ley Nº 18.993, que crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el siguiente artículo 11 bis, nuevo:
“Artículo 11 bis.- El decreto promulgatorio de una ley, deberá llegar en su suma el nombre de los autores del proyecto de ley que se promulga si se tratare de moción y, en el caso de que sea mensaje la calidad de tal y el nombre del Presidente de la República que lo remitió. Para este efecto el oficio de la Cámara de origen que comunique al Presidente de la República que el Congreso Nacional ha dado su aprobación a un proyecto de ley, deberá incluir, a título informativo, la referida mención.”.”.
2. Del señor Elgueta para reemplazar en el inciso primero del artículo 58 que se agrega, la expresión “La publicación de las leyes” por “Los decretos que ordenen la publicación de las leyes”.
3. Del señor Coloma para intercalar en el inciso primero del artículo 58 propuesto, luego de la expresión “La publicación de”, los vocablos “las reformas constitucionales y”.
4. Del señor Andrés Palma para agregar en el inciso primero del artículo 58 propuesto, la siguiente frase final “También se indicarán los nombres de todos los parlamentarios que hayan realizado indicaciones.”.
5. Del señor Melero “Artículo transitorio.- Los nombres de los diputados o senadores autores de mociones publicadas a partir del 11 de marzo de 1990, hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se publicarán en un texto refundido y por una sola vez, señalándose además el título de la moción de la cual fueron autores.”.
REGULACIÓN DE OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES. Proposición de la comisión mixta.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
A continuación, corresponde conocer el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto de ley que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones y establece régimen de gobiernos corporativos.
Antecedentes:
Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 2289-05, sesión 6ª, en 12 de octubre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Miguel Hernández , hasta por diez minutos.
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, en nombre de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, quiero expresar nuestra satisfacción por el resultado que se ha obtenido en relación con una normativa absolutamente necesaria en nuestro ordenamiento jurídico. Cabe hacer presente que habrá ley de Opas, aunque se aprueben o rechacen las proposiciones de la comisión mixta.
Al interior de mi bancada ha habido una discusión bastante amplia acerca de la materia, en la que se han planteado consideraciones de carácter técnico, frente a las cuales no soy el más indicado para entregar una opinión, aunque estoy absolutamente tranquilo por su contenido.
Al respecto, hemos enfrentado el problema político con mucha claridad. En el transcurso de la tramitación legislativa se fue enriqueciendo la proposición original, en términos de proteger a los accionistas minoritarios, aunque para llegar a eso se tuvo que establecer un acuerdo político gestado en el Senado de la República, no en el seno de la Cámara, y en el cual no participamos los diputados de la Democracia Cristiana, que consiste en fijar un plazo de tres años para la vigencia de la ley.
Conversado el tema con las autoridades de Gobierno y explicados los puntos referentes a esta situación de carácter netamente político, valoramos la entereza del ministro de Hacienda al mantener irrestrictamente su palabra en los términos del acuerdo a que se había llegado.
Lamentablemente, la actitud del ministro no fue correspondida en la misma forma en la comisión mixta por dos senadores de Oposición, la señora Matthei , que se abstuvo en la votación, y el señor Prat , que votó en contra. Para nuestra bancada, esa actitud significó desconocer y dar por terminado el acuerdo político que se había alcanzado. Desde esa perspectiva, miembros de la Comisión de Hacienda acordaron, en forma mayoritaria, recomendar a nuestra bancada votar en contra de las proposiciones de la comisión mixta o manifestar su abstención.
Trataremos de cumplir a plenitud dicha recomendación, pero también queremos decir, en forma explícita, que no constituye una orden de partido ni de bancada, pues cada diputado deberá asumir su propia responsabilidad. Lo importante para nosotros es que la ley entre en vigencia en los términos que señalé al comenzar mi intervención, independientemente de cuál sea el resultado que se obtenga al votar las proposiciones de la comisión mixta.
Deseamos dar una señal política clara al país en el sentido de que el interés mayoritario de nuestra bancada, no excluyente ni imperativo, es velar, fundamentalmente, por la protección de los accionistas minoritarios de las grandes empresas.
Entendemos el momento económico que vive nuestro país y sabemos del interés del Gobierno, en especial del ministro de Hacienda, por dar señales claras al mundo empresarial, a fin de que la tan ansiada reactivación se produzca. Participamos plenamente de esa intención y consideramos que con nuestra actitud no estamos impidiendo esos hechos y, como consecuencia de lo mismo, somos categóricos al expresar en esta Cámara y ante la opinión pública, que nuestra principal preocupación será defender los intereses de los accionistas minoritarios.
A nuestro entender, es importante dar este tipo de señales y definir con claridad los puntos de vista de los diferentes partidos políticos en esta materia. Nuestro Gobierno, estamos ciertos, entenderá que nuestra intención no es provocarle problemas. Muy por el contrario, como diputados de la República, estamos haciendo un aporte interesante al señalar una posición política absolutamente legítima.
Vuelvo a decir, una y otra vez, que valoro el proyecto, pues significa llenar un vacío legal que estaba provocando daño y que, al mismo tiempo, constituía una mala señal. En ese mismo contexto, quiero manifestar a los miles y miles de accionistas minoritarios que nuestra bancada estará siempre dispuesta a defender los intereses de quienes más lo necesitan, los cuales, muchas veces, se sienten arrollados por la fuerza del poder de aquellos que controlan las grandes empresas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez .
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente, en primer lugar, hablemos de acuerdos. Se ha dicho que los votos de la señora Matthei y del señor Prat estarían rompiendo un acuerdo político.
Quiero recordar que este proyecto, uno de los pocos importantes en materia de mercado de valores, fue aprobado en esta Cámara, por unanimidad, el año pasado. ¿Por qué? Porque había un acuerdo entre el Gobierno de la época no tiene nada que ver acá el ministro Eyzaguirrey los diputados de Gobierno y de Oposición. Tengo acá el resultado: 93 votos a favor, 0 en contra.
¿Quién rompió ese acuerdo político? El Gobierno de la época al presentar en el Senado diez días antes de ingresar el proyecto en la cámara alta un número importante de indicaciones, en circunstancias que había llegado a acuerdo con nosotros en materias discutibles, como las Opas y el comité independiente de accionistas, es decir, después de haberse logrado la unanimidad de esta Sala respecto de esas materias.
Si vamos a hablar de acuerdos, hagámoslo con la información completa.
En segundo lugar, se llegó a un nuevo acuerdo, ahora en el Senado, entre senadores de Gobierno, de Oposición y el ministerio. Al momento de someter a votación la iniciativa, se presentó una indicación que la alteraba sustancialmente en una materia tan importante como es la que trata el artículo 10 transitorio. Segunda ocasión en que no se cumplía lo que se había acordado.
Tercer escenario: lo que se nos ha dicho ahora. Ante la perspectiva de un informe de la comisión mixta, asumimos el compromiso de llegar a un acuerdo para que el proyecto saliera adelante. Eso es lo que hicimos. Votaron a favor el diputado José García y quien habla, un senador se abstuvo y otro lo votó en contra, por considerar que el acuerdo suscrito previamente por ellos no se había respetado; pero les garantizamos y dimos la plena seguridad de que si el informe de la comisión mixta salía en estos términos, lo aprobaríamos hoy en la Sala.
Que quede claro que nosotros no hemos quebrantado ningún acuerdo. Al contrario, hemos garantizado que las proposiciones de la comisión mixta serán aprobadas por esta Sala en los mismos términos en que fueron despachadas. De hecho, todos los diputados votaron favorablemente las cuatro disposiciones. Entonces, no se nos venga a decir que estamos transgrediendo un acuerdo y que, por eso, se puede votar distinto o no cumplir un acuerdo político. Si fuera por eso, tendríamos que retrotraernos a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados o en el Senado.
Dicho lo anterior, vamos al análisis del proyecto en sí.
Como dijo el diputado Miguel Hernández , todo lo sustancial de la ley de Opas ya fue aprobado en esta Sala y en el Senado, con mucha discusión, reparos constitucionales en algunas materias y dudas sobre su eficiencia, eficacia y justicia. Pero lo central en materia de Opas, comités de directivos, prorratas en general, compra de acciones propias, materias relacionadas con las AFP y fondos mutuos, etcétera, ya se aprobó.
Ahora estábamos solucionando exclusivamente cuatro diferencias, dos de ellas menores: la del artículo 69 ter, nuevo, y una norma relativa a las AFP, las cuales, incluso, fueron unánimemente aceptadas; y dos más importantes, una relacionada con bancos, y otra, con el efecto transitorio o permanente de este proyecto de ley. La norma relativa a los bancos terminó siendo aprobada por inmensa mayoría de los integrantes de la comisión mixta, tanto senadores como diputados, por estimar correcta su redacción, ya que da nuevas facultades a la Superintendencia para analizar posibles fusiones de bancos, lo cual crea un marco adecuado para autorizarlas.
Lo único rechazado, que originó debate en la comisión mixta, fue si había o no obligación de consultar previamente a la comisión resolutiva o al fiscal nacional económico, posición sustentada por algunos diputados. Una inmensa mayoría de integrantes de la comisión mixta consideró que eso no era necesario, primero, porque esas atribuciones ya las tiene hoy el fiscal es decir, ya puede investigar cualquier fusión, y, segundo, porque, en general, el derecho comparado así lo muestra. Todo lo relativo a notificaciones previas en materia de derecho de la competencia se ha ido eliminando porque agregaba un costo al sistema y no tenía eficiencia, desde el punto de vista de la aplicación de las normas. Eso ha llevado a que los fiscales tengan capacidad para investigar, pero sin que sea obligatoria su consulta previa.
Ese punto, finalmente, fue aceptado en forma plena por la Comisión, entiendo que sólo con un voto en contra.
Un segundo tema relevante, sin duda el más complejo, se refiere a si los accionistas dueños de un control tienen o no derecho a enajenarlo libremente, sin someterse a la normativa de Opas, a la obligación de hacer una Opa o de vender a través de un prorrateo de acciones; esto es, repito, si el controlador puede o no enajenar su control libremente.
El proyecto establece una disposición transitoria que le dice a ese controlador que puede vender libremente sin acogerse a estas normas siempre y cuando una junta extraordinaria de accionistas lo autorice o permita que él venda su porcentaje de participación en el control.
¿Por qué consideramos que esto es plenamente justo? Porque en Chile se han dictado reglas muy claras que han permitido a las personas tener derecho al control de las acciones que han adquirido con el trabajo de muchos años, todo ello de acuerdo con la actual normativa. Pero como esta iniciativa elimina ese derecho, le damos a esta gente que ha trabajado e invertido para adquirir el control, o que ha pagado por él el derecho de vender el paquete controlador por una sola vez. Es muy importante tener presente que quien lo compra no puede venderlo después. Por lo tanto, en el precio de adquisición debe estar reflejado ese hecho.
La persona que logró el control de la sociedad gracias a su esfuerzo, entiende que si lo vende hoy no le van a pagar el mismo valor. ¿Por qué? Porque el que lo está adquiriendo sabe que no lo podrá vender como paquete, sino que deberá someterse a las normas de las Opas.
Lo que estamos creando es un régimen transitorio que hace justicia a aquellas personas que adquirieron, invirtieron y trabajaron bajo ciertas normativas, que hoy están siendo modificadas sustancialmente, a fin de que tengan la oportunidad, reitero, de enajenar el control por una sola vez dentro de los próximos tres años, con el acuerdo de una junta extraordinaria de accionistas.
Al respecto, dimos el acuerdo, no porque nos guste la idea, sino por cuanto, en nuestra opinión, no era necesario el acuerdo de la junta. A nuestro juicio, lo lógico era una decisión del accionista, porque estamos hablando de un bien de su propiedad. Por ello nos pareció justo llegar con el Gobierno a un acuerdo en esta materia, ya que las alternativas eran la vigencia inmediata de este precepto o el establecimiento de un período transitorio sólo para aquellos que han trabajado, invertido o comprado ese control. Esta solución nos resultó aceptable, al igual que el hecho de que ello fuera acordado en una junta extraordinaria de accionistas. Insisto en que no es lo que hubiéramos querido, pero nos pareció que era la mejor forma en que debía operar la ley de Opas.
La iniciativa ya está aprobada en sus aspectos más esenciales, pero cabe recordar la discusión que generó, los reparos constitucionales que he señalado, la decisión que se tomó en cuanto a si era o no un buen modelo para nuestro país, sobre lo cual tengo enormes reparos y por ello me abstuve en varias votaciones respecto de este tema, pero ya está aprobado.
Por medio del informe de la comisión mixta estamos dando solución a cuatro normas. Entre las menores está la del artículo 69 ter, y la indemnización de las AFP; en las realmente importantes, la consulta ante el fiscal nacional económico, materia en la que hubo total acuerdo, salvo el voto en contra del diputado Pablo Lorenzini . En cambio, para la sustitución del artículo décimo transitorio, nuestro compromiso fue que la comisión mixta acordara una norma mediante la cual el controlador podrá enajenar libremente sus acciones, si lo acepta la junta de accionistas con el 51 por ciento de los votos, dentro del curso de los próximos tres años.
A este acuerdo fue al que finalmente llegamos y anuncio que votaremos favorablemente las proposiciones de la comisión mixta.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En esta discusión corresponde que intervengan tres diputados quizás debiéramos hacer una modificación reglamentaria para que puedan intervenir los cinco que participaron en la comisión mixta, ya que eso sería lo lógico. En consecuencia, solicito el asentimiento de la Sala para dividir los últimos diez minutos entre los diputados de las bancadas que no han hecho uso de la palabra. Por un lado, está el diputado señor Jaramillo , en representación del PPDPS, y, por el otro, el diputado señor José García , de Renovación Nacional.
El señor TUMA.-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor TUMA.-
Sugiero que los cinco parlamentarios hagan uso del tiempo en partes iguales en la Sala.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No hay acuerdo.
Pido el asentimiento de la Sala para dividir los diez minutos restantes entre los diputados que no han hablado: cinco minutos para el diputado señor Jaramillo y los cinco restantes para el diputado señor José García .
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, cuando quienes participan en temas de importancia quieren dar su opinión, lo justo es lo que se ha resuelto aquí: permitir que todos intervengamos en un proyecto que en forma muy personal ya considero aprobado.
La comisión mixta, cuya función era zanjar las diferencias habidas, que no lo son en el fondo, en torno del proyecto de ley que regula la oferta pública de acciones, estuvo compuesta por integrantes de las dos cámaras legislativas encargadas de analizarlo. Al respecto puedo decir que al fin se ve luz para despejar una serie de controversias surgidas entre el Gobierno y la Oposición.
Como fruto de este entendimiento, debemos tener presente, para proyectos de la envergadura económica de un país que avanza y logra acaparar la atención de la economía internacional como es el caso que ya tenemos como ejemplo un bono soberano, sólido y prestigiado, entre ellos los ADR. Y en esta negociación política que ha tenido el mérito de reconocer las diferencias de criterios técnicos entre cada conglomerado, dignificando por ende el principio democrático, pues nadie ha impuesto a otros sus posturas llegamos a una situación de consenso en relación con la institución de las Opas, especialmente aquellas de carácter hostil.
La materia es de una tremenda importancia, toda vez que nos abocamos a regular la acción de agentes privados. Normalmente, se trata de grandes compañías nacionales y transnacionales en los gobiernos corporativos y atención, por favor la forma de acceder al control de las compañías. Lo que ha inspirado al Gobierno y a la mayoría de la comisión mixta ha sido salvaguardar los derechos de los accionistas minoritarios que, incluso en el caso de las AFP, pasan a ser los propios trabajadores del país, que ven cómo sus inversiones a largo plazo pueden sufrir detrimentos si las administradoras entre tanto accionista minoritario son presa de la actividad de grupos económicos que controlan las grandes sociedades anónimas e imponen formas injustas en la distribución de las utilidades.
Ahora, en el texto que conocemos y que respaldo, se establece la obligatoriedad de realizar una Opa cuando se vende el control de una empresa en un plazo que debe ser fijado por la junta de accionistas, único espacio de participación real de todos los grupos accionarios y en donde, en concordancia con nuestra ley de sociedades anónimas, se expresa la soberanía corporativa de manera más plena y transparente.
Al término de este trámite, que es el último, hago un reconocimiento a cada uno de los miembros del equipo del Ministerio de Hacienda, quienes, desde el Gobierno del Presidente Frei, han estado a cargo de este tema, demostrando un gran manejo técnico y profesional sobre la materia y, por supuesto, un compromiso por la democratización y transparencia del negocio financiero: ese negocio tan criticado que, cuando se hace bien, le trae bienestar a los países.
Bien por la economía transparente, pieza fundamental del Gobierno; no ha sido fácil su trabajo. El entendimiento diferencia, algunas veces, a los economistas; pero no ha habido grandes discrepancias y sólo se ha debatido la mejor forma de operar; bien por el Gobierno del Presidente Lagos, que ha cumplido con uno de los roles más importantes del Estado en el actual modelo de economía y sociedad; bien por el Gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que dio origen al proyecto, entregando un marco regulatorio si se me permite, un “insumo normativo”, que crea las condiciones para que operen los actores privados, pues genera confianza y estimula las inversiones extranjeras, que verán en el mercado financiero chileno un espacio para hacer negocios, sin exponerse a una selva sin reglas que pueda dar pie al abuso y a la deshonestidad.
Con este proyecto, Chile será el único país en América Latina que habrá logrado dicho objetivo fundamental. Por eso, no cabe duda su aprobación.
En consecuencia, anuncio el voto afirmativo de las bancadas del Partido por la Democracia y del Partido Socialista, convencidos de la necesidad de la inserción económica internacional de nuestro país. No se puede decir lo contrario. Proyectos como éste son transparentes y un ejemplo en el mundo económico que hoy se vive.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor José García .
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, en relación con la intervención del diputado señor Hernández , quisiera dejar en claro que la voluntad política, tanto de esta Cámara como del Senado y de todos los sectores políticos, ha sido proteger los intereses de los accionistas minoritarios. Prueba de ello es que durante dos años se ha trabajado intensa y minuciosamente en este proyecto de oferta pública de acciones. De no existir ese interés especial en defender los valores, la propiedad que representan los accionistas minoritarios, el proyecto se habría rechazado desde un comienzo, y no se habría entregado un aporte que dicho sea de paso, como Oposición, ha sido sustantivo al mejoramiento de este importante proyecto de ley, cuyo objetivo principal es proteger los intereses de los accionistas minoritarios frente a la venta que realizan quienes ejercen el control de las sociedades anónimas.
¿Dónde ha estado el punto de conflicto?
Tal como lo señalaba el diputado señor Álvarez , en el Senado se llegó a un acuerdo para establecer un período de transición de tres años, disposición que fue rechazada por la Cámara de Diputados. Por ello, el Ejecutivo propuso una indicación que, respetando el período de transición de tres años, agrega como requisito lo siguiente: “No obstante lo dispuesto en el artículo 199 de la ley Nº 18.045, los controladores actuales de las sociedades anónimas abiertas que hagan oferta pública de sus acciones, podrán optar por enajenarlas libremente, aun cuando el precio sea sustancialmente superior al de mercado, siempre que realicen dicha enajenación dentro del curso de los próximos tres años, contados desde el día primero del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente ley y sea acordado en una junta extraordinaria de accionistas. El directorio de la sociedad convocará a la junta y ésta resolverá por la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Este beneficio podrá invocarse por una sola vez”.
Agrega la indicación del Ejecutivo: “Para acogerse a lo previsto en el inciso anterior, se deberá convocar a junta extraordinaria dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley”.
Por lo tanto, la norma en conflicto respeta el período de transición de tres años y agrega como requisito el que se convoque a una junta de accionistas y que ésta se realice dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vigencia de la ley.
¿Por qué es importante que se apruebe la indicación del Ejecutivo?
No puede escapar a la comprensión de los colegas diputados que esto también afecta el derecho de propiedad, ya que hay personas que invirtieron de buena fe porque creyeron en la economía chilena y alcanzaron progresivamente el control mayoritario de las acciones de determinadas empresas; sin embargo, de la noche a la mañana se les han cambiado las reglas del juego y se les ha dicho que sólo podrán vender a través de una oferta pública de acciones, lo que ineludiblemente afecta el derecho constitucional a la propiedad privada. Por eso, la redacción propuesta por el Ejecutivo es equilibrada.
En consecuencia, llamo a las señoras diputadas y a los señores diputados a dar su aprobación al proyecto para que, de una vez por todas, Chile pueda tener una legislación que proteja efectivamente los intereses de los accionistas minoritarios.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Solicito el acuerdo para que ingrese a la Sala el superintendente de Valores y Seguros, señor Álvaro Clarke .
El señor LEAY.-
No hay acuerdo.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre .
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).-
Señor Presidente, éste es un momento de gran trascendencia por cuanto hemos llegado al final de la discusión de un proyecto que, sin duda, constituye un pilar de la estructura económica que los chilenos aceptamos para el futuro.
Quisiera reiterar algo tantas veces olvidado: sólo los países que hoy se encuentran en el concierto de aquéllos con mayores niveles de desarrollo han sido capaces, al interior de sus comunidades, de ponerse de acuerdo respecto de las formas en que las empresas y corporaciones deben gobernarse con el objeto de proteger el interés común.
Con la aprobación del proyecto, Chile se ubicaría nuevamente en el primer lugar de América Latina, por cuanto no hay ningún país aun cuando la gran mayoría de sus gobiernos lo desean que haya construido consensos nacionales con el objeto de prevalecer en una materia de esta seminal importancia. Es más: todos sabemos que hoy la economía chilena, no obstante la reactivación de la producción, se encuentra en una situación todavía insatisfactoria desde el punto de vista del aumento del gasto, del desendeudamiento de personas y empresas y del incremento del empleo.
Con conocimiento de causa puedo afirmar, sin vacilar, que la aprobación del proyecto en análisis es un paso significativo para consolidar la reactivación y el crecimiento de nuestra economía, por cuanto constituye un vehículo trascendental a la hora de conectar los mercados financieros chilenos en forma fluida con el exterior.
Quiero enfatizar que el proyecto mediante la creación de fondos de inversión, de fondos cerrados y de lo que se ha dado en llamar opciones para compra de acciones posibilitará, por primera vez en nuestra historia, que las pequeñas y medianas empresas se beneficien del flujo internacional de capitales.
No será extraño para ninguno de los miembros de esta Sala que un país medianamente desarrollado como el nuestro no cuente con los recursos de ahorro internos suficientes para financiar el crecimiento a que todos aspiramos, a fin de llegar a ser un país desarrollado el año 2010. Sin una ley de esta naturaleza ni una plena integración financiera con el exterior, no estaremos en condiciones de reactivar y crecer a los niveles que el Gobierno y todos los chilenos nos hemos planteado como meta para el futuro.
Tengo en mi mano un informe emitido ayer por Merryl & Lynch , una de las empresas consultoras más prestigiosas del mundo, según el cual la aprobación de los derechos de los accionistas minoritarios y el gobierno de las corporaciones constituiría en estos momentos un paso fundamental para renovar el atractivo que ofrece nuestra economía a los mercados internacionales, lo que significaría, en concreto, una reducción de los costos de financiamiento de las empresas, en particular para las pequeñas y medianas.
El informe de la comisión mixta que hoy día se somete a vuestra consideración es, en opinión del Gobierno, un informe balanceado. Por una parte y después de un extenso debate, deja establecido que la cesión del control de una corporación o sociedad a otro potencial controlador debe hacerse obligatoriamente mediante el mecanismo de las Opas, exigencia que no estaba contemplada en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional. Como todos recordarán, al finalizar dicho trámite se aprobó la obligatoriedad de las Opas para el caso de las compras, pero la voluntariedad de las mismas en el caso de las ventas. Por lo tanto, para todos los fines prácticos, lo aprobado por la Cámara implicaba que la obligatoriedad de que fueran Opas, no era tal, sino que al quedar como resorte del controlador, implicaba un período de transición infinito para que fuera voluntario.
El Gobierno considera fundamental la obligatoriedad de las Opas, por cuanto nos asiste la convicción de que todos los accionistas de una sociedad toda vez que arriesgan su capital por igual deben tener los mismos derechos. Por eso, hemos insistido en la obligatoriedad de las Opas.
En conversaciones muy de fondo con la Oposición consensuamos el establecimiento de las Opas como un régimen obligatorio. No obstante, como es característico si ustedes hacen memoria, lo recordarán de inmediato y por estar frente a un cambio estructural de esta trascendencia, se estableció un período de transición, con el objeto de que las corporaciones y sociedades pudieran acomodarse con fluidez a este nuevo régimen estructural.
En nombre del Gobierno, quiero plantear responsablemente que los tres años de transición no representan peligro alguno, desde el punto de vista de la protección de los accionistas minoritarios. En primer lugar apelo a vuestra memoria y conocimientos, ninguna operación que haya causado polémica pública hasta el momento a nivel de transacciones de las corporaciones de nuestro país, se ha llevado a cabo en virtud de la eventual voluntariedad para la cesión del control de una compañía. Los casos conocidos, como Terra CTC o Chispas se efectuaron en virtud de disposiciones que hoy día están prohibidas, en función del consenso logrado sobre la materia en la Cámara y en el Senado.
Pero abusando de vuestra paciencia, hay más. Para que llegara a producirse un eventual daño a un accionista minoritario durante estos tres años de transición, se requeriría la concurrencia simultánea de seis condicionantes: 1. Que el actual controlador desee salirse de la compañía; 2. Que el nuevo controlador desee adquirir el paquete controlador, aun sabiendo como se estableció en la discusión previa que no podrá enajenarlo directamente a futuro; 3. Que el actual controlador cuente con el apoyo de la mayoría de la junta de accionistas; 4. Que el nuevo controlador decida ingresar motivado principalmente por su mayor capacidad de extraer valor a los minoritarios.
Permítaseme una digresión. Considero que ha habido falta de información respecto de este tema. En la enorme mayoría de los casos, la compra directa del paquete de control por parte de otro controlador no implica perjuicio alguno para los minoritarios; en la gran mayoría de los casos la toma de control por un nuevo controlador acontece porque éste tiene mayor capacidad que el actual para agregar valor. Si ése es el caso, todos y cada uno de los accionistas, incluyendo a los minoritarios, se verán beneficiados. Por eso, precisamente, dentro de las distintas comisiones se consensuó que ello sólo será obligatorio en una Opa si la transacción directa se hubiera pactado a un precio 15 por ciento superior al prevaleciente en el mercado. Como excepción podría ocurrir que la toma de control por un nuevo controlador se diera en función de que éste tiene mayor capacidad de extraer valor accionario a los minoritarios que el actual controlador. ¿Cuál es aquella remota circunstancia? El caso de que el nuevo controlador controle la competencia y, por lo tanto, se hace del control de la sociedad, con el objeto de jibarizarla para lograr pleno control sobre la competencia. Se trata de un caso muy remoto.
Pues bien, he mencionado cuatro condiciones copulativas.
Continúo. 5. Que el nuevo controlador esté dispuesto a afrontar las pérdidas que, con toda seguridad, enfrentará en el mercado al comprar el control en contra de la opinión de los minoritarios, la que será claramente establecida en la junta de accionistas. Por último raya en el plano de lo ridículo, que el potencial controlador deseara ingresar en contra de la voluntad de los minoritarios para extraerles valor accionario cuando la nueva ley esté vigente, en circunstancias que podría haberlo hecho con toda tranquilidad y de acuerdo con las facultades que le otorga la ley vigente; es más: hasta que se promulgue la nueva ley. ¿Qué lógica cabe para que una maniobra de este tipo algunos pretenden que podría ocurrir durante los tres años de transición no se haya realizado hasta ahora, cuando es perfectamente legal hacerlo?
Por todo lo anterior, al Gobierno le asiste la convicción de que los tres años de transición corresponden a una adaptación estructural normal, que no importa riesgo alguno para los accionistas minoritarios.
Finalizo refiriéndome a dos puntos. ¿Es efectivo que, de no aprobarse el informe de la comisión mixta existiría ley de Opas de todas maneras? En estricto rigor, sí; pero sobre la base de haber rechazado el informe de la comisión mixta, de haber vulnerado están en todo su derecho el compromiso suscrito por el ministro que habla y por el Gobierno, en cuanto a permitir un plazo de adaptación de tres años; de introducir futuras indicaciones al proyecto, por cuanto, de rechazarse el informe de la comisión mixta, hay aspectos del proyecto que quedan inconclusos.
Por último, la señal hacia el ámbito internacional es completamente distinta si se logra una aprobación mayoritaria y consensuada de un aspecto fundamental del proyecto, de una aprobación por mayorías estrechas en las cuales se generan dimes y diretes, vueltas y vueltas, comisiones mixtas, rechazos, reposiciones, vetos, etcétera, etcétera.
En opinión del Gobierno, la actitud de la Oposición en el Senado, de aprobar la idea de legislar, cuando tenía los votos precisos para bloquear la iniciativa; la aprobación por parte de la Oposición, en el Senado, del principio de obligatoriedad de las Opas; la aprobación, por parte de la Oposición en la Cámara de Diputados del principio de obligatoriedad de las Opas, y la aprobación por parte de dos señores diputados de la Oposición en la comisión mixta del mismo principio y la aceptación de la junta de accionistas, constituyen, en nuestra opinión, un testimonio claro de su adhesión al compromiso.
Por tanto, señores diputados, en nombre del Gobierno, llamo encarecidamente a cada una de las bancadas, tanto a aquellas que respaldan a mi Gobierno como a las de la Oposición, a hacer Chile en el día de hoy, a mirar el futuro y respaldar, sin duda alguna, el informe de la comisión mixta.
Gracias, señor Presidente.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Muchas gracias, señor ministro.
Cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Se suspende la sesión por 5 minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Se reanuda la sesión.
El informe de la comisión mixta se votará de inmediato, por lo cual se ha acordado llamar por 10 minutos para que puedan asistir los diputados que se encuentran en comisiones, especialmente los que estudian el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación.
Se suspende la sesión por 10 minutos.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde votar la proposición de la comisión mixta, lo cual se hará de una vez.
Debido a que el proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional y de quórum calificado, y a que se ha dado cuenta de dos permisos constitucionales, en esta ocasión se requieren 67 votos para aprobarlo.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 8 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Aprobada.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló , Alessandri , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Ávila , Bartolucci , Bertolino , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Díaz , Dittborn , Encina , Espina, Fossa , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don José) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hales , Huenchumilla , Ibáñez , Jaramillo , Jeame Barrueto , Leal , Leay , Longton , Longueira , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Melero , Molina , Montes, Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Ojeda , Orpis , Ortiz , Paya , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes, Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Vega , Venegas , Vilches , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio , Rozas (doña María) , Hernández , Jiménez , JocelynHolt , Lorenzini , Luksic , Ovalle (doña María Victoria), Palma (don Joaquín) , Rincón , Seguel y Velasco .
Se abstuvieron los diputados señores:
Cornejo (don Aldo) , Elgueta , Jarpa , Krauss , Mulet , Núñez , Olivares y Silva .
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Primer trámite constitucional.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Corresponde conocer el informe complementario de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de reforma constitucional relativo a pueblos indígenas.
Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Sergio Ojeda .
Antecedentes:
Informe complementario de la Comisión de DD.HH., sesión 46ª, en 3 de mayo de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 3.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que se encuentran en tribunas dos delegaciones representativas del pueblo mapuche: una, del Consejo de Todas las Tierras, y otra, de la comuna de La Pintana, a quienes damos la bienvenida.
(Aplausos).
Tiene la palabra el señor diputado informante.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente, me corresponde dar a conocer el informe complementario del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas, requerido por esta honorable Sala mediante oficio Nº 2.558, de 14 de septiembre de l999.
La iniciativa, contenida en un mensaje presidencial ingresado a la Cámara de Diputados el 14 de octubre de l991, cumplió los trámites de primer y segundo informes reglamentarios y fue aprobada en general por la Sala en la sesión de 9 de julio de l992.
Como lo señala el mensaje, el proyecto consagra el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como parte de la diversidad de la sociedad chilena. Un país moderno debe reconocer las diversas culturas que existen en su interior, lo cual enriquece a la sociedad, a la nación y a la cultura. Por lo tanto, nuestra legislación debe salvaguardar a estos pueblos, que son los primigenios; fomentar su desarrollo armónico y equilibrado e impedir que se arrase con su cultura. La dictación de una normativa que reconozca formalmente la presencia de pueblos indígenas en la sociedad chilena será siempre básico para plantear una perspectiva diferente de desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida y porvenir de esos pueblos. Una simple ley, instrumento legal aislado, no basta: es necesario el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, es decir, una base constitucional, un mandato supremo, un deber de Estado. La ley se subordina y se supedita a la Constitución Política. Una exigencia superior de protección y amparo en todas las áreas del mundo indígena se justifica porque ellos son los pueblos originarios, las raíces de nuestra sociedad. Por tanto, es una consagración y un reconocimiento que abarca a toda la nación.
Para refrescar más la memoria porque el proyecto fue presentado en 1991, ha tenido diferentes trámites y por ello no es claro y a lo mejor es complejo, quiero hacer una historia de lo que ha pasado en su tramitación, recuerdo a la Sala que el mensaje original proponía a la consideración del Congreso Nacional tres grupos de modificaciones en tres artículos. El 1º, para agregar el siguiente inciso final al artículo 1º: “El Estado velará por su adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la nación chilena”. El 2º, para agregar como inciso final al Nº 22 del artículo 19, el siguiente: “La ley podrá también establecer beneficios o franquicias determinadas a favor de las comunidades indígenas”. Y el artículo 3º, para agregar como número 7º, nuevo, del artículo 62, el siguiente: “7º: Establecer sistemas de protección jurídica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indígenas”.
La Comisión especial que en ese tiempo se constituyó para el efecto y la Sala aprobaron el artículo 1º, modificado, excluyendo el concepto “pueblo”, y rechazaron los otros dos.
El artículo 2º, relativo a la garantía constitucional indicada en el Nº 19 del artículo 22, que establece la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar al Estado y sus organismos en materia económica, y que estipula que “Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.”, fue suprimido por indicación del mismo Ejecutivo, fundado en el hecho de considerarse que el Nº 22º del artículo 19, facultaba al legislador para autorizar determinados beneficios en favor del sector indígena sin que ello constituyera discriminación. Por esa razón, no se estimaba necesario introducir la modificación propuesta.
Con respecto al artículo 3º del mensaje, los miembros de la Comisión manifestaron reservas a la modificación propuesta por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República las proposiciones de leyes destinadas a establecer sistemas de protección jurídica y beneficios o franquicias para el desarrollo de los pueblos indígenas. Por este motivo, el mismo Ejecutivo presentó una indicación para suprimirlo, la que fue aprobada. De todo ello, se deduce que sólo el artículo 1º del mensaje fue aprobado, pero con la supresión del concepto “pueblo”. Por la cantidad de indicaciones, pasó a segundo trámite.
Después de haber estado congelado el proyecto, se acordó su archivo el 9 de junio de 1997, pero el Ejecutivo ordenó desarchivarlo el 17 de mayo de 1999. El proyecto pasó a la Comisión de Derechos Humanos, donde se acogió la indicación que restituía el concepto “pueblo”: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes, mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”.
Se discutió en la Sala. No obstante ello, se estimó necesario remitirlo nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos para que emitiera un informe complementario y se pronunciara sobre una indicación presentada en la Sala por los diputados Pérez , doña Lily ; Acuña, José Antonio Galilea , Cardemil, René Manuel García , Espina, Huenchumilla , Alessandri , José García , Bartolucci , Errázuriz , Ojeda , Díaz , Hernández y Salas, que tenía por objeto reemplazar el inciso propuesto en el segundo informe, por el siguiente: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde, en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
La Sala, junto con requerir a la Comisión el estudio de esta indicación, consideró que era necesario escuchar a otras organizaciones indígenas, aparte de las ya entrevistadas.
Como información, señalo que a esas alturas ya se habían realizado audiencias públicas con participación de gran cantidad de dirigentes indígenas, un seminario y una serie de reuniones en terreno, a propósito de una investigación encomendada a la Comisión de Derechos Humanos sobre las condiciones sociales, económicas, culturales y humanas en que habitan las comunidades.
En el informe acompañado se acredita la comparecencia de organizaciones indígenas y dirigentes en particular.
Hay que agregar que en la discusión en particular se recibió a más de 60 organizaciones.
Este es el tercer informe que rindo de esta reforma constitucional, y lo que voy a señalar aquí son materias absolutamente distintas, complementarias o de reforzamiento respecto de lo que es o no debe ser la reforma. Los otros argumentos ya fueron dados en los dos informes anteriores, por lo que éste va a ser distinto.
El profesor Augusto Quintana , quien hizo una exposición respecto del tema, señaló que, más allá de las observaciones que puedan hacerse del proyecto, a su parecer esta reforma es necesaria, ojalá en los términos aditivos y con los resguardos que ha planteado... Es necesaria, porque es un buen golpe simbólico, que modifica un hábito de método de nuestro constitucionalismo, que establece el reconocimiento de que nuestro ordenamiento jurídico responde a un valor cultural uniforme.
Con la reforma se rompe esa tendencia del constitucionalismo chileno clásico, tendencia que se reconoce en otros países, especialmente en los más modernos y desarrollados. Esta reforma supone un paso positivo en el desarrollo hacia una idea de un constitucionalismo multicultural. Y es interesante que se establezca que la nación chilena está integrada por distintos sectores y que sería más feliz si el reconocimiento fuera nominativo, como cuando el padre reconoce a su hijo. De ahí que la Constitución Política debería reconocer a un pueblo indígena en especial, ya que es más sano y potente y tiene más fuerza normativa y simbólica, en este ámbito en que la comunidad indígena se siente realmente más identificada con esta norma constitucional, en la medida en que su nombre e identidad aparecen mencionados en la Constitución. Por ello es más fuerte y poderoso hacer esta reforma con carácter nominado y no innominado, como está consagrado en la actual redacción del proyecto al referirse a “pueblos indígenas”. Es diferente si se mencionara concretamente al pueblo mapuche, rapa nui, o aimara. La reforma constitucional ganaría en fuerza integradora si contuviera una norma de carácter singular para cada una de estas comunidades o por lo menos las principales.
Este autor plantea su visión desde el punto de vista de la jerarquía constitucional o jerarquía legal de algunas normas, mencionando algunas controversias que pueden producirse. Lo realmente novedoso, desde el punto de vista hermenéutico, es que se establezca que la nación chilena está conformada por sectores particularizados, que son, en este caso, los pueblos indígenas. Podría haber otros, pero la conclusión hermenéutica es ésa y no otra. La diferencia está en que la Constitución es la que no reconoce directamente a uno de estos sectores y nada impide, por tanto, que sea la ley la que establezca otra forma, sólo que la normativa jerárquica en uno u otro caso varía.
Dentro de las dificultades o controversias, surgen algunas por la imprecisión o enfoque de la norma. La segunda oración del proyecto, que reza: “La ley promoverá el respeto y el desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres,...”, establece una norma semánticamente pragmática, pues está redactada en tiempo futuro y no señala, por tanto, un mandato directo al legislador para establecer, necesaria y forzadamente en tiempo presente, una regulación del respeto al desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres. No es lo mismo decir, “promover” que “promoverá”, “establecer” que “establecerá”, “proteger” que “protegerá”. El tiempo verbal importa, ya que cambia el contenido normativo, porque cuando se dice “promoverá”, se utiliza una forma futura. Cuando el inciso segundo del Nº 1º del artículo 19 de la Constitución dice: “La ley protege la vida del que está por nacer.”, es porque ahora debe protegerlo. Y la ley, pasada o futura, debe tener ese sentido. Lo ideal es establecer normas de contenido presente.
Respecto a su visión global del texto propuesto, cree que establece y constitucionaliza algunos elementos que ya se contienen en la ley sobre asuntos indígenas, en razón de que esta ley establece un desarrollo bastante lato del problema indígena, y en el texto se recogen algunos de sus elementos.
Sin embargo, manifiesta dudas y reparos en su utilidad y, a su juicio, no soluciona algunos problemas de constitucionalidad que podrían derivarse de la ley indígena. Siempre van a existir dudas respecto de la adquisición de determinados tipos de propiedades inmuebles, en relación con la constitucionalidad del otorgamiento de beneficios tributarios, sobre la aplicación de los usos o costumbres indígenas para la resolución de los litigios, esto es, el reconocimiento de la costumbre indígena como fuente del derecho positivo.
Señala que sería el momento de salvar estas dudas y dificultades que puedan plantearse a futuro. Por eso habla de que el proyecto no contiene ninguna norma de carácter prescriptivo adicional, que pudiera salvar algunos problemas de constitucionalidad que podrían derivarse de la ley indígena. Si bien el Tribunal Constitucional reconoció la constitucionalidad de algunos preceptos de dicha ley aquellas normas que son de naturaleza orgánica constitucional fueron objeto del control preventivo de ese organismo y no el resto de esa normativa, siempre va a existir en cierta forma la incertidumbre acerca de la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones.
Esto no quiere decir necesariamente que el texto de la ley indígena sea inconstitucional, sino que pueden derivarse controversias, como ha ocurrido en las restricciones a la libertad para adquirir y comprar toda clase de bienes, en los términos del artículo 19, Nº 23º, de la Constitución Política.
Otro punto importante que plantea el profesor Quintana es el relativo a la autonomía, autogobierno o autodeterminación, que se han hecho valer por algunos de los representantes de los indígenas, quienes sugieren el establecimiento de zonas de autonomía, de autogobierno o autodeterminación en favor de esos pueblos.
Ciertamente, esa pretensión contraría lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política, ya que dicha norma establece que la división administrativa del país corresponde a las unidades territoriales que allí se indican. Señala que las pretensiones de autonomía no amainarán con esta reforma, y su impresión es que se debería reducir una posible autonomía sólo y exclusivamente al ámbito administrativo y establecerlo en el referido artículo 3º, que sería el lugar idóneo para ello.
Por último, el profesor Quintana sugiere, respecto a la ubicación de las normas reformatorias, que bien pueden estar circunscritas a un solo texto o a una sola disposición o difundirlas en distintas normas.
A juicio del profesor Quintana , la Constitución Política es una ley y, además, una obra de arte, por lo que reconoce que no le resulta lo más bello, equilibrado y armónico agregar la indicación en estudio como inciso final del artículo 1º de la Constitución Política, ya que esa disposición tiene una coherencia, puesto que el inciso primero se refiere a la persona, el inciso segundo trata de la familia, el inciso tercero se refiere a los grupos intermedios, y los incisos cuarto y quinto se refieren al Estado en cuanto tal, a su finalidad y a sus deberes.
La reforma constitucional no sólo trata el establecimiento de algunos deberes para el Estado, sino que apunta a reconocer a los pueblos indígenas, a los cuales integra a la nación chilena, con lo que rompe la estética y la hilvanación del artículo 1º, lo que, personalmente, le gustaría se conversara, porque tienen una fuerza interpretativa que no debe descartarse.
Añade que en ese artículo se establece la constitución social, distinta a la constitución política o económica, es decir, cómo está estructurada la sociedad chilena. Sin lugar a dudas, precisa que algún elemento o relación con los pueblos indígenas puede establecerse allí, pero que no se debe perder de vista el modelo de sociedad, y ese equilibrio estético, a su entender, debe conversarse.
También asistieron otros representantes indígenas, como Carlos Lincoman , Manuel Rauque , Roberto Paniche , quienes están de acuerdo con el proyecto de ley, y solicitaron que cualquier reconocimiento constitucional debe recoger el compromiso del país con la deuda histórica que tiene con su pueblo y acoger las propuestas de su gente.
El señor Rogelio Nahuel valora la iniciativa del gobierno; no obstante, reclama una mayor participación de otros pueblos indígenas, de sus dirigentes, de sus autoridades tradicionales y de los representantes de organizaciones sociales o de organismos no gubernamentales que son parte de la sociedad civil indígena.
Está muy de acuerdo con establecer un Parlamento Indígena, que sería una instancia real de participación. En todo caso, añade que el proyecto entrega un espacio de participación, de consulta y de diálogo con el Estado y, en definitiva, con la institucionalidad. No puede haber reconocimiento constitucional si no se implementa y si, además, ese reconocimiento no cuenta con los recursos humanos y financieros para poder implementarlo. Hace 200 años, los mapuches todavía tenían el atributo de soberano. Para que exista un tratado o un acuerdo, la condición básica es que el sujeto tenga atributo de soberano; pero esos atributos fueron constantemente eliminados y se cercenaron las características esenciales de esa soberanía para ser subsumidos por la legislación chilena, y hoy son campesinos pobres, afectos a un discurso paternalista. Precisa que la realidad actual es que los mapuches son pobres y están en el campo, pero no han renunciado a sus derechos inalienables e históricos, que los pueden tener tanto individuos como comunidades. Indica que, lamentablemente, la ley indígena chilena habla de personas, familias y comunidades, y aunque entiende que existen derechos individuales y colectivos, no comprende los atributos que tienen los pueblos indígenas, es decir, cuándo un aspecto jurídico limita en el derecho indígena, los derechos individuales o colectivos.
Considera que en la indicación debería plantearse también el tema del territorio y las tierras, porque no se puede garantizar la cultura, la lengua y la organización social si no hay un espacio físico.
Los señores Antonio Alacafuz , Juan Carlos Lincopi y Aroldo Cayún manifestaron su acuerdo con el proyecto de ley, ya que expresaron que el reconocimiento no hace sino ratificar su condición de pueblo indígena desde tiempos inmemoriales y que el problema indígena no debe circunscribirse sólo al ámbito rural, sino que también al urbano.
Don Alberto Hotus , presidente del Consejo de Ancianos de isla de Pascua, manifestó su concordancia con este proyecto de ley.
El abogado Aroldo Cayún señaló como un aspecto formal que el inciso propuesto debiera establecerse como inciso cuarto y no al final del artículo 1º de la Constitución Política, puesto que debe haber un orden, ya que el primer inciso habla de que las personas nacen libres, el segundo inciso se refiere a la familia, el tercer inciso se refiere a los grupos intermedios, y a continuación debería agregarse el inciso en comento, que es un nuevo actor dentro de la vida nacional, y después vendrían las disposiciones restantes que, si bien se refieren a esta materia, no están relacionadas con reconocimiento de entidades.
El reconocimiento de los pueblos indígenas no es algo que esté claro, ni claro estaría el propósito, ya que para algunos es un tema biológico, como el mestizaje. El problema indígena no es biológico, sino un problema de cultura, de formas de vida. Los habitantes de Chile no pueden negar lo que ha pasado aquí, cual es que la cultura cristiano-occidental se impuso a una cultura de otra raíz, de lo que quedó un remanente poblacional que hoy existe y que, a pesar de todas las profecías, no ha desaparecido, salvo en los casos en que sí se produjo la desaparición física total del sujeto indígena, en lo que el Estado tiene responsabilidad, en especial en la desaparición de los pueblos indígenas australes.
Con la reforma se trata de garantizar la convivencia de culturas diferentes dentro de los límites territoriales de Chile. Se pretende que esta sociedad se reconozca a sí misma, como pluriétnica y multicultural, ya que aquí hay culturas de orígenes distintos, que conviven con nosotros y merecen ser protegidas en su globalidad.
No es justificable la argumentación de los que sostienen que el proyecto implicaría crear dos Estados. Es absurdo que si un indígena no se sintiera parte de Chile y no quisiera al país, lo que menos querría es que le reconocieran ser parte del Estado de Chile, o sea, estar en la mesa social donde están todos los chilenos.
Respecto de la parte final de la indicación que dice “:…en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la nación chilena”, comentó que pareciera que con esa agregación, el constituyente pretende reafirmar el carácter de grupo intermedio que tendrían los pueblos indígenas. Entonces, habría que definir, a su parecer, cuál es el alcance de estos grupos intermedios, es decir, si pertenecen al grupo de individuos como tal, a la familia o a los grupos intermedios de que habla el artículo 1º de la Constitución Política. Le parece que reforzar la idea de que los pueblos indígenas son un grupo intermedio, en los términos señalados por la Constitución Política, desnaturaliza la reforma, ya que reducir a los pueblos indígenas a agrupaciones humanas, como las define la ley indígena: con una historia, con una población, con territorios utilizados, con formas de producción, de vida sería una contradicción demasiado esencial, puesto que estos pueblos no pueden quedar al nivel de asociaciones gremiales, de sindicatos, como un grupo humano que, en sí mismo, tiene una multiplicidad enorme de grupos intermedios, por lo que esa idea inicial, algo modificada con la indicación de la Sala, parece que entra en contradicción con la idea de reconocer al país como un Estado pluriétnico que reconoce a un nuevo actor de la sociedad: los pueblos indígenas.
También intervinieron la señora Albertina Piniao y el señor Alberto Chipana , quienes destacaron la importancia de este tema para los pueblos indígenas.
Chipana hizo un parangón con la ley de filiación, que da igualdad jurídica a las personas que nacen, sin distinguir filiación, y le parece que el reconocimiento constitucional es como si se les incorporara en la libreta de matrimonio del Estado de Chile, que es la Constitución Política de la República. Aclaró que su cultura no es contradictoria con la modernidad y que el reconocimiento no desvirtuará el carácter de Estado unitario. Debe tratarse de una política de Estado y no de Gobierno. El reconocimiento es muy vago; la reforma es insuficiente y altruista, y no reconoce otros derechos, como el derecho de propiedad, el derecho al idioma, el uso de los recursos naturales, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho a administrar justicia en materias de cierta cuantía. La ubicación de la propuesta, que está en las bases de la institucionalidad, sería una declaración de principios y no tendría carácter normativo. Señala que, aunque no se incluyera la frase: “...en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”, el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política en su artículo 19, Nº 2, se le aplicaría necesariamente a los pueblos indígenas.
El señor Juan Lemuñir señaló que la ley indígena es campesinista, pero que hoy el 80 por ciento de los indígenas son mapuches urbanos, por lo que sólo el 20 por ciento son rurales.
Don Hilario Huirilef expresó que ya los pueblos indígenas existían en un estado de ordenamiento jurídico, que tenían una cultura y una norma; señaló que la reforma no debía aprobarse en la forma presentada y que todo reconocimiento debe ser por el Estado chileno en condiciones distintas.
Ellos quieren seguir formando parte de esta nación, pero siempre que el Estado acepte la diversidad existente. Si el proyecto se aprueba tal cual, reconociendo por un lado la existencia de los pueblos indígenas y, por otro, estableciendo que integran la nación chilena, quedan en las mismas condiciones. Frente a eso, prefiere que no haya reforma.
Por último, me referiré al acuerdo de la Comisión y al artículo específico.
En la discusión de la Sala, se introdujo la indicación correspondiente, eliminando la frase: “mecanismo de participación en los asuntos que le competen en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la Nación chilena”, sustituyéndola por la frase “a sus integrantes la participación que les corresponda en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
Los diputados Espina, Huenchumilla , Alessandri , José García , Bartolucci , Errázuriz , Ojeda , Díaz , Hernández y Salas presentaron esa indicación, basados en que el texto del proyecto propuesto en el segundo informe contenía una clara discriminación, porque al expresar que garantizará a sus integrantes mecanismos de participación en los asuntos que le corresponden o competen, estaba significando que, en aquellos asuntos que no les corresponden o competen, la Constitución Política les garantiza igualdad de oportunidades.
Con las declaraciones de los invitados indicados precedentemente, se tiene la convicción de haber cumplido con el encargo de la honorable Cámara.
Finalmente, la Comisión resuelve lo siguiente sobre la indicación presentada: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas y lenguas, organización social y costumbres y garantizará a sus integrantes, mecanismos de participación en los asuntos que les competen, en iguales términos que a todos los demás sectores o grupos que conforman la nación chilena”.
Puesta en votación, la Comisión aprobó la indicación por 5 votos. Tres señores diputados estuvieron por rechazarla y uno se abstuvo.
Habiéndose pedido apertura del debate, los diputados señores Tuma , Ceroni , Naranjo , Ojeda y Mulet propusieron eliminar, en la proposición anterior, la frase: “En iguales términos que a todos los demás chilenos”, lo que se aprobó por 5 votos, mientras que 4 señores diputados estuvieron en contra.
Se justifica la eliminación porque la existencia de esa frase implica reconocer diferencias y porque los indígenas estarían considerados dentro de un grupo de chilenos, cuando dice “en iguales términos que a todos los demás chilenos”, o sea, otros chilenos y chilenos distintos, cuando en verdad formamos parte integrante, como un todo, con los indígenas del país.
Por estos motivos, por las consideraciones expuestas y por los antecedentes obtenidos a través de su estudio, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía propone a la Cámara la aprobación del siguiente proyecto de ley:
“Artículo único: Agrégase el siguiente inciso final al artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile:
“El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la nación chilena. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde”.
Aprovechando la presencia en las tribunas de hermanos indígenas y dirigentes, debo decir que la Cámara de Diputados ha tenido en consideración una preocupación esencial por los derechos de las comunidades y el mundo indígena.
Por ello, en virtud de lo resuelto por una comisión especial, que funcionó en 1992 y 1993, se aprobó la ley Nº 19.253, que fomenta y desarrolla las comunidades indígenas. Asimismo, la honorable Cámara de Diputados aprobó el Convenio Nº 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y ahora estamos dando nuestra aprobación a este proyecto de reforma constitucional, que sometemos a la consideración de la Sala.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En discusión el proyecto de reforma constitucional.
Tiene la palabra el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, después de haber escuchado el larguísimo informe, es conveniente precisar algunos aspectos.
Hay que decir, por ejemplo, que después de una extensísima espera, entramos nuevamente a tratar la reforma constitucional que reconoce a las etnias indígenas.
Como lo recordarán los estudiosos en la materia, su discusión se inició en un proyecto presentado por el Presidente de la República de entonces y su ministro del Interior, don Enrique Krauss , en octubre de 1991. En consecuencia, llevamos muchos años hablando, estudiando, reuniéndonos y llenando cientos de papeles, agitando banderas de redención y de justicia, promoviendo disturbios y atentados contra la propiedad pública y privada.
En este proyecto, el Ejecutivo ha seguido un camino sinuoso y lleno de vericuetos, porque, aparentemente, a algunos representantes de la Concertación les convenía mantener esta situación como una banderola política, haciendo aparecer a la Alianza por Chile como la que impedía otorgar dignidad y solución a los problemas que afligen a los indígenas.
Así es como el Ejecutivo envía el proyecto al Parlamento en 1991, el que es informado en mayo de 1992 por la Comisión respectiva. Luego, su Excelencia el Presidente de la República le retira la urgencia y, más tarde, en julio de 1997, el propio Ejecutivo solicita archivar la iniciativa.
Pasa el tiempo y el Ejecutivo se acuerda de nuevo de los indígenas y solicita que el proyecto primitivo sea desarchivado. Así se hace, y la Comisión de Derechos Humanos emite un segundo informe, consignado en el boletín Nº 51307, de julio de 1999. Lo trata la Sala, y como se llega a la aceptación de una nueva indicación sustitutiva, ésta acuerda solicitar un informe complementario a este segundo informe, el que es despachado y queda para tabla de la Sala el 19 de abril de 2000.
Solamente ahora, seis meses después su Señoría lo sabe, la Presidencia de la Cámara ha resuelto ponerlo en tabla, después de múltiples requerimientos formulados por la Comisión técnica respectiva.
En el intertanto, ha habido toda clase de discusiones y, ciertamente, la falsa imputación de que la Derecha se niega a tratarlo. En todo caso, el artículo único del informe que hoy conocemos, como lo señaló con propiedad el señor diputado informante, expresa: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la nación chilena.
“La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde”.
Para la historia fidedigna de la ley, deseo precisar que al hablar de “pueblos indígenas” no estamos creando un nuevo sujeto de derecho público, ni deseamos que esta denominación sea la suma de los derechos y atribuciones que son propios de los individuos. En consecuencia, no queremos ni aceptaremos la colectivización de los derechos individuales, creando una persona de derecho público que intermedie entre el Estado y los individuos.
¿Qué novedad contiene esta disposición? Que en la Comisión lo que también se señaló, por 5 votos contra 4, se suprimió la frase final, que decía: “en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
El artículo completo, con esta frase final incluida, había sido concordado por los diputados señores Acuña , Bartolucci , Díaz , Espina, Errázuriz , Hernández , Huenchumilla , Galilea, don José Antonio ; García, don José ; García, don René Manuel ; Pérez , doña Lily ; Ojeda , Salas y Alessandri . Y esto fue lo que motivó el segundo informe complementario.
Sin embargo, después de haber estado concordada la indicación en los términos que he descrito, cinco señores diputados estimaron conveniente eliminarla, con el claro propósito de eludir el principio de “igualdad ante la ley” y, consciente o inconscientemente, acuñar una nueva forma de racismo.
Según la enciclopedia del idioma, “racismo” es la concepción demográfica contraria a la mezcla de razas, aplicada rígidamente por el nacionalismo alemán del tercer Reich .
El racismo parte del supuesto de que un grupo de seres humanos son esencialmente diferentes de los demás, debido a sus características físicas o sicológicas; por lo tanto, no tienen los mismos derechos que los otros.
Una de las formas más antiguas del racismo es contra el sexo femenino. Los griegos dudaban de la racionalidad de la mujer. La consideraban un ser de segunda clase.
Cuando llegaron los españoles a América, muchos de ellos consideraron a los aborígenes de estas nuevas tierras seres inferiores. A petición de los misioneros dominicos, el Papa Paulo III confirmó en 1537, en la bula “Sublimis Deus”, la racionalidad de los indígenas de la Nueva España. El pontífice dejó en claro que los indígenas eran esencialmente iguales a los españoles, “verdaderos hombres”, “libres”, “capaces de la fe cristiana”.
Esa bula sobre los indígenas da por “supuesta su racionalidad”. Las diferencias radicaban en la cultura y el desarrollo, no en la falta de razón. Desde ese entonces, la obligación de los verdaderos misioneros, como el padre Luis Valdivia , entre otros, era la de incorporarlos a la fe cristiana y reducir la brecha educacional con los españoles. Esto ya era firmado por su Santidad en 1537.
Últimamente, los llamados teólogos de la liberación, a los que tan bien conocimos hace algunos años, elaboraron una desviación de la teología católica y promovieron, entre otras malas ideas, la de una iglesia indígena, en base a un racismo polilogista, que considera a los indígenas con una lógica esencialmente diferente. Buscan preservarlos en su atraso y evitar su mestizaje, con la excusa de respetar su diferente forma de razonar, sus usos y costumbres.
El polilogismo, según Von Mises , es una teoría que presupone lógicas diferentes en base a la raza o a la posición social, y no acepta la existencia de principios socioeconómicos universalmente válidos.
Los nazis sostuvieron un polilogismo de raza, al afirmar que los arios poseían una mente superior. Los marxistas predicaron un polilogismo de clase, al asegurar que la clase obrera tenía concepciones sociales sustancialmente diferentes a la clase capitalista. La teoría de la conciencia de clase obrera, sostenida por los marxistas, es aplicada a los indígenas por algunos de sus teóricos liberadores, quienes caen en una variante del polilogismo marxista, al sostener que los indígenas actúan con una lógica diferente del resto de los chilenos.
La historia nos muestra que en otros lugares, como en los Estados Unidos de América, los colonizadores, mayoritariamente, se negaron a mezclarse con los indígenas. En Latinoamérica, más del 90 por ciento de sus actuales habitantes somos mestizos, lo que significa mezcla de razas.
El racismo no sólo se caracteriza por predicar la superioridad de una raza y considerar inferior a otra. Es racista quien basa sus programas y reivindicaciones sociales en la conservación de las características de un grupo étnico, sea por considerarlo superior o inferior. Quienes, a través de leyes, buscan perpetuar las características raciales, usos y costumbres de los indígenas, son racistas. Así lo señala, entre otros, el profesor Luis Pazos .
Lo distintivo de los grupos llamados indígenas no es su raza, sino su pobreza. La solución no son leyes privativas, fueros o autonomías que los aíslen más, sino la instrumentalización de políticas que eleven sus niveles de educación, capacitación y tecnología.
Al igual que el nazismo y el marxismo, las concepciones indigenistas han servido de excusa a políticos y a activistas para que, en nombre de preservar las características de una raza o defender los derechos de una clase social, busquen escalar el poder político, controlar las actividades económicas de un grupo o mantener una posición protagónica en la sociedad.
Las aspiraciones de los indígenas son básicamente las mismas que las de millones de chilenos con quienes comparten un entorno de pobreza. El atraso y marginación de nuestras etnias no se resuelve con legislaciones especiales ni con autonomías, como predican algunos, sino respetando sus tradiciones y libre voluntad, integrándolos, sin una visión paternalista, a la modernidad; brindándoles mejores comunicaciones, educación, empleo y propiedad, como lo desea cualquier otro grupo de chilenos pobres.
En la comuna de Maipú, que represento en la Cámara, hay un fuerte contingente de mapuches, de primera, segunda o tercera generación, mezclados y entremezclados, con los que me reúno frecuentemente. Un día les pregunté si estaban interesados en que se hiciera obligatoria la enseñanza de dialectos autóctonos, y un gran amigo, que se llama Millanao Marimán , hijo del cacique de otra época, Millanao Marimán , se sonrió y me dijo: “Queremos que nuestros hijos y nietos aprendan inglés. Los dialectos se los enseñamos en la casa. Para eso no necesitan ir a la escuela”. Más sabio el indio que algunos redentores de nuevo cuño, éstos que sostienen que hay que mantener todos los usos y costumbres de las razas primitivas, olvidando, tal vez, sus costumbres precolombinas, como la poligamia, las penas corporales y la negación absoluta de los derechos patrimoniales de la mujer.
Nosotros, como lo dijimos hace algún tiempo en una presentación al Tribunal Constitucional, creemos firmemente en un destino común para todos los chilenos, sin consideración a su origen étnico, social, cultural o económico, y rechazamos de plano tanto la segregación racial como la asimilación cultural que pretenden otros. Creemos conveniente que se respeten las diferencias culturales que fundamentan nuestra nacionalidad; que el Estado prioritariamente colabore en superar la pobreza en la cual hoy se encuentran miles de chilenos; pero nos oponemos con energía a separar a los indígenas del resto de la comunidad nacional, creando estructuras jurídicas y políticas propias, legislaciones de excepción, normas que activen la discriminación, pues consideramos bueno y conveniente para todos los integrantes de la comunidad nacional compartir juntos los frutos del desarrollo, lo que sólo es posible integrando y no segregando.
Por estas razones, hemos formulado indicación para reponer la frase que dice: “en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
Por último, estoy cierto de que ni con esta reforma ni con la repartija de tierras, como lo he señalado en múltiples oportunidades, se está solucionando el problema indígena. Éste requiere más educación, mejor instrucción, mayor capacitación y mucho menos demagogia.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .
El señor IBÁÑEZ.-
Hace unos años el hecho de tratar en nuestra patria la situación de pueblos indígenas como algo distinto del grueso de la población hubiera constituido un ejercicio de política casi de laboratorio, sin mayor utilidad práctica en nuestra realidad. Sin embargo, han bastado diez años de régimen democratacristiano socialista para que, prácticamente de la nada, haya brotado y crecido un muy grave conflicto de apariencia étnica, en especial en la zona de La Araucanía, que trata de mostrar, mucho más al mundo exterior que a los mismos chilenos, cómo en nuestra patria habría pueblos indígenas que sufren una abyecta situación de explotación, expoliación y otras innumerables injusticias, todo lo cual obligaría a nuestro país a aceptar un virtual desmembramiento de su territorio con el objeto de satisfacer las demandas de los grupos que se presentan como conductores de esos pueblos indígenas.
Mucho se ha criticado el proceso de conquistas llevado a cabo por los primeros españoles que pisaron el territorio de nuestro continente y del que ahora constituye nuestro país, como también el período posterior denominado de la Colonia. Sin duda, se cometieron muchos abusos e injusticias contra las poblaciones aborígenes. No es del caso entrar ahora en un análisis pormenorizado de la acción de colonizadores y conquistadores, y menos soy yo el llamado a hacerlo. Con todo, no está de más señalar cómo, desde el principio, la corona española tuvo conciencia del problema que se suscitaba acerca de los justos títulos que correspondía respaldaran su acción en América. De hecho, tal preocupación originó la célebre polémica que, sobre ese punto, sacudió en la metrópoli a universidades, conventos, órdenes religiosas y hasta la misma corte durante el siglo XVI, la que no se acalló hasta bien entrado el siguiente. Lo cierto es que para la corona y sus representantes, el cuidado y respeto de las poblaciones indígenas constituyó, como todos sabemos, un postulado esencial de la acción colonizadora. Si muchas veces no fue debidamente respetado y otras tantas burlado por la acción concreta de quienes vinieron a instalarse en estas latitudes, no dejo de producir variados efectos benéficos que perduran hasta hoy. En especial, cabe destacar aquel punto que marcó una absoluta diferencia con los procesos colonizadores llevados adelante por otras potencias europeas: el hecho de considerar al indígena como una persona humana, esencialmente igual al europeo, dotado, por ende, de similares derechos y a cuyo servicio la corona se debía tanto como al de sus súbditos peninsulares. Este principio constituyó el eje de la acción colonizadora a que nos referimos, y él, más allá de las injusticias y tensiones que se dan al interior de todo grupo social, está en la base sobre la cual se cimentó el timbre de gloria de la colonización española: el mestizaje. Es decir, la consideración del indígena como un ser humano igual al colonizador o conquistador, indujo a ambas razas a fundirse en una sola, que en abrumadora mayoría es la que habita nuestro continente.
Todo esto sucedió mientras las potencias que hoy dirigen un dedo acusador contra nuestro país y se presentan como las más celosas defensoras de la dignidad humana, entraban a sangre y fuego en otros mundos indígenas, reduciendo su población a la esclavitud, cuando no masacrándola cruelmente y exterminándola sin piedad. ¿Dónde están las poblaciones mestizas en Canadá o en Nueva Inglaterra? Lo que es más grave, si no hubo mestizaje, ¿dónde están ahora las poblaciones indígenas nativas? El desprecio que el colonizador anglosajón mostraba frente a los indígenas y el exterminio a que los sometió, tuvo como base la negación de su condición humana y, por ende, de su esencial igualdad con el europeo. En lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, habitaban casi tantos indígenas como en los territorios conquistados por nuestra Madre Patria. Mientras allá hoy no queda ni siquiera un indígena para muestra, hasta recorrer la región andina de nuestro continente para apreciar cómo las poblaciones indígenas no sólo subsistieron, sino que crecieron, se multiplicaron y se mezclaron con los europeos hasta prácticamente absorberlos.
En países como el nuestro, donde la población indígena era mucho menor, el mestizaje ha sido casi completo. Por cierto, quedan minorías del todo europeas; asimismo, todavía subsisten minorías aborígenes, pero nada obsta ni ha obstado nunca para que el proceso de mestizaje continúe su camino. En nuestra patria no hay, pues, grupos étnicos distintos e incomunicados entre sí. Sólo quedan, en ambos extremos, grupos remanentes de un proceso que aún no alcanza su término y que, probablemente, no lo alcanzará nunca, pero que en ningún caso alteran para nada la conclusión; una sola gran raza con todos los matices que ella pueda contener; una cultura, mestiza también en su esencia, un idioma común que, sin perjuicio de otros que aún subsisten, permite que todos podamos comunicarnos; un solo territorio para esta población, y una sola legislación aplicada a todos en los mismos términos de igualdad que ella prescribe. Subrayemos, además, que el componente hispánico de nuestra cultura e idioma constituye la base para que naciones tan distantes como la mexicana o la nuestra, incluidas las que sitúan entre ambos países, puedan decirse con propiedad naciones hermanas, pues fue ese componente el que dio la unidad a lo que era, antes de la llegada de Cristóbal Colón y sus marinos, una enorme variedad y heterogeneidad de usos, costumbres, religiones y lenguas.
Agreguemos que este notable proceso de fusión étnica incluye también a los grupos muy numerosos algunos que llegaron como inmigrantes a nuestra patria durante el siglo XIX y buena parte del XX. Hemos recibido aportes sustantivos de grupos humanos venidos de los Balcanes, en especial de Croacia, de China, Italia , España , del mundo árabe, en especial de Palestina, del mundo hebreo y, en su momento, también de Alemania y Gran Bretaña, entre otros. En los años que corren ha aumentado el flujo inmigratorio de países asiáticos, como Corea. En su conjunto, nunca nuestra patria, ni como legislación ni como cultura, ha manifestado asomos de xenofobia, apartheid o segregación racial.
Constituiría , pues, una grave traición a lo que ha sido nuestra historia y a aquellos hombres y mujeres que sin complejos ni discriminaciones construyeron nuestra patria y la raza común que la habita el hecho de constituir ahora, artificialmente, grupos étnicos diferentes y eventualmente antagónicos entre sí. Como artificial es, en su conjunto, el conflicto que agita a la región de La Araucanía. En todo grupo social siempre habrá conflictos. Para resolverlos, los países se dotan de un sistema legal y judicial al cual corresponde recurrir cuando ellos se presentan; pero en los conflictos que hoy tienen lugar, es evidente la huella de la vieja táctica marxista que trata de hacer antagónicas, hasta la lucha armada, los intereses de un grupo y los de otro. Nuestra legislación dispone hasta el exceso de recursos para hacer valer los derechos de cada parte en conflicto. Es inaceptable, pues, que por la vía de la presión armada o invocando difusos e inexistentes derechos ancestrales, se trata de resolver esos conflictos de manera distinta de la que prescriben nuestras leyes. A quienes agitan estos conflictos no les interesa para nada la suerte de las minorías indígenas, tal como antaño a quienes predicaban la lucha de clases hasta el exterminio de las que eran presentadas como enemigas, no les interesaba para nada la situación de la clase proletaria, pues sólo les importaba usarla como palanca de subversión para desestabilizar el país y conquistar el poder total.
Nadie más interesado que yo en apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro país, sean estos indígenas o no, a fin de que superen situaciones de extrema miseria y pauperismo cultural e integrarlos al progreso y desarrollo social. Sin embargo, para eso debemos rechazar sin vacilaciones la táctica que trata de construir para ellos un verdadero apartheid: grupos étnicos que deberán encerrarse en guetos, que no dejan de serlo por grande que sea su superficie; que están obligados a congelarse en hábitos y costumbres que, de verdad, han sido resucitados para las cámaras de televisión extranjeras, que están obligados a mantenerse en situación de miseria para, así, concitar la lástima de esos extranjeros y generar sustanciosos ingresos por donativos que, por cierto, ellos nunca verán, porque su destino será sostener las burocracias internacionales que viven de estos conflictos.
En este contexto, considero inapropiado vernos abocados a discutir una reforma como la que ahora se nos presenta. No necesitamos para nada que se nos recuerde cómo tratar en justicia y derecho a quienes componen nuestra patria, y menos a los grupos indígenas que habitan entre nosotros como parte de este único cuerpo social, cultural y político que es Chile. Lo único que puede resultar de la aplicación de esta reforma entre nosotros, es dar pie para que nuestro país sea objeto de una nueva intervención proveniente de esta legión de personas y organismos que, por dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas, sólo busca desestabilizar y crear condiciones de caos y anarquía, porque es en esas condiciones en que ellos se solazan.
En conclusión y por las razones que he mencionado, voto en contra del proyecto.
He dicho.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, sin perjuicio de reservarme el derecho de intervenir respecto del reconocimiento constitucional, me parece profundamente importante hacer ciertas aclaraciones que lleven el debate al nivel que, honestamente, merecen los pueblos indígenas.
Quiero hacer una pequeña observación al diputado señor Ibáñez frente a la desconfianza que le produce el proyecto en estudio.
Cuando se inicia el proceso de tramitación, en la Cámara de Diputados se aprueba por unanimidad la idea de legislar. Ahí no hubo miedos ni desconfianza, y en eso todo el país estaba con una misma mirada.
Me parece que a estas alturas, después de haber transcurrido prácticamente diez años desde esa decisión, hoy más que nunca es importante entrar en un debate serio y profundo sobre el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Reducir esta temática sólo a un tema de pobreza o de ideología, puede perturbar nuestras vidas supuestamente “pacíficas” que en nuestro país y dentro de nuestras fronteras se vive. Con frecuencia eludimos muchos temas, fundamentalmente por miedo o por falta de conocimiento de las aspiraciones que, junto con la superación del problema de la pobreza, tienen también nuestros pueblos originarios.
Respecto del supuesto principio de igualdad que estaríamos vulnerando mediante el reconocimiento constitucional, cabe señalar, en primer lugar, que la propia Constitución Política reconoce a los grupos intermedios. Por consiguiente, nadie pensó que con eso estábamos cumpliendo los principios de igualdad consagrados en ella.
Igualmente, cuando se constatan de alguna manera las discriminaciones que tiene la sociedad en su interior, entre los cuales se encuentran los pueblos originarios, nos parece absolutamente necesario el reconocimiento para preservar el principio de igualdad. Otorgar igualdad de oportunidades supone dar a cada uno lo que se merece.
Muchas gracias.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Errázuriz .
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, inicio mis palabras saludando, de manera muy especial, a los representantes mapuches de la comuna de La Pintana, que se encuentran en tribunas y que han llegado a la Cámara de Diputados con gran esfuerzo en un día especialmente difícil para transitar por la carretera.
Los saludo a través de don José Painaqueo , encargado de la Oficina de Asuntos Indígenas, de La Pintana, cuya municipalidad se ha preocupado especialmente del tema mapuche.
Además, hoy es un día histórico, porque con esta reforma constitucional se posibilitará la dictación de leyes que permitan entregar recursos para ayudar y capacitar a los indígenas. Sin embargo, considero que la reforma constitucional que vamos a votar es menos de lo que yo quisiera. Así, por ejemplo, el artículo único del proyecto, que agrega un inciso final al artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, establece, en su parte pertinente, que “la ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres,...”.
La ley, de acuerdo con nuestro Código Civil, “es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. No hay una ley que promueva, porque promover significa fomentar, estimular. En verdad, no logramos nada con una ley que promueva, aliente o estimule el respeto y desarrollo de las culturas, lenguas, organización social y costumbres de los pueblos indígenas. A mi juicio, la norma debió ser mucho más taxativa. Sin embargo, esta redacción es, al menos, mejor de lo que hay hoy: nada.
Más adelante se establece que la ley “garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde”. La ley indígena, al referirse a la participación, se limita a señalar que ella consiste en formular opiniones en función de tal derecho, y la forma de considerarlas queda en manos de la autoridad respectiva. Sin embargo, hay algo que realmente me sorprende, porque la indicación presentada en la Sala, patrocinada, entre otros, por el diputado señor Ojeda , señalaba: “...y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde, en iguales términos que a todos los demás chilenos.”. Posteriormente, los diputados señores Tuma , Ceroni , Naranjo , Ojeda y Mulet propusieron eliminar la frase “en iguales términos que a todos los demás chilenos”, indicación que fue aprobada por cinco votos contra cuatro.
Considero que los mapuches necesitan muchas cosas; por de pronto, y lo conversaba hace unos minutos con la gente de La Pintana comuna donde existe una gran cantidad de mapuches, espacio físico donde poder desarrollar sus actividades, más becas de estudio para sus hijos, capacitación, vivienda y protección de su salud. Al respecto, cabe destacar el esfuerzo realizado por la municipalidad de La Pintana, pese a que no cuenta con todos los recursos necesarios para satisfacer tales necesidades. Sin embargo, no olvidemos que estas carencias afectan a los pueblos indígenas de todo el país.
Espero, de aprobarse esta reforma constitucional que votaré favorablemente aun cuando considero que debiera avanzarse más en ella, que en la ley de Presupuestos, que votaremos en unos días más, se consideren los recursos para satisfacer dichas necesidades. Cuando se dice que aquí no habría igualdad ante la ley, porque a los indígenas se les estaría “privilegiando”, debo señalar que para estar en igualdad de condiciones respecto de los demás, ellos necesitan más apoyo y más ayuda. Incluso más de la que hoy tienen. Además, en todo orden de cosas, cuando hay personas que están en una situación de menoscabo respecto de otras, se les brinda ayuda para llegar a cierta igualdad.
Si bien este reconocimiento constitucional llega tarde, debemos valorar el hecho de que llegue.
Ayer conversaba con el ministro del Interior con motivo de una presentación que hicimos los diputados que queremos proponer a Chile como sede del mundial de fútbol del año 2010, y me decía que la reforma constitucional relativa a los indígenas no lleva tantos años. Al respecto, debo aclarar que ésta se inició el 14 de octubre de 1991; es decir, hace exactamente 9 años y 3 días.
Espero que esta reforma constitucional cuente con el apoyo necesario para ser aprobada y ojalá pronto en el Senado se transforme en ley de la República. No queremos que ocurra lo que sucedió con la ley del Deporte: después de tantos años de espera la aprobamos y aún no es ley. La gente la está esperando, porque con motivo de la aprobación de la ley de Presupuestos se deben consultar los recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas, lo que será factible gracias a esta reforma constitucional.
Finalmente, me sumo a los que van a aprobar esta reforma constitucional, aun cuando la considero insuficiente, porque sé que tales pueblos necesitan más de lo que he señalado.
Reitero mis agradecimientos a los mapuches de la comuna de La Pintana, que se encuentran presentes en las tribunas.
He dicho.
Aplausos.
El señor HUENCHUMILLA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .
El señor TUMA.-
Señor Presidente, estamos en un debate largamente esperado por muchos parlamentarios respecto de un proyecto que pretende satisfacer un anhelo y una aspiración de los pueblos indígenas, que confían en que la sociedad en su conjunto les entregue una norma de rango constitucional que establezca cuáles son las relaciones entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas.
En muchas legislaciones anteriores ha sido reconocida la existencia de los pueblos indígenas; entre ellas, la ley dictada el año 1813, en que se ordenó la fundación de las villas para indígenas; en 1819 se establece la plena igualdad; entre los años 1823 y 1830 se fijaron normas para la medición de tierras indígenas; en 1842 se dicta una legislación que comprende los territorios al sur del Biobío y al norte de Valdivia consignando normas sobre el trato con los indígenas. Diversas legislaciones desde los años 18531857 al 1863 dictaron normas para la enajenación de terrenos indígenas. La ley del 4 de diciembre de 1866 dispuso el establecimiento y fundación de poblaciones en territorios indígenas, y la creación de la comisión radicadora de indígenas.
Podría seguir ilustrando a la honorable Cámara sobre un conjunto de cuerpos legales, de rango de ley, en que se reconoce la existencia de los pueblos indígenas. Pero, curiosamente, la gran mayoría de ellos atenta contra los propios derechos de los indígenas, ya que, a pesar de que los reconoce, regula sus tierras, nombra comisiones de radicación, establece la figura de las reducciones; en definitiva, atenta contra su derecho y dignidad. Por lo tanto, y como planteaba el diputado señor Alessandri , lejos de ser Chile una nación que integra a los pueblos indígenas, los ha hecho desaparecer. El haber exterminado a los pueblos originarios en otras latitudes, como también el que sigan existiendo todavía en Sudamérica, en ningún caso significa que les hemos dado un trato digno, de personas, con respeto a sus ideas, costumbres, tradiciones, creencias religiosas y de idiomas, que es lo que entendemos como pueblo. A mi juicio, eso tampoco lo hemos respetado en Chile ni en otros países. Sin embargo, nuestro país es el único lugar del mundo por lo menos en América Latina donde se intenta reconocer la existencia de los pueblos indígenas dándoles rango constitucional. No obstante, otros países han ido bastante más allá de esta señal de reconocimiento constitucional que contiene la norma que hoy estamos discutiendo. Por ejemplo, en Ecuador se han dictado leyes que les dan derechos y reconocen su existencia. Incluso la propia Constitución establece la obligación de ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. Aquí jamás les hemos consultado; no existe ninguna norma legal que obligue al Estado a hacerlo cuando se elaboran proyectos de alguna naturaleza o han sido intervenidos por una empresa, un ministerio o un municipio. Y aun cuando formalmente ello pudiese ocurrir, su opinión no es vinculante para quien consulta.
En definitiva, la relación que el Estado de Chile ha tenido con los pueblos indígenas no es igual diputado señor Gonzálo Ibáñeza la que ha tenido con las colonias inmigrantes de otras latitudes; entre ellas, la española, la hebrea, la palestina, la italiana. No es posible comparar a fin de dar un trato igualitario a los pueblos originarios respecto del que reciben las colonias que hemos venido me siento parte de la colonia palestinaa participar voluntariamente de esta sociedad y del Estado de Chile.
Como Estado, se obliga a los pueblos originarios a aceptar condiciones que si bien están consagradas en diversos tratados, pactos y parlamentos, en definitiva siempre ha sido por la fuerza, ya que los pueblos originarios nunca han participado voluntariamente en la construcción de una sociedad como la que hoy existe en Chile.
En tal sentido, se deben crear las condiciones para aceptar que ésta es una nación cimentada en la diversidad, a fin de dar un reconocimiento especial y prioritario a los pueblos originarios y una discriminación positiva en su tratamiento, no sólo en un nombre, en una frase, en un artículo en la Constitución, sino también yendo mucho más allá. En el fondo, esta reforma constitucional debe ser el inicio de un gran debate nacional sobre la forma como los pueblos indígenas han de participar en el diseño y en la relación que la sociedad va a tener con ellos, con el objeto de preservar su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, su forma de ser; de garantizar su participación en los estamentos políticos, como la Cámara de Diputados y el Senado, en los gobiernos regionales y comunales, y de ser consultados sobre la base de una relación absolutamente vinculante cuando se va a intervenir su territorio, desarrollar algún proyecto económico o cualquier otro tipo de intervención.
Esta reforma debería ser el punto de partida de una discusión mucho más rica y profunda en cuanto a la participación de todos y cada uno de los sectores de la nación. Con ello no está amenazada la unidad del Estado. Todos los países del mundo con presencia indígena que los han reconocido constitucionalmente no han visto amenazada la unidad del Estado. No se trata de asimilar el concepto “pueblo” a algo distinto de la pertenencia a una nación o a algo que se pueda contraponer o ser incompatible con el Estado unitario, ni de darles la titularidad de la soberanía, sino de reconocer la diversidad y privilegiar a los pueblos indígenas para empezar a pagar, en parte, una muy alta deuda que aún tenemos con ellos.
Entre los convenios internacionales firmados por Chile está el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyo diputado informante fue el señor Sergio Ojeda , instrumento que este Congreso aún no ha aprobado, a pesar de que muchos parlamentarios de todos los sectores políticos de la Cámara de Diputados lo votaron favorablemente. Sin embargo, diputados opositores que aprobaron dicho Convenio, recurrieron al Tribunal Constitucional reclamando su inconstitucionalidad.
Por eso es importante establecer una relación de coherencia al interior de la Cámara de Diputados para defender efectivamente lo que se dice en las tribunas y en los distritos, respecto de cómo se actúa cuando se presentan, en contra de los intereses de los pueblos indígenas, iniciativas que, además, lesionan su dignidad.
La Declaración de los Derechos del Niño, ratificada por Chile, establece el reconocimiento de los pueblos indígenas, de su particularidad y de su pertenencia. El concepto “pueblo” tiene dos características centrales que lo definen como tal: en primer lugar, tener identificado un idioma, una forma de comunicarse aquí hay pueblos indígenas que lo tienen. En Chile hay un millón de indígenas, en su mayoría mapuches, cuyo idioma es el mapudungun. Ellos hablan su idioma, lo reconocen, conversan, se comunican de esa manera y se debe reconocer como requisito para existir como pueblo.
En segundo lugar, la existencia de una conciencia étnica y un reconocimiento de su especificidad, que la tienen y que los hace diferentes del resto. Por eso, su deseo es pertenecer a ese grupo.
En el último censo, cerca de un millón de personas se reconocían pertenecientes a los grupos indígenas en Chile. Por tanto, existe una voluntad expresa de pertenencia a ese grupo humano.
En consecuencia, se han cumplido todos los requisitos en legislaciones, en convenios internacionales y en la voluntad expresa de los pueblos indígenas respecto de este reconocimiento; pero aquello es absolutamente insuficiente para establecer una verdadera relación con ellos y no garantiza el cumplimiento y respeto de sus derechos.
La última legislación aprobada por el Congreso Nacional fue la ley vigente y, sin duda, constituyó un paso muy importante para crear un instrumento que permita a los pueblos indígenas defender sus derechos. Sin embargo, tiene un enorme vacío en cuanto a su participación real. Tenemos una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi , que resulta un híbrido, con un consejo en el cual la mitad de sus consejeros son representantes del Presidente de la República, y la otra mitad son elegidos en un proceso bastante sui géneris, especial, ya que los eligen los propios indígenas. Sin embargo, normalmente, cuando hay que definir algo importante en favor de los indígenas, prima siempre el criterio del Gobierno frente al criterio dispar que pudiesen tener los representantes de los pueblos indígenas. Existe una Conadi que los pueblos indígenas consideran como de ellos, pero que en estricto rigor es un organismo del Estado.
En consecuencia, es necesario revisar nuestra legislación, a fin de facultar al Presidente de la República para elegir a los consejeros y crear un parlamento indígena, un organismo de participación real que pueda interlocutar con el Estado y donde los indígenas sientan que su opinión y su participación es considerada y que es posible establecer acuerdos y negociaciones que les permitan ser atendidos en su verdadera dimensión.
Por último, presenté una indicación a este proyecto de reforma constitucional para eliminar la última frase del inciso nuevo, inicialmente aprobada por la Comisión: “en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
Dicha frase, en realidad, es como hacer una raya en el agua. No tiene sentido aprobar una reforma constitucional que reconoce derechos específicos, que establece una discriminación positiva en beneficio de los pueblos indígenas, si, al mismo tiempo, incluye una frase que los deja en igualdad de condiciones con el resto de los chilenos.
Considero que, tal como lo hemos planteado, debemos aprobar este proyecto de reforma. Puede ser mejorado; sin embargo, esta discusión debería gatillar la aprobación de otro proyecto del cual es autor el diputado señor Huenchumilla , que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos, al cual hemos adherido diversos diputados. A mi juicio, asumimos con seriedad nuestro papel de legisladores cuando nos convocamos en la Cámara de Diputados para debatir un proyecto que entrega a los pueblos indígenas mayor participación política, un tratamiento especial y participación en la administración de sus territorios.
El Partido por la Democracia aprobará esta reforma constitucional, haciendo la reserva de que nos parece absolutamente insuficiente y que sólo es una señal que crea las condiciones para efectuar un gran debate nacional. Aprovecho de solicitar al Ejecutivo, a través de la Mesa, que califique la urgencia para el despacho del proyecto integral que se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que legislemos seriamente en favor de los pueblos indígenas y esta Corporación cumpla con su cometido.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz .
El señor DÍAZ.-
Señor Presidente, marri, marri, pu papai, pu lamien, pu peñi.
Quiero decirle con mucho respeto a la señora ministra que hace diez años yo no era diputado, y si lo hubiera sido, no habría dado la unanimidad.
Junto con mi padre, alcalde de Toltén, hemos mantenido el mismo discurso en La Araucanía, y lo hemos hecho porque creemos representar el sentir del pueblo chileno mapuche que habita en esos lugares. Él nos ha dado legitimidad y representatividad a través del mecanismo de las elecciones populares.
Vengo de la costa pobre de la Araucanía. El pueblo chileno mapuche de las tierras de Cholchol, de Hualpín, de la isla Huapi me ha honrado con la posibilidad de representarlos en el Congreso Nacional con la primera mayoría. Represento aquí a ese chileno que canta la canción nacional en mapudungun, que siembra su trigo o sus papas vistiendo orgulloso la camiseta número 11 de Marcelo Salas Melinao, símbolo del mestizaje. Represento al chileno mapuche que vive en una ruca, sobre la cual flamea la bandera tricolor chilena.
Siento un deber representar con todo mi piuque con todo mi corazón al pueblo mapuche real, aquel que no mete bulla, pero que, mayoritariamente, votó por el cambio en las últimas elecciones presidenciales. Quiero representar a ese pueblo chileno mapuche mayoritario, que cree que Chaoguenechen es padre de Jesucristo; a un pueblo cristiano y pacífico, muchas veces evangélico; otras, católico. Represento a aquellos que entienden que los problemas de pobreza se resuelven ayudando realmente a la agricultura, a su actividad en la mapu, con cullín, y no con más leyes indígenas o reformas constitucionales. Nuestro pueblo chileno mapuche no come reformas constitucionales ni leyes indígenas.
Siento que es mi deber hablar por esos chilenos mapuches, que me eligieron mayoritariamente como su representante o werkén en el Congreso Nacional, quienes nunca han sido invitados a ninguna mesa de diálogo, en las que se ha dilatado la solución de sus problemas reales.
¿Cuál no es el problema de los chilenos mapuches? No es un problema de raza o de dos pueblos. Chile es un país mestizo. Quizás no nos reconocemos como tales. Existe una autodiscriminación de un lado hacia el otro, y viceversa, y eso es malo: el no reconocer nuestro componente indígena con orgullo y, al mismo tiempo, el no reconocer nuestro componente europeo de la misma manera. Debemos estar orgullosos de nuestras raíces indígenas, así como también de las europeas, sin complejos.
Esta reforma constitucional nuevamente divide a los chilenos, en vez de garantizarles las mismas oportunidades para derrotar la pobreza. Existía la posibilidad de mantener a salvo esto con la última frase de una indicación fue eliminada por otra, firmada, entre otros, por el diputado señor Tuma , que decía lo siguiente: “en iguales términos que a todos los demás chilenos”. ¿Acaso el diputado Tuma cree que el mapuche no es chileno también? Eso tendrá que contestarlo en su distrito. Yo sí lo creo; ésa ha sido mi posición y con ella hemos obtenido buenos resultados representando a la gente.
(Manifestaciones en las tribunas).
Señor Presidente, le pido que haga respetar el orden en la Sala.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio.
Puede continuar, su Señoría.
El señor DÍAZ.-
Nosotros estamos por no dividir ni aislar más al chileno mapuche, porque eso es racismo, propio de quienes han aprendido toda una cultura indigenista en Suiza o Canadá, pero no en la tierra de La Araucanía. La cultura se preserva sola cuando el mapuche tiene cullín; cuando está económicamente bien puede hacerlo, porque no se ve obligado a trasladarse a la ciudad.
La agricultura, la actividad de la mapu, de la cual vive nuestro pueblo mapuche, está en crisis, y es entonces cuando empieza a aparecer el problema real y no el virtual. Hay gente que cree que existe un problema virtual, porque no vive en el campo y lo ve desde organismos internacionales o desde oficinas estatales.
¿Cuál es el problema real del pueblo mapuche? Debido a las políticas paternalistas adoptadas desde hace muchos años, la población mapuche sufre el doble de la pobreza e indigencia que afecta a la población no mapuche.
La cultura mapuche está ligada inseparablemente al cultivo de la tierra. De hecho, cuando existe una agricultura abandonada por el Gobierno y una región que se ha empobrecido durante estos diez años, el mapuche debe abandonar su tierra y, a su vez, su cultura. A la inversa, cuando llega al campo alguien que no es mapuche, que tiene dos apellidos europeos, se casa con mapuche y de inmediato empieza a vivir su cultura, participa en los guillatunes, en las rogativas, y se incorpora al mundo de la cultura mapuche que está arraigada a la tierra. Por el contrario, cuando alguien que está arraigado a la tierra, a la mapu, a la cultura mapuche, y pierde su tierra debido a la crisis agrícola cada vez peorque estamos viviendo, tiene que abandonarla, llega al mundo urbano y pierde su cultura, más allá de su apellido o raza.
Mi compañero de distrito concordará conmigo en que en nuestra zona hay mucha gente que vive la cultura mapuche, sin que tenga apellidos mapuches; que se ha casado e incorporado, a través de la larga historia de mestizaje que hemos vivido en nuestra zona. Este hecho fue planteado por algunos lonkos de la zona, que asistieron a la comisión invitados por el diputado que habla, como los lonkos Óscar Imihuala y Venancio Coñuepán , tataranieto del pacificador de La Araucanía y bisnieto de un diputado que también representó al pueblo mapuche en la Cámara.
Pues bien, ¿qué señalaron dichos lonkos? Óscar Imihuala señaló, textualmente: “Con esta reforma constitucional poco y nada se va a conseguir. Se requiere que se hagan cosas reales. Nosotros tenemos problemas reales y concretos; que no sea puro papeleo, dilatación y palabrería”. Expresó, además, que la reforma no les gusta, ya que se siguen estudiando los problemas y no se llega a la parte misma del asunto, que es la crisis agrícola.
El lonko Venancio Coñuepán manifiesta que su comunidad no está de acuerdo con el proyecto, porque sus problemas reales son económicos. Necesitan sustentar su agricultura, costear la educación de sus hijos y tener un mejor acceso a la salud.
Ha dicho que la Conadi, que es un producto de la ley indígena, no ha sido un ente positivo para ellos, porque no hay una buena distribución de los recursos y pasa lo mismo que con el Indap: hay aprovechamiento político.
Señor Presidente, existe contradicción respecto de lo que se plantea, porque, por una parte, el Mideplan no la señora ministra, porque esto fue antes de que asumiera, plantea un estudio en que se señala que la agricultura de los pequeños agricultores de las zonas rurales no es viable y que deben ir, poco a poco, transformando su manera de vida. Señora ministra, la mayor parte de los mapuches son agricultores, campesinos y viven de la tierra.
Esta es una nueva forma de saltarse el conflicto de pobreza y de crisis agrícola, que es el problema de fondo. Se pretende con esto dividir a los chilenos y poner cargas a nuestros indígenas.
Queremos su libertad para que puedan elegir no a través de representantes autoproclamados su propia forma de vida. Y la forma que les garantiza elegir qué quieren es la estabilidad económica, la que se logra fortaleciendo la agricultura, la cultura agraria, fortaleciendo la tierra y los productos que les dan el sustento económico necesario para poder mantener su cultura.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ha transcurrido tanto tiempo y siendo tan diverso el matiz de los argumentos, sin duda se crea confusión. Se pasa de lo ideológico a lo absolutamente técnico; de lo étnico a lo absolutamente político.
Aquí, más allá de la valorización personal que tenga de algunos diputados de la Derecha, hay un claro intento por confundir, porque quienes sustentan políticas ideológicas y también económicas para la Derecha, como el Instituto Libertad y Desarrollo, no mienten. Ese organismo pone en sus textos lo que piensa sobre este proyecto. Señala que la duda que plantea la reforma constitucional es si el reconocimiento, amparo y protección que el Estado debe a los indígenas, es o no el mismo que debe al resto de los habitantes de la nación.
Dice que si la respuesta fuera negativa y se tratara de una discriminación en favor de los mapuches, aimaras y otros pueblos, se estaría estableciendo una excepción al principio constitucional de igualdad ante la ley, pero ésta no aparecería justificada por ningún documento o estudio difundido sobre el particular.
Dice, además, que hay, por una parte, un concepto individual que amerita que cada grupo o cada persona, de manera individual, pueda optar o no a pedir autonomía; pueda optar o no a pedir reconocimiento.
Expresa que existen casos significativos de personas de origen mapuche que decidieron y tuvieron la oportunidad de intensificar su formación universitaria actualmente son profesionales integrados más a la vida moderna que a los usos y costumbres ancestrales, si bien, seguramente, los aprecian. Es decir, ponen esto en el ámbito de la autonomía de la libertad individual.
A su vez, manifiesta que es un dilema mantener las tradiciones ancestrales o integrarse completamente a la vida moderna.
Pero, además, agrega que si se mira a cada pueblo originario como a una sola e indivisible comunidad, se presupone que cada uno de sus miembros ha tomado la decisión necesaria y colectiva de poder preservar su tradición, es una visión sesgada. Plantea que el constituyente es decir, nosotros, los legisladores no puede imponer un determinado concepto de pueblo indígena, rígido y que impida, en definitiva, el ejercicio de las libertades a todos o algunos de sus miembros.
Por lo tanto, señala claramente que si se aprobara la reforma constitucional, no debería provocar alteración alguna en el goce de los derechos que corresponden a los integrantes de los pueblos indígenas como a cualquier otra persona que pise el territorio chileno.
Por lo tanto, el Instituto Libertad señala que esta es un reforma que tiene un componente de desigualdad, que es discriminatoria en contra del resto de los chilenos y expresa claramente su oposición.
Que nos dice el diputado Cardemil , presidente de Renovación Nacional, el 7 de septiembre de 1999, citando a un pensador español hay muchos pensadores mapuches: Que la Nación “es una unidad de destino universal y creo profundamente en ello. Chile, como nación, es fundamentalmente una comunidad histórica y también de destino. La particularidad de esta alma nacional y de nuestra nación chilena son claras y precisas. Al organizarse una nación, el Estado lo hace para valorar, para acrecentar, para subrayar los elementos de integración mucho más que los elementos de desintegración nacional”.
“Chile es un país mestizo”, dice. “Es una nación que ha ido absorbiendo a sus diferentes afluentes étnicos en una sola corriente común”. Y más adelante pregunta: “¿Es posible aceptar que el artículo 1º de la Constitución, que define los elementos de nacionalidad, parta diciendo que la Nación chilena está subdividida en sectores o grupos? ¿Qué lenguaje es ése? La Constitución Política une con términos que crean una sola instancia no dividida en grupos o sectores”. Dice que, “al margen de nuestra posición política, llamo la atención de los señores diputados presentes nos dijo hace un año atrás en esta Sala para que piensen que esto no es inocuo; para que piensen que es profundamente peligrosa la modificación de una base de la institucionalidad; es decir, que el artículo 1º de la Carta Fundamental establezca la división de la nacionalidad chilena en sectores o grupos”.
“Con esta reforma no estamos ayudando a las etnias indígenas a que se desarrollen, sino que estamos creando más problemas”.
Eso es lo que piensa el actual presidente de Renovación Nacional.
¿Que nos ha dicho el diputado señor Alessandri hace unos minutos? Señala claramente que hay una situación, también peligrosa, de discriminación positiva, pero discriminatoria para el resto de los ciudadanos al poner en esta condición a los pueblos indígenas.
Además de eso, reitera preocupaciones y algunos atisbos, sin duda, de preocupación de las intencionalidades que les asisten a los que promueven este reconocimiento constitucional.
Esa profunda desconfianza que se manifiesta no tiene ningún apoyo concreto ni material que la justifique.
Por su parte, el diputado señor Ibáñez ve fantasmas, tiene temores y profundas desconfianzas. Señala claramente que para él aquí se vive un proceso de crisis de la institucionalidad, de crisis de la nación. Se pone en el lado de la unidad nacional, pero que, además de eso, esto es prácticamente una moda; hay un indigenismo que viene desde afuera.
Con las palabras del diputado Ibáñez uno no tiene sino que recordar a la Derecha agrario laborista de principios de siglo, que incluso se oponía a que la gente completara su enseñanza básica, porque decía que los campos iban a quedar desiertos. Por lo tanto, no era posible hacer obligatoria la educación primaria para todos los chilenos, como ocurrió en 1920. En este nuevo siglo, en el debate hay resabios y anacronismos absolutamente incomprensibles.
Lamento el tono de la Derecha en esta discusión. El diputado señor Ibáñez , por ejemplo, expresó que cuando los representantes de los mapuches, de los aimaras, de los quechuas, de los rapa nui acuden a la comunidad internacional en un mundo globalizado, en donde el reconocimiento de estos pueblos ha sido tomado por estados que vivieron y que también causaron oprobio a sus pueblos, van a provocar la lástima de los extranjeros. Difundir derechos ancestrales no es propio hoy día. Habría pueblos que sufrirían la explotación y que esto es una invitación explícita a la violencia o al conflicto grave, y que hay incitación del exterior. Lo asemeja a la lucha de clases; dice que queremos construir un “apartheid” y que resucitamos hábitos del pasado. El diputado señor Ibáñez debe tener valores cristianos, pero sus palabras no los reflejan, porque ha ideologizado un tema de Estado, universal, respecto del cual la inmensa mayoría de los chilenos coincide: los pueblos originarios han sido gravemente discriminados.
Tengo los textos de las intervenciones de todos los diputados mapuches que han formado parte del Parlamento:
Francisco Melivilu Henríquez , del Partido Demócrata, diputado desde l924 hasta l932 por Temuco, Imperial y Llaima .
Manuel Manquilef González , del Partido Liberal Democrático, diputado desde l926 hasta l932 por Llaima, Imperial y Temuco.
Arturo Huenchullán Medel , del Partido Demócrata, diputado entre l933 y l937 por Traiguén, Victoria y Lautaro .
Venancio Coñuepán Paillel , del Partido Conservador Unido o sea, de Derechadiputado durante tres períodos, desde l945 hasta l969, por Temuco, Lautaro , Imperial, Villarrica y Pitrufquén .
José Cayupi Catrilaf , del Partido Nacional Cristiano, diputado desde l953 a l957 por Temuco, Lautaro , Imperial, Pitrufquén y Villarrica .
Esteban Romero Sandoval , diputado desde l953 hasta l957 por Temuco, Lautaro , Imperial, Pitrufquén y Villarrica .
Manuel Rodríguez Huenuman , del Partido Demócrata Cristiano, diputado entre l965 y l969 por Rancagua , Caupolicán , Cachapoal y San Vicente .
Rosendo Huenuman García , del Partido Comunista, diputado por Temuco, Lautaro , Imperial, Pitrufquén y Villarica en l973.
Con posterioridad, Francisco Huenchumilla Jaramillo , del Partido Demócrata Cristiano, diputado desde l990 hasta el año 2002.
En los cientos y miles de páginas de discursos sobre el tema no están todos, podemos leer las mismas palabras.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al diputado señor Díaz que debe conocer la historia, porque los mapuches no votaron por werkenes que los representen en el Congreso Nacional, y cuando lo hicieron, votaron por la gente de su misma sangre. Aquí los werkenes no son el diputado Díaz ni su padre, que a mucha gracia y condición podrá estar aquí, tema que podemos debatir políticamente en otra oportunidad: por qué los mapuches apoyan a la Derecha, que tiene el apoyo económico de las empresas forestales, las que históricamente los han esquilmado y les han quitado sus tierras.
Debido a que este asunto no fue difundido, quiero decir a los diputados presentes y a la señora ministra de Bienes Nacionales, que se encuentra en la Sala, que los 32 diputados de la Derecha votaron a favor del Convenio Nº 169, con lo cual quedaron bien frente a integrantes de las comunidades que se encontraban en las tribunas, pero luego fueron corriendo al Tribunal Constitucional a oponerse, a defender los derechos de las grandes empresas mineras del norte, porque atentaba contra derechos históricos y contra el derecho de propiedad. Afortunadamente, perdieron el recurso. Tienen dos voces. Aquí votan a favor de las comunidades indígenas, del Convenio Nº l69, pero en la noche, silenciosamente, acuden al Tribunal Constitucional para impedir que se apruebe. ¿Cuál es la verdadera lengua que tiene la Derecha para relacionarse con los pueblos indígenas, en especial con el mapuche? Esa fue la demostración más clara de que se protegen intereses, pero ante un proceso electoral, se apoya al pueblo mapuche, se dice que se respetarán sus derechos. Pero esto no es un asunto municipal, diputado señor Errázuriz . No se trata de que un municipio se preocupe de los problemas de los indígenas. El tema radica en si el Estado, el pueblo chileno, reconocerá los derechos inalienables de pueblos originarios que habitaban en el sur antes que los españoles, que los europeos. Ese es el tema de fondo.
Los parlamentarios que hemos trabajado por los derechos humanos, nos hemos preocupado principalmente de dos tipos de derechos: los derechos humanos, civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Pero ha surgido una nueva clase de derechos, afianzados y reconocidos por la ONU y por la OEA: los derechos colectivos a la autodeterminación, que forman parte de un debate que hoy no alcanzaremos a llevar a cabo. Las cifras hablan por sí solas.
Quiero señalar que el texto propuesto no me satisface: es restringido. Si se analiza la Constitución de Brasil, país con menos indígenas que el nuestro, puede advertirse que contiene mejores opciones de reconocimiento de la tierra. Los reconocimientos constitucionales deben tener algún significado; de lo contrario, nos quedamos en la tesis del Instituto Libertad y Desarrollo, que sostiene que esto no tendrá implicancia alguna. Un reconocimiento constitucional debe significar que se reconoce el derecho a la tierra, a recuperar la tierra usurpada, la tierra quitada, y el Estado debe asumir la deuda histórica de ese despojo.
(Aplausos en las tribunas).
En 1881, el coronel Cornelio Saavedra , como muchos deben saber, inició la campaña de pacificación y cruzó la frontera del Biobío. Hasta esa fecha los mapuches dominaban al sur del Biobío y eran dueños de las tierras. Hoy, Mininco , Biobío , Forestal Arauco , son dueños del 80 por ciento de la provincia de Arauco, de esa tierra que les fue quitada a los mapuches con engaño, con abuso, con crímenes, como lo dicen los verdaderos diputados mapuches que formaron parte del Congreso. El Estado chileno debe hacerse cargo de esa deuda histórica.
El reconocimiento constitucional propuesto puede ser un paso, pero, a mi juicio, resulta insuficiente y el Senado no avanzará más. Se reconoce el concepto de pueblo, pero no el derecho a la tierra, y como muy bien lo sabe el diputado señor Díaz , el mapuche es hombre de la tierra. Entonces, lo que debemos reconocer al pueblo indígena es el derecho a la tierra.
Me abstendré, porque nos encontramos ante una encrucijada: si votamos en contra, no tenemos nada, pues no hay posibilidad de presentar indicaciones. Espero que los senadores elegidos puedan formular las indicaciones del caso para reformar el texto propuesto.
He dicho.
Manifestaciones en las tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones. Les ruego respetar esta norma de la Cámara.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Huenchumilla .
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco la referencia que el diputado señor Navarro hizo a mi persona y a los diputados mapuches que han formado parte de la Cámara de Diputados. Además, reafirmo mi identidad frente a esta Corporación.
Considero muy importante participar en el debate de esta iniciativa, que ya lleva casi diez años en el Congreso.
Quiero plantear algunas interrogantes respecto de lo que hoy estamos discutiendo, porque he escuchado argumentos de todo tipo.
Lo que estamos debatiendo es una reforma constitucional. ¿Qué significa esto? Que estamos modificando el pacto político que fija las reglas de juego que se ha dado la sociedad chilena. No estamos discutiendo una ley ni materias económicas, sino si el Estado quiere incorporar dentro de las reglas de juego a un conjunto de personas de este país que se autodenominan pueblos indígenas por su historia, su tradición, su lengua, su cultura y su vida.
La pregunta es, en consecuencia, si como Parlamento estamos dispuestos a incorporar a los pueblos indígenas a estas reglas del juego o no, porque la consulta surge de inmediato al escuchar los argumentos que han dado los señores diputados de la Derecha, en el sentido de que o los pueblos indígenas existen o están perdidos en el mestizaje y en la mezcla. ¿Qué respuesta vamos a dar como Estado a esta situación? ¿Qué contestación le ha dado el Estado español durante los 300 años que estuvo en este país? La respuesta que dio la corona española lamento que no esté aquí un diputado que se refirió a esofue que celebró tratados y parlamentos con los pueblos indígenas y, en particular, con el pueblo mapuche, tratándolo de igual a igual, y respetó dichos tratados hasta 1881, cuando el Estado chileno los quebrantó y despojó al pueblo mapuche de los territorios que tenía en el sur.
En consecuencia, el tratamiento que históricamente le ha dado el Estado chileno ha sido un reconocimiento de status de pueblo o de nación. Ahora, la relación que se ha tenido desde hace cien años es traumática, triste, desolada, de reduccionismo, aplastamiento y en que el Estado chileno robó por la fuerza 4 millones y medio de hectáreas al pueblo mapuche en el sur de Chile, y lo redujo a 500 mil, tema que tantas veces hemos discutido aquí en otras oportunidades.
Entonces, la primera cuestión que planteo es que lo que estamos tratando de hacer hoy en la Cámara es modificar este pacto político y reconocer que los pueblos indígenas existen.
La segunda cuestión es que aquí se ha planteado que probablemente el mestizaje ha llevado a que los pueblos indígenas no existan. Creo que esta discusión está superada en el mundo de hoy. Como Parlamento, estamos atrasados y abocados a una discusión absolutamente anticuada, anacrónica, porque un gran pensador y escritor norteamericano decía que la historia se había acabado, ya ahora existe la globalización y la economía mundial; pero los mayores conflictos los tenemos porque en todas partes surgen las nacionalidades, los grupos étnicos, que quieren manifestar su propia identidad en todas partes. Entonces, los problemas de hoy consisten en que las sociedades mayores quieren aplastar a las menores, a pesar del mestizaje que existe en todos los países del mundo.
Por lo tanto, les digo: señores diputados, por favor, prendan el televisor y vean lo que está pasando hoy con los palestinos, que están dentro del Estado de Israel, viven allí, están en su economía, tienen diputados en el Parlamento de Israel y, sin embargo, quieren ser ellos mismos y tener su identidad. ¿Y qué ocurre con los chechenos y con los kosovares? ¿Y qué pasa en España con los vascos, los catalanes y los gallegos; con los galeses en Inglaterra, y con los alemanes, que se han mezclado, pero siguen siendo alemanes con todas sus tradiciones?
Entonces, les digo que en la actualidad se imponen la diversidad, las nacionalidades, la identidad; la gente quiere actuar por sí misma y no quiere que otros le digan lo que tiene que hacer. Aquí estamos presenciando que un grupo de chilenos le quiere decir a otro cómo tiene que ser, cómo debe hablar y pensar.
Me parece que nuestro Congreso no está a la altura del debate moderno que hay sobre este tipo de materias.
Otro argumento que se ha dado es que los mapuches no comen constituciones y que su problema es económico. Bueno, el problema de muchos países en el mundo es económico; ¿pero el tener problemas económicos significa no poder hablar de problemas constitucionales? Eso es cierto paternalismo o racismo encubierto, porque los macanudos, los ricos, los intelectuales o los científicos pueden hablar de cosas ideológicas, tratar temas que dicen relación con cuestiones teóricas, derechos, obligaciones, pactos políticos, constituciones, leyes y tratados. Los mapuches no pueden hacer eso. ¿Por qué no pueden tratar eso? ¿Y por qué no podríamos opinar de la Constitución? ¿Por qué sólo unos pocos podrían hablar de eso y el resto no?
Entonces, hay una subvaloración, una capitis diminutio, como diría un entendido en latín, que se quiere hacer respecto de los pueblos indígenas. Que los mapuches se preocupen sólo de comer, como los animales, pero no de pensar. ¿Por qué no podemos pensar en derechos políticos, colectivos, en participar en el debate y en los órganos que toman grandes decisiones? ¿De qué estamos hablando aquí? De que los pueblos originarios tienen derecho a participar en este pacto político con plenitud.
Otro tema: el de la igualdad. Aquí le digo a la Derecha que la redacción del artículo 19, donde se establece el tema de la igualdad, fue hecha por connotados juristas precisamente de ese sector. ¿Y qué dice la Constitución de la igualdad? La igualdad no es uniformidad. Al revés, la Constitución permite hacer todas las leyes diferentes que hemos hecho en estos diez años, sin vulnerar el principio de la igualdad, porque la Constitución quiere que la igualdad no sea discriminatoria o arbitraria. Pero si queremos hacer leyes diversas, estamos ensalzando la igualdad.
Si nosotros, un pueblo distinto, con una historia e idioma distintos, proyectos de vida diferentes, queremos ser distintos, ése es precisamente el principio de la igualdad.
Por favor, si somos serios en el debate respecto de la igualdad, debemos leer acuciosamente su significado. Por lo demás, hay jurisprudencia no sólo de la Corte Suprema, sino también del Tribunal Constitucional, además de opiniones de muchos tratadistas respecto del concepto de igualdad. De manera que ése también es un debate superado en el Parlamento y en los órganos del Estado chileno.
Otro tema. Cuando aquí se establece determinado reconocimiento, uno va madurando. Uno puede haber afirmado una cosa hace años; después va procesando, estudiando, madurando los temas.
Si uno examina los textos de las Naciones Unidas y los debates en la Organización de Estados Americanos pido a los señores diputados que los vean, se da cuenta de que las Naciones Unidas está muy por delante de nosotros. Y no es que podamos achacar a un lobby de los indígenas que tengamos tanto poder como para haber convencido a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos de que haya proyectos o declaraciones sobre los pueblos indígenas que establezcan el derecho a la autodeterminación.
Somos tan “poderosos”, que en diez años no hemos sido capaces de lograr que el Congreso apruebe definitivamente un proyecto de reforma constitucional. Menos podríamos haber obligado a las Naciones Unidas o a la OEA que hagan textos mucho más avanzados respecto de lo que estamos discutiendo. Si no, vean el Convenio Nº 169, que llenó de fantasmas el debate, por lo cual el Tribunal Constitucional dijo: “No hay fantasmas. Esto es constitucional. Todo está bien”.
Entonces, estamos atrasados en el debate. Veamos los textos internacionales y nos vamos a dar cuenta de que nuestro Parlamento necesita colocarse al día en esta materia.
Respecto del contenido con esto termino mi intervención, personalmente encuentro insuficiente el texto. No me satisface. Soy partidario de una reforma a la Constitución mucho más profunda, que se refleja en el proyecto que presenté el año pasado en conjunto con otros señores diputados.
Sin embargo, como soy medianamente inteligente, entiendo que los tiempos políticos tienen su ritmo y que los procesos sociales son dinámicos, pero que también les toma su momento. Sé que algún día este país tendrá que iniciar ese debate y, a lo mejor, avanzar en un texto que me llene en plenitud o que satisfaga completamente a los pueblos indígenas. Sé que eso tendrá que venir algún día, porque así es la historia. No se puede tapar el sol con un dedo, aunque aquí se rasguen vestiduras respecto de este mínimo proyecto que estamos discutiendo.
Si establecemos el reconocimiento constitucional, estamos diciendo que los pueblos indígenas existen, y si existen, tienen derecho a la vida. ¿Y qué es la vida para un pueblo? Es el derecho a ser reconocido como sujeto colectivo, no individualmente. Si lo estamos reconociendo como sujeto colectivo naturalmente, no de derecho público, como decía un señor diputado por ahí, porque ése es otro concepto, que no tiene nada que ver con este concepto político de pueblo, este pueblo tiene derecho a manifestar su diversidad, porque, de lo contrario, ¿qué sentido tendría el reconocimiento? Le decimos: “Lo reconocemos, pero usted no tiene derecho ni a su tierra, ni a su territorio, ni a su lengua, ni a su tradición, ni a su historia, ni a sus costumbres, ni a decidir sus propias cosas”. Si lo hacemos, estamos reconociendo la autodeterminación, que es un concepto de las Naciones Unidas. ¡Por favor, no rasguemos vestiduras! Es un concepto simple, en el cual no está en juego el Estado, la soberanía, sino el derecho a decidir por sí mismos sus propios asuntos. Por supuesto, las cuestiones que no les son propias, las define la Constitución para todos los chilenos; pero las cosas propias las define aquel que es sujeto del derecho que le está dando la Constitución.
Ese derecho debe estar establecido, ya que no tendría ningún sentido, si es que cultural y políticamente no enfrentamos el tema, porque en algún momento el país tendrá que devolver los territorios que el Estado chileno quitó a los mapuches. Por favor, no tomen en sentido literal mis palabras. Esta es una proposición política realista, pero con eso no estoy diciendo que desaparecerán Temuco, Victoria y Angol . Estamos haciendo una petición conforme al realismo que existe hoy.
Por lo tanto, sostengo que esta reforma constitucional es absolutamente insuficiente para mí, aunque entiendo que forma parte de un proceso dinámico, que con el curso de los años tendrá que acrecentarse y volver al cauce que le corresponde.
Por otro lado, demando a todos los partidos políticos, incluido el mío, a que miremos este tema con serenidad y sabiduría, pensando en todos los problemas que existen en el mundo, cuando la respuesta de la sociedad mayor es de opresión y no de apertura para una mayor participación.
Creo que de esa manera vamos a tener un solo país integrado, pero con la diversidad y la autonomía que les corresponde a los pueblos indígenas, de acuerdo con su historia, su tradición y, sobre todo, su deseo y su esperanza.
He dicho.
Aplausos.
La Mesa informa a la Sala de la presencia en tribunas de una delegación de parlamentarios alemanes, integrada por los diputados Werner Lensing , Peter Eckhardt , Heinrich Fink , Ulrich Kasparich , la señora Cornelia Pieper y los señores Ernst Dieter Rossmann y Klaus Schmoelling , a quienes da la bienvenida.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-
Señor Presidente, quiero levantar mi voz, porque aquí se ha hablado mucho de los pueblos mapuches, para recordar que, a partir de 1995, el pueblo aimara diseñó una organización única, que la concretó en 1997 con el Consejo Nacional de Pueblos Aimaras, que agrupa a más de 235 organizaciones con personalidad jurídica, y que son asociaciones y comunidades indígenas. Don Alfredo Chipana estuvo presente en la Comisión en representación de todos ellos.
Es indudable que en estos temas hay que poner mucha atención a lo que opinan las personas directamente afectadas. El señor Chipana , en representación de las 235 comunidades aimaras, estimó que este proyecto de reforma es insuficiente; el reconocimiento es muy vago y culturalista, y no reconoce otros derechos, como los relativos a la propiedad y al idioma, el uso de los recursos naturales, el derecho a la propiedad intelectual y a administrar justicia en materias de cierta cuantía.
Señaló en la Comisión que si se estudian las Constituciones de países vecinos, todas, sin excepción, les dedican, sin miedo, títulos y párrafos a esta materia. Venezuela fue el último país en reformar su Constitución el año pasado y los incorpora en sendos capítulos; lo mismo sucede con Argentina y Bolivia. Aún más, en Colombia no sólo hay reconocimiento de tierras, sino que, además, se les otorgan facultades jurisdiccionales.
Me preocupa que en esta reforma, como dicen nuestros aimaras, no se contemple, por ejemplo, el tema de la propiedad sobre la tierra, ya que son comunidades aimaras que pueden tener muchas cosas en común, que deben ser inalienables, pero si alguien las inscribe a título personal, indudablemente no podrían hacer uso de ellas.
Quiero ser muy breve, debido a lo escaso del tiempo.
Considero que no tomamos suficientemente en cuenta a los aimaras, porque se habla mucho de los picunches, de los diaguitas, de los huilliches y de los mapuches; pero ¿por qué los aimaras no están considerados en los textos escolares y en todo lo demás?
Señor Presidente, creo que es el momento de igualarlos respecto de los demás pueblos indígenas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Salvador Urrutia .
El señor URRUTIA.-
Señor Presidente, me sumo a las palabras de mi colega Rosa González , con quien comparto la representación del primer distrito, donde hay una fuerte presencia del pueblo aimara, en cuyo homenaje haré un saludo en su idioma: “Jallalla aymar marka, cuyakanakas, jilatanakas, malkus y achachilas, t’ake kirpa jilaña”. Esto significa: “Salud, pueblo aimara, hermanitas, hermanitos, jefes y padres tutelares, creced con igualdad”. En este saludo repetimos un lema que a ellos les gustó mucho, que es “Creced con igualdad”.
Creemos que ese lema, que impregna nuestra actividad política, se ve apoyado por esta reforma constitucional que apunta precisamente a crear igualdad donde hay una profunda desigualdad histórica, donde además hay elementos de abusos históricos, que hicieron que un fuerte sector de la población chilena, los pueblos indígenas, tengan enormes carencias en educación, salud, empleo, ingresos e infraestructura, lo que obliga a la mayor parte de ellos a vivir en los sectores de extrema pobreza.
Históricamente, la situación actual es fruto, primero, de la violencia ejercida por quienes les arrebataron sus tierras, sus vidas, su cultura y su dignidad, y luego en parte, también es culpa nuestra del abandono e indiferencia en que el Estado chileno ha mantenido a los pueblos indígenas, sin mostrar una preocupación real por modificar su desmedrada situación.
Entonces, la reforma constitucional que estamos debatiendo da pasos para corregir esa situación. Desde luego, reconoce su existencia. Dentro de la nación chilena caben varios pueblos; todos los pueblos indígenas pueden ser parte de ella y ayudar, con su diversidad, a que haya progreso real para ellos y para Chile.
También existe un tema de identidad cultural de esos pueblos que, pese a las dificultades de siglos de discriminación, de violencia y de abuso, su fuerza histórica y cultural su fuerza propia, les ha permitido mantener su cultura, su identidad, su idioma, sus ceremonias.
Todo eso podrá ser reparado ahora, ya que, a través de la reforma y del espíritu que muestra la sociedad chilena al tratar el tema, crearemos condiciones para que los pueblos indígenas puedan reiniciar su desarrollo histórico, brutalmente detenido por los nuevos habitantes de Chile, que llegaron de ultramar hace varios siglos, y que han continuado llegando después.
Creo que la sociedad chilena ha madurado y entendido que llega el momento en que hay que luchar por una verdadera igualdad, por corregir las inequidades del pasado de las que todos somos culpables y por tener como iguales a los pueblos indígenas y a cada uno de los ciudadanos que los integran, a quienes hay que dar igual participación en la vida política y cultural del país, como también corregir las graves deficiencias que existen actualmente.
Varios colegas se han referido al problema de la tierra. Es indudable que la actual ley indígena ha ayudado bastante a que ese tema y el de los derechos de agua vayan corrigiéndose, pero es necesario darles un impulso mucho mayor porque tanto el pueblo aimara, como el pueblo mapuche, el pueblo pascuense y los demás, necesitan absoluta seguridad de que van a contar con territorios suficientes para asegurar la sobrevivencia, el crecimiento y el progreso de su cultura, sin separarse de la nación chilena, yendo a una mejor integración entre iguales.
Esos temas están pendientes y comparto que esta reforma es parcial, como han dicho mis colegas, pero es un buen paso, porque, como lo dijo un tratadista invitado por la Comisión, las reformas constitucionales tienen también un efecto simbólico. Lo ideal es que tengan un efecto práctico inmediato, pero también el valor de símbolo, como señal de la voluntad de una sociedad, que crea un estado de ánimo y una dinámica que asegura que lo que piden los pueblos indígenas se irá cumpliendo próximamente.
Por eso voto con entusiasmo a favor de esta reforma constitucional, que permite comenzar, fortalecer y asegurar a los pueblos indígenas que la sociedad chilena los considera iguales y que tiene también la voluntad de corregir las profundas desigualdades que la historia ha producido hasta hoy.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hernández .
El señor HERNÁNDEZ.-
Señor Presidente, tal como decía el colega Francisco Huenchumilla , es importante centrar el debate que hoy nos ocupa en lo que verdaderamente es: una reforma constitucional.
A propósito, tengo en mi poder el texto de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, ejemplar que cuenta con 96 páginas. Y me pregunto: ¿los pueblos originarios nuestros no se merecen las cuatro líneas que están propuestas como reforma constitucional? ¿Cómo ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos?, ¡por Dios! Nos llenamos la boca, indistintamente, hablando de los pueblos originarios: mapuches, huilliches, aimaras, atacameños, pascuenses, pero cuando estamos enfrentados a tomar decisiones, entramos en disquisiciones y en discusiones que, tomando una vez más las palabras del diputado Huenchumilla , nos hacen y nos muestran como un Parlamento subdesarrollado.
Realmente, es lamentable, pero insisto: ¿No se merecen nuestros pueblos originarios una reforma constitucional que sólo comprende cuatro líneas, en circunstancias que el texto de la Constitución de 1980 tiene 96 páginas? Los invito a reflexionar acerca de ello.
Sin querer ser peyorativo, aquí represento también un distrito con alta población mapuche, y con todo respeto, estimado colega Díaz , nunca me he sentido werkén de los mapuches, porque no soy mapuche. Así de simple; pero, como diputado que los representa, más que decirles lo que ellos tienen que hacer, debo ser portador de sus inquietudes, de sus aspiraciones, de sus sueños.
En verdad, muchas veces aquí caemos en el error de plantear que la problemática mapuche se reduce sólo a resolver los problemas de existencialidad, y eso es una tremenda falta de respeto para nuestros pueblos originarios, que son la sangre de lo que hoy somos y la historia de la cual tantas veces nos enorgullecemos.
Por eso me molesta cuando aquí se trata de minimizar el tema indígena, y muy especialmente el de los mapuches, al tema agrícola. Es cierto que su inmensa mayoría se dedica a una agricultura con carácter de subsistencia, fundamentalmente en nuestras regiones; pero hoy muchos mapuches no viven de la agricultura, sino de otras actividades y, en realidad, sufren la discriminación exactamente igual.
Pienso que hoy estamos enfrentando un tema importante. Comparto lo que han dicho algunos en cuanto a que es insuficiente el proyecto presentado; me gustaría que esta reforma constitucional fuera más profunda. Creo que todos tenemos culpa, porque no hemos sabido ponernos de acuerdo respecto de cómo enfrentar el tema y recoger las aspiraciones de los pueblos originarios, en el sentido de incorporarlos en nuestra Carta Fundamental, como corresponde a su deseo y a la señal que el mundo entero nos da respecto del tratamiento de los pueblos originarios.
En tiempos de elecciones, generalmente se apela al pueblo mapuche para conseguir votos, ofreciendo este mundo y el otro. Creo que ya está bueno de hacer política en esos términos con esta gente nuestra, que merece nuestro mayor respeto.
Por eso, aunque sea odioso, quizás por tercera vez los invito a votar favorablemente esta reforma constitucional, porque, sin lugar a dudas, nuestros pueblos originarios merecen, a lo menos, estas cuatro o cinco líneas en nuestra Carta Fundamental.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Elgueta .
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en verdad, después de escuchar al diputado señor Eduardo Díaz , me motivó a intervenir la profunda coincidencia de su discurso con la interpretación marxista de la historia. No es extraño, por cuanto uno de sus líderes Jaime Guzmán también tenía la misma coincidencia. Marx sostenía que lo profundo de la historia era la manera de producir, la actividad económica; que sobre esa infraestructura descansaba la superestructura, constituida por la ley, la moral, los sentimientos, la solidaridad. ¿Y qué nos decía el asesinado senador Jaime Guzmán ? “De nada vale la democracia ni la libertad, si el pueblo, la gente, no se siente comprometida, porque esa sociedad le entrega los beneficios económicos que permitan sostener”. Y cuando escucho al diputado señor Eduardo Díaz centrar todo el problema en la pobreza, en la forma de producir, en ese apego a la tierra de los mapuches, ¿no es eso acaso elogiar, alabar y exaltar esa interpretación de la historia, por la cual en este país tuvimos un golpe de Estado y corrió sangre? ¡Qué manera de coincidir!
Tomé otra frase del diputado señor Eduardo Díaz : “Alejémonos de estos experimentos, de estos laboratorios, al introducir una reforma constitucional de esta especie. Estamos viviendo otro tiempo”. Pero ¿qué opinaría, por ejemplo, del siguiente bando de nuestro prócer Bernardo O’Higgins , de 14 de marzo de 1819: “El gobierno español, siguiendo las máximas de inhumana política, conservó a los indígenas habitantes de la América bajo la denominación degradante de Naturales. Era esta una raza abyecta que pagando un tributo anual, estaba privada de toda representación política y de todo recurso para salir de su condición servil (...) En una palabra, nacían esclavos, vivían sin participar de los beneficios de la sociedad, y morían cubiertos de oprobio y miseria. El sistema liberal que ha adoptado Chile no puede permitir que esa porción preciosa de nuestra especie continúe en tal estado de abatimiento. Por tanto, declaro que para lo sucesivo deben ser llamados ciudadanos chilenos y libres como los demás habitantes del Estado con quienes tendrán igual voz y representación concurriendo por sí mismos a celebrar toda clase de contratos, a la defensa de sus causas, a contraer matrimonio, a comerciar, a elegir las artes que tengan inclinación, y a ejercer la carrera de las letras y las armas para obtener los empleos políticos y militares correspondientes a su aptitud”.
Eso expresaba don Bernardo O’Higgins. En consecuencia, aquí no se trata de un trabajo de laboratorio. Poco tiempo después, en 1859, el ministro Antonio Varas , del entonces Presidente Manuel Montt , corroboraba el pensamiento de nuestro padre de la Patria, al sostener que “los territorios indígenas requieren un régimen de gobierno especial, diverso del que se observa en el resto de la República.” Hoy, eso significa establecer esta reforma en el capítulo I, en el preámbulo de nuestra Constitución, adición que, a pesar de ser pequeña, constituye un gran paso.
¿Qué alcance tiene eso? Lo ha dicho en repetidas oportunidades el Tribunal Constitucional: que toda interpretación de la Carta Fundamental debe tomar en cuenta las palabras del artículo 1º. Y cuando el inciso nuevo en análisis establece que “el Estado reconoce a los pueblos indígenas, los cuales integran la Nación chilena”, y que “la ley promoverá el respeto y desarrollo de sus culturas, lenguas, organización social y costumbres, y garantizará a sus integrantes la participación que les corresponde”, nos da un elemento de interpretación de todas las normas constitucionales, de la primera hasta la última letra, en caso de presentarse algún conflicto ante los tribunales.
En consecuencia, este pequeño paso, que ha demorado casi diez años, hoy lo estamos dando con la profunda convicción de hacer verdadera justicia. Como se señaló con anterioridad, en la Constitución de Ecuador, capítulo V, se habla de los pueblos indígenas y negros o afro-ecuatorianos; en la de Brasil, en el capítulo VIII, de los indios; en la de Guatemala, de las comunidades indígenas; en la de México, de que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; en la de Nicaragua, en el capítulo VI, de los derechos de las comunidades de la costa atlántica, y en la de Paraguay, de los pueblos indígenas e identidad de los grupos étnicos. En consecuencia, son muchos los pueblos latinoamericanos que nos llevan la delantera. Y como manifestaba el diputado señor Huenchumilla , en el país seguimos discutiendo si los indígenas son pueblo o no lo son; si tienen derecho a estar incorporados con sus diferencias en nuestra Constitución, mientras prácticamente en todos los países de América Latina ese derecho está reconocido en las Cartas Fundamentales.
Por eso, frente a las palabras de la Oposición, decidí intervenir para precisar que, desde el comienzo de nuestra República, se reconocen los derechos de nuestros pueblos originarios; y para qué hablar de las enseñanzas derivadas apenas descubierta América Latina, cuando los padres de la Iglesia, Bartolomé de Las Casas y otros, hablaban acerca del respeto a los pueblos indígenas. Y no sólo en esa época, sino también en nuestros tiempos, el actual Sumo Pontífice ha dicho que no hay que reevangelizar a América Latina, sino que es necesario evangelizarla de nuevo; es decir, dar un nuevo Evangelio para América Latina, en especial para los pueblos indígenas.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que sesionaran en forma simultánea con la Sala las Comisiones de Educación y de Ciencias y Tecnología?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Bartolucci para formular una consulta.
El señor BARTOLUCCI.-
¿Cuántas personas inscritas no han intervenido aún? ¿Cuánto más durará la sesión?
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Quedan por intervenir la diputada señorita Antonella Sciaraffia y la ministra señora Krauss , luego de lo cual comenzaríamos a votar. Además, hay que tomar en consideración que faltan proyectos de acuerdo e Incidentes.
El señor BARTOLUCCI.-
Señor Presidente, si es así, no tiene sentido que funcionen las comisiones. Si vamos a votar después de una intervención más, para qué van a sesionar esas comisiones cuando los diputados tendrían que regresar a votar.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Bastaba con señalar que no había acuerdo; la explicación era innecesaria, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señorita Sciaraffia .
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, valoro esta reforma constitucional, ya que, en definitiva, reconoce la existencia e importancia de los pueblos y culturas indígenas.
En particular, la valoro desde la perspectiva del norte, sobre todo de la provincia de Iquique, en que está el pueblo aimara, cuya rica cultura es importante preservar y respetar mediante esta reforma, sin perjuicio de darle espacio para que se desarrolle con su propia identidad.
Por eso, subrayo que además del querido pueblo mapuche, en el norte existe la comunidad aimara. De ahí que es indispensable la aplicación de la reforma, de manera que sea no sólo una buena intención que se establece en la Constitución, sino también un símbolo enraizado en la realidad de nuestras comunidades indígenas para desarrollarlas integralmente sobre la base de la unidad.
Por lo tanto, anuncio mi voto a favor del proyecto.
Concedo una interrupción al diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.-
Señor Presidente, sólo deseo sumarme a lo que acaba de plantear la diputada señorita Antonella Sciaraffia , pues refleja la preocupación de quienes representamos a la Primera, Segunda y parte de la Tercera regiones, en especial en cuanto a la búsqueda de soluciones de los problemas; porque más allá de la reforma constitucional, que es un paso importante, sin duda se requieren acciones.
Los indígenas no sólo están en el sur. En el norte, en mi región, también existen: en San Pedro de Atacama. Pero han sentido la discriminación, específicamente cuando se ha tratado de solucionar problemas agrícolas. Los beneficios se han concedido únicamente para las comunidades de la zona sur, y los atacameños no han sido considerados.
Por lo tanto, comparto plenamente lo dicho por la diputada señorita Antonella Sciaraffia , de que se entienda que los pueblos indígenas no sólo están en el sur, sino también en el norte.
He dicho.
La señorita SCIARAFFIA (doña Antonella) .-
Señor Presidente, para terminar, reivindico la realidad de los pueblos indígenas del norte, porque tratan, con mucho sacrificio, de avanzar sin perder su cultura e identidad. Por lo tanto, debe dárseles un espacio para eso. Ojalá la reforma constitucional se transforme en medidas concretas que les permitan desarrollarse integralmente, respetando su idiosincrasia.
He dicho.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Con cargo a su tiempo, tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Recupera el uso de la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora ministra de Planificación Nacional.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, antes de intervenir, solicito a los señores diputados su voto favorable al proyecto de ley que ha informado el diputado señor Ojeda .
En primer lugar, en atención a lo que han dicho el diputado señor Molina , la diputada señorita Sciaraffia y la diputada señora González , debo manifestar que el Presidente Lagos ha sido categórico al señalar que es prioritaria la solución de los problemas de todos los pueblos originarios. Tanto es así, que en el préstamo BID por ochenta millones de dólares para desarrollo productivo de las zonas rurales el cual se anunció a fines de mayo pasado, se incluyen los pueblos atacameño, aimara y mapuche.
Asimismo, hago presente que me enorgullece el diputado señor Huenchumilla . Sus palabras han ratificado mi convencimiento de que, por razones morales y de otra naturaleza, debe procederse al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
Al diputado señor Huenchumilla no le habría bastado con más educación y desarrollo productivo. El otorgamiento de condiciones de igualdad a su pueblo valida su presencia en la Cámara. Sin embargo, es necesario señalar que debo mirar con perspectiva histórica un pasado tan reciente.
Constituye una tarea difícil y sobre todo riesgosa si se pretenden balances infalibles o verdades oficiales. Sin embargo, el último cuarto del siglo veinte se habrá caracterizado, tanto para sus testigos como para los científicos sociales, por una época llena de contradicciones, en la que se registran apasionados debates y hondos cambios.
Como es natural, de este convulsionado período del acontecer nacional han quedado heridas que, más allá de sus causas, Chile desea que cicatricen para que impere la paz, se amplíe la unidad nacional y tengan significado siempre patentes aquellos valores que llevaron a los padres fundadores de la patria a pagar con la vida o libertad su fe por el porvenir de la República.
Situados en los umbrales del bicentenario de Chile, los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo estamos llamados a remover aquellas dificultades y encauzar aquellas fuentes de conflictos que malhieren la convivencia, en cuyo contexto se inscribe el proyecto de reforma constitucional para otorgar un formal reconocimiento a los pueblos indígenas, depositarios de una savia cultural que enriquece el ser nacional, razón que debe compelernos a proteger y salvaguardar sus tradiciones, lo que no sólo representa un anhelo de los pueblos originarios, sino también, tal como se señalara en el mensaje, un deber primordial con miles de chilenos que desean resguardar las raíces de nuestro pueblo.
No pocos sostienen que no obstante todos los esfuerzos realizados en cuanto a la relativa mejoría de sus condiciones de vida, constituye un hecho que los integrantes de los pueblos indígenas se encuentran en una especial situación de postergación social. De ahí que algunos postulen que lo fundamental hacia ellos es la implementación de políticas sociales destinadas al mejoramiento de dichas condiciones.
Sin duda, se justifican los esfuerzos que la sociedad realiza en esa dirección, máxime si, como lo manifestara el honorable senador don Sergio Díez durante la discusión del proyecto que dio origen a la ley Nº 19.253, el Estado de Chile tiene una deuda histórica, porque hay un sector de chilenos de origen mapuche y de otras etnias originarias que necesitan la acción protectora estatal y de la sociedad.
Con todo, el problema es de raigambre mucho más profunda, de forma que se avance más allá de la aplicación de todos los instrumentos que sean menester a fin de tornar tangible, respecto de ellos, la igualdad de oportunidades. Por consiguiente, el desafío propuesto responde a una exigencia que proviene de la justicia. Desde luego, porque los pueblos indígenas no son una ficción, sino una realidad, y constituían pueblo incluso antes de la formación de la República; porque tienen un origen histórico y una línea de continuidad, pertenecen a una raza, conservan una cultura propia y poseen una lengua que los caracteriza, según lo sostuvieran obispos de la iglesia católica en la carta pastoral sobre evangelización del pueblo mapuche, de 1979.
Por otra parte, en 1985, uno de los más grandes líderes espirituales de nuestros tiempos, Juan Pablo II , hablaba a los pueblos originarios en los siguientes términos: “En el camino de vuestra promoción, vosotros anheláis ser los gestores y agentes de vuestro propio adelanto. Queréis tomar parte en la marcha de vuestra nación y, en efectiva igualdad de derechos, es una justa e irrenunciable aspiración cuya realización fundamentará la paz, que ha de ser fruto de la justicia.
“No se trata de oponerse a una justa integración y convivencia a nivel más amplio, que permita a vuestras colectividades el desarrollo de la propia cultura y la haga capaz de asimilar, de modo propio, los hallazgos científicos y técnicos, pero es perfectamente legítimo buscar la preservación del propio espíritu en sus varias expresiones culturales”.
Todavía, en 1987, el mismo Pontífice, de recordada visita en Chile, exhortaba en Temuco a los indígenas señalándoles: “Al defender vuestra identidad no sólo ejercéis un derecho, sino que cumplís también un deber: el deber de transmitir vuestra cultura a las generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a toda la nación chilena con valores bien conocidos, el amor a la tierra, el indómito amor a la libertad, la unidad de vuestras familias”.
Entonces, ¿quién puede no comprender la urgencia de plasmar en las disposiciones de nuestra Carta Fundamental el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas? Reconocimiento al que éstos aspiran con toda legitimidad. Esta aspiración se basa en la necesidad que experimentan de saberse reconocidos dentro de una fructífera diversidad y respetados por todos y cada uno de los habitantes del país; de ser considerados como parte de la cultura de esta nación, teniendo presentes sus valores, su espiritualidad, sus costumbres y sus expresiones artísticas.
La historia de este proyecto de reforma constitucional se remonta, tal como se ha señalado, al acuerdo de Nueva Imperial, de diciembre de 1989, que marcó el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, dándose por superada la política de división de las comunidades y de dilución de la población indígena.
Es posible asegurar que este proyecto simboliza el impulso de una nueva política pública destinada a nuestros pueblos indígenas, compuesta de aspiraciones, sentimientos, deseos y también de medidas concretas. Específicamente, dicha política considera la adopción de medidas destinadas al reconocimiento y a la preservación, por parte del Estado, de los pueblos originarios.
A lo largo de la última década se ha ido dando paulatino cumplimiento a los compromisos adquiridos con nuestros pueblos originarios y se han logrado avances que requieren de este vital y trascendente complemento.
Es importante recordar que, a contar de 1990, las minorías étnicas se constituyeron en sujetos prioritarios de una política de Estado. A partir de esa época, se proponen mecanismos de priorización dentro de las políticas sociales que contemplan la diferencia y las necesidades sociales de los integrantes de los pueblos indígenas de nuestro país, que se expresen en programas que asuman la vulnerabilidad y la pobreza que los afecta.
Es sólo a partir de ese momento que lo indígena se transforma en una cuestión de dimensiones efectivamente nacionales. Hace diez años se dio inicio a un nuevo tipo de relaciones entre el Estado chileno y los pueblos indígenas. A ello ha contribuido la dictación de la ley Nº 19.253, que establece normas para la protección de los indígenas, crea la Conadi y un fondo nacional de etno desarrollo.
Así, la política pública de los pueblos indígenas está marcada por dos lineamientos estratégicos. El primero, la consideración de temas que apuntan a los elementos característicos de la situación de dichos pueblos en cuanto tales, vale decir, su cultura, la situación de sus tierras, lugares sagrados, etcétera; y, el segundo, los temas sociales que apuntan a su carácter de miembros de la población chilena, como la disminución de la pobreza, el acceso a mayores oportunidades, etcétera, preocupación que han manifestado los diputados de la Oposición y que han sido abordados por los gobiernos de la Concertación.
Con respecto a los principios que marcan esta política pública, deseo recalcar la necesidad de que ésta sea aplicada en forma coherente, por parte de todos los organismos del Estado, con el resto de las políticas sociales, en especial de las que se focalizan en la pobreza rural y en el acceso a oportunidades, estimulando, por sobre todo, la participación de la población indígena en la resolución de sus problemas.
Es así como más que ninguna política social, la focalizada a nuestros indígenas debe ser integral y participativa y, por las especiales características de las raíces de su vulnerabilidad social, debe abarcar medidas de carácter cultural que involucren a la sociedad toda y busquen un cambio de la conciencia de lo nuestro, de lo que somos como nación.
Del mismo modo, resulta vital el explícito reconocimiento de su dignidad como pueblos, de su merecimiento a ser considerados como tales, como un grupo especial dentro de la generalidad cultural y social del país. Para nuestros pueblos, este explícito reconocimiento sólo tiene la entidad y valor suficientes si proviene de la propia Constitución Política de la República, consideración que no debe extrañar a vuestras señorías si recordamos que el principio de primacía constitucional consiste en dotar a nuestra Constitución de una fuerza jurídica vinculante e inmediata, convirtiéndola en la primera de las normas del Estado. Así reforzamos el Estado de Derecho.
Para mí, este Estado de Derecho es esencialmente social, en el cual el término “igualdad ante la ley” es dotado de materialidad, la que se entiende como la obligación de corregir, por parte de los poderes estatales, las desigualdades, garantizando que los socialmente débiles cuenten con un efectivo mecanismo que les permita equiparar sus condiciones de vida y desarrollo con los socialmente favorecidos.
Esta orientación material del concepto de legalidad no puede entrañar, en modo alguno, una renuncia a las garantías jurídico formales del Estado de Derecho. La simbiosis entre el principio social y el principio democrático del Estado de Derecho se lleva a cabo de acuerdo con la Constitución. El abandono de un concepto formalista no implica sustraer la actividad de los poderes públicos del sometimiento estricto al principio de legalidad, sino que busca que la Constitución esté plena de contenidos y eficacia.
En Chile, los principios fundamentales de la acción del Estado están dados por el capítulo I, “Bases de la institucionalidad”, y, específicamente, en su artículo 1º. La importancia de este artículo está determinada por su influencia dentro del ordenamiento jurídico nacional. Formalmente, es una norma dotada de validez inmediata y privilegiada y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, obligando a personas, grupos y a todos los órganos del poder público, los que están perentoriamente vinculados a él.
El artículo 1º constituye una verdadera pauta para la interpretación de toda la Constitución y, en consecuencia, de todo el ordenamiento jurídico nacional. Si todo el capítulo I ha de incidir en la interpretación del texto constitucional, el artículo 1º debe encabezar dicha interpretación. Materialmente, al ser nuestra Constitución el fruto de un conjunto de ideas e ideologías, éstas necesariamente se vaciarán en todo el ordenamiento jurídico nacional con preeminencia jerárquica.
El 14 de octubre de 1991 ingresó a la honorable Cámara de Diputados el mensaje de su excelencia el Presidente de la República, con el que se iniciaba un proyecto de reforma de los artículos 1º, 19, número 22º, y 62 de la Constitución Política de la República.
En el mensaje, el Presidente Aylwin manifestó su deseo de crear todas las instancias que permitieran a nuestros pueblos indígenas vivir en una sociedad que respete y considere los elementos esenciales de sus costumbres e idiosincrasias.
Se señala que un país moderno debe reconocer las distintas culturas que hay en su interior. La existencia de ellas enriquece a la sociedad y a su cultura.
Se plantea en el mensaje que la legislación que proteja y fomente las culturas ancestrales, no basta. Se requiere, además, un reconocimiento constitucional. Dicho reconocimiento es una aspiración muy sentida y se la considera una consecuencia natural de la convivencia armónica de todos los sectores de la sociedad chilena. Un deber primordial con miles de chilenos que desean resguardar las raíces de nuestro pueblo. Así lo han considerado las cartas fundamentales de países latinoamericanos en los cuales existe reconocimiento a sus etnias, tales como Panamá, Brasil, México , Guatemala , Nicaragua , Perú , Ecuador y Venezuela, entre otros.
La relación del Estado con los pueblos originarios ha sido motivo de reflexión por parte del gobierno del Presidente Lagos, y hemos advertido que, no obstante la aprobación de cuerpos legales especiales y de los recursos destinados en su beneficio, aún persisten conductas discriminatorias hacia los indígenas.
En este proyecto se propone un reforzamiento de nuestra nacionalidad por la vía de reconocer nuestras diversidades. Como ya lo señalara el ex ministro de Planificación y Cooperación don Germán Quintana , el respeto a los pueblos originarios surge de entender que nuestra nacionalidad tiene componentes de diversidad y que hay una nacionalidad común, pues la fuente de esa nacionalidad tiene distintas expresiones, en particular aquellas etnias que aún presentan condiciones culturales diferentes y constituyen un número significativo de habitantes de este suelo, como son los mapuches, los pehuenches, los huilliches, los lafquenches, los atacameños, los aimaras y los pascuenses o rapa nui.
Estoy consciente de la inquietud que este tema provoca. Por ello nos hacemos cargo de la preocupación por la protección de la unidad nacional, principio que para el Gobierno del Presidente Lagos constituye un imperativo. Es así como el concepto de “pueblos indígenas”, lejos de convertirse en un instrumento de división e inquietud social permite enriquecer la convivencia entre quienes presentan modos de vida diferentes.
El reconocimiento constitucional es compatible con el principio constitucional de la igualdad, a pesar de lo que se ha señalado en esta Corporación.
En este sentido, la Constitución Política de la República afirma reiteradamente el principio de la igualdad. Comienza expresando que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Consagra como deber del Estado el asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Garantiza a toda persona “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados.
“Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;
“La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos;
“La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica”.
El principio de la igualdad supone que en el ordenamiento jurídico se establezcan normas que traten del mismo modo a quienes se encuentren en semejante situación y que, por otra parte, puedan imponerse distinciones que no sean arbitrarias, sino, al contrario que estén dirigidas a afirmar y sostener el principio de la igualdad restableciendo la equiparidad entre todos.
En síntesis, el principio de la igualdad postula que las diferenciaciones no sean arbitrarias y que no constituyan un privilegio sin fundamento.
Es innegable la efectiva existencia al interior de la sociedad chilena de sectores que reúnen el conjunto de características que lleva a darles la calidad de pueblos indígenas y que, por lo tanto, forman estos cuerpos intermedios en cuanto se distinguen, por una parte, de la persona de sus miembros y, por otra, de la sociedad civil total. Se abre la alternativa: o la dirección de la sociedad política impone una serie de medidas encaminadas a lograr que los pueblos autóctonos se confundan y desaparezca su identidad, o se dedica a respetar todas las consecuencias derivadas del hecho de su realidad.
La primera opción de esta alternativa parece, sin duda, injusta y contraria a muchos de los mismos valores constitucionales.
El proyecto de reforma constitucional que se debate se inspira precisamente en la opción distinta, pues a través de él se reafirma el principio de igualdad, se reconoce la existencia de pueblos indígenas dentro de los límites de la unidad nacional como consecuencia de la obligación del Estado de propender al bien común de todos sus miembros. Es decir, ya sea de las personas individuales o de los grupos intermedios que tienen, como ellas, el derecho a ser reconocidos, respetados y asegurada su autonomía para la consecución de sus valores específicos.
Creo profundamente en los fundamentos socioculturales y jurídicos que sustentan esta reforma constitucional, de lo que se ha dado cuenta a la honorable Cámara; también estamos ciertos de que el texto que hoy se somete a vuestra aprobación es perfectible, cosa que siempre es posible en el ejercicio de la democracia parlamentaria. Así nos lo han manifestado los representantes de nuestros pueblos indígenas, quienes han complementado el contenido del proyecto de reforma constitucional que hoy conoce esta Sala.
Este planteamiento ha sido recogido por el Gobierno del Presidente Lagos; a pesar de ello, también estamos convencidos de que el tiempo transcurrido en la tramitación de este proyecto de reforma constitucional amerita avanzar en el fortalecimiento de nuestra convivencia nacional.
Para ello, honorables diputados, vengo en solicitar en nombre del Gobierno del Presidente Lagos y de nuestros pueblos originarios, su voto favorable a este gran anhelo. Para nadie es un misterio que pese a que las palabras de esta ministra de Estado puedan encontrar eco en las conciencias de muchos realidad que no tiene por qué ser ajena a lo que ocurre en este hemiciclo, un proyecto de esta índole lleva siempre aparejada la sospecha de que se está en presencia de una iniciativa que traerá beneficios electorales. Es sabido que una cantidad muy apreciable de nuestra población tiene sangre indígena. Sin embargo, nadie podrá adueñarse privativamente de sus frutos si todos los sectores políticos, representados en esta honorable Cámara, hacen un esfuerzo conjunto tendiente a sancionar favorablemente la iniciativa por la que hoy tengo el privilegio de abogar, entendiendo como pocas veces ocurre que podemos coincidir en que esta materia requiere una política de Estado, que corresponde a los legisladores consagrar mediante su voto; iniciativa que, de acuerdo con lo informado por el diputado señor Sergio Ojeda , la indicación introducida nace de un miedo injustificable. Probablemente, por un desconocimiento de este mundo étnico, les preocupa que por el reconocimiento de los pueblos originarios dejen de sentirse chilenos. Me parece legítimo preguntar, ¿si ello fuera efectivo, estarían los pueblos originarios abogando por un reconocimiento constitucional en una Constitución que rige para todos los chilenos? Consecuente con este predicamento hemos venido a convencer a quienes se oponen a la iniciativa, a persuadir a los indecisos y a fortalecer a quienes desde la primera hora desde el año 1991, cuando se presentó el proyecto a la honorable Cámara, fueron partícipes del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Si fracasamos en nuestro empeño, será el fracaso de muchos, representando la incapacidad de mirar a nuestros pueblos originarios, aun transcurridos 200 años de vida republicana, con objetividad y en todo el esplendor de su riqueza. Si triunfamos, será el triunfo de Chile. El éxito de la generación del bicentenario de Chile, el de una generación de nueva simiente, capaz de reconciliarse con un largo pasado de turbadas relaciones y de mirar el futuro con una visión nueva capaz de avizorar los horizontes del bicentenario que se anuncia.
Muchas gracias.
Aplausos.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cerrado el debate del proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas.
De conformidad con lo acordado inicialmente, procederemos a la votación de los dos proyectos de ley tratados en el día de hoy.
Corresponde votar el proyecto de reforma constitucional relativo a los pueblos indígenas.
La Comisión rechazó una indicación, la que ha sido renovada en la Sala.
En consecuencia, primero corresponde votar el artículo aprobado por la Comisión, con la indicación renovada, a la cual le va a dar lectura el señor Secretario.
El señor LOYOLA (Secretario).-
La indicación renovada es de los honorables diputados señores Alessandri , Bertolino y Álvarez, don Rodrigo , y tiene por finalidad reinsertar la frase final en el artículo único del proyecto, que dice: “en iguales términos que a todos los demás chilenos”.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el artículo con la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Rechazada.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez , Bartolucci , Bertolino , Coloma , Díaz , Dittborn , Errázuriz , Fossa , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Guzmán (doña Pía), Kuschel , Longton , Martínez ( don Rosauro) , Masferrer , Monge , Montes, Orpis , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Ulloa , Valenzuela , Vargas , Vega y Vilches .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Elgueta , Encina , Espina, Galilea (don José Antonio) , García (don José) , Girardi , Gutiérrez , Hales , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Krauss , Leal, León , Luksic , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Ojeda , Olivares, Ortiz , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Prochelle (doña Marina) , Reyes, Rincón , Riveros , Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Urrutia , Velasco , Venegas , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
JocelynHolt, Leay y Molina .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
En votación el artículo aprobado por la Comisión.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 9 abstenciones.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
No se alcanzó el quórum constitucional. En consecuencia, rechazado el proyecto de reforma constitucional.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Ávila , Rozas ( doña María) , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Elgueta , Encina , Errázuriz , Espina, Fossa , Galilea (don José Antonio) , García (don José) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hernández , Huenchumilla , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , JocelynHolt , Krauss , Leal , Leay, León , Luksic , Melero , Monge , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Naranjo , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares, Ortiz , Palma ( don Joaquín) , Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prochelle (doña Marina) , Recondo , Reyes, Rincón , Riveros , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Sciaraffia ( doña Antonella) , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Venegas , Villouta , Walker ( don Ignacio) y Walker (don Patricio) .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino , Dittborn e Ibáñez .
Se abstuvieron los diputados señores:
Alessandri , Álvarez , Bartolucci , Díaz , Masferrer , Molina , Orpis , Prokurica y Vilches .
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, para la historia del país me refiero particularmente a los parlamentarios de Derecha...
Hablan varios señores diputados a la vez.
Manifestaciones en tribunas.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Pido silencio a la Sala.
Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
Recupera el uso de la palabra la señora ministra.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, en el ejercicio democrático las expresiones, los sentimientos o las proposiciones que expresamos, serán respetuosamente escuchados por todos aquellos que creen auténticamente en la democracia.
Es lamentable que parlamentarios de la Oposición no hayan sido capaces de superar visiones sesgadas sobre la realidad de nuestros pueblos indígenas, que hayan negado al país la posibilidad de contar con un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el cual nos hubiese enriquecido como nación y fomentado, además, un desarrollo armónico y equilibrado sin poner en riesgo las culturas originarias.
Tras nueve años de tramitación parlamentaria, confiábamos en que la Oposición sería esta vez consecuente con sus discursos sobre la igualdad de oportunidades para todos los chilenos y sus fórmulas para construir un país supuestamente sin diferencias. Pero nos equivocamos; al parecer los criterios de equidad de la Oposición son válidos sólo para algunos sectores, entre los cuales...
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, al iniciarse la sesión solicité que a los parlamentarios que nos encontrábamos en las subcomisiones de Presupuesto se nos avisara antes de efectuar las votaciones de los proyectos. Lamentablemente, a los diputados que participamos en una de esas subcomisiones desconozco los otros casos no se nos avisó, motivo por el cual no concurrimos. Desconozco el resultado de la votación, y no sé si mi voto y el de otros diputados incidirán en la votación. Si no es así, quiero dejar constancia del motivo por el cual no estuve en la votación, y de mi voto favorable al proyecto de reforma constitucional, y en contra del proyecto que establece la obligación de indicar el nombre de los autores de las iniciativas.
Gracias, señor Presidente.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Muy bien, señor diputado. Así se hará.
Tiene la palabra la ministra, señora Alejandra Krauss .
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, atendido lo expuesto por el diputado Andrés Palma y, en particular, la situación generada por mi intervención, debido a lo cual diversos diputados de la Oposición me han manifestado que votaron a favor del proyecto, por su intermedio, solicito la unanimidad de la Sala para repetir la votación.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
El acuerdo sólo puede ser adoptado por unanimidad.
¿Habría acuerdo unánime de la Sala para repetir la votación?
No hay acuerdo.
Recupera la palabra la señora ministra.
La señora KRAUSS, doña Alejandra (Ministra de Planificación y Cooperación).-
Señor Presidente, en atención a que siempre entendí que este reconocimiento constitucional era un proyecto de país que no debía dividirnos según nuestras particulares visiones o ideologías y a que hace nueve años la Cámara de Diputados acordó por unanimidad que era importante legislar sobre este tema, no tengo más que manifestar a los pueblos originarios que pueden contar con el compromiso del Presidente Lagos y con todos los esfuerzos de la Concertación y de los parlamentarios que creen honesta, auténtica y seriamente en este proyecto de país, según el cual todos tienen espacios y derecho a expresar sus particulares diferencias. Por ahora, sólo me resta darles las gracias.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Ulloa .
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, no pretendo abrir un debate sobre lo ocurrido, sino sólo señalar lo siguiente:
En primer lugar, respecto de esta reforma constitucional, considero insólito y sorprendente escuchar un discurso preparado y leído por una ministra sobre una votación negativa. Y lo digo porque, en la práctica, la gran mayoría de la Oposición votó a favor del proyecto. Aquí está la lista el Presidente también la tiene de los 17 diputados que votamos a favor. Pero lo más grave es que estamos frente a una Concertación que ha sido incapaz de traer a sus diputados para votar a favor un proyecto de ellos.
Me niego a recibir, como elemento de culpabilidad, los dichos de una señora ministra que, por muy respetable que sea, no tiene derecho a enrostrar a determinada parte de la Cámara de Diputados responsabilidad por el rechazo de la reforma.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Señor diputado, se ha salido absolutamente de un planteamiento de Reglamento.
Suspendo la sesión y cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.
Transcurrido el tiempo de suspensión:
SUPRESIÓN DE HORA DE PROYECTOS DE ACUERDO E INCIDENTES. Acuerdo de los Comités.
El señor JEAME BARRUETO (Presidente).-
Continúa la sesión.
Los Comités acordaron suprimir el tiempo destinado a tratar los proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes, a fin de que las comisiones, que ya están citadas, puedan constituirse y funcionar.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión a las 17.38 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO ,
Jefe de la Redacción de Sesiones
DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
Moción de los diputados señores Krauss, Elgueta, Aldo Cornejo, Riveros, Velasco y Seguel.
Comparecencia de los detenidos ante los tribunales de justicia. (boletín Nº 2602-07)
Sucesos producidos en el ámbito judicial, resaltados en recientes acusaciones constitucionales, más allá de las repercusiones políticas y periodísticas de que se les ha rodeado, han puesto en evidencia ciertas anomalías en la práctica de la administración de justicia que es conveniente superar. Lamentablemente, el análisis y tratamiento relacionados con supuestos abusos e incorrecciones, los cuales han sido divulgados con escándalo, omitiéndose la consideración de su verdadera causa.
La mayoría de los jueces de nuestro país cumple sus labores no sólo con eficiencia sino con sacrificio y abnegación. Cabe ello reconocerlo, sin perjuicio de asumir que existen aspectos y experiencias particulares en las cuales se aprecian actitudes que procede rectificar.
Ello se produce, por ejemplo, en la actitud de algunos magistrados que postergan la atención de los detenidos puestos a su disposición, lo que ocurre particularmente en las audiencias de los días sábados. No obstante que existen claras normas en la propia Constitución Política que son explicitadas por el Código de Procedimiento Penal en artículos como el 269 y el 270 bis, las que, a su vez, reiteran el razonable criterio establecido en el inciso final del artículo 356 que obliga a los funcionarios que intervengan en ella a que la detención se dilate lo menos posible, la verdad es que se dan casos en que esta medida de excepción es prolongada en los hechos hasta el lunes siguiente sin que el juez adopte resolución alguna sobre el particular.
De esa manera, la detención practicada por autoridades policiales o administrativas se prolonga innecesaria y abusivamente sin que respecto de ella exista pronunciamiento judicial.
Lo anterior contraría principios básicos que sustentan nuestro estado de derecho así como, conforme se ha dicho, normas expresas de la Constitución y la ley e, incluso, lo que estableció la propia Corte Suprema en el Reglamento que dictó para regular la labor de los Tribunales en día sábado. Allí dispuso que los juzgados del crimen deberían atender los asuntos urgentes que, por disposición de la ley, deben ser resueltos en casos perentorios y, entre ellos mencionó, precisamente, el caso de las detenciones. No resulta admisible que los magistrados incumplidores se excusan en el eventual retardo del traslado de los detenidos desde su centro de detención policial hasta el tribunal, pues, desde luego, ello no es responsabilidad de los afectados sino de la autoridad y del propio juez. Por otra parte, este trámite, que debiera ser expedito, se complejiza por la práctica, establecida en beneficio de la judicatura, de realizarlo a través de Gendarmería, lo que implica en los hechos duplicidad de procedimientos: institución policial-gendarmería-gendarmería-tribunal.
Esta clase de situaciones, que se plantea semanalmente respecto de cientos de delitos de menor envergadura, constituye un quebrantamiento de formas esenciales de la convivencia social. En nuestro ordenamiento la privación de libertad personal constituye una situación excepcional que debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Esta clase de normas debe aplicarse restrictivamente, entendiendo que, por cierto, cabe sancionar las infracciones cometidas pero ello no puede hacerse más allá de la ley, sólo dentro de ella y con respeto por los derechos del inculpado, quien, cualquiera fuere la falta o el delito que se le imputare, es persona humana.
Con el propósito de ratificar estos criterios, ya recogidos según se ha dicho, en la estructural formal de nuestro proceso, proponemos reforzar lo actualmente vigente en cuanto a que la detención practicada por autoridades distintas de las judiciales debe confirmarse por un pronunciamiento explícito y rápido de los órganos judiciales, a los cuales compete pronunciarse con responsabilidad y con arreglo al estado de derecho acerca de la privación de libertad de cualquier persona que habite en nuestro país. Consideramos conveniente que el legislador reafirme que junto con ponerse el detenido a disposición del juez éste deberá pronunciarse en primera audiencia acerca de si le mantiene esta condición, lo somete a proceso si tiene los antecedentes para hacerlo, le concede el beneficio de la libertad provisional o lo deja en libertad.
Asimismo, entendiendo que las resoluciones que disponen la detención o prisión preventiva son de la mayor entidad para los afectados por ellas proponemos, complementando para tales efectos las normas respectivas en el sentido de que ellas deberán ser notificadas personalmente por el juez a los inculpados o procesados. En dicho acto, asimismo, deberá expresarles verbalmente los fundamentos de las medidas adoptadas, cuestión que parece justificada atendida, precisamente, la importancia que estos actos procesales tienen para quienes con ellos empiezan a ser sujetos activos del proceso.
Proponemos, asimismo, que esta diligencia se practique en presencia del abogado, si tuviere patrocinio constituido. De esa manera se otorga relevancia al papel del abogado defensor, el cual en la práctica, particularmente en la aún vigente etapa del sumario, es desconocida por el juez y en muchos casos mediatizada a través de funcionarios auxiliares. Creemos que a la relación entre abogados y jueces debe otorgársele la mayor importancia, en el entendido que ambos, desde sus respectivas esferas, están buscando un mismo objetivo en favor de la justicia.
En el ánimo de resaltar la función asesora del abogado sugerimos, asimismo, una modificación al Código Orgánico de Tribunales por la cual se les reconozca la dignidad de su rol y se establezca el compromiso de jueces y personal de facilitar el ejercicio de su función profesional.
Lo anterior se concretiza al establecer la obligación de conceder audiencias a los profesionales, elemental práctica que, desgraciadamente, es negada sistemáticamente por algunos jueces.
Sin perjuicio que es dable esperar que las situaciones que motivan este proyecto podrán superarse al ponerse en plena aplicación la reforma procesal penal recientemente promulgada, la introducción de las modificaciones que se proponen constituirán un evidente mejoramiento en el funcionamiento de nuestro sistema judicial, apreciación en la cual debieran coincidir jueces y abogados.
En mérito de lo expuesto proponemos a la honorable Cámara la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1º.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 270 bis del Código de Procedimiento Penal:
“Junto con ponerse un detenido a disposición del juez, éste deberá pronunciarse en primera audiencia si mantiene al inculpado en calidad de detenido o lo somete a proceso o le concede la libertad provisional o lo deja en libertad.
En todo caso, el juez notificará personalmente a los inculpados y procesados las resoluciones que dispongan la detención o prisión preventiva, acto en el cual deberá explicarles verbalmente los fundamentos de las medidas adoptadas. En la diligencia tendrán derecho a intervenir, si tuvieren patrocinio constituido, los abogados de los detenidos o reos”.
Artículo 2º.- Agrégase en el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Los abogados son colaboradores de la administración de justicia y, como tal, recibirán los jueces y personal judicial el trato propio de su investidura. Tendrán derecho a recibir y proporcionar a los magistrados, sea en forma verbal o escrita, los antecedentes que estimaren idóneos en relación con la situación e intereses de sus patrocinados o defendidos. Para tales efectos, los jueces y ministros deberán concederles las audiencias que fueren procedentes y el personal de los tribunales deberá facilitar esta relación y, en general, el ejercicio de su gestión profesional”.